El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya ha publicado las candidaturas presentadas para las próximas elecciones del 29 de noviembre. Aunque aún no han recibido la validación definitiva, los listados provisionales ya permiten ver a los candidatos que propone cada partido y las provincias en las que se presentará cada uno. PP y PSOE son los únicos partidos que concurrirán en todas las provincias, además de Vox y Frente Obrero.

La nueva alianza de izquierdas, Frente Amplio, se postula en 44 provincias y Podemos, en 41. Además, se añadirían sus candidaturas conjuntas, como Unión del Pueblo Canario en las islas Canarias o Compromís-Front Valencià en la Comunitat Valenciana, y la integración de Podemos en la candidatura de ERC. El siguiente partido que concurrirá en más territorios es el de Alvise Pérez (SALF), que ha presentado listas para 46.

En el siguiente mapa puedes ver las listas electorales de cada partido para este 29N y los candidatos que presenta en cada provincia. Si se presentó en las elecciones de 2023, los colores más oscuros indican los candidatos que formarían parte del Congreso si se repitiesen los resultados de hace tres años. Debe tenerse en cuenta que han cambiado las coaliciones y en 2023 Podemos se presentó dentro de Sumar.

Para ver las candidaturas que se presentan en tu provincia, selecciónala en este buscador. Puedes ver el nombre y apellidos de todas las personas que integran las listas junto a su puesto.

La respuesta a la crisis abierta por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) desestabiliza al Gobierno a apenas un mes de las generales y cuando quedan en torno a dos semanas para que comience la campaña electoral. A diferencia de lo ocurrido el pasado enero, con el accidente de Adamuz, en esta ocasión el Frente Amplio —la nueva marca de Sumar— ha cargado con mucha mayor dureza contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, y este viernes cruzó la línea de pedir abiertamente su dimisión.

Por ahora, el presidente Pedro Sánchez ha decidido mantener su confianza en Puente, y el PSOE ha ignorado la petición de sus socios. Pero el Frente Amplio no ha relajado la presión contra él y contra el modelo de infraestructuras defendido por los socialistas, y con toda probabilidad esas diferencias se escenificarán el próximo martes, cuando el ministro de Transportes acuda a la Diputación Permanente del Congreso para ofrecer explicaciones en sede parlamentaria sobre el accidente de Urda y su gestión posterior.

El Frente Amplio ha optado por no involucrar públicamente a sus ministros en este conflicto con el PSOE y ha sido su candidata a las elecciones generales, Ada Colau, la que desde el miércoles pasado ha ejercido como la voz más dura del espacio. El mismo miércoles, Colau ya exigió —antes que ningún otro socio del Gobierno— que se asumieran “responsabilidades”. El jueves –al igual que otros aliados del Ejecutivo, como ERC o Podemos–, la dirigente se mostró muy crítica con la decisión de Puente de poner en foco sobre el error humano que habría provocado el choque, que se produjo tras un fallo técnico. Y el viernes fue ella la que pidió expresamente la “dimisión” del ministro de Transportes.

Desde el mismo miércoles, pocas horas después del accidente, en el Frente Amplio ya cundía la sensación de que la posición de Puente era insostenible, pero esa reflexión apenas tardó 48 horas en convertirse en una solicitud pública de cese. La rápida reacción de Colau contrasta con la de Sumar hace tan solo nueve meses: entonces, la coalición no solo no pidió el cese del ministro, sino que apoyó que estuviera “dando la cara” y se limitó a pedir mayor inversión para el sistema ferroviario.

Colau achacó este cambio de posición a que, precisamente, es la segunda vez en un año que se produce un accidente mortal en la red de alta velocidad española. “El ministro ha dicho en su comparecencia que su compromiso como máximo responsable político era trabajar para que algo tan terrible no volviera a suceder, pero es que eso ya sucedió en enero pasado y ha vuelto a pasar”, lamentó la exalcaldesa el viernes pasado, cuando planteó que la dimisión de Puente es “imprescindible” si “creemos que es inasumible que se hayan producido estas dos tragedias en tan poco tiempo en la alta velocidad, y asumimos que, efectivamente, se ha quebrado la confianza en el sistema”, como ha planteado el presidente Pedro Sánchez.

No obstante, el Frente Amplio no solo se ha mostrado crítico con Puente, sino también con el actual modelo ferroviario del Gobierno. En un hilo en su cuenta de X, en referente de IU en las listas de la coalición y líder de la federación en Andalucía, Toni Valero, sostuvo que el accidente de Urda demuestra que existe “un problema estructural” que no tiene que ver con “fallos puntuales de gestión”.

“La apuesta por la alta velocidad a costa del tren convencional se ha hecho sin las inversiones necesarias para garantizar seguridad” y, “cuando se prioriza la rentabilidad y el beneficio en el transporte público, las consecuencias son devastadoras”, denunció Valero, que cargó contra este “modelo neoliberal consolidado tras décadas de privatizaciones y liberalizaciones sostenidas por PP y PSOE”. “Hablar de errores humanos o de seguridad nos hace ignorar la clave: un modelo de liberalización y privatización que limita la capacidad del Estado para dar un servicio seguro y de calidad”, denunció el dirigente.

Podemos evita pedir la dimisión, pero carga contra el modelo

A diferencia de lo decidido por el Frente Amplio, Podemos ha evitado pedir la dimisión de Puente. Pero eso no significa que la formación morada no se haya mostrado crítica con el ministro de Transportes, a quien la candidata del partido a las generales, Irene Montero, ha afeado que ponga el foco sobre el operario del centro de control que habría cometido el error que, en última instancia, provocó el accidente de Urda. “¿De verdad nos quieren convencer de que el problema es un trabajador y no un sistema ferroviario sobrecargado, donde ahora circulan muchos más trenes que antes, con un mantenimiento insuficiente y externalizado y con unos sistemas de seguridad que necesitan ser actualizados?”, planteó el jueves Montero.

Fuentes de Podemos explican que sí consideran “imprescindible” que “se repare a las víctimas y que se asuman responsabilidades políticas”, pero sostienen que es igual de importante “que se adopten las medidas estructurales pertinentes para que no se repitan hechos así, desde una revisión del sistema ferroviario y sus protocolos hasta mejoras en el mantenimiento y en las condiciones de los trabajadores”. “El sistema falla como consecuencia de años de decisiones erróneas, y quienes lo pagan son los trabajadores y usuarios”, sostienen estas fuentes, que califican de “indecentes las maniobras para intentar culpar a trabajadores mediante filtraciones”.

Podemos denuncia, asimismo, que los trabajadores han denunciado “reiteradamente” los problemas “estructurales” en el sector ferroviario: “Mantenimiento insuficiente, plantillas escasas y falta de descansos durante las jornadas laborales”. “Los datos de Adif, además, muestran que el número de trenes afectados por problemas de señalización se han multiplicado por 15 en los últimos siete años”, critican los morados, que afirman que estas deficiencias “se producen en el contexto de una privatización ferroviaria que ha disparado las oportunidades de negocio para las compañías privadas sin que ello se haya traducido en una mejora de la calidad, la puntualidad o la seguridad del servicio”.

Las principales asociaciones de periodistas del país han arropado este viernes al director de elDiario.es ante la intimidación que sufrió este jueves por parte de Okdiario. La Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) han condenado “las prácticas intimidatorias de quien dijo actuar en nombre del director de Okdiario, Eduardo Inda, hacia su persona y hacia el medio que dirige”. Reporteros Sin Fronteras denuncia, asimismo, los “tintes intimidatorios” de las prácticas del citado medio.

Tal y como ha relatado el propio Escolar, el jueves 29, después de una comida de trabajo con una fuente, al director de elDiario.es se le acercó un hombre que dijo trabajar para Okdiario para decirle que le había estado fotografiando por orden de Eduardo Inda, director de Okdiario, quien minutos después le escribió un mensaje de WhatsApp en el que decía “jojo”. El mismo hombre trasladó la misma comunicación a la fuente con la que se había visto Escolar, la abogada Leticia de la Hoz, defensora de Koldo García e imputada en el caso Leire Díez.

Ese día, elDiario.es y otros medios habían publicado que la empresa editora de Okdiario pagó la defensa de Koldo García en el Tribunal Supremo, con un total de 242.000 euros abonados al despacho de Leticia de la Hoz. La abogada entregó ese mismo día a la Audiencia Nacional, en la investigación en la que está imputada, las facturas y comprobantes de las transferencias. En la tarde del jueves 29, Okdiario publicó las fotos de la reunión de Escolar y Leticia de la Hoz, afirmando que la noticia publicada por elDiario.es era “un bulo” elaborado con facturas que tenían “el concepto falseado”.

Escolar, en su solicitud de amparo a la FAPE y la APM, consideró lo ocurrido un “intento de intimidación” y subrayó que reunirse con fuentes es parte esencial del periodismo: “Lo que no es periodismo es fotografiar a escondidas a otros periodistas mientras hacen su trabajo y, después, hacérselo saber en persona y por mensaje, para que sepan que están siendo vigilados”.

Traslado a la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo

La FAPE y la APM han acordado “amparar a Escolar, denunciar este tipo de prácticas” sobre las que esperan “que la Justicia se pueda pronunciar” y han decidido trasladar el caso “a la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo para que se pronuncie sobre la forma de actuar de Okdiario”. Asimismo, amparan “la actuación de los periodistas que obtienen información por medios dignos, lo que implica reunirse con los protagonistas de la información” y rechazan “todo acto intimidatorio o de acoso que pretenda obstaculizar el libre ejercicio del periodismo, para poder cumplir con su deber de trasladar a los ciudadanos una información veraz, lo que está indudablemente unido al secreto profesional que protege a las fuentes”.

