Al Gobierno de Canarias se le sigue atragantando la ejecución del presupuesto destinado a la transición ecológica y energética del Archipiélago. El Ejecutivo regional apenas ejecutó el 41,9% de los fondos disponibles para esta área en 2025, el peor dato, de nuevo, entre todas las consejerías de la Administración presidida por Fernando Clavijo (CC).

El departamento que lidera Mariano Zapata (PP) contó el año pasado con un crédito definitivo de 494,6 millones de euros, pero solo gastó 207,2 millones. Es menos de la mitad del presupuesto. En 2024, el curso anterior, el resultado fue aún peor, con un porcentaje de ejecución del 26%. La oposición le afeó a Zapata estas cifras durante una sesión en el Parlamento autonómico la semana pasada.

“De cada cinco euros que tuvieron ustedes, solo fueron capaces de gastar dos. Y después vienen aquí a hablar de transformación ecológica. Pero la transformación ecológica no se hace con discursos bonitos. Se hace ejecutando políticas públicas”, reprochó la diputada socialista Alicia Vanoostende.

“Comenzaron la legislatura prometiendo mucho: agilizar trámites, simplificar burocracia, reforzar equipos… Y después de tres años, no hemos visto nada de eso. Pero sí hemos visto cómo descabezaron equipos técnicos, cómo cambiaron líneas de subvenciones y cómo generaron más desorden. Y el resultado está ahí: cientos de millones todavía en el aire”, continuó Vanoostende.

La Consejería de Transición Ecológica y Energía tenía asignados 530,8 millones de euros procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Sin embargo, el grado de ejecución de estos fondos ha sido limitado desde el inicio del programa. El departamento gastó 7,3 millones en 2021 y apenas 2,4 millones en 2022. La cifra aumentó hasta los 30,9 millones en 2023, descendió a 25,9 millones en 2024 y repuntó hasta los 93,3 millones en 2025.

Aún quedan por ejecutar 360,3 millones de euros de fondos europeos destinados a la instalación de parques eólicos y fotovoltaicos, el fomento del autoconsumo y la restauración de espacios naturales protegidos dañados. Además, otros 10,6 millones ya han sido reintegrados. Ese era, al menos, el diagnóstico que recogía el informe de avance de ejecución presupuestaria elaborado en febrero de 2026 por la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, al que ha tenido acceso Canarias Ahora.

La situación adquiere especial relevancia porque el plazo para justificar los proyectos de energías renovables y descarbonización financiados con fondos Next Generation concluye en julio de 2026.

Zapata, por su parte, ha justificado los bajos niveles de ejecución alegando que Canarias “nunca había gestionados fondos europeos de esta naturaleza ni de esta escala”. Según explicó, su departamento tuvo que construir “desde cero” la estructura administrativa necesaria para gestionar estos recursos extraordinarios. Y ha matizado que, en los programas de gestión ordinaria, al margen del maná europeo, el grado de cumplimiento superó el 94% “en la mayoría de las direcciones generales”. En toda la consejería, no obstante, fue del 82,1%, el segundo más bajo de todo el Ejecutivo regional, solo por delante del departamento de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad (80,7%).

“La foto de esta consejería en 2025 no es la de una administración que no ejecuta. Es la de una que ha cumplido con los hitos del plan de recuperación y que tiene para 2026 una estimación de ejecución de 309 millones de euros. El reto es mayúsculo”, remachó Zapata.

A pesar de estas explicaciones, la Consejería de Transición Ecológica y Energía volvió a registrar el peor nivel de ejecución presupuestaria del Gobierno canario. Su porcentaje de ejecución, del 41,9%, se situó más de veinte puntos por debajo del siguiente departamento en la clasificación, Turismo y Empleo, que alcanzó el 63%. Tras este se situaron Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas (75,2%), Hacienda y Relaciones con la Unión Europea (78,5%), y Obras Públicas, Vivienda y Movilidad (79,7%).

Las consejerías de Sanidad (97,8%), Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad (97,6%), y Educación (96,3%) fueron las que mejor lo hicieron.

En 2025, el Gobierno de Canarias dejó sin ejecutar 1.051 millones de euros, según los datos del Ministerio de Hacienda. Desde la llegada al poder de la coalición formada por CC y PP en el verano de 2023, el volumen de crédito no gastado asciende ya a 3.430 millones.

Solo en materia de transición ecológica y lucha contra el cambio climático, las cantidades sin ejecutar han sido de 304,4 millones en 2023, 427,7 millones en 2024 y 287,4 millones en 2025. En total, 1.019 millones de euros destinados a políticas climáticas en tres años que se han ido por un sumidero.

Las 24 jaulas marinas proyectadas frente a las costas de La Aldea de San Nicolás y Artenara verterán cada año unas 740 toneladas de heces y residuos al fondo marino, con el riesgo de provocar “alteraciones ecológicas importantes”, según un informe de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental (CAEA) del Gobierno de Canarias. La instalación prevé producir 5.400 toneladas de lubina en una superficie de 47,2 hectáreas. Greenpeace ha convocado este domingo una protesta contra su implantación.

Los técnicos del Ejecutivo regional han advertido de que la futura piscifactoría se instalaría en aguas oligotróficas, pobres en nutrientes y habitadas por especies adaptadas a esas condiciones durante miles de años. Según el informe, la acumulación de hasta 5,5 millones de lubinas al año y el consumo de unos 850.000 kilos de pienso al mes alterarían ese equilibrio ecológico y afectarían tanto a la columna de agua como a los fondos marinos.

El documento repara en que el vertido masivo de residuos, sumado al aumento de la temperatura del agua asociado al cambio climático (con valores superiores a los 24 grados) podría favorecer proliferaciones masivas de la cianobacteria marina ‘Lyngbya majuscala’. Esta cianobacteria produce toxinas que causan irritaciones respiratorias, oculares y cutáneas en humanos. Y puede causar la muerte por hemorragias en aves o la aparición de tumores en tortugas.

La Comisión recuerda que el impacto de una piscifactoría depende en gran medida de su emplazamiento. Según el organismo, las ubicaciones más adecuadas son las alejadas de la costa, con mayor profundidad, fuertes corrientes y fondos marinos sin comunidades sensibles. Y, según los reparos recogidos en el informe, no parece que la proyectada en el litoral norte de la isla de Gran Canaria encaje en ese perfil.

Para empezar, no estaría especialmente alejada de la costa. El vértice más cercano al litoral se situaría a 840 metros. El espacio marino protegido más cercano, una Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA), quedaría a 3,6 kilómetros de distancia, mientras que la Zona de Especial Conservación (ZEC) ‘Sebadales de GüíGüí’ se encuentra a 7,4 kilómetros al suroeste.

Los propios estudios de la promotora, Gran Canaria Bass Company SL, una filial de una empresa con sede en Emiratos Árabes Unidos, reconocen que las corrientes transportarían parte de las partículas generadas por las jaulas hasta la costa, donde podrían reducir la disponibilidad de luz para las comunidades de algas de los fondos rocosos.

Y, por otro lado, ocho de los 24 viveros se ubicarían a menos de 40 metros de profundidad, lo que, según el informe, incumpliría el artículo 39 del Plan Regional de Acuicultura (PROAC). Esta norma establece que las jaulas solo pueden instalarse en puntos donde la profundidad sea, como mínimo, el doble del calado de la red. En este caso, las redes tienen 20 metros de profundidad.

La CAEA ha indicado también que toda la franja marítima donde se proyecta la piscifactoría está catalogada como Zona de Uso Prioritario para la Protección de la Biodiversidad (ZUPPB), según el Plan de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) de Canarias. Resulta que esa clasificación se solapa, no obstante, con la Zona de Alto Potencial para la Acuicultura (ZAPAC) establecida por el PROAC.

La macrogranja afectaría “prácticamente la totalidad del área” de los fondos arenosos colonizados por la anguila jardinera, asociados al Hábitat de Interés Comunitario (HIC) ‘Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda’. En la zona también se han identificado múltiples ejemplares del tiburón angelote, una especie en peligro de extinción que tiene en Canarias uno de sus últimos refugios a nivel mundial.

El Servicio de Planeamiento y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria ha alertado asimismo de que la sombra proyectada por los viveros, que ocuparían 86.400 metros cuadrados, y el despliegue de las líneas de fondeo provocarían un “impacto importante” sobre el alga parda, conocida como mujo amarillo, especie catalogada como vulnerable. La Corporación insular concluye que este impacto “no se puede considerar como puntual, temporal y reversible”. Y a ello se le suma la presencia de otras algas vulnerables señaladas por Greenpeace, como la ‘Gelidium canariense’ y la ‘Gelidium arbuscula’.

La Comisión advierte de un riesgo real de “escape supermasivo” de peces de acuicultura, dado que el litoral noreste de Gran Canaria está expuesto a “grandes temporales marinos”. Esos ejemplares de lubina depredarían a otras especies, según el informe, como los juveniles de boga o de vieja, de interés pesquero. Un informe de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Las Palmas señala que en Canarias se registraron 16 fugas masivas de este tipo entre 1998 y 2009, y que en 2010 llegó a escaparse el 90% de una granja en La Palma.

La CAEA concluyó, tras analizar todos estos impactos, que la iniciativa debe someterse a la evaluación de impacto ambiental ordinaria, la más exhaustiva, al considerar que podría tener “efectos significativos sobre el medio ambiente”. Este procedimiento sigue en curso y puede prolongarse durante años. Como ejemplo, el proyecto de una granja de pulpos en el Puerto de Las Palmas, que fue sometido a esta misma evaluación en 2023, aún no ha concluido.

Greenpeace, la Plataforma por un Mar Limpio y pescadores artesanales han alertado de los planes de Gran Canaria Bass Company SL. La empresa, creada específicamente para impulsar una granja de peces en Gran Canaria, forma parte del grupo SSB Holding, con actividad previa en acuicultura en Centroamérica y busca expandirse en países como Noruega, Escocia y Omán, además de impulsar otros proyectos en Canarias, concretamente en Lanzarote y Tenerife.

El PSOE de La Aldea también ha pedido transparencia y ha reclamado las conclusiones de un estudio encargado por el Ayuntamiento para analizar “el estado actual y las posibilidades de desarrollo pesquero y acuícola” en el municipio que tuvo un coste de 15.000 euros públicos.

“En La Aldea hemos percibido un rechazo muy amplio de la población. La ciudadanía entiende que el proyecto les perjudicaría en la pesca tradicional, en la construcción del muelle para la logística del transporte y por su impacto medioambiental, además de su proximidad a GüíGüí. Sería catastrófico”, señala Vanessa Santana, activista de Greenpeace.

La manifestación convocada para este domingo tendrá lugar en el puerto de La Aldea, a las 10:00 horas.

Miércoles, 5 de enero de 2022. Manuel (nombre ficticio) trabaja como jardinero en la empresa Canaragua, la principal compañía de gestión del ciclo integral del agua en Canarias. Está podando unos matos en las inmediaciones de un barranco cuando pisa un hoyo y se le dobla la pierna derecha, sintiendo un charrasqueo en la rodilla.

Dos días más tarde acude a la mutua laboral Asepeyo para comunicar lo ocurrido. Dice que sintió cómo la rodilla se le fue “a un lado” y que varios compañeros de trabajo presenciaron el incidente.

El informe de asistencia, sin embargo, no aprecia signos compatibles con un traumatismo reciente. No encuentra ningún hematoma, derrame ni hinchazón. Apunta de hecho que la rodilla accidentada, la derecha, se ve igual que la izquierda. Detalla que las exploraciones realizadas para valorar una posible lesión de ligamentos o meniscos resultan negativas. Y agrega asimismo que existen “cambios degenerativos” en la parte interna de la rodilla y en la rótula. La prueba que detecta el roce o chasquido por desgaste de la rótula, la que se conoce como “prueba del cepillo rotuliano”, sí da positivo.

La mutua rechaza declarar que el trabajador sufrió un accidente laboral “dada la inexistencia de mecanismo accidental traumático”. En su resolución, lo deriva a la sanidad pública canaria aludiendo a “los antecedentes quirúrgicos del paciente”, a su “constitución obesa” y a que en la exploración “no hay esguince” ni “signos agudos inflamatorios de traumatismo”.

Manuel enferma de COVID-19 al día siguiente. Es 8 de enero de 2022 y está de baja a causa del virus hasta el 21 de ese mismo mes. Tres días después, el 24, es valorado por su médico de cabecera, que le prescribe una baja por enfermedad común con el diagnóstico de “esguince de localización no especificada de la rodilla”.

Es la primera vez que recibe tratamiento por una dolencia de este tipo. Muestra “impotencia funcional” y “dolor agudo”. Nunca había estado de baja por problemas en esa rodilla ni había seguido tratamiento analgésico al respecto.

A finales de marzo, el hombre solicita al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) la determinación de contingencia para que su baja sea reconocida como accidente de trabajo. Meses después, en verano, sufre otra tragedia: mientras iba en bicicleta, es atropellado frontalmente por un coche kamikaze que circulaba en dirección contraria y que se dio a la fuga. Nuevos análisis confirman entonces “artrosis marcada” en su rodilla derecha. 

La historia de Manuel es también la del colapso de la sanidad pública canaria. En junio de 2023, su historial clínico recoge tres visitas al servicio de Traumatología por un dolor “recurrente invalidante” para recibir una infiltración que no pudo practicarse en ninguna de esas ocasiones por la falta de facultativos.

En agosto, el INSS deniega su petición al considerar que “no queda acreditado” que la lesión se produjera “en tiempo y lugar de trabajo”. En febrero de 2024, dos años después de sufrir el accidente, el Instituto le reconoce una Incapacidad Permanente Total para su profesión habitual, aunque la cataloga como derivada de “enfermedad común”. Manuel la impugna y acude, también, a los tribunales, donde consigue su primera victoria en todo este tiempo.

Una sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de Las Palmas de Gran Canaria estimó la demanda del trabajador y declaró que su incapacidad temporal tenía origen laboral, por lo que obligó a la Mutua Asepeyo a abonarle la prestación correspondiente y a devolverle las cantidades no percibidas. La base reguladora en este caso de la prestación por accidente de trabajo asciende a 1.979,20 euros al mes.

El fallo otorgó plena credibilidad a las declaraciones de los compañeros de trabajo que estuvieron presentes el día de los hechos y dio validez al informe emitido por el perito médico propuesto por Manuel, quien recordó que el empleado no había sufrido ninguna baja previa por patologías en esa rodilla.

