El Ministerio del Interior de Italia ha anunciado la suspensión temporal del tratado Schengen de libre circulación en la Unión Europea (UE) tras la crisis de migrantes en Ceuta y que reintroduce controles en puertos y aeropuertos con España.

Sobre esta última medida, Roma ha matizado que los controles serán aleatorios y solo afectarán a ciudadanos que no pertenezcan a la UE. El Ejecutivo ha tenido que salir al paso para aclarar una información de Interior, que llegó incluso a anunciar en un comunicado (corregido poco después) un “cierre de fronteras marítimas y aéreas con España”.

La medida entrará en vigor a partir de mañana, sábado 1 de agosto, en plena campaña de vacaciones y con la consiguiente llegada de turistas internacionales a Italia. El comunicado del Gobierno presidido por Giorgia Meloni termina aclarando que “para quien desde Italia vaya a viajar a España no cambia nada”.

En esa misma línea se ha pronunciado la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien ha asegurado que la suspensión es una medida “extraordinaria” y que estará en vigor “solo durante el tiempo necesario”. En este sentido, la política de extrema derecha ha señalado que se pondrá “especial atención” en que no afecte a los flujos turísticos de verano entre Italia y España.

Para Meloni, la medida es necesaria para “salvaguardar la seguridad nacional y prevenir posibles repercusiones” que pueda tener en Italia la entrada de migrantes de Ceuta. Además, la primera ministra italiana ha informado de que su país está listo para “apoyar cualquier iniciativa europea de respaldo a las instituciones españolas” para ayudar a “restablecer el pleno control de las fronteras exteriores de la Unión y enfrentar con determinación la situación en curso”.

Otro de los políticos del Ejecutivo de Meloni que se ha pronunciado sobre el anuncio ha sido el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, que ha apoyado la decisión por ser “una elección necesaria para proteger la seguridad de nuestros ciudadanos y defender las fronteras europeas”. El político italiano ha escrito en un post en X que la suspensión es “una medida prevista por los tratados y que hoy se vuelve ineludible”. “La crisis de los migrantes en Ceuta nos recuerda que la gestión de las fronteras de la Unión es una responsabilidad común de nuestros países, unos hacia los otros”, ha continuado el ministro.

Por otro lado, el ministro italiano ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo francés, Laurent Nuñez, para acordar el reforzamiento de los controles en las fronteras terrestres entre ambos países. La decisión italiana se produce a raíz de la llegada de miles de personas desde Marruecos a la ciudad autónoma española de Ceuta.

El anuncio se produce cuando el Ministerio del Interior español ha anunciado que prácticamente todos los migrantes que entraron en el enclave español en África ya han retornado a Marruecos, unas 48.300 personas de las 50.000 que se calcula que cruzaron las fronteras. En el pasado Italia introdujo controles temporales en su frontera con Eslovenia, para tratar de contener las llegadas de inmigrantes por la ruta balcánica.

De llevarse a cabo este anuncio, confirmaría las amenazas que puso sobre la mesa este jueves la primera ministra italiana. Un movimiento que provocó que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, convocara al embajador de Italia en España.

Albares, de hecho, tuvo un rifirrafe en redes sociales con su homólogo italiano este pasado jueves después de que este achacara a la regularización migrantes impulsada por el gobierno español la crisis de Ceuta. “Este mensaje es impropio del Ministro de Exteriores de un país socio y amigo del que esperamos solidaridad europea y no demagogia partidista”, escribió Albares

Además de Meloni, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen y la ministra de Interior de Finlandia, Mari Rantanen, pidieron a la UE que estudiara todas las opciones tras la llegada de migrantes a Ceuta. “Es evidente que la UE debe dar de forma inmediata todos los pasos necesarios y considerar todas las posibilidades, incluida la suspensión de la cooperación de Schengen”, señaló la mandataria socialdemócrata en un comunicado enviado a la agencia danesa Ritzau.

El empresario y comisionista Alberto González Amador ha sacado a la venta el ático de lujo que ha compartido en los últimos años con su pareja, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según publicó este viernes El País. El inmueble, ubicado en el acomodado distrito madrileño de Chamberí y que se vende por 1,63 millones de euros, se ubica justo encima del piso en el que residen González Amador y Díaz Ayuso, que el primero también ha puesto a la venta por un montante de 1,79 millones de euros. En total, el empresario y comisionista pide 3,42 millones por ambas propiedades.

El ático, anunciado en el conocido portal Idealista a través de la inmobiliaria Gilmar, tiene una superficie total de 206 metros cuadrados, distribuidos en cuatro dormitorios y una terraza de unos 30 metros cuadrados. La sociedad que administra el abogado de González Amador lo adquirió en 2022, tan solo dos días después de que el empresario y comisionista comprara el piso de debajo por 850.000 euros, menos de la mitad del importe por el que ahora lo vende. La pareja de Ayuso acabó comprando también el ático en 2025, tras pagar un alquiler con derecho a compra de 5.000 euros al mes.

El novio de Ayuso realizó la compra del piso situado debajo del ático que ahora también vende tras cobrar una comisión de dos millones por la intermediación en la compraventa de mascarillas en plena pandemia y presentar declaraciones fiscales que fueron revisadas por la inspección de la Agencia Tributaria. A González Amador se le acusa, en concreto, de defraudar más de 350.000 euros a Hacienda en los ejercicios 2020 y 2021 mediante una trama de facturas falsas y empresas pantalla por la que está pendiente de juicio y que destapó elDiario.es.

González Amador cometió ese presunto fraude fiscal tras disparar sus ingresos por dos vías: gracias a los encargos extra que le hizo el grupo Quirón a partir de 2021 y a una operación de venta de mascarillas en lo peor de la pandemia, en 2020, que facilitó un directivo del gigante de la sanidad privada, transacción por la que está siendo investigado por presunta corrupción en los negocios y administración desleal.

La puesta en el mercado tanto de este inmueble como del piso que se encuentra en la planta inmediatamente inferior se conocen apenas un día después de que la Comunidad de Madrid se viera obligada a anunciar que venderá otro ático de lujo que adquirió en Chamberí a través de la empresa pública Planifica Madrid. Inicialmente, el Gobierno regional justificó esa compra segurando que se iba a destinar a albergar una oficina para Ayuso mientras se llevaban a cabo unas supuestas obras en la Puerta del Sol, sede habitual de la Presidencia madrileña.

El exdirigente socialista Gaspar Zarrías, investigado en el caso Leire Díez, ha lamentado que el juez haya aceptado la petición tanto de la UCO como de la Fiscalía Anticorrupción de acceder y estudiar once cuentas vinculadas con él, y apunta a que se está ante una diligencia “prospectiva, absurda y sin fundamento”. Recuerda, además, que previamente tanto el magistrado Santiago Pedraz como el Ministerio Público no consideraron necesario profundizar en hasta 80 cuentas -tituladas seis de ellas por el PSOE- ciñendo el análisis a las “empleadas para efectuar los pagos a Leire Díez, que es el único objeto de investigación”.

En el recurso presentado por la defensa de Zarrías, al que ha tenido acceso elDiario.es, se explica que en lo relativo al exdirigente andaluz, “se vio implicado en estas actuaciones únicamente por haber empleado a esta señora en el año 2024” y, por tanto, “no hay ningún otro hecho que se le reproche”. Cabe recordar que el juez sospecha que los 16.000 euros que le abonó a la exmilitante entre junio y septiembre de 2024 pudieron ser fondos canalizados a través de su consultora por el PSOE.

El letrado recuerda que, según obra en el sumario de la causa, de las cuentas relacionadas con Gaspar Zarrías “únicamente por una de ellas, abierta en el BBVA, habían transitado los fondos abonados a Leire Díez”. “El resto de las cuentas no habrían recibido cobros ni realizado pagos vinculados con los hechos objeto de investigación ni hay datos que las relacionen con los mismos”, explica.

Señala así que “no hay motivo alguno para que el tribunal haya cambiado de criterio” y pida ahora información sobre todas sus cuentas. “Es verdaderamente alarmante, porque -la UCO- informa de la potencia prospectiva de una actuación que busca sencillamente mirarlo todo a ver si se encuentra algo”.

Por otro lado, indica que le genera una “sensación de desconcierto y sorpresa” cuando ve que “sin justificación alguna” se altera el marco temporal de los extractos bancarios que solicita la UCO para incluir en su caso particular todos los movimientos desde enero de 2022, cuando para el resto de investigados y para el PSOE se acota a los movimientos que van de enero de 2024 a la actualidad. “¿Cuál será la razón oculta tras esta sutil maniobra? Se ignora. Estamos en la pura indefensión”, lamenta.

Esta alteración, a su juicio, confirma que la finalidad de esta diligencia policial, a la cual se ha avenido finalmente el juzgado, “no es conocer el destino de los pagos canalizados en 2024 (para lo cual no es precioso conocer los movimientos de 2022) sino extender la prospección y el escrutinio a nuevos hechos y nuevas transferencias, intentando que la instrucción cristalice, tras estas diligencias prospectivas, en otras investigaciones de aventura, cada vez más lejos de aquellos hechos que motivaron la apertura de la causa”.

Fue el pasado jueves cuando el magistrado firmó un auto por el que, en el marco de la causa en la que investiga una presunta trama que buscó desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban tanto al PSOE como al entorno del presidente del Gobierno, acordaba abrir una pieza separada económica para que se analicen hasta 80 cuentas bancarias para buscar pagos que habrían recibido los miembros de esa red procedentes del PSOE y las posibles canalizaciones de fondos de los abogados investigados hacia la figura de Leire Díez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó la entrada de decenas de miles de inmigrantes de manera irregular en la ciudad de Ceuta que tuvo lugar este jueves como una “violación de la integridad territorial de España”. En una comparecencia institucional desde la ciudad autónoma celebrada este viernes, Sánchez achacó a las “mafias” la entrada masiva de personas en territorio nacional cruzando las aguas territoriales español, y prometió que el Estado pondrá “todos los recursos” para contener las entradas y para expulsar de manera urgente a los migrantes a Marruecos.

“Lo que ha sucedido es una violación de la integridad territorial de España”, insistió el presidente del Gobierno, que aseguró que, “en las interlocuciones con las autoridades marroquíes” que ha mantenido el Ejecutivo en las últimas horas, “subyace la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo” por la cual no se podría repatriar en frontera “a quienes entren en nuestro espacio a nado”, a diferencia de lo que ocurre cuando se traspasa la valla. “Parece que esta lectura de la sentencia” —que Sánchez tachó de “interesada”— “ha corrido como la pólvora por las redes de las mafias” y ha motivado la entrada de millares de personas, sostuvo el presidente.

Para reforzar la frontera marítima y determinar claramente dónde comienzan las aguas territoriales españolas, Sánchez anunció que el Gobierno va a desplegar una línea “de boyas” por el espigón que separa Ceuta de Marruecos. El objetivo, afirmó, será “crear una barrera física para que, desde el punto de vista administrativo” y “visual”, “quede claro que existe una barrera de contención” y, por tanto, se pueda devolver en frontera a los inmigrantes que crucen irregularmente sin reproche del Supremo, como ya se hace con los que atraviesan la linde terrestre. El presidente, asimismo, se mostró dispuesto a “modificar algunos aspectos de las leyes para poder garantizar esas repatriaciones en frontera”.

