Los juzgados murcianos continúan arrastrando años de colapso, volviendo a situarse a la cabeza de los más saturados del país. De acuerdo con la última memoria que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, preocupa especialmente el tiempo de respuesta de los juzgados murcianos. La Región es la Comunidad con mayor dilación, con unos tiempos medios de resolución en primera instancia que superan los 12 meses, siendo cuatro meses más lenta que la media nacional, que se sitúa en los ocho.

La situación se vuelve dramática en lo civil y lo social, que concentran la mayor parte del atasco y donde se llegan a triplicar las cifras de comunidades como Asturias. En el orden civil, que dirimen desde desahucios hasta divorcios, la Comunidad registra 18,3 meses de tiempos de espera, muy lejos de la media nacional de 11 meses. En total, en esta sección se ha registrado una media de 2.273 asuntos por plaza, y se ha resuelto una media de 3.813. Unos esfuerzos de respuesta que no han logrado solventar el volumen acumulado de pendencia: permanecen en trámite 50.000 ejecuciones, un 6% más que el año anterior.

En lo social, donde se resuelven, por ejemplo, las demandas de despido, las resoluciones tardan de media 17 meses en llegar, cuatro meses por encima del promedio nacional, que está en torno a los 12,7. Finaliza el año con un incremento del 9% de la pendencia, con 17.771 asuntos pendientes.

El orden contencioso-administrativo acumula esperas de 13,8 meses frente a los 11,4 de media por parte del resto de autonomías; y en el orden penal hay de media un mes más en el tiempo de respuesta, unos 5,6 meses de espera frente a los 4,3 nacionales.

Un solo juzgado deja 17.281 casos pendientes

En el conjunto de la provincia, en 2025 tanto la tasa de pendencia -que mide el volumen de trabajo pendiente por parte de los juzgados- como la de resolución aumentaron aproximadamente un 0,5%, hasta llegar al 0,95%, mientras que la nacional se situó el pasado año en el 0,63%. Por otro lado, continuó el constante ascenso de la tasa de congestión hasta llegar al 1,95%, un 0,5% más que el pasado 2024. Aunque las cifras arrojadas por el documento reflejan una moderación en la entrada de asuntos y una mejoría en la capacidad de respuesta judicial, el informe reconoce que sigue sin ser “suficiente” para contener el crecimiento de la pendencia en los juzgados murcianos: “Estos indicadores reflejan que en 2025 se resolvió casi el mismo número de asuntos que ingresaron y que la carga acumulada siguió aumentando”, reconoce el informe.

Los diez juzgados con más colapso en la Región de Murcia acumulan más de 50.000 procedimientos pendientes. A la cabeza del atasco se encuentra el Juzgado de Primera Instancia número 16 de Murcia, que desde el año 2018 ejerce como el único de la Comunidad especializado en cláusulas suelo. Pese a despachar el pasado año una media de cinco asuntos diarios -1.417 casos en un año-, cerró con 17.281 expedientes sobre la mesa y una tasa de pendencia de 12,19, doce meses más que la media regional. Se trata de unas cifras que están muy por encima del segundo del ranking, el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Cartagena con 4.601 casos pendientes, y una tasa de pendencia del 2,68.

El director de la extinción ha declarado controlado el incendio forestal en la pedanía de Los Garres y Los Lages (Murcia), que ha afectado a 177 hectáreas de terreno, la mayor parte de ellas en el Parque Regional de El Valle y Carrascoy. Por su parte, el director del Plan Infomur ha decretado la situación operativa 0 del mismo. Tras 48 horas, los equipos de extinción han conseguido frenar el avance de las llamas.

A las 13:35 horas de hoy se declaraba controlado y, como consecuencia, la situación operativa del Plan ha pasado a 0. Permanecen en el lugar en tareas de refresco de terreno y de vigilancia efectivos de la Unidad de Defensa contra los Incendios Forestales. En total, cuatro brigadas forestales, dos brigadas de intervención rápida, agentes medioambientales, técnicos y personal de coordinación y apoyo se encuentran controlando la zona. El pasado miércoles, a las 18:20 horas, se daba por estabilizado y esta mañana se declaraba la situación operativa 1 de la fase de emergencia del Infomur.

El incendio comenzó a las 15:10 horas del pasado martes, 2 de junio. En apenas minutos el centro de emergencias recibió más de 200 llamadas de vecinos alarmados por la gran columna de humo visible desde distintos puntos del municipio. Las llamas, originadas cerca del Castillo de Los Garres, avanzaron en dirección a San José de la Vega y Beniaján, amenazando viviendas del entorno del cementerio y la rambla. Esa misma tarde, se declaró la situación operativa 2 de la fase de emergencia del Plan Infomur. Han participado en su extinción medios terrestres y aéreos de la Comunidad Autónoma, del Ayuntamiento de Murcia, del Estado y de las comunidades Valenciana y de Castilla-La Mancha.

En los momentos más críticos del incendio llegaron a trabajar unos 400 efectivos, entre personal de la Unidad de Defensa contra los Incendios Forestales, bomberos municipales de Murcia, efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, agentes medioambientales y personal técnico especializado. La Unidad Militar de Emergencias ha reforzó sus esfuerzos con un despliegue de más de 170 efectivos y 50 vehículos los medios que ya trabajaban en la zona. Medio centenar de viviendas tuvieron que ser desalojadas y los vecinos con sus mangueras ayudaron a contener el fuego en las calles donde tienen sus casas.

“En la parte este, al sur de la sierra. Zona verde justo en el límite de la zona quemada”, se escucha repetir a dos efectivos con el terminal portátil en mano en el puesto de mando avanzado para combatir el incendio, situado junto al cementerio de la pedanía murciana de Los Garres. Los coordinadores guían por radio a los medios aéreos señalando posiciones con precisión milimétrica al pie de la Cresta del Gallo, la formación rocosa de unos 500 metros que da nombre a uno de los rincones más frecuentados del parque regional de El Valle y Carrascoy, ya que su cima está coronada por grandes rocas rojizas que, vistas desde la ciudad, recuerdan la cresta de un ave.

No han pasado todavía las 24 horas desde que se declaró el fuego este martes, a las 15.10 de la tarde y varios helicópteros sobrevuelan sin descanso la zona, con el bambi colgando a varios metros bajo el fuselaje. En cuestión de segundos, el agua cae en cortina sobre las llamas y, sin apenas margen de pausa, cada aparato regresa de inmediato a balsas cercanas -y en el caso del hidroavión, al pantano de la Pedrera, en Orihuela- para reiniciar la maniobra. Mantienen así una presión constante y coordinada sobre el incendio en Murcia.

“No habíamos visto nunca nada así, ayer [por el martes] se vivieron momentos de película de terror”. Habla Mercedes, vecina de Los Garres, minutos antes de meterse en el coche para visitar el cementerio de la localidad, a los pies de la sierra, y franqueado por un alto muro que impidió que las llamas se colaran en el camposanto, situado en la zona cero del incendio. “Queremos asegurarnos de que no ha habido daños”, remata. Su casa está a unas pocas decenas de metros de un par de fincas que arrasaron las llamas. “Esto está muy descuidado, lleno de matorral seco, hace años era una explotación de naranjos, pero ya no queda nada, está muy abandonado”.

“El limonero no arde”

Juan Carlos Moyano, exalcalde pedáneo (Ciudadanos) de San José de la Vega, población que queda dividida de Los Garres al atravesar la avenida del Camino de la Tejera, no tiene dudas sobre las causas del incendio que ha arrasado la Cresta del Gallo: “Esto se lleva diciendo años. Que iba a pasar, que iba a pasar. Y ha pasado”. Moyano apunta directamente al abandono de la finca Barceló, ahora propiedad de una empresa vinculada al mexicano Carlos Slim, magnate de las telecomunicaciones y uno de los hombres más ricos del mundo, y de la antigua finca de la Tana, cuyos terrenos quedaron en barbecho cuando su propietaria, la familia Cánovas, arrancó los cítricos a finales de los años 90.

Unos 15.000 habitantes residen en ambas pedanías de Murcia -de un total de 55-, donde se extienden dúplex, almacenes frutales, cítricos y edificios de escasa altura, todos ellos atravesados por los carriles -carreteras estrechas, sin apenas acera- de huerta y a escasos metros de la sierra, pulmón de la capital murciana.

“El limonero no arde. Hay dos fincas quemadas y un huerto de limoneros en el centro que no ha ardido”, explica Moyano. Varios bomberos trabajan aún en apagar los últimos rescoldos junto a una nave agrícola, donde se dibuja una frontera nítida entre el verde intacto de los limoneros y el negro de las cenizas en las que se ha convertido el matorral de las parcelas. A su juicio, la sustitución de los cultivos de cítricos por vegetación seca y abandonada fue la mecha que esperaba prenderse: “La maleza tiene una capacidad de combustión enorme. Arde rápido y se propaga”. 

El expedáneo recuerda que tanto él como otros alcaldes de la Vega Baja del Segura llevan años denunciando la dejadez en la limpieza de esas fincas de más de 300.000 metros cuadrados. “Hay una ordenanza municipal que obliga al propietario a tener la finca vallada y limpia, y que faculta al Ayuntamiento a entrar, limpiarla y pasarle el cobro. Pero no se hace. Nunca se ha hecho”, lamenta.

Moyano vivió el incendio de cerca. Dormía la siesta el pasado martes cuando su mujer le llamó por teléfono. “Cuando abrí la puerta, una bocanada de humo entró en casa. No se veía ni los chalets de enfrente”, recuerda. En los minutos más críticos, entre las cinco y las seis de la tarde, acogió en su casa a más de veinte vecinos desalojados, con varios perros y gatos, mientras intentaba calmar a familias con niños pequeños aterrados. Ahora su preocupación se traslada al futuro: “Cuando caiga una dana en otoño, aquí no va a haber nada que pare el agua. Esa ladera quemada va a ser un desastre”.

Una EBAU, sin “haber pegado ojo en toda la noche”

Con los móviles en alto, Tania y Nerea registraban a primera hora la labor de los helicópteros. Ambas estudiantes, son amigas y vecinas de la parte alta de la pedanía. Y sus familias se cuentan entre el centenar de desalojadas este martes para prevenir un desastre ante el voraz avance de las llamas.

“Empezamos a llamar a Emergencias a las tres de la tarde, pero a las tres y media seguía sin haber mucho movimiento de efectivos y a las cuatro el fuego se había adueñado de la sierra”, se queja Nerea, que a pesar de haber terminado Bahillerato -cuenta- no tenía previsto realizar las pruebas de la EBAU, “pero otros compañeros sí que han tenido que presentarse esta mañana, a pesar de no haber pegado ojo en toda la noche”.

A su lado, Tania recuerda “el miedo” vivido en la tarde del martes cuando les aconsejaron salir de sus casas. “Fue horrible ver cómo ardía la montaña y el fuego corriendo hacia abajo, se quedó a diez metros de nuestras viviendas y tuvieron que desalojar a bebés y personas mayores; mucha gente no quería salir de su casa, o estaba durmiendo porque fue a la hora de la siesta y no se habían enterado de nada”.

Entre las cinco y las seis de la tarde del martes se vivieron los peores momentos. “A esa hora hasta bajaban los bomberos mareados de la asfixia, vimos a algunos tirados en el suelo, con lipotimias”, recuerda Tania, que como el resto de sus vecinos se echó a la calle con mangueras y cubos para intentar ayudar a extinguir las llamas. “No pudimos volver a casa hasta bien entrada la madrugada”.

Mascarillas de la pandemia para protegerse del humo

No muy lejos de sus casas, en uno de los puntos calientes del incendio, se levanta el CEIP Antonio Díaz. Rescatadas de la época de la pandemia, los docentes han sacado de una caja esta mañana varias docenas de mascarillas para protegerse de la nube de humo que sigue dominando el ambiente y que ha obligado a niños y profesores a volver a cubrirse el rostro durante la mañana.

De los 300 niños que estudian en este colegio público de la pedanía, a las faldas de la sierra, solo ha cruzado la puerta a las nueve de la mañana medio centenar. “Pero a muchos se los están llevando ya porque las aulas huelen mucho a humo, y no se puede estar dentro”, cuenta la jefa de estudios minutos antes de recibir en el colegio a la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, y al consejero de Presidencia, Acción Exterior, Emergencias y Juventud, Marcos Ortuño, que se han acercado hasta el centro escolar a primera hora de la mañana.

El origen del incendio se sitúa en torno a las 15.10 del martes. “No se sabe nada todavía de las causas del incendio pero la policía científica está desplegada investigando el asunto y en las próximas horas o días es posible que sepamos algo”, dice la alcaldesa Rebeca Pérez, quien apunta que “el viento fue el problema fundamental, que provocó que se expandiera con demasiada virulencia”, unido a las temperaturas extremas de un día con alerta naranja declarada. “El dispositivo, formado por más de 400 hombres, sigue activo”, destaca el consejero Marcos Ortuño, quien ha cifrado en 177 hectáreas el espacio afectado por el incendio, “unos siete kilómetros”, de las que un 50 por ciento pertenecen a masa forestal.

La actividad que no cesa

En el campamento donde se ha instalado el Puesto de Mando Avanzado no cesa la actividad. Técnicos, agentes medioambientales, bomberos y responsables de emergencias siguen de cerca la evolución del incendio y coordinan sobre el terreno el despliegue de medios terrestres y aéreos, en una jornada marcada por el humo, las altas temperaturas y la vigilancia constante de los puntos más sensibles del perímetro.

“Los efectivos siguen actuando esta mañana para sofocar los fuegos que se van reactivando con el viento”, explica Fulgencio Perona, concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Murcia desde el centro de coordinación del incendio. Desde las siete de la mañana, concreta, han empezado a operar en la zona de nuevo los medios aéreos, tres helicópteros del Gobierno regional y un avión del Ministerio para la Transición Ecológica.

