La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso rojo por calor extremo para este jueves en varias zonas de la Región de Murcia, concretamente en la Vega del Segura, el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas. En estas áreas se esperan temperaturas que podrían alcanzar los 44 grados durante las horas de mayor intensidad térmica.

Por su parte, la Comunitat Valenciana afronta un nuevo episodio de altas temperaturas con valores que volverán a situarse en niveles elevados en buena parte del territorio. La situación estará marcada por un ambiente muy caluroso, especialmente durante las horas centrales del día, con máximas que podrían superar los 40 grados en algunos puntos. También se ha activado el aviso rojo por calor extremo ante la previsión de temperaturas que podrían alcanzar los 42 grados en zonas del litoral sur de Valencia y Alicante.

Además del calor, la jornada estará marcada por la inestabilidad atmosférica, con posibilidad de tormentas en distintos puntos de la Comunitat Valenciana.

La alerta roja representa el nivel más alto de riesgo previsto por altas temperaturas y supone una situación de peligro para la población. Por ello, se recomienda extremar las medidas de prevención, especialmente entre colectivos más sensibles como personas mayores, niños, pacientes con enfermedades crónicas y trabajadores o deportistas expuestos al aire libre.

El episodio de calor afectará también a otras comarcas murcianas. La AEMET mantiene activo el aviso naranja en el Altiplano, donde los valores máximos podrían situarse en torno a los 42 grados, y en la zona del Noroeste, con registros cercanos a los 40 grados.

Por su parte, el Campo de Cartagena y Mazarrón permanecen bajo aviso amarillo, con temperaturas que podrían alcanzar los 38 grados. Desde algunos ayuntamientos han hecho públicas algunas recomendaciones generales para la población.

La Región de Murcia también permanecerá en aviso por posibles tormentas, que podrían venir acompañadas de rachas intensas de viento e incluso granizo, con mayor probabilidad durante la tarde y en las zonas interiores. Desde el Gobierno de Murcia han activado ya el plan de preemergencia Platermur, tal y como ha anunciado el presidente regional, Fernando López Miras.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Generalitat mantiene activadas también las medidas de seguimiento y prevención ante este episodio de calor. Además, la Generalitat ha elevado las medidas preventivas frente al riesgo de incendios forestales durante jornadas de temperaturas extremas.

“Hemos de admitir que la banalización de lo que significó el franquismo sirve a muchos de cuartada para justificar su permanencia sociológica y simbólica”, escribió hace unos años para este diario el delegado de la asociación para la memoria histórica AGE en la Región de Murcia y oficial retirado del Ejército del Aire, Florencio Dimas. El tiempo no ha hecho que pierdan relevancia sus palabras. Firme defensor de la Memoria histórica en la Región de Murcia, ha fallecido a los 76 años.

Miembro del colectivo de militares demócratas ANEMOI y vocal de la Asociación Civil Milicia y República (ACMYR), colaboró con la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia (Famhrm) para elaborar el proyecto de catalogación de fosas de la Guerra Civil y la represión franquista en la Región de Murcia. Su aportación junto a la del resto de miembros de la Federación logró que en la Comunidad se pasase de reconocer tan solo seis fosas a 513, con un total de 1.800 víctimas de la Guerra Civil y del franquismo.

A lo largo de su trayectoria profesional, el investigador batalló por la dignidad de las víctimas del franquismo y de la Guerra Civil. Recientemente, Dimas denunció las burlas y la ligereza con la que Vox trató el debate para la retirada de la Medalla de Oro concedida a Franco en Lorca. Para el representante de AGE, que “la memoria de un criminal de guerra y autor de delitos de lesa humanidad” siguiera detentando la máxima distinción local, “es una humillación para las familias de las víctimas”. A día de hoy, la medalla no se ha retirado, pero su lucha sigue viva.

Le siguió la pista a los medios ultras, denunciando a tres de ellos que calificaron a las 13 Rosas de “terroristas” y “asesinas”: [Se trata de] gravísimas injurias y calumnias vertidas contra estas muchachas que fueron asesinadas por razones ideológicas en un marco de crímenes de lesa humanidad“.

En este medio dedicó una carta a los militares pro-franquistas: “Tenéis la suerte de vivir en una democracia, ganada y regada con la sangre y el sacrificio heroico de los compatriotas que se opusieron al régimen”, les recordó.

Lo hizo después de que más de un millar de miembros del Ejército firmasen un manifiesto pro defensa de la memoria del general Franco: “Hacer abstracción de la personalidad militar, separándola de la política del personaje, para justificar una y no cuestionar otra, es un ejercicio de imposible comprensión que solo el cinismo puede justificar”, reprochó.

“Esa misma razón llevaría a vuestros correligionarios nazis a reivindicar el culto a la memoria de Hitler, basándose en el valor acreditado por el Cabo Adolf Hitler, acreedor que fue de la Cruz de Hierro en la I Guerra Mundial, desvinculándolo de su papel como promotor de la II Guerra Mundial y del Holocausto”, abundó.

El delegado del Gobierno ha recibido este viernes a 65 nuevos policías nacionales en prácticas que durante el próximo año completarán su formación en diferentes comisarías de la Región de Murcia y contribuirán a reforzar la seguridad ciudadana. Los 65 agentes, que pertenecen a la XLI Promoción de la Escala Básica, pasarán por las cinco especialidades operativas del Cuerpo, Seguridad Ciudadana, Policía Judicial (investigación de delitos y faltas), Brigada de Información (investigación y antiterrorismo), Brigada de Policía Científica y la Unidad de Extranjería y Fronteras.

En total, estos 49 hombres y 16 mujeres, que prestarán servicio en Murcia, 40, Cartagena, 14, Lorca, 6, y Molina de Segura, 5, ingresaron el pasado mes de septiembre de 2025 en la Escuela Nacional de Policía de Ávila y permanecerán en la Región de Murcia hasta junio de 2027.

“Aunque estén en su periodo de prácticas, son policías nacionales con todas las consecuencias, y, por tanto, contribuirán a reforzar la seguridad ciudadana en un momento muy necesario, pues en esta época activamos la Operación Verano, diseñada por el Ministerio de Interior para dar apoyo al sector turístico regional y garantizar la protección y la seguridad de todos los ciudadanos, nacionales y extranjeros, que acudan o se muevan por la Región de Murcia para disfrutar de sus vacaciones”, ha explicado Francisco Lucas.

Lucas ha valorado que este refuerzo extraordinario de agentes complementa el incremento de la plantilla de policías nacionales en la Región de Murcia durante los últimos años, que ha cifrado en casi 300 agentes más desde 2019, lo que supone un 18,3% de incremento en ese periodo.

Cifras, ha insistido, que permiten que la Región de Murcia siga teniendo una tasa de criminalidad por cada 1.000 habitantes tres puntos inferior a la media nacional.

Comisarías Europeas

El delegado del Gobierno también ha dado la bienvenida a tres policías nacionales de Portugal, Italia y Francia que participan en el Proyecto Comisarías Europeas y que reforzarán la seguridad ciudadana durante el verano formando patrullas mixtas con agentes de policía nacional españoles. Desde que la Región de Murcia se sumó a este proyecto en 2023, han pasado por la Región de Murcia 24 policías nacionales de Francia, Alemania, Italia o Portugal. Y en septiembre vendrán otros tres de Francia, Alemania e Italia“, ha añadido.

El delegado del Gobierno ha declarado que se trata de una experiencia muy enriquecedora para los agentes europeos desde un punto de vista personal y profesional. “Y en un destino turístico como el nuestro, su labor es muy importante para el refuerzo de la seguridad y para ayudar y asesorar a sus propios compatriotas que se encuentran aquí de vacaciones”, ha añadido.

El delegado del Gobierno les ha agradecido su compromiso por participar en este proyecto europeo que, según ha dicho, refuerza la coordinación entre los distintos cuerpos policiales y la seguridad transfronteriza.

Continúa la investigación de la presunta trama de fraude de prótesis vasculares en el seno del Servicio Murciano de Salud (SMS). El magistrado del Tribunal de Instancia de Murcia (sección de Instrucción, plaza 7) José Fernández Ayuso ha encomendado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que examine la totalidad de las intervenciones quirúrgicas practicadas por el cirujano investigado en la trama. “Esto es, un análisis exhaustivo de las treinta intervenciones que ya se disponen de la muestra proporcionada, a la que se sumarian las otras 462 intervenciones que el servicio de inspección informó que habría realizado ese doctor”, ha detallado el auto, al que ha tenido acceso este diario.

Ahora, la Consejería de Salud tendrá que facilitar a la UDEF la documentación del resto de intervenciones del cirujano. Deberá aportar el informe de alta de los pacientes, la totalidad de los partes de implante que consten, los pedidos realizados a raíz de estas intervenciones y las facturas emitidas, además de todos los informes posteriores.

“Una vez que se haya realizado esa investigación y se haya determinado el total de cirugías en las que se hubieran implantado supuestamente prótesis o material caducado es cuando se llevará a cabo la oportuna pericial médica para determinar si el hecho de la implantación de esas prótesis o material caducado, en su caso, hubiera afectado al estado de salud de los pacientes intervenidos”, ha detallado el juez instructor.

El juez ha citado a declarar a doce de los catorce investigados a los que hasta ahora no ha tomado declaración. Han sido citados para mediados de septiembre todos los investigados menos el cirujano Rubén T. M. y el comercial de Logimed. Entre las personas que deberán prestar declaración está el exjefe de Servicio de la Unidad de Aprovisionamiento Integral (UAI), Vicente F. G.; el jefe de sección de la UAI, Manuel N. G.; y el exjefe de la Sección de Radiología Vascular Intervencionista de La Arrixaca, Antonio C. A.

Lo que ya se considera como el mayor escándalo de la sanidad pública de la Región de Murcia dejó a lo largo de siete años un agujero en las arcas públicas por valor de unos 6,9 millones de euros. Esta es tan solo una estimación, por lo que el juez encomendó a la Intervención General del Estado una pericial para poder detallar el alcance del perjuicio económico sufrido por el SMS.

Dos posibles afectados

Hasta el momento la UDEF solo había podido analizar un total de 30 intervenciones realizadas por R.T.M. En esa muestra, hallaron irregularidades “en la totalidad de la muestra”: al cotejar los informes de alta con los partes quirúrgicos se descubrieron discrepancias sistemáticas entre el material efectivamente utilizado y el facturado.

La UDEF encontró cinco productos etiquetados de Logimed “que a la fecha de implantación se encontraban caducados” e identificó un historial en concreto en cuya alta “se le pone una prótesis y en el parte quirúrgico constan dos, estando ambas caducadas”. En los cuatro casos restantes de etiquetas caducadas, “al existir más productos pagados que utilizados, no puede saberse con seguridad si se han utilizado los caducados o no, debido a la ambigüedad con que se rellena el parte de alta”, advirtieron los investigadores.

Por el momento la UDEF ha identificado dos pacientes a los que posiblemente se les implantó una prótesis caducada. Uno de los afectados, de 65 años, reclama 150.000 euros al Servicio Murciano de Salud (SMS). Tras la primera intervención, el paciente tuvo complicaciones graves que derivaron en otras dos cirugías en pocos meses, incluyendo un bypass y una intervención de urgencia. Según un comunicado del Defensor del Paciente, “en lugar del bypass previsto, se le practicó una angioplastia con un stent cuya fecha de caducidad (febrero de 2022) constaba en las propias pegatinas adheridas a la hoja de implante, llevando al menos un mes caducado. Así lo recoge el informe de la UDEF, que identifica expresamente a este paciente como el caso paradigmático de producto caducado implantado”.

La Región de Murcia acumula un segundo descalabro en su sistema de oposiciones. Después de que hace unas semanas las oposiciones a Maestro dejasen cifras de aprobados por debajo del 25 por ciento, este jueves le ha llegado el turno a las de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE). Las pruebas selectivas para TCAE convocaban un total de 90 plazas, que no llegarán a cubrirse. De los 3.300 aspirantes que se han presentado este año, solo han aprobado un total de diez, el 0,3 por ciento. Del turno de discapacidad, no han aprobado ni uno solo de los 125 opositores que se han presentado.

Desde Comisiones Obreras (CCOO) han alertado que, de confirmarse estas cifras, “estaríamos ante un resultado excepcional que obliga a la Administración a detenerse, analizar lo sucedido y valorar si el proceso selectivo ha cumplido realmente la finalidad para la que fue convocado”. Desde el sindicato han urgido a la Dirección General de Función Pública a la paralización cautelar del proceso selectivo y a “analizar las consecuencias de un resultado de estas características”. Tal y como han descrito del sindicato, este organismo regional es el responsable de “garantizar que los procesos selectivos se desarrollen con objetividad, proporcionalidad, seguridad jurídica y pleno respeto a los principios que rigen el acceso al empleo público”.

“Cuando un proceso selectivo deja fuera, en un único ejercicio, a prácticamente la totalidad de las personas aspirantes, la Administración no puede limitarse a continuar el procedimiento como si nada hubiera ocurrido”, han abundado.