Durante su comparecencia, Sánchez evitó cuidadosamente criticar a Marruecos, a quien definió como “un aliado” y con quien dijo que las autoridades españolas están “cooperando” para devolver a territorio alauí a las personas que han entrado irregularmente en Ceuta. “Las autoridades marroquíes están dispuestas a colaborar a la reaptraiación de sus ciudadanos”, aseguró el presidente del Gobierno, que explicó que las fuerzas de seguridad están buscando a personas desperdigadas por el territorio de Ceuta para conducirlas de nuevo a la frontera y anunció que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, permanecerá unos días en la ciudad autónoma “para seguir en persona la evolución de la crisis”.

El mandatario, no obstante, sí insistió en varias ocasiones en que Ceuta “es una ciudad española” y en que el Estado desplegará “todos sus recursos” para “garantizar la seguridad de los ciudadanos ceutís” y “la convivencia en la ciudad”. “Tenemos un compromiso rotundo, total e inequívoco con el presente y el futuro de la ciudad autónoma de Ceuta”, afirmó Sánchez, que sostuvo que se hace “cargo” del “estado emocional y la situación de angustia que están viviendo” los ciudadanos del enclave y aseveró que “toda España está con ellos, y el Gobierno está con la ciudad de Ceuta”.

No obstante, el presidente quiso resaltar que, “en lo que llevamos de año se han reducido los flujos migratorios irregulares en un 36%”, así como que “el año pasado también se registró una reducción en las llegadas” de personas desde Marruecos de manera irregular. “Lo sucedido ayer rompe una dinámica” positiva, sostuvo Sánchez, que lamentó “la pérdida de vidas humanas” —34, por el momento— de personas que intentaron cruzar la frontera. “Esta pérdida merece una de las condenas más rotundas a las mafias que trafican y que engañan a muchos jóvenes, que encuentran la muerte en el océano o en la frontera”, planteó el presidente.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga una presunta trama que buscó desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban tanto al PSOE como al entorno del presidente del Gobierno ha dado un paso más en la instrucción al abrir una nueva línea de investigación para centrarse en los pagos que habrían recibido los miembros de esa red procedentes del PSOE y las posibles canalizaciones de fondos de los abogados investigados hacia la figura de Leire Díez.

En un nuevo auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado Santiago Pedraz acuerda esa nueva pieza separada económica en el caso Leire Díez y autoriza a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el acceso a unas 80 cuentas bancarias, seis de ellas vinculadas al PSOE, y el resto a otros investigados. En concreto, ordena a una decena de bancos que faciliten información de cuentas tituladas por el exdirigente Gaspar Zarrías y por los letrados investigados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo.

Señala que el objeto de abrir esa pieza es “permitir que los datos sensibles económicos sean utilizados por la UCO para elaborar el informe”. Considera que de esta forma se evita “el traslado abierto y su íntegro volcado” lo que provocaría “su pública difusión, algo que se torna imposible de controlar”. “Una vez elaborado el oportuno informe se procederá al expurgo de toda la documentación que se haya recabado y que resulte inútil para la instrucción de la causa y finalizado dicho expurgo podrá procederse a su íntegro volcado en las actuaciones”.

El juez toma esta decisión después de que el pasado 1 de junio así lo pidiera la UCO en un atestado. Entonces, Pedraz requirió a la unidad que concretara las cuentas bancarias de los investigados que se tuvieran identificadas como relacionadas con los pagos efectuados en relación con los hechos investigados. En ese oficio policial se dejaba constancia de que la exmilitante socialista “habría promovido el pago con cargo a los fondos del partido PSOE de honorarios correspondientes a los letrados Oliver y Teijelo, que en realidad eran un canal para recibir ella misma fondos.

Pedraz dicta el auto después de que la Fiscalía Anticorrupción también se lo solicitara. En el informe del Ministerio Público, al que también ha tenido acceso este medio, se explica que, por ejemplo, por los movimientos dinerarios de la consultora de Zarrías hacia Leire Díez y por los pagos de la formación a esa empresa, se puede “colegir sin dificultad que la canalización de los fondos habría tenido como origen el PSOE, siendo su destinatario final Leire Díez”.

Los vicepresidentes autonómicos de Vox en Andalucía, Aragón, Castilla y León y Extremadura han afirmado sin pruebas en un comunicado conjunto que existen ONG que “colaboran con la invasión de Ceuta”, y han ordenado la suspensión inmediata de todas las ayudas públicas a esas ONG. Los socios del PP aseguran que revisarán minuciosamente los convenios, subvenciones y procedimientos administrativos en curso en sus comunidades. Señalan, además, que esta decisión responde al cumplimiento estricto de los pactos de gobierno alcanzados con el PP en estas cuatro comunidades.

Los gobernantes de ultraderecha dice tomar esta medida “obligados por la responsabilidad institucional, en defensa de la seguridad nacional, de la soberanía y de la integridad territorial de España”. Con esa misma retórica, esta mañana el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la “debilidad” de la reacción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la llegada de personas migrantes -a las que se refiere como “irregulares”- a Ceuta, y le ha exigido que defienda la “seguridad nacional” e “integridad territorial”.

Pero ha sido el portavoz nacional de los populares, Miguel Tellado, quien ha lanzado el mensaje más duro, vinculando la crisis humanitaria en Ceuta con la regularización extraordinaria del Gobierno: “A nadie puede sorprenderle que miles de personas quieran entrar en un país que regulariza a más de un millón de inmigrantes irregulares de un día para otro”, ha asegurado en su cuenta de 'X'.

Desde la cuenta oficial del PP, exigen medidas que se asemejan mucho a las de la ultraderecha. Demandan “la devolución de quienes han entrado ilegalmente” la comparecencia urgente de Pedro Sánchez en el Congreso. Reclaman “la tramitación inmediata y en lectura única de la reforma de la Ley Orgánica de Extranjería para garantizar que la figura del rechazo en frontera aplique también a las entradas por vía marítima”.

Sin embargo, ni son posibles esas “devoluciones” ni las personas llegadas a Ceuta podrán acogerse a la regularización: una reciente sentencia del Tribunal Supremo interpreta que la Ley de Extranjería no permite las “devoluciones en caliente” a los migrantes interceptados en alta mar cuando intentan acceder a nado a Ceuta y Melilla. Además, las personas que han cruzado a Ceuta no pueden acogerse al procedimiento extraordinario de regularización, cuyo plazo de presentación de solicitudes cerró hace un mes y que exigía, entre otros requisitos, haber entrado antes del 1 de enero de 2026 y haber vivido en España de manera continuada al menos cinco meses.

Exigen también un “despliegue masivo” de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la “comparecencia urgente” de Sánchez para que “informe de la situación que está produciendo este alarmante aumento de las entradas ilegales, de las medidas que piensa poner en marcha para garantizar la integridad de las fronteras de España y de la Unión Europea y para que dé explicaciones sobre la política de cooperación internacional del gobierno en materia de control migratorio”.

Las demandas de los populares se solapan prácticamente con las de la ultraderecha, que también exige el “cierre de la frontera, despliegue del ejército e identificación y devolución inmediata”, según han señalado en la cuenta oficial del partido. “La regularización masiva ha provocado una invasión de nuestra frontera”, ha afirmado Santiago Abascal en sus redes. “Cada puñalada y cada violación futura habrán sido importadas directamente por Sánchez”, ha añadido el líder ultra en plena crisis que ha dejado por lo menos 18 muertos que intentaban cruzar la frontera a nado.

Asimismo, la derecha ha señalado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, por sus críticas al Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni que le han llevado convocar al embajador de Italia en España, Giuseppe Buccino Grimaldi, después de que el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, haya propuesto el cierre del espacio Schengen por la crisis migratoria en Ceuta.

La vicepresidenta del Grupo Partido Popular Europeo (PPE) en el Parlamento Europeo, la española Dolors Montserrat, ha reprochado a Albares que “confronte” con el Gobierno de Italia en plena crisis migratoria en Ceuta, tras la entrada en territorio español de miles de migrantes desde Marruecos. “Es una vergüenza que el primer 'tuit' del ministro de Exteriores de España en la crisis migratoria más grave de nuestra historia sea para confrontar con un país socio antes que explicar a los ciudadanos qué está haciendo para recuperar el control de nuestras fronteras y devolver a los 20.000 ilegales que han invadido nuestro país”, ha criticado en un mensaje publicado en la red social 'X'.

La dirigente del PP ha reclamado al jefe de la diplomacia española que “acabe ya con este escándalo internacional”. “Su incompetencia ya nos está saliendo demasiado cara”, ha advertido Montserrat.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, también ha calificado de “absolutamente lamentable” que, ante lo que califica como “una invasión de miles de marroquíes violentando nuestras fronteras”, el mensaje de Albares contra el Gobierno de Meloni sea el “único” que “se ha dignado a poner el ministro de Exteriores en todo el día”. “Son unos traidores a la patria y no merecen un segundo más el puesto que ocupan”, ha indicado en una publicación en redes sociales.

Cayetana Álvarez de Toledo hace referencia a una posible operación orquestrada por Marruecos

La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha comparado este viernes el papel de Sánchez en la situación actual en Ceuta con la Marcha Verde en 1975 a un Francisco Franco a punto de morir: “Marruecos aprovecha la agonía de un caudillo crepuscular para poner a prueba nuestra resistencia.”, ha escrito en su cuenta de 'X'. “Marruecos utiliza la presión sobre nuestras fronteras para explotar la debilidad del Estado español y condicionar sus decisiones. Ya lo hizo en 2021”, ha asegurado la diputada, alimentando la hipótesis de que esta crisis humanitaria podría haber sido provocada por el país africano y calificando la supuesta operación de “chantaje o coacción”.

Álvarez de Toledo ha vinculado la llegada de migrantes a Ceuta con una enumeración de causas de las que culpa al Gobierno, entre ellas, el abandono de España a su posición sobre el Sáhara Occidental y, al mismo tiempo la regularización extraordinaria: “Sánchez regaló el Sáhara sin autorización del Congreso. Se humilló ante Rabat. Menoscabó la relación con Estados Unidos. Debilitó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Aprobó una regularización masiva que multiplica el efecto llamada, quiebra el consenso europeo e incendia la convivencia”.

Por su parte, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, tampoco se ha abstenido en posicionarse sobre la crisis humanitaria en medio del escándalo por los áticos que afecta a la presidenta de la Comunidad de Madrid: “La invasión de España a través de Ceuta es una prueba más de la izquierda de Sánchez y la ultraizquierda de Sánchez para destruir España”, ha asegurado en la red social 'X'.

Isabel Díaz Ayuso vuelve a estar en el centro de la actualidad política. Desde que se destapó la compra del piso de lujo en Chamberí con dinero público se desencadenaron otros eventos que sólo han dejado en evidencia a la presidenta: el anuncio de la venta de dicho piso un día después del escándalo con el pretexto de recaudar fondos para destinar a los incendios, y, la pasada tarde, la noticia publicada por El Plural que informaba de que el novio de Ayuso puso a la venta la vivienda que comparte con ella después de que la Comunidad de Madrid comprara el ático de Chamberí. Para la oposición en Madrid, esta serie de movimientos evidencian que Ayuso no rectifica, sino que la han pillado tratando de usar el dinero público para vivir en un ático de lujo.

Después de la jornada de ayer, las novedades que se descubren no mejoran la posición de la presidenta. Este viernes te contamos que la empresa pública que compró el ático para uso temporal de Ayuso exigió la firma de un acuerdo de confidencialidad al vendedor antes incluso de la visita. Otro detalle que plantea más preguntas: las obras en la sede de la Comunidad de Madrid en Sol por las que la madrileña justificó que su equipo tendría que mudarse al ático, no tienen aún ni licitación ni fecha estimada. Ante el anorama, la Delegación del Gobierno en Madrid pide su dimisión.

