La situación administrativa de miles de niños y niñas no acompañadas en la ciudad autónoma de Ceuta se ha mantenido bloqueada durante un mes y medio por un choque jurídico entre el Gobierno central y el de la ciudad autónoma. El ministro de Política Territorial y mando operativo funcional, Ángel Víctor Torres, ha revelado en la rueda de prensa del Consejo de Ministros que este lunes comenzaron a tramitarse, al fin, los expedientes de esos menores bajo la supervisión legal del defensor de menor, justo la figura que se encuentra en el foco del conflicto entre administraciones y que no había sido designada hasta la fecha.

Tal y como reveló elDiario.es, el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el de Juan Jesús Vivas no alcanzaron hasta la semana pasada un acuerdo sobre esa figura legal del defensor del menor a la que obliga la ley de asilo, y sin la cual los niños y niñas no acompañadas no pueden ser ni reagrupados en Marruecos ni distribuidos al sistema de acogida de la Península. Hasta ahora, ambas administraciones han chocado sobre quién debe hacerse cargo de la contratación y el pago de esa figura, un dilema de hecho que han trasladado a la vía judicial y que sigue sin dirimirse.

Pero la semana pasada el propio Ángel Víctor Torres alcanzó una solución de emergencia durante una reunión con los responsables de Infancia del gobierno ceutí: hasta que se resuelva el contencioso, es la ciudad autónoma quien contrata al cuerpo de abogados necesario para ese trámite, pero es el Gobierno central quien asume los costes, con una aportación ya fijada de dos millones de euros. Y por eso ha sido posible que este lunes, un mes y medio después, comience la tramitación de los procesos administrativos de esos menores no acompañados.

“Me alegra decir que en el día de ayer ya se ha comenzado esa tramitación de los diez primeros expedientes a menores. Nos hubiese gustado que fuera antes, lógicamente”, ha dicho el ministro, que ha detallado el choque jurídico con el Gobierno de Vivas. “Estamos ante una controversia porque la ciudad de Ceuta, y también Canarias, afirman que eso es una competencia del Gobierno central. El representante jurídico del Gobierno de España, a través de la Abogacía del Estado, lo que expone es que son competencias de la Comunidad Autónoma. Así que lo que hemos decidido es que ya dirá la Justicia de quién es la competencia, pero el Gobierno de España pone los fondos de manera inmediata. Y ayer fue cuando ya se conformó el convenio para que el Colegio de Abogados esté presente en las entrevistas de los menores. Por eso nos hubiese gustado que hubiese sido bastante antes y ahora lo que esperamos es que esos expedientes puedan estar terminados cuanto antes”.

Ley de Nietos

Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha acusado a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria de hacer un “corporativismo” que prescinde de la “realidad” ante resoluciones judiciales que, en su opinión, son cuestionables, como la que retira el derecho al voto a los nacionalizados por la denominada 'ley de nietos'.

En esa misma rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Puente también ha pedido “algún pronunciamiento” del Poder Judicial “un poco más valiente” y “más realista” a la hora de “valorar lo que está sucediendo en este país con determinadas resoluciones judiciales”.

El titular de Transportes se ha expresado de esta manera después de que la Asociación Conservadora señalara que las críticas del Gobierno hacia el Tribunal Supremo por la suspensión cautelar de los efectos electorales de la denominada 'ley de nietos' suponen “descalificaciones que trascienden la legítima crítica a una resolución concreta”.

Puente ha lanzado varias preguntas a la asociación al interpelarles para que se pronuncien sobre las reuniones “en secreto” que miembros de la Judicatura y Fiscalía mantuvieron con el PP. En concreto, ha pedido saber la opinión del encuentro que mantuvo el ponente de la resolución de la 'ley de nietos', Antonio Narváez, con el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en 2023 y donde, según el ministro, expresó el deseo de que gobernara para que derogara leyes progresistas y mostró dudas sobre sistema electoral español.

Dicho esto, Puente ha reclamado a la Francisco de Vitoria que se pronuncie si Narváez “es el ponente más adecuado para garantizar la apariencia de imparcialidad exigible en este caso” y también sobre las palabras de los magistrados del Supremo en la Junta Electoral Central (JEC) que, según ha dicho, indicaron que el auto del TS era un “despropósito jurídico”.

“Estaría bien que se pronunciaran”, ha insistido Puente, quien ha lamentado también que los miembros de la carrera judicial “se escudan exclusivamente en las declaraciones” de políticos, pero “se tapan los ojos” y “no se dan cuenta de que quien está poniendo en cuestión la propia imparcialidad del Poder Judicial son algunos jueces”.

En este contexto, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha recordado que se han inscrito 333.696 personas en las oficinas consulares y se han aprobado además 571.000 expedientes, por lo que ha preguntado si ya se sabe “lo que van a votar”, ante las acusaciones del aumento del censo electoral.

“Son españoles, acorde a una ley y, por tanto, quien dice que se adultera el censo porque estas personas pueden votar, también habría que ver si no se adultera el censo si, pudiendo tener ese derecho, no votan”, ha resumido Torres, que también ha recordado que Feijóo ya reclamó en declaraciones pasadas la nacionalidad para nietos e hijos de exiliados.

El juzgado de Ceuta ha acordado inhibirse de la causa que investiga la actuación del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, en relación con la entrada de migrantes de los días 30 y 31 de julio, y remitir las actuaciones a la Audiencia Nacional, que instruye la investigación principal sobre estos hechos.

La magistrada María de la Luz Lozano ha acordado la inhibición de las diligencias previas abiertas en favor de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, al apreciar una conexión objetiva y subjetiva entre ambos procedimientos.

El auto, fechado este lunes y al que ha tenido acceso Europa Press, señala que los hechos investigados se integran en la “misma secuencia fáctica y operativa” que constituye el objeto de la causa principal, relativa a la “organización, movilización y efectos de la entrada de personas desde Marruecos”.

La resolución recuerda que la Fiscalía había solicitado previamente la inhibición al considerar que existe conexión entre ambas investigaciones, así como “unidad de contexto, secuencia y prueba”.

Por ello, la magistrada considera que la investigación conjunta resulta conveniente para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las posibles responsabilidades, conforme a las reglas previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para los delitos conexos.

El auto señala además que la resolución dictada por la Audiencia Nacional para asumir la causa principal estableció que la investigación debía abarcar “todas las actuaciones desarrolladas en territorio español” relacionadas con la entrada, incluidas las relativas a los fallecimientos producidos durante la travesía a nado.

La magistrada señala que, cuando existen delitos conexos y varios órganos judiciales han iniciado actuaciones, la competencia corresponde al órgano que comenzó primero la causa. En este caso, entiende que ese criterio favorece a la Audiencia Nacional.

Las diligencias abiertas en Ceuta se iniciaron a raíz de una denuncia presentada por la asociación Manos Limpias en relación con la actuación del delegado del Gobierno durante los acontecimientos de los pasados días 30 y 31 de julio, ante las informaciones y avisos que habría recibido sobre la llegada de inmigrantes.

En el procedimiento también figura la asociación Hazte Oír, personada mediante querella, que había solicitado diversas diligencias y presentado un escrito de ampliación de querella.

La jueza de Ceuta acuerda que sea el órgano judicial competente el que resuelva sobre estas actuaciones y sobre la ampliación de la querella, al considerar que, una vez apreciada su falta de competencia objetiva, no debe pronunciarse sobre ellas para evitar decisiones que puedan interferir en la investigación principal.

Además, la parte dispositiva del auto ordena remitir “íntegramente” las actuaciones al órgano judicial de Madrid, dejando testimonio suficiente en el juzgado de Ceuta.

La resolución no es firme, ya que las partes pueden interponer recurso de reforma en el plazo de tres días desde su notificación y recurso de apelación, de forma subsidiaria o separada, en el plazo de cinco días.

Ceuta se ha colocado en el centro del debate político en las instituciones europeas. El Partido Popular español ha trabajado a destajo para llevar la crisis migratoria en la ciudad española a las agendas que se discuten en la UE. La migración es un tema candente en Bruselas y los populares han encontrado una vía para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez. Esta semana hay un pleno en el Parlamento Europeo donde se está negociando una resolución sobre la entrada masiva de inmigrantes los días 30 y 31 de julio en Ceuta, que se votará el jueves. El PP europeo ha incluido un punto en el que “considera que toda declaración que cuestione la soberanía española [de Ceuta] es inaceptable e incompatible con las obligaciones de un país socio”, mientras que los socialistas europeos recalcan que “su consternación ante la reacción inicial de algunos Estados miembros, que equivalía a culpar a España y al Gobierno español de la llegada sin precedentes de un número tan elevado de personas a Ceuta”.

Respecto a Marruecos, la resolución de los socialistas europeos ensalza la colaboración con Marruecos, mediante “los mecanismos de cooperación existentes” entre ambos países que “permitieron el rápido retorno de la gran mayoría de las personas que habían cruzado la frontera” de forma irregular“ y recuerda ”la importancia de mantener asociaciones sólidas, constructivas y mutuamente beneficiosas con terceros países“.

Durante los días posteriores a la crisis migratoria varios dirigentes del Gobierno marroquí pusieron en duda la españolidad de Ceuta y Melilla y exigieron su “devolución” a Marruecos.

El eurodiputado del PP, Javier Zarzalejos, ha declarado que “es muy difícil que se pueda aspirar a una relación comercial o política normalizada con Marruecos cuando ni los cadáveres de los que se ahogaron han sido autorizados a ser retornados para ser enterrados”. Sin embargo, la resolución del PPE no pide explícitamente que la Unión Europea se replantee la relación de amistad con marruecos “si no se respetan las fronteras”, como solicitó el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en una comparecencia que organizó el Comité de Libertades Civiles de la Eurocámara.

El punto 14 de la resolución de los populares europeos añade la petición“a las autoridades marroquíes que asuman sus responsabilidades como socio clave de la Unión Europea y que cumplan sus compromisos en materia de gestión de fronteras, retorno y cooperación migratoria; subraya que dicha asociación debe basarse en el respeto incondicional de la integridad territorial de los Estados miembros de la Unión, como principio fundamental del Derecho internacional y condición innegociable”.

Desde la Comisión Europea, que preside Ursula Von der Leyen, del PPE, se ha tenido mucho cuidado de acusar a Marruecos de cualquier iniciativa relacionada con la entrada de 80.000 inmigrantes en Ceuta. Marruecos es un socio para la UE y en Bruselas no se quiere enfadar a un país con el que se pretenden mantener las mejores relaciones.

Nadie duda de que fue “guerra híbrida”

Mientras que los populares condenan “la instrumentalización de la migración irregular como herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial de un Estado miembro”, los socialistas europeos han recogido la versión del Gobierno español y apuntan a que “los acontecimientos registrados en Ceuta constituyeron un ataque híbrido contra la integridad territorial de Europa, perpetrado por actores internacionales hostiles, junto con traficantes y redes criminales de contrabando, que convencieron a personas para que se desplazaran a Ceuta con la esperanza de dividir a Europa”.