La FAPE y la APM manifiestan su “preocupación” por los hechos que denuncia Escolar, “mucho más graves si proceden de un medio contra otro”. “Estos métodos de intimidación a periodistas y fuentes son intolerables y responden a intereses espurios”, añaden, en su comunicado.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) España también ha expresado su “preocupación y su rechazo” ante estos hechos. “Enviar a una persona de presencia físicamente imponente a comunicar a dos periodistas, en plena calle, que han estado siendo vigilados, y repetir el mensaje ante su fuente, no es una práctica periodística, sino más bien un acto con tintes intimidatorios. Que provenga de otro medio de comunicación lo hace especialmente grave. Reunirse con fuentes es parte esencial del oficio periodístico, y el secreto profesional protege precisamente ese espacio. Si un periodista no puede reunirse con una fuente sin que ambos reciban el aviso de que están siendo observados, se disuade a las fuentes de hablar y se lesiona el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz”, afirma Edith Rodríguez Cachera, presidenta de RSF España, recalcando que ningún desacuerdo informativo justifica estos métodos.

El Club Abierto de Editores (CLABE) ha mostrado también su “preocupación” y su “rechazo a que el seguimiento o la toma de imágenes de periodistas y fuentes se utilicen para intimidar, disuadir o condicionar el trabajo informativo”.

El Tribunal Supremo ha inadmitido la denuncia con la que Manos Limpias pedía la imputación del ministro Félix Bolaños por sus críticas al juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso de Begoña Gómez. Los jueces entienden que las palabras de Bolaños, que entre otras cosas calificó de “una vergüenza” el procesamiento de la esposa del presidente del Gobierno, no constituyen un delito de calumnias ni coacciones ni denuncia falsa ni inducción a la prevaricación. Los jueces también rechazan diversas denuncias y querellas de Manos Limpias y Vox contra el ministro Fernando Grande-Marlaska, la exministra María Jesús Montero y la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

El pseudo sindicato ultra dirigido por Miguel Bernad decidió llevar a Bolaños ante la Justicia después de que el pasado mes de abril el ministro criticara abiertamente la decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviar a Begoña Gómez a juicio ante un jurado popular. “Avergüenza”, dijo, a ciudadanos, jueces y fiscales, y “ha hecho un daño irreparable”. También mostró su confianza en que la Audiencia Provincial de Madrid revocara esa decisión. “Mi confianza es que un tribunal superior e independiente revocará estas decisiones y tomará medidas ajustadas a derecho”.

Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en ese caso contra la esposa del presidente del Gobierno, decidió denunciar a Bolaños ante el Tribunal Supremo por varios delitos. Calumnias contra Peinado pero también coacciones, denuncia falsa e incluso inducción a la prevaricación, al entender que con sus palabras había condicionado la decisión de la Audiencia de Madrid, que hasta la fecha ha revocado o corregido varias decisiones de Peinado en el caso.

La respuesta del Tribunal Supremo, con el visto bueno de la Fiscalía, es inadmitir la denuncia de plano. No hubo calumnias en sus críticas, dice el tribunal con Manuel Marchena como ponente, porque “el ejercicio de la libertad de expresión ensancha su ámbito de legitimidad cuando la opinión se refiere a un tema que, por una u otra razón, ha adquirido una dimensión política incuestionable”. Tampoco hubo denuncia falsa, añade, porque ni siquiera existió una denuncia.

Tampoco coaccionó a Peinado por dirigirse al Consejo General del Poder Judicial pidiendo medidas “por la actitud impropia del juez” y, finalmente, tampoco impulsó a la Audiencia Provincial a prevaricar porque se limitó a desear una resolución judicial. “Interesar de un órgano judicial que dicte una resolución conforme a derecho jamás podrá considerarse como una inducción a que asuma una interpretación delictiva”.

El Supremo ha hecho públicos diversos autos en los que inadmite otras denuncias y querellas de Manos Limpias contra altos cargos del Gobierno y el Congreso. Contra Fernando Grande-Marlaska por la muerte de dos guardias civiles embestidos por una narcolancha en Barbate en 2024, contra María Jesús Montero por modificaciones presupuestarias de casi 2.400 millones de euros para la hucha de las pensiones con dinero “inicialmente destinado” al Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, y finalmente otra de Vox contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por unas declaraciones en una comisión parlamentaria de investigación.

Óscar Puente le planteó abiertamente al presidente del Gobierno la posibilidad de dimitir. Ocurrió en las primeras horas tras el trágico accidente de Urda, que ha costado al menos la vida de 70 personas y que es el segundo en menos de diez meses tras el de Adamuz del mes de enero, en el que murieron otras 46. Según ha podido confirmar elDiario.es, el ministro se derrumbó durante varias horas el mismo miércoles tras conocer la magnitud de una nueva catástrofe. Y por eso llegó a contemplar su renuncia. Pedro Sánchez le pidió personalmente que no dimitiera y siguiera al frente de la gestión.

“Si yo creyera que mi continuidad perjudica al proyecto en el que creo, no tenga ninguna duda de que habría dado un paso a un lado. Sé lo que me espera, sé el calvario al que me van a someter, encima en campaña electoral, sé los insultos, las descalificaciones y los prejuicios de culpabilidad que se me van a atribuir en los próximos días. Lo fácil para mí es salir, pero ni es eso lo que va con mi carácter ni tampoco es lo que el presidente del Gobierno me ha pedido”, ha explicado en una rueda de prensa este viernes en la que ha apuntado estar convencido de que Sánchez no le pedirá salir. “No creo que se dé el caso”.

Puente ha asegurado que la manera que tiene de asumir su responsabilidad tras el accidente de tren que ha provocado setenta muertes es “dar la cara”. Y que, por ello, en sus planes no está ahora la renuncia. “Mi obligación es resolver el problema y ofrecer explicaciones”, ha dicho.

Pedro Sánchez ha admitido esta mañana que “hay una confianza quebrada en el sistema de alta velocidad de nuestro país”. Sánchez ha insistido en que dos accidentes de la magnitud de Adamuz y Urda, con casi 120 muertos, resultan “inasumibles” para un país como España y que, por tanto, la labor del Gobierno no debe ser únicamente investigar lo ocurrido, sino garantizar que no vuelva a pasar.

“Voy a seguir adelante tratando de cumplir con mi deber, que es para lo que me han puesto aquí, que en este caso es dar la cara”, ha proseguido el ministro durante su rueda de prensa, en la que ha insistido en que cuenta con la confianza de Pedro Sánchez cuando ha sido cuestionado sobre la idoneidad de que sea él quien pueda recuperar la fiabilidad del tren para la ciudadanía.

“Soy la persona que está en este momento al frente y creo que puedo conseguirlo. Confío en ello y confía en ello el presidente. Por tanto, la decisión que yo he tomado es continuar adelante, al frente de mi responsabilidad, trabajar en esto como he trabajado en la crisis de la Adamuz, poner el máximo de mi empeño y de mi capacidad y ofrecerle a los españoles unas soluciones que conduzcan a recuperar la confianza. Y en eso me comprometo”, ha añadido.

En la Moncloa creen que los detalles de la investigación conocidos hasta el momento permiten sostener a Puente al frente del ministerio porque acreditan que las causas del accidente no tienen relación con su gestión. Y piensan que la dimisión del ministro a un mes de las elecciones generales no haría otra cosa que alimentar la tesis de que los 116 muertos que se contabilizan en la alta velocidad española en los últimos diez meses serían responsabilidad directa del Gobierno, algo que rechazan de manera rotunda.

El choque en el seno del Gobierno a raíz del accidente ferroviario de Urda (Toledo) se recrudece. Este viernes, la líder y candidata electoral del Frente Amplio, Ada Colau, pidió por primera vez de manera expresa la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, apenas 48 horas después del choque entre dos trenes que provocó al menos 69 fallecidos. Colau aseguró que su formación ya le ha “trasladado a la Moncloa” esa exigencia, aunque por ahora el presidente Pedro Sánchez mantiene su confianza en Puente.

La petición de Colau supone un nuevo nivel de presión para el ministro, puesto que hasta ahora ninguno de sus socios le había pedido expresamente el cese. El Frente Amplio, por boca de su candidata, ya planteó el mismo miércoles la necesidad de asumir “responsabilidades” en el seno del Gobierno, una exigencia a la que se sumaron este jueves ERC y el PNV. Pero ninguna de esas formaciones había pronunciado hasta ahora la palabra “dimisión”, como ya hizo este viernes la exalcaldesa de Barcelona.

“Si creemos que es inasumible que se hayan producido estas dos tragedias en tan poco tiempo en la alta velocidad, y asumimos que, efectivamente, se ha quebrado la confianza en el sistema, es imprescindible que haya una respuesta política que esté a la altura y que sea rápida”, argumentó este viernes Colau. “Es por ello”, razonó, que es imprescindible pedir “la dimisión del ministro Óscar Puente”, ya que, a juicio del Frente Amplio, es suya la “responsabilidad política” del accidente de Urda, “más allá de los fallos técnicos y de las auditorías que se puedan hacer”.

“No vamos a entrar en la frivolidad de decir si esa dimisión se tiene que producir hoy, mañana o pasado”, pero sí “lo antes posible”, concretó la dirigente, que calificó de “absolutamente imprescindible” el cese de Puente “para empezar a reconstruir la confianza de la sociedad en general en sus instituciones” y en la red ferroviaria de alta velocidad. “El ministro ha dicho en su comparecencia que su compromiso como máximo responsable político era trabajar para que algo tan terrible no volviera a suceder, pero es que eso ya sucedió en enero pasado y ha vuelto a pasar”, denunció Colau.