El Gobierno calcula que 50.000 personas han entrado en Ceuta y que 48.300 han regresado ya a Marruecos. Mientras, la Delegación del Gobierno en Ceuta eleva la cifra de muertos a 57.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido desde Ceuta acerca de la crisis humanitaria. Ha calificado la entrada de decenas de miles de inmigrantes en la ciudad como una “violación de la integridad territorial de España”. Ha achacado a las “mafias” la entrada masiva de personas en territorio nacional cruzando las aguas territoriales españolas, y ha prometido que el Estado pondrá “todos los recursos” para contener las entradas y para expulsar de manera urgente a los migrantes a Marruecos.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha llamado a consultas al embajador de Italia después de que la presidenta italiana, Giorgia Meloni, planteara que se debería suspender la aplicación del Tratado de Schengen de libre circulación con España por la crisis migratoria de Ceuta.

“Este mensaje es impropio del Ministro de Exteriores de un país socio y amigo del que esperamos solidaridad europea y no demagogia partidista”, ha escrito el ministro en redes sociales, en respuesta a un mensaje de su homólogo italiano, Antonio Tajani.

En ese post, el ministro de Meloni sugería que la situación en Ceuta venía aparejada por la regularización puesta en marcha por el Gobierno. “Las imágenes que llegan desde Ceuta demuestran cómo la decisión del Gobierno de Madrid de otorgar la ciudadanía española, por tanto europea, a más de 500.000 inmigrantes irregulares es profundamente errónea e incentiva el tráfico de seres humanos”, escribía Tajani, que también defendía que la migración “irregular e incontrolada representa un peligro para la seguridad nacional”.

Algo que Albares ha desmentido: “Los hechos de hoy tienen relación con una sentencia, nada que ver con lo que dice el tuit”. La sentencia a la que hace referencia el ministro es la publicada recientemente por el Tribunal Supremo en la que se declaraban ilegales las devoluciones en caliente de migrantes por mar.

Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos rechazan que lo sucedido este jueves responda a un supuesto 'efecto llamada' provocado por la sentencia. “La evolución de los acontecimientos, con intentos de acceso tanto por vía marítima como terrestre, apunta a una realidad mucho más compleja”, ha dicho Sur Acoge.

La tensión entre ambos países estallaba durante la tarde de este jueves, cuando Italia anunciaba que estaba considerando la suspensión del espacio Schengen con España tras lo ocurrido en Ceuta. Este es un mecanismo previsto con carácter excepcional por la normativa comunitaria para salvaguardar la seguridad interior y que supondría el restablecimiento temporal de los controles fronterizos entre Italia y España.

Más tarde, la presidenta italiana, Giorgia Meloni, confirmaba que estaban estudiando “medidas extraordinarias” para proteger las fronteras italianas, incluyendo la suspensión del acuerdo de libre circulación europeo. “Las imágenes procedentes de Ceuta son impactantes y demuestran, una vez más, que la inmigración ilegal descontrolada representa una amenaza real para la seguridad de las fronteras europeas”, escribía en redes sociales.

Meloni explicó que se ha reunido con el ministro del Interior, Matteo Piantedosi y se están “convocando a los organismos pertinentes y, tras estas reuniones, estamos preparados para intervenir, incluso con medidas extraordinarias para proteger nuestras fronteras y garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, como la suspensión del espacio Schengen con España”.

“No cederemos ni un ápice en materia de inmigración ilegal: proteger nuestras fronteras, detener a los traficantes de personas y garantizar repatriaciones efectivas seguirá siendo la política de este Gobierno”, aseguró.

Un policía nacional fue detenido el pasado 21 de julio por insultar e increpar a Reyes Maroto y a miembros de su equipo en un bar de Madrid, tras la victoria de la selección española. Los hechos tuvieron lugar en un establecimiento próximo a la sede del Partido Socialista de Madrid (PSOE-M), en el barrio de Simancas, donde la candidata al Ayuntamiento había acudido a celebrar su elección esa misma tarde en las primarias internas para la Alcaldía, al tiempo que disfrutaba del partido de España contra Argentina junto a otros militantes. Al término del encuentro, algunos compañeros del PSOE de Madrid se fotografiaron con una bandera española, lo que fue recibido por un grupo de clientes con gritos de “rojos de mierda” y “soltad esa bandera”. Entre los agresores se encontraba el policía nacional detenido, informan a elDiario.es fuentes presenciales en el altercado.

Uno de los colaboradores de Maroto recibió una patada de uno de los agitadores, a lo que siguió un pequeño tumulto y la llamada de los socialistas a la Policía. Al llegar los indicativos policiales, el presunto agresor salió corriendo, pero fue interceptado por los agentes. Finalmente, fueron detenidas cinco personas, entre ellas el agente del Cuerpo Nacional de Policía.

Los cinco arrestados fueron trasladados a dependencias policiales a prestar declaración y quedaron en libertad. La ausencia de denuncia contra los detenidos que no agredieron al colaborador de Maroto ha motivado el archivo de las actuaciones para ellos, incluido el agente, indican fuentes policiales. El militante agredido por la patada presentó denuncia y está a la espera de que sea llamado a declarar, precisan fuentes socialistas.

El perfil de Reyes Maroto, exministra y también portavoz socialista en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, motivó que se hiciera cargo de la investigación la Brigada Provincial de Información. El policía detenido es objeto de un expediente disciplinario, añaden las fuentes consultadas.

Increpada también en un bar

Las fuentes del equipo de Maroto explican que durante el partido, Maroto fue increpada por los clientes de una mesa al levantarse a por bebidas e ir al baño, pero los dueños del bar, el personal y otros clientes recriminaron su actitud a los alborotadores y el incidente no fue a mayores.

Todo se complicó al término del encuentro y pese al ambiente festivo que se vivía en el bar por la victoria española. En la terraza se había colocado una televisión y allí, en el exterior del bar, varios de los compañeros del PSOE de Madrid se fotografiaron con una bandera de España, momento en el que comenzaron los insultos más gruesos, se produjo el lanzamiento de una patada y el consiguiente tumulto. Enseguida, una militante socialista llamó a la Policía. Los alborotadores gritaban “rojos de mierda” y “Pedro Sánchez, hijo de puta”.

Las fuentes presentes en el altercado destacan la juventud de los agresores, incluido el policía nacional, y su posible estado de embriaguez. Reyes Maroto agradece al resto de clientes y a los dueños y personal del bar la atención que les dieron en todo momento y su interés por evitar cualquier incidente, explica uno de sus colaboradores.

El polémico ático de lujo en Chamberí comprado a hurtadillas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid y cuya venta el Ejecutivo regional ha anunciado un día después de destaparse la operación está en manos de la empresa pública Planifica Madrid. En la transacción se exigió a la parte vendedora de ese inmueble la firma de un acuerdo de confidencialidad con carácter previo incluso a la visita del piso, explican fuentes conocedoras del proceso. El inmueble, según aseguró Isabel Díaz Ayuso el miércoles, iba a destinarse a “reuniones”, pese a que no puede convertirse en oficinas. Y ahora volverá al sobrecalentado mercado inmobiliario madrileño.

Desconocida hasta ahora para el gran público, Planifica Madrid, con la que elDiario.es contactó sin obtener respuesta, no informó del importe de la transacción, formalizada hace meses. La entidad es un medio propio de la Administración madrileña. Y canalizar una operación así a través de esta figura, al ser un negocio privado de una sociedad mercantil, reduce notablemente los controles: se esquivan trámites como la valoración técnica previa del inmueble y el informe jurídico de un funcionario que valide la transacción. Tampoco es necesaria, por ejemplo, la autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, ni un crédito presupuestario con cargo a las cuentas autonómicas.

Los controles a posteriori son también menores: la operación no la fiscaliza la Intervención autonómica, sino, por un lado, los auditores de cuentas de la sociedad (en este caso, una pequeña firma con sede en Marbella, Brainstorming Audit, que según su web trabaja de forma “100 % online y sin oficinas físicas”) y, por otro, la Cámara de Cuentas autonómica. Este último es el organismo en el que Ayuso colocó en 2024 como presidente al socialista Joaquín Leguina.

El último informe de ese órgano fiscalizador “Sobre la rendición de cuentas y la relación de los convenios del sector público madrileño”, correspondiente a 2024, refleja que Planifica Madrid estuvo entre las entidades que enviaron sus cuentas “fuera de plazo”, situación que ya se produjo en 2022. Esas cuentas tuvieron salvedades hasta 2023. Las de 2025 reflejan que la empresa, con unos 81 empleados, cerró el ejercicio con activos de 427 millones de euros. Su cifra de negocios fue de 26,4 millones. 16,1 millones procedieron de la venta de una parcela en Meco; 9,7 millones, del arrendamiento de inmuebles.

En 2023, último ejercicio del que tiene disponible el detalle de esa información en el apartado de Transparencia de su web, Planifica Madrid tenía alquilados a diferentes consejerías de la Comunidad de Madrid seis inmuebles en la capital por los que ingresó 8,5 millones en rentas. También ingresó cerca de un millón por alquilar activos a terceros.

Planifica Madrid es la heredera de Nuevo Arpegio, la empresa de suelo que el Gobierno de Cristina Cifuentes decidió liquidar en 2016 para integrarla en otra entidad pública, Obras de Madrid, tras el estallido del escándalo de corrupción conocido como caso Púnica. En él fue clave Arpegio, que en tiempos de Esperanza Aguirre sirvió para desviar millones de euros públicos destinados a obras y planes regionales de suelo hacia empresas de la trama.

A finales de 2022, cuando adoptó su actual denominación, Planifica Madrid fue presentada como la empresa pública que gestiona el suelo de la Comunidad de Madrid, aunque entre sus principales actividades está también la “compraventa, rehabilitación y arrendamiento de inmuebles de su propiedad para uso administrativo”, tal y como recoge en sus cuentas.

La normativa encomienda a la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda “la búsqueda, selección y adecuación de los inmuebles para su arrendamiento o adquisición a fin de albergar la actividad de la Administración de la Comunidad de Madrid”, tal y como explica en su web el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Se desconoce si esta entidad ha participado en la selección del famoso ático.

Pagar la “reconstrucción”

Hasta 2023 Planifica Madrid dependía de la Consejería de Administración Local y Digitalización de la Comunidad de Madrid. En julio de 2023 fue adscrita a la Consejería de Presidencia, cuyo titular, Miguel Ángel García, ejerce como presidente de la empresa y es también el portavoz del Gobierno de Ayuso.

García fue el encargado de anunciar este jueves, en una visita a la zona afectada por el desastre de los incendios de la Sierra Oeste de Madrid, que ha “dado instrucciones” a Planifica Madrid para enajenar el ya famoso ático, junto a otros activos. Entre ellos, un inmueble en plena Gran Vía con una superficie mayor que ese ático y que el Ejecutivo regional lleva casi un año intentando vender. El portavoz de Ayuso confió en ingresar 20 millones de euros con esas ventas de inmuebles, que afirmó se destinarán a la “reconstrucción” de la Sierra Oeste tras la mayor catástrofe medioambiental de la historia de la región.

La compra del ático debió ser aprobada presumiblemente por el consejo de administración de Planifica Madrid, cuyo consejero delegado es Pedro Corbalán, arquitecto y exconcejal del PP de Guadarrama, dato que omite su biografía oficial en la web de Transparencia de la Comunidad de Madrid.

