Las dificultades para investigar las maniobras contra la oposición por parte de altos mandos policiales durante la época del Partido Popular vuelven a escenificarse en una decisión del juez Santiago Pedraz. El magistrado que instruye desde hace dos años una causa por la guerra sucia contra Podemos ha decidido expulsar de la misma a Miguel Urbán, uno de los fundadores del partido y víctima del montaje más grosero de aquella brigada política, que el juez considera una actuación policial justificada.

elDiario.es desveló que la Fiscalía Antidroga, unidades especializadas de la Policía y la Oficina Antifraude investigaron entre finales de 2015 y mediados de 2016 a Miguel Urbán cuando este era eurodiputado. El comisario José Luis Olivera, puntal de aquella cloaca, consiguió que un individuo declarara ante la Policía y la Fiscalía Antidroga que había visto a Urbán entrar en un bar de Malasaña con una bolsa donde cabrían 40 kilos de droga, subir al piso superior, propiedad del dueño del pub, y bajar después de haber consumado la venta, celebrándola a voces, admitiendo que la cocaína procedía de Venezuela y que el dinero era para Podemos. Urbán, según ese testimonio, habría volcado cocaína sobre la barra para invitar a quien quisiera. El soplón también declaró que el político trapicheaba habitualmente por las esquinas del barrio.

El antiguo eurodiputado de Podemos intentó personarse en la causa por la guerra sucia a Podemos, pero Pedraz lo rechazó. Posteriormente, presentó una querella en la Audiencia Nacional, que tampoco prosperó. Y solo un recurso ante la Sala de lo Penal obligó a Pedraz a investigar mínimamente los hechos. Pero un nuevo auto de la segunda instancia, que rechaza ampliar la querella a José Luis Olivera, acaba de dar pie a Pedraz para retirar la condición de perjudicado a Urbán y expulsarle de la causa.

El juez Santiago Pedraz ha tomado declaración como testigos a cuatro mandos policiales que participaron en el montaje. Todos coincidieron en no recordar casi nada de lo que ocurrió y en defender que, con la información que suministró el confidente, había motivos de sobra para investigar al europarlamentario.

Por su parte, el confidente, Hugo Chiquero, prestó declaración como testigo el pasado 8 de mayo. Se trató, según fuentes presentes en el acto, de un testimonio incoherente, que recurrió al olvido en todo momento, hasta lograr que el fiscal de la causa, Vicente González Mota, mostrara incomodidad por la representación que llevaba a cabo, por videoconferencia, el compareciente. Sin embargo, el fiscal González Mota despacha en una frase que de la declaración de Hugo Chiquero “no se acredita su participación en los hechos investigados” y se opone a llamarle como investigado.

De acuerdo con el fiscal, el juez Pedraz dictó un auto el pasado 27 de mayo, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que zanja: “No hay base alguna para dudar de la declaración de D. Hugo Chiquero, pues teniendo en cuenta que los hechos se remontan a más de 10 años y manifieste que no los recuerda no supone que haya faltado a la verdad”. El juez propone a las acusaciones que si no le creen lo denuncien por falso testimonio en otro juzgado.

Podemos ya ha mostrado su discrepancia con esta valoración del juez. En un recurso ante la Sala de lo Penal, sus abogados califican la declaración de Chiquero como de “una amnesia completamente increíble, siendo incapaz de reconocer su propia firma o los detalles de una denuncia que él mismo calificó en su día como 'un favor a España'”. “Por no recordar, ni siquiera es capaz de recordar si su declaración estuvo condicionada o no por la Policía, o si recibió presiones para dirigirla en un sentido determinado”, añade el recurso de Podemos.

En el mismo auto en el que Pedraz se niega a imputar a Chiquero, el juez despacha la personación del perjudicado por el invento del confidente. Dice el magistrado que, a la vista del último auto de la Sala de lo Penal, “no cabe otra solución que dejar sin efecto la personación de D. Miguel Urbán Crespo”.

El juez se refiere a un auto de la Sala, dictado el pasado 8 de mayo, en el que los jueces de la instancia superior rechazan ampliar la querella por la guerra sucia contra Podemos al comisario que impulsó el montaje a Urbán, José Luis Olivera. Podemos cree que Pedraz obvia la afirmación de los magistrados sobre la “evidente conexidad” entre el presunto montaje contra Urbán y el objetivo de la causa que se sigue por la guerra sucia a Podemos. La Sala escribió que, si aparecen “elementos convergentes o conexos, deben ser traídos al procedimiento que ahora nos ocupa, a fin de llevar a cabo una investigación adecuada de los mismos”, añade el recurso.

En este sentido, la Sala recordaba que el juez había dejado una puerta abierta a que la investigación prospere por una determinada vía. Se trata de una nota confeccionada presuntamente por el comisario Villarejo que su colega Olivera incorporó a la investigación contra Urbán. Esa nota, sobre supuesto blanqueo en Podemos a través de pequeñas cantidades (“pitufeo”), incluía datos bancarios reservados que no podían estar en poder de los policías sin autorización judicial. La nota ha sido solicitada al Juzgado de Instrucción número 6, el del caso Villarejo, para su incorporación al caso de la guerra sucia a Podemos. Y, pese a ello, Pedraz expulsa ya al presunto perjudicado, Miguel Urbán, de la causa.

El recurso de Podemos concluye: “Resulta procesalmente inasumible que el instructor, apenas dos meses después de que la Sala de lo Penal ordenara la incorporación de estos hechos y reconociera la condición de perjudicado del señor Urbán, proceda a la expulsión del procedimiento”. El partido distingue entre la decisión de la Sala de dar la razón a Pedraz en no imputar, por ahora, a Olivera y la decisión de dar carpetazo y no investigar el montaje de la droga.

Rechaza que declare 'Johnny'

En la misma resolución, el juez Pedraz rechaza la petición de la representación legal de Urbán para que declare como testigo el dueño del pub Nueva Visión, conocido en el barrio desde hace décadas como Johnny, a quien el soplón Chiquero también incluyó en la falsa transacción de droga. Pese a los intentos denodados de Olivera para que la causa contra Urbán condujera a las cuentas de Podemos, el fiscal jefe Antidroga de la época se vio obligada a cerrarla en junio de 2016 por la absoluta falta de indicios de delito.

El momento en el que se produjo el montaje de la cocaína contra Urbán y Podemos no es casual. Se enmarcó en un semestre donde arreciaron los informes policiales con falsedades que reproducían determinados medios de la derecha para desacreditar al partido de Pablo Iglesias en pleno auge electoral. Los 69 diputados obtenidos en diciembre de 2015 anticipaban un posible Gobierno de coalición en los comicios de junio de 2016 que desalojara a Mariano Rajoy de la Moncloa. En ese semestre, la cloaca policial del PP elaboró el montaje de la falsa cuenta de Iglesias en Granadinas o el informe Pablo Iglesias Sociedad Anónima (PISA).

En la causa de la guerra sucia a Podemos está imputado el secretario de Estado de Seguridad de la época, Francisco Martínez, y una representación de los miembros de la brigada política que participaron también en el caso Kitchen o la operación Cataluña. Recientemente, Pedraz imputó a un exjefe de la UDEF por el viaje que protagonizó a Nueva York en abril de 2016 para recabar un testimonio contra Podemos a través de un documento de dudosa fiabilidad.

Cada vez que el PSOE afirma en público que tiene la casa en orden, aparecen Leire Díez o Santos Cerdán en algunas de sus múltiples versiones. Las más peligrosas son las que surgen en calidad de informe policial con los rastros que dejaron ambos en su empeño por cortocircuitar a jueces, fiscales o policías de los que pensaban que eran enemigos del partido. Díez ha decidido que hay otra forma de reflejar que sigue estando ahí. Una entrevista, por breve que sea, sirve para que un escalofrío recorra la espina dorsal de Ferraz.

Con independencia de lo que dicten al final los tribunales, es una pésima noticia para los socialistas que circulen entrevistas con la antigua fontanera que nunca llegó a arreglar ninguna tubería. En su empeño de aparecer como una heroína, Díez sólo servirá para avergonzar aún más al PSOE, y eso en el mejor de los casos, porque hay alternativas que son peores. Cuidado, porque dice que ha estado “en shock” hasta hace 48 horas. Es decir, ya no lo está.

La entrevista fue con El Diario Montañés. El aviso resultó evidente: “Sé mucho más de lo que aparece en las agendas que se han podido llevar. Yo sé muchísimo más. Siempre he valido más por lo que callo que por lo que hablo”. Es la clase de frase que activa las papilas gustativas de cualquier juez de instrucción, como una alarma que suena en todo el edificio. Si los contenidos de su cuaderno de hojas cuadriculadas han dado lugar a una batería de titulares –sean ciertos o una simple fabulación–, imaginemos lo que puede ocurrir si eso no es nada comparado con lo que no ha contado aún.

Lo de valer “por lo que callo” no es menos preocupante para el PSOE. A ella le puede convenir ahora rentabilizar esos conocimientos en beneficio propio. De su antiguo partido, no va a recibir ninguna ayuda.

A más largo plazo, la que fue aspirante a agente secreto del PSOE tiene preocupaciones más mundanas. “Yo lo que quiero es recuperar mi vida, que me dejen en paz y estar con mis cabras en Vega de Pas”. Le habría venido mejor no meterse en tramas secretas con las que demostrar a Sánchez lo mucho que valía y haberse ido hace tiempo a Cantabria a hacer compañía a sus cabras.

Díez afirma que la están utilizando “como llave inglesa para llegar a Pedro Sánchez”, con quien dice que nunca se ha reunido. Aprovecha para soltar la píldora de que en Moncloa “está todo el mundo acojonado porque nadie se atreve a decirle nada”. Eso es “lo que me han dicho”. Ella no discrimina. Todo lo que le cuentan es cierto. Lo mismo cuando dice que un fiscal le comentó que “en este país la verdad fáctica no importa”.

La verdad –o todo lo que una instrucción judicial se puede acercar a la verdad– puede ser un objetivo demasiado ambicioso. Los indicios no son algo que se pueda desdeñar. Un correo electrónico descubierto por la UCO confirma que Cerdán había dado órdenes para que el partido pagara los viajes de Díez.

Si ella estaba a las órdenes del secretario de Organización, su idea de que trabajaba para el PSOE ya no es el delirio de alguien muy confundido sobre su papel político. Es posible que lo estuviera, pero no se puede negar que el partido la estaba financiando, tanto con los gastos como con un dinero mensual que se abonaba a través de las empresas de otro imputado, Ismael Oliver, según la investigación policial.

Un documento de Leire Díez sobre las actividades de la trama que apareció entre los papeles que Cerdán tenía en su despacho confirmaría, según la UCO, que la exconcejal informaba con regularidad a quien había autorizado todos esos pagos. Otros fondos del partido fueron a parar a manos de Jacobo Teijelo, también miembro del grupo de Díez y hoy abogado de Cerdán, en concreto dos facturas por valor de 26.500 euros cada una.

La UCO dice que ese trasiego de dinero no aparece en la contabilidad oficial que el partido entregó. Eso permitió a la actual secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, afirmar el lunes que ellos no financiaron las maniobras de Díez: “Cuando Santos Cerdán dejó de ser secretario de Organización, también cesaron esos contratos. No podemos aportar aquello que no existe”. Esa respuesta sirve para ir tirando en una rueda de prensa, pero no tendrá la misma eficacia en los tribunales.

La paradoja de todas estas conspiraciones montadas por Cerdán y un grupo de aficionados con unas cuantas cosas que ocultar es que los resultados fueron tan escasos que parecen inexistentes. Ninguna de sus maniobras más graves fueron fructíferas. Por eso, Cerdán resumió esa frustración en un documento llamado “Incumplimientos”. Todo lo que ahora atormenta al PSOE no sirvió de mucho en su momento.

En los papeles de Cerdán, aparecen menciones críticas al jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, por haber pedido la libertad para Víctor Aldama, y al entonces fiscal general, Álvaro García Ortiz, por no haberlo impedido: “Si FG (por fiscal general) no ejerce, el resto actúan sin miedo ninguno y al servicio de quien creen que será el próximo y les protege, que es Luzón”. Se refiere a su sospecha de que un futuro Gobierno del PP nombraría fiscal general a Luzón.

El informe policial considera acreditado que los conspiradores ofrecían “como contraprestación” la posibilidad de mejorar su situación procesal, porque decían “tener capacidad” para influir en la Fiscalía. Está por ver que alguien resultara realmente beneficiado por esas gestiones. En cualquier caso, Leire Díez y otros ya deben de saber que eso no les va a salvar en un procedimiento judicial.

