La comunidad académica murciana pierde a uno de sus investigadores de referencia en materia de suelos contaminados. El catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena y doctor en Ciencias por la Universidad de Murcia, Ángel Faz, ha fallecido este domingo a los 59 años.

Dirigió durante años el grupo de investigación Gestión, Aprovechamiento y Recuperación de Suelos y Aguas (GARSA) de la UPCT, desde el que impulsó investigaciones relativas a la contaminación de suelos y aguas. Sus estudios sobre la presencia de metales pesados y la recuperación de terrenos degradados por actividades mineras, industriales y agrícolas tuvieron especial repercusión en Cartagena y la Comarca.

A partir de las cuatro de la tarde de este lunes comenzará el velatorio del catedrático, ubicado en el Tanatorio de Jesús de Murcia. Al día siguiente, el martes a las 18:15, tendrá lugar la misa corpore insepulto.

El pasado año salió a la luz uno de sus últimos trabajos, un estudio sobre la contaminación por metales pesados en el Campo de Cartagena. El documento, encargado por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca a la Universidad Politécnica de Cartagena, no estuvo exento de polémica. Colectivos ecologistas y la oposición acusaron al Gobierno regional de pretender ocultar el estudio, mientras que el Ejecutivo murciano llegó a comprometerse a solicitar a la Politécnica la devolución de la subvención que financió el estudio.

En esta investigación, detectó que los suelos del entorno de la Sierra Minera Cartagena-La Unión presentan concentraciones de metales pesados que “alcanzan niveles excepcionalmente elevados y pueden representar un riesgo significativo tanto para la producción agrícola como para la salud humana si no se aplican medidas de manejo adecuadas”.

Tres agentes de la Guardia Civil han resultado heridos este miércoles durante una intervención frente a la costa de Cabo Cope, en Águilas, en la que han sido detenidos los dos ocupantes de una embarcación vinculada presuntamente al traslado de migrantes y al suministro de combustible a otras pateras.

Según la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la lancha utilizada por los sospechosos trató de evitar la intervención policial y terminó chocando contra la embarcación semirrígida de los agentes. Uno de los guardias sufrió una herida en una pierna que requirió cinco puntos de sutura, mientras que otros dos, entre ellos el capitán al frente de la tripulación, sufrieron lesiones cervicales debido al impacto.

La embarcación interceptada llevaba dos motores fueraborda y una veintena de garrafas de gasolina, según ha informado el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas. La actuación formaba parte de un dispositivo en el que han participado medios marítimos, aéreos y terrestres, incluido un helicóptero.

La operación se encuentra judicializada y la Delegación del Gobierno no ha facilitado por el momento más detalles sobre las circunstancias concretas del choque. El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas Ayala, ha anunciado que ofrecerá información sobre el resultado de la intervención una vez finalicen las diligencias.

Más medios

La AUGC ha aprovechado el incidente para volver a reclamar más medios para el Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Según la asociación, los agentes se enfrentan en ocasiones a embarcaciones con mayor tamaño y potencia que las utilizadas para interceptarlas, una diferencia que, según la AUGC, incrementa el riesgo durante las persecuciones.

El episodio se produce pocos días después de otra intervención en aguas próximas a Cartagena. El lunes, los agentes localizaron una embarcación a unas 12 millas al sureste de Monte Cenizas después de que hubiese participado en el desembarco de 59 migrantes. En ese caso también fueron detenidos sus dos presuntos patrones.

La sucesión de operaciones se enmarca en el incremento de la actividad de estas embarcaciones en distintos puntos del litoral murciano durante las últimas semanas. Las autoridades han desplegado dispositivos de vigilancia para localizar tanto las pateras empleadas para trasladar migrantes como aquellas que, según las investigaciones, pueden actuar como apoyo logístico mediante el transporte de combustible.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha reclamado al Gobierno central que dote a la Guardia Civil de más recursos para afrontar este tipo de actuaciones. Tras conocer las lesiones de los agentes, ha expresado su apoyo a los heridos y ha cuestionado la suficiencia de los medios disponibles para hacer frente a embarcaciones de gran potencia.

La Guardia Civil ha perseguido e interceptado a la altura de Cabo Cope una embarcación con dos motores cargada con 20 garrafas de gasolina y dedicada al traslado de inmigrantes irregulares a las costas de la Región de Murcia.

El delegado de Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha valorado el dispositivo marítimo, aéreo y terrestre desplegado en una operación saldada con la detención de sus dos patrones: “El trabajo y el seguimiento a los miembros de estas mafias es continuo, y la coordinación de todas las unidades de la Guardia Civil ha permitido culminar con éxito una operación que llevaba semanas preparándose. Quiero agradecer una vez más, y felicitar, a todos los miembros de la Guardia Civil y el Servicio Marítimo”.

Estas detenciones se unen a las dos efectuadas el lunes pasado en Cartagena, cuando agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil sorprendieron otra embarcación a 12 millas al sureste de Monte Cenizas.

El delegado del Gobierno ha reafirmado el compromiso del Gobierno de España con la seguridad de nuestras costas y la lucha contra las mafias que trafican con personas: “Quiero enviar un mensaje de tranquilidad a toda la ciudadanía y pedirles que confíen en la Guardia Civil y el trabajo que realiza. Nuestras fronteras son seguras, nuestra Región es una de las más seguras de España, y les garantizo que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional seguirán trabajando por su seguridad, tranquilidad y calidad de vida”, ha concluido.

Para María Dolores, estudiante de tercero de Bellas Artes en la Universidad de Murcia, el verano ha sido un sinvivir frente a la pantalla del ordenador buscando una habitación que le permita seguir estudiando en la capital sin que el alquiler se lleve buena parte del presupuesto familiar.

La odisea se ha repetido para infinidad de universitarios: anuncios que desaparecen en cuestión de horas, pisos compartidos que acumulan candidatos, habitaciones que obligan a desplazarse cada vez más lejos del campus y padres y madres que empiezan a buscar alojamiento incluso antes de conocer definitivamente la titulación o la universidad en la que estudiarán sus hijos o hijas.

Una presión que se ha intensificado en los últimos años. En el primer trimestre de 2026, la oferta de habitaciones en Murcia aumentó un 16% respecto al año anterior, pero la demanda lo hizo un 58%. El precio medio se sitúa ya en 300 euros mensuales. Eso convierte una habitación en un piso compartido —la opción que tradicionalmente permitía abaratar el coste de estudiar fuera de casa— en un gasto que supera fácilmente los 3.000 euros anuales, a los que hay que sumar alimentación, transporte, matrícula, material académico y pago de suministros.

Una ciudad universitaria con miles de estudiantes llegados de fuera

Murcia cuenta fundamentalmente con dos grandes universidades en su entorno inmediato: la Universidad de Murcia (UMU), pública, y la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), privada. La primera supera los 30.000 estudiantes, mientras que la segunda cuenta con más de 22.000 alumnos en programas de grado y posgrado.

La dimensión de la UCAM añade, además, un componente especialmente relevante para el mercado residencial: su capacidad de atracción exterior. El 38% de sus estudiantes de grado y el 55,8% de los de máster proceden de otras comunidades autónomas, según los últimos datos del Ranking CYD difundidos por la propia universidad. A ello se suma una importante población internacional: otro 20% de sus alumnos son estudiantes extranjeros de 135 nacionalidades.

La Universidad de Murcia también atrae alumnado de fuera de la Región, aunque no existe una estadística pública única y actualizada que permita saber cuántos de sus estudiantes necesitan realmente una vivienda en la capital. Como referencia regional, un análisis del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de 2026 sitúa en el 22,9% el porcentaje de universitarios matriculados en la Región de Murcia —que incluye también la Universidad Politécnica de Cartagena— que procede de otras comunidades autónomas. Es una proporción superior a la media española, del 19,1%.

Las residencias: una alternativa cara y escasa

Las residencias universitarias ofrecen una solución más sencilla que compartir piso: habitación amueblada, suministros, conexión a Internet, limpieza y, en muchos casos, comedor, zonas de estudio, gimnasio o actividades.El problema es que tampoco hay camas suficientes y las que hay, no están al alcance de la mayoría de bolsillos.

Entre las opciones públicas se encuentra el Colegio Mayor Azarbe, perteneciente a la Universidad de Murcia, que ofrece 117 plazas para el curso 2026-2027, en régimen de alojamiento y manutención a un precio que oscila entre los 6.580 euros de la habitación individual con baño y los 6.215 de la doble.

Otra opción, aún más limitada, es la Residencia para Jóvenes de la Comunidad Autónoma, en la plaza Islas Baleares de Murcia, que para el próximo curso ofrece 74 plazas: 56 en apartamentos dobles y 18 individuales. Está dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años —no exclusivamente universitarios— desplazados de su domicilio por razones de estudio o trabajo. Los precios de partida son de 290,82 euros mensuales por persona en apartamento doble y 387,03 euros en individual, a los que se añaden consumos mínimos de agua y electricidad.

En el ámbito privado, las diferencias son enormes. La Residencia Universitaria Campus, situada junto al campus de la UMU de Espinardo, ofrece para 2026-2027 habitaciones individuales desde 460 euros mas 59 euros de suministros, y dobles desde 384 euros mas 59 euros. La media pensión supone otros 195 euros al mes y la pensión completa, 289 euros.

En el extremo superior se encuentran propuestas como Bravo Students, en Guadalupe, la pedanía murciana que alberga el campus principal de la UCAM, con habitaciones desde unos 565 euros en formato compartido y desde 960 euros para determinadas habitaciones individuales, con servicios como wifi, limpieza semanal, piscina, gimnasio, salas de estudio y recepción 24 horas.

La Residencia Universitaria JC1, en Juan Carlos I, parte de unos 805 euros por persona en habitación doble y de 950 euros en individual, con baño privado, cocina, wifi, limpieza semanal y climatización. Y micampus, en La Ñora, ofrece opciones desde unos 809 euros mensuales en habitación doble con pensión completa, mientras que determinadas habitaciones individuales superan los 1.000 euros.

300 euros por una habitación: el nuevo suelo del mercado

Para quienes no pueden asumir el coste de una residencia universitaria, compartir piso sigue siendo la alternativa principal. En Murcia, el precio medio de una habitación alcanzó los 300 euros mensuales en el primer trimestre de 2026, según el portal especializado Idealista. Una cifra que se mantiene estable respecto al año anterior pero que acumula un incremento del 34% en cinco años: de unos 223 euros en 2021 a los 300 actuales.

El mercado actual ofrece, no obstante, una horquilla más o menos amplia. En los anuncios consultados recientemente aparecen habitaciones desde alrededor de 230 euros, especialmente en zonas periféricas, hasta 350, 390 euros o más en viviendas mejor ubicadas o equipadas. La ubicación pesa. También el estado de la vivienda, el número de personas que comparten baño, si los suministros están incluidos y, cada vez más, la distancia al tranvía o a los campus.

Otro problema es que, en el mercado del alquiler, el estudiante no compite únicamente con otros universitarios. La habitación se ha convertido en una fórmula de acceso a la vivienda para jóvenes trabajadores y otras personas que no pueden asumir un alquiler completo.

La alta demanda y la escasez general de vivienda repercute directamente sobre el precio: en julio de 2026, el alquiler residencial en Murcia capital alcanzó los 9,9 euros por metro cuadrado, un 3,8% más que un año antes. La consecuencia es una especie de efecto dominó: si el piso completo se encarece y comprar resulta inaccesible para buena parte de los jóvenes, el propietario puede optar por dividir la vivienda en habitaciones y maximizar sus ingresos. El resultado es que una solución que nació como alternativa económica termina siendo cada vez más cara.

Cuando la red de transporte público no ayuda

María Dolores procede de Purias, una pedanía del municipio de Lorca situada a poco más de 70 kilómetros de la capital regional. Una distancia que, en coche, se completa en unos 51 min por la Autovía del Mediterráneo (A-7). Ella no dispone de vehículo propio y la utilización del transporte público no es una alternativa para evitar el traslado temporal de su residencia a Murcia, porque le obligaría a emplear unas 5 horas diarias en viajes en autobuses y tranvías —el servicio de trenes de Cercanías entre Murcia y Lorca lleva suspendido desde octubre de 2021 debido a las obras del AVE—, entre ida y vuelta.

Así que empezó a buscar piso en junio. “Pensaba que lo conseguiría pronto, pero muchas habitaciones ya estaban reservadas. Los que encuentro por 250 o 270 euros están muy lejos o están compartidos por muchas personas y tienen solo un baño. Y si pago 350 euros más gastos, mis padres no saben si podrán mantenerlo todo el curso”, explica. “Tengo otros dos hermanos que vienen detrás de mí. No me parecería justo comprometer los ahorros que ellos han previsto también para sus estudios, así que no sé lo que haré al final, pero entre las opciones está dejar la carrera”, reconoce a pocas semanas de que empiece el nuevo curso académico.

Su caso resume a la perfección cómo el lugar de residencia puede terminar condicionando la formación postobligatoria en España cuando el estudiante no cuenta con avales, ingresos propios o una familia que pueda adelantar varios meses de renta.

Contratos de temporada: ¿puerta a los abusos?

Hay otra cuestión que muchos estudiantes descubren cuando ya están buscando piso: no todos los alquileres están sometidos al mismo régimen jurídico. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) diferencia entre el alquiler destinado a satisfacer una necesidad permanente de vivienda y los contratos de temporada.

Para un estudiante que llega a Murcia desde otro lugar, el contrato puede plantearse como alquiler de temporada por estudios, por ejemplo, de septiembre a junio. En ese caso, el contrato se rige en gran medida por lo pactado entre las partes, frente al carácter más protector de los arrendamientos de vivienda.

La diferencia es importante. En un contrato de vivienda habitual existen mayores garantías de duración y prórroga. Además, desde la Ley de Vivienda de 2023, los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato corresponden al arrendador en los alquileres de vivienda. En los contratos de temporada, en cambio, existe mayor libertad contractual. De ahí que puedan aparecer contratos de nueve o diez meses, cláusulas específicas sobre gastos, fianzas y honorarios o condiciones de salida diferentes.