El movimiento de Colau se produjo mientras Puente estaba ofreciendo una rueda de prensa en el Ministerio de Transportes para dar detalles de la investigación del accidente. La dirigente aseguró haber escuchado con “preocupación” las explicaciones del ministro, del que dijo que “no es un técnico, es un máximo responsable político del ministerio responsable de la red ferroviaria de este país”. E insistió en calificar de “inadmisible que se quiera señalar a a los trabajadores” como responsables del accidente “cuando estamos hablando de un sistema muy complejo y de que esta tragedia es la segunda con decenas de personas fallecidas y heridas en menos de un año en el mismo tramo de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía”.

“La gravedad de los hechos requiere una respuesta que no es solo técnica, sino que es política”, criticó en esta línea Colau, que recordó que “el propio presidente Pedro Sánchez, en cuanto supo de la tragedia, dijo que era inasumible para España que hubieran dos accidentes tan graves en la alta velocidad en tan poco tiempo”. “Hoy mismo, el presidente ha hecho otra declaración diciendo que se ha quebrado la confianza del conjunto de la sociedad en la alta velocidad de nuestro país, algo que no nos podemos permitir”, planteó la líder del Frente Amplio.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, descarta presentar su dimisión de forma inmediata. En una comparecencia ante la prensa, Puente ha asegurado que la manera que tiene de asumir su responsabilidad tras el accidente de tren que ha provocado setenta muertes es “dar la cara”. Y que, por ello, en sus planes no está la renuncia. “Mi obligación es resolver el problema y ofrecer explicaciones”, ha dicho.

Insistido por su responsabilidad política tras dos tragedias ferroviarias en apenas diez meses, el ministro ha contestado que piensa seguir al frente y que, además, cuenta con la confianza del presidente del Gobierno para ello. “Si yo creyera que mi continuidad perjudica al proyecto en el que creo, no tenga ninguna duda de que habría dado un paso a un lado. Sé lo que me espera, sé el calvario al que me van a someter, encima en campaña electoral, sé los insultos, las descalificaciones y los prejuicios de culpabilidad que se me van a atribuir en los próximos días. Lo fácil para mí es salir, pero ni es eso lo que va con mi carácter ni tampoco es lo que el presidente del Gobierno me ha pedido”.

Pedro Sánchez ha admitido esta mañana que “hay una confianza quebrada en el sistema de alta velocidad de nuestro país”. Sánchez ha insistido en que dos accidentes de la magnitud de Adamuz y Urda, con casi 120 muertos, resultan “inasumibles” para un país como España y que, por tanto, la labor del Gobierno no debe ser únicamente investigar lo ocurrido, sino garantizar que no vuelva a pasar.

“Voy a seguir adelante tratando de cumplir con mi deber, que es para lo que me han puesto aquí, que en este caso es dar la cara”, ha proseguido el ministro, que ha insistido en que cuenta con la confianza de Pedro Sánchez cuando ha sido cuestionado sobre la idoneidad de que sea él quien pueda recuperar la fiabilidad del tren para la ciudadanía. “Soy la persona que está en este momento al frente y creo que puedo conseguirlo. Confío en ello y confía en ello el presidente. Por tanto, la decisión que yo he tomado es continuar adelante, al frente de mi responsabilidad, trabajar en esto como he trabajado en la crisis de la Adamuz, poner el máximo de mi empeño y de mi capacidad y ofrecerle a los españoles unas soluciones que conduzcan a recuperar la confianza. Y en eso me comprometo”, ha añadido.

“Hay una confianza quebrada en el sistema de alta velocidad de nuestro país”. Así de rotundo se ha expresado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este viernes tras la reunión de coordinación de la emergencia que se ha desarrollado en el puesto de mando operativo. Sánchez ha insistido en que dos accidentes de la magnitud de Adamuz y Urda, con casi 120 muertos, resultan “inasumibles” para un país como España y que, por tanto, la labor del Gobierno no debe ser únicamente investigar lo ocurrido, sino garantizar que no vuelva a pasar.

“Hay una confianza quebrada en el sistema de la alta velocidad. Así que la labor no es solamente hacer el diagnóstico y esclarecer las causas, sino ofrecer soluciones para que una tragedia de esta magnitud no vuelva a suceder”, ha dicho.

Sánchez, que en ninguna de sus tres breves comparecencias públicas de esta semana ha lanzado nada parecido a un mensaje expreso de respaldo a la gestión de Óscar Puente, ha apuntado este viernes que tanto el ministerio de Transportes como el conjunto del Ejecutivo siguen volcados en la investigación del accidente, que empieza a discurrir además en paralelo por la vía judicial. Y ha vuelto a subrayar que no es asumible para un país como España que se acumule más de un centenar de víctimas mortales en apenas unos meses en dos tragedias ferroviarias consecutivas.

“Lo dije el primer día y lo reitero ahora. No es asumible para un país como España, con un sistema de alta velocidad tan potente como el que tenemos, sufrir dos accidentes de estas características y esta magnitud”.

Por el momento, en fuentes oficiales el Gobierno mantiene su respaldo a la figura de Óscar Puente y enfría su posible dimisión, que descartan desde su propio equipo. El ministro comparece este viernes ante los medios de comunicación y ante la diputación permanente del Congreso el próximo martes.

“Si no dimiten ellos les dimitiremos en las urnas”. Así ha reaccionado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al anuncio del ministro de Transportes, Óscar Puente, de que no piensa renunciar a su cargo tras el accidente de tren de Urda (Toledo) en el que de momento han fallecido 69 personas. La oposición ha reclamado desde el día siguiente al siniestro el cese de Puente, así como la salida del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pese a que se celebrarán elecciones generales el 29 de noviembre.

“El problema es de gestión, se ha gestionado mal”, ha afirmado Feijóo en una comparecencia ante los medios este viernes. El líder del PP ha querido exculpar a los técnicos del centro de control de Atocha, hacia quienes el Gobierno ha dirigido la “inexplicable” decisión de ordenar reanudar la marcha al tren Ave que acabó estrellándose con el convoy de Iryo a una velocidad de entre 160 y 200 kilómetros por hora.

“Lo que han buscado de forma inmediata es un cortafuegos para el gran incendio”, ha sostenido Feijóo. “Ese cortafuegos no tiene ningún valor”, ha apuntado.

“El ministro es un fusible y al jefe de electricidad le interesa ese fusible mantenerlo para que no llegue el incendio a su responsabilidad, que es el que ha nombrado y el que ha mantenido después del accidente de Alamuz prosigue y el que, en definitiva, intenta resguardarse detrás del fusible puente”, ha zanjado Feijóo.

Anteponer la “conservación”

“Lo más responsable es trascender la búsqueda de chivos expiatorios”, ha afirmado. “La tragedia no puede convertirse en un plan de acoso y derribo contra un único operario de la estación de Atocha”, ha añadido. “Si hay que convertirla en algo”, ha proseguido, “es en un plan de trabajo” porque el accidente “evidencia que falló todo lo que podía fallar: los sistemas de seguridad, el centro de control y el sistema de respaldo. Es decir, fallaron todas las capas de seguridad”.

Por eso, Feijóo ha anticipado que, si gobierna tras las elecciones del 29 de noviembre, pondrá en marcha un nuevo protocolo de actuación en el sistema ferroviario que anteponga “la conservación” a la expansión de la red.

El líder del PP ha la prioridad del presupuesto de conservación y mantenimiento sobre cualquier otra obra nueva. “Si hay que dejar de inaugurar una vía para priorizar la seguridad en la que ya tenemos, yo lo haré”, ha afirmado. “Si hay que bajar la velocidad por seguridad, yo lo haré”, ha añadido. “Si hay que cortar la circulación por velocidad, yo lo haré, porque la vida de los ciudadanos vale mucho más que todo esto”, ha asegurado.

Feijóo ha prometido una “atención específica a la línea Madrid-Andalucía” un “refuerzo del área de seguridad en Adif y Renfe”, una “revisión completa de las vías y del resto del sistema ferroviario” con una “auditoría”, así como “un plan de emergencia o plan de choque inmediato en actuaciones de seguridad, conservación y mantenimiento” para “recuperar la confianza de la gente”.

El PP ha ido elevando el tono contra el Gobierno y este viernes ha solicitado expresamente la dimisión de Puente, aunque ya habían reclamado “responsabilidades políticas” en el pasado.

“En este país todos pensamos lo mismo. Hemos tenido dos accidentes mortales en la misma vía y yo puedo decir que Óscar Puente tiene que dimitir, pero es obvio”, ha asegurado Ester Muñoz, portavoz de campaña de los populares, al ser preguntada por la dimisión del ministro en una entrevista en RNE.

Muñoz cree que Puente debería marcharse antes incluso de su comparencia del martes en la Diputación Permanente del Congreso. “No debería llegar al martes”, ha dicho la portavoz del PP. “Lo sabe todo el mundo. Cualquier persona de este país es consciente de que si no dimite, debería ser cesado. Va a venir al Congreso el martes, ¿a qué? ¿A dar explicaciones de qué? Se ha mantenido en su puesto después del accidente de Adamuz. Se ha estado riendo de los problemas de Renfe y Adif”, ha enfatizado

Hasta este viernes los miembros del PP y su propio presidente, Alberto Núñez Feijóo, habían insinuado que Puente debía dejar su puesto, pero ha sido Muñoz la primera en verbalizarlo. La dirigente popular ha considerado, además, que ante el proceso de liberalización del sector ferroviario “no se han puesto los recursos” necesarios por parte del Gobierno y, haciendo alusión a casos como el de José Luis Ábalos, exministro condenado por corrupción, Muñoz ha dicho que “en el Ministerio de Transportes han ocurrido muchas cosas y no iban encaminadas a mejorar el servicio”.

