Nombrar una calle es un acto de memoria. No de toda memoria: más bien de la que alguien (un ayuntamiento, una comisión o una junta municipal) decide qué merece quedar fijado en el sitio más visible posible: la placa que da nombre al lugar donde la gente vive, trabaja y se orienta, o a donde llega el correo. El callejero de una ciudad es, en cierta medida, una lista de personas que se ha decidido inmortalizar. Y esa lista, en la ciudad de Murcia, como en casi cualquier ciudad española, es abrumadoramente masculina.

Más allá del pragmatismo, cuando las ciudades se expanden y las calles solo dan a otras calles, cuando las calles ya solo son ramales de la urbe sin mucha más identidad, los odónimos -los nombres propios de las calles- pasan a ser, en muchos casos, una forma de homenajear a los ilustres, a los santos, a las vírgenes y a todo aquel o aquella, sobre todo aquel, digno de tener una calle, una plaza o un jardín con su nombre. En Murcia, ese alguien tiene nombre de hombre en más del 80% de los casos en que ese nombre es el de una persona real.

Antes que nada, los números: de las más de 5.300 calles que conforman el callejero de Murcia, apenas algo más de un tercio lleva el nombre de una persona; aproximadamente el 37 por ciento. El resto, nombres neutros como por ejemplo la Avenida de la Libertad, responde a una lógica distinta. Pero de ese tercio que sí homenajea a alguien, la proporción es contundente; en números absolutos: 1.647 calles con nombre de hombre frente a 367 con nombre de mujer. Dicho de otra manera, por cada calle dedicada a una mujer en Murcia hay cuatro y media dedicadas a un hombre.

Figuras ilustres y ... masculinas

“Es un reflejo de la sociedad”, resume Mercedes Nicolás, presidenta de la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica. “Nunca falta un maestro, un médico, o hasta un alcalde al que homenajear, pero la mayoría de las veces eran y son hombres. Las figuras ilustres del pueblo siempre han sido masculinas”.

Nicolás expone un ejemplo en concreto: en las pedanías de la ciudad siempre ha habido mujeres que asistían en los partos antes de que existiera la figura reglada de la matrona. “¿Por qué no hay un homenaje a esas mujeres?”, se pregunta. La respuesta está, en parte, en quién decide qué merece la pena recordarse. Y quienes deciden son “también, casi siempre, hombres”. Esta cifra todavía se afina más si se separa lo religioso de lo civil. Casi cuatro de cada diez calles con nombre de mujer en Murcia llevan el nombre de una Virgen o una santa; en el caso de los hombres, esa proporción baja a algo más de una de cada ocho. Cuando solo se cuentan personas del ámbito laico, la desproporción alcanza una ratio de más de seis a uno a favor de los hombres.

De las 367 calles con nombre de mujer en Murcia, 142 corresponden a vírgenes, santas o beatas. Esther Nevado, edil socialista ligada a la Comisión de Calles durante los dos años de gobierno socialista en el Ayuntamiento de Murcia, lo resume con una frase: “Casi parece que para que te pongan una calle tienes que ser santa”.

Esther Nevado llegó a la Comisión de Calles del Ayuntamiento de Murcia durante los dos años de gobierno socialista sin un diagnóstico previo del problema. El diagnóstico llegó solo. “Cuando convoqué la primera comisión, me di cuenta de que de veinte nombres que me proponían las pedanías, diecinueve eran de hombres”.

Un problema de escala

Era la costumbre cayendo por su propio peso. “Los alcaldes pedáneos solo proponían lo que siempre se había propuesto, y las juntas municipales votaban lo que siempre se había votado. Y la comisión aprobaba lo que le llegaba”. Pero Nevado decidió cambiar las reglas: modificó el reglamento para exigir que las propuestas de cada pedanía fueran paritarias durante un mandato completo. Si una junta presentaba dos nombres de hombre, la siguiente tanda tenía que ser de dos mujeres. Si no, la propuesta se devolvía.

La medida sigue vigente hoy en día y, según explica Nevado, la administración actual del Consistorio la respeta. Pero tiene un techo evidente. El municipio de Murcia no crece lo suficientemente rápido como para que el cambio sea perceptible en el corto plazo. “Harán falta doscientos años para llegar a la paridad del callejero”, sentencia. El problema es de escala: la comisión se reúne cada seis meses, aprueba una veintena de nombres por sesión y el grueso del callejero -construido durante siglos sin seguir criterios de paridad- permanece intacto.

Cambiar el nombre de una calle que ya tiene uno no es sencillo. La ley solo lo permite sin mayor trámite cuando hay motivación de memoria histórica de por medio. En el resto de casos, la placa queda donde está. “Qué prudentes somos los demócratas”, dice Jorge Dioni, ensayista y escritor, autor de La España de las piscinas y El Malestar de las ciudades, entre otros, al salir a colación el tema. “Los franquistas no tenían tantos reparos en cambiar el nombre a las cosas”.

Lobosillo: de nombres franquistas a femeninos

Hubo un lugar de Murcia donde sí se movió todo de golpe. Lobosillo es una pedanía pequeña donde hace poco, nueve de sus calles llevaban nombres franquistas, incluida una dedicada al propio Francisco Franco. Cuando la Ley de Memoria Histórica obligó a retirarlos, la Junta Municipal hizo algo que llamó la atención: las nueve propuestas de sustitución fueron nombres de mujeres.

“Las quitábamos por la Ley de Memoria Histórica y las nueve propuestas que se hicieron eran nueve mujeres”, recuerda Nevado. Mercedes Nicolás lo confirma: fue el cambio más significativo en el callejero murciano en términos de género. Una pedanía pasó, de golpe, “de tener media docena de franquistas a tener media docena de mujeres”.

Jorge Dioni pone de manifiesto un marco más amplio. “Lo que homenajeas con las calles o con las estatuas, con los nombres de los recintos deportivos... es la gente que importa”, dice. Es una declaración de intenciones. El callejero, en ese sentido, no es neutro: trata de discriminar quién hizo cosas y quién no. El asunto se complica cuando se intenta corregir.

La revisión incomoda, dice, porque “pone nerviosa a mucha gente que se siente cerca de entrar en el canon”. Lo mismo pasa con las calles: no es que nadie pierda la suya, pero sí que el baremo cambia. Y hay quien lo vive como una amenaza. “Hay gente que piensa en el mundo como en una tarta de la que, si alguien se come un trozo, ese trozo no me lo como yo.”

En las calles, pero no en las paredes

La desproporción no es solo simbólica. El libro El callejero, de Capitán Swing, recoge el caso de una calle en las Midlands inglesas cuyo nombre era un vulgarismo sexual. En 2018, un vecino impulsó una campaña para cambiarlo argumentando que el precio de los pisos de la zona podría subir decenas de miles de libras si desaparecía de la placa. El nombre de una calle mueve, además de autoestimas, dinero.

Aida Dos Santos, autora de Hijas del hormigón, apunta que hay estudios en Reino Unido que han encontrado precisamente eso: que las calles con nombre de mujer tienen precios de vivienda más bajos que las que llevan nombre de hombre. “No solamente hay menos calles de mujeres”, explica, “sino que cuando se decide ponerle el nombre de una mujer a una calle, no suele ser en los barrios más pudientes ni en los mejor considerados.” El sesgo no se limita únicamente a quién aparece en la placa: también determina el dónde.

Dos Santos añade otro giro: las mujeres son, estadísticamente, las que más recorren las calles a pie y las que más usan el transporte público. Y a veces, aunque no aparezcan en las placas, acaban dándole nombre a los espacios a través del uso. “Las plazas de abastos muchas veces no se llaman plazas de abastos”, explica, “pero como la actividad principal es que vayan las mujeres a hacer la compra, al final las calles acaban siendo conocidas por el uso que se le da y no por el nombre que le han querido poner. Son ellas las que habitan el espacio, pero son ellos los que figuran en la pared”.

La Guardia Civil ha desarticulado en el municipio murciano de Águilas y el almeriense de Huércal-Overa un grupo delictivo especializado en el conocido como ‘petaqueo’, el suministro clandestino de combustible a embarcaciones utilizadas para el transporte irregular de personas desde el norte de África hasta el litoral español.

Los guardias civiles han detenido o investigado a los 18 integrantes del grupo delictivo como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, favorecimiento de la inmigración irregular y transporte y almacenamiento de sustancias explosivas.

Especialistas en Policía Judicial de la Guardia Civil abrieron la operación el pasado verano, tras detectar una ‘guardería’ de combustible al aire libre en la costa aguileña, junto con una embarcación que estaba siendo abastecida tras haber desembarcado inmigrantes de forma clandestina.

En total, se han incautado más de 5.000 litros de gasolina, ocho turismos y furgonetas, cinco embarcaciones, una moto de agua, un arma corta modificada para efectuar fuego real y munición.

Una red organizada para sostener el tráfico ilegal de personas 

De acuerdo con la Guardia Civil, la red había convertido a Murcia y Almeria, provincias consideradas previamente de difícil acceso, en auténticos puntos logísticos para garantizar la llegada y el retorno de embarcaciones implicadas en el tráfico de personas.

La organización criminal ahora desmantelada almacenaba y distribuía grandes cantidades de combustible y, además, desplegaba una amplia y compleja infraestructura de seguridad para asegurar el éxito de su actividad delictiva.

Los investigadores documentaron múltiples operaciones nocturnas en las que los implicados realizaban, presuntamente, trasvases de combustible entre embarcaciones o desde tierra, actuando con rapidez y precisión para evitar ser detectados. La red ahora desmantelada realizaba labores de contra vigilancia en puntos estratégicos del litoral, con individuos encargados de alertar sobre la presencia policial.

Los guardias civiles, durante la operación, han vinculado directamente la actividad de esta organización criminal con múltiples desembarcos de inmigrantes en situación irregular en distintas zonas de costa del sureste español.

“Estas travesías se realizaban en condiciones extremadamente peligrosas, sin medidas de seguridad y con embarcaciones sobrecargadas, lo que expone a sus ocupantes a un riesgo constante de naufragio”, ha detallado la Guardia Civil.

