En plena Sierra de las Nieves, un singular macizo montañoso de caliza y peridotita en la provincia de Málaga donde crece el mayor pinsapar del mundo, alguien se construyó una vivienda de lujo entre 2013 y 2016. Transformó lo que había en una villa de lujo con su amplia vivienda principal, piscina, pista deportiva, casa de invitados, parking y sala de reuniones. Todo ello, en 114.000 metros cuadrados de suelo rústico especialmente protegido y enclavado en el Parque Natural de la Sierra de las Nieves, que, ya en 2021, se convirtió en el último Parque Nacional en España. Así lo cree la Fiscalía, que acusa al propietario y al constructor encargado de la obra de un delito contra la ordenación del territorio y pide para ellos penas de cárcel y que derriben lo que construyeron.

El propietario, Luis Navarro Riu, es el ideólogo y responsable de El Cobrador del Frac, la marca que durante décadas provocó sudores fríos a todos los deudores de España, y que se convirtió en un reconocible icono de la época disfrazando a sus trabajadores con inconfundible indumentaria y convirtiéndolos en sombra de morosos, a veces bordeando el acoso.

La acusación de Fiscalía contra Navarro, sostenida fundamentalmente en un informe del Seprona, es que a través de una empresa instrumental el dueño del Cobrador del Frac logró sucesivas licencias para hacer una “transformación sustancial en cuanto a ocupación y probablemente de uso” de la casa y sus edificaciones secundarias. Decía que eran obras necesarias para un vivero de palmeras y una cabaña bovina, pero en realidad nunca hubo ninguna explotación. Según la acusación, eran una coartada que coló ante un Ayuntamiento que en aquel momento hacía sistemáticamente la vista gorda, hasta el punto de que su alcalde pasó varios años en prisión por ello.

El método no es nuevo, pero aquí se usó para levantar un casoplón en terreno protegido. “El estado actual del conjunto atiende más a una residencia de lujo que a una vivienda vinculada a una explotación agrícola o ganadera”, concluye el Seprona en un informe de 2018.

Será un juzgado de lo penal de Málaga el que juzgue ahora a Navarro, después de que la sección de instrucción 3 del Tribunal de Instancia de Coín dictara a finales de junio el auto de apertura de juicio oral, dando por zanjada una investigación que comenzó en 2017.

Piscina, casa de invitados y pista deportiva

Según el fiscal, Navarro ordenó construir en distintos puntos de su parcela del paraje Hornillo, en el municipio de Tolox una vivienda de 230 metros cuadrados “rodeada de pavimento”, una piscina de 60 metros cuadrados, una cascada y una pista deportiva de 600; dos inmuebles de 120 metros cuadrados cada uno; y otras dos edificaciones de unos 50 metros cuadrados.

Se trata, subraya el escrito de acusación, de edificaciones en terreno “especialmente protegido” y “preservado por la Ordenación Territorial y Urbanística”, y que no se pueden legalizar ni aunque tuvieran un uso de interés público o social, que no es el caso. Por eso, pide que se condene a Navarro y al constructor a dos años de prisión y 8.100 euros de multa e inhabilitación para el oficio durante tres años. El fiscal también exige la demolición de la construcción a costa del propietario, y que reponga el lugar a como estaba antes.

Hay, además, una acusación popular que aumenta la petición de pena para Navarro a los tres años y seis meses de prisión. La ejerce un antiguo trabajador de Navarro, quien interpuso la denuncia que dio origen a la investigación del Seprona dirigida por la Fiscalía.  

Navarro, que a través de su abogado ha declinado participar en esta información, ha defendido ante el juzgado que allí ya había una vivienda, y que para rehabilitarla obtuvo hasta 17 licencias del Ayuntamiento de Tolox con informes favorables de la Consejería de Medio Ambiente. En sus escritos alega que todo es una gigantesca manipulación teledirigida por su antiguo colaborador, a quien guiaría un ánimo de venganza. Entre ambos existió una estrecha relación de confianza durante más de quince años, pero desde que separaron sus caminos se han cruzado denuncias y acusaciones.

Licencias de obra menor para transformarlo todo

Hace 25 años, en El Hornillo sólo había una vivienda modesta de poco más de cien metros cuadrados de planta levantada a mediados del siglo pasado y unas naves agrícolas de unos 200 metros dedicadas a cochera, almacén de aperos y maquinaria, cobertizos y corrales. Todo lo necesario para una explotación.

Había tenido ese uso décadas atrás, pero con el paso de los años quedó abandonado. Navarro, que ya había comprado varias fincas rústicas con fines cinegéticos en la zona, vio en El Hornillo una oportunidad: se hizo con el terreno a través de su empresa Ideas y Marcas, S.L. en 2001, y en 2008 pidió licencia de obra mayor para mejorar la explotación que, decía, había en la finca. Comunicó a la administración que lo dedicaría a cultivar y comercializar palmeras de Washingtonia robusta y explotar una pequeña cabaña vacuna.

La ley permite sólo permite viviendas vinculadas a explotaciones agrícolas, forestales o ganaderas en un terreno como ese, declarado rústico de especial protección por la ley anterior a la LISTA y con una protección específica por estar dentro del Parque Natural de la Sierra de las Nieves (declarado así en 1989).

Primero no coló: la Consejería de Medio Ambiente le respondió que lo que quería hacer “supera con mucho” lo que supuestamente se necesitaba. A la segunda tampoco, hasta el punto de que el informe de la Consejería advertía el ardid: las edificaciones que proyectaba Navarro se planteaban para “transformar” lo que había en un “conjunto residencial”.

Ante los dos portazos, Navarro decidió trocear su proyecto, según el relato de la acusación. Y a partir de 2011, fue logrando del Ayuntamiento las licencias de obra menor que le sirvieron para dar la vuelta a las edificaciones como un calcetín. Primero el tejado, luego unos pilares por supuestos motivos de seguridad, después un proyecto de reforma interior, más tarde una modificación para adosar otra edificación…

Navarro, supuestamente valiéndose de engaños, consiguió levantar una nueva vivienda que no tenía nada de lo que había antes ni servía de morada al titular de ninguna explotación o sus empleados. Se trataba de una “vivienda de lujo”, con su piscina, su pérgola, su barra de bar y su casa de invitados, tal y como reseñaron en su atestado los agentes del Seprona que fueron a inspeccionar el lugar, ya en 2018. En uno de sus informes, los agentes dejan constancia de que tras dos años de reformas, hay cambios en “prácticamente todo lo existente”, y que es difícil discernir qué está autorizado y qué no.

Ni vivero ni cabaña bovina

La Guardia Civil cree que el vivero y la cabaña vacuna siempre fueron un subterfugio: de allí nunca salieron palmeras ni se llevó vaca alguna al matadero. Sí hay 3.000 ejemplares de Washingtonia, que según el denunciante son para ornato de la finca y que Navarro dice que aún no ha podido vender; las cuatro cabezas de ganado eran para consumo propio; y la finca nunca constó en el registro de actividades agrícolas ni la empresa en el de productores. No hay facturas, albaranes, documentos o subvenciones que demuestren actividad económica, según el informe de la Delegación Territorial de Agricultura que esgrime el Seprona, que resalta que todas las licencias de obra que se concedieron se basaban en estas dos supuestas explotaciones que, en realidad, jamás existieron.

No consta intervención alguna del (en aquel tiempo) Parque Natural, hoy Parque Nacional, cuyo director alegó que sólo le informaron de obras menores, no de lo que de verdad se estaba haciendo. Tampoco intervino el Ayuntamiento. Por entonces era alcalde de Tolox el andalucista Juan Vera (2003-2014), quien fue acumulando condenas por hechos muy similares a lo que ahora se juzgarán, al menos nueve, hasta acabar ingresando en prisión en 2015. Vera no está acusado por este caso.

Según ha podido constatar documentalmente este medio, el Seprona presentó al menos dos denuncias en estos años: una en 2011 por las obras en la vivienda principal y otra en 2015 por las de la casa de invitados. La primera caducó en la Consejería de Medio Ambiente y de la segunda no consta que se le diera seguimiento tras la sanción de redimensionar la obra y desestimarse el recurso de alzada de Navarro. “No consta en el expediente resolución en algún sentido o el pago de sanción alguna por el denunciado”. Se perdieron en el limbo. Muchos años después, un juez deberá determinar si aquellas obras en plena Sierra de las Nieves son delito.

Andalucía contabiliza en lo que llevamos de 2026 un total de doce asesinatos por violencia machista tras confirmar como tal el Ministerio de Igualdad el caso de la mujer que resultó herida el miércoles 16 de septiembre a raíz de que su pareja intentara estrangularla en una vivienda en Málaga capital. Con ello, la provincia malagueña registraría su séptima víctima mortal por violencia de género en lo que va de año.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende en España a 41 en 2026 y a 1.382 víctimas desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje publicado en la red social X, consultada por esta agencia.

Según datos del departamento, se trataría del duodécimo asesinato por violencia de género este 2026 en Andalucía y con ello se convertiría en la comunidad autónoma con más crímenes machistas este año. Le sigue la Comunitat Valenciana con seis casos; Madrid, con cinco casos; Cataluña, con tres, y las regiones de Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Navarra y Aragón, con dos respectivamente. Mientras que Asturias, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Murcia, registran uno cada una.

En cuanto a este último caso machista registrado en Málaga, los hechos tuvieron lugar el pasado día 16 de septiembre en la zona de Pinares de San Antón de la capital malagueña sobre las 18:00 horas. Fue la hija de ambos la que llamó a Emergencias 112 Andalucía para avisar de que su padre estaba intentando estrangular a su madre.

En ese momento, Emergencias movilizó a los servicios sanitarios y a la Policía Nacional. A la mujer se le practicó la RCP y pudo ser reanimada y trasladada al hospital, donde permaneció ingresada en la UCI hasta su fallecimiento, el pasado 21 de septiembre.

También se le prestó atención sanitaria al hombre, pero ya había fallecido tras ahorcarse con unas bridas. Ni la víctima ni el supuesto agresor estaban registrados en el Sistema Viogén. La víctima tenía dos hijos menores de edad, con lo que el número de menores huérfanos asciende a 29 a nivel nacional.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su “más rotunda condena y su absoluto rechazo” ante este nuevo feminicidio machista y trasladan todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima. Tanto la ministra como la delegada instan a que se lleven a cabo todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia.

Siete víctimas en Málaga

En cuanto a las mujeres asesinadas por violencia machista este año en Andalucía, la primera fue en Quesada (Jaén); la segunda el Olvera (Cádiz); la tercera en Alhaurín el Grande (Málaga); la cuarta en Córdoba, la quinta en Málaga, la sexta en Mairena del Aljarafe (Sevilla), la séptima en El Rincón de la Victoria (Málaga), la octava en Mijas (Málaga), la novena en Antequera (Málaga), la décima en Benahávis (Málaga), la undécima en La Campana (Sevilla) y esta última en Málaga capital.

El 7 de enero Andalucía contabilizó la primera mujer asesinada por violencia machista en 2026, tras confirmarse el caso de una mujer de 38 años en la localidad jiennense de Quesada.

El segundo caso ocurrió en la localidad gaditana de Olvera, cuando la víctima de 58 años fue asesinada por su cónyuge de 60 años. El tercer caso corresponde al de una mujer de 33 años en la localidad malacitana de Alhaurín el Grande.

El siguiente, correspondiente a Córdoba, corresponde al asesinato de una mujer a machetazos a las puertas de su casa por su expareja, mientras que el quinto atiende a un asesinato con arma de fuego a una mujer de 51 años en Málaga a manos de su pareja, de 56 años.