Pero la mutua recurrió. Presentó un recurso ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que en una reciente sentencia ha desestimado su apelación, ha ratificado que la baja de Manuel derivó de un accidente de trabajo y ha impuesto a Asepeyo el pago de 800 euros en costas. El fallo es firme, han confirmado fuentes del TSJC. Su ponente es la magistrada Gloria Poyatos.

El alto tribunal canario ha recriminado el “rechazable vicio procesal” de la mutua al destacar que construyó todo su recurso sobre “afirmaciones que no vienen avaladas” y partiendo de “premisas fácticas distintas a las de la resolución recurrida”. Es lo que se conoce en derecho como “petición de principio” o “hacer supuesto de la cuestión”.

Asepeyo pidió que se modificara el relato de los hechos para que constara que el accidente ocurrió “mientras [Manuel] se dirigía a su casa”, ya que el propio trabajador indicó, cuando acudió a la mutua, que se lesionó “al salir del trabajo andando”, por lo que sería un accidente ‘in itinere’. También solicitó que se incluyera en ese relato el atropello que sufrió mientras circulaba en bicicleta. La mutua otorga “relevancia” a este hecho porque se produjo en verano de 2022, mientras que el informe pericial sobre el estado de salud de Manuel se emitió después, en septiembre de 2023.

El TSJC, no obstante, desestimó todos y cada uno de los argumentos de la entidad. Concluye que Manuel se dobló la pierna “durante la jornada laboral” y que ese hecho probado “descansa en la prueba testifical” en primera instancia de sus compañeros de trabajo.

Asimismo, ante el informe pericial de la mutua (que descartó que hubiera un golpe traumático evidente y apreció una “contradicción” entre cómo se produjo la lesión según lo manifestado por el trabajador al acudir a urgencias y lo posteriormente relatado en la demanda), el alto tribunal canario respetó “la valoración realizada” por la jueza de instancia, que dio mayor credibilidad al informe médico aportado por Manuel, en el que se señala que el paciente comenzó a sufrir dolor en su rodilla derecha desde el día en que se produjo el accidente, y no antes.

“La doctrina del Tribunal Supremo” dice que “ante dictámenes médicos contradictorios, (…) se ha de atender a la valoración realizada por el magistrado de instancia”, recoge la sentencia.

Canarias Ahora contactó con la Mutua Asepeyo para conocer su versión de los hechos, pero hasta el momento de la publicación de este artículo no ha habido respuesta. En una entrevista publicada hace semanas en ‘Prensa Ibérica’, su director en Canarias, Ángel Castillo, afirmó que “se usa la baja como refugio para cosas que nada tienen que ver con la salud” y que las mutuas no tienen “ningún interés económico”.

Pero lo ocurrido a Manuel no sorprende a los sindicatos. Carmen Marrero, secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras (CCOO), denuncia que es “bastante habitual” que las mutuas, “de manera muy recurrente”, deriven a los servicios públicos a trabajadores “sin haber hecho un estudio previo de si realmente el origen de su patología es laboral”.

Los datos la respaldan. El 21,52% de las quejas formales presentadas contra las mutuas a nivel nacional se deben a discrepancias con la calificación de la contingencia. Es decir, a casos en los que se califican como enfermedad común lesiones que los trabajadores consideran accidentes laborales.

Este tipo de reclamaciones ha pasado de 4.129 en 2023 a 4.551 en 2024, según el último informe publicado por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El número total de quejas también se ha elevado, al pasar de 17.953 a 21.146.

Las cifras revelan que Asepeyo recibió 3.657 reclamaciones en 2024, un 44,72% más que en 2023, el mayor aumento reportado entre las mutuas. Y también que es la entidad que registra el mayor índice de incidencia de quejas (0,17%) en relación con la población que tiene protegida. 

Marrero cree que existe cierta “connivencia” entre las mutuas y las empresas para invisibilizar la siniestralidad laboral. A su juicio, declarar una enfermedad profesional o un accidente de trabajo evidencia que la mercantil puede tener problemas de seguridad y la obligaría a invertir en mejorar las condiciones laborales. “Las empresas lo que quieren es salir bien en la foto”, resume.

La secretaria de Salud Laboral de CCOO reconoce que “no todas las personas” tienen la fuerza que ha demostrado el jardinero Manuel para luchar en los tribunales y lamenta que muchos trabajadores se sientan “demasiado pequeñitos para enfrentarse a la empresa y a todo un sistema jurídico que no controlan”.

Marrero denuncia la saturación de los servicios públicos como consecuencia de ello y el retraso en la obtención de diagnósticos que, en incontables ocasiones, acaban cronificándose. “Las mutuas están muy bien dotadas de recursos materiales para determinados diagnósticos. Son recursos que deben estar al servicio o en beneficio de la recuperación de las personas trabajadoras”, añade.

José Francisco Hernández, técnico de prevención de riesgos laborales en UGT, ahonda en la misma línea. “En muchas ocasiones, el proceder de las mutuas es primero negar y después que el trabajador o la trabajadora pelee. En cierto modo, si se me permite la expresión, nada objetiva, es como poner a los lobos a cuidar de las ovejas”, sentencia.

Marrero exige que las mutuas sean integradas directamente dentro de la Administración Pública y que atiendan desde el primer momento a los trabajadores, sin excusa. En caso de considerar que el empleado no se lesionó en el trabajo, la de CCOO reclama que sea la mutua (y no la persona trabajadora) la que acuda al INSS para que revise la incapacidad temporal.

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha denunciado a la exdirectora del IES Los Cristianos, Samira Tela, a su hija y a quien sería la pareja de esta última por el desvío de más de 85.000 euros mientras la primera ostentaba el cargo de directora del IES Los Cristianos, en Arona (sur de Tenerife), entre los años 2022 y 2024.

El Ministerio Público sostiene que se realizaron múltiples transferencias sin justificar o sustentadas en justificaciones falsas desde la cuenta bancaria del mencionado centro a otras cuyos titulares eran la propia Tela y las otras dos personas denunciadas. El importe total de esas transferencias excede los 85.000 euros y, de momento, no ha sido recuperado.

La denuncia ha sido presentada ante el Tribunal de Instancia de Arona, aunque todavía no ha sido admitida a trámite, confirman fuentes de la Fiscalía. Canarias Ahora se ha puesto en contacto con Tela para recabar su versión sobre estas acusaciones, sin éxito.

La exdirectora fue expedientada por la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado del Gobierno de Canarias a finales de agosto de 2024, tras recibir varios escritos críticos con su gestión en los que se aludía a “presuntos casos de acoso y malas formas”, tal y como reveló este periódico en exclusiva.

La apertura de ese expediente conllevó su suspensión provisional de funciones. En febrero de 2025, el Ejecutivo regional acordó finalmente inhabilitarla un año y nueve meses por abuso de autoridad, malos tratos y una función “negligente”. En solo dos años, más de cincuenta profesores con plaza definitiva abandonaron el instituto y un total de 78 estuvieron de baja.

La Fiscalía señala que la mayor parte de las transferencias desde la cuenta bancaria del centro a las de los denunciados se intentaban justificar mediante servicios “irreales”. Pone como ejemplo pagos mensuales a quien sería la pareja de la hija de Tela (por entonces estudiante de ingeniería informática) por supuestos servicios informáticos de los que ya se encargaba la Consejería de Educación a través de las plataformas Ciber Centro y CAU_CE.

La denuncia también revela que, “en múltiples ocasiones”, se registraban en el Sistema de Gestión Educativa de Canarias (SIGECO) transferencias dirigidas a empresas reales sin aportar las correspondientes facturas. Esos pagos se utilizaban como una “falsa justificación de otros apoderamientos de caudales públicos que debían haberse invertido en el interés del IES Los Cristianos”, apunta el Ministerio Público.

La Fiscalía considera que estos hechos presentan indicios de un delito de malversación de fondos, previsto y penado en el artículo 432 del Código Penal.

Una auditoría externa de las cuentas del recurso educativo correspondiente a 2022, 2023 y el primer semestre de 2024 afloró una enorme diferencia entre los gastos registrados en el SIGECO y la documentación existente en el centro.

Analizando solo las facturas, el descuadre neto fue de 340.000 euros. El instituto contabilizó pagos por casi 539.000 euros con 211 proveedores sin disponer de las facturas correspondientes. Sin embargo, también se hallaron facturas físicas por un importe superior al reflejado en las cuentas, con un exceso acumulado de 198.000 euros. Solo en el caso de 45 proveedores hubo una coincidencia exacta entre las facturas y el SIGECO, con desembolsos que suman 39.000 euros.

El informe también compara los apuntes contables del SIGECO con “todos los documentos” consultados por los auditores, incluidas facturas proforma o recibos que podrían corresponderse con gastos, aunque no estén respaldados por facturas válidas. En ese caso, el importe total de la documentación física y las facturas electrónicas alcanzó los 808.000 euros, frente a los 860.000 euros registrados en el SIGECO. La diferencia se situó en 51.829 euros.

Los peritos encontraron facturas que incumplen la normativa vigente en materia de facturación, al incluir de forma indebida el IGIC o carecer de datos obligatorios. También hallaron facturas emitidas a nombre de la Consejería de Educación, del IES Los Cristianos y de otras entidades o personas, como el IES El Sobradillo, CEIP José Pérez y Pérez, CEIP Buzanada o la propia Samira Tela.

La auditoría identificó asimismo a proveedores cuya facturación anual supera el umbral de 15.000 euros fijado para los contratos menores por la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, lo que podría implicar “posibles incumplimientos de la normativa vigente”. Entre la documentación supuestamente correspondiente al periodo 2022-2024, se colaron facturas antiguas de 2018, 2020 y 2021.

El informe concluye que, dadas las diferencias detectadas durante el análisis, resulta “necesario” elaborar una segunda auditoría más exhaustiva para obtener un mayor grado de exactitud. Esa segunda auditoría sí llegó a realizarse, según han confirmado fuentes de la Consejería de Educación.

Miércoles, 30 de agosto de 2023. Pedro, vecino de Gáldar (norte de Gran Canaria), pinta la fachada del local de sus padres subido a una escalera. El establecimiento está abierto al público. Pueden verse en su interior algunas herramientas, cubos de pintura y sacos de cemento. También hay una barra, neveras y grifos de cerveza. Pero el negocio lleva meses sin actividad.

Aunque se aprecia un cartel con el nombre ‘Cafetería Piscolabis Daniel & Melo’, lo cierto es que nadie lo explota desde hace más de medio año. Pedro solo está realizando una pequeña reforma para volver a alquilarlo. Vive con sus padres en el mismo inmueble donde se encuentra el comercio, pero en la planta superior. Todo parece normal hasta que un subinspector de trabajo que paseaba por la zona se le acerca.

El agente, que no acude al local a raíz de una denuncia, sino que simplemente paseaba por ahí, le pide que se identifique. Está efectuando inspecciones en el marco de una campaña contra la economía irregular y el empleo de extranjeros en el sector de la construcción. Cree que Pedro es un trabajador, por lo que su intención es llevar a cabo un control laboral. Pero Pedro se niega. Y ahí comienzan los problemas.

El hombre le dice al subinspector que no es de su competencia exigirle la identificación y que el establecimiento pertenece a su familia. El agente le responde que debe colaborar y que tiene facultad para entrar libremente, en cualquier momento, en cualquier centro de trabajo. La discusión escala rápido. Pedro adopta una postura “violenta y amenazante”. Ni siquiera ante la presencia de un policía local de Gáldar, que le pide cooperar, se identifica. Continúa mostrando una actitud “nerviosa y dando voces”. Solo facilita sus datos ante el policía cuando el subinspector de trabajo se marcha.

Ocho meses más tarde, una propuesta de sanción llega a su buzón: multa de 12.001 euros por cometer una infracción “muy grave” de obstrucción a la labor inspectora. Daba igual que estuviera trabajando o no. Lo que se castigó fue su negativa frontal a cooperar.

Pedro recurrió por la vía administrativa, pero sus pretensiones fueron desestimadas. También acudió a los tribunales, donde el juez, esta vez, se ha apiadado (solo un poco) de él.

Una sentencia firme del Juzgado de lo Social de Gáldar recoge el relato anterior como los “hechos probados” del encontronazo entre Pedro y el subinspector, tras una “valoración conjunta” de la documentación incluida en el expediente.

El magistrado Ángel Miguel Martín Suárez defiende la “presunción de certeza” de las actas de infracción de la Inspección de Trabajo, establecida en el artículo 23 de la Ley 23/2015, del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Además, concluye que la conducta de Pedro vulneró varios preceptos de esa misma norma y también del Real Decreto 5/2000, por el que aprueba la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

“No obstante”, agrega el juez, el hecho de que el establecimiento fuera de sus padres, que Pedro solo estuviera reformándolo para alquilarlo en un futuro y de que sufriera una “alteración nerviosa” ante el agente han llevado al magistrado a modificar el grado de la sanción de “muy grave” a “grave” y rebajarla a 3.750 euros, el mínimo posible.

El fallo admite que la conducta del hombre resulta “reprochable, rechazable e injustificada”. Pero aplica lo que se conoce como principio de proporcionalidad, recogido en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que permite reducir las sanciones al grado inmediatamente inferior después de analizar “la gravedad del hecho y las circunstancias concurrentes”.

El magistrado detalla en la sentencia que Pedro es demandante de empleo, vive con sus padres y cuida de su madre, a quien la Dirección General de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias reconoció en junio de 2023 el Programa Individual de Atención, consistente en una prestación económica de casi 300 euros para cuidados en el entorno familiar.

El fallo se apoya en doctrina de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, recogida en una resolución fechada el 5 de junio de 2025, que establece cómo y cuándo la justicia debe aplicar el principio de proporcionalidad para evitar castigos desmesurados.

Ese caso se centró en las obras realizadas por un particular para construir una piscina en una parcela protegida por su inscripción como Bien de Interés Cultural. El ciudadano inició los trabajos sin haber obtenido las autorizaciones exigidas por la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. Sin embargo, fue él mismo quien comunicó los hechos a la administración, que procedió entonces a abrirle un expediente sancionador por una infracción “grave”.

La normativa de patrimonio establecía que el castigo económico para este tipo de faltas debía oscilar entre los 100.001 y los 250.000 euros. Y la multa impuesta al vecino fue la mínima prevista para ese grado.