La líder de los socialistas europeos en la Eurocámara, Iratxe García, ha culpado al Partido Popular español de obligar al presidente del PP Europeo, Manfred Weber, de lanzar un mensaje la red social X contra el Gobierno español por la entrada de masiva de inmigrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio que provocó la falta de solidaridad de buena parte de los Estados miembros de la UE. Esta semana se está celebrando un pleno en el Parlamento Europeo en el que se está negociando entre los grupos políticos una resolución sobre la crisis migratoria de Ceuta.

“Al minuto de ocurrir esta entrada masiva a Ceuta, el PP español mandó a Weber escribir un post en X contra el Gobierno de España, ahí se abrió la veda”, ha apuntado García, que ha añadido que “Ceuta es España y Ceuta es Europa. Lo que ha ocurrido en Ceuta es una cuestión europea. Los socialistas europeos sentimos que un ataque al Gobierno de España es un ataque a los valores fundamentales de nuestra familia política”.

“Cuando atacaron a Italia, Polonia o Rumanía [en referencia a las crisis migratorias que sufrieron], la primera reacción fue estar al lado del país europeo. El PP tiene que decidir si quiere acordar con una resolución con la extrema derecha o asumir su responsabilidad europea y ayudar a España en esta crisis”, ha apuntado la líder de los socialistas.

De hecho, en la resolución de los socialistas europeos se “expresa la consternación ante la reacción inicial de algunos Estados miembros, que equivalía a culpar a España y al Gobierno español de la llegada sin precedentes de un número tan elevado de personas a Ceuta”. Posteriormente se alaba que varios países expresaron su solidaridad con la situación que estaba sufriendo España.

Además, los socialistas recriminan específicamente al gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni su posición con España: “Critica la decisión de Italia de introducir de forma inmediata, a partir del 1 de agosto y a raíz de los acontecimientos en Ceuta, controles en su frontera interior con España, pese a que las personas llegadas de forma irregular no podían continuar su viaje hacia España ni hacia otro Estado del espacio Schengen; considera que dicha decisión no era ni necesaria ni proporcionada”.

El hospital público Ramón y Cajal de Madrid modificó la gravedad de los pacientes en espera para cirugía para mejorar los datos de su lista de espera. Según una investigación publicada este martes por EL PAÍS, dos responsables del centro dieron la orden de rebajar la prioridad de los pacientes a espaldas de los cirujanos que los habían valorado previamente y habían determinado que debían ser operados cuanto antes.

Los cambios se realizaron entre el 28 febrero y el 14 marzo de 2025 en el servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del hospital. En total, 57 pacientes pasaron de una categoría de prioridad “preferente” en la lista de espera quirúrgica, que establece una intervención en menos de 90 días, a otra considerada “normal”, con plazos de espera que pueden alcanzar los nueve meses.

El País señala que esta modificación permitía al hospital ganar tiempo para cumplir con los indicadores de productividad exigidos por la Consejería de Sanidad autonómica, lo que daba la posibilidad al centro de que los pacientes fueran operados dentro de plazo. 

Esta modificación fue descubierta por una doctora en marzo del año pasado, cuando comprobó que la prioridad de una niña de tres años había pasado de urgente a normal sin su consentimiento y sin avisar a los padres de la menor. Tras esto, constató que los cambios afectaban también a otros pacientes de 17 médicos diferentes.

En un correo remitido a la doctora que cuestionó las modificaciones, el jefe del servicio justificó la medida con el objetivo de eficiencia pactada con la Consejería de Sanidad y el compromiso del hospital de intervenir a los pacientes preferentes en menos de 90 días. Además, recomendó evitar “en la medida de lo posible” registrar a los pacientes como preferentes.

El cirujano, Luis Alberto Martos, fue quien denunció internamente estas alteraciones sin lograr una respuesta. Según EL PAÍS, semanas después se abrió un expediente disciplinario contra él por “conflictos internos y acoso”, que todavía continúa en curso. Martos sostiene que las modificaciones no responden a “criterios médicos” y han perjudicado a los pacientes al aumentar artificialmente el tiempo que debían esperar para ser operados. Según declaraciones de Martos recogidas por El País, algunos pacientes incluso “se retorcían de dolor”, debido a anomalías en la columna vertebral, síndrome de túnel carpiano o luxación (dislocación de los dos huesos de una articulación).

Los documentos internos a los que ha accedido EL PAÍS contienen anotaciones que atribuyen algunos cambios a órdenes del jefe de Traumatología, Basilio José de la Torre Escudero, y del director médico del hospital, Rafael Martínez Fernández. Según explica el diario, se pueden leer anotaciones de los cambios con mensajes como “cambio prioridad p.i. (por indicación) Dr. De la Torre” o cambio prioridad p.o. (por orden) de trah (traumatología) y direcc. médica“. 

La normativa de la Comunidad de Madrid establece que son los cirujanos quienes deben determinar la prioridad clínica de los pacientes incluidos en las listas de espera. El hospital, por su parte, niega haber cometido alguna irregularidad. En una respuesta remitida a EL PAÍS, una portavoz del hospital aseguró que “ni la Dirección Médica ni la Gerencia realizan directamente modificaciones individuales de las listas de espera” y defendió que su gestión corresponde a cada servicio asistencial siguiendo criterios clínicos. 

En este sentido, el cumplimiento de los plazos de las listas de espera está vinculado con los complementos de productividad de los responsables de los servicios. Según apunta EL PAÍS, tras acceder al contrato programa del Ramón y Cajal de 2025, uno de los indicadores utilizados para evaluar la gestión premia o penaliza en función del número de pacientes que supere la fecha de intervención establecida (90 o 180 días). El complemento de productividad de un jefe de servicio ronda los 3.579 euros. 

Manuel Cobo, quien fuera vicealcalde madrileño y que también fue consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid en época de Alberto Ruiz-Gallardón, ha denunciado este martes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que la pieza separada del caso Lezo que se juzga, la adquisición por parte del Canal de Isabel II en 2001 de la empresa colombiana de aguas Inassa, nació de una “operación política” orquestada por fuego amigo. Ha señalado, en concreto, a quien fuera vicepresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y al exministro 'popular' Eduardo Zaplana.

“Creo que es la causa de que estemos hoy aquí”, ha señalado a preguntas de una de las defensas. En concreto, se ha referido a una conversacion mantenida entre ambos exdirigentes del PP “en la que sabiendo que estaban siendo grabados por la UCO” hicieron referencia a un “pelotazo que dio Gallardón”.

El expolítico ha añadido a esto que después de cuatro años de que se aprobara esa operación de compra de la empresa de aguas que operaba en Barranquilla (Colombia), Ignacio González -siendo ya presidenta Esperanza Aguirre- encargó informes a la consultora Cuatre Casas en los que se “empeoraba la valoración” de esa adquisición.

Al hilo, ha recordado que se encontró una copia de uno de esos informes en el que se incluían aspectos a corregir del mismo para que la operación pareciera “muy negativa”. “Hay una operación política de alguien que actúa difamando y presuntamente delinquiendo contra un compañero de su partido que era Alberto Ruiz-Gallardón”, ha lamentado, para apuntar acto seguido tanto a González como a Ildefonso de Miguel, el que entonces era gerente del Canal de Isabel II.

Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción acusa por malversación a todos los miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II que aprobaron en su día la operación. Entre ellos estaban dos consejeros del Gobierno regional presidido por Ruiz-Gallardón -Juan Bravo y Pedro Calvo-, pero también había sindicalistas, representantes de la oposición y de los municipios madrileños.

El Canal de Isabel II, propiedad de la Comunidad de Madrid, adquirió en 2001 por 73 millones de dólares el 75% de las acciones de Inassa, una empresa colombiana de aguas que atesoraba una concesión importante en el municipio de Barranquilla. La Fiscalía detectó que en la compra se interpuso una sociedad panameña -paraíso fiscal- y que hubo un “sobreprecio injustificado” de entre 19 y 29 millones de euros que fue en menoscabo de la protección de los intereses públicos en beneficio exclusivo de terceros.

Gallardón: “Fue aprobado por el mercado”

Sobre la operación también ha declarado este martes Ruiz-Gallardón, quien al igual que Cobo, constó como imputado en este asunto al inicio de la instrucción del juez Manuel García Castellón. A preguntas de la Fiscalía y del resto de partes ha explicado que él tuvo conocimiento de esa adquisición cuando la aprobación llegó al Consejo de Gobierno en 2001, y que fue uno más, sin especial relevancia, de los 96 puntos que llevaban en el orden del día. Además, ha resaltado que no era cometido de su Ejecutivo fiscalizar las operaciones de las empresas públicas, ya que eso correspondía tanto a la Camara de Cuentas como al Tribunal de Cuentas , y que a él nada le hizo dudar de que esa operación tuviera alguna tacha.

De hecho, ha recordado que en el órgano decisorio del Canal de Isabel II había consejeros, representantes del ayuntamiento, sindicatos, la Confederación Hidrográfica del Tajo y hasta un expresidente del Canal que había sido consejero con el socialista Joaquín Leguina: “Con ese elenco de pluralidad y profesionalidad no tuve ninguna duda, no había tacha previa de ilegalidad o de ineficiencia”.

Por otro lado, sobre el hecho de que la compra incluyera un activo (la mercantil Watco) del que no se había informado o que no estaba incluido en la documentación elevada al Consejo de Gobierno, Gallardón ha señalado que tuvo conocimiento de ese extremo a raíz del sumario judicial, pero ha matizado que también pudo saber que no supuso un sobreprecio a la operación. Además, ha explicado que en el tráfico mercantil la adquisición de activos a través de vehículos es algo “habitual” y carece de trascendencia “porque en ningún momento hubo ocultación”.

Tras esto, y a preguntas de la letrada del PSOE, quien también fuera alcalde de Madrid ha lanzado un capote a quienes fueron sus exconsejeros Bravo y Calvo al señalar que los informes elevados al Ejecutivo no eran elaborados por ellos personalmente, sino por técnicos por lo que ellos simplemente trasladaban los mismos.

Gallardón ha recordado, por otro lado, que la operación “fue aprobada por el mercado” porque fue “rentable” y ha resaltado que no supuso ningún perjuicio patrimonial para la Comunidad de Madrid ni para el Canal de Isabel II que “siguió prestando un servicio modélico”. Al hilo, ha recordado que todas las extensiones -de ese ente- “jamás han perjudicado al servicio público en la Comunidad de Madrid”. Y ha recordado que ya en el siglo XIX el Canal prestó ayuda al Servicio de Agua de Santiago de Cuba cuando era provincia de España.