Y aquí aparece una de las principales zonas grises del mercado: que un contrato se llame “de temporada” no significa que cualquier condición que incluya sea automáticamente válida. La causa temporal debe responder a una necesidad real y quedar correctamente reflejada en el contrato.

Por eso, el estudiante debe fijarse especialmente en la tipología de su contrato, cuál es la causa de la temporalidad, la duración, qué incluye la renta, qué gastos se repercuten, qué fianza se exige y quién cobra los honorarios de intermediación. La propia Ley de Vivienda reconoce el derecho de quien va a alquilar a solicitar información sobre las condiciones económicas y características de la vivienda antes de entregar dinero.

“Me pidieron pagar antes de enseñarme el contrato”

Álvaro, estudiante de 21 años procedente de Albacete, lleva dos cursos compartiendo piso en Murcia. El primer año pagaba 250 euros por la habitación. Para este curso, su casero le anunció a él y a sus otros tres compañeros de piso que el precio subía, de golpe, a los 315 —lo que supone unos ingresos mensuales para el propietario de 1.260 euros—, sin contar luz, agua ni Internet: “Cuando hicimos cuentas, la habitación se nos iba a los 370 al mes a cada uno, pero hemos preferido asumir la subida impuesta por el propietario antes que jugárnosla tal y como está la cosa”, relata.

Es lo que le pasó a Lucía, de 23 años, nacida en la localidad costera de Águilas. A mitad de curso se vio en la necesidad de salir del piso que compartía en Murcia con otras dos chicas por la pésima relación que mantenía con ellas, con denuncias por agresiones de por medio. “Encontré una habitación, pero me dijeron que había otras cuatro personas interesadas y que, si quería reservar, tenía que transferir 500 euros ese mismo día. Pedí ver el contrato y me dijeron que lo enviarían después”. Lucía, que asegura sentirse “desesperada”, realizó el trato por WhatsApp y efectuó el ingreso de la “reserva”. Resultó una estafa.

La recomendación ahí es básica: no entregar dinero sin conocer quién alquila la vivienda, qué se está contratando y en qué condiciones. En el caso de aquellas personas que confíen el alquiler a profesionales se debe tener en cuenta que la Ley de Vivienda establece obligaciones de información para quienes intervienen como mediadores, lo que incluye facilitar datos sobre el arrendador, el precio total, las condiciones económicas y las características físicas del inmueble, antes de formalizar la operación.

Un problema de desigualdad

Dos estudiantes. Misma capacidad académica. Pero uno vive en la ciudad de Murcia y otro necesita desplazarse desde otra localidad. Así que el segundo debe añadir a su decisión el coste de una residencia o una habitación en un piso compartido. Ahí el problema no es únicamente inmobiliario, es de igualdad de oportunidades.

El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla ayudas al alquiler para jóvenes y establece, entre otras medidas, una ayuda de hasta 200 euros mensuales para el alquiler o cesión de una habitación habitual y permanente, con determinados requisitos de ingresos y residencia. Pero esa condición de vivienda habitual y permanente vuelve a dejar sobre la mesa la cuestión de los estudiantes que utilizan un contrato estrictamente temporal durante el curso. Por su parte, el Gobierno autonómico de López Miras (PP) no contempla ayudas propias para sufragar el alquiler de habitaciones por parte de los estudiantes, al margen de las financiadas por el Estado.

Mientras tanto, el mercado continúa avanzando más deprisa que las soluciones, con estudiantes que se enfrentan a una matrícula que pagar, a las incertidumbres del curso que va a comenzar y a una pregunta cada vez más difícil de responder: ¿dónde voy a vivir?

La Guardia Civil ha interceptado, a 12 millas al sureste de Monte Cenizas en Cartagena, una embarcación con cuatro motores dedicada al traslado de inmigrantes irregulares. Los agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil han sorprendido esta mañana a esta embarcación a 12 millas al sureste de Monte Cenizas, después de que hubiera desembarcado a 59 inmigrantes irregulares en Calblanque y que fueron interceptados por patrullas territoriales desplegadas en la zona.

Tal y como ha informado Delegación del Gobierno en la Región de Murcia, también se ha detenido a los dos patrones de la embarcación: “Seguimos comprometidos con la seguridad de nuestras costas y con la lucha contra las mafias”, ha afirmado el delegado del Gobierno, Francisco Lucas Ayala.

“La dimensión y potencia de la embarcación intervenida da muestra de la complejidad del reto al que se enfrentan diariamente la Guardia Civil y su Servicio Marítimo Provincial. Ha sido una operación de mucho mérito, diseñada con rigor y profesionalidad, lejos del ruido social y político, esperando el momento oportuno para sorprenderles sin comprometer la seguridad de los agentes”, ha explicado Francisco Lucas.

El delegado del Gobierno ha reafirmado el “compromiso” del Gobierno de España con la seguridad de nuestras costas y la lucha contra las mafias que trafican con persona: “Los tiempos de la Guardia Civil son distintos a los tiempos de las redes sociales y de los mensajes políticos alarmistas, y sólo los marca la viabilidad y el éxito de las operaciones y la seguridad de los propios agentes”. En este sentido ha apelado a la “responsabilidad” de todos y reclamado “dejar trabajar con calma a los profesionales de la Guardia Civil”.

“Los que durante estos días siguen utilizando este tema políticamente también se han enfrentado al mismo reto, y saben que a las mafias se les combate con lealtad, cooperación y dejando trabajar a la Guardia Civil y la Policía Nacional, no desestabilizando a diario y generando una innecesaria alarma social”, ha añadido.

El delegado del Gobierno ha indicado que los refuerzos materiales de los últimos días están dando sus frutos, pues esta operación se ha realizado con la semirrígida S-40 que entró en funcionamiento el viernes, a la que se le pusieron motores más potentes.

Esta misma embarcación de la Guardia Civil interceptó en la noche de ayer en alta mar otra embarcación con diez inmigrantes irregulares, que fueron trasladados a Cartagena, reconocidos por Cruz Roja y entregados a Policía Nacional.

En las últimas dos semanas cinco pateras han llegado a las costas de la Región de Murcia, la última desembarcó este pasado domingo. En el mes de agosto, unos 200 migrantes han llegado a la comunidad autónoma.

El pasado 19 de agosto, a la hora del aperitivo, los bañistas de Cala del Barco, una encantadora y concurrida calita semiurbana situada junto a La Manga Club, en Cartagena, asistieron atónitos a una escena que hasta hace poco habría resultado difícil de imaginar en una playa del litoral murciano. Antonia estaba allí: “Primero me asustó el ruido, pensé que eran motos [acuáticas] y me acerqué a la orilla para advertir a mis nietos que salieran del agua. Lo que menos me iba a imaginar es lo que apareció en la playa”. Una embarcación de grandes dimensiones, equipada con cuatro motores fueraborda, se aproximó a la orilla y decenas de personas comenzaron a saltar de ella. Los patrones, con el rostro cubierto, no esperaron a desembarcar a todos: dieron media vuelta y desaparecieron mar adentro.

Eran 62 personas: 45 hombres adultos, dos mujeres y 15 menores varones, presumiblemente todos de nacionalidad argelina. Algunos bañistas abandonaron la cala y otros, como Antonia, se quedaron y avisaron al 112. Los vídeos grabados por testigos y que se han viralizado en las redes sociales muestran el desconcierto provocado por una llegada que se produjo a plena luz del día.

No fue un episodio aislado. Tres días después, otra lancha rápida dejó a cerca de medio centenar de personas en Punta Negra, nuevamente en el término municipal de Cartagena. Igual que en el suceso de Cala del Barco, los bañistas contemplaron cómo los migrantes eran abandonados en tierra mientras la embarcación regresaba al mar. Algunos fueron encontrados después por la Guardia Civil deambulando por las zonas montañosas próximas.

Y el 26 de agosto volvió a ocurrir. Esta vez fueron alrededor de 50-67 personas las que llegaron a primera hora de la mañana a la Cala de los Dentoles, en pleno Parque Regional de Calblanque. Un agente medioambiental presenció el desembarco y alertó a Emergencias. La Guardia Civil había seguido la trayectoria de la embarcación y desplegó posteriormente un dispositivo para localizar a sus ocupantes. Era el tercer desembarco de características similares en apenas una semana, al que se ha unido una cuarta llegada este sábado también en Calblanque, con al menos 57 personas.

Evolución de las mafias: de la patera convencional a la 'patera-taxi'

La costa murciana forma parte desde hace años de la denominada ruta argelina del Mediterráneo occidental. Un corredor que conecta las costas de Argelia con Almería, Murcia, Alicante y, cada vez con mayor intensidad, Baleares.

Pero la transformación más relevante no es solamente geográfica. Es también tecnológica y empresarial. Las organizaciones criminales han ido sustituyendo las pequeñas embarcaciones tradicionales por lanchas neumáticas o semirrígidas de gran potencia, capaces de realizar la travesía en pocas horas. Son las conocidas como 'pateras-taxi': el patrón realiza el trayecto, desembarca a los pasajeros a plena luz del día en calas turísticas y regresa con la embarcación para volver a utilizarla. De esta manera, las mafias conservan el activo más valioso de la operación y multiplican los viajes.

Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA) desarrollada en agosto de 2026, ha permitido comprobar hasta qué punto las mafias se han profesionalizado. La organización que ha sido desarticulada utilizaba embarcaciones de alta velocidad para transportar droga desde España hacia Argelia y, en el viaje de vuelta, introducir migrantes en la costa de la Región de Murcia a cambio de cantidades que oscilaban entre 6.000 y 10.000 euros por viajero.

La investigación descubrió embarcaciones ocultas y modificadas para dificultar su identificación, cambios de nombre y matrícula y un sistema de abastecimiento de combustible en alta mar conocido como 'petaqueo'.

El cambio de ruta también responde a una lógica conocida en el control migratorio: cuando aumenta la presión policial en un corredor, las redes buscan otro. Fuentes especializadas han señalado a elDiario.es Región de Murcia que el refuerzo de la vigilancia en determinados puntos de la costa argelina y española ha desplazado parte de la actividad hacia otros destinos, entre ellos Murcia y Baleares. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha advertido incluso de un posible “efecto globo” relacionado con la presión migratoria en Ceuta, que podría favorecer otras rutas del Mediterráneo occidental.

2026: un año de llegadas constantes a las costas de la Región

No existe un balance público único, actualizado día a día, que permita reconstruir con absoluta precisión todas las pateras que han llegado a la Región a lo largo de este 2026. La propia discusión política se ha visto condicionada por la diferencia entre los datos que maneja la Delegación del Gobierno y las estimaciones de organizaciones sindicales y del Gobierno regional.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) situaba en 112 las embarcaciones registradas en la Región hasta el 26 de agosto, prácticamente todas en el litoral de Cartagena, y aseguraba que el número de personas duplicaba el del mismo periodo de 2025. El Gobierno regional, por su parte, manejaba una estimación superior a 2.000 personas llegadas por vía marítima durante los ocho primeros meses del año, aunque reconocía expresamente que no eran datos oficiales.

La Delegación del Gobierno rechaza, sin embargo, la idea de una situación “descontrolada” y recuerda que en episodios anteriores se registraron oleadas mucho mayores. Como ejemplo, aludió a noviembre de 2017, cuando en un solo día las autoridades interceptaron y rescataron cerca de la costa murciana a 519 personas a bordo de 49 pateras, según los datos del entonces delegado del Gobierno en la región, Francisco Bernabé, que calificó los hechos de “ataque sin precedentes”. La cronología conocida de 2026 permite, no obstante, observar una presión sostenida.

¿Puede detectar la Guardia Civil las 'pateras-taxi'?

En la Región de Murcia está operativo el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), una red tecnológica operada por la Guardia Civil para vigilar las fronteras marítimas, controlar la inmigración y frenar el narcotráfico. Sus radares de largo alcance permiten detectar embarcaciones sospechosas y seguir su trayectoria. De hecho, en el desembarco del 22 de agosto en la Cala de los Dentoles, la Delegación del Gobierno aseguró que el SIVE detectó previamente la lancha y permitió seguirla hasta la costa.

El problema aparece cuando la embarcación ya está en las proximidades de tierra. Las nuevas 'pateras-taxi' utilizan hasta cuatro motores fueraborda de enorme potencia que, conjuntamente, pueden alcanzar los 2.000 caballos, según los portavoces de la AUGC. Frente a esa capacidad, las organizaciones profesionales de guardias civiles denuncian su falta de medios. Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha denunciado recientemente que solo una de las cuatro embarcaciones asignadas al Servicio Marítimo estaba operativa durante los últimos desembarcos en las costas murcianas, al tiempo que reclama más personal y medios —concretamente, 700 agentes adicionales en la Región— para luchar contra las mafias que trafican con personas y drogas.

En respuesta a estas críticas, el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, ha recordado que desde el 13 de agosto opera en aguas murcianas, con carácter exclusivo, un buque de altura de la Guardia Civil integrado en la Operación Spain 2026 de Frontex, al que se suma desde el pasado domingo una Patrullera Media de Navegación Sostenida desplazada desde Barcelona y, desde este viernes, la recuperación de la embarcación semirrígida S-40 que se encontraba en revisión. Lucas sostiene que estos refuerzos mejoran la capacidad de detección temprana, vigilancia e interceptación, pero también resultan esenciales para las operaciones de rescate, ya que las redes de tráfico de personas, cuando perciben que van a ser interceptadas, pueden arrojar al mar a los ocupantes más vulnerables.

El choque político: cuatro discursos sobre la misma costa

El Partido Popular ha convertido las llegadas de agosto en una denuncia frontal contra la gestión del Gobierno central. El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras (PP), ha endurecido en los últimos días su discurso y reclama ahora que el Ejecutivo de Pedro Sánchez active “todos los medios necesarios, incluidos los militares”, para reforzar la vigilancia de las costas y ejercer un efecto disuasorio frente a las embarcaciones rápidas utilizadas por las mafias. López Miras sostiene que ya no se trata de las tradicionales pateras, sino de “narcolanchas” de hasta 1.400 caballos de potencia, tripuladas por encapuchados que, según denuncia, llegan “con total impunidad” a las playas murcianas.