“Desde ayer mismo tanto la Guardia Civil como la Policía Científica están al pie del cañón para investigar las causas del incendio”, adelanta Perona, quien pide prudencia para determinar las posibles causas de las llamas.

Incendios “más virulentos”

La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, también ha acudido al puesto de mando para agradecer el trabajo de los efectivos desplegados desde el inicio del incendio. Desde el Ministerio, según explica, se pusieron a disposición de la Región de Murcia cinco medios aéreos: un avión de coordinación, tres anfibios de gran capacidad y un helicóptero, además de 200 militares de la UME y 75 medios terrestres. “Desde el primer momento ha habido una estrecha colaboración entre la Comunidad Autónoma y el Gobierno. Hemos trabajado mano a mano”.

El dispositivo, además, está integrado por una treintena de efectivos de Emergencias y Protección Civil, seis unidades policiales, cuatro vehículos de bomberos, cinco brigadas forestales y cuarenta agentes de la Unidad Militar de Emergencias, que continuaban este miércoles trabajando en la Cresta del Gallo, el punto que corona la Sierra de Carrascoy, y uno de los focos donde las llamas más han resistido.

Aagesen lanza un aviso sobre la situación general: “Los incendios no solo afloran con mayor cantidad, sino que son mucho más virulentos”. La ministra apela a un pacto de Estado frente a la emergencia climática y reclamó anticipación, prevención y más medios. Al término de su intervención, afirma que la situación era “mucho mejor que la de ayer [por el martes]” y que se espera poder declarar el incendio estabilizado a lo largo de la tarde de este miércoles.

Gran parte de los pinares de este parque regional son fruto de las repoblaciones de finales del siglo XIX y principios del XX, continuadas durante el franquismo con el pino carrasco como especie casi única. Lo que entonces se plantó para salvar los montes desnudos, el fuego del martes lo devoró en horas.

“No hablamos solo del valor ambiental, que es enorme. Con las condiciones climáticas actuales, tener un pulmón para la ciudad de este volumen y tan cerca es muy importante. Pero también hablamos del valor sentimental, porque quién no se ha subido al monte a andar una tarde o un fin de semana. Es una joya que tenemos que cuidar siempre”, apunta el portavoz socialista en el consistorio murciano, Ginés Ruiz Maciá.

El olor a humo sigue impregnado en la piel y la atmósfera.

Los equipos de emergencia han logrado perimetrar el incendio forestal que se inició ayer por la tarde en las inmediaciones de Murcia y que ya ha devastado más de 177 hectáreas del parque regional El Valle-Carrasco. Las labores de extinción se han visto favorecidas por la tregua del viento, permitiendo actuar eficazmente a los bomberos y a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Rebeca Pérez, alcaldesa de la ciudad, ha expresado su gratitud ante la total colaboración y el respaldo de las administraciones estatal y regional. Asimismo, ha puesto en valor el esfuerzo de los cerca de 300 profesionales, entre militares y bomberos —algunos llegados de comunidades vecinas—, cuyo despliegue coordinado ha sido clave para frenar el avance de las llamas.

La regidora también ha ensalzado la intervención de las aeronaves, indispensables para combatir el fuego en las cumbres y áreas escarpadas de difícil acceso donde el personal de tierra no podía maniobrar debido a los grandes desniveles. Se espera que esta misma tarde la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, se desplace hasta el puesto de mando avanzado para supervisar de primera mano la evolución de los trabajos sobre el terreno.

Medio centenar de viviendas tuvieron que ser desalojadas y los vecinos con sus mangueras ayudaron a contenter el fuego en las calles donde tienen sus casas. La Unidad Militar de Emergencias ha reforzado la pasada noche con 170 efectivos y 50 vehículos los medios que ya trabajaban en la zona. “Está todo el cielo gris, desde aquí se ve la humareda y todavía está ardiendo”, han relatado vecinos cercanos al foco.

La evolución del incendio mostraba esta mañana una leve mejoría tras las últimas horas de trabajo ininterrumpido. En declaraciones al programa Hoy por Hoy Región de Murcia, el consejero de Presidencia y Emergencias, Marcos Ortuño, detalló que por la noche las brigadas pudieron trabajar en el perímetro durante una madrugada “sin nada extraordinario” que complicara el escenario. Desde primera hora de este miércoles, los recursos aéreos se sumaron a las tareas de extinción con el fin de “refrescar puntos calientes”, concentrando todos los esfuerzos en estabilizar el fuego “lo antes posible”.

En Onda Regional, el alcalde pedáneo de la localidad, Antonio Ramírez, recordó que el momento de mayor tensión se vivió ayer, cuando la fuerza de las llamas rozó la zona residencial y desató la alarma entre los vecinos. Sin embargo, ha lanzado un mensaje de tranquilidad al confirmar que el núcleo urbano ya no corre peligro.

El primer aviso llegó al 112 a las 15.10 horas del martes y en apenas minutos el centro de emergencias recibió más de 200 llamadas de vecinos alarmados por la gran columna de humo visible desde distintos puntos del municipio. Las llamas, originadas cerca del Castillo de Los Garres, avanzaraon en dirección a San José de la Vega y Beniaján, amenazando viviendas del entorno del cementerio y la rambla.

La Guardia Civil ha informado de que su Servicio de Protección de la Naturaleza está ya trabajando en la investigación del origen del incendio después de que el pasado domingo se produjera otro que acabó con dos hectáreas de terreno forestal cerca de allí, por la rambla de los Saltadores. 

“Lo poquito que teníamos de verde y bonito aquí en Murcia. Veremos cómo queda después del desastre que se ha formado”, se lamentaba al teléfono Juan Carlos Moyano, antiguo alcalde pedáneo de San José de la Vega, quien ha acogido en su casa a una veintena de personas, ya que su vivienda se encuentra a 300 metros de las llamas.

Un grave incendio forestal declarado este martes por la tarde en la Cresta del Gallo, entre las pedanías murcianas de Los Garres y Lages, ha obligado a activar el Plan Infomur en situación 2 y a solicitar al Gobierno central el envío de tres aviones anfibios y dos helicópteros para reforzar el operativo de extinción. El delegado del Gobierno de la Región, Francisco Lucas, ha advertido en su cuenta de la red social X pasadas las 19 horas que la Unidad Militar de Emergencias (UME) había sido activada y “se encuentra de camino para sumarse a las labores de extinción del incendio declarado en Los Garres”.

“Seguimos con preocupación el avance del fuego en el municipio de Murcia, que ha llevado al desalojo de varias viviendas”, ha dicho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en sus redes sociales.

El primer aviso llegó al 112 a las 15.10 horas, y en apenas minutos el centro de emergencias recibió más de 200 llamadas de vecinos alarmados por la gran columna de humo visible desde distintos puntos del municipio. Las llamas, originadas cerca del Castillo de Los Garres, avanzan en dirección a San José de la Vega y Beniaján, amenazando viviendas del entorno del cementerio y la rambla.

El incendio supera ya las 110 hectáreas, según ha informado el Ayuntamiento de Murcia. Algunos vecinos han decidido abandonar sus viviendas de forma preventiva ante el avance de las llamas, próximas a varios núcleos habitados en la zona. “Está todo el cielo gris, desde aquí se ve la humareda y todavía está ardiendo”, han relatado vecinos cercanos al incendio.

“Hay varios helicópteros e hidroaviones sobrevolando la zona de un lado a otro”, cuenta al otro lado del teléfono Paco, propietario de la cafetería Iris, en San José de la Vega. “Aquí no hay peligro, estamos a unos 300 metros; pero arriba el fuego ha llegado a la carretera y en algunas zonas ha saltado muy cerca de las casas, por eso han desolajado algunas viviendas”, continúa. “La nube de humo y ceniza es muy grande, en el monte hay muchas ramas secas y el viento no acompaña”.

“Lo poquito que teníamos de verde y bonito aquí en Murcia. Veremos cómo queda después del desastre que se ha formado”, se lamenta al teléfono Juan Carlos Moyano, antiguo alcalde pedáneo de San José de la Vega, quien ha acogido en su casa a una veintena de personas, ya que su vivienda se encuentra a 300 metros de las llamas.

“Aquí en Los Garres está todo el mundo revolucionado, se sigue viendo gente por la calle pero con mascarillas; y lo que es muy curioso es que está el coche lleno de coches aparcados, por lo visto nadie quiere dejar los coches dentro de los garajes porque ha habido un corte de luz y está el pueblo hasta arriba de vehículos”, relara Antonio Pérez, vecino de Los Garres. “Mucha gente se está yendo porque no se fían, las llamas de hecho están llegando ya cerca de un colegio”.

El parque natural cuenta con zonas residenciales en lo que se conoce como la Costera de Murcia, en la falda de la cordillera, en las que viven unos 25.000 habitantes. “Hay mucha zona residencial que ha tenido el fuego muy, muy cerca. Hablo de una calle de cuatro metros y un frente de llamas de 20 metros de altura. [...] Como ha llovido tanto en Murcia y en toda España, hasta hace un mes estaba verde y no ha dado tiempo a limpiar. Esa maleza, que tenía dos o tres metros de altura en algunos sitios, ha ardido con un frente de llamas verdaderamente espectacular”.

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha solicitado a la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha medios aéreos, al igual que “máxima precaución” a los vecinos a través de su cuenta de X.

Pérez también ha informado en esta red social de que las instalaciones deportivas de las pedanías murcianas de Los Garres, San José de la Vega, Beniaján, Los Ramos, Torreagüera y Algezares se encuentran cerradas por el incendio, así como los centros de mayores y los campos de fútbol de las dos primeras.

El dispositivo desplegado se acerca a los 300 efectivos, con tres helicópteros operativos más uno de coordinación, brigadas forestales de la UDIF, agentes medioambientales, Protección Civil, Bomberos del Ayuntamiento de Murcia, Guardia Civil y Policía Local. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Democrático han movilizado tres aviones anfibio, un avión de coordinación y un helicóptero. El Ayuntamiento ha procedido al desalojo preventivo de las viviendas más cercanas al foco, mientras en algunas zonas se han ordenado cortes de suministro eléctrico para evitar riesgos adicionales.

El fuego se produce en el peor momento posible: la jornada más calurosa de la primavera en la Región, con temperaturas que han alcanzado los 40 grados en la capital y aviso naranja por calor extremo. Las rachas de viento en la sierra complican aún más los trabajos de extinción en el parque regional de Carrascoy y El Valle. Por el momento no se ha informado de heridos.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, también ha pedido a los habitantes de la capital murciana que “extremen la precaución” en la red social X.

Desde Protección Civil y Emergencias Murcia han querido recordar a los murcianos y murcianas la importancia de “seguir en todo momento los distintos perfiles oficiales de los servicios de emergencia para evitar bulos o desinformación”. También han informado de que se siguen desplegando nuevos recursos de protección civil y emergencias para este incendio forestal en la ladera de Murcia.

El delegado del Gobierno de la Región, por su parte, ha advertido pasadas las 17.30 horas de que se encontraba de camino “una aeronave de coordinación, dos aviones Alfa, un hidroavión y un helicóptero”.

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La Red Regional LGTBIQ+ en la Región de Murcia ha condenado el acuerdo entre PP y Vox en el Ayuntamiento de Totana que “veta posibles iniciativas en el Consistorio a favor del reconocimiento del colectivo” como condición para la aprobación de los presupuestos.

En Totana, el Partido Popular ostenta la alcaldía con Juan Pagán al frente del Ayuntamiento, aunque lo hace sin mayoría absoluta en el pleno municipal. Esta circunstancia obliga al equipo de gobierno a negociar apoyos con otras formaciones, entre ellas Vox, para poder sacar adelante iniciativas clave como las cuentas municipales.

Según ha denunciado la Red Regional LGTBIQ+, este acuerdo afecta “a vecinos y vecinas que nacen, viven, trabajan o llegan a Totana, y que afrontan las dificultades propias de ser una minoría en una población pequeña”. En este sentido, han criticado que para Vox “la prioridad es que queden resignados al olvido en un mes en el que suelen esperar un pequeño guiño de sus instituciones públicas”. También han apuntado que “el PP ha comprado este discurso discriminatorio a cambio de la aprobación de sus cuentas para la Corporación, o puede que ya lo compartiesen”.

El acuerdo contempla, concretamente, “la ausencia total de actos institucionales LGTBI y de la colocación de la bandera arcoíris en edificios y espacios públicos municipales, así como el resto de simbología ideológica de carácter partidista o activista”. Desde la red han recordado que este punto contraviene la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el uso de la bandera LGTBI en espacios públicos y la Ley LGTBI regional, aprobada por unanimidad en la Asamblea regional y respaldada en su momento por el PP. A su juicio, “las vidas LGTBIAQ+ pasan de existencia a mera ideología, invisibilizando así a las personas a las que deberían representar”.

La Red Regional LGTBIQ+ ha hecho además un llamamiento a la ciudadanía de Totana para colgar banderas arcoíris en los balcones y visibilizar el Orgullo y la diversidad. También ha animado a partidos políticos, sindicatos, comercios, asociaciones y centros educativos a impulsar actos de celebración de la diversidad en el municipio, y no descarta organizar nuevas acciones en la localidad.

Con el incremento de las temperaturas y la llegada de una ola de calor que afecta al sur de Europa —tras haber impactado ya en comunidades como Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Extremadura, Aragón o Madrid—, el consejero de Educación murciano, Víctor Marín, no descarta la suspensión de clases esta semana en la Región de Murcia.

Ante estas situaciones, la Consejería de Educación, ha recordado el consejero, “tiene diseñado un protocolo de actuación para los centros, como ocurre con otras contingencias extraordinarias que se puedan producir, como episodios de dana”. Este protocolo, ha apuntado, incluye medidas “regladas” y puestas a disposición de los equipos directivos para dar respuesta a estas circunstancias, entre ellas la suspensión de la actividad lectiva “cuando sea necesario”.

