La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado una investigación para esclarecer la agresión y detención ilegal de un menor de edad en La Manga del Mar Menor, que se ha saldado con la identificación, localización y detención de dos jóvenes como presuntos autores de los delitos de delitos de detención ilegal, lesiones y amenazas de muerte.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado 15 de agosto, cuando un grupo de jóvenes –menores en su mayoría– que caminaba de regreso a casa fue abordado por un vehículo del que “descendieron tres individuos” que, “entre gritos y amenazas”, exigían la devolución de unos móviles que, al parecer, les habían sustraído, según informa en un comunicado la Guardia Civil.

Algunos de los jóvenes reaccionaron rápido y huyeron a la carrera del lugar, pero dos de ellos no pudieron escapar. Uno de ellos fue introducido “por la fuerza” en el maletero del vehículo a la vez que era agredido y amenazado de muerte. El otro joven también sufrió una agresión y resultó lesionado de carácter grave, aunque “logró zafarse y escapar del otro grupo de jóvenes”.

Los autores de estos hechos avanzaron con el turismo por la Gran Vía de La Manga hasta detenerse en un punto de la carretera. En ese intervalo, a pesar del “estado de shock y bloqueo mental”, la víctima pudo enviar “varios mensajes a sus progenitores desde el interior del maletero para comunicar de forma atropellada lo que estaba ocurriendo”. 

Videollamada a los amigos

Poco después los agresores sacaron a la víctima del maletero y le obligaron a realizar una videollamada a los amigos para que le informara de que había escapado y convencerlos para que regresaran al lugar. Pero el grupo receptor de la llamada “supo interpretar la situación, recelaron de sus palabras y alertaron de los hechos a los servicios de emergencias”. 

Los progenitores y los amigos de la víctima comunicaron los hechos a los servicios de emergencias, lo que motivó el inicio de un dispositivo de búsqueda por la zona con la finalidad de localizar a la víctima y liberarla de sus captores.

Fruto del dispositivo de búsqueda, los autores de los hechos detectaron que varias patrullas se encontraban realizando una batida en una zona próxima a donde se encontraban, por lo que, para evitar su detención, liberaron al menor, que pudo abandonar el lugar.

Los guardias civiles comprobaron que el menor que había sido introducido por la fuerza en el maletero había sido localizado por su padre en la vía pública, mediante el uso de una aplicación de telefonía móvil. La víctima tuvo que recibir “asistencia médica debido a las lesiones sufridas, calificadas inicialmente de pronóstico grave”.

A las patrullas de Prevención de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil que participaban en el dispositivo, que contaron con la colaboración de la Policía Local de La Manga-San Javier, se unió el Equipo de Investigación de la Benemérita para esclarecer los hechos y detener a sus autores.

En un primer momento, los guardias civiles identificaron el vehículo utilizado en los hechos, así como a dos jóvenes que, presuntamente, se encontraba tras la autoría de los graves delitos investigados.

Primera fase de investigación

La Guardia Civil ha concluido la primera fase de la investigación con la localización de dos de los sospechosos, que han sido detenidos como presuntos autores de los delitos de detención ilegal, lesiones y amenazas de muerte. Los investigadores, además, han localizado el turismo relacionado con los hechos, en el que han hallado una prenda de vestir de la principal víctima del caso.

Los guardias civiles continúan con la investigación abierta con el objetivo de determinar la identidad y grado de participación del resto de personas que pudieran haber intervenido en los hechos, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

La Plataforma de Mujeres Embarazadas Expulsadas de la Sanidad Pública ha iniciado una campaña de recogida de firmas en Change.org para pedir que el ginecólogo Juan Luis Delgado Marín no continúe en el Comité Clínico que evalúa las interrupciones del embarazo por causas médicas a partir de la semana 22 en la Región de Murcia. Por el momento, ya se han adherido 850 personas.

La iniciativa acompaña un escrito registrado la semana pasada ante la Consejería de Salud y el Servicio Murciano de Salud (SMS), en el que se solicita que el facultativo no sea renovado y se pide a la Administración que aclare la compatibilidad de sus distintas responsabilidades profesionales.

Delgado Marín es jefe de sección de Ginecología y Obstetricia y coordinador de la Unidad de Medicina Materno-Fetal del Hospital Virgen de la Arrixaca. Forma parte del comité desde su constitución, en 2010. Su último nombramiento se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) el 13 de noviembre de 2024, por un periodo de dos años, junto a los de la ginecóloga Catalina de Paco Matallana y la pediatra Juliana Ballesta Martínez.

La plataforma fundamenta su petición en la reforma de la ley del aborto de 2023, que impide formar parte de estos comités a los profesionales sanitarios inscritos en el registro de objetores de conciencia y a quienes hayan figurado en él durante los tres años anteriores. En su escrito, el colectivo alude a las declaraciones públicas del ginecólogo sobre sus convicciones y la objeción de conciencia, entre ellas las realizadas en el programa Salvados, de La Sexta, donde Delgado dijo que no había estudiado Medicina “para quitar la vida a los seres humanos” y opinó que la objeción es un “derecho individual”. En su intervención también apuntó a que las mujeres deberían tener la posibilidad de interrumpir su embarazo “donde ellas decidan”. La documentación aportada por la plataforma no acredita, sin embargo, que Delgado esté inscrito en el registro oficial de objetores. “La Consejería solo puede publicar el número y no las personas; por eso desconocemos si está en el registro, aunque es probable que aun siéndolo no lo esté”, cuenta a este periódico María —nombre con el que pide preservar su anonimato—, una de las portavoces de la Plataforma.

La plataforma cuestiona, además, que Delgado acumule responsabilidades como coordinador de la unidad, integrante del comité y responsable de supervisar la actividad concertada con clínicas privadas para realizar interrupciones del embarazo. Por ello, pide a la Administración que informe sobre la legalidad y compatibilidad de estos cargos.

El colectivo también pone en duda el procedimiento de designación de los miembros del comité y reclama que se tengan en cuenta criterios transparentes de igualdad, mérito y capacidad.

Las reclamaciones sobre la atención sanitaria

La campaña no se limita a la composición del comité. En su petición, la plataforma denuncia dificultades para acceder a interrupciones del embarazo por causas médicas entre las semanas 15 y 22 de gestación y cuestiona que las pacientes sean derivadas a clínicas privadas en lugar de recibir toda la atención en hospitales públicos.

En el escrito dirigido a Salud, la plataforma solicita que se investiguen los retrasos que algunas pacientes aseguran haber sufrido en la Unidad de Medicina Materno-Fetal de la Arrixaca. El documento plantea la hipótesis de que determinadas demoras podrían hacer que las gestantes superen las 22 semanas, momento a partir del cual interviene el comité en los supuestos contemplados por la ley. “Tenemos algún caso que apunta en esa dirección; se va dejando que pase el tiempo porque antes de la semana 22 no hace falta que intervenga el Comité; y una vez denegado, o bien no puedes interrumpir el embarazo o tienes que viajar a Bruselas a hacerlo”.

Dos procedimientos judiciales en octubre

La controversia coincide con dos procedimientos judiciales promovidos por mujeres que denuncian la atención recibida durante el proceso de interrupción del embarazo por causas médicas. Uno de ellos, relacionado con la asistencia prestada por el servicio de Ginecología del hospital Virgen de la Arrixaca.

Estos procedimientos se suman a los testimonios publicados en 2023 por elDiario.es Región de Murcia sobre dos mujeres murcianas que viajaron a Bruselas para interrumpir sus embarazos. Una de ellas lo hizo en la semana 32, después de que el comité de la Arrixaca concluyera que la enfermedad genética del feto no era “extraordinariamente grave e incurable”. Según aquella información, la Consejería de Salud defendió que se había cumplido la normativa.

Salud defiende la atención individualizada

Preguntado por el modelo de atención a la interrupción del embarazo en la Región, el Gobierno autonómico señala que esta prestación está incluida en el Programa Integral de Atención a la Mujer (PIAM).

La Administración afirma que la atención se presta de forma integral e individualizada, respetando la autonomía de las mujeres en la toma de decisiones, y que se ofrece ayuda psicológica cuando así lo recomienda el profesional sanitario.

Sobre el Comité Clínico, Salud explica que se trata de un órgano colegiado de carácter consultivo y naturaleza técnico-facultativa integrado por profesionales del Servicio Murciano de Salud, “formado por dos médicos especialistas en Ginecología y Obstetricia o expertos en diagnóstico prenatal y un pediatra”. Una vez confirmado el diagnóstico por el comité, continúan, “se informa a la mujer sobre la interrupción aprobada para que pueda decidir”.

El Gobierno regional, sin embargo, no aclara si Delgado Marín será renovado ni responde específicamente a las dudas planteadas sobre la compatibilidad de sus responsabilidades.

Un contrato de más de seis millones de euros

Otro de los puntos de la campaña es la derivación de pacientes a clínicas privadas concertadas. Según la información trasladada anteriormente por la Consejería, las interrupciones por causas médicas que superan las 22 semanas y requieren la valoración del comité se realizan en el hospital Virgen de la Arrixaca, mientras que otras intervenciones continúan derivándose a centros privados acreditados.

El modelo está vinculado a un contrato firmado en 2022 con tres clínicas privadas por un importe superior a seis millones de euros y una duración de cuatro años. La plataforma sostiene en su petición que el acuerdo venció en julio de 2026 y cuestiona que se mantengan las derivaciones mientras se tramita una nueva adjudicación.

La enseñanza concertada ha ganado peso en el sistema educativo de la Región de Murcia durante los últimos años, con un crecimiento porcentual del alumnado superior al registrado en la red pública. Así lo sostiene el informe La pública en juego. Expansión y consolidación de la enseñanza concertada en la Región de Murcia, elaborado por Sterm Intersindical y presentado este lunes. El documento analiza la evolución de la matrícula, las unidades escolares, la financiación y la distribución del alumnado entre ambas redes.

En declaraciones a este periódico, el portavoz de Sterm en la Región de Murcia, Andrés Martínez, ha considerado que los datos reflejan un cambio de prioridades en la política educativa regional. “La principal conclusión es que la Consejería de Educación está favoreciendo a la enseñanza concertada por encima de la educación pública, que es la de todos y todas”, ha sostenido.

Frente a estas críticas, el consejero de Educación, Víctor Marín, ha defendido este lunes la política educativa del Ejecutivo. “El Gobierno de la Región de Murcia defiende la libertad de elección de las familias, algo que parece que la izquierda no entiende, pero que es una seña de identidad del Gobierno que preside Fernando López Miras y es algo que vamos a seguir defendiendo”, ha afirmado.

Desde la Consejería han recordado además que el artículo 27 de la Constitución reconoce la libertad de creación de centros docentes por parte de personas físicas y jurídicas, dentro del respeto a los principios constitucionales.

Según los datos recogidos en el documento, entre los cursos 2017/2018 y 2023/2024 el número de estudiantes matriculados en centros públicos pasó de 206.686 a 215.362, un incremento del 4,2 %, mientras que en los centros concertados la cifra aumentó de 70.495 a 78.814 alumnos, lo que supone un crecimiento del 11,8 %.

En conjunto, el alumnado de ambas redes pasó de 277.181 a 294.176 estudiantes, un aumento de 16.995. Pese a que la red pública incorporó 8.676 alumnos durante el periodo analizado, frente a los 8.319 de la concertada, esta última experimentó un crecimiento porcentual mayor.