El presidente regional acusa al Gobierno central de “pasividad e inacción”, habla de un “descontrol total” y advierte de que la situación “no deja de agravarse día a día”. Además del despliegue extraordinario de medios militares, ha reclamado un refuerzo urgente de la Guardia Civil, mayores recursos tecnológicos para detectar y seguir las embarcaciones en tiempo real y una mayor implicación de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex).

La portavoz regional del PP, Miriam Guardiola, también ha reclamado la dimisión del delegado del Gobierno en Murcia al considerar que existe una incapacidad para controlar las llegadas y evitar que Murcia se convierta en una “puerta de entrada de las mafias”.

Lucas, por su parte, defiende que el Ejecutivo central está reforzando los medios disponibles en la Región y niega que exista una situación de “avalancha” u “oleada de pateras”. Además, acusa a López Miras de ofrecer una visión “distorsionada e interesada” de la situación y de utilizar políticamente un asunto que, a su juicio, requiere “compromisos serios” y coordinación entre administraciones. De hecho, Lucas ha tendido la mano al presidente autonómico para celebrar un encuentro que permita abordar de manera conjunta la respuesta ante la inmigración ilegal, petición que desde el PP han rechazado alegando que Lucas “se ha equivocado de puerta”, mientras le emplazaban “a llamar a la del ministro del Interior”.

En la línea de Francisco Lucas, el PSOE sostiene que la respuesta policial está funcionando y acusa al PP de utilizar la inmigración para generar “miedo, descontrol e inseguridad” y “alimentar discursos racistas”. La portavoz socialista Isabel Gadea ha destacado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuentan actualmente con las mayores plantillas de su historia

Vox adopta el discurso más duro. Su portavoz en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, ha reclamado más medios marítimos, la expulsión de quienes hayan entrado irregularmente y ha descrito las llegadas como una “invasión” y un supuesto “acto de guerra híbrida”.

En el caso de Podemos-Izquierda Unida, la coalición ha puesto el foco principalmente en los menores. La portavoz de Podemos, María Marín, ha acusado al Gobierno regional de no asumir adecuadamente sus obligaciones legales de acogida y ha defendido que la atención a los menores extranjeros no acompañados debe abordarse desde los derechos humanos y no como una cuestión de confrontación política. Por eso, ha reclamado al Ejecutivo autonómico que cumpla la legislación de extranjería y asuma su responsabilidad en la acogida.

¿Las costas de la Región frente a una nueva realidad?

Las operaciones policiales de junio y agosto en las costas murcianas ofrecen pruebas sólidas de la profesionalización de organizaciones criminales capaces de utilizar “embarcaciones rápidas, potentes y reutilizables, con logística de combustible, comunicaciones y vínculos con el narcotráfico”, tal y como advierten el Gobierno regional, los sindicatos policiales y colectivos del mar como la Cofradía de Pescadores de Cartagena, cuyo patrón mayor, Bartolomé Navarro, ha sido de los primeros en advertir de la “audacia y sofisticación” de estas redes criminales tras presenciar el abordaje de una lancha rápida a un pesquero en alta mar.

Es decir, las mafias están apostando por menos improvisación y más velocidad: lanchas potentes, pasajeros transportados como mercancía, desembarcos rápidos, abandono de los ocupantes y regreso inmediato de los patrones. En ocasiones, además, la misma infraestructura sirve para transportar droga en sentido contrario. Y eso plantea una pregunta mucho más compleja que “¿cuántos inmigrantes han llegado?”.

Porque, en esa batalla, la inmigración irregular es solo una parte del problema. La otra —y probablemente la más importante desde el punto de vista de la seguridad— es el crecimiento de unas redes criminales transnacionales que han convertido el Mediterráneo en una autopista para personas en situación irregular y drogas. Ahí, el Departamento de Seguridad Nacional (DNS), un órgano de asesoramiento político y técnico al servicio de la Presidencia del Gobierno y de los máximos órganos estatales en materia de seguridad, advierte en sus informes de que la Región de Murcia ya es uno de los puntos calientes de la costa mediterránea para el asentamiento de las mafias.

La Región de Murcia recupera para la vigilancia de sus costas una embarcación semirrígida S-40, que hasta este viernes permanecía averiada. Además, desde el pasado 13 de agosto, un Buque de Altura de la Guardia Civil integrado en la Operación Spain 2026 de Frontex (Operación Indalo) desarrolla su actividad con carácter exclusivo en aguas de la Región de Murcia. Su propósito es reforzar los medios del Servicio Marítimo Provincial en su lucha contra las redes de tráfico de seres humanos y el rescate de inmigrantes.

“La presencia permanente de este medio naval mejora sustancialmente la cobertura marítima e incrementa las posibilidades de detección temprana, vigilancia de amplias áreas marítimas, interceptación de embarcaciones, lucha contra las redes de tráfico de seres humanos y apoyo a los restantes medios marítimos desplegados en la zona”, ha explicado el delegado del Gobierno, Francisco Lucas. También, desde el pasado domingo, la Guardia Civil cuenta con una Patrullera Media de Navegación Sostenida enviada desde Barcelona.

Ante las informaciones publicadas y las críticas vertidas desde algunos sectores políticos y sindicales, el delegado del Gobierno ha defendido el esfuerzo del Ministerio del Interior por enviar nuevos recursos a la Región y la operatividad de esta embarcación: “La experiencia acumulada demuestra que las redes dedicadas al tráfico ilícito de inmigrantes adoptan comportamientos para dificultar la actuación policial cuando perciben la inminencia de una interceptación y llegan a arrojar al mar a los ocupantes más vulnerables. Por eso, en muchos casos, la interceptación se convierte en un rescate. En ese contexto, estas embarcaciones proporcionan mejores capacidades de permanencia en zona, seguridad de navegación, recuperación de náufragos, asistencia humanitaria inicial y coordinación de dispositivos de rescate”, ha explicado.

Lucas ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a la población, y ha asegurado que la llegada de embarcaciones con inmigrantes irregulares no es nada nuevo en la Región de Murcia. “Tampoco es nuevo el uso partidista que algunos hacen del tema. Pero eso no quiere decir que estemos sufriendo una avalancha ni una oleada de pateras. Ni que, como dice el presidente regional, los inmigrantes de Ceuta vengan hacia aquí. Esta es una región segura en la que combatimos con eficacia a las mafias y, al mismo tiempo, damos cobertura humanitaria a los más vulnerables”, ha añadido Lucas.

Finalmente, el delegado del Gobierno ha lamentado el rechazo del presidente regional a mantener una reunión para coordinar esfuerzos en este sentido: “Mi petición responde exclusivamente a un ejercicio de responsabilidad, no porque comparta esa visión distorsionada e interesada que hace el presidente de la situación de la inmigración irregular en la Región de Murcia. Su negativa, argumentando que se trata de una competencia exclusiva del Gobierno de España, cosa que es falsa, evidencia su escaso compromiso y, fundamentalmente, que no le importa la seguridad de la Región o el bienestar de los ciudadanos, sino el uso de este asunto como otra excusa más para atacar al Gobierno de España”, ha concluido.

La vuelta a las aulas en la Región de Murcia se acerca con temperaturas que siguen superando los 30 grados en algunos centros educativos y con un requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que ha reclamado a la Consejería de Educación información sobre el estrés térmico en 23 centros además de que subsane las condiciones denunciadas en uno de ellos.

El organismo ha emitido un requerimiento a Educación después de que UGT pusiera en su conocimiento la situación del CEIP Santa María de Gracia de Murcia, donde las deficiencias de una instalación eléctrica antigua impiden utilizar con normalidad los equipos de climatización, según ha denunciado el sindicato. La Inspección ha instado a la Consejería a actuar y a cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el Real Decreto 486/1997.

El caso llega a las puertas del nuevo curso: los docentes se incorporarán a los centros el 1 de septiembre y los alumnos comenzarán las clases el día 8.

UGT considera especialmente significativo que la normativa invocada por la Inspección lleve vigente casi tres décadas. “Hemos tenido tiempo de adaptar los centros educativos y el calor cada vez es más sofocante”, señala la responsable de Enseñanza de UGT Servicios Públicos, Toñi Del Vas, que reclama un plan integral para abordar la situación.

La normativa establece, para los locales donde se desarrollan trabajos sedentarios propios de oficinas o similares, que la temperatura no debe superar los 27 grados. Sin embargo, los registros realizados en centros educativos murcianos muestran que las aulas pueden encontrarse varios grados por encima de ese umbral. “Estamos superando con holgura los 31 grados, ahora llega la vuelta a las clases y seguimos con un estrés térmico que sufren alumnado y personal docente”, denuncia Del Vas.

Termómetros que registran la temperatura cada hora

La situación ha sido monitorizada durante los últimos meses por Sterm, el sindicato de estudiantes y la FAPA Juan González a través del denominado grupo de calor. Las organizaciones instalaron termómetros digitales en una treintena de centros educativos.

“Son termómetros que miden la temperatura cada hora y tienen cierta consistencia”, explica Andrés Martínez, portavoz de Sterm. Según los datos recogidos por el colectivo, este miércoles se registraban alrededor de 30 grados en varios centros, mientras que la situación se repite en buena parte de los colegios e institutos monitorizados.

Los registros más elevados de este miércoles se produjeron en el IES Carthago Spartaria de La Palma, en Cartagena, con 32,7 grados, seguido del CEIP Virgen de la Fuensanta de La Alberca, con 32,6, y del IES Marqués de los Vélez de El Palmar, con 32,5.

El grupo de calor decidió además trasladar la situación a la Inspección de Trabajo. La denuncia se presentó de forma conjunta con UGT y CCOO, relata Andrés Martínez, con el objetivo de que el organismo analizara las condiciones de estrés térmico existentes en los centros señalados.

Para Sterm, el problema no se limita a las temperaturas puntualmente alcanzadas durante una ola de calor, sino a la falta de una estrategia permanente para adaptar los edificios educativos.

Una ley para obligar a climatizar los colegios

La respuesta que plantean las organizaciones no pasa únicamente por instalar aparatos de aire acondicionado en los centros donde se registran temperaturas más elevadas. El pasado mes de julio quedó registrada en la Asamblea Regional una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para promover una ley que establezca un plan de infraestructuras y climatización de los centros educativos murcianos.

La iniciativa se encuentra ahora pendiente de que la Mesa de la Asamblea se reúna en septiembre y determine si admite la propuesta a trámite. En caso de que prospere, sus impulsores podrán comenzar la recogida de firmas necesaria para llevar adelante la iniciativa.

El objetivo es que la futura norma obligue a realizar una auditoría del estado de las infraestructuras educativas, determine las necesidades de cada centro y establezca un calendario de actuaciones urgentes y periódicas.

89 millones para climatizar las aulas

La Comunidad Autónoma anunció el pasado junio el Plan ClimaTIZA, con una inversión prevista de 89 millones de euros, con el objetivo de climatizar todas las aulas de la Región antes de 2030; y durante este verano, la Consejería de Educación ha ejecutado obras en 38 centros educativos, algunas de ellas destinadas a mejorar el confort térmico, además de actuaciones en cubiertas, instalaciones solares y ampliaciones, señalan desde este departamento.

Para UGT, estas intervenciones resultan “insuficientes” ante las necesidades de la red educativa regional. El sindicato reclama conocer qué actuaciones concretas se han realizado durante el verano y qué partidas presupuestarias se han destinado a combatir el calor. “Sin presupuestos da igual que López Miras diga que hay un Plan ClimaTIZA sin partidas presupuestarias concretas”, afirma Del Vas.

Una embarcación con medio centenar de personas a bordo ha desembarcado este miércoles en el Parque Nacional de Calblanque, en el municipio de Cartagena. Los migrantes han llegado alrededor de las siete de la mañana, a Cala de los Dentoles, conocida como Cala Dorada, ubicada entre Cala Reona y la playa Calblanque.

“La Guardia Civil ha monitorizado su trayectoria y ha activado un dispositivo para interceptar a sus ocupantes”, han explicado desde Delegación del Gobierno en la Región de Murcia. “Próximamente, serán puestos a disposición de la Policía Nacional”.

Se trata del tercer desembarco en dos semanas de características similares en la Región de Murcia. El pasado 19 de agosto, una lancha rápida dejó a 62 personas en Cala del Barco, en Cabo Tiñoso. Tres días después, el 22 de agosto, otra embarcación alcanzó Cala Dentoles, en Calblanque con 49 personas a bordo, nueve de ellas menores.

Tras la llegada de este miércoles, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado que se reunirá el Consejo de Gobierno este jueves: “Otra lancha rápida con inmigrantes ha llegado esta mañana a las costas de la Región con total impunidad”, ha denunciado.

Estas llegadas recientes, junto a la situación de Ceuta, han reavivado el debate político de las llegadas de migrantes por mar en esta Comunidad. Esta semana, López Miras exigió por carta a Pedro Sánchez más medios policiales para hacer frente a las mafias que se mueven “sin control” en las costas murcianas. De acuerdo con el jefe del Ejecutivo regional, el presidente del Gobierno aún no ha respondido a su misiva.

Por su parte, el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, solicitó este martes una reunión con López Miras, una “oportunidad de demostrar su colaboración para combatir la inmigración irregular”. Una mano tendida que, por el momento, el Gobierno regional ha optado por ignorar: “El Gobierno regional siempre está abierto al diálogo, pero esperamos también conocer la disposición del presidente del Gobierno de España porque es quien tiene las competencias en materia de seguridad e inmigración”, han señalado fuentes de la Comunidad al diario local La Opinión.

Desde Podemos han afeado el “discurso alarmista” alimentado por el Gobierno Regional: “No estamos ante una invasión, por mucho que al Gobierno regional y a la ultraderecha de Vox les interese repetirlo una y otra vez. Ellos solo quieren hablar sobre inmigración para no hablar, por ejemplo, de la vuelta al cole a colegios sin aire acondicionado, de las listas de espera de la sanidad pública o de los incendios que hemos padecido este verano y que sí son de su responsabilidad”, ha denunciado el portavoz morado Víctor Egío.

Egío ha recordado que la Región está aún “muy lejos” de las llegadas de migrantes de los años 2020 y 2021, cuando arribaron a las costas regionales en torno a 4.000 personas. “En 2026 no hemos llegado ni a la mitad”, ha proseguido. Podemos ha exigido, en este sentido, “mecanismos de solidaridad” entre todas las comunidades autónomas “para la acogida de estas personas mientras se tramitan sus solicitudes de asilo”.

