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Gobierno y ecologistas temen que el Mar Menor sufra otra crisis este verano: “La situación es crítica”

Operarios retiran del mar peces muertos que han aparecido en las playas del Mar Menor. EFE/Juan Carlos Caval/ Archivo

Erena Calvo

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Coinciden en el diagnóstico, pero no en el tratamiento. La situación del Mar Menor sigue siendo “crítica”, advierten desde la asociación Pacto por el Mar Menor. Los últimos datos oficiales de diciembre de 2021 “son paralelos a los de las mismas fechas de 2020 en cuanto a salinidad, transparencia, concentración de nitratos y existencia de clorofila”, explica Ramón Pagán, portavoz de la asociación. “Si con los datos de diciembre de 2020, sabemos ya lo que pasó en agosto de 2021, sumado a la situación de contaminación actual que llega por las ramblas y cuyo flujo no ha disminuido, nada hace pensar que en 2022 podamos evitar que suceda algo tan lamentable como la última crisis de anoxia”.

Algo que no descarta tampoco el Gobierno regional, que apunta a que “la actual situación de estabilidad” podría verse afectada durante los meses de verano con el cambio de los parámetros y el clima, “ya que la continua entrada de agua dulce y nutrientes por la rambla del Albujón impide la recuperación completa del ecosistema”.

Hay unas directrices del Gobierno central de hacer cumplir la ley en el Campo de Cartagena, pero esas competencias “son fundamentalmente del Gobierno regional y en esta Región hay una inercia desde hace muchos años de convertir las leyes en papel mojado”, dice Ramón Pagán, que se refiere a actuaciones “tan importantes” como regular el uso de fertilizantes según las normativas europeas, competencia de la Comunidad, y “que aquí nadie controla”. O al cumplimiento de la ley de protección y recuperación del Mar Menor, definir cuál es el uso que se puede hacer del territorio de forma agrícola: “Este verano hemos vuelto a ver que en fincas donde ya habíamos puesto denuncias por incumplimiento de la Ley, se está volviendo a hacer agricultura intensiva, me refiero a la franja de 1.500 metros de exclusión”.

Desde la Consejería, sin embargo, aseguran que el plan de inspecciones 2022–2023 ha aumentado un 80% el número de inspecciones previstas, y que el cumplimiento de la ley “está garantizado y controlado de forma permanente”.  Si se detecta alguna situación fuera de la ley se abre una inspección y un expediente sancionador, aseguran, “pero la competencia para otorgar derechos de riego o prohibir el uso de agua es única y exclusiva de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS)”. 

Hasta diciembre de 2021 la Comunidad ha iniciado 171 expedientes que suponen 2.807 hectáreas, teniendo el procedimiento finalizado en 10 expedientes, habiéndose restituido un total de 158,86 hectáreas. Según la CHS, hay más de 8.500 hectáreas de regadío ilegal en el Campo de Cartagena, “y no se han devuelto a su situación inicial de secano ni 300, el grado de aplicación de la ley es mínimo, irrisorio”, consideran desde Pacto por el Mar Menor.

Encuentros con Transición Ecológica

Desde el Gobierno regional recuerdan que tras la última visita este verano de la ministra Teresa Ribera al Mar Menor, ambas administraciones se comprometieron a mantener una relación más permanente en favor de la recuperación de la laguna salada y a la participación del Ministerio para la Transición Ecológica en las siguientes ediciones del foro de coordinación interadministrativo. “Desde su visita se han celebrado dos reuniones del foro a las que el secretario de Estado, Hugo Morán, fue invitado pero finalmente no participó”, se quejan desde la Consejería de Agricultura al tiempo que apuntan algunas de las actuaciones previstas para este año.

El Gobierno regional –relatan las mismas fuentes– va a destinar 85 millones de euros para la recuperación del Mar Menor en 2022. Entre las iniciativas que actualmente se están llevando acabo destaca la finalización de la instalación de 1.000 sondas de humedad y fertilizantes para controlar la aplicación en tiempo real en cada cultivo; el inicio en el mes de abril de la construcción de 15 balsas de biorreactores para eliminar los nutrientes del agua que circula por la rambla del Albujón o los trabajos permanentes de retirada de biomasa.

El pasado martes Ciudadanos pidió al comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, que retirase la financiación europea para el Mar Menor al Gobierno regional del PP y la redirija a los municipios ribereños. La formación política había enviado al comisario europeo un informe con datos pormenorizados sobre la ejecución por debajo del 10% de los proyectos con financiación europea antes de la reunión telemática que mantuvo ese día con el presidente murciano, Fernando López Miras. La coordinadora regional de Cs, María José Ros, señaló en una nota de prensa que “especialmente grave son las asignaciones a la Dirección General del Mar Menor, que de 12,5 millones de euros tan solo se han ejecutado 2,2. Entre las mentiras del PP aparecen los filtros verdes, con 4,5 millones de euros sin ejecutar que se suman a los 1,25 millones que no se ejecutaron en 2020”.

“La Comunidad se ha centrado en el colector Norte como solución al problema, pero es trasladar el problema de un sitio a otro sin tener un verdadero tratamiento para un caudal tan elevado”, valora Ramón Pagán. Pretenden, continúa el portavoz de Pacto para el Mar Menor, desalobrar las aguas pero hay que ver qué se va a hacer con la salmuera restante cargada de nitratos “y que no pueden tirar al Mediterráneo”. Sobre el proyecto de balsas de biorreactores, dice Pagán, “es un proyecto y llegamos ya tarde; es necesario que todas las administraciones se pongan manos a la obra ya, de manera conjunta y también que las grandes empresas agrícolas se hagan cargo de su responsabilidad, y asuman los gastos de depuración de sus vertidos; así como que las soluciones que se adopten sean en toda la cuenca vertiente”.

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