Por su parte, Luis Peral Guerra, quien fuera consejero de Trabajo de la Comunidad de Madrid y que ha declarado como testigo, ha indicado a preguntas de la fiscal del caso que esa compra del Canal llegó como una operación cerrada y que él particularmente no revisaba todos los puntos del orden del día de lo que llegaba al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid: “Me pareció que estaba todo en orden”.

Por otro lado, ha explicado que él se enteró 17 años después de la compra, cuando fue citado como investigado en el caso, que lo que se adquiría era una sociedad interpuesta que tenía el 75% de esa empresa colombiana. A preguntas de la letrada del PSOE ha afirmado que no considera que a él particularmente se le ocultara información sobre esa compra y ha enfatizado que habría apoyado esa adquisición siempre que hubiera contado con informes favorables, si bien ha resaltado que a él nadie le informó “de que se compraba una sociedad panameña”.

Las sillas de playa no estaban colocadas en dirección al sol; todas miraban hacia una pantalla gigante. Decenas de personas, rodeadas con banderas de España, montaron un picnic particular frente a la Delegación del Gobierno en la Ciudad Autónoma. Comían queso, jugaban a las cartas, bebían refresco, vino o incluso un gintonic en copa de balón, rodeados de pancartas y performance jocosas sobre los migrantes que malviven en la playa del Trampolín. El ambiente podría llegar a asemejarse a la previa de un partido de fútbol o de una conexión en directo donde los vecinos apoyan a un concursante de Operación Triunfo nacido en su ciudad, pero aquí están reunidos para ver El Hormiguero y aplaudir a su presidente, Juan Vivas.

Decenas de vecinos ceutíes se reunieron este lunes en la Plaza de los Reyes en lo que algunos llamaron su “15-M particular” para, además de pedir soluciones ante la prolongación de la crisis migratoria en la ciudad, que ellos califican de “invasión”, apoyar al presidente de la ciudad, Juan Vivas (PP), en su entrevista con Pablo Motos en el programa de El Hormiguero. Una pantalla gigante, coronada con una pancarta en contra del Gobierno de Pedro Sánchez —donde Vivas aparece vestido de Superman—, retransmitió para los vecinos el programa de televisión, entre aplausos e incluso lágrimas de los asistentes. El evento, financiado por empresarios locales, incluía también actividades infantiles, música y descuentos en las consumiciones.

A las 21:46 horas, Pablo Motos aparece en la pantalla y estalla la locura. Los ceutíes concentrados aplauden al inicio del programa y gritan “presidente” cuando el presentador anuncia la entrevista con Juan Vivas. Algunos incluso bailan y siguen la coreografía de la sintonía que da inicio al programa, pero los vítores aumentan cuando el líder del Gobierno ceutí aparece en pantalla. Cuando la cámara le enfoca, su público le recibe en la distancia como a una estrella de rock.

El patio de butacas al aire libre escuchaba atento cuando Vivas empezó a hablar. Sus primeras frases, convertidas en lemas entre una parte de los ceutíes, animó aún más a los asistentes que, orgullosos, repitieron algunas de las palabras del presidente.

“Lo ocurrido en Ceuta no era una crisis migratoria, sino una invasión en toda regla”, dijo Vivas. “Ceuta no se vende, se defiende”, añadió, una frase convertida en un cántico y un eslogan que empapela los comercios del centro de la ciudad y adorna las camisetas de muchos vecinos. Muchos visten camisetas en favor de la Legión o la Guardia Civil. Otros muchos, la camiseta de la Selección española. El clímax de la velada llegó cuando se abordó las relaciones con el país vecino.

Vivas señaló que no se puede externalizar la frontera en manos de Marruecos, y defendió apostar por un refuerzo de la frontera propio sin depender tanto del control marroquí. Como solución, Vivas apostó por la expulsión de todos los migrantes al recordar que la UE considera a Marruecos un “país seguro”. “Tan seguro como para organizar un Mundial de fútbol”, añadió. “¡Olé!” resonó entre copas de gintonic y tapas de queso.

Vivas destacó la “unión” del pueblo ceutí “sin importar credos u orígenes”, pero lo cierto es que elDiario.es no encontró a ninguna persona musulmana. Muchos vecinos de la periferia han expresado en las últimas semanas su preocupación ante la posible división que se está generando ante el enfoque de algunas de las protestas organizadas en el centro de la ciudad, donde se han denunciado algunas situaciones de acoso racista incluso contra personas ceutíes debido a sus rasgos.

“A los ceutíes nos han quitado todo: las playas, las fiestas de la ciudad, la feria medieval”, decía horas antes uno de los promotores y fundadores del evento, Ernesto Valero, mientras a sus espaldas las terrazas de la Plaza de los Reyes estaban repletas. Era un lunes, pero el ambiente del casco histórico parecía de sábado. El empresario dedicado a la electrónica explica que la convocatoria nació de un grupo que busca protestar ante la prolongación de la crisis en Ceuta.

Según asegura, varios empresarios han aportado una parte para hacerse cargo de la instalación de la pantalla, el DJ y las actividades infantiles. Entre los colaboradores figuran entidades como la Cámara de Comercio de Ceuta, medios locales como Ceutaaldia.com y firmas de moda como Intimissimi o Bimba y Lola.

“Los empresarios no podemos más, hay que sacar a Ceuta de esta situación. Por eso, en solo un día se ha conseguido organizar todo esto”, destaca el empresario. Desde la plaza, señala orgulloso la azotea de su casa, situada tras la Delegación del Gobierno. Su terraza está cubierta con una bandera de España luminosa. Pese a que habían calculado un presupuesto inicial de 8.000 euros, los empresarios ceutíes acabaron recopilando “unos 20.000” euros, añade Valero, quien en un primer momento dio el paso de adelantar los costes.

Antes del inicio del programa de Antena 3, los vecinos habían instalado varios puestos de comida, imitando los levantados en el principal asentamiento de migrantes de la ciudad, localizado en la playa del Trampolín. Esos puestos sirven a algunos de los migrantes para sacar algo de dinero y, a su vez, permiten a quienes duermen en el campamento improvisado comprar algo de comida sin tener que moverse por el resto de la ciudad, en un momento en que denuncian violencia por parte de las fuerzas de seguridad cuando no se encuentran en los asentamientos donde les permiten pernoctar.

Esta red de más de noventa comercios y empresas locales se ha unido para convertir la entrevista del presidente Juan Jesús Vivas en El Hormiguero en un acto público. Según el impulsor del evento, el Ejecutivo autonómico se ha limitado a tramitar los permisos de ocupación de la vía pública sin aportar fondos públicos. “Estamos con Vivas. Tenemos que apoyar a nuestro presidente”, defiende Valero.

Más de un mes y medio después de la entrada de más de 70.000 migrantes a Ceuta (de las que según el Gobierno quedan unas 5.000 personas en la ciudad, pero todo apunta que la cifra es muy superior), la lenta respuesta del Gobierno central y los choques con el Ejecutivo local para encontrar espacios donde acogerles ha prolongado una crisis humanitaria en sus calles, donde los asentamientos informales se han perpetuado en distintos puntos de la ciudad. La falta de plazas de acogida o traslados a la península aumenta las tensiones y el rechazo de la población local, generando una sensación de inseguridad entre los vecinos. Sobre ello, Vivas defendió que no se trataba de una “percepción”, como indicó el ministro del Interior, y destacó el incremento de llamadas recibidas por parte del 112 desde el pasado 30 de julio. Sin embargo, la mayoría de incidentes proceden de reyertas entre los propios migrantes o agresiones contra los marroquíes que aún malviven en la calle ante la imposibilidad de dormir bajo un techo de manera temporal, según fuentes policiales.

El tono festivo mutó cuando Vivas habló de la gestión del Gobierno central. Según indicó, Marlaska habló de “normalidad” en Ceuta hace semanas en una conversación informal con el presidente ceutí. “¡Sinvergüenzas!”, “¡mentirosos!”, espetaron varios espectadores sentados en sus sillas de playa. Mientras algunas de las personas presentes exigían la expulsión de los migrantes “por donde han entrado”, empezaba una nueva noche de redadas por las calles ceutíes. En el momento en que muchos coreaban “invasores, expulsión”, cuando otros tantos bromeaban con algunos de los puestos de comida creados en los asentamientos de migrantes, una vecina ceutí llamaba a elDiario.es entre lágrimas para avisar de un menor migrante que acababa de encontrarse golpeado en la calle. “Muchos solo repiten ”expulsión“ o solo ven ”invasores“, no ven lo que está pasando en la ciudad. No ven que son personas”, decía nerviosa la mujer después de dejar al chaval, evidentemente menor, en el centro sanitario.

El PP ha vetado la comparecencia del CEO de Planifica Madrid, Pedro Corbalán, encargada de comprar el ático de Chamberí por 6,3 millones de euros. La negativa ha llegado por parte de la mesa de la Comisión de Presidencia y Justicia de la Asamblea de Madrid, en la que tanto PSOE como Más Madrid habían pedido la intervención de Corbalán. “Demuestra que está asustado por sus responsabilidades jurídicas”, dicen desde Más Madrid.

Por otro lado, este martes ha comenzado el juicio del caso Lezo. Ha declarado como testigo el expresidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. El diputado del PP y ex vicealcalde madrileño Manuel Cobo ha acusado a Ignacio González de urdir una “operación política” contra Gallardón a cuenta de la compra de una empresa de aguas. Mientras, sigue la polémica en Oviedo después de que su alcalde, independiente por el PP, restase importancia a la agresión fascista que tuvo lugar el jueves durante las fiestas de San Mateo. El regidor no cree que “sean tan mala gente”. Hemos hablado con Rubén Rosón, víctima de la agresión: “Un alcalde no puede justificar la violencia como lo ha hecho, no está a la altura”.

El Gobierno fija por primera vez un horizonte temporal para la resolución de la crisis de Ceuta. En una entrevista este lunes por la noche en laSexta, Pedro Sánchez ha asegurado que espera el procedimiento administrativo y el retorno de la mayoría de migrantes pueda completarse antes de acabar el año. “Hemos fijado el mando único hasta final de año, esperamos tener esa situación resuelta para entonces”, ha dicho el presidente.

Cuestionado por la falta de contundencia con Marruecos y si teme el espionaje con Pegasus, Sánchez ha sido tajante. “Eso está muy bien para una serie de Neftlix, otra cosa es la realidad. Pero lo inteligente, aunque sea desde un punto de vista pragmático, es tener una buena relación con Marruecos si además queremos el retorno de los migrantes que no tengan derecho a asilo”, ha dicho.

El presidente ha vuelto a negar que la información disponible que tenía el Gobierno antes del 30 de julio fuera suficiente para prever la magnitud de la crisis. “Los mensajes del CNI con la Delegación del Gobierno no son prueba de que hubiera una alerta, más bien al revés. Las alertas de este tipo en un país serio se trasladan al máximo nivel de manera formal”, ha asegurado.