En las elecciones generales de julio de 2023, cuando todavía presidía el PP de esa localidad serrana, Corbalán figuró en el número 31 en las listas de Alberto Núñez Feijóo al Congreso de los Diputados. Entre los consejeros de Planifica Madrid está también Ramón Cubián, director general de Suelo de la Viceconsejería de Medio Ambiente y portavoz del PP de Alcobendas, donde fue concejal de Urbanismo y Vivienda hasta 2019.

En los últimos años, Planifica Madrid ha comprado puntualmente algún inmueble, como Velintonia, la casa del Nobel Vicente Aleixandre, que adquirió en una subasta judicial en 2025 para convertir el inmueble en una casa-museo de la poesía.

Pero se dedica principalmente a “la gestión y mantenimiento de los edificios propios y la gestión y comercialización de los suelos que la empresa tiene en cartera tanto finalista como suelo por desarrollar, así como la gestión de los Consorcios Urbanísticos que tiene encomendados”, como explica en sus últimos presupuestos.

En ellos indica que se encarga también de “la ejecución de las actuaciones procedentes de encargos de distintas consejerías en relación con las obras de interés general, tanto las procedentes de las distintas consejerías como de aquellos encargos recibidos para la ejecución del Programa de Inversiones de la Comunidad de Madrid”. Entre los que tiene en curso está la rehabilitación de la Plaza de Toros de las Ventas.

La compra de este ático de lujo no estaba ni mucho menos contemplada en esos presupuestos, que prevén construir varios parques de bomberos en diversos municipios madrileños, un aparcamiento disuasorio en Torrelodones, un polideportivo en El Escorial, un matadero en Colmenar Viejo o una residencia para mayores en Garganta de los Montes, entre otras actuaciones.

El ático que Planifica Madrid ha adquirido y que ahora va a tener que vender se ubica en la última planta de un edificio en el Paseo del General Martínez Campos, en una de las zonas más caras de Madrid. A escasos metros está la vivienda cuya nuda propiedad Ayuso recibió en 2011 de sus padres (su madre vive allí), poco después de que su empresa familiar pidiera un crédito a la entidad semipública Avalmadrid que nunca devolvió, lo que dejó ese activo fuera del alcance de los acreedores para un posible embargo, en el primer episodio de una larga lista de enredos inmobiliarios.

El ático, con casi 500 metros cuadrados (de ellos, 200 de terraza), está valorado en varios millones de euros. En esa zona, una de las más caras y exclusivas de la capital, el metro cuadrado ronda los 9.000 euros, según el portal Idealista. La compra, según avanzó El País, se escrituró el 14 de abril.

elDiario.es reveló hace tres meses que Ayuso utilizó a su jefe de despacho en Presidencia para interesarse por la compra de un piso de 850.000 euros y 100 metros cuadrados en otro lugar distinto del mismo distrito de Chamberí. La presidenta madrileña llegó a visitar ese inmueble entre diciembre y enero de este año junto a su pareja. El comisionista Alberto González Amador, pendiente de juicio por los delitos fiscales que llegó a reconocer por escrito su abogado, compró un ático en 2022 también en Chamberí tras defraudar presuntamente más de 350.000 euros a Hacienda.

Recientemente, y tras la compra de ese ático por Planifica Madrid con dinero público, González Amador ha puesto en venta el inmueble que compró en la planta inferior, donde vive con Ayuso y que adquirió en 2022, tras defraudar supuestamente a Hacienda después de disparar sus ingresos por dos vías: gracias a los encargos extra que le hizo el grupo sanitario Quirón, su principal cliente, a partir de 2021, y a una operación de venta de mascarillas en lo peor de la pandemia, en 2020, que propició un directivo del gigante de la sanidad privada, transacción por la que obtuvo dos millones de euros y por la que está siendo investigado por presunta corrupción en los negocios.

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El Gobierno decidió en la noche del jueves cerrar la frontera de Beni Enzar, la única operativa entre Melilla y Marruecos, según informó la delegación del Gobierno en la ciudad autónoma, que pidió a la ciudadanía que no se desplazara al perímetro fronterizo para no dificultar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La medida se sumó al despliegue de unidades del Ejército en Ceuta para apoyar a la Guardia Civil en la gestión de la crisis por la que en las últimas horas miles de personas han entrado desde Marruecos a la ciudad autónoma.

El flujo de ciudadanos que han entrado en Ceuta no ha cesado durante la noche, según informa Europa Press, y las llegadas han continuado a primera hora del viernes, con continuas carreras en la zona fronteriza. Lo hacen a nado y también a pie bordeando el espigón que separa de Marruecos la ciudad autónoma.

Fuentes policiales citadas por la mencionada agencia precisan que son más de 50.000 las personas que habrían entrado a España en los últimos días. A primera hora de este viernes los esfuerzos de las fuerzas desplegadas allí quieren evitar que los inmigrantes se dirijan al centro de la ciudad y a las barriadas, donde desde ayer se encuentran durmiendo o deambulando. En las horas siguientes, se ha gestionado el regreso de más de 48.300 personas a Marruecos.

Siempre según Europa Press, los inmigrantes, marroquíes en su inmensa mayoría, han caminado durante la madrugada de este viernes desorientados por las calles de toda la ciudad, sin saber adónde ir dado que en los centros de acogida no admiten nuevos ingresos. El de adultos, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) se encuentra saturado con más de mil residentes pese a tener 512 plazas. Además, en sus inmediaciones continúan llegando nuevas personas, ya hay más de un millar a la espera de ingresar.

Las Fuerzas Armadas han reforzado a la Guardia Civil “en el ejercicio de sus competencias y aquellas que puedan resultar necesarias para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta”, según anunció este jueves el Gobierno, ante la entrada de miles de personas desde Marruecos a la ciudad autónoma. Según explicó desde el Ejecutivo, “los efectivos movilizados estarán coordinados por el mando de operaciones y darán apoyo a la Guardia Civil”. Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha viajado este mismo viernes a la zona.

Respecto a la Guardia Civil, a los 60 efectivos de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) destinados permanentemente en vigilancia fronteriza, se ha sumado ya un pelotón adicional (20 efectivos) y en las próximas horas se incorporarán dos pelotones más, con 40 efectivos. Además, la unidad de Seguridad Ciudadana de Ceuta se refuerza con 30 guardias civiles procedentes de diferentes unidades de Andalucía. Asimismo, el Gobierno ha informado del envío de dos grupos de buceadores (ocho efectivos) del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de Andalucía.

A las embarcaciones del Servicio Marítimo destinadas en Ceuta (dos embarcaciones medias y cuatro embarcaciones tipo zodiac), se unirán el buque Duque de Ahumada, que llegará a Ceuta en la madrugada del 31 de julio. Además, en los próximos días se incorporarán al Servicio Marítimo cinco patrones de embarcación, tres mecánicos-marineros y pilotos de drones y el servicio aéreo se reforzará con un helicóptero.

Respecto a los efectivos de la Policía Nacional, Moncloa ha informado de que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha enviado un equipo de extranjería, compuesto por seis personas, “para apoyar las labores de reseña y documentación”. En Seguridad Ciudadana, el grupo de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y los efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Ceuta doblarán turnos, mediante la dotación de jornadas extraordinarias.

Asimismo, este jueves se han incorporado tres equipos de UIP desde Sevilla, a los que se añaden en los próximos días los equipos de la UIP Central y de la UIP de Málaga, hasta completar una dotación de 200 efectivos de UIP y UPR, que estarán desplegados específicamente en tareas de seguridad ciudadana en Ceuta.

“Ejemplar colaboración”, según Interior

Los agentes de antidisturbios de la Policía Nacional se han desplegado en la frontera del Tarajal para contener la entrada, que se produce después de la llegada de entre 1.500 y 2.000 personas en los últimos diez días.

Ante lo ocurrido, el Ministerio del Interior ha destacado este jueves “la ejemplar colaboración de España con Marruecos en todos los ámbitos, incluido en materia migratoria”. El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska ha agradecido además a las autoridades marroquíes “los esfuerzos realizados” en los últimos días por sus fuerzas de seguridad, “que han impedido miles de intentos de migración irregular”.

“Ambos países han acordado reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a estos flujos y se han comprometido a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente en Ceuta”, han añadido desde Interior.

“Restablecer cuanto antes” la normalidad

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha hablado con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, por segunda vez en la tarde de este jueves y le ha informado de los refuerzos de Policía Nacional y Guardia Civil desplegados en la ciudad autónoma.

De igual manera, Marlaska también le ha trasladado el despliegue de efectivos del Ministerio de Defensa para apoyar a la Guardia Civil en la zona. Le ha reiterado “su apoyo y compromiso” para “mantener la seguridad en Ceuta y restablecer cuanto antes” la normalidad.

Planifica Madrid, la empresa pública de la Comunidad de Madrid que ha comprado el ático de lujo en Chamberí, una de las zonas más caras de la capital, para celebrar “reuniones” institucionales, según Isabel Díaz Ayuso, pero que no podía ser destinado a oficinas y ahora se va a vender, según ha anunciado el Gobierno regional tras destaparse la operación, lleva meses intentando enajenar otro inmueble mucho más grande en la Gran Vía, a diez minutos a pie de la Puerta del Sol, sede de la Presidencia que, según el Gobierno regional, va a ser sometida a unas obras.

El uso de ese inmueble, como el de ese ático de lujo, es también residencial, aunque el Gobierno madrileño lo ha destinado durante años a oficinas. Está ubicado en Gran Vía 6. Este activo, según ha anunciado este martes el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, se va a vender junto a ese ático y otros dos inmuebles, en una operación con la que el Gobierno regional espera ingresar 20 millones de euros que, según Martín, se van a destinar a “ayudar en la reconstrucción” tras la catástrofe de los incendios de la Sierra Oeste madrileña.

En realidad, el inmueble de Gran Vía 6 lleva tiempo en venta: casi un año. Este activo figura entre los pocos “edificios propios” que, según su web, tiene en su cartera Planifica Madrid, empresa pública dependiente de la Consejería de Presidencia desde julio 2023, y cuya actividad principal no es la compra de inmuebles. El inmueble en cuestión está en la tercera planta de Gran Vía 6, en “un edificio ya más que centenario pues fue edificado en 1917 bajo el encargo del Marqués de Urquijo por los arquitectos José María Mendoza y José de Aragón, de líneas señoriales y destinado en su mayoría a vivienda”, dice la entidad en su web.

En ella añade que el edificio, “protegido en su totalidad por su calidad arquitectónica, es de estilo neorrenacentista y está coronado por tres torres en su azotea, una de ellas singular por su planta circular y la cornisa superior”.

Planifica Madrid contemplaba en sus presupuestos para este ejercicio la venta de ese inmueble, ubicado en la tercera planta de Gran Vía, 6, y de un edificio ubicado en Santa Catalina, 6, junto al Congreso de los Diputados, que enajenó a finales del año pasado.

En esos presupuestos, la empresa pública que pilota el arquitecto Pedro Corbalán, ex concejal del PP de Guadarrama que ha figurado en las listas del PP al Congreso de las últimas elecciones generales (aunque no sacó escaño), explicaba que “para el 2026 está prevista la venta de los inmuebles ubicados en Gran Vía 6 y Santa Catalina 6, que se prevé se desocuparán en septiembre de 2025, debido a un proceso de reestructuración y optimización de espacios ocupados por la Administración”.