El titular regional de Educación ha subrayado que esta medida “en ningún caso ha de entenderse como un mecanismo de protesta”, sino como “la aplicación de un protocolo diseñado por la Consejería”.

En las últimas semanas, la falta de climatización en los centros educativos de la Región de Murcia ha vuelto a situarse en el centro del debate con la llegada de episodios de calor extremo. Docentes y padres han denunciado “la falta de soluciones estructurales” y la dependencia de medidas puntuales. Desde la Federación de AMPAS de la Región de Murcia Juan González, que agrupa a unas 300 asociaciones de madres y padres, recuerdan que “la climatización de los centros es responsabilidad de la Consejería” y que las soluciones no pueden seguir dependiendo de iniciativas aisladas o de la capacidad económica de cada comunidad escolar.

El umbral, en los 27 grados

Las instrucciones a las que hace referencia el consejero permiten la reubicación del alumnado o la suspensión de la actividad lectiva cuando las temperaturas en el interior de las aulas superan los umbrales previstos, en torno a los 27 grados. El modelo ya se ha aplicado en casos como el del IES Valle de Leiva, en Alhama de Murcia, convertido en símbolo del problema tras acumular varias jornadas con clases interrumpidas por el calor el curso pasado.

Por otra parte, el consejero ha insistido en que la suspensión de clases no implica la obligación de las familias de recoger a los alumnos, que podrán permanecer en los centros “reubicados en otros espacios sin actividad lectiva, en zonas con menor exposición a las altas temperaturas, zonas de sombra o espacios comunes con climatización”, manteniéndose además operativos los servicios complementarios.

En paralelo, Marín ha defendido que la administración continúa con inversiones para mejorar el confort térmico en los centros educativos. Según ha señalado, desde 2020 se han destinado “80 millones de euros en mejorar la climatización y las potencias eléctricas de un centenar de centros”, y ha avanzado una partida específica de 11 millones de euros prevista para 2026.

El consejero ha añadido que estos planes forman parte de una estrategia de modernización de infraestructuras que, según ha dicho, “en ningún caso fueron concebidas cuando se construyeron para contemplar sistemas de climatización adecuados”.

Grupo de calor: sindicatos, ampas y estudiantes

Para hacer frente a esta problemática, varias AMPAS de la Región, junto con los sindicatos Sterm, CCOO y UGT, además de colectivos estudiantiles, han creado el denominado grupo de calor, una iniciativa destinada a dar visibilidad a esta situación y reclamar una actuación por parte de la Consejería. “Reclamamos un plan integral que permita adaptar los centros educativos al incremento de las temperaturas, acompañado de una financiación adecuada”, ha señalado Pablo Rodríguez, portavoz de Sterm.

Entre las acciones emprendidas destacan la presentación de denuncias ante la Inspección de Trabajo, el control y registro de las temperaturas en las aulas y la divulgación de estos datos. Asimismo, según explican desde Sterm, se está desarrollando un mapa térmico de los centros educativos de la Región mediante el uso de termómetros conectados a aplicaciones digitales.

La costa sur de la Región de Murcia lleva años acostumbrándose a convivir con dos realidades incómodas: la llegada periódica de embarcaciones con personas migrantes y la expansión silenciosa de las redes vinculadas al narcotráfico marítimo. El grupo municipal de Vox en Lorca —que desde 2023 gobierna este municipio junto con el Partido Popular— ha colocado ambos asuntos en el centro de la agenda política local, después de defender en el Pleno municipal ordinario correspondiente al mes de mayo, una batería de medidas contra las llamadas “pateras taxi” y las narcolanchas que operan en distintos puntos del litoral lorquino. José Martínez, edil de esta formación y responsable de la Concejalía de Protección Civil y Emergencias, asegura que la situación “ha desbordado la capacidad de vigilancia” del ayuntamiento, al tiempo que reclama más medios policiales y controles en la costa.

El anuncio de Vox llega en un contexto especialmente sensible. Apenas unos días antes, el 10 de mayo de 2026, una patera con 24 inmigrantes a bordo fue interceptada en Cala Blanca, en el diseminado de la pedanía lorquina de Garrobillo. Aquella imagen —la de un grupo de personas exhaustas llegando a una cala semidesierta del litoral murciano— volvió a sacudir a los vecinos de la zona, acostumbrados ya a ver dispositivos de Guardia Civil y Salvamento Marítimo en episodios similares.

No era un caso aislado. En marzo, las autoridades contabilizaron al menos 72 migrantes desembarcados en distintos puntos de la franja costera compartida entre Lorca y Águilas. El aumento de llegadas ha generado preocupación entre parte de la población local, aunque también ha despertado críticas hacia quienes intentan vincular automáticamente migración y delincuencia organizada para alimentar discursos de inseguridad.

La frontera invisible del Mediterráneo

En Puntas de Calnegre, una pequeña y pintoresca localidad costera perteneciente a la pedanía lorquina de Ramonete, la llegada de estas embarcaciones es un tema recurrente, pero que se comenta con discreción entre sus escasos setenta habitantes. “Muchas veces no sabes si es una patera o una lancha rápida”, explica un residente que pide mantener el anonimato. “Aquí por la noche apenas hay iluminación, pero la gente escucha motores y ve movimiento. Unas veces llegan las patrullas y otras no”.

La sensación de incertidumbre se ha instalado en parte del vecindario. No tanto por la presencia de personas migrantes, insisten algunos residentes, sino por la percepción de que esta franja litoral se ha convertido en una ruta relativamente accesible para distintos tipos de tráfico marítimo irregular.

Otros vecinos, sin embargo, cuestionan el tono alarmista que se está imponiendo en el debate público.“La mayoría de quienes llegan vienen desesperados, no son criminales”, comenta una trabajadora del sector hostelero de la zona. “El problema es que algunos partidos meten todo en el mismo saco”.

Ese matiz resulta clave. Expertos en migraciones y derechos humanos llevan años alertando del riesgo de criminalizar a quienes cruzan el Mediterráneo en condiciones extremas. España continúa siendo una de las principales puertas de entrada a Europa para personas que huyen de conflictos, pobreza o persecución, especialmente desde el norte de África y el Sahel.

Pero al mismo tiempo, las autoridades reconocen que determinadas rutas utilizadas para la inmigración irregular también son aprovechadas por redes de narcotráfico. Y es ahí donde el discurso político encuentra un terreno fértil.

Ramonete: el narcotráfico deja de ser invisible

Si en Puntas de Calnegre el fenómeno migratorio centra buena parte de la conversación, en Ramonete el miedo tiene otro nombre: narcotráfico.

La pedanía lorquina vivió uno de sus episodios más traumáticos en octubre de 2025, cuando un doble crimen relacionado con bandas dedicadas al tráfico de drogas sacudió la comarca. El 7 de octubre apareció el cuerpo de un hombre con impactos de bala dentro del maletero de un coche en la zona de Ramonete. Poco después, las autoridades localizaron una segunda víctima en una vivienda del paraje de El Cantar.

Las investigaciones apuntaron rápidamente a un ajuste de cuentas entre organizaciones vinculadas al tráfico de hachís. Entre las víctimas figuraba Giuliano Velo, ciudadano italiano con antecedentes relacionados con narcotráfico y presuntos vínculos con la mafia calabresa, la ‘Ndrangheta, una de las más poderosas del mundo. La otra víctima era un ciudadano marroquí supuestamente relacionado con el mundo de los 'vuelcos', como se conoce en el argot criminal a los robos de mercancía entre traficantes.

En diciembre de 2025, la Guardia Civil detuvo a tres personas implicadas en el doble asesinato. El propio alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, reconoció públicamente entonces que el crimen estaba relacionado con disputas derivadas del tráfico de drogas.

Aquellos hechos marcaron un antes y un después en la percepción del problema en la zona. Lo que durante años había permanecido en un segundo plano —comentarios aislados sobre lanchas rápidas, movimientos nocturnos o alijos en playas remotas—pasó a convertirse en una preocupación visible.

“Antes parecía algo lejano, como si ocurriera en Cádiz o en el Campo de Gibraltar”, explica un agricultor de la zona. “Pero cuando aparecen muertos aquí, la gente entiende que el problema está mucho más cerca”.

El ecosistema de las narcolanchas

Las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en el Mediterráneo funcionan mediante una compleja red de colaboradores y apoyos logísticos. Aunque las autoridades evitan generalizaciones, distintos investigadores y expertos en seguridad reconocen que las mafias encuentran en algunas zonas costeras un entorno favorable debido a la dispersión geográfica, la dificultad de vigilancia y la existencia de economías precarias.

En ese entramado aparecen figuras como los llamados 'petaqueros', encargados de suministrar combustible a las narcolanchas en alta mar o en puntos estratégicos del litoral. Su papel resulta esencial para mantener operativas embarcaciones capaces de recorrer largas distancias a gran velocidad.

También están los 'chivatos', personas que alertan de posibles movimientos policiales o de la presencia de patrullas de vigilancia. A menudo utilizan teléfonos móviles y aplicaciones de mensajería para transmitir información en tiempo real.

A ellos se suman conductores de embarcaciones, responsables de logística en tierra y pequeños colaboradores que participan en tareas puntuales. Las investigaciones policiales señalan que muchas de estas redes operan de forma fragmentada y flexible, dificultando la identificación de estructuras jerárquicas permanentes.

Hablar de la posible existencia de apoyos locales sigue siendo un tema delicado en municipios pequeños donde todos se conocen. Algunos vecinos admiten en privado que el narcotráfico genera una economía paralela difícil de ignorar. Otros rechazan frontalmente esa idea y consideran injusto señalar a comunidades enteras por la actuación de grupos minoritarios.

Lo cierto es que el fenómeno tiene una dimensión social compleja. En áreas con empleo estacional, precariedad laboral, bajos niveles de renta y pocas oportunidades para los jóvenes, las redes criminales encuentran más facilidad para captar colaboradores ocasionales ofreciendo dinero rápido.

Entre el miedo y la instrumentalización política

La propuesta presentada por Vox en Lorca se apoya precisamente en esa percepción creciente de inseguridad. El partido reclama reforzar la vigilancia marítima, incrementar la presencia de Guardia Civil y endurecer las medidas contra la inmigración irregular.

Sin embargo, organizaciones sociales y sectores progresistas acusan a la formación de utilizar episodios reales para construir un relato que mezcla migración y delincuencia de manera interesada.

“La llegada de personas migrantes no puede abordarse únicamente desde una perspectiva policial”, señalan desde colectivos de apoyo a refugiados en la Región de Murcia. “Se está generando un discurso que convierte a personas vulnerables en amenazas”.

La crítica no implica negar la existencia del narcotráfico. De hecho, expertos en seguridad consideran evidente que las rutas marítimas del sureste español están siendo utilizadas cada vez más por organizaciones criminales. Pero advierten de que simplificar el problema puede resultar contraproducente.

“El narcotráfico es una estructura económica transnacional con enormes recursos”, explica un criminólogo consultado para este reportaje. “Reducirlo al debate sobre pateras es políticamente rentable, pero no ayuda a entender cómo funcionan realmente estas redes”.

En paralelo, las fuerzas de seguridad enfrentan un desafío creciente. El litoral murciano combina kilómetros de costa abrupta, calas aisladas y zonas de difícil acceso que complican las labores de vigilancia. Las mafias aprovechan además tecnologías de navegación cada vez más sofisticadas y embarcaciones de alta potencia.

Una costa en transformación

Más allá del enfrentamiento político, lo que ocurre en Lorca refleja una transformación más amplia del Mediterráneo occidental. Las rutas migratorias cambian constantemente en función de la presión policial y de los conflictos internacionales, mientras que el narcotráfico adapta sus métodos con enorme rapidez.

La Región de Murcia, históricamente alejada de los focos mediáticos que acompañaban al Campo de Gibraltar, empieza a aparecer con más frecuencia en informes policiales y titulares relacionados con tráfico marítimo ilegal.

Algunos vecinos temen que esa imagen termine afectando al turismo y a la vida cotidiana de pueblos tradicionalmente tranquilos. Otros creen que negar el problema sería aún peor.

“Lo que hace falta es hablar con seriedad”, resume un residente de Puntas de Calnegre. “Ni convertir esto en una película de narcos ni fingir que no pasa nada”.

En el fondo, esa tensión resume el gran dilema que atraviesa hoy el debate público en la costa murciana: cómo afrontar fenómenos complejos —migración, exclusión social, crimen organizado y abandono institucional— sin caer ni en el alarmismo ni en la indiferencia.

Familiares y pacientes intervenidos por el cirujano cardiovascular Rubén T. M. han expresado su preocupación tras las últimas informaciones sobre la investigación de una presunta trama de corrupción en el Servicio Murciano de Salud (SMS), en la que la Policía Nacional ha detectado el uso de al menos un stent caducado en el marco de las pesquisas de la UDEF. Aunque la Consejería de Salud sostiene que no se han utilizado prótesis caducadas en pacientes, el avance de la investigación —que apunta a la posible facturación de material no homologado y a irregularidades en parte de las intervenciones analizadas— ha reactivado la inquietud entre familias que piden claridad sobre las operaciones realizadas y garantías sobre el seguimiento de los casos.

La trama, presuntamente activa desde 2019 hasta fechas recientes, habría implicado a responsables de Logimed —empresa distribuidora de prótesis vasculares—, de la Unidad de Aprovisionamiento Integral del SMS o unidad de compras, y de médicos adscritos al Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Virgen de la Arrixaca. Once personas han sido detenidas como presuntas autoras de un fraude de cerca de siete millones de euros, perpetrado mediante la manipulación sistemática de facturas.

