Fueron antiguos buques cargueros dedicados al transporte de materias primas. Hoy navegan reconvertidos en centrales térmicas flotantes hacia países con escasez de energía o inmersos en crisis de suministro con la promesa de ofrecer una solución rápida a la emergencia.

Están presentes en Ghana, Sudán, Sierra Leona, Senegal, Cuba, República Dominicana, Brasil, Indonesia o Líbano, donde han dejado un reguero de controversias ambientales, judiciales y políticas. Y Canarias ya figura entre los territorios que la compañía ha identificado en su perfil corporativo como un cliente potencial.

No es una posibilidad remota. El Gobierno autonómico, integrado por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), está convencido de que “la única propuesta para resolver con mayores garantías el déficit energético de Gran Canaria” pasa por instalar un barco de generación de Karpowership, una empresa turca que asegura disponer de una flota de 45 buques de este tipo repartidos por una veintena de países en cuatro continentes.

Fuentes de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, dirigida por Mariano Zapata (PP), no detallan por ahora cuándo llegará el barco, cuánto costará ni cuánto tiempo permanecerá en la isla.

Su financiación correrá a cargo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, igual que las ocho centrales térmicas de Sampol y Disa proyectadas en Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife para evitar apagones, cuyo presupuesto total asciende a unos 150 millones de euros.

El buque tendrá una potencia de unos 100 megavatios (MW) con la que el Ejecutivo pretende cubrir buena parte del déficit de 120 MW que Red Eléctrica identificó en Gran Canaria en 2021. Transición Ecológica sostiene que el sistema eléctrico insular “lleva ya tiempo sobre la cuerda floja del cero energético” y defiende que la central flotante actuará como un “respaldo” cuando se produzca un apagón o el sistema lo requiera. Añade asimismo que contará con “todas las exigencias de la Unión Europea desde el punto de vista medioambiental y eléctrico”.

La mayor flota de centrales térmicas flotantes del mundo

Karpowership es un gigante de la generación eléctrica flotante, sobre todo en el Sur Global. La compañía asegura que posee la mayor flota mundial de este tipo de barcos, con capacidades que oscilan entre los 30 y los 500 MW.

Sus navíos funcionan mayoritariamente con fueloil pesado (un derivado del petróleo muy denso y altamente contaminante) o con gas natural licuado (GNL), un combustible fósil que, aunque emite menos dióxido de carbono (CO2) que el fuel, también contribuye al calentamiento global. Shell, una de las petroleras más importantes del mundo, ha sido su proveedor de GNL.

La empresa defiende que trabaja para alcanzar las “cero emisiones netas” mediante la integración de energías renovables, gas natural renovable (RNG) e hidrógeno. Por ahora, sin embargo, sus buques siguen generando electricidad con combustibles fósiles y emitiendo a la atmósfera millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), el principal gas causante del cambio climático.

Un estudio publicado en 2022 en la revista ‘Environmental Science Advances’ estimó que la flota mundial de barcos de generación eléctrica, que entonces sumaba 2,6 GW de capacidad instalada, emitía unos 4,4 millones de toneladas de CO2 al año. Como referencia, esa cifra equivale a cerca de un tercio de todo el CO2 que expulsó Canarias en 2023 (12,4 millones de toneladas).

Desde entonces, Karpowership ha elevado su capacidad instalada por encima de los 8 GW y prevé alcanzar los 21 GW, aunque la empresa no ha publicado datos actualizados sobre las emisiones de su flota.

La compañía sostiene que su misión es “democratizar el acceso a la electricidad” allá donde hace falta. En la práctica, su actividad se ha centrado en países en vías de desarrollo o estados desesperados por conseguir suministro. En algunos de ellos obtiene ingresos millonarios a través de acuerdos criticados por ser “abusivos e irracionales”, según una investigación de amaBhungane (una de las organizaciones de periodismo de investigación más prestigiosas de África).

En Ghana, por ejemplo, desembarcó en 2015 para aliviar una crisis energética con un suministro de 450 MW, equivalente a cerca de una cuarta parte de toda la electricidad que generaba entonces el país. El contrato inicial se firmó mediante un procedimiento de “adquisición de emergencia”, según amaBhungane. Pero dos años después, el acuerdo se prorrogó una década más, hasta 2027 (el Gobierno ghanés ya ha anunciado que ha iniciado negociaciones para volver a ampliarlo).

Solo en 2019, Karpowership obtuvo un beneficio bruto de 197 millones de dólares de sus operaciones en Ghana, de acuerdo con cifras extraídas por amaBhungane de las cuentas de una sociedad que Karadeniz Holdings (la matriz de Karpowership) registró en Malta para gestionar sus negocios en el extranjero.

Fue la investigación periodística Paradise Papers, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en sus siglas en inglés), la que reveló la presencia del grupo en ese refugio fiscal europeo.

Un informe financiero de otra sociedad del grupo, Karpower International B.V., radicada en Países Bajos y accionista de la mercantil ubicada en Malta, muestra que Karpowership crea filiales en cada región donde opera. A través de ellas facturó 151,9 millones de dólares en Senegal en 2024; 57,4 millones en Nueva Caledonia; 28,5 en Mozambique; 25,4 en Ecuador; 18,2 en Guinea Bissau y 763.000 dólares en Gabón.

República Dominicana fue, eso sí, el mercado donde más ingresó: 100,9 millones de dólares en 2024 y 122,8 millones en 2025.

Allí, la central térmica flotante anclada en la localidad de Los Negros, en la provincia de Azua, sufrió la rotura de una manguera mientras realizaba labores de descarga de residuos, lo que provocó un importante derrame de combustible (lodos y mezclas oleosas e hidrocarburos), informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que recomendó sancionar a la empresa.

El accidente se produjo a las 10.30 de la mañana, pero los responsables del buque no lo comunicaron a las autoridades hasta alrededor de las 14.00. El Gobierno dominicano concluyó que Karpowership había incumplido las medidas de seguridad exigidas en su licencia de operación y ordenó paralizar de inmediato el trasiego de combustibles hasta que sustituyera el sistema de mangueras por tuberías metálicas no corrosivas.

República Dominicana acumula una larga experiencia con este tipo de buques de generación eléctrica. Residentes y organizaciones vecinales han denunciado enfermedades respiratorias asociadas a la contaminación del aire, además de ruidos, vibraciones y daños al ecosistema marino. Denuncian que el barco succiona agua del río para refrigerar sus motores y la devuelve a mayor temperatura, reduciendo los niveles de oxígeno del agua, según recoge un informe de la consultora holandesa especializada en energía y transporte CE Delft.

En Sudáfrica, sin embargo, Karpowership sufrió su mayor fiasco. El Gobierno lanzó en 2020 un programa de emergencia para asegurar 2.000 MW de electricidad y, un año después, seleccionó a la empresa turca como “postor preferente” para suministrar 1.220 MW mediante tres barcos de generación.

El acuerdo ataba a la empresa eléctrica estatal a Karpowership durante 20 años mediante una cláusula take-or-pay, que obligaba a pagar la electricidad contratada se consumiera o no, según amaBhungane. De acuerdo con sus cálculos, la filial de la compañía en Sudáfrica se garantizaría unos ingresos anuales de entre 7.900 y 11.300 millones de rands (entre 422 y 604 millones de euros).

Pero la licencia fue anulada. La organización ciudadana OUTA (Organisation Undoing Tax Abuse) llevó el caso a los tribunales, denunciando que el regulador nacional de energía (NERSA) había actuado de manera “procesalmente injusta, irracional e ilegal” al conceder las autorizaciones a Karpowership. Y en julio de 2025, NERSA anuló la licencia en un acuerdo de conciliación final ante el Tribunal Superior de Pretoria.

En el Líbano, Karpowership apagó en mayo de 2021 los generadores de las dos centrales flotantes que había instalado, cortando un suministro de 370 MW, equivalente a una cuarta parte de toda la electricidad del país. La empresa justificó la decisión alegando que el Gobierno libanés acumulaba una deuda de más de 100 millones de dólares por impagos y que no había intentado negociar una solución, informó Reuters.

El corte de luz se produjo justo después de que un fiscal libanés amenazara con confiscar los barcos y multar a la empresa tras unas informaciones difundidas por el canal de televisión Al-Jadeed que la acusaban de corrupción en la adjudicación del contrato eléctrico. Karpowership negó esas acusaciones.

La empresa también suspendió el suministro eléctrico en Sierra Leona y Guinea-Bissau alegando impagos de los gobiernos.

Canarias Ahora intentó contactar con Karpowership por correo electrónico, pero no ha obtenido respuesta hasta la fecha de publicación de este artículo. En una de las informaciones de amaBhungane, la compañía respondió que gana las licitaciones donde opera porque ofrece “el mejor paquete combinado de asequibilidad, energía más limpia, tecnología probada e iniciativas de desarrollo económico”.

Una medida cortoplacista “por si acaso”

El doctor en Ingeniería de la Energía por la Universidad Politécnica de Valencia David Ribó explica que el principal objetivo de Red Eléctrica es garantizar el suministro y asegura comprender la lógica de instalar en Gran Canaria un barco de generación térmica “por si acaso”. A su juicio, los recientes apagones en las Islas demuestran que “el sistema está funcionando al límite”.

Ribó remarca que se trata de una solución “cortoplacista” y que Canarias necesita “una mirada a medio plazo” para avanzar en la descarbonización de su sistema eléctrico.

Las renovables tan solo representan alrededor del 20% de la demanda en las Islas, porcentaje que lleva estancado muchos años. Y se tira a la basura el 20% de la energía limpia producida por las características del sistema eléctrico, monopolizado por centrales térmicas antiguas e inflexibles, como los ciclos combinados, incapaces de absorber toda esa producción verde.

Estos motores tienen unos mínimos técnicos elevados, lo que significa que no pueden reducir su potencia por debajo de un determinado umbral sin dejar de funcionar con seguridad. Como Red Eléctrica necesita mantenerlos encendidos para responder ante cualquier fallo del sistema, ocupan parte del hueco disponible para generar electricidad, limitando así la entrada de energía renovable y favoreciendo los vertidos.

“Por eso, vale, instala el barco de manera momentánea. Pero dime cómo vamos a desplegar baterías, cómo vamos a mejorar la penetración de renovables, cómo podemos asegurar el suministro de otra forma. Creo que ese debe ser el debate”, razona Ribó.