Por lo que respecta al PSOE, esta semana pone a prueba su capacidad de resistir la tormenta. Begoña Gómez se presentó el lunes ante el juez Peinado para que le comunicara la celebración futura del juicio. Mercedes González, directora de la Guardia Civil estará el martes en la comisión de investigación del Senado que el PP utiliza como mecanismo de propaganda. José Luis Rodríguez Zapatero se presentará el miércoles en la Audiencia Nacional en su primera comparecencia judicial.

De todos esos casos, el partido sangra por la herida de Zapatero. Ya sabe que el expresidente tiene que dar prioridad a su situación legal y la de su familia. De ahí que haya pedido al juez más tiempo para preparar su declaración por las joyas encontradas en su despacho. A los socialistas les encantaría que todo lo de las joyas, una antítesis de la imagen que Zapatero había cultivado, quedara aclarado cuanto antes. Pero esas historias con final feliz raramente existen en el mundo real de las investigaciones judiciales.

Más del 60% de los votantes del Partido Popular considera que Alberto Núñez Feijóo debería al menos intentar presentar una moción de censura para echar a Pedro Sánchez de la Moncloa ante la reciente imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Pero los acompañantes para sacar adelante esa iniciativa parlamentaria para expulsar a la izquierda del poder siguen provocando divisiones entre quienes en las últimas elecciones generales votaron al PP.

La encuesta de Ateneo del Dato para elDiario.es refleja que el 31,1% de los votantes populares creen que Feijóo debería poner en marcha la iniciativa para relevar al actual presidente del Gobierno “aunque no tenga los apoyos necesarios para ganarla”. Otro 29,6%, en cambio, considera que el líder de los populares tendría que “negociar el apoyo de la moción de censura con Vox, Junts o PNV”. El sondeo refleja además que otro tercio de los votantes del PP (el 32%) considera que Feijóo debería “seguir haciendo oposición al Gobierno, pero sin presentar una moción de censura”.

El sondeo, realizado entre el 9 y el 12 de junio a través de 1.500 entrevistas, evidencia además las distintas visiones ante la imputación de Zapatero entre los electorados de PP y Vox, formaciones enfrentadas por los votantes de derechas aunque condenadas a entenderse en comunidades autónomas y ayuntamientos para poder gobernar.

Un 39,7% de los votantes de la extrema derecha cree que Vox debería “presentar su propia moción de censura aunque el PP no lo haga” y otro 31% considera que el partido de Santiago Abascal tendría que “ofrecer su apoyo al PP de Feijóo” para que presente la iniciativa para relevar a Sánchez de la Moncloa. Solo un 20,2% de los que en las generales apostó por Vox cree que el partido debería mantenerse en la oposición sin presentar ni impulsar la moción de censura, diez puntos menos que en el caso de los votantes del PP.

El resultado del sondeo elaborado por Ateneo del Dato se conoce apenas dos semanas después de que Feijóo animara por última vez a PNV y Junts a apoyarle en el caso de presentar una moción de censura. El 1 de junio, el líder del PP prometía a ambas fuerzas un adelanto electoral “inmediato” si le apoyaban en el Congreso para echar a Sánchez. Los nacionalistas vascos evitaron contestar al líder del PP y se remitieron a la negativa que ya han expresado en los últimos meses.

Los independentistas catalanes, por su parte, pusieron a Feijóo una condición muy compleja para estudiar su moción, que pasaba por que el líder del PP se reuniera con Carles Puigdemont en Bélgica. Feijóo descartó al día siguiente viajar a Waterloo, donde tiene fijada su residencia el expresident catalán. “Venga, oye, vamos a hablar de cosas serias”, dijo, ante las preguntas de la prensa sobre esa opción de reunirse con Puigdemont. En el PP tienen claro que Feijóo no dará un solo paso que piense que puede reforzar a un Pedro Sánchez que atraviesa su peor momento. Y el líder de la oposición cree firmemente que una moción fallida sería un balón de oxígeno para el jefe del Gobierno.

Apoyo de la izquierda y los socios

Sánchez cuenta, en principio, con el respaldo de la mayor parte de su electorado. Tal y como publicó elDiario.es en la primera entrega de la encuesta de Ateneo del Dato, un 64% de los votantes del PSOE cree que Sánchez debería mantenerse en el Gobierno y agotar la legislatura a pesar de la causa abierta contra Zapatero. Solo el 22,8% de los votantes del PSOE cree que Sánchez debería adelantar las elecciones frente al 35,4% que pide que permanezca en Moncloa cuestionando a Zapatero y el 29,2% que quiere que siga en su puesto defendiendo al expresidente.

Además, casi la mitad de los votantes de Sumar, el 46,4%, opina que el espacio político encabezado por Yolanda Díaz debería “permanecer en el Gobierno, pero denunciando públicamente la corrupción del PSOE” y un 23,6% considera que los ministros del espacio deberían continuar “defendiendo la inocencia del expresidente Zapatero”. Un 16%, sin embargo, cree que Sumar tendría que “salir del Gobierno de forma inmediata”.

Respecto a los votantes de los socios parlamentarios que sostienen al Gobierno, un 32,9% de quienes en las últimas generales votaron a ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y CC creen que estos partidos tendrían que “mantener su apoyo al Gobierno, pero denunciando públicamente la corrupción del PSOE”. Un 26% cree de estos últimos que se debería seguir sosteniendo a Sánchez “defendiendo la inocencia del expresidente Zapatero” y un 23,7% aboga por “retirar de forma definitiva su apoyo al Gobierno, aunque eso pueda facilitar la llegada del PP y Vox”.

La encuesta se realizó en la semana en la que se conocieron novedades en el caso de Zapatero como la tasación judicial de las joyas incautadas en el despacho del expresidente que las valoró en 1,3 millones de euros y la apertura de una pieza separada precisamente sobre esas joyas. Ateneo del Dato es un proyecto integrado por analistas de datos e investigadores sociales que tratan de analizar y explicar, desde una perspectiva empírica, las problemáticas, actitudes y tendencias que configuran la sociedad española y su entorno. El proyecto está dirigido por Víctor Pérez-Guzmán, analista con formación en Economía, Derecho y Ciencias Políticas, especializado en análisis de datos sociales y electorales.

La vista previa al juicio a Begoña Gómez que se ha celebrado en la tarde de este lunes en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha dejado la escena de un abogado, el de la mujer del presidente del Gobierno, denunciando la politización del procedimiento judicial y clamando que el único fin de la existencia de esa causa es “erosionar” al Ejecutivo de Pedro Sánchez, informan a elDiario.es fuentes presentes en la declaración.

Después de rebatir una por una las acusaciones que intentan sostener los cuatro delitos de los que se acusa a Gómez, el letrado Antonio Camacho ha rematado: “Se está haciendo política, pero se está haciendo política en el sitio equivocado. Quien quiera hacer política que vaya a la calle, no a un tribunal. Quien quiera hacer política que no utilice la ecuación de un procedimiento fantasma como forma de erosión de un gobierno con el cual no están de acuerdo. La política no se hace en los juzgados y nadie debería permitir la instrumentalización de un procedimiento penal”.

En esa politización del procedimiento ha abundado Camacho cuando ha advertido de que en su intervención se iba a escuchar mucho el término “presidente del Gobierno” y que iba a ser así porque ha sido el propio Peinado quien viene aludiendo a él reiteradamente en sus escritos, pese a no estar investigado. El abogado ha llegado a calificar de “verdaderamente absurda” la inferencia del juez según la cual, solo por el hecho de ser la mujer del presidente del Gobierno, cualquier actuación de Begoña Gómez influye “en todo el mundo”.

Tras la intervención de Camacho y el resto de las partes, el juez Peinado debe decidir en los próximos días si impone medidas cautelares a Begoña Gómez y a los otros dos imputados, su asistente Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, aquejado de una grave enfermedad y al que se ha visto acceder al juzgado con dificultad, apoyado en un bastón. Para Gómez, las acusaciones populares han solicitado la retirada del pasaporte, comparecencias quincenales en el juzgado y que se le impida hacer uso de la marca Transforma TSC para fines patrimoniales.

Cristina Álvarez se enfrenta a una petición de los ultracatólicos de HazteOir de la retirada del pasaporte y las comparecencias cada quince días mientras que para Barrabés no han solicitado ninguna medida cautelar. La Fiscalía y las defensas se han opuesto a la imposición de cualquier medida. Gómez se enfrenta a una petición de la acusación popular de 24 años de cárcel, 22 en el caso de Cristina Álvarez y seis en el de Barrabés.

El abogado Antonio Camacho ha recuperado esta tarde las figuras de otros asistentes de mujeres de presidentes del Gobierno que no motivaron una investigación judicial, pese a las evidencias de que organizaron la boda de la hija de Aznar o aparecieron retratados llevando las bolsas de la compra de la esposa de Rajoy.

En este punto, Camacho se ha dirigido a HazteOir y el resto de acusaciones de extrema derecha que integran la acusación popular: “Instaría a las acusaciones a que ese ardor guerrero que han demostrado personándose en esta causa, supongo que por el buen hacer de la administración de Justicia, lo llevaran a todos estos supuestos [en alusión a los asistentes de otras mujeres de presidentes]”.

Enfrentamiento de Camacho con Peinado

Camacho ha protagonizado un enfrentamiento con Peinado, provocado por las excentricidades que el juez ha mostrado ya en declaraciones anteriores, como cuando pidió que le organizaran un estrado en la Moncloa para estar en una situación de superioridad respecto al testigo, en ese caso el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

Este lunes, el magistrado ha interrumpido la intervención del letrado para exigirle que le mirara al hablar. Camacho, que ha intentado hasta ahora evitar el enfrentamiento directo con el juez, ha replicado: “No hay ninguna norma procesal que diga hacia dónde tengo que dirigir mi vista mientras estoy interviniendo. Por lo tanto, le pido que si no hay norma procesal, me dirijo a las acusaciones, señoría. Y no existe ninguna norma procesal que me imponga a dirigirme a usted visualmente. No existe. Le rogaría que deje de interrumpirme”.

A Peinado se ha dirigido el letrado también para concluir: “Es difícil que alguien pueda sostener que es procedente la apertura del acto de juicio oral cuando no hay ni un solo indicio de ninguno de los delitos, por los cuales la acusación formula tal acusación”.

Pero si la Audiencia Provincial no lo impide y el procedimiento sigue adelante, el letrado se ha preguntado por el juicio que espera a su clienta ante tribunal del jurado y si esto “no viola el derecho al juez imparcial”. Se refería Camacho a que las informaciones sobre el caso de Begoña Gómez han multiplicado por cuatro las que se ofrecieron sobre la muerte del Papa Francisco y que eso, irremediablemente, ha condicionado la opinión que puedan tener los miembros de ese eventual tribunal.

Quinta comparecencia ante Peinado

El magistrado citó personalmente este lunes a la mujer del presidente y el resto de acusados bajo la amenaza de que, en caso de no presentarse, podrían ser “conducidos por la fuerza pública”. Su argumento era que, ante las altas penas a las que se exponen, “se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo” de que se fuguen. 

La defensa de Begoña Gómez daba por hecho que en esta ocasión se abordaría la posibilidad de que se tomara algún tipo de medida cautelar contra ella, como la retirada del pasaporte, por lo que sí ha asistido, a diferencia de lo que hizo en anteriores ocasiones. En estas citaciones estuvo representada por su abogado, posibilidad que incluye la Ley del Jurado y que aclara una circular de la Fiscalía General del Estado de 1995. Ha sido la quinta comparecencia de la mujer del presidente ante el juez.

En la vista preliminar, las defensas aspiraban a poder contar con testimonios que avalaran sus tesis. Peinado se negó. Por ejemplo, la defensa de Barrabés solicitó la declaración de más de una veintena de testigos, pero el juez determinó que escucharles no era “imprescindible” para decidir sobre la procedencia de abrir juicio. También rechazó que se abordaran los últimos informes periciales que ha presentado la defensa de Begoña Gómez, que sí están incorporados al procedimiento. 

Durante la vista, el abogado de Begoña Gómez ha calificado de “esencial” el testimonio del codirector de la cátedra, José Miguel Ruano, cuya comparecencia fue denegada por el juez. La defensa de la mujer del presidente del Gobierno, que ha lamentado que se le haya privado de un testimonio esencial para su estrategia de defensa, viene defendiendo que es la única persona, junto a su clienta, que dirigía la Cátedra y, por tanto, podía explicar el funcionamiento real del software y desmontar las acusaciones de apropiación indebida.