“Papá, este titular es para ti, supongo que estarás tan contento como yo. No veas el subidón que me dio cuando vi la foto [del cirujano de La Arrixaca detenido], le habían pixelado la cara pero aun así le reconocí, al instante, no veas qué alegría y hasta miedo sentí. Pero no, era él esposado”. Con estas palabras se dirige Eva Ríos Asunción en un post de Facebook a su padre, Antonio Ríos Peñalver, fallecido por una presunta “una negligencia médica” el 13 de mayo de 2022. El post, de hace cinco días, es una reacción a la publicación en la prensa regional de la detención del cirujano del Servicio de Cardiología del Virgen de la Arrixaca, Rubén T. M., por la trama de las prótesis caducadas del Servicio Murciano de Salud (SMS).

A Antonio Ríos Peñalver le pusieron una endoprótesis aórtica y sufrió una infección nosocomial por la manipulación de la prótesis, relatan desde la Asociación de Víctimas de Negligencias Sanitarias de la Región de Murcia (Avinesarmur). “Desconocemos si la prótesis venía infectada o se infectó al manipularla en la operación”, continúan. “No hay datos sobre la prótesis, no tenemos información sobre su procedencia, ni venía con código de barras”. Desde Avisenamur recalcan que su denuncia, a la espera de juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU), está argumentada en una serie de negligencias, pero desvinculan el caso de la trama del SMS. En los últimos días, tras conocerse la identidad del cirujano detenido, sí que les han llovido unos cuantos casos más de denuncias de negligencias por parte del mismo equipo.

Según el relato de Eva, su padre ingresó con neumonía en el Hospital Reina Sofía. Y allí le detectaron un aneurisma de la aorta abdominal. “Tenía 77 años, y estaba muy fuerte”, cuenta emocionada. “Le dijeron que era apto para la operación, que era sencilla, con los riesgos lógicos pero sencilla; se trataba de colocar una endoprótesis”. Su padre, continúa, “era reacio, pero nos convencieron porque nos aseguraron que le alargaría la vida”.

Para la intervención, les derivaron al Hospital Virgen de la Arrixaca, con el equipo liderado por Rubén T.M. “Cuando le operaron estaba perfecto, un hombre que pesaba cien kilos, fuerte, robusto”. Pero a los pocos días empezó a sentir molestias, recuerda. “Al llegar a casa, comenzó un declive que nos llevó de hospital en hospital”. Nueve meses que describe como “un horror, una agonía”.

Eva echa la memoria atrás y rememora “muchas incongruencias, cosas raras, no nos proporcionaban todos los datos que pedíamos”. Consultando a otros profesionales, constata, “nos insistían en que los síntomas que tenía mi padre podían deberse a las prótesis, pero desde el equipo que le operó nos aseguraban que no estaba infectada”. Eva describe un comportamiento “déspota” por parte del equipo.

Su padre, lamenta Eva, “terminó con 60 kilos, en silla de ruedas, con pañales y dolores constantes”. Cuando entró por última vez en el hospital, “era prácticamente un cadáver”. “De tanto presionar, terminaron reconociendo que la prótesis estaba infectada, que se había movido y que le había perforado el duodeno; le volvieron a operar, pero fue otra masacre”. Otro equipo médico “intentó arreglar el problema: nos dijeron que estaba infectado hasta las orejas y que ya no se podía hacer nada por él, se murió podrido cuando se le podría haber evitado mucho sufrimiento”. Eva no es la única familiar que denuncia un caso de presunta “negligencia” practicado por este cirujano.

Incapacidad permanente

Las tres operaciones por las que pasó la murciana María Teresa Bo, también a manos de Rubén T.M., terminaron en una incapacidad permanente en solo ocho meses. La primera intervención fue en mayo de 2024, la segunda en noviembre y la última, en enero de 2025. “Me han fastidiado, porque era una mujer muy activa, siempre de aquí para allá, me encantaba salir, y tenía mi trabajo en una empresa de limpieza”. Ahora “solo puedo pasear cerca de casa, máximo media hora a que me dé un poco el sol, pero para distancias medias o largas necesito que me lleven en coche mi marido o alguno de mis tres hijos”, relata. En mayo de 2024, intervinieron a María Teresa en la pierna izquierda porque tenía “una obstrucción en la arteria”.

A los dos días, recuerda, le dieron el alta. Pero una vez en casa, “no dejaba de supurarme la herida; me tuvieron que poner un dispositivo que llevaba colgado las 24 horas del día durante doce semanas, pero no dio resultado y me tuvieron que volver a operar”. Según su testimonio, “me dijeron que mi pierna había rechazado la prótesis, y me colocaron otra en la siguiente operación”. Tampoco tuvo éxito esa intervención. “A los dos o tres días tenía un dolor que rabiaba, me llevaron en ambulancia a la Arrixaca; tenía tanto dolor que yo pedía que me cortaran el pie”.

En esa tercera operación María Teresa desconoce si se le implantó otra prótesis. “Cuando salieron los sanitarios le dijeron a mi marido que habían removido músculos y tendones, que era la primera vez que veían algo así y que desde el principio me tendrían que haber puesto una prótesis de mejor calidad”. La mujer, de 62 años, teme que las prótesis que lleva en la pierna “sean de las caducadas y que por eso haya tenido tantos problemas”.

Si hasta ahora no ha denunciado ha sido porque “creía que era mi pierna la que no lo había aceptado, pero cuando vi su cara (la del cirujano detenido) en prensa empecé a pensar que a lo mejor estaba caducada”. Reconoce que le apena la situación porque “le vi preocupado por mi caso, y le he llegado a apreciar pero si ha habido negligencia es su responsabilidad”. Ahora sí que se plantea judicializar su caso. “Cuando pongo el pie en el suelo es como si llevara una bota que pesa 20 kilos, tengo que caminar con muletas porque no tengo estabilidad y todo este proceso ha sido un calvario”.

“Ya tengo los papeles del alta firmados”

A Giuseppe Perrone, de 64 años, le intervino Rubén T.M. el 20 de febrero del pasado año en un centro concertado para abordar una isquemia arterial crónica: “En principio iba a ser un cateterismo, entrar y salir. Cuando salió de quirófano nos dijo que había ido todo bien, que al final le habían tenido que hacer un bypass”, explica su hija, Eli Ann. Giuseppe falleció la madrugada del día siguiente, unas ocho horas después de su intervención.

“Tras operarlo, nos dijeron que en una hora nos lo llevaban a la habitación, pero no llegaba”, continúa. A las dos horas, el cirujano volvió a llamar a la familia de Giuseppe: “Dijo que a mi padre le había bajado la tensión y que iban a medicarlo para volver a subírsela, que no nos preocupáramos. Que había perdido sangre, pero que era normal en una intervención así”. Mientras Ruben T.M. trataba de tranquilizar a la familia, Eli recuerda como una enfermera se dirigió aprisa en dirección a su padre, “con dos bolsas de sangre escondidas tras una hoja de papel”. Finalmente, a las doce, mandaron a la familia de Giuseppe a casa.

“Nos dijeron que mi padre estaba durmiendo. A mi padre le mandamos una foto mi madre y yo, para decirle que volvíamos mañana y que estábamos tristes por no poder verlo”, relata.

Pidiendo el historial de su padre, Eli ha descubierto que el centro médico le ocultó que volvieron a intervenir a su padre otras dos veces más: “Lo operaron sin mi consentimiento, lo intubaron sin mi consentimiento. A mí no me llamaron hasta las dos, para decirme que estaba muy mal”, denuncia.

“En la exploración presenta lesión en vena femoral que provoca hemorragia de 500 mililitros de manera aguda y deteriora al paciente hemodinámicamente”, describe el informe evolutivo de hospitalización. A las tres de la madrugada, y tras dos episodios de hipotensión arterial, Giuseppe murió a causa de un paro cardiaco.

“El cirujano que le va a operar”

Agustín Peñalver acudió el 30 de enero del pasado año a la sala de urgencias del Virgen de la Arrixaca, con un fuerte dolor en la pierna izquierda. Se marchó con una cita para un TC de aorta (prueba diagnóstica no invasiva) para el siguiente 7 de febrero, pero su rápido deterioro propició su ingreso en el Servicio de Cirugía Cardiovascular. Tenía, entre otros, un aneurisma de aorta infrarrenal y una trombosis de la arteria poplipea -en la pierna- izquierda, y esperaba junto a su familia la cirugía para que le quitasen el trombo.

Durante la espera irrumpió en la habitación Rubén T.M., identificándose como “el cirujano que le va a operar”, anunciando que a Agustín no le iban a intervenir del trombo, sino que le iban a implantar un bypass: “Le dijo a mi padre que tenía un 98% de posibilidades de sobrevivir a la operación, que si no lo operaba duraría meses”, relata su hija, María Dolores Peñalver. El 11 de febrero a Agustín se le interviene en La Arrixaca mediante una cirugía de bypass aortobifemoral. Cinco días después, Agustín falleció a los 70 años.

“Mi marido no entró a morir. Estaba perfecto, pero de ahí no salió”, lamenta la mujer de Agustín, Magdalena Peñalver. Tal y como describe la denuncia que la familia interpuso contra el cirujano el pasado año, “inexplicablemente” los médicos del Servicio de Cirugía Cardiovascular “se olvidaron” del trombo que Agustín aún alojaba en su pierna izquierda. Ya en el posoperatorio, se pudo comprobar que la circulación no había vuelto a las piernas de Agustín, que continuaban teniendo “mala perfusión”.

“Lo metían y lo sacaban del quirófano todos los días, sin avisarnos. No nos daban explicaciones, cuando preguntaba por el cirujano, siempre nos ponían a hablar con chicos jóvenes”, recuerda Magdalena.

Poco a poco, Agustín se iba deteriorando: “Una noche [la del 14 de febrero] vino el mismo cirujano que le operó y nos dijo que [durante una sesión clínica] habían hablado de amputarle la pierna, pero que él lo iba a operar bajo su responsabilidad”, relata Magdalena. A su salida, el cirujano Rubén T.M. dijo a Magdalena que la operación había sido un éxito, que el lunes [tres días después] “lo iban a bajar a la cafetería”. Según la denuncia, no consta la cirugía en el informe de alta.

Horas después, Agustín entró en shock hemodinámico y necesitó reanimación, se le intervino de nuevo el mismo día: “El paciente había sufrido una hemorragia posoperatoria que había pasado inadvertida, pese a estar fuertemente anticoagulado. (...) Nadie informó a la familia de esto hasta después de la cirugía, diciendo entonces que el diagnóstico era fatal”, revela la denuncia.

“Cuando murió, al día siguiente, en el entierro, decidimos llevar esto a un abogado. No lo veíamos nada claro”, concluye Magdalena. “Estamos en contacto con el forense, no hay informes de él, lo han borrado todo. En el parte de defunción pusieron que murió de muerte natural”, añade María Dolores.

Desde la Consejería de Salud insisten en que, según el servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Virgen de La Arrixaca, no se han producido episodios clínicos compatibles con la implantación de prótesis caducadas. Y añaden que fue la propia Consejería de Salud la que puso en conocimiento de la Fiscalía el supuesto fraude: “Llegaremos hasta el final utilizando todas las vías judiciales hasta que se restituya la cuantía económica total supuestamente defraudada; en el marco de la investigación judicial en curso, no se pueden facilitar otros datos”.

Una Thermomix, un jamón ibérico y varias botellas de vino. Son los premios con los que las familias del CEIP Ana Caicedo, en Lorca, se han lanzado a recaudar fondos para instalar aire acondicionado en el colegio. Han repartido 10.000 papeletas a dos euros cada una con la esperanza, casi cumplida, de reunir los 50.000 euros necesarios para completar la climatización del centro. Mientras el calor empieza a apretar, familias, docentes y equipos directivos vuelven a enfrentarse a un problema que se repite en la Región de Murcia: centros educativos sin climatización suficiente para soportar las altas temperaturas.

“En estas fechas las aulas ya concentran mucho calor, nos encontramos con temperaturas por encima de los 30 grados a las diez de la mañana”, explica Cayetano Martínez, portavoz del AMPA del CEIP Ana Caicedo. Denuncia que las administraciones “se van pasando la pelota unas a otras” sin que se materialicen soluciones estructurales.

“Ya hemos conseguido vender casi todos los boletos”, añade Martínez. El dinero servirá para climatizar el centro, que acoge a 459 alumnos. La inversión ronda los 50.000 euros y permitirá cubrir unas 12 aulas, mientras otras ocho quedarán pendientes para el próximo curso.

“Al final, las familias hacemos lo que está en nuestras manos por nuestros hijos, pero la climatización de los centros es responsabilidad de la Consejería”, afirma Marisa Maldonado, presidenta de la Federación de AMPAS de la Región de Murcia Juan González, que agrupa a unas 300 asociaciones de madres y padres. Maldonado aboga por una intervención de la Administración en estos casos, “para que no se generen desigualdades”.

“Es como ir al centro de salud y que los pacientes tengan que comprar la máquina de rayos X porque la Administración no la ha puesto”, lamenta el portavoz del PSOE en la ciudad de Murcia, Ginés Ruiz Macía.

“La situación es esperpéntica, sabemos de centros a los que las editoriales de libros de texto le ofrecen aparatos de aire acondicionado a cambio de que elijan sus manuales. Hay centros donde la línea pedagógica no se está decidiendo porque prefieran un proyecto educativo, sino porque les ponen cuatro aparatos”, ha denunciado.

Visibilizar el problema: el grupo de calor

Para afrontar esta situación, distintas AMPAS de la Región, junto con los sindicatos Sterm, CCOO y UGT y organizaciones estudiantiles, han constituido el llamado 'grupo de calor,' un espacio para visibilizar el problema y forzar una respuesta de la Consejería. “Exigimos un plan global de adaptación de los centros educativos al aumento de temperaturas, con una inversión suficiente”, apunta Pablo Rodríguez, portavoz de Sterm. Una medida en la que coincide Nacho Tornel, responsable de Educación en Comisiones.