Infantil, Bachillerato y FP, las etapas con mayor expansión

El informe destaca diferencias importantes según el nivel educativo, especialmente en el primer ciclo de Educación Infantil, Bachillerato y determinadas enseñanzas de Formación Profesional.

En Educación Infantil, sostienen, el alumnado de la red pública descendió de 38.075 estudiantes en 2017/2018 a 36.301 en 2023/2024, una caída del 4,66 %. En el mismo periodo, la matrícula concertada aumentó de 14.007 a 15.586 alumnos, un 11,27 % más. La evolución se produjo en un contexto en el que el alumnado total de la etapa disminuyó ligeramente, de 52.082 a 51.887 estudiantes.

El cambio más significativo se produjo en el primer ciclo de Infantil, de cero a tres años. Según el análisis, las unidades concertadas pasaron de 11 en el curso 2018/2019 a 459 en 2024/2025. Además, en 2023/2024 se matricularon en esta red 2.085 alumnos, que representaban el 24,41 % del total de estudiantes de ese ciclo, según los datos del informe.

“Durante un periodo de expansión de la matriculación se ha favorecido a la enseñanza concertada, especialmente en las etapas no obligatorias, que es donde más ha crecido el alumnado”, ha explicado Martínez.

En Educación Primaria, en cambio, el comportamiento fue más estable. Entre 2017/2018 y 2023/2024, el alumnado público aumentó un 3,04 %, mientras que el de la concertada creció un 1,41 %. La red pública sumó 2.254 estudiantes y la concertada, 435.

El Bachillerato es uno de los casos más significativos del informe. La matrícula concertada pasó de 644 alumnos en 2017/2018 a 3.716 en 2023/2024, un incremento del 477,02 %. En la enseñanza pública, el alumnado aumentó de 20.255 a 20.426, un 0,84 %.

De los 3.243 estudiantes adicionales registrados en el conjunto de la etapa durante esos seis cursos, 3.072 correspondieron a centros concertados y 171 a públicos. Como consecuencia, la proporción de alumnado de Bachillerato matriculado en centros concertados pasó del 3,08 % al 15,39 %, mientras que la participación de la red pública descendió del 96,92 % al 84,61 %.

El informe relaciona esta evolución con la ampliación de los conciertos educativos en esta etapa a partir del curso 2018/2019. Sterm también llama la atención sobre la oferta de Bachillerato para personas adultas, cuyas unidades en la red pública se redujeron de 30 en 2017/2018 a 17 en 2024/2025.

La Formación Profesional es otro de los ámbitos en los que el sindicato detecta una expansión de la oferta concertada. En FP de Grado Básico, el alumnado de centros concertados aumentó un 67,93 % entre 2017/2018 y 2023/2024, frente al 13,27 % de la red pública. En cifras absolutas, la concertada incorporó 375 estudiantes y la pública, 454. En Grado Superior, las unidades concertadas pasaron de 26 a 72 entre los cursos 2018/2019 y 2024/2025.

“Poco a poco nos vamos a encontrar con que el sistema concertado va a ser mayoritario en alguna de las etapas educativas”, ha señalado el portavoz sindical.

Reparto de fondos

Entre 2018/2019 y 2024/2025, los centros concertados incorporaron 727 unidades, un 24,15 % más, mientras que la red pública sumó 696, un aumento del 7,42 %, según los datos recopilados por el sindicato.

La Consejería contrapone a estas críticas el peso que mantiene la enseñanza pública en el sistema educativo regional. Según los datos facilitados por el departamento, el 69,7 % del alumnado de la Región de Murcia estudia en centros públicos, frente al 66,8 % de media nacional. “En el caso de la enseñanza privada concertada, su peso se sitúa en el 30,4 %, por debajo del 33,2 % del conjunto de España”.

El departamento señala también que el 80 % de los docentes de la Región imparte clase en centros públicos. En cuanto a la financiación, de los 1.780 millones de euros destinados a Educación en los presupuestos de 2025, 319 millones corresponden a los conciertos educativos, alrededor del 18 % del total.

Para Sterm, las diferencias no pueden analizarse únicamente a partir del número de alumnos o del coste por estudiante, “sino que deben tenerse en cuenta las decisiones políticas sobre la distribución de los recursos públicos”.

Martínez ha apuntado que la enseñanza concertada participa de forma habitual en el reparto de la financiación. “Cuando llegan fondos europeos que no se pueden distribuir entre la concertada, sigue estando dentro de la ecuación porque lo que hace la Consejería es destinar a este sistema sus fondos propios”.

El sindicato cuestiona asimismo el discurso político que presenta la libertad de elección de centro como uno de los argumentos centrales para ampliar esta red. Martínez ha recordado que la legislación educativa contempla esa libertad, pero también establece la necesidad de evitar la segregación y promover centros lo más plurales posible.

“La Consejería de Educación está primando la libertad de elección, ahondando en la idea de que la educación concertada da una mejor calidad educativa, cosa que no es cierta”, ha afirmado.

A su juicio, el debate también tiene una dimensión económica: “Al final es un interés político y un interés económico, porque estas empresas se benefician”.

La segregación y los costes escolares condicionan la elección de centro

El informe también examina la distribución del alumnado con necesidades educativas especiales y necesidades específicas de apoyo educativo. En Educación Especial, la matrícula total pasó de 1.533 alumnos en 2017/2018 a 1.975 en 2023/2024, lo que representa un aumento del 28,83 %.

En la red pública creció un 26,55 %, de 1.081 a 1.368 estudiantes, mientras que en la concertada aumentó un 34,29 %, de 452 a 607. Pese a este crecimiento, la mayoría del alumnado de esta enseñanza continuaba escolarizado en centros públicos: el 69,27 %, frente al 30,73 % de la concertada, en 2023/2024.

Sterm sostiene que la red pública asume una mayor proporción de estudiantes extranjeros y de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. “Las diferencias sociales y económicas condicionan las posibilidades reales de elección de centro de las familias”, ha señalado su portavoz.

“No todas las familias pueden acceder a los mismos centros”, ha incidido. Como ejemplo, ha señalado que la distancia puede obligar a pagar transporte escolar o a disponer de un vehículo propio, lo que dificulta el acceso a determinados colegios.

El informe recoge estimaciones de gasto escolar de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) para el conjunto de España en el curso 2026/2027: 1.294 euros anuales por alumno en la enseñanza pública, frente a 3.450 euros en la concertada. La diferencia supera los 2.000 euros al año.

Para el ámbito regional, el documento cita estimaciones de la Asociación Española de Consumidores sobre los gastos mínimos asociados a la escolarización en centros concertados durante el mismo curso: 705 euros por alumno, distribuidos entre uniforme (228 euros), material escolar (140), comedor (160), transporte (105) y otros gastos (100).

En cuanto a la financiación global, Martínez ha advertido de las dificultades para comparar el gasto por alumno entre ambas redes. “Muchas veces se muestra que el alumnado de la concertada es más barato, pero eso tiene trampa”. Según el portavoz, algunos gastos de gestión educativa, como el personal de la Consejería o la inspección, se contabilizan en partidas que también benefician a los centros concertados.

“Recortes en la pública” por el descenso de la natalidad

Uno de los puntos centrales del informe es el acuerdo alcanzado en 2026 entre la Consejería de Educación y las organizaciones participantes en la Mesa de la Enseñanza Concertada. El documento prevé, con carácter general, mantener hasta el curso 2028/2029 el número de unidades concertadas existentes en 2025/2026.

El acuerdo contempla además, recuerdan desde Sterm, mecanismos para conservar temporalmente recursos docentes en determinadas circunstancias cuando disminuya la demanda y se reduzca el número de unidades. La medida se plantea en un contexto de descenso de la natalidad y de estabilización o reducción de la matrícula en algunas etapas educativas.

El sindicato cuestiona que se establezca esta garantía para la red concertada sin un compromiso equivalente para evitar cierres de unidades o estabilizar las plantillas en los centros públicos.

“Como la Consejería de Educación no quiere firmar un acuerdo similar en la educación pública, nos tememos que lo que van a hacer es recortar las unidades y los puestos de trabajo de la pública”, ha afirmado Martínez.

El sindicato presentó un recurso contra el acuerdo en abril de 2026 y, según el informe, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia lo admitió a trámite en agosto de ese año.

Recuperar la zonificación y reducir las ratios

Frente a este modelo, Sterm reclama que la red pública ocupe una posición prioritaria en la planificación de nuevas plazas y unidades, así como en la asignación de recursos. Entre sus propuestas figura recuperar la zonificación escolar y hacer funcionales las comisiones de escolarización. El sindicato también defiende que la financiación de cada centro tenga en cuenta el perfil socioeconómico y las necesidades educativas de su alumnado.

“Si reciben todos los centros los mismos recursos, aquellos que tienen un alumnado más vulnerable siempre van a estar en desventaja”, ha argumentado Martínez.

La otra gran medida que plantea el sindicato es reforzar las unidades de la enseñanza pública y aprovechar el descenso de la natalidad para reducir el número de alumnos por aula. “No se puede cerrar ninguna unidad en la pública mientras haya unidades en la concertada”, ha afirmado el portavoz.

Bajo el título Mapping the Akbarian Corpus ('Cartografiando el corpus akbariano'), en referencia a al-Shaykh al-Akbar (el Gran Maestro), como era conocido Ibn Arabi, Murcia acogerá el primer simposio internacional del Muhyiddin Archive Project (MAP), una iniciativa de la Muhyiddin Ibn Arabi Society dedicada a identificar y estudiar los manuscritos de Ibn Arabi y su escuela, dispersos por bibliotecas de todo el mundo. A través de la comparación de sus distintas versiones, la identificación de los copistas y el rastreo de citas y referencias entre las obras, los investigadores buscarán reconstruir las relaciones entre sus escritos y ahondar en la comprensión de su complejo pensamiento, así como en la forma en que este se ha transmitido a lo largo de los siglos.

Antes de convertirse en una de las figuras más influyentes del sufismo (corriente mística del islam) Ibn Arabi fue un niño de Murcia. Nacido en 1165, durante el gobierno de Ibn Mardanis, conocido como el Rey Lobo, pasó sus primeros años en una ciudad andalusí de gran riqueza cultural. Sus viajes posteriores por el mundo islámico dieron paso a una extensa obra en la que exploró cuestiones universales como el amor, la existencia, la espiritualidad y la búsqueda del conocimiento, influenciado en el pensamiento de generaciones posteriores.

En 1990, con motivo del 750 aniversario de su muerte, Murcia acogió un primer congreso internacional sobre Ibn Arabi. Comenzaba así, de forma simbólica, un viaje en sentido inverso al que siglos atrás emprendió el pensador murciano. Hoy, ese viaje se repite: investigadores de diferentes lugares del mundo siguen sus huellas hasta la ciudad que lo vio nacer, movidos por una pasión compartida por su obra y la búsqueda del conocimiento.

Murcia se convertirá este fin de semana en un manuscrito antiguo, cuyo corpus invisible los visitantes podrán cotejar con la misma curiosidad y dedicación que los ha traído hasta aquí. Una invitación a redescubrir la historia de Murcia “y a honrar a quienes dedicaron su vida a comprender la existencia, recordando el valor de pensar, sentir y actuar buscando el conocimiento verdadero”.

La noche del 24 de diciembre de 1998, Yecla respiraba calma. Las luces navideñas iluminaban las calles casi vacías mientras los vecinos se dirigían a la Misa del Gallo. Minutos después de la una de la madrugada, cuando los fieles abandonaban la Basílica de la Purísima, a menos de cien metros se estaba cometiendo uno de los mayores robos bancarios de la Región de Murcia.

