La contratación de mascarillas en España se guio por la ley de la selva durante los meses más mortales de la pandemia. Las administraciones públicas gastaron 2.000 millones de euros en material sanitario. Los controles en la contratación pública habían saltado por los aires, suspendidos por el decreto de alarma cuando fallecían cientos de personas al día en España. No había concurrencia de ofertas, se contrataba a dedo, sin límite de precios ni acreditación de solvencia o experiencia en el sector.

La Fiscalía Anticorrupción lo dejó por escrito: “La Administración Pública puede adjudicar un contrato directamente a una empresa preseleccionada, en lugar de utilizar un procedimiento competitivo normal. Esta excepción [de la contratación de emergencia] tiene como fin que los compradores públicos adquieran suministros y servicios de primera necesidad en el plazo más breve posible (…) Este tipo de adquisiciones de emergencia son una herramienta de contratación que por sus características inherentes resultan vulnerables ante ciertas prácticas ilícitas”.

Decenas de empresarios lograron un enriquecimiento obsceno, pero legal. 

El Ministerio de Transportes compró de urgencia millones de mascarillas (marzo de 2020) a Soluciones de Gestión, la firma impulsada por Víctor Aldama, el empresario que en aquel tiempo pagaba el apartamento donde vivía la pareja sentimental del ministro José Luis Ábalos. La Fiscalía Anticorrupción no encontró nada anómalo en este procedimiento, según la querella presentada contra Koldo García, asesor de Ábalos: “La contratación pública efectuada en los contratos objeto de la denuncia no presenta irregularidades significativas, sin que se hayan detectado fallos como la falta de solvencia del adjudicatario en el cumplimiento de los requisitos exigibles en cualquier proceso de adjudicación de contratos públicos por emergencia y COVID-19”.

La práctica ilícita en estos contratos que no presentaban “irregularidades significativas” consistió en que el empresario Aldama, según confesó a cambio de salir de prisión por otro caso de corrupción, pagó una comisión ilegal al ministro Ábalos (250.000 euros) y otra a su asesor Koldo García (150.000) por haberle facilitado esos contratos. La investigación judicial no ha encontrado todo ese dinero del soborno.

El Ministerio de Transportes pagó 2,5 euros por cada una de esas mascarillas vendidas por Aldama. Otras administraciones compraron en las mismas fechas el mismo material por casi el triple, más de seis euros. Pero en esos otros contratos, salvo casos contados como el de la Diputación de Almería que todavía se investiga, no hubo pago de mordidas a los responsables públicos que facilitaron la operación. 

Conclusión: las administraciones públicas podían adjudicar contratos millonarios a dedo, beneficiar con ello a familiares o amigos o conocidos de los gobernantes y hacerlo sin concurso previo, sin límite de precio, sin concurrencia de ofertas, y sin acreditar solvencia o experiencia.

Todo valía en pandemia para sobrevivir a un virus que mató en España a más de 150.000 personas entre 2020 y 2023. Decenas de empresarios se enriquecieron como nunca a cuenta de la compra de mascarillas en China y su venta, por el doble o el triple, a administraciones públicas españolas que buscaban a ciegas un material vital en esos momentos.

Un amigo de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y de su hermano, Tomás Díaz Ayuso, tenía una empresa de ropa infantil, Priviet, que aprovechó la emergencia para ganar un millón de euros en apenas unos días gracias al contrato que logró con la Comunidad de Madrid. El hermano de Ayuso, que conocía el sector y gestionó la compra de mascarillas en China, se llevó 234.000 euros de comisión en esa operación. De los 37 contratos que formalizó la Comunidad de Madrid en aquellas fechas, el de las mascarillas del hermano de Ayuso fue el cuarto más caro.

Un alto responsable de la Fiscalía zanjó así el aparente escándalo: “La avaricia no es delito”. Anticorrupción encontró argumentos suficientes para exculpar a la presidenta madrileña del obsceno negocio de las mascarillas que benefició a su hermano: “Aunque Tomás Díaz Ayuso, hermano de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, ha tenido una relación comercial con Priviet por la que ha percibido una comisión, para que esta mercantil estuviera incursa en la prohibición de contratar aquel tendría que ser su administrador o accionista de más del 10% y, además, darse el conflicto de intereses con el órgano de contratación, que no es la presidenta de la Comunidad ni su Consejo de Gobierno”.

La rapiña en la pandemia añadió una variante derivada de la avaricia. Algunos de los que se enriquecieron a cuenta de la compraventa de mascarillas en pandemia intentaron engañar a Hacienda para que su beneficio fuera mayor.

La Agencia Tributaria atribuye a Víctor Aldama un delito fiscal penado con varios años de cárcel. “Utilizó mecanismos defraudatorios para reducir la carga fiscal del ejercicio de 2020”, en el que ganó seis millones de euros por su intermediación en la venta de mascarillas al ministerio de Transportes y otros organismos públicos. Aldama “facturó a través de dos sociedades interpuestas de manera artificiosa la prestación de servicios personalísimos obteniendo un importante ahorro fiscal (...) ascendiendo la cuota defraudada a 2,4 millones de euros”, señala la Agencia Tributaria.

También es el caso de Alberto Luceño, quien junto a Luis Medina logró a dedo un contrato millonario para vender material sanitario chino al Ayuntamiento de Madrid a uno de los precios más caros en aquel momento: seis euros por mascarilla. La Audiencia Provincial absolvió a ambos del delito de estafa agravada al considerar que no había quedado probado que engañaran a los responsables municipales ocultando que iban a cobrar una comisión de seis millones de euros por la operación. Sin embargo, Luceño fue condenado por fraude a Hacienda a casi tres años de cárcel y 3,5 millones de multa.

El comisionista Alberto González Amador, novio de Ayuso, cobró casi dos millones de euros en concepto de comisión —el 4,5% de la operación— por intermediar entre dos empresas españolas en la compraventa de mascarillas durante los peores meses de la pandemia. La operación era impecable desde el punto de vista legal, pero González Amador defraudó al fisco, según reconoció el mismo mucho tiempo después, para ahorrarse 155.000 euros que debería haber pagado por los beneficios que le dejó esa intermediación, según la Agencia Tributaria.

Algunas de esas operaciones fueron investigadas por la Fiscalía Anticorrupción sin hallar motivos para un reproche penal a los dirigentes políticos en el hecho de que hubieran adquirido mascarillas a familiares, amigos o conocidos cuyas empresas en muchos casos carecían de experiencia, solvencia y a unos precios disparatados. Es el caso que afectaría al ministro Ángel Víctor Torres que, como presidente canario, adquirió mascarillas a la trama corrupta que dirigía Víctor Aldama por mediación del asesor ministerial Koldo García sin que la investigación haya detectado el pago de mordidas al dirigente autonómico; o a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que cuando gobernaba en Baleares adquirió en 2020 material sanitario a la misma red delictiva y reclamó en 2023 la devolución de un parte por incumplir el producto entregado las condiciones contratadas.

El actual ministro de Transportes, Óscar Puente, era alcalde de Valladolid en marzo de 2020 y necesitaba urgentemente mascarillas para su municipio. En abril, Puente informó al pleno que un amigo suyo podía facilitarles cientos de miles de mascarillas a 3,35 euros y consultó al interventor sobre esa operación ante una situación de acuciante necesidad. Pasados varios años, el PP denunció estos hechos, al igual que hizo un particular a través de una querella que los tribunales archivaron debido a la transparencia con la que se llevó a cabo una operación donde no hubo pago de comisiones ilegales a nadie.

En el obsceno negocio de la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia, los contratos a dedo eran legales, la avaricia no era delito pero el cohecho impropio, sí.

“No voy a dar lo que no quiero ni puedo. No voy a firmar nada que vaya en contra de lo que hemos aprobado aquí. Nada es nada. Lo siento”. Así explicó Alberto Núñez Feijóo en julio de 2025, durante la clausura del congreso nacional del PP, cómo quería que fuera su relación con Vox. Menos de un año después, el PP ha sucumbido al discurso más ultra del partido de Santiago Abascal, que ha logrado introducir el concepto de “prioridad nacional” en los acuerdos de coalición. Un término inaplicable a nivel autonómico, pero que ha contaminado el debate político ante las inminentes elecciones andaluzas.

La dirección del PP intenta, a la vez, defender el acuerdo y acotar su alcance para evitar que Vox logre un rédito electoral. En la cúpula del partido se muestran satisfechos con un pacto que ven positivo. Pero, a la vez, cunde el enfado porque los de Abascal han logrado capitalizarlo y reformular la “prioridad nacional” hacia un más explícito “españoles primero”.

El propio Feijóo puso voz el pasado martes a ese enfado en los pasillos del Congreso en declaraciones a los medios. “Pido rigor”, afirmó. “Todo lo que se ha firmado es de acuerdo con las leyes”, añadió, para reiterar que “lo importante es leer los papeles” y que el acuerdo habla del “arraigo”, con “independencia de la nacionalidad” de las personas.

Ante la insistencia de los periodistas, zanjó: “¿De verdad que no hemos leído lo que se ha pactado? Vox dice lo que considera oportuno, nosotros decimos lo que hemos pactado”.

Tanto el acuerdo de Extremadura como el de Aragón hablan, efectivamente, de la “prioridad nacional” y también del “arraigo, empadronamiento y vinculación” con el territorio. Porque, efectivamente, el marco legal no permite una discriminación hacia los extranjeros solo por su nacionalidad u origen.

Desde la dirección del PP explican que se introdujo ese concepto político, que no legal, como una concesión a Vox. Una petición de los de Abascal que se vio bien añadir. Tal y como expresó Feijóo el martes, en los pisos altos del número 13 de la madrileña calle de Génova pensaban que las acotaciones añadidas en el texto dejan claro que “prioridad nacional” no significa dar prioridad a los españoles.

Para su sorpresa, no poca gente sí lo ha entendido así. El equipo del líder de la oposición sostiene que otras regiones aplican el principio de “arraigo”. Y ponen como ejemplo a la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, quien aseguró que la aplicación de la “prioridad nacional” es “ilegal” y que ella no piensa asumirlo.

Como le pasa en Andalucía a Juan Manuel Moreno, en el PP de Madrid temen que un subidón de Vox les deje sin mayoría absoluta. En Andalucía, Vox obtuvo un 13,45% del voto. En 2023, en Madrid se quedó en el 7,31%. En los recientes comicios autonómicos se ha movido entre el 17% y el 19%.

El presidente andaluz, candidato a un tercer mandato, dijo esta semana en Madrid que no quiere saber nada de tener que negociar con Vox. “Deciden los andaluces, tienen una responsabilidad”, aseguró. E inmediatamente abrió la puerta al acuerdo: “Yo soy moderado, los moderados nos entendemos con todo el mundo”.

Vox pasa de pantalla

Con el acuerdo recién firmado, Vox optó por olvidarse del papel y centrarse en el discurso. Esta misma semana llevó al Congreso una iniciativa donde traducía la “prioridad nacional” en un “los españoles primero” que, además, concretaba en materias como la sanidad. Y no solo se refería a los residentes irregulares. El PP votó en contra de esta moción para intentar, con poco éxito, atajar el debate sobre qué significa “prioridad nacional”. 

Para Vox, cualquier extranjero, tenga o no la nacionalidad, debería estar en un segundo plano sobre los auténticos españoles. Una posición que ha generado incluso un lío interno. El secretario general, Ignacio Garriga, tuvo que salir al paso de las afirmaciones de su portavoz en el Parlament de Catalunya, Joan Garriga.

“La nacionalidad la establece el Código Civil. Es español el nacido de padre y madre española”, dijo el Garriga portavoz. “Hay personas que no tienen padre o madre de origen y acaban siendo españoles”, replicó el Garriga secretario general. Joan Garriga luego matizó que no se expresó “con la claridad debida”.

El uso y señalamiento de las personas migrantes no es nuevo en el PP ni en la política española. Tampoco es exclusivo de la dirección de Feijóo. Ya antes hubo decisiones concretas y declaraciones racistas en la cúpula de la derecha española, que ha relacionado históricamente la entrada de extranjeros entre las causas de problemas como la inseguridad ciudadana. El hoy alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, es un ejemplo paradigmático. 

Con todo, había fronteras que el PP prefería no traspasar. Por ideología o por pragmatismo, la derecha española ha promovido la llegada de personas extranjeras para realizar trabajos donde la oferta supera a la demanda, como determinados servicios o el sector primario, en consonancia con las peticiones de la patronal.

Tanto José María Aznar como Mariano Rajoy promovieron durante sus gobiernos regularizaciones extraordinarias, conscientes de que mantener una gran bolsa de personas en situación irregular es un error desde el punto de vista social y económico.

Desde que se hizo con el mando del PP, Feijóo ha intentado mantener un complejo equilibrio entre la histórica posición de la derecha clásica europea y el empuje de la extrema derecha populista. Desde 2023, el líder del PP se ha ido escorando y ha asumido posiciones cada vez más radicales, temeroso de que le pudiera ocurrir lo mismo que le ha pasado en los últimos lustros a los democristianos conservadores en Italia, Francia, Reino Unido y otros países europeos.

El documento político del congreso nacional de 2025 es un ejemplo de estos equilibrios. “El inmigrante no debe ser estigmatizado, porque no es ni víctima ni verdugo, sino una persona digna y libre, titular de derechos y también responsable de obligaciones como cualquier ciudadano”, asegura la todavía vigente ponencia aprobada el pasado verano.

El texto añade: “Eliminaremos la relación entre el empadronamiento y el acceso de los inmigrantes en situación irregular a las prestaciones económicas no contributivas”. Es decir, al ingreso mínimo vital. “La irregularidad no puede generar derechos”, sostiene. “Devolveremos al arraigo y la reagrupación familiar su carácter excepcional”, añade. 

El fundamento es endurecer el acceso de las personas migrantes a determinadas prestaciones y limitar su disfrute por parte de quienes residen de forma irregular en España.

La estrategia de Moreno, en el aire

El triunfo de Vox no es legal, sino discursivo. Y condicionará la inminente campaña en Andalucía, donde se celebran elecciones el próximo 17 de mayo. “Moreno tiene una figura transversal en lo ideológico, que atrae a votantes moderados socialistas”, apunta el politólogo Lluís Orriols en conversación con elDiario.es. “Hay mucho votante tradicionalmente socialista que le vota a él”, añade.

Pero si el PP endurece su discurso migratorio para taponar a Vox, puede ahuyentar a las “personas moderadas que esquivan posiciones más radicales” lo que “cortocircuita la posición transversal para captar al votante moderado y centrado de clase media”. Los acuerdos firmados, añade Orriols, “rompen la campaña electoral” que Moreno tenía diseñada. Está por ver qué consecuencias tiene, pero es lo “opuesto” a lo que había planteado el PP andaluz, zanja.