En esa misma línea, la dirigente popular ha considerado que no tener Presupuestos Generales del Estado en toda la legislatura “tiene consecuencias”, insinuando que puede ser uno de los factores que ha provocado el accidente. Pero también ha considerado que puede haber influido “poner amigos en puestos técnicos”. No obstante, Muñoz ha considerado que “las responsabilidades van más allá” de Puente.

El PP ha registrado la petición de comparecencia de Sánchez en la Diputación Permanente, aunque Muñoz ha recordado que al estar disueltas las Cámaras por las próximas elecciones generales, ha de ser el jefe del Ejecutivo el que pida comparecer a petición propia. “Instamos al presidente de Gobierno a que acuda al Congreso a dar explicaciones”, ha asegurado. 

La portavoz 'popular' ha criticado que el Gobierno lleve años sin asumir “ninguna responsabilidad”, a pesar de haber tenido “auténticos desastres”. “No es razonable que el gobierno esté atrincherado y que nadie asuma la responsabilidad: ni por la corrupción, ni por los accidentes mortales”, ha criticado.

Sémper: “Una mayoría de españoles tiene miedo al tren”

Minutos después, el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, insistía en la responsabilidad superior del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, frente a las peticiones de dimisión a Puente, lanzadas por su propio partido por el accidente de tren de Urda. “Lo relevante no es qué va a hacer Óscar Puente, sino qué ha hecho quien le ha permitido ser ministro, Pedro Sánchez”, ha sostenido Sémper este viernes en una entrevista en Telecinco.

“Es indecente lo que estamos viendo, lo que venimos viendo en los últimos y los últimos meses y en los últimos años”, ha afirmado Sémper, quien ha denunciado una “gestión política que ha hecho que muchos ciudadanos, una mayoría de españoles, hoy tengan miedo de subirse a un tren, hoy desconfíen de los servicios públicos, desconfíen de la palabra de los gobernantes”.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, puso su cargo a disposición del presidente del Gobierno , Pedro Sánchez, después del accidente ferroviario de Urda, pero fue el jefe de el Ejecutivo quien le pidió que no abandonara el cargo. Moncloa lo respalda a pesar de la presión casi unánime de socios y la oposición: el Frente Amplio ya ha pedido expresamente su dimisión y Feijóo ha asegurado: “Si no dimiten ellos les dimitiremos en las urnas”.

En una comparecencia este mismo viernes, Sánchez ha vuelto a admitir una “confianza quebrada” en la alta velocidad española y ha reiterado que los dos accidentes son “inasumibles”.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela que la jueza Beatriz Biedma, que instruyó el caso contra David Sánchez, es la única responsable de la incorporación al sumario de la dirección del correo electrónico y mensajes de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que acabaron publicados en Okdiario. En el atestado, los agentes aseguran que trasladaron a Biedma que, en aquel momento, el contenido de esa información “no parecía tener relevancia para el objeto de la investigación”, tal y como quedó acreditado más tarde. “Sin embargo, la magistrada requirió todos los correos para determinar, ella, la relevancia de estos, incluidos los referidos”, añade el informe entregado al juez Pedraz en el marco del caso Leire Díez, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Okdiario publicó el 29 de noviembre de 2024 una información con el siguiente titular: “La UCO descubre que Begoña Gómez usa un correo oficial de Presidencia como si tuviera un cargo en Moncloa”. En la misma se reproducían pantallazos de los correos intervenidos a David Sánchez en el curso de la investigación dirigida por Beatriz Biedma en un juzgado de Badajoz. En la información actualizada consta tachada una dirección de correo pero no la de Gómez, que se reproduce completamente, al igual que la de David Sánchez. La dirección de Gómez tuvo que ser inutilizada ante la avalancha de amenazas e insultos que se recibieron en él en las horas siguientes.

La filtración motivó una investigación interna en el seno de la Guardia Civil después de una llamada del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al director adjunto operativo del Cuerpo, según contó el propio teniente general Llamas en el juzgado. Se trata de una de las tres informaciones reservadas abiertas, con tomas de declaración a la cadena de mando de la UCO, que el juez Santiago Pedraz investiga como una maniobra de presión a la unidad que investiga los casos de corrupción al PSOE por indicación de Leire Díaz. Por esos hechos está imputada la directora general del Cuerpo, Mercedes González, y el DAO, Manuel Llamas.

Para que la jueza pudiera navegar entre los 60.000 correos del caso de tráfico de influencias de David Sánchez, la UCO elaboró unas “instrucciones de visionado” que incluían unos mensajes con los que enseñar a la jueza a cómo 'bucear' por todo el material. Era en esa “guía de navegación” donde aparecían los mensajes sin relevancia para la investigación que acabaron publicados en Okdiario. ¿Por qué la UCO seleccionó esos mensajes? La unidad asegura en su atestado que “el cuadro donde aparecen los correos referidos se generó automáticamente en virtud de unos parámetros introducidos por el analista y que se reflejaban en la propia nota”.

La UCO se puso en contacto con la magistrada, una vez desatada la polémica por las investigaciones internas por filtraciones, y ella “confirmó que había sido quien acordó dar trasladado a las partes de dicho documento [la guía de navegación con las direcciones de Sánchez y su mujer] porque consideraba que esta decisión judicial no vulneraba ningún derecho, sino todo lo contrario, facilitaba el trabajo de análisis a las partes y con ello aseguraba su derecho a una defensa efectiva”.

La investigación interna por la publicación de estos correos se cerró con la recomendación de una amonestación verbal al analista que incluyó las direcciones en la guía de navegación de entre 60.000 correos. Esa amonestación verbal no se llegó a ejecutar.

El caso contra David Sánchez surge de una denuncia de Manos Limpias con recortes de prensa que incluían errores de bulto. Biedma admitió a trámite la querella y decidió que el supuesto tráfico de influencias, materializado en un sueldo de unos 40.000 euros al año de la Diputación de Badajoz para un reputado concertista, debía ser investigado por la unidad especializada de la Guardia Civil a nivel nacional. Manos Limpias es una de las organizaciones de ultraderecha que tuvieron acceso a las direcciones de Sánchez y su mujer gracias a la decisión de Biedma.

La UCO estableció el caso del hermano de Sánchez como una prioridad y propuso a la jueza que ordenara requisar los 60.000 correos. Esto provocó que el director general de la Guardia Civil en ese momento, Leonardo Marcos, reprochara lo que consideraba un ánimo prospectivo en la investigación. Según los mandos de la UCO, el DAO del Cuerpo les trasladó que tenían que ponerse “de perfil” en las investigaciones al PSOE, dejar la iniciativa a los jueces y, en el caso de David Sánchez, poner todos los medios necesarios para que el análisis de todos esos correos se concluye lo antes posible. Según la UCO, el teniente general Llamas dijo: “Nos usan como ariete contra el Gobierno”.

Los agentes de la UCO informaron a la jueza Biedma de las supuestas presiones y estas les trasladó su respaldo. Balas decidió que a partir de ese momento él sería el instructor de las diligencias en sustitución del comandante que las había emprendido con el objeto de proteger a sus subordinados. Biedma ordenó a los investigadores de la UCO que, a partir de ese momento, le informaran a ella en exclusiva de sus avances.

Biedma, protagonista del caso Leire Díez

La investigación sobre un supuesto plan para atentar contra la jueza Biedma ha sido impulsada por el coronel Balas a partir de informaciones de prensa que no han podido ser confirmadas por ahora. Los agentes de la UCO viajaron a Badajoz para tomar declaración a personas que habían hablado en los medios de ese supuesto plan, incluida la supuesta jefa de un clan que luego no ha sido llamada a declarar por el juez Pedraz.

En la misma línea actuó Balas cuando acudió a la Dirección General de la Guardia Civil por la documentación de las investigaciones internas contra él y sus agentes, tal y como indicaba el auto del juzgado. Sin embargo, el coronel aprovechó para realizar una diligencia policial sin autorización judicial, dentro de sus facultades, y tomar declaración a los miembros de la cadena de mando de la UCO, cuyo contenido sirvió para imputar con posterioridad a la directora del Cuerpo, la socialista Mercedes González.

Esta misma semana, el juez Santiago Pedraz ha confirmado a Balas al frente del caso Leire Díez pese a que su ascenso a coronel obliga a que abandone su puesto de jefe del Departamento Anticorrupción de la UCO. La decisión de Pedraz se produce pese a que Balas y sus agentes son presuntas víctimas de la principal investigada, Leire Díez.

El Gobierno intenta frenar en seco las expectativas de una salida inmediata de Óscar Puente tras el accidente de tren de Urda, el segundo en menos de un año en la misma línea de alta velocidad, la de Andalucía, en la que ya se contabilizan al menos 115 muertos en los últimos diez meses. Pese a la presión de la mayoría de sus socios, de la oposición y de buena parte de la opinión pública, el mensaje que trasladan al unísono desde Moncloa y desde el propio entorno del ministro es que no dimitirá y que se dispone los próximos días a defender su gestión públicamente a capa y espada.

