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Claves del Caso Topillo por la contaminación del Mar Menor: “Es difícil perseguir delitos ecológicos”

Desembocadura en el Mar Menor de la rambla del Albujón (Los Alcázares, Región de Murcia) con agua cargada de químicos agrícolas

Elisa M. Almagro

Murcia —

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Troceado en dos, después decenas de veces y, ahora, sin la representación de los Ayuntamientos y las ONG como afectados. El Caso Topillo, que cubre los vertidos de salmueras contaminantes procedentes de desalobradoras ilegales al Mar Menor, está sufriendo lo que sus actores principales consideran un “varapalo tras otro” a su paso por la Audiencia Provincial de Murcia: “Judicialmente, creemos que no se tiene una visión global de lo que pasó con el Mar Menor. No sabemos en qué va a terminar el caso”, lamentan desde Ecologistas en Acción.

En 2017, el por aquel entonces fiscal de la Región de Murcia de Medio Ambiente y Urbanismo y actual fiscal jefe, José Luis Díaz Manzanera, denunció los vertidos contaminantes por el uso de determinadas desaladoras no autorizadas para actividades agrícolas en el Campo de Cartagena entre los años 2012 y 2017.

En el escrito de acusación de Manzanera se calcula el perjuicio económico que causaron estas empresas en casi 19,5 millones de euros. En cuanto a la laguna salada, “no hay signos de mejora” tras años de vertidos, según ha concluido el Instituto Español de Oceanografía (IEO) este febrero.

Acusación, pero no perjudicados

El pasado 8 de febrero la Audiencia Provincial de Murcia retiraba como parte perjudicada a las ONG y Ayuntamientos ribereños en una de las 39 causas en las que se dividió la segunda pieza de Topillo. Inicialmente, el juez de Instrucción número 4 de Cartagena había ofrecido a asociaciones y consistorios presentarse como perjudicados. El Alto Tribunal lo ha descartado en base a los artículos 3 y 6 de la Ley para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor que entró en vigor en octubre de 2022 y concluye que solo el Comité de Representantes previsto en esta normativa podría actuar en nombre de la laguna salada como perjudicado.

El abogado Eduardo Salazar, que representa a Greenpeace en el caso de contaminación de la laguna salada y uno de los promotores de la Iniciativa Legislativa Popular para otorgar personalidad jurídica del Mar Menor, reconoce que esta decisión les deja “sin muchas vías” en esta causa, aunque no descartan presentarse como acusación popular: “Hay bastantes diferencias, pero una de las principales es que no podemos pedir una indemnización para el Mar Menor. No podemos pedir esos daños porque no somos perjudicados o no actuamos en nombre del perjudicado”.

Salazar conoce muy bien la Ley 19/2022 para dotar de personalidad jurídica a la laguna: “La Audiencia ha hecho algo realmente curioso y, desde nuestro punto de vista, erróneo. Es por ello que hemos hecho un recurso de casación al Tribunal Supremo”, anuncia el abogado de Greenpeace. Para el letrado, el artículo 6 estipula que “cualquier persona” puede representar al Mar Menor.

“Ha sido una sorpresa. Estamos valorando ahora mismo con los servicios jurídicos cuáles son las posibilidades que tenemos como Administración y en función de esas posibilidades, actuaremos”, adelanta Mario Cervera, alcalde de Los Alcázares. Y añade, además, que el Comité de Representantes aún no está constituido, ya que aun no se ha aprobado el reglamento. Siguiendo el criterio de la Audiencia en esta causa, el Mar Menor se quedaría sin representante hasta que la normativa esté aprobada y este organismo sea creado.

“Es conveniente que la situación en la que se encuentra la Ley que dota de personalidad jurídica propia al Mar Menor se resuelva con rapidez y eficacia. No podemos dar a entender a la ciudadanía que un ejemplo de movilización social y de participación puede desvanecerse. Todas las administraciones tienen que actuar con celeridad para que entren en funcionamiento todos los mecanismos que esa ley recoge”, concluye el primer edil del consistorio ribereño.

Un Topillo, dos Topillos

La parte política por un lado, la medioambiental por otro. A principios de enero de 2023 la Sección 3 de la Audiencia Provincial de Murcia confirmó que se iban a formar dos piezas separadas del caso. La primera, por prevaricación ambiental a raíz de la omisión de las inspecciones obligatorias a las distintas administraciones; la segunda, por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, a empresas agrícolas y autónomos.

La parte 'política' del caso Topillo se resolverá en dos juicios. En esta pieza se juzga al exconsejero de Agricultura, Antonio Cerdá y al excomisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Manuel Aldeguer: “Los responsables políticos quieren que se divida y que cada político vaya por un lado”, adelanta Salazar.

El Alto Tribunal justifica su decisión en que “el hecho de que dichas conductas [los vertidos agrícolas] fueran realizadas en paralelo a las actuaciones u omisiones realizadas por el entonces consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, y por el comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura, no implica que las mismas se conviertan en una unidad que, necesariamente, deba ser enjuiciada de forma conjunta”. En otras palabras, la Audiencia no aprecia relación directa entre la presunta dejadez en las inspecciones por parte del consejero murciano de Medio Ambiente y el excomisario de Aguas de la CHS y el afluente de vertidos contaminantes al Mar Menor por parte de las empresas.

“Un ejército de abogados”

En Cartagena, San Javier y Murcia. Los miembros de la acusación popular persiguen la segunda pieza del caso Topillo con 39 causas desmembradas, dividiendo sus esfuerzos. En enero de 2022, un año antes de que la división del caso Topillo en dos piezas fuera firme, la Audiencia Provincial tomó la decisión de fragmentar la segunda pieza en casi cuarenta causas. “Falta de conexidad” entre las causas, alegó la Sala.

“La Audiencia alegaba que como cada agricultor lo había hecho con una desaladora propia, no había un acuerdo común entre ellos. Nosotros decíamos que como habían utilizado la misma herramienta [las desaladoras] y que todos estaban de alguna manera informados o, por lo menos de acuerdo en que eso iba a ser tolerado por la Administración, pensamos que sí había esa conexidad”, explica Salazar.

Los juzgados de San Javier, Cartagena y Murcia recibieron 22, 14 y 3 procedimientos, respectivamente: “Como acusación popular, llevar una pieza sola sería complicado al ser muy grande, pero no es tan complicado como 39 causas diferentes”, sopesa el letrado de Greenpeace. “Es como llevar 39 partidas de ajedrez. Es muy complicado, costoso, lento y supone un desgaste para las ONG”, resume.

“Necesitas un ejército de abogados para llevar todas las causas”, denuncian desde Ecologistas en Acción. La asociación teme que la fragmentación de la pieza “descontextualice” lo ocurrido con la contaminación en el Mar Menor: “Una única causa daría una visión más global de lo que sucedió”.

A esto se añade el temor de la disparidad de criterios que pueden tener lugar en cada una de las causas: “Al ser en distintos tribunales, en causas distintas, a las empresas pueden caerles sentencias distintas entre sí por hechos similares, algunas incluso contradictorias”, apuntan los ecologistas.

“Este caso es una prueba más de que es muy difícil que la persecución del delito ecológico en cuestiones como el Mar Menor llegue a buen puerto. Tiene que servirnos para reflexionar sobre la normativa penal, la falta de juzgados especialistas o recursos para que se pueda asumir este tipo de macrocausas. La justicia se queda muy pequeña para una cosa tan grande”, resume Salazar.

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