El sexto ocurría el pasado 27 de junio en Mairena del Aljarafe (Sevilla), cuando una mujer de 44 años fue asesinada por su pareja, de 44 años, mientras que el séptimo caso corresponde al de una mujer de 35 años asesinada con signos de apuñalamiento y ahogamiento en Rincón de la Victoria (Málaga).

Asimismo, el octavo caso tuvo lugar en Mijas (Málaga) el pasado 8 de julio, cuando una mujer de 61 años fue asesinada en una vivienda incendiada en el municipio malagueño de Mijas, presentando heridas por arma blanca. Junto a la víctima se encontraba también el cuerpo de su hija, de 30 años, con los mismos signos de violencia.

El noveno crimen machista de Antequera (Málaga) tuvo lugar el pasado 21 de julio cuando una joven de 29 años fue encontrada en su domicilio con heridas de arma blanca. La víctima fue presuntamente asesinada por su excónyuge en Málaga el 20 de julio de 2026. La víctima era española y tenía un hijo y una hija menores de edad. Además, existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

El décimo tuvo lugar también el pasado 21 de julio en Benahavís (Málaga), cuando una mujer de 45 años de origen húngaro fue asesinada por su expareja, el cual fue descartado en un principio como posible caso de violencia de género por el propio ministerio, pese a que finalmente fue confirmado.

Finalmente, el undécimo sucedió el pasado 26 de septiembre cuando una mujer de 46 años fue asesinada por su pareja en La Campana (Sevilla), tras el crímen, el hombre de 56 años autor de los hechos se atrincheró en una vivienda de la localidad y la Guardia Civil lo detuvo horas después.

Jeroen Mertens, un holandés de 48 años residente en Alhaurín el Grande (Málaga), está desaparecido desde el viernes 18 de septiembre por la noche. La familia ha denunciado su desaparición ante la Policía y ha lanzado una alerta de búsqueda y un comunicado en redes y a medios de comunicación. Piden que cualquier información sobre su paradero se notifique a la Guardia Civil de Alhaurín el Grande a través del teléfono 952595830, a SOS Desaparecidos /Adonay /CNDES o a la familia a través del teléfono 630680836.

Mertens mide 1,85, es de complexión delgada, y tiene los ojos azules y el pelo rubio y rizado, largo y a veces atado. La noche de su desaparición vestía pantalón vaquero largo azul, camiseta verde oliva, zapatos azules adidas.

Salió de casa el viernes 18 sobre las 23:30. Se fue caminando, sin coche y sin pasaporte. Desde entonces no se sabe nada de él, y su teléfoino y cuenta bancaria no han registrado ninguna actividad. En Alhaurín nadie lo ha visto, según señalan en el comunicado.

Conocido en la Costa del Sol por su trabajo en obras de reforma desde 2015, era conocido particularmente entre la comunidad holandesa residente.

El Ayuntamiento de Málaga ha concedido licencias para un centenar de apartamentos turísticos en siete edificios en los dos últimos meses. La decisión contradice la prohibición de otorgar nuevos permisos vigente desde el pasado 25 de julio, pero es posible porque los solicitantes habían presentado “documentación sustancial” antes de la entrada en vigor de la moratoria. Es un efecto del retraso en la tramitación de los expedientes que se dejará notar durante meses.

Desde que el alcalde mostró su disposición a prohibirlos, en marzo, el Ayuntamiento ha concedido licencia para unos 230 nuevos apartamentos turísticos, que se suman a los 381 y las 12.260 viviendas turísticas ya inscritas en el registro andaluz, a las que hay que añadir las ilegales. El uso turístico de una parte relevante del parque inmobiliario contribuye a dificultar el acceso a vivienda asequible en la capital de la Costa del Sol, una de las ciudades donde más cuesta alquilar o comprar.

La prohibición temporal tenía como objetivo reservar suelo destinado a vivienda y evitar que se derivara al uso turístico, pero de momento los efectos no se ven. En el primer Consejo Rector tras la entrada en vigor, celebrado este lunes, se ha dado cuenta de la aprobación de otro centenar: 43 en el Centro, 9 en Carretera de Cádiz y 22 en distrito Este, además de 26 sin localizar, y otros veinte alojamientos de “turismo sanitario” en Churriana. Además, 51 locales comerciales se convertirán en 68 viviendas, que según la oposición suelen acabar engrosando el mercado turístico ilegal. 

Efecto llamada o “documentación sustancial”

Ya en julio, cuando anunció que la prohibición estaba lista (aunque luego se demoró tres semanas más), el equipo de gobierno liderado por Francisco de la Torre (PP) advirtió de que quienes ya hubiesen presentado su solicitud podrían lograr licencia pese a la prohibición. También era consciente de que el anticipo con el que se anunció la medida, tras meses de polémica por la inacción del Consistorio, podía producir un efecto llamada en las semanas previas a su aplicación efectiva.

El alcalde apeló entonces a un criterio difuso para resolver los posibles fraudes de ley: la experiencia de los técnicos municipales, que sabrían distinguir si los inversores habían presentado la “documentación sustancial” antes de la prohibición: “Juzgarán con buen criterio aquellos [expedientes] que venían [de hace tiempo] y los que han venido en el último momento, antes de que me cierren la puerta”. De la Torre mencionó la “buena fe” o la “intuición” como criterios para resolver las dudas.

“Una farsa”, resume Toni Morillas, portavoz de Con Málaga, que acusa al equipo de gobierno de parapetarse bajo ese concepto discrecional, la “documentación sustancial” de la que nada sabe, para seguir drenando el parque de vivienda y poniendo “alfombra roja a la especulación”. “No sabemos si basta con una declaración responsable o cualquier documento similar”, advierte.

Con Málaga ha pedido el dato de cuántas solicitudes están en tramitación, pero no lo ha obtenido. “Tampoco nos dicen cuánto retraso lleva Urbanismo”, lamenta Morillas. Sin embargo, las demoras medias para resolver licencias rondan el año y medio. Si así fuera, el Ayuntamiento estará dando licencias de apartamentos turísticos muchos meses después de haberlos prohibido, vaticina Morillas, quien cree que la moratoria pudo diseñarse de forma que no fuese “un coladero” abierto además al efecto llamada.

De viviendas turísticas a apartamentos turísticos

Durante el último año los apartamentos turísticos han funcionado en Málaga como alternativa para inversores a la moratoria de las viviendas de uso turístico (VUT), una figura parecida pero distinta: mientras que las VUT pueden encajarse entre viviendas particulares, los apartamentos turísticos exigen que todo el edificio se destine a tal fin.

Los inversores pusieron sus ojos en los apartamentos turísticos una vez que el Ayuntamiento prohibió las nuevas VUT durante tres años, a contar desde agosto de 2025. Llegó a haber más de 13.000. Pero mientras la cifra de VUT empezaba a bajar, decenas de edificios se convirtieron al completo al negocio turístico.

La percepción de que los inversores habían encontrado otro resquicio para seguir sacando viviendas del uso residencial de un mercado exiguo y por las nubes avivó el debate en la ciudad, hasta el punto de que el alcalde dijo, en marzo, que estudiaría cómo prohibir temporalmente los apartamentos turísticos y otros establecimientos hoteleros. Y volvió a repetirlo en incontables ocasiones, mientras explicaba que los técnicos estudiaban la fórmula para no limitar también los hoteles de cinco estrellas.

En estas pasaron casi cinco meses hasta que la prohibición fue efectiva, y en ese lapso se presentaron decenas de nuevas solicitudes, muchas de las cuales aún deben resolverse, y seguirán punteando las calles de nuevos carteles de AT durante al menos un par de años. En mayo se autorizaron 105 nuevos apartamentos turísticos. En junio, otros 23 a nombre de una empresa del alcalde de Estepona, José María García Urbano, que había presentado su solicitud de licencia en 2024. Y ahora, otro centenar.

Este domingo, el presidente de la Junta de Andalucía ha alabado a los regidores de Sevilla y Málaga por tomar decisiones “mucho más estrictas” en la concesión de licencias, citando las moratorias aprobadas en Málaga, en una entrevista en El Confidencial.

Un millar de nuevas viviendas en 2026

En total, son casi 230 nuevas licencias para apartamentos turísticos en cuatro meses. El Colegio de Arquitectos visó alrededor de 2.000 viviendas nuevas en Málaga capital en 2025, cuando se terminaron 1.249 hogares. En el primer trimestre de 2026 se visaron alrededor de un millar, mientras que en el primer semestre se han terminado unas 912. A pesar del incremento del ritmo respecto a años anteriores, es una cifra muy alejada de las necesidades de la capital de la Costa del Sol, según el Colegio de Arquitectos y la Asociación de Promotores y Constructores, que cifra en 25.000 el déficit de vivienda en la capital.

Esta escasez se refleja directamente en los precios de la vivienda. En el último año la oferta en alquiler se ha encarecido en Málaga un 2,8%. En la última década la subida es del 117%. Idealista calcula que alquilar exige un 40% de los ingresos familiares de los malagueños, una cifra solo superior a la de Palma. Es la quinta con el alquiler más caro, y además es una jungla: cada piso tiene una media de 53 interesados en alquilar. Peor aún está comprar: la oferta es un 5,1% más cara que hace un año y adquirir una vivienda cuesta casi 2,5 veces lo que costaba en septiembre de 2016. El precio está en 3.398 euros por metro cuadrado, su máximo histórico. Es la quinta capital más cara y en la que la compra exige un mayor esfuerzo en relación a los ingresos.

La asociación Un Techo por Derecho ha convocado una concentración “por el derecho a la vivienda, contra el rentismo criminal y la especulación” este lunes, a las 20:00, frente al Ayuntamiento de Málaga.

La Junta de Andalucía ha activado en la madrugada de este domingo la fase de emergencia, en situación operativa 1, a causa de la evolución de un incendio forestal declarado en el municipio de Igualeja, en Málaga, donde se ha decretado el confinamiento de la población se ha procedido al corte del tráfico en la carretera MA-7304.

En un comunicado, la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias ha trasladado que durante la madrugada también se ha procedido al desalojo preventivo de una vivienda en la que se encontraban tres personas. También, está el tráfico interrumpido la carretera del Coto debido a los trabajos de extinción, se trata de la vía que enlaza la MA-7300 con la A-397.

El incendio se declaró a las 22.19 horas de ayer sábado en las proximidades del paraje Mirador de Igualeja. Desde ese momento se movilizaron efectivos del Plan Infoca y el dispositivo se ha ido ampliando durante la madrugada en función de la evolución del fuego. Desde los servicios forestales, destacan que el terreno es muy abrupto y hay abundante combustible vegetal, lo que haría propagar rápidamente el fuego.

Rachas de viento de 50 km/h

En estos momentos trabajan en las labores de extinción 120 bomberos forestales, una Brigada de Refuerzo contra Incendios de la Comunidad Autónoma (BRICA), cuatro técnicos de operaciones (TOP), un técnico de extinción (TEX), un subdirector del Centro Operativo Provincial (COP), dos técnicos de logística y dos agentes medioambientales. El operativo se completa con cinco autobombas, una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT), un módulo de oficina técnica (MOT) y una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF).

A las ocho de esta mañana se incorporaron otros cinco medios aéreos: un helicóptero ligero, un helicóptero pesado, 2 aviones de carga en tierra y el avión de coordinación. Sin embargo, las condiciones meteorológicas están condicionando las labores de extinción. El análisis preliminar elaborado por la Unidad Técnica de Análisis del Fuego (UTAF) durante la noche recogía vientos de entre 30 y 35 kilómetros por hora, con rachas de entre 50 y 60 kilómetros por hora.