Tras escuchar los argumentos de las partes, el juez tendrá que determinar en los tres días siguientes si abre o no juicio oral contra Begoña Gómez, su asistente en la Moncloa y el empresario Barrabés, así como si les impone alguna medida cautelar. Tras una instrucción en la que se ha apoyado en las acusaciones de extrema derecha, todo apunta a que Peinado dejará a los tres investigados camino del banquillo antes de su jubilación, prevista para el próximo septiembre.

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha propuesto juzgar al empresario Claudio Rivas, dueño de Villafuel, al capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes y a otras 14 personas por presunto fraude de 148 millones de euros en el pago de IVA de hidrocarburos, entre 2018 y 2021, en el denominado 'caso Gaslow'.

Así lo ha decidido el magistrado en un auto de pase a procedimiento abreviado, recogido por Europa Press, en el que también propone que se declare a 82 personas jurídicas como responsables civiles.

Pedraz atribuye a Rivas siete presuntos delitos contra la Hacienda pública, un delito de organización criminal, falsedad continuada y blanqueo de capitales. En el caso del capitán de la Guardia Civil propone juzgarle por los supuestos delitos de integración en organización criminal, cohecho, revelación de secretos y blanqueo de capitales.

Según el auto, la cuota defraudada en el ejercicio 2018 ascendió a un total de 6,2 millones de euros, mientras que en 2019 Gaslow cometió presuntamente un fraude fiscal por importe de 30,9 millones de euros. En cuanto a la cuota defrauda en el ejercicio 2020, a través de Gaslow y Nascor, el montante ascendió a 111,8 millones de euros.

Un nuevo atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guarda Civil recoge en el marco del 'caso Leire' extractos de las libretas de quien fuera 'número tres' del PSOE Santos Cerdán. En concreto, en una 'libreta negra' hallada en la sede del PSOE, el ex secretario de Organización de la formación socialista dejaba plasmado su malestar con quien fuera fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por “no ejercer” ante decisiones relevantes como la puesta en libertad del empresario Víctor de Aldama en noviembre de 2024 después de que revelara que tenía a sueldo al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García.

La anotación es posterior a ese fecha y en la misma Cerdán atacaba la actuación de la Fiscalía Anticorrupción, en particular de su fiscal jefe Alejandro Luzón, al que acusaba de haber desobedecido en ese episodio al fiscal general o de no haberle informado. “¿Desobedeció o no informó el fiscal anticorrupción al FGE?”, se pregunta. Cabe recordar que Aldama fue enviado a prisión y declaró ante el juez Santiago Pedraz en el marco de una causa abierta contra él por un presunto fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos. Sin embargo, en esa declaración aportó datos relativos al caso Mascarillas -un asunto totalmente diferente- y por esas revelaciones quedó en libertad provisional dado que Anicorrupción, en este caso el fiscal Luis Pastor, no solicitó al juez mantener la cautelar de prisión preventiva.

Para la UCO resulta “especialmente significativo” que uno de los testigos a los que se ha tomado declaración policial indicara que la trama coordinada presuntamente por Leire Díez y Santos Cerdán habrían querido “apartar de su cargo” a Luzón por haber dejado en libertad a Aldama. Los investigadores sostienen que esa salida de la cárcel “habría motivado un cambio de estrategia del PSOE, propiciando que se incorporaran a la organización a (Jacobo) Teijelo e Ismael Oliver, abogados que también son investigados en la causa.

En la misma hoja en la que Cerdán analizaba el papel de Anticorrupción en la puesta en libertad de Aldama, apuntaba que el empresario podría tener vinculación con 'Los Miami', criticaba que la UCO hacía en sus informes “valoraciones” para las que no tenía “preparación” y lamentaba que “si FG (por García Ortiz) no ejerce, el resto actúan sin miedo ninguno y al servicio de quien creen que será el próximo y les protege, que es Luzón”.

Estas libretas, mencionadas en el atestado, además de otro documento hallado en el portátil de Cerdán, revelan, además, que la exmilitante del PSOE Leire Díez daba cuenta a líder socialista de sus esfuerzos para atacar las causas judiciales que cercaban tanto al partido como al entorno del presidente del Gobierno. En ese contexto, una anotación relativa a la causa que se seguía contra el hermano de Pedro Sánchez en un juzgado de Badajoz indicaba: “Fiscalía debe apoyar la recusación”.

La Guardia Civil explica, como ya ha sostenido en anteriores atestados, que la presunta organización criminal habría mantenido contactos con diversas personas investigadas en causas relacionadas con el sector de los hidrocarburos, solicitándoles información relativa a sus respectivos procedimientos, así como sobre determinadas personas vinculadas a la judicatura, fiscalía o Guardia Civil. “Como contraprestación, se les habría ofrecido la posibilidad de mejorar su situación procesal, llegando a manifestar que disponían de capacidad para acceder a la Fiscalía”.

El PSOE y Sumar intentan retomar algo de iniciativa política en una semana que se presenta enormemente complicada a nivel judicial para el Gobierno y, particularmente, para los socialistas. Ambos partidos anunciaron este lunes que han acordado reactivar la tramitación en el Congreso de la proposición de ley para reformar el Código Penal y eliminar del mismo delitos que restringen la libertad de expresión, como las injurias a la Corona, la ofensa a los sentimientos religiosos o los ultrajes a los símbolos nacionales. La norma comenzó a tramitarse en 2023, pero llevaba desde entonces congelada en la Cámara Baja porque los socialistas no la consideraban una prioridad.

En concreto, la proposición de ley cuya tramitación se reactivará contempla acabar con cinco delitos recogidos en el Código Penal. Además de las ya mencionadas injurias a la Corona, ultrajes a los símbolos nacionales y ofensa a los sentimientos religiosos, PSOE y Sumar también están de acuerdo en despenalizar las calumnias e injurias a las altas instituciones del Estado y en eliminar el tipo que pena las injurias contra las Cortes Generales o las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Por el contrario, ambos partidos han pactado renunciar a la eliminación del delito de enaltecimiento de terrorismo para evitar recelos de otros grupos, pese a que Sumar sí quería derogar ese artículo del Código Penal y sustituirlo por un agravante que permitiría castigar con más dureza los delitos que incluyan vejaciones a víctimas.

Esta reforma penal que ahora se reactiva es una propuesta que, como la de la ley mordaza, lleva años planteándose sin llegar a concretarse, a pesar de que a priori existe —como existía la pasada legislatura, cuando la propuso Unidas Podemos— mayoría parlamentaria para aprobarla. De hecho, en julio de 2024 Sumar y el PSOE ya anunciaron un pacto para suprimir los citados delitos de opinión y lo unieron a otro acuerdo para modificar la ley orgánica que rige el derecho al honor, con el fin de incluir una “reparación pública” ante procesos judiciales prolongados en el tiempo. Ese acuerdo nunca llegó a ponerse en práctica. Pero este lunes, el portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago (IU), se mostró convencido de que esta vez la reforma del Código Penal se aprobará “pronto” y de que “todas las fuerzas democráticas van a apoyarla”.

Para reactivar la tramitación de la proposición de ley, PSOE y Sumar dejarán de ampliar los plazos de presentación de enmiendas, lo cual permitirá que dicho periodo se cierre y se pase al siguiente estadio del proceso, el debate de totalidad, dado que previsiblemente algunos de los partidos de la oposición presentarán enmiendas a la totalidad para intentar derribar la iniciativa. Si esos intentos de veto son rechazados, los grupos parlamentarios comenzarán a discutir el redactado final de la reforma, que aún necesitaría recibir luz verde del Congreso en otras dos ocasiones antes de pasar al Senado para finalizar su tramitación. Por tanto, por mucho que se acorten los plazos, a la propuesta le quedan semanas, si no meses, para entrar en vigor.

Dibujantes, cómicos o cantantes condenados

“Este país ha soportado condenas penales que ponen en entredicho el pleno ejercicio de la libertad de expresión”, argumentó Enrique Santiago para justificar la necesidad de poner en marcha de nuevo esta reforma del Código Penal. “Se ha condenado a cantantes o a dibujantes de cómics por injurias a la Corona, ha habido cómicos condenados por injurias religiosas, y otros que no han llegado a ser condenados, pero han sido sometidos a largos procesos judiciales” y al “escarnio público”, denunció Santiago, que aseguró que, con la derogación de estos tipos penales, no se “desprotege” a ninguna de las instituciones afectadas. “Todos los miembros de la Casa Real van a seguir gozando de protección ante injurias y calumnias”, pero será “la misma que el resto de los ciudadanos” a través del tipo penal estándar, ejemplificó.

“La libertad de expresión no ampara el derecho al insulto, pero sí la crítica desabrida, molesta, dura, exagerada, irónica, satírica, ácida, virulenta, mordaz”, aseveró por su parte el diputado del PSOE Artemi Rallo, que aseguró que así se han pronunciado en múltiples ocasiones tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Tribunal Supremo español. “La libertad de expresión ampara incluso el mal gusto”, y por ello, no tiene sentido que el Código Penal castigue prácticas que se enmarcan en el ejercicio de ese derecho, argumentó Rallo.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido un aplazamiento de su citación ante el juez prevista para este miércoles 17 de junio para dar explicaciones sobre las joyas incautadas en su despacho, según han informado fuentes de su entorno. El exdirigente socialista quiere más tiempo para documentarse tras haber sido imputado el viernes por contrabando y delito fiscal. Es una solicitud que afecta solo a esa pieza separada, no a la investigación principal, sobre el rescate de Plus Ultra.

Zapatero tendrá que localizar documentación que acredite la procedencia de los collares, relojes y pendientes que estaban en la caja fuerte de su oficina cuando acudió la UDEF a registrarla y que la tasación ha valorado en más de un millón de euros. El instructor del caso cree las joyas pudieron ser introducidas en España sin declarar y que tampoco se tributó por ellas. La secretaria del expresidente, Gertrudis Alcálzar, dijo a los agentes de la UDEF que el contenido de la caja fuerte era parte de una herencia familiar de Sonsoles Espinosa y parte de “regalos de viajes”. En este sentido, será clave si estos objetos proceden de su etapa como presidente, entre 2004 y 2011, lo que haría que los delitos hubieran prescrito.

El expresidente fue imputado por estos dos nuevos delitos en una pieza separada el pasado viernes, motivo que —según su entorno— alega para pedir que se posponga. En ese auto, el juez le señalaba que el miércoles 17 y jueves 18 podría dar explicaciones sobre el origen de los objetos, aprovechando que ya estaba citado como investigado.

La intención de la defensa de Zapatero sería abordar solo la investigación principal, es decir, si cobró a cambio de impulsar el rescate de más de 50 millones de euros de dinero público por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a la aerolínea Plus Ultra, y si para hacerlo construyó un entramado societario. Entre otros métodos, José Luis Calama analiza si parte de los pagos se canalizaron a través de la empresa de sus hijas.

La semana pasada, el abogado de Zapatero presentó ante Calama un escrito en el que le pide que requiera más datos a EEUU sobre la manera en la que se obtuvo la prueba clave contra Zapatero, el teléfono de Rodolfo Reyes. Su defensa también se queja de que no tiene acceso íntegro a los dispositivos incautados, de forma que no sabe qué ocurre antes y después de las conversaciones utilizadas por los agentes en sus informes y por el juez instructor.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha hallado un correo que acredita que el ex secretario de Organización del partido Santos Cerdán dio instrucciones expresas para que el PSOE sufragara la logística de las maniobras presuntamente urdidas por Leire Díez. En el mensaje, fechado el 25 de abril de 2024 y remitido a una agencia de viajes para cerrar la compra de un vuelo para la exmilitante socialista, una empleada de Ferraz indica que el pago debía hacerse porque era una “orden directa” de Santos Cerdán.

El nuevo atestado de la UCO de la Guardia Civil en el caso Leire, al que ha tenido acceso elDiario.es, incluye un listado detallado de los viajes que el PSOE abonó a Leire Díez y recoge, además correos cruzados entre la secretaria del partido Covadonga San Pedro y la agencia de viajes con la que la formación contrataba los viajes.