El doctor en Ingeniería de la Energía considera que el reciente concurso de potencia firme para renovar los contratos de generación térmica ha sido una oportunidad perdida. Primero, porque no permitió la entrada de baterías. Y, segundo, porque los permisos se concedieron a unos grupos que, en su opinión, “no nos van a ayudar en nada a reducir los vertidos”.

La alternativa pasa por el almacenamiento, sostiene Ribó. El experto cita la central hidroeléctrica de Chira-Soria, que permitirá almacenar el excedente de energía renovable cuando sobre y devolverlo al sistema cuando haga falta. Pero añade que también urge desplegar baterías de ion de litio para estabilizar la red e hibridar las plantas renovables.

Ribó cree que en Canarias ya hay “muchas plantas de renovables” que podrían incorporar sistemas de almacenamiento mediante procesos de hibridación, y lamenta que esas inversiones no hayan despegado todavía. El doctor en Ingeniería de la Energía destaca también la importancia del autoconsumo, especialmente en un territorio como el Archipiélago, “con la escasez de suelo propia de unas islas”.

El Gobierno de Fernando Clavijo (Coalición Canaria) está muy cerca de permitir que los promotores construyan viviendas al margen del planeamiento a cambio de limitar el precio del alquiler durante solo siete años, apenas dos más que el periodo mínimo durante el que un propietario particular ya debe mantener un contrato de alquiler y el mismo plazo que cuando el arrendador es una empresa.

La futura ley de privatización de las licencias urbanísticas, que acaba de superar el proceso de enmiendas, incluye la figura de la vivienda asequible incentivada, una modalidad de titularidad privada que permitirá a las constructoras levantar edificios de hasta dos plantas más de las previstas por el planeamiento municipal en suelo público y sustituir las cesiones obligatorias de aprovechamientos urbanísticos para dotaciones públicas (como colegios, parques o centros sanitarios) por compensaciones económicas.

A cambio, estas promociones deberán destinarse al alquiler residencial durante un mínimo de siete años y respetar un precio máximo equivalente (o un 20% más) al de las viviendas protegidas de promoción privada de la misma superficie.

El texto inicial del proyecto de ley establecía que este régimen de protección tendría una duración de diez años. Sin embargo, una enmienda presentada por los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias (Coalición Canaria, Partido Popular, ASG y AHÍ) rebajó ese plazo a siete durante la tramitación parlamentaria.

La diputada socialista Patricia Hernández ha denunciado que conceder estas ventajas urbanísticas a cambio de un periodo de alquiler asequible tan corto abrirá todavía más la puerta a la especulación y al “negocio” con la vivienda en Canarias.

“Están aprovechando la vulnerabilidad y la necesidad de la gente para hacer negocio”, afirmó durante la sesión parlamentaria en la que se debatieron las enmiendas al articulado del proyecto de ley.

Son numerosas las excepciones al régimen urbanístico que incorporará la vivienda asequible incentivada en el Archipiélago. Buena parte de ellas han sido incluidas a última hora a través de enmiendas firmadas por los partidos que sustentan al Ejecutivo regional.

La normativa posibilitará que “alojamientos con espacios comunes complementarios” (también conocidos como ‘coliving’ o ‘cohousing’) puedan ser calificados como vivienda protegida o asequible incentivada siempre y cuando se adecúen a las “normas de superficie, diseño y calidad propia de estos alojamientos”. Hernández ha cargado duramente contra esta disposición.

“Vamos a permitir o quitar los requisitos para que una vivienda protegida o asequible incentivada tenga todos los servicios. Porque a partir de ahora podrán ser servicios compartidos”, ha dicho. “Una vivienda protegida podrá ser construida por el promotor sin cocina. Y hasta ahora no se podía”, ha remachado.

Otra de las modificaciones incorporadas permite a los promotores de vivienda asequible incentivada levantar sobre suelos públicos (mediante derechos de superficie o concesiones administrativas) edificios de hasta dos plantas más de las previstas por el planeamiento urbanístico, sin necesidad de modificarlo.

A los ayuntamientos también se les admitirá, mediante una simple ordenanza y sin alterar el plan general, “el incremento de una altura más” en edificios residenciales existentes o en parcelas sin edificar si se destinan a este tipo de viviendas.

La ley flexibiliza las obligaciones urbanísticas de forma distinta según el tipo de suelo. En suelo urbano, el promotor podrá construir “tantas viviendas como sea admisible”, aunque el planeamiento municipal fije un número máximo inferior, siempre que no aumente la edificabilidad, es decir, el volumen total de metros cuadrados que pueden levantarse en la parcela.

En suelo urbano no consolidado, el cambio va un paso más allá. Los promotores podrán sustituir la cesión obligatoria de suelo para parques, colegios, centros sanitarios u otras dotaciones públicas por una compensación económica. Es decir, podrán destinar toda la parcela a construir viviendas en lugar de reservar parte del terreno para esos equipamientos, a cambio de abonar el “valor correspondiente a las dotaciones y cesiones obligatorias que correspondan”, según recoge el proyecto de ley.

La vivienda asequible incentivada también podrá construirse en asentamientos rurales y acogerse a beneficios fiscales, entre ellos la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC).

Además, la futura ley le otorga prioridad frente a la vivienda protegida de promoción privada en algunos supuestos de recalificación de suelo. Cuando una parcela no edificada con uso comercial o industrial pase a tener uso residencial, el 60% de la edificabilidad podrá destinarse a vivienda asequible incentivada y el 40% restante a vivienda protegida de promoción privada, pese a que la primera solo deberá mantener su régimen de protección durante siete años, frente a los treinta de la segunda.

“Les vamos a dejar construir sin dar el aprovechamiento a los ayuntamientos, sin las plazas, sin los parques, sin las dotaciones. Alquiler asequible incentivado y siete años después, libres”, señaló Hernández, del PSOE. “Seguro que hay alguno que utiliza la RIC para esto”, ironizó la diputada.

La primera ola de calor del año en Canarias ha pillado a Ciani, de 39 años, como de costumbre: trabajando como camarera en el bar de la piscina de un hotel del sur de Gran Canaria.

El termómetro supera los 40 grados y a ello hay que sumar la calima, que también se ha dejado notar. El aire está irrespirable. El sol cae a plomo. Pero el local no va a cerrar para que Ciani pase la tarde a la sombra, dice ella, algo resignada. La hostelería impone unos ritmos que ni siquiera el calor más extremo parece cuestionar. Aunque, si llega el momento, tiene claro qué hacer.

“El ajetreo te impide parar. Pero yo, personalmente, pongo primero mi salud. Y si tengo que descansar, lo voy a hacer, por mucho que mi jefe me exija que siga trabajando. Porque si no lo hago, me voy al piso”, asegura. “Y si me sancionan, pues ya es cosa de ellos y me defenderé como me tenga que defender”.

No es la única. Canarias es la región europea donde más se interrumpe el trabajo al aire libre por las altas temperaturas, cada vez más frecuentes por el cambio climático, según un estudio de la prestigiosa revista The Lancet. Le siguen Chipre y la región de Ática, en el sur de Grecia. La otra cara de la moneda la firman Salzburgo, en Austria; la provincia de Bolzano, en el norte de Italia, y Finlandia, donde ha aumentado la actividad.

El calor extremo provoca estrés térmico. La capacidad física y cognitiva de quien trabaja se reduce, y el riesgo de sufrir accidentes laborales aumenta, según un informe del Observatorio DKV de Salud y Medio Ambiente. Cuando el entorno supera la capacidad del cuerpo para autorregular su temperatura mediante la sudoración, pueden aparecer desde deshidratación y calambres hasta golpes de calor o fallos multiorgánicos potencialmente mortales.

“A veces no somos conscientes de que estamos sufriendo un problema de salud de estas características. Todo empieza con una taquicardia y puede llegar un momento en el que ya no eres capaz de llamar a emergencias, trasladarte a una zona de sombra o beber agua”, advierte Carmen Marrero, secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras (CCOO).

La investigación publicada en The Lancet apunta que la temperatura media anual a partir de la cual empieza a resentirse la actividad laboral al aire libre se sitúa en torno a los 9,9 grados. A medida que ese promedio aumenta, disminuye la capacidad fisiológica del cuerpo para trabajar.

En Canarias, la temperatura media alcanzó los 18,8 grados en 2025, 0,4 grados por encima de lo normal. En la España peninsular fue de 15 grados, con una anomalía de 1,1 grados.

Una temperatura media anual cada vez más alta favorece episodios de calor más intensos y frecuentes. Y en Europa, eso se traduce en que cada trabajador al aire libre pierde en torno a 24 horas de trabajo al año por el calor extremo, según la publicación de The Lancet, que compara el periodo 2020-2023 con el promedio registrado entre 1965 y 1994.

Canarias es la región más afectada, pero el trabajo académico, en el que han participado una veintena de expertos, no aporta datos específicos sobre el Archipiélago. Los testimonios de quienes se exponen a las altas temperaturas en los servicios de limpieza, hostelería, mantenimiento o jardinería muestran, en cambio, cómo el bochorno lo cambia todo.

“El ritmo de trabajo, evidentemente, es menor. Hacemos más pausas, bebemos mucha agua… Si nos quedamos en un lugar concreto, ponemos una sombrilla para que no nos dé el sol directamente”, dice Paco, de 48 años, que se dedica al mantenimiento de urbanizaciones en el sur de Gran Canaria.

A partir de las 11.00, añade, el vapor que desprende el alquitrán hace que “te quemes los pies”. Por eso intentan alternar “media hora a la sombrita” y otra media al sol. A las 13.00 abandonan la calle y se refugian en la nave de la empresa para realizar tareas de interior y limpieza. Y si algún miembro de la plantilla se siente fatigado, tiene libertad para acudir al médico.

Pepe, por su parte, tiene 57 años y trabaja como jardinero en San Bartolomé de Tirajana. Cuenta que, durante los episodios de calor, comienza la jornada con “gimnasia preventiva” para activar el cuerpo y aprovecha las primeras horas de la mañana para realizar las tareas más expuestas al sol. A partir de las 10.30, el protocolo le obliga a trasladarse a zonas de sombra e incluso a descartar los trabajos junto al asfalto. Allí, agrega, el calor que irradia el pavimento hace que sea imposible trabajar.

“Es un sofoco increíble porque te vas agotando, te vas agobiando. Y son días en los que no se rinde igual”, remacha Pepe. Cuando a eso se suma la dificultad para que el cuerpo se enfríe durante la noche, los efectos (y también los riesgos) se multiplican.