“No tiene sentido que el Gobierno regional bloquee todas las iniciativas para el reparto de los menores de Ceuta cuando la Región de Murcia es otro punto principal en las rutas migratorias, y nosotros también podemos vernos en la necesidad de repartir algunos de los migrantes que llegan a nuestras costas y van a seguir llegando”, ha concluido el portavoz.

A los 86 años de edad, ha fallecido el catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Murcia (UMU) y exalcalde socialista del Ayuntamiento de Murcia entre 1983 y 1987, Antonio Bódalo. “Murcia despide con profundo pesar a quien fue referente de nuestro municipalismo”, ha recordado la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, quien ha dicho de Bódalo que puso “su vida al servicio público y siguió sirviendo a su Ayuntamiento hasta el final”.

El Consistorio, además, ha decretado tres días de luto oficial por el fallecimiento del exalcalde. “Las banderas oficiales ya ondean a media asta en señal de respeto y duelo”, ha escrito Rebeca Pérez en su cuenta de X.

Nacido en Nerpio en 1940 cuando esta localidad albaceteña todavía integraba la provincia de Murcia, se licenció en Ciencias Químicas en 1963 y veinte años después aterrizó como primer edil en el Ayuntamiento de la capital. Miembro del Partido Socialista de la Región de Murcia, Bódalo fue el segundo alcalde de la ciudad tras la restauración de la democracia, sustituyendo a José María Aroca RuizFunes. Aunque consiguió el bastón de mando con mayoría absoluta, solo se mantuvo un mandato al frente de la alcaldía, que pasaría después al también socialista José Méndez.

“Nos ha dejado un excelente compañero y uno de los mejores alcaldes que ha tenido Murcia”, ha escrito sobre Bódalo el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz Maciá.

Antes de desembarcar en la Glorieta, ejerció como director general de Universidades de la Región de Murcia (1982-83). Y tras su paso por el Ayuntamiento asumió la Consejería de Administración Pública (1991-93) en el Gobierno regional, presidido por el socialista Carlos Collado.

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas Ayala, también ha tenido unas palabras para Bódalo en su cuenta de X, a quien ha calificado como “una figura clave en la transformación del municipio de Murcia”.

Bódalo, además, fue vicerrector de Investigación (1990-91), director del Departamento de Ingeniería Química (2005-2010), vicedecano del Consejo General de Colegios de Químicos de España (2003-2012), presidente la Asociación de Químicos de Murcia y decano del Ilustre Colegio Oficial de Químicos de Murcia (1995-2019). Y tras su jubilación, profesor emérito de Químicas.

En Los Mateos, un barrio popular de Cartagena, en la Región de Murcia, la contaminación no es un recuerdo del pasado industrial de la ciudad portuaria, sino una realidad muy presente. Para los vecinos que viven junto a la Unidad de Actuación número 1 (UA1), se traduce en polvo tóxico que entra por las ventanas de sus casas y en una sucesión de denuncias y promesas de descontaminación que se prolonga desde hace años.

La situación ha enfrentado a residentes y administraciones y ha convertido la parcela municipal afectada en el epicentro de una batalla vecinal por la salud, la transparencia y el derecho a vivir sin miedo.

El terreno en cuestión fue adquirido en 2023 por el Ayuntamiento de Cartagena para construir 40 viviendas sociales que pretendían ser financiadas con fondos europeos Next Generation. Entonces aún no era de dominio público la existencia de informes previos a la compra que advertían de niveles de plomo, cadmio, mercurio o arsénico, procedentes de antiguos usos industriales y vertidos en la zona, hasta 2.600 veces superiores a los niveles de referencia. Pero el Ayuntamiento de Cartagena sí lo sabía. Y el Gobierno regional de Fernando López Miras, también.

Es lo que aseguran los vecinos que, en 2025, accedieron a documentación técnica que revelaba que la Administración local —entonces, como ahora, bajo el Gobierno de la popular Noelia Arroyo— y la autonómica, conocían la situación antes de la adquisición.

Plomo en la sangre analizada de todos los vecinos

La Plataforma Suelos Contaminados de Cartagena, el colectivo Afectados y afectadas por la contaminación de la UA1-Los Mateos y la Asociación de Vecinos del Sector Estación, trabajan conjuntamente desde hace años para que se haga valer la protección de la salud de los vecinos. El portavoz de esta última, Fulgencio Sánchez, ha asegurado a elDiario.es Región de Murcia que “pese a los numerosos escritos y solicitudes de acceso a la información pública ambiental presentados, jamás se advirtió a los vecinos de los riesgos existentes”. “El oscurantismo ha sido total. No hemos sido informados ni protegidos, mientras el Ayuntamiento y la Dirección General de Medio Ambiente disponían desde 2023 de informes que documentaban concentraciones extraordinariamente elevadas de metales y metaloides —elementos químicos con propiedades intermedias entre los metales y los no metales— con potencial tóxico y cancerígeno para los residentes de las viviendas del entorno inmediato”, asegura Sánchez.

Como el resto de los vecinos, él se enteró de que vivía junto a acopios de tierra contaminada en 2025. “Durante todo ese tiempo seguimos viviendo junto a la parcela sin conocer a lo que estábamos expuestos. Hoy, esos contaminantes también están dentro de nuestras viviendas”, denuncia.

Ante la falta de información por parte de las administraciones públicas, los vecinos han encargado análisis de la tierra y el polvo doméstico que arrojan cantidades escalofriantes: 8.370 miligramos de plomo por kilo de tierra seca (mg/kg), cuando los valores normales no deben superar los 43 mg/kg; 78 mg/kg de cadmio, cuando en suelos no contaminados este valor debe ser inferior a 0,6 mg/kg; 56,3 mg/kg de arsénico, cuando no debería superar los 12 mg/kg; 53,9 mg/kg de antimonio, cuando no es aceptable un valor superior a 1 mg/kg; y 7,3 mg/kg de mercurio, cuando en España la normativa fija el límite permitido en 1,4 mg/kg.

Según los informes solicitados por los afectados a laboratorios independientes, el polvo que entra en sus viviendas y respiran cada día entraña “riesgos no aceptables” tanto de carcinogénesis (mutación de células normales en cancerosas) como de toxicidad para órganos vitales como riñones, hígado o cerebro. Un riesgo que es especialmente grave para la población infantil.

Los afectados han solicitado en numerosas ocasiones que desde el sistema público de salud se hicieran análisis rutinarios a las personas expuestas. Ante la negativa, algunos vecinos han accedido a ser biomonitorizados con cargo a su propio bolsillo. El resultado de sus análisis es demoledor: se han detectado valores elevados de plomo en la sangre de todos los residentes analizados, incluido un valor de 12,0 microgramos por decilitro (µg/dL) en un menor. A partir de 3.5 μg/dL se considera un nivel elevado y de alerta para la salud.

Amianto: una preocupación añadida

Al problema de los metales pesados se ha añadido recientemente el descubrimiento de otro especialmente peligroso, el amianto, que ha elevado todavía más la preocupación en el barrio.

Según la documentación aportada por los afectados, el 3 de febrero de 2026 quedó confirmada analíticamente la presencia de amianto crisotilo en materiales de la UA1. Los vecinos reclaman que se determine con claridad si se ha producido dispersión de fibras de asbesto fuera del foco localizado y cómo se ha controlado su posible mezcla con polvo y tierras.

Al respecto, Fulgencio Sánchez recuerda que el amianto es un agente cancerígeno “y seguimos sin conocer si se ha investigado de forma suficiente si lo estamos respirando”. Para el portavoz vecinal, “pedimos algo tan sencillo como poder estar en nuestras casas sin miedo al polvo que entra por las ventanas”, señala. Sánchez lamenta no haber recibido “una información preventiva clara y comprensible sobre la peligrosidad de los residuos ni sobre cómo proteger a nuestras familias”.

Los afectados no hablan de un miedo abstracto. En una sola calle del barrio hay actualmente siete personas con cáncer, algunas en tratamiento oncológico y otras en cuidados paliativos, además de vecinos con otras enfermedades graves. “Somos conscientes de que cada enfermedad tiene su historia clínica, pero la exposición que sufrimos a una contaminación conocida desde hace años y la falta de una protección eficaz, hacen que no podamos contemplar estos hechos por separado”, dice Sánchez.

El origen de la contaminación

Para entender qué ocurre hoy en Los Mateos hay que retroceder hasta finales del siglo XX. El origen del problema está en una finca prácticamente colindante, El Hondón, uno de los grandes espacios industriales de Cartagena donde se fabricaban fertilizantes y otros productos químicos que aún hoy siguen contaminando la tierra y el aire.

En estos terrenos profundamente alterados por décadas de actividad química, las fábricas, entonces en manos del grupo Ercros, cerraron definitivamente a finales de 2001. Documentos a los que ha tenido acceso elDiario.es Región de Murcia describen que allí quedaron siete balsas y once acopios de residuos, entre ellos lodos de fosfatos con radionucleidos naturales y residuos procedentes de metales pesados.

Entre 2003 y 2004, Ercros se desprendió de los terrenos de su antigua factoría a dos empresas —Landscape y Construcciones Reyal— interesadas en su transformación urbanística. El Plan Parcial del Sector El Hondón, aprobado definitivamente en 2008, afectaba a unos 975.000 metros cuadrados y contemplaba un desarrollo residencial de gran dimensión, junto a zonas verdes, equipamientos y nuevas infraestructuras. La planificación llegó a prever alrededor de 5.400 viviendas, de las que unas 540 serían protegidas.

Sobre el papel, El Hondón estaba llamado a convertirse en una nueva pieza de la expansión urbana de Cartagena. El problema era que debajo de ese futuro barrio seguían estando los residuos de la antigua industria.

La crisis del ladrillo del 2008 provocó la quiebra de las empresas propietarias de los terrenos de El Hondón, que los terminaron perdiendo. Hasta que, en junio de 2018, con Ana Belén Castejón como alcaldesa de Cartagena por el PSOE, el Consistorio dio un paso decisivo para retomar la operación urbanística y acordó comprar a Solvia —inmobiliaria bajo el amparo del Banco Sabadell para gestionar sus activos adjudicados— una parcela de 180.821,55 metros cuadrados por 500.000 euros. Con la adquisición, el Ayuntamiento pasaba a controlar aproximadamente el 75% de los terrenos de El Hondón. Aquello se presentó como una oportunidad para desbloquear el desarrollo de una de las principales bolsas de suelo de Cartagena. Pero un suelo que seguía estando envenenado.

Una descontaminación que acabó en los tribunales

En 2019, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia inició la declaración de El Hondón como suelo contaminado y señaló a Ercros como responsable, a la que exigió la limpieza y recuperación del emplazamiento. Como responsables subsidiarios quedaron también los propietarios, entre ellos el Ayuntamiento de Cartagena.

Ercros recurrió la decisión y la batalla llegó a los tribunales. En septiembre de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia desestimó el recurso de la compañía y avaló la declaración de suelo contaminado. Dos meses después, el mismo tribunal volvió a dar la razón a la Administración al rechazar otro recurso de Ercros contra los requerimientos para modificar el proyecto de remediación. La sentencia establece que la recuperación debe abordar los residuos industriales y contempla su retirada o, cuando proceda, su confinamiento, antes de considerar resuelto el problema.

La disputa no se ha limitado a cómo descontaminar, sino también a quién debía pagar. Ercros recuerda que el Ayuntamiento es el propietario mayoritario del suelo de El Hondón y que en su día dedujo del precio de compra más de diez millones de euros, precisamente para hacerse cargo de la descontaminación que ahora se reclama a la empresa; el Consistorio, por su parte, mantiene que debe aplicarse el principio de que “quien contamina, paga”.

La gran pregunta que queda pendiente es quién asumirá al final los costes de descontaminación, cómo se hará y cuánto tiempo más tendrá que esperar Cartagena para que un antiguo espacio industrial deje de ser también un problema ambiental.

¿Qué se sabía de la contaminación en Los Mateos?

En el caso de Los Mateos, a escasos 200 metros de El Hondón, la parcela fue adquirida en junio de 2023 por la sociedad municipal Casco Antiguo de Cartagena. Los terrenos pertenecían a Técnica de Inversiones Gamma S.L., una promotora vinculada a la familia del empresario cartagenero Mariano Roca, fallecido ese mismo año. La intención del Ayuntamiento era destinarla a la construcción de 40 viviendas sociales gracias a una subvención europea (a la que, finalmente, el consistorio ha tenido que renunciar).

Unos meses antes de la compra, en marzo de 2023, la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) elaboró un estudio de caracterización de ese suelo, cuyos resultados mostraban concentraciones muy elevadas de determinados tóxicos. Concretamente, valores de cadmio, plomo, mercurio y arsénico muy superiores a los umbrales de referencia establecidos para la contaminación de suelos en la Región de Murcia.

Dos meses después, en mayo, otro informe elaborado por la consultora Hera Holding para el Ayuntamiento concluyó que los residuos existentes en la parcela suponían un “peligro no aceptable” para la salud de los vecinos de las viviendas colindantes, según la información publicada sobre el expediente.

Es decir, cuando el Ayuntamiento tomó la decisión de adquirir los terrenos, ya disponía de información que apuntaba a la existencia de un problema ambiental de considerable magnitud. Y aun así, compró.

200.000 euros de descuento

La adquisición se cerró finalmente por 437.279 euros más IVA. La diferencia respecto a los 637.279 euros inicialmente previstos —200.000 euros— correspondía a la cantidad que el Ayuntamiento estimó necesaria para hacer frente a la descontaminación.

El propio Consistorio defiende que esa cantidad se calculó mediante informes técnicos municipales y que el precio pagado estaba respaldado por tasaciones oficiales. En septiembre de 2025, Casco Antiguo aseguró que el precio de adquisición fue de 269,38 euros por metro cuadrado, inferior a los 414,66 euros por metro cuadrado por los que el Ayuntamiento había vendido en 2008 su 10% del aprovechamiento urbanístico en esa misma unidad de actuación.

Pero existe otro dato que ha alimentado la controversia. Un informe de Hera Holding fechado el 1 de junio de 2023, apenas una semana antes de la compraventa, habría estimado en torno a 540.000 euros el coste necesario para la descontaminación.