Sánchez ha criticado, además, la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el derecho a voto de los familiares de exiliados recogido en la 'ley de nietos', tras los recursos de Vox y Iustitia Europea. “¿De verdad se puede suspender la ciudadanía, que es el derecho al voto, a 400.000 españoles?”, se ha preguntado, durante la entrevista en El Intermedio, en La Sexta.

El presidente del Gobierno ha dicho que “no puede haber ciudadanos de primera y de segunda y representantes de tercera”, en alusión a partidos como PP y Vox que en los últimos meses han asegurado que esa nacionalización recogida en la Ley de Memoria Democrática suponía una suerte de intento de 'pucherazo' por parte del Gobierno.

Sánchez ha defendido la “independencia” de la Justicia y de la mayoría de los jueces, aunque ha criticado abiertamente al juez Juan Carlos Peinado, que ha instruido la causa contra Begoña Gómez, por su actividad profesional. “Peinado ha hecho mucho daño a la Justicia”, ha concluido.

Un periodista alemán comentó después del Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid que algunas personas en la sala de prensa casi se habían quedado dormidas durante la carrera. El piloto Gabriel Bortoleto, que acabó 13º, le respondió: “¡Yo también casi me quedo dormido!”. El vencedor de la prueba, Kimi Antonelli, coincidió en que el circuito que se estrenaba dejaba mucho que desear desde el punto de vista de la emoción competitiva: “Definitivamente, no ofrece oportunidades de adelantamiento y no te anima a intentar un ataque porque probablemente chocarías en el 80% de los casos”.

Quienes sí estaban eufóricos eran los dirigentes del PP en Madrid. Desde luego, no se quedaron dormidos cuando les preguntaron cómo había ido todo. “En dos años y medio hemos hecho el mejor Gran Premio de Fórmula 1 de este año”, dijo el alcalde José Luis Martínez Almeida, borracho de ilusión. Los comentarios de los aficionados a la F1 en redes indicaban que había sido la carrera más aburrida de la temporada al suspender en la asignatura a la que dan más importancia, la de los adelantamientos.

La cita fue un éxito de organización, porque todo funcionó como estaba previsto. Las audiencias televisivas fueron altas (16,9% de share en Telecinco más un 4,4% en DAZN). Unas 350.000 personas asistieron a la competición. Era la primera vez que la Fórmula 1 se disputaba en Madrid desde los años ochenta. También era la primera cita de las diez que se acordaron en el contrato. Responde al deseo de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) de aumentar el número de circuitos urbanos por creer que generan más expectación e ingresos que los tradicionales. Los pilotos prefieren estos últimos porque en ellos exprimen hasta el final los límites del coche y de su capacidad. Ante esa dualidad, el dinero siempre lleva ventaja.

La vertiente deportiva dejó bastante que desear. Los pilotos dijeron antes de la prueba que los adelantamientos, que son la salsa principal de este deporte, iban a ser muy escasos por el diseño del circuito. Terminó siendo un récord negativo con un número menor (cuatro sin contar la salida) al de la última carrera de Mónaco, donde son casi imposibles en una de las citas históricas del calendario. La diferencia de Madrid con los demás grandes premios, incluidos los que se celebran en entornos urbanos, es gigantesca.

El problema fue tan obvio que los responsables de la carrera tienen previsto hacer algunos cambios en el diseño del circuito para la edición del próximo año y crear con ellos opciones de adelantamiento que ahora no existen.

Como era previsible, el PP de Madrid construyó la imagen de un éxito clamoroso y sin precedentes para una cita que no es inédita en España y en otro ejemplo más de su intento de que Madrid sea una de las grandes capitales del mundo, llena de grandes acontecimientos, preferiblemente deportivos, que se supone que serán buenos para atraer turistas. Todo gira en torno al turismo y se dice a los madrileños que deberían estar orgullosos de ello.

Además de manejar cifras inventadas como afirmar que la carrera iba a generar “decenas de miles de empleos”, Isabel Díaz Ayuso explicó por qué todo redundaba en un aumento del orgullo nacional: “Lo que hace es demostrarle al mundo lo que los españoles somos capaces de hacer cuando nos dejan organizar eventos de gran magnitud”.

El punto de vista de Ayuso denota un cierto complejo de inferioridad que no tiene ninguna base. No es nada extraño que este tipo de actos se celebren en España ni hay que convencer a nadie. En el caso del circuito de Montmeló en Barcelona y la F1, desde 1991. Hay que preguntarse si Díaz Ayuso ha olvidado que España ha organizado unos Juegos Olímpicos y mundiales de fútbol, baloncesto, balonmano, ciclismo y otros deportes, competiciones más complejas que una carrera que dura tres días.

El opinador oficial del Gobierno –no confundir con la portavoz– tenía otras ideas al respecto. Óscar Puente le dedicó varios tuits al tema, en especial al escaso número de adelantamientos. No iba a desaprovechar la oportunidad de intentar chafar la fiesta a sus rivales. “El Gran Premio en sí ha sido un auténtico truño”, dijo con el carácter frío y sobrio que le caracteriza, eso sí, “sin entrar en polémicas políticas”. Faltaría más.

No hay iniciativa en el PP madrileño que no tenga en cuenta el necesario culto a la personalidad de su líder. En especial, ahora en que está ante la primera ocasión en que paga las consecuencias políticas de una decisión polémica, por la compra de un ático de lujo para ella que se intentó mantener en secreto. Si no hubo adelantamientos en la carrera, nada más sencillo que crearlos con una IA para que se vea a Ayuso adelantando con su coche azul a los del PSOE y Más Madrid, como hicieron en un vídeo propagandístico para las redes sociales. Suena un poco Kim Jong-un, pero en el PP nunca son tacaños con el tratamiento adulatorio para sus líderes.

Al final, un Gran Premio de F1, como cualquier acontecimiento deportivo, tiene sus momentos de gran intensidad y de fervor del público, sus errores y sus promesas de mejora. Pero solo Ayuso y sus seguidores convierten todo lo que tenga que ver con Madrid en un ejemplo de la superioridad de la ciudad sobre todas las cosas que pasan en España y en una oportunidad para sostener que los enemigos del PP odian Madrid porque Madrid es España y de paso también odian España.

Si hasta insultaron a Pedro Sánchez –para deleite de dos columnistas de ABC y El Español–, qué más podía pedir el PP de la Fórmula 1. Qué más dará que los coches no se adelanten.

El Canal de Isabel II, propiedad de la Comunidad de Madrid, adquirió en 2001 por 73 millones de dólares el 75% de las acciones de Inassa, una empresa colombiana de aguas que atesoraba una concesión importante en el municipio de Barranquilla. Inassa dio beneficios al Canal de Isabel II hasta 2020 muy por encima del coste de la operación de compra, financiada en parte con un préstamo de 50 millones de dólares.

La Fiscalía Anticorrupción acusa por malversación y prevaricación a todos los miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II que aprobaron en su día la operación. Muchos de ellos eran altos cargos del Gobierno regional presidido por Alberto Ruiz-Gallardón, pero también había sindicalistas, representantes de la oposición y de los municipios madrileños.

Entre los procesados por el juez se encuentran dos exconsejeros del Ejecutivo madrileño, Pedro Calvo (Medio Ambiente) y Juan Bravo (Hacienda), quienes supuestamente conocieron como consejeros del Canal de Isabel II que la valoración de la compañía era muy inferior –entre 19 y 29 millones de dólares– al precio pagado finalmente, según señala la Fiscalía. Las defensas de los acusados lo niegan y presentan diversas auditorías previas a la compra que valoraban el precio de la empresa muy por encima del pagado realmente. El relato de la fiscal anticorrupción está “plagado de manifestaciones obsesivas, infundadas, repetidísimas, puramente subjetivas y voluntaristamente acusatorias”, señala en su escrito el abogado de Pedro Calvo, ex consejero de Medio Ambiente en el Ejecutivo de Ruiz-Gallardón que ejerció como presidente no ejecutivo del Canal de Isabel II.

El tribunal que juzga estos hechos 25 años después de producirse, 10 años después de abierta la investigación penal y seis años después de terminada la instrucción, oirá este martes en declaración como testigo a Alberto Ruiz-Gallardón, presidente del Gobierno madrileño que aprobó la operación en 2001 y que estuvo unos meses imputado por el juez instructor. Se trata de la primera causa del caso Lezo que se juzga en la Audiencia Nacional.

La batalla por la prescripción: una causa abierta 15 años después de los hechos

Los abogados de todos los acusados han reclamado en primer lugar al tribunal que anule toda la causa al considerar prescritos los delitos investigados. La investigación penal se abrió en noviembre de 2016 mientras que los hechos se remontan a noviembre de 2001. Los delitos graves de malversación prescriben a los 15 años y los abogados sostienen que las actuaciones contra sus clientes se iniciaron después de pasado ese tiempo. La Fiscalía Anticorrupción fija el inicio de la investigación penal unos meses antes de la fecha de prescripción.

Una operación amortizada por los beneficios empresariales y sin enriquecimiento personal

Las defensas de los acusados de malversación de fondos públicos insisten en que los informes patrimoniales que solicitó el juez para investigar si los miembros del consejo de administración habían obtenido beneficios irregulares han descartado esta posibilidad. “Todos los investigados/acusados tienen su patrimonio y sus ingresos en orden, sin que aparezca ningún aumento de patrimonio o de ingresos de forma indebida o/y sospechosa, ni que se puedan relacionar con los hechos supuestamente delictivos que se investigan”, señala una de las defensas. La Fiscalía Anticorrupción no cita en su escrito esta circunstancia ni hace referencia a los informes patrimoniales solicitados por el juez.

El abogado de Pedro Calvo destaca que en un proceso penal donde se denuncia el supuesto pago de un sobreprecio en la compra de una empresa debería valorarse también “si se mantiene y/o sube, a lo largo del tiempo, el valor de esa firma con relación a lo pagado y si da o no beneficios”. “Y si el futuro ya ha llegado (han pasado 19 años) ¿no se debería examinar y valorar lo que realmente ha ocurrido?”. El mismo abogado responde que la valoración de la empresa ha subido en este tiempo muy por encima del precio pagado y que los beneficios han superado el dinero desembolsado por la adquisición de Inassa. “El Canal de Isabel II ha recibido más dinero del que invirtió para su adquisición. Y el valor de la empresa hoy es muy superior al precio de la compra (...) Las diligencias muestran”, señala el abogado del exconsejero Pedro Calvo, “un desarrollo inmejorable de la decisión empresarial tomada el 14 de noviembre de 2001, con beneficios, incluso se ha pagado con los propios ingresos el crédito bancario, con el que se pagó la mayor parte del precio de la compra y que la empresa adquirida ha tenido, a lo largo del tiempo, un crecimiento permanente de su valor”. Y remacha: “Fue una decisión empresarial honesta. No obstante, aunque hubiera sido una decisión equivocada, basada en informes formalmente fiables, tampoco podría considerarse como delito: un negocio que termina mal, un mal negocio, no es delito; pero, además, el transcurso del tiempo ha mostrado que fue una decisión profundamente acertada, ni siquiera audaz. Los beneficios han sido tantos, y tan notorios para el Canal de Isabel II, no para los miembros del Consejo, que resulta sorprendente que ese extremo no haya sido manifestado ni por las conclusiones del representante del Ministerio Fiscal, ni por el informe de su unidad de apoyo en la Intervención General del Estado”.