“Si no tienes aire acondicionado, estás muerto”, afirma Ciani. “Y te pones de mal humor. Se nota en cómo tratas a los clientes y a los compañeros. Porque no es lo mismo estar a la fresca, cuando te atiendo con una sonrisa, que hacerlo con este calor. Lo intento igual, pero cada vez te encuentras peor, más cansada”.

Canarias no cuenta con un plan autonómico de prevención de riesgos laborales frente a las altas temperaturas. El Instituto Canario de Seguridad Laboral (ICASEL) impulsó recientemente una campaña preventiva, pero fuentes de la Consejería de Turismo y Empleo aclaran que las medidas dependen de lo que establezca cada convenio colectivo y de lo que acuerde cada empresa.

El Archipiélago no concentra un gran volumen de trabajadores en dos de los sectores más expuestos al calor extremo: la agricultura y la construcción. La primera representa el 2,2% del empleo y la segunda, el 6,2%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Pero las Islas sí tienen a una gran parte de su población ocupada en el sector servicios. En concreto, el 86,6%, el porcentaje más alto de toda España. Personas que sirven copas a pie de playa, limpian habitaciones de hotel o mantienen jardines bajo un calor cada vez más asfixiante.

A falta de un protocolo autonómico (y más allá de la normativa estatal, que obliga a las empresas a adaptar las condiciones de trabajo cuando hay avisos naranja o rojo por calor), Marrero, de CCOO, advierte de que las medidas no deberían limitarse al verano, sino aplicarse mucho antes, porque “estamos viendo temperaturas propias de julio o agosto ya en mayo o junio”.

Para la secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras, los protocolos deben ser dinámicos y negociados, alejados de una actitud “paternalista” que ignore la realidad y el esfuerzo físico de cada puesto de trabajo. Como ejemplo, plantea evitar que los trabajos físicos o a la intemperie se realicen en solitario. Trabajar por parejas, sostiene, es fundamental para que un compañero pueda pedir ayuda si alguien empieza a encontrarse mal.

La doctora en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y coordinadora del Hub de Preparación y Respuesta del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), Elizabeth Diago, recuerda que las empresas están obligadas a incorporar el estrés térmico de forma específica en sus planes de prevención de riesgos laborales.

Eso implica evaluar cada puesto de trabajo para adoptar medidas adaptadas a sus riesgos, como garantizar el acceso a agua potable, proporcionar ropa adecuada y, sobre todo, establecer pausas de descanso.

“Esas pausas tienen que hacerse en lugares refrigerados, climatizados. No en una terraza a 32 grados bajo el sol. Eso no te va a ayudar a compensar el calor que estás sufriendo”, puntualiza Diago.

La doctora adelanta que la negociación colectiva ya está impulsando cambios transformadores en algunos sectores. En la construcción, por ejemplo, se negocia implantar jornadas intensivas durante el verano que comiencen mucho antes y terminen también más pronto, aunque no lleguen a completar las ocho horas diarias. El tiempo restante se recuperaría en invierno, cuando las temperaturas ya no sean tan elevadas.

En agricultura, indica Diago, también podría adaptarse la jornada para empezar a partir de las cuatro o cinco de la madrugada y evitar jornadas de ocho de la mañana a cuatro de la tarde, cuando el sol más aprieta.

“Debería haber una mayor fiscalización del Real Decreto-ley 4/2023, que regula la prevención de riesgos laborales durante episodios de elevadas temperaturas. Y las empresas deberían cumplirlo para evitar accidentes laborales, porque también va en beneficio suyo”, destaca Diago.

En Canarias solo se registraron en 2024 siete accidentes laborales con baja atribuidos a “los efectos de las temperaturas extremas, la luz y la radiación”, según el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En toda España apenas se contabilizaron 263 casos.

Pero es una realidad infradiagnosticada, advierte Marrero. El accidente por calor solo salta a las estadísticas en “el último estadio”, es decir, cuando se produce un síncope o un golpe de calor tan evidente que obliga a llamar de urgencia a los servicios sanitarios.

Sin embargo, muchos trabajadores ven agravadas patologías previas por desempeñar su labor en condiciones extremas. Y ni ellos ni el personal sanitario, añade Marrero, suelen relacionar ese deterioro con la ola de calor o con la exposición laboral.

En sectores altamente precarizados e impactados por el sol, además, las personas vulnerables evitan ir al médico, según el Observatorio DKV. Un dato: aunque en España la agricultura incrementa un 21% el riesgo de sufrir un accidente relacionado con el calor, solo el 8% de los temporeros agrícolas que enferman busca atención médica por miedo a perder el salario o el puesto de trabajo.

“Por eso es importantísimo seguir formando e informando a las personas trabajadoras de que trabajar en condiciones extremas puede afectar a su salud. Muchas veces esos casos ni siquiera llegan a las estadísticas”, concluye Marrero.

La jueza del Juzgado de Instrucción Número 1 de Arona que investiga presuntas irregularidades en la promoción del polémico proyecto turístico Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje (sur de Tenerife), ha citado como investigado al director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta, para el próximo 14 de septiembre a las 10.00 horas.

Acosta, nombrado por Coalición Canaria, se suma así al jefe del Servicio de Ordenación del Litoral Oriental del Ejecutivo regional, Valeriano Díaz, también citado a declarar como investigado. Y al representante legal y administradores de la promotora de la iniciativa, Segunda Casa Adeje SL. Todos ellos declararán el 13 de agosto.

La magistrada también ha citado, pero en calidad de testigos, al jefe del Servicio de Ordenación del Litoral Occidental del Gobierno canario, José David Marín, y al técnico autonómico Francisco Javier Carrancho, de la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario. Ambos comparecerán el 16 de julio.

La causa investiga presuntos delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente por la autorización concedida a Cuna del Alma para ocupar la zona de servidumbre de protección de la costa, la franja de cien metros tierra adentro desde la orilla del mar. En ese espacio se estaban construyendo un restaurante, una piscina al aire libre y un aparcamiento para buggies, entre otras cosas.

La Dirección General de Costas del Ejecutivo autonómico dio el visto bueno al entender que esas instalaciones beneficiaban a la actividad turística, tal y como adelantó Canarias Ahora.

Esas obras forman parte de la urbanización de 420 villas de lujo proyectada en este paraje, rodeado de espacios naturales protegidos y lugares de interés geológico. Sin embargo, solo ocupan el 5,25% de la parcela T2, de unos 45.000 metros cuadrados. El proyecto completo abarca cerca de 430.000 metros cuadrados.

La jueza ordenó paralizar las obras en la zona de servidumbre tras estimar la solicitud de la Fiscalía, que concluyó que los usos previstos por la promotora en esa franja de protección del litoral son incompatibles con la Ley de Costas.

La magistrada ha rechazado, no obstante, extender la suspensión cautelar a todo el proyecto, como había solicitado la acusación popular, ejercida por la Asociación Cultural Social Ecologista Puertito Libre, a raíz de un informe pericial. Lo hace asumiendo el criterio de la Fiscalía, según el cual “el presente procedimiento penal se centra en las obras autorizadas en la zona de servidumbre, por lo que no procede adoptar medidas respecto del resto”.

La querella que dio origen a la causa sí se dirigía contra toda la urbanización de lujo por la presunta comisión de delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente, falsedad documental y prevaricación en la tramitación de la iniciativa.

La Asociación Cultural Social Ecologista Puertito Libre (que incluye a la Asociación de Taxistas Asalariados Costa Adeje, la familia Galindo, La Gaveta20A, el Tagoror Permanente de El Puertito de Adeje y Rebelión Científica, además de particulares) llegó a aportar un informe pericial elaborado por nueve expertos que estima que dos tercios del Puertito de Adeje ya han sido dañados por las obras de Cuna del Alma.

Pero la jueza ha cerrado la puerta a paralizar todo el proyecto sin entrar en el fondo del asunto y limitándose a señalar que el procedimiento penal solo investiga las obras ejecutadas en la zona de servidumbre.

Las asociaciones denunciantes, entre las que también se encuentra la Asamblea Reivindicativa Canaria (ARCAN), lamentan la decisión de la magistrada y recuerdan que “cada día que pasa prosigue la destrucción de valores ambientales, arqueológicos, geológicos y patrimoniales cuya protección constituye precisamente el objeto de esta causa”.

Y agregan que “de mantenerse este ritmo de ejecución, esta dinámica de hechos consumados terminará privando de efectividad una eventual resolución judicial favorable, al haber desaparecido o resultado irreversiblemente alterados los bienes cuya protección se pretende garantizar”.

La empresa de los hijos del administrador de Radio Televisión Canaria (RTVC), César Toledo, facturó 30.000 euros a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, departamento en el que su padre fue jefe de prensa entre julio de 2023 y agosto de 2025, en dos contratos menores (a dedo) concedidos el año pasado.

Los contratos se firmaron en agosto y noviembre de 2025. La adjudicataria fue Tauler Group Ventures SL, sociedad constituida en marzo de ese mismo año y administrada por Álvaro Toledo Tauler, hijo de César Toledo. Su único socio es Lawrence Holdings Group, mercantil creada en diciembre de 2025 y gestionada por su hermano, Manuel Toledo Tauler.

El primero de los contratos se firmó con Gesplan, empresa pública adscrita a la Consejería de Política Territorial (dirigida por Manuel Miranda, de Coalición Canaria), para la elaboración de un estudio previo destinado al desarrollo de un software de gestión de licencias municipales. El importe ascendió a 14.950 euros, apenas 50 euros por debajo del límite de 15.000 euros fijado para los contratos menores.

La adjudicación se formalizó el 14 de agosto de 2025. Ese mes Toledo seguía siendo el jefe de prensa de Política Territorial (como recoge él mismo en su perfil de LinkedIn), aunque ya había presentado su candidatura para el cargo de director de Medios y Contenidos de RTVC. Fue designado el 27 de agosto, en un proceso al que concurrió como único candidato. En noviembre fue nombrado administrador general de RTVC.

Canarias Ahora ha intentado contactar en varias ocasiones con César Toledo para conocer si sabía que la empresa de sus hijos había contratado con Gesplan, pero no ha obtenido respuesta hasta la fecha de publicación de este artículo. Sus hijos tampoco han respondido a un correo electrónico enviado por esta redacción.