Pero Orriols va más allá y advierte de un cambio más profundo en el medio plazo. Vox, apunta este profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, “ha sabido reenfocar” su discurso migratorio desde una perspectiva relacionada con la “seguridad”, un parámetro que es “propiedad de la derecha clásica”, hacia los “servicios sociales”. 

Ya no se trata de inocular miedo al inmigrante por lo que pueda hacer a un español o española, sino como alguien que disputa uno “recursos sociales escasos”, afirma Orriols. Una estrategia que ha permitido a las extremas derechas europeas “no solo ganar a la derecha de ‘la ley y el orden’, sino entrar en las bases electorales de la socialdemocracia, votantes que han sido beneficiarios netos de ayudas que ahora no perciben”.

Es un votante que se siente “desplazado” del ideario de unos partidos que perciben “más cosmopolitas”, menos enfocados en el “Estado de bienestar” para situarse en el “ecologismo, el feminismo, etcétera”.

Las consecuencias del abrazo al liberalismo de finales del siglo XX y principios del XXI que personificaron Tony Blair o Gerard Schroeder se dejan ver en un “malestar” de una clase trabajadora que percibe que sus partidos ya no se preocupan de sus problemas. Y ese “malestar se canaliza hacia la xenofobia”, afirma Orriols.

La conclusión es que “no solo el PP tiene que pensar que esto le puede afectar”. También el PSOE, a quien “Vox gana cada vez más voto”. Y Andalucía será también un test sobre cuánto ha calado la ultraderecha en el votante clásico de la izquierda.

¿Y Feijóo? El líder del PP tiene que decidir qué camino tomar, afirma Orriols. Los acuerdos firmados “no son un pacto de gobierno, sino un manifiesto ideológico que Vox ha obligado a rubricar al PP”, que está “abierto en canal” ante la decisión que tiene por delante. 

“Estamos en un momento crucial de la política española”, sostiene Orriols, que se pregunta: “¿Qué va a hacer el PP?”. Feijóo tiene el tiempo tasado para tomar esa decisión: desde ahora a las próximas elecciones generales de 2027.

El juicio contra José Luis Ábalos, el exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama entra en su recta final. A la espera de que los acusados ofrezcan sus propias explicaciones ante los magistrados a partir del próximo miércoles, los interrogatorios a testigos clave que se han sentado esta semana ante el Tribunal Supremo ya han evidenciado ciertos roces entre las defensas del exministro y quien fuera su mano derecha en el Ministerio de Transportes. 

Ábalos y Koldo García, que han llegado incluso a compartir celda en la prisión de Soto del Real, han mantenido hasta el momento una suerte de pacto de no agresión que alcanzará su prueba de fuego la próxima semana, cuando se evidenciará si ese acuerdo se mantiene o si afloran reproches, contradicciones o intentos de trasladar responsabilidades. Está previsto que los tres investigados sean interrogados a partir del miércoles. Después, acusaciones y defensas harán sus informes, en los que intentarán convencer al tribunal basándose en las pruebas practicadas. 

Entre tanto, los movimientos de las defensas de ambos sí han apuntado a la existencia de una cierta pugna sobre el alcance de la relación con Aldama, a quien la Guardia Civil define como el “nexo corruptor” de la trama. De acuerdo a algunas de sus intervenciones, la estrategia del abogado de Ábalos, Marino Turiel, pasa por encapsular la figura de Aldama en torno a Koldo García. Y tratar de desvincular al exministro de las frecuentes visitas del empresario al Ministerio de Transportes. Las acusaciones consideran que esas visitas son un indicio de la “interlocución privilegiada” lograda por el comisionista gracias al presunto pago sistemático de sobornos. 

Así lo evidenció el interrogatorio a Ana María Aranda, la que fuera secretaria personal de Ábalos en el Ministerio. La defensa del exministro incidió en a quién iba a ver fundamentalmente el empresario en esas visitas. La testigo afirmó que siempre veía a Aldama con el asesor y “nunca” con el ministro. En la misma línea, el que fuera jefe de gabinete del exministro, Ricardo Mar, afirmó a preguntas de Turiel que no presenció ninguna reunión entre Aldama y Ábalos en las dependencias del Ministerio de Transportes.

Sin embargo, el intento de Ábalos de presentar a su exasesor como un verso suelto que operaba a sus espaldas encontró una rápida respuesta. Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, contraatacó preguntando a la secretaria si ella podía recibir instrucciones “concretas y directas” de Koldo García que fueran en contra de las indicaciones del ministro. La respuesta negativa de la testigo apuntala la tesis de la defensa de Koldo: él no tenía autonomía de poder frente a su jefe.

Estas fricciones y el cruce de interrogatorios chocan frontalmente con el escenario que dibuja la Fiscalía Anticorrupción. Para la acusación no es posible aislar el paso de Aldama por el Ministerio de Transportes culpando exclusivamente al asesor. Según el Ministerio Público, Koldo García actuaba en la práctica como el “alter ego” de Ábalos. La Fiscalía sostiene que existía un “convenio criminal” con un cuidadoso reparto de papeles: el exministro aportaba la máxima autoridad y su influencia directa cuando era precisa, mientras que Koldo García era el “fiel transmisor” de las decisiones de su jefe, parapetándose habitualmente tras su figura. De hecho, la tesis del fiscal es que el exasesor actuaba “de facto como testaferro de su superior en las actividades delictivas”.

La tesis de que Ábalos desconocía los tratos de Koldo García con Aldama en los pasillos del Ministerio también es rebatida por los flujos de dinero. La Fiscalía da por acreditado que Aldama entregaba 10.000 euros mensuales en efectivo a Koldo García como peaje para garantizar su acceso a la Administración, y subraya que “tales entregas de efectivo a Koldo García fueron efectuadas en ocasiones en presencia de José Luis Ábalos, pues el importe (...) estaba destinado a ser repartido entre ambos”.

Además, según la investigación judicial, Ábalos también aparece como beneficiario directo de presuntas dádivas. Entre ellas, el pago del alquiler del piso de lujo de quien era su pareja, a la que también colocó en empresas públicas a las que no iba a trabajar; el uso de un chalé en la costa andaluza que fue elegido por él mismo y que sufragó la empresa de un socio de Aldama que tenía intereses en el sector de los hidrocarburos o las vacaciones en otro chalé de Marbella pagado con fondos proporcionados por el comisionista. 

El abismo al que se asoma Ábalos 

Con esta tesis acusatoria, y ante la posibilidad de una condena de 24 años de cárcel, es más que probable que el exministro no quiera asomarse a ese abismo penal de la mano de su 'chico para todo': lo lógico, y lo que explican fuentes jurídicas, es que la defensa de Ábalos trate de combatir la idea de que Koldo y el exministro conformaban una suerte de binomio inseparable. 

Así, la tesis de que Koldo García en su etapa en el Ministerio pudo tener 'vida propia' y por tanto desarrolló una actuación sustancialmente unilateral fundamentada en esa voluntad por ayudar a todo el mundo, es una baza que puede jugar Ábalos de cara a apartarse de asuntos que se han dirimido en el juicio, como el logro para la trama de los hidrocarburos de una reunión con el que fuera jefe de gabinete de Industria Juan Ignacio Díaz Bidart. 

Diferentes partes que participan en el proceso consideran que el propio Koldo García puede llegar a reconocer en su interrogatorio que no siempre actuó “con conocimiento del ministro”, tal y como sostiene la Fiscalía. Si bien otras fuentes consultadas apuntan a que eso es improbable porque el asesor se mantendrá en sus trece de no reconocer ni siquiera los mensajes de WhatsApp en los que se apoya la investigación de la UCO. Desde el inicio ha denunciado no haber tenido acceso a los mismos para poder hacer una pericia sobre su autenticidad. 

Pero, en caso de buscar esa separación de intereses, la defensa de Ábalos podría sostener en su informe que, en realidad, la relación estrecha era entre Aldama y Koldo García, y que esto lo habría aprovechado el empresario para corromper a un asesor que se dejaba querer. Asesor que, por otro lado, sabía que tenía influencia política porque, tal y como ha quedado claro en el juicio, todo el mundo entendía que hablaba por boca del ministro.

En todo caso, este fin de semana es crucial para las defensas de Ábalos y Koldo García porque tienen que trabajar en la estrategia de los últimos días. Así, ambos letrados pasarán tiempo en la cárcel de Soto del Real con sus clientes para preparar sus declaraciones y ahí puede llegar el momento de poner las cartas sobre la mesa. Esto puede abocar a una ruptura total entre ambos que les lleve a afrontar los días decisivos del juicio por separado y enfrentados. 

Clave en esa estrategia será el turno en el que cada defensa intervenga para hacer el informe definitivo ante los magistrados del Tribunal Supremo. Si ya se conocía que Ábalos declarará el último, ahora ha trascendido que su defensa también será la última en hacer su informe, lo que en caso de optar por alejarse de lo que hiciera o deshiciera Koldo García en el Ministerio puede ser una ventaja porque no habrá posibilidad de contrarréplica por parte de la letrada Leticia de la Hoz. 

Mientras, Aldama queda fuera de esta batalla porque, tras colaborar con el Ministerio Público confesando delitos e implicando al resto de acusados, no le queda más que esperar a que fructifique una posible rebaja aún mayor de la pena que piden para él. En juego está no llegar, ni siquiera, a pisar la cárcel. 

Sostienen en La Moncloa que cuando el enemigo se equivoca, lo mejor es no despistarlo y que una vez que el PP ha sucumbido al marco ultra de la “prioridad nacional” —los españoles, primero—, Feijóo ha quedado definitivamente retratado junto a la ultraderecha global. 

Sostienen también que aun siendo la ola antiinmigración el algoritmo que mueve el mundo y que podría perjudicar los intereses electorales de la izquierda, el Gobierno no se moverá de la defensa de la igualdad, la no discriminación y el respeto a los Derechos Humanos. 

Sostienen además que, una vez consumado el maridaje entre Feijóo y Abascal, el PP no tiene cómo salir ya de un laberinto en el que se metió para presuntamente no ser engullido por Vox, que habiendo perdido las elecciones en Aragón y Extremadura se presenta ahora como vencedor de su pulso con los de Génova para consagrar programas de gobierno racistas, xenófobos e inconstitucionales.

Sostienen todo ello mientras Pedro Sánchez cree consolidado su liderato entre los progresistas de Europa y América y mantiene el pulso a Trump, incluso después de la publicación de un correo del Pentágono que plantea suspender a España de la OTAN por la falta de apoyo del Gobierno a su aventura bélica en Irán.

A las puertas de unas elecciones andaluzas en las que el popular Juanma Moreno trata de alejarse de la estrategia nacional de Feijóo para mantener su mayoría absoluta, en el Gobierno de Sánchez ven con cierto optimismo que el PP haya entrado definitivamente en un marco ultraderechista que pretende ocultar votando en contra de la “prioridad nacional” en el Congreso al tiempo que lo ha firmado negro sobre blanco en los pactos autonómicos de Aragón y Extremadura y, pronto, de Castilla y León.

“Creen en el PP —aseguran desde el entorno del presidente Sánchez— que la narrativa antiinmigración les dará votos y les evitará ser devorados por un Abascal que, además, les desprecia, como demuestra cada día con sus declaraciones públicas”. Ni el PSOE se atrevió nunca a llamar “contrabandista de ría” a Feijóo, como en plenas negociaciones de los gobiernos de Extremadura y Aragón, se refirió el líder de Vox al del PP, en referencia a su ya lejana amistad con el narco Marcial Dorado. 

La lucha sin cuartel que libran Vox y PP demuestra, según los socialistas, que la estrategia desplegada por Feijóo no es contra el Gobierno de Sánchez, sino contra Abascal para evitar que le achique el espacio electoral. Solo así entienden que en la semana que empezó la regularización de inmigrantes, y con toda la batería mediática de la derecha volcada en poner todo el empeño en un supuesto colapso administrativo o en vincular extranjeros con delincuencia, el foco de la conversación pública se situase sobre los de Feijóo por sus acuerdos con la ultraderecha. Ni los esfuerzos por sustituir la expresión “prioridad nacional” por la de “arraigo real” le han servido para evitar la crítica, incluso de los habituales de la opinión sincronizada que alimenta Génova.

Haber sucumbido a la narrativa de los ultras arrastra a Feijóo a un terreno de deshumanización del inmigrante del que se ha querido desmarcar hasta Isabel Díaz Ayuso, la más ultra entre los ultras del PP. Y encima el gallego ha hecho saber que su posición no es una cesión a Vox, sino una convicción profunda. El resultado de todo ello es una renuncia a la institucionalidad de quien se presenta como alternativa de Gobierno y a la vez asume un marco identitario que estigmatiza al inmigrante como el causante del deterioro de los servicios públicos y la crisis de la vivienda, pese a que la estadística lo desmienta.

Que el eje que mueve el mundo ya no gire entre izquierda o derecha sino entre demócratas e involucionistas sitúa a Sánchez, en palabras de sus ministros, en una posición que les lleva a pensar que la batalla de las generales de 2027 sigue abierta, por muy adversa que sea hoy la demoscopia para la izquierda. “Feijóo es el peor enemigo de sí mismo. Y no solo por sus acuerdos con Vox, sino porque no ha aprendido de los errores de 2023 cuando vendió la piel del oso antes de cazarlo y dio por descontado que dormiría en La Moncloa meses antes de que se abrieran las urnas”, ironiza uno de los ministros más políticos de Sánchez.

Si algo ha demostrado el hoy presidente del Gobierno es que sabe cómo resurgir de sus propias cenizas. Y en un contexto en el que, como se demostró en la cumbre global de progresistas celebrada en Barcelona, la izquierda europea y americana aplaude su frontal oposición a Trump, Sánchez ya pareciera que ya no camina, sino que levita cuando se mueve por la política doméstica. Como en 2023, hoy también cree que el marco internacional es una oportunidad para retener el poder y que lo pactado entre PP y Vox para los gobiernos autonómicos son un acicate para la movilización de la izquierda. “Y si no lo fuera —apostillan en su equipo— estamos dispuestos a morir con la defensa de lo correcto, que hoy es la no discriminación de los extranjeros y mañana puede ser la pérdida de derechos de los españoles”.

El presidente está convencido de que los pactos PP-Vox terminarán por afectar a todos los colectivos que la ultraderecha ha tenido siempre en el punto de mira. De hecho, el acuerdo de Extremadura y Aragón señala ya a las organizaciones no gubernamentales que cubren políticas sociales allá donde no llega el Estado, sean o no de índole religiosa. Y en este sentido otorga especial relevancia a la contundente respuesta que Amnistía Internacional ha dado a los acuerdos de las derechas y al riesgo que suponen para los Derechos Humanos. 

Y todo ello en una semana en la que la Audiencia Nacional ha devuelto el foco a la corrupción del PP con el juicio de la Kitchen y la declaración como testigo del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y del que Feijóo no termina de desmarcarse. “Al final, que el juicio a Ábalos y Koldo por el caso de las mascarillas haya coincidido con el de la Kitchen es una dosis de recuerdo sobre la operación con la que toda la cúpula del PP trató de obstruir la acción de la justicia para tapar su corrupción y la financiación ilegal y pone a Feijóo ante un gran aprieto”, en opinión de los socialistas.

