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Piden 21 meses de cárcel para el exconsejero murciano Antonio Cerdá por los vertidos al Mar Menor

El exconsejero de Agricultura de Murcia Antonio Cerdá | EFE

Elisa Reche


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Además de seguir imputado en el caso de corrupción urbanística de Novo Carthago y el de fraude y y malversación de la desalinizadora de Escombreras, la fiscalía ha pedido un año y nueve meses de prisión y nueve de inhabilitación para el exconsejero del Gobierno murciano de Agricultura y Aguas Antonio Cerdá por el caso Topillo, que investiga delitos contra el medio ambiente por la contaminación del Mar Menor.

El fiscal de delitos ambientales, Miguel de Mata, ha reclamado la misma pena para el excomisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Manuel Aldeguer, mientras que ha pedido condenas de entre seis meses y seis años de prisión para 41 empresarios agrícolas y, en algunos casos, inhabilitación para administrar empresas agrícolas e indemnizaciones por responsabilidad civil que llegan a superar los dos millones y medio de euros por contaminar la laguna salada con nitratos procedentes de desaladoras ilegales.

Cerdá ocupó el cargo en la Consejería de Agricultura del Gobierno murciano desde 1999 hasta su dimisión en 2015 cuando resultó imputado en el caso Novo Carthago. Previamente había sido diputado regional y portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Región de Murcia desde 1983 hasta 1991.

En el escrito, que ha sido notificado el martes a las partes y al que ha tenido acceso elDiario.es, se exculpa a la que fuera presidenta de la CHS María Rosario Quesada al considerar que su actuación no tuvo la suficiente relevancia como para constituir delito.

El ministerio público, en cambio, sí ha pedido otros 21 meses de cárcel para el excomisario de Aguas y actual director general del Agua en la Generalitat valenciana, Manuel Aldeguer, por ser presuntamente conocedor de la existencia de gran número de sondeos y desalobradoras ilegales en el Campo de Cartagena que no fueron inspeccionadas. “En definitiva, la CHS tuvo conocimiento de la existencia de un gran número de sondeos y desaladoras existentes en el campo de Cartagena que carecían de autorización administrativa, y que ello era un problema ambiental de primer orden”, señala el fiscal en el documento.

Los nitratos de la agricultura y los 'rechazos' de las desalobradoras, “principal causa de contaminación del Mar Menor”

El escrito provisional de conclusiones recoge que el “importante deterioro” que ha sufrido el Mar Menor en los últimos años se debe a las actividades que “se desarrollan en su entorno desde hace décadas, presión urbanística, agricultura intensiva, turismo, explotación minera, etc”, aunque especifica que los nitratos procedentes de la actividad agrícola más los 'rechazos' procedente de la desalobración de las aguas extraídas de los acuíferos “aunque no son la única fuente, es la principal causa de la contaminación por nitratos del Mar Menor y del acuífero cuaternario”.

“Las vías de entrada de estos elementos son, por un lado, las aguas superficiales a través de la red de ramblas que drenan la cuenca vertiente, siendo el cauce principal la rambla del Albujón, y, por otro, las aguas subterráneas del acuífero Cuaternario del Campo de Cartagena”, abunda el fiscal.

Red de salmorueductos en el Campo de Cartagena

De Mata explica en el escrito que “una de las formas de llegada al Mar Menor de las aguas de rechazo cargadas de salmuera y nitratos, procedentes de las desaladoras carentes de autorización utilizadas por algunos de los agricultores acusados en este escrito, era a través del entronque de las tuberías de salida del rechazo de las correspondientes desaladoras a la red de salmueroconductos existente en el campo de Cartagena y que, en gran medida, venían a confluir a una conducción que desembocaba en la rambla del Albujón, bajo el puente y a unos 50 metros de su desembocadura. Otro de los ramales principales de esa red de tuberías que formaban el salmueroconducto desembocaba en la rambla de Miranda”.

El fiscal de delitos ambientales recoge en el escrito la “amplia normativa que impone, tanto a autoridades como a agricultores, la observación de medidas de vigilancia y control” para reducir los vertidos tóxicos a la laguna y subraya que en los programas de actuación de obligado cumplimiento de “2003 y 2009 se regulaban multitud de directrices dirigidas a los agricultores relacionadas con el uso de abonos nitrogenados” y la dosis máxima que se podía utilizar, “limitándolos en todo caso a 170 kg por hectárea y año”.

El desastre ambiental en la albufera lleva gestándose años, pero los últimos cinco han sido especialmente dramáticos para sus aguas: desde 'la sopa verde' de 2016 hasta el segundo episodio de mortandad masiva de peces y crustáceos el pasado agosto.

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