El Banco Popular estaba vacío, con las persianas bajadas y los despachos a oscuras. Una vez dentro, los asaltantes inutilizaron los sistemas de alarma y se dirigieron a la cámara acorazada. Para perforarla utilizaron brocas diamantadas que requerían agua para evitar el sobrecalentamiento, lo que explicaría los charcos que encontrarían los trabajadores días después. Los ladrones actuaron sin testigos y con aparente tranquilidad. Nadie vio nada, aunque días más tarde una vecina reconocería haber escuchado ruidos aquella noche.

El atraco vuelve ahora a la actualidad con una miniserie de ficción inspirada en la trayectoria del delincuente que estuvo detrás del golpe. RTVE ha confirmado que la producción contará con tres episodios de 70 minutos cada uno y que el rodaje ha comenzado este mes de octubre.

La ficción, producida por RTVE y Atlantia Media, está ideada y dirigida por Joaquín Llamas, con guion de Manuel Ríos, Mónica Martín-Grande y Ángela Armero. La producción está valorada en 6,1 millones de euros y cuenta con una aportación de un millón de euros de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Roberto Álamo interpretará a Ángel Suárez Flores, alias 'Casper', mientras que Rodolfo Sancho dará vida al inspector Pablo Losada, obsesionado con detenerlo. El reparto se completa con Adriana Torrebejano, como la inspectora Sara Román; Alain Hernández, en el papel de Sapo, colaborador de 'Casper'; y Cristina Alcázar, como Elvira Marcos, jefa de la unidad policial.

La trama recorrerá algunos de los principales golpes atribuidos a 'Casper', desde el robo de 18 millones de euros en el Banco Popular de Yecla hasta la sustracción de 19 cuadros en la vivienda de la empresaria Esther Koplowitz. También abordará la persecución policial que acabó poniendo fin a sus tres décadas de actividad delictiva.

El rodaje se desarrolla en distintas localizaciones españolas, entre ellas Madrid, Murcia, Yecla y Cartagena, además de Canarias. Bancos, mansiones de lujo, naves industriales, talleres de coches y puertos recrearán el universo de 'Casper' y su banda, con una ambientación inspirada en la España de finales de los noventa y principios de los 2000.

El cerebro del golpe

Ángel Suárez Flores, alias 'Casper', era uno de los delincuentes más buscados de España a finales de los años noventa y estaba especializado en robos mediante butrón. Junto a él operaban otros miembros experimentados, entre ellos Jon Imanol Sapieha Candela, conocido como 'El Sapo'.

La elección de Yecla no fue casual. A finales de los años noventa, la ciudad contaba con un potente tejido industrial y una intensa actividad económica. Muchos empresarios utilizaban las cajas de seguridad del banco para guardar dinero en efectivo, divisas extranjeras, joyas y documentos importantes. El Banco Popular se convirtió así en un objetivo especialmente atractivo para la banda.

La mañana después

El 26 de diciembre, a las ocho de la mañana, los empleados regresaron al banco y descubrieron lo ocurrido. “Nosotros nos dimos cuenta de todo lo que había pasado porque vimos los cables de la luz que iban desde el cuadro eléctrico hasta el sótano donde estaban las cajas de alquiler”, recuerda Francisco Castaño, uno de los trabajadores.

El botín superó las expectativas de los asaltantes. Tras abrir 90 de las 212 cajas de seguridad, decidieron marcharse.

La noticia comenzó a circular rápidamente por Yecla. La entrada del banco se llenó de clientes que intentaban averiguar qué había sucedido. Poco después de las nueve de la mañana, Carmen Ortín, delegada de Onda Regional en la localidad, recibió el primer aviso de un empleado que había encontrado agua en el suelo y señales de que alguien había accedido a la cámara acorazada.

La emisora pudo dar la primicia gracias a que mantenía su redacción abierta durante el puente de Navidad. En pocas horas, medios de toda España se hicieron eco del atraco, que también llegó a Televisión Española a través de su canal internacional.

Las pistas que condujeron a 'Casper'

Tras inspeccionar el banco, los agentes concluyeron que la precisión técnica del golpe apuntaba a una banda organizada y experimentada, no a delincuentes locales. Por ello, contactaron con la Unidad Central de Policía Judicial en Madrid.

El 29 de diciembre, dos funcionarios de la Sección de Crimen Organizado se desplazaron a Yecla para examinar los detalles del caso. Tras analizar la información disponible, señalaron al grupo liderado por 'Casper' como principal sospechoso.

Una de las pistas más llamativas apareció a principios de enero, cuando un individuo compró un Ferrari en Madrid con billetes húmedos y manchados de barro. Según explicó entonces el jefe de la comisaría de Yecla, se trataba de un técnico electrónico que había colaborado anteriormente con 'Casper'. A partir de esa información, los investigadores pudieron reconstruir parte de la estructura de la banda e identificar la participación de Jon Imanol Sapieha Candela, 'El Sapo'.

La identificación de la taladradora utilizada en el robo, de la marca Hilti, aportó otra pista relevante. Su compra pudo relacionarse con uno de los sospechosos, reforzando las evidencias contra el grupo.

La caída de la banda

En junio de 1999, la investigación había avanzado lo suficiente como para preparar las detenciones. La policía supo que uno de los investigados tenía previsto inaugurar un pub en Madrid y diseñó un dispositivo con agentes uniformados e investigadores.

El plan tuvo que adelantarse después de que uno de los sospechosos resultara herido en un atentado contra el abogado Emilio Rodríguez Menéndez. Tras adaptar el operativo a las nuevas circunstancias, los agentes procedieron a detener simultáneamente a los investigados, sin incidentes.

Durante los registros se intervinieron dinero, joyas, armas de fuego y bienes patrimoniales. También se bloquearon cuentas y propiedades en el marco de una investigación por blanqueo de capitales.

Un botín difícil de calcular

Determinar el valor total de lo sustraído resultó complicado. El auto dictado por la Audiencia Provincial de Murcia cifró en 2.829.510,76 euros la cantidad obtenida de la venta de los bienes y del dinero incautados a los delincuentes. Los afectados presentaron sus reclamaciones, con importes que oscilaban entre los 160 y los 217.365 euros.

La semana posterior al robo estuvo marcada por la tensión entre los clientes, que acudieron en masa a la oficina bancaria para exigir explicaciones. La entidad convocó una reunión multitudinaria con los afectados en el Salón de Actos de la Feria del Mueble.

Según el fundador y director del despacho Filamarket Abogados, la entidad ofreció inicialmente 3.000 euros por afectado, el límite del seguro que cubría las cajas de seguridad. La valoración de los daños se produjo en un ambiente de descontento ante la falta de soluciones.

El abogado también cuestionó la idea de que el botín estuviera compuesto principalmente por dinero no declarado. Entre los bienes denunciados figuraban divisas como dólares, marcos alemanes, libras esterlinas, florines y yenes, además de lingotes de oro, joyas, acciones, escrituras y documentos personales.

El camino hacia el juicio

El caso llegó al Juzgado de Primera Instancia número 1 de Yecla, donde se tomaron declaraciones a los afectados para determinar las cantidades sustraídas.

La investigación se centró en los principales integrantes de la banda, entre ellos Ángel Suárez Flores, su esposa, Stela Liliana Lazurca, y Juan Manuel Candela Sapieha, además de otros colaboradores. En total, se formularon acusaciones contra 13 personas por delitos de robo con fuerza y blanqueo de capitales.

Entre los implicados también figuraba Miguel Ángel Camacho Álex, propietario de una administración de lotería en Manises, acusado de facilitar el blanqueo de dinero mediante resguardos de premios.

Condenas y responsabilidades

La sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, dictada el 27 de octubre de 2003, estableció distintas penas según el grado de implicación de los acusados. Los cabecillas, entre ellos 'Casper', fueron condenados por asociación ilícita y robo, con penas de hasta un año y medio de prisión, además de multas e inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo.

Otros implicados fueron condenados por blanqueo de capitales. Las indemnizaciones fijadas variaron considerablemente, llegando en algunos casos a superar el millón de euros y en otros a rondar los 61.000 euros.

Miguel Ángel Camacho Álex fue condenado por delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental. La sentencia también le impuso una multa superior a 2,6 millones de euros y la inhabilitación para ejercer como responsable de una administración de lotería durante un año y medio.

Con el paso del tiempo, el atraco al Banco Popular quedó grabado en la memoria colectiva de Yecla. “Durante meses, fue el único tema de conversación en la ciudad, y durante un año los empleados del banco estuvimos bajo el ojo de la Policía”, recuerda Francisco Castaño.

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región se unen para prevenir y detectar posibles casos de violencia hacia la mujer. La Comunidad continúa apostando por establecer alianzas con diferentes agentes sociales con el objetivo de ampliar la detección y la atención de las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia. 

Con ese objetivo se firmó recientemente un convenio con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región que establece la hoja de ruta para desarrollar actuaciones conjuntas. De esta manera, la red regional de farmacias colaborará para actuar ante cualquier posible caso. Los profesionales recibirán formación especializada para conocer cómo detectar y dar los pasos iniciales adecuados para que estas mujeres puedan ser atendidas en los recursos regionales de atención a las víctimas.

La consejera, Conchita Ruiz, junto con la vicesecretaria del Colegio Oficial, María Dolores Pérez, visitó hoy una farmacia de Murcia y allí mostró su agradecimiento por “convertirse en agentes clave para la detección precoz de la violencia hacia las mujeres; porque ese vínculo que crean a partir de una relación cercana les permite observar cualquier indicio, y esa colaboración ciudadana es fundamental para tejer una red de ayuda a las víctimas”.

“Las mujeres víctimas de violencia deben saber que en las farmacias de la Región también pueden encontrar ayuda, que esos profesionales, que les atienden con asiduidad, pueden escucharlas y orientarlas. Pueden tener la confianza de que van a salvaguardar su intimidad para no poner en riesgo su seguridad y su privacidad”, añadió la consejera. 

La Comunidad apoya a las farmacias en la planificación y desarrollo de acciones de información y sensibilización. También formará a los profesionales para que adquieran los conocimientos necesarios sobre violencia de género y otros tipos de violencia hacia la mujer. En concreto, desde la Dirección General de Mujer y Prevención de la Violencia de Género les ofrecerán sesiones de formación, online y presenciales, impartidas por expertos en esta materia.

Además, la Consejería de Política Social pondrá a disposición de cada establecimiento material de prevención y apoyo frente a todo tipo de violencia hacia la mujer, que las farmacias difundirán y distribuirán. 

Es el caballito de mar de hocico largo, el del Mar Menor. Tras años de reivindicaciones científicas y ecologistas, la especie ha logrado entrar en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, donde queda reconocida oficialmente como vulnerable.

Este reconocimiento refuerza el compromiso institucional con la conservación de uno de los símbolos del Mar Menor, abre la puerta a medidas específicas para frenar el declive de sus poblaciones y proteger los hábitats de los que depende su supervivencia.

La orden ministerial que le ha otorgado esta categoría al caballito de mar de hocico largo (Hippocampus guttulatus) se ha publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La Orden TED/1096/2026, del 6 de octubre, actualiza los listados estatales de especies protegidas e invasoras a partir de los últimos avances científicos y la información técnica disponible sobre biodiversidad.