Desde La Moncloa tratan de poner en valor la “contundente respuesta” que Sánchez dio a los casos corrupción que salpican a dos ex secretarios de Organización del PSOE con la fulminante expulsión del partido frente a un Feijóo que ni siquiera ha pedido la baja de militancia a Rajoy, Javier Arenas y el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Comparaciones aparte, si hay un debate en el que Sánchez se sabe ganador es en el pulso que libra con el presidente de los EEUU a cuenta de su oposición a colaborar en la guerra de Irán, negar el uso de las bases militares de Rota y Morón y elevar el gasto militar al 5% del PIB. El presidente del Gobierno no solo cuenta con el apoyo de gran parte de los socios europeos, sino también con el aplauso de la opinión pública global, donde se ha convertido en un referente indiscutible de las políticas anti Trump y la ola ultraderechista. Este viernes restó importancia a las filtraciones que apuntaban que el Pentágono explora la suspensión de España como miembro de la OTAN entre las opciones para castigar a los aliados que no apoyen operaciones lideradas por Estados Unidos. De hecho, aclaró que no había recibido queja formal de parte de la Administración Trump, al tiempo que insistió en que la posición de España siempre será dentro del marco de la legalidad internacional que no respeta el inquilino de la Casa Blanca. En el fondo, sabe que las amenazas que llegan de EEUU son puntos a su favor en las encuestas mientras cada acuerdo de Feijóo con Abascal es un paso más en la menguante popularidad de quien aspira a arrebatarle el Gobierno.

Imaginen que, al comprar un coche, les ofrecen dos opciones: hay una marca cuyos modelos apenas se averían, pero si lo hacen, no los reparan; otra, en cambio, tiene vehículos menos fiables, pero si fallan los arreglan sin demora. ¿Por cuál se decantarían? Imaginen un país donde hay poca corrupción, pero cuando se descubre no se castiga, mientras que en otro, con políticos más corruptos, estos siempre terminan en el banquillo y castigados. ¿Cuál de los dos países entenderían ustedes como más fiel a los principios democráticos propios de una sociedad moderna? ¿Podría ser más honesto y decente el país más corrupto? Probablemente, porque la impunidad es la peor de las corrupciones. Aquí está la clave: los políticos son siempre el blanco de las dianas, pero no sólo está en sus manos la llave de la virtud pública; también está en las manos de los jueces, porque la ejemplaridad ética de una sociedad no depende de que el coche no se averíe nunca, sino de garantizarse los medios para solventar el problema cuando aparece.

Por esta razón el juicio de la Kitchen nos muestra un fracaso especialmente desolador, porque no solo expone ante la ciudadanía unos delitos ejecutados por el mismísimo Gobierno de España, orientados por la villanía de ocultar otros anteriores cometidos por el Partido Popular, sino también porque pone sobre el tapete las maniobras que han conllevado la impunidad programada de sus más altos dirigentes.

En este juicio hijo de la Gürtel, madre de todas las tramas, quedan retratados políticos pero también jueces. Retengamos el nombre de tres, suficientes para triangular el drama de la impunidad: el primero sería Baltasar Garzón, aquel que se atrevió a hincarle el diente a esta urdimbre corrupta; fue expulsado de la carrera por haber tomado una decisión que le había solicitado la Fiscalía y que, cuando el asunto pasó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, fue adoptada nuevamente por Antonio Pedreira Andrade, a quien nadie inquietó. “Se va a jubilar pronto, está enfermo”, me dijo un magistrado del Tribunal Supremo para intentar explicarme por qué le habían perdonado a este su (supuesto) delito; la pieza a cazar era otra.

El segundo juez de este drama sería Ángel Luis Hurtado Adrián, el magistrado que protegió a Rajoy de las preguntas de Mariano Benítez de Lugo en el juicio de la Gürtel y que, concluido este, firmó un imaginativo voto particular a la sentencia sosteniendo que Luis Bárcenas había llevado la contabilidad extracontable del Partido Popular “a espaldas del propio partido”. No se rían, no, que aquel voto le llevó directo al Tribunal Supremo.

Y la tercera pata del taburete es, lógicamente, Manuel García-Castellón. Menudo papelón el de este magistrado, que va por las esquinas lamentándose de que le llamen prevaricador. Ignoro si lo es, aunque cualquiera de las crónicas explicando sus maniobras —pueden quedarse con alguna de Pedro Águeda— podría trasponerse sin mucha dificultad como hechos probados en una sentencia. En el Partido Popular suspiraban por el regreso de García-Castellón a la Audiencia Nacional, suplicando (reconozcamos que sin mucha altura lírica) para que el juez provisional se retirara a Ontinyent; regresó el convocado y, con un conjunto de decisiones incomprensibles, fue el encargado de echar el freno al proceso para dejar fuera a los dirigentes del partido que tanto le añoraba.

En la película Algunos hombres buenos, el coronel Nathan Jessup se debate violentamente al afrontar en juicio la pregunta definitiva: ¿ordenó usted el código rojo? En la alternativa de reconocer que dio la orden o, por el contrario, asumir que no se enteraba de lo que pasaba bajo su mando, el prurito profesional del coronel le lleva a reconocer que sí, que la dio, porque en su orgullo prefiere quedar de delincuente que de inepto. Este debate ético entre el mando y el pellejo, que he visto tantas veces en responsables de empresas donde se comete un delito, no le alcanza desde luego a Rajoy, que para salvar el pellejo renuncia al mando. El Partido Popular se financió ilegalmente recolectando dinero de empresarios; su presidente no sabía nada. Reconstruyó la sede de Génova ‘a fundamentis’ con dinero negro; su presidente no se enteró. Pagaron con sobres a ‘M. Rajoy’; su presidente no sabe quién es. Ordenó perseguir a Bárcenas para quitarle la “libretita”; su presidente seguía en Babia. No hay quien se crea este nivel de inopia, pero a Rajoy le sale gratis porque no le votaron por enterarse de las cosas sino por fingir ignorancia sobre ellas, en ese sutil ejercicio de cinismo que consiste en hacerse el tonto y, con ello, hacer quedar de tontos a los demás.

Rajoy purgó su mala conciencia añadiendo que respecto a aquella operación de la que usted me habla y de la que no sé nada, solo sé que fue legal. No hay que descartar que, en caso de condena, acompañe a su ministro del Interior a la puerta de la cárcel, que la lealtad de un subordinado suele ser más barata que la del superior.

¿Y ahora qué hacemos? Pues cualquier opción es complicada. Algunas voces reclaman reabrir la investigación, en la esperanza de que la Audiencia Nacional deduzca testimonio para que se investigue ahora a Rajoy o a Cospedal. Varios de los delitos que son objeto de acusación en esta causa tienen plazos de prescripción de quince años, gracias a las largas penas de inhabilitación que llevan aparejados, lo que ampararía la posibilidad de investigar de nuevo lo sucedido entre 2013 y 2015. Pero, francamente, es poco probable que el tribunal se decante por esta opción, como ya ha adelantado al denegar la cuestión previa solicitada en tal sentido. Bárcenas se ha encargado de dilapidar su propio crédito, así que las pruebas contra estos dirigentes tendrían que ser especialmente elocuentes como para superar las líneas rojas que su día impidieron enjuiciarlos.

Aparte de eso, el transcurso del tiempo pesa como un escollo. “Al compás que adelanta el sumario se va fabricando inadvertidamente una verdad de artificio que más tarde se convierte en verdad legal”, denunciaba Alonso Martínez al presentar en 1882 la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, todavía hoy vigente. Recordaba aquella advertencia al ver a las acusaciones forcejear inútilmente con el tribunal para formular a Rajoy alguna pregunta comprometedora. Comprendo sus protestas cuando se las denegaban, como también entiendo las decisiones que protestaban. Se llama a un testigo a juicio para que informe de lo que ha visto u oído, pero no se le puede formular bajo juramento una pregunta cuya respuesta pueda incriminarle. La Audiencia Nacional ha permitido algunas, en lo que entiendo que responde a una práctica cada vez más asentada. Sin ir más lejos, en el juicio de las mascarillas que se tramita en el Tribunal Supremo en paralelo a este, se preguntó a Carlos Moreno si había pedido o recibido un soborno; esa no es una pregunta para un testigo que va a juicio sin abogado.

En cualquier caso, Bárcenas, Rajoy y Cospedal han prestado declaración, exponiendo al tribunal lo que tuvieron a bien. Los tres han declarado como testigos, con obligación de decir verdad; visto que sus declaraciones son contradictorias, sobre todo las de Bárcenas y Rajoy, alguno de los dos ha tenido que mentir al tribunal. Se ha cometido un delito de falso testimonio y espero que los jueces investiguen cuál de los dos ha sido; por aquí se abriría un resquicio para valorar la eventual responsabilidad de Rajoy no tanto por su implicación en la trama sino simplemente por mentir. Por lo demás, Bárcenas reprochó a Rajoy la comisión de un hecho grave que lesiona la dignidad del aludido, así que estemos vigilantes para ver si este pide permiso a la Audiencia Nacional para querellarse contra Bárcenas por injurias, si es que tiene su versión por falsa.

Rajoy compareció en el Congreso en diciembre de 2021 para decir que nunca había pisado la ‘cocina’ que ahora se enjuicia. El delito de falso testimonio en una comisión de investigación, que el Partido Popular pretendió usar contra Santos Cerdán, prescribe a los cinco años, así que se podrá revisar el contenido de aquella comparecencia y contrastarlo con lo que está saliendo ahora en el juicio. Pero también sería una opción de recorrido incierto.

En fin, mucho que decir y poco que contar, como lamentó Arsenio Iglesias en la rueda de prensa más triste del mundo. Reactivar la investigación de esta trama corrupta para dirigirla ahora contra quienes fueron orillados es muy complejo. La estrategia que nos ha llevado hasta esta impunidad ha tenido éxito. Por eso, en mi opinión este juicio no es sólo un proceso contra la operativa político-mafiosa dirigida a eliminar pruebas de delitos; los recientes testimonios lo convierten también en un proceso contra la operativa político-judicial que mediante un peculiar tráfico de destinos (un juez a la calle, otro al Supremo y un tercero “a tomar por culo a Onteniente”) consiguió que los jueces no hicieran lo necesario para que Rajoy o Cospedal se sentaran en el banquillo. En fin, “el que pueda hacer, que haga; el que pueda aportar, que aporte”, dijo Aznar. “El que pueda no hacer nada, que se esté quietecito”, debió añadir.

El expresidente del PP Mariano Rajoy solo tenía “una relación profesional” con Luis Bárcenas, el tesorero del partido, que no le ocupaba “demasiado tiempo” porque él de los asuntos económicos no se encargaba. Cuando supo que Bárcenas escondía 47 millones en Suiza su opinión “cambió”. La secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, solo vio “ocho o nueve veces” a José Manuel Villarejo. “Siempre” a iniciativa del comisario. “Un café de cinco minutos” en el centro de Madrid y reuniones en su despacho. “No teníamos amistad ni me iba a tomar una copa con él, ni nada por el estilo”.

Así describieron Rajoy y Cospedal sus respectivas relaciones con Luis Bárcenas y el comisario Villarejo durante la comparecencia como testigos en el juicio de Kitchen del pasado jueves. Regresar al contexto político y judicial en el que se dieron algunos episodios de esos contactos cambia por completo el escenario que quisieron dibujar Rajoy y Cospedal. También se debe viajar al 26 de julio de 2017, cuando Rajoy compareció como testigo en el juicio del caso Gürtel, siendo presidente del Gobierno, y recordó y reconoció los mensajes que el pasado jueves olvidó durante su declaración.

Rajoy intentó evitar personalmente que Bárcenas expusiera al PP a la mayor crisis que ha tenido en su historia, con las consecuencias que tendría para él que trascendiera que había cobrado 355.000 euros de dinero negro. Está acreditado que Rajoy interactuó con Bárcenas después de cambiar su opinión sobre él, aunque no lo recordara durante su declaración. Cospedal recurrió al comisario en ese mismo periodo de 2013. Y ya lo había hecho antes, en 2009, cuando estalló el caso Gürtel y le anticipó que le encargaría “trabajos puntuales”. Pero esta parte tampoco ella la recordó el jueves ante el tribunal.

Este es un repaso cronológico por los olvidos y falsedades en las que incurrieron Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal durante sus respectivas declaraciones como testigos en el juicio por el espionaje ilegal a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados.

26 de febrero de 2012. “Hacemos lo que podemos”

A finales de febrero de 2012, Bárcenas estaba intranquilo. El PP había logrado respirar por fin cuando el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, en quien recayó la instrucción de Gürtel por el aforamiento de varios imputados, archivó la causa contra el tesorero y otros. En marzo, la suerte de Bárcenas cambiaría y el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz volvería a concederle la condición de investigado. El 23 de febrero, el tesorero escribe a Rajoy y este le responde tres días más tarde: “Luis, nada es fácil. Hacemos lo que podemos”.

“No tengo ni idea de lo que es eso”, contestó a la pregunta sobre ese mensaje que le hizo el abogado de Podemos. “¿Ese mensaje lo manda usted?”, le pregunta el letrado Jaime Montero. “No”, contesta Rajoy.

La escena torna en más sorprendente al recuperar la declaración de Rajoy en el juicio de Gürtel de 2017. Entonces fue el abogado del Partido Socialista de Madrid quien le preguntó por los mensajes. “Hacemos lo que podemos significa que hacemos lo que podemos”, respondió Rajoy. “Hasta ahí llego”, replicó el abogado. Y Rajoy, displicente, apuntilló: “Eso es opinable”. Luego, el testigo insistiría en que nunca hizo nada para interferir en la investigación de la caja B del PP.

Rajoy declaró entonces desde el estrado en uno de los episodios más relevantes de su periodo como presidente del Gobierno y que ahora no recuerda. La sentencia que derivó de aquel juicio motivó una moción de censura y su salida de la Moncloa.

18 de enero de 2013. “Luis, sé fuerte”

Solo dos días antes de ese mensaje había llegado a España una comisión rogatoria de Suiza acreditando que Bárcenas tenía 22 millones de euros escondidos en el Dresdner Bank. En el juicio, Rajoy trasladó que el botín del tesorero supuso un antes y un después en su relación. Algo totalmente contradictorio con los mensajes que se intercambian el 18 de enero. Esa mañana, El Mundo publicó que Bárcenas repartía sobres de entre 5.000 y 15.000 euros mensuales entre los dirigentes del partido. Y que ese dinero procedía de donaciones de empresarios.

Bárcenas escribe a Rajoy para pedirle que el partido salga a desmentir “la filtración de Cospedal a El Mundo”. Esa relación tan fría entre ellos no era compartida, al menos entonces por el tesorero, que traslada a Rajoy: “Sabes que te estoy agradecido por el apoyo que personalmente siempre me has dado”. El presidente responde: “Luis. Lo entiendo. Sé fuerte. Mañana te llamaré. Un abrazo”.