Esos correos parten de una pregunta de la empleada de la agencia que indica que bloquea la compra de un billete de avión para Leire Díez porque entiende que deben solicitar autorización a Gerencia dado que no le consta que esa persona esté autorizada por el partido. “No tengo los datos de que Leire Diez esté autorizada. ¿Me puedes decir área y motivo del viaje?”, le solicita la trabajadora de la agencia. “Es una orden directa del Secretario de Organización. No sé más... Por favor emite en cuanto tengas la autorización. Gracias”, le responde ese mismo día la empleada del PSOE.

La UCO indica en su atestado de 11 de junio que ese correo fue hallado gracias al requerimiento judicial a la agencia de viajes VB Group, con la que el PSOE mantenía un convenio para la gestión de viajes. A su juicio, esto confirma que la existencia de los viajes realizados por la exmilitante en el marco de sus presuntos trabajos para reunirse con funcionarios, fiscales e investigados para tratar de tumbar causas que afectaban al partido y al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Indica que el correo de la secretaria “resulta de especial interés por ratificar que sería Santos (Cerdán) quién habría autorizado que Leire (Díez) hiciese uso de los recursos del partido para viajar”.

El atestado también revela que entre la documentación de Santos Cerdán que todavía permanecía en la sede del PSOE el pasado 27 de mayo, cuando se produjo el requerimiento de los agentes, se encontraba un documento realizado por Leire Díez sobre las actividades de la trama. La UCO sostiene que el hecho de que este documento se encontrase en poder de Cerdán “pone de manifiesto la dación de cuentas” efectuada por la exmilitante y que el que fuera ‘número tres’ del PSOE recibía “novedades” al respecto.

Se trata de una copia impresa del archivo “2024-11-19 Incumplimientos.docx”, en el que Leire Díez hace alusión a algunas de las “líneas de actuación” desarrolladas. Así, figuran nombres como los del comisario José Villarejo, el ex secretario de Estado de Seguridad con el Partido Popular Francisco Martínez o la instructora del caso contra el hermano de Pedro Sánchez, Beatriz Biedma. También aparecen referencias al fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón y al miembro de esta Fiscalía José Grinda.

Las “excepcionales” investigaciones internas en Guardia Civil

El informe dedica un apartado a las presuntas presiones a miembros de la UCO por parte de Leire Díez y a través de la directora general de la Guardia Civil. Los propios agentes de la UCO destacan la “excepcionalidad” de que se les abrieran informaciones reservadas para investigar el origen de informaciones en prensa. 

Para ello alegan que en todo el año, y hasta diciembre de 2024, no se había abierto una sola información reservada –un procedimiento recogido en el reglamento que puede anticipar la apertura de un expediente– y que en 2025 ocurrió lo mismo, al menos hasta que se abrió la correspondiente a la UCO. Lo infieren del hecho de que las dos informaciones lleven por número 1/2024 y 1/2025. El informe no aclara si se refiere a que no se había abierto ese ninguna información reservada antes en su unidad o en un ámbito más amplio. 

La información reservada en octubre de 2025 está relacionada con una información de portada del diario El Mundo en el que se llama al teniente general Llamas, director operativo del Cuerpo, “peón de Marlaska”. Los agentes que redactan el presente informe de la UCO destacan que ninguna de las fuentes que utiliza la periodista para denigrar al DAO aluden a que se ubican en la Unidad Central Operativa. En el artículo se utilizan expresiones como “fuentes de toda solvencia”, “conocedoras del conflicto” o “es un secreto a voces”.

Dos pagos a Teijelo que el PSOE “no aportó”

Por otro lado, el atestado también analiza los pagos del partido al abogado Jacobo Teijelo, quien habría participado supuestamente en el desarrollo de la línea que buscaba atacar causas de hidrocarburos para así intentar lograr nulidades en el caso Koldo. La UCO recuerda que habría emitido al menos tres facturas por un importe conjunto de 125.000 euros al PSOE entre enero y marzo de 2025.

Los investigadores apuntan que en el requerimiento posterior dirigido al propio letrado, este añadió a esas tres facturas otras dos. Y la UCO subraya que esas dos nuevas “no existe constancia entre la documentación aportada por el PSOE”. Por ambas, la formación habría abonado entre abril y mayo de 2025 un total de 53.000 euros, por lo que el montante final sería de 178.000 euros.

José Luis Rodríguez Zapatero pide no declarar antes el juez por las joyas incautadas en la caja fuerte de su despacho y hacerlo únicamente por el rescate de Plus Ultra. Ha pedido más tiempo para localizar documentación sobre el origen de las joyas tras su imputación el viernes. Está prevista su declaración este miércoles. Además, la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, tendrá que acudir este lunes a una audiencia preliminar ante el juez Juan Carlos Peinado, el último acto previo al enjuiciamiento. Se trata de un trámite que no requiere la asistencia de los investigados, si bien Peinado exigió su comparecencia bajo la amenaza de que, en caso de no presentarse, podrían ser “conducidos por la fuerza pública”. Será el primer evento de una semana que se prevé un calvario judicial para Pedro Sánchez. Por otro lado, un correo recogido en un nuevo atestado de la UCO en el caso Leire acredita que Santos Cerdán pidió que el PSOE pagase viajes a la exmilitante: “Es una orden directa del Secretario de Organización. No sé más”. Con todo ello, hoy publicamos esta encuesta de Ateneo del Dato para elDiario.es: la mayoría de los votantes del PSOE pide a Sánchez agotar la legislatura a pesar del caso Zapatero. Una mayoría de españoles cree que hay indicios de corrupción en el caso y solo un 17% ve una operación contra el Gobierno.

El Boletín Oficial del Estado publica este lunes la convocatoria de oposiciones para cubrir 375 plazas de jueces y 200 de fiscales, que se iniciará en octubre. Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial convoca 125 plazas de magistrados por el denominado cuarto turno, concurso oposición entre juristas de reconocida competencia y con más de diez años de ejercicio profesional.

El Ministerio de Justicia afirma que la macroconvocatoria es un “auténtico hito histórico” si se compara con periodos como la etapa 2012-2016 de Mariano Rajoy, cuando el Gobierno solo convocó 350 plazas en cinco años. En total, el Ejecutivo ha convocado 2.515 plazas de jueces y fiscales desde 2018, el triple de las que se convocaron durante las dos legislaturas de Rajoy. La suma de 500 plazas supondrá una ampliación de la plantilla judicial del 8,5%. También es una cifra inédita en el caso de la carrera fiscal: crecerá un 7,1% y en los últimos 20 años nunca se han creado más de 100 nuevas plazas de fiscales en un solo año.

En paralelo a la macroconvocatoria, el Gobierno ultima la creación de 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales.

Este es el BOE con los requisitos para las 575 plazas:

La investigación que el juez Juan Carlos Peinado abrió hace más de dos años contra Begoña Gómez avanza ya hacia el juicio si no lo impide la Audiencia Provincial, la instancia que revisa sus decisiones. Tras recibir los escritos de las acusaciones ultras que sustentan la causa y que piden 24 años de cárcel para la mujer del presidente del Gobierno, el juez la ha citado este lunes al último acto previo al enjuiciamiento, la llamada audiencia preliminar.  

Se trata de un trámite que no requiere la asistencia de los investigados, si bien Peinado exigió su comparecencia bajo la amenaza de que, en caso de no presentarse, podrían ser “conducidos por la fuerza pública”. Su argumento es que, ante las altas penas a las que se exponen, “se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo” de que se fuguen. Es una apreciación llamativa en el caso de Begoña Gómez, quien va acompañada permanentemente en sus desplazamientos por un equipo de escoltas de la Policía Nacional. Y también en el del empresario Juan Carlos Barrabés, que está gravemente enfermo, según los informes médicos que constan en la causa. 

La defensa de Begoña Gómez da por hecho que se abordará la posibilidad de que se tome algún tipo de medida cautelar contra ella, como la retirada del pasaporte, por lo que ha acudido a la comparecencia, a diferencia de lo que hizo en anteriores ocasiones. En estas citaciones estuvo representada por su abogado, posibilidad que incluye la Ley del Jurado y que aclara una circular de la Fiscalía General del Estado de 1995. 

Las fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es recuerdan que para acordar algún tipo de medida cautelar debe solicitarlo alguna de las partes. No se espera que lo haga la Fiscalía, quien ha pedido reiteradamente el archivo de la causa al considerar que Peinado se basa en “hipótesis” y “alambicadas teorías” para sentar en el banquillo a Begoña Gómez. 

[Actualización: HazteOir pedirá a Peinado que imponga a Begoña Gómez comparecencias quincenales y le retire el pasaporte]

Sin embargo, el escrito en el que las acusaciones ultras pedían 24 años de cárcel por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida sí daba pistas al respecto al solicitar al juez que tomara medidas como la retirada del pasaporte o las comparecencias quincenales en el juzgado. Formulaban esta petición ante el “evidente y fundado riesgo de fuga” derivado de “la gravedad de las penas solicitadas”. 

Los ultracatólicos de HazteOir lideran la acusación popular tras la decisión del magistrado de agruparlas bajo una única dirección letrada. También forman parte partidos como Vox o el minoritario Iustitia Europa y otras organizaciones vinculadas a la extrema derecha como Manos Limpias. No obstante, el pseudosindicato que dirige Miguel Bernad, que interpuso la primera querella que dio origen a la investigación, solicitó recientemente al juez que le permita ir por libre por las “diferencias radicales y profundas” con el resto de acusaciones. 

Manos Limpias no ve claros tres de los cinco delitos que se le achacan a la esposa de Pedro Sánchez y tampoco la imputación de la asistente Cristina Álvarez, para quien el conjunto de las acusaciones populares piden 22 años de cárcel, al considerar que se dedicó a la captación de fondos, reuniones y supuestos negocios privados de Begoña Gómez durante su horario de trabajo.

Las peticiones de las defensas

El juez Peinado rechazó prácticamente todas las diligencias que las partes habían pedido que se celebraran en la audiencia preliminar. Por ejemplo, la defensa de Barrabés solicitó la declaración de más de una veintena de testigos, pero el juez determinó que escucharles no era “imprescindible” para decidir sobre la procedencia de abrir juicio. También rechazó que se abordaran los últimos informes periciales que ha presentado la defensa de Begoña Gómez, que sí están incorporados al procedimiento. 

Así que más allá de las posibles medidas cautelares, lo previsto es que las defensas y la Fiscalía defiendan de nuevo que la causa debe archivarse y que las acusaciones insistan en que tiene que ir a juicio. Parte de la investigación impulsada por el juez Juan Carlos Peinado gira en torno a la actividad profesional de Begoña Gómez en la Complutense. Según el juez, desde la llegada de Pedro Sánchez, primero a la Secretaría General del PSOE y, sobre todo, al Gobierno, “se tomaron determinadas decisiones públicas favorables” a la cátedra que Begoña Gómez codirigió en esa Universidad gracias a su “posición relacional”.

En esta línea, las acusaciones populares lideradas por HazteOir defienden que Begoña Gómez se valió de la influencia derivada de ser la esposa del presidente para favorecer a empresas de Barrabés en adjudicaciones públicas e impulsar de forma irregular la creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid. 

Se espera que en la vista de este lunes su abogado, Antonio Camacho, rebata esta tesis sobre la base de los argumentos de su escrito de defensa. Entre ellos, que su vinculación con ese campus comenzó en 2012, cuando Pedro Sánchez “no ostentaba responsabilidad pública alguna”, que fue ella quien “inventó” el término “Transformación Social Competitiva” que dio nombre a la dirección de la cátedra extraordinaria que asumió en 2020 o que ese cargo no conllevaba “retribución económica alguna”. 

Se prevé que la Fiscalía se exprese en ese mismo sentido. En sus escritos, el fiscal José Manuel San Baldomero ha criticado que el juez Peinado haya tachado de “irregular, corrupta y delictiva” cualquier actividad realizada por la esposa de Pedro Sánchez “forzando la conexión de actividades profesionales o cotidianas e institucionales como si de una trama u organización criminal se tratara”. Y también ha atacado el mantra de los negocios privados de Begoña Gómez, que cobró 34.314 euros en una década de colaboración con la Complutense. “No parece que el lucro sea sospechoso ni disparatado”, dejó por escrito el fiscal.

Sobre la supuesta apropiación indebida del software vinculado a la cátedra, las acusaciones ultras defienden que “se apropió y puso bajo su poder de control y disposición” el programa en perjuicio de la Complutense porque no lo entregó a pesar de que estaba obligada a ello.