Entre las medidas de presión figuran las denuncias ante la Inspección de Trabajo, las mediciones de temperatura en aulas y la difusión pública de los datos. También trabajan en la elaboración de un mapa térmico de los centros educativos de la Región mediante termómetros conectados a aplicaciones digitales, señalan desde Sterm.

Según este sindicato, menos de la mitad de los centros tienen aire acondicionado. “La Consejería lo que hizo hace dos años fue abrir la puerta a que los centros diseñen sus protocolos de calor y se adelante el final de la actividad lectiva si se superan los 27º C: es decir, cortar las clases y llamar a los padres; se lavan las manos y dejan el problema a los equipos directivos”. Una media “superprecaria”.

“Es un tema complejo porque es difícil dar clase con un calor tan extremo, pero también hay que pensar en qué se hace con los niños si se suspenden las clases o cómo se concilia”, apunta Maldonado. En todo caso, insiste en que es imprescindible adaptar las instalaciones, ya que las interrupciones lectivas afectan al rendimiento académico en una región “con altas tasas de abandono escolar”. Y si se producen incidencias por el calor, “recomendamos que se acuda al médico para obtener informes que acrediten la situación”.

El caso del Valle de Leiva: pionero en parar las clases

El centro pionero en paralizar las clases por estrés térmico, el curso pasado, fue el IES Valle de Leiva (Alhama de Murcia), un centro inaugurado en 2023. Pese a tratarse de un edificio reciente, el centro comenzó sin un sistema de aire acondicionado operativo, explica su director, Roberto García de la Calera.

A pesar de que en las instrucciones aprobadas por la Consejería el umbral térmico está fijado en 27 °C, el centro lo elevó hasta los 30 como criterio de actuación. El 29 de mayo del pasado curso, por primera vez, las mediciones superaron ese límite y se adelantó la salida del alumnado: “Era algo previsto desde principio de curso”, recuerda su director. Desde entonces, asegura, se han producido hasta once suspensiones o adelantos de jornada. “Medíamos las temperaturas y, si una clase llegaba a 30 grados, entendíamos que todo el centro estaba afectado”, explica.

La decisión contó con un amplio respaldo de las familias. “Teníamos el apoyo del 95%”, afirma el director, que insiste en que actuaron amparados por las instrucciones de la Consejería. “Nos dijeron que pusiéramos ‘pingüinos’, compramos algunos, pero eso no servía para nada”, lamenta. La instalación definitiva del sistema de climatización está ya en marcha, con una inversión cercana al medio millón de euros. Una medida con la que el director confía en dejar atrás una situación que define como “tres años de infierno”.

“En otros casos la Administración no se plantea prescindir de la climatización para reducir costes, solo en los centros. Sería impensable poner un despacho para los arquitectos municipales, por ejemplo, sin aire acondicionado”, plantea Ruiz Maciá.

“No se puede ni respirar”

La falta de climatización también afecta de forma directa al profesorado. Vladimir Solá, de la plataforma Docentes Unidos, describe aulas donde las condiciones de trabajo se vuelven insostenibles. “Hay veces que te ves obligado a parar la clase porque no se puede ni respirar. Acabamos empapados de sudor o con mareos”, explica. “Hay aulas que son auténticos hornos”, resume.

A esta situación se suma, según denuncia, la masificación. “Hay clases con ratios muy elevadas, de hasta 32 adolescentes” y advierte de lo que denomina “segregación climática”, ya que en algunos casos son las propias familias las que acaban financiando la climatización de los centros. “Pero no puede depender de la capacidad económica de cada comunidad educativa”, sostiene.

Desde Sterm denuncian que “hay edificios de hace más de cuarenta o cincuenta años, con infraestructuras muy envejecidas; pero incluso hay centros nuevos que tampoco cuentan con la climatización”. Y ponen sobre la mesa “un abandono económico”, que “da la cara sobre todo con el calor”.

Por su parte, el responsable de Educación de CCOO, Nacho Tornel, afirma que el sindicato quiere repetir la estrategia de 2022 con denuncias a la Inspección de Trabajo para visibilizar la falta de medidas frente al calor en las aulas. Tornel critica que no existe un plan de climatización para los alrededor de 600 centros educativos públicos de la Región y reclama actuaciones globales. Sobre el cese de las clases por estrés térmico, subraya que “los equipos directivos están asumiendo un trabajo enorme para evitar esa medida, cambiando horarios y aulas o reduciendo sesiones: otra carga de trabajo más, por si tuvieran poca”.

Presupuestos para climatizar las aulas, sin ejecutar

El Gobierno regional anunció hace un par de semanas que destinará 11 millones de euros de los presupuestos del próximo año a la mejora de la infraestructura educativa de las aulas. Del total, se espera que siete se destinen a un Plan de Climatización Plurianual.

El pasado año 2025, se previeron dos partidas para la climatización y eficiencia energética de los centros educativos por un valor total de 3.235.304 euros, de los que solo se ejecutaron 217.899,93. No llega al 7% de lo inicialmente presupuestado.

Otra partida, prevista en unos 1.482.367,99 del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), quedó sin gastar. 

También se planeó destinar parte de los presupuestos a la sustitución de una veintena de cubiertas de centros educativos, de los que se ejecutó tres cuartas partes de forma total o parcial.

“Puede ir anunciando lo que quiera, porque el año que viene volverá a anunciar, sin haber gastado nada”, lamenta el diputado de IU-Verdes en la Asamblea Regional, Jose Luis Álvarez-Castellanos.

El parlamentario apunta a que la Región de Murcia es la única comunidad del sur sin legislación específica para la mejora de las condiciones térmicas en los centros: “Una ley podría dar plazos concretos a la climatización, establecer auditorías o evaluaciones energéticas para todos los centros. Supondría que la climatización debe aplicarse de forma homogénea, sin que nadie quede apartado”.

En Extremadura se aprobó en el año 2019 con un gobierno del Partido Popular la Ley de mejora de la eficiencia energética y las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos extremeños. Más tarde, en el año 2020, Andalucía presentó su propia norma, y Castilla-La Mancha hizo lo propio cuatro años más tarde, en el año 2024. De acuerdo con Álvarez-Castellanos, IU-Verdes presentará la próxima semana una moción para que la Región cuente también con normativa propia.

Por su parte, desde la Consejería de Educación concretan que en “los últimos años” han climatizado más de quince centros. El Gobierno regional, aseguran las mismas fuentes, han ejecutado “la mayor inversión” en modernización energética de la historia de la educación, “con una inversión de cerca de 80 millones de euros, en actuaciones integrales como mejora de cubiertas, retirada de fibrocemento, renovación de carpinterías exteriores, instalación de placas solares o sistemas de climatización en un centenar de centros educativos”.

La planificación de la inversión, continúan, permitirá destinar una partida específica de 11 millones de euros en los presupuestos de este año, para mejorar el confort térmico de las aulas y las infraestructuras educativas de la Región.

Además cifran en dos millones de euros la inversión en la instalación de placas fotovoltaicas y el cambio de cubiertas en centros educativos de la Región.

La Policía Nacional ha confirmado que, en el marco de la investigación sobre una presunta red de corrupción en el Servicio Murciano de Salud (SMS), se implantó al menos un stent caducado. El dato procede del informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), al que ha tenido acceso el diario La Verdad. Pese a la versión de la Policía Nacional, la Consejería de Salud continúa insistiendo en que no se operó a pacientes con prótesis caducadas.

En el atestado consta que se empleó en un paciente material caducado. Al afectado, que fue operado en un centro concertado después de ser remitido desde el hospital público Virgen de La Arrixaca, se le implantaron dos stent. Los muelles metálicos caducaron en febrero de 2022 pero el informe del paciente no se redacta hasta un mes después, en marzo.

De acuerdo con la Policía Nacional, en estos momentos no se puede determinar si se intervino a más pacientes con material caducado. Tal y como detalla el informe de la UDEF, los investigadores han analizado apenas el 8% de las intervenciones realizadas por un cirujano cardiovascular del Hospital Virgen de la Arrixaca en un centro concertado. En esa pequeña muestra ya detectaron la facturación de 59 productos caducados. La investigación se complica, además, por la “ambigüedad” a la hora de completar los informes médicos de los pacientes por parte de los implicados en la trama.

Una trama transversal

La trama presuntamente implicó a responsables de la empresa distribuidora de prótesis vasculares Logimed, la Unidad de Aprovisionamiento Integral (UAI) del SMS, de la unidad de compras del SMS y médicos del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Virgen de la Arrixaca. Once personas han sido detenidas hasta la fecha.

La Policía ha apuntado que los partes de alta firmados por uno de los implicados, el cirujano del servicio del Virgen de la Arrixaca, Rubén T. M., no habrían podido pasar los controles de la UAI sin que miembros de este organismo conocieran que estaban “permitiendo la facturación de productos no homologados”

Permeados en el recorrido de comercialización, adquisición e intervención de las prótesis, los implicados en la trama usaron códigos de productos homologados en el sistema SAP para cobrar por materiales no autorizados o directamente no utilizados. Esto permitía márgenes de beneficio de hasta el 342% respecto a los precios de mercado. El fraude es patente en la documentación médica: mientras que en los partes de alta de la muestra analizada por la Policía Nacional se registra el implante de 17 prótesis, el SMS abonó 165. En más de la mitad de los casos analizados, no se implantó ninguna prótesis al paciente.

El perjuicio económico estimado supera los 6,8 millones de euros, aunque la UDEF reconoce que la cifra real aún no puede determinarse y recomienda una auditoría forense completa. Salud ha insistido en que han logrado recuperar un monto económico, aunque desconocen cuánto.

La Consejería, que denunció la trama ante la Fiscalía, sostiene que el servicio de Cirugía Cardiovascular de La Arrixaca ya ha revisado su bolsa de pacientes. De cara a verano esperan haber podido efectuar una segunda revisión de los 378 pacientes que podrían estar afectados. El PSOE ha pedido el cese inmediato del consejero de Salud y ha anunciado la solicitud de una comisión de investigación en la Asamblea Regional.

La Consejería intenta “encapsular el problema”

Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública han expresado este martes a este diario su “máxima preocupación” por el “intento” de la Consejería de Salud de “encapsular el problema como una trama de corrupción de unos pocos individuos”. Su portavoz, Abel Novoa, ha apuntado a que “han fallado todos los sistemas de control administrativo y organizativo, de compra de materiales y de la actividad desarrollada en los hospitales concertados”.

Novoa insiste en que es “muy complicado” que circunstancias de este tipo se reproduzcan en hospitales públicos “porque hay muchos controles”. En cuanto a la insistencia de la Consejería de Salud en presentarse como denunciante, “es cierto que están colaborando con la justicia pero de forma reactiva no proactiva, porque fue una enfermera anónima la denunciante”.

Novoa sospecha que las informaciones de la UDEF “son solo la punta del iceberg”. El “problema” es que “por el momento sabemos que han evaluado a unos 300 pacientes pero es probable que sean más; no sabemos qué criterios se están siguiendo para evaluar a los pacientes, ni qué protocolos de control se están siguiendo”.

“El problema de este tipo de material, si está caducado, es la biodegradabilidad”, anota: “Es más probable que no resista el tiempo para el que están diseñadas las prótesis o que puedan desarrollar rechazo; y es posible que no se detecte ahora pero sí en unos años”, advierte.

La Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) ha concluido con éxito la III Campaña de Anillamiento Prenupcial en la Isla de Escombreras, una actuación científica que vuelve a confirmar la importancia ecológica de este enclave como punto estratégico de descanso y recuperación para aves migratorias en sus desplazamientos entre África y Europa.

La campaña, desarrollada entre el 20 de abril y el 1 de mayo de 2026, se enmarca dentro del contrato de seguimiento y conservación de la biodiversidad que la APC mantiene con el Grupo de Investigación de Ecosistemas Mediterráneos (ECOMED) de la Universidad de Murcia, coordinado por el biólogo y anillador autorizado Jacinto Martínez Ródenas.

Durante las dos semanas de trabajo se capturaron 93 aves pertenecientes a 17 especies distintas, de las cuales 13 son migradoras. Entre ellas destacan especies transaharianas como el mosquitero musical, la curruca zarcera, la golondrina dáurica o el alcaudón común, aves que recorren miles de kilómetros entre Europa y el África subsahariana.

La campaña se realizó mediante un sistema de anillamiento científico constante con 11 redes instaladas en los mismos puntos utilizados en años anteriores, permitiendo así comparar los datos y detectar cambios reales en las poblaciones de aves y en sus patrones migratorios.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición ha sido la constatación del papel fundamental de la Isla de Escombreras como área de parada migratoria, esencial para que numerosas especies puedan descansar y recuperar reservas energéticas durante sus largos desplazamientos.

Entre los casos registrados destacan un mosquitero común que aumentó cerca de un 3% su peso corporal en apenas un día o una curruca zarcera que incrementó aproximadamente un 15% su masa corporal en solo cinco días, reflejando la elevada capacidad de recuperación que ofrece este enclave mediterráneo para las aves migratorias.

Más de dos décadas de compromiso ambiental

La Autoridad Portuaria de Cartagena desarrolla desde hace más de veinte años una estrategia ambiental pionera dentro del sistema portuario español, integrando la conservación de la biodiversidad en la gestión diaria del puerto.

En el caso de la Isla de Escombreras, la APC impulsa desde 2007 programas continuos de investigación, seguimiento y conservación ambiental, convirtiendo este espacio en uno de los enclaves naturales mejor monitorizados de la Región de Murcia.

