Las diez investigaciones abiertas de la Justicia por el estado del Mar Menor: anoxias, vertidos y tratos de favor

La justicia murciana tiene abiertas diez líneas de investigación en torno al Mar Menor y las causas de su estado agónico. A través de un comunicado, la Fiscalía regional se ha hecho eco de los procedimientos abiertos, que se encuentran en diferentes fases: cinco de ellos están en manos de la Guardia Civil y la propia Fiscalía, dedicados a recabar información; otros cuatros están en Juzgados de Instrucción, en los que se coordina una investigación en mayor profundidad por posibles delitos penales; y uno de ellos se está tramitando por un Juzgado Contencioso-Administrativo.

Líneas de investigación de la Fiscalía y Guardia Civil

Miles de peces muertos: el pasado 14 de agosto empezaron a aparecer especies y plantas marinas muertas en el Mar Menor provocando por una nueva anoxia similar a la de octubre de 2019. El Juzgado de instrucción número 1 murciano tiene diligencias de investigación abiertas para llegar al fondo de la cuestión y depurar responsabilidades penales. Las pesquisas comenzaron a raíz de una denuncia de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, y se encuentran a la espera de informes solicitados.

Apertura de la gola 'Marchamalo': cinco días después de la aparición de peces y plantas muertas en la albufera, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, propuso abrir la gola de 'Marchamalo', un canal de agua que conecta el Mar Menor con el Mediterráneo, con el objeto de expulsar la bolsa de anoxia a mar abierto. Una medida contraria al criterio científico general, y que supuso que Ecologistas en Acción denunciara el Gobierno regional por dicha propuesta.

Denuncia contra Teresa Ribera: la primera reacción del Ejecutivo murciano fue negar la anoxia en la laguna salada, y achacar el nuevo episodio de mortandad a las altas temperaturas. Lo siguiente fue interponer una denuncia contra el Gobierno de España, contra el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, y contra la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), por supuesta omisión y falta de diligencia en la actuación del acuífero Cuaternario -por el que desembocan los nitratos de los cultivos del Campo de Cartagena-, y por la no retirada del fango en el Mar Menor. Estas diligencias se van a remitir a la Fiscalía General del Estado.

Obstrucción y tratos de favor: otra de las líneas de investigación son las relacionadas con una denuncia de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) a la Consejería de Medio Ambiente por obstrucción al control de regadíos en el entorno del Mar Menor y por presuntos intereses familiares del consejero de dicha cartera, Antonio Luengo Zapata. De los supuestos tratos de favor y la denuncia de la plataforma ecologista se hizo eco el periódico La Verdad: ANSE asegura que el propio consejero trabajó como jefe de plantaciones y calidad de una empresa agrícola de San Javier administrada por un tío suyo, algo que el dirigente ha negado.

Falta de control en vertidos: La Fiscalía de Área de Cartagena tiene una investigación abierta tras una denuncia de la CHS al Ayuntamiento de la citada localidad por supuesta falta de control de los vertidos de aguas residuales al Mar Menor producidos desde una urbanización de la localidad llamada Bahía Bella. Las pesquisas están prorrogadas por la Fiscalía General del Estado por faltar la práctica de algunas diligencias. 

Procedimientos judiciales en instrucción

'Caso Topillo': El Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia está ultimando las diligencias previas del 'caso Topillo', el procedimiento judicial principal que busca depurar responsabilidades penales por el estado del Mar Menor, y con una línea de investigación abierta desde 2017. La Fiscalía señala que se está finalizando la tramitación del caso, en el que se encuentran implicado un exconsejero regional, dos miembros de las CHS -un presidente y un comisario de aguas-, y 41 personas físicas y jurídicas regantes de la zona, habiéndose abierto una pieza separada contra otros 43 regantes.

Vertidos en el Mar de Cristal: en Cartagena, y tras numerosas diligencias practicadas desde 2016, se están ultimando las investigaciones por vertido al Mar Menor en la zona del Mar de Cristal, tras una denuncia puestas por la propia Fiscalía.

Arco sur: el Ministerio Fiscal ha formulado un escrito de acusación por posible delito de prevaricación contra una exconsejera del Gobierno regional de Murcia y un exdirector general, por unas obras de canalización de los vertidos de nitratos procedente de la rambla del Albujón -que desemboca en el Mar Menor- hacia unas instalaciones de la comunidad de regantes llamadas Arcos Sur. A finales de 2020, la Fiscalía ya pidió doce años de inhabilitación para cargo público contra Adela Martínez-Cacha -exconesejera de Medioambiente-, y Andrés Martínez Francés -exdirector general del Agua- por crear dicho canal sin tener la evaluación del impacto medioambiental con el pretexto de la emergencia en desviar los vertidos. La causa judicial lleva abierta desde 2018.

Dragado del canal Veneciola: el Juzgado de instrucción número 1 de San Javier está tramitando diligencias relativas a un dragado sin autorización a la entrada de los canales 'Veneciola' en el Mar Menor, por una zona denominada 'Las Encañizadas'. En junio de 2020 se advirtió de que la apertura de dicho canales estaban causando daños a la albufera, y señalaron la mano del hombre a la hora de abrirlos. Cuando se denunció, la Consejería de Medio Ambiente envió inspectores para evaluar las repercusiones sobre el la albufera.

Sanciones a los regantes

El pasado mayo, la Fiscalía interpuso una demanda contra la Consejería de Medio Ambiente murciana, tras negarse a tramitar una serie de expedientes de responsabilidad ambiental contra los causantes de la contaminación del Mar Menor y del acuífero del Campo de Cartagena, que desemboca a su vez en la albufera. El consejero de la cartera de Medio Ambiente aseguró en varias ocasiones que no era su competencia sancionar a los regantes, sino de la Confederación Hidrográfica del Segura. La demanda del Ministerio Público llegó tras un año de margen concedido a la Consejería para que exigiera a diez empresas investigadas en el 'caso Topillo' que asumieran el coste económico que supone recuperar los espacios degradados por su actividad en las cuencas que desembocan en la albufera.

La Fiscalía se ha hecho eco del recurso interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo, al no recibir respuesta de la reclamación hecha a la cartera de Medio ambiente, y asegura que puede sancionar a los regantes en base a la Ley de Responsabilidad Ambiental 26/2007. El procedimiento, que se está llevando a través de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, está en trámite.