El pasado mes de marzo, la Guardia Civil culminó otra operación desarrollada también por los mismos hechos delictivos, en la que se desarticuló un grupo delictivo asentado en Águilas e integrado por cuatro personas, que resultaron detenidas como presuntas autoras de los delitos de pertenencia a grupo criminal, favorecimiento de la inmigración irregular, transporte y almacenamiento de sustancias explosivas y hurto de vehículo, y al que se le incautaron 3.000 litros de gasolina, tres vehículos, varios teléfonos móviles y dinero en efectivo.

Colaboración con la Policía Local de Águilas

Con esta operación, en la que se ha contado con la colaboración de la Policía Local de Águilas, la Guardia Civil ha desarticulado el entramado que daba soporte a estas embarcaciones. En los tres registros domiciliarios practicados en Águilas se le ha intervenido gran cantidad de material logístico. Los guardias civiles han localizado y detenido o investigado a los 18 miembros de la organización criminal tanto en la Región de Murcia –14 en Águilas– como en la provincia de Almería –4 en Huércal Overa–, entre ellos sus cabecillas.

‘Petaqueo’

Se trata de una práctica que forma parte del aparato logístico de las redes de tráfico de personas y de narcotráfico. La función de los ‘petaqueros’ es suministrar carburante, generalmente gasolina, a embarcaciones utilizadas para el tráfico de drogas o de personas, como narco lanchas y pateras taxi.

Los grupos criminales que se dedican ‘petaqueo’ inician la actividad delictiva con la adquisición de grandes cantidades de carburante, que es almacenado en garrafas de gran volumen, denominadas petacas. Posteriormente, el carburante se pone a disposición de las redes de narcotráfico o de tráfico de personas tanto en línea de costa como en el mar a millas de la orilla, a través de embarcaciones que hacen la función de gasolineras flotantes.

El crucero Saphire Princess ha localizado este martes cinco cadáveres a unas 140 millas de la península de Cabo de Palos, en Cartagena. De acuerdo con Delegación del Gobierno de la Región de Murcia, los cuerpos han sido subidos a bordo de la embarcación y han sido trasladados al Puerto de la ciudad esta mañana. A continuación han sido transportadas al Instituto de Medicina Legal para la correspondiente autopsia.

Por el momento se ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso. Desde Delegación de Gobierno no descartan que los fallecidos fueran tripulantes de la patera rescatada el pasado lunes, localizada a unas 25 millas de Cartagena. En la pequeña embarcación ya fueron localizadas cinco personas, tres de ellas fallecidas. Sobre los dos supervivientes de la patera, hay un detenido acusado de homicidio imprudente y favorecimiento de la inmigración irregular.

Los tripulantes de esta patera fueron localizados por un buque militar francés, que alertó a Salvamento Marítimo. Según el testimonio de los dos supervivientes de la embarcación, partieron desde la zona costera de Mostaganem (Argelia) con 18 personas a bordo. De acuerdo con el diario local La Verdad, la Policía maneja la hipótesis de que 13 personas permanecen desaparecidas e investiga si los cinco cuerpos hallados este miércoles iban a bordo de esta patera.

El recorrido desde Argelia hasta la Región de Murcia suele completarse en unas 20 horas, pero la travesía de la patera localizada este lunes podría haber durado casi tres semanas. No se descarta un posible fallo en el motor o el empeoramiento de las condiciones meteorológicas.

“Las instituciones públicas someten a la mujer trans migrante a un proceso de tortura. Es un sistema heteronormativo y, como no encajamos en él, nos empujan a una tortura física y emocional”. Vlada Krassova, originaria de Nicaragua, huyó de su país en 2018. Pasó siete años como refugiada en Costa Rica hasta que, en 2025, llegó a España a través de un programa de reasentamiento.

La mujer trans migrante sufre una triple discriminación: por ser trans, por ser migrante y por ser mujer. No se trata solo del complejo proceso —físico, psicológico, social y económico— que atraviesa una mujer trans. Cuando a esa realidad se suma la migración, la dificultad se multiplica.

“Una mujer trans nacida en España ya cuenta con la nacionalidad; si además tiene una familia que le ofrezca apoyo, mucho mejor. Pero para quienes llegan en situación administrativa irregular y sin red familiar, todo es mucho más complicado”, explica Juan Nicolás, consultor en política social y experto en género. “La realidad es que estas mujeres están en la cola de la exclusión social”.

Las trabas administrativas

Uno de los grandes hitos de la Ley Trans, aprobada en febrero de 2023, fue la autodeterminación de género: la posibilidad de modificar legalmente el nombre y el sexo sin necesidad de informes médicos ni tratamientos previos, contribuyendo a su despatologización.

Sin embargo, las personas trans migrantes en situación irregular no pueden iniciar este proceso. Hasta que regularizan su situación, permanecen en un limbo en el que la identidad que figura en su documentación no coincide con la que viven.

La Ley Trans no nos favorece a todas. Es para personas con nacionalidad española, no para migrantes y mucho menos para quienes están en situación irregular

“Vienen huyendo de sus países por ser trans y, cuando llegan aquí, se encuentran con trabas administrativas. La Ley Trans es importante, pero no llega a todo el mundo. Hay derechos recogidos en el papel que no se trasladan a la vida real”, añade Nicolás.

Alexandra Andino, mujer trans hondureña, llegó a España en 2012: “Migré porque lo que estaba en juego era mi vida”. Sin embargo, sus expectativas no se cumplieron: “Pensaba que España era un país avanzado y que todo sería más fácil, pero la Ley Trans no nos favorece a todas. Es para personas con nacionalidad española, no para migrantes y mucho menos para quienes están en situación irregular”.

La mayoría de mis compañeras no pueden acceder al reconocimiento de su identidad hasta obtener la nacionalidad

En el caso de Vlada, el reconocimiento de su identidad también fue una barrera. “En Costa Rica llevaba cinco años con mi nombre y género reconocidos, pero al llegar a España tuve que empezar de nuevo”. A pesar de su condición de refugiada, esperó más de un mes para regularizar su identidad: “Esa espera me generó mucha ansiedad. Veía a personas cis en mi situación hacer trámites con normalidad, mientras yo no sabía cuánto tiempo tendría que esperar”.

Actualmente, la nicaragüense trabaja en un estudio académico sobre el acceso al reconocimiento de la identidad de género y reconoce que su caso es excepcional: “La mayoría de mis compañeras no pueden acceder al reconocimiento de su identidad hasta obtener la nacionalidad, y eso implica muchísimo más tiempo”.

Durante este bloqueo administrativo, uno de los temores más habituales es ser nombradas en público con un nombre legal que ya no las representa, conocido como deadname.

Laura Johana, ecuatoriana de 41 años, vivió varios años en Chile antes de llegar a España en 2024. “Antes pedía que me llamaran por mi apellido. No solía haber problema, aunque siempre puede tocar alguien que se niegue”, relata. En su caso, el proceso fue más sencillo gracias a su madre, residente en Cartagena desde hace más de dos décadas, lo que le permitió obtener el permiso de residencia y realizar el cambio de nombre en el consulado ecuatoriano en Murcia.

“Sin papeles no puedes acudir a un endocrino”

La falta de regularización legal obliga a estas mujeres, en muchas ocasiones, a interrumpir su proceso hormonal. “Sin papeles no puedes acudir a un endocrino. Muchas hemos tenido que interrumpir la hormonación, y eso provoca un desajuste físico y emocional muy fuerte, incluso depresión”, explica Alexandra.

Para las personas trans es un método de tortura que la continuación del proceso hormonal no se considere una emergencia en el sistema sanitario

En el caso de Vlada, como refugiada, contaba con tres meses de tratamiento asegurados por parte del gobierno de Costa Rica. Pasado este periodo empezó el calvario: “La interrupción del proceso hormonal conlleva disforia, ansiedad y depresión”, explica. Las trabas burocráticas y la falta de sensibilidad del personal sanitario acentuaron este estado: “Para las personas trans es un método de tortura que la continuación del proceso hormonal no se considere una emergencia en el sistema sanitario”, denuncia la nicaraguense.

Se acentúa el problema de vivienda

Si para la mayoría social esta cuestión es uno de los grandes conflictos sociales y económicos del país, para las mujeres migrantes trans la dificultad se multiplica. “Las propias inmobiliarias me dicen que los propietarios les piden que no alquilen a personas como yo”, explica Alexandra Andino. A pesar de tener contrato y nóminas que la avalan, muchos caseros se niegan a alquilarles un hogar “por ser migrantes y transexuales”.

La transfobia y el racismo se suman al ya de por sí complicado mercado de la vivienda: “Cuando preguntamos por qué, nos dicen que vamos a usar el piso para prostituirnos, una migrante trans siempre carga con el estigma de la prostitución incluso aunque pueda demostrar que no la ejerce”, cuenta la hondureña.

El experto en políticas de género, Juan Nicolás, asegura “que les nieguen el acceso a la vivienda provoca que muchas acaben viviendo prácticamente hacinadas”.

“Una sociedad que las rechaza influye en cómo se muestran”

“El estigma está muy presente. Algunas incluso tienen miedo de coger el autobús porque sienten las miradas”, explica Nicolás. “Muchas están en proceso de hormonación y no han completado la transición. La sociedad rechaza lo diferente, y eso genera intimidación”.

Cuando a la identidad trans se suman la migración y una situación socioeconómica vulnerable, el estigma se intensifica. Una brecha de clase de la que no todas son conscientes: “Conozco chicas trans españolas con recursos a las que nunca veo en manifestaciones por nuestros derechos. Creo que piensan que a ellas la transfobia no les afecta, pero nos afecta a todas. Si alguien quiere agredirte, no va a preguntarte cuánto dinero tienes”, señala Alexandra.

Vivimos en un entorno que nos sanciona no solo a nivel legal, también socialmente, y no siempre tenemos acceso a educación, salud o procesos de sanación. Todo eso se convierte en rabia

Ese rechazo constante no solo condiciona la vida cotidiana, también moldea la forma en que muchas mujeres trans se relacionan con el mundo. Si pensamos en referentes en España, como La Veneno o Jedet, suele repetirse un patrón de personalidades fuertes y extrovertidas. Sin embargo, esa imagen responde, en parte, a un mecanismo de defensa.

“Frente a una sociedad que las rechaza, tienen que desarrollar herramientas para protegerse, y eso influye en cómo se muestran”, explica Nicolás.