Por su parte, la consejera de Economía, Hacienda y Portavocía, ha defendido que los tribunales de oposición son órganos “autónomos e independientes”: “La Administración regional respeta plenamente esa autonomía y garantiza que sus decisiones se adopten con absoluta independencia, sin intervenir en la elaboración, desarrollo o corrección de las pruebas selectivas”.

Según la consejera, “la Administración regional es la primera interesada en que los procesos selectivos culminen con la cobertura efectiva de las plazas convocadas” y apunta a una justificación alternativa a la alta tasa de suspensos: “Por acuerdo con los sindicatos, en este examen, con el mero hecho de presentarse y al margen de la puntuación obtenida, se entra en la bolsa de empleo”.

“Más de 2.200 aspirantes obtuvieron una puntuación de 0, muchos de ellos respondiendo a la totalidad o prácticamente la totalidad de las preguntas del examen [tipo test]”, ha abundado, descartando que los suspensos se traten de un “hecho aislado: ”Responden a una tendencia que se viene observando en distintos procesos selectivos de todas administraciones de las Comunidades Autónomas. La Administración regional comparte la preocupación que generan estos resultados y analizará, junto con las organizaciones sindicales, las posibles medidas que permitan mejorar la eficacia de futuros procesos selectivos“.

Como cualquier mujer en su misma situación, Ana —nombre ficticio— esperaba ilusionada aquella mañana que la ecografía morfológica del segundo trimestre desvelara por fin el sexo de su bebé. El mundo entero se le vino encima cuando la obstetra que le atendía en su hospital le comunicó que el feto que albergaba en su vientre tenía gravísimas malformaciones incompatibles con la vida. Aún en shock, Ana tuvo que enfrentarse entonces al protocolo oficial, que le ofreció dos posibles circuitos: realizar todo el procedimiento de interrupción del embarazo en una clínica concertada; o, si deseaba despedirse de la criatura, someterse a la técnica para el cese de la actividad cardiaca fetal en la clínica concertada —lo que da lugar a un aborto diferido o retenido, una condición médica en la que el feto ha dejado de ser viable pero permanece dentro del útero— y, tres días más tarde, finalizar el embarazo en su hospital de referencia mediante un parto inducido. Lo que se conoce como doble fase. Ana eligió esta segunda opción.

Tras 72 horas que le parecieron interminables, inició el expulsivo de manera espontánea y parió a su feto muerto en el coche, mientras iba al hospital.

Lidia también eligió la doble fase. En su caso, tres días después de que en la clínica privada forzaran la detención del corazón del hijo que ya no tendría, acudió a su hospital para culminar el doloroso proceso. Allí, mientras le hacían una ecografía de control, detectaron que el feto seguía vivo. El obstetra se lo comunicó a Lidia. Luego, decidió mirar para otro lado e inducir el parto.

Para evitar que otras mujeres pasen por las trágicas experiencias de Ana y Lidia, la puerta de la Consejería de Salud de la Región de Murcia se convirtió este jueves en escenario de una reivindicación que pone el acento en las condiciones en que, en esta comunidad autónoma, las mujeres deben afrontar un aborto, especialmente cuando es terapéutico.

Convocadas por la plataforma ‘Embarazadas expulsadas de la Sanidad Pública’, que ha denunciado públicamente ambos casos, medio centenar de mujeres reclamaron que las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), especialmente aquellas motivadas por graves problemas médicos durante el segundo trimestre de gestación, dejen de derivarse a clínicas privadas y pasen a realizarse en hospitales públicos.

Bajo el lema 'No a las derivaciones de embarazadas a clínicas privadas', el acto de protesta coincide con el vencimiento del contrato suscrito por el Servicio Murciano de Salud (SMS) en 2022 para concertar esta prestación sanitaria con tres empresas privadas. La Consejería de Salud ya ha avanzado que mantendrá temporalmente el modelo mientras tramita una nueva adjudicación, una decisión que ha reactivado un debate que en Murcia permanece abierto desde hace más de una década y que gira en torno a una cuestión esencial: cómo debe garantizarse un derecho sanitario reconocido por la legislación española y cuál es el papel que le corresponde a la sanidad pública en su prestación.

Una prestación sanitaria regulada por ley

La interrupción voluntaria del embarazo en España está regulada por la Ley Orgánica 2/2010, modificada en 2023 por la Ley Orgánica 1/2023 para reforzar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

De forma simplificada, la norma establece tres grandes supuestos: la mujer puede decidir libremente interrumpir su embarazo hasta la semana 14 de gestación; entre las semanas 14 y 22 puede autorizarse cuando exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada o cuando se detecten graves anomalías fetales, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley; y, después de la semana 22, únicamente puede practicarse cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedades extremadamente graves e incurables, previa valoración de un comité clínico.

La reforma de 2023 reforzó además la obligación de las administraciones sanitarias de garantizar el acceso efectivo a esta prestación dentro del Sistema Nacional de Salud. También reguló por primera vez un registro específico de profesionales objetores de conciencia, con el objetivo de que las administraciones puedan organizar los servicios sin impedir el ejercicio del derecho reconocido por la ley. En la práctica, sin embargo, la aplicación de esta legislación continúa siendo muy desigual entre comunidades autónomas.

El caso singular de Murcia

La Región de Murcia constituye uno de los ejemplos más citados cuando se analiza la diferencia entre el reconocimiento legal del derecho y su aplicación práctica. Según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad correspondientes a 2024, en la Comunidad se realizaron 3.673 interrupciones voluntarias del embarazo, de las que únicamente 34 tuvieron lugar en centros públicos, mientras que el 99,07% se practicó en centros privados concertados por derivación.

Estas cifras sitúan a Murcia entre las comunidades donde la externalización de esta prestación sanitaria alcanza un mayor peso. Una fórmula que el Ejecutivo autonómico de Fernando López Miras (Partido Popular) considera compatible con la legislación estatal en la medida de que “el acceso queda garantizado”, explican fuentes de la Consejería de Salud.

Sin embargo, distintas organizaciones feministas, asociaciones profesionales y colectivos de mujeres sostienen que la reforma legal de 2023 supone un paso más al reconocer expresamente que la prestación debe garantizarse desde la red sanitaria pública, evitando que la derivación a centros privados se convierta en la respuesta ordinaria. Es precisamente esta interpretación la que explica el conflicto que ha reaparecido coincidiendo con la finalización del contrato vigente.

“No queremos salir del hospital donde nos han acompañado”

La plataforma ‘Embarazadas expulsadas de la Sanidad Pública’ nació a partir de experiencias compartidas por mujeres que habían afrontado interrupciones del embarazo tras recibir diagnósticos médicos graves.

Su portavoz, Conchi —nombre con el que pide preservar su anonimato— explica que “no queremos que nos saquen del hospital donde hemos sido atendidas durante todo el embarazo justo cuando nos enfrentamos a uno de los momentos más duros de nuestra vida”.

Según expone la plataforma, muchas mujeres llegan a esa situación después de semanas de seguimiento por parte de equipos de medicina fetal, obstetricia, genética o neonatología. Cuando finalmente se adopta la decisión clínica y personal de interrumpir la gestación, la asistencia cambia, de repente, de centro sanitario. Las afectadas consideran que esa ruptura de la continuidad asistencial incrementa el impacto emocional de un proceso ya de por sí extremadamente complejo.

Para Conchi, la continuidad asistencial constituye un “elemento esencial” del cuidado sanitario, especialmente cuando la interrupción se produce tras un diagnóstico fetal grave o una complicación médica durante un embarazo inicialmente deseado. Desde esa perspectiva, defienden que mantener a la paciente dentro del hospital donde ha sido atendida desde el inicio del proceso favorece la seguridad clínica, “reduce el impacto emocional y evita añadir nuevas incertidumbres en un momento de especial vulnerabilidad”.

Por su parte, la Consejería de Salud mantiene que el sistema actualmente vigente garantiza tanto la asistencia sanitaria como la seguridad de las pacientes y que las derivaciones se realizan a centros autorizados que cumplen los requisitos establecidos por la normativa.

“Media hora más en la clínica privada y no lo cuenta”

Esa “seguridad” para las mujeres que garantiza el Ejecutivo murciano en clínicas privadas también ha sido puesta en tela de juicio por la plataforma, desde la que aseguran que determinados procedimientos realizados entre las semanas 15 y 22 pueden presentar complicaciones que hacen necesario disponer de todos los recursos hospitalarios, como unidades de cuidados intensivos, bancos de sangre, quirófanos especializados y equipos multidisciplinares. Por ese motivo reclaman que estos procedimientos pasen a desarrollarse íntegramente dentro de hospitales públicos.

Conchi explica que estas clínicas privadas-concertadas funcionan “con horario comercial” y no están preparadas para abordar situaciones de emergencia médica. El circuito está pensado para hacer abortos “en serie” y “salir pronto”. “Da igual que estés sangrando, te colocan un pañal y andando”, denuncia.

Fue el caso de una de las integrantes de la plataforma, embarazada de 20 semanas de un feto con anencefalia —falta de desarrollo de una parte del cráneo y del cerebro—, una malformación incompatible con la vida. La mujer estuvo a punto de morir tras un aborto practicado en la clínica privada a la que fue derivada a pesar de tener dos cesáreas previas. Durante el procedimiento, se presentó una hemorragia que en dicho centro no pudieron parar, por lo que tuvo que ser trasladada en ambulancia al mismo centro público que la había enviado allí, el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Conchi relata que los técnicos de la ambulancia le pedían a la paciente que no cerrara los ojos: “Intentaban que no se desvaneciera porque ya no tenían más sangre para ponerle”.

Ya en el hospital, tras cuatro horas de intervención quirúrgica los médicos lograron evitar que muriera desangrada, pero tuvieron que practicarle una histerectomía —extirpación del útero— de urgencia y, con ello, perdió para siempre la posibilidad de una nueva gestación. “Media hora más en la clínica y no estaría aquí”, cuenta Conchi, quien confirma que la plataforma ya está prestando asesoramiento jurídico a la afectada. La Consejería de Salud no se ha pronunciado sobre ese caso concreto.

El protocolo del Servicio Murciano de Salud

El funcionamiento actual en esta comunidad autónoma responde al protocolo aprobado por el Servicio Murciano de Salud. En él se distinguen diferentes circuitos asistenciales según las semanas de gestación y la causa que motiva la interrupción del embarazo. Si es voluntario y se realiza hasta la semana 14, la mujer es enviada sí o sí a una clínica concertada.

Cuando la interrupción responde a determinadas causas médicas entre las semanas 15 y 22, el proceso comienza en el hospital público donde la mujer está siendo atendida. Allí se realizan las pruebas diagnósticas, las valoraciones clínicas y, cuando procede, se cumplimenta la documentación necesaria. Posteriormente, la intervención suele ser derivada a uno de los centros privados concertados incluidos en el sistema si bien, como les sucedió a Ana y a Lidia, pueden optar por la doble fase.

Los embarazos que superan las 22 semanas y requieren autorización del comité clínico siguen un procedimiento distinto y, desde finales de 2021, en el Virgen de la Arrixaca, según explican desde la Consejería de Salud.

Para la plataforma convocante, esta diferenciación supone una fragmentación innecesaria de la atención sanitaria. La Consejería, por el contrario, sostiene que el protocolo garantiza la continuidad asistencial dentro del marco legal vigente.

¿Existe realmente un déficit de profesionales por la objeción de conciencia?

Uno de los argumentos utilizados históricamente para justificar la externalización ha sido la elevada objeción de conciencia existente entre profesionales sanitarios. La reforma legislativa de 2023 introdujo precisamente un registro oficial de objetores para disponer de datos fiables y facilitar la organización de los servicios.

Según los datos facilitados por la propia Consejería de Salud, actualmente 41 profesionales del Servicio Murciano de Salud figuran inscritos en ese registro, de los cuales 39 son médicos pertenecientes a distintas especialidades, sobre una plantilla de alrededor de 6.300 facultativos. Es decir, un ínfimo 0,6% de todos los que podrían declararse objetores.

Para la plataforma convocante, estas cifras muestran que la prestación podría integrarse en los hospitales públicos si hubiese voluntad organizativa, porque la de los facultativos “existe”. Al respecto, ginecólogos de distintas áreas de salud contactados por esta redacción han confirmado que la objeción de conciencia no sería ningún impedimento a la hora de incluir las interrupciones del embarazo en la programación quirúrgica de los hospitales públicos. Sí lo es, aseguran, “la falta de medios humanos y materiales”. Para algunos de estos profesionales, la razón de estas derivaciones es que al SMS le sale más barato pagar las intervenciones a las clínicas privadas —unas tarifas que van desde los 472,42 euros por un aborto hasta la semana 14, a los 1.298 por los practicados entre las semanas 18 y 22— que invertir en el aumento de las infraestructuras sanitariasy en la contratación de profesionales en la pública.