“¿13 consejeros acusados sin intereses comunes y un acuerdo felón?”

Argumenta el abogado de Calvo que es imposible entender el relato de la fiscal para sentar en el banquillo por el mismo delito a 13 personas de distinta procedencia social e ideológica. “Me produce asombro que se pueda afirmar (desde la acusación), o aún pensar, que 13 personas que no se conocen (todas) entre sí, que tienen muy diversos orígenes, que pertenecen y representan a muy distintos organismos, partidos políticos y sindicatos, en muy pocos días, se concertaran para tomar un acuerdo felón, para sustraer fondos públicos, que no les causa beneficio de clase alguna, pero que, supuestamente beneficia a terceros, que no conocen; y que para cometer la supuesta felonía se hayan podido poner de acuerdo, en un acuerdo radicalmente imposible (desde un punto de vista fáctico, y de la realidad de los hechos y de lo que consta en las actuaciones) con firmas de reconocido e internacional prestigio (CAP, AFI, ROTHSCHILD, Garrigues&Andersen, y los propios técnicos del Canal)”.

La Fiscalía: “Una adquisición plagada de ilicitudes con una consciente dejación de funciones”.

La Fiscalía contesta que “la adquisición de INASSA estuvo plagada de ilicitudes”; y que los consejeros del Canal del Isabel II conocieron previamente el sobreprecio que se iba a pagar y lo autorizaron “a pesar de conocer que se iba a interponer en la operación una sociedad panameña y el sobreprecio injustificado que se iba a pagar”. “La palmaria y consciente dejación de las funciones que los acusados tenían encomendadas en sus respectivos ámbitos de actuación como miembros del ente Canal de Isabel II para la protección de los intereses públicos, permitió que se desviaran cuantiosos fondos públicos a financiar una operación que causó indebidamente un menoscabo económico a dicha entidad en beneficio exclusivo de terceros. De esta forma, los acusados, cabalmente instruidos de los detalles de la operación y plenamente apercibidos de las onerosas consecuencias que ello supondría para el ente público, procediendo libremente en el ejercicio de las competencias que les estaban atribuidas, consintieron que la operación se llevara a cabo pagando un sobreprecio indebido de entre 19.066.500 euros y 29.013.109 euros con cargo a los fondos públicos cuya salvaguarda tenían encomendada, todo ello sin motivo alguno que lo justificase y en beneficio exclusivo de los vendedores”.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado un auto en el que rechaza los últimos recursos del teniente coronel de la Guardia Civil David Oliva y dos de sus antiguos colaboradores en la causa que se sigue contra ellos por cohecho y revelación de secretos, hechos acaecidos mientras integraban OCON-Sur, el dispositivo especial para la lucha contra el narcotráfico en El Estrecho que fue desmantelado por Interior en 2022. La resolución es firme y no cabe recurso contra ella, por lo que aboca a los tres agentes a sentarse en un banquillo ante un tribunal del jurado en fecha aún por determinar.

Hace más de un año, en abril de 2025, la Fiscalía presentó su escrito de acusación, en el que pide seis años y medio de cárcel para el teniente coronel Oliva, en otro tiempo aupado mediáticamente como azote de las redes del narcotráfico en el sur de España. El Ministerio Público le acusa de haber comprado la voluntad de otro guardia civil, destinado en Asuntos Internos, para que le facilitara toda la información que había sobre él en el citado servicio. Asuntos Internos sospechaba de los vínculos de Oliva con un clan de narcotraficantes de la provincia de Cádiz. Como pago de Oliva al guardia civil filtrador este fue destinado en el dispositivo comandado por David Oliva.

Junto a Oliva y el ex agente de Asuntos Internos se sentará un teniente, colaborador del teniente coronel. Para este teniente, la Fiscalía solicita cinco años de cárcel por los mismos delitos que debe responder el teniente coronel Oliva, cohecho y revelación de secretos, mientras que para el antiguo agente de Asuntos Internos, el Ministerio Público pide tres años y seis meses de prisión únicamente por revelación de secretos.

Oliva y el teniente acusado integraron el dispositivo OCON-Sur desde su puesta en marcha, en 2018. OCON-Sur fue la respuesta del actual Gobierno al crecimiento de la vía del narcotráfico en El Estrecho de Gibraltar, su penetración en distintas capas de la sociedad y la violencia utilizada por los miembros de los clanes, que habían empezado a atacar a los agentes de la autoridad.

En los apenas cuatro años que estuvo desplegado, el dispositivo sumó más de 10.000 detenciones y la incautación de 1.400 toneladas de droga. En octubre de 2018, con una explicación que no convenció al tejido social de la zona, Interior devolvió la lucha antidroga a las comandancias de la Guardia Civil y disolvió el dispositivo especial, compuesto por 150 agentes que habían tenido una dedicación exclusiva y mayores retribuciones.

El motivo de aquella decisión ministerial fue un misterio hasta que trascendió la imputación del teniente coronel Oliva en abril de 2023. El año anterior, el ministro del Interior había sido advertido de la investigación en marcha contra Oliva, por lo que decidió poner fin al dispositivo especial de la Guardia Civil, explican fuentes del instituto armado.

Según la investigación, Oliva había averiguado que el Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil andaba tras él por su relación con un clan asentado en la playa de Bolonia (Cádiz), así que contactó con uno de los agentes del SAI. Acordó con él que le facilitara toda la información obrante en Asuntos Internos a cambio de llevarlo a trabajar con él a OCON-Sur, en Cádiz, destino al que aspiraba el filtrador por motivos familiares.

El agente de Asuntos Internos entregó a Oliva un pendrive con toda la información y terminó destinado en OCON-Sur. La filtración de información, obtenida del servidor de Asuntos Internos, constituiría un delito de revelación de secretos, mientras que la concesión del puesto en el lugar donde quería el filtrador, otro de cohecho.

La estrategia de defensa de los guardias civil incluyó denunciar un presunto montaje de la Policía Nacional para acusar en falso a Oliva de vínculos con los narcotraficantes. La denuncia de los guardias civiles motivó la imputación de un mando de la Udyco. El TSJ de Madrid rechaza que esa causa abierta contra el policía en un juzgado de Madrid sea motivo para invalidar el procedimiento contra los tres mandos del instituto armado. Los guardias civiles argumentan que el montaje policial respondería al deseo de la Udyco de que desapareciera el exitoso OCON-Sur, dentro de la rivalidad entre Cuerpos

Al tiempo, la defensa de los guardias civiles interpuso numerosos recursos que han retrasado la decisión que implica finalmente que vayan a ser juzgados por un tribunal del jurado, competente en los delitos de cohecho que cometen funcionarios públicos.

“La nulidad carece de justificación”

Los guardias civiles acusados sostienen que toda la investigación está viciada por las supuestas falsedades e ilegalidades cometidas contra ellos por la Udyco de la Policía Nacional, también el trabajo que hizo después el propio Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la propia Guardia Civil y los consiguientes autos judiciales.

Sin embargo, los magistrados del Tribunal Superior de Madrid resuelven que el informe del SAI “no es tributario” del trabajo de la Udyco y que recoge “hasta trece indicios que fundamentan la oportunidad de la pesquisa”, según se puede leer en el auto de la Sala de lo Civil y Penal del TSJM, al que ha tenido acceso elDiario.es. “En suma, la investigación llevada a cabo resultó respetuosa de los derechos fundamentales concernidos y la nulidad pretendida carece de justificación”, añade la resolución.

El procedimiento se encuentra ya en el trámite de las cuestiones previas. Los acusados impugnaron la incorporación de distintas pruebas que el TSJM rechaza. “Lo que no cabe es convertir el trámite de cuestiones previas al juicio en una oportunidad sanatoria universal de cualquier acto procesal anterior o una ocasión preventiva de hipotéticas irregularidades futuras. No existe, por tanto, vulneración de derechos fundamentales que propicie la nulidad pretendida”, culmina el auto.

Otro de los guardias civiles denuncia las diligencias de escuchas que se acordaron y la invasión injustificada de sus derechos fundamentales. Esta conclusión supone, a juicio del tribunal, “desconocer el valor convictivo de los indicios, cuya valoración conjunta permitió inferir que el susodicho mantenía una relación muy estrecha con persona vinculada al narcotráfico, a pesar de su condición de guardia civil, que en más de una ocasión intermedió para protegerla y que tenía un patrimonio no acorde con sus ingresos”.

Oliva y varios de sus subordinados en OCON-Sur son mencionados por sospechosos de narcotráfico en conversaciones mantenidas en teléfonos encriptados que fueron intervenidos en la operación contra el inspector jefe Óscar Sánchez Gil, el policía de los 20 millones emparedados. El policía ha denunciado una red de corrupción de funcionarios que no ha sido investigada aún a partir de esas conversaciones. Tal y como reveló este martes elDiario.es, Asuntos Internos de la Policía Nacional ha verificado indiciariamente la existencia de esa red de corrupción policial en la que fue mencionado Oliva.

La Junta Electoral Central acordó dividida este lunes no ir al choque con el Tribunal Supremo tras su decisión de limitar de forma cautelar el derecho al voto de los descendientes de españoles represaliados del franquismo. El órgano se limitó a acatar la decisión del Supremo sobre la ley de nietos, sin tratar de enmendar el embrollo jurídico generado, según informan elDiario.es varias fuentes conocedoras del contenido de esa reunión, que se alargó durante dos horas. 

El sector alineado con posiciones progresistas trató de dar la batalla para interponer un recurso contra la decisión que privará del ejercicio de ese derecho a miles de descendientes de españoles salvo que acrediten tras otro largo proceso burocrático que son familiares de exiliados. Pero su propuesta decayó por un ajustado resultado de siete votos a seis. En paralelo, el órgano electoral rechazó por ocho votos a cinco dar instrucciones concretas sobre cómo ejecutar la decisión del Supremo, un movimiento de parte de los vocales conservadores tras el que otros miembros del órgano ven un intento de “arreglar el desaguisado” generado. 