Ahí aparece una de las preguntas clave: si los responsables municipales conocían una estimación de descontaminación sustancialmente superior a los 200.000 euros descontados del precio, ¿por qué se utilizó esta última cifra?

El Ayuntamiento mantiene que la primera estimación técnica disponible era de unos 200.000 euros y que la evolución posterior del proyecto explica el incremento del presupuesto.

Descontaminar, pero ¿cómo?

El Ayuntamiento sostiene que, una vez frustrado el proyecto de construcción de las viviendas, puso en marcha la descontaminación de la parcela. La obra fue finalmente adjudicada en octubre de 2025 a Jumabeda S.L., única empresa que presentó oferta, por 434.985,14 euros, frente a un presupuesto de licitación de 535.273,60 euros.

Pero el inicio de los trabajos abrió otro frente de conflicto. En febrero de 2026, la Guardia Civil comenzó a investigar, a través del Seprona, si los trabajos se estaban realizando conforme a la normativa ambiental, después de denuncias relacionadas con la actuación sobre el terreno.

Al respecto, Antonio Fernández, otro portavoz vecinal, explica que la autorización del Ayuntamiento para la retirada de residuos peligrosos de la parcela municipal, “no puede convertirse en una autorización para que nuestras casas se llenen de polvo que contiene sustancias tóxicas y cancerígenas y contaminen los lugares donde vivimos, dormimos y crecen nuestros hijos”.

Para este vecino, lo más difícil de aceptar es que muchas de las medidas para evitar esta exposición estaban previstas en la propia documentación de la obra, como la humectación y nebulización del terreno, el control del viento y la paralización de trabajos en condiciones desfavorables, la cubrición e impermeabilización de acopios, la limpieza de ruedas y viales, el control de lixiviados y de las aguas de contacto, el confinamiento perimetral y la vigilancia ambiental. Sin embargo, asegura que los vecinos han documentado repetidos episodios “en los que estas medidas no se aplicaban de forma efectiva o suficiente”.

Una operación urbanística en manos de Anticorrupción

En 2025, la Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena presentó una denuncia contra la alcaldesa Noelia Arroyo, la entonces responsable de Urbanismo y ex alcaldesa Ana Belén Castejón y otros miembros del consejo de administración de Casco Antiguo que participaron en la decisión de la compra de la parcela en Los Mateos.

La denuncia planteaba posibles delitos de prevaricación, malversación y delitos relacionados con el medio ambiente y la salud de las personas. En agosto de ese mismo año el Juzgado de Instrucción número 2 de Cartagena admitió la denuncia. Meses después, en diciembre, la magistrada decidió elevar las actuaciones a la Fiscalía Anticorrupción y a la Fiscalía de Medio Ambiente para que elaboren un informe previo sobre la posible relevancia penal de los hechos.

Mientras tanto, los vecinos que siguen viviendo al otro lado de la valla siguen a la espera de saber por qué una parcela que los informes técnicos describían como problemática terminó siendo adquirida para construir viviendas; qué ocurrió antes de la compra, qué se sabía, quién tomó las decisiones y cómo se protegió —o no— a quienes vivían junto al terreno. Piden que se explique por qué se descontaron 200.000 euros del precio cuando existía, según la documentación publicada, una estimación de 540.000 euros para la descontaminación. Y, sobre todo, necesitan garantías de que la propia limpieza no generará nuevos episodios de exposición; de que van a dejar de respirar veneno.

La teoría evolutiva tradicional explica que la forma de la pelvis humana surgió del difícil equilibrio entre dar a luz a niños con cabezas de gran tamaño y la necesidad de caminar sobre dos piernas. Esta hipótesis, conocida como el 'dilema obstétrico', acaba de ser cuestionada por los hallazgos del yacimiento de la Sima de las Palomas del Cabezo Gordo, en el municipio murciano de Torre Pacheco; y en la Cueva de Dederiyeh en Siria, que han probado que el dilema evolutivo no radica entre el parto y la bipedalidad.

El estudio, publicado este martes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), ha reconstruido y analizado de forma virtual dos pelvis neandertales casi completas, procedentes de ambos yacimientos. La evidencia sugiere que el verdadero conflicto existe entre el parto y la estabilidad del suelo pélvico. Aunque las regiones internas de la pelvis relevantes para el parto son notablemente similares entre los neandertales y los humanos modernos, las partes externas relacionadas con la locomoción presentan diferencias. Esto sugiere que la eficiencia al caminar no fue la restricción principal que limitó el tamaño del canal del parto.

Tal y como han explicado los investigadores al frente del estudio, Christoph Zollikofer y Marcia Ponce de León, de la Universidad de Zúrich, en su presentación en Torre Pacheco, esta investigación desplaza nuestra comprensión de la evolución humana desde un relato sencillo de “parto frente a bipedia” hacia un modelo “multifactorial” más complejo, en el que la estabilidad, la locomoción y la maternidad desempeñan papeles competitivos en la configuración de nuestro organismo.

Según los investigadores principales, estos resultados ofrecen una “perspectiva más amplia que la hipótesis evolutiva tradicional”, lo que sugiere que nuestros antepasados estaban mucho mejor adaptados a sus estilos de vida singulares de lo que se había pensado anteriormente.

En el centro de estos hallazgos, la única pelvis completa que existe de una mujer neandertal, encontrada en la Sima de las Palomas y bautizada como 'Paloma' por los investigadores.

A pesar de presentar diferencias en sus formas pélvicas, los neandertales y los humanos modernos comparten patrones similares de dimorfismo sexual, lo que indica que los desafíos a la hora de dar a luz a niños con cabezas grandes manteniendo al mismo tiempo la estabilidad del suelo pélvico han sido una constante durante cientos de miles de años.

Tres décadas de excavaciones

El estudio también pone en duda la hipótesis tradicional de la adaptación al frío de los neandertales, ya que se ha demostrado que la relación superficie-volumen de su pelvis se encuentra dentro del rango de variación del ser humano moderno.

Más de tres décadas después de que comenzaran las primeras excavaciones, la Sima de las Palomas continúa siendo una referencia internacional en el estudio de los neandertales. Los hallazgos principales de este yacimiento son los huesos y dientes de al menos trece individuos neandertales, procedentes de diferentes niveles de estratos de entre 130.000 y 50.000 años de antigüedad, útiles de sílex musterienses y restos faunísticos.

“Todavía no lo puedo entender / No sé bien como pasó / (...) Te recordaré en mi cazadora de cuero”, con estos versos se despedía un jovencísimo Jam Albarracín de un ídolo del punk, Sid Vicius, en el año 1979. Acababa de fundar Farmacia de Guardia, el grupo que más tarde sería uno de los grandes referentes de la contracultura en la Región de Murcia y el resto del país. Casi medio siglo después, Jam ha fallecido a los 66 años en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia, donde permanecía ingresado desde hacía dos semanas. Deja un legado de quien ha vivido por y para la música. Sus familiares, amigos, compañeros y admiradores lo despiden este lunes desde las 12 en la sala 8 del tanatorio de Jesús, en el barrio murciano de Espinardo. A las 19 horas tendrá lugar una ceremonia civil en el mismo lugar.

Nacido en Caravaca de la Cruz en 1960, Albarracín vivió dos vidas dentro de la escena cultural: primero como cantante, bajista y compositor, después como cronista musical, documentando medio siglo del panorama cultural de la comunidad autónoma que lo vio nacer. Farmacia de Guardia fue todo un grupo de referencia del punk-pop, donde Jam vivió de lleno La Movida, compartiendo escenario con Alaska y los Pegamoides, o siendo versionado por Loquillo. El bajo le llegó de casualidad, mientras repartían instrumentos en un piso de estudiantes con sus compañeros de grupo: Pepe Evangelio, José Luis Roca y Pepe Kayllo. Crítico, sin pelos en la lengua, sus versos fotografiaron una Murcia y una España deprimida económicamente, con una juventud que, como él, estaba desencantada.

La banda se disolvió en 1998, pero Albarracín siguió creando, reciclándose como productor y poniendo las primeras piedras para la profesionalización del sector musical en la Región de Murcia. Dirigió la agencia de management Rockway y en vísperas de los 2000 formó parte de la multinacional discográfica BMG. En este periodo, contribuyó a la creación de grupos como Overdrive, Anónimos o Abuela Dinamita.

Pero muchos lo recordarán en su etapa como periodista, comenzando sus andadas con las letras en 1995, en el complemento juvenil 'Evasión'. Piedra a piedra, se convirtió en todo un referente del panorama musical de la Región de Murcia, publicando en el diario local La Verdad y colaborando con medios de tirada nacional como Efe Eme, el portal musical Bythefest o Mússica.Info. Tenía una pluma ácida, rozando lo caústico, veraz y certera: “Este verano nos va a liquidar a unos cuantos, a mí el primero”, adelantó en sus redes sociales el propio Jam, tres días antes de su muerte.

Fue un periodista con olfato, con la sabiduría del que también ha estado sobre los escenarios, del que ha sido compañero de los músicos sobre los que escribía crónicas: “En este mundillo donde lo fácil es sonreír y darte una palmadita en la espalda, siempre encontré en Jam una voz honesta para hablar de mis canciones, de las cosas que le gustaban, y lo que es más importante (o no tan común), de lo que no”, recuerda el cantante murciano Carlos Vudú en sus redes sociales.

No todo fue prensa escrita, también dio el salto a la radio, siendo director y presentador del programa radiofónico 'Stereojam', del portal digital murciarock.com y, a lo largo de ocho temporadas en la década de los 2000, del espacio televisivo 'La Jam Evasión'.

En 2023, fue galardonado con el Premio Leyenda en los Premios de la música Narciso Yepes, un reconocimiento a toda una vida al servicio de la música. Con su muerte, el panorama musical murciano pierde voz y pluma, a su cronista y retratista cultural más fiel y apasionado.

El pasado 23 de julio, el termómetro alcanzó los 44,7 grados en Caravaca de la Cruz y 44,5 en Zarcilla de Ramos, en Lorca. No se trata de una previsión ni de una estimación: son datos oficiales de la AEMET que dan muestra de la severidad con la que el calor aprieta en el verano murciano. Ese asfixiante día, el Ayuntamiento de Murcia también activó su Plan de Emergencia Municipal ante el aviso rojo por temperaturas que alcanzaron valores peligrosos para la salud.

El problema no es únicamente superar los 40 grados. Es hacerlo cada vez con mayor frecuencia y durante episodios que pueden prolongarse varios días; con noches tropicales (por encima de los 20 grados), cuando no tórridas (por encima de los 25), en las que el cuerpo apenas tiene oportunidad de recuperarse. Y el calor puede costar vidas. Según el sistema español de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), el pasado julio acabó con la vida de 35 personas en la Región de Murcia.

¿Las más vulnerables? Personas mayores, menores, las que padecen enfermedades crónicas, las que no tienen hogar y las que habitan viviendas mal aisladas o no pueden permitirse climatizarlas y, por tanto, soportan una exposición muy distinta a la de quienes disponen de aire acondicionado y recursos para escapar del calor.

Por eso las ciudades han empezado a crear una nueva infraestructura urbana: los refugios climáticos. Y sí, también en los municipios de esta comunidad autónoma las administraciones están habilitando este tipo de espacios para refugiarse del calor extremo. El problema es que la mayoría bajan la persiana precisamente cuando más falta hace. Es la paradoja murciana y revela una contradicción difícil de ignorar.

¿Qué es un refugio climático?

Una persona joven, sana y con una vivienda bien climatizada afronta un episodio de calor extremo de un modo radicalmente distinto que una persona mayor que vive sola, alguien con una enfermedad crónica, un niño pequeño, una persona sin hogar o una familia que no puede asumir el coste de mantener el aire acondicionado encendido durante horas. Cuando no todo el mundo puede convertir su vivienda en un refugio cuando el calor se vuelve insoportable, los refugios climáticos aparecen como una solución pública y gratuita.

La propia red municipal de Murcia —que los presenta como una medida de adaptación al calentamiento global— los define como espacios accesibles con una temperatura confortable, destinados a proporcionar descanso y seguridad durante episodios meteorológicos extremos, especialmente a colectivos vulnerables. Pueden ser interiores —bibliotecas, museos, edificios municipales o centros culturales— o exteriores, como parques y jardines con abundante vegetación, sombra y agua.

La idea es sencilla: si la ciudad se convierte temporalmente en un entorno hostil por el calor, debe existir una red de lugares donde la población pueda protegerse. Una solución que tiene que estar pensada desde la perspectiva de quien necesita utilizarla: ¿Está cerca? ¿Se puede llegar andando? ¿Tiene sombra el trayecto? ¿Está climatizado? ¿Hay agua? ¿Puede acceder una persona con movilidad reducida? ¿Está abierto por la tarde? ¿Y el fin de semana?

Porque, sobre todo, para que esos refugios sean realmente útiles deben cumplir una regla básica: tienen que estar operativos.

30 de 48 refugios, cerrados todo agosto

El Ayuntamiento de Murcia dispone actualmente de 94 refugios climáticos distribuidos por barrios y pedanías. Son bibliotecas, centros culturales, edificios municipales, jardines y otros espacios públicos que ofrecen condiciones más confortables durante los episodios de temperaturas extremas. La localización puede consultarse a través de la aplicación ‘TuMurcia’, habilitada por el consistorio.

La investigación realizada para este reportaje ha puesto el foco en 48 de esos recursos y ha revisado sus horarios y periodos de cierre. El resultado es revelador: 30 de ellos permanecen cerrados durante todo agosto.

Once de estos espacios son bibliotecas. Diez cierran durante todo agosto. Entre ellas figuran las de El Palmar, El Carmen, Santiago el Mayor, San Basilio, El Raal, El Puntal, Guadalupe, Javalí Nuevo, La Ñora y Sangonera la Verde. Solo una de las bibliotecas analizadas, la de Puente Tocinos, permanece abierta de lunes a viernes durante agosto, pero solo de 9 a 14 horas.