Para este viernes, de hecho, hay anunciada una rueda de prensa en la que el equipo de Puente asegura que ofrecerá más detalles de la investigación. Y el próximo martes comparecerá en el Congreso de los Diputados en mitad de las críticas generalizadas de varios grupos de izquierda y toda la derecha en bloque, que ya apuntan directamente a la necesidad de depurar responsabilidades políticas por la tragedia. Una agenda confirmada oficialmente por el Ministerio y que despeja los próximos días de cualquier especulación sobre su futuro.

La tesis a la que parece aferrarse Pedro Sánchez es la misma que puso sobre la mesa el ministro de Transportes desde el primer minuto. Esto es, que el choque por alcance de un AVE de Renfe y de un tren Iryo este miércoles por la mañana en el que perdieron la vida al menos 69 personas se debió, fundamentalmente, a un error humano del operario del centro de control. Y no a ningún motivo relacionado con la gestión política del ministro, sobre la que el Ejecutivo cierra filas.

Esa decisión, la de proteger a Puente y no dejarlo caer, llega después de afrontar las primeras 24 horas críticas tras el accidente, cuando el presidente calificó de “inasumible para un país como España” que ocurran dos catástrofes ferroviarias en menos de un año y cuando mucha gente en el entorno del propio ministro llegó a pensar que no aguantaría emocional ni políticamente. De hecho, ni siquiera él fue capaz de desterrar por completo la hipótesis de su dimisión durante la comparecencia ante la prensa de la mañana del miércoles. “Se pueden imaginar que hoy en lo último que pienso es en mí y lo que quiero es esclarecer esto y resolver la situación”, respondió. Y a eso, según su equipo, se piensa dedicar de ahora en adelante sin atender el clamor político y social que lo señala y exige su dimisión.

No obstante, si Puente quiere continuar al frente de Transportes, tendrá que afrontar una presión creciente de sus socios de la izquierda. El miércoles, tan solo fue el Frente Amplio el que pidió que se asumieran “responsabilidades” dentro del Gobierno por el accidente, y ni la alianza liderada por Ada Colau ni ningún otro socio del Ejecutivo ha dado el paso de pedir abiertamente la dimisión de Puente. Pero este jueves se unieron al Frente Amplio tanto ERC como el PNV, que utilizaron esa misma formulación, la de exigir “responsabilidades” políticas, para señalar indirectamente al ministro.

“Una 'situación inasumible' requiere de asunción de responsabilidades, no de filtraciones para trasladarlas”, espetó el portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, en un mensaje en su cuenta de X, en el que también denunció que “un fallo humano es el reflejo de un sistema de seguridad fallido” y criticó que se ponga el foco sobre ese supuesto error y no sobre un sistema que permite que “una sola persona” acabe siendo “responsable de la vida de centenares en cuanto al transporte ferroviario se refiere”. En la misma línea se expresó su homóloga del PNV, Maribel Vaquero, que sostuvo que “se tendrán que asumir responsabilidades técnicas y políticas al máximo nivel”.

Podemos, por su parte, evitó acudir a la fórmula de las “responsabilidades” para insinuar que Puente debería dimitir, pero sí que se mostró muy crítico con el hecho de que el ministro haya puesto el foco sobre el error humano que, supuestamente, cometió un operario del centro de control de la red ferroviaria. Su candidata, Irene Montero, denunció que se esté planteando que “el problema es un trabajador y no un sistema ferroviario sobrecargado, donde ahora circulan muchos más trenes que antes, con un mantenimiento insuficiente y externalizado y con unos sistemas de seguridad que necesitan ser actualizados”.

En la misma línea, Ada Colau calificó de “absolutamente inaceptable que se echara a los trabajadores a los pies de los caballos” e insistió en que sería “injusto” atribuir “a una sola persona este fallo tan terrible”. Y tanto ella como ERC y Podemos señalaron, igualmente, a la liberalización del mercado de transporte ferroviario de pasajeros y la entrada de operadores privados como el origen de los problemas. Una liberalización que se puso en marcha, no obstante, durante el mandato de los predecesores de Puente, José Luis Ábalos y Raquel Sánchez.

El PP apunta a Sánchez

El PP mantuvo este jueves la línea de contención que impuso Alberto Núñez Feijóo en las horas posteriores al accidente, aunque elevó la presión y ya el viernes a primera hora reclamó la dimisión inmediata de Óscar Puente. Fue Ester Muñoz la que la pidió expresamente en una entrevista en RNE. “No puede llegar al martes”, aseguró la portavoz popular.

El jueves, el jefe de la oposición visitó el lugar del siniestro y atendió brevemente a los medios. Tras insistir en la necesidad de dos investigaciones paralelas, judicial y gubernamental, aseguró que la continuidad del ministro de Transporte es independiente de las pesquisas y de sus futuras conclusiones.

“Las responsabilidades políticas no se pueden asumir una vez finalizada una investigación” dijo, después de departir sobre las labores de rescate con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. “Las responsabilidades políticas no son opcionales, son imprescindibles”, añadió.

Feijóo criticó que el Gobierno “eche la culpa a un operador de Atocha”, en referencia al trabajador que ordenó reanudar la marcha al tren AVE que, unos kilómetros más adelante, se estrelló contra un Iryo que se mantenía detenido tras desactivarse los sistemas de seguridad LZB de la línea que une Madrid y Andalucía.

“Yo sé lo que haría si fuese presidente de Gobierno”, zanjó. La referencia a Pedro Sánchez fue muy indirecta. Mucho más claro fue, unas horas antes, el portavoz nacional, Borja Sémper, quien en una entrevista aseguró que la culpabilidad “trasciende” del ministro. “Hay una responsabilidad superior”, concluyó.

Horas más tarde, el PP reclamó la comparecencia de Pedro Sánchez ante la Diputación Permanente del Congreso después de que Puente anunciara la suya propia, que los de Feijóo consideran “insuficiente”. “Sánchez fue quien le nombró, quien le sostiene y quien ha liderado a través de varios ministros (entre ellos Ábalos y Puente) una deficiente gestión del sistema ferroviario”, aseguró en un comunicado.

Pero la posición del PP palidece al lado de la de Vox. Más allá de no suspender la campaña, los ultras han registrado una querella contra Puente, y no dudan en usar la tragedia como reclamo electoral sin ningún reparo. “Han convertido España en Burkina Faso”, aseguró el partido en su cuenta oficial de Twitter. “Hay que echarles. Hay que reconstruir todo lo que han destruido”, añadió.

La llegada de un representante de la empresa Brigada Desokupa S.L ha generado tensión este miércoles por la tarde en el número 18 de la calle Madridejos, en el barrio de Usera, donde se han concentrado más de un centenar de personas en apoyo a tres familias de inquilinos que se enfrentan a una violenta presión para abandonar sus viviendas por parte de la empresa de desocupación. 

Vecinos y activistas, así como varias personas que pasaban por allí y han visto el alboroto una vez ha aparecido la Policía Nacional, a quien ha contactado el miembro de Brigada Desokupa al llegar al bloque de pisos, se han arremolinado organizados por el Sindicato de Inquilinas frente al portal ubicado en una perpendicular de la avenida Marcelo Usera, una de las arterias principales de esta barrio de clase trabajadora del sur de Madrid. 

La propiedad de tres de los inmuebles del edificio es, desde 2025, un holding empresarial que no solo no quiere esperar que termine el contrato de arrendamiento que mantienen las tres familias, sino que ha decidido contratar a la empresa para intimidar y amenazar a los arrendadores para que firmen un documento donde manifiesten su voluntad expresa de querer abandonar su actual vivienda. 

Ante el aviso de que uno de los intermediarios acudiría alrededor de las 18 horas al edificio, el Sindicato de Inquilinas ha hecho un llamamiento al nodo de Usera para que acudiera a hacer músculo al cumplirse la fecha límite para que una de las familias se marchase. “No nos vamos, nos quedamos”, “Fuera Desokupa de nuestros barrios” y “No nos mires, únete” han sido algunas de las consignas coreadas después de la llegada de un dispositivo policial formado por una veintena de agentes desplazados en cuatro coches patrulla, dos motos y sobre cuatro caballos sobre los que han intentado dispersar a los manifestantes.

Ha sido el responsable de la empresa de desocupación quien, al llegar al bloque y ver el despliegue de activistas, ha contactado con el cuerpo de seguridad, tras lo que ha denominado una “emboscada”, como ha expresado a elDiario.es. “Habíamos llegado a un acuerdo [para la entrega de llaves], nosotros lo hacemos todo de manera pacífica”, ha protestado el CEO de la empresa de desocupación. También ha añadido que una de las inquilinas le había pedido 20.000 euros a cambio de abandonar su hogar. La Policía Nacional ha taponado la calle donde se desarrollaba la protesta mientras dos de los agentes regulaban el tráfico en la avenida principal. 

Desde el Sindicato, una de las portavoces, Carmen Durán, ya había advertido a priori de que este tipo de empresas recurren a maniobras de intimidación personal y grabaciones —como ha sucedido—, y de que, según la experiencia y la de otros colectivos de vivienda en barrios obreros como Carabanchel o Vallecas, suelen ir acompañados de la Policía Nacional. Finalmente han tenido que retirarse.

Desokupaciones ‘express’ por 2.500 euros

En su página web, Brigada Desokupa, S. anuncia varios servicios relacionados con desalojar viviendas. Entre ellos, okupaciones ‘express’ desde un precio de 2.500 euros. “Más de 1.000 viviendas desocupadas y recuperadas en tres años. Contamos con mediadoras y agentes de actuación para desocupación mujeres, lo que nos permite trabajar con menos conflictos por razón de sexo en las operativas que lo requieren”, se promocionan en el portal.