En relación con la impugnación ante el Supremo, a los magistrados y catedráticos de orientación conservadora se sumó en esta ocasión el presidente del órgano, Eduardo Calvo, un veterano magistrado del Supremo, que fue afiliado de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, y que aspira ahora a presidir la Sala del Alto Tribunal que la semana pasada falló sobre la ley de nietos. De acuerdo a las fuentes consultadas, Calvo expresó en sus intervenciones motivos a favor y en contra de recurrir y, finalmente, se decantó por la segunda opción.

Impugnar esas resoluciones habría supuesto un conflicto institucional sin precedentes con el Supremo, tribunal al que pertenecen ocho de los miembros de la Junta Electoral, órgano al que llegan tras ser elegidos por sorteo. Los otros cinco miembros de la Junta Electoral son catedráticos elegidos por el Parlamento: dos a propuesta del PP, otros dos a iniciativa del PSOE y una de Sumar. Estos tres últimos secundaron la propuesta de recurrir los autos que alientan la teoría del supuesto pucherazo de Vox y han supuesto el freno de la ley de nietos. A ellos se sumaron los magistrados del Supremo Pilar Teso, Concepción Ureste y Javier Hernández, a los que habitualmente se sitúa en el espectro progresista de ese órgano judicial. 

Antes de la votación, fueron varios los consejeros que expresaron dudas jurídicas sobre lo que consideran un “salto en el vacío” del Supremo y sobre la indefensión en la que quedan los electores a quienes se les retira cautelarmente un derecho vinculado a su nacionalidad sin ofrecerles trámite de audiencia previa. 

De acuerdo a las fuentes consultadas, algunos de estos consejeros discrepantes con la decisión del Alto Tribunal calificaron de “despropósito” y “barbaridad” la decisión del Supremo y auguraron un “sinfín de litigiosidad” como consecuencia de la “inseguridad jurídica total” que ha generado en miles de personas a las que se les niega un derecho fundamental sin la posibilidad de presentar alegaciones. De hecho, alguno de los vocales apuntó que entre los afectados hay miles que ya pudieron votar en las autonómicas y generales de 2023. Sin embargo, algunos de estos mismos consejeros asumen que ese hipotético recurso “no tenía ninguna opción de prosperar” y podría añadir más ruido a una situación ya de por sí endemoniada. 

Por otro lado, los vocales discrepantes con la posibilidad de impugnar la decisión del Supremo consideraron que la vía del recurso no era apropiada y habría supuesto un choque de trenes inédito entre ambas instituciones. En este grupo de vocales están los cuatro que el pasado julio firmaron un voto particular contra la decisión de la Junta Electoral de declararse no competente para frenar los efectos de la ley de nietos. Sus argumentos acabaron, primero, en los escritos en los que Vox y el extraparlamentario Iustitia Europa llevaron el asunto al Supremo; y, después, en las propias resoluciones del Alto Tribunal.  

Los firmantes de ese voto particular son los catedráticos de Derecho Constitucional Carlos Vidal Prado y Javier Tajadura Tejada —elegidos a iniciativa del PP— y los magistrados del Supremo Vicente Magro y Fernando Marín, a los que este lunes se sumaron sus compañeros del Alto Tribunal Fernando Cerdá y Carmen Lamela y el presidente del órgano, el citado Eduardo Calvo, para evitar el recurso a una decisión que ha vuelto a tensar la situación entre el Gobierno y el Poder Judicial. 

De hecho, aunque en la Moncloa ponen el foco en la “salvajada” del Supremo, también critican la respuesta de la Junta Electoral. “Nos sorprende mucho que atienda esa decisión del Supremo, sinceramente”, apuntan desde el Ejecutivo, donde meten prisa al alto tribunal para que solvente la cuestión cuanto antes. 

“Esperábamos que la Junta Electoral cuestionara y reprobara la decisión del Supremo. Y en cualquier caso nos parece imprescindible que se resuelva cuanto antes, porque es muy grave restringir un derecho básico de la condición de ciudadanía como es el derecho al voto”, apuntan fuentes del Gobierno. Pese a acatar la medida cautelar, la Junta Electoral mantendrá su personación en el procedimiento para defender que no tiene competencias para fiscalizar la concesión de la nacionalidad ni la instrucción del Ministerio de Justicia que amplió la aplicación de la ley de nietos y que ahora cuestionan las derechas y el Supremo.

“Cumplirse en sus términos”

Según la decisión de los jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, solo podrán seguir en el censo aquellos descendientes de españoles que acrediten tras otro largo proceso burocrático que son familiares de exiliados. Su pronunciamiento pone en el foco esa instrucción, de 2022, que presume que son exiliados “todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955”. 

Según los jueces, el “significativo” incremento del censo producido tras la “interpretación” contenida en esa instrucción “podría no ajustarse al contenido” de la propia ley de nietos. Y acordaron mantener la inscripción en el censo solo de quienes puedan acreditar con “prueba documental individualizada” de que sus ascendentes fueron perseguidos o exiliados “sin aplicar dicha presunción”. En una entrevista en Malas Lenguas de TVE, Sofía Puente, secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia y autora de esa instrucción, recordó que se viene aplicando “pacíficamente” desde 2008, también por gobiernos del PP, ya que es calcada a la que se aprobó aquel año para completar la ley de memoria histórica. 

La Junta Electoral también abordó en su reunión de este lunes cómo hacer frente al mandato del Supremo. Por ocho votos a cinco, el órgano decidió limitar su actuación a trasladar a los organismos implicados las directrices del Supremo, que deben “cumplirse en sus términos”. Esto es, trasladar a la Oficina del Censo Electoral los autos del tribunal para que se cumplan sus requerimientos, así como instar a la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares que ordene a los Registros Consulares el desglose entre los nacionalizados que han “demostrado” su condición de descendientes de exiliados y a los que se les aplicó la presunción de exilio de acuerdo a la citada instrucción. 

De hecho, las fuentes consultadas aseguran que se llegaron a eliminar algunos pasajes del borrador inicial elaborado por los letrados para que el acuerdo fuera lo más “escueto” y “apegado” posible al texto de los autos del Supremo. Cuatro de los vocales de orientación conservadora propusieron elaborar una especie de instrucción propia que ordenara notificar la decisión del Supremo individualmente a los afectados, pero la mayoría se mostró en desacuerdo. A su juicio, eso suponía “arreglar los desaguisados del Supremo”, que ha suspendido el derecho fundamental a voto de miles de personas sin darles la opción de presentar alegaciones.

La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha recurrido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la decisión del juez José Luis Calama de investigar también el cobro de 200.000 euros por parte del expresidente del Gobierno de la empresa Focus Social Research a cambio de su influencia en el gobierno boliviano. Entiende que el hallazgo de ese pago es fruto de una investigación “prospectiva” de todo el material incautado y advierte de que el juez no disfruta de “patente de corso”.

En el recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es, el letrado Víctor Moreno Catena explica que, si bien el objeto de la investigación es de “cristalización progresiva” y que el imputado no tiene un blindaje ante nuevos hechos, el magistrado no puede pretender dirigir la investigación hacia “cualquier actuación personal o profesional de la vida del investigado”. Añade que, en el caso de su cliente, lo hallado es fruto de “una entrada y registro en la que se incautó información masiva” que permite trazar “con una enorme precisión todo lo que una persona ha hecho, día a día y hora a hora, durante más de seis años”.

En este sentido, aclara que el hecho de que esa información masiva esté en la causa “no significa que pueda examinarse en su integridad en búsqueda del descubrimiento de cualquier hecho de apariencia delictiva” porque, en todo caso, el tratamiento y análisis de esa información “debe ir orientada exclusivamente a esclarecer los hechos sobre los que ya existen indicios”.

Así, resalta que con la decisión de investigar los pagos de Focus Social Research se extienden las pesquisas “más allá de los hechos sobre los que se consignan indicios de un delito de tráfico de influencias, que se limitan exclusivamente al caso de Plus Ultra”. A su juicio, primero se afirma que hay “una red con fines delictivos” y luego se emprende la búsqueda de más de un delito que demuestre que existe esa red, algo que tilda de “razonamiento falaz”.

Añade, por otro lado, que ese ingreso percibido por Zapatero “es ajeno a la organización que la Udef atribuye al expresidente con Julio Martínez Martínez, Análisis Relevante y otras mercantiles del empresario”, y por eso “queda fuera del perímetro de la supuesta red de tráfico de influencias”.

A esto, suma que tampoco es justificable que esta ampliación de la investigación se hiciera “de espaldas al investigado”, algo que quedó patente cuando el juez Calama preguntó a Zapatero en su declaración judicial el 17 de junio de 2026 “inopinada y sorpresivamente por su intervención profesional y los ingresos recibidos” de esa mercantil.

Moreno Catena denuncia, además, que la Udef sin autorización judicial ha hecho uso de información obtenida de inteligencia financiera de la actividad personal y profesional de Rodríguez Zapatero. Indica que se ha analizado de manera completa sus movimientos en la cuenta del Banco Santander detallando 174 transferencias de once pagadores. Advierte de que la gran mayoría de esos movimientos no tiene que ver con Análisis Relevante o Julio Martínez, sino que son ingresos por otras actividades respecto de la que no se reflejan indicios delictivos: “la inclusión de toda esa información parece que obedece a la finalidad de abrir futuras líneas de investigación sobre otras actividades del Sr. Rodríguez Zapatero hasta entonces no cuestionadas”.

Por ello, y ante “una intromisión ilegítima en la intimidad que ha derivado en una investigación general sobre la vida del investigado”, el letrado solicita que se anule el auto del juez Calama por el que acordaba indagar también en esa nueva vía ajena al rescate de Plus Ultra. La defensa ha presentado este recurso de apelación después de que Calama acordara rechazar un recurso previo presentado ante el juez en el mismo sentido.

La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado en su reunión extraordinaria de este lunes evitar el choque con el Tribunal Supremo y dar cumplimiento a su mandato sobre la ley de nietos, según informan a elDiario.es fuentes conocedoras del contenido de la reunión.

Tras dos horas de reunión, el órgano ha acordado por siete votos a seis no impugnar la decisión del Alto Tribunal de limitar de forma cautelar el derecho al voto de los descendientes de españoles represaliados del franquismo y, siguiendo el mandato de los magistrados, ha decidido ordenar a los consulados que desglosen el censo para verificar la condición de descendiente de exiliado de cada uno de los nacionalizados a través de esta ley. 

Según la decisión de los jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, sólo podrán seguir en el censo aquellos que acrediten tras otro largo proceso burocrático que son familiares de exiliados. Su pronunciamiento pone en el foco una instrucción del Ministerio de Justicia que presume que son exiliados “todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955”. 

Según los jueces, el “significativo” incremento del censo producido tras la “interpretación” contenida en esa instrucción “podría no ajustarse al contenido” de la propia ley de nietos. Y acuerdan mantener la inscripción en el censo solo de quienes puedan acreditar con “prueba documental individualizada” que sus ascendentes fueron perseguidos o exiliados “sin aplicar dicha presunción”.