Candelaria, bajo pseudónimo, lleva 22 meses limpia y reconoce que gran parte de su recuperación se la debe a la Comunidad Terapéutica de Mijas, el único centro dedicado a la desintoxicación de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA) que tiene en Málaga y que está dedicado exclusivamente a mujeres. “Necesitamos un centro para nosotras solas”, enfatiza, añadiendo que “si no hubiese dado con este sitio, no hubiese cumplido 43 años”. Sin embargo, este recurso ha cerrado finalmente sus puertas después de que la Junta de Andalucía tomara la decisión el pasado mes de agosto, sin que haya, por el momento, una alternativa. Tras mes y medio sin aclarar su futuro a los trabajadores, el proceso de reubicación forzosa se ha acelerado en las últimas horas, y la intención es que la próxima semana quede ya definido, según un documento al que ha tenido acceso elDiario.es/Andalucía.

Esta medida supone un duro golpe a la red de atención de la ASSDA, ya que la provincia no cuenta con una instalación para atender las adicciones en Andalucía oriental y tampoco que sea únicamente femenina. La clausura, adelantada por SUR y confirmada por este medio, supone la estocada final para un complejo sobre el que pesaban las amenazas de cierre en los últimos años. A preguntas de este medio, la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, titular del servicio, no ha respondido al cierre de esta edición, aunque ha reconocido que el centro cuenta con “un informe negativo” porque las instalaciones están en una zona con riesgo de incendios y de inundaciones.

Una información que corrobora Juan Carrillo, delegado de CGT en la ASSDA, que indica que en una reunión mantenida con miembros de la Junta de Andalucía, en la que se encontraba el viceconsejero de Igualdad, José Repiso, y el director general de Atención Socionisanitaria del área de Sanidad, José Ángel Lázaro, “no se enseñó el informe”, pese a que lo reclamaron en varias ocasiones. Tampoco, al igual que a esta cabecera, se les comunicó que estuviera planteada la reubicación de la comunidad terapéutica en otro lugar. Lo que sí reconocieron, asegura el responsable sindical, es que “la privatización del servicio mediante un concierto era una opción perfectamente viable”.

La Comunidad Terapéutica de Mijas contaba con capacidad para 32 usuarias y, en el momento del cierre, había nueve pacientes a las que se le dieron de alta o se desplazaron a la comunidad de Almonte, la cual es mixta. Una cuestión sensible, ya que en el centro malagueño contaban con víctimas de violencia de género y, también, con inscritas en el sistema de protección VioGén. Además, se pierde un eslabón de la red pública andaluza de comunidades terapéuticas, con dos en Huelva (Cartaya y Almonte), una en Sevilla (Los Palacios) y otras dos en Cádiz (Tarifa y La Línea), por lo que la vertiente oriental queda desatendida y conllevará a un “traslado forzoso”, indica desde CGT, de las pacientes que requieran esta atención especializada.

De cierre provisional a definitivo

En el Centro trabajaban hasta el pasado 4 de agosto veinte personas, con la condición de personal laboral fijo de la Junta de Andalucía. Aquel día extraoficialmente les dijeron que el centro se cerraba ante el elevado riesgo de incendio, y que las nueve usuarias que había entonces serían reubicadas (siete de ellas), dadas de alta (una) o asignadas a una salida terapéutica. El lugar ya tuvo que ser evacuado en 2011 y 2013, cuando el fuego devoró parte de la Sierra de Mijas, y posteriormente se adecuó de acuerdo a lo que indicaron los especialistas.

Con el riesgo creciente por incendios, las trabajadoras confiaron que sería un traslado solo veraniego. “En la confianza de que el riesgo era real, pensábamos ingenuamente que podía tener sentido movernos en verano”, cuenta una trabajadora. Sin embargo, con el paso de las semanas aquella decisión aparentemente provisional fue cristalizando en algo definitivo, coincidiendo con el traslado de las competencias. El servicio está ahora adscrito a la Consejería de Sanidad, en manos de Antonio Sanz, mientras que la ASSDA, dependiente de la Consejería de Servicios Sociales e Igualdad, está encargada de la gestión del personal.

En estas semanas, nadie ha comunicado nada a los trabajadores, según denuncian. “Todo ha sido silencio y mutismo”, denuncia la trabajadora. Hasta que este miércoles, sin que ellas supieran nada, el cierre definitivo se aborda en una reunión del gerente de ASSDA con los sindicatos, con remate final: “Dicen que cierran y que no contemplan la reubicación del recurso”.

“Como trabajadoras estamos perplejas, indefensas y vulnerables, hay una falta de legalidad total y absoluta. Nos dijeron que nos iban a trasladar, pero ¿en qué condiciones? ¿A otra provincia? Hay un ocultismo total, desde el 4 de agosto hasta el miércoles”, lamenta. La puntilla ha llegado un día después. Esto va rápido: en una comunicación al Comité de Empresa, ASSDA comunica que inicia ya el “procedimiento de traslado colectivo” de todos los trabajadores por el cierre del centro.

En atención a este medio, fuentes de la Consejería de Loles López indican que los trabajadores “están cobrando su salario” y se abrirá un proceso negociador obligatorio “para reubicarlos”, confirmando así el cierre definitivo. La alternativa, dice la trabajadora, es el paro con una indemnización de veinte días por año trabajado y un máximo de doce mensualidades.

“Sin la ayuda de Mijas, sé que me hubiera muerto”

Candelaria es una de estas pacientes más vulnerables. Pasó 11 meses en la Comunidad Terapéutica de Mijas, situada en el diseminado de Entrerríos, y salió el pasado marzo tras recibir apoyo, orientación y recursos para acabar con ocho años de drogodependencia. “Los profesionales del equipo terapéutico confiaron en mí cuando ni yo misma lo hacía, hora tras hora, ayudándome a gestionar el dolor y el fracaso que me habían llevado al consumo tras tanto tiempo de destrucción”, relata a este periódico. “Sin la ayuda en Mijas, sé que me hubiera muerto”.

La malagueña vivió una relación de maltrato que no denunció, pero los daños físicos y psicológicos que vivió la arrastraron a una depresión. Ahí fue cuando empezó a consumir para “anestesiarse”. Poco a poco, perdió su trabajo como encargada en una tienda de ropa, su casa y, finalmente, la custodia de su hijo. Intentó salir del círculo de la adicción a través de dos programas diferentes de desintoxicación, primero en un centro de Huelva y luego en otro que la obligó a trasladarse a Cádiz, pero no logró remontar y, en ambos casos, abandonó la terapia. Una de las razones fue, en la primera atención, porque empezó una relación sentimental con uno de los trabajadores.

“Un centro dedicado solo a mujeres nos hace centrarnos en nuestra recuperación, porque cambiamos una adicción por otra. Yo cambié la adicción por las sustancias por la adicción a una relación tóxica”, explica sobre la importancia de que en este recurso se atienda solo a mujeres. “Estar con hombres nos complica muchísimo la recuperación: nos centramos en estar guapas, por ejemplo, en la atención, pero en Mijas me dieron las herramientas necesarias para recuperar mi vida e identificar estas nuevas adicciones”, como las compras, el sexo o, incluso, la toma de café, que debió reducir cuando cayó en la cuenta de que lo estaba tratando de forma compulsiva.

“Es un proceso complicado que, por desgracia, no todo el mundo puede superar”, expone la afectada, que ha convivido con mujeres que han vivido en situación de calle. A la adicción, le suma la vergüenza que sintió por la pérdida del control sobre su vida, la exposición pública y el hecho de ser mujer adicta, una cuestión sobre la que sigue pesando el estigma social. “Al principio, preferí estar fuera de Málaga. No quería que nadie se enterase. Pero han pasado varios años sin haber estado junto a mi hijo, que me necesitaba estando sana”, reflexiona.

Al volver, encontró al mismo tiempo las fuerzas para proseguir en su recuperación como las propias sombras del pasado: “Estar en Mijas me ha hecho estar cerca de mi hijo y, también, de un entorno cercano al consumo, sitios, personas... Pero en el centro me dieron herramientas para gestionar estas situaciones incómodas. Es un mal trago, tanto por la sensación de vergüenza como de pena, de verte a ti misma hace 11 meses, de ver al otro, con el que consumías, pero he podido seguir”. Con el apoyo de los especialistas, aprendió a afrontar estas posibles recaídas. Hoy en día cuenta con el Ingreso Mínimo Vital, que le ayudaron a gestionar, y disfruta de actividades tan cotidianas como diversas, ya sea el yoga, el teatro, el voluntariado o retomar los estudios para encontrar un nuevo trabajo. “Es fundamental que no se pierda este recurso para mujeres”, reitera.

“Quieren acabar con un recurso especializado y público”

“Hay alevosía, de un plumazo quieren acabar con un recurso especializado y el único totalmente público en toda Andalucía. Damos cobertura a mujeres en la red viogén con personal especializado desde el año 2000”, explica la trabajadora.

En consonancia, Carrillo, delegado de CGT en la ASSDA, incide en que el cierre definitivo de la Comunidad Terapéutica de Mijas es una cuestión que se viene gestando desde la entrada del PP en la Junta de Andalucía, ya que supuso un cambio en la atribución de las competencias desde la cartera de Servicios Sociales a Sanidad. En 2019 se dieron los primeros pasos para que la titularidad pasara tras algunos intentos infructuosos y, finalmente, en 2021 había una dificultad mayor: la falta de personal sanitario en los centros públicos, en los que debe haber, como mínimo, un médico, un ATS, un psicólogo, un trabajador social, un personal de oficio para tareas de cocina, limpieza y/o mantenimiento, y un monitor ocupacional.

Esta crisis se cerró, pero, de nuevo, en 2025, se procedió al desalojo de la comunidad terapéutica de Mijas debido a que no había personal para atender a las usuarias. Carrillo recuerda que gracias a la presión sindical se reabrió a mediados de febrero y se consiguieron nuevas contrataciones, pero en esta ocasión parece no haber vuelta atrás tras el informe desfavorable que tiene la Consejería de Sanidad en su poder. “Ya se había privatizado la limpieza, luego los trabajos de mantenimiento, al igual que la grabación de las solicitudes de dependencia a través de Tragsatec. Es un paso más en la política de privatización de este Gobierno”, zanja, sin que haya visos de una nueva ubicación para un recurso esencial para las mujeres.

Un perito ha descubierto, en una maleta comprada en un rastro malagueño, una llave que dice que es de época nazarí, que puede pertenecer a una de las torres o un calabozo de la Alhambra y que estaba junto a unos planos de este conjunto monumental de Granada.

José Antonio Fernández, perito judicial en arqueología y escritor, ha asegurado a EFE que hace unos años adquirió en un mercado de segunda mano de Benalmádena (Málaga) la maleta con esos planos de 1886 y que, organizando su trastero, examinó el interior de la valija y halló, “en un doble fondo de tela y aparentemente oculta, una pieza alargada de hierro forjado, con aspecto de varilla o pincho”.

Tras investigar y buscar referencias históricas, sostiene que se trataría de una llave de época nazarí (dinastía musulmana que reinó en Granada entre los siglos XIII y XV) y destaca el contexto del hallazgo: “Se encontraba en una maleta junto a documentación y dibujos vinculados a los trabajos de Manuel Gómez-Moreno, figura fundamental en el estudio y conservación de la Alhambra”.

De una torre de la Alhambra

Después de un estudio comparativo de su estructura, material y forma, mantiene la hipótesis de que, “por sus características técnicas, su posible cronología y el lugar donde apareció, podría corresponder a la llave de alguna de las torres del recinto fortificado”.