La medida pone fin a un proceso iniciado en 2025 por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que propuso incluir al caballito de mar en el catálogo de especies amenazadas. La propuesta recibió el respaldo de investigadores y entidades conservacionistas, que han advertido en múltiples ocasiones de la necesidad de reforzar las medidas destinadas a garantizar la supervivencia de esta especie ante el deterioro de la laguna y de los ecosistemas en los que habita.

“Hemos constatado un 99,9% menos de población”, explica José Luis Alcaide, presidente de la Asociación Hippocampus, que lleva cerca de dos décadas trabajando para documentar el declive de la especie y reclamar medidas para protegerla. La organización ha impulsado estudios científicos y campañas de seguimiento en las que han participado voluntarios que se sumergían semanalmente en la laguna para estudiar el Mar Menor palmo a palmo y localizar ejemplares, relata.

Ese trabajo de campo permitió reunir datos con los que dar la voz de alarma sobre la situación del caballito de mar. Según Alcaide, los resultados fueron respaldados por la revista científica británica Journal of Fish Biology y trasladados posteriormente al Ministerio para la Transición Ecológica y a la Dirección General de Patrimonio Natural del Gobierno regional, con el objetivo de que las administraciones evaluaran el estado de conservación de la especie.

La inclusión en la categoría de vulnerable supone, para la asociación, un avance en ese proceso de reconocimiento institucional. “Es un gran paso”, señala Alcaide, porque esta clasificación debe traducirse en medidas concretas de protección, recursos económicos y partidas presupuestarias destinadas a conservar la especie y su hábitat. No obstante, advierte de que el reconocimiento no resuelve por sí solo el problema: “El caballito de mar sigue en una situación crítica”.

El declive queda reflejado en los datos recopilados en el Mar Menor: de una población estimada en 196.000 ejemplares se ha pasado a cifras cercanas a los 800. Los muestreos realizados por la Asociación Hippocampus en 2024 también evidenciaron esta tendencia, con solo seis caballitos de mar adultos localizados en las zonas analizadas.

La reforma del catálogo estatal no se limita al caballito de mar, sino que también eleva el nivel de protección de otras especies. En concreto, cuatro especies de abejorros y la sarda, un pez de agua dulce, pasan a figurar en la categoría de en peligro de extinción. Por su parte, dos variedades de sírfidos, insectos polinizadores que suelen confundirse con las abejas, quedan incluidas entre las especies consideradas vulnerables.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha elevado a naranja los avisos precipitaciones para este sábado 17 de octubre en Campo de Cartagena y Mazarrón, así como el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas. Se esperan precipitaciones que podrían alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en una hora, en un aviso que permanecerá activo desde las 8:00 hasta las 23:59 horas.

En estas zonas con aviso naranja ya se ha decretado la fase de preemergencia del Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Región de Murcia (Plan Inunmur): “Máxima prudencia”, ha advertido el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

Paralelamente, la AEMET también ha activado el aviso amarillo por acumulaciones de agua de hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas en el Campo de Cartagena y Mazarrón, también entre las horas de las 8:00 y las 23:59 horas.

Por su parte, las comarcas del Altiplano, el Noroeste y la Vega del Segura estarán en aviso amarillo por lluvias y tormentas: en estas zonas se prevén, desde las 12:00 horas hasta las 23:59 horas, precipitaciones que podrían alcanzar los 20 litros por metro cuadrado en una hora, así como tormentas que podrían ir acompañadas de granizo.

Se puede extender el aviso naranja

El delegado Territorial de AEMET, Juan Esteban Palenzuela, ha advertido del riesgo de fuertes precipitaciones en la ciudad de Murcia y su entorno para el sábado 17 y el domingo 18 de octubre. Asimismo, ha recordado del riesgo que conlleva realizar desplazamientos y exposiciones que no sean estrictamente necesarios.

“Aunque en este momento el riesgo más importante corresponde a las zonas del litoral, para las que ya se ha emitido un aviso naranja para el sábado, en las próximas actualizaciones no se descarta que ese riesgo importante se extienda a otras zonas de la Región, como podría ser la Vega del Segura, especialmente el sur de la misma, y el entorno de la ciudad de Murcia”.

Palenzuela ha indicado que, ante esta situación, es muy aconsejable mantenerse informado con las últimas actualizaciones de las predicciones y avisos y ha recordado que la incertidumbre es inherente a las predicciones de fenómenos adversos, especialmente de fuertes lluvias.

Aviso amarillo para el domingo

Para este domingo la AEMET ha emitido una alerta por lluvias en distintas comarcas de la Región de Murcia. En concreto, por lluvias, con precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y unos 60 litros acumulados, en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y Vega del Segura, entre la medianoche y las 20 horas.

En esa misma franja horaria hay otro aviso por tormentas en el Campo de Cartagena y Mazarrón, con precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y unos 80 litros acumulados.

Por último, en el Altiplano también habrá aviso por lluvias y tormentas este domingo, desde la medianoche hasta las 4:00 horas, con precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Apilados sobre las estanterías de La Minerva conviven libros sobre antirracismo, antiespecismo o anarquismo; sobre una de las mesas se amontonan pequeños panfletos, en varios idiomas, con un mismo mensaje: “Las vecinas del Carmen nacemos donde queremos” y, como un rastro de la memoria del barrio, el antiguo letrero de los cines Floridablanca permanece todavía en el local. Ahora, en este espacio de la calle Princesa de la capital murciana, se aprende español, se organizan asambleas, se cose, se hace autodefensa, se reparan objetos y se habla de vivienda.

La Minerva lleva un mes y medio abierta y es uno de los dos espacios desde los que Al Tresbolillo intenta volver a tejer comunidad en El Carmen. El otro es Casa Revuelta, en la plaza Actor Cecilio Pineda. Son dos locales cedidos por sus propietarios en buenas condiciones y que el colectivo quiere autogestionar, abriéndolo a asociaciones, colectivos y vecinos del barrio.

La inauguración oficial de ambos espacios será el 24 de este mes, aunque la fachada de Casa Revuelta ya ha sido vandalizada. El pasado viernes, el mural de las persianas que representa un pasillo que conecta Palestina a través del Mediterráneo con el símbolo del naranjo en flor y un bordado huertano tradicional pintado por el artista Taqi Spateen fue recubierto por las banderas de España e Israel.

En la orilla sur del río Segura, a un paso del centro de Murcia, El Carmen concentra a casi 25.000 vecinos siendo el más populoso de una capital con casi 480.000 habitantes. Figura entre los barrios con mayor presencia de población extranjera del país: el 36,2% de sus habitantes tiene otra nacionalidad, según los Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadística con datos de 2024. Es también un distrito con un patrimonio que forma parte de la historia de la ciudad, donde se encuentra el Jardín de Floridablanca, abierto en 1786 y considerado el primer jardín público de España; el Puente de los Peligros, que lo une con el casco antiguo; el antiguo Cuartel de Artillería, actualmente un polo cultural; y la estación de trenes Murcia del Carmen.

“La vivienda lo está cambiando todo”. José Daniel Espejo, uno de los fundadores de Al Tresbolillo, lo explica un martes por la mañana en La Minerva. Regenta la librería Libros Traperos y dedica, junto a otros miembros del colectivo, cuatro o cinco horas diarias de forma voluntaria a mantener en marcha el proyecto.

La vivienda es, para ellos, algo más que una reivindicación. Se ha convertido en un nuevo punto de conexión: “Esta crisis rompe todas las barreras y nos empuja a conectarnos con los demás”, explica Espejo.

Una técnica de la Huerta

Al Tresbolillo toma su nombre de una técnica tradicional de cultivo de la Huerta de Murcia: el tresbolillo, que distribuye las plantas en zigzag para aprovechar mejor el espacio. La imagen sirve también para explicar la filosofía del colectivo: personas y grupos distintos que mantienen su autonomía, pero se relacionan para hacer crecer algo común.

La necesidad de recuperar comunidad coincide con un momento de fuerte movilización por la vivienda y con un contexto político marcado por el avance de los discursos de exclusión. El grupo inicial de Al Tresbolillo rondaba las 15 personas. Ahora Espejo calcula que entre 40 y 50 participan de forma activa en asambleas y grupos de trabajo. “Por suerte, de todas las edades”, subraya.

“Éramos gente ya políticamente activa y había cierta red progresista que intentaba reforzar la vida comunitaria del barrio, la participación ciudadana y la convivencia”, cuenta Espejo.

Entre quienes formaban aquella red estaba también Isis, psicóloga y una de las fundadoras del colectivo. Pero el contexto del barrio empezó a cambiar y la actividad vecinal adquirió una dimensión más política. “Empezamos a ver movimientos xenófobos a nuestro alrededor y discursos de odio que estaban calando entre nuestras vecinas, señalando al migrante y vinculándolo con la delincuencia y la suciedad”, relata.

Una inseguridad “creada”

Con el lanzamiento de la asociación Mi Barrio del Carmen hace un año y medio comenzaron a detectar a su alrededor discursos contra la población migrante. Espejo considera que esos mensajes utilizaban un “campo semántico muy racista” para construir un relato sobre el barrio.

Una parte de esa disputa por el relato se produjo a través de las redes y de las conexiones televisivas que comenzaron a aparecer sobre el barrio durante la primavera del año pasado. Espejo recuerda que después empezó a escuchar en plazas, supermercados y bares a vecinos preocupados por la supuesta inseguridad de El Carmen. Él considera que buena parte de esa percepción era una “inseguridad además creada, que no se apoya en ningún dato real de violencia o de delito”.

La primera respuesta fue casi anónima. Empezaron a pegar por el barrio carteles con un mensaje sencillo: “Las vecinas del Carmen nacemos donde queremos”. “Queríamos visibilizar, pero sin poner nuestras caras ni nada; no sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo”, recuerda Isis. Algunos carteles duraban poco. Los arrancaban quienes no compartían el mensaje. Pero también se encontraron con frases como “Vecinas, no estáis solas” o con corazones, cuenta Isis.

La respuesta se hizo todavía más visible cuando abrieron los espacios. Algunos vecinos empezaron a acercarse para agradecer que existiera un lugar desde el que defender otra idea del barrio. “Cuánto me alegro de que esté esto, porque si no parece que todo el mundo se ha vuelto racista de repente”, recuerda Espejo que les decían.

El Carmen tiene, además, una tradición de movilización que ayuda a entender la facilidad con la que una reivindicación puede terminar en algo colectivo. Espejo lo define como un barrio “popular” y “trabajador”, pero también con un fuerte sentimiento de pertenencia.

Un laboratorio de “respuesta ciudadana”

Recuerda las movilizaciones por el soterramiento del AVE, la ocupación de las vías y el conflicto en torno al paso a nivel, así como las resistencias vecinales ante determinados cambios relacionados con la movilidad y la actividad comercial. “Son fenómenos que son muy locales y que terminan arrastrando a la sociología del barrio”, sostiene.

Ahora esa capacidad de organización se desarrolla en un contexto diferente. Espejo considera que la última oleada migratoria ha coincidido con una debilitación de algunos recursos de los servicios sociales del Ayuntamiento de Murcia, un repunte del sinhogarismo y el auge de la ultraderecha.

“Todo eso ha convertido al barrio en un laboratorio de difusión de mensajes de odio. Pero también -y esa es nuestra parte- en un laboratorio de respuesta ciudadana, de convivencia, de democracia local y de esperanza”, afirma.

Con la apertura de los locales, “nuestra herramienta fundamental es la presencialidad”, dice Espejo. Frente a unas redes sociales que considera convertidas en una “maquinaria de confusión, desconfianza y miedo”, el colectivo apuesta por la posibilidad de encontrarse físicamente. “Encontrarte con el otro y hacer cosas juntos”, resume.