Para Vlada Krassova, es la experiencia de la violencia y exclusión la que determina ese carácter: “Si has vivido situaciones de acoso o agresión, o conoces a alguien que las ha sufrido, te da rabia que el sistema de justicia no sea efectivo. Ese carácter es una rabia que trata de canalizarse”, señala.

“Nuestra euforia no es una condición psicológica, viene de la sanción social de todo un sistema que trata de disciplinarte. Pero nosotras seguimos en la lucha”. Aunque se define como una persona introvertida, reconoce el impacto del sistema: “Me ha dañado tanto que ahora soy más cerrada. Vivimos en un entorno que nos sanciona no solo a nivel legal, también socialmente, y no siempre tenemos acceso a educación, salud o procesos de sanación. Todo eso se convierte en rabia”.

Cuando la exclusión social empuja al trabajo sexual

Las dificultades para regularizar la situación administrativa y acceder al empleo empujan a muchas mujeres trans migrantes a ejercer la prostitución. Más que una elección, se trata de un contexto condicionado por la falta de alternativas.

Así, a la transfobia, el racismo y la misoginia se suma la 'putofobia': el estigma hacia quienes ejercen la prostitución. Alexandra vivió esta realidad durante dos años: “Pasé casi dos años de mi vida perdidos en un polígono, arriesgándome a palizas e insultos. Pero era la única forma de ganar dinero”.

Pasé casi dos años de mi vida perdidos en un polígono, arriesgándome a palizas e insultos. Pero era la única forma de ganar dinero

Actualmente, trabaja como coordinadora en Acción Triángulo, una ONG en defensa de las personas LGBIQA+, pero no olvida a las compañeras que siguen ejerciendo la prostitución: “Es un trabajo de mucho riesgo, muy discriminatorio y rodeado de mucha hipocresía, porque quienes más nos señalan luego son quienes más nos buscan”.

El trabajo sexual también condiciona la transición. “Quería seguir con la hormonación, pero perdería clientes. Muchos buscan chicas sin operar, y necesitas ese dinero”, explica Laura Johana. La ecuatoriana reconoce que no siente que la sociedad empatice con ellas: “La gente piensa que es un trabajo fácil, pero no lo es. No es fácil acostarse con hombres que no te gustan y no siempre son agradables”.

En otras muchas ocasiones, ni siquiera es la falta de alternativas lo que las empuja a la prostitución. Explica Juan Nicolás que “muchas llegan engañadas, pensando que trabajarán en cuidados o tareas domésticas, y acaban en redes de trata”.

Soluciones estructurales frente a la “estigmatización social y las trabajas administrativas”

“Es fundamental sensibilizar a propietarios, sanitarios y personal de la administración. Darles herramientas para saber cómo tratar, a nivel personal y profesional, a estas mujeres”, como experto en políticas de género y transgénero, para Juan Nicolás la respuesta pasa por el desarrollo de programas integrales que aborden todas estas dimensiones.

“La raíz del problema es que no pueden acceder a los recursos básicos por la estigmatización social y las trabas administrativas. Esos son los dos grandes motivos de exclusión, por eso la solución pasa por programas integrales de inclusión social”, concluye el experto.

El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia (CEUM) ha encuestado a 1.891 estudiantes y el resultado es “un suspenso claro” para el transporte público. Para MurciaLab, el dato apunta que “la demanda existe, pero el sistema no responde”. El 55,7% de los encuestados tarda más de 40 minutos en llegar a la universidad, y casi un tercio supera los 50. Mientras tanto, quienes no tienen alternativa gastan hasta 400 euros al mes en desplazamientos.

El autobús urbano, el más utilizado dentro del municipio, es también el peor valorado. “Frecuencias que no encajan con los horarios, saturación en hora punta y zonas sin conexión directa con los campus”, son los principales déficits que manifiestan ambas entidades en un comunicado conjunto.

En el ámbito interurbano, la situación “empeora”. El estudiantado de municipios como Lorca, Cieza o Cartagena depende de un sistema sin conexiones directas y con frecuencias mal valoradas, lo que obliga a realizar transbordos que en muchos casos hacen inviable el trayecto.

El Tranvía de Murcia demuestra que el problema “no es la falta de usuarios”. Con 8,3 millones de viajeros en 2024, es el servicio mejor valorado, pero es un modelo que no llega a la mayoría del municipio y se satura en horas punta.

La realidad es un sistema “fragmentado, sin coordinación entre modos de transporte y sin planificación metropolitana real”. El mensaje del estudiantado es “contundente”: el 89,7% apoyaría un bono único de transporte.

CEUM y MurciaLab ponen sobre la mesa un paquete de medidas concretas para mejorar la movilidad en el entorno universitario.

Entre sus propuestas destaca la ampliación de la capacidad del tranvía en horas punta, mediante el alargamiento de los convoyes actuales —de 33 a 45 metros— con el objetivo de evitar situaciones de saturación. A ello se suma el refuerzo de frecuencias, especialmente en los momentos de mayor demanda, así como la creación de una nueva parada en La Merced o en la estación de Zaraiche que permita ofrecer servicios adicionales.

También plantean la extensión del tranvía hasta El Palmar, en sustitución del actual modelo de tranvibús, y un aumento de las frecuencias en las líneas de autobuses urbanos e interurbanos. En paralelo, se apuesta por la creación de conexiones directas entre municipios y campus, con horarios adaptados a la realidad académica.

En el ámbito tarifario, CEUM y MurciaLab proponen la implantación de un bono único de transporte universitario, con cobertura tanto urbana como interurbana y a un precio asequible. Asimismo, plantean la creación de aparcamientos disuasorios con billete integrado que permita realizar transbordos gratuitos, una medida especialmente dirigida al estudiantado del campus de La Merced.

Por último, ambas entidades abogan por la constitución de una autoridad metropolitana de transporte que permita planificar el sistema con una visión global, con el fin de avanzar hacia un modelo de transporte público más eficiente y coordinado.

Un papel “más activo” para la UMU

Desde MurciaLab señalan que la Universidad de Murcia debe asumir un papel “más activo”. Como institución pública y principal afectada, “no puede limitarse a adaptarse a un sistema que no funciona”.

El CEUM denuncia el conformismo del equipo rectoral y su falta de coordinación con los estudiantes. Exigen a los candidatos al Rectorado medidas concretas: horarios compatibles con el transporte, conexión real entre campus y más frecuencias en horas punta. Los estudiantes han trasladado a los cinco aspirantes a rector o rectora estas demandas en el documento “60 propuestas para 6 años” . Además, tras una revisión del proyecto no ven que el nuevo modelo de transporte público que está por implantar de soluciones reales a esta “gran problemática”.

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Murcia llevará al próximo pleno de abril la petición de cancelar un concierto previsto para el mes de mayo en 'Las Noches del Malecón' cuyo cartel protagoniza Evaristo Páramo, de La Polla. “Otro concierto de proetarras”, han denunciado desde la ultraderecha, que ya presionó el pasado agosto para que se cancelase una actuación de Soziedad Alkohólika en el festival Pirata Murcia.

La moción que llevará al próximo pleno “denuncia que la Concejalía de Cultura del Gobierno del PP ha vuelto a financiar, con dinero de todos los murcianos, un concierto de músicos punk que denigran a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y alientan la violencia proetarra”, han argumentado desde Vox en un comunicado.

El partido de ultraderecha ha criticado que el concierto vaya a tener lugar “bajo el patrocinio institucional del Ayuntamiento de Murcia”, como se indica en el cartel que anuncia el ciclo de actuaciones. “En campañas electorales, Evaristo pide expresamente el voto para Bildu; para los herederos de ETA”, han apuntado desde Vox: “Es decir, el Partido Popular de Murcia está patrocinando, otra vez, el entorno cultural de la violencia terrorista abertzale, cuando el concejal de Cultura hablaba hace siete meses de que su partido se comprometía a que esto no ocurriese jamás en nuestro municipio”.

Traperos de Emaús Región de Murcia celebra la próxima semana en el Espacio 0 del Centro Párraga dos nuevas sesiones del ciclo “Imaginar el futuro que queremos”, una iniciativa que forma parte de su 30 aniversario y que propone abrir espacios de reflexión colectiva sobre los grandes retos del presente.

Las citas, de entrada libre hasta completar aforo, abordarán cuestiones clave como el futuro de la democracia, los modelos económicos y los desafíos en torno a la igualdad y el racismo, en un contexto marcado por la desigualdad social, la crisis ecológica y la fragilidad de los vínculos comunitarios.

La primera conversación tendrá lugar el martes 21 de abril a las 19:00 horas, bajo el título “Democracia y postcapitalismo”, con la participación de Rafael Díaz-Salazar, profesor de Sociología y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en desigualdades internacionales, sociología de la religión y políticas de justicia global, ofrecerá claves para repensar los modelos democráticos y económicos actuales.

La segunda sesión se celebrará el sábado 25 de abril a las 19:00 horas, con la conversación “El futuro de la igualdad y el racismo”, a cargo de la periodista y escritora Lucía-Asué Mbomío. Licenciada en Ciencias de la Información y especializada en desarrollo y cooperación internacional, es autora de obras como Hija del camino, Las que se atrevieron y Tierra de luz, y abordará los retos actuales en torno a la igualdad y la construcción de sociedades más inclusivas.

Ambos encuentros se celebrarán en el Espacio 0 del Centro Párraga (Murcia) y están abiertos a toda la ciudadanía. Las sesiones están concebidas como espacios para escuchar, dialogar y construir pensamiento colectivo en torno a una pregunta común: qué futuro queremos construir y qué puede empezar a cambiar ya en el presente.

El ciclo “Imaginar el futuro que queremos” forma parte de la programación con la que Traperos de Emaús Región de Murcia conmemora sus 30 años de trayectoria, marcada por el trabajo en inserción social, reutilización y economía solidaria. Tras estas dos últimas sesiones, el ciclo hará una pausa hasta después del verano, cuando retomará su programación.

Una mujer de 28 años embarazada de seis meses ha muerto, y su bebé no ha sobrevivido, tras sufrir un atragantamiento cuando se encontraba en su domicilio en la localidad murciana de Beniel.