Este tasador de antigüedades, arqueología y obras de arte ha resaltado el parecido con la llave de la Torre de la Vela de la Alhambra y ha explicado que la ahora encontrada tiene 27 centímetros de largo, medida coincidente con las llaves del periodo nazarí y las del mencionado monumento, y que es de sección cuadrada. Ha precisado que la identificación de la llave no es sencilla porque su apariencia es de un pincho, debido a que los dientes aparecen desgastados.

Recuerda que él, que es también perito calígrafo, hizo un estudio de los documentos manuscritos hallados en su día en la misma maleta y determinó que eran de Manuel Gómez-Moreno, que fue restaurador de la Alhambra, por lo que contactó con el Patronato de este monumento.

Fernández conserva en la actualidad tales planos, que llegaron a exponerse en la biblioteca municipal de Benalmádena, y asegura estar dispuesto a colaborar con cualquier institución en relación con tales documentos.

Procede de una escombrera

Desconoce el origen de la valija con la llave y los planos y solo sabe que el vendedor al que se la compró en el rastro le comentó que la procedencia era una escombrera de Granada y que venía del vaciado de una casa. “Lo que le enlaza directamente con la Alhambra es que (la llave) estaba en la misma maleta donde aparecen los planos de Gómez-Moreno, para mí todo está en el mismo contexto, no tengo duda”, ha incidido.

“La suma de indicios lleva al dictamen. Es una llave de época nazarí, prácticamente igual a la de la Torre de la Vela, le faltarían las dos partes de los dientes, que están corroídas, y se une a que fue encontrada junto con los planos manuscritos de Manuel Gómez-Moreno”, ha indicado y, aunque cree que “había que hacer un estudio más en profundidad, probablemente pertenezca a una cerradura de la Alhambra”.

AMAMA, Marea Blanca de Málaga, Jubilados del SAS y la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Rincón de la Victoria han dado este jueves su respaldo a las trabajadoras que han denunciado el uso irregular de reactivos caducados o en mal estado en el laboratorio del Hospital Regional de la Axarquía de Torre del Mar (Málaga). Las tres entidades han anunciado que el próximo 15 de octubre convocarán una concentración con la que esperan que la ciudadanía tome conciencia de lo que ha ocurrido.

“Lo que está sucediendo en este hospital es una prueba para la salud pública andaluza. Por desmantelar la sanidad pública y unos objetivos de productividad escandalosos se está poniendo en riesgo la salud de miles de personas”, ha denunciado Luis Rodrigo, parlamentario de Adelante Andalucía, que la semana que viene planteará una cuestión en Pleno al consejero de Sanidad, Antonio Sanz.

“Por dinero estamos echando a perder la salud de los ciudadanos. Está en juego la salud de todos”, ha advertido Ángela Claverol, presidenta de AMAMA, la asociación que destapó el escándalo de los fallos en el cribado del cáncer de mama, antes de pedir “decencia” a la Junta de Andalucía para “no poner reactivos caducados por ahorrarse cuatro duros”. “No hablamos de reactivos caducados: esto interfiere en nuestra salud”, ha explicado Claverol: “Si yo tengo tiroides, con un reactivo caducado puede salir bien o mal, y me van a subir la dosis o no, porque el médico va a entender lo que le diga el análisis”.

Antonio Herrero, de Jubilados del SAS, ha calificado lo ocurrido de “acciones de criminalidad contra la población y la salud pública”. “No es un caso aislado. Se usan de manera perversa los complementos de productividad”.

Investigación de Fiscalía

La Fiscalía está estudiando una denuncia interpuesta por el sindicato CSIF, mayoritario en el hospital, en la que se da cuenta del uso de reactivos caducados o con pérdida de estabilidad (abierto por más tiempo del indicado por el fabricante) en ese laboratorio. La denuncia contiene mensajes de texto (“si sale caducado, no lo tiréis. Yo los aprovecharé en rutina”), fotografías de botes en la nevera del laboratorio con la inscripción que recoge su caducidad y cuatro testimonios de trabajadores o extrabajadores que apuntalan las sospechas de esta práctica, que estaría auspiciada por las dos responsables del laboratorio, según la denuncia.

El uso anómalo de reactivos que imprescindibles para determinar el nivel en sangre de elementos, enzimas o medicamentos cuestiona la fiabilidad de las pruebas analíticas que, a su vez, son claves en el diagnóstico y tratamiento.

Este medio desveló que la unidad fijó como objetivo no tirar los reactivos con pérdida de estabilidad para no superar el presupuesto, y que consiguió reducir su consumo un 30% de un año a otro. La consecución de los objetivos facilita el cobro de los pluses de productividad, que pueden rondar los 15.000 euros para un jefe de servicio o un coordinador.

Denuncias ante Inspección de Trabajo

La llamada a la acción de estas tres entidades reconocibles y con peso en el sistema sanitario andaluz sirve también para arropar a las trabajadoras sospechosas de haber revelado esta práctica y descargarlas de la presión que están sufriendo. A través de CSIF presentaron una denuncia ante la Inspección de Trabajo, que esta semana ha visitado el hospital. Simultáneamente, se está pasando para firma dos documentos, según explican fuentes internas: uno que celebra el buen ambiente en el laboratorio, y otro que reafirma las explicaciones ofrecidas en su día por dos de las trabajadoras del laboratorio, que se grabaron un vídeo junto a gran parte de sus compañeros negando el uso de reactivos caducados.

Mientras, dos trabajadoras señaladas por desvelar esa supuesta práctica denuncian un calvario, con situaciones de “hostigamiento sistemático”, que incluyen menosprecio en público, gestos, comentarios y asignación a tareas sensibles para las que no tienen experiencia. Una de ellas tuvo que comparecer ante un instructor, tras ser citada por un cauce no reglado que provocó que muchos de sus compañeros se enteraran. Seis compañeras la habían denunciado por, según dijeron, grabarlas con el móvil, algo que ella niega. El instructor le advirtió de que podrían sancionarla sin empleo y sueldo de tres a seis meses. Tiene el acta de comparecencia, pero jamás le notificaron ni la apertura del expediente ni la resolución.

“¿Y a la que levanta la mano es a la que hay que hacer daño? Será el gerente el que tenga que pagar con su puesto lo que están haciendo. Las denunciantes nunca deben ser víctimas. Que las dejen en paz y a los cargos intermedios y el gerente que saben lo que se está haciendo, que los quiten o que den la cara”, ha reclamado Claverol, antes de advertir que estas situaciones se repiten en otros centros sanitarios de Andalucía: “Nos llaman profesionales de toda Andalucía y nos cuentan casos terribles, pero cuando les pedimos que lo digan públicamente les da miedo, como a ellas, de que las echen o las manden a un despacho a un sótano”.

Las calles de Málaga han sido escenario de dos tiroteos en apenas una semana, que se han saldado con un muerto y un herido. Un caso ocurrió a plena luz del día el pasado viernes, cuando tres sicarios acabaron con la vida de Nacho, un joven de veinte años que no tenía nada que ver con ellos ni con la delincuencia. El otro ocurrió este martes por la noche ante decenas de comensales en un restaurante del Muelle Uno, una de las zonas más turísticas de la capital, por donde pasan a diario miles de malagueños y turistas de camino al Centro o de vuelta a los cruceros. Un hombre de 47 años recibió un disparo mientras cenaba. El pistolero huyó y no ha sido detenido.

Los hechos ocurrieron en torno a las 22:30, según ha informado la Policía Nacional. A esa hora, alguien se acercó a la víctima y le descerrajó dos tiros a corta distancia, uno de ellos en la cara. Diario Sur ha adelantado que es un hombre de nacionalidad turca que cenaba con otras tres personas. Circula algún vídeo del momento donde un testigo comenta estupefacto que ha escuchado un tiro y alguien con una pistola ha huido del lugar.

La Policía acordonó el lugar e interrogó a los testigos, y ahora investiga los hechos sin que haya, por el momento, ningún detenido. La principal línea de investigación es que se trata de un ajuste de cuentas entre bandas de narcotraficantes. El herido fue trasladado al Hospital Regional y está fuera de peligro.

Tiroteado por error

Es el segundo incidente en menos de una semana, tras el ocurrido el pasado viernes, cuando tres sicarios de origen sueco asesinaron a Nacho, un joven de 20 años sentado en un banco de la calle Barcenillas, a pocos pasos del Centro.

Aunque en un principio se pensó que se trataba de un ajuste de cuentas, esta hipótesis quedó descartada por la propia Policía, que aclaró que no tiene constancia de que la víctima estuviera relacionada con ningún tipo de organización criminal ni con el tráfico de drogas. Ahora, la hipótesis principal de la investigación (que sigue siendo secreta), es que los tres sicarios se equivocaron: pensaron que Nacho les estaba vigilando, de modo que se acercaron a él, uno por detrás y dos por delante, y lo tirotearon: un disparo en la espalda y otro en la pierna. También esta escena quedó registrada en vídeo, en el que se oye al muchacho gritar “que me han pegado un tiro” mientras pide auxilio, sin saber qué había ocurrido ni por qué.

La Policía detuvo a los tres autores poco después. Al primero, procedente de Malmoe (Suecia), apenas minutos después; al segundo, en un piso de la capital, un rato más tarde; al tercero, por la noche en Fuengirola.

El joven murió horas después en el hospital. Su madre difundió un texto en el que le recuerda como “bueno y trabajador”. “Siempre supe que no estaba vinculado a nada delictivo. Todo lo contrario, amaba a su madre y a sus amigos. Era un gran amante de los animales”.

Récord de homicidios en 2025

En ese mensaje la mujer pone el dedo en la llaga: “Es víctima de la extrema violencia instaurada en la sociedad, y últimamente, en Málaga”, señala: “Pido a las autoridades que se aumenten los efectivos para acabar con esta lacra”.

La sucesión de estos dos episodios corrobora un temor creciente: la criminalidad en la Costa del Sol, principalmente vinculada al tráfico de drogas gestionado por bandas de toda procedencia, alcanza ya a ciudadanos corrientes y opera sin recato, lo mismo acribillando a un muchacho sentado en un banco de una calle del Centro de la capital que ajusticiando a alguien entre las mesas de un local público.

Antonio Sanz, vicepresidente de la Junta de Andalucía, ha asegurado este miércoles que al Gobierno “se le ha ido de las manos” la lucha contra el narcotráfico y ha pedido una reacción inmediata para evitar que el problema siga extendiéndose. También este miércoles, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha anunciado que en los próximos días se va a reforzar la presencia policial en la ciudad para “aumentar la sensación subjetiva de seguridad”, sin cuantificar cuántos refuerzos van a llegar.

El debate resurge cada vez que ocurre un episodio de violencia, cada vez con mayor frecuencia. Ocurrió hace apenas un año, cuando en menos de una semana se encadenó la ejecución de dos escoceses en un pub de Fuengirola con la muerte de un policía y tres ladrones en una persecución. Ahora se ha materializado lo que efectivos de la Policía vaticinan desde hace tiempo: la muerte de un civil sin conexión con las bandas. En diciembre de 2024 en Fuengirola, un joven que trabajaba en un club cannábico murió acribillado a balazos, confundido por un joven sicario de 17 años que vino de Países Bajos con el encargo de matar; en el verano de 2021, un DJ fue alcanzado por una bala perdida en una fiesta en Marbella.

Los datos fríos confirman la tendencia. Los homicidios o asesinatos consumados en Málaga marcaron en 2025 un nuevo récord: 26, un 13% más que en 2024. Además, 12 secuestros, según el balance oficial de criminalidad del Ministerio del Interior. Al presentar estos datos el pasado febrero, el Subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, insistió en que Málaga es una provincia “segura” y con una “evolución positiva” en los delitos que “más preocupan a la ciudadanía”, poniendo el foco en la reducción de los delitos contra el patrimonio.