La Minerva es la expresión más concreta de esa apuesta. Cerca de 200 personas se han suscrito al proyecto, según Espejo. “Se ha llenado ya de actividades. Está que hierve esto”, resume Espejo.

Clases de español, karate feminista y un repair café

Las clases de español son una de las actividades con mayor demanda. Hay autodefensa y karate feminista. Dos veces al mes funciona un repair café, donde los vecinos llevan objetos estropeados para intentar repararlos juntos. Los martes se celebra un taller de poesía. También está 'Las Hacendosas', un encuentro de costura que no funciona tanto como un curso como un espacio para aprender unas de otras y, sobre todo, “juntarse a hablar y a echar la tarde”. Y hay un club de lectura sobre maternidades disidentes.

La Minerva sirve además para las reuniones de distintos colectivos. Allí se han encontrado personas procedentes de Mali y Costa de Marfil, el Sindicato de Vivienda, grupos de apoyo a Palestina y otras organizaciones sociales.

“Los vecinos y los colectivos que trabajan aquí, y la gente interesada en utilizar el espacio, tienen voz en su organización”, explica. Participan en los gastos, las normas de convivencia, la regulación de la actividad y los horarios.

La vivienda es uno de los principales puntos de conexión entre todas esas redes. El Sindicato de Vivienda de Murcia utiliza La Minerva para sus reuniones y asesorías colectivas. Cualquier vecino puede llevar allí un problema relacionado con el alquiler y buscar junto al resto posibles vías para afrontarlo. “La vivienda es una reivindicación fundamental en el barrio”, afirma Espejo.

El funcionamiento colectivo permite que alguien que llega con un problema no tenga que afrontarlo en solitario. El conocimiento acumulado por el grupo sirve para estudiar las posibilidades legales, negociar con un propietario o buscar alternativas ante un desahucio.

Toñi Rojo, trabajadora social de 31 años y miembro del sindicato, insiste en que quien acude a una asesoría no se convierte en usuario de un servicio: “No somos una ONG, no somos una entidad, no somos trabajadoras sociales. Tienes que hacerte partícipe de tu propio caso y se gestiona de forma colectiva”. En las asesorías, las vecinas que ya han pasado por una situación parecida cuentan cómo la resolvieron, y cuando varias personas comparten casero, como ocurre en algunos bloques con un único propietario, se ponen en contacto entre ellas. “Se trata de darle autonomía y herramientas a la gente para que pueda resolver sus propios casos y de colectivizar ese saber porque muchas situaciones se dan por falta de información o de recursos”, explica.

Jorge Molina, de 37 años, trabaja en administración y es uno de los portavoces del sindicato. Los problemas que llegan a las asesorías se repiten y uno de los más frecuentes es la negativa a devolver la fianza, “una práctica que han cogido”. Rojo añade los contratos de temporada que se renuevan año tras año para viviendas que en realidad son permanentes, los pisos sin contrato y los propietarios que impiden empadronarse porque no tienen la vivienda declarada. “Muchas veces el propietario se aprovecha del desconocimiento de una persona que no tiene estudios o que viene de otro país para poner cualquier cosa en el contrato, y nos encontramos con contratos ilegales”, explica. La mayoría de los casos, añade, tienen que ver con multipropietarios; muy pocos, con caseros que alquilan una única vivienda.

El sindicato llegó a La Minerva después de dos años celebrando asambleas allí donde les prestaban un espacio, en distintos barrios de la ciudad y con frecuencia en el local de la CGT, también en El Carmen. “Al final, nuestro epicentro ha sido el barrio del Carmen, que es un barrio con una situación de vivienda muy conflictiva”, explica Rojo.

La organización surgió en octubre de 2024 del entorno del Ateneo La Canalla, una asociación anarquista de Murcia, aunque después siguió su propio camino, y su punto de partida fue una concentración por la vivienda en la plaza de la Merced que reunió a mucha gente. “Nació de esa necesidad: la gente necesitaba un espacio donde hablar de sus situaciones, juntarse y trabajar sobre el tema”, recuerda Rojo. De aquella concentración salió una pequeña asamblea que dedicó sus primeros meses a fijar unas bases políticas, una estructura de comisiones y unos objetivos a medio y largo plazo.

Sin una vivienda estable no hay barrio

Molina fue uno de los organizadores de aquellas primeras movilizaciones. Cuenta que veían cómo surgían sindicatos de inquilinas en otras ciudades del país y que consideraban “imprescindible” que Murcia tuviera una organización capaz de “hacer frente a los intereses de los rentistas y los especuladores”. En la ciudad ya existía la PAH, con la que mantienen una “relación estrecha”, pero se había centrado en el problema hipotecario de la anterior crisis.

Para Rojo, sin una vivienda estable no hay barrio posible: “Si me tengo que estar mudando cada seis meses porque tengo un contrato temporal, ¿para qué voy a conocer a mis vecinas si me voy a ir?”. El efecto alcanza también a quienes se quedan porque “la persona que lleva 50 años en ese bloque ve que cada año pasan vecinas nuevas”.

Según Molina, la transformación de El Carmen se aprecia en “los locales comerciales que se están convirtiendo en vivienda o infravivienda”, muchos sin cédula de habitabilidad y algunos sin ventanas ni ventilación. El sindicato observa el mismo proceso, más lento que en ciudades como Málaga, en La Paz y la Fama, donde se multiplican los desahucios y los fondos compran pisos uno a uno para hacerse después con bloques enteros. “Son barrios que están muy cerca del centro y que, a la vez, están muy lejos”.

Esa presión cae con más fuerza sobre la población migrante, la misma a la que señalan los discursos sobre la inseguridad, y ‘El racismo también desahucia’ es una de las consignas del sindicato. Molina relata casos de propietarios que dividen sus viviendas en habitaciones y alquilan cada una a una familia a precio alto, y Rojo cuenta que cuatro mujeres con las que trabaja viven así. “Si vives en una habitación con seis personas no puedes integrarte, no puedes convivir porque no puedes traer a nadie a tu casa”, denuncia Rojo, que denuncia un “racismo inmobiliario” que afecta incluso a personas nacidas aquí con apellidos que no se identifican como españoles.  

La coordinadora del sindicato la forman hoy entre 20 y 25 personas voluntarias que compaginan la militancia con sus trabajos y cargas familiares. Rojo, que trabaja con mujeres migrantes en Molina de Segura, apunta que “dentro del tercer sector muchas veces la militancia no es posible porque estás atada de pies y manos, así que hay que llevarla afuera”.

“Si tenemos alguna esperanza de superar esta crisis y de recuperar formas de habitar las ciudades, es precisamente a través del asociacionismo, del sindicalismo de base y de las organizaciones de apoyo a la inquilina”, defiende Jose Daniel Espejo.

La integración es, en cualquier caso, uno de los retos que el propio colectivo reconoce. Isis admite que declararse antirracista no significa saber automáticamente cómo construir una convivencia intercultural: “Nosotras podemos ser antirracistas, pero creo que todavía nos falta mucho para tener códigos realmente de integración”, reconoce. Han creado un grupo de trabajo específico para aprender a hacerlo. La dificultad, explica, está en pasar de una posición de rechazo al racismo a construir herramientas concretas para convivir con personas que tienen experiencias y procedencias diferentes. “Cuando se trata de convivir, es que no sabemos hacerlo realmente”, explica.

“Islamización y pérdida del comercio local”

José Soler, jubilado de 66 años, preside la asociación Mi Barrio del Carmen, fundada en el verano de 2025 y que, según él, reúne a 500 personas en su grupo de WhatsApp y a 28.000 seguidores en redes, donde constantemente publica vídeos de peleas, hurtos o personas sin hogar en el barrio grabados por vecinos. Soler fue vocal de Vox en la Junta Municipal del Carmen, pero niega cualquier vínculo con el partido y asegura que le expulsaron precisamente por defender la neutralidad de la asociación: “Vox quiso quedarse con la sede y a mí me echaron de Vox por la asociación”. Afirma que entre sus miembros hay votantes de todos los partidos y que en el grupo está prohibido usar la palabra “moro”.

Soler también rechaza que la asociación vincule la inseguridad con la inmigración -“los delincuentes son los delincuentes y la gente de cada nacionalidad es su nacionalidad”-, aunque distingue entre los inmigrantes que llegaron hace años y los que han llegado “últimamente”, que en su opinión “no vienen a trabajar”. Preguntado por datos, responde que muchos vecinos no denuncian: “Las estadísticas están ahí, pero la realidad está en la calle”.

Por su parte, el concejal de Vox en el Ayuntamiento de Murcia Fernando Sánchez-Parra también ha contribuido a difundir este tipo de discursos a través de vídeos dramatizados en sus redes sociales. En uno de ellos recorre el barrio de El Carmen mientras aparecen rótulos como “islamización y pérdida del comercio local”. La cámara se detiene ante el Café Al Baraka, en la esquina de la calle San Marcos, mientras el edil plantea a sus seguidores si “tu barrio también ha cambiado”. En otro momento, señala la apertura de una oficina de abogados especializada en extranjería, a la que acusa de colaborar con “las mafias y las ONG de la inmigración ilegal”, y contrapone el cierre de comercios tradicionales con la apertura de establecimientos que, según afirma, “los españoles ni usamos”. El vídeo remata con un “menos halal y más producto local”.

El discurso coincide con el que el concejal ha trasladado al debate municipal sobre El Carmen, donde vincula los cambios comerciales y demográficos con la inmigración. El pasado junio, Sánchez-Parra fue denunciado por la Policía Local tras un incidente en una zona de ocio de Murcia, cuando un aparcacoches de origen argelino aseguró que el edil le había amenazado con un espray de pimienta. Los agentes le intervinieron el aerosol al comprobar que no estaba homologado para su uso en España. Sánchez-Parra reconoció que lo llevaba, aunque afirmó que desconocía su ilegalidad y negó haberlo utilizado contra el hombre.

A sus 80 años, Jesús no se rinde. Lleva casi una década buscando los restos de Gabriel Navarro López, el tío de su padre, fusilado en Caravaca en 1939. “La última de sus hijas murió hace seis meses, a los 93 años, y le prometí que mientras pudiera no me rendiría”, cuenta a elDiario.es Región de Murcia, visiblemente emocionado. Su objetivo es localizar sus restos y poner fin a una incertidumbre que ha atravesado varias generaciones de la familia. Gabriel, miembro del Frente Popular en la localidad, fue una de las víctimas de la represión franquista cuyo paradero sigue sin esclarecerse casi 90 años después de su muerte.

En esta búsqueda, Jesús cuenta con el apoyo de la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia y del arqueólogo Miguel Mezquida, coordinador de la Asociación Científica ArqueoAntro, que participa en el procedimiento para investigar la zona, localizar la fosa y, si es posible, exhumar los restos.

“Queremos restituir la dignidad a la memoria de mi tío abuelo”, insiste Jesús. En estos años ha reunido documentación, ha tratado de contactar con familiares de otras víctimas y ha aportado una muestra genética para facilitar una posible identificación. “Nuestro ADN solo puede tener un 15% de coincidencias”, explica. Al ser su sobrino nieto paterno, “se analiza el cromosoma Y, cuya secuencia tiene que ser idéntica”, explica Marisol Schwab, antropóloga especialista en genética forense, colaboradora de ArqueoAntro e investigadora de la Universitat de València.