La defensa de Begoña Gómez viene subrayando, sin embargo, que el convenio de la cátedra preveía crear una plataforma tecnológica gratuita propiedad de la Complutense. Y que las empresas colaboradoras ingresaron directamente las aportaciones económicas en el patrimonio de la universidad, así como que fue la propia Complutense quien licitó los contratos necesarios. Además, la defensa ha insistido en que el software nunca llegó a finalizarse ni a usarse debido a que la Complutense canceló la cátedra, por lo que ni Begoña Gómez se lucró ni la Universidad sufrió ningún perjuicio patrimonial.

Por otro lado, respecto a las funciones de la asistente en las que el juez y las acusaciones ven un delito de malversación, la defensa de Begoña Gómez mantiene que su ayuda “ocasional” mediante el envío de “un número muy limitado de correos para ayudar en momentos puntuales” a Begoña Gómez no afectó sus funciones ni supuso un “menoscabo de recursos públicos”.

Tras escuchar los argumentos de las partes —y, en su caso, decidir si impone a los investigados alguna medida cautelar—, el juez tendrá que determinar en el mismo acto o en los tres días siguientes si abre o no juicio oral contra Begoña Gómez, su asistente en la Moncloa y el empresario Barrabés. Tras una instrucción en la que se ha apoyado en las acusaciones de extrema derecha, todo apunta a que Peinado dejará a los tres investigados camino del banquillo antes de su jubilación, prevista para el próximo septiembre.

Con distintas visiones sobre el papel que debe adoptar en los próximos meses, un 64% de los votantes del PSOE cree que Pedro Sánchez debería mantenerse en el Gobierno y agotar la legislatura a pesar de la causa abierta contra el expresidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero. Solo el 22,8% de los votantes del PSOE cree que Sánchez debería adelantar las elecciones frente al 35,4% que pide que permanezca en Moncloa cuestionando a Zapatero y el 29,2% que quiere que siga en su puesto defendiendo al expresidente.

No obstante, la amplia mayoría de los españoles ve indicios de corrupción en el caso del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El 60% de los ciudadanos considera que la investigación judicial abierta por el juez José Luis Calama que ha provocado la imputación del exdirigente socialista por presunto tráfico de influencias en el marco del conocido como caso Plus Ultra ha evidenciado al menos indicios de prácticas corruptas.

Una encuesta de Ateneo del Dato para elDiario.es refleja que el 35,7% de la ciudadanía considera que el de Zapatero “es un claro caso de tráfico de influencias y corrupción” y otro 24,8% ve “indicios reales de corrupción mezclados con un uso político del caso”. Frente a ellos, un 16,8% de los encuestados cree que la investigación de Calama es “una operación política para hacer caer al Gobierno” y un 11,9% opina que la causa evidencia que Zapatero “ha actuado de forma poco ética” aunque duda de que se trate de un caso de corrupción.

La percepción de los ciudadanos varía notablemente en función del partido al que votan. Los de la derecha abogan más por tildar de corrupción todo lo que se ha conocido hasta ahora en el sumario de Calama, mientras la izquierda es más partidaria de vincularlo con un ataque contra el Gobierno de Pedro Sánchez. El 57,9% de quienes en las últimas generales votaron al PP ven “un claro caso” de corrupción y otro 26,1% ve “indicios reales de corrupción”. Menos del 4% de los votantes populares creen que se trata de una “operación política” contra La Moncloa y apenas un 7,8% se limita a cuestionar la ética de Zapatero aunque duda de que sea corrupción.

Entre los votantes de Vox se reflejan cifras similares. Un 55,4% se aventura a considerar la causa como “un claro caso de tráfico de influencias y corrupción” y un 29,6% considera que “hay indicios reales de corrupción mezclados con un uso político del caso”. Solo un 5,3% de quienes apoyan a la extrema derecha ve un ataque al Ejecutivo y un 6,8% cree que Zapatero “ha actuado de forma poco ética”, pero no sabe si es corrupción.

En cambio, el 30,4% de los votantes del PSOE y el 37% de quienes apoyan a Sumar consideran que “se trata de una operación política para hacer caer al Gobierno”. Entre los socialistas, el 15,1% censura éticamente las prácticas de Zapatero recogidas en el sumario del juez Calama, pero no se atreve a hablar de corrupción, un porcentaje que se reduce al 13,3% entre los votantes de Sumar. Pero el porcentaje de quienes ven un claro caso de corrupción es mayor entre los votantes del PSOE (un 20,4%) que entre los del partido de Yolanda Díaz (13,7%), mientras que el 21,5% de los electores socialistas ve “indicios reales” de corruptelas mezclados con un “uso político” de la causa, algo que en el caso de los votantes de Sumar alcanza el 24,5% de los encuestados.

Sobre lo que debería hacer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la causa contra Zapatero, una amplia mayoría de los votantes del PSOE creen que este tendría que mantenerse al frente del Ejecutivo. El 35,4% de los que en las últimas elecciones votaron al PSOE consideran que Sánchez debería “seguir al frente del Gobierno, condenando públicamente el comportamiento del expresidente Zapatero” y otro 29,2% cree que tendría que continuar en La Moncloa “defendiendo la inocencia” del exmandatario socialista. Pero dos de cada diez votantes del PSOE (un 22,8%) son partidarios de que se convoquen unas elecciones generales anticipadas.

En cuanto a los votantes de Sumar, casi la mitad, el 46,4%, opina que el partido al que apoyan debería “permanecer en el Gobierno, pero denunciando públicamente la corrupción del PSOE” y un 23,6% cree que los ministros del espacio deberían continuar “defendiendo la inocencia del expresidente Zapatero”. Un 16%, en cambio, cree que Sumar tendría que “salir del Gobierno de forma inmediata”.

Ateneo del Dato también trata de calibrar el apoyo de los votantes de los partidos que ejercen de socios parlamentarios del Gobierno a que este continúe tras conocer la investigación contra Zapatero.

Así, un 32,9% de quienes en las últimas generales votaron a ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y CC consideran que estas fuerzas políticas tendrían que “mantener su apoyo al Gobierno, pero denunciando públicamente la corrupción del PSOE”, un 26% cree que se debería seguir sosteniendo a Sánchez “defendiendo la inocencia del expresidente Zapatero” y un 23,7% aboga por “retirar de forma definitiva su apoyo al Gobierno, aunque eso pueda facilitar la llegada del PP y Vox”.

Sobre la encuesta y su autoría

La encuesta se realizó la semana pasada, entre el lunes y el viernes, a través de 1.500 entrevistas. El trabajo coincidió con la publicación de novedades en el caso de Zapatero como la tasación judicial de las joyas incautadas en el despacho del expresidente que las valoró en 1,3 millones de euros y la apertura de una pieza separada precisamente sobre esas joyas.

El proveedor del panel cumple con la norma ISO 20252, estándar internacional de calidad para la investigación de mercados, social y de opinión pública, que establece requisitos de control metodológico, trazabilidad y garantía de calidad en los procesos de recogida y tratamiento de datos.

Ateneo del Dato es un proyecto integrado por analistas de datos e investigadores sociales especializados en metodologías cuantitativas y cualitativas. Su finalidad es analizar y explicar, desde una perspectiva empírica, las problemáticas, actitudes y tendencias que configuran la sociedad española y su entorno.

El proyecto está dirigido por Víctor Pérez-Guzmán, analista con formación en Economía, Derecho y Ciencias Políticas, especializado en análisis de datos sociales y electorales. Su trayectoria comenzó en la investigación aplicada y el estudio del comportamiento social, y ha evolucionado hacia el diseño de arquitecturas de datos en entornos cloud y el desarrollo de modelos predictivos basados en patrones de comportamiento. Actualmente compagina la dirección de Ateneo del Dato con la construcción de sistemas analíticos avanzados, incluyendo enfoques de aprendizaje federado orientados a la predicción y al análisis descentralizado de datos.

No habrá respiro. Pedro Sánchez afrontará una semana de calvario judicial que dejará secuelas. Las causas de su pareja, Begoña Gómez, y del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se sucederán en los tribunales en los próximos días sin solución de continuidad y en pleno estallido del 'caso Leire', por el que la directora de la Guardia Civil se someterá además al interrogatorio de la oposición en el Senado. Un calendario político envenenado que en La Moncloa encaran como uno más de los trances a afrontar en la carrera de obstáculos en que ha vuelto a convertirse el final del curso político. A todo ello se sumó el viernes la apertura de una nueva pieza separada contra Zapatero, a quien se le investigará también por contrabando y delito fiscal, por las joyas encontradas en su despacho y valoradas por una joyería madrileña en 1,3 millones de euros.

La primera gran cita de enjundia será el mismo lunes. Ese día, el juez Peinado espera a la pareja del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, contra quien el polémico magistrado podría adoptar incluso algún tipo de medida cautelar. En su escrito de citación, Peinado habló abiertamente de la posibilidad de que los encausados puedan tener alguna conducta “tendente a eludir la acción de la Justicia”. Y llegó a amenazar con el “apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública al acto de la audiencia preliminar” previsto para las seis de la tarde del lunes, día y hora del debut de la selección española en el Mundial de Fútbol.

Antes, por la mañana, el presidente del Gobierno volverá a sentarse frente la Ejecutiva Federal de su partido, zarandeada en las últimas semanas tras el estallido del 'caso Leire'. Lo previsto es que Sánchez incida en el mensaje que trasladó a la cúpula del PSOE hace dos semanas, tras los registros de la UCO en la sede de Ferraz: que los socialistas agiten con orgullo la bandera de un “Gobierno limpio y un partido honesto” y contrarresten la ofensiva judicial con la tesis de la campaña orquestada.

Para ese argumento, el de la campaña orquestada, encuentran en Moncloa elementos de sustento como el proceso judicial en torno al hermano del presidente, David Sánchez, ya visto para sentencia y en el que las acusaciones de ultraderecha piden hasta seis años de cárcel a pesar de la falta de consistencia del proceso que ha quedado patente en el juicio. Una situación muy similar a la de Begoña Gómez, cuya instrucción de su caso el juez Peinado ha convertido en todo un esperpento procesal que tampoco ha arrojado indicios delictivos a lo largo de dos años.

Para el martes está previsto otro mal trago para el Ejecutivo, esta vez en relación a la presunta trama organizada por Santos Cerdán y Leire Díez para entorpecer investigaciones judiciales. A petición del PP, comparecerá en el Senado la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, señalada por la investigación tras conocerse que recibió al menos tres veces a Díez. Aunque por el momento el propio Pedro Sánchez mantiene su respaldo a González, militante socialista de la federación madrileña y persona muy cercana al presidente, en el Ejecutivo admiten que su situación es especialmente delicada porque desde Interior se habían negado de manera insistente en los últimos meses unos encuentros que han acabado por confirmarse.

La dificultad para explicar la razón y el contenido de esos encuentros, que Interior ya esbozó en un comunicado público, marcarán una comparecencia ante la que la oposición se frota las manos. Porque la interlocución de la directora de la Guardia Civil con Leire Díez compromete de manera indirecta a su jefe político, el ministro Grande-Marlaska. Y por elevación supone también un quebradero de cabeza extra para Pedro Sánchez. Lo que esperan en las filas socialistas es que Mercedes González sea capaz de evitar que el PP y Vox la acorralen y pueda ceñirse al guion oficial: que mantuvo dos encuentros de carácter “personal” y que tras el tercero, en el que Díez pidió maniobrar en favor de un agente imputado en la trama 'Koldo', ni se llevó a cabo maniobra alguna ni se volvieron a ver jamás.

Un nuevo golpe para Zapatero

Y ya el miércoles aguarda la traca final: José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez como primer presidente del Gobierno imputado. Tras el retraso de su declaración para preparar su estrategia de defensa, que ha supuesto para el Ejecutivo estirar la agonía mediática del caso, Zapatero se dispone a intentar echar abajo la tesis de la UCO y del juez de que parte de su actividad privada, centrada en negocios con empresarios de dudosa reputación, pertenece a una trama criminal dedicada, entre otras cosas, al tráfico de influencias.

La información que tienen en el Gobierno respecto a esa estrategia de defensa es la que les traslada directamente el presidente Zapatero, según el cual su equipo jurídico y él mismo estarían en disposición de desmontar las acusaciones que se ciernen sobre sus negocios. Esta semana, además, la tesis de una cascada de decisiones judiciales que esconden maniobras políticas se ha visto alimentada tras conocerse que EEUU tardó cinco años en enviar a España los chats del empresario venezolano que fueron claves para imputar al expresidente español. Es decir, que Estados Unidos requisó el móvil en 2021 pero no llegó a la UDEF hasta el 16 de marzo de 2026, en plena escalada de tensión entre Pedro Sánchez y Donald Trump a cuenta de la guerra de Irán.