Desde entonces, ha habido tiroteos en La Trinidad, en pleno centro de la ciudad, o en Marbella, achacados a disputas entre clanes criminales. Para zanjar la tensión en la Trinidad, la Policía ejecutó una espectacular operación que acabó con 24 arrestados y 12 armas de fuego incautadas tras el despliegue de 250 agentes y un helicóptero.

La lucha contra el narco enfrenta al Gobierno central y autonómico

Tras la violencia está el tráfico de drogas. La memoria anual de 2025 de la Fiscalía General constata que Andalucía es un territorio la violencia creciente del narco es “más visible”, atendiendo a la “exhibición” de embarcaciones de alta velocidad que operan no solo en el Estrecho, sino que se desplazan ya a provincias como Huelva, Almería y Málaga. La Fiscalía alerta de una pérdida de respeto al principio de autoridad “cada vez más visible”, que se refleja en el asesinato de dos guardias civiles en Barbate, embestidos por una narcolancha en 2024, o la persecución en Huelva que acabó también con la muerte de otros dos agentes.

La lucha contra el tráfico de drogas enfrenta ahora también al Gobierno andaluz y al Ejecutivo Central. Hace un mes, cuando se sucedieron cuatro muertos en tiroteos en Huelva y Sevilla, Juan Manuel Moreno remitió una carta a Pedro Sánchez alertando de que las “mafias de la droga” habían convertido Andalucía en una base principal de operaciones y reclamando la recuperación inmediata de OCON-Sur, una unidad de élite de la Guardia Civil creada por el primer Gobierno de Sánchez que operó con éxito en el Campo de Gibraltar desde noviembre de 2018 a septiembre de 2022, cuando fue disuelta y sus miembros integrados en las diferentes comandancias.

El Gobierno andaluz ha hecho de esta reclamación una de sus principales reivindicaciones al Gobierno central en este comienzo de curso político. Este mismo miércoles la ha reiterado Sanz, quien también ha reclamado que se reconozca que la de Policía y Guardia Civil son profesiones de riesgo y se modifiquen el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha incidido que el 100% de los homicidios ocurridos en Málaga en los tres últimos años han sido resueltos, y ha vuelto a insistir en el descenso de la tasa de criminalidad (general) registrado en los últimos años.

Uno de los teatros romanos mejor conservados de Andalucía acaba de ser descubierto en Antequera (Málaga). El edificio presenta unas dimensiones aproximadas de 52 metros de diámetro, lo que pone de manifiesto la entidad del conjunto monumental y el potencial arqueológico que todavía conserva el yacimiento. Las excavaciones, las primeras en 35 años, han permitido descubrir parte del graderío medio del teatro, cuyos grandes sillares presentan un excepcional estado de conservación.

Los trabajos desarrollados durante este mes en la ciudad romana de Singilia Barba han permitido sacar a la luz nuevos restos del teatro, en una intervención que supone el regreso de la investigación arqueológica al yacimiento tras más de tres décadas, ha informado la Universidad Complutense de Madrid.

Los resultados obtenidos han superado las expectativas iniciales del equipo científico. Según los investigadores, la relevancia de lo descubierto radica en el buen estado de conservación de los sectores superiores de los teatros romanos, que generalmente presentan más deterioro como consecuencia de derrumbes, procesos de expolio y reutilización de sus materiales constructivos.

Los trabajos en Antequera son el primer paso dentro de un proyecto de investigación que requerirá nuevas campañas de excavación y estudio para conocer con mayor precisión la configuración, cronología y evolución del teatro.

La intervención arqueológica ha sido autorizada por la Junta de Andalucía y financiada en el marco del proyecto 'Redescubriendo Singilia Barba: entre la geoarqueología y la caracterización de la cultura material', de la Comunidad de Madrid y la Universidad Complutense.

Singilia Barba se encuentra en el actual Cortijo del Castillón, a unos siete kilómetros al noroeste de Antequera y a apenas dos del río Guadalhorce, en un emplazamiento estratégico que explica su importancia en la Antigüedad; es de origen túrdulo; está documentada al menos desde el siglo III antes de Cristo y pronto se integró en la órbita romana.

Los trabajos han sido dirigidos por Manuel Romero Pérez y los investigadores complutenses Sergio España Chamorro, del departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología, y Luis Romero Novella, especializado en arqueología e Historia Antigua, y han contado con la colaboración del Ayuntamiento de Antequera.

Un hombre de 78 años que resultó herido en el incendio declarado el pasado 13 de septiembre en el paraje de la Ermita del Rosario, en Benahavís (Málaga), ha fallecido en el hospital donde permanecía ingresado.

Según han confirmado fuentes de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía a Europa Press, el hombre presentaba quemaduras externas en entre el 30 y el 35% de la superficie corporal. Tras ser evacuado en un helicóptero medicalizado al Hospital Regional Universitario de Málaga, fue trasladado posteriormente a la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, donde finalmente ha fallecido.

En el incendio se produjeron además otros tres heridos. Un bombero del Infoca sufrió una fractura de muñeca tras una caída y fue atendido por los servicios sanitarios. Asimismo, dos particulares fueron atendidos por inhalación de humo, uno de ellos por una afección leve y dado de alta en el mismo lugar.

El incendio, que quedó extinguido el pasado lunes, obligó también al desalojo de unas 50 personas de la urbanización Montemayor como medida preventiva.

Las entradas para visitar el Caminito del Rey en la provincia de Málaga entre el 7 de diciembre de este año y el 2 de mayo de 2027 se pondrán a la venta este miércoles, 23 de septiembre, a partir de las 10:00 horas a través de la web www.caminitodelrey.info. La venta estará abierta tanto al público general como a las excursiones organizadas y agencias de viaje.

Así lo ha dado a conocer, a través de un comunicado, en el que han precisado que la entrada general mantiene un precio de diez euros, con un límite de diez entradas por comprador, mientras que la modalidad que incluye visita guiada oficial tiene un coste de 18 euros. Estas visitas se realizan en español e inglés y están dirigidas a grupos de un máximo de 30 personas.

El vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible de la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega, ha destacado el éxito de ventas del anterior periodo, cuando, según ha señalado, “se agotó la mitad del cupo disponible durante las primeras horas”. Asimismo, ha recordado que el recorrido cuenta desde el pasado mes de junio con un nuevo atractivo, un puente colgante de 110 metros.

Para este nuevo periodo se ponen a la venta alrededor de 190.000 entradas para visitar el Caminito del Rey, con un horario de invierno de 9:00 a 14:30 horas. A partir del 28 de marzo, ya en primavera, el horario se ampliará hasta las 17:30 horas.

Los menores de ocho años no pueden acceder al Caminito del Rey, mientras que los mayores de esa edad deberán acreditar su edad mediante el DNI original o el Libro de Familia. Los menores de 18 años deberán acudir acompañados de un adulto.

El recorrido cuenta con un centro de recepción de visitantes situado en el término municipal de Ardales, que ofrece información sobre el paraje natural y su entorno y dispone de un aparcamiento con capacidad para 240 vehículos. El precio del estacionamiento es de dos euros por jornada y puede abonarse a través de la web al adquirir la entrada. Se recomienda aparcar con al menos una hora de antelación.

Desde este aparcamiento parte un autobús lanzadera de ida y vuelta hasta el Caminito del Rey. El billete, válido durante toda la jornada, puede adquirirse también a través de la web o directamente al conductor, en este último caso únicamente en efectivo. El precio es de 2,50 euros.

El nuevo puente colgante “más largo del país”

Una de las novedades del recorrido es el puente colgante de 110 metros, que abrió al público el pasado 9 de junio y que, según la Diputación, “es el más largo de España de estas características”.

La infraestructura se encuentra antes de llegar a la zona situada sobre el puente de hierro del tren y el túnel de El Chorro y permite establecer un itinerario alternativo en el tramo final del Caminito. Esta opción reduce en casi un kilómetro la bajada por terrenos más escarpados y busca reforzar la seguridad de los visitantes, aunque quienes lo prefieran podrán continuar utilizando el tramo final actual.

El Caminito del Rey tiene un recorrido de unos tres kilómetros y una anchura aproximada de un metro, con algunos tramos situados a más de 100 metros sobre el cauce. El enclave permite además disfrutar de los paisajes y de la flora y fauna vinculadas a los hábitats rocosos, con presencia de especies de avifauna rupícola como el buitre leonado, la chova piquirroja y el vencejo real, entre otras.

Pasado un cuarto de siglo del apogeo de Jesús Gil y todo lo que siguió, Marbella tiene un nuevo orden urbanístico. Ha hecho falta un plan efímero, una sentencia del Tribunal Supremo, regresar durante once años a 1986, una nueva ley andaluza y la tramitación de un nuevo plan durante casi cuatro para llegar a esto: el Plan General de Ordenación del Municipio (PGOM) de Marbella, que se aprobó este viernes en Pleno extraordinario, con los votos a favor del PP, Vox y Opción Sanpedreña, y la abstención del PSOE.

El documento, que establece el modelo de ciudad y sus pautas generales, devuelve el municipio emblemático de la corrupción urbanística a la senda de la legalidad ordinaria sin sacarlo del escaparate de las golosinas inmobiliarias: promete más metros y más facilidades para edificar, incluso en suelo rústico, en un territorio jugosísimo para los inversores. De los 117 millones de metros cuadrados que tiene el término municipal, 53 millones serán suelo urbano, 13 más que hasta ahora, y 64 millones rústico, que engloba las anteriores categorías de rústico y urbanizable.

La alcaldesa Ángeles Muñoz (PP) vende el plan como la gran oportunidad para paliar la escasez de vivienda, y ha recordado que el 20% será vivienda pública protegida, que es lo que exige la nueva Ley de Vivienda Andaluza. En la última década, el precio de compra en Marbella se ha duplicado hasta rozar los 6.000 euros por metro cuadrado, y el alquiler se ha encarecido aún más, multiplicándose por 2,4, según los informes de Idealista. Muñoz espera que la incorporación de nuevas bolsas de suelo haga bajar el precio, pero el mercado inmobiliario de Marbella está muy orientado al lujo por el turismo y las segundas residencias.

También habrá oportunidades de construir en el rústico, en el que se incluyen 32 millones de metros cuadrados de suelo común “susceptible de transformación urbana”. Las condiciones, ahora, las marca la Ley de Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), aprobada en 2021 por el Gobierno de Juan Manuel Moreno para destrabar los nudos de la antigua LOUA. El Tribunal Constitucional validó el inciso que ahora permite a los municipios implantar usos “industriales, terciarios o turísticos” de “interés público o social” en suelo rústico común, en teoría, “con carácter extraordinario”.

La alcaldesa se ha felicitado en ocasiones de la manga ancha que da la nueva norma andaluza y advirtió en 2024 que el PGOM continuará con la “tarea de simplificar y flexibilizar” los usos en estos terrenos, y abrió las puertas de par en par aprovechando la indeterminación del concepto “extraordinario”: universidades, grandes equipamientos (como una ciudad deportiva), centros educativos, sociales e incluso industriales. Es decir, en Marbella hay 32 millones de metros cuadrados de nueva disposición para una finalidad industrial, turística o terciaria.