Rajoy dijo el jueves que este es el único SMS con Bárcenas que recuerda. Pero por la única razón de que “a lo largo de los últimos quince años se ha publicado casi todos días”.

5 de marzo de 2013. “Mariano, os estáis equivocando”

En el juicio de Kitchen, Rajoy pasó de negar rotunda y escuetamente cualquier relación o conocimiento del espionaje ilegal al tesorero a presentar importantes lagunas de memoria en otra cuestión que ocurría paralelamente, sus contactos con el tesorero. Las acusaciones populares creen que son dos actuaciones complementarias: ambas buscaban evitar que las pruebas de la caja B le estallaran al PP y sus dirigentes.

A principios de marzo ya habían ocurrido varios acontecimientos que tenían en vilo al Partido Popular. El 31 de enero, El País publicó las anotaciones manuscritas del tesorero del PP con la contabilidad en B de dos décadas. En las primeras semanas, Bárcenas aguanta y niega su veracidad. Pero en marzo, la investigación judicial acorrala a Bárcenas, que ya se siente abandonado por el partido.

“Mariano, necesito hablar con Javier. Como le dije a Matarí, os estáis equivocando. Los papeles, supuestamente, de Álvaro [Lapuerta] y míos están judicializados penalmente en Plaza de Castilla y ahora pendientes de la decisión de Ruz. Yo sigo con las ideas claras”, escribió Bárcenas el 5 de marzo de 2013. Y Rajoy dijo en el juicio el jueves: “No lo recuerdo, pero bueno, yo no sé si mando este señor o no. Reconocerlo... puedo reconocerlo o no porque no lo he mandado yo”.

6 de marzo de 2013. La llamada perdida de Rajoy

Al día siguiente del mensaje de Bárcenas, a las 9:52 de la mañana, el entonces presidente del Gobierno telefonea al extesorero, que tiene el móvil apagado. Luis Bárcenas escribe a Rajoy: “Tenía el móvil apagado y he visto tarde tu llamada. Te he contestado, pero no me has cogido”. La abogada del PSOE, Gloria Pascual, le requirió al respecto y pidió que se mostrara el mensaje. La respuesta de Rajoy fue: “¿Esto me lo ha mandado el señor Bárcenas? No tengo la más remota idea”. “Efectivamente, no lo recuerda”, soltó la letrada con ironía y se volvió a llevar una reprimenda de la jueza Teresa Palacios.  

14 de marzo de 2013

Mariano Rajoy tampoco recuerda cómo acabó definitivamente su relación con el responsable de las finanzas del partido que, a la postre, provocaría su salida del Gobierno en la primera moción de censura triunfante de la democracia. A las 20:06 horas del 14 de marzo de 2013, Bárcenas dictó su propia sentencia: “Tú sabrás a lo que estáis jugando, yo dejo de tener cualquier compromiso contigo y con el partido”. Pese a la trascendencia de la advertencia, Rajoy se permitió decir en el juicio de Kitchen: “Este es un mensaje de hacer más de 13 años. Le puedo asegurar que ni me suena”.

La secretaria general, su marido y el comisario

Rajoy no recordó los mensajes incorporados a la causa y Cospedal negó grabaciones en las que ella misma aparece hablando por teléfono con Villarejo. De las que reconoció dio una versión que se enfrenta a la definición, por ejemplo, de la palabra “trabajo” que ofrece la Real Academia de la Lengua y que en ninguna de sus acepciones es sinónimo de “pregunta”. Cospedal declaró, con obligación de decir verdad, que ella no realizó “encargos” de trabajos a Villarejo: solo le formuló “preguntas”.

21 de julio de 2009. Villarejo y Cospedal se conocen

El empresario Ignacio López del Hierro ha explicado en el juicio de Kitchen que conoce al comisario Villarejo “desde hace más de 30 años” y que fue él quien le presentó a quien era en 2009 su esposa, María Dolores de Cospedal. Ella dijo el jueves que el empresario tenía interés en conocerla y que ella aceptó. Le vendría bien, según su versión, para preguntarle por las filtraciones del sumario de Gürtel que afectaban a su amiga Rita Barberá porque el policía “conocía a todos los periodistas”. Además, ella estaba preocupada por el espionaje que el PP estaba sufriendo “de alguien vinculado al Ministerio del Interior”.

La simple escucha de aquel encuentro, recogido por la grabadora de Villarejo, ofrece una versión distinta. Empezando por el final, el comisario se despide de Cospedal y de Ignacio López del Hierro después de que este último, mientras ella asiente, le proponga hacer “trabajos puntuales”. Cospedal aseguró el jueves que Villarejo era un policía que estaba en excedencia y que tenía empresas. Es falso. En 2009 se habían cumplido 16 años del regreso de Villarejo de la década que estuvo fuera del Cuerpo. “Yo le hice encargos. Solo preguntas. Son dos cosas distintas”, afirmó.

El policía estaba destinado en el corazón de la seguridad del Estado en ese momento y el PP vivía una de sus peores crisis con el estallido del caso Gürtel. Villarejo era, y sigue siendo, amigo íntimo del jefe de la UDEF entonces, José Luis Olivera. Y junto a él comenta en una grabación que, si no llega a ser por ellos, el caso habría alcanzado a la cúpula del partido.

6 de diciembre de 2012. “Cospe me envía a José L. Orti con 100 y promete 50 más el lunes. Quedo en informarla”

Uno de los testimonios más relevantes hasta la fecha del juicio de la operación Kitchen ha sido el de su investigador principal, el inspector jefe Gonzalo Fraga, de la Unidad de Asuntos Internos. En un pasaje de sus más de 12 horas de declaración, Fraga se refirió a las agendas incautadas al comisario Villarejo. Les dio total credibilidad y dejó esta frase: “El señor Villarejo no se engaña a sí mismo. Eran para consumo interno”.

En esas agendas se recoge uno de los episodios más graves de impunidad que atribuir al juez Manuel García Castellón, artífice de la exculpación de María Dolores de Cospedal. Hasta en ocho referencias comprendidas entre el 6 de diciembre de 2012 y el 6 de septiembre de 2014, Villarejo hace anotaciones sobre pagos ordenados por la secretaria general del Partido Popular al comisario y el método en el que, al menos parte de ellos, debe ser empleado para los mismos, a través de una empresa pública llamada Enresa.

El jueves, la abogada del PSOE, Gloria Pascual, preguntó a Cospedal por el asunto hasta donde le permitió la presidenta del tribunal, Teresa Palacios. “¿Le solicitó Villarejo pagos?”, formuló la abogada. “No”, contestó Cospedal. “No tenía por qué”, añadió. Si no tenía relaciones comerciales con el policía, continuó la letrada, “¿cómo interpreta que se dirija a José Luis Ortiz –jefe de gabinete de Cospedal– reclamando un pago pendiente?”, continúa Pascual. En ese momento, terció la jueza: “No conteste”.

En las agendas, Villarejo recogió el 6 de diciembre de 2012: “Cospe. Apoyo a tope en todo. Me enviaron a Jose L. Orti con 100 y promete 50 más el lunes. Quedo en informarla”. El 21 de junio de 2013: “Orti. Toque para hablar. Aviso de pago pendiente (...). Queda en comentarlo con la Cospe”. El 6 de noviembre de 2013: “Cospe. Muy preocupada con los 5 pagos de 200. Me pide por favor que le mantenga informada”. El 12 de junio de 2014: “Enresa. Fco. Gil (contacto de Cospe). Opción para abonar el pago pendiente”.

En aquel momento, el presidente de Enresa era Francisco Gil-Ortega, quien había sido vicepresidente del Parlamento de Castilla-La Mancha y alcalde de Ciudad Real. La inacción de la Justicia no ha permitido profundizar en los presuntos pagos y si estos respondían a los trabajos de Villarejo en la Operación Cataluña, a la Kitchen o a cualquier otra maniobra de la cloaca de Villarejo para el Partido Popular.

20 de enero de 2013. “Lo de la libretita sería mejor poderlo parar”

María Dolores de Cospedal aseguró ante el tribunal de Kitchen que ella no ha hablado nunca por teléfono con el comisario. Lo dijo pese a que en 2022 fue portada del diario El País su conversación telefónica con Cospedal en pleno estallido del caso de la caja B. El comisario grabó a la secretaria general del PP mientras hablaban de los rumores de las anotaciones manuscritas de Bárcenas sobre la contabilidad extraoficial del partido entonces en el Gobierno. Fue el 20 de enero de 2013, once días antes de que la publicación de los 'papeles de Bárcenas' pusieran del revés la política española.

En la grabación, Cospedal, quien asegura que nunca hizo encargos a Villarejo, le dice al comisario de las cloacas: “Lo de la libretita sería mejor poderlo parar”.

Cospedal también dijo en su declaración que en las “ocho o nueve” veces que vio a Villarejo los encuentros siempre fueron a propuesta del comisario. En una declaración posterior, también el jueves, su jefe de gabinete entonces, José Luis Ortiz, dijo que en alguna ocasión fue su jefa quien mandó llamar al policía.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado este sábado el apagón sufrido en España el pasado año, que ha vinculado a lo que ha calificado como “fanatismo climático que arruina a la población”, al tiempo que ha acusado al presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, de “continuar con su plan de arrancar olivos para instalar placas solares”.

En una atención a medios celebrada en Vélez-Málaga (Málaga), Abascal ha subrayado que “el fanatismo verde mata como mató en la dana de Valencia y como mató también a algunos de nuestros compatriotas en el apagón”. Asimismo, ha reiterado sus críticas a Moreno, a quien ha acusado de mantener esa estrategia energética, y ha añadido que, en su opinión, “parece que también está incómodo con los pactos de Vox con el Partido Popular en Aragón y Extremadura”.

Preguntado por los medios de comunicación, Abascal ha afirmado que “la prioridad nacional” tiene todavía un largo recorrido de cambios legislativos pero que no tiene “ninguna duda de que es un concepto basado en el sentido común y la justicia”. “Lo que no puede ser es que los españoles que están aquí viviendo desde hace tiempo, sus padres, sus abuelos, gente que ha cotizado, que ha trabajado y que ahora tiene dificultades, vean que los que acaban de llegar les pasan por encima”, ha apuntado.

En referencia a los altercados ocurridos en los actos de precampaña de Vox en ciudades como Granada el pasado 16 de abril Abascal ha recriminado a Moreno “por qué todavía no ha dicho ni una palabra de condena de estas agresiones e intimidaciones y la única respuesta que podemos darnos es porque él también quiere silenciarnos”. Al respecto, ha manifestado que espera que “tomen buena nota los andaluces de cuál es la posición de Moreno y nos den un gran respaldo para que tengamos la fuerza suficiente para influir en el próximo gobierno de la Junta Andalucía”, ha concluido Abascal.

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha reivindicado este sábado el papel histórico del partido en el 40 aniversario de su fundación, subrayando su contribución a “anticipar los grandes debates políticos”, como el ecologismo, el feminismo, la memoria histórica o los derechos LGTBI, al tiempo que ha defendido la necesidad de seguir haciendo “otra forma de hacer política” y conformar “un frente amplio” de izquierdas frente al auge del fascismo.

Durante su intervención en el acto conmemorativo por estos 40 años, en el que han estado presentes sus antecesores en el cargo, desde Cayo Lara, pasando por Gaspar Llamazares hasta Alberto Garzón, Maíllo ha destacado que “uno de los grandes patrimonios” de IU ha sido precisamente esa capacidad de adelantarse a su tiempo, abriendo camino en debates que con el tiempo han sido asumidos por el conjunto de la sociedad.

Además, ha puesto en valor la “perseverancia” de la organización en estas cuatro décadas, defendiendo una acción política “alejada del tacticismo” y centrada en objetivos a largo plazo sobre la base de que “tarde o temprano” sus propuestas van a ir abriéndose camino y se van a conseguir, aunque no cuenten de entrada con respaldo mayoritario.

En este punto, ha presumido de que si IU no hubiera estado en el Gobierno, “nadie” habría reconocido el Estado Palestino como lo reconoce España, y ha augurado de que también conseguirá que se reconozca la República Árabe Saharaui Democrática. Pero también ha reivindicado logros impulsados históricamente por IU, como la defensa de la sanidad pública universal o el reconocimiento de derechos sociales.

Maíllo ha destacado además el carácter “innovador” que ha definido a IU en estos 40 años, al configurarse como un movimiento político y social que trasciende a los partidos tradicionales e integra a activistas, sindicatos y ciudadanía no organizada, una idea que promulgó su primer coordinador federal, Gerardo Iglesias. Maíllo también ha reconocido al resto de sus predecesores y ha agradecido, en concreto, el impulso de Cayo Lara en la lucha contra la corrupción en un contexto político marcados por grandes escándalos, la capacidad de Gaspar Llamazares para reforzar el espacio político de IU y la voluntad de Alberto Garzón de articular alianzas dentro del espacio de la izquierda y su papel en la entrada del partido en el Gobierno.

Durante su alocución, el líder de IU ha hecho hincapié en la necesidad de impulsar “otra forma de hacer política”, basada en la “coherencia”, y en la construcción de una cultura política sustentada en valores como la solidaridad, la fraternidad y el compromiso social. Y hacerlo frente al auge de una extrema derecha y de formaciones que ya no representan una derecha “clásica”, como el PP, al que ha afeado que se haya sumado a la ola “reaccionaria, autoritaria o fascista” que arrasa en Estados Unidos“, lo que, en su opinión, supone ”una amenaza a las bases del sistema democrático y a los derechos conquistados“, en tanto que defienden políticas como la de la ”prioridad nacional“.

En este contexto, Maíllo ha defendido la necesidad de reforzar la unidad de la izquierda y construir un “frente amplio” con el fin de dar respuesta a los retos actuales, apelando a la responsabilidad compartida de las fuerzas progresistas para estar “a la altura del momento histórico”.

En este punto, ha reafirmado el compromiso de IU con la defensa de los derechos sociales, especialmente en ámbitos como la vivienda, “uno de los grandes desafíos de futuro”, y ha aprovechado para lanzar un mensaje a sus socios en el Gobierno. “Menos Forum Barcelona y más BOE en el consejo de ministros: más intervención del mercado y más vivienda pública. Hay que pasar del teatro a las musas”, ha enfatizado.

Enrique Santiago insiste en la urgencia de que España salga de una OTAN

También ha intervenido en este acto conmemorativo la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, para defender que la izquierda debe seguir siendo “útil” para transformar la realidad y no limitarse a la representación institucional, y apostar por una organización abierta, arraigada en los conflictos sociales y capaz de acoger a amplios sectores de la clase trabajadora.