En la reunión de este lunes, el pleno rechazó la interposición de un recurso contra esas resoluciones del Alto Tribunal en una ajustadísima votación que se resolvió por siete votos a seis. El presidente del órgano, Eduardo Calvo, expresó en sus intervenciones motivos a favor y en contra de recurrir y, finalmente, se decantó por la segunda opción. Impugnar esas resoluciones habría supuesto un conflicto institucional sin precedentes con el Supremo, tribunal al que pertenecen ocho de los miembros de este órgano.

Por otro lado, la Junta abordó la fórmula para dar cumplimiento a los requerimientos fijados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo. De acuerdo a las fuentes consultadas, parte del pleno planteó que la propia Junta Electoral asumiera directamente un estudio de cada expediente en cada oficina consular. Por otro, se puso sobre la mesa la opción de limitar la actuación del órgano a trasladar el mandato del Supremo directamente a los consulados.

Finalmente, esta última vía se impuso por ocho votos a cinco. En consecuencia, serán los cónsules encargados de los registros los que deban exigir y certificar la prueba documental e individualizada del exilio sin aplicar la presunción general contemplada en la instrucción dictada por Justicia hace cuatro años. 

Los cuatro partidos que están negociando el relanzamiento de la alianza Sumar (IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los Comuns) se ponen de perfil ante la oferta de primarias abiertas que lanzó el sábado pasado Podemos para escoger un candidato de toda la izquierda alternativa a las elecciones generales. Este lunes, una de las dos co-coordinadoras de Movimiento Sumar, Rosa Martínez, aseguró en representación de las cuatro formaciones que valora “positivamente” que “Podemos considere una necesidad avanzar en una candidatura unitaria”. Pero, al ser preguntada expresamente por si es partidaria de celebrar estas primarias, sostuvo que “la fórmula” para alcanzar un eventual acuerdo con los morados no es algo que “preocupe” a los partidos que forman parte de Sumar.

Martínez explicó que ninguna de las organizaciones que están negociando la reconfiguración de Sumar han recibido ninguna comunicación por parte de Podemos tras el anuncio del sábado pasado proponiéndoles participar en estas primarias. “Todo lo que sabemos es lo que ha aparecido en la prensa”, afirmó la dirigente, que sin embargo intentó no confrontar con los morados y sostuvo que su intención es “respetar” las posiciones de las diferentes formaciones del espacio a la izquierda del PSOE. No obstante, Martínez insistió en que “la fórmula de los acuerdos, o cómo se concreten las alianzas electorales con otros, no nos preocupan en este momento”.

“Valoramos positivamente que Podemos considere una neceisdad avanzar en una candidatura unitaria”, pero “nosotros llevamos un año trabajando en ello con discreción, construyendo acuerdos, con diálogo”, deslizó, eso sí, la dirigente. La idea inicial de IU, Movimiento Sumar, Comuns y Más Madrid era la de anunciar su nueva marca y el candidato que la liderará en las generales antes del parón veraniego, pero la nueva previsión es hacerlo a finales de este mes o, incluso, ya en octubre. Pese a esos retrasos, Martínez afirmó que los cuatro partidos tienen “su propia hoja de ruta y consensuada” y que los movimientos de Podemos no van a alterarla. “En las próximas semanas iremos haciendo anuncios, los tiempos los elegiremos” en base a esos planes, insistió.

En la misma línea se expresó la portavoz adjunta del grupo parlamentario de Sumar, Aina Vidal, también dirigente de los Comuns, que celebró que Podemos “dé a entender que sí que quieren avanzar hacia una candidatura unitaria de la izquierda”. No obstante, Vidal pidió que las eventuales negociaciones con los morados se lleven a término con discreción y dejando la cuestión de las candidatura para el final. “Cuando hemos trabajado a partir de las listas, finalmente nos hemos acabado haciendo daño”, planteó.

El pasado sábado, fuentes de Podemos explicaban que no tratarían de imponer su marca de cara a una eventual candidatura conjunta de la izquierda a la izquierda del PSOE si finalmente otros partidos o dirigentes aceptaran participar en un proceso de primarias abiertas para elegir las listas. Además de a los partidos que se encuentran negociando la reconfiguración de Sumar, el movimiento de los morados interpela al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que hace unos días volvió a insistir en la necesidad de la unidad de las izquierdas. No obstante, Rufián ha descartado romper con su partido y los republicanos rechazan una coalición con otros partidos no independentistas.

El PSOE de Pedro Sánchez vuelve a ser el partido con más respaldo entre los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), y apenas sufre desgaste respecto a julio, cuando se publicó el último estudio con estimación de voto del instituto demoscópico. Los socialistas se mantienen en primera posición y solo pierden dos puntos, y eso que entre medias se produjo la entrada masiva en Ceuta del pasado 30 de julio y la crisis humanitaria sin precedentes que sigue asolando a la ciudad autónoma.

El instituto que dirige José Félix Tezanos mantiene la ventaja del PSOE sobre el PP, que no conseguiría capitalizar el desgaste del Ejecutivo por Ceuta. Ahora los socialistas se situarían 5,5 puntos por encima del PP, frente a los 7,9 que sacaban a los populares en julio. En mayo, no obstante, la ventaja del PSOE era de más de 11 puntos.

El Barómetro de septiembre, hecho público este lunes, da el 31% de los votos a los socialistas, dos puntos menos que en julio. El PP pasa del 25,1% de julio al 25,5%, así que solo crece cuatro décimas. Vox crece, pero no logra hacerse con todo lo que pierde el PP. Pasa del 15,3% de julio a un 16,6%. Sumar sigue cayendo y del 6,1% se queda ahora con un 5,7%, y Podemos crece del 2,5% de julio al 3,7%. La encuesta se realizó a través de 4.042 encuestas entre el 1 y el 4 de septiembre.

Pedro Sánchez es el líder político mejor valorado, con una puntuación media de 4,18 puntos sobre 10; le sigue Yolanda Díaz, con un 3,99; Alberto Núñez Feijóo obtiene 3,65, y Santiago Abascal, 3,01. El actual jefe del Ejecutivo sigue siendo el favorito como presidente del Gobierno para el 39,8% de los encuestados que expresan su opinión, lo que supone una ventaja de 18,8 puntos sobre Alberto Núñez Feijóo, que es el preferido por el 21%. Santiago Abascal es la opción preferida para el 15,6% y Gabriel Rufián, para el 7,2%.

Respecto a la confianza que inspira el presidente del Gobierno, el 31,5% de los españoles asegura que le inspira “mucha o bastante”, mientras que un 67,2% dice que “poca o ninguna”. Al preguntar por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, el 19% de los encuestados afirma que le inspira “mucha o bastante confianza”, mientras que el 79,2% asegura que “poca o ninguna”.

El principal problema de España, según los encuestados, es la vivienda (37,5%). Obtiene 5,5 puntos menos que el mes anterior, aunque no pierde el primer puesto, seguida de la crisis económica (21,6%) y de la inmigración (19,7%). Los problemas que los españoles consideran que más les afectan de manera personal son la crisis económica, en primer lugar, con el 30,1%; la vivienda, en segundo lugar, con el 27,9%; y la sanidad, con el 20,1%.

La crisis en Ceuta

En este estudio, el CIS pregunta, en concreto, por lo sucedido en Ceuta. El 82,2% de los encuestados afirma que España debería reforzar sus fronteras para evitar entradas masivas de personas procedentes de otros países en ciudades como Ceuta y Melilla, frente a un 13,3% que opina que no es necesario y un 2,7% dice no tener información suficiente para opinar al respecto. Un 83,6% cree que tiene “mucha o bastante” importancia el entendimiento entre España y Marruecos para garantizar la seguridad de las fronteras, mientras que un 10,1% dice que el entendimiento no es importante.

Además, un 89,4% afirma que la Unión Europea debería colaborar más con España en la situación de Ceuta y un 77,1% asegura que Ceuta y Melilla son “territorios tan españoles como cualquier otro territorio de la península”. Por otro lado, el 14,2% asegura que “tienen una situación ambigua y especial que debe ser objeto de acuerdos y entendimiento con Marruecos”. Un 73,6% piensa que en estos momentos es importante “mantener una política de amistad y buena vecindad entre España y Marruecos”.

Y, un 67,7% cree que “hay países, líderes y/o actores mundiales, que están intentando crear problemas o malentendidos que puedan afectar a las relaciones entre España y Marruecos”. Entre estas personas, el 49,1% asegura que es Estados Unidos, o algunos sectores de Estados Unidos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá la semana que viene a un acto en Nueva York con el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, y otros líderes políticos, según ha adelantado El País y ha podido confirmar elDiario.es.

Será el miércoles 23 de septiembre para hablar en un coloquio bajo el título 'Construyendo una economía para la mayoría'. Coincidirá con la visita de Sánchez a Nueva York para acudir a la Asamblea General de Naciones Unidas, cuyo debate general se celebrará entre el martes 22 y el lunes 28 de septiembre. El presidente viajará entre el lunes 21 y el viernes 25 de septiembre.

El evento ha sido organizado por la Global Progress Foundation, que preside Sánchez, y el gabinete del alcalde neoyorquino. Será la primera vez que ambos se vean en persona porque el encuentro no fue posible en abril en Barcelona en la Global Progressive Mobilisation, que juntó a líderes progresistas de todo el mundo. En aquella ocasión, Mamdani mandó un vídeo de apoyo al evento: “Cuando oigo las historias de los vecinos de Nueva York que me cuentan lo que les cuesta vivir en la ciudad más cara de EEUU me doy cuenta de que son historias que suceden en todo el mundo”, dijo.

Al día siguiente de este evento, Sánchez prevé viajar a Boston y desplazarse a la Universidad de Harvard para realizar una intervención a semejanza de la que el año pasado protagonizó en la Universidad de Columbia. Harvard es uno de los centros universitarios más prestigiosos de todo el mundo y el de educación superior más antiguo de Estados Unidos. La administración de Donald Trump ha presentado una serie de demandas contra esta universidad, y en febrero de 2025 le envió una carta formal exigiéndole supervisar sus admisiones, la contratación y la ideología de los estudiantes y el personal.

Mamdani se ha perfilado como una de las grandes figuras de oposición a Trump en Estados Unidos y un referente para la izquierda mundial. Recientemente ha lanzado una campaña de apoyo a los repartidores en contra del abuso de subcontratas por parte de Amazon y las grandes corporaciones. También ha tomado la decisión de prohibir el uso de la inteligencia artificial generativa entre los alumnos de escuelas públicas, desde el programa preescolar para niños de 2 y 3 años hasta octavo grado, que se corresponde en España con 2º de la ESO, es decir, a estudiantes de 13 y 14 años. El veto, que estará vigente durante un año, afectará a casi 600.000 alumnos y forma parte de una iniciativa más amplia para restringir la tecnología en las aulas neoyorquinas.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha presentado un recurso de alzada contra la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de archivar las quejas que presentó ante este mismo órgano contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso contra Begoña Gómez.