El contrato que vuelve a abrir el debate

El modelo de gestión elegido por la Comunidad Autónoma para garantizar la prestación es, precisamente, lo que está en el centro de la controversia. En agosto de 2022, el Consejo de Gobierno autorizó la contratación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo mediante un concierto con tres empresas privadas: Géminis Planificación Familiar, S.L., la sociedad unipersonal Clínica Delta Médica y el Instituto Ginecológico Murcia, S.L.

El contrato, con una duración de cuatro años y un valor estimado de 8,2 millones de euros, se diseñó para asegurar la atención de las mujeres derivadas por el SMS cuando la prestación no se realizaba en centros propios, lo que, según la ley, debería ser la excepción.

En el expediente administrativo, la Consejería, legalmente obligada a garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo, justificó la necesidad del contrato en la imposibilidad de prestar de forma completa este servicio con medios propios hasta que exista “una alternativa organizativa” dentro del sistema público.

En ese sentido, la consejera de Salud, Isabel Ayala Vigueras, asegura que la Región de Murcia cumple la legislación vigente y que ninguna mujer queda sin acceso a la interrupción voluntaria del embarazo por el hecho de residir en esta comunidad autónoma. Según ha explicado, el modelo actual garantiza la asistencia mediante una combinación de recursos públicos y concertados, un sistema que, en su opinión, resulta plenamente compatible con la normativa estatal. Ayala también recuerda que determinadas interrupciones del embarazo sí se realizan en hospitales públicos cuando concurren las circunstancias previstas en el protocolo asistencial.

Para la plataforma ‘Embarazadas expulsadas de la Sanidad Pública’, la renovación del concierto supondría consolidar un modelo que, a su juicio, contradice el espíritu de la reforma legal de 2023: que toda mujer que decida interrumpir la gestación pueda hacerlo, con toda la dignidad y seguridad que merece, en un centro público.

Cuando Ismail salió de su casa la tarde del 11 de julio de 2025 no imaginaba que acabaría convirtiéndose en una de las víctimas más visibles de la violencia que sacudió durante casi una semana las calles de Torre Pacheco. A sus 15 años acudió a la concentración convocada por el Ayuntamiento del PP para condenar la agresión sufrida días antes por un vecino del municipio, Domingo, de 69 años. Quería solidarizarse con su pueblo. Pero al terminar la protesta el ambiente cambió.

Un año después, su madre, Kesia, reconstruye la historia con una mezcla de rabia e impotencia. Es sábado. Justo antes de la entrevista, Kesia se pega un chapuzón rápido en la piscina: “Perdona, pero llevo toda la semana trabajando sin parar y mañana me toca otra vez”, se excusa. Son las 11.30 de la mañana y el termómetro marca ya más de 30 grados. La sensación es agridulce. Por una parte, se cumple un año de uno de los momentos “más oscuros” para la familia. Por otro, celebran el cumpleaños de la hermana pequeña de Ismail. “El año pasado se quedó sin fiesta porque estuvimos denunciando en la comisaría”.

“Fue todo muy difícil; lo recuerdo como si fuera hoy”. Ese día habían montando el campamento familiar en la piscina para aplacar los calores del verano. “Sobre las 19:30 Ismail me dijo: ‘Mamá, me voy a la manifestación del pueblo contra la violencia por lo que le han hecho a Domingo’; se duchó, le di un beso y se fue”.

Veinte minutos después empezaron las llamadas. “Me llamó su amigo Moha y me dijo: ‘Lo han matado, lo han matado’. Yo no entendía nada. El único que faltaba en casa era Ismail y se me sobrecogió el corazón; poco después otra amiga me llamó para avisarme de que se lo habían llevado a comisaría”.

Cuando llegó a la comandancia encontró a su hijo en una habitación, sin su teléfono móvil, “como si fuera un delincuente”. Ismail le contó entonces lo ocurrido: “Mamá, me han pegado al grito de ‘moro de mierda”.

Tras la agresión sufrida por Domingo, grupos ultras convocados a través de redes sociales llegaron al municipio alentados por bulos y mensajes de odio, y la tensión se trasladó a las calles con persecuciones contra los vecinos de origen magrebí. “En un momento dado, algunas personas empezaron a increpar a Ismail, a insultarle e ir a por él; la policía le redujo para protegerle, supuestamente, y en ese instante se le echó encima 'la tribu' y empezaron a pegarle patadas, fue un milagro que saliera ileso”, cuenta dolida Kesia.

“Me lo traje a casa y cuando iba a hablar con él empezó a venir mucha gente con palos y machetes; venían detrás de los marroquíes por mi calle, que está muy lejos de donde fue la manifestación. Los habían estado persiguiendo por el pueblo al grito de ‘moros de mierda, os vamos a matar’”.

Kesia recuerda también el ambiente de violencia que se respiraba en esos momentos: “Se escuchaban cosas como ‘Viva Franco’ o ‘moro muerto, abono 'pa' mi huerto’. Tú escuchabas eso y pensabas: ¿qué está pasando aquí?”. Muchos de los jóvenes que buscaron refugio eran menores: “Me gritaban ‘halti, halti’ —tía, en árabe— y empecé a meter gente en mi casa. Llegué a tener a unas 30 o 35 personas, chicos de 14 y 15 años, todos acurrucados en el salón. Eran niños del pueblo, niños de toda la vida, nacidos en España”.

La madre de Ismail rechaza que lo ocurrido pueda explicarse únicamente por la llegada de grupos ultras de fuera del municipio. “Sí, vino gente de fuera, pero también había gente de dentro. El pueblo se sintió apoyado por los forasteros y también influyó que hubiera un partido político, Vox, que avalara ese discurso”.

La madre de Ismail considera que ese respaldo político contribuyó a que algunos vecinos se sintieran legitimados. “La gente se envalentonó porque sentía que tenía un respaldo detrás”.

“Si lo llegan a pillar en otra calle, habría sido un drama”

Su abogado, Sergio Ramos Ruiz, también pone sobre la mesa que los hechos se produjeron dentro de un contexto de tensión social y política. “Hubo elementos relacionados con el odio que acabaron propagándose y desembocaron en agresiones. En el caso de Ismail, afortunadamente no fue a más; si lo llegan a encontrar en otra calle podría haber sido un drama”. Y señala que algunos de los agresores de Ismail “incluso conocían de vista al chico y todos eran mayores de edad”.

El atestado de la Guardia Civil recoge que el menor sufrió contusiones y hematomas. Su madre añade daños en el tímpano. Dos hombres fueron detenidos como presuntos autores de un delito leve de lesiones con agravante de discriminación y de un delito de desorden público, aunque quedaron en libertad tras pasar a disposición judicial. Actualmente la causa se dirige contra ocho personas pero Kesia pide que se amplíe a una novena: “Es un hombre del pueblo que se ensañó mucho con él y me lo cruzo en el colegio todos los días porque tiene un hijo menor de edad, no está en la investigación y no sé si es por cuestión de poder o dinero, pero me da qué pensar”.

Ramos Ruiz sostiene que los hechos deben investigarse también como un posible delito de odio. “Esa es la parte más complicada del caso”, reconoce, aunque considera que existen indicios suficientes. “El contexto en el que ocurre, las convocatorias públicas que se hicieron aquellos días y la cantidad de vídeos grabados son elementos que apuntan a esa motivación”.

Aunque asegura confiar en la Justicia, Kesia denuncia que la historia de su hijo quedó eclipsada por la agresión a Domingo y por los disturbios posteriores. “El proceso judicial está bastante paralizado y mientras los agresores de Domingo pasaron por el calabozo y tuvieron medidas cautelares, no fue así en el caso de mi hijo”, se queja.

Memes, insultos y persecución en redes

La agresión del 11 de julio tampoco fue el final de la historia. Días después, Ismail sufrió una segunda victimización cuando su imagen comenzó a circular por redes sociales y se le señaló erróneamente como uno de los presuntos autores de la agresión a Domingo: “Se hicieron memes, se rieron de él, le acusaron de ser el agresor y le llamaron moro de mierda, escoria, lacra de la sociedad o infraser”.

Kesia recuerda que lo que más daño hizo a su hijo fue sentir que la gente lo estaba tratando como si hubiera cometido una atrocidad. “En los vídeos se escuchaba a personas diciendo ‘pégale, pégale, hijo de puta, maricón, moro de mierda’, pero él no había hecho absolutamente nada”.

Según su madre, Ismail llegó a explicarle que se sentía como “la gente que sale en la tele porque ha cometido un crimen y los demás quieren vengarse de él, como si hubiera hecho algo horrible”.

De madre española y padre marroquí, hasta entonces Ismail nunca había tenido problemas por su origen. “Era un crío que se sentía español y también marroquí. Había compartido las dos culturas. Celebraba la Navidad y hacía el Ramadán. Estaba integrado en su colegio, tenía sus amigos y era un chico muy sociable”.

Muy emocionada, Kesia recuerda que “le decía que era el gallito del corral porque en las tardes de verano se nos juntaban en la puerta 20 o 25 personas todos los días: españoles, colombianos, marroquíes, personas de etnia gitana, de todo, que venían a casa porque allí estaban a gusto”.

Ismail era un adolescente con una vida normal. “Era un apasionado del fútbol. Desde pequeño había estado en la Escuela de Fútbol de Torre Pacheco: pasó por infantil, cadete, todas las etapas, y cuando sucedió todo se dejó el equipo”. También le encantaban las motos. “Se cogía el tren y se iba solo a Cartagena a comprar piezas, pero también dejó de hacerlo”.

El impacto psicológico fue profundo. “Este tema es tabú en casa. No se habla. Es como si esto no hubiera pasado; se ha quedado con esa sensación de que no está seguro; por eso al terminar el curso ha decidido irse fuera del pueblo”.

Prejuicios y estigmas: “El problema es la 'morofobia'”

Pese a todo, Kesia intenta transformar la experiencia en una oportunidad para trabajar con otros jóvenes. En sus ratos libres colabora como voluntaria con la comunidad magrebí de Torre Pacheco. “Me gusta trabajar con los jóvenes, guiarlos y ayudarles, sobre todo dentro de la comunidad magrebí por todos los estereotipos, prejuicios y estigmas que existen”. En su opinión, en España “el problema no es el racismo, es la morofobia”.

Por eso insiste a los jóvenes en que continúen estudiando. “Les digo que las cosas imposibles son solo un poco más difíciles, y que tienen que seguir estudiando y convertirse en fiscales, médicos, abogados, jueces o profesionales con peso en la sociedad, para que así cambie la mirada hacia ellos”.

También cree que queda pendiente una cuestión de pertenencia. “Muchos chicos han nacido aquí, tienen DNI español y pasaporte español, pero cuando les preguntas te dicen que se sienten marroquíes. Eso debería hacernos reflexionar como sociedad. Quizá no es que ellos no quieran integrarse, sino que nosotros no les dejamos integrarse”.

Kesia lamenta también la falta de apoyo que sintió por parte de algunos vecinos: “Si se hubieran unido, esto no habría pasado. O quizá habría pasado, pero habría sido menos grave. Yo no me he sentido apoyada por mucha gente del pueblo”. Y considera que “en Torre Pacheco no hay convivencia, sino coexistencia, que es diferente; no hay una verdadera integración, somos un municipio multicultural pero no intercultural”.

Pese al golpe que ha supuesto lo ocurrido, Ismail intenta mirar hacia delante. “Quiere formarse como profesional del deporte y su idea es después opositar para policía, piensa que así puede arreglar un poco las cosas, que puede ayudar a cambiar la sociedad”, sonríe su madre.

La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) ha inaugurado este lunes el Mar Menor Living Lab – Mediterranean Futures Summer School, una Escuela Internacional de Emprendimiento que reúne en Cartagena a 28 estudiantes de universidades de Estados Unidos, Chipre, Irlanda y España para desarrollar soluciones innovadoras frente a los principales retos ambientales del Mar Menor.

Impulsada por la UPCT, New York University (NYU) y la alianza European University of Technology (EUT+), con la participación de la Cyprus University of Technology y la Technological University Dublin, la iniciativa utilizará el Mar Menor como un laboratorio vivo en el que equipos multidisciplinares trabajarán durante toda la semana en proyectos relacionados con la economía circular, la monitorización ambiental mediante datos y sensores y la resiliencia costera.

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha destacado el carácter pionero del programa, asegurando que “no es una escuela de verano al uso”, sino una iniciativa que sitúa a estudiantes internacionales ante retos reales para desarrollar propuestas con aplicación práctica. Asimismo, ha señalado que el Mar Menor, “probablemente el ecosistema más monitorizado del mundo”, ofrece una oportunidad única para generar soluciones que puedan servir también a otros entornos con desafíos similares.

Por su parte, el rector de la UPCT, Mathieu Kessler, ha subrayado que el Mar Menor representa “el escenario perfecto” para una Escuela Internacional de Emprendimiento, al convertir un gran reto ambiental en una oportunidad para la innovación y la creación de nuevas iniciativas. Además, ha destacado el valor de reunir estudiantes de distintas disciplinas y países porque “los equipos diversos llevan a soluciones más originales, creativas y eficaces”.