El afectado recurrió. Y el Supremo reconoció el “carácter desproporcionado” de la sanción por varios motivos. Primero, porque no hubo mala fe por su parte, ya que fue él mismo quien avisó a las autoridades. Segundo, porque quedó constatada la “falta de concreta afectación a ningún yacimiento” y la “ausencia de daño” a restos arqueológicos. Y, tercero, porque el ciudadano obtuvo finalmente la licencia para terminar la construcción de la piscina. La justicia rebajó la multa de 100.001 euros a 10.000.

“Toda sanción debe determinarse en congruencia con la entidad de la infracción cometida y según un criterio de proporcionalidad atento a las circunstancias objetivas del hecho, proporcionalidad que constituye un principio normativo que se impone como un precepto más a la administración y que reduce el ámbito de sus potestades sancionadoras”, indica el fallo del Juzgado de lo Social de Gáldar.

Pedro reconoce a Canarias Ahora que lo ha pasado “muy mal”. La multa ha supuesto una “presión añadida” en su vida, centrada durante los últimos años en el cuidado de su madre. Asegura que jamás habría podido pagar la sanción de 12.001 euros porque no dispone de ese dinero. La de 3.750, en cambio, sí. Pero “a duras penas” y recurriendo a “los pocos ahorros” que tiene.

Triple fracaso del Gobierno de Canarias con la bonificación del impuesto de sucesiones: las renuncias a herencias aumentan, las donaciones caen y la recaudación se desploma hasta niveles que solo se habían visto en 2020, el año de la pandemia, y en 2019.

Los últimos datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) confirman que el Archipiélago recaudó por este gravamen apenas 30,1 millones de euros en 2025, el dato más bajo en cinco años. En 2023, el último curso antes de que el Ejecutivo regional, formado por Coalición Canaria (PP) y el Partido Popular (PP), aprobara una bonificación del 99% del impuesto, la recaudación alcanzó los 82 millones. El agujero supera ya los 52 millones.

La intención de la Administración liderada por Fernando Clavijo (CC) era frenar las renuncias a herencias en las Islas y estimular las donaciones mediante la práctica supresión de este tributo, en línea con la política fiscal aplicada por las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Sin embargo, la realidad es tozuda: ni se han reducido las renuncias a herencias ni han aumentado las donaciones. Más bien al contrario.

Las renuncias “puras y simples” a herencias alcanzaron el año pasado los 2.133 actos, más que en 2024 (2.123) y 2023 (2.045), de acuerdo con los datos del Consejo General del Notariado. Las donaciones, lejos de aumentar, descendieron hasta las 9.448, frente a las 9.785 del ejercicio anterior.

El Gobierno de Canarias celebró inicialmente los efectos de la medida. En agosto de 2024, menos de un año después de aprobar la bonificación, el vicepresidente regional, Manuel Domínguez (PP), aseguró que las renuncias a herencias habían descendido durante el primer trimestre de ese año y que las donaciones se habían incrementado un 18% en el mismo periodo de tiempo.  

La bonificación del impuesto “dinamiza la economía canaria y contribuye a que las familias puedan mantener su riqueza patrimonial. Además, las viviendas también se pueden usar como residencia habitual o como activo económico y financiero”, dijo Domínguez. “No procedía trasladar una mayor carga final a las familias, tal y como hacía el Gobierno anterior, por la transmisión de unos bienes que constituyen, en esencia, el objeto de toda una vida de ahorro y trabajo”, agregó.

A largo plazo, no obstante, la imagen es otra. Y eso que la tendencia de la última década ya lo anticipaba: las renuncias a herencias se han cuadriplicado en Canarias en quince años y, según expertos en la materia, las causas tienen más que ver con la existencia de deudas asociadas al legado, conflictos personales o familiares y los costes derivados de aceptar la herencia que con la carga fiscal.

Pero el mantra de que la supresión de este impuesto aliviaría el bloqueo en las herencias ha continuado siendo bandera de la derecha en España allá donde gobierna, aplicando rebajas fiscales que provocan agujeros en las arcas públicas de más de 2.000 millones de euros al año, según un informe elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA). En Canarias, las pérdidas entre 2002 y 2022 han sido de más de 350 millones, según ese mismo análisis.

“Lo advertimos desde el primer día, esta medida no tenía nada que ver con aliviar la situación de las familias canarias, y todo que ver con regalar beneficios fiscales a quienes más tienen”, señaló la diputada de Nueva Canarias Esther González. “Hoy los datos lo confirman, que se suprimió el impuesto y las renuncias a herencias no han bajado, sino que han subido”, remachó.

El grupo parlamentario de Sumar ha registrado precisamente este viernes una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para crear un nuevo impuesto a las herencias y donaciones que superen el millón de euros, con el objetivo de que actúe de forma complementaria al tributo que ya existe sobre suceciones y donaciones para “combatir el ‘dumping’ fiscal entre comunidades autónomas”.

La iniciativa plantea que el gravamen garantice un suelo común de justicia tributaria y busca combatir prácticas de algunas comunidades, como Madrid o Canarias, donde se aplican bonificaciones que “benefician a grandes fortunas incluso con la exención”, apuntó el portavoz económico de Sumar en la Cámara Baja, Carlos Martín.

Martín ha subrayado que “España necesita un sistema fiscal que no mire hacia otro lado cuando se transmiten patrimonios millonarios”, enfatizando que “la igualdad de oportunidades no puede depender del código postal ni del tamaño de la herencia familiar”.

Hasta la Organización Internacional de Países Desarrollados lo ha dejado claro: “Unos impuestos de sucesiones bien diseñados pueden aumentar los ingresos y mejorar la equidad, con una eficiencia y costes administrativos inferiores a los de otras alternativas”, concluyó en un extenso informe publicado en 2021.

Medio año después de la aprobación de la ley canaria de alquiler vacacional, ha transcurrido tiempo suficiente para concluir que la norma ha conseguido frenar el ascenso imparable de los pisos turísticos en las Islas. Así lo indican la estadística oficial y el propio registro de viviendas vacacionales del Archipiélago. Pero hay una pega: ese estancamiento no ha logrado rebajar la enorme presión de la crisis de la vivienda, que ahoga y condena a gran parte de la población.

“No ha pasado mucho tiempo como para que se note el efecto de la regulación. Pero la emergencia habitacional sigue ahí. La saturación sigue ahí…”, comenta Anne Striewe, miembro de la Fundación Canarina, organización que vela por la protección de la naturaleza y el territorio de la Comunidad Autónoma. “Yo percibo lo mismo. No noto mejoría por ningún lado”, agrega Lidia Cruz, presidenta de la asociación vecinal Guanarteme se Mueve, en Las Palmas de Gran Canaria.

Canarias ha pasado de contabilizar 74.500 viviendas vacacionales en el Registro General Turístico de Canarias a tener 73.400. Es un decrecimiento de poco más de 1.100 viviendas en seis meses. Los pisos turísticos “disponibles”, es decir, aquellos que se han reservado al menos una vez durante el mismo mes de referencia o el anterior, han pasado de 42.367 en abril a 47.117 en diciembre, según el Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

La reducción era esperada. La nueva norma obliga a los ayuntamientos a aprobar ordenanzas que regulen por primera vez la vivienda turística en sus municipios. Mientras no lo hagan, no puede expedirse ni una sola licencia. Hasta ahora, solo Las Palmas de Gran Canaria, Pájara y Granadilla de Abona han cumplido con ese requisito (ya habían acordado sus planes antes de la entrada en vigor de la ley) y, de momento, ningún otro consistorio ha seguido sus pasos.

El Gobierno de Canarias ha celebrado las primeras consecuencias. Fuentes de la Consejería de Turismo y Empleo, liderada por Jessica Bueno, del PP, sostienen que se ha alcanzado el “efecto contención deseado”. Los pisos turísticos “ya no crecen” en 85 de los 88 municipios de las Islas y el Ejecutivo regional tampoco tiene constancia de que lo hagan en las tres localidades que sí han regulado la oferta.

Esas mismas fuentes añaden que la Consejería está “acompañando” a los ayuntamientos en el desarrollo de las ordenanzas mediante “reuniones y coordinación” con la Dirección General de Ordenación, Formación y Promoción Turística. La Federación Canaria de Municipios (FECAM), por su parte, ha señalado que “está negociando” con el Gobierno regional y los grupos parlamentarios la introducción de enmiendas a través del proyecto de ley que agiliza las licencias urbanísticas, “sobre todo en aras de clarificar y homogeneizar lo concerniente a actividades clasificadas”, principal escollo entre las entidades locales y el Ejecutivo autonómico.

Una de las finalidades de la reciente normativa es “contribuir a garantizar la efectividad del derecho de toda la ciudadanía a disfrutar de una vivienda digna, adecuada y a precios asequibles”. Pero ese objetivo todavía parece muy lejano, reflexiona Aceysele Chacón, portavoz de Drago Canarias en Fuerteventura.

“Yo no he notado ninguna mejora real respecto a los precios del alquiler ni a la oferta de vivienda disponible para vivir. De hecho, conozco varios casos, incluso de amigas cercanas, que han abandonado o van a abandonar la isla por ese motivo: porque les suben el alquiler o las echan”, dice.

En el Archipiélago, según la fuente que se consulte, el alquiler ha subido de una forma u otra. Pero siempre de manera consistente. El portal inmobiliario Idealista calcula que lo ha hecho un 54% desde 2019. El Observatorio del Alquiler, una entidad independiente impulsada por la Fundación Alquiler Seguro, estima que ha crecido un 45%. Y el Ministerio de Vivienda, con datos más desfasados, pero oficiales, sitúa el aumento en cerca del 30%.

Para Chacón, los problemas siguen siendo los mismos. El estancamiento de los pisos turísticos “no se compara ni de cerca”, en su opinión, “con el aumento descontrolado” que se había producido hasta ahora. Y cree que “se necesita algo más que una ley insuficiente para que algo cambie en Canarias”. “Ninguno de los dos últimos gobiernos ha actuado de forma valiente para frenar esta locura que se vive en el Archipiélago, y así estamos”, remacha.

El geógrafo Agustín Cocola, miembro del Grupo de Investigación en Análisis Territorial y Estudios Turísticos de la Universitat Rovira i Virgili, en Catalunya, pide además prudencia ante el “descenso” del alquiler vacacional, que también se está produciendo en la España peninsular.

“Más que una caída clara, lo que estamos viendo en muchos casos es una cierta estabilización tras años de fuerte crecimiento, y eso es bastante normal, esperable. En cualquier caso, esto no implica necesariamente una reducción significativa de la presión sobre el mercado de la vivienda”, razona.

Cocola concluye que “el alquiler turístico ya ha transformado estructuralmente muchos mercados locales y, aunque el crecimiento se frene, el volumen acumulado sigue siendo muy alto. Por tanto, hablaría más de una fase de ajuste que de un cambio de tendencia con efectos claros sobre el acceso a la vivienda”.

Otro dato que explica la actual crisis de vivienda: el Gobierno de Canarias solo ha sido capaz de movilizar una vivienda vacía desde 2015, según una resolución del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), obtenida por Canarias Ahora a través del Portal de Transparencia.

Ya se sabía que el anterior programa del Ejecutivo regional destinado a incorporar al mercado casas deshabitadas apenas logró movilizar una. Fue en 2023, en Las Palmas de Gran Canaria, en el marco del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025. Ahora se confirma que ese ha sido el único inmueble movilizado en más de diez años.

El consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez, de Coalición Canaria (CC), llegó a decir que esa iniciativa fue un fracaso porque el Gobierno autonómico, a través de su empresa pública de vivienda, Visocan, quiso ejercer de “casero” en un procedimiento “complejo” que terminó siendo prácticamente imposible de implementar, pese a sufrir varias modificaciones.

Visocan defendió que “surgieron diversas vicisitudes que obligaron a resolver cuestiones relativas a la interpretación de la resolución que regula el programa”, recoge un informe extraordinario sobre vivienda de la Diputación del Común en 2023. A la fecha de su publicación, solo se habían ofrecido 85 casas. Una se encontraba en arriendo, otra pendiente de incorporación, seis en trámite, y las otras 77 se habían archivado “por diversos motivos”.

“Lo digo no para señalar a nadie, sino para exponer la complejidad de este programa que, pese a un esfuerzo económico de ocho millones de euros, nunca funcionó”, señaló el consejero en una comisión parlamentaria en 2024.

El ICAVI recuerda en su resolución que, “a la vista del análisis de los resultados obtenidos”, el Gobierno canario acaba de anunciar un nuevo plan para movilizar vivienda vacía que costará un millón de euros a las arcas públicas y que prevé incorporar 100 casas en dos años. En caso de prorrogarse otros dos cursos, el gasto ascendería a 1,86 millones de euros.

El ICAVI cree que ese programa “permitirá el desarrollo de un servicio integral que comprende el diagnóstico territorial, la captación de viviendas, la identificación y preevaluación de personas demandantes, la intermediación entre propietarios e inquilinos, la formalización de contratos y el seguimiento de los arrendamientos”.

Movilizar cien viviendas vacías en dos años después de haber incorporado solo una en diez podría considerarse un éxito. Pero, incluso en ese caso, apenas se cubriría el 0,05% del parque de vivienda vacía del Archipiélago, cifrado en 211.000 inmuebles, según estimó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en 2021. El propio Rodríguez afirmó que “sería espectacular” sacar al mercado al menos el 20% de ese total.

La solicitud de información pública de este periódico también pidió al Ejecutivo canario una estimación propia del número de viviendas vacías existentes en el Archipiélago, dado que el consejero Rodríguez ha reiterado que el dato del INE sobredimensiona la realidad y que su metodología de cálculo presenta “limitaciones importantes”.

El Gobierno ha encargado por 90.000 euros un estudio para determinar cuántas de las 211.000 viviendas que proyecta el INE están realmente vacías. Pero el ICAVI, por su parte, ha recordado en su resolución que el Ejecutivo regional aún no ha creado el Registro de Viviendas Deshabitadas, tal y como establece la Ley 2/2003, de Vivienda de Canarias, concebido entonces como el “instrumento básico para el control y seguimiento” de este tipo de inmuebles.