Según han informado fuentes de Emergencias, el 112 ha recibido a las 9:00 horas de este viernes una llamada de la pareja de la joven alertando de que se había atragantado y no podía respirar. En el transcurso de la conversación telefónica, la mujer se ha quedado inconsciente y ha entrado en parada cardiorrespiratoria, por lo que desde el 112 han indicado al hombre cómo realizarle la reanimación mientras llegaban los sanitarios.

Hasta el domicilio se han desplazado cuatro ambulancias, una de ellas con UCI neonatal.

Los sanitarios han atendido a la joven y al bebé durante dos horas y media, tras lo que han sido trasladados al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, escoltados por agentes de la Policía.

Finalmente no han podido hacer nada por salvar sus vidas.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha inagurado este viernes el nuevo Centro Regional de Enfermedades Raras, una infraestructura estratégica “que va a permitir avanzar de manera significativa en el estudio, la detección precoz, el diagnóstico y el seguimiento de los pacientes con estas patologías”.

Las instalaciones ocupan un espacio de dos plantas dentro del complejo del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia, y desde ellas se realizará seguimiento a las personas diagnosticadas con alguna enfermedad poco frecuente. En la actualidad, más de 86.000 personas padecen una o varias enfermedades raras, lo que representa el 5,1 por ciento de la población de la Región.

“Cuando hablamos de enfermedades raras, hablamos de realidades muy distintas, de síntomas diversos, de diagnósticos complejos que requieren tiempo, precisión y una atención altamente especializada. Por eso este centro era necesario y por eso nos implicamos en hacerlo realidad”, afirmó López Miras.

Los cerca de 270 metros cuadrados del centro están diseñados para facilitar el trabajo coordinado de un equipo de profesionales de diversas especialidades, lo que facilita el diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades, dada su diversa sintomatología.

El jefe del Ejecutivo regional también recordó que “en la Región de Murcia, la sanidad es una prioridad. Dedicamos todo nuestro esfuerzo a su mejora continua, contando siempre con la implicación de todos, y así hemos conseguido la financiación necesaria de la Unión Europea para este centro”.

Concretamente, el proyecto ha contado con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, impulsado por la Unión Europea con fondos Next Generation, por un importe de 700.000 euros.

En su intervención, López Miras subrayó que “hablamos de enfermedades poco frecuentes, sí, pero no menos importantes ni para quienes las padecen, ni desde luego para nosotros”. A la vez, puso en valor que “esta iniciativa nació en el Servicio de Pediatría de la Arrixaca, donde se diagnostica y evalúa a la mayoría de los pacientes con este tipo de enfermedades”.

El centro dispone de dos salas de asesoramiento genético, una sala de atención para pacientes y una sala de telemedicina, que permite el seguimiento clínico sin desplazamiento. Esto resulta especialmente relevante en procesos de larga evolución y alta carga asistencial. 

Este espacio de trabajo podrá también dar soporte en el futuro a nuevos procesos asistenciales, como la telemedicina, la colaboración con la plataforma ‘Unicas’ de atención a pacientes con enfermedades raras y mejorar la coordinación con atención primaria. De este modo, el proyecto refuerza la visión de un sistema asistencial interconectado, capaz de ofrecer respuestas coordinadas y ágiles para toda la Región.

Diagnósticos más ágiles 

Los afectados con enfermedades raras suelen convivir durante años con múltiples síntomas y patologías antes de obtener un diagnóstico definitivo. Con este nuevo modelo organizativo y tecnológico se busca reducir de manera notable el tiempo de detección de la enfermedad poco frecuente, mejorar la coordinación asistencial y garantizar una atención más continua, segura y personalizada a lo largo de todo el proceso, tanto en el ámbito hospitalario como en el domiciliario. 

Este seguimiento avanzado es posible gracias al uso intensivo de la historia clínica electrónica, que permite analizar de forma detallada cada paso del itinerario asistencial del paciente con alguna de estas enfermedades. El sistema mide los tiempos parciales de pruebas diagnósticas, exploraciones radiológicas, análisis de laboratorio, interconsultas y otros hitos clave dentro de los procesos asistenciales de urgencias y hospitalización, para mejorar la eficiencia operativa y la seguridad del paciente.

La información generada por el Centro Regional de Enfermedades Raras estará accesible para distintos perfiles profesionales a través de pantallas específicas, ordenadores y dispositivos móviles, de modo que se favorece la toma de decisiones compartidas y en tiempo real.

Plan de Enfermedades Raras

Para dar una respuesta óptima y coordinada a estos pacientes, la Región cuenta con un Plan Integral de Enfermedades Raras (PIER), que incluye 10 líneas estratégicas sobre Epidemiologia, Recursos Terapéuticos, Servicios Sociales, Investigación, Prevención, Información o Educación. 

La Región ha avanzado en la detección de estas patologías en niños con discapacidad o anomalías congénitas gracias al uso de un estudio del exoma clínico desde 2025. Con este avance, se consiguen diagnósticos en menor tiempo y con una única prueba.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón como presunto autor de los delitos de quebrantamiento de condena y amenazas, tras acceder al domicilio de su ex mujer sobre la que tenía en vigor una orden de alejamiento, amenazarla y generar una situación de grave riesgo para su integridad física.

La víctima activó una alerta policial a través de la aplicación Alertcops que permitió la comunicación inmediata con la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia, en la que envió un aviso geolocalizado en tiempo real informando de una posible situación de peligro, desplazándose de manera inmediata varias patrullas de la Policía Nacional y permitiendo la detención inmediata del varón implicado en los hechos delictivos.

Alertcops es una aplicación móvil gratuita impulsada por el Ministerio del Interior que permite a los ciudadanos comunicarse de forma rápida, sencilla y eficaz con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en casos de emergencia.

La aplicación Alertcops posibilita la comunicación bidireccional entre víctima y Policía mediante un sistema de chat seguro que permite ampliar información del suceso y mantener el seguimiento del incidente hasta la llegada de las patrullas. Este tipo de interacción resultada especialmente relevante en situaciones donde la víctima no puede realizar una llamada convencional.

Entre sus principales funcionalidades destaca el botón SOS diseñado para situaciones de riesgo grave que activa una alerta prioritaria y permite compartir automáticamente la ubicación del usuario.

Tal y como ha detallado la Policía Nacional, “Alertcops se ha consolidado como una herramienta clave para mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia”, facilitando la colaboración directa entre la ciudadanía y los servicios policiales, con la posibilidad de enviar alertas geolocalizadas en tiempo real acompañadas de imágenes o videos.

Hace tiempo que la ropa de segunda mano dejó de ser una moda y ha pasado a formar parte de la vida de muchos ciudadanos. En el local de Calle Platería de Moda Re-, en el corazón de Murcia, la clientela es diversa y abarca todas las edades. Muchos de sus visitantes acuden a las instalaciones con frecuencia: lo demuestra la dependienta Jessica González al despedir al perro de un cliente por su nombre.

“Para mí ha sido volver a empezar a vivir. Vengo una hora antes porque me encanta mi trabajo”, explica a este diario la malagueña, que reside en Murcia desde hace 14 años, emocionada al pensar en el giro de 180 grados que ha dado su vida desde que es parte del proyecto de inserción Eh! Laborasortancias de Cáritas. “Nunca había cogido un ordenador en la vida. Me han puesto un maestro para mí nada más, de lenguaje y matemáticas”. A sus casi 50 años, ha encontrado su vocación, añade.

Cáritas tiene cuatro tiendas de segunda mano en la Región de Murcia: una en la capital, una en Cartagena, una en Lorca y otra en Caravaca de la Cruz. Durante 2025, Eh! Laboras recogió 567.051 kilos de ropa a través de 121 contenedores distribuidos en 27 municipios, aumentando un 15% el volumen con respecto al año anterior. Para Francisco Martínez, responsable de la línea textil de la empresa de inserción Eh! Laboras de Cáritas, lo más importante del proyecto es su impacto en la huella ecológica: “Hay que entrar a comprar por el beneficio medioambiental que podemos dejar a las generaciones siguientes”.

Toda la ropa recogida en contenedores de Cáritas se traslada a una planta donde se decide de qué manera se puede reciclar o reintroducir en circuitos de venta o donación. Tomasz Pyzik, un ciudadano polaco de 43 años, residente en Murcia desde hace nueve, se encarga de la logística. Sus ojos han visto ya muchos rincones de la Región. La vida le dio un revés personal hace un tiempo y en Cáritas ha encontrado una familia. “En la Región de Murcia hay mucha explotación y el trabajador no vale mucho. Pero aquí he encontrado mi valor de nuevo como persona y como hombre”, cuenta, con una sonrisa.

El proyecto textil de inserción de Cáritas se desarrolla a nivel estatal, donde existen casi 200 tiendas de Moda Re-. Martínez asegura que cada año se aumenta la recogida de prendas, porque la gente está más concienciada. El siguiente paso, cuenta, será conseguir que poco a poco las pedanías de la Región de Murcia también se sumen a ese esfuerzo colectivo.

Un futuro que se cocina a fuego lento

Caminando junto a Adela y Antonio, educadora y trabajador social, respectivamente, nos acercamos al barrio de San Antón. Todas las personas que trabajan en la empresa de inserción les guardan un especial cariño: su labor consiste principalmente en trazar un plan de acción personalizado para cada uno de ellos, con objetivos que deben cumplir y formaciones que pueden completar para enriquecer su experiencia laboral y lograr insertarse con éxito en el mercado una vez finalizado su tiempo en Eh! Laboras. Pueden estar un máximo de tres años, pero la media suele quedarse entre seis meses y un año.

En la calle Santa Cecilia se encuentra la Escuela de Hostelería de Cáritas, que cuenta con un restaurante y una cafetería. En nueve años que lleva la escuela en marcha, 1.500 alumnos de 52 nacionalidades han pasado por sus modernas instalaciones, ya sea en cocina o en sala. La tasa de inserción, asegura Pilar García, su coordinadora, es del 95%. “Para mí, ellos son ejemplo de amor y supervivencia; aprendo todos los días”, comenta, arropada por dos alumnos de origen subsahariano, Mahamadou Keita y Mohameth Ngom. Este último, un senegalés de apenas 17 años, compagina su trabajo en la empresa de inserción —donde ahora mismo se encuentra en la cercana cafetería Detroit, también gestionado por la Escuela de Hostelería— con sus estudios de electricidad y su rol como delantero en el club de fútbol de Beniaján. Si tuviera que elegir, se queda con la hostelería: “Me gustaría ser jefe de sala”.