Durante los próximos cinco días, los participantes combinarán ciencia de datos, ingeniería, agricultura sostenible, gobernanza y emprendimiento para desarrollar propuestas y proyectos orientados a responder a necesidades reales del territorio. Para ello, trabajarán junto a expertos, administraciones públicas y representantes de la sociedad civil, favoreciendo un enfoque colaborativo y conectado con las comunidades del entorno.

Con esta primera edición del Mar Menor Living Lab, la Universidad Politécnica de Cartagena refuerza su apuesta por un modelo de formación basado en retos reales y consolida a Cartagena como punto de encuentro internacional para el emprendimiento, la innovación y la búsqueda de soluciones a los grandes desafíos ambientales del Mediterráneo

Tres años después del incendio que se cobró la vida de 13 personas en dos discotecas de Murcia, la jueza instructora de la causa abre juicio oral. La magistrada de la plaza número 3 del tribunal de instancia de Murcia ha dictaminado que sentará en el banquillo a un total de siete investigados, aunque descarta declarar al Ayuntamiento de Murcia responsable civil subsidiario.

Se enfrentan a delitos de homicidio por imprudencia y de lesiones por imprudencia grave el responsable de la sala de ambiente latino Fonda Milagros, donde fallecieron las 13 víctimas, además de los tres responsables de la discoteca Teatre, donde comenzó el fuego. También se investiga al DJ que organizó la fiesta temática que esa noche había en Teatre y al propietario de la máquina de fuegos fríos causante del incendio, así como al ingeniero que elaboró el proyecto para dividir en dos la nave industrial que ocupaban los dos locales.

A lo largo de la instrucción, las acusaciones han insistido en que el consistorio murciano no quedase fuera del procedimiento, alegando que existía una orden de cese de actividad que el Ayuntamiento no ejecutó, permitiendo que los locales siguieran operando sin licencia ni condiciones de seguridad adecuadas.

La jueza esgrime que el caso Teatre no es “equiparable” al de Madrid Arena. En concreto, el auto razona que en esta causa no concurren los requisitos exigidos por el artículo 120 del Código Penal para considerar al ayuntamiento responsable civil subsidiario, al no seguirse el procedimiento penal contra empleados o funcionarios municipales, no ser el Ayuntamiento propietario ni gestor de las naves donde se produjo el incendio y no constar participación municipal en la organización del evento celebrado aquella noche.

El auto no es recurrible, salvo en lo relativo a la situación personal de los acusados, que pueden presentar un recurso de reforma en el plazo de tres días.

Hasta nueve años de prisión

La Fiscalía solicita penas que alcanzan los ocho años y seis meses de prisión para varios de los acusados, además de distintas penas de inhabilitación, mientras que algunas acusaciones particulares y la acusación popular interesan penas superiores, de hasta nueve años de prisión, junto con otras medidas accesorias. Asimismo, las acusaciones formulan sus correspondientes reclamaciones de responsabilidad civil por los fallecimientos, las lesiones y los daños materiales ocasionados por el incendio.

La magistrada acuerda mantener la situación de libertad de los siete acusados y rechaza imponer las medidas cautelares personales interesadas por una de las acusaciones, consistentes en la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional. La resolución considera que no concurre riesgo de fuga, ya que, desde el inicio de la causa, el 1 de octubre de 2023, los investigados “siempre han comparecido a todo llamamiento policial y judicial”, además de tener residencia en España, domicilio fijo e integración laboral y social, por lo que dichas medidas carecen de “necesidad y justificación”.

En el ámbito de la responsabilidad civil, el auto requiere de forma conjunta y solidaria a los acusados, a las compañías aseguradoras y a la mercantil considerada responsable civil subsidiaria para que, en el plazo de cinco días, presten una fianza de 8.796.653,33 euros, calculada a partir de las cantidades reclamadas por el Ministerio Fiscal incrementadas en un tercio, con el fin de garantizar las eventuales responsabilidades pecuniarias derivadas del proceso. En caso de no constituirse la fianza, se procederá al embargo de bienes suficientes.

La resolución también rechaza la solicitud de una de las acusaciones para que las compañías aseguradoras consignen anticipadamente las cantidades aseguradas al no apreciar riesgo de insolvencia.

Cuando las cámaras se marcharon y los últimos ultras abandonaron Torre Pacheco, no llegó la calma. Llegó el silencio. Un silencio que no tenía que ver solo con el verano, sino con el miedo. Durante meses, en las calles donde se había señalado, perseguido e insultado a vecinos por su origen, casi nadie quiso volver a hablar de aquellos días. “En octubre, cuando empezó otra vez la campaña y regresó la gente, algunos vecinos reconocían que lo habían pasado muy mal. Pero no muchos”, recuerda Nabil Moreno, presidente de la Comunidad Islámica Al Manar de Torre Pacheco, un municipio de 40.000 habitantes y 99 nacionalidades diferentes.

Hace un año, la agresión a Domingo, un anciano de 69 años, fue utilizada como detonante de una ola de violencia racista. Centenares de ultras llegaron al municipio, espoleados por mensajes de odio difundidos desde canales y perfiles de extrema derecha que llamaban abiertamente a la “cacería” de migrantes. Durante varios días, Torre Pacheco dejó de ser un pueblo agrícola para convertirse en el escenario de una persecución xenófoba.

Nabil lo recuerda en una cafetería a las afueras de Torre Pacheco. Desde la mesa se puede observar una panorámica del establecimiento. Una docena de parroquianos, de todas las edades, se refugian dentro del calor. En la barra se sirve té con menta y dulces típicos de Marruecos, expuestos en una enorme vitrina. Al fondo, pósteres madridistas adornan la pared, recuerdos de la Champions de 2016. “Distribuyen el pan marroquí, hacen dulces, cordero asado por encargo.También se celebran bodas. Antes esta era la única sala en todo el Campo de Cartagena, ahora hay muchas más”, explica Nabil.

“Ante todo somos de este pueblo, somos vecinos. Somos ciudadanos de aquí, tenemos hijos nacidos aquí y ahora vamos con la segunda generación”, explica Nabil. Al presidente de la comunidad islámica le cuesta recordar los disturbios del pasado año, no quiere volver a esos días que define como de inseguridad e incertidumbre: “Todo el mundo tenía miedo por la noche, a las siete la gente ya estaba entrando en su casa”.

“Vino mucha gente de fuera, ultras y algunos marroquíes a buscar líos, pero esto es un pueblo tranquilo, no somos gente violenta”, abunda. “Los niños estuvieron una semana sin salir en pleno verano, sin disfrutar de sus vacaciones. Yo tuve que irme a la baja una semana, explicarle a mi jefe que no podía trabajar teniendo al lado de mi casa a gente armada”.

Ahora, el hombre confiesa que llegó a temer la vuelta de los ultras. La semana pasada, Vox volvió a explotar un altercado en Torre Pacheco, en el que el presunto agresor atacó en repetidas ocasiones a otro hombre con un martillo en la cabeza y después agredió con una botella rota en el cuello a un tercer hombre: “No es exclusivo de Torre Pacheco que haya heridos graves en una pelea”, apuntó el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca (PP), a este diario. “No hay que meter a todo el mundo en el mismo saco”, añade Nabil.

“Torre Pacheco es un municipio con un alto porcentaje de trabajadores migrantes, fundamentalmente vinculado al campo. Estas son las condiciones que en su día alentaron a algunos colectivos de ultraderecha”, expone el profesor de Sociología en la Universidad de Murcia (UMU) Andrés Pedreño

Convivencia sin integración

138.204 comentarios de discurso de odio racista y xenófobo corrieron como la pólvora en redes sociales en apenas dos semanas tras la agresión el 9 de julio de 2025 a Domingo, según un informe del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De todo ese contenido, las plataformas solo retiraron el 22%. El informe analizó el periodo entre el 6 y el 22 de julio y concluyó que el 91% de los mensajes de odio detectados tuvieron como objetivo a personas del norte de África.

Los disturbios en Torre Pacheco fueron un problema importado, los ultras podrían haber invadido cualquier otro municipio para sus llamadas “cacerías” al migrante, pero lo ocurrido expuso la fragilidad de la integración en la localidad: “Cada uno va haciendo su vida, te ven como extranjero. Y lo peor de todo, te meten en el mismo saco que una persona que hace las cosas mal. La mayoría piensa que estamos invadiendo su país o quitándoles el trabajo”, observa Nabil.

Durante los peores momentos del conflicto, Nabil echó en falta el respaldo del resto de vecinos de Torre Pacheco: “Si hubieran salido más españoles aquí con nosotros, no hubiera pasado nada”. “Hay que ayudar al pueblo, seas de donde seas. Si pasa algo en España y necesitan sangre, soy el primero en donarla. No hay que distinguir entre españoles y no españoles. Somos de aquí y hay que ayudar en lo que haga falta”.

Entre el ajetreo de la cafetería, Moustafa saluda a algunos de los parroquianos. Ha llegado a recoger el pan, que repartirá en el resto de establecimientos de la localidad. La Glorieta de la Tinaja, señala, es una frontera invisible que divide al municipio: “Ellos [la población blanca] viven ahora en una urbanización. Antes, en el barrio de San Antonio estaban las casas de los locales, que acabaron comprando los migrantes”, explica. “La convivencia no ha cambiado desde el año pasado”, añade Moustafa.

El Miloud llegó a España en 1974 para trabajar en las minas del Llano del Beal. Con una experiencia migratoria y de integración muy distinta a la que suelen experimentar sus compatriotas en la actualidad, es optimista respecto a la convivencia. “Yo llegué de forma legal, tenía 20 años”, cuenta mientras muestra orgulloso una copia de su primer contrato y de su visado, que atesora en su teléfono. En la mina conducía los vagones del tren, recuerda, y ganaba “un buen sueldo”.

La experiencia de El Miloud con sus vecinos es positiva: “Entran en mi casa, toman té con nosotros y nos tratamos con respeto; aquí hay de todo como en todos sitios, gente buena y gente mala y yo tengo muchas amistades tanto con españoles como con africanos”.

En el caso de sus compatriotas, apunta, “es importante tener un buen comportamiento cuando tienes la oportunidad de estar aquí en Europa. Llegar hasta aquí no es fácil, muchas familias tienen que vender en Marruecos todo lo que tienen”. En su opinión, los inmigrantes vienen para trabajar y no “para crear problemas”. En el caso de los jóvenes -dice- hay algunos que “salen de fiesta, se meten con todo el mundo o roban”, pero considera que es un fenómeno que alcanza a todas las nacionalidades. “En Pozo Estrecho, por ejemplo, había una banda robando y todo el mundo decía que eran moros, pero mira, eran españoles”.

Recuerda El Miloud que terminó de instalarse en Torre Pachecho en el año 1989, “cuando empezó a cultivarse aquí a gran escala y necesitaban mano de obra, pero entonces el trato era mucho mejor, ahora hay que pagar hasta por trabajar”.

En España, reflexiona, “tienen que aprender un poco de los países que atesoran más experiencia migratoria como Inglaterra, Alemania o Francia, donde se trata al extranjero como un ciudadano, con todo tipo de oficios y se les considera ingleses, franceses o alemanes”.

La regularización “mejorará la vida de miles de familias”

Las calles de este barrio están, como suele ocurrir en estas fechas, desoladas y desprovistas de gente, con la salvedad de la eventual terraza de bar. En su cafetería, Allal Abbou, presidente de la Asociación Marroquí de Consulta y Participación, intenta construir puentes entre los vecinos: “Hay que activar el barrio, no hay muchos sitios de ocio”, explica. “Jugamos al ajedrez, o fuera a la petanca. Aquí no solo vienen los jóvenes marroquíes del pueblo. Viene mi hijo, mi hija, sus compañeros del colegio. Los vecinos son como mi familia”, abunda.

Una de las paredes de la cafetería está presidida por un televisor, que retransmite una tertulia del Mundial de fútbol en árabe: “Está siendo un Mundial cargado de sorpresas”, señala Allal. Una de las mesas junto al televisor está coronada por un jarrón con las banderas de España y Marruecos: “Ahora hay una nueva generación de diferentes nacionalidades, colores y religiones. Echamos en falta una colaboración entre el Ayuntamiento, Servicios sociales y los vecinos para mejorar la convivencia”, explica.

En Torre Pacheco hay censadas 99 nacionalidades diferentes. En los últimos años, su población ha crecido significativamente hasta alcanzar las 40.000 personas. La llegada del agua del Trasvase Tajo-Segura en 1979 vino acompañada de una enorme oferta de trabajo agrícola, que se suplió con población migrante. Nabil llegó en el 2001, cuando las multinacionales ya habían sustituido a las explotaciones de pequeño tamaño, y trabajó en el campo cuatro años: “Si no hubiera migración, este pueblo estaría en la lista de la España vaciada. Los inmigrantes lo han levantado muchísimo. Yo estuve trabajando 14 horas al día, cargando camiones para exportar a Europa los productos de la huerta murciana”, recuerda Nabil.