En el recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es, el ministro sostiene que la actuación del órgano de gobierno de los jueces no representa los estándares de agilidad y rigor exigibles y critica que “bien por conservadurismo, bien por corporativismo” haya sido incapaz de corregir las “irregularidades” denunciadas “y reponer así el prestigio y la reputación del Poder Judicial”. 

Bolaños denunció la “hostilidad” y la “actitud intimidatoria” del juez cuando le interrogó como testigo en la Moncloa en el caso contra la esposa del presidente del Gobierno y cuando, después, pidió sin éxito al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. El magistrado exigió una tarima para poder colocarse en un plano superior al del ministro, le acusó de contestar con “evasivas” y le llegó a reprochar que sonriera. 

El pasado julio, los cuatro vocales conservadores de la Comisión Permanente y el consejero elegido a iniciativa de Sumar Carlos Hugo Preciado respaldaron la propuesta del Promotor de la Acción Disciplinaria de archivar las diligencias abiertas a raíz de las quejas de Bolaños. Esa misma Comisión Permanente es competente para decidir sobre los recursos de alzada impuestos frente a decisiones de la autoridad disciplinaria, lo que augura que este recurso tiene pocas opciones de prosperar.

De hecho, el propio Bolaños admite que no confía en que ese órgano revoque su propia decisión y anuncia que su objetivo es agotar la vía administrativa antes de acudir a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de la que dice que está seguro de que “hará el trabajo que correspondía al CGPJ: defender y proteger el buen nombre de la judicatura”.

A juicio de Bolaños, la resolución del Promotor carece de “motivación”, dado que no realiza “un análisis verdaderamente individualizado de las actuaciones denunciadas” y tampoco explica “por qué todas quedarían comprendidas en el núcleo irreductible de la potestad jurisdiccional”.

Por ejemplo, limitó a calificar como una “situación puntual de cierta tirantez dialéctica” lo que el ministro considera que fue “una actitud objetivamente intimidatoria e injustificadamente hostil, incompatible con la posición que le correspondía” durante el interrogatorio.

Así, en la grabación consta que apenas iniciado el interrogatorio, el juez advirtió a Bolaños que en cualquier momento de la declaración podría modificar su condición procesal de testigo a investigado. También que le reprendió por usar expresiones como “creo que” o “en términos generales” o le reprochó que discrepara de la calificación de determinadas respuestas como “evasivas”.

En su escrito, el ministro denuncia que pasaron 427 días entre que presentó la primera de las denuncias en junio de 2025 y se le notificó el archivo el pasado 5 de agosto. Todo ello a pesar de que, a su juicio, se trataba de unas pesquisas sobre “actuaciones muy concretas, perfectamente identificadas y de muy sencilla comprobación”. Además, sostiene que durante ese tiempo la investigación fue “limitada” y se llevaron a cabo “un número muy reducido de diligencias de investigación”. 

El Gobierno de Ceuta, presidido por Juan Jesús Vivas, adjudicó sin publicidad dos contratos de emergencia que suman 5,7 millones de euros para atender la acogida de menores. Fue el 27 agosto, día en que se convocaron manifestaciones masivas bajo el lema “invasores, expulsión” y con el amparo del propio presidente ceutí y del PP. Los beneficiados por los contratos: el hermano de un asesor personal de Vivas y al primo hermano del presidente del Puerto. Este lunes se publicará el barómetro del CIS de septiembre, el primero desde la crisis de Ceuta. Nuestra compañera Gabriela Sánchez cuenta desde dentro cómo fue el traslado de más de 800 migrantes a los nuevos centros de acogida levantados por el Gobierno.

Por otro lado, la Junta Electoral Central, que se ha reunido este lunes en el Congreso, ha evitado el choque con el Tribunal Supremo y ha acordado dividida trasladar a los consulados el freno al censo de la 'ley de nietos'. Más información aquí.

El inspector jefe Óscar Sánchez Gil, antiguo responsable de la UDEF en Madrid al que se le incautaron más de 20 millones de euros emparedados, reveló el pasado mayo ante el juez que le investiga la existencia de una red de corrupción desconocida y compuesta por funcionarios para introducir cocaína por el puerto de Algeciras. En un reciente informe, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía “verifica” ante el magistrado la “posible existencia” de esta trama corrupta.

El magistrado ordenó a la Unidad de Asuntos Internos que indagara en algunos extremos de la declaración del inspector jefe encarcelado. En su comparecencia del 19 de mayo, Sánchez Gil había explicado al magistrado que la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udyco) dejó sin analizar un teléfono encriptado dentro de la causa que le mantiene a él y otras personas en prisión desde noviembre del pasado año. En ese teléfono se encuentran los indicios de la red de corrupción desconocida hasta ahora. 

Asuntos Internos recoge ahora en su informe, al que ha tenido acceso elDiario.es: “Se ha realizado por parte de esta Unidad un análisis superficial del contenido de las mismas evidencias que ha permitido verificar, efectivamente, la posible existencia de otra trama de posible corrupción de la que tendría conocimiento el usuario del pin T8CKH6”.

Los agentes de Asuntos Internos han analizado las conversaciones de ese pin de Sky FCC, un sistema telefónico de encriptación cuyo servidor fue asaltado por la Gendarmería francesa con una orden judicial y cuyo contenido es considerado por las policías europeas el mayor tesoro hasta la fecha en la lucha contra el narcotráfico.

En las conversaciones de ese usuario de Sky FCC, Asuntos Internos ha encontrado alusiones a “actividades de tráfico de drogas, pagos a intermediarios, referencias en ese contexto a la aduana y funcionarios de Guardia Civil y UAR [en probable alusión a la Unidad de Análisis de Riesgos (de la Aduana de Algeciras)], cifras sobre posibles pagos que planean efectuar….”.

A continuación, los policías de Asuntos Internos advierten al juez de que los datos encontrados en el citado teléfono “no permiten identificar indubitadamente al receptor de los mismos” y que se trata de “referencias” a una trama distinta a la investigación que se sigue contra Sánchez Gil. Fuentes de la Fiscalía Antidroga consultadas por elDiario.es aseguran que aún no han analizado el informe de Asuntos Internos para decidir sobre una posible investigación de los hechos.

Sánchez Gil llegó a hacer las afirmaciones sobre la trama de corrupción a partir de su defensa de que él no es el “Aduana” que identificaba a uno de los usuarios de Sky FCC, el sistema encriptado. El policía argumentó en su declaración: “No aparece nada de un jefe de la UDEF, ni un inspector jefe de Madrid, ni nada que tenga que ver conmigo. Pero sí aparecen cosas como, por ejemplo, mensajes que hablan de cuadrantes, que dicen ‘contenedores’, dicen normalmente la palabra ‘latas’ cuando se refieren a contenedores y que las ‘latas’ tienen que llegar en tal fecha, porque es la fecha que nos han dado los ‘cuadrantes’ de los agentes”.

El relato del policía continuaba así: “Hay mensajes que hablan por ejemplo de pagos, de 100.000, de pagos de 200.000, hablando de 50.000… Hablan de comunicaciones con estos agentes, de manera directa, comunicaciones vía WhatsApp, vía Sky… Se habla de que tienen el control de todo el personal del puerto, de la Unidad de Análisis de Riesgos Aduanas y Guardia Civil, incluso hablan de presiones, que sufren presiones por parte de los agentes que dicen cuándo introducir los contenedores”.

Sánchez Gil, la pieza más preciada del 'narco'

El inspector jefe Óscar Sánchez Gil representaba la figura del colaborador más preciado por una gran organización de narcotraficantes. Su principal misión consistía en introducir en las bases policiales datos como las matrículas de contenedores que entran por los puertos españoles, haciendo creer que los había obtenido en el transcurso de sus investigaciones. 

Cuando otro investigador sospechaba realmente de ese contenedor que iba a llegar con cocaína oculta, introducía sus datos en las bases de cooperación y saltaba una coincidencia que alertaba a Sánchez Gil. De esta forma, la organización a la que pertenecía el inspector jefe había logrado evitar las “caídas” o interceptaciones de droga, hasta conseguir una posición muy ventajosa en el mercado ilegal de tráfico de cocaína. 

Asuntos Internos ha revisado el trabajo de la Udyco y coincide en que, “de forma indubitada”, el apelativo ‘Aduana’ era adjudicado por los miembros de la organización a Sánchez Gil, en contra de lo que defiende el policía. Sin embargo, su exposición ha servido para aflorar la implicación de otros funcionarios públicos en la entrada de droga por Algeciras, unos agentes que no han sido descubiertos aún. 

El 19 de mayo, su abogado le preguntó si había alguna “mención específica”, como por ejemplo alguna mención a un funcionario de Vigilancia Aduanera que pudieran encajar mejor con el sobrenombre de Aduana. En ese punto, Sánchez Gil responde que hay alusiones a la Unidad de Análisis y Riesgos de la Guardia Civil o menciones por su nombre a agentes del desaparecido dispositivo especial OCON-Sur para combatir el narcotráfico en El Estrecho de Gibraltar, integrado por guardias civiles. En concreto, Sánchez Gil mencionó tres de esos nombres en su declaración. 

El otro punto más destacado de su comparecencia, de mayor profundidad si cabe, fue la denuncia de que la unidad especializada antidrogas de la Policía Nacional, a la que perteneció en el pasado, utiliza un sistema para ‘blanquear’ el verdadero origen de sus investigaciones y ocultársela a jueces y fiscales. Consiste en atribuir a una policía extranjera el origen de una información que en realidad procedería de teléfonos encriptados para sortear posibles nulidades de la causa. 

Sánchez Gil mencionó por sus nombres y apellidos a los principales responsables de la Udyco Central en esta práctica, que también incluiría el borrado de los datos que aluden a confidentes si aparecen en Sky FCC u otros sistemas de encriptación. Si aparece un policía implicado, añadió, sus compañeros maniobran para que no se le investigue. 

Con posterioridad a su declaración, uno de los policías señalados, jefe de sección en la Udyco, declaró ante el juez y negó las acusaciones de Sánchez Gil. Fuentes policiales consideran que el inspector jefe encarcelado miente para intentar tumbar la causa contra él, sabedor de que una estrategia habitual de la defensa de los investigados es “atacar” el origen de las operaciones para que la justicia las anule en su totalidad. 

La organización a la que pertenecía Sánchez Gil es de las más poderosas en el campo del narcotráfico. El acusado de ser su responsable en España, Ignacio Torán, permanece en prisión provisional. Y el presunto jefe a escala internacional, Alejandro Salgado, ‘El Tigre’, ha huido de Dubái, donde se refugiaba, y se encuentra en paradero desconocido.