Lo que ha hecho la defensa del expresidente es hacer llegar al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, un escrito en el que plantea dudas sobre la obtención y la correcta custodia del contenido del teléfono móvil que fue interceptado por agentes norteamericanos en 2021 a Rodolfo Reyes, el empresario que por entonces era socio mayoritario de Plus Ultra. Un movimiento que podría estar encaminado incluso a solicitar la nulidad del caso.

Su situación se complicó, no obstante, el viernes. Calama acordó abrir una pieza separada del caso para investigar a Zapatero por delitos fiscal y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro practicado el pasado 19 de mayo en la oficina del expresidente del Gobierno, cuyo origen “en estos momentos no está justificado” y cuyo valor ha sido tasado de forma preliminar en 1.323.915 euros.

Comparecencia en el Congreso

Tras el Consejo de Ministros del martes y la sesión de control del miércoles en el Congreso, la agenda pública del presidente del Gobierno le llevará a Bruselas para asistir al Consejo Europeo de los días 18 y 19 de junio. Y a su llegada, el jueves, se espera que Pedro Sánchez pueda atender algunas preguntas de la prensa tras la montaña rusa judicial de la semana. Será en cualquier caso el próximo 24 de junio cuando Sánchez comparecerá formalmente en el Congreso para cumplir con la liturgia parlamentaria de trasladar el contenido de la cumbre europea pero también para dar cuenta de la cascada de casos que afectan al PSOE.

Sobre el de Leire Díez, a la que Sánchez niega haber recibido jamás ni tampoco amparado su presunta actividad delictiva, en el equipo del presidente advierten: “Si quieren hablar de cloacas, hablaremos de las de verdad”, en referencia a la guerra sucia del PP del 'caso Kitchen' que también se juzga ahora.

Jueces, fiscales, abogados y policías convertidos en auténticos protagonistas de la vida pública. Está pasando. La acreditada sinergia entre togados y periodistas para la filtración de sumarios —bajo secreto o no— y actas judiciales copan las principales portadas mientras el Gobierno se desespera ante una sucesión de noticias adversas que a diario caen como auténticas bombas de racimo en La Moncloa. Cuando no es una derivada del comando Leire Díez, es un nuevo auto sobre la investigación de Zapatero, una nueva imputación o un informe de la Guardia Civil. 

La mini tregua política y judicial por la visita del Papa ha terminado. De hecho, no había puesto aún León XIV, el pasado viernes, un pie en el avión pontificio de regreso al Vaticano, cuando una tromba de decisiones judiciales, titulares, citaciones y comparecencias retumbaba de nuevo en las paredes de La Moncloa. Una tras otra: que si el juez del caso Plus Ultra abre una pieza separada para investigar a Zapatero por delito fiscal y contrabando por las joyas halladas en su despacho; que si el informe pericial sobre cada una de las piezas halladas en la caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno ha valorado la colección en 1.323.915 euros; que si el PP llama a declarar en el Senado a la fiscal general del Estado por las reuniones de la mano derecha de Álvaro García Ortiz con Leire Díez; que si la autoridad disciplinaria del Poder Judicial propone de nuevo archivar las quejas de Bolaños contra Peinado…

No hay descanso para el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha ordenado a los suyos no dejarse arrastrar por la agenda judicial ni por la “ansiedad mediática” mientras trata de encajar el daño ya infligido por la tasación de las joyas que Zapatero guardaba en una caja fuerte de su despacho de la calle Ferraz. En el fondo, muy pocos creyeron en la valoración entre 30.000 y 50.000 euros que el portavoz oficioso del expresidente, Luis Arroyo, trasladó a la opinión pública en una ronda de entrevistas en varios medios de comunicación. Las imágenes hablaban por sí solas y lo que mostraban no era ni bisutería ni bagatela. Tras el peritaje judicial, de hecho, el juez ha acordado abrir una pieza separada del caso Plus Ultra para investigar a Zapatero por delito fiscal y contrabando en relación con las joyas halladas en el registro practicado el pasado 19 de mayo en su despacho.

“Mantenemos el apoyo al presidente, a la espera de escuchar sus explicaciones ante la Audiencia. Máxima prudencia en un procedimiento en el que la defensa tiene serias dudas sobre la legalidad en la obtención de las pruebas que han servido para incriminar al expresidente”, aseguran en el equipo de Sánchez. En efecto, el letrado ha hecho llegar al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama un escrito en el que plantea dudas sobre la obtención y la correcta custodia del contenido del teléfono móvil que fue interceptado por agentes norteamericanos en 2021 a Rodolfo Reyes, empresario que por entonces era socio mayoritario de Plus Ultra. Y relaciona el auto del juez Calama por el que ha emitido una comisión rogatoria a EEUU con el objeto de tener el consentimiento de ese país para poder usar como fuente de prueba ante un eventual juicio penal esas conversaciones del empresario. Conversaciones que fueron determinantes tanto para la imputación del expresidente como para las entradas y registros llevados a cabo por agentes de la UDEF.

“Hablamos de palabras mayores si se acredita que se han vulnerado los derechos constitucionales de Zapatero y se declara la nulidad del procedimiento”, añade un ministro del PSOE. Una opinión en la que convergen varios de sus compañeros del Consejo de Ministros que, por otra parte, como Sánchez son conscientes de que “el daño político ya está hecho”. 

Un perjuicio que, en todo caso, “no debe llevarnos al flagelo”, añade otro ministro que defiende que “Zapatero no ha hecho nada distinto a lo que hacen Felipe González o José María Aznar, con la salvedad de que a ellos no les ha investigado nadie”. Quien así habla es de los convencidos de que existe una campaña coordinada contra el Gobierno de la derecha política, judicial y mediática, pero también de que si “el expresidente acredita que esas joyas fueron un regalo que recibió antes del 2020, el delito que se le imputa incluso habría prescrito”. ¿Contrabando?, se pregunta el mismo interlocutor. “Feijóo veraneaba con un contrabandista y no le ha pasado nada”, se responde.

Torró y la investigación del PSOE

En esta misma línea, Sánchez ha dado instrucciones para separar la agenda judicial de la de Gobierno y no dejarse arrastrar por el desarrollo de los procedimientos en una semana que se presenta igual de aciaga para los socialistas que las anteriores. Y que el PSOE afronta desde el lunes con una rueda de prensa de la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, tras la reunión de la Ejecutiva Federal, para dar detalles sobre la investigación interna realizada como consecuencia del caso Cerdán y el comando Leire.

Si el próximo lunes el juez Peinado ha citado a Begoña Gómez para una audiencia preliminar bajo amenaza de que si no acude puede ser conducida por la “fuerza pública”, el martes tendrá que declarar la directora general de la Guardia Civil en el Senado por el “caso Leire”. El PP reclama su testimonio tras el informe de la UCO que desveló que se había reunido al menos en tres ocasiones entre septiembre de 2024 y abril de 2025 con la exmilitante del PSOE. El miércoles, tras la habitual sesión de control al Gobierno, también comparecerá el ministro del Interior en el Congreso. La Audiencia Nacional ha habilitado miércoles y jueves para la declaración de Zapatero ante el juez Calama. Y el viernes, en el Senado, comparecerá la fiscal general del Estado, Teresa Peramato. Todo en la semana en la que, probablemente, se conozca también la sentencia sobre el caso Ábalos/Koldo.

Aunque el ministro Óscar López recordó esta semana que “la justicia no gobierna y quien gobierna es el Gobierno”, en estos tiempos nadie podrá negar que la oposición a Sánchez está en los tribunales, no en el Parlamento. Y que sin las togas, hoy Feijóo no sería nadie. 

El contenido del móvil de Rodolfo Reyes, un empresario venezolano que estuvo vinculado como socio mayoritario a la aerolínea Plus Ultra, fue entregado el pasado 18 de marzo por la agencia de Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI) a la policía española.

La entrega se hizo un día después de que el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama acordara reactivar una orden de detención contra ese empresario. Quería apresarlo para poder interrogarle por su participación en “un presunto plan para apropiarse” del dinero del rescate público de la aerolínea —53 millones de euros— para destinarlo “en parte y mediante transferencias inmediatas a sociedades instrumentales de una red de blanqueo de la que presuntamente formaba parte”.

En vez de a Reyes, Calama obtuvo de EEUU su móvil, y en él había conversaciones del empresario con otros responsables de la compañía que apuntaban a que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero pudo participar en los esfuerzos de Plus Ultra por lograr el rescate público en 2021 fuera de los cauces oficiales.

Desde que la agencia americana se hizo en 2021 con el móvil de Reyes hasta que fue entregado su contenido a España pasaron cinco años. Pero en este pasado mes de marzo se dieron una serie de hitos que son relevantes para entender por qué la defensa del expresidente Zapatero ha solicitado plena transparencia documental en esa cooperación internacional entre policías. Esta es la línea temporal a seguir para no perderse en el viaje a España del contenido incriminatorio del móvil de Reyes.

22 de julio de 2020

“Nuestro pana Zapatero detrás”

Rodolfo Reyes es informado sobre una reunión mantenida con el entonces secretario de Estado de Transportes sobre el rescate de Plus Ultra. Sus interlocutores afirman que han sido recibidos por “altas recomendaciones”. “Sí, bro. Nuestro pana Zapatero detrás”, responde Reyes. Este mensaje se usará luego en los informes policiales

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9 de marzo de 2021

El Gobierno aprueba el rescate de Plus Ultra

Casi un año después del decreto de alarma que paralizó España por la pandemia, Plus Ultra recibe dos préstamos por 53 millones de euros por parte del Gobierno. La Audiencia Nacional investiga ahora si hubo tráfico de influencias en torno a su concesión.

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9 de mayo de 2021

EEUU clona el teléfono a Rodolfo Reyes

Agentes de la norteamericana Homeland Security Investigations (HSI) retienen a Rodolfo Reyes en el aeropuerto de Miami, según informa la Cadena Ser. Después es deportado a Panamá, de donde procedía su vuelo. También clonan su teléfono.

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12 de febrero de 2026

Orden de busca y captura para Rodolfo Reyes

La jueza de Madrid que instruía la causa en un inicio, Esperanza Collazos, dicta una orden de busca y captura contra Rodolfo Reyes y otros investigados.

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3 de marzo de 2026

La Audiencia Nacional asume el caso Plus Ultra

La Audiencia Nacional solicita la remisión “a la mayor brevedad de la causa íntegra original incluyendo piezas separadas, instrumentales o auxiliares que se hubieran formado”.

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11 de marzo de 2026

Interpol responde al juzgado de Madrid

La Interpol da curso a la detención de Rodolfo Reyes y Simón Leendert Verhoeven, pero rechaza otras dos por defectos que impiden su tramitación.

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17 de marzo de 2026

Reactivación de la orden de busca y captura

El juez Calama envía aclaración a la Interpol y reactiva la Orden Internacional de Detención contra Rodolfo Reyes.

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18 de marzo de 2026

EEUU entrega a la UDEF el contenido del móvil de Rodolfo Reyes

El HSI de EEUU entrega a la policía española el contenido del móvil de Rodolfo Reyes para que sea utilizado en el proceso penal de Plus Ultra.

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22 de abril de 2026

La Policía emite los informes claves sobre el caso.

El teléfono de Rodolfo Reyes es el hilo conductor que usa la UDEF para reconstruir la supuesta estructura de tráfico de influencias en la que implica a Zapatero y que plasma en los informes claves del caso.

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18 de mayo de 2026

El juez imputa a Zapatero y acuerda registrar su despacho

El juez imputa a Zapatero y autoriza el registro de su despacho y la empresa de sus hijas. Afirma en su auto que gracias a los “mecanismos de cooperación”, la agencia HSI puso a disposición de la UDEF “la extracción telefónica” de un dispositivo de Rodolfo Reyes.

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2 de junio de 2026

Zapatero denuncia un uso “fragmentario” de las comunicaciones

El abogado de Zapatero denuncia que en la causa no consta la extracción del móvil de Reyes y que el uso “fragmentario” de esa comunicación genera “indefensión”, por lo que pide que se incorpore.

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5 de junio de 2026

El juez pide a EEUU poder utilizar el móvil como prueba

El juez Calama pide autorización a EEUU para que el teléfono de Rodolfo Reyes pueda utilizarse como prueba en un hipotético juicio contra Zapatero en España. Busca asegurar su validez a pesar de que ya ha servido para imputar al expresidente.