“Ahora gracias a Dios tengo un trabajo, tengo a mi familia, mi casa. Soy de Tetuán, cerca de España, me fui porque no veía un futuro allí. Nadie deja su país para buscar conflictos”, subraya.

“Algunos vecinos lo pasan mal, no tienen documentación, no tienen nada. No son el problema, pero su situación es parte del problema”, explica Nabil, que celebra la regularización extraordinaria: “Va a mejorar la vida de miles de familias”. Pedreño, por su parte, espera que mejore a la integración de la población local: “Esperemos que contribuya a la normalización e integración que todo proceso de regularización conlleva”.

Como presidente de una comunidad religiosa, Nabil ha sido testigo de los estragos que la falta de papeles puede causar entre sus vecinos: “Me marcó la situación de una mujer que llegó aquí hace tres años. Su hijo murió el año pasado y no tiene dinero para volver a Marruecos y despedirse. Lo está pasando muy mal en el campo, tiene que comprar contratos y se aprovechan de ella”, explica.

“Tener a personas sin papeles y sin estatutos de la ciudadanía condena a la población a situaciones de marginalidad y de sobreexplotación. En definitiva, sin derechos”, detalla Pedreño.

“[La regularización] va a ser buena para la seguridad del pueblo. Una persona que no tiene casa, ni trabajo, que no puede formarse, al final está abocada a la violencia”, añade Nabil.

“En el barrio de San Antonio se está desarrollando un proyecto de dinamización comunitaria que está desarrollando el Ayuntamiento del municipio con financiación de la Comunidad Autónoma. La gente migrante debe sentirse integrada, con derechos, con un reconocimiento de su ciudadanía. Creo que la regularización y el plan de dinamización son pasos en el buen camino”, apunta Pedreño.

La curva del odio

El estallido de julio no fue un hecho aislado. El observatorio traza una cronología de antecedentes que, sostiene el informe, contribuyeron a preparar el terreno: un intento de robo el 2 de mayo protagonizado por un presunto agresor norteafricano, viralizado como ejemplo de “defensa legítima”; la muerte a tiros de un hombre armado con un cuchillo en el aeropuerto de Gran Canaria, el 17 de mayo; la detención de un policía en Torrejón de Ardoz el 18 de junio, tras la muerte de un ciudadano norteafricano; y, sobre todo, la investigación abierta el 30 de junio por una presunta agresión sexual cerca de un centro de menores en Alcalá de Henares, que el propio documento identifica como detonante de manifestaciones con fuerte carga xenófoba, incluida la exhibición de simbología nazi.

Menos de 24 horas después de la agresión a Domingo, recoge el informe, ya circulaban vídeos manipulados y fotografías erróneas de los supuestos implicados; el 11 de julio grupos de Telegram lanzaron llamamientos a atacar a personas extranjeras y el Ayuntamiento (PP) convocó una manifestación bajo el lema 'Torre Pacheco, libre de violencia, libre de delincuencia'.

Para el 12 y el 13 de julio la violencia dio el salto a las calles de Torre Pacheco, que registró los primeros episodios de violencia en el barrio de San Antonio, con al menos cinco detenciones y el ataque a un establecimiento regentado por una persona musulmana, pese al despliegue de más de 75 agentes. El informe documenta la participación del presidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, en una manifestación paralela bajo el lema 'Defiéndete de la inseguridad', donde llegó a afirmar sobre la expulsión de inmigrantes que no iba a quedar “ni uno”. El 14 de julio se anunció la detención del líder del grupo ultra de Telegram 'Deport Them Now', donde germinó la “cacería” al migrante.

El 11 de julio ya se registraban, según OBERAXE, del orden de 6.824 mensajes de odio diario, pero el pico máximo llegó el 12 de julio, con 33.046, coincidiendo con la manifestación convocada en la localidad. Después, fue descendiendo poco a poco aunque se mantuvo elevado hasta el 17 de julio (con 8.247 mensajes).

El Observatorio incide en su informe en que el 33% de los mensajes eran deshumanizantes, un 27% presentó al colectivo como una amenaza, un 23% incitó directamente a la expulsión, un 13% incitó a la violencia y un 4% llegó a alabar a los agresores. El informe subraya además que el 78% de los contenidos de odio se articuló en torno al argumento de la inseguridad ciudadana, y que el lenguaje empleado fue explícitamente agresivo en el 88% de los casos, con un uso reiterado y peyorativo del término “moro”.

El vídeo que no era de Torre Pacheco

OBERAXE dedica un apartado específico a uno de los bulos centrales del caso: un vídeo de 25 segundos que circuló como supuesta prueba de la agresión original. Tanto el Ayuntamiento como la Guardia Civil confirmaron que las imágenes correspondían en realidad a una agresión ocurrida en Almería a finales de mayo, sin relación alguna con los hechos de Torre Pacheco. En paralelo, circularon fotografías con identidades falsas de cinco supuestos agresores, que ni siquiera la víctima llegó a reconocer.

Coincide en este punto Alba Solla, redactora en Maldita.es. La fundación analizó durante esos días 50 publicaciones en X con desinformaciones sobre Torre Pacheco que sumaron más de 1,6 millones de visualizaciones. “A 18 de julio de 2025, ninguna tenía Notas de la Comunidad visibles; pero el bulo del vídeo de la agresión fue el detonante más viral y el primero en circular”.

“Este tipo de prácticas en situaciones impactantes y emergencias es una estrategia muy usual”, explica Solla, al tiempo que añade que desde Maldita.es documentaron también la participación de la red rusa Pravda, “una red de propaganda y desinformación que actúa como amplificadora”, que publicó casi 300 contenidos en cinco días, en varios idiomas.

Según la redactora de Maldita.es, “identificamos el primer bulo de Torre Pacheco en Telegram a las 10.00 horas del 10 de julio, y solo 13 minutos más tarde News Pravda ya lo estaba republicando, es algo muy rápido”.

“Identificamos contenidos de desinformación en Twitter o Telegram que seguían circulando días después y no tenían notas de la comunidad; ocurrió también con la dana en 2024, entonces también vimos que el sistema de notas no era suficientemente efectivo”.

“La desinformación se difunde muy rápido, no se contrasta, y en temas tan delicados y en los que hay un vacío informativo en los primeros momentos, es muy fácil que en ese hueco se cuelen los bulos”, explica Solla. Apelando a las emociones el medio o de la ira, el cóctel está servido. “Es muy rentable porque el pánico llama la atención del receptor y dificulta el razonamiento crítico, simplificando los procesos mentales”.

Un paciente de 65 años reclama 150.000 euros al Servicio Murciano de Salud (SMS) tras denunciar que le implantaron un stent vascular supuestamente caducado en un hospital concertado de Murcia. El caso forma parte de la investigación de la llamada trama de las prótesis, destapada por la UDEF, que indaga posibles irregularidades en el uso y gestión de material sanitario en la sanidad pública murciana.

Según la denuncia, el stent habría sido colocado cuando ya había superado su fecha de caducidad, algo que el informe policial considera un caso representativo dentro de la investigación. Tras la primera intervención, el paciente tuvo complicaciones graves que derivaron en otras dos cirugías en pocos meses, incluyendo un bypass y una intervención de urgencia.

El paciente afectado, “de 65 años y con arteriopatía periférica severa, fue intervenido el 21 de marzo de 2022”, apunta el comunicado del Defensor del Paciente. Según la asociación, “en lugar del bypass previsto, se le practicó una angioplastia con un stent cuya fecha de caducidad (febrero de 2022) constaba en las propias pegatinas adheridas a la hoja de implante, llevando al menos un mes caducado. Así lo recoge el informe de la UDEF, que identifica expresamente a este paciente como el caso paradigmático de producto caducado implantado”.

Lesiones, secuelas funcionales y daño moral

Pero “la intervención fracasó y cuatro meses después necesitó un bypass; al día siguiente del alta sufrió una trombosis completa del injerto por un vendaje compresivo contraindicado, que obligó a una tercera cirugía urgente”. Según la asociación, “la reclamación cifra el daño en 150.000 euros, incluyendo lesiones temporales, secuelas funcionales y un apartado específico de daño moral por la angustia de portar un stent caducado alojado permanentemente en su organismo con riesgos futuros indeterminados”. Y destaca que “la caducidad no era un vicio oculto: bastaba con leer las pegatinas. Es un incumplimiento flagrante de la obligación más básica de seguridad clínica”, continúan desde el Defensor del Paciente.

El mayor escándalo de la sanidad pública de la Región de Murcia ha dejado un agujero a los fondos públicos de 6,9 millones de euros y trece personas investigadas por delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, delitos contra la salud pública y de pertenencia a organización criminal. Para materializar el fraude, la trama tenía distribuidas personas implicadas en la práctica totalidad del proceso de comercialización, compra e implantación de implantes vasculares.

“Quieren invisibilizarnos, pero consiguen lo contrario, nos hacen más fuertes”. Así de contundente se ha mostrado José Sevilla, portavoz del colectivo LGTBIQ+ Feminista Epéntica, que este domingo se unió a la primera marcha del Orgullo celebrada en el municipio de Totana, en la Región de Murcia, como respuesta al “pacto de la vergüenza” firmado entre el PP y Vox para sacar adelante los presupuestos municipales a cambio de “vetarnos, a nuestra bandera y a nuestros derechos”.

El acuerdo se alcanzó el pasado 2 de junio. En Totana, el Partido Popular ostenta la alcaldía con Juan Pagán al frente del Ayuntamiento, aunque lo hace sin mayoría absoluta en el pleno municipal (cuentan en total siete concejales). Esta circunstancia obliga al equipo de gobierno a negociar apoyos con otras formaciones, entre ellas Vox, para poder sacar adelante iniciativas clave como las cuentas municipales. El precio fue vetar posibles iniciativas en el Consistorio a favor del reconocimiento del colectivo LGTBIQ+.

Sevilla pone sobre la mesa que Totana “no es una excepción en la Región de Murcia, y aunque nos hemos volcado ahora con este municipio, no podemos olvidar que hay otros 15 pueblos o ciudades donde no se cuelgan las banderas, ni se dota de presupuesto a las políticas LGTBI, ni se celebra nada relacionado con nuestro colectivo”. En su opinión, ciudades como Murcia y Cartagena “se salvan” porque “hay asociaciones muy potentes, pero si no seguro que tampoco se hacía nada; mira lo que pasa en Yecla, Jumilla, Alcantarilla o Molina de Segura”.

Una denuncia que llevan arrastrando desde 2019: “Este pacto de la vergüenza está instalado en muchos consistorios; la bandera LGTBI no muerde ni hace daño a nadie, y nos alegramos de que muchas personas hayan abierto los ojos y se les haya caído la venda”, insiste el portavoz de Epéntica.

José Sevilla, cuyo colectivo es de Beniel pero este domingo ha querido formar parte de la comitiva de apoyo en Totana, se queja de que “tenemos a los fascistas en muchos ayuntamientos de la Región, pero también en el Gobierno regional y van a por nosotros; cuando es vital que nos apoyen las instituciones”. Y pone el acento en que “hay muchas personas del colectivo muy abandonadas en pueblos murcianos, sin ningún acompañamiento; eso sí, con el fútbol, la religión, las romerías o las procesiones toda la sociedad se vuelca y ya está bien de agachar la cabeza, no tenemos miedo”.

“En Totana nos queremos diversxs y libres de odio” o “en los pueblos donde hay memoria y orgullo no cabe la lgtbifobia” fueron algunas de las pancartas que encabezaron la marcha, en la que estuvieron presentes también representantes políticos del PSOE, Podemos y Ganar Totana IU. La marcha estuvo acompañada de cánticos como “Totana ha respondido”, y de mensajes en los que se pedían “terapias de conversión para fascistas” o se recordaba que “amar ya es ilegal en 62 países y en siete, con pena de muerte”.

“Para ser domingo vino mucha gente de toda la Región, cientos de personas”, cuenta a este periódico Isabel Molina, socialista de Totana. “La marcha terminó en una fiesta en la plaza con actuaciones, hasta la medianoche, fue una fiesta”, explica Molina al tiempo que recuerda que en la anterior legislatura, en la que gobernaba Ganar Totana IU, “y también en la de 2015, en la que gobernábamos también nosotros, se hacían concursos y había mucha programación todo el mes”.

La socialista critica, además, que en el último pleno del Ayuntamiento salió adelante con la abstención del PP una moción para leer un manifiesto por el Orgullo antes de que terminase el mes “pero no han cumplido, no lo han hecho; al igual que tampoco han hecho público el acuerdo de los presupuestos, los derroteros no son nada halagüeños”.

La Policía Nacional ha detenido en Cartagena a cuatro hombres y una mujer por protagonizar distintos episodios de amenazas y agresiones contra personal sanitario en varios centros asistenciales de la ciudad durante los últimos días. Entre los hechos investigados figuran la exhibición de un arma de fuego para intimidar a varios facultativos, amenazas de muerte a un médico tras negarse a conceder una baja laboral, el seguimiento e intimidación a un enfermero al finalizar su jornada, la agresión física a un facultativo por parte de un familiar de un paciente y el ataque a un vigilante de seguridad, al que una mujer llegó a morder en un dedo.