También abren una ventana de preguntas en otro apartado en el que aseguran buscar “siempre el consenso” entre la propiedad y el inquilino, evitando la “confrontación, el conflicto”, pero sin olvidarse del “objetivo”, añaden: “¡Recuperar la propiedad legítima de tu vivienda!”. En el background de la web aparece, tras todas estas descripciones, la imagen de un trabajador sujetando a un perro potencialmente peligroso.

Durante la concentración, uno de los portavoces ha asegurado haber recibido amenazas verbales por parte del representante de la empresa delante de uno de los responsables del operativo policial. Acción que, según ha compartido, “denunciara” formalmente en comisaría.

Notificación para abandonar las viviendas

Se trata de un bloque formado por seis viviendas y dos locales comerciales. Las notificaciones a tres familias afectadas para abandonar los pisos se han producido en fechas distintas. El 14 de octubre, trabajadores de Brigada Desokupa entregaron a E. un documento que fijaba el 28 de octubre como fecha límite para dejar la casa en la que vive con su hijo, de 18 años, que no figura en el contrato y que fue quien al final bajo presiones firmó mientras su progenitora estaba de viaje.

Por su parte, W., otro de los moradores perjudicados por la situación con dos hijos a su cargo, uno de once años y otro de veinte, detalla que le hicieron firmar un acuerdo para abandonar su casa el 31 de octubre, que no le dieron una copia y que lo grabaron durante el proceso. A G., la tercera afectada, también con un hijo menor, el comunicado le llegó en la misma fecha. 

Las familias se han organizado con el Sindicato de Inquilinas, aunque, según explican desde el colectivo, mantienen cierta cautela en su relación con otros vecinos, porque algunos temen a los que apoyan la actuación de la propiedad. 

En el resto de viviendas del bloque continúan residiendo algunos moradores vinculados al anterior propietario. Durante la concentración también han participado integrantes de la PAH Vallekas y organizaciones de otros distritos. 

La continua gentrificación de los barrios 

Para Laura Barrio, portavoz del Sindicato, el intento de desalojo del bloque de Usera no se puede “separar” de la transformación que está sufriendo el barrio y que pretende convertirlo en un “parque de atracciones” con la cultura asiática como reclamo. En ese sentido, el Ayuntamiento de Madrid contrató al artista Okuda San Miguel para que una de sus obras multicolores -un oso y dos dragones, como muestra de la fusión de las dos culturas- sirviera para acabar el circuito peatonal ideado desde Madrid Río y que eso sirva de eje para impulsar Chinatown en la capital.

Por otro lado, de cara a la huelga general del 11 de noviembre, el Sindicato de Inquilinas ha organizado comités de vivienda en distintos barrios de Madrid con grupos en Almendrales, Zofío, Moscardó y Orcasitas, además de espacios de coordinación entre barrios para llevar a cabo actuaciones que permitan seguir luchando contra la especulación en los mismos.

“Estamos organizadas”, han clamado tras la exitosa intervención de este miércoles los integrantes del Sindicato, que han agradecido a las vecinas su presencia y han reivindicado la fuerza de la organización colectiva para hacer frente a las presiones sobre las familias inquilinas. Los afectados, que están en continuo contacto con el sindicato, de momento siguen “bastante asustados” por las posibles presiones. 

“Basta de brigadas paramilitares acosando a las vecinas”, han reclamado los activistas, que han defendido que son “gente pacífica” y que la decisión sobre un posible desalojo deberá tomarla, en todo caso, un juez. La protesta ha terminado entre aplausos y al grito de que el pueblo unido, “jamás será vencido”.

Nada más fácil que pedir la dimisión de un ministro después de una tragedia que se ha cobrado tantas vidas humanas. Nada más fácil que responder desde el Gobierno que lo primero es atender a las víctimas y poner en marcha la investigación. La responsabilidad política es algo que se reclama cuando se está en la oposición y raramente se acepta en el Gobierno. Solo hay que recordar cómo la gestionaba el Ejecutivo de Rajoy o el tiempo en que Feijóo aguantó a Mazón en Valencia. En cualquier caso, no dimitir no cierra la herida ni el debate. Mucho menos el desgaste que está sufriendo el Gobierno de Pedro Sánchez que le llega en el peor momento posible.

Ahora son los socios del PSOE y los sindicatos los que exigen responsabilidades políticas de inmediato y eso confirma hasta qué punto la posición del Ejecutivo es vulnerable. Comisiones Obreras ha afirmado que las declaraciones de Óscar Puente “culpabilizando a las personas trabajadoras y poniendo en la picota al eslabón más débil de la cadena, cuando aún no se ha terminado la investigación, son merecedoras de su inmediato cese”. UGT reclamó a Puente que no busque responsabilidades abajo y “empiece a mirar hacia arriba, hacia las decisiones que dependen de quienes dirigen el sistema ferroviario”. Es como decir que se mire al espejo.

Ada Colau e Irene Montero publicaron vídeos con un mensaje casi idéntico al de los sindicatos.

“No es el día para hablar de responsabilidades políticas”, dijo Alberto Núñez Feijóo el miércoles. Sin encender la caldera al nivel que le gusta al PP, un día después subió un poco más la temperatura. Acusó a Puente de culpar a un operario de Adif y lo tachó de frívolo: “No podemos concluir simplemente con esa frivolidad, impropia de un ministro y un Gobierno”.

La gente necesita saber cómo es posible que se produzca otro accidente ferroviario de consecuencias catastróficas nueve meses después del anterior. Es un sentimiento perfectamente lógico y que no se puede contener con el argumento de que este tipo de investigaciones requiere mucho tiempo. La paradoja es que la primera explicación ofrecida por el ministro, respaldada por pruebas, fue recibida con hostilidad por sindicatos y partidos de izquierda, todo por revelar que fue “inexplicable” la orden del centro de control que permitió al AVE circular hasta chocar con el Iryo.

En la noche del miércoles, los audios de las instrucciones emitidas desde el centro de control de Atocha llegaron a varios medios de comunicación, incluido este diario. Demuestran que, después de la caída del sistema de control LZB, se cometió una cadena de errores humanos, incluida la orden al conductor del AVE de que prosiguiera la marcha a velocidad normal, no a la reducida de 40 km/h. Los audios evidencian cierto grado de confusión al escucharse cómo el operario parece estar leyendo las instrucciones que envía a los conductores afectados por la primera avería.

Más allá de ese error inicial, aún se desconoce cómo es posible que el AVE circulara, subiendo progresivamente su velocidad, sin que nadie en el centro de control se percatara de lo que estaba a punto de pasar. Habían recibido la información de la conductora del Iryo de que estaba parada en Urda. Confirmaron la recepción de ese mensaje sin darle una importancia especial ni provocando ninguna alarma.

Lo que empezó con un problema técnico pasó a agravarse con un error humano y esos 17 minutos desde la llamada hasta el choque lo convirtieron en un error sistémico. Un sistema que funciona de esta manera no es garantía de nada.

Todo sistema de control debe reducir las posibilidades de que se produzca un error humano, pero no puede hacer que desaparezcan por completo. Evidentemente, no es tolerable dos accidentes ferroviarios tan graves en menos de un año, aunque sea por causas diferentes, con lo que la sospecha de un error estructural, además del humano, es comprensible. Eso es lo que denuncian los representantes de los trabajadores del sector.

Lo dijo Pedro Sánchez, así que Puente no va a poder cuestionarlo: “No es asumible para un país como España sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año, como hemos sufrido”. Y si no es asumible, hay que preguntarse si la posición de Puente como ministro es sostenible. Por ejemplo, ya no está en condiciones de afirmar que el sistema ferroviario español es seguro. Lo dijo después del accidente de Adamuz y la nueva tragedia en Toledo le resta credibilidad a la hora de garantizar los niveles de seguridad en el futuro. Es decir, puede hacerlo, pero nadie le creerá.

Una hipotética dimisión de Puente no va a hacer la situación más fácil para el PSOE ni va a salvar su campaña electoral, que va a quedar irremisiblemente marcada por el accidente y los 69 muertos que provocó. El ministro de Transportes comparecerá el martes 3 de noviembre a las 17.00 en la Diputación Permanente del Congreso. Le quedan varios días para recibir más información y armar una explicación coherente sobre lo que sucedió el día del siniestro. Lo único que tiene claro a estas alturas es que va a estar muy solo.

La Junta Electoral Central (JEC) ha decidido este jueves incoar expediente sancionador al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el vídeo que publicó el lunes en sus redes y que fue grabado en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. El máximo organismo electoral considera que la grabación, en la que Sánchez reivindicaba el espíritu del Guernica de Pablo Picasso “podría haber vulnerado la prohibición establecida en el artículo 50.2 de la LOREG y la limitación a la obtención gratuita de medios proporcionados por las Administraciones Públicas fuera del período de campaña electoral prevista en el artículo 53 de la misma Ley”.

Así, la JEC admite una denuncia presentada por el PP y acuerda requerir a Sánchez “para que proceda a retirar el vídeo denunciado de los perfiles en redes sociales en los que haya sido difundido y se abstenga de realizar actuaciones durante el período electoral que pudieran implicar un aprovechamiento de los medios públicos de los que dispone por razón de su cargo”.

Además, le lanza esta advertencia: Recordar a la Presidencia del Gobierno y al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía el deber de neutralidad institucional exigible durante el período electoral y la prohibición de utilizar las instalaciones y recursos públicos para la realización de actuaciones de contenido electoralista“.