De su lado, el secretario general del Partido Comunista de España y portavoz de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, ha puesto el acento en la unidad de la izquierda y del movimiento obrero como herramienta fundamental para avanzar en derechos, destacando también la defensa histórica de IU de la paz, el internacionalismo y las conquistas sociales, así como su papel en el actual Gobierno como garantía de políticas a favor de la clase trabajadora.

En declaraciones a los periodistas antes del comienzo del acto por el 40 aniversario de la fundación de IU, Santiago ha insistido en la urgencia de que España salga de la OTAN, una organización que, a su juicio, está “al servicio de Estados Unidos”, máxime cuando la Administración Trump es “el mayor factor de distorsión de la paz en el mundo”.

Isabel Pardo de Vera (Lugo, 1975) llega a la redacción de elDiario.es cargada con un portafolios en el que guarda un ordenador donde repasa toda la documentación con la que pretende defenderse de las acusaciones que la señalan como una de las facilitadoras de los desmanes producidos en el ministerio de Transportes en la época en la que lo gobernaban José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García, ambos en prisión preventiva.

El contrato a dedo de Jésica Rodríguez, entonces pareja del ministro, para un puesto en Ineco es una de las pruebas de cargo contra esta profesional gallega que sonó para todos los cargos y que ahora ha tenido que cambiar su vida de manera radical. Pardo de Vera asegura que no medió en la llegada de Jésica a la Administración, pero que sí lo hizo en su salida cuando tuvo que llamar al ministro, José Luis Ábalos, para comunicarle que no se la iba a renovar debido al conflicto de intereses existente. Así lo declaró la semana pasada ante los siete jueces del Supremo en el caso mascarillas. Otra causa que se investiga en la Audiencia Nacional mantiene imputada a Pardo de Vera por el supuesto amaño de contratos durante su etapa como presidenta de Adif.

El caso Ábalos la ha expulsado de la Administración, pero también del sector. Tras ser contratada por Florentino Pérez para ACS tuvo que abandonar su puesto para evitar un daño reputacional a la empresa que la acogió tras su salida del Ministerio. Ahora reside en Santiago, donde se emplea como profesora en prácticas de matemáticas en un pequeño colegio concertado del centro de la capital gallega. A su 'vía crucis' se suma el cáncer que le detectaron hace unos años y del que todavía se está recuperando.

¿Ábalos y Koldo le han arruinado la vida?

No creo que mi vida esté arruinada. Este periodo me ha causado un daño enorme, pero espero superarlo. Creo que lo merezco.

Se está usted reinventando como profesora de matemáticas...

Estoy de baja médica por prescripción de mi oncóloga. Durante la baja me he apartado del sector para hacer un máster universitario y ser profesora, ahora estoy haciendo las prácticas. Todo el mundo sabe cuándo empieza una imputación y nunca cuándo acaba un proceso judicial. Y yo necesito trabajar.

Tras su salida de la Administración pública, pasó un tiempo por ACS. ¿Perdió ese trabajo por el proceso judicial en el que está imputada?

Sí, claro. La salida tiene que ver, efectivamente, con la imputación. Primero, con Jésica y, luego, con la imputación en el caso del presunto amaño de obras. Que yo trabajase en el sector implicaría también un daño reputacional a cualquier empresa. Simplemente, es un pacto de no implicar a ninguna empresa en una pérdida reputacional. Es una cuestión de respeto al sector.

¿Nunca fue capaz de intuir que con Koldo y Ábalos algo estaba mal en el funcionamiento del Ministerio?

Lo único que pude intuir es que había una serie de faltas de respeto institucionales que a mí me provocaban muchas incomodidades y situaciones violentas que nada tenían que ver con irregularidades ni ilegalidades. Por supuesto que no. Si no, lo hubiese denunciado.

¿Vio personajes similares a Koldo García cuando trabajó en Adif durante el mandato del Partido Popular?

No, no había. Nunca me había relacionado con un personaje tan singular como Koldo. Yo estuve a cargo de cinco ministros diferentes y no tengo que opinar ni debatir sobre la personalidad o las personas de las que un ministro decide rodearse. Yo iba allí a hacer mi trabajo y a cumplir los objetivos como presidenta de Adif.

¿Soportó comentarios machistas y faltas de respeto por parte de Koldo García?

Tenga usted en cuenta que es un sector absolutamente machista y masculinizado. Yo soy profundamente feminista, llevo trabajando en este sector desde 2001 y, quiera o no, estos sesgos permanecen, han permanecido desde el principio en mi vida, manifestándose de una u otra forma. Yo podría escribir un libro sobre un montón de personajes menos burdos que don Koldo García y muchísimo más refinados a la vista de la sociedad, que son igual de machistas que él.

¿No tiene constancia de que haya facilitado la contratación de Jésica?

En absoluto. No es que no tenga constancia, es que no puedo porque no está en mis competencias favorecer la contratación en una empresa en la que no tengo ningún poder de contratación.

¿Se arrepiente de haber dado traslado de esa petición que le hacían desde el Ministerio a la directora general de Ineco?

A mí me han llegado cientos de currículums y lo único que he hecho siempre es dar traslado a quien tenía la competencia. No en el afán de ejercer una influencia, sino de un modo natural, por si tienen encaje, por si los pueden necesitar, etcétera. Yo no creo que eso sea un tráfico de influencias y menos en este caso donde yo ni siquiera tengo una competencia. Le di traslado a una empresa que nada tiene que ver conmigo.

¿Cuando usted se entera de que Jésica tiene una relación con el ministro le entró preocupación por haber circulado su currículum?

Creo que por mi condición de mujer fui la última en enterarme de que había habido una relación sentimental de esa señora con el ministro. Y eso coincide además con la época final, cuando iba a finalizar el contrato de esa señora en Ineco y actué en consecuencia. Creo que fui la única persona que actuó en consecuencia y me resultó muy violento teniendo que llamar al ministro.

¿Cómo fue esa llamada?

Tres meses antes de que finalizara el contrato, como con cualquier persona de Ineco, avisan. Había posibilidad de renovar o no. Entonces yo, ya sin intermediarios, decido hacer una llamada al ministro y abordar una situación bastante violenta para mí, también como mujer, y porque era el ministro. Le digo que dado que existía esa relación había un conflicto de interés. Le indico que no es posible darle continuidad y que no se va a renovar a alguien que ha mantenido una relación con él.

¿Y él lo asume?

Me dice: “Por supuesto, haz lo que consideres. Lo que tú creas estará bien”.

¿La causa de no renovar el contrato de Jésica era su relación sentimental con Ábalos?

Por supuesto, porque no había ninguna queja.

No iba a trabajar...

Eso nosotros no lo sabíamos. Nadie sabía eso, ni siquiera a efectos de Ineco.

¿Cuando usted conoce la relación sentimental entre el ministro y Jessica es cuando decide no renovar el contrato porque hay un conflicto de intereses?

Cuando yo me entero de eso es cuando yo llamo al ministro y se decide que no se renueva. Evidentemente la ética no permite esa conducta.

Usted dice que no influyó en la contratación de Jessica y, sin embargo, sí que influyó en la no renovación de Jésica...

Efectivamente.

¿Y eso no es una contradicción que el tribunal a lo mejor no acaba de entender muy bien?

Bueno, yo creo que para eso se celebran los juicios y para eso existe el Estado de Derecho, para que todos tengamos la oportunidad de explicarnos.

¿A quién era más difícil decirle que 'no', a Ábalos o a Koldo?

Es que Ábalos nunca me pidió nada, jamás.

¿Y Koldo?

Pues sí, me pidió que estudiase las reclamaciones de unas empresas.

¿Y usted entendía que se lo pedía en nombre del ministro o no?

Siempre lo entendí así. Con Koldo siempre tuve una buena relación, quizás fui excesivamente afable, pero también porque yo tenía que tener acceso al ministro, conseguir llegar a él para cumplir con el plan estratégico de Adif, que era lo que a mí más me importaba.

Dice que en aquel momento usted entendía que Koldo le pedía las cosas que le pedía en nombre del ministro. ¿A día de hoy, con lo que ha aflorado en el juicio, con la nueva información que tiene y lo que usted sabe, sigue pensando lo mismo?

No lo tengo tan claro.

¿Sospechó en algún momento que detrás de ese interés por algunas empresas podía estar el cobro de comisiones ilegales?

Jamás. Nunca. Sobre todo por el tamaño de las empresas. Eran empresas muy pequeñas, normalmente ligadas a la Comunidad Valenciana, que yo no conocía prácticamente porque eran de poca entidad. Claro, a mí me hubiese llamado mucho la atención que me hubiesen pedido por una empresa como Acciona, que ahora está saliendo. Yo diría, pero ¿de qué va una empresa cotizada en el Ibex a ir a hablar con Koldo para pedir algo a Adif?

Tampoco Acciona era la principal adjudicataria de Adif...

No, no, eso se puede comprobar en las curvas de adjudicaciones. Creo en el equilibrio y creo que los procedimientos de Adif son ejemplares. Aquellas eran empresas pequeñas que yo entendía que iban a pedir, que tampoco se sabían mover muy bien o no se sabían muy bien los procedimientos y, a lo mejor, iban a Koldo, que se prestaba mucho a recibir, a actuar...

¿Y pincharon en hueso?

En Adif, pincharon en hueso.

Ha declarado que se encontró unas diez veces con el dueño de Levantina en la sede del Ministerio. ¿Eso no le hizo sospechar de nuevo?

Una vez el ministro me dijo que [ese empresario] era una persona que lo conocía de Valencia y que estaba atravesando un mal momento y era una persona que siempre iba como alma en pena por el Ministerio. Luego decía presentaba un prototipo para afinar el carril. Se quejaba de que le estaba tratando mal Adif y, bueno, pues lo único que hice fue mirar si estaba tratándole mal Adif. Pedí al equipo que lo mirase.

¿Ni siquiera sospechó con Víctor Aldama, que también se encontraba muchas veces en el Ministerio?

Yo le pregunté varias veces al ministro que quién era. Yo no sabía que se llamaba Aldama. A mí me lo presentaron como Gonzalo, Víctor y supe que había celebrado el 60 cumpleaños del ministro en un restaurante que se llamaba Cuatro Torres, que estaba en Castellana. Pensé que era una persona de confianza o bien del partido. Yo siempre pensé que sería amigo, pero siempre le dije al ministro que aunque fuesen amigos, que los amigos no pueden estar en un área privada, en un área noble del Ministerio, porque eso nunca se dio.

¿Cuál fue la respuesta del ministro cuando le dijo eso?

Que “por supuesto”, que este Koldo “hacía unas cosas” y que ya hablaría con él. Fue la última vez que volví a ver Aldama. En el último año, Aldama deja de aparecer, al menos cuando yo estoy. A mí me ha dicho gente que él seguía apareciendo por allí. Puedo comprender que al señor Aldama eso no le haya sentado bien, que le hayan dicho que no apareciese cuando yo estaba por allí. No lo sé.

Ha declarado que solo lo han intentado corromper una vez durante estos tres años con Ábalos y con Koldo...

Sí, pero no en esta etapa. El primer año que entré en Ineco, me llamaron para hacer la dirección de obra de unos tramos. Las obras estaban paradas y había unos problemas serios en las obras. Vinieron los contratistas de esas obras. Yo era bastante joven. Era el año 2007. Se presentó el dueño de esa empresa. Me preguntó si me iba a ir de vacaciones. Me dijo “bueno, pues ya busco yo el mejor hotel, ya busco yo los viajes. ¿Dime dónde te quieres alojar?”. Le eché del despacho y le dije que no volviese, que buscase otro interlocutor para tratar los temas de la obra.

El respeto institucional es una máxima de la Administración pública. La corrupción en el sistema público implica el deterioro total de las instituciones. ¿Cómo una persona que admite dádivas de cualquier tipo de un proveedor puede después exigirle al proveedor, mirándole a la cara, que haga bien una obra o imponerle penalizaciones, etcétera?

¿Es posible que una constructora haya pagado a alguna persona porque se le ha adjudicado una obra sin que haya sido por la influencia de quien cobra la comisión?

Eso puede haber ocurrido. Lo que tengo claro es que, si se demuestra que se han cobrado comisiones por encima de Adif, es porque alguien ha verificado que ha ejercido un tráfico de influencias que es mentira.

¿Sin influir?

Sin influir absolutamente nada, porque los procesos están blindados, por lo menos en Adif.

Cuando a usted la nombran secretaria de Estado en el Ministerio, destituye al director general de Carreteras, que también está imputado por el supuesto amaño de obras. ¿Por qué lo hizo?

Primero porque no tiene nada que ver con mi estilo de gobernanza. Mi estilo es una gobernanza abierta de puertas abiertas, de oxigenación, de toma de decisiones en conjunto, de debate constante, de crítica constante al liderazgo.

¿Cuando llegó a la Secretaría de Estado cambió el modelo de hacer las cosas en esa dirección general?

Sí, en lo que me dio tiempo. Hay que tener en cuenta que a mí, nada más llegar, se me detecta un cáncer y me tengo que someter a una quimioterapia muy fuerte después de la operación, con lo cual tengo el reproche y el sentido de la responsabilidad de que debería haber hecho las cosas mucho más rápido, pero lo hice en la medida que fue posible.

Nos ha contado que era muy complicado amañar una obra por todos los controles que había en Adif, pero en la Dirección General de Carreteras del Ministerio, ¿era más sencillo, había menos controles y barreras?

La Dirección General de Carreteras digamos que todavía no había sufrido una transformación tan grande de la que llevábamos haciendo desde el año 2016 en Adif.

¿Cuando usted cesa a ese director general se encuentra con el reproche de dirigentes socialistas que la llaman para pedirle explicaciones?

Yo lo que le encargo al nuevo director general es que siga con la misión que le he encomendado, que es renovar absolutamente todas las direcciones territoriales.

¿Santos Cerdán le reprochó directamente esos cambios?

Creo que consta en el expediente que me dice: “Habéis cesado al director general de Carreteras” y creo que mi contestación, y consta en el WhatsApp, es: “Sí, consensuado con Moncloa”.

¿Qué encerraba la pregunta de Santos Cerdán?

No lo sé. Yo sé que, efectivamente, el director general de Carreteras hablaba constantemente de su gran amistad con Santos.

Además de los responsables de las empresas que visitaban su Ministerio, ¿aparecían cargos o excargos políticos que se interesaban o hacían parecer que mediaban en algún tipo de trato?

Sí, ha habido excargos políticos ya de tiempo atrás que a veces acompañaban a empresarios en reuniones. Fue una cosa que yo nunca entendí. A lo mejor vendían que esa visita había sido conseguida por ese excargo y realmente conmigo nunca ha pasado eso, porque todas las visitas han sido conseguidas porque había un problema.

¿Nos diría nombres de algunas de estas personas que han aparecido acompañando a empresarios? Y cuando eso sucedía, ¿usted cómo se dirigía a los políticos que se sentaban al lado de los empresarios con los que tenía que tratar cuestiones técnicas?