La situación se repite, de forma todavía más contundente, en los centros culturales de las pedanías. La base de datos recoge 20 centros culturales. Diecinueve permanecen cerrados durante todo agosto. Es el caso de Javalí Nuevo, Javalí Viejo, Valladolises, Llano de Brujas, El Raal, San Pío X, Guadalupe, La Raya, La Alberca, Zeneta, Los Ramos, Churra, Monteagudo, El Esparragal, La Arboleja, La Albatalía, Puebla de Soto, Zarandona y Santiago y Zaraiche. La excepción, el Centro Cultural de Corvera, también permanece cerrado durante la mayor parte de agosto, pero recupera la actividad el día 29.

De entre los espacios que sí mantienen actividad, los museos presentan mayor continuidad, aunque con limitación de horarios. La Cárcel Vieja abre durante agosto en horario de mañana, aunque permanece cerrada la semana del 12 al 18. El Espacio Molinos del Río funciona de lunes a viernes por la mañana. El Museo de la Ciencia y el Agua mantiene su apertura matinal. El Palacio Almudí abre de lunes a viernes y el Teatro Romea mantiene actividad en algunos días concretos. El Teatro Circo, sin embargo, aparece como cerrado durante agosto.

Los mercados de abastos mantienen, según la investigación, sus horarios habituales de lunes a sábado, lo que convierte a estos espacios en uno de los recursos con mayor continuidad durante el mes.

El problema, por tanto, no es que Murcia carezca de refugios. Es que una parte importante de ellos no está operativa cuando más falta hace.

Murcia y la paradoja del mes más caluroso

Que una biblioteca o un centro cultural cierren en agosto no es extraño. La contradicción aparece cuando esos mismos espacios son presentados como parte de una red de protección frente a temperaturas extremas y permanecen cerrados durante el mes central del verano. La lógica impone que si un edificio cumple una función de protección climática, su calendario responda también al calendario del riesgo climático. Especialmente, cuando agosto es uno de los meses críticos del verano murciano y, precisamente, la población vulnerable no suele marcharse de vacaciones.

Por eso la eficacia de una red de refugios no puede medirse únicamente por el número que aparece en un mapa, si no por cuántos están abiertos y son verdaderamente útiles cuando el termómetro aprieta. elDiario.es Región de Murcia ha pedido al equipo de Gobierno municipal de Rebeca Pérez (PP), una valoración respecto a esta investigación. Aún no ha sido proporcionada.

Pero no todo son malas noticias. La capital regional se ha sumado recientemente a HEATSAFE, un proyecto europeo del programa Interreg Euro-MED cuyo objetivo es mejorar la capacidad de las ciudades mediterráneas para prevenir y gestionar los riesgos del calor extremo. También desarrolla desde 2017 el Plan Sombra, destinado a instalar pérgolas y elementos de sombra en patios escolares y en el que se han invertido ya más de 1,7 millones de euros.

Cartagena: tres fuentes para un cuarto de millón de personas

En el caso de Cartagena, su ayuntamiento también ha optado por unirse a las estrategias de adaptación en las que trabaja el proyecto europeo HEATSAFE. El consistorio de la ciudad portuaria trabaja en la identificación de zonas especialmente vulnerables en los barrios más expuestos y recuerda a vecinos y visitantes que “cualquier edificio municipal abierto al público puede utilizarse para resguardarse temporalmente de las altas temperaturas, descansar unos minutos o solicitar ayuda en caso necesario”.

Las mismas fuentes municipales también aseguran que Cartagena “dispone de fuentes de agua fría” para facilitar la hidratación de la población. Sin embargo, este recurso básico para prevenir la deshidratación y los golpes de calor no parece demasiado ajustado a las características de la ciudad: con 222.559 habitantes y una previsión de llegada de 32.004 cruceristas este agosto —sin contar con los turistas que llegarán por otros medios—, esas “fuentes de agua fría” se limitan a tres. Son las ubicadas en la Plaza Juan XXIII, en la calle Alfonso XII, junto a la Oficina de Turismo, y en las llamadas Puertas de Madrid, al lado de la parada de taxis.

Desde la oposición al Gobierno municipal de Noelia Arroyo (PP), la concejala del partido local Movimiento Ciudadano de Cartagena, Mercedes Graña, califica de “incomprensible” que el ayuntamiento “no garantice algo tan elemental como el acceso a agua potable refrigerada en los espacios escolares”. Esta redacción está a la espera de respuesta de si el ejecutivo local tiene previsto ampliar el número de fuentes públicas en la ciudad e incluirlas en las escuelas.

El factor político: negacionismo que limita la adaptación al calor

La adaptación de las ciudades también tiene una dimensión política. La Región de Murcia no iba a ser una excepción, y aquí Vox también mantiene una posición abiertamente crítica respecto al calentamiento global y sus efectos. En 2020, cuando el Gobierno de López Miras declaró la emergencia climática y ambiental, Vox Murcia anunció que no apoyaría la medida, que calificó de “trampa ideológica”, y exigió dejarla sin efecto.

Cabe recordar que el Partido Popular, que no cuenta con mayoría suficiente, necesita a Vox para sacar adelante los presupuestos autonómicos. Precisamente, el acuerdo para aprobar los de 2025, actualmente prorrogados, incluyó puntos de condena al Pacto Verde Europeo. Y muchas de las mociones impulsadas por Vox y apoyadas por el PP en la Asamblea Regional de Murcia suponen recortes o limitación de fondos destinados a planes de transición ecológica y cambio climático.

Así que parece legítimo preguntarse sobre las consecuencias de que una formación imprescindible para la mayoría parlamentaria regional cuestione el marco de políticas climáticas en el que se apoyan los programas de adaptación de las ciudades al calor, que requieren inversión: la necesaria para plantar árboles, crear sombras, renaturalizar plazas, rehabilitar viviendas, mejorar el aislamiento, climatizar edificios públicos, instalar fuentes, adaptar colegios y crear sistemas de atención para las personas más vulnerables. Medidas de adaptación climática que, quizás, hubieran podido salvar alguna de esas 35 vidas que el calor extremo segó hace solo unas semanas en la Región.

La Enza Negra nació como un grupo terrorista. Ficticio, eso sí: lo dibujó el ilustrador murciano Magius hace una década, pero este 2026 se ha materializado en una entidad real, aunque, conviene decirlo pronto, sin los atentados ni los sacrificios humanos. Y es que ser murciano nunca ha sido del todo una identidad: como mucho un acento, una denominación de origen o un estigma. En la Región gobierna el Partido Popular sin respiro desde 1995 y el murcianismo político rara vez ha pasado de rareza de peña de amigos o de bar universitario, y aquí, lo ha dicho el propio Magius, vive “la región menos independentista de España”.

A principios de diciembre de 2025, el dibujante hizo un llamamiento en redes sociales convocando un “foro político para hablar de la cultura y la identidad murciana” en el café Ficciones de la calle Fuensanta de Murcia. Se reunieron algo más de una treintena de personas: un número modesto para fundar una patria, pero nada desdeñable para un acto sin más reclamo que la palabra identidad. De aquella reunión salió algo más que una sobremesa. Semanas después, ya en 2026, la Enza Negra tenía documento fundacional, camiseta y página web. A la broma le habían salido estatutos.

Donde el chiste deja de serlo y la Enza Negra se presenta al mundo es en su documento R.O.S.E.N, su carta fundacional. La portada, diseñada en caracteres rúnicos y, en el centro, un sol de seis puntas naciendo de una media luna; el propio texto aclara que el símbolo está tomado de una estela del rey sumerio Ur-Nammu, de cuatro mil años de antigüedad, la gente que abrió las primeras acequias. Debajo, nueve rulas, reglas, un Consejo de Personas Buenas con zabacequieros y licero calcado del medieval Consejo de Hombres Buenos, y una república federal que ha de levantarse de abajo arriba, barrio a barrio y parroquia a cantón, hasta rematar en un supra-cantón: el Cantón Murciano, como el de 1873.

Lo llamativo más que el envoltorio arqueológico, es la tesis que lo sostiene. La segunda rula declara a los murcianos fruto de argares, iberos, romanos, sirios, árabes, catalanes y castellanos amontonados en la misma raíz; la sexta le declara la guerra al “españolismo cerrado y excluyente”. Es decir: una identidad murciana cuyo cimiento es, exactamente, la mezcla.

“Un querer, algo que tienes dentro”

Cinco meses antes de aquel foro del mes de diciembre, en julio de 2025, la Región de Murcia había ocupado titulares internacionales por el motivo contrario al de la mezcla, la inclusión y la multiculturalidad. Entre el 10 y el 15 de aquel mes, tras la agresión a un vecino de 68 años, por la que se detuvo a tres jóvenes de origen magrebí, Torre-Pacheco vivió varios días de violencia contra personas y negocios migrantes, en un municipio donde cerca de un tercio de los habitantes son extranjeros y buena parte sostiene, con su trabajo, la agricultura intensiva de la comarca. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atribuyó los altercados a grupos de extrema derecha, Vox incluido; la Fiscalía llegó a investigar al líder murciano de Vox, José Ángel Antelo, por endosar la culpa a PSOE y PP. Nada permite trazar una línea recta entre una cosa y otra, y la Enza Negra tampoco la traza. Pero el contraste cuesta de ignorar: en la misma región y el mismo año, una parte de Murcia salió a excluir y otra, se juntó en un café para decidir que ser murciano consistía, sobre todo, en ser de muchos sitios a la vez.

Bajo el envoltorio arqueológico hay una posición política nítida, y de izquierdas. La Enza Negra se reclama heredera de Antonete Gálvez y del cantonalismo murcianista de 1873, republicano y federal, y aspira, en palabras de Magius, a “un republicanismo de izquierdas y un federalismo de una república construida de abajo hacia arriba”. El nombre apunta hacia esa misma tierra: enza no tiene traducción exacta al castellano; “un querer, algo que tienes dentro”, dice, y negra remite al color del suelo fértil, el que se esconde bajo el surco.

Magius tiene su propia explicación de por qué en Murcia lo propio pesa tan poco. Habla de que “hay vergüenza de ser murciano” y de desidia: “La huerta se la han cargado fácilmente y la gente no lo aprecia; no hay un sentimiento de colectividad”. Y remonta el desapego a la posguerra: Murcia fue zona republicana, hubo una fortísima represión, se fusiló y se purgó a maestros y a cargos públicos, y para cubrir los huecos se trajo a gente de fuera que, dice, acabó copando la universidad y los altos puestos de la cultura. De ahí viene, dice, un desprecio institucional por lo autóctono que todavía colea: el panocho degradado, de dialecto a una mera “mala forma de hablar castellano”; al Cantón olvidado pese a que Murcia “fue precursora” de lo que hoy son las autonomías.

Lo revelador es contra quién se define. No solo contra Madrid, también contra el otro “cantonalismo”. Según Magius, el “falso cantonalismo al que refiere el cartagenerismo”, al que acusa de haberse quedado con el nombre y nada más. “El cantonalismo de 1873 era murcianista; el de Cartagena de hoy es anti-murcianista, es todo lo contrario”, resume. Recuerda que el Partido Cantonal de Cartagena lo fundaron gentes de Falange y que, de los 44 municipios de la Región, solo reivindica el suyo.

Y se define, también, contra el “centralismo disfrazado de igualdad”. La idea de que un país deba ser centralista “para que todo el mundo sea igual” confunde, explica Magius, la igualdad entre territorios con la única que de verdad importa: la que hay, o no hay, entre clases sociales. De poco sirve invocar la igualdad de los españoles, viene a decir Enza Negra, cuando Murcia arrastra un transporte público pésimo, una inversión mínima en sus ciudadanos y, entre otros cuerpos funcionariales, unos bomberos mal pagados. Su veredicto sobre la gestión es lapidario: “A lo mejor sí es la mejor tierra del mundo, pero los que la administran son los peores administradores del mundo”.

Cultura murciana “del siglo XXI”

No es, con todo, un nacionalismo nostálgico. Frente a los colectivos que, dice, “se han quedado anclados en el siglo XIX y no avanzan”, la Enza Negra reclama un folclore “súper activo” y una cultura murciana “del siglo XXI, que es donde tiene que estar”: la huerta, la acequia, la historia, la lengua, pero con un lavado de cara. El panocho ocupa aquí un lugar central, una mezcla medieval de catalán, aragonés, castellano, mozárabe y árabe que nunca ha sido oficial ni siquiera dialecto reconocido, y su reivindicación, insiste, es cultural, no impositiva: libros, canciones, estudio universitario.

Magius no es el único que ha decidido, en estos últimos tiempos, que la murcianidad podía significar otra cosa. Casi en paralelo, sin sol sumerio ni consejo de acequieros, otro colectivo mete la mano en el mismo cofre (la huerta, el panocho, el traje, las jotas) y lo abre por una costura distinta: la del género. Se llama Achocuir y se presenta como un colectivo interseccional LGTBIQA+ que reivindica a la vez la diversidad sexual y el folclore de la Región. Su tesis, temeraria en uno de los territorios más conservadores de España, es que la disidencia no solo cabe en el folclore: es absolutamente imprescindible.

En noviembre de 2025 celebraron su primer festival, con talleres, música y baile en plena Huerta de Murcia bajo un emblema que lo dice todo: el “Huertane”, collage cuir de un huertano y una huertana decimonónicos. Ahí se condensa el traje regional, rígidamente partido entre los zaragüelles del hombre y el refajo de la mujer, descosido y vuelto a montar. Y no van solos: forman parte de una ola de “orgullo rural” con parientes en Galicia, el País Valenciano, Extremadura o La Rioja, que en los últimos años reclama el campo, y no solo la ciudad, como territorio de la diferencia.

Enza Negra y Achocuir tiran de los mismos hilos hacia la izquierda, pero a lugares distintos. Uno construye hacia arriba: una nación, un consejo, una república, un mito. El otro desmonta hacia dentro: los cuerpos, los roles, los cuidados; ni patria ni institución, sino una tradición liberada de sus corsés. Donde Enza Negra quiere una murcianidad del siglo XXI, Achocuir pregunta de quién ha sido esa murcianidad hasta ahora.

Puede que Enza Negra no pase de nota a pie de página en la bibliografía de Magius: una treintena de personas y nueve reglas no fundan una nación, pero ha puesto en el centro una pregunta que en Murcia casi nadie se hacía (qué significa ser de aquí), y ha dejado muy claro que las preguntas que la izquierda se deja sin contestar, ya lo vimos el verano pasado, las acaba contestando otro.