Gesplan, por su parte, se ha limitado a defender que “es una sociedad mercantil con personalidad jurídica diferencia de la administración y tiene autonomía en materia de contratación”.

El segundo contrato menor de Tauler Group Ventures con el departamento de Política Territorial fue adjudicado por la Viceconsejería de Planificación Territorial y Reto Demográfico. Consistió en el diseño y la producción de contenidos audiovisuales y gráficos para difundir la Estrategia Canaria de Reto Demográfico y Cohesión Territorial. Su importe ascendió a 14.520 euros, apenas 480 euros por debajo del límite legal para los contratos menores.

El último contrato fue adjudicado por la empresa pública Gestiona Mogán, dependiente del Ayuntamiento gobernado por Onalia Bueno (Juntos por Mogán), en noviembre de 2025. Por 11.950 euros, Tauler Group Ventures debía desarrollar un software de asistencia virtual con inteligencia artificial integrado en los canales de comunicación de la entidad para mejorar la eficiencia operativa, optimizar los recursos humanos y reforzar la atención al contribuyente.

Tauler Group Ventures fue creada el 26 de marzo de 2025 con un capital social de 3.000 euros. Su objeto social incluye la consultoría tecnológica y estratégica, el desarrollo y explotación de software, la transformación digital, la innovación y el análisis.

Su administrador es Álvaro Toledo Tauler. Desde el 19 de diciembre de 2025, su socio único es Lawrence Holdings Group, sociedad creada ese mismo día y administrada por su hermano, Manuel Toledo Tauler.

Esta última también cuenta con un capital social de 3.000 euros y un objeto social mucho más amplio, que abarca desde actividades de holding e inversión financiera hasta los sectores inmobiliario, turístico y hostelero, además de servicios de consultoría y asesoramiento.

Tauler Group Ventures dice en su página web que construye y opera “compañías AI-first (inteligencia artificial primero), con foco en impacto real en industrial reales”. También señala que se asocia con “firmas Private Equity (de capital privado) para crear valor en sus participadas con inteligencia artificial”.

En poco más de 15 meses desde su creación, ha facturado casi 42.000 a la administración pública en contratos menores (a dedo), según las plataformas Contratación Abierta y Gobierto. Todos fueron firmados en 2025.

“Diagnosticamos dónde está el valor atrapado, ejecutamos las iniciativas que lo liberan, y estructuramos la relación de forma flexible: fee por proyecto, éxito sobre métricas concretas, o carry compartido. Nos alineamos con el retorno del fondo”, explica la compañía en su web.

El padre de Álvaro y Manuel Toledo, César Toledo, es desde el 27 de noviembre administrador general de RTVC. Accedió al cargo a propuesta de Coalición Canaria tras la dimisión de María Méndez, la anterior administradora, con el respaldo del PP, ASG y AHI. Nueva Canarias y el PSOE votaron en contra. Vox se abstuvo.

Toledo es un histórico de los medios de comunicación del Archipiélago. Ha estado vinculado a la radiotelevisión pública desde el principio, pero también a otros medios como Radio Club Tenerife o Diario de Avisos, así como a gabinetes de prensa institucionales, como el del Partido Popular o de Coalición Canaria. En estos momentos cobra 70.000 euros al año. En su declaración de bienes y derechos patrimoniales dice que tiene un patrimonio de 34.000 euros.

La gestión de Toledo al frente del ente público ha estado marcada por la polémica desde el principio. Los trabajadores de RTVC llegaron a registrar un preaviso de huelga el pasado mes de mayo, coincidiendo con la visita del Papa, por la falta de interlocución con la dirección, el incumplimiento del convenio y la amenaza que se cierne sobre los informativos por la Ley Audiovisual, actualmente en tramitación.

A ello se suma una sucesión de bajas médicas, excedencias, una jubilación en el departamento de Administración y la dimisión de Paco Luis Quintana como director de Informativos en septiembre de 2025, cuando Toledo aún era director de Medios y Contenidos.

Quintana, que ocupaba el cargo desde julio de 2024, justificó su marcha porque la “nueva estructura y organigrama” de RTVC diluía el área de Informativos. “Pasa a ser un departamento más dentro de un cajón donde caben programas externos, retransmisiones, producciones, magazines o entretenimiento”, afirmó.

En dos respuestas por escrito a preguntas formuladas por la diputada socialista Nayra Alemán, Toledo aseguró que entre julio de 2025 y mayo de este año no se había producido ningún cese en RTVC y que la única dimisión había sido la de la anterior administradora general, María Méndez, el 17 de noviembre del año pasado.

La Comisionada de Transparencia de Canarias ha emitido dos resoluciones en las que da la razón a Canarias Ahora y exige al Gobierno regional que entregue la documentación que había denegado sobre el episodio de contaminación marina registrado en Telde a finales del año pasado, en el que murieron 2.500 toneladas de lubinas en las jaulas de Aquanaria.

En sendos escritos firmados recientemente, la Comisionada ha estimado parcialmente las reclamaciones de este periódico y ha requerido al Ejecutivo autonómico que facilite las actas e informes del PLATECA, activado el 6 de noviembre y desactivado el 19 de diciembre, así como los resultados de las inspecciones realizadas por la Dirección General de Pesca a las granjas marinas de Aquanaria.

Las resoluciones llegan la misma semana en que la Fiscalía de Medio Ambiente ha remitido a los juzgados de Telde su investigación sobre los vertidos en la costa del municipio, en la que aprecia “numerosas irregularidades” en la gestión de la depuradora de Silva.

La mortandad masiva de peces de acuicultura, calificada por el portavoz de Ben Magec, Eugenio Reyes, como probablemente “el atentado ambiental más importante en medio marino del planeta” en 2025, provocó el cierre de 17 playas del sureste de Gran Canaria. En el caso de Telde, sus zonas de baño permanecieron clausuradas durante meses.

El Gobierno de Canarias, integrado por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), había denegado el acceso a la información solicitada por esta redacción a través del Portal de Transparencia alegando que su difusión podía perjudicar la investigación abierta por la Fiscalía y el Seprona para depurar posibles responsabilidades.

Tanto la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas como la Dirección General de Pesca se ampararon en un informe del Ministerio Público que sostenía que, al haber sido requeridos para las diligencias en curso, esos documentos adquirían carácter “reservado” y, por tanto, no debían facilitarse a terceros.

Sin embargo, la Comisionada tumba ese argumento recordando que la jurisprudencia nacional y europea aclara que el secreto de sumario o de investigación solo protege la documentación elaborada de forma específica y exclusiva para el proceso judicial, como pueden ser informes periciales solicitados por la justicia o escritos de las partes.

Las inspecciones rutinarias de Pesca, las actas del PLATECA y los informes elaborados por la Administración durante el episodio son, por el contrario, documentos de naturaleza “claramente administrativa”, concluye la Comisionada. Se trata de información que “obra en poder de un organismo sujeto a la Ley de Transparencia” y que, por tanto, constituye “información pública accesible”. Los escritos

La Comisionada de Transparencia advierte asimismo al Ejecutivo regional de que no puede escudarse en la existencia de una investigación judicial para denegar información sin acreditar un perjuicio real. Para ello, debe ponderar los intereses en juego (el derecho de acceso a la información pública, por un lado, y el interés protegido por la limitación invocada, por otro) y demostrar que la entrega de los documentos ocasionaría un daño concreto, definido y evaluable.

Por otro lado, subraya que la información ambiental goza de una protección reforzada y de un régimen específico de acceso, amparado por el Convenio de Aarhus y la Ley 27/2006, que regula los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente. “No es más que un instrumento al servicio de un bien superior, que es la protección del medio ambiente”, recoge la resolución.

En el caso concreto de las actas del PLATECA, la Comisionada aclara además que la doctrina del Tribunal Supremo establece que estos documentos no están amparados por el secreto de las deliberaciones, ya que recogen únicamente los acuerdos adoptados y los asuntos abordados, pero no las discusiones íntegras ni las opiniones expresadas por sus integrantes.

La Comisionada también afea al Gobierno de Canarias haber destacado la condición de periodista de Canarias Ahora de quien reclamó la documentación. La resolución recuerda que el acceso a la información pública es un derecho universal que puede ejercerse “sin necesidad de manifestar si es o no periodista, si trabaja o no para un medio de comunicación y sin tener que expresar cuál es el motivo de su solicitud”.

En el supuesto de ser periodista (como ocurre en este caso), “su derecho de acceso a la información podría verse reforzado por el efectivo ejercicio del derecho a la libertad de información”, destaca el texto.

La Comisionada de Transparencia concede al Gobierno de Canarias un plazo de 15 días hábiles para entregar la documentación requerida. De no hacerlo, el Ejecutivo podría incurrir en infracciones graves o muy graves previstas en la Ley de Transparencia.

Las menciones a la sostenibilidad aparecen por todas partes en los planes turísticos de las áreas costeras de Canarias, los denominados Planes de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad Turística (PMM). Pero solo lo hacen en sus memorias y documentos justificativos. En las normas vinculantes, no. Ninguna mención. Esa desconexión entre el discurso y las obligaciones reales es lo que un estudio reciente califica como una “paradoja sostenible”.

El artículo, publicado recientemente en la revista académica Cuadernos de Turismo, revela que los términos “sostenible”, “sostenibilidad” y “desarrollo sostenible” aparecen 129 veces en las memorias de ordenación de los 13 PMM aprobados en el Archipiélago entre 2011 y 2015. Sin embargo, no figuran ni una sola vez en las disposiciones normativas, donde se establecen las regulaciones y criterios de gestión.

Los autores de la publicación destapan lo que ya era un secreto a voces, aunque hasta ahora careciera de respaldo empírico: que el lenguaje de la sostenibilidad se emplea como principio justificativo, como un recurso simbólico con el que se acuñan cada vez más conceptos (turismo sostenible, renovación sostenible o movilidad sostenible, entre otros), pero no como una exigencia normativa que condicione políticas urbanísticas o actuaciones concretas.

“Todo esto es green marketing, como lo llaman los anglosajones. Es decir, incluir la palabra sostenible en cualquier documento o título, incluso a la hora de optar a subvenciones”, reflexiona Moisés Simancas, uno de los autores de la investigación y catedrático de Geografía Humana en la Universidad de La Laguna (ULL). “En la documentación que hemos analizado existe una declaración de intenciones, un diagnóstico. Pero cuando llega el momento de establecer las determinaciones, el término sostenible desaparece”, agrega.