García explica que los alumnos y trabajadores de la Escuela de Hostelería tienen la oportunidad de formarse en instalaciones de primer nivel y participar en la preparación de caterings para más de 400 personas. Gracias a un acuerdo con el Ayuntamiento de Santomera, también proporcionan comida de lunes a viernes a una escuela infantil del municipio, además de atender a los clientes de la cafetería y el restaurante. Los menús, muy elaborados, utilizan productos de la tierra, incidiendo en la importancia de la economía circular y sostenible.

Construir segundas oportunidades

La tercera rama de Eh! Laboras está centrada en reformas y construcción. La coordina Juan José Lucas, ingeniero de profesión. “Hacemos todo tipo de trabajo, en albañilería, carpintería, cerrajería... Estamos más especializados en albañilería, pladur y pintura. Mantenemos tanto nuestras instalaciones como distintas viviendas de particulares. También tenemos un convenio con el Ayuntamiento de Murcia para el mantenimiento de los centros culturales, centros de mayores, bibliotecas, auditorios...”, explica a este periódico.

Para Lucas, lo que más valor tiene es la responsabilidad y el compromiso. El equipo lo componen cinco oficiales y cinco trabajadores de inserción: “Hemos pasado de tener muy pocos trabajadores a tener un grupo de cinco y cinco. Mucho más volumen de trabajo, mucha más facturación, muchos más proyectos, muchos más compromisos, muchos más objetivos y muchos más compañeros con los que trabajamos”. 

Lucas reconoce que le da pena cuando un compañero se marcha. Él mismo conoce bien el mercado y hace todo de su parte para que sea contratado en una empresa afín, desde sugerir formaciones hasta rotar a los trabajadores en diferentes proyectos para que adquieran la mayor experiencia posible. Juan Antonio Gil, sentado a su lado, asiente mientras habla. “Yo entiendo que esto tiene que ser un ciclo. Igual que a mí me ha hecho falta, entiendo que le puede hacer falta a otra gente”, señala, asegurando que le gustaría continuar dedicándose a la albañilería. Al igual que el resto de trabajadores de inserción, destaca la importancia del buen ambiente y la familia que forma el equipo, que va mucho más allá de lo profesional: también fomenta un cambio psicológico y personal para todos los que forman parte, especialmente después de haber vivido situaciones complicadas.

Unas 9.000 hectáreas de regadíos ilegales en el entorno del Mar Menor, en Murcia, han cesado ya su actividad, lo que ha evitado que se viertan a la laguna salada unas mil toneladas de nitratos desde que se puso en marcha el proceso de detección, clausura y restitución de estos cultivos.

Es una de las conclusiones que ha dado a conocer este martes el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, tras la reunión de la Comisión Interadministrativa del Mar Menor, en la que ha participado también el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, así como los representantes de los municipios ribereños.

En una rueda de prensa tras el ecuentro, Morán ha destacado que esas 9.000 hectáreas conforman el total de regadíos ilegales que había en la zona, por lo que todos están ya localizados y con expedientes de cierre en marcha. De ellas, más de 7.000 hectáreas han sido ya intervenidas por la comunidad autónoma y se está llevando a cabo su proceso de restauración ambiental, principalmente convirtiendo esas superficies en cultivos de secano.

Además, las medidas puestas en marcha para la restitución de los suelos mineros en la cabecera de la cuenca sur del Mar Menor evitaron durante la dana Alice que llegaran a este ecosistema unas 1.800 toneladas de metales contaminantes.

Ambas actuaciones forman parte de la amplia batería de medidas del Marco de Actuaciones Prioritarias para la protección del Mar Menor, dotado con 675 millones de euros, de los que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha movilizado ya unos 589 millones, el 85 por ciento del total, ha detallado Morán.

En concreto, están ya comprometidos 278 millones de euros, el 41 por ciento, y certificados otros 133 millones, el 20 por ciento del total.

Entre las iniciativas más ambiciosas puestas en marcha de manera conjunta por el Estado y la comunidad autónoma, tanto Morán como el consejero Vázquez han destacado el proyecto de recuperación del humedal de El Carmolí, en fase de ejecución y que va a actuar sobre unas 350 hectáreas.

En concreto, la comunidad autónoma está llevando a cabo las tareas de restitución de la superficie original del humedal, de unas 300 hectáreas en las que se han invertido 850.000 euros para la retirada de unos 8.000 metros cuadrados de pavimentos y superficies artificiales y la eliminación de especies invasoras y plantación de unos 18.000 ejemplares de vegetación autóctona.

En cuanto a la recogida de biomasa, una de las actuaciones prioritarias que desempeña el Gobierno murciano para evitar la proliferación de lodos y la pérdida de oxígeno en el Mar Menor, a lo largo de 2025 se retiraron 8.821 toneladas, un 34 por ciento más que en 2024, y hasta el 8 de abril de este año se han eliminado ya 4.663 toneladas, el doble de las recogidas en las mismas fechas del año pasado, ha informado Vázquez.

A ello se suman otros proyectos como la instalación de fondeaderos ecológicos en las zonas de protección alrededor de las islas del Mar Menor, que serán los únicos que podrán usar las embarcaciones para hacer sus fondeos este verano, o el proyecto piloto de modelos de desnitrificación de aguas superficiales y subterráneas. 

Un individuo de 31 años ha sido detenido por presuntamente secuestrar durante días a su pareja en una autocaravana en un huerto de limoneros localizado en la pedanía murciana de Nonduermas, según informa el diario local La Opinión.

Agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía llegaron a la parcela el pasado viernes por la noche, donde encontraron el vehículo cerrado, con el aire acondicionado encendido y la víctima y el detenido en su interior.

La voz de alarma llegó desde el 112 de Madrid, cuando el centro recibió una llamada alertando de que había una mujer retenida en contra de su voluntad en el interior de una autocaravana, en un recinto plagado de cámaras de vigilancia que impedían su huida. La víctima, aprovechando que su pareja había salido, llamó a su banco para anular su tarjeta bancaria. En ese momento advirtió al personal de la entidad de que estaba siendo secuestrada: “Tengo solo 30 segundos para hablar, me encuentro retenida”, alertó la mujer, facilitando la dirección del huerto.

Tras el aviso, la Policía Nacional se desplazó al lugar de los hechos y entrevistó a los vecinos, que le facilitaron los datos del presunto secuestrador y dueño de la parcela. En la parcela había suelto un perro considerado potencialmente peligroso (PPP), por lo que se alertó a Zoonosis del Ayuntamiento para que se hiciesen cargo del animal en el caso de que pudiera atacar a los agentes.

El individuo no respondió a las llamadas de las fuerzas del orden y, al existir indicios de que la vida de la mujer podía correr peligro, cuatro agentes saltaron la valla de la parcela. Al grito de “¡Policía, salgan fuera!”, la víctima abandonó el vehículo, llorando, pidiendo auxilio y con un ataque se ansiedad.

Fue entonces cuando la víctima relató que llevaba dos meses con su pareja sentimental cuando decidieron pasar unos días en el huerto, alojándose en la autocaravana. Después de que él descubriera unos mensajes del ex de la víctima en su teléfono, le propinó una paliza. Como la mujer acabó llena de hematomas tras la agresión, su pareja decidió encerrarla en contra de su voluntad hasta que le desaparecieran las marcas de los golpes.

Tras detener al presunto secuestrador e identificar a la víctima, la Policía descubrió que sobre ella pesaba una orden de busca y captura por un delito de estafa en el municipio valenciano de Sagunto, por lo que también fue arrestada.

La Fiscalía y la acusación particular en el caso del incendio mortal de las discotecas de la zona de Atalayas de la capital murciana el 1 de octubre de 2023 han pedido hasta ocho años y seis meses de prisión para los acusados de la tragedia, que costó la vida a trece personas. Otra docena resultó herida en la noche del incendio. Como recuerda, además, la acusación particular, los dos locales pasto de las llamas estaban abiertos sin la licencia administrativa necesaria.

Además de las penas privativas de libertad, solicitan inhabilitaciones para gestionar locales abiertos al público. En sus escritos han cuantificado trece delitos de homicidio y doce de lesiones -en ambos casos por imprudencia grave-, y uno contra los derechos de los trabajadores.

La Fiscalía reclama que los acusados sean condenados como responsables civiles y solicitan que las aseguradoras lo hagan como responsables civiles directas, y de forma subsidiaria la mercantil que explotaba la discoteca.

En el escrito que ha entregado ya la Fiscalía a la magistrada de la plaza número 3 del tribunal de instancia de Murcia pide que se juzgue a los administradores de la discoteca Teatre, Juan Inglés Rojo y Marco Martínez; la responsable del local, Eva María Martínez; el organizador de la fiesta 'We Are Remember', Carlos R.; así como al dueño de la máquina de fuego frío que originó presuntamente las llamas, Alfonso G., y a José F.B., ingeniero encargado del proyecto de división de la nave industrial que albergaba las discotecas Teatre y Fonda Milagros.

La Guardia Civil de la Región de Murcia, dentro de los servicios establecidos contra la trata de seres humanos y la explotación laboral, ha desarrollado la operación ‘Caprines’, una investigación que ha culminado con la investigación de dos personas por supuesto delito contra los derechos de los trabajadores. En explotaciones ganaderas de Lorca y Puerto Lumbreras, especialistas en Policía Judicial de la Guardia Civil e inspectores de trabajo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia han detectado la presencia de ocho ciudadanos extranjeros trabajando sin contrato.

La investigación se inició cuando dos ciudadanos extracomunitarios pusieron en conocimiento de la Guardia Civil que se encontraban trabajando sin contrato en una explotación caprina, ubicada en el término municipal de Lorca.

Los dos trabajadores comunicaron a los agentes que, además, estaban alojados en unas caravanas, dentro de la finca, donde vivían en pésimas condiciones de higiene.

Especialistas en Policía Judicial de la Guardia Civil se hicieron cargo de la investigación y averiguaron que el titular de la empresa contaba con otra granja en el término municipal de Puerto Lumbreras.

En coordinación con la Inspección Provincial de Trabajo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Guardia Civil llevó a cabo la inspección simultánea de ambas fincas.