Los cinco arrestados están acusados de delitos de amenazas y atentado contra funcionario público, al considerar los investigadores que insultaron, intimidaron y, en algunos casos, agredieron físicamente a profesionales sanitarios mientras desempeñaban su trabajo.

El primero de los incidentes tuvo como protagonista a un hombre que acudió a una consulta del servicio de Psiquiatría de un hospital. Días después fue detenido por haber mostrado un arma de fuego de forma intimidatoria a dos facultativos y a una psiquiatra.

En otro caso, la Policía Nacional arrestó a un varón que amenazó de muerte al médico de un centro de salud después de que este le comunicara que las lesiones o patologías que presentaba no cumplían los requisitos legales para ser consideradas un accidente laboral y, por tanto, no procedía la baja solicitada.

El tercer episodio afectó a un enfermero que, tras finalizar su jornada laboral y abandonar el centro sanitario, fue increpado y amenazado por un paciente. El individuo llegó a seguirle durante varios minutos de manera intimidatoria hasta que el profesional consiguió alejarse. Según las investigaciones, el sospechoso ya había protagonizado comportamientos similares con anterioridad, aunque hasta ese momento no habían sido denunciados.

Días más tarde tuvo lugar un cuarto incidente protagonizado por un familiar de un paciente ingresado. Con la intención de conseguir el traslado del enfermo a otro hospital, el hombre mantuvo una actitud agresiva y despectiva hacia el personal sanitario, llegando a sujetar, zarandear y amenazar de muerte al médico responsable al no acceder este a sus exigencias.

Gritos, amenazas y agresiones

El último de los sucesos ocurrió en un centro médico, donde una mujer reclamó de forma violenta ser atendida de inmediato y recibir su medicación. Durante el altercado profirió gritos y amenazas, empujó a uno de los vigilantes de seguridad y le mordió en un dedo. Su comportamiento agresivo continuó incluso cuando los agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar.

La Policía Nacional recuerda que el Código Penal considera delito de atentado contra la autoridad las agresiones físicas o las intimidaciones graves dirigidas contra profesionales sanitarios mientras ejercen sus funciones. Estos hechos pueden conllevar penas de prisión, sanciones económicas y órdenes de alejamiento respecto de las víctimas y de los centros sanitarios. Además, en la Región de Murcia las agresiones al personal sanitario pueden ser sancionadas administrativamente con multas de hasta 30.000 euros.

Asimismo, la Policía Nacional destaca la labor del interlocutor policial sanitario, una figura que mantiene contacto permanente con los profesionales del ámbito sanitario para prestar asesoramiento en materia de autoprotección, reforzar la coordinación y facilitar una respuesta rápida ante cualquier incidente que afecte a trabajadores de hospitales y centros de salud de la Región de Murcia.

El sol todavía aprieta cuando José Joaquín Sánchez Ruiz, con solo 23 años, encara los últimos metros de su impresionante hazaña. Lleva dos semanas enlazando un triatlón tras otro, despertándose antes del amanecer para volver a lanzarse al agua, subirse a la bicicleta y correr a pesar de un cansancio que va haciendo mella en su joven cuerpo. Sin embargo, cuando cruza la meta, sonríe. Sabe que el verdadero objetivo nunca estuvo en el cronómetro. Durante quince días ha recorrido España —Málaga, Badajoz, Toledo, Madrid, Valladolid, A Coruña, Oviedo, Santander, Guipúzcoa, Pamplona, Logroño, Huesca, Barcelona, Valencia, Águilas y Lorca— para hacer visible una enfermedad que, demasiadas veces, nadie ve.

Porque, en realidad, esta prueba extrema para cualquier deportista nunca trató solo de deporte, sino de algo mucho más difícil: poner el foco sobre la esclerosis múltiple, una enfermedad que suele permanecer invisible para quienes no conviven con ella.

José Joaquín, inspirado en la historia real que cuenta la película 100 metros, ha conseguido que cada brazada, cada kilómetro sobre la bicicleta y cada zancada hayan sido un mensaje dirigido a miles de personas: la esclerosis múltiple existe, cambia vidas y necesita el compromiso de toda la sociedad; que hay carreras que duran unas horas, pero, otras, toda una vida.

En ese sentido, el primero de los objetivos de su gesta altruista, el de la visibilidad, está más que cumplido: los seguidores en redes sociales de la asociación AEMA RM, con la que colabora, han crecido exponencialmente durante el reto. A nivel personal, la experiencia le ha marcado profundamente, sobre todo en dos momentos. El primero, cuando en Valladolid, en plena carrera, le paró un muchacho con la enfermedad para darle las gracias. El segundo, cuando en la prueba por Toledo empezó a seguirle un coche que no conocía. “Pensé, madre mía, me van a pegar un palo que me va a dejar tieso, aquí nadie me ve (ríe)”. De repente, desde el vehículo empezaron a proferir gritos de ánimo: eran Francisco y Ginés, miembros de AEMA RM, que habían hecho 500 kilómetros en coche solo para darle aliento. “Fue un momento muy especial, me di cuenta del espíritu que mueve a la asociación, que les convierte en imparables”, asegura.

De su reto, a José Joaquín solo le queda una espina clavada: no haber llegado a los 5.000 euros que se había marcado como objetivo en la recaudación de fondos para una asociación que representa toda una historia de superación colectiva. Un camino que comenzó hace casi dos décadas de forma modesta, en una pequeña reunión donde un reducido grupo de pacientes del municipio de Lorca y su área de influencia decidió que no quería afrontar su diagnóstico en soledad.

El día en que todo cambia

Para la mayoría de las personas afectadas por la esclerosis múltiple, esta no suele ser una enfermedad que llegue de golpe. Antes aparecen pequeños avisos difíciles de interpretar: una pierna que deja de responder, una visión que se vuelve borrosa, un hormigueo persistente, un cansancio que ningún descanso consigue aliviar… Después llegan las pruebas, las resonancias, la incertidumbre. Finalmente, el diagnóstico.

La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica crónica y autoinmune que afecta al sistema nervioso central. El propio organismo ataca la mielina, la capa que protege las fibras nerviosas, alterando la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo.

Hay quienes pierden fuerza en las piernas, otros dejan de ver correctamente durante semanas, algunos desarrollan problemas de equilibrio, espasticidad o dolor. Otros luchan contra una fatiga tan intensa que convierte acciones tan sencillas como ducharse o preparar la comida en un auténtico esfuerzo. No en vano se la conoce como 'la enfermedad de las mil caras'. Y ningún paciente sabe exactamente cuál mostrará mañana.

“No estás solo”

La enfermedad suele aparecer entre los 20 y los 40 años y afecta especialmente a mujeres, que representan aproximadamente el 70% de los casos. Aunque hoy existen tratamientos capaces de frenar su evolución y mejorar enormemente la calidad de vida, todavía no tiene cura. Pero quienes conviven con ella aseguran que el mayor enemigo no siempre son los síntomas. Es la sensación de incomprensión y de quedarse solo.

Eso es precisamente lo primero que sintió María —nombre ficticio—, hasta que acudió por primera vez a una reunión de la asociación. “Entré pensando que iba a encontrar información. Salí con el teléfono de diez personas que me dijeron que podía llamarlas a cualquier hora”, cuenta a elDiario.es Región de Murcia. Su historia se parece a la de muchos otros pacientes. Al principio cuesta aceptar la enfermedad, y después cuesta explicar a familiares y amigos algo que muchas veces ni siquiera se ve desde fuera. Porque la esclerosis múltiple tiene otra particularidad: una parte importante de sus síntomas son invisibles. Y lo invisible, con demasiada frecuencia, también resulta incomprendido. Por eso, el día que un paciente descubre que no tiene que seguir explicándose continuamente, empieza también a recuperar una parte de la tranquilidad que la enfermedad le había arrebatado. Y comienza a sentirse acompañado.

El neurólogo que nunca mira el reloj

En las salas 4 y 7 de la primera planta del bloque de Consultas Externas del Hospital Universitario Rafael Méndez de Lorca, pocas veces la jornada termina a la hora prevista. No porque la agenda esté mal organizada, sino porque casi todos saben que, si aparece un síntoma inesperado, una duda urgente o, simplemente, el miedo azuza, el doctor Antonio Candeliere intentará atenderlos.

Los usuarios hablan de él con un afecto poco habitual cuando se refieren a un médico. Dicen que recuerda prácticamente todos los nombres de sus más de doscientos pacientes; que explica cada diagnóstico sin prisas; que convierte conceptos ininteligibles para el común de los mortales en palabras sencillas; y que su marcado acento italiano nunca ha impedido entender lo más importante: que hay motivos para seguir haciendo planes.

“Cuando me diagnosticaron pensaba que iba a acabar en una silla de ruedas en pocos años”, recuerda Luis, otro paciente. “Fue él quien me enseñó que la enfermedad había cambiado mi vida, pero no había terminado con ella”.

Candeliere lleva años insistiendo en una idea que ha acabado convirtiéndose en una filosofía compartida entre profesionales y pacientes: la esclerosis múltiple no puede tratarse únicamente con medicamentos. Necesita equipo. Por eso mantiene un contacto permanente con AEMA Región de Murcia, anima a todos los pacientes recién diagnosticados a conocer la asociación y participa activamente en las actividades para las que se requiere su ayuda, como las Jornadas Técnicas sobre Esclerosis Múltiple, convertidas ya en una cita imprescindible para profesionales, investigadores y afectados, que este año han cumplido su decimoquinto aniversario.

Su trabajo forma parte de un Servicio de Neurología que se ha consolidado como uno de los referentes asistenciales del Área III de Salud. Junto a él trabajan especialistas como los doctores Gemma Alonso, Antonio Torres, Arturo Sampedro, Pablo Herrero, Isabel Sánchez, Laura Montiel y Carmen María Sánchez, cada uno dedicado a distintas patologías neurológicas —epilepsia, dolencias neuromusculares, neuroftálmicas y vasculares, cefaleas, enfermedad de Parkinson o demencias— que requieren una atención cada vez más especializada.

Todo empezó alrededor de una mesa

En 2008, en Lorca no existían grandes planes estratégicos ni proyectos europeos o centros especializados que dieran respuesta a las necesidades de un pequeño grupo de afectados por esclerosis múltiple, entre los que se encontraba Francisco José Del Vas Gris, recientemente nombrado presidente a nivel nacional de Esclerosis Múltiple España.

“Nadie nos estaba enseñando a vivir con la enfermedad”, cuenta Del Vas, y así nació AEMA. No como una organización, sino como un refugio. Sus fundadores comprendieron enseguida que el diagnóstico no terminaba cuando el paciente salía del hospital. Después había que aprender a reorganizar una vida entera: cómo continuar trabajando; cómo cuidar la salud mental; cómo explicar la enfermedad a los padres, a la pareja, a los hijos; cómo mantener la autonomía el mayor tiempo posible; cómo seguir adelante…

La asociación empezó ofreciendo algo tan sencillo como compañía y terminó construyendo una red de apoyo que hoy alcanza a centenares de personas en la Región de Murcia. Su historia es un fiel reflejo de lo que ocurre cuando quienes necesitan ayuda deciden convertirse en quienes ayudan a otros.

Mucho más que conservar la movilidad

El gran punto de inflexión llegó en 2017 con la apertura del Centro de Neurorrehabilitación Integral (CENERI) gestionado por AEMA, que cambió por completo la dimensión del proyecto. Porque donde antes había voluntad, ahora también existían recursos especializados.

La fisioterapia dejó de ser un tratamiento aislado para integrarse junto al de neuropsicólogos, logopedas, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, nutricionistas y técnicos especializados en cuidados de enfermería, que comenzaron a trabajar alrededor de cada paciente. También se firmó un convenio de colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Lorca para que los asociados contaran con asesoramiento jurídico. Esta atención integral ha resultado fundamental porque la enfermedad nunca afecta solo al cuerpo: también golpea la autoestima, las relaciones familiares, el trabajo, la economía o los proyectos de futuro.

Con el paso de los años el centro amplió su atención a personas con daño cerebral adquirido y otras enfermedades neurológicas, convirtiéndose en un referente de la neurorrehabilitación en el sureste español.

Los números hablan por sí solos: cerca de treinta mil sesiones terapéuticas realizadas durante el último año y 215 personas atendidas. Pero basta cruzar la puerta para comprender que la verdadera magnitud del proyecto no aparece en ninguna estadística. Se percibe en los pasillos, en las conversaciones de quienes esperan su turno, en los profesionales que saludan a cada usuario por su nombre y en los pacientes que, años después del diagnóstico, siguen entrando a las instalaciones de AEMA RM con la tranquilidad de quien cruza el umbral de su casa.