“En este contexto”, añade el ICAVI, “no es posible facilitar un dato exacto del número de viviendas deshabitadas en la Comunidad Autónoma de Canarias, al no existir un registro administrativo implantado que permita su cuantificación, conforme a los parámetros objetivos previstos en la normativa aplicable”.

Es una “obligación de hacer de difícil o imposible cumplimiento”. Así resume la empresa canaria de vivienda social, Visocan, su decisión de bloquear en los tribunales la venta de una de sus viviendas de protección oficial (VPO) a una inquilina a la que ya había ofrecido acceder a la propiedad del inmueble hace casi tres años.

La entidad pública reconoce que la arrendataria, Araceli Refoyo, presidenta de la asociación Viviendas Sociales en Lucha, que representa a gran parte de los más de 3.000 adjudicatarios del II Plan de Vivienda del Archipiélago (1992-1995), cumple con los requisitos de entrega del domicilio, entre los que se encuentra haber pagado el 50% de su precio de venta original, fijado en 37.000 euros.

Pero Visocan ha advertido a la justicia de que traspasar esa vivienda respetando el precio de referencia cuando fue entregada (hace más de treinta años), tal y como establece el Decreto 1/2023, que regula las medidas de acceso a la propiedad de las VPO en las Islas, le supondría ahora un coste inasumible que la llevaría directamente a la quiebra.

Refoyo demandó a la compañía para que entregara cuanto antes el inmueble mediante una “demanda de obligación de hacer”, como se conoce en el ámbito jurídico a la acción que busca forzar a la otra parte a realizar una actividad o prestar un servicio pactado que, hasta ahora, se ha negado a ejecutar o facilitar. La fecha prevista para la vista del juicio es el 25 de mayo.

Visocan ha respondido que, “a pesar de haber realizado el ofrecimiento de venta de la vivienda (…), no puede asumir en este momento” esa operación, pues “la venta de todo su stock de viviendas construidas y destinadas al alquiler haría peligrar el equilibrio patrimonial de la empresa y podría llevar aparejada la disolución de la misma”.

La compañía facturó 28,5 millones de euros en 2024 y la inmensa mayoría de esos ingresos (27,8 millones) provino directamente de las rentas de las 6.000 VPO que gestiona. Por su actividad principal (cobrar alquileres, pagar nóminas, mantenimiento de las casas…), registró un resultado positivo de 3,3 millones de euros. Pero al incorporar gastos financieros y tributarios, reportó unas pérdidas de 215.000 euros. El curso anterior, 2023, sí contabilizó ganancias cifradas en 5,1 millones.

Visocan incorporó a la contestación de la demanda de Refoyo un informe del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) que dice que el valor máximo de su casa asciende a 133.700 euros, una cifra muy superior al precio original (37.000 euros).

Ante esa enorme disparidad, la entidad sostiene que la Agencia Tributaria consideraría su venta como una operación a título lucrativo, es decir, una donación encubierta. Y que por tanto tendría que integrar esos 100.000 euros de diferencia (que, en la práctica, estaría dejando de percibir) en la base imponible del impuesto de sociedades, que grava los beneficios al 25%. 

La compañía recuerda que un informe de 2018 de la consultora Luján Asesores concluyó que si eso ocurriera tendría que pagar una media de 13.087 euros por cada vivienda. A partir de una muestra de 742 inmuebles, el gasto sería de 9,7 millones, destacó el documento. Y a eso habría que sumarle el impuesto de plusvalía municipal, que grava el aumento del valor de los terrenos urbanos al transmitir una propiedad.

Visocan invoca el artículo 5.2 del Decreto 1/2023, que establece que la venta de sus VPO “en ningún caso (…) podrá suponer un detrimento presupuestario o patrimonial”. Y recuerda a su vez ante la justicia el artículo 1184 del Código Civil, que estipula que “también quedará liberado el deudor en las obligaciones de hacer cuando la prestación resulte legal o físicamente imposible”.

Una norma caída en saco roto

El Decreto 1/2023 fue aprobado por el anterior Gobierno de Canarias para permitir el acceso a la propiedad de las viviendas protegidas construidas en el Archipiélago antes de 1996, tanto las de promoción pública, gestionadas por el ICAVI, como las de protección privada, administradas por Visocan. En total, son alrededor de 10.500 casas.

Estas viviendas protegidas no tienen nada que ver con las promovidas en las Islas a partir de 2024, año en que se aprobó otra norma que prohíbe a las VPO de nueva construcción dar el salto al mercado privado en el momento en que finalice su calificación pública.

A los adjudicatarios de las 3.000 viviendas del II Plan de Vivienda de Canarias (1992-1995), cuya gestión recayó en Visocan, sí se les prometió desde el principio que podrían acceder a la compra de los inmuebles “a medio plazo”. La aprobación del Decreto 1/2023 pretendía facilitar e incentivar ese acceso. Pero una portavoz de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Ejecutivo regional, liderada por Pablo Rodríguez (CC), considera que la norma “no facilita per se la entrega de las viviendas”, sino que solo “establece el procedimiento por el cual se puede adquirir la propiedad, previa convocatoria pública”.

“Los interesados deben presentar una solicitud y acreditar que cumplen todos los requisitos y tramitarse, posteriormente, por la administración. Cada solicitud tiene un devenir distinto, teniendo en cuenta que se cumpla todo lo anterior. Ya luego es ir caso por caso”, agrega esta fuente.

La asociación Viviendas Sociales en Lucha ha presentado múltiples escritos ante la Consejería denunciando un bloqueo deliberado por parte de la administración para culminar este proceso.

El último, interpuesto en marzo, acusa a Visocan de actuar con mala fe al no adjuntar documentos esenciales en las cartas de acceso a la propiedad, como la liquidación pendiente de abonar, con el objetivo de intentar “agotar los plazos establecidos en la ley para dejarla sin cumplimiento”, según la organización.

También critican que el Decreto 1/2023 supedite la entrega de las viviendas de Visocan a que el Gobierno de Canarias abone las ayudas concedidas a los inquilinos para la compra de sus casas, y solo si existe dinero en las arcas públicas para ello. Pese a que la empresa pública ha pedido esos fondos, el ICAVI no ha respondido. Al menos hasta 2025.

La norma además “antepone los intereses de una empresa pública por encima de los intereses de las personas, supeditando la entrega de nuestras viviendas a la existencia de disponibilidades presupuestarias y colocando el interés económico de Visocan por encima de la preocupación o necesidades de la ciudadanía”, remacha la asociación.

La plataforma sostiene asimismo que el ICAVI está ofertando la propiedad de viviendas públicas de la década de los 70 a inquilinos por un precio superior al original. Un documento visto por Canarias Ahora detalla en concreto que el ICAVI ha cifrado en 54.700 euros el valor de una VPO en Las Remudas (Telde) construida en 1973.

La inquilina, según ha podido saber este periódico, comenzó a vivir en la vivienda en 1999, pero empezó a pagar el alquiler en 2015. Hasta el momento ha abonado 18.900 euros en concepto de renta. Le quedan otros 8.500 para alcanzar el 50% del valor de la casa (27.300 euros). Ella ha presentado un escrito ante el ICAVI exigiendo que se revise ese precio de venta al constatar, dice, que VPO de promociones posteriores han sido traspasadas por un coste “bastante inferior”.

El Ejecutivo regional defiende, por su parte, que “no le casa esa información con ningún expediente abierto ahora mismo” y que, “de todas formas, las viviendas de Las Remudas fueron rehabilitadas”, o sea, “no están sin tocar desde los 70”.

La asociación Viviendas Sociales en Lucha ha avisado de que recurrirá a la “vía jurídica que sea oportuna” para hacer frente a lo que consideran un trato “desigual, arbitrario y carente de justificación objetiva” por parte de la administración. También instan al Gobierno regional a que proceda a llevar a cabo “sin más dilación” los trámites necesarios para reconocerles el derecho de propiedad. Y solicitan por último una reunión “urgente” con la nueva directora del ICAVI, María del Pino de León Hernández, después de la dimisión del anterior director, Antonio Ortega, tras ser procesado por delito sexual.

Lejos de los chalecos reflectantes de los periodistas, las guaguas de la UME, las aspas de los molinos de viento, el personal sanitario e incluso el barco más famoso del mundo estos días, el ‘MV Hondius’, la playa de El Médano (sureste de Tenerife) está repleta de gente como una tarde cualquiera de un fin de semana cualquiera.

Allí se encuentran Jennifer Sáez, de 38 años, y Virginia Gómez, de 36. Ambas permanecen sentadas en uno de los paseos de la playa. Parecen tranquilas, relajadas. Aunque la imagen transmite calma (son las 15:00, y el sol pica salvo cuando se cuela una ligera brisa), saben lo que ha pasado a doce kilómetros de allí, en el Puerto de Granadilla.

Decenas de pasajeros a bordo de un buque en el que se desató un brote de hantavirus, que se ha cobrado la vida de tres personas, han desembarcado por grupos en pequeñas barcazas hasta ser repatriados a sus países de origen. Los españoles, un total de catorce, han volado a Madrid, donde cumplen ya cuarentena en el Hospital Gómez Ulla. También han regresado a sus naciones cinco integrantes de Francia, cuatro de Canadá, 26 a Países Bajos, 22 a Reino Unido, dos a Irlanda, tres a Turquía y 17 a Estados Unidos. Faltan por ser evacuados los ocupantes de Australia y un segundo vuelo de Países Bajos, que lo harán mañana.

El operativo, “inédito”, ha salido según lo planeado, ha dicho la ministra de Sanidad, Mónica García, en una rueda de prensa desde el muelle. Junto a ella se encontraban el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom. No estaba el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ni ningún otro miembro de su gobierno, que intentaron boicotear el dispositivo hasta el último minuto.

Pero cualquier canario debería sentirse orgulloso de lo que ha pasado este domingo, opina Sáez. Nunca se había hecho algo así. Y Tenerife fue elegida por su “infraestructura consolidada para la gestión de patógenos de alto riesgo”, justificó la OMS.

“La OMS dijo que el país más cercano y con más recursos para atender el buque era España. Tenemos que estar orgullosos de que nos hayan elegido, ¿no? Canarias es un pueblo increíble. Es un pueblo solidario. Si me ocurriese a mí lo que les ha pasado a los pasajeros, me gustaría que me salvaran la vida. Y que eso se esté haciendo en esta tierra me parece increíble”, continúa Sáez.

No es la única. Rita, de 55 años, camina por una de las calles más residenciales de El Médano algo apurada porque su hijo acaba de tener un bebé y quiere ayudarle. La vida sigue a pesar de lo que ocurre en la otra punta del municipio. Dice que siente una especial empatía por los pasajeros del Hondius porque recuerda que lo pasó “fatal” y “horrible” cuando se contagió de COVID. Y señala que, si ella se encontrara en esa situación, le habría gustado recibir la misma asistencia.

“Estoy orgullosa de que se ayude a esa gente. He viajado también en un crucero y sé lo agobiante que puede ser estar ahí”, confiesa. “Pero he visto tantas cosas en la tele… Que me dan vergüenza”.

El ministro Torres también dijo que “hay que agradecer a este pueblo solidario”, Canarias, la recepción del barco. E incluso el papa León XIV resaltó la “acogida que caracteriza” al Archipiélago. “A nivel internacional, estamos como recibiendo una medalla”, resume Olga Velázquez, de 68 años. “Pero ha sido por una cuestión humanitaria”, le responde su hermana, Pilar, de 77.

Clavijo y su gobierno, sin embargo, han seguido a lo suyo. Ninguno de ellos hizo acto de presencia a lo largo de la jornada en el Puerto de Granadilla. Fuentes del Ejecutivo han explicado a Canarias Ahora que el único personal activo ha sido el del Servicio Canario de Salud (SCS) en el hospital de campaña instalado allí por si fuera necesaria su intervención ante cualquier imprevisto.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha publicado en la red social X (antes Twitter) que cree que el Gobierno regional ha actuado “con responsabilidad y defendiendo siempre la seguridad y la protección de nuestra población, además de la solidaridad con las personas que venían en el barco”. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha rechazado el “ruido” político hasta que finalice la actuación, pero ha advertido que ya habrá tiempo para analizar lo ocurrido en el futuro.

“Creo que hoy es un día para hablar de orgullo de país, del orgullo también de la población canaria, que es una población solidaria y que está comprometida con la salud global. Vamos a seguir trabajando hasta que termine todo el operativo y hasta que pongamos a todo el mundo a salvo. Las polémicas están alejadas de los buenos criterios de la preservación de la salud pública”, agregó García.

Clavijo se perdió lo difícil que es acceder a este muelle de madrugada y sin apenas señalética; se perdió el amanecer al ritmo del sonido del helicóptero que sobrevolaba la zona; se perdió observar in situ la ubicación exacta del navío y cómo pequeños barcos de Salvamento y de la Guardia Civil lo custodiaban; se perdió los murmullos en inglés, alemán o japonés de un grupo enorme de periodistas (casi 200) de todo el mundo descrito por un policía local como “una reunión de pingüinos”; se perdió el crujido constante que hacía el carguero Pacific Prospect, atracado en el puerto; y se perdió también cómo los pasajeros del Hondius, igual de curiosos que los fotógrafos que les grababan, respondían usando sus cámaras para inmortalizar el momento.

Estaba invitado. Mónica García ha confirmado que así se lo hizo saber al Gobierno de Canarias, “que no ha venido al operativo” pese a que “hoy era el día de trabajar”. “Más allá de todas las dificultades que hemos tenido”, ha continuado la ministra, “podemos estar orgullosos del éxito de la operación”. No fue, eso sí, por Clavijo.

''Inútil e innecesario''. Así definieron en 2020 investigadores de las universidades de Leipzig y La Laguna al Puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife. El análisis que llevaron a cabo entonces los expertos concluyó que esta obra faraónica representa ''un buen ejemplo de las políticas basadas en el desmedido crecimiento inmobiliario'' que caracterizaron a España a partir de los años 90. Este domingo, este polémico muelle tendrá un nuevo uso y recibirá al crucero de lujo ‘MV Hondius’, donde se ha registrado un brote de la infección respiratoria hantavirus.

El Puerto de Granadilla se presentó en la isla como una infraestructura industrial indispensable que complementaría al de Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, ha permanecido años infrautilizado. Fue inaugurado por el expresidente Mariano Rajoy en 2018 después de 17 años de obras y a pesar del fuerte rechazo social que recibió por su impacto medioambiental y despilfarro. Los años posteriores a su inauguración, el puerto más polémico del Archipiélago se limitó a reparaciones y mercancías y a acoger gigantescas plataformas petrolíferas.