Hay palabras que terminan diciendo demasiado poco. Mena es una de ellas. Cuatro letras que aparecen a diario en el debate político, en los titulares y en las redes sociales y que, sin embargo, pueden acabar ocultando quiénes hay detrás: menores de edad. Un acrónimo que no explica de dónde vienen, qué dejaron atrás ni qué esperan encontrar al llegar a España. Tampoco cuenta el miedo de cruzar el mar siendo adolescente, la incertidumbre de desembarcar en un país desconocido o la dificultad de empezar de nuevo cuando todavía no se ha terminado de crecer.

Ibrahim conoce bien esa sensación. Llegó a España con 15 años, solo y después de cruzar el Mediterráneo en patera. En la ciudad marroquí de Beni Melal, situada entre el Atlas Medio y la llanura de Tadla, en el centro del país, quedaron sus padres y hermanos. Aquí, para recibirle, ni un solo adulto de referencia. “Durante la travesía no dejaba de pensar en qué me iba a ocurrir cuando pusiera los pies en tierra”, cuenta a elDiario.es Región de Murcia.

Ahora es mayor de edad y trabaja como barbero en el municipio murciano de Molina de Segura. Cuando mira atrás, recuerda sobre todo el miedo de aquellos primeros momentos y “la sensación de encontrarme por primera vez en la vida completamente solo y en un lugar desconocido del que no sabía más palabras que la alineación del Barça”, sonríe. La historia de Ibrahim ayuda a entender qué hay detrás de la etiqueta que domina buena parte de la discusión política.

La última crisis migratoria —y humanitaria— de Ceuta, en la que según la ONG Caminando Fronteras al menos 141 personas han muerto ahogadas en el mar, ha vuelto a poner el foco sobre un sistema de protección que las comunidades autónomas reclaman reforzar. En la Región de Murcia, el Gobierno autonómico advierte de que sus recursos están tensionados y pide más financiación y coordinación al Estado.

Pero el debate se desarrolla en un clima político cada vez más áspero. Vox ha convertido la acogida de menores extranjeros no acompañados en uno de los principales ejes de su discurso migratorio en la Región. Desde su reclamación de que los centros de acogida para menores “se abran en Marrakech, no en la Región de Murcia”, hasta pedir para ellos “el billete de vuelta”, los representantes de Abascal en esta comunidad autónoma —como en otras— estigmatiza a la infancia vulnerable, llegando a pedir el abandono de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Entrar en el sistema de protección

En Murcia, como en el resto de comunidades autónomas, la llegada de un menor extranjero no acompañado activa un sistema que pertenece al ámbito de la Protección a la infancia, no al de Extranjería. Cuando un adolescente es localizado sin referentes familiares, la Administración autonómica asume su tutela y debe garantizar alojamiento, alimentación, educación, asistencia sanitaria, apoyo psicológico y acompañamiento hasta la mayoría de edad.

Pero para quien acaba de llegar, el procedimiento administrativo es solo una parte de la historia. Ibrahim recuerda que, después de la travesía en patera, la primera parada fue la del auxilio inmediato, a cargo de Cruz Roja: “Me dieron una manta, zumos y un bocadillo que me comí mientras no paraba de llorar”, recuerda este joven. Luego pasó por un proceso de identificación, valoración de la edad y una revisión médica antes de ser trasladado a un recurso residencial más estable. En su caso, el centro de menores tutelados Rosa Peñas, en la pedanía murciana de Santa Cruz.

Ahí empezó una etapa que —cuenta— le “cambió la vida”: “Me preparó para tener las oportunidades que no existían para mí en mi pueblo”. Allí aprendió castellano, normas de convivencia, a recuperar rutinas y a compartir espacios. Retomó los estudios y aprendió el oficio del que hoy vive.

Un camino en el que fueron básicos educadores y trabajadores sociales, psicólogos, personal sanitario y profesionales de formación e inserción laboral que forman parte de los equipos que acompañan a estos adolescentes. El objetivo, al menos sobre el papel, no es únicamente protegerlos durante unos meses. Es prepararlos para cuando dejen de estar bajo tutela.

Una discusión política que deja poco espacio para sus historias

Según la capacidad ordinaria fijada por el Estado para los sistemas autonómicos de protección, a la Región de Murcia le correspondían 517 plazas de referencia en el momento en que se elaboró el artículo. En junio de 2026 el Gobierno central actualizó esa capacidad y fijó para Murcia 553 plazas.

La cifra se ha convertido en uno de los puntos de fricción entre Murcia y el Gobierno central. El Ejecutivo autonómico reclama que se tenga en cuenta la ocupación real de los recursos, el coste de la atención y la presión que soporta la Región por las llegadas directas y las derivaciones. Una confrontación política que se produce mientras el sistema intenta atender a adolescentes que, como Ibrahim, no tienen capacidad para resolver por sí mismos buena parte de los problemas a los que se enfrentan.

Solo durante el mes de julio llegaron a la Región 132 menores por vía marítima, a los que se suman los derivados por el Gobierno central desde Canarias y Ceuta y los trasladados al antiguo Hospital Naval de Cartagena. Este centro, gestionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, alberga a más de un millar de menores, pese a que su capacidad inicial era de 600 personas.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha advertido de que la Región no puede asumir más menores migrantes no acompañados y reclama mayor coordinación e información previa entre administraciones.

Vox va más allá. La formación rechaza frontalmente la acogida y defiende el retorno de los menores a sus países de origen, mientras les criminaliza vinculando el debate migratorio con la seguridad o les culpa de las dificultades del acceso de los españoles a los servicios públicos, como la sanidad.

En ese escenario, el término “mena” corre el riesgo de convertirse en el protagonista de una discusión en la que los propios menores apenas tienen voz.

Youssef, Mamadou e Ibrahim: tres historias detrás de una etiqueta

Como Ibrahim, Youssef también salió de Marruecos siendo apenas un niño. Su objetivo era trabajar y ayudar económicamente a su familia. Igual que el de Mamadou, que llegó a las costas de Águilas desde su Senegal natal después de cruzar varias fronteras. El viaje fue tortuoso y todavía sufre sus consecuencias: unas terribles pesadillas relacionadas con lo vivido durante el camino.

Tres historias diferentes y un punto en común: ninguno de ellos llegó a España con la vida resuelta. Los profesionales que trabajan con estos jóvenes insisten precisamente en esa idea. “Son adolescentes. Tienen las mismas preocupaciones que cualquier joven: estudiar, hacer amigos, encontrar un trabajo, independizarse…”, explica una trabajadora de la Fundación Diagrama.

La organización gestiona programas de inserción para menores extranjeros no acompañados y distintos recursos residenciales, entre ellos los hogares “SuñuKeur” —“nuestra casa”, en lengua wólof— y “Ankaso Alguazas”.

Ahí, cada pequeño paso —una conversación en castellano, un título, unas prácticas, un primer empleo— puede marcar la diferencia entre depender de un sistema de protección o comenzar a construir una vida autónoma.

Cumplir 18: la tutela se acaba, la incertidumbre no

Cumplir 18 años es uno de los momentos más delicados para estos adolescentes. La tutela desaparece y pasan a ser legalmente adultos. El cambio administrativo es inmediato. La madurez personal, sin embargo, no funciona con la misma velocidad.

Por eso existen programas de emancipación y preparación para la vida independiente destinados a jóvenes tutelados y extutelados en riesgo de exclusión social.

En esta etapa resultan fundamentales la documentación, la formación y una red de apoyo. Quienes consiguen un empleo o continúan estudiando tienen más posibilidades de consolidar su proyecto de vida. Pero muchos se encuentran con otra carrera de obstáculos: acceder a una vivienda digna y encontrar un empleo estable en un mercado laboral que tampoco resulta sencillo para los jóvenes que han crecido aquí.

Más allá de cifras y etiquetas

La discusión sobre la migración seguirá basándose en cifras. Habrá que seguir debatiendo sobre plazas, recursos, financiación, competencias y reparto territorial. Es una parte imprescindible del problema y también de su solución.

Pero, mientras instituciones y partidos políticos discuten sobre estadísticas, derivaciones y endurecen sus posiciones, las historias de vida de chavales como Ibrahim, Youssef o Mamadou siguen transcurriendo, como pueden, al margen de los titulares.

Quizá por eso, cuando se habla de menores extranjeros no acompañados, convendría recordar qué hay exactamente detrás de esas cuatro palabras; que antes que un problema que repartir entre administraciones, son menores que, arriesgando sus todavía cortas vidas, llegaron solos huyendo del hambre, la guerra o la falta de oportunidades; y que necesitan protección y ayuda para dejar de estarlo.

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas a las que imputa delitos de adopción ilegal, estafa y usurpación de identidad, implicados presuntamente en una trama cuyo objetivo sería la entrega irregular de una niña de casi 2 años de edad para culminar un proceso ilegal de adopción al margen de los procedimientos administrativos establecidos, y previo pago de una importante cantidad de dinero.

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad de la Región de Murcia informó al Grupo de Menores de la Jefatura Superior de Policía de Murcia que los servicios sociales dependientes del Ayuntamiento de Totana habían detectado un posible caso de adopción ilegal entre dos familias de origen hondureño, y que incluso la familia interesada había entregado hasta la fecha una cantidad de 20.000 euros a la madre de la menor.

Desde el nacimiento de la niña en el año 2024, la Dirección General de Familias, Infancia y Conciliación venía realizando un seguimiento y evaluación permanente de la situación familiar, estableciéndose diferentes procesos de intervención para garantizar su protección integral.

La investigación llevada a cabo desde el Grupo de Menores de la Policía Nacional permitió averiguar que los progenitores de la menor la habían ofrecido a una familia conocida, estableciéndose inicialmente una serie de pagos semanales y mensuales que les permitían visitar a la niña, asumiendo además todos los gastos relacionados con su manutención y crianza, así como de los presuntos trámites administrativos que se estaban realizando.

Además, la familia de origen estableció un mecanismo para hacer creer a la otra parte que el procedimiento estaba siendo realizado por una abogada especializada y que la supuesta directora de la guardería donde se encontraba la menor les confirmaría que todo el proceso era legal, llegando a recibir llamadas telefónicas falsas bajo la apariencia de legalidad.

Los agentes de la Policía Nacional, ante la grave situación de riesgo para la menor, en coordinación y colaboración permanente con los Servicios de Protección del Menor de la Consejería de Familia de la Región de Murcia, procedieron a la inmediata detención de los cuatro implicados, los progenitores y los aspirantes a la tutela irregular de la menor, imputándoles delitos de adopción ilegal, estafa y usurpación de identidad.

El hombre detenido por el asesinato de su expareja en el centro comercial Carrefour Infante, en Murcia, ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza. La jueza de la plaza número 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Lorca, con competencias en violencia sobre la mujer, acordó este sábado la medida, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU).

El detenido está siendo investigado por un delito de asesinato, con la agravante de parentesco, y otro delito continuado de quebrantamiento de condena. Durante su declaración ante la magistrada reconoció su participación en los hechos, según consta en la resolución judicial.

La jueza considera que existen “indicios consistentes que permiten atribuir al investigado la autoría” del crimen y justifica el ingreso en prisión por la gravedad de los delitos y por el riesgo de fuga, además de la necesidad de evitar que pueda volver a atentar contra bienes jurídicos protegidos. Según la magistrada, no existe otra medida cautelar que permita alcanzar esos objetivos sin comprometer gravemente el desarrollo de la causa.

El caso tiene además un antecedente judicial. El hombre había sido condenado en abril de este año por malos tratos sobre la misma mujer. La sentencia, dictada el 15 de abril por la magistrada de la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Murcia, le prohibía acercarse a menos de 500 metros de la víctima, de su domicilio, su lugar de trabajo o cualquier otro sitio en el que se encontrara, y también comunicarse con ella por cualquier medio durante 16 meses.

La condena, dictada por conformidad, incluía además 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad, 16 meses de privación del derecho a la tenencia y porte de armas y el pago de una indemnización de 310 euros. La pareja tenía una hija en común, de cinco años, cuya coustodia ha recaído en su abuela.

El crimen se produjo este miércoles en uno de los establecimientos del Carrefour Infante. La mujer, de 44 años, fue localizada sin vida en la zona de almacén de una zapatería del centro comercial, donde trabajaba el hombre investigado. Según fuentes vinculadas a la investigación, el presunto agresor la habría atacado con un arma blanca antes de abandonar el establecimiento.

Un compañero del negocio encontró el cuerpo después de que el hombre cerrara el establecimiento y se marchara del centro comercial. El 112 recibió el aviso alrededor de las 17.25 horas y los servicios sanitarios desplazados al lugar no pudieron hacer nada por salvar la vida de la mujer.

El sospechoso fue detenido durante la madrugada, alrededor de las 00.15 horas, en Puerto Lumbreras, cuando, según informó la Delegación del Gobierno, se disponía a desplazarse hacia Granada. La investigación ha corrido a cargo del Grupo de Homicidios y la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), con la colaboración de la Brigada Provincial de Policía Científica.

El procedimiento continuará en Murcia

El detenido fue puesto este sábado a disposición judicial en Lorca, al tratarse del partido judicial en el que fue arrestado. Una vez resuelta su situación personal, la investigación continuará en Murcia.

La magistrada de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Murcia, que había practicado el levantamiento del cadáver y abierto inicialmente diligencias por homicidio y quebrantamiento de condena, se inhibió a favor de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Murcia, competente para continuar la instrucción al haber ocurrido allí los hechos.

La jueza de Lorca ha acordado ahora inhibirse también a favor del Tribunal de Instancia de Murcia, por ser este el partido judicial en el que se produjo el crimen.

Las ostras planas que se cultivan de forma experimental en el Mar Menor han superado una de las pruebas más exigentes desde que comenzó el proyecto: su primer verano con elevadas temperaturas. Con el agua de la laguna alcanzando los 32 grados, los primeros resultados del seguimiento científico muestran una mortalidad muy baja, prácticamente similar a la registrada en otros periodos del año

Técnicos de la Asociación Naturalista del Sureste (ANSE) e investigadores del Centro Oceanográfico de Murcia del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) han realizado estos días un nuevo muestreo del piloto de cultivo en columna de ostra plana (Ostrea edulis) dentro del proyecto RemediOS-3, una actuación que busca evaluar tanto la capacidad de adaptación de la especie al cambio climático como su potencial para mejorar la calidad del agua.