Las visitas resultaron con la identificación de otros seis trabajadores extranjeros, en situación irregular en el país, uno de los cuales, además, tenía en vigor una orden de expulsión del territorio nacional.

Operación 'Caprines'

La operación ‘Caprines’ finalizó con la investigación de dos personas: el propietario de la empresa y un encargado. Según se desprende de la investigación, este último, de la misma nacionalidad que los trabajadores, facilitaba su captación y los distribuía a diario en cada una de las fincas.

Los ahora investigados, al parecer, se aprovechaban de la situación de especial vulnerabilidad de las víctimas para ofrecerles trabajo sin contrato y en precarias condiciones laborales y de alojamiento.

Estos ocho trabajadores fueron atendidos e informados de los derechos que les asisten como víctimas de delito en España.

A mediados de julio de 1937 la brigadista y escritora austrohúngara Gusti Jirku llegó a Murcia. Vino hasta la ciudad mediante un convoy sanitario, directamente desde el frente en plena Guerra Civil. Estaba viva de milagro, poco antes de subir al tren sobrevivió a un bombardeo franquista con obuses, cargando a sus espaldas un herido, un camarada. Al llegar a la capital, la describió como “la ciudad de los heridos”: una zona de retaguardia, donde la guerra llegaba a través de brigadistas lesionados y mutilados en combate. Se les podía ver vendados o con muletas, frecuentando los bares o fumando junto al río Segura: “Los heridos le dan a esta pequeña ciudad provincial su sello especial de una gran época histórica, el sello de las penas humanas por un gran ideal”, escribió en su libro 'Nuestra lucha contra la Muerte. La labor del Servicio Médico de las Brigadas Internacionales'. Casi un siglo después, la ciudad de los heridos ha olvidado que, en su día, albergó el mayor complejo hospitalario de las Brigadas Internacionales del país.

“Las Brigadas Internacionales pronto se dieron cuenta de que debían tener un servicio sanitario propio, paralelo al de la República Española”, explica la presidenta de la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia (FAMHRM), Mercedes Nicolás. “Imaginemos por ejemplo a un brigadista húngaro en un hospital en mitad de Castilla-La Mancha, que solo habla húngaro y entiende a lo mejor un poco de alemán o de ruso, y el personal sanitario solo puede comunicarse en español”, ejemplifica.

La elección de Murcia para la instalación de un complejo hospitalario para las Brigadas Internacionales no fue casualidad: “Murcia fue una provincia de retaguardia hasta el 29 de marzo de 1939, cuando empezaron a entrar las tropas [franquistas]. Estaba muy cerca de Albacete, que era la sede central de las Brigadas Internacionales. Además, había edificios que se prestaban a ser usados como grandes hospitales”, apunta Nicolás. Se abrieron cuatro grandes centros médicos en la ciudad de Murcia -Pasionaria, Federica Montseny, Comandante Dubois (conocido como Casa Roja) y Paul Vaillant-Couturier (conocido como Radio)-, denominados popularmente como 'hospitales de sangre': “Fueron hospitales de retaguardia, con pacientes con ingresos largos y recuperaciones lentas”, describe Nicolás. 

“Allí se atendía a pacientes más estables, a quienes se les habían hecho las primeras intervenciones de emergencia en el frente y se les trasladaba aquí para realizarles las cirugías más complejas”, abunda Pilar Murcia Hernández, médica intensivista y doctoranda en Historia de la Medicina en la Universidad de Murcia (UMU).

La doctoranda estima que mientras los hospitales de sangre permanecieron abiertos “probablemente atendieron a más de 6.000 heridos”. La mortalidad, apunta, no era alta si la comparamos con el frente: “Aquí podían morir por complicaciones infecciosas, normalmente venían estabilizados de la primera línea”.

Un hospital en la Facultad de Derecho

El claustro de la Facultad de Derecho de la Merced, en el centro de la ciudad, fue antaño el corazón del hospital Federica Montseny. “El gobernador de Murcia y el Gobierno español pusieron la Universidad a disposición del Servicio Sanitario de las Brigadas Internacionales. Jamás existió en una guerra otro hospital tan ejemplarmente equipado para los heridos”, resume Jirku en su libro. Los pacientes hacían vida en camas prácticamente al aire libre, bajo el cobijo de las galerías de la estructura: “Ponían a todos los pacientes con heridas infectadas en el claustro para que pudieran airearse y evitar problemas de olores y heridas supurativas”, describe Murcia Hernández.

“En el Federica Montseny se instaló un taller, donde se dispuso un sistema de recopilación de monedas, que fundían y convertían en prótesis”, abunda la doctoranda, quien relata cómo las campañas de recaudación de dinero para la fundición murciana llegaron a Francia e Inglaterra. “En el mismo hospital se operaba a los heridos, se les medía y se les fabricaba la prótesis”, explica Murcia Hernández, al tiempo que detalla que entre los trabajadores de este hospital de sangre hubo herreros y trabajadores de fragua.

Yiddish, puente lingüístico

En su investigación, Murcia Hernández ha logrado recopilar los datos de más de 230 personas que trabajaron en todo el complejo hospitalario. La vida hospitalaria y la civil se unían, con sanitarios y heridos viviendo en los mismos centros.

Tal y como describe el historiador Michael Uhl, entre el personal sanitario era común el perfil del joven judío, de izquierdas y antifascista: “Los voluntarios judíos del Centro Sanitario Internacional eran prácticamente todos asquenazíes (establecidos en Europa Central y Oriental) y hablaban yiddish (lengua judeo-alemana hablado en las comunidades asquenazíes)”, detalla el historiador. “Tras la expulsión de los sefardíes por los Reyes Católicos en el siglo XV, volvió por primera vez a Murcia un grupo numeroso de judíos”.

“El yiddish sirvió de puente lingüístico, ya que en aquella época muy pocos sabían inglés. El último director del hospital Radio, el doctor Minkoff, no hablaba ni una palabra de esta lengua”. La primera doctora americana en llegar a Murcia en otoño de 1937, Franzes Vanzan, escribió a sus padres horrorizada ante el desconocimiento de su idioma: “Pidió que le mandaran un diccionario médico alemán-inglés”, explica Uhl.

La comunicación con los pacientes, procedentes de todos los rincones del mundo, era “compleja”: “Los pacientes internacionales no sabían ni castellano ni otras lenguas que no fueran la suya materna”.

A esto se le añadía la poca experiencia laboral que atesoraba la mayor parte del personal médico: “Vanzan lamentaba este asunto en sus cartas”. Aunque se trataba de un hospital de guerra, el grueso del personal no era militar. “El primer jefe del Servicio Sanitario internacional era Rudolf Neuman, un pediatra de Berlín”.

“Estuve en 1996 en Madrid, donde conocí a una antigua enfermera estadounidense de origen judío. Me dijo que el dinero no les importaba, que lo dejaron todo por la idea de la solidaridad”, añade el historiador.

Tras la pista de Betty

Uhl viajó a Murcia en el año 2017. “La primera persona con la que hablé de los hospitales en Murcia fue con un argentino, el conocido como el Tío de la Barca. Me invitó a un café detrás de la catedral, donde está el grabado en homenaje al fundador de la Falange”, recuerda. Allí, a la sombra de un 'Jose Antonio Primo de Rivera, ¡Presente!', tuvo lugar un café a tres, entre el historiador, el barquero y un murciano amigo suyo: “El murciano me dijo ‘olvídalo, aquí la gente prefiere silenciar las cosas’”.

“En ese momento, aparte de las memorias poco precisas de antiguos voluntarios y algunos comentarios sumarios en un libro de un historiador de Albacete, no había ninguna base sólida en la que pudiera apoyarme”, resume.

El historiador andaba tras la pista de Betty Rosenfeld, una enfermera judía alemana que dedicó su vida a la resistencia antifascista y que fue deportada a Auschwitz en 1942, donde finalmente falleció. El golpe militar en España encontró a Betty en Palestina, donde tuvo que huir debido la represión nazi. Ella conocía de primera mano lo que era la lucha antifascista, formó parte del grupo de resistencia comunista en Stuttgart, tecleando folletos contra el nuevo régimen alemán. En marzo de 1937 se unió a las Brigadas Internacionales, llegando a Murcia como enfermera titulada.

“Betty provenía de una familia burguesa. Su padre era empresario, no le faltaba de nada. Pero prefirió la solidaridad a la seguridad”, describe Uhl. Su estancia en Murcia quedó inmortalizada en misivas y fotografías, entre ellas una instantánea posando en la azotea del Casa Roja con sus compañeros del hospital y la catedral de Murcia de fondo.

En el verano de 1938 Betty solicitó un permiso de 15 días a las Brigadas Internacionales. Buscaba reencontrarse en París con su hermana, con la que no consiguió establecer contacto y a la que jamás volvió a ver. En aquella época, Francia cerró la frontera catalana y la sanitaria se quedó atrapada como refugiada en el país galo.

Mientras, los hospitales de las brigadas fueron evacuados en tren, en la madrugada del 8 y 9 de abril de 1938. Quedaron en Murcia los brigadistas y personal español: “En el 39, las tropas sublevadas llegaron a los hospitales y detuvieron a los médicos que quedaban allí. El hospital Federica Montseny pasó a llamarse General Mola”, explica Mercedes.

La desaparición de los hospitales de sangre

Muchos de los fallecidos descansan en la fosa común de la Plaza de la Paz del cementerio de Nuestro Padre Jesús de Murcia. De acuerdo con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, hay casi 130 víctimas.

“A principios de 1937 el Ayuntamiento de Murcia, a propuesta del teniente de alcalde, Francisco Gilbert, aprobó una moción para designar un lugar de honor en el cementerio de Murcia para los brigadas internacionales fallecidos en los hospitales de la ciudad”, relata Nicolás

Y entre febrero del 37 y mayo del 1938, tuvieron lugar los enterramientos de los hospitales de las Brigadas Internacionales. Entre los fallecidos que descansan en esta fosa solo hay dos mujeres, Dora Steinbock, enfermera de 35 años; y Josefa Cuesta Sánchez, de tan solo 17.

El caso de Steinbock es insólito. En los registros aparece documentada su ocupación como sanitaria, su fecha de fallecimiento y de inhumación, pero todo apunta a que se trataron de ocultar las razones de su fallecimiento: “En el registro civil aparece la causa de su muerte tachada, no con una sola línea encima, sino tapada por completo con rayones”, describe Mercedes Nicolás.