La infraestructura en la que fondeará el crucero contó con una inversión pública que superó los 200 millones de euros. Aun así, sigue recibiendo fondos públicos para poder completarlo. Hace tres meses, en febrero, el Consejo de Ministros autorizó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la licitación de las obras para el cierre y la habilitación del muelle de Ribera, en el puerto de Granadilla, por 39,7 millones de euros.

La llegada del 'MV Hondius'

Según ha explicado la ministra de Sanidad, el crucero llegará a Canarias este domingo. Todos los viajeros que permanecen en el barco son asintomáticos. Mónica García ha insistido en que los pasajeros no tendrán ningún tipo de contacto con la población local y que la actuación no supondrá ningún riesgo para los canarios y canarias. Este jueves, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha aclarado que el barco fondeará en este puerto pero no atracará.

Al llegar a Tenerife, los ocupantes del barco serán evaluados y trasladados a sus países de origen. Por su parte, los catorce ciudadanos españoles a bordo, después del examen médico, serán trasladados en avión militar a la base de Torrejón de Ardoz y, de ahí, al hospital militar Gómez Ulloa, por disponer de “unidades de aislamiento de alto nivel”, donde guardarán “cuarentena''.

El alcalde de Granadilla de Abona, José Domingo Regalado, ha mostrado su preocupación ante la llegada del buque y ha reclamado “garantías sanitarias y máxima transparencia”. El Ayuntamiento considera “imprescindible” conocer con detalle el alcance del brote, el número de personas afectadas, los posibles riesgos de transmisión y las medidas sanitarias previstas para garantizar la seguridad tanto de la población como de los profesionales implicados.

Un puerto de “lógica neoliberal”

El estudio publicado en 2020 en la revista ‘Territory, Politics, Governance’ sobre el Puerto de Granadilla se basó en una revisión documental, entrevistas a personas de especial relevancia durante su construcción y en la propia experiencia de los autores de la investigación, que participaron en movimientos de protesta contra la obra.

La publicación sugiere que este muelle, planeado originalmente en los años 70 y retomado con fuerza en la década de los 2000, es un claro ejemplo de “lógica neoliberal” por tres motivos.

Primero, porque las élites buscaban capitalizar la posición geoestratégica de Canarias para convertirla en un gran nodo logístico comercial hacia África y el Sur global; segundo, porque ayudaría a trasladar la actividad industrial del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, liberando el frente marítimo de la capital tinerfeña para privatizarlo; y tercero, porque el proyecto afianzaba lo que los autores denominan el “Modelo Doxiadis”, un plan territorial planeado durante la dictadura que apostaba por la hipertransformación e industrialización de la costa, dejando el interior de la isla despoblado y relegado a ser una simple reserva natural.

La edificación del Puerto de Granadilla afectaba a ecosistemas protegidos por la Red Natura 2000 y a especies en peligro. Para sortear esos obstáculos y no detener las obras, el Gobierno autonómico, con Coalición Canaria al frente (y con la ayuda del Estado como habilitador), aplicó la “neoliberalización de la naturaleza”, resumen los investigadores.

El Ejecutivo regional desreguló leyes ambientales, redujo los límites de las reservas protegidas y rebajó el nivel de protección de especies amenazadas, como los sebadales de Cymodocea nodosa.

Los autores del estudio señalan que se trató a la naturaleza como un bien intercambiable y descontextualizado. A través de un Observatorio Ambiental (OAG), se practicó lo que ellos llaman “compensación de biodiversidad”, que implicó acciones como capturar y trasladar a otra zona una población de escarabajos protegidos o crear nuevas áreas protegidas en lugares remotos para supuestamente compensar el daño ambiental en Granadilla.

Frente a estas medidas, grupos ecologistas, sociales, científicos, estudiantes y asociaciones vecinales protagonizaron un fuerte movimiento ciudadano bajo el lema “ama tu isla” u “otra isla es posible”. Para los firmantes de la publicación, esta lucha fue más allá del clásico “derecho a la ciudad”, promoviendo un “derecho a la isla” y un “derecho a la naturaleza” que reivindica el poder de la población para decidir sobre su territorio.

Su vinculación con la Operación Lezo

El Puerto de Granadilla aparece en una pieza separada de la Operación Lezo, una macrocausa de la Audiencia Nacional que investiga el pago sistémico de comisiones ilegales de directivos de la constructora OHL a altos cargos y funcionarios a cambio de obra pública, incluidos dirigentes históricos de Coalición Canaria (CC).

Entre ellos figura la adjudicación del dique abrigo del Puerto, adjudicada en 2007 a una UTE en la que participaba SATO, filial de OHL, por un valor de 114,5 millones de euros. Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregado al juez que investigó la causa, exdirectivos de OHL habrían pagado comisiones del 3% a políticos de Coalición Canaria para favorecer esa y otras adjudicaciones portuarias en Canarias.

La Operación Lezo llevó a prisión preventiva al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González del PP. A día de hoy, aún no se ha juzgado.

Uno de los aviones que traslada a dos de las personas infectadas de hantavirus procedentes del crucero 'MV Hondius' ha aterrizado en Gran Canaria para repostar combustible después de que Marruecos se negara a hacerlo. Ya en tierra, el piloto de la aeronave ha reportado un fallo en el sistema eléctrico de soporte de uno de los pacientes, que permanece dentro del avión con apoyo eléctrico del aeropuerto a la espera de que llegue uno nuevo para continuar su trayecto.

Ese era el plan inicial, que una segunda aeronave completara el traslado. Pero el Gobierno canario ha anunciado que ofrecerá un 'equipo burbuja' de aislamiento al avión para que pueda ser reparado, con el objetivo de intentar que ningún paciente toque suelo al trasladarse a uno nuevo. El Ministerio de Sanidad, sin embargo, ha rechazado de momento esa posibilidad y ha insistido en la necesidad de esperar la llegada de un segundo avión para continuar el viaje.

La aeronave había salido esta mañana de Cabo Verde, donde evacuó a los pasajeros afectados, y su destino final es Ámsterdam, en los Países Bajos. Fuentes de la Delegación del Gobierno indican que “no se bajará ni subirá ninguna persona” del avión y que solo “se trata de una parada técnica para repostar combustible y continuar el trayecto previsto”.

El avión es el TC-RSD, de la aerolínea turca Redstar Aviation. Según el portal 'Flight Radar', una página web que permite el rastreo de vuelos en tiempo real, la aeronave salió este miércoles a las 11:00 de la mañana desde Praia, la capital de Cabo Verde, y tenía previsto aterrizar a las 13:00 en Marrakech, para posteriormente viajar hasta Ámsterdam, en los Países Bajos, con la intención de llegar a las 17:00 de la tarde.

Sin embargo, fuentes de la Delegación del Gobierno aseguran que Marruecos se ha negado a que la aeronave pare en su territorio y “nos han pedido” que el aterrizaje se realice en el Aeropuerto de Gran Canaria, precisan esas mismas fuentes. Agregan que “no se bajará ni subirá ninguna persona” del avión y que solo “se trata de una parada técnica para repostar combustible y continuar el trayecto previsto”, a la que se suma ahora la avería detectada en el soporte eléctrico. Otras fuentes del sector aeronáutico apostillan que todo apunta a que el avión “no tenía autorización para entrar en el espacio aéreo de Marruecos, un trámite administrativo que, por lo visto, no habían realizado”.

Este es uno de los aviones medicalizados que trasladan a los pacientes infectados de hantavirus del crucero 'MV Hondius' desde Cabo Verde hasta Países Bajos para proporcionales allí tratamiento médico. La crisis sanitaria del buque, con 147 personas a bordo, ha provocado fricciones en las últimas horas entre el Gobierno de España y el Ejecutivo canario, después de que el primero accediera a la petición de la Organización Mundial de la Salud a que el barco se traslade a Tenerife, algo a lo que se opone la Comunidad Autónoma.

Los trabajadores del Puerto de Santa Cruz de Tenerife permanecen inquietos ante la llegada a la isla del crucero en el que se ha detectado un brote de hantavirus, actualmente anclado frente a la costa de Cabo Verde. Aunque este martes la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que evacuará a las personas sospechosas de portar el virus a Países Bajos y Alemania, y el Ministerio de Sanidad incidió en que “no habría motivo clínico para realizar una escala” en Canarias, la empresa responsable del crucero Oceanwide ha asegurado en un comunicado que su plan (ya autorizado por la OMS y el Gobierno) es dirigirse a Tenerife, lo que supondrá tres días de navegación.

Mientras tanto, las plantillas de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas muestran cierta intranquilidad. “Estamos muy preocupados. Todo el mundo pregunta y desconocemos la magnitud de la situación”, dice Elena Ruíz, portavoz del Sindicato de los Trabajadores del Puerto de Tenerife (TPT). “No vemos nerviosismo ahora. Pero otra cosa será si el barco comienza a venir”, apunta por su parte Javier Cruz, de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Fuentes de la Autoridad Portuaria de Las Palmas habían descartado este martes por la tarde que el crucero fuera a dirigirse a la Comunidad Autónoma tras la última comunicación establecida con Capitanía Marítima. Pero todo cambió en pocas horas. Esas mismas fuentes defienden que existe un protocolo de actuación para su correcto atraque, aunque reconocieron que desconocían cómo sería.

El sindicato TPT ha presentado un escrito ante la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife reclamando más información y transparencia en un ambiente de “extrema preocupación”. Han exigido “garantías inmediatas” para la protección de los trabajadores portuarios y sanitarios de las islas y que las medidas de aislamiento y protección física estén ya preparadas.

“Los trabajadores del puerto no pueden ser el escudo de una crisis sanitaria internacional sin contar con los EPIs adecuados y protocolos de actuación claros ante el atraque de un buque que transporta un agente patógeno letal”, ha indicado la organización en un comunicado.

Su portavoz, Ruíz, muestra especial recelo por la escasez de remolcadores en el puerto de la capital de Tenerife. Dice que solo tienen tres y que no sabe qué ocurriría en caso de verse obligados a maniobrar o tirar del buque. “No estamos preparados”, añade. Este periódico ha intentado ponerse en contacto con la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, pero hasta el momento no ha habido respuesta.

El sindicato ha amenazado con emprender medidas legales o paros preventivos “si se vulnera el derecho a la salud de los trabajadores en beneficio de la operatividad comercial del puerto”.

“No podemos permitir que Santa Cruz sea un puerto de primera para el tráfico de cruceros, pero de tercera en medios de socorro”, resume la organización en la misiva. “Si el buque sufriera cualquier incidencia técnica o requiriera una maniobra de urgencia por el agravamiento de la situación a bordo, la falta de remolcadores de última generación especializados en emergencias pone en riesgo no solo a la tripulación del crucero, sino a la seguridad de todos los operarios del muelle”.

Oceamwide subraya en el comunicado que la evacuación médica de dos personas que actualmente requieren atención médica urgente, así como de la persona relacionada con el huésped que falleció el 2 de mayo, se llevará a cabo utilizando dos aviones especializados que se encuentran de camino a Cabo Verde.

Desde allí, los pacientes serán evacuados médicamente a los Países Bajos. “En este momento, no disponemos de un calendario exacto”, apuntan desde la empresa.

Señalan que, una vez que estas tres personas hayan sido trasladadas de forma segura desde el buque y se encuentren en tránsito hacia los Países Bajos, el m/v Hondius comenzará su reposicionamiento.

La Organización Mundial de la Salud ha informado en la tarde de este martes que evacuará a Países Bajos y Alemania a dos casos sospechosos y un contacto de alto riesgo que continúan a bordo del crucero donde se ha detectado un brote de hantavirus. Según un informe de situación, publicado pasadas las 17 horas de este martes, estas situaciones están coordinadas por el equipo médico de emercia de la OMS y el Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias de la Unión Europea.

Según este documento, difundido por el Ministerio de Sanidad, “la evacuación de estas tres personas se va a realizar en las próximas horas en aviones medicalizados para su tratamiento y cuarentena”. Los dos casos sopechosos viajarán a Países Bajos y el contacto de alto riesgo, a Alemania. Todos ellos presentan fiebre y/o síntomas gastrointestinales.

La OMS confirmó un segundo caso de hantavirus vinculado al crucero de lujo que partió de Argentina con rumbo a Canarias y en el que han fallecido ya tres personas. El buque se encuentra anclado frente a las costas de Cabo Verde, que le ha denegado el desembarco. Según ha informado la naviera Oceanwide Expeditions, está ultimando junto a las autoridades la evacuación médica de dos tripulantes con síntomas respiratorios -uno leve y otro grave- que requieren atención médica urgente.

“Hasta el momento, no se ha identificado a ninguna otra persona con síntomas”, advierte la naviera en un comunicado. Así, espera que en la próximas horas se realice el traslado médico de las dos personas enfermas - de nacionalidad británica y neerlandesa-, y una persona relacionada con el pasajero fallecido el 2 de mayo.

El resto de pasajeros y tripulantes permanecerán a bordo hasta que se defina y autorice un puerto de desembarque, entre los que se barajan Gran Canaria o Tenerife. “El ambiente a bordo del m/v Hondius se mantiene tranquilo, con los pasajeros generalmente serenos”, señalan desde Oceanwide Expeditions que, afirma, “trabaja para brindar claridad y tranquilidad a los pasajeros, así como para agilizar su desembarque y control médico”.

Este posible brote de hantavirus -infección respiratoria transmitida por roedores- se inició en un crucero de lujo que partió de Argentina rumbo a Canarias y en el que que se ha confirmado que viajan 14 españoles. Por el momento, se han contabilizado tres muertes y dos miembros de la tripulación del MV Hondius requieren atención médica urgente por síntomas respiratorios agudos.

El Ministerio de Sanidad de Cabo Verde ha explicado que su decisión de no autorizar el atraque en el puerto de Praia pretende “proteger la salud pública nacional” y se ha tomado “tras una evaluación técnica y epidemiológica en aplicación del principio de precaución y de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional”.