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10 de junio de 2026

Zapatero pide que se exija a EEUU más información sobre cómo obtuvo el móvil de Reyes

La defensa de Zapatero reclama al juez se pida a EEUU información detallada sobre la extracción del teléfono y sobre si se garantizó la cadena de custodia. Argumenta que existen serias dudas sobre la validez de la prueba si no se conoce cómo se obtuvo.

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El futuro de Álvaro García Ortiz está ahora en manos de dos instancias diferentes: el Gobierno y el Tribunal Constitucional. El primero debe decidir si indulta parcialmente su condena de inhabilitación por la filtración de información de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, con el criterio en contra del Tribunal Supremo y a favor de la Fiscalía. El segundo anunciará en las próximas semanas si admite o no a trámite su recurso de amparo contra la condena que le impuso la Sala de lo Penal. Ninguna de las dos gestiones, según fuentes del caso, quedará zanjada definitivamente a corto plazo y mientras tanto el ex fiscal general del Estado seguirá ejerciendo como representante del Ministerio Público ante la sala del Supremo que estudia cada año miles de pleitos laborales.

La petición de indulto, planteada por terceras personas y apoyada públicamente por la Unión Progresistas de Fiscales (UPF), llegó al Ministerio de Justicia a principios de este año, apenas dos meses después de que el Tribunal Supremo hiciera pública la condena. Dos años de inhabilitación para ejercer como fiscal general además de una multa de 7.200 euros, la obligación de indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador y a pagar 39.000 euros más al comisionista por lo que había tenido que gastarse en abogados durante el proceso.

Justicia puso la maquinaria habitual en funcionamiento a finales de enero. Pidió un informe al Tribunal Supremo, otro a la Fiscalía y al propio González Amador. Además, solicitó, como es obligatorio, un informe de conducta a la Delegación del Gobierno en Madrid. Este documento fue entregado a Justicia el 21 de abril, según fuentes conocedoras del caso. El resto han sido incorporados más recientemente al expediente que maneja el departamento de Félix Bolaños. Poco después llegó la opinión de la Fiscalía, que tras pedir la absolución de García Ortiz en el juicio solicitó al Gobierno que, al menos, la condena de inhabilitación que le quedaba por cumplir fuera conmutada.

En ese informe, la Fiscalía destacó que la condena a Álvaro García Ortiz había tenido “consecuencias extrapenales desproporcionadas”. Y aunque ya había dejado su puesto en la planta noble de la Fiscalía General, un indulto parcial permitiría al menos acortar los plazos para cancelar sus antecedentes penales, algo que sí tiene consecuencias, según la Fiscalía, “en la vida civil y desarrollo profesional”. García Ortiz no se benefició personalmente desde el punto de vista patrimonial, y su finalidad en todo ese asunto fue “preservar la reputación” del Ministerio Público frente a las noticias manipuladas que se publicaban sobre su actuación en el caso de fraude fiscal de González Amador.

La respuesta de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha sido la esperada. Los mismos jueces que firmaron la condena de García Ortiz y le atribuyeron la filtración —a él o a “alguien de su entorno”— entienden que no debe ser indultado, ni total ni parcialmente. A nivel general, la Sala considera que no hay razones de “justicia, equidad o utilidad pública” para otorgarle la medida de gracia, los parámetros legales en los que se mueven este tipo de decisiones. En el detalle, los jueces entienden que fue condenado por “hechos graves” que afectaron a “la institucionalidad del Ministerio Público”. El Supremo también afirma que, en realidad, su condena de inhabilitación ha tenido “una consecuencia jurídica de escasa relevancia”.

La negativa del Tribunal Supremo era esperable, igual que la negativa de Alberto González Amador todavía por conocer, pero sí tiene consecuencias. La decisión final está en manos del Consejo de Ministros, pero un informe desfavorable de los jueces que sentenciaron el caso elimina la posibilidad de que reciba un indulto total, tal y como establece la normativa de la medida de gracia del año 1870. La Fiscalía, en cualquier caso, apoya un indulto parcial y no uno total. La concesión de un indulto sin el criterio favorable del tribunal sentenciador o de la Fiscalía es relativamente habitual: desde 2011, según los datos oficiales, la mitad de las medidas de gracia se ha concedido en contra de la opinión de los jueces o los fiscales. Una minoría del 5% se concedieron, incluso, con la oposición de ambos.

Una vez recabados todos esos informes, la petición de indulto y su expediente vuelven a manos del Ministerio de Justicia, que tendrá que elevar una propuesta al Consejo de Ministros para que tome una decisión final. Fuentes del caso explican a elDiario.es que la tramitación y decisión final no va a ser inminente, por lo que su análisis en Justicia se va a solapar con el recorrido final del caso: los recursos ante el Tribunal Constitucional.

Dos recursos pendientes de admisión

El Tribunal Constitucional tiene dos recursos encima de la mesa contra la condena de Álvaro García Ortiz. El que presentó la Abogacía del Estado en su propio nombre y el que presentó también la Fiscalía, ambos pidiendo anular su condena por vulneración de sus derechos fundamentales. El Ministerio Público entiende que el ex fiscal general se limitó a “informar verazmente” del caso de González Amador con datos ya conocidos frente a “imputaciones delictivas falsas”. El propio García Ortiz y la Abogacía sumaron críticas al Supremo por hacer “una valoración irracional y arbitraria de los indicios”.

Los dos recursos ya están en manos del Tribunal Constitucional, pero, tal y como pasa con el indulto, su resolución no va a ser cosa de unas pocas semanas. La impugnación de la Fiscalía está en manos de la progresista María Luisa Segoviano en la Sala Segunda, y la de la Abogacía del Estado con la conservadora Concepción Espejel como ponente en la Sala Primera. Esto significa que todavía quedan varios pasos por delante hasta que sus alegaciones sean estudiadas en profundidad y exista una hipotética sentencia sobre el fondo del asunto.

Esas Salas pueden decidir por sí mismas si admiten o no a trámite los recursos, pero lo normal es que sean llevados al pleno, lo que retrasaría ese primer filtro. Y después, como es habitual en el resto de casos que estudia el tribunal de garantías, quedarían por delante varios meses de estudio y deliberaciones, en caso de ser admitidos a trámite, antes de que exista una sentencia con efectos reales sobre su caso.

Toda esta tramitación no tendrá una gran incidencia en la vida profesional actual de Álvaro García Ortiz. La Fiscalía General entendió que esa condena penal le inhabilitaba para ejercer como máximo responsable del organismo, pero no para seguir siendo fiscal según la ley, y tras unas pocas semanas obtuvo su destino: fiscal ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Su condena se ejecuta, pero solo afecta a una hipotética e improbable posibilidad de volver a ejercer como fiscal general, y la parte económica de la sentencia ya ha sido abonada.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este sábado en la romería del partido en O Pino (A Coruña) que “tenemos un Gobierno que es capaz de hacer cualquier cosa” para a renglón seguido decir que “España necesita más puntos de encuentro”. Según el presidente de los populares, Pedro Sánchez y su Gobierno son capaces de “cualquier cosa”, como organizar una “cacería” contra policías, jueces y fiscales “por hacer su trabajo”.

“Vamos a hacer una limpieza completa porque lo han podrido todo; no ha faltado nada, no ha faltado nadie en esta podredumbre, es una serie interminable que se supera capítulo a capítulo”, ha asegurado en la clausura de este encuentro en una jornada con aviso naranja por altas temperaturas. “No ha faltado nadie en esta pobredumbre; es una serie interminable que se supera capítulo a capítulo”, ha resumido.

Feijóo también se ha atrevido ya a mencionar el epitafio político del jefe del Ejecutivo haciendo referencia a las siglas que aparecieron en una de las agendas incautadas de Leire Díez: “P.S. son las siglas de un fariseo que no cumplió nada de lo que prometió”. La libreta contenía la anotación “Reunión con P.S.” en la página correspondiente al 3 de febrero de 2025. La UCO hizo alusión a alguna de las anotaciones de esa agenda en el informe principal del caso, pero obvió este apunte. Según la página oficial de La Moncloa, Pedro Sánchez —a quien pudieran corresponder esas siglas— participó ese día en el retiro informal de líderes de la UE en Bruselas, convocado por el Consejo Europeo. Desde Moncloa han “desmentido rotundamente” cualquier encuentro entre ambos.

“España necesita más puntos de encuentro, no necesita muros; necesita un proyecto en común, más convivencia y más ambición colectiva”, ha subrayado para continuar asegurando que necesita al PP, “el partido que no necesita romper nada para avanzar”. Un partido, ha agregado, que apuesta por “unir”, que es, a su juicio, “lo más difícil pero lo único útil que puede hacer un político”.

Rueda insta a Feijóo a “coger fuerzas” : “Cuando toque, estaremos preparados”

Feijóo ha clasurado este encuentro que se celebra en un contexto de plena ofensiva política del PP para pedir comicios anticipados por las investigaciones judiciales que afectan al PSOE. Antes del líder del PP ha intervenido Alfonso Rueda, que ha proclamado que España necesita unas elecciones generales porque requiere de “limpieza, decencia, dirección y sentidiño”.

El líder del PP gallego y presidente de la Xunta ha instado a su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, a “coger fuerzas” con un compromiso: “Cuando toque”, los populares gallegos estarán “preparados” y le darán “el mejor resultado de España”.

Sin perder de vista las municipales de 2027, Rueda ha llevado el foco a unos comicios generales que, ha augurado, a la espera de comprobar la “resistencia” de Sánchez “cercado por los escándalos”, se producirán antes o después. Y cuando lleguen, ha arengado Rueda a los suyos, el PP gallego no le puede “fallar”.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, anunció este sábado que concurrirá como candidata de Podemos a las próximas elecciones autonómicas a la Comunidad de Madrid, que tendrán lugar en mayo de 2027. La líder morada encabezará una lista con la que la formación intentará recuperar la representación perdida en los comicios de 2023, cuando se quedó fuera de la Asamblea de Madrid por primera vez desde 2015.

Belarra comunicó su decisión durante su intervención en el mitin central de la Fiesta de la Primavera del partido, celebrada este sábado en Madrid. La líder de Podemos, que se definió como “navarra de nacimiento pero vallecana de adopción”, aseguró que le “come la rabia” por la “mierda de goberantes” que lideran tanto la Comunidad como el Ayuntamiento de Madrid. Y afirmó que se presentará “con toda la humildad, pero con toda la determinación” para pelear “por todos” los madrileños y por el “futuro” de sus propios hijos.

“Me da mucha rabia que todo el mundo se haya rendido” en el bloque progresista, argumentó Belarra, que afirmó que “el PSOE no presenta” en la región “más que candidatos de cuarta” y que Más Madrid, sostuvo, se siente muy cómodo liderando la oposición. “Yo creo que esta pelea hay que darla con mucha más fuerza, necesitamos que en Madrid haya una alternativa a Ayuso en el corazón ideológico de la derecha”, espetó.

La candidatura de Belarra a la Comunidad de Madrid permite a Podemos intentar esquivar el riesgo de que su secretaria general se quede sin escaño en las próximas elecciones generales, especialmente si los morados terminan concurriendo en solitario y no en alianza con los partidos que ahora mismo componen Sumar. Desde la reforma que se aprobó en 2024, la ley electoral obliga a que las candidaturas sean 'cremallera', es decir, que en las listas se alternen hombres y mujeres. Como Podemos decidió hace más de un año que su candidata sería Irene Montero, Belarra solo podría haber concurrido en el número 3 de la lista por Madrid. Y, con las actuales perspectivas electorales del partido, hubiera tenido muy complicado obtener el acta.

En cualquier caso, si Belarra no obtuviera escaño en las elecciones autonómicas, nada le impediría presentarse a los comicios generales que, salvo adelanto, tendrán lugar unos meses después.

Con su decisión de concurrir como candidata a la Comunidad de Madrid, la secretaria general de Podemos sigue el mismo camino que recorrió en 2021 su antecesor en el cargo, Pablo Iglesias. El entonces líder del partido abandonó por sorpresa la Vicepresidencia Segunda del Gobierno que entonces ocupaba para liderar las listas de la formación en las elecciones anticipadas convocadas por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, aunque su candidatura se saldó con un sonoro fracaso, puesto que no logró impedir la mayoría absoluta del PP. Podemos, eso sí, consiguió mantener la representación en la Asamblea, que terminó perdiendo dos años después.