Gracias a este trabajo se han desarrollado estudios científicos sobre flora, fauna, aves marinas, cetáceos y especies protegidas, además de iniciativas de conservación de gran relevancia como el estudio genético del lagarto de Escombreras o el seguimiento de la Manzanilla de Escombreras, una planta endémica en peligro crítico cuya única población mundial se encuentra en esta isla.

Los programas científicos impulsados por la APC han permitido además registrar más de 10.000 aves y más de 200 cetáceos en el entorno portuario.

Este compromiso ambiental ha situado al Puerto de Cartagena como referente nacional e internacional en sostenibilidad portuaria, siendo el primer puerto del mundo integrado en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y pionero en proyectos innovadores como la reforestación de Posidonia oceánica en aguas portuarias, señala la APC en una nota de prensa.

La APC alcanzó ya en 2022 más del 90% de los objetivos ambientales fijados por el Marco Estratégico del sistema portuario español para 2030, consolidando un modelo de gestión basado en la ciencia, la colaboración con las universidades y la transparencia ambiental.

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, se ha dirigido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para exigirle, en nombre de los regantes, que en el actual ciclo de planificación hidrológica “dé la vuelta” y vaya “en dirección contraria” a la “promesa política” de recortar el acueducto.

Jiménez ha hecho estas declaraciones ante los medios de comunicación tras conocer que el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Sindicato contra la revisión del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo.

El líder de Scrats ha apelado a la vía política ante la imposibilidad de solicitar medidas cautelares por los cauces judiciales tras la resolución del Tribunal Supremo que vuelve a avalar la aplicación de caudales ecológicos en el río Tajo, tal y como marcan las leyes españoles y la Directiva del Agua europea.

En este sentido, ha animado también al delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, a implicarse para paralizar la reducción de caudales y ha advertido de que no aceptará un nuevo plan de cuenca basado en “nuevas promesas mil millonarias que van a ser seguro una mentira absoluta”.

La política nos ha engañado a los regantes y a toda la sociedad levantina

Respecto a la resolución judicial, Jiménez ha aclarado que, aunque los regantes del Levante asumen el veredicto del Tribunal Supremo que declara la legalidad del procedimiento de planificación del Tajo, rechazan la “injusticia” que supone el recorte del trasvase, al que tachan exclusivamente de “decisión política”.

A pesar del fallo en contra, el presidente del sindicato ha remarcado que en la organización “desánimo no hay ninguno” y que continuarán “al pie del cañón” en la defensa del trasvase.

Durante su intervención, Jiménez ha criticado la “filtración” de la demanda a los medios de comunicación antes de que, supuestamente, fuera notificada formalmente a su procurador, un hecho que, a su juicio, demuestra “el deterioro que vive la salud del Estado español en lo que a separación de poderes se refiere”.

Del mismo modo, ha lamentado que la sentencia no haya entrado “al fondo” de la cuestión planteada por los regantes y que no se haya admitido “ni una sola prueba pericial” para rebatir la fijación de los caudales ecológicos.

Críticas a inversiones comprometidas que “no existen”

El representante del Scrats ha cargado contra las inversiones comprometidas por el Ejecutivo central para el horizonte de 2027. Según ha detallado, el Real Decreto de Planificación anunciaba 1.300 millones de euros para la cuenca del Tajo y 1.750 millones para la del Segura, de los que “no se van a ejecutar más de 100 millones” en las ampliaciones de las desaladoras.

“No eran 2.145 millones de mentiras, eran 2.950 millones de mentiras para ser exactos”, ha aseverado, tras tildar de “fraude” las medidas compensatorias.

El presidente del Scrats ha enumerado las infraestructuras prometidas que, según su criterio, “no existen” ni se van a ejecutar, citando los planes de depuración de Madrid (valorados en 1.071 millones), las obras para el Alto Tajo, la impulsión de agua desalada a Ojós o las plantas fotovoltaicas para abaratar la energía.

“La política nos ha engañado a los regantes y a toda la sociedad levantina”, ha insistido Lucas, quien ha avisado de que el agua desalada de Torrevieja no llega a zonas de interior como Sangonera la Seca, Librilla, Elche, Lorca, Totana o Cieza, lo que provocará daños económicos “incalculables”.

Además, el representante de los regantes ha manifestado su rechazo frontal a cualquier intento de aprobación de un nuevo real decreto para modificar las reglas de explotación, sosteniendo que, según los criterios del CEDEX, cualquier cambio regulatorio de esa envergadura debe pasar obligatoriamente por el trámite de las Cortes Generales.

Preguntado por el recurso pendiente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Jiménez se ha mostrado pesimista por el peso de los precedentes judiciales y ha concluido que el Scrats no preparará protestas inmediatas, sino que esperará a ver los próximos movimientos del Ministerio liderado por Sara Aagesen.

La Universidad de Murcia ha iniciado este jueves, 21 de mayo, una nueva etapa institucional con la toma de posesión del catedrático Samuel Baixauli como rector, en un acto celebrado en el salón de actos de la Facultad de Economía y Empresa y presidido por el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras. La ceremonia ha reunido a representantes de la vida política, económica y social de la Región, además de a una amplia representación de la comunidad universitaria, que presenciaron el acto simbólico de la entrega de los atributos del Rectorado a Baixauli – bastón de mando, birrete negro, medalla y guantes – de manos del rector saliente, José Luján, quien ha pronunciado emocionado su último discurso como máximo responsable de la institución. 

Baixauli ha asumido el cargo con una intervención centrada en la defensa de la universidad pública, la modernización de la institución y su transformación en “una universidad de cuarta generación”, un modelo que, ha explicado, debe situar a la UMU como actor activo del desarrollo social y la innovación. “El modelo de universidad al que tenemos que llegar es el que contribuye activamente a la orquestación de los ecosistemas regionales de innovación y al abordaje de los desafíos regionales”, ha afirmado el nuevo rector, quien ha defendido una institución más conectada con la sociedad, las empresas y las administraciones públicas.

Una universidad como capital social y “al servicio del bien común”

Durante su intervención, Baixauli ha reivindicado el papel estratégico de las universidades públicas para el desarrollo social y “el servicio del bien común”. Por ello, uno de los ejes del proyecto presentado por el nuevo equipo rectoral pasa por consolidar a la Universidad de Murcia como “capital social” de la Región y convertirla en un motor estratégico para su competitividad y desarrollo.

Para lograrlo, el nuevo rector ha insistido en la necesidad de “fortalecer el contrato social” entre universidad y sociedad, entendido como el compromiso mutuo que sostiene la financiación pública, la generación de conocimiento y la formación de ciudadanos críticos y profesionales cualificados. “Si crees que la educación es cara, prueba con la ignorancia”, ha recordado Baixauli, citando al exrector de Harvard Derek Bok, para advertir de que una financiación insuficiente “compromete la función de la universidad pública y debilita la innovación, el desarrollo económico y la calidad democrática”.

Modernización y simplificación administrativa

Baixauli se ha comprometido ante la comunidad universitaria a impulsar una profunda revisión de la gestión universitaria. Entre las principales líneas de actuación avanzadas por el rector figuran la simplificación de procedimientos administrativos, la revisión de los modelos de gobernanza, el refuerzo de la proyección internacional de la UMU y la adaptación de la institución a los retos derivados de la inteligencia artificial y la transformación tecnológica.

Asimismo, ha defendido una gestión “colaborativa y participativa”, basada en la escucha y la integración de toda la comunidad universitaria, y ha anunciado medidas dirigidas a reforzar la motivación del personal, impulsar la interdisciplinariedad y revisar la oferta académica para responder mejor a las demandas sociales.

Junto a Baixauli también han tomado posesión los miembros de su equipo, que está conformado por: Eloy Villegas como secretario general; Victoria Chezner, vicerrectora de Cultura y Bienestar; Cristina Cuello, vicerrectora de Estudiantes; Ángela Almela, vicerrectora de Estudios; María del Mar Sánchez, vicerrectora de Formación Continua, Empleabilidad e Innovación; Lola Ortiz, vicerrectora de Gestión Normativa y Simplificación Administrativa; Gabriel Lozano, vicerrector de Infraestructura y Sostenibilidad; Flor Mena, vicerrectora de Internacionalización; Christian de la Fe, vicerrector de Investigación y Transferencia; y Ernesto de la Cruz como vicerrector de Profesorado. En los próximos días tomarán posesión la gerente, María José Andreo; y el vicerrector de Comunicación y Divulgación Científica, Pedro Hellín. 

Homenaje al rector Ballesta y recuerdo a María Elena Gadea

El discurso del nuevo rector ha tenido también un marcado tono institucional y emotivo. Baixauli comenzó su intervención recordando a la profesora María Elena Gadea Montesinos, recientemente fallecida, de quien ha destacado su compromiso “con una universidad más justa y más humana”. Igualmente, ha rendido homenaje al exrector José Francisco Ballesta Germán, fallecido recientemente y a quien ha atribuido una etapa decisiva de modernización de la Universidad de Murcia. En este contexto, ha anunciado su intención de proponer que el edificio ESIUM, nueva sede del gobierno universitario, pase a denominarse ‘Rector Ballesta’.

Reconocimiento al equipo saliente

El nuevo rector ha tenido también palabras de agradecimiento para el rector saliente, José Luján, y para quienes formaron parte de su equipo de gobierno durante los últimos años, destacando su contribución al fortalecimiento institucional y a la proyección de la universidad.

Por su parte, Luján, ha deseado durante su intervención “el mayor de los éxitos” al nuevo equipo rectoral, subrayando que sus logros redundarán “en el bien de la universidad” y también en el bien de la Región de Murcia. Luján ha instado además a la comunidad universitaria a respaldar la nueva etapa institucional con “lealtad y colaboración”, y ha reclamado comprensión hacia las decisiones que deberá afrontar el nuevo rector. “Que nunca olvide la comunidad universitaria que sus decisiones, incluso aquellas que más puedan cuestionarse, siempre están guiadas por su firme voluntad de hacer mejor a nuestra universidad”, ha señalado en su discurso de despedida. 

López Miras anuncia diez millones para infraestructuras

El acto solemne ha finalizado con el discurso del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, quien ha anunciado una dotación extraordinaria de 10 millones de euros en el Proyecto de Presupuestos regionales de 2026 destinada a la modernización de las infraestructuras docentes e investigadoras de las universidades públicas de la Región de Murcia. 

López Miras le ha trasladado al rector Baixauli que tendrá al Gobierno regional “como aliado”, y ha enmarcado esta inversión en el trabajo conjunto y continuado con las universidades públicas de la Región.

Las organizaciones católicas de la Diócesis de Cartagena, junto con colectivos y personas comprometidas con la justicia social, han hecho pública su posición ante la situación de miles de personas inmigrantes que “ya viven en la Región de Murcia, trabajan en sus campos y sectores de servicios, y forman parte de la convivencia cotidiana”.

El manifiesto nace del “Evangelio de Jesucristo, de la Doctrina Social de la Iglesia y de la tradición de fraternidad y hospitalidad cristiana”. Sus promotores recuerdan las palabras de Jesús: “Fui forastero y me acogisteis” y subrayan que para los cristianos el migrante es una realidad humana que hay que gestionar de manera adecuada, para proteger sus derechos y su dignidad, “porque es un hermano y una hermana”.

El texto hace referencia a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada también desde la Iglesia, que cuenta con el respaldo de más de 700.000 firmas. Esta iniciativa pretende responder a una realidad ya existente: personas que llevan años viviendo y trabajando en España en situación de irregularidad jurídica, lo que favorece la explotación laboral, la economía sumergida y la fractura social.

La realidad murciana: contribución y precariedad

El manifiesto destaca el papel fundamental que las personas migrantes desempeñan en la economía murciana, especialmente en el trabajo agrícola, el sector del cuidado y los servicios. “Estas personas viven en los barrios, escolarizan a sus hijos y contribuyen al bien común, pero demasiado a menudo lo hacen en condiciones de precariedad jurídica, laboral y habitacional que vulneran su dignidad y generan tensiones sociales”.

Las organizaciones firmantes subrayan que su posición no responde a “coyunturas políticas ni a posicionamientos partidistas”. La Iglesia, afirman, no entra en los procedimientos legislativos, pero sí recuerda un principio “irrenunciable”: la dignidad de las personas y la concordia social deben guiar cualquier medida orientada a superar situaciones de injusticia.

Propuesta abierta a adhesiones

El manifiesto se ofrece como una propuesta abierta no solo a comunidades cristianas, sino también a organizaciones sociales, movimientos y asociaciones civiles que deseen trabajar, desde la responsabilidad compartida, por una cultura de la acogida, la justicia social y la convivencia. Las adhesiones pueden realizarse a través de este enlace.

Apenas unos minutos. Es lo que ha durado este miércoles la sesión en la Audiencia Provincial de Cartagena en la que el Mar Menor iba a comparecer por primera vez en un proceso judicial con voz propia. La ausencia del ecotoxicólogo forense Luis Burillo, autor de uno de los informes periciales en los que se sustenta la acusación, ha obligado a suspender el juicio, en una decisión respaldada por la acusación particular, la Fiscalía y la defensa.

Burillo, perito del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valencia, no ha podido acudir por motivos personales. Y su comparecencia estaba considerada como una de las piezas clave del procedimiento. Las acusaciones habían planteado la posibilidad de celebrar su declaración en una sesión separada para mantener el calendario previsto, pero el tribunal ha optado por aplazar la vista y celebrarla íntegramente en una nueva fecha.

“Una suspensión nunca es el objetivo, no es una buena noticia, pero es entendible porque una de las pruebas principales no podía practicarse”, ha explicado a las puertas de la Audiencia Sergio Marco, portavoz de los abogados del Mar Menor. “No podíamos renunciar a una prueba pericial fundamental”.