“Es una colaboración”

El Ministerio de Sanidad ha avanzado este martes que un equipo de epidemiólogos revisará este martes el buque antes de tomar una decisión sobre el destino del pasaje, después de que la OMS anunciara que estaba coordinando su llegada a Canarias. La medida ha sido acordada durante una reunión entre el departamento que dirige Mónica García y la OMS y el objetivo es ''conocer el estado de las personas dentro del barco, y poder saber si hay más personas con síntomas, y qué contactos de alto riesgo o bajo riesgo hay''. ''Esto ayudará a las decisiones sobre los procesos de repatriación y la ruta del barco“, ha señalado Sanidad.

Desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias han explicado por su parte a esta redacción que “por el momento toda la gestión del caso la está llevando Sanidad Exterior”. El Servicio Canario de Salud, indican, entrará en el dispositivo si se activa por parte del Ministerio en caso de que atraquen en Canarias y algún pasajero necesite ingreso. “En ese caso, se seguirán los protocolos que se establezcan”, añaden.

Desde la Autoridad Portuaria de Las Palmas también afirman que nadie se ha puesto en contacto con el Puerto de Las Palmas para solicitar el atraque del crucero. Este periódico también ha consultado a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife si el crucero ha pedido permiso para atracar en Tenerife, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta. Mientras tanto, según puede comprobarse en el radar de la plataforma Marine Traffic, el crucero permanece frente a las costas de Praia. 

Recelos por parte de las autorirades Canarias

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez (PP), se ha mostrado este martes receloso ante esa posible parada en el Archipiélago. ''Si no tuviera que hacer esa parada en Canarias, pues mejor, porque podrá haber otros recursos en el territorio peninsular, pero si fuese así, se hará con todas las garantías habidas y por haber'', ha dicho en declaraciones ofrecidas a la radio autonómica.

“Vamos a exigir todas las garantías posibles para que se atienda a las personas que están en riesgo, pero también para que quienes vivimos en esta tierra no suframos ningún tipo de perjuicio”, ha añadido.

Por su parte, la presidenta del Cabildo tinerfeño, Rosa Dávila (CC), ante la posibilidad de que el barco llegue a la isla, ha exigido ''todas las garantías''.

La dirigente nacionalista ha reconocido que ''la situación es compleja'', pero que corresponde al Gobierno de España tomar la decisión definitiva. El Cabildo, ha reiterado, ''poco puede decir'' porque no tiene competencias en este caso, más allá de ofrecer su ''disponibilidad'' a las administraciones, en especial a la Autoridad Portuaria.

Mientras tanto, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha pedido tranquilidad ante la posibilidad de que el crucero de lujo haga escala en el Archipiélago. Pestana ha subrayado que tanto España como Canarias ''están preparadas para estos temas''. Además, ha adelantado que este martes a las 13.30 horas tendrá lugar una reunión entre responsables del Ministerio de Sanidad, Salud Pública del Ejecutivo canario y Sanidad Exterior de la Delegación del Gobierno en Canarias.

Cronología del brote

La primera muerte tuvo lugar el 11 de abril, cuando un pasajero murió a bordo del barco. No fue hasta el 24 de abril, trece días más tarde, cuando el cuerpo desembarcó en Santa Elena, “con su esposa acompañando la repatriación”, según ha informado la empresa operadora del crucero Oceanwide Expeditions. 

El 27 de abril, la empresa tuvo conocimiento de que la mujer también había enfermado y que murió. Los dos eran ciudadanos holandeses y la empresa mantiene que “en este momento no se ha confirmado que estas dos muertes estén relacionadas con la situación médica actual a bordo”.

También el 27 de abril, otro pasajero enfermó de gravedad y fue evacuado a Sudáfrica. El hombre, de nacionalidad británica, sigue siendo tratado en la unidad de cuidados intensivos de Johannesburgo y se encuentra en estado crítico, aunque estable. “Se ha identificado una variante del hantavirus en este paciente”, explican. 

Este sábado murió otro pasajero a bordo del barco, un hombre de nacionalidad alemana. Además, dos miembros de la tripulación presentan síntomas respiratorios agudos, uno leve y otro grave. Los dos requieren atención médica urgente, advierte la compañía. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha indicado que se están llevando a cabo investigaciones epidemiológicas y pruebas de laboratorio, y que se está brindando atención médica y apoyo tanto a la tripulación como a los pasajeros. Según los datos publicados por la operadora, en el barco hay 149 personas, entre ellas 14 españoles (13 pasajeros y un miembro de la tripulación). 

Qué es el hantavirus

El Hantavirus es una infección respiratoria que puede provocar enfermedades graves y la muerte. Las personas contraen hantavirus generalmente por inhalación, al respirar en lugares abiertos o cerrados donde las heces o la orina de roedores infectados han desprendido el virus contaminando el ambiente. También se puede contraer por contacto directo, al tocar roedores vivos o muertos infectados o sus desechos, siendo menos probable el contagio entre seres humanos.

Según ha informado el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, “las evidencias actuales apuntan a que se contagiaron en la propia embarcación”. “Una zona de aventuras donde estuvieron los fallecidos es zona de ratas con hantavirus”, ha informado el Ministerio. Aun así, añade el comunicado, no se descarta que alguno se haya contagiado dentro del barco por ratas o que el médico fuese contagiado con un contacto estrecho con uno de los fallecidos. 

En una guía publicada por Sanidad se explica que, por lo general, el periodo de incubación es de una a tres semanas. Existen casos de personas infectadas asintomáticas o con cuadros leves. Aunque no existe un tratamiento específico, los pacientes con síndrome cardiopulmonar por hantavirus deben ser asistidos en establecimientos hospitalarios con unidades de terapia intensiva que cuenten con asistencia respiratoria mecánica.

Es contraintuitivo, sí, pero sería una forma de lograr un sistema eléctrico impulsado por renovables en el que apenas hubiera diferencia entre la energía generada y la consumida: instalar placas solares y molinos en zonas que quizá no son las más productivas o rentables de media, pero que generan electricidad justo cuando las regiones con más sol o viento han perdido su recurso natural. 

Se llama “complementariedad espacio-temporal”. Y busca corregir uno de los mayores retos de las renovables destinadas a sustituir a los combustibles fósiles, los responsables del calentamiento global: su intermitencia. 

No siempre hace sol ni siempre hace viento. Así que compensar consiste en no poner todos los huevos en la misma cesta (es decir, en el lugar donde más se aprovechan ambos recursos), sino en tejer una red de instalaciones en las que unas actúen como salvavidas de las otras hasta lograr una red tan estable como si contáramos con una fuente de energía constante.

Eso ayudaría a cumplir con la regla de oro del sistema: que la generación de electricidad sea igual que la demanda. De lo contrario, podría haber desajustes por los constantes picos y caídas de la producción renovable.

En Canarias, ese desfase estaría entre el 40 y el 50% si se mantiene el patrón actual de colocación de parques fotovoltaicos y eólicos, según un nuevo estudio. La buena noticia, tranquiliza la investigación, es que hay soluciones. 

Científicos de la Universidad de Murcia (UM) y del Grupo de Observación de la Tierra y la Atmósfera (GOTA) de la Universidad de La Laguna (ULL) han analizado cómo el Archipiélago podría alcanzar ese objetivo de la “complementariedad espacio-temporal” en dos escenarios: uno con baterías capaces de almacenar los excedentes de la producción y otro sin ellas. 

Los firmantes del trabajo utilizaron una avanzada herramienta informática llamada CLIMAX que cruza datos meteorológicos con la curva real de consumo eléctrico y evalúa miles de combinaciones posibles hasta dar con la mejor receta para la instalación de renovables. El modelo descarta las áreas donde es imposible ubicarlas por razones medioambientales o administrativas. 

El enfoque empleado “no descarta las zonas más productivas, porque son las que garantizan una producción media elevada”, pero recoge también “localizaciones con instalaciones que complementen a esas cuando falle el recurso”, con la intención de que “la producción conjunta sea lo más parecido posible a una fuente de generación firme”, explica Sonia Jerez, primera autora del estudio e investigadora en la UM. 

Los resultados han sido publicados recientemente en la revista científica ‘Sustainable Energy Technologies and Assessments’. Los autores de la publicación piden tomar con cautela sus conclusiones por una licencia metodológica: asumen que el sistema eléctrico de Canarias está perfectamente interconectado, cuando en realidad no es así. Solo Lanzarote y Fuerteventura, así como Tenerife y La Gomera (un cable submarino las unió por primera vez en febrero de este año), lo están. 

Los investigadores añaden que este supuesto les permitió estimar “el máximo potencial” de las Islas “desde un punto de vista académico”, más que práctico. Matizan eso sí que la metodología podría aplicarse de forma individual en cada isla.  

El estudio concluye que, a falta de baterías, el mix energético de las Islas debería estar dominado por la eólica, que aportaría el 60% del total (48% en tierra y 12% en mar), mientras que el 40% restante procedería de la energía solar. Las placas fotovoltaicas se levantarían principalmente entre el norte de Gran Canaria y el noreste de Lanzarote. 

Con grandes sistemas de almacenamiento, en cambio, la solar elevaría su protagonismo hasta el 86% gracias a la capacidad de guardar la energía generada durante el día para usarla por la noche. Las zonas óptimas serían el suroeste de Tenerife, el suroeste de Gran Canaria, el norte de la isla redonda y “una gran porción” de Lanzarote.

Los investigadores no precisan cuántas hectáreas de terreno serían necesarias en ambos casos ni cuántos megavatios (MW) de potencia. Pero incorporan una vía alternativa en sus simulaciones para evitar el impacto paisajístico: cubrir el 30% de los tejados de las áreas urbanas del Archipiélago con paneles solares. De esa manera se alcanzaría prácticamente toda la cuota solar necesaria, apuntan, por lo que “no habría que invadir nuevas zonas”.

Una transición energética así (reajustando el mix energético y potenciando la complementariedad de las tecnologías) reduciría las oscilaciones del futuro sistema eléctrico renovable en Canarias en veinte puntos porcentuales, concluye el estudio. En unas islas aisladas, alcanzar ese nivel de estabilidad y ajuste entre la producción y la demanda ayudaría a lograr la tan ansiada “seguridad energética” tras el shock de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La científica Sonia Jerez reconoce por último que “cualquier desarrollo tiene un impacto paisajístico”, pero pide no perder la perspectiva de la lucha contra el cambio climático cuando se discuten las renovables. 

“Cuando veo una instalación de placas solares, me gusta. Evidentemente, no quiero que se ocupen áreas protegidas o donde haya especies autóctonas, por ejemplo. Pero tienen una connotación que no solo es visual, sino también de que estamos protegiendo el medio ambiente”, apunta. 

En el Archipiélago, tan solo el 22,7% de la generación eléctrica es renovable. El resto procede de combustibles fósiles como el ciclo combinado (41,3%), los motores diésel (19,7%) y la turbina de vapor (13,5%), según la última actualización de Red Eléctrica.

“Es nuestro estilo de vida lo que está en riesgo con la crisis climática. A mí me molesta mucho más, no sé, un centro comercial. Y eso, no obstante, parece tener mayor aceptación social. Cualquier desarrollo tiene impacto. Pero este justo, que tiene implícitos muchos beneficios…”, continúa la experta. 

La penetración de renovables en Canarias lleva años estancada por varios motivos: sistemas eléctricos aislados, centrales térmicas antiguas e inflexibles, incapaces de arrancar y parar con agilidad para favorecer la entrada de energía solar y eólica, y falta de almacenamiento, entre otras cosas.

La Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, liderada por Mariano Zapata (PP), está impulsando las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) para acelerar su instalación, pero hasta el momento se ha topado con el rechazo de los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote por la falta de consenso. 

El Gobierno de Canarias quiere bloquear ahora la vía que abrió en Adeje para desatascar el proyecto turístico de Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje (sur de Tenerife). El Ejecutivo regional, de Coalición Canaria y Partido Popular, ha incluido en el anteproyecto de la Ley de Biodiversidad un artículo que impide a los ayuntamientos declarar actuaciones urbanísticas “de interés público de primer orden”, la herramienta legal que permite a la administración saltarse la protección sobre especies protegidas por razones “imperiosas” de interés general y que fue utilizada por el Ayuntamiento de Adeje para desbloquear en 2024 la polémica urbanización de lujo de Cuna del Alma, paralizada entonces por la aparición de la viborina triste, una planta de protección especial.

El Consistorio del sur de Tenerife, liderado desde hace más de cuatro décadas por el socialista José Miguel Rodríguez Fraga, empleó esta herramienta aduciendo a la crisis de vivienda existente en el municipio y a la necesidad de construir “viviendas sociales” para poder expulsar a la viborina triste del Puertito. Cuna del Alma no prevé levantar casas de alquiler asequible ni nada por el estilo. Las villas que está levantando costarán de hecho hasta 2,3 millones de euros. Pero el Ayuntamiento indicó que dando luz verde a la operación obtendría el “suelo” o los “medios” que están obligados a ceder los promotores privados de planes urbanísticos a la administración, lo que se conoce como “aprovechamiento medio”.

La declaración de interés público de primer orden funciona como una especie de válvula de escape contemplada en la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que permite dejar sin efecto las prohibiciones ambientales recogidas en esa misma norma (cortar, arrancar, destruir o molestar a la flora y fauna vulnerable) para impulsar medidas en beneficio de la salud pública, la seguridad de las personas o de relevancia socioeconómica. Solo pueden acordarse si no hubiera “otra solución satisfactoria” y siempre y cuando no se produzca una “pérdida neta” de la especie, garantizando su traslado a otro lugar o la recogida de semillas.

El Gobierno canario reconoció en un informe firmado por su viceconsejero de Servicios Jurídicos, Jorge Riestra Sierra, que existe una “laguna” sobre qué órgano administrativo es el competente para emitir este tipo de declaración y que por tanto habría que estudiar “su fin legal” para determinarlo en cada supuesto. El Ejecutivo analizó en ese mismo documento el caso concreto de una urbanización de 1.600 plazas hoteleras proyectada en Guía de Isora, en Tenerife, que solicitó precisamente la traslocación de las semillas de viborina triste presentes en el área. Y el viceconsejero canario de Servicios Jurídicos, en un escrito de 21 páginas, concluyó dos cosas: la declaración de interés público de primer orden corresponde al Ayuntamiento del municipio tinerfeño, pero la autorización para trasladar a la viborina recae, sin embargo, en el Cabildo de Tenerife.