“Aunque históricamente ambos inmuebles se han venido utilizando como oficinas, su uso urbanístico es residencial, con imposibilidad de obtener la preceptiva licencia para uso de oficinas”, reconocía Planifica Madrid en estos presupuestos. En ellos no se contemplaban la venta de ningún edificio de oficinas, ni mucho menos de viviendas.

“A ello se añade el hecho favorable de que la demanda de este uso residencial es mucho mayor, dada la tipología de los inmuebles y la zona en la que se encuentran”, añadía.

La entidad optó por sacar a subasta los inmuebles, con un precio de salida “de 11,74 millones de euros para Gran Vía y 21,15 [millones] para Santa Catalina”, añadía el documento. La subasta se publicó en agosto del año pasado. En el caso de Gran Vía 6, en los pliegos se indicaba que salían a la venta 1.132 metros cuadrados, una cantidad muy inferior a la que, según explica Planifica Madrid en su web, tiene en Gran Vía, 6, que comprenden 9.045 metros cuadrados. El inmueble, siempre según esa web, está “ocupado por la Comisión Jurídica Asesora de la Consejería de Presidencia Justicia e Interior”.

El edificio de Santa Catalina, ubicado junto al Congreso de los Diputados, fue adjudicado a la inmobiliaria mexicana Be Grand por 31,5 millones de euros. La oferta del grupo, que adquirió el activo para hacer pisos de lujo, superó las presentadas por Pryconsa, CBRE y MexFund.

elDiario.es contactó este jueves por la mañana con la empresa pública, antes del anuncio del consejero de Presidencia, para intentar precisar cómo se va a llevar a cabo la venta del inmueble de Gran Vía, pero no obtuvo respuesta.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha emitido un nuevo auto en la causa que instruye contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en la que rechaza la pretensión de paralizar la investigación fiscal impulsada por la Agencia Tributaria contra la familia Zapatero. Entiende que esa inspección administrativa, que se abrió después de que se conociera la imputación del expresidente, puede discurrir en paralelo a la causa penal.

Fue el pasado 3 de julio cuando la Agencia Tributaria comunicó al juez que había abierto actuaciones de comprobación e investigación inspectora con relación al expresidente, a su esposa Sonsoles Espinosa y a sus hijas Alba Rodríguez y Laura Rodríguez, además de a su amigo Julio Martínez Martínez. Le comunicaba que también investiga a las empresas con las que se les vincula y destacaba que la inspección es relativa a los impuestos sobre Sociedades, Valor Añadido, Renta de las Personas Físicas, Patrimonio y Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas que abarcan los ejercicios de 2021 a 2025.

En la resolución, el juez señala que, de acuerdo con el criterio del Ministerio Fiscal, debe oponerse a esas solicitudes de suspensión de las actuaciones presentadas por las delegaciones de Hacienda en Madrid y Valencia. Anticorrupción entiende que se da una “ausencia absoluta de correspondencia” entre ambas investigaciones, y que tampoco concurre identidad de sujetos ni hecho imponible entre la investigación penal circunscrita al hallazgo de joyas en la caja fuerte de la oficina de Zapatero y a la determinación de su origen, y las múltiples actuaciones administrativas abiertas por la Agencia Tributaria. Y recuerda que la suspensión de actuaciones administrativas constituye “una medida excepcional, de aplicación restrictiva”.

Frente a esto, las defensas tanto de el expresidente como de sus hijas y de la empresa Whathefav consideraban que sí se debía suspender la inspección de Hacienda al entender que la investigación penal “tiene por objeto unos hechos al menos parcialmente coincidentes, con los que sirven de fundamento a las actuaciones”. Consideran que la continuación de la tramitación administrativa “haría decaer sus derechos fundamentales, vulnerando la doctrina consolidada del Tribunal Supremo sobre la prevalencia de la jurisdicción penal y el respeto al principio non bis in idem” -no ser investigado dos veces por los mismo hechos-.

Ahora, Calama recuerda que no siempre que se abre una causa penal ha de suspenderse la inspección fiscal, y explica que en la etapa 1977-1986 el ordenamiento español configuró una preferencia administrativa plena, en la que la jurisdicción penal quedaba condicionada a la previa firmeza de la liquidación tributaria. “A partir de 1986, cuando se abandona la prejudicialidad administrativa necesaria y se instaura una preferencia penal relativa, en la que la mera presentación de la denuncia suspende el procedimiento inspector y el sancionador”, añade.

Tras esto, aclara que las reformas de 2010, 2012 y 2015 introducen un modelo de concurrencia, “que pretende corregir los excesos de los modelos anteriores y permitir una coexistencia ordenada entre la actuación administrativa y la investigación penal”. De esta manera, indica que la Administración recupera protagonismo y puede continuar determinadas actuaciones, aunque sujetas a límites derivados de la necesidad de evitar interferencias con el proceso penal.

Así, recalca que el sistema actual prioriza la continuidad de la actuación administrativa, reserva la paralización para supuestos excepcionales y articula mecanismos para evitar duplicidades sancionadoras, permitiendo que la determinación penal de la cuota ajuste finalmente la liquidación provisional practicada por la Administración.

Calama explica que en este momento el caso Zapatero no tiene por objeto “la investigación de hechos susceptibles de constituir delitos contra la Hacienda Pública”. Esto con la salvedad de la pieza separada abierta por el hallazgo de las joyas, en la que se examinan hechos que sí podrían tener relevancia fiscal. “Ahora bien, dicha relevancia se limita exclusivamente a la determinación del valor de las piezas de joyería intervenidas en su oficina, cuyo alcance fiscal y penal está aún pendiente de concreción y abre un abanico de posibilidades que impide, por sí solo, justificar la suspensión de las actuaciones inspectoras referidas a los ejercicios 2022 a 2024”.

Por último, añade que la aportación por los investigados a la Agencia Tributaria de documentación preexistente no implica autoincriminación alguna, al no suponer la generación de información nueva ni la realización de actos de colaboración activa con la investigación penal.

La Comunidad de Madrid ha comprado un ático de 485 metros cuadrados con 200 metros de terraza en Chamberí. La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, dijo el miércoles que el piso, situado en una de las zonas más caras de Madrid, era para celebrar “reuniones” cuando empiecen las obras en la sede de la Presidencia de la Puerta del Sol. Pero no aclaró cuál será su uso concreto, ni si inicialmente el Gobierno regional, que este jueves anunció que lo venderá tras el revuelo generado, lo compró para ser una suerte de residencia oficial para los cargos de la Comunidad.

En este momento, siete presidentes autonómicos tienen a su disposición residencias oficiales acondicionadas para vivir durante sus años de mandato. Catalunya, Euskadi, Galicia, Illes Balears, Extremadura, Asturias y Canarias cuentan con pisos, chalets o palecetes destinados a ese fin. Sin embargo, ninguno de esos mandatarios ha decidido trasladarse a esas casas que sufragan sus propios ejecutivos y prefieren residir en sus respectivos domicilios privados.

La Casa dels Canonges es la residencia oficial de los presidentes de la Generalitat de Catalunya. Se trata de una vivienda cercana al propio Palau de la administración catalana, en el centro histórico de Barcelona. Hoy en día se celebran allí reuniones, almuerzos y recepciones, pero el actual president de la Generalitat, Salvador Illa, no lo ha utilizado como su vivienda habitual. En su día sí vivió allí Josep Tarradellas cuando regresó del exilio franquista. Y también residieron en Canonges Francesc Macià y Lluís Companys durante la II República.

La situación es similar en Euskadi, donde los lehendakaris tienen como residencia oficial el Palacio de Ajuria Enea. Este edificio centenario situado en una de las mejores zonas de Vitoria no fue utilizado por Iñigo Urkullu durante su mandato, que optó por residir en su propio domicilio, en Durango, dada la incomodidad de un espacio que se considera anticuado. El exlehendakari sí acometió unas obras en el complejo para dotarlo de un nuevo salón de recepciones y que Ajuria Enea tuviera más uso aunque su sucesor, Imanol Pradales, también ha optado por vivir en su propio domicilio de Portugalete (Bizkaia). Antes de ellos sí que vivieron en el palacio vitoriano sus predecesores Carlos Garaikoetxea, José Antonio Ardanza y Patxi López.

70.000 metros cuadrados en Santiago de Compostela

La residencia oficial destinada en Galicia al presidente de la Xunta ocupa una superficie de unos 70.000 metros cuadrados –25.000 de edificación y otros 45.000 de zona ajardinada– en Monte Pío, una de las subidas al emblemático monte Pedroso de Santiago. El inmueble lo encargó Manuel Fraga Iribarne, que se mudó a vivir allí en 2002. Costó una cantidad de fondos públicos nunca aclarada entre los siete y los 10 millones de euros y del diseño se ocupó el arquitecto Manuel Gallego Jorreto.

El espacio fue utilizado tanto por Fraga como por el socialista Emilio Pérez Touriño, que estuvo al frente de la Xunta entre 2005 y 2009 y que después recordaría que le impresionaron las instalaciones por el tamaño y recursos, como la piscina climatizada o la sauna. También se instaló en este edificio, que tiene una parte de vivienda y despachos que han recibido un uso institucional, el actual líder del PP estatal, Alberto Núñez Feijóo en sus primeros años como presidente del Gobierno gallego.

Más adelante sus teóricos habitantes dejaron de frecuentarla: Feijóo se trasladó a A Coruña a raíz de su relación con Eva Cárdenas y el nacimiento del hijo de ambos. Y el actual presidente, Alfonso Rueda, nunca llegó a mudarse. Sigue residiendo en la vivienda que tiene en la ciudad de Pontevedra. En Monte Pío se queda algunas noches, cuando la agenda hace que sea más práctico dormir en Santiago.

En el caso de Balears, el Consolat de Mar es la residencia institucional y oficial de la presidencia autonómica, pero los distintos líderes del Govern no han dispuesto nunca de ella para residir. De hecho, la actual presidenta balear, la popular Marga Prohens, vive en su vivienda particular de Palma. Ya el primer presidente balear, Gabriel Cañellas (AP/PP), rehusó utilizar el Consolat con fines privados. Y el resto de dirigentes autonómicos –Cristòfol Soler (PP), Francesc Antich (PSOE), Jaume Matas (PP), José Ramón Bauzá (PP), Francina Armengol (PSOE) y Prohens– han seguido en la misma línea: mientras ejercieron el cargo, siempre vivieron en sus pisos particulares.

El caso más paradigmático fue el de Matas, que residía en un palacete ubicado en la exclusiva calle Sant Feliú y que estuvo en el punto de mira de los tribunales a tenor de un supuesto enriquecimiento ilícito del exdirigente popular que nunca llegó a ser demostrado. 

Los presidentes del PP evitan vivir en la capital extremeña

En Extremadura también existe una residencia oficial, pero hasta ahora tan solo ha sido usada por los dos presidentes del PSOE, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara, que residieron en esta vivienda, situada en la avenida José Fernández López de la capital extremeña, Mérida, con sus respectivas familias.

El expresidente José Antonio Monago y la actual jefa del Ejecutivo extremeño, María Guardiola, ambos del PP, optaron seguir residiendo en Badajoz y Cáceres, respectivamente. Monago, en plena polémica entonces por la treintena de viajes a Canarias pagados con cargo al presupuesto del Senado entre 2009 y 2010, decidió cerrar la residencia de la capital extremeña e incluso ponerla a la venta en un portal de internet. Por su parte, María Guardiola informó al principio de la pasada legislatura que utilizaría la vivienda de forma muy puntual, igual que hace ahora, tras refrendarse en el cargo gracias a Vox.