El estudio sostiene que la incorporación de la sostenibilidad en los PMM responde más a una “adaptación a presiones normativas o técnicas” que a una voluntad real de transformar el modelo turístico “insostenible”. Los autores hablan de un proceso “performativo”: se busca proyectar una imagen de compromiso con la sostenibilidad mediante una “cierta saturación terminológica”, pero sin alterar las estructuras existentes “al carecer de compromisos jurídicamente vinculantes”.

Pero eso no es lo único. El término “sostenible” presenta una notable ambigüedad jurídica, sostiene Simancas, porque resulta difícil determinar con exactitud qué implica en ausencia de indicadores y datos, en especial a escala local. El geógrafo considera que su exclusión de las normas vinculantes puede responder a la voluntad de evitar ese problema jurídico y el riesgo de enfrentarse a impugnaciones, bloqueos o litigios, sobre todo con los “derechos adquiridos” de los propietarios.

En su opinión, “la sostenibilidad, por definición, consiste en poner límites”. Y eso puede traducirse en medidas como la obligación de incorporar espacios verdes, peatonalizar calles o reducir (es decir, decrecer) la superficie destinada a usos turísticos para impedir la implantación de nuevos establecimientos alojativos.

Simancas y David González, también geógrafo de la ULL, escogieron los PMM por su carácter innovador y excepcional dentro del planeamiento canario. Estos instrumentos nacieron en plena moratoria turística, a partir de 2009, para facilitar procesos de renovación turística que los planes generales municipales no podían desarrollar, al prevalecer sobre ellos y permitir la suscripción de convenios urbanísticos para modernizar la planta alojativa. “Son potentísimos, pero están desaprovechados”, resume Simancas.

Los autores extrajeron del Boletín Oficial de Canarias (BOC) los 13 PMM ya aprobados (los de primera y segunda generación, entre 2011 y 2015) correspondientes a las áreas turísticas litorales de Lanzarote, Tenerife, Fuerteventura y Gran Canaria. El estudio recuerda que estos espacios, pese a ocupar apenas el 1,8% de la superficie del Archipiélago, concentraron en 2023 el 89,4% de los viajeros alojados, el 93,2% de las pernoctaciones y el 91,1% de las plazas turísticas.

A continuación, los investigadores segmentaron la documentación de manera manual y se centraron en los textos narrativos y reguladores: las memorias (información, ordenación y justificación), las normativas urbanísticas (las reglas vinculantes) y los informes de sostenibilidad ambiental. Quedaron fuera documentos puramente técnicos o numéricos, como los planos, catálogos de edificios o estudios económico-financieros.

Después emplearon Perplexity, una herramienta de inteligencia artificial, para contabilizar el número exacto de veces que aparecían tres palabras o conceptos clave: “sostenible”, como adjetivo; “sostenibilidad”, como sustantivo; y “desarrollo sostenible”, como marco conceptual. El análisis dio como resultado las 129 menciones.

El primero de los términos apareció en 59 ocasiones; el segundo, en 45; y el tercero, en 25. Por islas, los PMM de Lanzarote concentraron 52 referencias al lenguaje de la sostenibilidad, seguidos de Tenerife, con 42; Fuerteventura, con 22; y Gran Canaria, con 13. Según el estudio, estos términos se emplean para otorgar legitimidad institucional y proyectar una imagen de modernidad, pero también para evitar deliberadamente conceptos como “límite”, “capacidad de carga”, “cuota máxima” o “sanción”.

Otro de los hallazgos relevantes fue el punto de inflexión que supuso la Ley 2/2013, de renovación y modernización turística de Canarias. El artículo 30 de esa norma exige expresamente “la justificación de la sostenibilidad en las actuaciones”. Los cuatro PMM aprobados antes de su entrada en vigor acumularon 20 menciones a la sostenibilidad, frente a las 109 registradas en los nueve posteriores. El incremento fue del 445%.

Los autores cruzaron además esas cifras con indicadores reales de saturación turística para comprobar si los planes más sostenibles sobre el papel se correspondían con territorios menos presionados por la actividad turística.

El análisis permitió identificar tres patrones diferenciados. Por un lado, áreas como Adeje, con una altísima saturación (150 plazas turísticas por hectárea), que al mismo tiempo concentran el mayor número de referencias a la sostenibilidad en sus PMM. Por otro, destinos también muy saturados cuyos planes prescinden por completo de ese discurso, como Costa San Miguel, Puerto Santiago o Costa de Mogán. Y, por último, un tercer grupo más coherente, representado por Corralejo y Morro Jable, que presenta, en palabras de los autores, “una baja sofisticación discursiva con densidades moderadas”.

Los autores concluyen que los PMM constituyen “un caso paradigmático de cómo se puede asumir un lenguaje crítico vinculado con la sostenibilidad, haciéndolo funcionar como una herramienta sofisticada de legitimación de determinadas decisiones e intereses”. Ello demuestra, continúan, que “la sostenibilidad funciona más como un símbolo que como un paradigma transformador de regeneración de tales espacios urbanos-turísticos”.

Permitir el uso turístico con alojamientos de hasta 150 metros cuadrados en todo el suelo rústico común y de protección agraria de La Palma, La Gomera y El Hierro. Eso es lo que intentó colar sin éxito la Agrupación Herreña Independiente (AHI) en la futura ley de privatización de las licencias urbanísticas, actualmente en tramitación parlamentaria.

AHI es uno de los socios que sostienen el Gobierno autonómico, integrado por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP). Y cuenta con un representante en el Ejecutivo: Narvay Quintero, consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria.

Pues bien, en una enmienda in voce presentada esta misma semana al proyecto de ley de privatización de las licencias urbanísticas, el partido intentó introducir una modificación de la Ley de Islas Verdes, de 2019, para dejar sin efecto el planeamiento vigente y el que pudiera aprobarse en el futuro, y permitir el uso turístico en todo el suelo rústico común y de protección agraria (o sus categorías “equivalentes”) de La Palma, La Gomera y El Hierro.

La propuesta, sin embargo, ni siquiera llegó a tramitarse. Las enmiendas in voce (presentadas oralmente durante un debate y sin registro previo por escrito) requieren la unanimidad de los grupos parlamentarios para poder debatirse y votarse, según fuentes del Parlamento de Canarias. Esta no la obtuvo: PSOE y Nueva Canarias vetaron su tramitación.

Canarias Ahora ha preguntado a Coalición Canaria por su opinión sobre la enmienda, pero no ha obtenido respuesta hasta el momento. El PP ha rechazado posicionarse al entender que su contenido aún no ha podido discutirse en sede parlamentaria.

La intención de AHI era colgar de la futura ley de privatización de las licencias urbanísticas la mencionada reforma. Es una práctica habitual, aunque cuestionada por múltiples expertos. De hecho, en la tramitación de esa misma norma están debatiéndose enmiendas para modificar la Ley de Viviendas Turísticas de Canarias, aprobada en diciembre de 2025. Con lo que de una sola ley pueden pender numerosas modificaciones de otras disposiciones.

La reforma promovida por los socios herreños de Fernando Clavijo (CC) proponía “desplazar” las determinaciones de los planes insulares, territoriales, generales y de modernización, así como de cualquier otro instrumento vigente, que prohíba o someta a condiciones el uso turístico en todo el suelo rústico común y de protección agraria de La Palma, La Gomera y El Hierro.

Es cierto que la Ley de Islas Verdes ya permite el uso turístico en suelo rústico común, agrario y de protección paisajística. Fue uno de sus principales objetivos. Pero lo hace dentro de un marco regulado: solo autoriza nuevos alojamientos cuando el planeamiento territorial contempla ese uso y siempre que la implantación turística vaya acompañada de una explotación agrícola en funcionamiento antes o durante el desarrollo de la actividad.

AHI, no obstante, buscaba que el uso turístico operara con una “eficacia directa y plena, sin precisar instrumento de ordenación general, territorial ni urbanístico para su desarrollo”.

Por otro lado, la norma de 2019 impone como condición general que cualquier iniciativa turística debe “respetar y ser compatible con los valores” del suelo rústico y “contribuir a la conservación o, en su caso, a la mejora o regeneración de los valores territoriales, agrícolas, naturales o patrimoniales”. En caso de no cumplir estos criterios, no hay proyecto.

La Agrupación Herreña Independiente también trató de enterrar estas exigencias. Propuso en su enmienda que, una vez superada la evaluación ambiental, esos requisitos se considerasen automáticamente “cumplidos”, de modo que no pudieran “operar como causa autónoma de denegación” por parte de la administración.

Además, quiso imponer unas reglas técnicas directas y subsidiarias para el desarrollo de la actividad turística. Entre ellas, que la superficie edificable fuera de entre 20 y 30 metros cuadrados por plaza alojativa (entre 25 y 35 m² en el caso de los hoteles rurales), con una capacidad mínima de dos plazas por unidad.

Y para “minimizar” el impacto sobre el suelo rústico, dice, cada edificación independiente no podría superar los 150 metros cuadrados de superficie total y estaría limitada a una sola planta.

La propuesta de AHI obligaba asimismo a las edificaciones a emplear “materiales y acabados integradores en el paisaje, tales como piedra natural y cubiertas de teja”; disponer de acceso rodado desde la vía pública y de una plaza de aparcamiento por cada cuatro alojativas; garantizar y financiar por su cuenta la conexión a las redes generales de servicios; y evitar la pavimentación de los viales interiores con materiales asfálticos.

A pesar de su propósito de impulsar el turismo en La Palma, La Gomera y El Hierro, el impacto de la Ley de Islas Verdes ha sido, siendo generosos, moderado. En El Hierro, el número de establecimientos alojativos ha pasado de 28 en 2019 a 31 en 2026. En La Gomera, en cambio, ha descendido de 98 a 67; y en La Palma, de 183 a 95, con la erupción volcánica de 2021 como factor determinante. Todo ello sin contar el auge de la vivienda vacacional, que sí ha crecido de forma exponencial durante este periodo.

La empresa Inversiones Las Teresitas (ILT), la sociedad instrumental que los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González (fallecido en prisión) crearon para llevar a cabo el pelotazo de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife, reconoce que al cierre del año 2024 tenía un patrimonio negativo neto de 109,4 millones de euros.