El Consistorio de Adeje recogió el guante y aplicó esa misma doctrina para promover Cuna del Alma, pero a su manera. Aprobó la declaración de interés público de la urbanización de lujo escudándose en la emergencia habitacional. Y también se atribuyó la competencia para autorizar el trasplante de la viborina argumentando que el proyecto ya contaba con una evaluación ambiental estratégica que no detectó a la citada especie. Eso le resultó suficiente al Ayuntamiento para autoproclamarse como el “órgano sustantivo”, o sea, el competente en esta cuestión. Y a posteriori dio luz verde a la traslocación de la planta que ya había autorizado su órgano ambiental meses antes, cuando estaba dirigido por Rosendo López, el biólogo que dimitió de ese puesto después de que Canarias Ahora revelase que asesoraba al mismo tiempo a la promotora de Cuna del Alma.

Esa maniobra legislativa del Ayuntamiento ha llegado a los tribunales. La está dirimiendo el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de Santa Cruz de Tenerife a raíz de un recurso interpuesto por la asociación ecologista Salvar La Tejita, que denunció que el Consistorio de Adeje no es el competente para permitir el traslado y que este se dictó “al margen de cualquier tipo de evaluación ambiental”. En un auto de octubre de 2025, el juez le dio a la organización en parte la razón al subrayar que la decisión de trasladar a una especia protegida “solo pudo adoptarse en el seno de un procedimiento de evaluación ambiental cuya inexistencia no resulta controvertida”. Pero el magistrado rechazó suspender de manera cautelar las obras de Cuna del Alma porque la traslocación de la viborina ya había ocurrido un año antes, en lo que se conoce porpularmente como la política de los hechos consumados: para cuando la justicia encuentra el tiempo de analizar si un acto es legal o no, “ya no hay nada que suspender (…) una vez ejecutado”, recoge el fallo.

El Gobierno de CC-PP pretende ahora cortar por lo sano e impedir que ayuntamientos declaren proyectos de interés público de primer orden. Ha incluido en el nuevo anteproyecto de la Ley de Biodiversidad un artículo que centraliza el poder en el Ejecutivo autonómico permitiendo solo su aprobación a través del Parlamento de Canarias o mediante un acuerdo motivado del propio Gobierno. La disposición (la número 62, en concreto) dice que los ayuntamientos podrán tramitar esas declaraciones y que darán traslado de ellas al Ejecutivo, pero que este último es el único órgano con autoridad para firmarlas en caso de que la norma salga adelante. El anteproyecto también limita las competencias de los ayuntamientos a tareas muy específicas que no incluyen la traslocación de especies protegidas, como la elaboración de ordenanzas municipales sobre su propio arbolado, el control de la contaminación lumínica y la ejecución de proyectos de parques, jardines y naturalización urbana.  

La Ley de Biodiversidad es una norma que estuvo a punto de aprobar el anterior Gobierno de Canarias, el liderado por el Pacto de las Flores (PSOE, NC, Podemos y ASG), después de un periodo de consulta con más de 600 personas de distintos colectivos. El primer anteproyecto no recogía la centralización de la declaración de proyectos de interés público de primer orden en el Ejecutivo regional, como sí lo hace ahora. La Consejería de Transición Ecológica y Energía, dirigida por Mariano Zapata (PP), tramitó con carácter de urgencia el anteproyecto introduciendo cambios que solo han estado en información pública menos de diez días durante este mes de abril.

Zapata señaló que “estamos ante una norma clave que permitirá al Archipiélago contar por primera vez con un marco integral para ordenar y reforzar la protección de nuestro patrimonio natural, y este proceso permitirá incorporar el conocimiento y las aportaciones de la sociedad, mejorando su alcance y garantizando su utilidad a largo plazo”. El Gobierno dice que la ley tiene como objetivo proteger, conservar, restaurar y gestionar de manera sostenible el patrimonio natural de las Islas.

El plan estrella del Gobierno de Canarias (Coalición Canaria-Partido Popular) para movilizar vivienda vacía solo prevé recuperar cien casas en dos años con una inversión de un millón de euros, lo que significaría incorporar al mercado menos del 0,05% de casas sin habitar que estimó el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el Archipiélago hace cinco años, cifrado en un total de 211.000 inmuebles.

El Ejecutivo ha acordado externalizar la tarea de sacar al mercado esos pisos a través de una licitación gestionada por la empresa canaria de vivienda social, Visocan. El contrato está valorado en un millón de euros para dos años con posibilidad de prórroga para otros dos, elevando el coste a 1,86 millones.

Los pliegos del procedimiento revelan cómo es su estructura económica: el personal a contratar, con un coste de 235.000 euros; la publicidad de la campaña (30.000 euros); el arrendamiento de una oficina (17.000 euros); la elaboración de un censo real de vivienda vacía (90.000); los gastos generales (100.000 euros) y el beneficio industrial (166.000).

La parte más cuantiosa de la licitación, sin embargo, es la que reserva 238.000 euros para el seguro de garantía de cobro de la renta. Esta es la partida más relevante del contrato porque es la que ofrece a los propietarios dispuestos a poner en alquiler sus viviendas vacías un seguro contra impagos.

El mecanismo funciona de la siguiente manera: por cada vivienda vacía incorporada al mercado, la adjudicataria paga a una aseguradora el 6% de la renta anual estimada de esa casa, unos 720 euros (o sea, un alquiler de 1.000 euros al mes de media). Esa póliza se extiende durante tres años, lo que eleva el dispendio total a 2.160 euros. Y si en lugar de una fueran cien, el gasto total ascendería hasta los 216.000 euros.

El Ejecutivo regional ha elevado esa cifra final hasta los 238.000 por si hubiera rentas superiores o distintas variaciones. También prevé modificaciones contractuales si “el número de viviendas incorporadas” excede “de forma relevante las previsiones iniciales”, siempre y cuando “exista cobertura presupuestaria suficiente”, es decir, que el Gobierno apruebe más fondos.

Los documentos detallan que los inquilinos interesados en participar en el plan deberán estar “con carácter general” inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda Canarias o en el instrumento que determine Visocan, así como acreditar “ingresos regulares, suficientes y verificables”. Los propietarios también deberán cumplir una serie de requisitos básicos, como que los domicilios reúnan “condiciones de habitabilidad, seguridad, salubridad y dignidad estética suficientes”, y que las rentas estén “por debajo del precio de mercado libre”.

Este es el primer plan de vivienda vacía de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad liderada por Pablo Rodríguez (CC). El Gobierno ha tardado dos años y medios en iniciar su puesta a punto (pese a anunciarlo en repetidas ocasiones) porque “se ha estado trabajando en la fórmula” para desplegarlo y “ha llevado algo de tiempo buscar garantías”, señalan fuentes de la cartera dirigida por Rodríguez.

La oposición no ha tardado en criticar la actuación. La diputada de Nueva Canarias Carmen Hernández ha asegurado que la iniciativa llega “tarde, mal y está condenada al fracaso”. Y ha señalado que se trata de una “copia sin ambición” de un programa que presentó su formación política en junio de 2024 y que su dotación económica es “absolutamente insuficiente”.

Hernández ha alertado de la falta de un sistema para cofinanciar los alquileres y adaptarlos a la renta del inquilino, poniendo como ejemplo que, si un propietario alquila su casa por 700 euros y la familia solo puede asumir menos, la administración debería cubrir la diferencia, como hace Baleares. También ha rechazado la externalización del procedimiento y su duración. Cree que en lugar de dos años (con posibilidad de cuatro), tendría que durar entre ocho y diez.

“Lo ponen al final [de su mandato] para que no se les culpe. La legislatura finalizará sin que termine el programa y CC y PP volverán a eludir sus responsabilidades, como lo han hecho con la nefasta gestión [de los presupuestos]”, criticó la diputada canarista.

El Ejecutivo regional en la anterior legislatura, el del Pacto de las Flores (PSOE, Nueva Canarias, Podemos y ASG), también aprobó un programa de vivienda vacía valorado en 3,4 millones hasta 2025 que fue un fracaso. A fecha de julio de 2023, se habían ofrecido un total de 85 casas, pero solo una había sido incorporada al mercado. Seis expedientes se encontraban en trámite y los otros 77 habían sido archivados “por diversos motivos”, según un informe de la Diputación del Común.

Rodríguez mencionó en una comisión parlamentaria en octubre del año pasado que otros programas similares impulsados a principios de siglo sí funcionaron “de manera extraordinaria” y que hubo “cientos, por no decir miles” de inmuebles que se movilizaron.

El Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), por su parte, ha recuperado 541 viviendas públicas desde 2015, según una resolución obtenida por Canarias Ahora a través del Portal de Transparencia. Pero ese caso es distinto. Esos inmuebles habían quedado vacíos como consecuencia del fallecimiento o renuncia de los adjudicatarios.

“No es una cuestión de fondos, es una cuestión de cómo generamos un mecanismo que dé garantías. Porque la imagen que tiene la ciudadanía (o parte de los propietarios) es que es inseguro poner sus viviendas en el mercado”, indicó Rodríguez.

Fuentes del Gobierno han insistido en el mantra de que la Ley de Vivienda estatal “no ha ayudado” a ello. El primer informe del Observatorio Canario de la Vivienda (OBVIA) destacó de hecho que “la principal razón” por la que muchas casas se han quedado vacías en las Islas es la “inseguridad jurídica que sienten los propietarios” al quedar sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos que, a su juicio, “deja desamparados a los propietarios en casos como la ‘okupación’ o la ‘inkiocupación”.

Esa es una conclusión del OBVIA, un observatorio creado por la empresa pública de vivienda social en Canarias. No aporta datos para sustentarla. En 2024, no obstante, apenas hubo 663 denuncias por ocupación ilegal en el Archipiélago, es decir, un 0,06% del parque total de casas.

Otro encargo relevante de la Consejería es la elaboración de un estudio sobre el dato real de viviendas vacías en Canarias. El Ejecutivo considera que la estimación del INE, de 211.000 inmuebles sin habitar, sobredimensiona la realidad ya que se calculó basándose “exclusivamente en el análisis del consumo eléctrico registrado durante el año 2020”, un enfoque con “limitaciones importantes”.

El Gobierno ha pedido ahora que, en lugar de fijarse solo en la luz, la metodología de la investigación se base también en el análisis y cruce de datos de consumo de agua con el padrón de habitantes “en la medida en que esas cifras resulten disponibles, accesibles y utilizables”. El propio OBVIA ha advertido de que “muchos de los datos requeridos están protegidos por la legislación vigente”.

El Ejecutivo considera que, de la estimación del INE, solo entre el 33 y 37% de esas viviendas están realmente vacías.

Este marzo ha sido el más húmedo de Canarias desde el inicio de la serie histórica en 1961, según el balance climático de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Llovió mucho y en toda la comunidad autónoma. Una media de 144,6 litros por cada metro cuadrado (m2). O lo que es lo mismo: 4,5 veces más que el promedio natural de ese mes.

Sin embargo, no hay que dejarse engañar por las precipitaciones recientes. Las tendencias climáticas revelan que el balance hídrico natural del Archipiélago (es decir, la diferencia entre el agua de lluvia que entra y la que se evapora desde el suelo y las plantas hacia la atmósfera a causa del calor) está agotándose. Y un estudio de alta resolución publicado en la revista ‘Environmental Monitoring and Assessment’ alerta de que esto puede ir a peor, con islas perdiendo por completo (o casi por completo) sus reservas de agua dulce para finales de siglo si la crisis climática se acentúa.

“Las lluvias puntuales, por intensas que sean, no revierten una tendencia de sequía estructural. Un episodio húmedo como el que hemos tenido recarga parcialmente algunos acuíferos, sobre todo en cotas medias y altas. Pero el problema es más sutil (y más preocupante). El balance neto tiende a empeorar porque cada vez una mayor parte del agua disponible se pierde por efecto del calor. Aunque haya inviernos buenos, eso no compensa necesariamente varios años secos encadenados”, explica Juan Carlos Santamarta, investigador en la Universidad de La Laguna (ULL) y primer autor del estudio.

La publicación empleó una novedosa metodología denominada SICMA Canarias (premiada a nivel internacional este mismo año) que integra múltiples variables climáticas con la diversa realidad territorial del Archipiélago para estimar en pequeñas cuadrículas de 100 x 100 metros la evolución del balance hídrico. Esto es especialmente relevante porque permite captar el impacto de los microclimas y de la compleja orografía de las Islas. De lo contrario, las proyecciones se harían con brocha gorda y sin entrar en detalle.

Los firmantes del trabajo utilizaron como referencia el periodo entre 1985 y 2014 para luego predecir cómo evolucionarán las reservas naturales de agua en tres horizontes temporales: corto plazo (2021-2050), medio plazo (2041-2070) y largo plazo (2071-2100). Y siempre según dos escenarios climáticos posibles: moderado, en el que solo habría una rebaja significativa a partir de 2050 de las emisiones causantes de la crisis climática; y pesimista, un mundo en el que directamente no habría políticas para frenar el calentamiento global.

Los resultados, como era de esperar, son desalentadores. La tendencia de pérdida de agua natural es generalizada en ambos escenarios. Pero la diferencia entre uno y otro es también la diferencia entre una isla sin reservas naturales o al límite y una con pocas fuentes, aunque sin llegar a la depleción total.

El balance hídrico en Gran Canaria muestra que solo quedan pequeñas cantidades de agua en las regiones montañosas del norte y en el centro, con apenas 100 milímetros (mm). Si se cumple el escenario climático más desfavorable, esas reservas desaparecerían a finales de siglo; en un escenario menos extremo, se mantendrían en niveles muy bajos. En Tenerife, por su parte, el norte conserva bolsas de agua que alcanzan valores máximos de 200 mm y que, en el peor de los casos, podrían reducirse en torno a un 50%

En las islas más orientales, Fuerteventura y Lanzarote, el balance ya es nulo, por lo que cualquier agravamiento de las condiciones, por pequeño que sea, incrementaría aún más el estrés hídrico. Entre las islas verdes, la más afectada sería El Hierro, con una reducción de sus reservas de hasta el 75% (lo que supone una pérdida de hasta 150 mm) si el cambio climático se intensifica. En La Gomera, con una media anual de 100 mm, las proyecciones apuntan a una disminución “parcial o casi total” en ese mismo escenario. Y en La Palma, aunque los modelos estiman un ligero aumento de la disponibilidad de agua a corto y medio plazo, también prevén un declive progresivo hacia 2100 si continúa el aumento de las temperaturas.