18.000 viviendas ilegales: “Va por ellos”

Al plan también se le medirá por su éxito para superar el gran problema histórico de la ciudad: el limbo en el que están las edificaciones construidas sin escrúpulos en los años 90 y 2000. La alcaldesa ha dicho que hay “18.000 viviendas que se quedaron fuera de la regularidad”, más de un millar sin licencia. Algunos edificios tienen desde hace años orden judicial de demolición, y han sido un quebradero de cabeza para la ciudad, y para la alcaldesa en particular, multada por el Tribunal Superior e investigada por la Fiscalía por no ejecutar una de esas resoluciones. El Ayuntamiento tiene un informe de 2021 que estima en 246 millones el coste de cumplir las sentencias.

La regidora ha reiterado estos meses que su objetivo era “encajarlas” en el nuevo plan, y este viernes lo ha repetido ante el Pleno: “Los propietarios de buena fe saben que defendíamos sus intereses patrimoniales (…) A partir de este momento, [tienen la] garantía que les otorga el plan general”. El concejal de Urbanismo, José Eduardo Díaz, ha llegado a decir que el plan va “por ellos especialmente”.

El problema es que esos encajes ya motivaron que el Tribunal Supremo tumbara el Plan General de 2010 y no hay certeza de que no vuelva a ocurrir. Díaz ha dicho que han trabajado con el “objetivo” de “blindar el plan de los envites judiciales”.

Primer plan bajo la nueva ley

Hay acuerdo general de que el plan es la única herramienta capaz de dar seguridad jurídica tras los años negros, la nulidad de la primera solución y once años de provisionalidad. “Es una noticia muy positiva”, subraya Susana González de Lara, decana del Colegio de Arquitectos, quien cree que el resultado dependerá de “la capacidad del consistorio” y del Plan de Ordenación Urbana (POU). Será ese documento el que resuelva la situación en que queda cada edificio ilegal.

Marbella es la primera en aprobar un PGOM bajo la LISTA y la alcaldesa ha sacado pecho, aunque desde la oposición se advierte que ser “cobayas” expone a reveses inesperados. Hay un nexo: José María Morente, uno de los artífices de la LISTA (Director General de Urbanismo y Ordenación del Territorio en 2019) es también cabeza pensante del plan, como Director General de Urbanismo en Marbella (2017-2018 y 2020-2023).

“El PGOM es un documento imprescindible para la ciudad, porque Marbella sufrió una desidia total: se han vendido suelos de equipamiento, de zonas verdes, no se ha previsto el desarrollo de infraestructura acorde al desarrollo residencial…”, señala Isabel Pérez, portavoz del PSOE. También ha coincidido la oposición en alabar el trabajo técnico del equipo liderado por María Medina.

Sin embargo, hace tiempo que los socialistas alertan de que una cosa es el documento y otra las decisiones urbanísticas. Un ejemplo: este jueves, un día antes de aprobar el plan, se adoptaron tres planes con más de 6.800 viviendas en Marbella Este, lo que hubiese requerido, en opinión de los socialistas, un informe sobre todo el conjunto.

En los últimos años, el Ayuntamiento de Marbella ha aprobado planes parciales, estudios de detalle y áreas de transformación urbanística capaces de cambiar Las Chapas de arriba abajo, con multimillonarias inversiones previstas para hoteles en Río Real, Las Dunas, La Vizcaína o la Residencia Tiempo Libre. “El fondo de Pelayo Cortina Koplowitz consigue 145 millones de Goldman Sachs para levantar un recinto de salud de lujo en Marbella” es una noticia de esta semana, donde se explica que costará 400 millones y se ubicará junto al futuro Four Seasons. “Estos proyectos los meten en la aceleradora. ¿Para qué tanta prisa teniendo un plan en capilla?”, se pregunta Javier de Luis, miembro de Ecologistas-Malaka, quien subraya el largo impasse de once años, con la coda final de otros siete meses desde que la Junta de Andalucía dio luz verde.

De Luis, que fue concejal independiente del PSOE en tiempos de Gil y Malaya, es muy crítico porque ve patrones comunes con aquella época, y cree que donde antes se vulneraba la ley sin complejos, ahora se reforma la ley para amparar lo que antes quedaba fuera. “Gil intentó recalificar 17 millones de suelo quemado, y la Junta le dijo que era una barbaridad. Ahora proponen recalificar 30 millones, muchos se han quemado mil veces y a los que les va a afectar la limitación de 30 años”. Otro ejemplo: el viejo límite marcado por la autovía ha sido borrado. “Es una ley a medida de los promotores”.

Once años de solución provisional

El equipo de gobierno dice que el objetivo es aportar estabilidad y seguridad jurídica tras más de una década con el urbanismo en tenguerengue. En 2015, el Tribunal Supremo anuló el PGOU aprobado en 2010 porque se metía en lo que no debía: legalizar construcciones de la época del GIL y pre-Malaya. Poner orden en ese desaguisado histórico, con una inédita retirada de competencias durante un lustro, era más o menos el encargo que del Gobierno andaluz recibió Manuel González Fustegueras, el “señor Lobo” le llamaron, pero el Supremo concluyó que dar carta de naturaleza a la ilegalidad iba demasiado lejos.

La consecuencia inmediata de la nulidad fue la resurrección del plan de 1986, elaborado por Alfonso Peralta cuando Marbella tenía 75.000 habitantes, menos de la mitad de los que tiene ahora. El gobierno municipal, que por entonces (2015-2017) lideraba un alcalde del PSOE por única vez desde que Muñoz llegó al poder en 2007, vaticinó entonces que todo se enderezaría rápido, con un nuevo plan en un lustro. Pero pasaron once años en los que rigió un plan de los 80 con parches y adaptaciones. La paradoja es que ese plan tuvo más vida después de muerto que en su primera etapa, en la que Gil y los que le siguieron (Roca, Julián Muñoz, Marisol Yagüe) lo maltrataron y sustituyeron sistemáticamente por convenios que engrasaran la cuenta corriente.

Algo ha cambiado también desde el post-gilismo. Si al plan de 2010 se presentaron más de 17.000 alegaciones formales, ahora apenas ha recibido 180, de las que se han incorporado total o parcialmente 56. De Luis lo atribuye a una desconexión ciudadana, y cree que la historia se repite: “Gil lo decía con más gracia: doblaba el folio y decía ”la mitad para ti y la mitad para mí“. ”Marbella tiene 117 km2, y casi el 80% va a ser urbanizable en la práctica. Se trata de consolidar una ciudad privada, depredadora del recurso principal que es el suelo. Los nuevos desarrollos van a triplicar la población sin triplicar infraestructura: accesos, agua, capacidad de depuración…“, advierte el ecologista.  

Para el equipo de gobierno, la prioridad parece haber sido garantizar que se pueda hacer (casi) todo para seguir creciendo, pero que todo sea legal. “Me siento orgullosa de ser de un municipio, donde el Urbanismo siempre ha sido un punto negro, en el que por primera vez el Ayuntamiento se propuso que por primera vez fuese plenamente legal”, ha dicho Muñoz al Pleno. El tiempo dirá si lo consiguió, y si eso es suficiente.  

La directora del IES Los Montecillos de Coín (Málaga) y una profesora han sido víctimas de “agresiones físicas y verbales” por parte de los padres de un alumno matriculado en el centro, según han confirmado desde la Delegación Territorial de Educación.

Los hechos ocurrieron sobre las 14:25 horas del pasado jueves. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil que practicaron diligencias. De momento, la Guardia Civil ha detenido a la madre del menor y el padre está siendo investigado por su relación con la agresión al profesorado.

En señal de “absoluta repulsa” y apoyo a las compañeras agredidas, la comunidad educativa del IES Los Montecillos ha celebrado esta mañana una concentración silenciosa en la entrada del centro para condenar “los graves actos de violencia” sufridos por las profesionales en el ejercicio de sus funciones.

La Delegación Territorial de Educación en Málaga se ha sumado al “firme rechazo y reprobación” a estos hechos. “Estas conductas son rechazadas tajantemente por la administración educativa y no pueden encontrar justificación alguna en una sociedad civilizada, aún menos en un ámbito como el escolar, donde los profesionales docentes se entregan con esfuerzo, dedicación y vocación a la formación de personas íntegras, respetuosas y solidarias, bajo los principios de tolerancia, humanidad y respeto que constituyen el eje vertebral de su ejercicio profesional”, reza el comunicado.

Por su parte, la comunidad educativa de Los Montecillos sostiene que “cualquier tipo de agresión hacia los docentes y el personal del centro es un ataque directo a la convivencia, al respeto y a los valores fundamentales que diariamente inculcamos a nuestro alumnado”. Asimismo, manifiestan que “no es admisible que quienes dedicamos nuestra labor a educar y proteger a los jóvenes de nuestra localidad tengamos que acudir a nuestro puesto de trabajo sintiendo miedo, desamparo o vulnerabilidad”.

Tras el episodio sufrido, el profesorado y el personal no docente reivindica “el derecho inalienable a desarrollar nuestro trabajo en un entorno seguro, tranquilo y respetado” y exige “sentirnos respaldados por las instituciones y por la sociedad, ya que la violencia jamás puede tener cabida ni justificación dentro de un espacio educativo”.

La administración educativa asegura que va a adoptar “todas las medidas administrativas y legales a nuestro alcance”. Para ello, han “activado el apoyo y la colaboración con las docentes que se han visto involucradas en estos hechos, a fin de que reciban la atención psicológica y letrada que la Consejería de Educación tiene prevista para estos casos”, continúa el comunicado, en el que se han mostrado “convencidos de que estos hechos no constituyen la relación habitual de las familias con los centros de enseñanza”.

El Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía, cuyo centro de cabecera es el hospital comarcal, ha celebrado este jueves las IV Jornadas Provinciales de Seguridad del Paciente, coincidiendo con el Día Mundial del Paciente y bajo el lema “atención segura a lo largo de la vida”.

La celebración de las jornadas, difundida en redes, ha recibido la crítica pública del sindicato CSIF, mayoritario en el centro y en la sanidad andaluza, porque se produce mientras la Fiscalía investiga el posible uso de reactivos en mal estado en el laboratorio del hospital, lo que podría generar resultados erróneos en pruebas analíticas, y sin que el gerente del hospital, Miguel Moreno Verdugo, haya adoptado ninguna medida cautelar que garantice la seguridad de los pacientes desde que en enero el propio sindicato expuso hechos e indicios que apuntan a esta práctica, a mediados de enero.

Las jornadas, que se han celebrado este jueves, ponen el foco en la continuidad asistencial y la coordinación, además de en la promoción de la “cultura de seguridad y prevención”. Para la central sindical, es “especialmente grave” que la gerencia del centro actúe con normalidad mientras permanece abierta una investigación de la Fiscalía sobre unos hechos directamente relacionados con la seguridad del paciente. Es un “ejercicio de cinismo institucional” que “demuestra una preocupante falta de sensibilidad hacia los pacientes” y hacia el personal y profesionales del hospital, lamenta el sindicato en un comunicado.

Pregunta parlamentaria de Adelante Andalucía

CSIF denunció el posible uso irregular de reactivos utilizados en las pruebas diagnósticas en el hospital de la Axarquía, que da servicio a unos 150.000 pacientes, a principios de enero. PEl sindicato puso en manos de la Fiscalía al menos cinco testimonios de trabajadores, fotografías y mensajes de WhatsApp indicativos de que en el laboratorio se usaron de forma habitual reactivos caducados o con pérdida de estabilidad, que debían ser desechados siguiendo las instrucciones del fabricante.

“Si sale caducado no lo tiréis, yo los aprovecharé en rutina”, decía uno de esos mensajes en el grupo de WhatsApp del laboratorio, entre otros que animaban a “cambiar” la fecha de caducidad proporcionada por el fabricante, desvelados por este medio. Las fotos muestran envases envueltos en film con la inscripción “caducado”. “Es el único sitio donde he vivido algo así”, contó un facultativo a este medio. El fiscal ha abierto una investigación y ha solicitado documentación al hospital.