Preferiría no decir nombres porque seguro que si digo uno se me olvida otro que sería exactamente igual. No son personas con las que me lleve mal y tampoco sé ni cuánto han cobrado ni si uno ha cobrado más o menos, o a lo mejor lo hacían porque eran amigos. Yo no lo sé. Y segundo, yo lo que hacía es hablar con la empresa o hacer un aparte y siempre decirle “sinceramente, conociendo cómo me conocéis, por favor, la próxima vez venid con las personas de vuestra empresa que conozcan el tema, porque vamos a avanzar mucho más y no hacer aquí una relación de cafetillo corto que no vale para nada”.

¿Entendió usted que en algún momento Santos Cerdán pudiera tener intereses económicos, no políticos, sobre esas obras sobre las que preguntaba?

En absoluto. Nunca jamás. No, no, no, no.

¿Qué pensó cuando Pedro Sánchez destituyó a Ábalos como ministro de Transportes?

Pensé que en los últimos meses estaba un poco ausente, digamos. Era muy difícil despachar con él. Y no sé si a lo mejor estaba también ausente en Ferraz, con lo cual yo interpreté que a lo mejor hacía un poco de dejación de funciones. Yo viajaba bastante con él cuando teníamos que hacer presencia territorial. Lo notaba muy cansado, nada más. Yo tenía muy buena relación con el ministro y le tenía un enorme respeto.

Su nombre sonaba con alta proyección, que si una cartera ministerial, que si candidata en las elecciones gallegas. ¿Le pudo a usted la ambición para no ver las cosas que estaban pasando, los empresarios por los pasillos del Ministerio...?

Yo no concibo la ambición. Es decir, no concibo el poder si no sirve para transformar algo. Estar en lo público no es para enriquecerse, eso lo sabemos todos. En ningún momento creo que me haya superado la ambición, todo lo contrario. Creo que nos hemos aguantado muchas veces para sacar adelante un proyecto, a pesar de que bastantes veces nos han vapuleado y nos han dado muchas veces incluso en nuestro honor. Creo que el proyecto merecía la pena.

Junts vuelve a hacer aspavientos para recordar que su relación con el Gobierno sigue rota. El miércoles pasado, el partido que lidera Carles Puigdemont elevó su presión sobre el Ejecutivo exigiendo al presidente Pedro Sánchez que convoque elecciones generales y cruzando, por primera vez esta legislatura, esa línea. Con su movimiento, Junts se aleja aún más de la Moncloa. Pero lo cierto es que, después de que los independentistas anunciaran a bombo y platillo hace medio año su ruptura con Sánchez, el órdago no tendrá ninguna traducción concreta en la relación de Junts con el Gobierno. Eso sí: sirve a los de Puigdemont para preparar el terreno de cara a una semana parlamentaria que se prevé complicada para ellos.

Fue la portavoz independentista en el Congreso, Míriam Nogueras, quien pidió a Sánchez convocar elecciones con argumentos muy similares a los que lleva planteando desde el inicio de la legislatura el PP. “Llevan demasiado tiempo ocupando el poder sin una mayoría, incumplen acuerdos” y “aprueban políticas de espaldas a este parlamento”, espetó Nogueras, que afirmó que “la guinda del pastel son los casos de corrupción” que “rodean” al presidente. Fuentes de Junts ahondan en esta argumentación y aseguran que el presidente carece de “fuerza política” al no contar con una mayoría estable en la Cámara Baja que sustente sus políticas.

No obstante, los de Puigdemont descartan taxativamente la posibilidad de secundar una moción de censura que, junto a PP y Vox, serviría para sacar de la Moncloa a Sánchez y para hacer presidente a Alberto Núñez Feijóo. “Si no hemos regalado ningún voto al PSOE a cambio de nada, tampoco vamos a hacerlo con el PP”, argumentan las fuentes consultadas. Y, por ello, la Moncloa se muestra muy tranquila, quita hierro al órdago de Junts y asegura que su relación con los independentistas no va a empeorar, fundamentalmente porque los puentes estaban ya muy dañados desde que el pasado noviembre Puigdemont escenificó su ruptura con Sánchez.

Lo cierto es que Junts no tiene en su mano ni forzar la convocatoria electoral ni golpear legislativamente al Gobierno más de lo que ya lo está haciendo. En los últimos meses, los de Puigdemont han propinado varios varapalos parlamentarios al Ejecutivo, el último esta misma semana, cuando sumaron fuerzas con PP y Vox para iniciar el debate de una ley que aceleraría los desahucios de familias vulnerables y derogaría el mecanismo que permite establecer topes a los precios del alquiler. Desde el pasado noviembre, asimismo, Junts ha tumbado (por dos veces) el techo de gasto propuesto por el Gobierno como paso previo a los Presupuestos Generales del Estado, ha derribado el decreto de escudo social por incluir la prohibición de desahuciar a inquilinos con bajos ingresos y ha impedido que el Ejecutivo tenga en su mano prohibir en situaciones de emergencia las subidas bruscas de precio de algunos productos o servicios.

Sin embargo, aunque la decisión de Junts de escenificar un nuevo choque con el Gobierno no va a tener ninguna traducción a hechos concretos, al menos a corto plazo, sí puede servir para que los independentistas se intenten sacudir la presión de cara, especialmente, al próximo martes. Ese día, el Congreso debatirá y votará tanto la toma en consideración de la ley que crearía el Consorcio de Inversiones Gobierno-Generalitat como, sobre todo, el decreto de vivienda aprobado hace un mes, que contiene medidas como la prórroga al mismo precio de los alquileres que venzan en 2026 y 2027. Los de Puigdemont han jugado al despiste y no han querido aclarar el sentido de su voto respecto al Consorcio, pero ya han anunciado su rechazo al paquete de medidas de vivienda. 

Ese ‘no’ se debe, fundamentalmente, a motivos ideológicos. Pero Junts lo ha tenido más fácil para venderlo a su electorado después de que la líder de Sumar, la vicepresidenta Yolanda Díaz, calificara como “racista” y “clasista” su proyecto político la semana pasada, unas declaraciones de las que Díaz no se ha retractado y que no sentaron demasiado bien en su propio partido porque torpedearon la negociación del decreto de vivienda con los independentistas, que ya era muy compleja. Puigdemont respondió a esas palabras con un crítico mensaje en sus redes sociales en el que acusó a la vicepresidenta de “bajeza moral” y afirmó que no conoce ni al “votante” ni al “militante” de Junts. “Buen viento, la próxima vez que pida al PP los votos para ser vicepresidenta”, le espetó.

No obstante, hasta un 74% de los ciudadanos apoyan la prórroga de los alquileres, y quienes rechazan la medida son minoría entre los votantes de todos los partidos, también los de derechas. Y ese dato, que en la última semana han recordado con insistencia las formaciones progresistas y, particularmente, Sumar, mantiene la presión sobre Junts. Una presión que no se ha disipado pese al enfado de Puigdemont con Díaz y también a pesar de que la portavoz Nogueras, asegurase hace unos días que las medidas de vivienda aprobadas por el Gobierno “están muy mal hechas” y cuentan “con muy poco rigor”.

El Consorcio y la inmigración

Aunque en menor medida, la toma en consideración de la proposición de ley de ERC para poner en marcha el Consorcio de Inversiones entre Gobierno central y Generalitat tampoco es una votación especialmente cómoda para Junts. Esa iniciativa es una de las que acordaron los republicanos con el PSC hace dos años para hacer president a Salvador Illa, y busca crear un órgano que se encargue gestionar las grandes obras y proyectos del Estado en Catalunya para acabar con el déficit de ejecución presupuestaria. Junts ha asegurado que este órgano se queda corto y es “innecesario”, y ha exigido que el dinero presupuestado que no se acabe ejecutando se transfiera directamente a la Generalitat al finalizar cada ejercicio. 

También es cierto, no obstante, que esta votación enfrenta a los de Puigdemont a un dilema incómodo. Posicionarse en contra de la iniciativa supondría torpedear una propuesta que busca dar más poder a la Generalitat para acelerar las inversiones estatales en Catalunya, una de las exigencias habituales de Junts. Pero apoyarla permitiría a ERC apuntarse un importante tanto y allanaría el camino al entendimiento entre los de Oriol Junqueras y el PSC para sacar adelante los Presupuestos autonómicos, que Illa se vio obligado a retirar hace unas semanas para dar más tiempo a la negociación.

A todo ello se suman las últimas decisiones tomadas por el Gobierno en materia migratoria, que no han contribuido a mejorar la relación con un Junts que lleva tiempo endureciendo su discurso en esta materia a causa del acelerado crecimiento que ha experimentado la formación ultraderechista Aliança Catalana, de carácter marcadamente xenófobo. La apertura del proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes no ha tenido que pasar por el Congreso para ser aprobada, pero Nogueras se mostró muy crítica con ella el miércoles pasado, cuando acusó a Sánchez de haberla “impuesto” por “la puerta de atrás”, pese a que el procedimiento ha sido perfectamente legal. “España invita, pero lo pagan y lo sufren, como siempre, los ciudadanos de Catalunya”, espetó.

Esa crítica no es una excepción, sino la última muestra de un viraje que, en los últimos tiempos, también se ha evidenciado en otros movimientos, como la decisión de Junts de presentar una veintena de preguntas al Gobierno por alojar “en un hotel” a 30 migrantes en Figueres (Girona). Hace un par de semanas, el diputado posconvergente Josep María Cervera exigió saber “desde qué punto del Estado español se ha trasladado” a los 30 demandantes de asilo, “quién ha tomado la decisión”, por qué se ha elegido Figueres como el municipio en el que debía realojarse a estas personas o “cuánto dinero se destina diariamente a cubrir las necesidades de estas personas”, así como si ese coste “es asumido directamente por el Gobierno español o se canaliza a través de entidades colaboradoras”.

El 5 de diciembre de 2025, Arturo Villarroya, mano derecha y asesor del todopoderoso eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, soltó una bomba en redes sociales. Dejaba Revuelta, la organización juvenil alentada por el partido de Santiago Abascal, y denunciaba además que esta entidad se había quedado fondos recabados para la dana, una acusación que llevó a la Fiscalía por “presuntas irregularidades graves, posible estafa en el destino de fondos y en el cobro de cuotas de afiliación sin derechos asociados”. Esa denuncia se ha archivado esta semana.

Que alguien tan cercano a la directiva del partido ultra hiciera este ejercicio de exhibicionismo de una corrupción tan grave en un satélite de Vox solo tenía una explicación, según varias fuentes críticas consultadas. Era lo que en periodismo y política se llama una explosión controlada: antes de que salte el tema, lo sacas tú para poner el marco de debate y mostrar que eres el delator y no el corruptor o el corrupto. Casi de manera simultánea, el partido se alineaba con lo expuesto por Villarroya y daba un paso inusual en una formación conocida por la opacidad en sus gastos e ingresos: anunciaba una denuncia ante un organismo estatal para que se aclararan las cuentas de Revuelta, a la que habían ayudado a nacer y a crecer.

“Hicieron una denuncia política”, entiende Pablo González Gasca, secretario general de la organización juvenil que, tras las acusaciones y la crisis pública, se ha escindido del partido. Asegura a elDiario.es que han tenido bajas de “afiliados o gente de la Gaceta de la Iberosfera, o gente que depende del partido que se dio de baja porque ha habido purgas, pero hay otros 300 o 400 afiliados nuevos”. Dice que recaban unos 4.000 euros mensuales, “por poner una cifra”. También afirma que desde el partido de Abascal se han vigilado redes sociales para ver quién se alinea o no con la organización juvenil.

Revuelta acaba de celebrar que la denuncia que puso Villarroya en Fiscalía ha sido archivada: “Más allá del ataque directo a nuestra organización, lamentamos profundamente el daño causado a la confianza de los españoles en futuras campañas solidarias. Estas actuaciones han generado un perjuicio moral innecesario, especialmente doloroso para las víctimas de la DANA, que pudieron sentirse humilladas y traicionadas. Nosotros seguimos estando dispuestos a todo, pero necesitamos tu ayuda. Por todas estas acciones y muchas más… ¡apoya a La Revuelta!”, dicen a sus socios por correo.

En otras comunicaciones, cuentan logros y campañas para seguir recabando dinero. Por ejemplo: “Acudimos al pueblo de la terrorista Anboto para denunciar su liberación, así como para pedir el izado de la bandera nacional en el ayuntamiento. También estuvimos en Barcelona y en varios municipios de la provincia para denunciar la islamización de Cataluña. Participamos en el primer congreso de remigración celebrado en España y acudimos a la manifestación europea por la deportación en Bélgica, donde establecimos lazos con numerosos amigos de toda Europa”. Más abajo, el link para donar o hacerse socio.

Casi todas las comunicaciones son contrarias a la inmigración, en favor de la “remigración” (es decir, que vuelvan a sus países) o “frente a ETA”, una banda terrorista disuelta hace más de una década.

Aunque sobre ella no hay ahora mismo ningún proceso judicial, el funcionamiento de Revuelta ha sido siempre confuso, algo de lo que Buxadé se lamenta en unos audios que salieron a la luz tras la crisis reputacional y que muestran que en Vox eran conscientes. A raíz de estas revelaciones, Vox abrió expediente a González Gasca, a quien ha acabado expulsando del partido.

Revuelta nació el 28 de septiembre de 2023 con un tuit: “Estad atentos. Muy pronto tendréis novedades #Revuelta”. El post tenía cinco me gusta. Algo más de un mes después, organizaba protestas a las puertas de las sedes del PSOE en toda España y arrastraba a cientos de jóvenes a escraches o protestas universitarias o a la plaza de Colón contra el Gobierno. Es una simple marca, porque lo que hay detrás en realidad es una asociación privada llamada Asoma y creada para defender los intereses de personas mayores, según los estatutos, a los que ha tenido acceso elDiario.es: “Sabíamos que se tardaba tres meses en crear una asociación y nos dejaron utilizar esa, es un parapeto legal que entiendo que no es muy extraño. Aun así lo cambiaremos para que no cause extrañeza”, dice Gonzaléz Gasca. Los mails que piden fondos llegan indistintamente desde esas dos marcas, aunque los donativos sí van a Asoma, que es la estructura legal que puede gestionar dinero. Las asociaciones son entidades poco obligadas a la transparencia puesto que son privadas.

Tras las acusaciones a Revuelta y la publicación de los audios en los que se infiere que Vox estaba preocupado por posibles irregularidades, la organización juvenil achaca el conflicto a que les pidieron que se integraran en Vox, para que tomara el control la directiva de Abascal, y ellos lo rechazaron.