“No sabemos exactamente quién es Josefa, o de donde viene. Creemos que le retiraron en el hospital Pasionaria una bala alojada en la frente, pero que murió más tarde de una meningitis”.

“Cuando acabó la guerra, Franco llevó a cabo su propia memoria histórica, y el 23 de diciembre del 39 ordenó exhumar [los cuerpos de] los brigadas fallecidos y trasladarlos a dos zanjas en la zona D Disidentes”, continúa Nicolás: “Allí permanecieron hasta los años 80, cuando las fosas fueron redescubiertas y los cuerpos, trasladados de nuevo a una tumba dignificada”.

El Ayuntamiento de Murcia ha denunciado el incendio provocado que ha calcinado durante la madrugada de este viernes, 10 de abril, el monumento floral en honor a las tres religiones abrahámicas instalado en la Plaza de Europa. La estructura, que integraba una cruz cristiana, una media luna islámica y una estrella de David, había sido colocada a principios de mes con el objetivo de conmemorar la convivencia histórica de estas religiones en la ciudad con la celebración de la XXVI edición del Festival Tres Culturas, convirtiéndose en el centro de una tensa polémica política días antes de ser destruida por las llamas.

Los hechos ocurrieron en torno a la 1:30 de la madrugada, apenas unos instantes después de la multitudinaria llegada de la Sardina a la ciudad en plena celebración de las Fiestas de Primavera. En ese momento, el centro de Murcia se encontraba todavía a rebosar de miles de personas que acompañaban el desfile. La rápida intervención de los Bomberos de Murcia logró sofocar el fuego en apenas quince minutos, evitando heridos o daños en los edificios colindantes, aunque la carga simbólica del acto ha generado conmoción entre los asistentes que aún celebraban el festejo.

El monumento se encontraba en el centro de la polémica política y social desde el momento de su instalación. Bajo el lema de la convivencia y tolerancia, el consistorio pretendía homenajear las raíces de la ciudad con la celebración de este festival internacional que se celebra a lo largo del mes de mayo, pero la presencia de la estrella de David y la media luna junto a la cruz cristiana despertó el rechazo de sectores conservadores en plena Semana Santa. El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, José Mariano Orenes, fue uno de los más beligerantes al respecto, denunciando a través de sus redes sociales que, en plena Semana Santa, el equipo de Gobierno del PP había decidido “diluir nuestras tradiciones y símbolos para no molestar a nadie”. En un mensaje cargado de odio, Orenes calificó la iniciativa de “complejos, cobardía y renuncia”, sentenciando que “Murcia no tiene que pedir perdón por ser lo que es”.

“Fusión de razas, ideologías y religiones”

“Con este festival recordamos ese origen y ambiente medieval de la ciudad y la fusión de razas, ideologías y religiones que se produjo en el siglo XIII y que hoy se resumen en la idiosincrasia única del ser murciano”, escribió el alcalde popular de la capital murciana, José Ballesta, sobre la anterior edición de este festival, principalmente reconocido por la celebración de conciertos de músicas tradicionales del Mediterráneo en lugares emblemáticos de la ciudad.

Este discurso alimentó un intenso debate digital y social que se ha materializado poco después en la vía pública. La Falange se también se unió a las protestas, desplegando una pancarta frente al monumento floral con el lema 'Murcia Cristiana, ni judía ni mahometana'. También el joven concejal ultraderechista, Fernando Sánchez Parra (Vox) compartió en sus redes sociales una fotografía manipulada del monumento floral en la que, mediante edición, había eliminado por completo la estrella de David y la media luna, dejando únicamente la cruz cristiana sobre la estructura de madera. Acompañó la imagen con un mensaje contundente: “Con Vox la plaza estaría así”.

Este clima de confrontación previa es lo que ha llevado al concejal de Seguridad Ciudadana, Fulgencio Perona, a señalar directamente a un “acto vandálico” como causa del fuego. La Policía Nacional investiga ahora si los discursos de odio vertidos durante la semana pudieron actuar como detonante de un suceso que ha transformado un símbolo de paz en un foco de discordia.

“Dejar de blanquear ciertos comportamientos”

En esta línea, el Delegado del Gobierno Francisco Lucas ha expresado su profunda “pena y preocupación” ante un suceso que considera la “consecuencia del blanqueamiento y la normalización de los discursos de odio a los que nos hemos acostumbrado en la Región”. Lucas ha hecho un llamamiento a la reflexión colectiva, advirtiendo de la peligrosidad de estas actitudes: “Debemos dejar de blanquear ciertos comportamientos y de normalizar a la ultraderecha, porque ponemos en riesgo la convivencia en la Región de Murcia”

Los socialistas municipales, con Ginés Ruiz a la cabeza, han declarado que este tipo de situaciones “no surgen de la nada”. “Son consecuencia de un clima en el que se normalizan discursos de odio, se les da espacio y se les resta importancia. Cuando se alimenta la intolerancia, pasan cosas como esta. Hemos llegado a un punto en el que algo tan arraigado en Murcia como la celebración del Festival de las Tres Culturas, que siempre ha sido un símbolo de convivencia, se pone en cuestión y se convierte en objeto de confrontación. Eso es lo verdaderamente preocupante. Frente a esto, debe haber una respuesta clara. Tolerancia cero ante cualquier manifestación de odio o intolerancia. Ni un paso atrás en la defensa del respeto, la convivencia y la diversidad que define a Murcia”.

Desde IU-V Murcia lamentan el incidente y entienden que el monumento floral con los tres símbolos hacía referencia a los orígenes culturales de Murcia, con un “claro componente de alegría y entendimiento”, y condenan “rotundamente” la acción. La coordinadora municipal, Liilana Mellado ha señalado el mensaje de José Mariano Orenes como un presunto disparador de este acto de vandalismo: “unos señalan y los escuadristas, amparados por el anonimato, actúan” y recalca que la ciudad de Murcia ha sido “diversa y migrante” desde su fundación: “Ningún incitador de odios conseguirá cambiar nuestra convivencia”.

Pogrmos racistas en Torre Pacheco

Este incendio sigue la chispa de los fuegos encendidos el año pasado por la extrema derecha: los pogromos racistas de Torre Pacheco a raíz de la agresión a un anciano de la localidad que llevó a ultras de toda España a sembrar el caos en el municipio y la tentativa de prohibir el culto al islam en los espacios públicos de Jumilla.

Con las primeras luces de la mañana, el pequeño Abdul Rahman camina hacia su jardín de infancia entre lo poco que queda de la que debió ser su ciudad natal. Debió ser, porque Abdul Rahman, de cuatro años, nació demasiado tarde para verla antes de que la mal llamada guerra en Gaza convirtiese la ciudad de Nuseirat en un campamento de refugiados. Lo que antes fueron aceras ahora son caminos de escombros por los que caminar ha dejado de ser fácil; donde antes había un sistema de alcantarillado, ahora circulan, al aire libre, las aguas residuales de decenas de miles de palestinos que aguardan el momento de volver a sus casas o salir de allí para siempre.

Dina le espera en casa. En lo que debía ser su casa aunque, de nuevo, Abdul Rahman nació demasiado tarde para que su casa se pareciese a la casa en la que debía haber crecido. Con ella, su hijo pequeño, Omar, de dos años, que todavía no es consciente de que ha nacido en la Franja de Gaza. Dina, que para cuando este reportaje se publica tiene 25 años recién cumplidos, prepara la comida para ella y sus dos hijos casi desde el mediodía hasta las 6 de la tarde. Al llegar de la guardería, Abdul la ayuda con las tareas domésticas mientras la comida se prepara lentamente en el fuego ante la falta de gas. “El fuego es de las cosas más dañinas que hay en la vida, pero ahora mismo es lo único que tenemos. A veces cocino al fuego, pero otras veces comemos sándwiches”, explica Dina.

Dina Najim es la única de su familia que queda en la Franja. En el año 2007, su padre Walid fue el primero en salir de Gaza y asentarse en Barcelona. Tras él, su madre y sus hermanos fueron llegando sucesivamente como refugiados a España; los últimos en llegar fueron sus hermanos mayores, los mellizos Mahmoud, o Mido, como le conocen cariñosamente, y Haytam en el año 2019. Dina tiene aprobado el estatus de refugiada, y desde entonces espera para poder venir a España y reunirse con sus padres y hermanos.

“En 2021, Bilal y yo teníamos un plan: él iría a Omán a trabajar y yo vendría a España con mi familia, pero el destino quiso otra cosa. Nos habíamos enamorado dos años antes y nos imaginábamos el futuro con todo lo bueno de la vida.” Ambos tenían un plan para sobrevivir al futuro y ese plan empezaba por abandonar Gaza. Cuando creyeron tener luz verde para salir, Dina descubrió que estaba embarazada de su primer hijo, Abdul Rahman; lo que en cualquier otra circunstancia habría sido una de las mejores noticias de toda su vida, se convirtió en un impedimento para que el joven matrimonio pudiera escapar.

“Decidimos esperar para salir de aquí, porque en mi estado era muy difícil hacer un viaje así, pero la guerra nos cambió los planes para siempre”. Al otro lado del WhatsApp, los mensajes de Dina tardan en llegar, casi como si se tratase de correo postal, por la falta de conexión a internet que sufren los palestinos. Bilal siguió trabajando en la pequeña tienda que regentaba en Nuseirat para mantener a la familia, a pesar de que la inseguridad crecía y cada día que pasaba era más y más difícil conseguir productos básicos, y tanto era así que se hizo con un coche para poder seguir adquiriendo productos.

Nacer entre bombas

El primer hijo de Dina llegó cuando ya no quedaba nadie de los suyos en Gaza. Hay momentos en los que la distancia se mide en el silencio de una habitación de hospital, y para ella, aquel quirófano fue el principio de una soledad que la guerra terminaría por sellar. “Mi familia se fue cuando yo estaba embarazada de Abdul Rahman. Di a luz y mi familia no estaba conmigo. Fue por cesárea”, recuerda. Antes de la operación, el único consuelo para los Najim fue una llamada que el llanto cortó antes de tiempo: “Hablé con ellos, pero no pude terminar la llamada porque todos nos pusimos a llorar”. Después vino Omar, que nació con el ruido de las bombas ya instalado en la rutina, en unas circunstancias que Dina solo alcanza a describir como “muy malas”.