El camino, sin embargo, es largo. Todavía se desconoce la ubicación exacta de la fosa y hacen falta trabajos de prospección que permitan acotar dónde buscar. A la espera de que avance el procedimiento, Jesús teme que los plazos se alarguen aún más o que un cambio de Gobierno tras las elecciones termine bloqueando la investigación.

Una condena tras la Guerra Civil

Gabriel Navarro López, conocido como 'el Diente Teja', tenía 44 años cuando fue fusilado. Era alpargatero, estaba casado y pertenecía a la CNT y a la Federación Anarquista Ibérica (FAI). Según Jesús, antes de la Guerra Civil no había tenido un perfil político destacado, pero el conflicto terminó llevándolo a la actividad política y al trabajo de abastecimiento de las tropas republicanas.

“El gran delito de Gabriel fue perder la guerra”, resume Jesús. Su compromiso con la República, según sostiene la familia, estuvo detrás de su condena. Aunque Jesús insiste en que las manos de su tío abuelo nunca estuvieron manchadas de sangre.

El investigador Vicente Juan Medrano Salamanca, autor del libro Consejos de guerra a mujeres. Condenadas en la Región de Murcia 1939-1944, ha estudiado las ejecuciones que se produjeron en la Región durante la posguerra. Según explica, en Caravaca fueron ejecutadas 44 personas tras el final de la contienda. Muchas fueron detenidas por su supuesta participación en el asalto al Castillo de la localidad durante la noche del 1 al 2 de octubre de 1936, cuando la fortaleza funcionaba como prisión y un grupo de personas asaltó el recinto, donde murieron once de los cuarenta presos. “Pero el testigo del fiscal fue en muchos casos el rumor público y aprovechando aquello se juzgó a mucha gente en el pueblo”.

Sin embargo, de acuerdo con Medrano, las declaraciones de Gabriel y de varios testigos apuntan a que no había participado en aquellos hechos. En ese momento, sostiene el investigador, cuentan que estaba hablando por teléfono con el gobernador civil de Murcia “para pedir el envío de fuerzas y tratar de evitar lo que finalmente ocurrió”.

La documentación consultada por Jesús recoge también valoraciones sobre la peligrosidad política de Gabriel para el nuevo régimen. En una nota a la que ha tenido acceso, el alcalde y el jefe local de Falange lo describían como un personaje “muy perjudicial para la nueva España”. Según relata, aquel señalamiento terminó de cerrar cualquier posibilidad de escapar a la condena.

Gabriel tuvo la oportunidad de emigrar, “pero no lo hizo porque pensaba que no corría peligro y no llegó a imaginarse que podía acabar fusilado”.

Una fosa que todavía no está localizada

Gabriel fue fusilado a las seis de la mañana del 20 de octubre de 1939, el mismo día en que el padre de Jesús cumplía veinte años. La familia tuvo que afrontar entonces las dificultades para enterrarlo. “Les pidieron un ataúd para enterrar a mi tío y unas tasas que tenían que pagar en el Ayuntamiento, pero no tenían un duro y tenían mucho miedo de acercarse a la casa consistorial por si había represalias”, relata Jesús.

Según su testimonio, consiguieron trasladar la caja en una borriquilla cuando ya había anochecido. El enterrador alumbraba los cadáveres con un farol para tratar de reconocerlos. La familia pudo localizar a Gabriel, pero, según la versión que ha llegado hasta Jesús, el cuerpo se quedó sin enterrar porque no se habían abonado las tasas municipales.

Décadas después, la familia sigue sin saber dónde están sus restos. Jesús cree que pudieron ser depositados en una zona del cementerio distinta de aquella en la que se produjeron los fusilamientos. Una tía que vivió aquellos días “acudía a dejar flores en uno de los posibles emplazamientos”. Un recuerdo que se ha convertido en una pista para la familia.

En 2019, cuando se cumplían 80 años de los fusilamientos, se celebró un homenaje en el cementerio de Caravaca. Fue entonces cuando Jesús decidió dar un nuevo impulso a la búsqueda. En 2022, el equipo arqueológico de ArqueoAntro visitó el recinto y documentó indicios que podrían ayudar a orientar los trabajos, entre ellos posibles impactos de proyectiles en las tapias y una esquina donde, según los testimonios, pudieron ser enterradas algunas de las víctimas.

“Se sabe que los fusilaron en la parte alta del cementerio, a la derecha, y es probable que los enterraran en una fosa en la parte izquierda”, explica Jesús. No obstante, la ubicación no está confirmada. Tampoco se sabe cuántas personas podrían encontrarse en ella ni si existe más de un enterramiento.

El siguiente paso pasa por realizar prospecciones y, si se confirma la ubicación, proceder a la excavación. Miguel Mezquida explica que en estos casos el trabajo se apoya en buena medida en la tradición oral y los testimonios familiares.

Una tramitación que puede prolongarse años

La búsqueda también depende de la financiación y de los trámites administrativos. Mercedes Nicolás, presidenta de la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia (FAMHRM), explica que existen varias vías para impulsar una exhumación: a través del ayuntamiento correspondiente, mediante las subvenciones estatales canalizadas por la Federación Española de Municipios y Provincias o con fondos del Ministerio destinados a las comunidades autónomas.

En el caso de Gabriel, finalmente se optó por presentar directamente la documentación ante el Ministerio competente en Memoria Democrática. El procedimiento requiere paciencia. “Suelen tardar cerca de año y medio”, indica.

Miguel Mezquida recibió el expediente de Gabriel en agosto, cuando la convocatoria de subvenciones para proyectos municipales ya estaba próxima. “No llegábamos a tiempo. Además, esta vía requería la intervención del Ayuntamiento y la alternativa fue acudir directamente al Ministerio”, explica el arqueólogo. Incluso si el procedimiento avanza sin contratiempos, la familia tendrá que esperar. “Si todo fuese bien, podría estar a finales de 2027 o principios de 2028”, calcula.

A los plazos administrativos se suma la incertidumbre política. Jesús teme que un cambio de Gobierno tras las elecciones pueda paralizar o ralentizar los trabajos y dejar de nuevo la búsqueda en suspenso.

Una preocupación que se enmarca en las críticas de los colectivos memorialistas por la falta de impulso institucional a las exhumaciones en la Región. De hecho, Murcia se encuentra entre los territorios con menor actividad exhumadora registrada en las últimas décadas. Mezquida sostiene que en Murcia no se han desarrollado exhumaciones científicas en el marco de las políticas actuales de memoria democrática y apunta a la falta de una ley autonómica específica, de recursos estables y de un banco regional de ADN como obstáculos para avanzar en la localización e identificación de las víctimas.

De la mano de la Federación, Mezquida participó en la elaboración del Catálogo de Fosas de la Región de Murcia, un proyecto destinado a documentar los enterramientos y las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista. Según explica, durante esos trabajos no identificaron fosas susceptibles de exhumación en las condiciones previstas para el catálogo. El arqueólogo apunta que, durante la dictadura, algunos restos fueron trasladados a panteones familiares, aunque en muchos casos no se identificaron con nombres y fotografías hasta la Transición.

La falta de intervenciones científicas recientes no significa que nunca se hayan realizado trabajos de recuperación de restos en la Región. Mezquida recuerda una intervención llevada a cabo en 1979 en el cementerio de Espinardo, en Murcia, donde se exhumaron cinco fosas. Se trata, no obstante, de un antecedente distinto de las investigaciones arqueológicas y forenses que se reclaman actualmente para localizar, recuperar e identificar a las víctimas.

“Siempre he dicho que, si los republicanos hubieran ganado la guerra, alguna plaza llevaría el nombre de mi tío abuelo Gabriel”, reflexiona Jesús en voz alta. “Todos los muertos de la parte de Franco están enterrados con subvenciones de todos los españoles y ahora nos dicen que no confrontemos, pero realmente no queremos confrontación, solo queremos dignidad y paz”, sostiene.

El desahucio de Maricarmen sigue marcando la agenda política mientras las protestas por la situación de la vivienda se suceden en todo el país. Miles de personas -más de veinticinco mil, según los organizadores y 4.500, según Delegación de Gobierno- han acudido a la manifestación convocada por el Sindicato de la Vivienda y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca a las 18.00h en la Plaza de la Cruz Roja de Murcia, cuyo lema era ‘Hacia la huelga general contra el rentismo’.

Los manifestantes han recorrido, a pesar de la lluvia, la avenida Teniente Flomesta y la Gran Vía al grito de “Vecina, escucha, el barrio está en lucha”, “¿Qué pasa, qué pasa que no tenemos casa?” y “No toleramos ni un desahucio más”.

También se han escuchado proclamas como “Miman al casero, desahucian al obrero”, “Sol aguanta, Murcia se levanta” y “Rebeca, joder, rebaja el alquiler”, en referencia a la alcaldesa murciana, Rebeca Pérez, al pasar por delante del Ayuntamiento capitalino en la plaza de la Glorieta, mientras los manifestantes hacían tintinear sus llaveros como señal de protesta.

Uno de los portavoces del Sindicato, Jorge Molina, ha señalado que tras estas protestas se ha notado “un cambio de actitud” en las delegaciones de Gobierno e incluso en los fondos buitre “ya que se han paralizado una cantidad de desahucios que no se hubieran conseguido de otra manera”.

“Pero se está demostrando que no es suficiente. Tenemos que seguir presionando: ya sea con este Gobierno u otro, con elecciones o sin ellas y conseguir contratos de alquiler indefinidos, bajar drásticamente el precio de los alquileres, parar todos los desahucios y recuperar las viviendas que están en mano de los fondos buitres y ponerlas al servicio de la clase trabajadora”.

El portavoz de la PAH, Paco Morote, ha denunciado que en la Región de Murcia la situación de la vivienda “está peor que en el resto del Estado porque tenemos los salarios más bajos de todo el país, además de que los precios del alquiler se han disparatado hasta hacerse inaccesibles, los precios de compra de vivienda son imposibles y el Gobierno regional no hace nada”.

“Me parece una injusticia que haya gente que trabajando y poniendo de su parte no tenga derecho a una vivienda digna y no pueda tener perspectivas de futuro siquiera. Es imposible acceder a una vivienda y es un derecho”, ha señalado María, de 27 años, quien ha acudido a la convocatoria acompañada de amigos. “Como sociedad no podemos seguir aguantando que la vivienda sea un producto de mercado en vez de un derecho básico y fundamental”, ha apuntado Jorge, otro manifestante.

El delegado de Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha denunciado que “los jóvenes de la Región ven cómo los precios de la vivienda suben sin ningún tipo de control, al tiempo que hay familias que viven con miedo a ser desahuciadas”. “O se está al lado de la gente o se está al lado de los fondos buitres”, ha zanjado.

Para la portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, “esto no va solo de los dos decretos que se tumbaron el viernes. También va de un Gobierno que no ha hecho nada por solucionar el mayor problema de la gente trabajadora de este país. El PSOE votó en el Congreso en contra de iniciativas de Podemos para topar los alquileres, prohibir los fondos buitre o regular los alquileres turísticos”.

Desde CCOO de la Región de Murcia, su secretaria general, Teresa Fuentes ha reconocido que se está produciendo un punto de inflexión en el tema de la vivienda. “También tenemos un problema con los salarios y no se puede pagar ni el alquiler ni la vivienda. Por eso es importante que la indignación de la ciudadanía confluya en una gran movilización social y laboral”.

En el sindicato consideran que los beneficios empresariales están en máximos históricos y tienen que verse trasladados a los salarios. “Mañana habrá una reunión en el comité confederal de CCOO para dar voz a las personas trabajadoras que están sufriendo esta situación”, ha explicado Fuentes.