En el vídeo, Sánchez invocó al espíritu del “No a la guerra” para presumir haber mantenido los mismos principios en todos los conflictos bélicos acaecidos en los últimos años en el mundo y de hacerlo “sin dobles raseros”. Sánchez aparece en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía frente al célebre al Guernica de Picasso, una obra de arte que a su juicio representa “qué sucede cuando la barbarie se impone a la razón”.

El segundo expediente de la precampaña

Además, Sánchez quiso poner de relieve todas las veces en la que España ha tenido que defender en los últimos tiempos sus principios ante las guerras, “pese a las enormes presiones”. “Durante estos años, España ha defendido que ninguna guerra es inevitable, que ninguna vida vale menos que otra y que mirar hacia otro lado no debería ser nunca una opción”, proclama el jefe del Ejecutivo, quien ha subrayado que esta posición se ha defendido no sólo en Europa sino también en el resto del mundo.“ Y no ha sido fácil', confiesa.

En este contexto, el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno garantiza en el vídeo que España va a seguir defendiendo “una idea muy sencilla, pero muy poderosa: ”la convivencia“ porque, concluye, ”juntos somos más fuertes“ y porque ”hasta en los momentos más oscuros“ siempre se impone ”la luz de nuestros valores“.

El de este jueves es el segundo expediente que acumula Sánchez en la precampaña. El pasado día 15 la Junta Electoral Central le abrió otro al considerar que “determinadas manifestaciones realizadas” en la rueda de prensa del 6 de octubre posterior al Consejo de Ministros, justo un día después de anunciar el adelanto electoral, “podrían haber vulnerado la prohibición establecida en el artículo 50.2 de la LOREG y el deber de neutralidad política que deben respetar los poderes públicos durante los períodos electorales”.

Las izquierdas elevan el tono contra el Ministerio de Transportes por haber puesto el foco en la decisión errónea de un trabajador del centro de control de Atocha que provocó —tras un primer error técnico que dejó el funcionamiento de la red ferroviaria en manos humanas— el accidente ferroviario del miércoles en Urda (Toledo). Las candidatas tanto del Frente Amplio como de Podemos, Ada Colau e Irene Montero, respectivamente, lanzaron este jueves sendos vídeos en sus redes sociales expresando su rechazo a culpar al operario del accidente, y atribuyeron su origen a deficiencias en los sistemas de seguridad y en la gestión del servicio ferroviario.

“El factor humano puede ser uno de los elementos que explique lo sucedido, pero quiero ser muy clara: aquí lo que ha fallado es un sistema de seguridad complejo, y sería absolutamente inaceptable que se echara a los trabajadores a los pies de los caballos”, espetó Colau en su vídeo. La candidata del Frente Amplio sostuvo que “atribuir a una sola persona este fallo tan terrible no solo sería injusto, sino que no serviría para resolver los problemas, y aún menos para prevenirlos”, e insistió en que, “cuando sucede algo tan grave, es imprescindible asumir todas las responsabilidades, ser transparentes y dar todas las explicaciones”.

En términos similares se expresó Montero, que además denunció el aumento de frecuencias ferroviarias en la red de alta velocidad desde la liberalización del mercado. “¿De verdad nos quieren convencer de que el problema es un trabajador y no un sistema ferroviario sobrecargado, donde ahora circulan muchos más trenes que antes, con un mantenimiento insuficiente y externalizado y con unos sistemas de seguridad que necesitan ser actualizados?”, criticó la candidata de Podemos.

En ese sentido, Montero también pidió no “tomar a la gente por idiota”, y cargó contra la filtración de algunas comunicaciones entre los maquinistas de los trenes accidentados y la central. “Filtrar audios para señalar a un trabajador es indecente”, considera la dirigente morada, que insistió en que los profesionales “llevan años denunciando que falta personal” y “que se hacen jornadas sin descanso” y exigiendo “mejoras en los sistemas de seguridad y de prevención de fallos”. “Los trabajadores y los expertos llevan años denunciando que el sistema falla cada vez más, que no se invierte lo suficiente en mantenimiento y en prevención y que la privatización es un peligro, planteó la candidata de Podemos.

Colau, por su parte, insistió en que el ministro Óscar Puente debe comparecer ante la Diputación Permanente del Congreso, algo que finalmente hará el próximo martes. No obstante, la líder del Frente Amplio también mostró su rechazo a “quienes quieren aprovechar esas tragedias para difundir discursos de odio o hacer oportunismo político”.

Los españoles tienen una cita con las urnas el próximo domingo 29 de noviembre y uno de los pasos previos a la celebración de las elecciones es la formación de las mesas electorales. Es ahí cuando surgen algunas de las dudas más frecuentes: cómo saber si he sido seleccionado y cuáles son los motivos justificados para no acudir en caso de ser convocado.

A las mesas electorales les corresponde presidir la votación, velar por su correcto desarrollo y, posteriormente, realizar el recuento y escrutinio de los votos. Sus integrantes son designados mediante un sorteo realizado por los ayuntamientos bajo la supervisión de las Juntas Electorales de Zona, aunque existen determinados casos en los que es posible ausentarse mediante justificación acreditada.

¿Cómo se elige la mesa electoral?

Cada mesa electoral está integrada por un presidente o presidenta y dos vocales, además de sus respectivos suplentes. Los ayuntamientos designan a sus integrantes mediante un sorteo público entre las personas inscritas en el censo electoral de cada municipio que cumplan con los requisitos legales: tener menos de 70 años y saber leer y escribir. Además, el presidente debe tener el título de Bachiller o Formación Profesional de segundo grado, el de gradado escolar o equivalente.

Los consistorios deben realizar este sorteo público entre los días 25 y 29 posteriores a la convocatoria de las elecciones. En muchas localidades el sorteo se ha celebrado este jueves 29 de octubre. Las personas seleccionadas recibirán la notificación en los tres días siguientes al sorteo y, aunque se produzca un posible retraso en la recepción, esto no invalida la asignación. Además, en las páginas web de cada Ayuntamiento se puede consultar online la presencia en las mesas. Por ejemplo, aquí en Valladolid y aquí en Madrid.

Quienes resulten elegidos, tanto titulares como suplentes, deben acudir al colegio electoral correspondiente el día de las elecciones, a no ser que exista una causa legalmente justificada que les permita quedar exentos.

¿Qué motivos permiten renunciar a una mesa electoral?

La normativa electoral distingue entre causas que justifican la renuncia una vez acreditadas y circunstancias que deben ser examinadas individualmente por la Junta Electoral de Zona para poder ausentarse de la mesa.

En este sentido, hay determinadas situaciones que, una vez acreditadas, justifican por sí misma que no se pueda acudir:

Motivos personales

También existen circunstancias personales que pueden justificar la renuncia, pero cuya aceptación depende de la valoración de la Junta Electoral de Zona. Entre ellas se encuentran padecer una enfermedad, lesión o dolencia que dificulte el desempeño de las funciones, ser pensionista de incapacidad permanente total cuando las limitaciones sean incompatibles con el trabajo de la mesa o encontrarse en una situación de embarazo de riesgo. 

Asimismo, pueden alegarse intervenciones quirúrgicas o pruebas médicas relevantes programadas para el día de las elecciones o en fechas próximas, tener obligaciones derivadas de creencias religiosas o un cambio de residencia habitual a otra comunidad autónoma que dificulte la asistencia. Haber formado parte de una mesa electoral al menos tres veces en los últimos diez años también puede ser motivo de excusa, aunque sujeto a valoración.

Motivos familiares

Las responsabilidades familiares constituyen otro de los supuestos contemplados en la normativa electoral. Entre las circunstancias que pueden justificar la exención se encuentran el cuidado de un bebé menor de nueve meses por parte de sus progenitores, adoptantes o acogedores, así como el cuidado directo y continuo de menores de 12 años, de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial o de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que no puedan valerse por sí mismos. 

Otros supuestos requieren una valoración individual de la Junta Electoral de la Zona. Es el caso de los progenitores de menores de 14 años cuando el otro progenitor no puede hacerse cargo de ellos durante la jornada electoral y no exista alternativa de cuidado, así como los casos en los que ambos progenitores o tutores hayan sido designados para integrar una mesa y uno de ellos necesite quedar exento para atender a hijos menores o personas dependientes.

La celebración de acontecimientos familiares relevantes, como una boda, también puede justificar la exención si se trata de un acto inaplazable o cuya cancelación pueda ocasionar perjuicios económicos importantes. En estos casos hay que demostrar tanto la celebración del acontecimiento como las circunstancias que impiden aplazarlo.

Motivos profesionales

Las obligaciones laborales también pueden ser alegadas ante la Junta Electoral de Zona, aunque estas no eximen automáticamente de formar parte de una mesa. La aceptación depende de las circunstancias acreditadas y de los criterios establecidos en la normativa.

Entre los supuestos contemplados se encuentran los profesionales que deban prestar servicios esenciales durante la jornada electoral, como personal sanitario, bomberos, protección civil, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en servicio activo o periodistas que tengan que cubrir los comicios.

También pueden solicitar la exención determinadas personas que trabajan directamente para la Administración electoral o deban intervenir en acontecimientos públicos previstos antes de la convocatoria electoral, siempre que su participación sea imprescindible y no puedan ser sustituidas. 

¿Cómo presentar una excusa para no acudir a la mesa electoral?

Las personas designadas disponen de siete días desde la notificación para presentar ante la Junta Electoral de Zona una causa justificada y documentada que les impida formar parte de la mesa.