Esta decisión ha frustrado la celebración de una de las citas judiciales más esperadas por los colectivos que llevan años reclamando responsabilidades por el grave deterioro ambiental de la laguna. Decenas de activistas se habían concentrado desde primera hora frente al tribunal con pancartas y consignas como “El Mar Menor no es un contenedor” o “Justicia y derechos para el Mar Menor”.

La acusación particular la ejercen la Alianza por el Mar Menor (Amarme), el Pacto por el Mar Menor y organizaciones ecologistas como Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO/BirdLife, además de varios ayuntamientos del entorno lagunar.

El Mar Menor cuenta con personalidad jurídica desde la aprobación de la Ley 19/2022, respaldada por una Iniciativa Legislativa Popular que reunió más de 600.000 firmas en toda España y en otros países. La norma, aprobada definitivamente por el Senado en septiembre de 2022, reconoce a la laguna y a su cuenca como sujetos de derecho con la capacidad para ser representados en los tribunales.

“El testimonio de Burillo es fundamental”, ha coincido también Pedro Eugenio Madrid, abogado de las empresas Ecosarete S.L. y Datelio S.L. “Es quien ha hecho el informe principal de la acusación, que rechazamos porque entendemos que hay errores”. Sobre la posición de su cliente, ha dicho que “se considera inocente” porque en el período en que se le acusa por los vertidos, entre 2015 y 2017, no tenía las desaladoras en funcionamiento. “Es un error que han cometido las acusaciones pero esperamos que la sala no lo cometa”. El informe de Burillo, ha abundado, no se basa en datos reales, “sino en unas estimaciones, y se le acusa de haber vertido al Mar Menor una cantidad de salmuera que no es cierta; ni la cantidad ni que se vertiese al Mar Menor porque el rechazo iba a un EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) en Cabo de Palos”.

Marco, sin embargo, ha insistito en que “los acusados, sin autorización, se apropiaron de agua de manera ilícita, la desalaron, y vertieron las aguas salobres al medio ocasionando un grave perjuicio, lo que constituye un delito y queremos que se les castigue y que se repare el daño ecológico”.

“Si estamos aquí y se ha abierto el juicio, entendemos que no tenemos una prueba sino una multitud de pruebas convergentes, directas y concretas que sostienen la autoridad de los hechos”, ha considerado el letrado.

El juicio, que ha atraído hasta Cartagena a la prensa internacional, llega más de seis años después de la imagen de miles de peces agonizando por falta de oxígeno en las orillas del Mar Menor en octubre de 2019.

“La sentencia puede crear jurisprudencia”, ha dicho antes de arrancar el juicio la abogada de Seo Bird Life, Katarzyna Wasowicz. “Hay que tener en cuenta que este caso tiene un impacto europeo y mundial; es el primer ecosistema dotado de personalidad jurídica, un movimiento que se está expandiendo a otros países, donde ya se aplican soluciones semejantes en sus legislaciones internas”.

El juicio se enmarca el caso Topillo, una macrocausa que investiga el impacto de presuntos vertidos contaminantes vinculados a explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena y su posible impacto sobre el Mar Menor. En el centro del procedimiento aparecen las salmueras con altas concentraciones de nitratos y el uso de desalobradoras que habrían contribuido a uno de los episodios de degradación ambiental más graves del Mediterráneo, con episodios de eutrofización, anoxia y mortandad de fauna marina.

En el banquillo se sienta D. M. P., administrador único de las mercantiles Ecosarete S.L. y Datelio S.L., acusado de presuntos delitos contra el medio ambiente por el funcionamiento de instalaciones de desalobración entre 2015 y 2017. Según la acusación, estas explotaciones habrían generado y vertido grandes volúmenes de salmuera con elevada carga de nitratos que, a través de distintos sistemas de drenaje y filtración, habrían terminado alcanzando la cuenca del Mar Menor.

La Fiscalía sustenta su acusación en informes del Seprona de la Guardia Civil y de la Confederación Hidrográfica del Segura, que atribuyen a la explotación investigada la generación de más de 162.000 metros cúbicos de salmuera procedente de una desalobradora presuntamente clandestina. A ello se suma el informe pericial del ecotoxicólogo forense Luis Burillo, que concluye que la actividad se realizó con conocimiento de sus posibles efectos y que estos vertidos habrían contribuido de forma relevante al deterioro del Mar Menor.

Prisión, multas e indemnización

En el plano penal, el Ministerio Público solicita siete años de prisión y una multa cercana a los 9.000 euros, además de una indemnización de 506.137,44 euros a favor del Estado, en su condición de titular del dominio público marítimo-terrestre y del dominio público hidráulico presuntamente afectados, con responsabilidad civil subsidiaria de las mercantiles investigadas. Frente a ello, las organizaciones personadas como acusación particular sostienen que esa compensación debería destinarse directamente a la recuperación del propio humedal.

“Consideramos que la indemnizacion debería ir a la víctima, al Mar Menor, para que se repueda ir recuperando”, ha explicado la abogada Katarzyna Wasowicz. “Es una de las diferencias respecto al Ministerio Fiscal”, ha continuado la letrada que ha matizado, sin embargo, que en esta ocasión la incoación del auto de apertura se produjo en julio “unos meses antes de la proclamación de la personalidad jurídica del Mar Menor, que fue en septiembre”.

EPara las organizaciones ambientales “hoy es un día histórico porque es la primera vez que un ecosistema se presenta en un juicio como víctima y acusación particular”, ha dicho Joaquín Nieto, portavoz de Seo BridLife. “Y cuando se pueda presentar el informe pericial demostraremos que el daño al Mar Menor ha existido; el mensaje es que no se puede contaminar al Mar Menor así como así, ahora tiene instrumentos propios para defenderse y requerir que ese daño se repare”.

La laguna del Mar Menor se convierte este miércoles en protagonista de un juicio sin precedentes en Europa. Por primera vez, este ecosistema comparece en un proceso como víctima y como parte acusadora. El juicio, que tendrá lugar en la sede de la Audiencia Provincial en Cartagena, se enmarca en una de las piezas del conocido como caso Topillo, una macrocausa que investiga presuntos vertidos contaminantes procedentes de explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena y su posible impacto en el Mar Menor. El procedimiento analiza el uso de desalobradoras y la gestión de salmueras con altas concentraciones de nitratos que habrían terminado en la laguna.

La vista no solo examinará estos hechos concretos, sino que inaugura un escenario inédito en Europa. El caso se ha convertido en uno de los procesos más simbólicos en torno a la crisis ecológica del Mar Menor.

Un juicio sin precedentes: el Mar Menor como víctima

La figura del Mar Menor como sujeto de derechos lo equipara a otros ecosistemas reconocidos en Nueva Zelanda, Ecuador o Colombia, donde algunos ríos y otros espacios naturales han conseguido una protección jurídica específica.

La gran incógnita es si esta innovación legal, todavía reciente en España, podrá traducirse en condenas, reparación ambiental y precedentes para futuros litigios ecológicos. “No va a ser un camino de rosas”, valora Teresa Vicente, catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Murcia (UMU) y una de las promotoras de la Iniciativa Legislativa Popular para otorgarle Personalidad Jurídica al Mar Menor. “Es una figura completamente nueva, yo misma tuve que ir a la escuela del Poder Judicial para explicarla a los jueces”.

Lo “fundamental”, para Teresa Vicente es “que todo esto no es ya solo una teoría filosófica sino una ley que forma parte del ordenamiento jurídico español”. Y aunque “son todo conceptos nuevos, estamos bien preparados”. Si hay que recurrir, “recurriremos, no somos perezosos ni nadie nos paga; en cinco años que llevamos con todo este proceso no ha entrado ni un solo euro”.

El Mar Menor cuenta con personalidad jurídica desde la aprobación de la Ley 19/2022, respaldada por una Iniciativa Legislativa Popular que reunió más de 600.000 firmas en toda España y en otros países. La norma, aprobada definitivamente por el Senado en septiembre de 2022, reconoce a la laguna y a su cuenca como sujetos de derecho con la capacidad para ser representados en los tribunales.

La “novedad”, relata Eduardo Salazar, abogado y uno de los promotores de la ILP, “es que el Mar Menor se puede personar, puede pedir pruebas, aportar informes y puntos de vista a través de los abogados, puede acusar y ejercer acciones judiciales propias, incluso impulsando procedimientos penales al margen de la posición de la Fiscalía” aunque en este caso el Ministerio Público sí sostiene la acusación.

Lo “histórico”, sostiene Salazar, es que el daño ambiental ya no se entiende solo como algo abstracto: “Solo conozco un caso similar, el del Rio Macarena en Colombia, al que se reconoció como víctima en un caso de justicia restaurativa, pero no es lo mismo que actuar en nombre propio en un procedimiento”.

La degradación del ecosistema

El Mar Menor ha atravesado en la última década continuos episodios de degradación ambiental. En 2016 ya se detectaron los primeros signos de eutrofización (aumento de la concentración de compuestos de nitrógeno en el agua), pero fue en octubre de 2019 cuando la llegada masiva de nutrientes desencadenó un episodio de anoxia con mortandad de peces en la laguna. En agosto de 2021 se vivió un nuevo colapso, otra vez con miles de animales muertos en las orillas tras la pérdida de oxígeno en el agua. Desde entonces, la laguna ha ido encadenando fases de turbidez extrema y proliferación de algas y la conocida sopa verde, alterando su equilibrio ecológico.

Qué es el caso Topillo

El caso Topillo es una macroinvestigación judicial que pone el foco en los presuntos vertidos contaminantes de explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena y su posible impacto en la laguna salada. La causa analiza el uso de las desalobradoras y cómo se gestionaron las salmueras con alta concentración de nitratos del regadío intensivo. El nombre del caso, Topillo, hace referencia a las perforaciones en la tierra de este animal comparándolas con las redes subterráneas investigadas durante la instrucción.

A comienzos de 2023, la Audiencia Provincial de Murcia decidió dividir el caso en dos grandes bloques: por un lado, una pieza centrada en posibles delitos de prevaricación por la actuación u omisión de cargos públicos en materia de control e inspección ambiental; y por otro, el enjuiciamiento de los presuntos delitos contra el medio ambiente atribuidos a empresas agrícolas y autónomos.

El tribunal consideró que no existía una conexión suficiente que obligara a juzgarlos de forma conjunta, lo que llevó a fragmentar aún más la investigación en decenas de procedimientos repartidos entre distintos juzgados.

Esa decisión “fue el primer antitopillo, en el sentido de que fue la primera decisión desacertada por parte de la Audiencia”, considera Salazar. Al dividirlo, “en lugar de tener un caso global con una suma de acciones, nos quedamos con acciones separadas de las puñaladas al cadáver del Mar Menor”.

“Este es el primero de los casos Topillo en el que la acusación no es solo del fiscal, sino que parte también del Mar Menor, es una parte más, y tiene que dar su consentimiento para los acuerdos si es que los hay”, anota el abogado.

Los hechos de esta pieza concreta

La pieza de este miércoles se centra en la actividad de varias explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena entre los años 2015 y 2017. Según la acusación, estas instalaciones habrían generado grandes cantidades de salmuera con una elevada concentración de nitratos que terminaron en la cuenca del Mar Menor. El procedimiento examinará si existió una gestión ilegal de esos residuos y si las mercantiles investigadas incurrieron en delitos contra el medio ambiente.

D. M. P., administrador único de las mercantiles Ecosarete SL y Datelio SL, se sentará en el banquillo de los acusados frente a tres magistrados. “La defensa niega todos los hechos, pero los informes del perito sí que estiman que la contaminación fue clave para la contaminación del Mar Menor; ahora tendrá que convencer a la audiencia”, apunta Salazar.

Este periódico ha intentado recabar la versión del despacho Madrid Abogados Cartagena, que representa a las empresas, sin obtener respuesta en el momento de la publicación de este artículo.

La clave del juicio: demostrar la causalidad ambiental

La clave del juicio se concentra no solo en la existencia de los vertidos al Mar Menor, sino en su impacto real en la salud del ecosistema. “Hay que probar esa causalidad de los vertidos hacia el colapso de la laguna salada”, incide Salazar. La Fiscalía fundamenta su acusación en un informe pericial del ecotoxicólogo forense Luis Burillo, en el que se concluye que la explotación de las instalaciones sin autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura se realizó con conocimiento de sus posibles efectos.

Quién acusa y quién defiende

El proceso lo juzgarán tres magistrados y la acusación particular la Alianza por el Mar Menor (Amarme), Pacto por el Mar Menor, Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO-Birdlife, a través de cuatro letrados. Además, se han personado los ayuntamientos de Los Alcázares, Cartagena, San Javier y San Pedro del Pinatar.

Un proceso que, según Salazar, puede encontrarse con algunos límites al carecer los tribunales de justicia “de una formación especializada en medio ambiente”.

Qué está en juego

El Ministerio Público reclama en su escrito de acusación una pena de siete años de prisión y una multa cercana a los 9.000 euros. Además, solicita una indemnización de 506.137,44 euros a favor del Estado, con la responsabilidad civil subsidiaria de las dos empresas. La acusación se apoya en los informes del Seprona de la Guardia Civil y de la Confederación Hidrográfica del Segura, que atribuyen a la explotación investigada el vertido de 162.345 metros cúbicos de salmuera.

Si las mercantiles agrícolas resultan condenadas, el destino de la posible indemnización marcaría una diferencia respecto a otros procedimientos similares. El Ministerio Público plantea que la cantidad reclamada se ingrese en las arcas del Estado, en su condición de titular del dominio público marítimo-terrestre y del dominio público hidráulico presuntamente afectados. En cambio, las organizaciones personadas como acusación particular sostienen que los 506.137,44 euros deberían destinarse directamente a la recuperación del Mar Menor como ecosistema perjudicado.