“Estamos poniendo a prueba la resistencia de las ostras a las altas temperaturas del Mar Menor”, explica a elDiario.es Región de Murcia Marina Albentosa, investigadora del IEO-CSIC. La científica recuerda que en un proyecto anterior, desarrollado en 2023 en las Salinas de San Pedro, se alcanzaron temperaturas de hasta 34 grados y se observó una mortalidad preocupante durante los meses de junio y julio. “Ahora queríamos comprobar qué ocurría en los dos sistemas piloto que tenemos en el Mar Menor, tanto en el arrecife como en el cultivo en columna”.

Aunque el verano todavía no ha finalizado y el equipo continuará analizando la evolución de los ejemplares durante los próximos meses, los resultados iniciales son positivos. “Estamos satisfechos porque la mortalidad es muy pequeña, prácticamente como la de cualquier otro mes del año”, señala Albentosa, que destaca que estos datos aportan información clave sobre la capacidad de la especie para afrontar episodios de calor extremo.

Resiliencia térmica y estrategia frente al cambio climático

El seguimiento forma parte de un experimento de resiliencia térmica con el que los investigadores pretenden conocer qué ejemplares presentan una mayor capacidad de adaptación. Para ello, analizarán biomarcadores relacionados con la respuesta al estrés térmico y estudiarán las diferencias entre los distintos lotes de ostras. “Si identificamos el lote mejor dotado para resistir las altas temperaturas, podremos utilizarlo para su reproducción y desarrollar una estrategia frente al cambio climático”, explica la investigadora.

La recuperación de la ostra plana responde también a la importancia que esta especie tuvo históricamente en el ecosistema del Mar Menor. En los años ochenta la laguna albergaba alrededor de 135 millones de ejemplares de Ostrea edulis, un bivalvo filtrador que contribuía a mantener la calidad y transparencia del agua. La degradación ambiental, el exceso de nutrientes, el aumento de la temperatura y la pérdida de hábitat redujeron drásticamente sus poblaciones.

El proyecto trabaja con dos líneas complementarias. Por un lado, las ostras fijadas sobre bloques de arrecife actúan como estructuras capaces de generar hábitat y favorecer la biodiversidad marina. Por otro lado, el cultivo en columna está orientado a la bioextracción de nutrientes mediante un modelo de acuicultura restaurativa. “No se trata simplemente de cultivar animales, sino de hacerlo generando beneficios para el ecosistema”, señala la investigadora. Las ostras se alimentan filtrando microalgas, cuya proliferación está relacionada con el exceso de nutrientes en el agua.

La ostra, herramienta complementaria para recuperar el Mar Menor

El objetivo es que estos sistemas puedan convertirse en una herramienta complementaria para la recuperación del Mar Menor. “No son la solución única para recuperar la calidad del agua, pero sí una medida más dentro de un conjunto de actuaciones necesarias”, apunta Albentosa.

El proyecto RemediOS-3, que finalizará a finales de 2027, forma parte de la Mar Menor Oyster Initiative impulsada por el IEO-CSIC y cuenta con la participación de ANSE, la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia y la Fundación Estrella de Levante. Además, está apoyado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través del Programa Pleamar, y cofinanciado por la Unión Europea mediante el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).

Además, la actuación ha contado con la participación de WWF España, entidad colaboradora que ha cedido el uso de su catamarán WWF Solar para el desarrollo de los trabajos de campo. El catamarán solar de WWF España se ha revelado como “una plataforma especialmente adecuada para este tipo de muestreos en el entorno del Mar Menor, al facilitar el acceso a los módulos de cultivo en columna con una amplia superficie de trabajo, sin generar emisiones y con un impacto mínimo sobre la lámina de agua de la laguna”, señalan desde ANSE.

Lo que empezó como una mañana cualquiera en su centro de trabajo, una de las sedes de Cáritas en la Región de Murcia, se convirtió para Inmaculada —nombre ficticio para preservar su identidad—en uno de los días más aciagos de su vida. Llevaba una década desempeñando labores técnicas para la organización como trabajadora social. Sin imaginar lo que sucedería minutos más tarde, a mitad de la jornada recibió una llamada de sus responsables para mantener una reunión. “Tráete tu portátil, que lo mismo lo necesitamos”, le pidieron. Media hora después abandonó el edificio sin el ordenador, sin el teléfono móvil profesional y con una carta de despido en la mano. Le comunicaron que no regresara al día siguiente y que utilizara las vacaciones pendientes como periodo de preaviso.

Aquella mañana Inmaculada no fue la única trabajadora despedida. Más de una decena de compañeras recibieron la misma comunicación de forma consecutiva. “Prácticamente nos despidieron en fila”, recuerda. “Han hecho una escabechina con nosotras”.

Según las trabajadoras afectadas, desde octubre de 2025 Cáritas de la Diócesis de Cartagena ha ejecutado sucesivas oleadas de despidos que ya afectan a cerca de una treintena de empleados, la mayoría personal técnico especializado en intervención social, orientación laboral, educación, psicología, pedagogía y acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad. La mayor parte han sido despedidos mediante extinciones por causas objetivas de carácter económico.

La situación resulta especialmente llamativa en una comunidad autónoma donde la pobreza continúa creciendo. El Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en la Región de Murcia 2025, elaborado por la Fundación FOESSA, estima que más de 320.000 personas —uno de cada cinco habitantes de la Región— se encuentran en situación de vulnerabilidad o exclusión social.

“No nos dejaron ni despedirnos”

Más allá del despido, las trabajadoras que han hablado con elDiario.es Región de Murcia coinciden en denunciar la forma en la que este fue ejecutado. “Nos sentimos indefensas”, afirma Mónica, cuya identidad también pide que sea protegida. Según explica, la entidad les retiró de forma inmediata todos los medios de trabajo y les impidió regresar a sus puestos.

“No nos permitieron despedirnos de los usuarios, ni cerrar procesos ni hacer un traspaso de los casos”. La consecuencia, sostiene, fue que decenas de expedientes quedaron interrumpidos de un día para otro. “Temo que muchos de los usuarios, personas muy vulnerables, se hayan quedado sin atender desde entonces. Yo tenía usuarios citados esa misma tarde, y ni me dejaron avisarlos. Pero es que tampoco lo hizo nadie. Era mentira lo que nos decían de que las personas vulnerables tenían que estar siempre en el centro de la atención”.

Otra de las afectadas, Esperanza —también nombre ficticio—, coincide en esa sensación de ruptura abrupta. “Desde hacía semanas notaba vacío por parte de mis coordinadores. Se notaba que algo estaba pasando, pero no esperábamos esto”.

Las trabajadoras sostienen, además, que el uso de las vacaciones pendientes como periodo de preaviso les impidió recopilar documentación laboral o preparar adecuadamente una eventual reclamación judicial, ya que abandonaron su puesto de forma inmediata tras recibir la comunicación. “Han sido muy crueles”, resume Inmaculada. A pesar de ello, algunas de las afectadas ya han presentado una papeleta de conciliación ante el Servicio de Relaciones Laborales (SMAC) de la Región de Murcia, y no descartan acudir al Juzgado de lo Social si no se respetan sus derechos laborales.

Un conflicto laboral en una de las principales entidades sociales de la Región

Cáritas Diócesis de Cartagena constituye la principal organización de acción caritativa y social de la Iglesia católica en la Región de Murcia. La propia entidad define su misión como el acompañamiento a las personas más pobres y vulnerables, promoviendo “el desarrollo integral de la persona y la justicia social”.

Durante 2025 atendió a 84.342 personas a través de su red de 160 Cáritas parroquiales y territoriales, una cifra superior a la del año anterior. Más de la mitad de los hogares atendidos tenían menores a cargo y cerca de un tercio eran familias monoparentales.

Su actividad se financia tanto con recursos públicos como privados. Según los datos publicados por la propia organización, en 2025 gestionó un presupuesto de 13,59 millones de euros, de los cuales el 57,48% procedía de administraciones públicas europeas, estatales, autonómicas y locales, mientras que el resto correspondía a donaciones, empresas, entidades de economía social, herencias y legados.

Precisamente por el peso que desempeña en la red de protección social, los despidos han despertado preocupación entre parte de la plantilla y también entre representantes sindicales: UGT ya alertó públicamente de una posible ola de despidos y avisa sobre el impacto que esta reducción de personal puede tener sobre los programas de atención social de esta y otras ONG.

La extraña estrategia de Cáritas

Las cartas de despido comunicadas a las trabajadoras justifican las extinciones por causas económicas. Según la entidad, la decisión responde a un resultado negativo en sus cuentas superior a los 800.000 euros. Sin embargo, las afectadas alertan de que esa situación económica responde, precisamente, a decisiones estratégicas adoptadas por la propia dirección.

Concretamente, señalan que durante los últimos meses Cáritas ha ido renunciando por voluntad propia a distintos programas financiados mediante subvenciones públicas, especialmente del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS). Según explican, a finales de 2025 el Consejo Diocesano acordó poner fin a varios proyectos dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad.

Entre ellos citan Nazaret, desarrollado en Yecla y Jumilla; Medina Siyasa, implantado en Abarán, Blanca y Cieza; y un proyecto de empleo para colectivos vulnerables en Molina de Segura. A ello se habría sumado, ya en 2026, la decisión de no concurrir a nuevas convocatorias del IMAS para programas como Begastri, en Cehegín, o Emplearitas, en Alcantarilla y El Palmar. Las entrevistadas aseguran además que este mes de julio la organización dejará de participar en la financiación de La Casica de Colores, una escuela infantil de Cieza sostenida conjuntamente con el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma.

Y, lo más extraño: en primer lugar, algunos de los trabajadores despedidos estaban laboralmente vinculados a programas cuya financiación, afirman, estaba garantizada con fondos europeos hasta 2029; y, en segundo, Cáritas tiene abiertos en estos momentos varios procesos de selección de técnicos sociales y de gestión.

Cambio en el modelo de gestión

Las trabajadoras sitúan el origen del conflicto en un cambio de orientación impulsado por la nueva dirección de Cáritas.

En noviembre de 2025 el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, nombró como nuevo director a Jesús Martínez-Pujalte y designó secretaria general a Eva María Rabasco Hernández. Ambos proceden del ámbito de la empresa privada; él con experiencia en gestión de recursos humanos y ella, del sector bancario.

Las entrevistadas consideran que, desde entonces, la organización ha iniciado una transformación interna que reduce el peso de los equipos técnicos y otorga mayor protagonismo al voluntariado. Ahí, las profesionales recuerdan que gran parte de su trabajo consiste en tramitar ayudas, diseñar itinerarios de inserción laboral, intervenir con menores, coordinar recursos sociales o realizar seguimiento especializado de familias en riesgo de exclusión. Funciones que, recuerdan, requieren una formación específica.

“La media de edad de las personas voluntarias que colaboran en mi centro es de 70 años”, explica Esperanza. “Una cosa es realizar un acompañamiento, pero ¿cómo van a poder asumir la enorme carga de trabajo de los técnicos, que además requiere formación cualificada?”.

Las trabajadoras denuncian “limpieza ideológica”

Más allá de las cuestiones organizativas, algunas de las trabajadoras consultadas sostienen que los despidos obedecen también a un cambio ideológico en la dirección de la entidad. Se trata de una acusación que no ha sido acreditada documentalmente y que Cáritas no ha reconocido.

Las entrevistadas afirman que “la extrema derecha se ha instaurado en la dirección de la organización” y que existe un patrón en la selección de las personas despedidas que hace que “no se fijen en la antigüedad del trabajador, ni en el coste del despido”. “Casualmente, los afectados somos personas de talante más progresista y laico”, aseguran estas fuentes, que también sostienen que entre los despedidos predominan empleados que habían mostrado una actitud reivindicativa respecto a sus derechos laborales.

Asimismo, interpretan que el nuevo modelo pretende recuperar el protagonismo de las parroquias: “Quieren centrar la atención social a través de las iglesias, bajo el control de los curas, no en los actuales centros, que van a terminar cerrando”.

Esta redacción se ha puesto en contacto con la sede central de Cáritas en Madrid para recabar su versión sobre las denuncias realizadas por las extrabajadoras de esta organización. Desde la capital de España se nos ha remitido a la sede provincial de Cáritas en Cartagena, cuya responsable de prensa, a su vez, ha asegurado a elDiario.es Región de Murcia que no tienen “nada que declarar sobre ese asunto”.

Temor por los que se quedan atrás

Las afectadas insisten en que su principal preocupación no es la pérdida del empleo, sino el impacto que los despidos puedan tener sobre las personas atendidas. “Los trabajadores somos números para ellos, pero lo más grave es que los usuarios también. Muy cristiano todo”, ironiza con amargura una de ellas.

De hecho, consideran que la salida simultánea de decenas de profesionales especializados dificulta la continuidad de procesos de inserción social que, en muchos casos, requieren meses o incluso años de seguimiento. Mientras tanto, la Región de Murcia mantiene una de las bolsas de exclusión social más importantes del país.

Por eso, el conflicto abierto dentro de una de las organizaciones sociales más relevantes de la comunidad y pieza esencial del sistema de atención a miles de familias, no afecta únicamente al futuro de las cerca de treinta personas despedidas, sino también a la continuidad del modelo de intervención con el que Cáritas ha venido acompañando durante décadas a quienes atraviesan situaciones de pobreza y exclusión en la Región de Murcia.

No se sabe qué ocurrió finalmente con las personas que, aquella tarde, esperaban la atención de Inmaculada, Mónica, Esperanza y del resto de las trabajadoras despedidas. Tampoco si alguien retomó sus expedientes, si recibieron una llamada para explicarles que su técnico ya no volvería o si, simplemente, dejaron de acudir porque nadie se interesó por ellas.

Porque la verdadera pregunta es quién acompaña ahora a quienes, precisamente por su vulnerabilidad, no pueden permitirse quedarse sin alguien que les ayude desde el otro lado de la mesa.