No obstante, según consta en el portal de Transparencia, entre 2023 y 2024 se gastaron al menos 25.000 euros en la limpieza del inmueble, la pintura interior, mobiliario para el jardín y un robot de limpieza para la piscina. El chalé tiene una superficie útil de 600 metros cuadrados, 1.500 metros cuadrados de jardín, tres dormitorios, dos baños, un aseo, zona de servicio, dos salones y cocina con office en la segunda planta. La tercera es un apartamento independiente con dos dormitorios, baño, salón, despacho y cocina, y en la primera planta hay una sala de espera y seis despachos.

En Asturias también existe una residencia para la Presidencia del Principado, si bien el actual mandatario, Adrián Barbón, no la utiliza porque reside en su vivienda habitual, en Pola de Laviana, capital del concejo minero de Laviana. Barbón únicamente hizo uso de esta residencia durante la pandemia, instalándose en este apartamento de manera continuada los meses del confinamiento. En algunas ocasiones, también se queda allí algún fin de semana por motivos de agenda.

El apartamento fue habilitado en la tercera planta del Palacio de la Presidencia, ubicado en la calle Suárez de la Riva de Oviedo, frente a la Junta General del Principado, en tiempos de la presidencia del socialista Juan Luis Rodríguez Vigil, entre 1991 y 1993. Fue remodelado en la etapa de Francisco Álvarez-Cascos, en 2011. Cascos y Antonio Trevín (1993-1995) fueron los dos únicos presidentes asturianos que ocuparon de continuo la vivienda, el primero porque residía en Madrid y el segundo porque tenía su vivienda habitual en Llanes. En la actualidad consta de una habitación grande y tres más pequeñas, una cocina, un salón de estar-comedor, una salita habilitada como despacho y dos baños.

En Canarias la residencia oficial del presidente se encuentra en Las Palmas de Gran Canaria aunque en Tenerife, en el mismo edificio de la Presidencia, hay un “apartamento” en la parte alta que se puede utilizar también como vivienda y que también es propiedad de la administración autonómica. Pero el uso que se da a las dos viviendas ahora mismo no es residencial y solo se utilizan para actos y reuniones oficiales.  

Chaves vivió en la Casa Sundheim

En Andalucía no existe residencia oficial del presidente de la Junta. El actual titular del cargo, Juan Manuel Moreno, reside en su casa particular. Cuando se remodeló el Palacio de San Telmo, en Sevilla, como sede permanente del Gobierno andaluz se reservó un espacio para albergar una futura residencia presidencial, pero nunca se hizo. Actualmente esas dependencias las ocupan despachos y funcionarios. Manuel Chaves, presidente de la Junta entre 1990 y 2009, fue el único que tuvo residencia oficial en Andalucía. En 1992 se mudó con su familia a la Casa Sundheim, un palacete sevillano que había sido la primera sede de la oficina de Manuel Olivencia como comisario de la Expo’92.

En la Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana, Navarra, Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja, la Región de Murcia y Cantabria nunca se ha establecido una residencia oficial para sus respectivos presidentes.

Castilla y León es un caso peculiar. Aunque el presidente autonómico tampoco dispone allí de una residencia oficial, sí paga un piso a su actual mandatario, Alfonso Fernández Mañueco, al igual que hizo con su antecesor, Juan Vicente Herrera, a lo largo de 16 años en los que de las arcas públicas salieron 705.039,68 euros para sufragar el alquiler de la vivienda presidencial.

La inédita costumbre de pagar el piso al presidente no la impuso Herrera. Según Transparencia, un piso ubicado en la Acera de Recoletos, en plena 'milla de oro' de Valladolid, y de 199 metros cuadrados, se alquiló desde el 1 de agosto de 1985, cuando la Junta estaba en manos del PSOE y no había una sede autonómica. Uno de los ocupantes del piso de Recoletos fue José María Aznar, presidente de la Junta de Castilla y León entre 1987 y 1989: las crónicas de esa época hablaban del piso de la pareja Aznar-Botella en pleno centro de Valladolid y de su intensa vida social.

El particular caso de Castilla y León

En realidad, cuando Aznar llegó al gobierno autonómico ya estaba habilitada una vivienda para el presidente en la sede de Presidencia en el Colegio de la Asunción, en el barrio de Covaresa, pero en esa época era una zona poco habitada que no agradó al responsable de la Junta. Posteriormente fue Herrera el que se aposentó en el piso de la Acera de Recoletos, propiedad de la empresa Conre SL, durante más de tres lustros.

Mañueco nunca llegó a ocupar esa casa y el alquiler se rescindió en 2019, pero no porque rechace un alquiler pagado por las arcas públicas sino porque prefirió otro piso cuya ubicación Presidencia se niega a desvelar “por razones de seguridad”. No sale barato, pero sí algo más económico que el de Recoletos. La renta ascendía, en 2019, a 1.460 euros al mes. El caso de Castilla y León es único. Ninguna otra comunidad paga el alquiler a su presidente.

*Con información de Arturo Puente, Iker Rioja, Beatriz Muñoz, Esther Ballesteros, Santiago Manchado, Leticia Quintanal, Jennifer Jiménez, Daniel Cela, Adolf Beltrán, Olivia García, Laro García, Rodrigo Sáiz, Laura Cornejo, Carmen Bachiller, Candela Canales y Elisa Almagro.

El Gobierno de Ayuso ha anunciado este jueves que vende el ático de lujo que compraron en Chamberí para usar como “oficina” un día después de que saltara la polémica por su compra. El consejero de presidencia, Miguel Ángel García, justifica que con esta venta y la de otros tres inmuebles situados en el centro de Madrid recaudarán 20 millones de euros que irán destinados a las ayudas contra los incendios. Antes de esta rectificación por parte del Ejecutivo madrileño, ya era conocida la debilidad de Ayuso por el patrimonio mobiliario pagado por terceros: del ático en el mismo barrio comprado por su pareja pendiente de juicio por fraude fiscal en el que ambos viven, pasando por el chalet en Rascafría de la Comunidad de Madrid en el que pasó unas vacaciones con familia, hasta el piso que heredó de su padre moroso. A raíz de esta polémica, te contamos las historias de las residencias oficiales vacías que pagan en siete comunidades en las que sus presidentes han renunciado a vivir.

En otro orden de asuntos, este diario ha conocido que el inspector jefe Manuel Morocho, el agente de la policía que fue acosado por investigar al PP por la guerra sucia contra Podemos, declarará finalmente ante Asuntos Internos para relatar lo que presenció en aquellos años.

Un piso en Chamberí que heredó de su padre en 2011, cuando él todavía estaba vivo y acababa de contraer una deuda con la Comunidad de Madrid por la que se arriesgaba a un posible embargo. Los dos inmuebles de lujo comprados en ese elitista barrio de la capital por su pareja, el comisionista Alberto González Amador, tras sus presuntos delitos fiscales. Y, ahora, un ático de 485 metros cuadrados en ese mismo distrito que la Comunidad de Madrid ha comprado como oficina de uso temporal para todavía no se sabe quién hasta que terminen unas obras en la sede de la Presidencia en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol.

Un día después de conocerse esta operación, la Comunidad de Madrid ha anunciado que venderá el inmueble, junto a otros activos en manos del Ejecutivo autonómico. La justificación que da para poner a la venta este ático tres meses después de su adquisición es que se destinará el dinero a la reconstrucción tras los incendios.

Este es solo uno de los episodios que protagonizan las polémicas inmobiliarias que han acompañado en los últimos años a Isabel Díaz Ayuso. La última operación controvertida la destapó este miércoles El País. Pese a tener decenas de inmuebles para ese fin, el Gobierno madrileño ha comprado un enorme ático de lujo en Chamberí, con 200 metros de terraza, junto a un edificio de grandes dimensiones que ocupa la dirección general de Tributos de la Consejería de Hacienda, para que lo use Ayuso “con un mínimo equipo” durante “la rehabilitación de la Real Casa de Correos, cuyos trabajos comenzarán en agosto”, según explicó a El País un portavoz del Gobierno regional. Luego Ayuso matizó el anuncio porque todavía no está claro quién se trasladará al ático.

El valor de mercado de ese piso es de varios millones de euros. En esa zona, una de las más caras y exclusivas de la capital, el metro cuadrado ronda los 9.000 euros, según el portal Idealista.

“No es mi casa, no es para mí, y yo no me he comprado nada”, ha asegurado Ayuso en una comparecencia este miércoles, en la que ha afirmado que el ático se va a destinar a “oficinas provisionales” y ha cargado contra lo que considera una “campaña de desprestigio” en medio de la emergencia por los incendios de la última semana, y después de que el ministro Óscar López, líder de los socialistas madrileños, pidiera explicaciones sobre esta operación: “Primero chalet en Rascafría. Ahora un ático en Chamberí. Millones de euros de todos los madrileños. Para uso y disfrute de la señora Ayuso. Hoy mismo deben explicar cómo, cuánto, por qué y para qué”, ha escrito en X.

“Esto es un capricho de Ayuso, que tiene obsesión con los áticos de lujo en Chamberí, pero muy poca afición a pagárselos de su bolsillo”, ha dicho por su parte en declaraciones enviadas a la prensa Eduardo Rubiño, portavoz adjunto de Más Madrid en el ayuntamiento.

La compra de ese ático, cuyo importe no ha aclarado la Comunidad de Madrid, la ha gestionado Planifica Madrid, empresa pública que comercializa suelo público y gestiona las oficinas del Gobierno regional. De la operación no hay rastro por ahora en el apartado de “Transparencia” de esta entidad que dirige el consejero de Presidencia, Miguel Ángel Martín. Tras destaparse la operación, y antes de la comparecencia de Ayuso, el Gobierno madrileño aseguró que no es seguro que ese piso se destine a oficinas y que la decisión se tomará “cuando remodelen el inmueble” y vean “cómo quedan las oficinas”.

La compra, según El País, se escrituró el pasado 14 de abril, la víspera de que elDiario.es revelase que Ayuso había utilizado a su jefe de despacho en Presidencia para negociar la compra de un nuevo piso de 850.000 euros y 100 metros cuadrados en Chamberí que llegó a visitar junto a González Amador entre diciembre y enero de este año.

La nueva “oficina” de Ayuso o de otros equipos de la Comunidad de Madrid en ese privilegiado barrio de la capital está ubicada muy cerca del único inmueble que ha tenido a su nombre en los últimos años la presidenta madrileña, según el Registro de la Propiedad.

Caso Avalmadrid

Se trata del piso que le donaron en octubre de 2011 sus padres (él, ya enfermo, falleció en 2014). Entonces una Ayuso desconocida acababa de ser designada diputada regional. La operación se realizó meses después de que, en marzo de 2011, una entidad participada por el Gobierno madrileño concediera un polémico préstamo de 400.000 euros (a la postre impagado) a una empresa de suministro de material sanitario participada por la familia Díaz Ayuso, MC Infortecnica SL, que atravesaba graves dificultades económicas (dejó de pagar las nóminas a sus empleados tres meses después de recibir el préstamo).

En el reparto de bienes que quedarían fuera de un posible embargo en caso de que ese préstamo se impagara (como finalmente sucedió: en abril de 2012, MC Infortécnica incumplió los plazos de pago de las primeras cuotas), a la actual presidenta madrileña le tocó ese piso en Chamberí. A su hermano Tomás le correspondió una finca en Sotillo de la Adrada (Ávila), uno de los municipios golpeados por la que ya es la mayor catástrofe medioambiental por incendios forestales de la historia de España. El préstamo, del que no se recuperó ni un euro, lo concedió la entidad semipública Avalmadrid, la misma que, según ha anunciado Ayuso esta semana, va a canalizar una línea especial de avales para empresas y autónomos afectados por los incendios en la Sierra Oeste de Madrid.