También ponen en duda cómo circula el dinero desde el partido Vox hasta otras empresas u organizaciones. “Nos pidieron el listado de proveedores, justo ellos”, dice el secretario general de Revuelta. El listado de proveedores es precisamente una de las peticiones que han hecho los críticos a Abascal: que publique a qué empresas está contratando y cuánto le paga a su gurú Kiko Méndez Monasterio. González Gasca también señala que se están financiando becas a estudiantes con dinero que no está claro de donde viene o que podría venir del propio partido, es decir, fondos públicos y cuotas de militantes. “A mí mismo me financiaron”, cuenta. elDiario.es ha podido constatar en las cuentas de la Fundación Disenso –el think tank de Vox que vive íntegramente del dinero que le manda el partido– que en 2023 preveía destinar medio millón de euros para becar alumnos. Dos becas eran para el ISSEP (otra fundación del entorno de Vox vinculada a la sobrina de Marine Le Pen) y 11 eran del Programa Jóvenes Líderes de la Iberosfera.

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El partido Vox no ha contestado a ninguna de las preguntas de elDiario.es.

Puedes hacernos llegar documentación o datos confidenciales a la redacción en el correo pistas@eldiario.es

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defiende que se limitó a poner de relieve un “hecho objetivo” en sus últimas declaraciones públicas sobre el juez Juan Carlos Peinado a raíz de la decisión de sentar en el banquillo a Begoña Gómez. Así consta en una carta remitida por el ministro a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que le acusó a través de otra misiva de ejercer un “señalamiento personal” con el magistrado y calificó de “inadmisible” sus palabras.

Tras trascender el auto por el que Peinado pretende llevar a juicio a la esposa de Pedro Sánchez por cuatro delitos carentes, por ahora, de base probatoria, Bolaños aseguró que esa causa “avergüenza” a muchos ciudadanos y a jueces y fiscales. “Ha hecho un daño irreparable”, apuntó. Y añadió: “Mi confianza es que un tribunal superior e independiente revocará estas decisiones y tomará medidas ajustadas a derecho”. 

“Claro que se puede opinar sobre resoluciones judiciales. Eso es la democracia. El ministro de Justicia no tiene limitado su derecho fundamental a la libertad de expresión. Al revés, si cabe, tendrá una preocupación mayor y una opinión, si cabe, más cualificada, porque conoce la materia. Y les aseguro que es muy compartida por una amplísima parte de la sociedad española y por una muy buena parte también de la carrera judicial, que está preocupada por cómo algunas decisiones judiciales pueden afectar al buen nombre de la justicia”, añadió un día después, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 

E insistió en que lo que esperaba el Ejecutivo era que instancias superiores corrijan la deriva de Peinado: “Quiero manifestar mi confianza absoluta en la justicia, en los tribunales superiores, que de hecho en la práctica ya han dado multitud de resoluciones judiciales en este procedimiento y han revocado parcialmente muchas otras que no eran ajustadas a derecho, que eran contrarias a nuestro ordenamiento”.

En su carta, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el ministro defiende que con esas palabras se limitó a poner de relieve “un hecho objetivo y extraordinario”. Y afirma que alrededor de una quincena de resoluciones dictadas por este magistrado en el procedimiento contra Begoña Gómez han sido anuladas parcial o totalmente por la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo, que frenó el intento del juez de implicarle a él mismo en la causa. No obstante, la Audiencia Provincial también ha avalado otras de sus decisiones, como la investigación por malversación por las funciones de la asistente que lleva la agenda de Begoña Gómez. 

Además, en la carta el ministro recuerda que el Consejo General del Poder Judicial tiene pendiente resolver denuncias y quejas que afectan a Peinado. “Esta circunstancia no puede calificarse de habitual, muy al contrario, es muy anormal. Estoy plenamente convencido de que ninguno de los más de 900 jueces/zas y magistrados/as miembros de la asociación judicial Francisco de Vitoria ha dirigido una instrucción en la que se haya producido algo parecido. Subrayar esto no implica descalificación personal alguna, sino realizar una valoración de una realidad incuestionablemente excepcional”, defiende en su carta.

Finalmente, Bolaños afirma que la independencia judicial en España está “absolutamente garantizada”. Y recuerda que los propios jueces españoles puntúan su independencia personal con un 9,2 sobre 10, según una encuesta realizada por la Red Europea de Consejos del Poder Judicial. “Obviamente, esta independencia judicial y la separación de poderes en nuestro país no se ven ni mínimamente afectadas por cualquier declaración pública”, añade el ministro, que concluye reiterando su respeto por la función jurisdiccional y su disposición a mantener un diálogo institucional “leal y constructivo”. 

En su misiva, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que se define como independiente, argumentaba que si bien es legítimo que el Gobierno discrepe de las resoluciones judiciales, el ministro de Justicia tiene un deber especial de “prudencia, contención y respeto” hacia otro poder del Estado. Y consideraba que Bolaños vulneró este deber al ampararse en la libertad de expresión para lanzar lo que consideran “ataques personales”. También le instaban a poner fin a lo que definen como una “dinámica de confrontación”. 

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy respondió el pasado jueves en el juicio de Kitchen a las preguntas sobre los mensajes que se intercambió con Luis Bárcenas en 2012 y 2013, durante la instrucción del caso Gürtel y tras el estallido de la caja B del PP. Lo hizo de dos formas: dijo que no recordaba algunos mensajes e incluso negó haber enviado uno de ellos, pese a estar acreditado en la causa judicial. Sus respuestas son distintas, incluso opuestas, a las que ofreció en 2017, también en la Audiencia Nacional, durante el primer gran juicio del caso Gürtel, la trama de mordidas y comisiones alrededor del Partido Popular en las comunidades autonómas de Madrid y Valencia

26 de julio de 2017. Rajoy se enfrenta a uno de los episodios más relevantes de su mandato como presidente del Gobierno. Declara como testigo en el caso de corrupción que a la postre motivará su salida del Palacio de La Moncloa. Responde desde el estrado por estar en ejercicio del cargo, según había acordado previamente el tribunal. El abogado de una de las acusaciones le pregunta por los mensajes que se intercambió con el extesorero de su partido. Rajoy reconoce los mensajes que envió, los comenta y concluye que no significa que él interviniera en ningún procedimiento judicial a favor del antiguo cargo del PP.

El 23 de febrero de 2012, el extesorero del PP escribió a Rajoy y este le respondió tres días más tarde: “Luis, nada es fácil. Hacemos lo que podemos”. El pasado jueves, en el juicio por la operación parapolicial para sabotear el caso de la caja B, Rajoy afirmó: “No tengo ni idea de lo que es eso”. “¿Ese mensaje lo manda usted?”, le preguntó el letrado Jaime Montero, de Podemos. “No”, contestó Rajoy.

En julio de 2017, Rajoy había dado una versión contraria. Admitió haber mandado el mensaje y ofreció su versión sobre él. “No tiene ningún significado ninguno”, dijo en primer lugar. Y luego añadió: “Hacemos lo que podemos significa lo que exactamente significa hacemos lo que podemos (...) Significa que no hicimos nada que pudiera perjudicar a ningún proceso”.

En el juicio de Gürtel, el abogado del Partido Socialista de Madrid, Wilfredo Jurado, preguntó a Rajoy también por el mensaje de “Luis, sé fuerte”. Fue enviado el 18 de enero de 2013. Solo dos días antes de ese mensaje había llegado a España comisión rogatoria de Suiza acreditando que Bárcenas tenía 22 millones de euros escondidos en el Dresdner Bank. En el juicio, Rajoy trasladó que el botín del tesorero supuso un antes y un después en su relación. Algo totalmente contradictorio con los mensajes que se intercambian aquel 18 de enero. Esa mañana, El Mundo ha publicado que Bárcenas repartía sobres de entre 5.000 y 15.000 euros mensuales entre los dirigentes del partido. Y que ese dinero procedía de donaciones de empresarios.

Bárcenas escribe a Rajoy para pedirle que el partido salga a desmentir “la filtración de Cospedal a El Mundo”. Esa relación tan fría entre ellos no era compartida, al menos entonces por el tesorero, que traslada a Rajoy: “Sabes que te estoy agradecido por el apoyo que personalmente siempre me has dado”. El presidente responde: “Luis. Lo entiendo. Sé fuerte. Mañana te llamaré. Un abrazo”. Rajoy dijo el jueves que este es el único SMS con Bárcenas que recuerda, pero por la única razón de que “a lo largo de los últimos quince años se ha publicado casi todos días”.

Cuando fue preguntado por ese mensaje en el juicio de Gürtel, en 2017, Rajoy respondió: “Ya lo he dicho en numerosas ocasiones. Uno no siempre acierta en la vida. Uno manda muchos mensajes en la vida, pero no hice absolutamente nada. Hasta tal punto que no le llamé”.

En 2021, durante el juicio de la caja B del PP, una pieza separada de Gürtel, Rajoy ya no recordaba “ninguno de los mensajes” con Bárcenas, a excepción de aquel en el que escribió “Luis, sé fuerte”. Inauguró el guion del pasado jueves. Los juicios de esta semana y el de 2021, los de la desmemoria, se diferencian del de Gürtel, en 2017, en que entonces Rajoy era presidente del Gobierno.

El Tribunal Supremo (TS) ha decidido este viernes abrir una causa al diputado de Sumar en Comú Podem Félix Alonso Cantorné por un presunto delito de prevaricación administrativa cuando era alcalde de Altafulla (Tarragona).

Según un auto, recogido por Europa Press, la Sala de lo Penal lo hace por la presunta adjudicación directa de contratos a dos empresas durante su etapa como primer edil entre 2011 y 2019.

El Supremo, que designa instructor al magistrado Vicente Magro, basa su decisión en el criterio de la Fiscalía y en la exposición razonada enviada por un juzgado de El Vendrell.

Y recoge que la investigación gira en torno a la contratación llevada a cabo por el consistorio del que era alcalde Cantorné --ahora aforado-- con empresas sin sujetarse, presuntamente, a la normativa debida.

La actriz Elisa Mouliaá no ha acudido a declarar ante el juez Arturo Zamarriego. Estaba citada este viernes en los juzgados de Plaza de Castilla para comparecer en calidad de querellada después de que el exdiputado de Sumar Íñigo Errejón la denunciara por un delito de calumnias. Le acusa de haber sostenido que el político había extorsionado a dos testigos en el marco de la causa que se sigue en otro juzgado por la presunta agresión sexual a la intérprete.

Fuentes jurídicas, consultadas por elDiario.es, indican que la nueva letrada de la actriz presentó hace tres días un escrito en el que solicitaba el archivo de la querella y que se anulara la declaración de este viernes. Pero el juez, por providencia, avisó de que no suspendería la declaración. Y la respuesta de la actriz fue recurrir en reforma esa decisión y presentar una baja médica por ansiedad.

Con esta premisa, el juez ha tomado este viernes declaración a Errejón, que se ha ratificado en su denuncia y ha recalcado que fue el testigo el que se puso en contacto con él al conocer, en octubre de 2024, la denuncia de Mouliaá. Según lo que ha trascendido de su comparecencia, el que fuera uno de los fundadores de Podemos ha explicado que esa persona, organizadora de la fiesta a la que acudió en compañía de la intérprete, le contactó para manifestarle que el relato que sostenía Mouliaá era mentira y que quería contar la verdad.

Tras esta declaración del político, el magistrado ha ofrecido a la representación legal de Mouliaá la posibilidad de que la actriz se conectara por videoconferencia, pero ante la negativa de la letrada, alegando que está de baja por ansiedad, ha acordado que enviará a su domicilio un médico forense en los próximos días para que la examine.

Por su parte, el testigo, anfitrión de la fiesta a la que acudieron Errejón y Mouliaá, ha declarado este viernes, según las fuentes jurídicas consultadas, que todo lo que contó en su declaración en instrucción en la causa de la agresión sexual lo hizo a iniciativa propia, plenamente libre.

“Más pronto que tarde”

Cabe recordar que el pasado 27 de marzo Zamarriego decidió posponer las declaraciones de Errejón y Mouliaá debido a que recibió documentación médica de última hora que justificaba la incomparecencia del anterior letrado de ella en este asunto, Alfredo Arrién. Ante tal circunstancia suspendió y les citó para este 24 de abril, con el apercibimiento de que tenían tres días para notificarle posibles problemas de agenda.

Hoy, tanto a la entrada como a la salida de los juzgados, Errejón ha indicado a los medios que era la segunda vez que se personaba por el mismo motivo y se ha mostrado confiado en que la justicia “hará responder -a la actriz- por sus calumnias más pronto que tarde”.

Cabe recordar que en la causa principal, la del delito de agresión sexual, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 ya ha acordado la apertura de juicio oral contra el exdiputado. En su denuncia, Mouliaá relató haber sufrido tocamientos, besos no consentidos y comentarios de índole sexual por parte de Errejón al menos en tres ocasiones en la misma noche de octubre de 2021, antes, durante y después de una fiesta a la que acudieron en casa de unos amigos de ella. Errejón reconoció que quedó con Mouliaá, pero insistió en que todo fue consentido.

En Vox no se ponen de acuerdo con qué significa “ser español”. El portavoz de Vox en el Parlament de Catalunya, Joan Garriga, afirmó este jueves que es español quien es hijo de padre y madre españoles ambos. A Garriga le preguntaron si “prioridad nacional” quería decir que se priorizará el lugar de nacimiento de la persona como requisito: “La nacionalidad la establece el Código Civil. Es español el nacido de padre y madre española”, dijo.

Otro Garriga, pero esta vez su primo, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, discrepa. Preguntado por Gemma Nierga en Cafè d'idees sobre si son un error las palabras del portavoz de Vox en el Parlament de Cataluña, ha respondido que es “un error en términos de la legislación vigente”. “Hombre, es verdad que en la legislación vigente es español quien tiene el DNI. Hay personas que no tienen padre o madre de origen y acaban siendo españoles”, ha contestado.

Repreguntado sobre ello, ha añadido que “evidentemente en los términos de la legislación” es español quien ha obtenido “la nacionalidad”, algo que incluye muchas más casuísticas.

Garriga también ha asegurado que “durante demasiado tiempo la nacionalidad española se ha regalado” y ha pedido abrir el debate para replantear la política migratoria en un momento en que el Gobierno ha llevado a cabo la regularización extraordinaria de migrantes.

Las palabras originales de Joan Garriga sobre el Código Civil son, en efecto, un error. Tener padre y madre español es solo una más de las diferentes casuísticas recogidas para tener la nacionalidad española. Entre ellas también está el caso de nacidos en España de padres extranjeros, en caso de que la legislación de ninguno de ellos atribuya al hijo una nacionalidad, además de la adquisición por residencia en el país, entre otros muchos ejemplos.

El portavoz de Vox en el Parlament de Catalunya ha matizado tras el revuelo que no se expresó “con la claridad debida”. “No hay duda de que la legislación actual en materia civil considera español a quien tiene la nacionalidad española y que hay diversas maneras de adquirirla, ayer solo puse un ejemplo de una de ellas”, ha escrito en X. En esa misma publicación afirma que revisarán “la concesión fraudulenta de nacionalidad” y defenderán “el endurecimiento de los requisitos para su concesión”.