Este organismo debe resolver las excusas en un plazo de cinco días y comunicar, cuando proceda, la sustitución del integrante designado. Si el impedimento aparece después de ese plazo, se debe avisar a la Junta de manera inmediata y, en todo caso, antes de la hora de la constitución de la Mesa. Sin embargo, mientras no se acepte formalmente la causa alegada, la persona designada no debe dar por hecho que ha quedado exenta de su obligación.

¿Qué pasa si no me presento el día de las elecciones en el colegio electoral?

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que no presentarse sin una causa legítima puede constituir un delito electoral, con multas de 6 a 24 meses, que van desde los 2.000 a los 7.000 euros, o incluso penas de prisión de tres meses a un año.

¿Me pueden convocar a una mesa si voto por correo?

El sorteo de los integrantes de las mesas electorales se hace entre todos los inscritos en el censo electoral, por lo que, aunque se solicite el voto por correo, hay posibilidad de ser convocado para la mesa.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, solicitó este jueves comparecer a petición propia en la Diputación Permanente del Congreso para informar del accidente ferroviario de Urda, según anunciaron fuentes de su equipo. Esa comparecencia tendrá lugar el próximo martes a las 17.00 horas, según confirmó posteriormente la Cámara Baja.

Además, este viernes por la mañana, el Ministro de Transportes volverá a ofrecer una rueda de prensa “para seguir informando con máxima transparencia sobre este accidente ferroviario”, tal y como han explicado esas mismas fuentes.

El miércoles, horas después del accidente, Puente incidió en que “un accidente por alcance en la red ferroviaria española es verdaderamente inverosímil” y descartó dimitir. “En este momento estoy pensando en esclarecer esto y tratar de resolverlo”, aseguró.

Precisamente este jueves el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido al Gobierno que asuma ya “responsabilidades políticas” por el accidente ferroviario. Preguntado expresamente, Feijóo no ha querido especificar qué tipo de responsabilidades se deben adoptar, ni quién debe hacerlo. Esta mañana, su portavoz de campaña, Borja Sémper, sí ha sostenido que lo ocurrido “trasciende de Óscar Puente” y que “hay una responsabilidad superior”.

“Las responsabilidades políticas no se pueden asumir una vez finalizada una investigación. En mi opinión las responsabilidades políticas no son opcionales son imprescindibles”, ha sostenido Feijóo en declaraciones a los medios durante una visita al lugar del accidente ferroviario de este miércoles. Además, el Frente Amplio, ERC y Podemos habían pedido la comparecencia del ministro de Puente en la Diputación Permanente.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este jueves que el Gobierno asuma ya “responsabilidades políticas” por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) en el que han fallecido al menos 69 personas. Preguntado expresamente, Feijóo no ha querido especificar qué tipo de responsabilidades se deben adoptar, ni quién debe hacerlo. Esta mañana, su portavoz de campaña, Borja Sémper, sí ha sostenido que lo ocurrido “trasciende de Óscar Puente” y que “hay una responsabilidad superior”.

“Las responsabilidades políticas no se pueden asumir una vez finalizada una investigación. En mi opinión las responsabilidades políticas no son opcionales son imprescindibles”, ha sostenido Feijóo en declaraciones a los medios durante una visita al lugar del accidente ferroviario de este miércoles.

“Es evidente que tenemos que tomar decisiones”, ha espetado el líder de la oposición, quien no ha querido pedir expresamente la dimisión del ministro de Transportes o del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

“Ayer el Gobierno lo que vino es a echarle la culpa a alguien”, ha afirmado. “Echarle la culpa a un operador de Atocha. Eso es todo. Creo que lo que ha pasado ayer no podemos concluir simplemente con esa frivolidad, en mi opinión, impropia de un ministro y de un Gobierno ante la catástrofe”, ha añadido.

“Las responsabilidades políticas no son opcionables, son exigibles, ética y moralmente”, ha asegurado Feijóo. “Yo sé lo que haría si fuese presidente de Gobierno”, ha dicho. “Primero, en el nombramiento. Segundo, durante la ejecución y el mandato de ese ministro. Y tercero, con los accidentes y los incidentes de aves reiterados que hemos vivido en nuestro país”, ha explicado.

Sémper: “Hay una responsabilidad superior”

Unas horas antes, el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, sí ha señalado quién debe asumir las responsabilidades.

“Hay responsables desde hace mucho tiempo”, ha dicho. “La sucesión de cosas inexplicables que padecemos los últimos años, especialmente los últimos meses, hace tiempo que deberían haber dado con responsabilidad política”, ha sostenido.

En una entrevista en Onda Cero, Sémper ha señalado que “el Gobierno es experto en externalizar la responsabilidad” lo que “tiene consecuencias para las personas”. En concreto, el portavoz del PP ha mencionado la “descomposición del Estado” y de “la credibilidad en las instituciones, en los servicios y en la palabra de los gobernantes”.

Preguntado expresamente si el PP reclama la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, Sémper ha asegurado que la culpabilidad “trasciende de Óscar Puente”. “Trasciende de la caricatura del tuitero bronco que insulta. Hay una responsabilidad superior. Lo creo honesta y profundamente”, ha apuntado, para señalar a “quien esto permite” y quien “ha diseñado una política tóxica y basada en el relato”.

Dos Mil Palabras S. L., la empresa editora del medio digital Okdiario, pagó 242.000 euros (IVA incluido) en dos facturas al despacho IDBO Consultants, donde trabaja Leticia de la Hoz, la abogada que defendía al exasesor ministerial Koldo García tanto en la causa de la Audiencia Nacional como en la que se siguió en el Tribunal Supremo. El concepto de las facturas es conciso y no deja lugar a la imaginación: “Honorarios, aranceles y gastos por asesoramiento jurídico y procedimientos del señor D. Koldo García”.

Esas facturas y las dos transferencias que las respaldan, a las que ha tenido acceso elDiario.es, han sido aportadas por De la Hoz ante el juez que la investiga por su posible implicación en el caso Leire Díez. Esta documentación consta de dos facturas fechadas en 27 de noviembre de 2025 y 23 de enero de 2026 y dos órdenes de transferencia. Leticia de la Hoz busca así defenderse de la acusación que la mantiene imputada en el denominado caso Leire Díez, una trama delictiva vinculada al PSOE dedicada a desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban a dirigentes o familiares de dirigentes de esta formación política.

“Los documentos acreditan que el Partido Socialista Obrero Español no hizo abono alguno a mi representada por la defensa de D. Koldo García Izaguirre, como ella ha afirmado reiteradamente”, resalta el escrito presentado este jueves ante el magistrado. La abogada está imputada en ese caso porque supuestamente ofreció dinero a una empresaria, Carmen Pano, a cambio de que esta mujer rectificara una declaración en la que aseguraba haber llevado 90.000 euros en bolsas de dinero a la sede del PSOE en la calle Ferraz.

La entrevista a Koldo antes de entrar en prisión

Las facturas que ha entregado Leticia de la Hoz al juez Santiago Pedraz demuestran cómo un medio de comunicación afín a la derecha política española –su director Eduardo Inda llegó a pedir tanto a Alberto Núñez Feijóo (PP) como a Santiago Abascal (Vox) que se entendieran “porque el enemigo de los 48 millones de españoles es Pedro Sánchez”– pagó los gastos de defensa de Koldo García, el asesor del exministro José Luis Ábalos, condenado a 19 años y ocho meses de cárcel por corrupción.

De hecho, en el mismo mes de noviembre en el que se abonó la primera de las facturas, la más elevada de 150.000 euros más IVA, Okdiario publicó una entrevista exclusiva con Koldo García en la que este censuraba a Pedro Sánchez y a su Gobierno: “Escuché a Sánchez decir que su suegro aportaba 100.000 euros para las primarias”; “se hizo pitufeo en las primarias con inmigrantes rumanos, marroquíes y sudamericanos”; “no pongo la mano en el fuego por Sánchez, Begoña, Marlaska, Chivite ni Zapatero”.

Seis meses después, en el último día del juicio del Supremo, Koldo García utilizó su turno de última palabra para denunciar que le habían hecho ofrecimientos ilegales prometiéndole que iba a salir libre del proceso por el denominado caso Mascarillas: “A mí se me ofreció que se me iba a quedar esto en nada si decía o me metía con el Gobierno. Hay dos medios de comunicación que se reunieron conmigo, y lo que estoy diciendo lo puedo demostrar, para que mienta y engañe a todos los españoles”.

Esta declaración se puede escuchar en el video del juicio:

La abogada de Koldo García pretende acreditar ahora ante la Audiencia Nacional que la defensa de su cliente la pagó un medio de comunicación, Okdiario, caracterizado por sus campañas contra el PSOE y contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Leticia de la Hoz quiere ahuyentar así todas las sospechas sobre su supuesta colaboración con el PSOE en el denominado caso Leire Díez.

El juez que investiga el caso, Santiago Pedraz, no autorizó en un primer momento que De la Hoz revelará durante su declaración como imputada el nombre de quién le pagó por la defensa del ex asesor de José Luis Ábalos. Pero este pasado miércoles firmó una providencia en la que pedía a la abogada aportar “a la causa la nota de encargo, factura o justificante de pago referidas a la defensa que ha venido ejerciendo para Koldo García Izaguirre”.

ElDiario.es ha tratado de contactar sin éxito tanto con responsables de la editora Dos Mil Palabras y del medio para recabar una respuesta a ese escrito presentado en una causa judicial que se sigue en la Audiencia Nacional.