Aquella donación en vida fue el conocido como 'caso Avalmadrid'. La oposición regional denunció un presunto alzamiento de bienes (vender patrimonio para no pagar deudas), pero las denuncias fueron archivadas y el Tribunal Supremo rechazó investigar a Ayuso al no encontrar indicios de delito. En ese piso, cuyo valor de mercado supera los 600.000 euros, vive en la actualidad la madre de la presidenta madrileña.

Ayuso tuvo que dar explicaciones hace un año por el uso particular de un chalé en el municipio serrano de Rascafría, junto al monasterio de El Paular, ubicado en una finca que la Comunidad de Madrid adquirió en 2023, en plena ampliación del Parque del Guadarrama, por 4,3 millones de euros.

Definido como “muy austero” por el PP, cuenta con suite, dos plantas y piscina. “He estado dos días en una casa de la que ahora vamos a dar explicaciones el consejero y yo. Me llevé mi comida de casa, cené en un restaurante del pueblo y compré en el Covirán, con mis medios”, defendió entonces la presidenta madrileña.

“Estoy harta de pagar el alquiler y me hace ilusión comprarme una casa, pero en Madrid se ha disparado el precio de la vivienda”, lamentaba Ayuso en una entrevista en El Mundo publicada en junio de 2022, semanas antes de que González Amador, el empresario presentado como “técnico sanitario” cuando fue presentado como su pareja en 2021 en la prensa rosa, comprara por 850.000 euros el primero de los dos pisos que tiene a su nombre en Chamberí.

El comisionista adquirió ese inmueble tras defraudar más de 350.000 euros a Hacienda en los ejercicios 2020 y 2021 mediante una trama de facturas falsas y empresas pantalla por la que está pendiente de juicio y que destapó elDiario.es. Amador cometió ese presunto fraude fiscal tras disparar sus ingresos por dos vías: gracias a los encargos extra que le hizo el grupo Quirón a partir de 2021 y a una operación de venta de mascarillas en lo peor de la pandemia, en 2020, que propició un directivo del gigante de la sanidad privada, transacción por la que está siendo investigado por presunta corrupción en los negocios.

A ese piso de lujo en Chamberí, González Amador sumó otro en la planta inmediatamente superior (un ático) que, como reveló este medio, inicialmente (en julio de 2023) adquirió una empresa a nombre del fiscalista que le representó durante la inspección que le abrió la Agencia Tributaria y que derivó en la denuncia que le va a llevar al banquillo. El comisionista acabó adquiriendo ese inmueble a finales del año pasado, tras pagar un alquiler con derecho a compra de 5.000 euros mensuales.

Fue en lo peor de la pandemia, mayo de 2020, cuando salió a la luz que Ayuso había trasladado su vivienda y su oficina a sendos apartamentos de lujo de Be Mate, propiedad entonces del empresario hotelero Kike Sarasola, que la presidenta madrileña eligió para confinarse y gestionar la crisis sanitaria tras dar positivo en Covid-19 en los primeros días de la crisis sanitaria. La presidenta tardó cuatro años en desvelar la factura que pagó por su estancia en esos dos apartamentos, uno para dormir y otro para trabajar: 5.680 euros por 69 días, a 82 euros por noche.

Vuelve el agente 81.067, inspector jefe Manuel Morocho. El policía que investigó los casos Gürtel y caja B de PP, y que ha denunciado en el Congreso, en un juzgado de instrucción y ante dos tribunales de la Audiencia Nacional la campaña de acoso que vivió por parte de los mandos policiales para entorpecer sus pesquisas va a prestar declaración sobre las maniobras que presenció contra Podemos durante su paso, obligado, por el nido de la brigada política que se organizó en la Dirección de la Policía durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy.

La última declaración pública de Morocho, ante el tribunal de Kitchen el 29 de abril pasado, dejó una pista que Podemos ha seguido como acusación popular en esa causa. El inspector jefe aludió al intento de sus superiores de que participara en 2016 en el informe Pablo Iglesias Sociedad Anónima (PISA) durante su relato. Los abogados de la formación política pidieron al juez Santiago Pedraz, que instruye otra de las patas de la guerra sucia del PP, dirigida contra Podemos, que Morocho declare en el marco de la misma todo lo que sabe de las maniobras contra el partido.

Como pidió Podemos, Morocho no declarará ante el juez, sino que será la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía, que ha investigado toda la causa Villarejo, quien le tomará declaración. Una providencia de Pedraz a la que ha tenido acceso elDiario.es dice que se trata de “esclarecer la autoría del informe PISA, fecha de creación, modo de obtención de la documentación personal empleada en su elaboración (singularmente de la factura del señor Iglesias obrante en página 3, al menos en algunas de las versiones del documento)...”.

Tras las presiones para que no incluya el nombre de Rajoy en el cuerpo del informe de la Caja B y continuos retrasos en la supervisión de sus informes antes de enviarlos al juzgado, la Dirección de la Policía emprende otra estrategia con Morocho. El policía ha rechazado los destinos 'dorados' que le han ofrecido en el extranjero y el número dos del Cuerpo, Eugenio Pino, decide cargarle de otros trabajos para que no pueda avanzar en los que afectan al PP. Y así le destina en atribución temporal de funciones a la Dirección Adjunta Operativa, el nido de la brigada política. Tendrá que combinar su trabajo allí con la investigación de la caja B a las órdenes directas del juez Ruz.

En el juicio de Kitchen, durante el turno de preguntas a Morocho, el abogado de Podemos le preguntó por su destino en la Dirección Adjunta Operativa. “A ver... A mí me dicen que voy como experto financiero, puesto que ha salido la cuenta de Trías y ha sido un error, y que le ha costado un disgusto al ministro”, explicaba Morocho en alusión a la falsa cuenta del entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias, en Suiza.

Morocho continuó: “Entonces, ahí enmarcan mi entrada allí. Yo... pues bueno, me dan alguna cosa, una cosa ahí de la familia Pujol en inglés, un documento de garantía societaria. Pero en fin, ahí no aguanto mucho, un día o dos, y me llevan a lo que era la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) que habían creado, que está fuera, en otro sitio”. La Policía del PP se sirvió de la opacidad a la que está obligada la Unidad de Asuntos Internos para crear en su seno una brigada que escarbaría en casos que afectaban al PSOE, como el 11-M o el Faisán, con la excusa de resolver errores pasados y a pesar de que se trataba de causas cerradas, con sentencia firme.

Hasta que llegó un momento en que la declaración de Morocho dio un salto a otro caso que se instruye todavía en la Audiencia Nacional. “Él me da, me da eso. Luego me da este famoso informe PISA y...”. El letrado de Podemos reaccionó y reorientó el interrogatorio rápidamente. Preguntó por el informe PISA y el inspector jefe aseguró que se lo entregó otro de los juzgados en Kitchen, José Ángel Fuentes Gago, también investigado por la guerra sucia a Podemos. Fuentes Gago, según Morocho, le pidió que analizase el contenido del dosier.

Investigación a la 'pata' mediática de la guerra sucia

A Morocho le dio tiempo a contar que otro de los acusados en Kitchen, el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano, le llevó a ver a un periodista, cuyo nombre no desveló, para “contarle el resultado de la indagación sobre el informe PISA”. La frase resume por sí sola la actuación de la brigada política en dos de sus pasos más importantes: la fabricación de dosieres sobre el adversario político y su estrategia de publicarlos en medios afines con independencia de que los despreciaran los tribunales. “Él [Bonifacio] estaba allí. Fue él quien me introdujo al periodista”, añadió.

Ahora, el juez Pedraz quiere que Asuntos Internos pida a Morocho la “identificación de los periodistas y/o medios a los que resultó filtrado [el informe PISA]; para lo que habrá que darse traslado a la referida Unidad de Asuntos Internos de la querella y auto de admisión, documentación aportada por UDEF sobre la denominada operación Venus, así como la declaración prestada en sede judicial por la testigo N. C. P. [antigua trabajadora del canal donde tenía un programa Iglesias]”.

De este modo, al menos parcialmente, Podemos logra que Pedraz encargue la investigación policial a una unidad especializada, lo que en otros casos que instruye este y otros jueces hace que la instrucción cuente con propuestas de los investigadores que, en muchas ocasiones, la Fiscalía y el juez utilizan como guía para las pesquisas.

Cabe recordar que la causa de la guerra sucia a Podemos sufre continuos varapalos por las negativas de Pedraz a expandir la investigación o imputar a determinados policías y que solo las propuestas de Podemos, muchas veces acordadas por la Sala de lo Penal, han impulsado el caso, ante la pasividad de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Pedraz vuelve a dejar fuera a Urbán

En este sentido, en un auto del pasado martes, Pedraz vuelve a desestimar la petición de Miguel Urbán de ser parte personada en la causa de la guerra sucia en relación con el montaje que sufrió acerca de una falsa venta de droga por su parte de 40 kilos de cocaína. En el escrito, Pedraz insiste en desvincular la operación Cardenal de la guerra sucia contra Podemos pese a que se produjo en el primer semestre de 2016, cuando arreciaban las maniobras contra la formación por si llegaba al Gobierno de la mano de una coalición progresista.

“La Fiscalía archivó, previa práctica diligencias, sin que conste dato alguno más. Es más, la propia Sala en auto de 8 de mayo ha desestimado la ampliación de la querella por la denominada operación Cardenal”, alega el juez en su auto. De este modo el fundador de Podemos, y eurodiputado en el momento del montaje, no podrá acusar por la falsa acusación policial. De paso, el comisario que impulsó el montaje, José Luis Olivera, se vuelve a salvar de la imputación, una vez más, por una decisión de Pedraz. El juez adopta la decisión de acuerdo con el fiscal Vicente González Mota.

El juez José Luis Calama ya sitúa a los hermanos Amaro Chacón entre los grandes pagadores a José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno a cambio de las “influencias ilícitas” que habría ejercido el ex presidente. Calama equipara Inteligencia Prospectiva, la sociedad instrumental de los Amaro Chacón, al nivel de Plus Ultra y Softgestor en el nivel de encargos e ingresos para Zapatero, en un auto en el que actualiza el estado de las pesquisas y autoriza a la UDEF a acceder a más de sesenta cuentas bancarias del antiguo mandatario, su familia, entorno y sociedades vinculadas al caso de la aerolínea española y su rescate.

“La investigación sitúa en su núcleo una estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio de influencias ilícitas en favor de determinados clientes –Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva y Softgestor–, que retribuirían tales servicios mediante contratos de asesoría simulados, permitiendo justificar pagos cuyo destino real serían José Luis Rodríguez Zapatero y la sociedad Whathefav, administrada por sus hijas”, recoge el citado auto, con fecha de este miércoles, 29 de julio. En otro punto del auto, el juez llama a las tres sociedades mencionadas “fuentes de financiación encubierta”.

Los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo Amaro Chacón y Guillermo Alfredo Amaro Chacón son administradores solidarios de Inteligencia Prospectiva, antes Beren Europe y posteriormente Alaska Ilimitada. Un informe del pasado mes de febrero de la ONIF concluye que su “operativa financiera resulta incompatible con su cifra de negocio declarada y plenamente coherente con uso instrumental orientado a introducir fondos en España procedentes del extranjero”. Esos fondos procedentes del extranjero acabaron en “sociedades vinculadas a la red organizada liderada por José Luis Rodríguez Zapatero y operada por Julio Martínez Martínez”, advertía ya en mayo el juez Calama.