También Adelante Andalucía, que ha presentado una pregunta parlamentaria al Gobierno andaluz por esta cuestión, ha criticado las jornadas. Es una auténtica falta de respeto a la ciudadanía que el mismo hospital que está siendo investigado por poner en riesgo la salud de sus pacientes se presente ahora como escaparate de la seguridad clínica“, ha señalado Luis Rodrigo, parlamentario andaluz.

Sin investigación interna

CSIF lamenta en su nota que no se haya revisado internamente el alcance de su denuncia, identificado las pruebas dudosas o informado a los pacientes potencialmente afectados. El posible uso de reactivos en mal estado durante años podría afectar a miles de pruebas, pero es casi imposible contrastar los resultados dudosos con otros fiables.

El gerente archivó la denuncia en menos de un mes, sin motivación, y sin explicar al sindicato qué averiguaciones había realizado. En aquellos días hubo un inusual trasiego de personas ajenas al servicio, según han contado fuentes hospitalarias a este medio. “La actuación de la gerencia generó aún más dudas y preocupación”, advierte el sindicato.

El SAS ofrece un sistema de recompensas retributivas para trabajadores que alcancen determinados objetivos de productividad y ahorro. El plus aumenta a medida que se sube de categoría, pudiendo rondar los 15.000 euros para los jefes de servicio.

Este medio desveló que el laboratorio se había marcado como objetivo “no superar el presupuesto asignado para la Unidad en reactivos”. A nivel individual se valoraba “no tirar reactivos por pérdida de estabilidad en el analizador”, una práctica desaconsejada por los fabricantes. La pérdida de estabilidad se puede producir cuando, sin haber superado la fecha de caducidad, el reactivo lleva en uso un tiempo superior al pautado. De 2023 a 2024 el laboratorio redujo su objetivo de consumo de reactivos en un 30%. 

La denuncia de CSIF apunta a dos cargos intermedios que ahora han recibido nuevas responsabilidades, sumando una de ellas la jefatura de servicio de Anatomía Patológica. En cambio, al menos dos trabajadoras han denunciado ante la Inspección de Trabajo la situación de acoso que dicen sufrir por otras compañeras, que las señalan como las denunciantes de la situación irregular en el laboratorio. “Me siento amenazada y observada. Me tienen desquiciada. Trabajo con pánico”, contó una trabajadora a elDiario.es.  

Efectivos del Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) de la Policía Local de Málaga han instruido diligencias por un delito contra la seguridad vial contra el conductor de un autobús dedicado al transporte escolar tras dar positivo en la prueba de alcoholemia en la que superó en nueve veces la tasa permitida para este tipo de profesionales.

Los hechos tuvieron lugar durante la tarde del pasado 11 de septiembre, cuando una unidad del Distrito de Carretera de Cádiz fue comisionada por la Sala del 092 de Policía Local para que se dirigiera a la nave de una empresa dedicada al transporte de viajeros, en la que se estacionan los autobuses.

Fue la propia empresa la que dio el aviso al percartarse de que el conductor, tras completar su turno de trabajo consistente en transporte escolar, habría llegado con síntomas de embriaguez, ha indicado la Policía Local en una nota.

Según manifestaciones de testigos, el individuo no podía maniobrar, realizando giros y acelerones sin sentido, motivo por el que se le indicó que parase el autobús ante la posibilidad de colisionar con otros vehículos estacionados. Acto seguido, un trabajador subió al vehículo y comprobó que el individuo se encontraba ebrio y, además, habría orinado y defecado en el interior.

El autobús, que prestaba servicio a varios centros educativos de Benalmádena (Málaga), concluyó el transporte de menores a las 17,00 horas en dicho municipio y llegó a la nave situada en Málaga capital en torno a las 17,20 horas.

Los policías actuantes pudieron apreciar también signos inequívocos de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas, por lo que le indicaron la obligación de someterse a la prueba de alcoholemia legalmente establecida, a lo que accedió de forma voluntaria y para lo que fue trasladado al GIAA.

El conductor arrojó una tasa de alcoholemia de 1,39 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, nueve veces superior a la permitida reglamentariamente para este tipo de conductores, fijada en 0,15 miligramos por litro.

Ante los hechos descritos, se procedió a la lectura de derechos como investigado no detenido como presunto autor de un delito contra la Seguridad Vial por conducir un vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Posteriormente, se le hizo entrega de una cédula de citación para juicio rápido sin detenido.

Desde la Policía Nacional han precisado que el Código Penal castiga esta conducta con penas de prisión, multa, trabajos en beneficio de la comunidad y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.

Neptuno y Venus, las esculturas de la polémica en Málaga, seguirán presidiendo la entrada al Puerto desde la ciudad al menos un año más. El alcalde la ciudad, el Presidente del Puerto y el autor de las obras, el ceutí Ginés Serrán, han encontrado una fórmula para materializar la indisimulada intención de que sigan sobre los pedestales, incumpliendo el compromiso que adquirió el Puerto en marzo.

Entonces, tras dos meses de intensa polémica en la ciudad por la estética, la ubicación y el coste, se firmó un acuerdo de comodato para disponer de las estatuas durante seis meses “sin posibilidad de prórroga”. Ese plazo vence este miércoles, pero el Ayuntamiento ya ha pedido al Puerto que las mantenga, y el Presidente del Puerto confirma a este medio que lo aceptará este mismo miércoles. La fórmula: el comodato acaba, pero ahora el artista dona las esculturas a la ciudad, el Consistorio pide al Puerto que las deje donde está y este da autorización.

“La solicitud del Ayuntamiento la tramitaremos favorablemente, como casi todo lo del Ayuntamiento, siempre que no entorpezca la operativa portuaria”, anticipa Carlos Rubio, Presidente del Puerto, quien asegura que cuando se comprometió a que las esculturas bajarían del pedestal el 16 de septiembre no tenía una agenda oculta: “Es que no teníamos ni idea de lo que iba a pasar” ¿Y qué ha pasado? “Que a la inmensa mayoría de la gente le ha gustado, y el Ayuntamiento, que ahora es el titular de las obras y tiene competencias en materia de Cultura, nos ha pedido que se queden. Si no lo pidiera, las desmontaríamos mañana”, argumenta Rubio.

El Ayuntamiento dice ahora que dentro de un año decidirá otra vez si esa es la “ubicación deseada”. El PSOE pide que se abra un proceso de participación ciudadana “real” con una encuesta ciudadana. “Lo que se presentó a Málaga como una instalación temporal corre el riesgo de convertirse en permanente por una decisión tomada desde un despacho y sin que la ciudad haya podido pronunciarse”, señala Mariano Ruiz Araujo, portavoz socialista. Toni Morillas, portavoz de Con Málaga, ha pedido la retirada.

El debate va mucho más allá de la estética o de las posibles irregularidades administrativas o contables: se trata de con qué criterios se gestiona un espacio público muy singular, ubicado en el tránsito de la fachada marítima al Centro Histórico de la ciudad.

80.000 euros de coste

Rubio y el Puerto tenían la intención inicial de que las esculturas permaneciesen a la entrada del Puerto durante al menos 25 años, pero la oposición frontal de instituciones como la Academia de Bellas Artes, el cuestionamiento de algunos consejeros y la división de opiniones de los ciudadanos le llevaron a parar y modificar el contrato con Serrán. El comodato se rebajó a seis meses, y se añadió una estipulación para recoger que no había posibilidad de prórroga. Además, el autor quedaba obligado a desmontarlo todo a partir de este miércoles, bajo penalización de 1.000 euros semanales si no lo hacía.

Ahora, Rubio decide prorrogar la permanencia de las estatuas, pero esgrime que no incumple lo firmado, porque aquel contrato se extingue y entra en escena una nueva “situación jurídica”: el Ayuntamiento, nuevo propietario, pide permiso para subirlas donde ya están. Y él tendría competencia para dar ese permiso, porque es una autorización por tiempo inferior a un año.

Las autorizaciones demaniales generalmente devengan tasa, salvo excepciones. De ser así, sería a cargo del Ayuntamiento. El Puerto ya gastó 80.000 euros en adecuar los pedestales al peso de las estatuas. “Se gastaron ese dinero cuando nos deben conceptos salariales desde 2022”, protesta Justiniano Sen, vocal de UGT en el Consejo de Administración del Puerto. Ese gasto está siendo investigado por el Tribunal de Cuentas. La posición del Presidente quedaría más comprometida si, tras el desembolso de hace seis meses, los pedestales quedaran ya sin uso.

Supuesta voluntad ciudadana o dinámica “clientelar”

La continuidad de las estatuas era algo que muchos vieron venir incluso cuando se anunció la decisión salomónica de limitar su exposición a seis meses. En este medio año, han caído en saco roto la petición de algunas instituciones culturales malagueñas (la Academia de Bellas Artes, el Ateneo, el IEUS y la Sociedad Económica de Amigos del País) para que la Junta de Andalucía interviniera por ser un lugar a pie del Centro Histórico (Bien de Interés Cultural). También se ha archivado una denuncia ante Fiscalía.

Entre tanto, se ha ido cociendo el plato con el uso de las esculturas para ponerles banderas de celebración por la victoria de la selección española de fútbol y el ascenso del Málaga CF, hasta llegar a la semana pasada, cuando Serrán anunció que había entregado 12.000 firmas pidiendo su continuidad y el alcalde Francisco de la Torre (PP) avanzó que pediría al Puerto que las mantenga.

El motivo es una voluntad supuestamente mayoritaria de la ciudadanía, de la que sin embargo no existe ninguna constancia documental. Tampoco las concejalas Carmen Casero y Mariana Pineda han anunciado encuesta alguna cuando han explicado que el Ayuntamiento volverá a decidir en septiembre de 2027. Las instituciones culturales han denunciado “dinámicas clientelares de información y opinión” que pretenden “confundir el gusto personal o una determinada opinión mayoritaria con el juicio cultural y estético”.  

Potenciar la “estética clásica” frente a la “obra contemporánea”

Toda esta polémica empezó cuando la Academia de Bellas Artes difundió un comunicado muy duro con las obras, que tildó de “kitsch” y “propias de la estética Marvel”, dos meses antes de que se colocaran. Hasta entonces, pocos sabían que el Puerto había aprobado de tapadillo, sin apenas debate, ceder durante 25 años su espacio más simbólico a estas estructuras creadas por Ginés Serrán.

La intención del artista, según dice, es sólo homenajear a su padre, natural del pueblo malagueño de Villanueva del Trabuco, y para ello cede y expone gratuitamente esas piezas: Venus con un sol mide cinco metros de altura y pesa 1,9 toneladas; Neptuno con red de pesca mide 7,5 metros y pesa 2,25 toneladas, y dos leones de 750 kilos cada uno, si bien el Puerto adaptó las columnas que los sostienen con datos erróneos. Juntos forman Las Columnas del Mar.

Mariana Pineda, concejala de Cultura, quien es también Historiadora del Arte, ha evitado hasta en tres ocasiones valorar el conjunto, alegando que “no es una obligación del cargo”. Luego ha asegurado que existe un informe técnico con “datos objetivos” que definen la “idoneidad”, pero se ha enredado al explicarlos, aludiendo a una recuperación de la “estética clásica” frente a la “obra cultural contemporánea que se estaba introduciendo en la ciudad”. Y ha advertido que otras ciudades han acabado incorporando obras a priori temporales, como Julia, de Jaume Plensa en Madrid, las seis esculturas de Tony Cragg en Valencia, o 'The Bay Lights', de Leo Villarreal, en el puente de San Francisco.