Pasaban los meses y Abdul y Omar crecían entre el estruendo de los ataques, que a veces crujían lejanos, en la ciudad de Gaza, mientras Dina observaba con preocupación las columnas de humo en la distancia, y otros caían cerca. “Un día de marzo [2024], bombardearon la casa de nuestros vecinos mientras dormíamos. Nos despertamos con el sonido de los escombros y cristales sobre nuestros niños pequeños; la casa estaba a oscuras, llena de polvo, piedras y los gritos de las mujeres y niños en la casa de al lado. Omar tenía cuatro meses y dormía en su cuna cuando ocurrió el bombardeo; su cuna se llenó de arena, piedras y cristales, pero gracias a Dios no sufrió daños”.

Sobrevivir en la Franja de Gaza, sobre todo después del 7 de Octubre, se ha vuelto mucho más una cuestión de suerte, de estar en el lugar adecuado en el peor momento, que de resiliencia. Eso hicieron Dina, Bilal y los niños durante meses y meses: encontrarse, por puro azar, fuera de la trayectoria de lo que cae del cielo, porque en Gaza la suerte consiste en estar fuera de la estadística de un impacto que esta vez, elige la casa de al lado y la vida se basa en campar bajo un cielo que ha olvidado su oficio de dar luz para especializarse en el estruendo, esperando que el siguiente silbido no lleve escrito el nombre de uno.

Un misil contra el vehículo de Bilal

Para Bilal, el azar terminó una tarde de noviembre de 2024. Fue algo tan rápido y tan definitivo como el impacto de un misil israelí contra la chapa de su coche, el mismo vehículo en el que recorría Nuseirat buscando la manera de que a su familia no le faltase de nada, aunque faltase de todo. No hubo margen para una despedida ni para ejecutar aquel plan de escape que habían trazado juntos; la muerte lo encontró en el sitio donde intentaba ganarse la vida, convirtiendo el motor y el volante en el final de todo. Con ese misil, el mapa de una vida compartida se rompió para siempre, dejando a Dina con la tarea imposible de explicarle a Abdul Rahman y a Omar que el futuro, a veces, es un coche que no regresa a casa.

Dina dice que, en general, la vida en Gaza mata por lo que falta. Sumado al miedo de lo que pueda caer del cielo, está la erosión agónica de la falta de electricidad, agua o gas para calentarse y cocinar. “Compro para ellos y los cuido como si fuera la madre y el padre al mismo tiempo”, explica. “Cuido de ellos yo sola. A veces siento que la responsabilidad estando yo sola me supera, pero estos días requieren a alguien, a un ser humano fuerte, para poder superar lo que está pasando”.

Mientras trata de sobrevivir y de hacer sobrevivir a sus hijos, a Dina le han llegado explicaciones que no tienen sentido cuando se miran desde el suelo de Nuseirat. Es una lógica que dice que su vida valdría más, o al menos se movería más rápido, si no tuviera a nadie a su cargo. “Dicen que si no estuviera casada y si no tuviera hijos, viajar sería más fácil”, cuenta ella, con la extrañeza de quien ve cómo su familia se convierte en un obstáculo para volver a verla. “Que si fuera soltera, el viaje sería más fácil para mí”.

“Salir de aquí debería ser más fácil”

Esa idea de que la soledad pondera más que la necesidad de protección es lo que Dina no logra encajar en su realidad de viuda de 25 años. Para ella, tener a dos niños que dependen solo de su fuerza debería ser el argumento definitivo, no un problema. “A pesar de que mis hijos son muy pequeños y huérfanos, se supone que salir de aquí debería ser más fácil”, relata. “Mi situación no ayuda a que podamos salir de aquí: mi esposo no está, toda mi familia está fuera y yo tengo niños. Solo tengo 25 años, soy demasiado joven para cargar con toda la responsabilidad yo sola”.

Desde Torreagüera, en Murcia, la caligrafía de Walid Mahmoud Nijim, su padre, intenta tender un puente legal hacia Gaza. Es un escrito dirigido a la Dirección General de Protección Internacional donde un padre tiene que justificar por qué su hija no pudo huir cuando lo hizo el resto: porque aquel 10 de abril de 2021 Dina estaba embarazada de siete meses y el viaje era un riesgo que no podían permitirse. En el documento, Walid detalla la carambola trágica de estos años: una mujer que enviudó a los 24 y que ahora, con sus hijos de cinco y dos años, depende de que su familia le envíe dinero desde España o de alquilar la casa familiar para tener ingresos básicos. El documento, dirigido a la Dirección General de Protección Internacional, es el relato de una espera donde un abuelo pide que se reconozca el peligro de muerte que corren sus nietos en Nuseirat mientras aguarda a que una oficina en España dé por cumplimentados los trámites que le devuelvan a su hija.

Un derecho que no se puede aplicar en Gaza

Sin embargo, no todas las trabas son burocráticas. A pesar de que España no ponga problemas a que Dina y sus hijos puedan llegar a nuestro país, existe un muro legal que el papel no puede saltar. El escrito de Walid se apoya en la Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, que en su artículo 40 permite la extensión familiar: es decir, que si una familia ya tiene el refugio en España, sus hijos y cónyuges tienen derecho a obtenerlo también para reunirse con ellos. El problema es que la ley española reconoce el derecho, pero no tiene capacidad de ejecución sobre el terreno en Gaza. España puede conceder el visado o la protección, pero no puede entrar en la Franja a buscarlos. La salida de Dina depende de una autorización de salida por el paso de Rafah o Kerem Shalom que España no controla, y de una logística de evacuación que queda fuera de sus competencias diplomáticas directas en un territorio bajo bloqueo y en guerra. La ley le otorga a Dina el derecho a estar en Murcia con sus padres, pero no le ofrece el transporte para salir del lugar de donde tratan de huir.

En Beniaján, Murcia, hoy el apellido Najim suena a trabajo duro y a una integración que se pelea cada día. Mahmoud, su hermano mayor, que sobrevivió a un misil israelí en 2014, despacha hoy en un almacén de electrónica y bromea con sus vecinos, luciendo cicatrices que en España obligarían a una baja médica, pero que para un gazatí son apenas un rasguño. Pero tras esa vitalidad de quien ha muerto varias veces y ha decidido seguir viviendo se esconde una espera que ha pasado de la esperanza al entumecimiento.

La familia envía dinero, cuando pueden, se comunican con la embajada y consultan el móvil con el corazón en un puño, pero a veces el silencio es tan largo que Mahmuod confiesa sentirse incapaz de llamar. No sabe qué decirle a su hermana desde la comodidad de una Europa que le reconoce el derecho a traerla, pero que se declara impotente para ir a buscarla. Mientras tanto, en Nuseirat, ella sigue encendiendo el fuego a mediodía, ajena a los peajes imposibles de la frontera, sosteniendo ella sola el peso de un apellido que en Murcia espera y en Gaza, simplemente, intenta no terminar de morir.

Alberto S.M., el acusado de secuestrar y mantener encerrada a la fuerza a su expareja durante dos años, ha sido puesto en libertad por la jueza de la plaza nº 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Murcia. Según el testimonio de Salma, durante los 700 días que se alargó su cautiverio en una casa de huerta en la pedanía murciana de San José sufrió un infierno de palizas y violaciones. El investigado se encontraba en prisión preventiva desde el pasado 13 de febrero, acusado de presunta detención ilegal, agresión sexual, lesiones, amenazas y coacciones en el ámbito familiar.

La resolución explica que, tras la práctica de diversas declaraciones testificales y la incorporación de nueva documentación, han surgido dudas sobre algunos aspectos del relato inicial que motivó la adopción de la medida de prisión provisional. El auto señala que los indicios, “si bien se mantienen, carecen de la virtualidad inicialmente concedida para el mantenimiento de la medida restrictiva de la libertad”.

La magistrada subraya que la investigación continúa, con diligencias aún pendientes, entre ellas el reconocimiento forense de la denunciante, la incorporación de su historial sanitario y una pericial sobre terminales móviles.

El auto ha acordado la libertad provisional del investigado con obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes y comunicar cualquier cambio de domicilio. Asimismo, mantiene la prohibición de aproximación y comunicación con la denunciante acordada en la resolución de 13 de febrero.

La Policía Nacional ha detenido a tres mujeres y cuatro hombres que han sido imputados por los delitos de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y maltrato animal, al ser considerados los responsables de un narcopiso situado en la pedanía de El Palmar (Murcia), dedicado a la venta de todo tipo de sustancias estupefacientes las 24 horas del día así como de organizar peleas ilegales de gallos.

Una investigación iniciada en agosto del pasado año, condujo a los agentes hasta un inmueble situado en el barrio murciano de Los Rosales en El Palmar, que estaba siendo utilizado como punto de venta de todo tipo de drogas de manera ininterrumpida, funcionando como un supermercado que operaba las 24 horas del día y donde el trasiego de consumidores que accedían al inmueble para posteriormente volver a salir era constante.

La investigación culminó con la realización de dos registros recientemente, uno de ellos en la vivienda del principal investigado donde se intervino una importante cantidad de dinero en metálico y varias armas blancas de grandes dimensiones y un segundo registro que se realizó en el inmueble donde se llevaba a cabo la venta de sustancias estupefacientes tales como; heroína, cocaína, marihuana, hachís y pasta de base.

Este inmueble contaba con tres puertas acorazadas que protegían su acceso, cámaras de seguridad que monitorizaban las inmediaciones y personas dedicadas exclusivamente a tareas de vigilancias para detectar la posible presencia policial.

También se intervinieron cuatro plantaciones indoor de marihuana, halladas en inmuebles cercanos, asociados a los responsables de este narco piso y que sumaron la cantidad de 640 plantas de marihuana.

Destacar la existencia de un reñidero donde tenían lugar apuestas y peleas ilegales de gallos que fue localizado en uno de estos inmuebles. También se encontraron varios ejemplares de estos animales con los espolones afilados, que pudieron ser rescatados y depositados en el servicio de zoonosis del Ayuntamiento de Murcia.

Siete personas fueron detenidas por los delitos de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y maltrato animal, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial los dos principales investigados en estos hechos.