La convocatoria ha finalizado su recorrido frente a la sede del Gobierno regional, el Palacio de San Esteban.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a rojo el aviso por precipitaciones y tormentas en el Campo de Cartagena y Mazarrón. Hay riesgo de inundación, por lo que se ha activado mensaje ES-Alert a la población de las comarcas afectadas.

“Máxima precaución. Es importante evitar desplazamientos innecesarios, no atravesar zonas inundables, ramblas o cauces, y seguir la información en los canales oficiales”, han advertido desde 112 Región de Murcia.

El Director del Plan Inunmur ha decretado el Nivel 1 de Emergencia del Plan Inunmur en ambas comarcas. Como consecuencia, permanecerán cerrados los centros de Desarrollo Infantil y de Atención Temprana ni los centros sociales de mayores en los municipios afectados por la alerta roja. Mientras se mantenga el nivel de alerta, se retrasa el regreso de los usuarios de los centros de día para personas con discapacidad y para personas mayores.

El aviso rojo estará vigente hasta las 17:59 horas, por unas precipitaciones que pueden llegar a acumular los 60 litros de agua por metro cuadrado en una hora. A partir de las 18:00 horas el aviso desciende a naranja hasta las 19:59 horas. Finalmente, desde las 20.00 horas hasta las 23:59 horas el aviso será amarillo por lluvias que pueden alcanzar los 20 litros de agua por metro cuadrado en una hora.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha anunciado la apertura de locales sociales en dos de los municipios afectados, Pozo Estrecho y La Palma. La primera edila permanece reunida en el Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) en el Parque de Seguridad para coordinar los servicios municipales.

El fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ha reclamado este jueves “promover un clima que evite la persecución del colectivo migrante” durante su intervención en el acto de apertura del Año Judicial en la Ciudad de la Justicia de Murcia.

Lo hizo al presentar los datos de la Sección de delitos de Odio y Discriminación, cuyos procedimientos judiciales “van en aumento”. En 2025 hubo 31, con cuatro escritos de acusación y ocho sentencias. Para hacer frente a esa tendencia, la Fiscalía propone “tipificar subtipos atenuados” que permitan juzgar los comportamientos de odio de menor gravedad mediante juicios rápidos e incorporar como penas alternativas trabajos en beneficio de la comunidad “enfocados en programas de educación en igualdad”.

En delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, la Fiscalía registró 81 asuntos, la mayoría vinculados a la llegada de ‘pateras-taxi’ a Cartagena y Lorca, con 39 escritos de acusación y 20 condenas.

Embarcaciones “más grandes y potentes”

Díaz Manzanera reconoció que varias absoluciones del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por falta de prueba obligan a la policía a un “mayor acopio probatorio”. En 2025 llegaron a la costa murciana 130 embarcaciones con 1.978 personas, una cifra inferior a la del año anterior, aunque las embarcaciones son ahora “más grandes, más potentes y con más aforo”.

El fiscal alertó también del “desplazamiento de estructuras de narcotráfico hacia el literal murciano” para desembarcos con narcolanchas, del aumento del “petaqueo” y de un “preocupante repute de la violencia y del empleo de armas” en ajustes de cuentas.

Las plantas de marihuanas intervenidas en cultivos de interior han crecido un 706% en cuatro años, hasta superar las 67.000. Si la tendencia se mantiene, advirtió, “sería planteable en un futuro redoblar los esfuerzos contra las mafias que trafican con drogas y con seres humanos”.

Los delitos sexuales entre menores siguen al alza, con 177 expedientes por agresión sexual frente a los 162 del año anterior, y la Fiscalía de Menores abrió ocho asuntos, por uno en 2024, por la difusión de imágenes de compañeros desnudos manipuladas con inteligencia artificial. Díaz Manzanera consideró “imprescindible plantear medidas legales más duras” para limitar el acceso de los menores a internet.

Sobre el Mar Menor, el fiscal indicó que la causa principal por contaminación sigue a la espera de que la Audiencia Provincial fije fecha de juicio oral, mientras que la pieza contra ex cargos públicos ha vuelto a la instrucción.

En siniestralidad laboral constan nueve homicidios imprudentes y un aumento del 130% en las lesiones por imprudencia.

“La primera Fiscalía con más trabajo”

La Fiscalía murciana sigue siendo, según su responsable, “la primera de España en carga de trabajo”, con 22.131 habitantes por fiscal. A final de año contará con 80 fiscales, frente a los 61 de 2017, aunque continúa siendo la “peor dotada de España” en funcionarios.

Díaz Manzanera cerró su intervención defendiendo a los fiscales frente a “visiones que puedan intentar cuestionar injustificadamente su actuación”, en sintonía con el presidente del TSJ, Manuel Luna, que dedicó su discurso a la defensa de la independencia judicial y advirtió de que los juzgados cerraron en 2025 con más de 221.000 asuntos pendientes.

La inestabilidad meteorológica que acompaña a la Región de Murcia esta semana no hará más que intensificarse. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a naranja los avisos por tormentas en parte de la Comunidad autónoma para este jueves y viernes.

En concreto, se ha incrementado la alerta en la zona del Noroeste en la jornada de hoy, donde podría llegar a acumular hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. Un aviso que, como el del resto de la Región, comenzará a las 14 y terminará a las 23:59 horas. En las otras zonas afectadas - las comarcas del Altiplano y la Vega del Segura- se mantienen vigentes los avisos amarillos por fuertes lluvias y tormentas.

En concreto, la Aemet prevé este jueves una caída de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora en Yecla y Jumilla, una cifra que asciende a 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. En la Vega del Segura se pueden llegar a acumular unas precipitaciones de hasta 15 litros en una hora.

Esta mañana, el director del Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Región de Murcia (Plan Inunmur) ha decretado la fase de preemergencia. También se ha informado a los ayuntamientos afectados y servicios de emergencia que pudieran verse involucrados.

Para el viernes, la Vega del Segura, el Campo de Cartagena y Mazarrón y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas estarán bajo aviso naranja desde las 10:00 hasta las 20:00 horas. En una hora, podría llover hasta 40 litros por metro cuadrado. La alerta se mantiene como amarilla en el Altiplano y el Noroeste, esta vez desde las 12.00 hasta la medianoche, con el potencial de acumularse hasta 20 litros por metro cuadrado.

“Nos encontramos como los días posteriores al fallecimiento de nuestros familiares”. Jairo perdió a su hija y su yerno en el incendio de las discotecas de Las Atalayas, en Murcia. Tres años después sigue reviviendo el dolor de aquella noche: “Sigue siendo igual de doloroso”. La madre de su hija está “psicológicamente destrozada, anulada”, ha añadido en las puertas de la Ciudad de la Justicia este jueves, cuando se cumple el tercer aniversario de aquella fatídica madrugada.

Era domingo, 1 de octubre de 2023. La fiesta todavía no había terminado cuando el fuego comenzó a propagarse por los locales de Teatre y Fonda Milagros. Eran las seis de la mañana. En apenas unos minutos, la madrugada se convirtió en una tragedia en la que perdieron la vida trece personas.

Tres años después, la herida sigue abierta en las familias de las víctimas, que afrontan de nuevo el aniversario sin cerrar el capítulo judicial. Para recordar a sus seres queridos y reclamar que se depuren todas las responsabilidades, se han concentrado este jueves a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Murcia. Allí, mientras el procedimiento avanza hacia el juicio oral, los familiares siguen reclamando respuestas.

Sin poder reprimir la emoción, Jairo insiste en que mantienen la esperanza de que quienes tengan responsabilidad respondan ante la justicia. “El Ayuntamiento de Murcia es el principal responsable de lo que ha pasado”, sostiene. A su juicio, era el consistorio la administración que debía encargarse de establecer y hacer cumplir las normas de seguridad, aunque también señala a los propietarios de las discotecas por las infracciones cometidas.

“No había forma de escapar de allí”

“No había forma de escapar de allí”, relata. Según explica, sus familiares “perdieron la vida sin la mínima posibilidad de salir”. Jairo subraya que no cree que existiera una intención de causar la muerte de nadie: “No existía esa intención, pero se quebrantaron las normas”, afirma.

La investigación ha puesto el foco en las condiciones de seguridad de los establecimientos. Las salidas de emergencia no eran operativas, los recorridos de evacuación superaban las distancias permitidas y la falta de una adecuada sectorización entre ambos locales favoreció la propagación de las llamas. A todo ello se sumó el la máquina de efectos de fuego frío utilizada durante la fiesta.

Una instrucción “muy compleja”

El procedimiento ha avanzado durante estos tres años, aunque todavía no hay fecha para la celebración del juicio. Rosa Egea, abogada de seis supervivientes y familiar de una de las víctimas, destaca que la instrucción ha sido “muy compleja” y que ya ha concluido. Existe auto de apertura de juicio oral contra siete personas y ahora se está a la espera de los escritos de defensa y de que las actuaciones sean remitidas a la Audiencia Provincial.

Será entonces cuando el procedimiento llegue al tribunal encargado de examinar las pruebas. “Queremos que los supervivientes sean escuchados y que Olga Lucrecia no conste solo como fallecida”, explica Egea. Se refiere a Olga Lucrecia Nieto, conocida como Lula, cuya condición de trabajadora del establecimiento ha requerido una investigación específica. Egea explica que demostrar que Lula se encontraba trabajando aquella madrugada, pese a no estar dada de alta, ha supuesto un trabajo complejo.

También los familiares de Lula continúan reclamando respuestas. Ferney, esposo de la víctima, asegura que “seguimos igual” y lamenta que, tres años después, todavía no hayan recibido una solución. “Tenemos esperanza en que se haga justicia”, afirma. Sobre el reconocimiento de la situación laboral de Lula, destaca el trabajo de su abogada, que, según sus palabras, “ha peleado contra viento y marea” para demostrar que estaba trabajando en el local.

La causa alcanza al responsable de Fonda Milagros y a tres personas vinculadas a Teatre, el establecimiento en el que se originó el fuego. También tendrán que responder ante el tribunal el DJ que organizó la fiesta celebrada aquella noche, el propietario de la máquina de efectos de fuego frío utilizada durante el evento y el ingeniero relacionado con el proyecto de división de la nave.

“La familias buscan alivio”

El letrado Pedro López Graña, quien representa también a los familiares, resume su aspiración en la necesidad de cerrar judicialmente el episodio y encontrar una explicación. “Las familias lo que buscan es un alivio”, afirma.

Aquella noche, Teatre celebraba la fiesta 'We are remember', mientras Fonda Milagros recibía a su público habitual. Todas las víctimas eran de nacionalidad colombiana, ecuatoriana o nicaragüense. Fonda Milagros se había convertido en uno de los locales preferidos por el público latino de la capital murciana.

En la práctica, ambos establecimientos funcionaban como una única unidad operativa pese a contar con titularidades diferenciadas. Compartían instalaciones, personal, sistema eléctrico y climatización. El recinto había sido concebido inicialmente como una única discoteca de grandes dimensiones, pero terminó dividido en varios establecimientos. Trabajadores de la zona explicaron entonces que el propietario había optado por dividirlo en tres espacios “para que fuera más rentable”.

El incendio mostró las consecuencias de aquella configuración. El falso techo de Teatre ardió con rapidez y, según los testimonios recogidos durante la investigación, las llamas formaron una gran bola de fuego. En Fonda Milagros, la estructura que sostenía parte del local terminó desplomándose por completo.