La escasez de precipitaciones tendría mucho que ver. Pero si hay algo capaz de definir este futuro es el previsible incremento de la demanda evaporativa de la atmósfera. Esa es la señal “más clara y robusta” hasta el momento, ya que “está ligada directamente a la temperatura y la radiación, y sobre la temperatura hay muy poca duda: sube, y seguirá subiendo”, incide Santamarta.

Con las lluvias, continúa, hay más incertidumbre. Todo apunta a que serán “estables o a la baja, raramente al alza”. Pero el diagnóstico es simple: “Aunque lloviera lo mismo que hoy, el balance seguiría empeorando porque la demanda atmosférica de agua es mayor. Esa es la señal que más debería preocupar: no necesitamos que llueva menos para tener más estrés hídrico, basta con que haga más calor”, remacha el investigador.

Santamarta matiza que el estudio evalúa la precipitación medida en pluviómetros convencionales, esto es, la lluvia vertical. No incorpora la horizontal, que es el agua captada por la vegetación de las medianías de barlovento (como la laurisilva o el pinar canario) procedente del mar de nubes. En esas franjas de terreno, el balance hídrico “es algo más favorable” de lo que muestran las estimaciones de la publicación, aclara el experto, quien advierte de que ese “colchón” también puede verse afectado por la crisis climática.

El calentamiento global explica gran parte del raquítico ciclo del agua en Canarias. Pero no todo, enfatiza el primer autor del estudio. “Sería demasiado cómodo pensarlo así. Está la presión demográfica y turística [cuya industria consume el 12% de la demanda total solo en Gran Canaria]. Está la agricultura, que sigue siendo uno de los principales consumidores [acaparando casi el 50%]. Hay pérdidas significativas en algunas redes de distribución. Y, por supuesto, arrastramos décadas de sobreexplotación de acuíferos en varias islas, con descensos piezométricos y procesos de salinización de captaciones bien documentados”.

Santamarta reconoce la desalinización de agua de mar como “uno de los pilares del suministro en Canarias”. Remarca que ha aliviado la presión sobre acuíferos que estaban en sus últimas y de los que dependen ecosistemas enteros, como la vegetación ligada a barrancos y nacientes. Así que “la cuestión”, a su juicio, no es si usar desaladoras o no, sino qué tipo de energía las impulsa. “Si se acoplan a renovables, es una herramienta clave para la adaptación climática; si dependen de combustibles fósiles, su propia huella alimenta el problema que intenta resolver”.

En su opinión, eso sí, sería un error verlas como “una especie de cheque en blanco para seguir aumentando el consumo indefinidamente”. Porque “todo tiene un coste económico”. Y cuando una sociedad depende casi por completo de agua producida de manera industrial, “alguien termina asumiendo esa factura, normalmente el consumidor doméstico o el agricultor pequeño”, señala.

“La tecnología es necesaria, pero sin gestión de la demanda, pagar el agua a precio real, reducir pérdidas, ajustar qué cultivos tienen sentido en cada isla o planificar el turismo, no vamos a ninguna parte. La solución no es más oferta, es oferta sostenible más demanda racional. La tecnología amplía el margen de maniobra. No elimina los límites físicos del territorio. Creer lo contrario es, honestamente, bastante arriesgado”, reflexiona Santamarta.

Algunas propuestas planteadas por el investigador (en el sector turístico): a nivel operativo, grifos y duchas de bajo caudal, inodoros de doble descarga, detección automática de fugas, gestión inteligente del riego en jardines hoteleros con especies adaptadas de poco consumo; a nivel intermedio, reutilización de aguas grises para riego y cisternas, circuitos cerrados en lavandería, tratamiento y reutilización del agua de piscinas; y a nivel estructural, “que es el que de verdad cambia las cifras”, planificación turística “que limite la implantación de nuevos grandes consumidores de agua en islas con balance ya negativo” e “incorporación obligatoria de estándares de ecoeficiencia hídrica en la licencia de apertura, no solo como recomendación”.

Una encuesta del Observatorio de Transición Justa encontró que la sequía y la disminución de recursos hídricos son el segundo efecto del cambio climático que más percibe la población canaria (40,5%), solo por detrás del aumento de las temperaturas (50,9%). Santamarta cree que su impacto se siente “de forma más directa” porque “el agua falta en el grifo, sube en la factura, condiciona el riego, afecta al paisaje… no es una amenaza abstracta ni lejana”. Que encabece la preocupación refleja, añade, “un diagnóstico bastante certero de dónde aprieta el cambio climático en Canarias”.

El Gobierno de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) continúa sin sacar adelante la oficina de acción climática, la principal herramienta pública para combatir el calentamiento global en el Archipiélago, a pesar de ser obligatoria desde finales de 2024, cuando concluyó el plazo legal para su aprobación.

Fuentes de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, dirigida por Mariano Zapata, del PP, aseguran que se está realizando ahora un “análisis técnico y organizativo de sus funciones, cargas administrativas y necesidades de personal” para que la agencia nazca “proporcionada y plenamente adaptada a las competencias que deberá asumir”.

El retraso en la puesta a punto del órgano, no obstante, está lastrando sobremanera la lucha contra el cambio climático en las Islas. El Ejecutivo regional tiene pensado centralizar en él las acciones de mitigación y adaptación; la elaboración del Plan Canario de Adaptación Climática; la supervisión de los planes de empresas y organismos públicos ante el aumento de las temperaturas; los inventarios de emisiones de gases contaminantes e incluso la gestión del registro de la huella de carbono.

Pero después de haberse marcado diciembre de 2024 como límite legal para dar forma a la oficina, el departamento que lidera Zapata sigue estudiando cómo crearla para “dotarla de una estructura eficaz y ajustada a sus funciones”. Los efectos provocados por un planeta cada vez más caliente, sin embargo, no cesan.

“Conociendo el escenario climático de Canarias, con los múltiples impactos que tenemos (y que tendremos), esto hay que resolverlo de forma urgente porque la oficina forma parte de una cadena administrativa en la que el primer eslabón todavía no está conectado”, apunta Ezequiel Navío, naturalista y presidente de la Asociación para el Desarrollo de Acciones Climáticas Insulares (ADACIS).

“No es una cuestión solo de una consejería, sino un compromiso de Gobierno. Su ausencia pone en peligro que cualquier otro ejecutivo futuro no crea en la crisis climática y por tanto frene todo el esfuerzo hecho desde la ciencia y los propios técnicos de la administración”, agrega Aridane González, presidente del comité de personas expertas para el estudio del cambio climático en las Islas e investigador en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

El vacío de la agencia se nota, por ejemplo, en la gestión de los fondos europeos de reconstrucción, los conocidos como Next Generation. La ley canaria de cambio climático establece que será ella la encargada de armonizar y canalizar todo los recursos, subvenciones y ayudas orientadas a la transición energética. Pero está paralizada. Así que gran parte del peso ha recaído en el personal técnico de la Viceconsejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía. Personal que, en estos momentos, está completamente desbordado, “con la lengua afuera y sin dar abasto”, lamenta Navío.

El Ejecutivo autonómico busca a la desesperada una prórroga para extender las prestaciones hasta al menos 2028. Ha reconocido que, en caso de no lograrla, 51 millones en prestaciones para instalar parques eólicos, fotovoltaicas o fomentar el autoconsumo se irán por un sumidero.

Otro efecto secundario es la falta de referencias para los cabildos en la elaboración de sus planes de acción climática. La oficina es el órgano encargado de redactar el Plan Canario de Acción Climática, un documento regional que sirve de base para los planes insulares. Si este no ha sido aprobado, los demás tampoco pueden avanzar debido a la ausencia de directrices.

Y una tercera consecuencia (aunque no menos importante): la nula coordinación entre las instituciones. Un estudio publicado hace unos meses sobre “la red de gobernanza” en Canarias para combatir la subida del nivel del mar encontró múltiples ejemplos que evidencian el caos entre administraciones, con entidades actuando por su cuenta ante la falta de una agencia común.

La investigación mencionó dos casos muy concretos: la gestión de las Dunas de Maspalomas, que tiene por un lado al Cabildo de Gran Canaria intentando estabilizar el ecosistema mediante proyectos científicos y, por otro, al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, “criticado por utilizar tractores y excavadores para allanar la arena con fines turísticos”.

Así como la aprobación por “error” del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de un proyecto de acción climática promovido por el Gobierno regional a pesar de que el Consistorio capitalino nunca recibió el documento técnico de la iniciativa ni fue invitado para colaborar en su elaboración.

“Todas las medidas de adaptación (nivel del mar, olas de calor, etc.) deben estar centralizadas en esta oficina. El inventario de emisiones, los mercados de carbono, la compensación directa e indirecta…”, reflexiona González, uno de los autores de la publicación, difundida en la revista científica Ocean and Society.

“La agencia es importante para poder desarrollar todas las competencias que marca la ley, pero especialmente para dotar de recursos humanos a la acción climática. No hay otra materia tan transversal como esta”, agrega el experto.

La oficina canaria de acción climática contará en principio con 25 trabajadores, según una respuesta por escrito de la Consejería de Transición Ecológica y Energía a una pregunta de la diputada socialista Lucía Fuentes. En ese texto, el Ejecutivo reconoce que “ha incumplido el plazo legal” para la constitución del órgano. Y explica que su creación depende de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la cartera dirigida por Zapata.

Esa reforma estaba a la espera de otra modificación, en este caso del Reglamento Orgánico de la Consejería, aprobada en febrero de este año. De modo que ese obstáculo burocrático ha desaparecido. El Gobierno insiste igualmente en que el “trabajo previo” de la futura agencia permitirá “articularla de forma coherente con los principios de buena administración, y no como una mera previsión formal”.

La última actualización de la RPT de la Consejería, en abril de 2025, indica que, de 345 puestos de trabajo, 83 permanecen vacantes. Entre ellos se encuentran cargos tan relevantes como los encargados del análisis y estudio de proyectos, la elaboración de propuestas técnicas sobre autorizaciones ambientales, el desarrollo de planes de especies amenazadas o la vigilancia del régimen legal de protección de parques nacionales.

La jueza del juzgado de instrucción número uno de Arona ha rechazado la petición del Ayuntamiento de Adeje de apartar al perito designado para investigar la pequeña parte de las obras del polémico proyecto turístico Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje (sur de Tenerife), que fueron paralizadas de manera cautelar la semana pasada.

En un auto firmado el 9 de abril, la magistrada Sandra Peraza ha desestimado el recurso de reforma del Consistorio contra el nombramiento del ingeniero Juan Jesús Cabrera por el supuesto “silencio” en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para designar a un perito judicial.

La Corporación liderada por José Miguel Rodríguez Fraga (PSOE) consideraba que esa normativa no especificaba el procedimiento para ello y que, por tanto, se debería de aplicar la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Sin embargo, la jueza ha rechazado el recurso defendiendo que la designación del perito se llevó a cabo “conforme al cauce habitual en el procedimiento penal”. Y que solo acudiría a la vía civil “de forma supletoria, cuando fuere necesario”. La resolución no es firme y contra la misma cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge en su artículo 456 que es el juez (la magistrada Sandra Peraza en este caso) quien demanda la elaboración de un informe pericial si “fuesen necesarios o convenientes conocimientos científicos o artísticos” para investigar unos hechos. En la disposición 458, señala literalmente que “el juez se valdrá de peritos titulares [los que tienen titulación oficial] con preferencia a los que no tuviesen título”. El artículo 356, que regula cómo deben hacerse los análisis químicos que sean necesarios durante la investigación de un delito, también dice que “los jueces de instrucción designarán […] los peritos que han de hacer el análisis de las sustancias…”.

Adeje buscaba anular el nombramiento del perito en esta causa penal, que investiga la comisión de hasta cinco presuntos delitos cometidos durante la tramitación de la polémica urbanización turística, para que su designación siguiera los pasos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Esa normativa establece que, cada mes de enero, los colegios profesionales enviarán a los juzgados listados de profesionales dispuestos a actuar como peritos. La primera elección será por sorteo y, a partir de ahí, por orden.

Pero la jueza ha rechazado la petición del Consistorio y ha recordado además que el ingeniero Cabrera “no incurre en causa de recusación”, es decir, no cumple con ninguno de los motivos que permitirían apartarlo de la causa. Estos son: tener relación de parentesco de consanguinidad o de afinidad dentro del cuarto grado con las partes; tener un interés directo o indirecto en el propio procedimiento; o tener una amistad íntima o manifiesta con los implicados.

Será él quien investigue si las actuaciones de Cuna del Alma en la zona de servidumbre de protección del litoral, que incluyen un restaurante, una piscina descubierta y un parquin para buggies, son legales o no.

La Ley de Costas restringe de manera muy clara los usos en esta pequeña franja de terreno de cien metros tierra adentro, pues debe quedar liberada para el paso público peatonal y la circulación de vehículos de vigilancia y salvamento. En ella solo se permiten obras, instalaciones o actividades que, por su naturaleza, no puedan ubicarse en otro lugar o den servicios “convenientes” para la costa.

La Fiscalía concluyó después de estudiar el expediente íntegro de la actuación de Cuna del Alma en ese espacio, autorizado por el Gobierno de Canarias porque le viene bien al turismo, que precisamente esas instalaciones pueden tener otra localización “fuera” de la zona de servidumbre y que “no prestan un servicio necesario o conveniente” para la costa.

El Ministerio Público pidió paralizar los trabajos y solicitó una “pericial independiente” de los mismos para dirimir si cumplen con la normativa. La jueza accedió a ambos puntos.

En el auto de suspensión cautelar de las obras, la magistrada también reprochó a la promotora de Cuna del Alma, Segunda Casa Adeje SL, que su justificación para instalar muros de contención de más de tres metros de altura en el área (lo cual “contravendría” el Reglamento General de Costas) es “muy escueta”.

Los planes de Segunda Casa Adeje en esta franja del litoral conforman una pequeñísima parte del total de la urbanización de lujo que proyectan en el Puertito de Adeje. En concreto, solo 2.394 metros cuadrados de una parcela, la T2, cuya extensión total abarca 45.000 m2. La iniciativa en su conjunto, no obstante, tiene 430.000 m2.

Un informe pericial presentado por la acusación popular, la Asociación Cultural Social Ecologista Puertito Libre, estima que dos tercios del Puertito ya se han visto afectados por las obras.