Ese agujero en las cuentas de la mercantil, protagonista a principios de siglo de uno de los mayores casos de corrupción en Canarias, se explica por los 64,3 millones que adeuda a la Agencia Tributaria (con los que lidera la lista de nuevos morosos) y por los 80,6 millones de responsabilidad civil que debe al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Los activos de la compañía, es decir, el conjunto de su patrimonio, ascienden a 26,3 millones de euros. La diferencia con el pasivo, de 135,7 millones, sitúa el agujero patrimonial en 109,4 millones. A esa cifra habría que añadir unos 10 millones adicionales de deuda con Hacienda, no incluidos en las cuentas de la firma. ILT entró formalmente en concurso de acreedores en septiembre de 2019.

La monstruosa deuda tiene como denominador común las condenas derivadas del caso Las Teresitas.

La trama se remonta a 2001, cuando el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife compró a Inversiones Las Teresitas las parcelas del frente de la playa homónima por 52,5 millones de euros, un precio inflado que casi triplicaba su valor real, estimado en unos 18 millones, alegando que quería proteger la costa de los proyectos turísticos que estaban previstos en ella.

Sin embargo, la justicia concluyó que el verdadero objetivo de la compra no era satisfacer el interés público, sino ejecutar un plan orquestado (una “actuación concertada”, recoge la sentencia del Tribunal Supremo, de 2019) entre responsables políticos, entre ellos el exalcalde Miguel Zerolo y el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, ambos de Coalición Canaria, y empresarios, con el fin de beneficiar a estos últimos a costa de fondos públicos.

ILT había comprado las parcelas de Las Teresitas en 1998 mediante un préstamo de la extinta CajaCanarias por 33,6 millones de euros, el más cuantioso concedido por la entidad en toda su historia. El crédito fue aprobado además por Ignacio González, consejero de la propia caja, que participaba en Inversiones Las Teresitas al 50% a través de un testaferro, Felipe Manuel Armas.

La empresa funcionaba a todas luces como una sociedad pantalla. No tenía actividad económica que le generase recursos suficientes para afrontar el pago del crédito y tampoco disponía de patrimonio para hacerlo. El fallo del Supremo detalla de hecho que, si la operación no tenía éxito, CajaCanarias habría asumido “íntegramente” las pérdidas. Pero entró en escena el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

El Consistorio compró el frente de la playa por 52,5 millones de euros pese a que el valor real de esos terrenos, dadas las fuertes restricciones urbanísticas, de costas y la moratoria turística vigente entonces, se situaba en torno a los 18 millones. La Corporación ocultó los informes técnicos independientes de tasación y se apoyó, en cambio, en valoraciones elaboradas a medida de los intereses de los vendedores.

El acuerdo incluyó además la transferencia gratuita a ILT de aprovechamientos urbanísticos públicos, un total de 24.410 metros cuadrados, desde el frente de la playa hacia las parcelas traseras que los empresarios ya tenían en propiedad, con una extensión total de 120.719 m2. El valor de ese ‘regalo’ superaba los 9,1 millones de euros.

El Ayuntamiento modificó asimismo el planeamiento urbanístico de esas parcelas para cambiar su uso de turístico, imposible de desarrollar en aquel momento debido a la moratoria, a uso residencial intensivo.

Gracias a esa recalificación, Inversiones Las Teresitas vendió esos terrenos en 2006 a la empresa Desarrollos Urbanos CIC (Desurcic) por 92,2 millones de euros. Tenía que pagar 27,5 millones en el Impuesto de Sociedades por esas ganancias. Pero para no desembolsar ni un céntimo, aplicó de manera irregular una reducción ficticia de 61,5 millones en su base imponible acogiéndose a los beneficios de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC).

El dinero de esa reserva, no obstante, en lugar de reinvertirse como exige la ley (en proyectos como vivienda o investigación), fue retirado por los mismos dueños de ILT camuflando la entrega como préstamos de la empresa. “Cuando en realidad lo que se hizo fue”, recoge la sentencia del Tribunal Supremo de 2025, “repartir en forma de dividendos el importe de la venta de las parcelas”, a través de dos sociedades que ellos mismos controlaban, Promotora Punta Larga y Promotora Victoria.

En total, entre la compra por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife del frente de la playa de Las Teresitas y la venta de las restantes parcelas a Desurcic, los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González ingresaron más de 100 millones de euros sin arriesgar un solo euro.

El Tribunal Supremo los condenó por la primera de esas operaciones a cinco años y tres meses de prisión y al pago de una indemnización de 52,5 millones de euros al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, una cantidad que, con los intereses acumulados, ascendía a cerca de 100 millones en 2019. Según las cuentas de ILT correspondientes a 2024, esa deuda figura contabilizada como un pasivo a largo plazo de 80,6 millones.

En cuanto a la segunda operación, la venta de las parcelas a Desurcic, el Tribunal Supremo condenó a ILT en 2025 por un delito de fraude fiscal. La sentencia obligó a la empresa a abonar a la Agencia Tributaria los 27,5 millones de euros correspondientes a la cuota defraudada del Impuesto de Sociedades de 2006, además de una sanción de 26,9 millones por la comisión de una infracción tributaria muy grave. Ambas cantidades figuran en el pasivo a corto plazo de la sociedad, que asciende a 54,4 millones de euros.

En la lista de morosos de Hacienda, eso sí, la deuda asciende a 64,37 millones de euros, unos 10 millones más de los que figuran en las cuentas de la compañía. La diferencia podría corresponder a intereses de demora.

“Se consolida una deuda tributaria histórica de elevada cuantía (incluida sanción) que no puede ser satisfecha con los recursos disponible. (…) Ante la gravedad de esta situación, esta administración ha decidido iniciar los trámites para la presentación de concurso voluntario de acreedores en fase de liquidación”, admite ILT.

Las cuentas de la promotora del polémico proyecto turístico Cuna del Alma, en El Puertito de Adeje (sur de Tenerife), revelan que la empresa Segunda Casa Adeje fue beneficiaria en marzo de 2023 de una subvención de 28.700 euros para la instalación de placas solares. Los paneles pueden observarse desde ese mismo año junto al piso piloto de la iniciativa.

Los fondos procedían de una convocatoria de ayudas lanzada en 2021 por la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, integrado entonces por el denominado Pacto de las Flores (PSOE, Nueva Canarias, Podemos y ASG).

La línea de subvenciones repartió 18,6 millones de euros con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, de los conocidos fondos Next Generation. El dinero fue asignado a la Comunidad Autónoma por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), encargado a su vez de hacer el seguimiento del programa, destinado a financiar proyectos ligados al autoconsumo y el almacenamiento mediante energías renovables.

El reparto de los fondos se realizó mediante el sistema de concurrencia no competitiva. Esto significa que la administración no evaluaba ni comparaba las solicitudes para decidir cuáles eran mejores o peores. El dinero se adjudicó por riguroso orden de presentación hasta agotar el crédito. Quienes registraron antes su petición tuvieron, por tanto, más posibilidades de acceder a la subvención.

Las líneas de financiación incluían instalaciones de autoconsumo en el sector servicios, dotadas con cinco millones de euros; proyectos de autoconsumo en otros sectores productivos, con 2,7 millones; sistemas de almacenamiento en instalaciones del sector servicios, con 900.000 euros; instalaciones de autoconsumo en el ámbito residencial, las administraciones públicas y el tercer sector, con 5,5 millones; almacenamiento para estos mismos ámbitos, con 84.800 euros; y energías renovables térmicas en el sector residencial, con 4,2 millones de euros.

La promotora de Cuna del Alma, Segunda Casa Adeje, detalla en la memoria de sus cuentas de 2024, las últimas disponibles, que recibió una subvención de 28.773 euros procedente de esta convocatoria de ayudas. A efectos contables, la cantidad quedó reducida a 21.579 euros tras deducir el efecto impositivo.

El objetivo de la subvención fue financiar parcialmente la adquisición de unas placas solares cuya instalación tuvo un coste total para la empresa de 98.600 euros. La compañía dejó constancia en sus cuentas de 2024 que el proceso de justificación de esta ayuda ya terminó y que “ha sido aceptada por el órgano concedente”. La prestación fue concedida el 13 de marzo de 2023, aunque no quedó registrada en el Portal de Subvenciones y Ayudas del Gobierno de Canarias hasta el 28 de enero de 2025.

Los paneles fotovoltaicos pueden observarse junto al piso piloto de Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje, tal y como muestran las imágenes aéreas de Grafcan desde 2023. Canarias Ahora preguntó a la promotora por la potencia exacta de la instalación, pero no había obtenido respuesta al cierre de esta información.

Este último dato es relevante porque para acceder a estos fondos era necesario presentar una declaración responsable que garantizara el “cumplimiento del principio de no causar daño significativo” al medio ambiente en los proyectos de menos de 100 kW. En el caso de instalaciones de mayor potencia, debía elaborarse además un plan estratégico en el que se justificara el origen de los componentes, su impacto medioambiental y la valorización de los residuos.

Conviene recordar que en el momento en que Segunda Casa Adeje recibió la subvención, el proyecto de Cuna del Alma estaba paralizado por la apertura de tres expedientes sancionadores por parte del Gobierno de Canarias por sus infracciones ambientales y de patrimonio.

Las obras permanecieron suspendidas entre octubre de 2022 y el verano de 2024. Dos de los tres procedimientos sancionadores fueron archivados por el actual Ejecutivo regional, conformado por Coalición Canaria y el Partido Popular. El único que prosperó fue la multa de 230.000 euros por la destrucción de patrimonio arqueológico, aunque el expediente inicial proponía una sanción de 600.000 euros.

En estos momentos, al menos seis procedimientos judiciales acechan a la iniciativa, relacionados con la traslocación de la viborina triste, la planta protegida que mantuvo en jaque el proyecto durante casi dos años, o con la presunta negativa de la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático a iniciar un procedimiento responsabilidad ambiental, entre otras cosas.

El único caso en la vía penal, instado por la Asociación Cultural Social Ecologista Puertito Libre, mantiene paralizada una pequeña parte de la iniciativa (unos 2.394 metros cuadrados de los 430.000 previstos) por su posible afección a la zona de costas.

Gobiernos de Coalición Canaria (CC) han adjudicado casi diez millones de euros en menos de dos años a la consultora Cumbre 8 Islas, creada en octubre de 2023 y dirigida por el ex alto cargo de Ciudadanos Marcos Cohen, a través de contratos menores y tres concursos públicos en los que siempre obtuvo la mejor puntuación en los criterios subjetivos.