Crecer sin dejar de ser familia

El crecimiento ha sido tan intenso que este mismo año AEMA RM ha adquirido un nuevo local en Lorca para ampliar sus instalaciones. Más espacio supone para sus responsables más tratamientos, más personas atendidas con mejores perspectivas de futuro.

Sin embargo, quienes conocen la entidad desde sus comienzos insisten en que hay algo que permanece exactamente igual: la manera de recibir a quien entra por primera vez. “Lo primero que notas es que aquí nadie te pregunta qué enfermedad tienes”, cuenta Carmen, esposa de un paciente. “Te preguntan cómo estás”. Y quizá esa sea la explicación de todo. Que AEMA nunca ha entendido la esclerosis múltiple únicamente como una enfermedad, sino como una realidad que afecta a personas, familias y proyectos de vida. Y eso cambia completamente la forma de acompañar.

La verdadera meta

Cuando José Joaquín Sánchez Ruiz completó su decimoquinto triatlón, muchas personas vieron ahí el final de un reto extraordinario. En realidad, solo era un nuevo capítulo de una carrera que empieza cada vez que un neurólogo comunica un diagnóstico difícil. La de quien debe aprender a convivir con una enfermedad imprevisible. La de las familias que reorganizan su vida de un día para otro. La de los profesionales sanitarios que acompañan, orientan y buscan el mejor tratamiento posible. Y la de asociaciones como AEMA RM, que llevan casi dos décadas demostrando que la mejor manera de afrontar la esclerosis múltiple es hacerlo juntos.

La meta nunca ha sido únicamente recaudar fondos o dar visibilidad a esta patología crónica y compleja. La verdadera meta consiste en que ninguna persona se sienta sola cuando la esclerosis múltiple irrumpe en su vida; en que pueda acceder a una atención especializada, recuperar la mayor autonomía posible y seguir construyendo un proyecto de vida pese a la enfermedad. Tener la seguridad de que, cada vez que una persona recibe un diagnóstico de esclerosis múltiple, al otro lado del miedo ya hay alguien esperándola para acompañarla en su camino.

El Hospital Clínico Virgen de la Arrixaca ha incorporado a su Servicio de Medicina Física y Rehabilitación un exoesqueleto pediátrico para optimizar el tratamiento de los niños con patologías que limitan su movilidad.

El exoesqueleto es un dispositivo robótico externo que se ajusta a las piernas y al tronco del niño, lo que le permite ponerse de pie y asistir el movimiento de las extremidades inferiores. Ello posibilita la marcha de forma segura y controlada, y le ayuda a interactuar con su entorno de manera más autónoma. 

“El objetivo esencial es mantener la fuerza muscular, prevenir la atrofia muscular y permitir que el niño participe activamente en su tratamiento de rehabilitación”, explicó la consejera de Salud, Isabel Ayala, quien añadió que “el exoesqueleto permite mantener el recorrido articular y reducir la rigidez muscular”.

Ayala visitó hoy el Virgen de la Arrixaca, el primer centro hospitalario regional en adquirir este dispositivo gracias a una inversión de más de 270.000 euros procedentes de fondos europeos Next Generation. 

“No se trata de una solución curativa, sino de complementar las terapias convencionales para proporcionar una mayor calidad de vida, no sólo a los niños, sino también a su entorno, a sus familias”, destacó la consejera. 

Entre otros beneficios está la mejora de la capacidad respiratoria, el aumento de la autoestima y el bienestar emocional de los niños, así como la mejora del control de esfínteres o la reducción del dolor. 

Enfoque rehabilitador 

La incorporación del exoesqueleto pediátrico forma parte de un enfoque rehabilitador multidisciplinar, ya que para una correcta programación del tratamiento se precisa integrar a todo un equipo: médico rehabilitador, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, ortopeda y psicólogo.

“Jose Antonio Primo de Rivera, ¡presente!”, esta inscripción, tallada en los muros de la catedral de Murcia, ha sido incluida en el Catálogo de Símbolos y Elementos contrarios a la Memoria Democrática, por lo que pronto desaparecerá de este monumento. Así lo ha acordado el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática este martes, tras determinar que “no existen razones artísticas o arquitectónicas suficientes que justifiquen su mantenimiento”.

La Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática, dependiente del Ministerio, ha dado tres meses de plazo al Obispado de Cartagena para que retire la inscripción. De incumplir el mandado, la Ley 20/2022 de la Memoria Democrática prevé que el Estado la retire de oficio, además de posibles sanciones.

“La permanencia de la inscripción en la Puerta de las Cadenas, frente a la Plaza de la Cruz, supone la conservación de un símbolo que glorifica la ideología franquista en un espacio de relevancia histórica y cultural”, ha incidido el organismo. La Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática, ha afeado la actitud del Obispado por la “ausencia de respuesta institucional” a las “reiteradas solicitudes de retirada por parte de asociaciones memorialistas”, de la inscripción: “Evidencia la persistencia de referencias que hacen apología de la dictadura en un monumento de titularidad eclesiástica”.

En un informe, la Comisión Técnica sobre símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática ha recordado que las inscripciones, placas o elementos conmemorativos situados en catedrales y otros edificios religiosos que honran a José Antonio Primo de Rivera “constituyen vestigios contrarios a los valores de la Memoria Democrática cuando cumplen una función de exaltación política, simbólica o ideológica del régimen franquista”.

En el caso de la inscripción en la catedral de Murcia, esta se encuentra en un lugar “especialmente visible, puesto que está situado en una de las puertas de entrada al templo, con letras de tamaño considerable grabadas en la fachada y la palabra ¡Presente!”. Una referencia, ha recordado el informe, “del régimen franquista”.

“Estos elementos no pueden interpretarse como meros testimonios históricos o expresiones de devoción religiosa, ya que su instalación respondió, en la mayoría de los casos, a la identificación explícita entre la Iglesia católica y la dictadura franquista”, ha distinguido la Comisión Técnica. Se trata, además, de “una deliberada de legitimación del nuevo orden político” mediante la “sacralización” de líderes y mártires falangistas. “La presencia de estas inscripciones en espacios de culto y en bienes de alto valor patrimonial refuerza dicha legitimación y contribuye a la normalización simbólica de un régimen responsable de graves vulneraciones de derechos humanos”, abunda el documento.

Cuatro vestigios franquistas

Además de las inscripciones de la catedral de Murcia, el Ministerio ha solicitado la retirada de otros tres vestigios franquistas. Se tratan del monumento a la Victoria de Santa Cruz de Tenerife, inaugurado en 1964 para homenajear al dictador y el triunfo de los sublevados en la Guerra Civil; el Monumento a los Rumanos Caídos de Majadahonda (Madrid); e inscripciones sobre José Antonio Primo de Rivera en la catedral de Almería.

Según ha explicado el ministro Ángel Víctor Torres, el Gobierno ya ha notificado a las cuatro administraciones u organizaciones titulares los expedientes y, con ellos, la obligación de remover los vestigios en un plazo máximo. En el caso de los conjuntos monumentales, pueden ser trasladados a otro lugar sin exposición pública.

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Lorca, Santiago Parra Soriano, ha informado este martes de la finalización del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) “Lorca, conectando con el patrimonio”, una iniciativa financiada con fondos europeos Next Generation EU, gestionados a través de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por el Instituto de Turismo, que ha supuesto una inversión de 2.750.000 euros y la ejecución de 27 actuaciones estratégicas destinadas a mejorar el posicionamiento de la ciudad como destino turístico de referencia.

Santiago Parra ha destacado que “ponemos fin a una de las iniciativas más ambiciosas desarrolladas en materia turística en nuestro municipio durante las últimas décadas. Este plan supone un antes y un después para el turismo de Lorca y marca el camino que desde el Gobierno de Lorca queremos seguir hacia un destino más innovador, sostenible y atractivo para el visitante durante todo el año, ya que el PSTD ha permitido modernizar infraestructuras, recuperar patrimonio, mejorar la accesibilidad, avanzar en sostenibilidad y dar un importante salto en digitalización turística”.

El edil de Turismo ha explicado que “hoy, 30 de junio, finaliza oficialmente el periodo de ejecución del plan, cumpliendo con los objetivos establecidos y consolidando un modelo turístico basado en la sostenibilidad, la innovación y la puesta en valor de nuestro extraordinario patrimonio histórico y cultural”, y ha añadido que “el Ayuntamiento de Lorca ha realizado un intenso trabajo de planificación, coordinación y ejecución para cumplir en plazo con todas las actuaciones previstas, un esfuerzo conjunto en el que han participado las concejalías de Turismo y Contratación, la Oficina de Fondos Next Generation EU, los servicios técnicos municipales y el Centro de Desarrollo Local, en estrecha colaboración con el Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM)”.

Entre las actuaciones desarrolladas destacan la rehabilitación y adaptación para la visita del interior de la Torre Alfonsina y su entorno, la iluminación eficiente del exterior de las torres del Castillo, la renovación de la recepción de visitantes del Castillo de Lorca, la modernización del parque infantil del Castillo de Lorca, la remodelación de las fuentes decorativas y la mejora de la iluminación en el Parque Arqueológico y en la Sinagoga.

Asimismo, se han ejecutado otros importantes proyectos como la adecuación y restauración ambiental del sendero del Cejo de los Enamorados y de la Vía Augusta, la adecuación del itinerario de Los Pilones para su uso peatonal y ciclista, la siembra de especies autóctonas en el interior y en el exterior del Castillo, la implantación de iluminación eficiente e inteligente en el eje de las calles Santo Domingo – Príncipe Alfonso, así como la instalación de placas solares y una torre de refrigeración en el Centro de Visitantes.

En materia de accesibilidad y movilidad sostenible, el plan ha permitido la instalación de toldos en el itinerario turístico de la calle Corredera y vías adyacentes, actuaciones de mejora urbana y accesibilidad en las calles Santiago y Juan de Toledo del casco histórico y eje Santo Domingo – Príncipe Alfonso, además de la incorporación de un tren turístico eléctrico que contribuye a reducir emisiones facilita el acceso de visitantes a los principales recursos turísticos.

El PSTD también ha supuesto una transformación digital del destino gracias a la digitalización de la Oficina de Turismo, la incorporación de herramientas de marketing online, sistemas de inteligencia turística y Big Data, la creación de una Smart Office DTI, la implantación de tecnología NaviLens para mejorar la accesibilidad de personas con discapacidad visual y la digitalización de numerosos recursos turísticos del municipio, así como una guía sobre el impacto del cambio climático en el turismo de Lorca, la formación en inteligencia turística a gestores y empresarios o una oficina técnica de gestión del plan.

Parra Soriano ha puesto de manifiesto que “todas estas actuaciones han permitido que Lorca avance de forma decidida hacia un modelo turístico más moderno y preparado para afrontar los retos del futuro. Hemos conseguido que nuestro patrimonio sea más accesible, más sostenible y más atractivo para quienes nos visitan”.

Asimismo, ha subrayado el impacto económico que este proyecto tendrá para la ciudad, ya que “el turismo es uno de los grandes motores de desarrollo de Lorca. Este plan no solo ha servido para proteger y poner en valor nuestro patrimonio, sino que contribuye a generar nuevas oportunidades económicas, favorece la creación de empleo, fomenta la actividad comercial y hostelera y refuerza la imagen de Lorca como destino cultural y patrimonial de primer nivel”.

El concejal de Turismo ha señalado que “el objetivo que perseguimos es seguir haciendo de Lorca una ciudad cada vez más atractiva y acogedora, capaz de ofrecer experiencias de calidad durante todo el año. Queremos continuar avanzando en la desestacionalización turística mediante una programación estable y diversa que permita que visitantes y turistas descubran nuestro patrimonio, nuestra gastronomía, nuestras tradiciones y nuestros espacios en cualquier época del año”.

Por último, Santiago Parra ha agradecido el trabajo realizado por todos los profesionales, técnicos y entidades que han participado en el desarrollo del proyecto y ha recordado que “aunque hoy concluye el plazo de ejecución de las actuaciones, todavía quedan tres meses para completar el proceso de justificación administrativa de la subvención, durante el cual se verificará la totalidad de los gastos realizados, el cumplimiento de los objetivos y la correcta aplicación de los fondos europeos”.

“Podemos afirmar con satisfacción que Lorca ha ganado con la realización de estas iniciativas. Hoy contamos con mejores infraestructuras, más herramientas tecnológicas, un patrimonio más cuidado y una oferta turística más competitiva. En definitiva, contamos con una ciudad mejor preparada para seguir creciendo como uno de los grandes destinos turísticos y culturales del sureste español”, ha concluido Santiago Parra.

La ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), en detalle

La Conferencia Sectorial de Turismo, en su reunión del día 28 de julio de 2021, ratificó la aprobación de la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destino, marco del Programa de Sostenibilidad Turística en Destinos. Su aprobación permitió el inicio de la convocatoria correspondiente al ejercicio 2021 del Programa Extraordinario de Sostenibilidad Turística en Destinos 2021-2023, en el contexto de la submedida 2 de la inversión 1 del Plan de Modernización y Competitividad del Sector Turístico, componente 14 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

Por Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Turismo se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo, de 21 de diciembre de 2021, por el que se fijan los criterios de distribución, así como el reparto resultante para las Comunidades Autónomas, del crédito destinado a la financiación de actuaciones de inversión por parte de entidades locales en el marco del Componente 14 Inversión 1 del PRTR.