Garriga dice que los acuerdos de Vox en Extremadura y Aragón “son muy claros al respecto” y “sólo hace falta leer al detalle todo lo referente a la prioridad nacional”, pero no es así. Ese apartado no hace referencia a priorizar a los españoles, como dice Vox públicamente, porque hoy por hoy es ilegal. Por ello, habla de “inspirarse” en ese principio para asignar los recursos “a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable” con el territorio.

El PP no habla de nacionalidad sino de “arraigo”

El PP defiende que la idea de “prioridad nacional” es un “concepto político”, como explicó Azcón. Es decir, una guía ideológica más que un mandato legal, precisamente porque las normativas tanto españolas como europeas impiden un trato discriminatorio por la nacionalidad de las personas en lo que a asistencia social se refiere. De hecho, el documento recoge expresamente que esa “prioridad nacional” se traduce en “arraigo real, duradero y verificable”. Y se concreta en un mínimo de empadronamiento o de cotizaciones para acceder a según qué ayudas sociales, lo que en ningún caso tiene que ver con la nacionalidad del demandante.

“Prioridad nacional, sí, pero tal y como figura en el acuerdo pactado y firmado: basada en el arraigo y con arreglo a la Constitución y la ley dando así continuidad al de Extremadura”, explicaron desde la dirección de Feijóo, que dejó claro que Azcón “ha contado con total autonomía para negociar la configuración de su Ejecutivo”.

La defensa de Begoña Gómez ha presentado un informe pericial ante el juzgado de Juan Carlos Peinado que trata de respaldar el modelo de cátedra como el que la mujer del presidente del Gobierno codirigió en la Universidad Complutense. Así, el informe concluye que el 75% de los programas codirigidos en ese centro cuentan con la participación de una persona externa y que eso “resulta plenamente coherente con la naturaleza de estas enseñanzas y con la normativa que las regula”. 

El informe, que ha sido elaborado por el catedrático Antonio Manuel López Hernández, afirma que en las aulas y cátedras extraordinarias “es habitual que participen profesionales no vinculados a la Universidad pero que tienen experiencia en el sector que constituye el objeto de su actividad, ocupando la contraparte privada en la alianza”. De hecho, afirma que en 12 de las cincuenta cátedras extraordinarias actualmente existentes en la Complutense una de las personas que figura como codirectora no mantiene vinculación contractual con la Universidad, lo que permite entender que se trata de profesionales procedentes de otras instituciones públicas o privadas. 

El juez Peinado sostiene la tesis de que Begoña Gómez utilizó la cátedra extraordinaria para lucrarse, hacer contactos y proyectar su carrera profesional. El informe confronta esa idea al concluir que la dirección de estas cátedras “nunca se constituyen como un cauce para la mejora de la carrera profesional”. El perito define esta labor como una actividad “sustancialmente altruista”, cuyo objetivo es aportar experiencia a la sociedad, y recalca que la dirección de estos estudios “no está normalmente retribuida”. 

“No tendría ningún sentido pensar que una cátedra de esta naturaleza como, por ejemplo, la cátedra Inditex de la Universidad de A Coruña, se ha constituido para favorecer la carrera profesional del presidente de esa sociedad o que una de las cátedras extraordinarias de la Complutense financiada por la ONCE se crease para fortalecer el currículum profesional del presidente de esa organización”, subraya el informe. 

En el caso de Begoña Gómez, al no ser funcionaria, solo podía cobrar un máximo de 15.000 euros al año por los dos másteres que impartía en ese centro. Además, nunca cobró por la codirección de la cátedra. No podía hacerlo por no ser funcionaria de la Universidad, tal y como han acreditado diferentes testigos. Pese a ello, el juez dice en el auto en el que propone sentarla en el banquillo que esa cátedra “sirvió como un medio de desarrollo profesional privado para la investigada” y que “recibió una remuneración por dicha actividad”. 

El informe también rebate la acusación de que Begoña Gómez se apropió para su “patrimonio personal” de los fondos privados que captaba para la cátedra. La financiación inicial de la cátedra contó con el patrocinio de Reale Seguros, que hizo una aportación única de 60.000 euros; y la Fundación la Caixa, que se comprometió a una aportación anual de 15.000 euros. Además, Indra (128.442 euros), Google (110.000 euros) y Telefónica (50.000 euros) sufragaron un software ligado a la cátedra. 

A este respecto, el informe pericial subraya que la administración y gestión de los fondos económicos que aportan las empresas no recae en los directores privados, sino “exclusivamente a las unidades administrativas de la propia Universidad”. En concreto, a las Gerencias y Unidades de Asuntos Económicos de las Facultades, Centros o Institutos a los que se adscriben las cátedras. “La gestión económica se realiza de acuerdo con la normativa financiera de la Universidad y bajo la supervisión de sus órganos competentes”, añade el documento. 

En su último auto, el juez sostiene que esa captación de fondos privados no respondía a una dinámica ordinaria de patrocinio universitario, sino que podría ser la “fachada” de una “retribución encubierta” por futuras ventajas privadas o comerciales indebidas que estarían “relacionadas” con las adjudicaciones públicas a las que se presentan estas compañías.

Sobre esta cuestión, el informe contextualiza que las cátedras son, por definición, un modelo de “colaboración público-privada” pensado para atraer financiación externa. Y subraya que es habitual que la persona vinculada al ámbito privado sea quien articula la relación con los patrocinadores, capta los recursos y contribuye al diseño de los contenidos y líneas de actuación de la cátedra, mientras que la Universidad, a través de la figura del codirector o de los órganos académicos correspondientes, “asume la función pública, garantizando el control institucional, la adecuación académica de las actividades y la correcta gestión de los recursos conforme a la normativa universitaria”. 

“Amnistía Internacional es una ONG absolutamente independiente, no se casa con ningún gobierno. Lo que ha dicho es que estos acuerdos ponen en riesgo los derechos humanos en nuestro país. Y yo no puedo sino coincidir con esa apreciación”. Con estas palabras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descalificado la “prioridad nacional”, que el PP y Vox han incluido en sus acuerdos de Gobierno en autonomías como Extremadura o Aragón. Sánchez se encuentra en la reunión de líderes europeos de la UE en una cumbre informal en Nicosia, capital de Chipre.

El presidente del Gobierno ha asegurado que “cuando exista alguna ley que contravenga principios que están en nuestra Constitución, como algo fundamental que es la igualdad entre españoles, entre ciudadanos que vivan en nuestro país, el Gobierno de España actuará con la fuerza de la ley y por supuesto, con total contundencia”.

“Estamos hablando de abrir la puerta a una discriminación que hoy afecta a ciudadanos migrantes pero que pasado mañana va a afectar a otros muchos colectivos que siempre han sido señalados por parte de la ultraderecha”, ha advertido Sánchez.

La “prioridad nacional” es un término sacado por la formación de ultraderecha Vox, que excluye a los inmigrantes de servicios sociales básicos, y que ha sido aceptada por el PP, con diferentes matices, para conseguir cerrar los acuerdos de Gobierno en Extremadura y Aragón.

“Cuando hablan de prioridad nacional, lo que están hablando es de violar un principio básico de nuestra institución, como es la no discriminación y la igualdad entre ciudadanos, vivan donde vivan, sea cual sea su origen, pero también en los acuerdos tanto en Extremadura como en Aragón, se hace un señalamiento a asociaciones que cubren políticas sociales a las cuales no llega el Estado”, ha explicado el presidente del Gobierno.

Sánchez ha insistido en que con este pacto el PP y Vox “lo único que pueden ofrecer a España, a Extremadura y a Aragón es este proyecto de involución y de reacción. Es un auténtico desastre para los intereses de Extremadura, de Aragón y de España. Creo que España avanza cuando mira hacia adelante, no hacia atrás, cuando reconoce derechos, no cuando los recorta, cuando ve la diversidad y en la igualdad elementos de desarrollo económico y de prosperidad y de cohesión”.

Aunque la “prioridad nacional” ha sido fundamental para que el PP consiga el apoyo de la ultraderecha para gobernar en las dos comunidades autónomas se está convirtiendo en un dolor de cabeza entre las direcciones de ambos partidos por el alcance de la propuesta. La aritmética ha forzado a Feijóo a asumir ese concepto de “prioridad nacional”, pero la paz entre PP y Vox ha durado poco porque ambos se han lanzado de lleno a disputar el significado real de una locución que interpretan de forma distinta.

El PP votó en contra de una moción de Vox que llevó al Congreso la “prioridad nacional” y dejaron a los ultras solos en su defensa de un texto que iba más allá de lo acordado, ya que el texto planteaba “garantizar la prioridad nacional de los españoles” en el acceso a la vivienda, además de “garantizar la sostenibilidad” del “sistema sanitario, impidiendo que salvo casos de asistencia sanitaria urgente, inmediata y de carácter vital o de emergencia, los inmigrantes ilegales puedan hacer uso” del “sistema sanitario”.

La actualidad política de este viernes pasa por la resaca de la declaración del expresidente Mariano Rajoy como testigo en el juicio de la Kitchen. Negó la guerra sucia del caso Kitchen, negó haber destruido pruebas de la caja B del PP y esquivó las preguntas sobre el alias 'M.Rajoy', nombre que aparecía en los papeles de Bárcenas: “Yo me llamo Mariano Rajoy y luego cada uno me llama como quiere”, aseguró. También fueron notables los numerosos olvidos de expresidente: no recordaba la mayoría de sus contactos con el extesorero Luis Bárcenas, con el que afirmó que tenía una relación meramente profesional.

María Dolores de Cospedal, exsecretaria general del PP, también pasó por la Audiencia Nacional y declaró ante el tribunal de Kitchen que no recordaba la conversación en la que pidió a Villarejo “parar” los papeles de Bárcenas, tampoco haber hablado con él por teléfono, a pesar de que una de esas llamadas grabadas por el comisario está incorporada en la causa.

Una habitación señorial llena de cuadros de personajes nobles, una cama con una marquesa moribunda, dos de sus hijos, cada uno a un lado de la cama, y una sirvienta. Además, un cura que pronuncia la extremaunción. Fuera se escucha el cantar de los buitres. Esta es la imagen inicial de Est Deus in Nobis (2026), un corto satírico sobre la codicia de las clases nobles y su hipocresía. La cinta se divide en dos partes claras. La primera refleja los últimos minutos de la marquesa marcados por los llantos y las buenas palabras de quienes le acompañan. La segunda muestra el verdadero rostro de los personajes una vez fallece la protagonista, cuando salen a la luz las viejas rencillas entre hermanos y su pugna por quedarse con la herencia de la muerta.

“Menos mal que me voy antes de que se disuelva España, que los socialistas quieren vender como Judas por unas cuantas monedas. Si no son ellos, serán los moros, que llevan siglos queriendo vengarse y descuartizar la grandísima obra que hizo Isabel la Católica echándolos a todos, moros y judíos. Prometedme que vais a estar siempre unidos y os vais a querer tanto como el señor os quiere”, afirma moribunda en sus últimas palabras con vida.

La escena es desternillante y el tono del cortometraje es de comedia. Pero el trabajo adquiere una especial relevancia porque la autora y directora es Oliva Ramírez de Haro, que proviene de una de las familias nobles más conocidas de Madrid. Su padre es Íñigo Ramírez de Haro, exdiplomático, dramaturgo y escritor enfrentado con su propio hermano, el conde de Bornos, Fernando Ramírez de Haro y Valdés, que es además marido de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre.

Todos conocen las miserias de la aristocracia, hasta el punto de que Íñigo llevó a su hermano Fernando ante los tribunales porque el esposo de Aguirre vendió en 2012 un cuadro familiar de Goya por más de cinco millones de euros, pero no repartió el dinero con sus hermanos. En noviembre, un juez condenó al conde de Bornos a pagar a su hermano Íñigo 853.732,83 euros. “La Justicia funciona, pero tengo miedo de la mano larga de Esperanza Aguirre”, confesaba este último en una entrevista con elDiario.es poco antes de que quedase visto para sentencia.

Inspirada en hechos reales

“Es una sátira inspirada en hechos reales. Me he inspirado en mi familia, en la historia que pasó y el dolor tan fuerte que sufrimos cuando se murió mi abuela”, explica Oliva Ramírez de Haro en conversación telefónica con elDiario.es. “Todo parecía idílico, a su manera, de una familia muy cercana que se decía lo mucho que se quería y cuando mi abuela murió tuve la sensación de un completo rechazo a los vínculos familiares y promesas irrompibles. Y de ahí llegaron los buitres”, añade. Las aves carroñeras son todo un símbolo del cortometraje. Nada más comenzar la grabación se escucha a los cuervos y, en un momento, la sirvienta afirma en alto: “La señora marquesa ha criado cuervos”.

La directora no cree que esa durísima pugna entre hermanos por el legado de sus padres se circunscriba únicamente a la aristocracia. “El corto es tan fuerte porque es una historia universal, que pasa en todos los países y en todas las clases sociales”, señala Ramírez de Haro. Ella reconoce que el cortometraje lo ha hecho “para sacar el dolor” que mantenía tras el fallecimiento de su abuela y el agrio enfrentamiento entre su padre y su tío. “Da miedo contarlo y muchas veces en las familias existe la ley de no hablar las cosas. Pero cuando no se hablan las cosas es cuando el rencor se queda dentro y hace que los odios se instalen”, remacha.

Las alusiones explícitas a miembros de su familia son constantes. En un momento dado, el hijo mayor le quita unos pendientes a su madre ante el asombro y el enfado de su hermana: “Son para Esperanza. Lleva esperando desde nuestra boda”. Que se utilice el nombre de Esperanza “no es casualidad”, según destaca Oliva Ramírez de Haro. “Casualidad no hay nunca, ya he dicho que está inspirado en mi familia”, apunta sin tapujos. La directora no teme represalias ni por parte de Aguirre ni por la de otros familiares: “La familia ya está perdida para siempre, desde mucho antes de hacer el corto”.

Antonio de la Torre, Cecilia Freire y Antonio Dechent

En su estreno como directora –lleva años en el mundo del cine trabajando en distintos proyectos como ayudante de dirección–, Ramírez de Haro ha contado con un elenco de lujo. El personaje que interpreta al hermano mayor lo representa Antonio de la Torre y en el papel de su hermana está Cecilia Freire. El cura está interpretado por Antonio Dechent, María Miguel hace de sirvienta y María José Alfonso, de la abuela que fallece. “Por casualidad di con Antonio de la Torre, se lo ofrecí y me dijo que iba a leer el guion y que si estaba bien lo haría. Creo que le pareció un buen reto”, explica la directora.

El cortometraje se presentó en el último festival de Málaga y, tal y como explica Ramírez de Haro, la idea es que “ahora empiece su vida” en el resto de festivales tanto a nivel estatal como internacional este año y el próximo. Después confía en poder poner el trabajo a disposición del resto del público “a través de alguna plataforma”. Oliva se licenció en Literatura Inglesa en la Universidad de Manchester y posteriormente completó un programa de dirección cinematográfica en la École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle (ESRA) de París, antes de cursar un máster en Cine Documental en la Universidad de Tel Aviv.