Esa valoración resultó decisiva para la adjudicación de dos licitaciones en las que la empresa quedó por detrás de sus competidoras en los factores objetivos, es decir, aquellos parámetros cuantificables y medibles de forma automática: una de 2,76 millones de euros del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, gobernado por el PSOE y CC, para atraer financiación y fondos europeos; y otra de 3,79 millones de la Sociedad Canaria de Fomento Económico (Proexca), dependiente del Gobierno de Canarias, conformado por CC y PP, para apoyar la gestión de proyectos “transformadores” para la economía canaria. Esta última adjudicación fue recurrida ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos, que desestimó el recurso interpuesto por otra de las compañías concurrentes, EVM Group.

El tercer gran contrato de Cumbre 8 Islas fue firmado con los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote (CACT), del Cabildo insular, integrado por CC y PP, por un importe de tres millones de euros, para diseñar iniciativas orientadas a la “transformación” del modelo turístico. El PSOE, líder de la oposición, calificó el contrato de “despilfarro monumental”, al considerar que no tendrá impacto real “mientras la isla colapsa”.

Los criterios subjetivos de las ofertas presentadas en este procedimiento abierto fueron evaluados por la Cámara de Comercio de Lanzarote, que recibió esa encomienda de gestión de los propios CACT el 16 de diciembre de 2024.

Mientras analizaba las propuestas del concurso, la institución contrató a la mercantil de Cohen por 198.400 euros para la elaboración de un plan de crecimiento económico y social de Lanzarote y La Graciosa mediante un procedimiento reforzado en el que invitó a tres empresas a participar y acabó eligiendo a Cumbre 8 Islas. El contrato se firmó el 24 de diciembre de 2024.

El 16 de enero de 2025, la Cámara emitió el informe de valoración del concurso de los CACT. La consultora de Cohen obtuvo 41 puntos, frente a los 26,6 de PricewaterhouseCoopers (PwC), una de las denominadas Big Four de la consultoría y la auditoría. En el subcriterio de “conocimiento y especificidad de los problemas asociados al Cabildo de Lanzarote y cómo estos afectan directa o indirectamente al desarrollo del servicio requerido”, la diferencia fue de 9 puntos a 1.

La Cámara de Comercio de Lanzarote contrató a Cumbre 8 Islas mientras tenía encomendada la evaluación de los criterios subjetivos del concurso de los CACT en el que la consultora acabaría resultando adjudicataria.

En los criterios objetivos de esa licitación, la empresa también obtuvo la mayor puntuación, con 50,91 puntos, frente a los 43 logrados por PwC. Fue el único de los tres concursos que ganó en la que lideró tanto la valoración subjetiva como la objetiva, según la Plataforma de Contratación del Sector Público. En la de La Laguna quedó por detrás de varias competidoras, entre ellas firmas como Deloitte o Ernst and Young. En la de Proexca fue segunda, por detrás de EVM Group.

Esas tres adjudicaciones millonarias, junto a la del procedimiento reforzado de la Cámara de Comercio de Lanzarote, elevan la cifra adjudicada a Cumbre 8 Islas a 9,84 millones de euros. A ello se suman ocho contratos ‘a dedo’ en favor de la firma de Cohen, muchos de ellos por importes próximos a 14.900 euros, justo por debajo del umbral de 15.000 euros establecido para los contratos menores.

Un contrato del Cabildo de Lanzarote para el servicio de consultoría para la realización del ‘Plan de Acción 2024’, por 14.500 euros. Otra adjudicación, esta vez de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote, empresa pública dependiente de la Corporación insular, por 14.990 euros, para la asistencia técnica en la contratación de servicios de diseño y puesta en marcha de una campaña de concienciación turística.

El Cabildo de Tenerife, gobernado por CC y PP, contrató a la empresa por 14.800 euros para la coordinación del Plan director de Innovación de la isla. La Dirección General de Análisis y Estudios del Gobierno de Canarias hizo lo propio por 14.900 euros para la elaboración de un informe sobre la demanda de mano de obra de las empresas y las necesidades de formación en los sectores productivos de Gran Canaria.

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, formado por un tripartito integrado por el PP, la Asamblea Ciudadana Portuense (ACP) y CC, lo contrató en dos ocasiones, por 6.000 euros cada una, para el patrocinio de los Premios Gastronómicos Mesa Abierta en los años 2024 y 2025.

La Agencia Local Gestora de la Energía (ALGE) del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, conformado por PSOE, NC y Podemos, pagó a Cumbre 8 Islas 4.990 euros para la redacción de una memoria económica-financiera para este órgano municipal. Y la Institución Ferial de Canarias (INFECAR), del Cabildo de Gran Canaria, gobernado por PSOE y NC, adjudicó a la consultora de Cohen un contrato de 14.990 euros para el desarrollo de documentación técnica de la institución.

Los ocho contratos menores suman 91.000 euros. El total de las adjudicaciones es de 9,93 millones. Si se excluyen aquellas tramitadas por administraciones o gobiernos en los que no participa Coalición Canaria (el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, INFECAR y la Cámara de Comercio de Lanzarote), la cifra se reduce a 9,71 millones de euros.

“Pensamos canario, transformamos Canarias”

Marcos Cohen fundó Cumbre 8 Islas en octubre de 2023 con un capital social de apenas 100 euros. Antes había sido senior mánager y director de PwC en Canarias. En el plano político, fue número tres en la lista de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife en las elecciones de 2019. Ese mismo año fue nombrado miembro de la gestora del partido en el Archipiélago, en un contexto de crisis interna en la formación. El eslogan de su consultora es “pensamos canario, transformamos Canarias”.

Cohen defiende de manera técnica el reciente éxito que ha tenido en los concursos públicos. Dice que “en determinados criterios ganas, y en otros no. Pero en su conjunto eres mejor que los demás. Por lo menos en los que hemos participado”, sostiene. Y añade una clave. “Si analizas los pliegos, hay un grado importante de conocimiento del territorio. O sea, se valora de forma importante. (…) La clave está en eso”.

Sobre el contrato firmado con los CACT en el que estuvo involucrada la Cámara de Comercio de Lanzarote, asegura que ambos organismos cuentan con “su área jurídica bien grande y su compliance”, en referencia a los departamentos de cumplimiento normativo, y que son ellos quienes deben vigilar estas cuestiones.

Cumbre 8 Islas también destaca por la incorporación de profesionales procedentes de la administración pública. En su plantilla figuran ex altos funcionarios y directivos del sector público canario, lo que le otorga, en palabras de Cohen, una “ventaja” a la hora de prestar servicio a sus clientes, ya que estas personas conocen “perfectamente la idiosincrasia” de la administración.

Tal y como reveló Canarias Ahora, Cohen celebró entre 2019 y 2020 con el núcleo duro del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reuniones para tratar de lograr para PwC, la firma en la que trabajaba entonces, un contrato de unos dos millones de euros anuales destinado a la digitalización, modernización y agilización de los trámites administrativos del Consistorio.

El proyecto iba a ser liderado dentro del Ayuntamiento por Juan Ramón Lezcano (Ciudadanos), entonces concejal de Urbanismo. Pero no prosperó. Y Lezcano, poco después, dimitió, permitiendo que Evelyn Alonso accediera al cargo de concejala y firmara su apoyo a la moción de censura contra el PSOE, entregando el bastón de mando al nacionalista José Manuel Bermúdez (CC).

Cohen también estuvo presente en los viajes que el equipo de gobierno de Santa Cruz de Tenerife, ya liderado por Bermúdez, organizó a París para tratar de cerrar sin éxito la creación del Museo Rodin en la capital santacrucera. El periódico El Español publicó un artículo cuestionando la presencia del ahora presidente de Cumbre 8 Islas en esas reuniones.

El portavoz entonces de Unidas Podemos en Santa Cruz de Tenerife, Ramón Trujillo, denunció sin citarlo de manera expresa, pero refiriéndose a Cohen, que no había “ninguna razón” para que estuviera allí.

Era jueves, 7 de mayo de 2026. La Organización Mundial de la Salud (OMS) había pedido a España dos días antes que permitiera el desembarco en Canarias del buque MV Hondius, en el que se había declarado un brote de hantavirus, ante la imposibilidad de hacerlo en el punto donde se encontraba fondeado, frente a las costas de Cabo Verde, después de que las autoridades de ese país africano comunicaran que no disponían de capacidad técnica para llevar a cabo el operativo.

Ese día se celebró una reunión telemática a las 09:00 entre el Gobierno de Canarias, conformado por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), que había mostrado desde el principio una firme oposición a la llegada de la embarcación, y los técnicos del Ministerio de Sanidad, encabezados por el secretario de Estado Javier Padilla.

Ya se había acordado que el barco se dirigiera a Tenerife por contar con “una infraestructura consolidada para la gestión de patógenos de alto riesgo”. Sin embargo, para el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello (CC), no era suficiente.

“Debemos de [sic] recibir del Estado información acerca de por qué no cabía la evacuación en avión directamente desde Cabo Verde, no bastando para justificar el envío del barco a Canarias el hecho de que Canarias tiene una sanidad de mejor calidad, cuestión que es evidente”, señaló Cabello en un escrito remitido a Padilla tras el encuentro y al que ha tenido acceso Canarias Ahora.

La documentación analizada por este periódico incluye los correos enviados por el Gobierno de Canarias al Ministerio de Sanidad tras las reuniones celebradas los días 7 y 8 de mayo, en las que se organizó el “exitoso” desembarque de los pasajeros del MV Hondius, según la OMS.

También recoge las comunicaciones remitidas por el coordinador de la Unidad Funcional de Vigilancia Epidemiológica y Prevención a las gerencias de atención primaria y hospitales de las Islas; el intercambio de mensajes entre altos cargos del Ejecutivo autonómico y el Estado en relación con el aterrizaje de un avión medicalizado en Gran Canaria; y las instrucciones del operativo desplegado los días 10 y 11 de mayo en el Puerto de Granadilla.

Entre los documentos figura asimismo un informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), dependiente del Ministerio de Sanidad, que determinaba que el riesgo de contagio para la población española era “muy bajo”. Ese análisis fue enviado al Gobierno canario el martes 5 de mayo, a las 14:30.

La información ha sido facilitada por el propio Gobierno regional a raíz de una solicitud de acceso a la información pública del presidente de la Asociación por la Transparencia en Canarias (AXTEC), al amparo de la Ley de Transparencia, que reclamaba los distintos comunicados generados por los departamentos de la Administración presidida por Fernando Clavijo (CC) durante este episodio.