Entre 2020 y 2025, Inteligencia Prospectiva movió más de 2,6 millones de euros en sus cuentas bancarias. Se trata, según la ONIF, de una “cifra absolutamente incongruente con su actividad declarada”. De esa cantidad, un porcentaje muy importante fue al entorno de Zapatero. Análisis Relevante obtuvo de Inteligencia Prospectiva 368.258,72 euros. Es la sociedad de Julio Martínez en la que, según los investigadores, Zapatero juega un papel muy superior al que reconoce de trabajos de asesoría. La empresa de marketing de las hijas del expresidente, Whathefav, obtuvo 561.440 euros de la misma empresa. Y Gate Center, con un consejo asesor presidido por Zapatero, cobró 266.200 euros.

Los hermanos Amaro, recogía el juez, “exceden de forma manifiesta las capacidades y funciones propias de un empresario común, incidiendo en asuntos de Estado de primer nivel”. Especialmente en Venezuela. En el teléfono de Julio Martínez aparecieron mensajes como “los chinos listos para comprar barcos” y “listo para viajar a reunirse con la Dama y Ministro de Petróleo”. Los barcos hace alusión al traslado de petróleo y la “Dama” es Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de Venezuela, a la que atribuyen la “asignación directa” de esos barcos con crudo.

El auto de este miércoles de Calama recoge otra novedad. Son los pagos que recibió Zapatero de numerosas empresas por “supuestos servicios profesionales, como conferencias, mediación, asesoramiento estratégico, análisis geopolitico...”. Zapatero nunca ha negado esos trabajos de consultoría y asegura que están declarados a Hacienda. Pero el juez incluye en su auto a cada una de las empresas y cuánto ganó el expresidente con ellas.

Así, en el auto del juez aparece Kreab Iberia (851.180 euros), Thinking Heads Group (649.552), Gate Center (352.980), Mimo Advisor (104.410), Focus Social Resarch (200.000), Chinalink (159.034), Talking Heads America (31.766), Kreab Worldwide (105.000), Bright Digital Solutions (53.000). Yuewee International Trade (49.758) y Zayed Award (47.210). A todas ellas hay que sumar los 490.780 euros recibidos de la sociedad Análisis Relevante, de su amigo Julio Martínez, entre 2020 y 2025.

De estos pagos, el juez se detiene esta vez en el de Focus Social Research, de 200.000 euros), “vinculado al presunto ejercicio de influencias ante autoridades bolivianas en favor de una sociedad peruana”. El magistrado, sin entrar a valorar, añade que una cuenta del Banco Santander “funcionaba como receptora de fondos, redistribuidos inmediatamente a otras cuentas de José Luis Rodríguez Zapatero, y desde una de ellas se canceló anticipadamente un préstamo hipotecario de 500.000 euros mediante transferencia de 498.000 euros, tras la adquisición de un inmueble por 580.000 euros”. Zapatero atribuye ese rápido movimiento a la venta de una vivienda con la que pudo cancelar la hipoteca de la otra.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha autorizado a la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) que acceda a más de sesenta cuentas bancarias de diferentes entidades y a nombre de José Luis Rodríguez Zapatero, su mujer y sus hijas, así como de su secretaria, Gertrudis Alcázar, y sociedades que son investigadas en el marco del caso Plus Ultra, según un auto al que ha tenido acceso elDiario.es.

Calama responde así a la petición realizada por la UDEF en un informe del pasado junio en el que se hace referencia a “flujos de fondos de interés” para la investigación y que implicarían “a los principales beneficiarios de la estructura societaria controlada por Julio Martínez Martínez” a los que identifica “José Luis Rodríguez Zapatero y Whathefav [la sociedad de sus hijas]”.

El informe policial introduce novedades respecto a los atestados anteriores. Aparecen en el nuevo oficio nombres de otras sociedades que habrían servido también para canalizar pagos a Zapatero y que hasta ahora eran desconocidas. Recoge el auto del juez: “El conjunto de indicios revela una estructura jerarquizada, con José Luis Rodríguez Zapatero como beneficiario principal, Julio Martínez Martínez como gestor y canalizador, y un entramado societario diseñado para ocultar origen y destino de fondos, justificar pagos mediante contratos de asesoría ficticios y diluir trazabilidad mediante movimientos internos carentes de lógica económica”.

Y continúa: “Los clientes −Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor−, actúan como fuentes de financiación encubierta, mientras que sociedades como Caletón Consultores, Summer Wind, Caletón Consultores o Zenzap funcionan como instrumentos para introducir fondos y redistribuirlos hacia José Luis Rodríguez Zapatero, Whathefav y empresas del entorno de Julio Martínez Martínez”.

El juez recuerda que la investigación sitúa a Zapatero en el “núcleo” de la trama “orientada al ejercicio de influencias ilícitas en favor de determinados clientes”, y que sus servicios se retribuían mediante contratos de asesoría simulados que se canalizaban a través del entramado societario controlado por Julio Martínez Martínez, el empresario también investigado, que actuaba “como persona de confianza” del expresidente y era “interlocutor directo con los clientes y gestor funcional de la red”.

Con base en lo que recoge la UDEF en su atestado, el juez detalla las cantidades recibidas por Zapatero que son objeto de investigación. Además de los 490.780 euros que le llegaron desde Análisis Relevante -empresa de Julio Martínez- entre 2020 y 2025, se ha encontrado “un volumen muy superior de transferencias justificadas mediante supuestos servicios profesionales −conferencias, mediación, asesoramiento estratégico, análisis geopolítico− procedentes de diversas sociedades”.

Así, detalla pagos de algunas empresas que ya se incluyeron en el primer auto del juez: 851.180 euros llegaron de la consultora Kreab Iberia; 649.552 euros de Thinking Heads Group; 31.766 euros de Thinking Heads Américas; 352.980 euros de Gate Center; 105.000 euros de Kreab Worldwide. Añade recientes, como los 200.000 euros de Focus Social Research. Y suma nuevos pagos de empresas como los 159.034 euros de Chinalink; los 104.410 euros de Mimo Advisors; los 53.000 euros de Bright Digital Solutions; los 49.758 euros de Yuewee International Trade; y los 47.120 euros del Zayed Award. El juez y la UDEF destacan los pagos destaca el de Focus Social Research, “vinculado al presunto ejercicio de influencias ante autoridades bolivianas en favor de una sociedad peruana”.

Por otro lado, recuerda que una cuenta del Banco Santander del expresidente “funcionaba como receptora de fondos”, y que estos eran “redistribuidos inmediatamente a otras cuentas de José Luis Rodríguez Zapatero”: “desde una de ellas se canceló anticipadamente un préstamo hipotecario de 500.000 euros mediante transferencia de 498.000 euros, tras la adquisición de un inmueble por 580.000 euros”.

Las cantidades de Whathefav

El auto indica por otro lado, para apuntalar que es necesario acceder a determinadas cuentas bancarias, que Whathefav, administrada por las hijas de Zapatero, “es la principal receptora de fondos del entorno societario de Julio Martínez Martínez” tras el propio expresidente. “Recibe 242.423 euros desde Análisis Relevante; 20.993 euros desde Agropecuaria Lucena y 18.150 euros desde Pickashop; además de 561.440 euros procedentes de Inteligencia Prospectiva”, a la que describe como una sociedad instrumental dedicada a introducir fondos extranjeros mediante ampliaciones de capital simuladas.

A esos ingresos en la empresa de las hijas, suma 171.727 euros que percibe de Gate Center y 12.297 euros de Thinking Heads. Y da un dato más, desde la cuenta de Whathefav se transfieren 247.191 euros a Laura Rodríguez Espinosa y 199.904 euros a Alba Rodríguez Espinosa, figurando José Luis Rodríguez Zapatero como autorizado en ambas cuentas.

Sobre Gertrudis Alcazar, la UDEF y el juez consideran necesario acceder a sus cuentas bancarias porque “aunque no se han detectado ingresos desde el entramado” hacia ella, su rol funcional en la organización justifica el análisis patrimonial. Recuerda el juez que la secretaria adquirió una vivienda por 132.055 euros sin financiación hipotecaria, “mediante pagos periódicos entre 2021 y 2023, sin operaciones compensatorias que expliquen su capacidad económica”.

'Julito' y su entramado societario

Sobre el entramado societario de 'Julito' Martínez, los investigadores recuerdan que está integrado por al menos 27 sociedades, si bien todas presentan “indicios de control unitario: domicilios coincidentes, objetos sociales amplios y modificaciones societarias simultáneas”. Y a pesar de esto, recuerda, en 2020 y 2021 no constan cuentas personales en España a su nombre, lo que sugiere uso de medios de pago extranjeros, efectivo o cuentas de sus sociedades.

A partir de 2022 sí figura Martínez como titular de cuentas en Bankinter y CaixaBank, con entradas de fondos cuyo origen no han podido determinar, si bien el análisis de movimientos bancarios “revela flujos internos intensos y carentes de justificación económica, con conceptos genéricos, operaciones de compensación y ausencia de correlación con actividades declaradas, dificultando la trazabilidad”.

Entre las sociedades del entramado, destacan ASP Rentas SL porque registra casi dos millones de euros en entradas y salidas entre 2020 y 2025, frente a ingresos declarados de 89.540 euros. Esa sociedad es identificada como “vía instrumental para canalizar fondos de contratos de asesoría ficticios, como el suscrito entre Análisis Relevante y Thabeh Business Iberian”.

Por otro lado, de otras de las sociedades, Zenitram Partners, indican que presenta movimientos superiores a 1,8 millones, ventas inmobiliarias de 600.000 euros y vehículos de lujo, además de indicios de facturación falsa, acreditados por un correo donde se afirma que “era una factura falsa”. De otra, Zenzap, comentan que no tiene actividad mercantil, ni trabajadores ni depósito de cuentas desde 2019, y a pesar de ello registra movimientos superiores a 3,8 millones y actúa como sociedad de inyección de fondos hacia otras empresas del entramado (447.000 euros), recibiendo a su vez importes menores.

Mérida Capital, por su parte, presenta movimientos de 804.971 euros en entradas y 599.119 euros en salidas, frente a actividad declarada de 114.731 euros. Y ordena pagos a Análisis Relevante por 45.000 euros, además de mantener contratos de opción de compra no ejecutados.

Nez Asesores registra más de 1,3 millones en movimientos, concede un préstamo de 200.000 euros y recibe fondos desde Análisis Relevante y Voli Analítica, con una operación de cobro de divisas transfronteriza de 181.037 euros que podría vincularse al préstamo. Pickashop recibe 143.896 euros desde Idella, Análisis Relevante, Voli y Agropecuaria Lucena, pese a que su objeto social es informático y ninguna de las sociedades pagadoras tiene página web, mientras que los flujos inversos son mínimos.

En cuanto a Affita y Affita Capital, el juez destaca que reciben fondos indirectos de Plus Ultra Líneas Aéreas a través de Summer Wind, sociedad interpuesta, además de pagos desde Agropecuaria Lucena, Análisis Relevante e Idella, en una dinámica incompatible con su objeto social de alquiler de inmuebles. Iot Domotic Europe percibe 60.500 euros desde Caleton Consultores, fondos que tendrían origen en Plus Ultra, y se localizaron justificantes de transferencias en el móvil intervenido a Julio Martínez Sola.