La investigación judicial a Leire Díez y su grupo deja un reguero de nombres que apunta en muchas direcciones. Políticos, empresarios, fiscales, guardias civiles y abogados son los protagonistas de las tramas y subtramas de las agendas de la exconcejala socialista. Algunos están imputados o son colaboradores y otros se utilizaron como fuentes de información u objetivos de un entramado supuestamente dedicado a buscar los puntos flacos de las causas judiciales que afectaban al PSOE, al Gobierno o a ellos mismos. Un propósito en el que, a tenor de las investigaciones, fallaron estrepitosamente.

Leire Díez. De concejala desconocida en Vega de Pas a imputada en múltiples causas de supuesta corrupción en la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz y la UCO acusan a Leire Díez de ponerse al frente de un grupo dedicado a buscar puntos flojos en causas judiciales o información comprometedora de jueces, fiscales y guardias civiles. La ya exmilitante llegó a acudir a dos reuniones en la Fiscalía General del Estado y mantuvo encuentros y conversaciones que analiza la UCO aunque, por el momento, el sumario no desvela que alguna de sus gestiones tuviera éxito para el PSOE o para el resto de miembros de la trama.

Santos Cerdán. La UCO, el juez y la Fiscalía Anticorrupción creen que Santos Cerdán fue el encargado de abrir las puertas del número 70 de la calle Ferraz a Leire Díez, con la que, según el sumario, ya había mantenido contacto anteriormente. Celebraron más de tres decenas de encuentros y, según los investigadores, se convirtió en el principal interlocutor de Leire y su grupo en el PSOE del cual era secretario de Organización. Los mensajes intervenidos revelan que Leire iba informando a Cerdán –o apuntaba en su agenda que lo hacía– de los pasos que iba dando para desbaratar causas judiciales incómodas para el Gobierno, el PSOE o para ellos mismos.

También se le acusa de ser el muñidor de los pagos a Leire Díez, un sistema que habría evitado dar dinero de forma directa a la exmilitante y hacerlo a través de terceros como Gaspar Zarrías. Recientemente ha negado las acusaciones contra él y ha apuntado a la UCO: “Se seleccionan objetivos y luego se dirigen operaciones abiertas contra ellos con la finalidad de encontrar 'algo' que pueda servir para ensuciar su imagen y minar su credibilidad pública”. 

Javier Pérez Dolset. Empresario fundador de Teleline (Terra) y del grupo ZED, conglomerado empresarial responsable, entre otras cosas, del videojuego 'Commandos', uno de los más exitosos de la industria española. Fue detenido y encarcelado de forma preventiva en junio de 2017 en el marco de una investigación sobre un supuesto fraude millonario de subvenciones por parte de sus empresas, de cuyo concurso de acreedores acaba de ser declarado culpable mientras sigue pendiente de juicio en la causa penal. Pérez Dolset, que salió de prisión casi un mes después, lleva años denunciando que fue víctima de una operación corrupta del excomisario José Manuel Villarejo y, entre otros, el fiscal anticorrupción José Grinda. Un fiscal al que no solo acusa de maniobrar ilegalmente para meterle en prisión, sino también de ponerle en peligro al filtrar que había sido testigo protegido en una causa secreta.

Durante años acumuló información y grabaciones sobre las cloacas policiales e intentó, sin éxito, que la Fiscalía y la Audiencia Nacional investigaran su caso desde esa perspectiva. El sumario y sus propias declaraciones revelan que Pérez Dolset fue uno de los grandes colaboradores de Leire Díez, gestionando una carpeta llamada “Operación PSOE” con información sobre las maniobras de Villarejo, entre otros, contra Pedro Sánchez, que el grupo terminó llevando a la calle Ferraz. En su declaración como testigo ante el juzgado de Madrid que investigó en primer lugar a Díez, el empresario detalló cómo se reunió con diversas “víctimas” de la policía patriótica, desde el nacionalismo catalán hasta el PSOE, incluso con Julio Ariza (Intereconomía). “La reunión fue un fiasco absoluto”, dijo sobre su visita a la calle Ferraz, porque la fuente de información de Villarejo estaba en esa misma reunión.

Jacobo Teijelo. Abogado en ejercicio desde 1992, el sumario está trufado de conversaciones de Teijelo con Leire Díez para hablar de numerosos casos judiciales y posibles huecos por los que buscar la nulidad de los mismos. Participó en una reunión con el empresario de los hidrocarburos Alejandro Hamlyn en la que se habló de cargar contra el teniente Antonio Balas y también acudió en dos ocasiones a la Fiscalía General acompañado de Díez. El juez Pedraz se apoya en la UCO para considerar a este abogado como miembro del grupo de Leire Díez y también como uno de los canales usados por el PSOE para pagar a la exmilitante. Tendrá que declarar como investigado el 25 de junio.

Tanto él como el abogado Ismael Oliver son considerados por parte de la UCO como “asesores cualificados en materias jurídicas”, acusando a este segundo abogado de haber canalizado también pagos desde el PSOE hasta Leire Díez. Llegó a asumir temporalmente la defensa de Koldo García, algo que según la Guardia Civil “instrumentalizó” para presentar diversas denuncias contra la UCO que el grupo pretendía, supuestamente, desestabilizar. Otra letrada ha sido citada tanto por el juez como por los informes de la UCO: Leticia de la Hoz. La actual abogada de Koldo García está acusada de ofrecer dinero y un soborno a la empresaria Carmen Pano a cambio de que dejara de afirmar que había llevado dinero en efectivo a la calle Ferraz, una acusación que la abogada ha negado por escrito ante la UCO.

Sandro Rosell. Presidente del FC Barcelona entre 2010 y 2014, momento en que dimitió por la investigación penal en torno al fichaje de Neymar, causa en la que ha sido recientemente absuelto en firme. Rosell pasó 634 días en prisión provisional por orden de la Audiencia Nacional en una causa judicial en la que finalmente fue absuelto y desde entonces ha denunciado las irregularidades que, considera, se cometieron en su caso. El sumario del caso Leire muestra que contactó con el grupo de la exmilitante socialista y participó en los contactos con el fiscal José Grinda para que ofreciera datos confidenciales de su jefe, Alejandro Luzón, y reconociera que su encarcelamiento había partido de una actuación ilegal del Ministerio Público. Compartió un grupo de WhatsApp con Leire Díez y sus colaboradores aunque no consta que, tras los contactos telefónicos, Rosell consiguiera reunirse con el fiscal Grinda.

Gaspar Zarrías. El sumario demuestra que Gaspar Zarrías ya tenía contacto con Leire Díez en 2020, cuando el interés de la exmilitante era indagar en causas judiciales como Aznalcóllar, Isofotón o los ERE de Andalucía que asediaban al socialismo andaluz. Zarrías había sido alto cargo con José Luis Rodríguez Zapatero, pero, sobre todo, había encadenado puestos de gobierno en la Junta de Andalucía y estaba, por entonces, condenado en el caso de los ERE. El juez considera que, tal y como él mismo reconoció ante el juzgado de Madrid como testigo, pagó 16.000 euros a Leire Díez, aunque el magistrado y la UCO consideran que fue otro canal ilegal para camuflar el dinero que llegaba desde el PSOE, algo que Zarrías niega entre denuncias de irregularidades en el registro de su despacho en Madrid.

Nervis Villalobos. Viceministro de Energía Eléctrica en Venezuela con Hugo Chávez entre 2002 y 2007, Nervis Gerardo Villalobos tiene un historial diverso de detenciones e imputaciones relacionadas con el blanqueo de capitales y con el petróleo venezolano tanto dentro como fuera de España. Su punto de encuentro con la trama de Leire Díez, según la UCO, fue su historial de enfrentamientos con Juan Carlos Peinado, de quien el grupo buscaba información y a quien él había vencido en el Tribunal Constitucional por ordenar su encarcelamiento de forma irregular.

El sumario revela que la relación de Villalobos con Leire Díez se fue estrechando. Ella se comprometió a averiguar en qué estado se encontraba su petición de nacionalidad –que finalmente le fue concedida aunque por una vía distinta– y él empezó a conspirar con ella contra José Grinda, uno de los fiscales anticorrupción que le había investigado. Los informes de la UCO desvelan que Villalobos hizo gestiones para que Leire Díez mantuviera contacto con la joven que había denunciado a este fiscal por enviarle vídeos sexuales cuando era menor, la moneda de cambio que el grupo quería usar para que Grinda colaborara con ellos.

Antonio Hernando. Secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando llegó a ser portavoz del PSOE en el Congreso hasta 2017 y ya en 2023 volvió a los altos cargos en el gabinete de Pedro Sánchez en Moncloa. La UCO, tal y como ha reconocido él mismo, ubica a Hernando en una de las reuniones clave de Leire Díez con miembros del partido en Ferraz poco después de la imputación de Begoña Gómez. Él mismo testificó ante el juez de Plaza de Castilla que puso en marcha la primera investigación en torno a la exmilitante socialista. Entonces contó que ese día de 2024 fue convocado por el equipo de Santos Cerdán para escuchar información sobre la “policía patriótica”.

En esa reunión, contó Hernando, Leire Díez y Javier Pérez Dolset ofrecieron documentación sobre las cloacas que afectaban a Pedro Sánchez. “Esa documentación no era novedosa, en cuanto vi la documentación perdí interés porque era conocido”, dijo al juez. En los 20 minutos en que estuvo en la reunión, nadie habló de buscar trapos sucios de jueces, fiscales y guardias civiles: “No se habló de nada de esto, en ningún momento”. Se limitó a pedir a una de las abogadas del partido que insistieran en estos hechos en las causas en las que estaban personados en la Audiencia Nacional.

Alejandro Hamlyn. Nieto del naviero vasco José María López Tapia, Alejandro Hamlyn es un empresario ligado al mundo del petróleo desde hace años. Fundador del holding del sector de los hidrocarburos antes llamado Hafesa y hoy denominado “Haxx” con un nuevo consejero delegado, Hamlyn lleva más de un año instalado en Dubái sin acudir a España a responder en la causa penal de fraude fiscal masivo en la que está imputado en la Audiencia Nacional. No acudió, por ejemplo, al juicio en el que su empresa fue condenada a pagar 159,1 millones de euros. Desde los Emiratos Árabes Unidos, según la investigación y los vídeos recogidos, mantuvo una reunión con miembros de la trama con un objetivo: mercadear con información que pudiera tumbar al teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, a quien todos culpaban de sus problemas judiciales. Tanto los acusados en las causas de hidrocarburos como algunos socios del grupo de Leire Díez.

José Manuel Villarejo (y su abogado). En un momento dado Leire Díez decide acudir al hombre que custodia bajo llave un alijo explosivo de secretos: José Manuel Villarejo Pérez. La exconcejala contactó con su abogado, Antonio García Cabrera, para hacer una promesa: la Fiscalía Anticorrupción pactaría con su cliente. A cambio, según los investigadores, el comisario jubilado tendría que abrir el baúl de los recuerdos y filtrar material de interés para el grupo. Algo que nunca sucedió: Villarejo llegó a lamentar que él y su abogado eran los únicos que cumplían su parte del trato después de que el fiscal encargado de su caso rechazara, en varias ocasiones, hablar con su defensa. Lejos de llegar a un pacto con la Fiscalía, Villarejo se sienta esos días en el banquillo por el operativo policial Kitchen, acusado de integrar una operación ilegal de Estado para robar a Luis Bárcenas información comprometedora para el PP y para Mariano Rajoy. Anticorrupción pide 19 años de cárcel para él.

Los fiscales anticorrupción. El grupo, según se desprende del sumario, puso todos sus esfuerzos en llegar a tres fiscales del departamento de Anticorrupción. El objetivo era conseguir información comprometedora sobre Alejandro Luzón, el jefe, después de que facilitara la puesta en libertad de Víctor de Aldama en una carambola entre las dos causas en las que está imputado. Para ello recurrieron sin éxito a dos de sus subordinados: José Grinda e Ignacio Stampa. Los dos rechazaron los diversos ofrecimientos y comunicaron a sus superiores lo que entendieron que era un intento de soborno.

Antonio Balas. La trama supuestamente encabezada por Leire Díez convirtió a Antonio Balas en uno de sus principales objetivos, hasta el punto de escribir que había que “matar” a este teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Su número de identificación está en algunos de los informes policiales más relevantes de los casos de más alto voltaje político del último lustro, entre el fervor de las acusaciones y las críticas de parcialidad de las defensas. El grupo de Díez buscaba desacreditar su trabajo e intentó llegar a él y sus supuestos secretos a través de varios guardias civiles, algunos imputados, y a través del empresario de hidrocarburos Alejandro Hamlyn.