De conformidad con el mismo, al Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destinos de la Región de Murcia 2021 se le asigna un crédito de 21,69 millones de euros, de los cuales corresponden 21,50 millones de euros como dotación financiera a las entidades locales siguiendo el siguiente desglose según Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD): PSTD Lorca, conectando con el patrimonio: 2.750.000,00 euros.

Por Resolución de 4 de enero de 2022, de la Secretaría de Estado de Turismo, se acordaba la distribución de los créditos a las Comunidades Autónomas, y se formalizaban los compromisos financieros derivados del Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo de 21 de diciembre de 2021.

En junio de 2022, el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, aprueba el «Decreto n.º 100/2022, de 8 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a la financiación del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destinos de la Región de Murcia 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia» (BORM n.º 136, de 15 de junio de 2022). El marco normativo que sirve de fundamento a este Decreto n.º 100/2022, de 8 de junio, viene determinado por el Acuerdo de Conferencia Sectorial de Turismo, de 21 de diciembre de 2021, por el que se fijaban los criterios de distribución, así como el reparto resultante para las Comunidades Autónomas, del crédito destinado a la financiación de actuaciones de inversión por parte de entidades locales en el marco del Componente 14 Inversión 1 del PRTR para el ejercicio 2021.

Tras las Adendas al PRTR aprobadas por el ECOFIN el 17 de octubre de 2023 y el 20 de enero de 2026, el 10 de febrero de 2026, en el Pleno de la Conferencia Sectorial de Turismo, se procedió a modificar el Acuerdo de 21 de diciembre de 2021, con objeto de incorporar las modificaciones derivadas de dichas adendas. Por Resolución de 24 de febrero de 2026 de la Secretaría de Estado de Turismo se publica el texto consolidado del Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo de 21 de diciembre de 2021, que incorpora las modificaciones aprobadas en los acuerdos de 29 de diciembre de 2023 y de 10 de febrero de 2026.

Como consecuencia de las modificaciones de los hitos y objetivos introducidas en las Adendas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y las correspondientes modificaciones del Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo, la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos ha sido igualmente revisada.

La Conferencia Sectorial de Turismo, en su reunión del 28 de julio de 2021, ratificó la aprobación de la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos, marco de las Convocatorias Extraordinarias de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos financiados con los Fondos NextGenerationEU.

Dicha Estrategia ha sido revisada y modificada posteriormente en las Conferencias Sectoriales de Turismo de marzo de 2022, enero y diciembre de 2023. Finalmente, en el Pleno del 10 de febrero de 2026 se aprobó la versión de la Estrategia ahora vigente.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Murcia ha declarado ilegal la negativa del Ayuntamiento de Murcia a facilitar el estudio y análisis del riesgo sísmico del municipio elaborado por la Universidad de Almería. La resolución judicial, fruto de un recurso de interpuesto por la Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia (Huermur), anula el decreto firmado por el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, que denegó el acceso a esta documentación y reconoce el derecho del presidente de la asociación conservacionista a obtener la copia digital completa del estudio y de todos sus anexos.

“La sentencia constituye un severo reproche a la actuación del Ayuntamiento de Murcia, que mantuvo oculto durante más de cinco años un estudio encargado con fondos públicos y entregado al Consistorio el 5 de febrero de 2020”, han valorado desde Huermur: “Pese a tratarse de un documento completamente finalizado, el Ayuntamiento negó reiteradamente su acceso alegando que se encontraba en elaboración, una tesis que el magistrado rechaza de forma expresa”.

“Incluso después de iniciarse el procedimiento judicial, el Ayuntamiento continuó oponiéndose a entregar la documentación y defendió ante el Juzgado la legalidad de su actuación, solicitando incluso que el procedimiento se archivara tras publicar parte del estudio cuando el litigio ya estaba en marcha”, han abundado.

De acuerdo con la asociación conservacionista, el magistrado ha recordado que “una publicación unilateral, tardía y posterior a la interposición del recurso no puede sanar la denegación inicialmente acordada ni sustraer al control jurisdiccional la legalidad del acto recurrido”, añadiendo además que aceptar esa actuación “equivaldría a dejar al arbitrio de la Administración la efectividad del control judicial de sus propios actos”.

La sentencia también desmonta el intento del Ayuntamiento de seguir ocultando el estudio alegando motivos de seguridad pública. Durante el procedimiento, la Administración sostuvo que el documento contenía datos sensibles sobre víctimas potenciales y pérdidas económicas derivadas de distintos escenarios sísmicos simulados, utilizando ese argumento para impedir el acceso de la ciudadanía: “El juez concluye que el Ayuntamiento no acreditó suficientemente que la divulgación del estudio pudiera perjudicar la seguridad pública y recuerda que, si existiera algún dato especialmente sensible o de carácter personal, la legislación ya prevé mecanismos para protegerlo sin necesidad de ocultar el resto de la documentación”, han explicado.

La resolución judicial destaca además “el extraordinario interés público del estudio, al afectar directamente al riesgo sísmico del municipio, la ordenación del territorio, el urbanismo y la seguridad de la población”. Por ello concluye que el Ayuntamiento realizó una “restricción injustificada y desproporcionada del derecho de acceso a la información pública”, anulando el decreto del concejal y ordenando la entrega íntegra de la documentación solicitada.

Para Huermur, esta sentencia supone un “duro varapalo a años de opacidad municipal” y marca “un punto de inflexión” en la transparencia del Ayuntamiento de Murcia. La entidad considera especialmente grave que el Consistorio no solo negara el acceso a un estudio financiado con 118.580 euros de dinero público, sino que “mantuviera esa negativa durante todo el procedimiento judicial”, obligando a acudir a los tribunales para obtener una documentación que la propia Justicia reconoce como información pública: “Una postura torticera que claramente ha debido costar una importante cantidad de dinero al erario público en horas de funcionarios y servicios jurídicos”, han señalado desde la asociación.

El presidente de Huermur, Sergio Pacheco, ha manifestado que “esta sentencia pone fin a cinco años de opacidad institucional sobre un estudio que afecta directamente a la seguridad de los murcianos y al futuro urbanístico del municipio. El Ayuntamiento no solo ocultó una documentación pagada con dinero público, sino que defendió esa decisión ante los tribunales hasta el último momento. La Justicia ha dejado claro que actuó al margen de la legislación sobre transparencia”.

La asociación ha anunciado que llevará a cabo un análisis exhaustivo de toda la documentación en cuanto sea entregada y de sus anexos para verificar cómo afectan sus conclusiones al planeamiento urbanístico vigente y a las decisiones municipales adoptadas durante estos años: “Por primera vez podrá contrastarse si los desarrollos urbanísticos, las actuaciones autorizadas y la planificación del municipio se ajustan a las conclusiones científicas contenidas en el estudio encargado por el propio Ayuntamiento, y del cual tenían conocimiento los responsables del Consistorio desde hace años”.

Tras el escándalo del fraude de las prótesis vasculares en la Región de Murcia, la cúpula sanitaria, administrativa y gestora del Hospital Virgen de la Arrixaca ha defendido la “trayectoria ejemplar” del centro sanitario. Han rechazado “la presunta actuación irregular” de la trama, que afecta a la Sección de Radiología Vascular Intervencionista y al Servicio de Cirugía Cardiovascular.

“Rechazamos con firmeza la presunta actuación irregular de personas concretas, y compartimos la exigencia de transparencia y depuración de responsabilidades”, han reclamado en un comunicado. Al tiempo, han apelado a la “responsabilidad” y “rigor” de quienes realizan manifestaciones públicas, “con el fin de evitar mensajes que puedan generar desconcierto o alarma injustificada en la población”.

El manifiesto lo han firmado treinta y cinco jefes de los Servicios Médicos, cinco supervisores de Enfermería, once jefes de los Servicios Administrativos y quince miembros de la Dirección -entre ellos el gerente, Amancio Marín-, en representación de “los servicios asistenciales del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca”.

“El prestigio de este Hospital se ha construido durante más de cincuenta años y no pertenece a unas pocas personas; sino que es el resultado del esfuerzo, dedicación, sacrificio y vocación de generaciones de profesionales, consagrados al cuidado de la salud de todos los murcianos”, han recordado en el documento.

Los firmantes han recordado que el hospital tiene una “trayectoria ejemplar” de excelencia asistencial, docente e investigadora, reconocida a nivel regional, nacional e internacional, “procurando dar la mejor atención a pacientes de toda la Región, incluidos los de mayor complejidad y gravedad”.

El manifiesto concluye solicitando a las distintas administraciones públicas que pongan de su parte para la mejora del centro hospitalario: “Pedimos que desde las Instituciones se acometan en la Arrixaca todas las inversiones esperadas, y tan necesarias, para poder así afrontar los retos presentes y futuros con el máximo nivel de exigencia, y seguir dando a la sociedad murciana todo lo que espera de nuestro Hospital y sus profesionales”-

El mayor escándalo de la sanidad pública de la Región de Murcia ha dejado un agujero a los fondos públicos de 6,9 millones de euros y trece personas investigadas por delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, delitos contra la salud pública y de pertenencia a organización criminal. Para materializar el fraude, la trama tenía distribuidas personas implicadas en la práctica totalidad del proceso de comercialización, compra e implantación de implantes vasculares. Algunos de los implicados eran personal de este centro médico, ahora apartados del servicio.

Su casero dejó de pagar la hipoteca, su vivienda acabó en manos de un fondo buitre y ahora tendrán que abandonar su hogar. Daniel y Aurora, dos vecinos del barrio murciano de La Paz, serán desalojados el próximo 30 de junio tras 19 años viviendo en su casa. Deberán abandonar el domicilio junto a sus tres hijos, uno de ellos con discapacidad: “De tres meses para acá nos encontramos en esta situación, hace un mes el juez dio la orden de desalojo”, lamenta Aurora.

Su calvario comenzó hace tres meses, y desde el mes pasado tienen orden judicial de desalojo: “Un agente inmobiliario llamó a la puerta de nuestra casa, a decirnos que nosotros somos okupas y que venían a cambiar la cerradura”, relata Daniel. La pareja no es morosa, están al día con el pago del alquiler, y de las facturas de luz, agua y la comunidad. Les desahucian, explican, porque el juez no admite la validez de su contrato de alquiler: “Supuestamente, no está en el Registro de la Propiedad, pero hemos ido múltiples veces allí a sacar copia simple del contrato”, denuncia Aurora.

Por el momento, si nadie lo impide, esta familia deberá abandonar su hogar el próximo 30 de julio, cuando tendrá lugar un desahucio forzoso: “Les da igual que haya niños y que el mayor tenga discapacidad, la documentación -las facturas y el contrato de alquiler- tampoco les ha valido”, lamenta Daniel. “No queremos que nos regalen el piso ni quedarnos como okupas, como ellos nos llaman”, aclara.

“No encontramos un piso donde podamos caber los cinco. Los precios para una vivienda de una o dos habitaciones son muy exagerados, si pagamos un alquiler ya no nos queda para poder sobrevivir”, explica.

De acuerdo con Aurora, la pareja ha intentado en múltiples ocasiones negociar una alternativa con el fondo de inversión, sin éxito: “No me dan plazo para buscar algo adecuado a donde irme con mi familia. Queremos que nos dejen pagarles el alquiler a ellos [al fondo de inversión] o que le pongan precio a la vivienda y tengamos opción de compra. Tras 19 años pagando, es lo justo”

“No es un caso aislado”

Extinguen sus contratos de alquiler, la vivienda cae en manos de un fondo buitre y este la alquila por habitaciones. La asociación de vecinos de La Paz denuncia que el caso de Daniel y Aurora no es excepcional, y que la especulación de la vivienda está troceando su barrio.

“Están echando a personas con muchos años aquí en el barrio, pese a que han demostrado que están pagando religiosamente”, señala Pedro Crespo, presidente de la asociación de vecinos. “Los fondos buitre están comprando viviendas, las arreglan un poquito y no las venden, las alquilan por habitaciones”, explica Crespo.

“Piden hasta 350 euros por una habitación en la que apenas coge una persona, porque son de 48 metros cuadrados las viviendas del barrio”, abunda. La Paz es un barrio humilde, de acuerdo con el INE, su renta media anual no llegaba a los 6.000 euros en 2024. Pero el presidente de la asociación de vecinos asegura que atrae a fondos de inversión por su situación céntrica: “Andando recorres toda Murcia desde aquí”.

“[La Paz] se está convirtiendo en un barrio donde impunemente se echa a la gente y se está haciendo negocio, y esto hay que cortarlo”, urge Crespo, que alerta de que “en muy poco tiempo” se ha desalojado a cuatro familias, y que les consta que otra quincena ya cuenta con orden de desahucio“.