“Este miércoles por fin vamos a escuchar la voz del Mar Menor y creo que lo que nos va a decir es que es importante que se restaure lo contaminado, con una condena ejemplarizante”, concluye el abogado Eduardo Salazar. “Se trata del éxito de un proceso ciudadano para revertir un ecocidio, y se lo tenemos que agradecer a su impulsora, Teresa Vicente, y todas las personas que se dejaron la piel para recoger firmas durante la pandemia; es muy reconfortante y trascendental”.

Lo que comenzó como un gesto de gratitud en una pequeña tienda de skate se ha transformado en un referente nacional de intervención social. Premiado por rescatar a jóvenes del aislamiento y el abandono escolar, The Brotherhood (La Hermandad) utiliza la tabla de skate no solo como un complemento deportivo, sino como una herramienta de vida. Para Asier Uriarte, presidente del club, el skateboarding representa el 75% de su existencia. Fue la disciplina que le dio sus amistades, su pareja y, sobre todo, una lección fundamental: “El skate me ha enseñado a caer y seguir levantándome”.

Esa resiliencia es el alma de una entidad que, desde su fundación el 18 de marzo de 2019, ha convertido el asfalto murciano en un aula de valores y un salvavidas psicosocial.

De la tienda, a una “familia extra”

La historia de The Brotherhood no nació en un despacho, sino en el mostrador de una tienda. Asier, entonces propietario de un negocio especializado, comenzó a ofrecer clases gratuitas como agradecimiento a sus clientes más fieles. El éxito fue inmediato; fueron los propios padres quienes solicitaron formalizar un club donde sus hijos no solo aprendieran técnica, sino que sintieran que “formaban parte de algo especial”.

El nombre, The Brotherhood (La Hermandad), no es casualidad. Define una estructura de “familia extra” donde los patinadores veteranos cuidan de los novatos. Esta filosofía se refleja incluso en su gobernanza: una junta directiva compuesta por tres mujeres y dos hombres que apuesta por la igualdad de género desde la cúpula.

Lucía Nicolás es el ejemplo vivo de esta evolución. Entró al club en 2020, con 14 años, siendo la primera alumna femenina. “Llegué arrastrando cosas muy pesadas de las que no había hablado nunca. Sentía que no encajaba en ninguna parte”, confiesa. “El primer día, Asier me puso la tabla bajo los pies y me dijo: ”vamos a conseguir que te mantengas de pie“. Me caí cinco veces en diez minutos y nos reímos juntos. Ahí sentí que podía respirar”. Hoy, a sus 20 años, Lucía es entrenadora y voluntaria, devolviendo el apoyo recibido a las nuevas generaciones.

“Skateboarding Saved My Life”: un salvavidas pospandemia

El verdadero giro del club ocurrió tras la crisis del covid-19. El equipo detectó que los jóvenes regresaban a las pistas con graves cuadros de depresión, aislamiento y conductas autolesivas. “El deporte pasó a un segundo plano; lo importante pasó a ser todo lo demás”, explica Asier. Esta labor captó la atención de los Servicios Sociales de Murcia, dando lugar al programa “Skateboarding Saved My Life”. El proyecto interviene en barrios desfavorecidos como la pedanía murciana de Los Ramos y recientemente se ha ampliado a Barriomar.

Los resultados son tangibles: el club ha logrado la escolarización de niñas de etnia gitana que han titulado en la ESO y jóvenes que han alcanzado el Bachillerato, alejándolos de entornos de riesgo.

La voz de los barrios: Manuel y Kaoutar

El éxito de este proyecto se mide en las historias personales de quienes cada día se suben a la tabla. Manuel, un joven de 12 años de etnia gitana, es el vivo ejemplo del cambio de actitud que se respira en el club. Para él, el club es un espacio de igualdad plena: “Aquí me tratan bien como a los demás, todos somos iguales”. Más allá de la técnica, el deporte le ha servido como una herramienta de control de la ira y madurez emocional.

Manuel recuerda que, anteriormente, “si algo no me salía, me peleaba con todo el mundo”. Sin embargo, el patinaje le ha enseñado a canalizar la frustración: “Con el skate aprendí que si te enfadas, patinas peor. Ahora pido ayuda y no exploto”. Esta evolución le ha permitido desarrollar una convivencia basada en la tolerancia, afirmando que ahora sabe “escuchar, compartir y respetar, aunque no piensen como yo”.

Por su parte, Kaoutar, de 14 años y origen marroquí, pone voz a la confianza ganada a través del esfuerzo. Su proceso de superación personal nació de la pérdida del miedo al juicio externo: “Como te caes delante de todos y nadie se ríe de ti, aprendes que no pasa nada si te equivocas”. Esa seguridad ha traspasado las pistas de skate, logrando que ahora “participe más en clase”. Kaoutar destaca la integración real que define la identidad del grupo, donde la procedencia queda en un segundo plano frente al compromiso personal: “Aquí no importa de dónde venga tu familia. Hay gitanos, marroquíes, sudamericanos, españoles... lo que importa es que te esfuerces”.

El reto: un gigante sobre pistas “deplorables”

Paradójicamente, el club más fuerte de España carece de instalaciones adecuadas. Asier denuncia que las pistas en Murcia tienen 30 años de antigüedad, con grietas y agujeros peligrosos. Manuel lo confirma con tristeza: “Fuimos al skate park 'El Barnés' y no pudimos patinar bien; está sucio, viejo y es peligroso”. El joven sueña con un lugar de suelo liso, rampas sin grietas y luces para patinar hasta tarde con su familia. A pesar de contar con galardones como el Premio Fundación Ibercaja 2025 y la Mención de Honor en los Premios del Voluntariado, el apoyo institucional sigue sin estar a la altura del impacto social generado.

A diferencia de otras entidades, The Brotherhood no busca la expansión masiva o la apertura de sucursales. Su objetivo es preservar el formato familiar y un equipo humano alineado con sus valores sociales. Para ellos, el éxito no se mide en trofeos, sino en cada joven que aprende que ninguna caída es definitiva si hay una hermandad dispuesta a ayudarle a levantarse.

La sentencia del Juzgado de lo Social de Murcia, a la que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya, ratifica los hechos que que varias futbolistas del Alhama ElPozo C.F. denunciaron durante años. El fallo condena al entrenador Juan Antonio García Martínez, conocido como 'Randri', a su esposa y ahora presidenta del club Tamara Ruiz, y al propio Alhama CF, que deberán abonar una multa de 32.000 euros a las demandantes. García fue acusado en 2023 por algunas futbolistas de trato machista y discriminatorio. El detonante para las jugadoras fue recibir una foto de contenido sexual en la que aparecen varias personas del cuerpo técnico del club.

El texto judicial acredita que las jugadoras sufrieron un trato sistemático de humillación y vejación por parte del técnico. La sentencia recoge expresamente algunas de las frases que el entrenador les dirigía: “Estáis gordas”, “no podéis correr porque el culo os pesa”, “estáis tan gordas que no sé cómo podéis follar” o “habéis llegado a Primera división por ser mujeres y chupar pollas, si no habríais llegado ni a Tercera”.

La jueza también valida la información sobre el envío de una imagen de contenido sexual a toda la plantilla: “Todas las jugadoras recibieron mediante WhatsApp, desde el móvil del entrenador a través de una lista de difusión, una fotografía en la que aparecían varios miembros del equipo técnico del Alhama CF completamente desnudos y duchándose en los vestuarios”.

La condena llega en un momento especialmente significativo: Randri García regresó al banquillo del Alhama CF hace apenas unos meses, tras cumplir los dos años de inhabilitación que le impuso la RFEF tras su investigación interna. Durante ese período ejerció como director deportivo del club. En aquella sanción federativa, Tamara Ruiz también fue inhabilitada durante un año en su cargo de directora deportiva, y el club fue multado con 6.001 euros, una cifra inferior a la que ahora establece la justicia ordinaria.

“Una fotografía inapropiada”

El ‘Caso Alhama’ comenzó el mismo día en el que aparecieron informaciones sobre el trato vejatorio del técnico hacia sus jugadoras, incluyendo la difusión a toda la plantilla de una fotografía inapropiada. Según las propias denunciantes, los mensajes se envían desde el teléfono de Randri García, pero fue Tamara García la que asume esa responsabilidad. 

A partir de entonces, se sucedieron los comunicados. Asesoradas por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), 17 de las 22 futbolistas del equipo murciano publican un vídeo en el que afirman: “En ningún momento nos hemos sentido acosadas con gestos o hechos que pudieran vulnerar nuestra dignidad e intimidad personal y profesional. No estamos de acuerdo en acusar al entrenador como un acosador sexual”. Las otras cinco jugadoras, Andrea Carid, Lucía Martínez, Noelia Gil, Nerea Vicente y Érica Sastre, no firman el documento ni aparecen en el vídeo. Todo ese tiempo fue el sindicato FUTPRO, formado por abogadas y futbolistas, quien lideró las denuncias.

Exfutbolistas del club, como Nazaret Segura (24 años), señaló, entonces, a este diario que “haber dejado el fútbol por culpa de Randri y estar en tratamiento psicológico”: “Tenía un buen contrato, con un plus económico por marcar goles, pero en los entrenamientos y en los partidos tenía que aguantar insultos y gritos del entrenador públicos llamándome gorda. No sólo a mí, también a mis compañeras, y al final contestaba y eso a él no le gustaba”. Segura tomó la decisión de abandonar el equipo porque no podía aguantarlo: “Él era el dueño del club, su padre es el presidente y fundador, y contra eso no se podía hacer nada. Hubo más jugadoras que también abandonaron por culpa suya”.

“Histórico y sin precedentes en Europa”. Así califican las organizaciones ecologistas que están detrás de la acusación particular, el juicio que se celebrará el próximo miércoles en la sede de la Audiencia Provincial en Cartagena. En la vista se procesará una de las piezas separadas del caso Topillo con la laguna personada como acusación particular y víctima de los daños provocados presuntamente por vertidos contaminantes. Será la primera vez que un ecosistema comparezca en un proceso penal europeo con personalidad jurídica propia.

Esta es una de las casi 40 piezas en la que se dividió la segunda parte del denominado caso Topillo, por vertidos de salmuera al Mar Menor, en la que hay personadas varias asociaciones e instituciones de defensa del medio ambiente y cuatro ayuntamientos regionales como perjudicados.

“Estamos ante un hecho histórico”, insiste al otro lado del teléfono Julia Albaladejo, presidenta de la Alianza por el Mar Menor (Amarme). “Nunca antes un ecosistema se había personado en un juicio como víctima y parte”, continúa al tiempo que añade que es una victoria de la Ley 19/2022 que reconoce la personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca, aprobada en septiembre de 2022 y que se aprobó tras una Iniciativa Legislativa Popular que reunió más de 600.000 firmas.

Coincide Ramón Pagán, portavoz de Pacto para el Mar Menor, que junto con Amarme, Greenpeace, Ecologistas en Acción o Seo/BirdLife están detrás de la acusación particular, a la que se han unido los ayuntamientos de Cartagena, Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar. “Tenemos mucha esperanza, es la primera vez que en Europa un ecosistema se presenta como acusación particular en defensa de su protección y recuperación y para ejercer su derecho de no ser dañado por actividades empresariales; en este caso, de vertidos de agua contaminada por nitratos”.

“Esperamos que se llegue a un dictamen justo y ejemplarizante y que se reparen los daños que ha sufrido la laguna salada”, continúa Pagán. “En este caso, lo novedoso es que hemos conseguido ser acusación particular”.

La Audiencia Provincial de Murcia tiene previsto juzgar a las mercantiles agrícolas Ecosarete S.L. y Datelio S.L. por su posible implicación en delitos contra el medio ambiente vinculados a vertidos contaminantes de explotaciones ubicadas en el Campo de Cartagena. Según la acusación, en la explotación agrícola Mar de Cristal operaron entre 2015 y 2017 varias desalobradoras sin la autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

La investigación apunta a que dichas instalaciones se utilizaban para tratar el agua extraída de pozos destinada al regadío, generando a su vez importantes volúmenes de salmuera con altos niveles de nitratos. De acuerdo con la documentación incorporada a la causa, se habrían procesado 649.000 metros cúbicos de agua, lo que habría dado lugar a unos 162.000 metros cúbicos de residuo salino concentrado. Según la acusación, esos vertidos acabaron llegando a la cuenca del Mar Menor.

“Espero una sentencia condenatoria”

“Que podamos celebrar el juicio y quede visto para sentencia sería ya un éxito para mí”. Habla Sergio Marco, uno de los abogados de la acusación particular y coordinador de los órganos de gobernanza del Mar Menor. “Si sale adelante, será la primera vez que en Europa un ecosistema se siente en un juicio como parte acusadora, como persona de derecho que va a un procedimiento penal denunciando que se han vulnerado sus derechos”.

La acusación particular reclama sanciones económicas que superen el millón de euros, así como la inhabilitación para desarrollar la actividad durante un periodo de tres años y la adopción de actuaciones concretas orientadas a la recuperación del entorno afectado. Y lo hacen acogiéndose a los artículos 325, 327 y 330 del Código Penal, por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

El pasado mes de marzo se celebró una vista preliminar vinculada también al caso Topillo que generó controversia después de que el juzgado no convocara de forma oficial a los representantes legales de la laguna. Fiscalía y defensa alcanzaron un acuerdo que supuso la rebaja de la condena a un agricultor investigado por vertidos contaminantes. Una decisión que ha sido recurrida ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

“En esta ocasión no puede haber conformidad porque ya hemos sido reconocidos como parte acusadora y, a la vista de cómo está siendo tramitado el proceso, hay evidencia de que no cabe duda de que el Mar Menor sí que puede ejercer sus derechos”, asegura Sergio Marco, quien confía en que haya una sentencia condenatoria.