El incendio forestal declarado este domingo en el paraje Ermita del Rosario en la localidad de Benahavís (Málaga), ha obligado al desalojo preventivo de 50 personas de la urbanización Montemayor Alto mientras los efectivos luchan para que las llamas no alcancen las viviendas. El siniestro ha obligado a confinar el municipio y ha producido tres heridos: una persona ha sufrido quemaduras al intentar apagar el fuego, otra ha resultado afectada por inhalación de humo y un bombero forestal se ha fracturado una muñeca al sufrir una caída. La lucha contra el incendio se mantiene tras una noche que ha sido “activa”.

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) llegó a enviar un mensaje Es-Alert para confinar a la población, aunque no todos lo han recibido tras interrumpirse la comunicación telefónica en la zona al resultar afectada una antena. El siniestro (que se encuentra en el nivel 1 de emergencia, lo que supone implica un riesgo superior al normal pero todavía moderado) ha provocado el confinamiento preventivo de varias zonas de la localidad y la movilización de 22 medios aéreos, además de 200 efectivos del Plan Infoca.

En una atención a medios desde el Puesto de Mando Avanzado a última hora del domingo, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha indicado que, de las tres personas que han resultado heridas, una de ellas ha sido trasladada al Hospital Regional Universitario de Málaga con quemaduras y permanece en observación.

Tres personas heridas

Un bombero del Infoca ha sufrido una fractura de muñeca tras una caída y otra persona ha sido atendida por inhalación de humo, aunque su hogar no se ha visto afectado por las llamas. Un particular, un hombre de 78 años, presenta quemaduras externas en el 30-35% de la superficie corporal y ha sido evacuado en helicóptero medicalizado al Hospital Regional Universitario de Málaga. Otro particular ha sido atendido por inhalación leve de humo y dado de alta en el lugar.

Ninguna vivienda ha resultado perjudicada por las llamas, aunque sí se han registrado daños en elementos como terrazas, entradas o rejas. Al hilo, ha destacado el trabajo de los bomberos y del dispositivo Infoca en la protección de las urbanizaciones y la atención a las incidencias.

Sobre la evolución del fuego, la principal dificultad radica en que se ha luchado contra un fuerte viento de levante que ha soplado de 30 a 35 kilómetros por hora, pero con rachas de hasta 50 kilómetros por hora. A ello se une la complicada orografía del terreno, con barrancos y cuencas. “Se trabaja por contener la cabeza, que avanza a mucha velocidad”, en un incendio que ha definido como “muy alargado”, de ahí que “lo más importante era volcarnos en proteger a la población, porque estamos en una zona de extraordinario peligro y el fuego se ha metido por en medio de la urbanización”.

Las características del fuego ha hecho que haya ido evolucionando y presentado diferentes alineaciones. Por el momento, el objetivo prioritario es contener la cabeza y evitar que avance hacia el norte, mientras los efectivos trabajan también en la protección de la urbanización Montemayor y La Coja.

Confinamiento del municipio

Las previsiones apuntaban a que durante la noche disminuirían las rachas de viento, hasta bajar a en torno los 14 kilómetros por hora, aunque se auguraba una noche “activa”. El dispositivo trabaja “al máximo” para contener el fuego, especialmente en la cabeza del mismo y las zonas habitadas.

En cuanto al origen del fuego, sobre las 12.37 horas del domingo el Servicio de Emergencias 112 recibió una llamada que alertó del incendio en el municipio, concretamente a la altura de la Ermita del Rosario y las zonas habitadas por población. En vistas de que podía afectar a los vecinos de la localidad, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) envió un mensaje Es-Alert a la población sobre las 14.34 horas del mediodía con el objetivo de confinar a la población.

Algunos vecinos pudieron no recibir este mensaje, dado que la zona en la que ha tenido lugar el fuego ha afectado a la conexión por cable que ha impedido la continuación de la comunicación móvil y ha creado afectaciones en esta alerta. A la población se le ha indicado que debe seguir las instrucciones del 112 y de los operativos que se encuentran en la zona. Entre las recomendaciones hechas está evitar riesgos, que los habitantes de la zona se confinen en una vivienda o edificio de mampostería y cerrar las puertas y ventanas de las viviendas, así como proteger a las personas más vulnerables, entre ellos niños, personas mayores y enfermos ante la presencia de humo.

Un paciente con viruela del mono se encuentra ingresado en el Hospital Costa del Sol de la localidad malagueña de Marbella, centro que ha iniciado todos los protocolos establecidos para estos casos.

En relación con este caso, adelantado por Málaga Hoy, desde la Delegación de Sanidad han señalado que “como en todos los casos de infecciones, se toman las medidas oportunas según los protocolos, por lo que no existe ningún riesgo”.

Asimsmo, han indicado que el hospital “dispone de la infraestructura necesaria para abordar este tipo de casos y se toman las medidas oportunas según los protocolos establecidos”.

Más estrellas, más espacio y propósito de enmienda. A falta de apenas 20 días para que miles de fans traspasen su icónico portal, la San Diego Comic Con ha presentado en Málaga la segunda de las tres ediciones (al menos) que la ciudad acogerá de la gran convención de la cultura popular y el entretenimiento. La cita es del 1 al 4 de octubre.

Donde en 2025 triunfó Terminator, este año se espera a Frodo y Sam; si el año pasado una estrella de Sensación de Vivir, aquella mítica serie de la factoría Aaron Spelling, se paseó entre fans por la capital de la Costa del Sol, este año le toca a la tripulación al completo de la Rodger Young de Starship Troopers, la película de culto de Paul Verhoeven; y donde hace doce meses alrededor de 100.000 fans llenaron hasta rebosar el Palacio de Congresos de Málaga, este año se esperan cifras similares, pero para un espacio mayor, mejor definido y con mejores recorridos.

El reto es multiplicar las caras conocidas que dan valor a este evento (algo conseguido, según sus responsables) y, sobre todo, garantizar que para para todos los asistentes sea una experiencia satisfactoria más allá de la emoción de ver a sus ídolos. “Llevamos meses pensando en los espacios, los flujos y contenidos”, ha admitido Fernando Piquer, nuevo responsable de la cita, que ofrecerá 300 horas de contenido en los 60.000 metros cuadrados del Palacio de Congresos y las zonas exteriores habilitadas.

La masificación y los errores organizativos enturbiaron el disfrute el año del debut. Hubo fans que se pasaron horas en colas, que se alargaban por kilómetros hasta cruzarse unas con otras, y quienes se volvieron de vacío tras invertir cientos de euros. Las organizaciones de consumidores registraron cientos de quejas, los fans volcaron su frustración en redes y el clamor fue tal que el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el alcalde Francisco de la Torre dieron un tirón de orejas público a los organizadores. Tanto la Junta de Andalucía (a través de Turismo Andaluz y de la Agencia Digital Andaluza) como el Ayuntamiento de Málaga patrocinan el evento con tres millones de euros y 980.000 euros por edición, respectivamente.

Dentsu, que tiene la licencia para el evento en Europa, fue poniendo a la venta sucesivas remesas de entradas al ver que las que salían volaban. Tras marcarse un objetivo inicial de 45.000, llegaron a admitir que habían rebasado el aforo previsto para el recinto (120.000 asistentes en cuatro días, dijo su director), antes de corregirse y rebajar la cifra a 100.000.

“Queremos una Comic Con preparada para el fan”

La dirección del evento, con nuevos responsables al frente, sabe que aquella imagen lastró el éxito de la primera edición y dice que no volverá a ocurrir: habrá más espacio, al añadirse 50.000 metros cuadrados cubiertos en el exterior del Palacio de Congresos con 90 stands para firmas de artistas, expositores, los funkos o exposiciones de arte, y un nuevo estudio para encuentros más cercanos con las estrellas; se dinamizarán los flujos para evitar los cruces de cola que colapsaron el recinto el año pasado; y se pondrá a disposición de los fans una agenda virtual para ayudarles a organizarse y reservar los eventos a partir del 25 de septiembre, previa activación del “perfil del fan”.

“Queríamos escuchar, trabajar con humildad, construir una Comic Con preparada de verdad para el fan”, ha explicado Fernando Piquer, admitiendo implícitamente que eso no sucedió el año pasado. Piquer, quien ha sustituido a Javier Barbera como director ejecutivo de la cita, sí aporta una sólida experiencia en el entretenimiento, los videojuegos y los e-sports. “La experiencia del año pasado ayuda a saber cómo organizar las cosas para que todo el mundo pueda estar a gusto”, ha advertido este miércoles el alcalde De la Torre. El objetivo, insisten ahora, es que todo el mundo salga contento. “El aforo es 90.000, pero si vemos que hay que restar lo haremos. No buscamos el sold out. Si sucede, estupendo, pero lo que buscamos es la calidad”, resumen.

Las entradas, que en la primera edición costaban 50 euros, ahora cuestan 84,80 € para adultos y 37,10 € para menores de hasta 12 años, con los gastos de gestión ya incluidos.

John Romita Jr., Starship Troopers y Los Serrano

En cuanto al cartel, la presentación en Málaga apenas ha añadido novedades a lo que ya se sabía desde que sus grandes estrellas se desvelaron en Madrid a principios de julio. El evento sigue los pasos del original en San Diego: estrellas televisivas, del mundo del cómic y de todo aquello que pueda tener alguna relación con la cultura pop (los videojuegos, las miniaturas, el cosplay), capaces de atraer al fandom de cada uno de esos mundos. Figuras por las que esos fans se desplazarían desde cualquier otra parte de España e incluso de Europa. El objetivo (cumplido, según Piquer) era multiplicar por cuatro el número de estrellas la primera edición.

En ese espacio hay también concesiones a lo mainstream si cabe sostener la vinculación con el universo propio de la San Diego Comic Con. Arnold Schwarzenegger, invitado de honor de la primera edición, es una figura universal, una estrella super gigante en términos astronómicos. No hay otra comparable en esta edición, pero sí muchas más estrellas: Elijah Wood y Sean Austin (Frodo y Sam en El Señor de los Anillos); Jason Lee y Kevin Smith (Mallrats); Christopher Lambert (Los Inmortales); Mira Sorvino (Poderosa Afrodita); el elenco casi al completo de Starship Troopers (Casper Van Dien, Denise Richards, Michael Ironside, Dina Meyer y Jake Busey); o Karl Urban (The Boys). Además, la concesión patria al reparto de Los Serrano, con Antonio Resines al frente.

Eso, en cuanto al cine y a la televisión. En el cómic, la segunda gran pata de la SDCC, destaca el panel de ilustradores de Spider-Man, con con John Romita Jr, Pepe Larraz, Rick Leonardi y Giuseppe Camuncoli; Carmen Carnero (Capitana Marvel, Miles Morales) o Juanjo Guarnido (Blacksad), entre muchos otros.

Pero el objetivo declarado de los organizadores es que cada disciplina tenga sus estrellas. Desde las de nicho, como la pintura de miniaturas, con Ángel Giráldez, o el doblaje, con un elenco de lo mejor en España, a las mayoritarias, como los videojuegos (Dave Jones, creador de Lemmings o Grand Theft Auto, John Romero, de Doom, o Akira Yamaora, compositor de la banda sonora de Silent Hill) o el anime, donde este año destaca la presencia de Shin'ichirō Watanabe, el creador de la histórica Cowboy Bebop.

“Pero no queremos que sea solo una suma de nombres colocados en un programa, sino cuatro días que quieras recordar”, ha matizado Piquer. La idea es que el fan acabe sintiendo que forma parte del evento. “Que comiencen su viaje como héroes solitarios pero tras su paso se marchen formando parte de algo mucho más grande, un equipo”.