“El verdadero responsable es el Ayuntamiento”

Durante años, la actividad de los locales había estado marcada por una situación de irregularidad administrativa. Es precisamente ahí donde las familias y sus abogados sitúan una de las principales cuestiones todavía pendientes. José Manuel Muñoz, abogado de tres familias, sostiene que la instrucción no ha abordado de forma suficiente la posible responsabilidad de la Administración. “El verdadero responsable es el Ayuntamiento y no está”, afirma.

Muñoz considera que la tragedia no puede desvincularse del funcionamiento de los mecanismos de control. “Cualquier actividad necesita un control eficiente. La dejadez y la permisividad han tenido como resultado final la muerte de 13 personas”, sostiene. A su juicio, el procedimiento debería permitir determinar también qué ocurrió con las actuaciones administrativas previas al incendio.

López Graña coincide en señalar que la posible responsabilidad del Ayuntamiento y de funcionarios municipales constituye una parte todavía abierta del caso: “Hay una querella pendiente de resolución en la que se plantea una posible prevaricación”, apunta.

López Graña sostiene que el Ayuntamiento actuó inicialmente con regulación, inspecciones y actas y que en enero de 2022 se acordó el cese de la actividad de las discotecas. Sin embargo, “falló la ejecución de la orden de cese”.

La jueza, no obstante, ha decidido excluir al consistorio de la responsabilidad civil subsidiaria en esta fase. El auto considera que no se dan las condiciones previstas en el Código Penal para atribuirle esa responsabilidad dentro del procedimiento. La resolución mantiene además en libertad a los siete acusados y descarta, por ahora, medidas como la retirada de los pasaportes o la prohibición de abandonar España.

Mientras el procedimiento sigue su curso, las familias afrontan un nuevo aniversario sin respuestas definitivas. “La memoria es muy corta y para la Administración mucho más”, lamenta Muñoz, que reclama que lo ocurrido sirva para revisar los mecanismos de control y seguridad.

La Consejería de Educación murciana ha movido ficha y ha decidido dejar sin efecto de manera cautelar el límite de 19 años que bloqueaba a los alumnos con discapacidad para acceder a programas de Formación Profesional. Esta medida permite reabrir durante este curso el proceso de matrícula para todos los estudiantes afectados.

El consejero de Educación, Víctor Marín, ha apuntado que la Comunidad lleva diez meses requiriendo una aclaración al Ministerio de Educación sobre la normativa. Según ha explicado, las respuestas contienen criterios contradictorios, lo que ha llevado a la Consejería a actuar sin esperar a una nueva resolución.

Por su parte, la Delegación del Gobierno sostiene que la normativa estatal no establece un límite general de edad para que las personas con necesidades educativas especiales continúen formándose.

La decisión llega después de que el PSOE en la Región plantease hace diez días una moción en la Asamblea Regional para urgir a la eliminación del límite de edad y la consiguiente apertura de un nuevo periodo de matrícula para los estudiantes que se habían quedado fuera de los programas.

El reciente caso de Alejandro, que quiere estudiar Actividades Auxiliares de Comercio en el IES José Luis Castillo-Puche, ha vuelto a poner estas últimas semanas el foco sobre el límite de edad para acceder a los programas de Formación Profesional. Aunque el joven de Yecla se ha convertido en la cara visible de esta situación, no es un caso aislado. Otras familias de la Región ya se han encontrado con el mismo impedimento cuando sus hijos han tratado de continuar su formación más allá de los 19 años.

El Valle de Ricote se incorpora al sello ‘Soy ecoturista’ y se convierte en el segundo territorio de la Región de Murcia, tras Sierra Espuña, que se integra en esta iniciativa destinada a impulsar un modelo de turismo de naturaleza comprometido con la conservación del territorio y el desarrollo local.

El Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem) acogió hoy el acto de entrega de las certificaciones a ocho empresas del Valle de Ricote Slow (territorio conformado por los municipios de Ulea, Villanueva del Río Segura, Ojós y Ricote) vinculadas a las actividades en la naturaleza y a experiencias en el territorio, al alojamiento, la restauración y a los productos agroalimentarios.

El director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), Juan Francisco Martínez, presidió la entrega de estas distinciones a las empresas Agromarketing y Astroversia, en el ámbito de las actividades guiadas en la naturaleza; a la Asociación Caramucel, Naturaleza e Historia; a los alojamientos Casas de Ainás, La Joya del Valle de Ricote y Caserío El Cobi; al restaurante Jardines de Villanueva y a La Huertica, dedicada al producto agroalimentario y a las visitas guiadas.

La incorporación a ‘Soy ecoturista’ reconoce el cumplimiento de una serie de criterios y compromisos relacionados con la sostenibilidad ambiental, el desarrollo local, la conservación de la biodiversidad y la mejora continua. Además, las empresas han establecido planes de mejora para los próximos tres años.

Tanto el proceso de auditoría para obtener estos certificados como las acciones formativas para los empresarios han sido financiado con fondos Next Generation EU, incluidos dentro de la Actuación de Cohesión entre Destinos (ACD) 'Valle de Ricote Slow', un proyecto dotado con 3,3 millones de euros cuya finalidad es consolidar este territorio como referente nacional del turismo 'slow'.

Con estas nuevas incorporaciones, la Región de Murcia cuenta ya con 22 empresas adheridas a ‘Soy ecoturista’, 8 en el Valle de Ricote y 14 en Sierra Espuña, donde otras 7 se encuentran actualmente en proceso de adhesión.

Martínez, destacó que esta incorporación “supone un nuevo avance en el desarrollo del producto de ecoturismo de la Región, concebido para poner en valor nuestro patrimonio natural a través de experiencias responsables que contribuyan a conservar el territorio y generen oportunidades para las empresas y las comunidades locales”.

El director del Itrem subrayó especialmente el papel de las empresas y de los guías especializados, “fundamentales para interpretar el territorio, transmitir sus valores y conseguir que el visitante establezca un vínculo más profundo con el patrimonio natural y cultural que descubre”.

La apuesta por este segmento responde al creciente interés por modos de viajar más responsables y forma parte del nuevo producto regional de ecoturismo, presentado en la última edición de Fitur bajo el lema ‘Llena tu mochila de vida’.

Un paisaje singular en torno al Segura y la huerta tradicional

La incorporación del Valle de Ricote permite ampliar y diversificar la oferta regional de ecoturismo con un territorio de características diferentes a Sierra Espuña.

Este proyecto articula su oferta en torno al río Segura, la huerta tradicional, la cultura del agua, los paisajes agrícolas, la herencia morisca, el patrimonio histórico y cultural, los espacios naturales protegidos y su biodiversidad. En este sentido, más del 40 por ciento del valle está incluido en la Red Natura 2000.

Esta combinación permite configurar experiencias de turismo 'slow', basadas en la tranquilidad, el paisaje, la cultura, la sostenibilidad y las experiencias alejadas de los modelos turísticos masificados. Unas experiencias que incluyen recorridos por paisajes de huerta y ribera, interpretación de la naturaleza, observación de la biodiversidad, conocimiento de actividades agrícolas y agroalimentarias, alojamiento en establecimientos comprometidos con el entorno, degustación de productos locales, ocio y festivales, entre otras propuestas.

Un militar ha resultado herido de carácter leve tras explotarle una granada que estaba manipulando en una actividad rutinaria en la Estación Naval de La Algameca, en Cartagena. El herido ha sido trasladado de inmediato al Hospital Santa Lucía, donde permanece en Urgencias a la espera de que se le practiquen pruebas médicas y sea valorado por los facultativos, según han informado fuentes de la Consejería de Salud.

El nuevo incidente se produce en el complejo militar en el que el pasado 16 de septiembre resultaron también heridos ocho miembros de la Armada durante una actividad que tenía lugar en las instalaciones hiperbáricas del Centro de Buceo de la Armada (CBA).

El accidente obligó a desplegar un gran dispositivo sanitario y los ocho militares tuvieron que ser trasladados al Hospital Santa Lucía de Cartagena. Cuatro de ellos tuvieron que permanecer ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI): tres en el propio Santa Lucía y otro fue derivado al hospital Virgen de la Arrixaca, en Murcia.

Siete de los militares han recibido ya el alta, mientras que uno continúa ingresado en la UCI del Virgen de la Arrixaca con pronóstico reservado.

El Centro de Buceo de la Armada, ubicado en La Algameca desde 1970, es la instalación de referencia de la Armada para la formación y el adiestramiento en técnicas de buceo, además de prestar asesoramiento técnico relacionado con instalaciones hiperbáricas tanto militares como civiles.

Los accidentes graves en estas instalaciones han sido poco frecuentes. En enero de 2008, un sargento falleció y dos cabos primeros resultaron heridos durante un ejercicio de adiestramiento a bordo del buque Neptuno, en aguas próximas a Cartagena.

La Policía Nacional ha detenido en la Región de Murcia a un profesor de instituto por amenazar de muerte a la ministra de Sanidad, Mónica García, en varias llamadas telefónicas al grupo municipal de Más Madrid. El detenido es un varón 50 años que no tiene antecedentes, han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

En sus llamadas, el hombre profirió insultos hacia la ministra y compañeros suyos de Más Madrid, incluyendo alusiones sexuales vejatorias, según ha adelantado el canal de sucesos de Prensa Ibérica.

Las pesquisas corrieron a cargo de la Brigada de Información de Madrid, que contó con el apoyo de agentes destinados en Murcia. Gracias a ese trabajo conjunto fue posible identificar al sospechoso y dar con él en el municipio donde ejerce como profesor de Secundaria.

El arresto tuvo lugar el pasado 16 de septiembre, si bien no ha sido hasta este lunes, 28 de septiembre, cuando se ha hecho público. De momento, no han trascendido más detalles sobre cómo se produjo la detención.

El colectivo Galactyco ha denunciado la agresión “homófoba” que sufrió este jueves un joven de 28 años en las inmediaciones del estadio Cartagonova, en Cartagena. Los hechos ocurrieron alrededor de las 22.00 horas, ha concretado la asociación, cuando la víctima se dirigía al campamento de las fiestas de Carthagineses y Romanos.

Según el relato del joven, todo comenzó cuando un grupo de personas empezó a increparle por llevar un bolso. Los agresores se lo habrían intentado arrebatar y, posteriormente, comenzaron a insultarle con expresiones de carácter homófobo y al grito de “maricón”. A continuación, se incorporaron al ataque otras personas de mayor edad, hasta reunir a cinco individuos.

La víctima asegura que fue abatida y golpeada por el grupo, sufriendo una herida en la cara y numerosos hematomas, entre ellos uno en la zona del ojo, según recoge Galactyco. Finalmente consiguió escapar y llegar hasta el recinto festero, donde fue atendido por efectivos de Protección Civil. Debido a la gravedad de la herida en el rostro, necesitó varios puntos de sutura.

Tras recibir asistencia, el joven acompañó a agentes de la Policía en un intento de localizar a los presuntos autores de la agresión, aunque la búsqueda no permitió identificarlos.

“Desde el colectivo Galactyco queremos denunciar que los discursos de odio que se producen en nuestra sociedad, especialmente los producidos en Cartagena por personas que ocupaban cargos institucionales, hacen creer a los homófobos con libertad para poder atacar a personas que no visten como a ellos les gustaría. En este caso solicitamos una actuación de oficio de la fiscalía para hacer frente a un delito de odio como este”, ha reclamado el presidente del colectivo, Miguel Ángel Casanova.