Las notas que Cabello envió a Padilla muestran la firme oposición del Ejecutivo canario a la llegada del buque, que alcanzó su punto álgido la noche del sábado, cuando Clavijo rechazó su atraque aludiendo a la posibilidad de que ratas nadadoras pudieran esparcir el virus por la isla de Tenerife, entre otras cosas.

El pasado domingo finalizó la cuarentena de 42 días para los pasajeros españoles del MV Hondius. Solo se registraron dos casos positivos. El primero superó la enfermedad y recibió el alta a principios de junio. El segundo fue dado de alta hace poco más de una semana, informó Sanidad.

La crisis del hantavirus puede darse ya por cerrada. La gestión liderada por España recibió el reconocimiento internacional de instituciones como las Naciones Unidas, la Comisión Europea o el papa León XIV. El Gobierno de Canarias, en cambio, trató de boicotear sin éxito el dispositivo hasta el final. Los nuevos documentos vistos por esta redacción refuerzan esa conclusión.

En sus escritos al secretario de Estado de Sanidad, Cabello recordó “la posición contraria” del Gobierno de Canarias al envío a Tenerife del barco afectado por el hantavirus e insistió en que al Archipiélago le había sido atribuido, “por decisión del Estado y en contra de la postura” del Ejecutivo autonómico, el desembarque de la embarcación.

Fue la OMS quien, no obstante, pidió a España que acogiera el buque “en cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario”. Su presidente, Tedros Adhanom, indicó que era necesario desembarcar a los pasajeros del MV Hondius “tan pronto como sea posible, con el fin de reducir cualquier impacto psicológico adicional y garantizar la atención médica adecuada”.

Una vez cursada la solicitud de la OMS, España quedó “obligada a actuar”, explicó el Ministerio de Sanidad.

Cabello reclamó de todos modos “información específica sobre el por qué [sic]” se sometió a la tripulación y a los pasajeros, en su opinión, “a un daño para su salud física y mental aumentando su estancia a bordo durante más de tres días con el peligro que eso supone de contagio”.

Pidió “los informes de la Organización Mundial de la Salud que han servido de fundamento y recomendaron no realizar las repatriaciones y retornos de los pasajeros (y demás) directamente desde Cabo Verde”. Y llegó a solicitar “la información que pudiera existir sobre la actitud de Cabo Verde y Marruecos en esta crisis y las peticiones realizadas por España”, poniendo el foco en el papel desempeñado por ambos países durante la gestión de la emergencia.

Marruecos, por un lado, rechazó que uno de los aviones con pacientes evacuados del crucero aterrizara en el país, aseguraron las autoridades españolas, viéndose obligado a hacerlo en Gran Canaria. Esa fue su única intervención.

En Cabo Verde, por otro, la evacuación de los contagiados no era “una alternativa óptima ni desde el punto de vista jurídico ni asistencial, ni desde el operativo-comunitario”, según un informe del Gobierno de España. Se trata de una nación cuyo sistema sanitario presenta limitaciones estructurales bien documentadas, como la “ausencia de unidades de aislamiento de alto nivel, escasez de personal especializado en patógenos emergentes y limitada capacidad de cuidados intensivos polivalentes”. Canarias, en cambio, dispone de todos esos recursos.

En las notas de Cabello se expone a su vez la decisión de no desembarcar en ningún puerto de las Islas el cadáver que viajaba a bordo del buque y de que este permaneciera en Tenerife únicamente el tiempo “imprescindible” para llevar a cabo el dispositivo.

La mayoría de esos alegatos fueron esgrimidos de forma reiterada por Fernando Clavijo, que en un último intento por frenar la llegada del buque envió a la ministra de Sanidad, Mónica García, una captura de pantalla de una búsqueda de inteligencia artificial que sostenía que “las ratas son excelentes nadadoras y pueden sobrevivir en el agua durante largos periodos”.

El argumento fue desmontado por los técnicos del Ministerio y convirtió a Clavijo en carne de memes. Ni él ni nadie de su equipo estuvieron presentes en el Puerto de Granadilla los días del operativo, aunque fueron invitados.

El constante alarmismo del Gobierno regional contrastó con los correos enviados por el coordinador de la Unidad Funcional de Vigilancia Epidemiológica, Álvaro Torres, a las gerencias de todos los hospitales canarios.

En ellos (un total de cinco, enviados los días 5, 6, 8 y 13 de mayo) se explicó la realidad del brote; se informó de que, tras una reunión entre la OMS y el Ministerio de Sanidad, se acordó el envío del barco a Tenerife sin el enfermo más grave a bordo; se precisó que la fuente de exposición más probable al virus se situaba en Argentina; y, cuando los pasajeros españoles ya se encontraban en cuarentena, se afirmó que con casi total seguridad no surgiría “ningún caso nuevo”.

Otro ejemplo de cooperación: el día en que uno de los aviones con pacientes evacuados del crucero aterrizó en Gran Canaria y sufrió una avería en la burbuja de aislamiento de la aeronave, el director general de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, José Fernando Díaz-Flores, envió un correo a su homólogo en el Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón, ofreciéndole un sistema burbuja similar que estaba disponible en el propio aeropuerto.

Gullón agradeció el ofrecimiento y respondió: “Esperamos que el cambio funcione y el avión pueda despegar”. Al final no fue necesario utilizarla y una nueva aeronave trasladó a los pasajeros a Países Bajos.

El resto de los documentos disponibles corresponde a las instrucciones del despliegue en el puerto de Granadilla, a un informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) que concluía que “el riesgo para la población española se considera muy bajo”, a la Declaración Marítima de Sanidad del MV Hondius, en la que se detalla el número de pasajeros a bordo, y a las instrucciones del desembarco.

La resolución que da acceso a la información pública termina diciendo que el Ejecutivo canario no pudo ejercer “funciones de gobernanza en salud pública” y que su papel quedó reducido al de “mero transmisor de información, protocolos, informes y decisiones tomadas por el Ministerio de Sanidad”.

Un informe del director general de Salud Pública, José Fernando Díaz-Flores, ahonda en este punto: “La participación (…) se circunscribió al ámbito de la vigilancia epidemiológica, la comunicación institucional y la preparación de la respuesta asistencial autonómica, actuando como cauce de transmisión de la Administración General”.

A la promotora del polémico proyecto turístico Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje, se le acaba el tiempo. La empresa acumula una deuda de 20,8 millones de euros con sus dos únicos socios, las mercantiles belgas Fivanco NV y GT & CO BVBA, y a finales de 2023 recibió de ambas una aportación de cuatro millones de euros a fondo perdido para evitar su disolución, según revelan sus cuentas de 2024, las últimas disponibles.

Es cierto que las obras de la controvertida urbanización de lujo que la sociedad proyecta en el sur de Tenerife, donde prevé levantar 3.600 camas turísticas, avanzan a destajo. Y que solo una pequeña parte del proyecto permanece paralizada: 2.394 metros cuadrados (de los 430.000 que componen la iniciativa), suspendidos desde abril por su posible afección a la zona de costas. Pero no es la única causa judicial en su contra. Hay al menos cinco procedimientos más.

Uno de ellos fue promovido por la asociación ecologista Salvar La Tejita por la traslocación de la viborina triste, la planta protegida que mantuvo en jaque el proyecto durante casi dos años.

Otros tres han sido impulsados por ATAN. El primero se dirige contra la resolución de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) que archivó un expediente sancionador; el segundo cuestiona la presunta negativa de la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático a iniciar un procedimiento de responsabilidad ambiental; y el tercero impugna la revisión del Plan General de Ordenación (PGO) de Adeje.

El quinto litigio se centra en la licencia urbanística concedida por el Ayuntamiento de Adeje para el proyecto básico de Cuna del Alma. Las cuentas de la sociedad no especifican quién lo promovió.

Ninguna de estas causas es menor. El auditor de las cuentas remarca su existencia y detalla que la “mayoría” de los procedimientos se encuentran en una fase inicial, salvo uno, que ya está pendiente de sentencia. También recuerda la propuesta de sanción de 230.000 euros impuesta por la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural por la destrucción de patrimonio arqueológico.

La auditoría concluye que “no es posible” determinar el impacto que estos litigios tendrán sobre la empresa. Pero remarca también que “los hechos o condiciones futuros”, es decir, eventuales resoluciones en contra, “pueden ser la causa de que la sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento”.

La promotora de Cuna del Alma no facturó ni un solo euro en 2024. En 2023, solo alcanzó la cifra de 7.253 euros. Esto es algo relativamente lógico porque la mercantil fue constituida en septiembre de 2013 y, más de una década después, no ha podido culminar el proyecto con el que espera engordar su patrimonio.

En estos momentos, el activo total de la sociedad está valorado en 24,07 millones de euros. La mayor parte corresponde a sus existencias, sobre todo terrenos y parcelas en el Puertito de Adeje. Sin embargo, la compañía continúa acumulando pérdidas: 680.000 euros en 2024 y 2,4 millones en 2023.

Su deuda asciende ya a 22,1 millones de euros. Y todo apunta a que seguirá lastrando las cuentas de la empresa, que debe abonar intereses calculados al euríbor más un 1,5%, lo que supuso en 2024 un desembolso financiero de 852.000 euros.

Las acreedoras son, además, sus únicas socias y propietarias: las mercantiles belgas Fivanco NV y GT & CO BVBA, a las que Segunda Casa Adeje (que actúa a todas luces como filial de ambas) debe 10,41 millones de euros a cada una. En conjunto, ambas concentran 20,8 millones de la deuda, mientras que los 1,3 millones restantes corresponden a otros acreedores.

La diferencia entre el activo (24,07 millones de euros) y el pasivo (22,1 millones) arroja un patrimonio neto de 1,89 millones. Ese equilibrio se sostiene gracias al “apoyo financiero” de los dos socios de la empresa, considerado “necesario para posibilitar el cumplimiento de los compromisos y asegurar la continuidad de sus operaciones”.

Por eso inyectaron a finales de 2023 cuatro millones de euros a fondo perdido para “compensar pérdidas”. De lo contrario, la promotora habría entrado en causa de disolución, reconoce ella misma.

Segunda Casa Adeje precisa que cuenta con una plantilla fija de cuatro trabajadores: dos hombres y dos mujeres. La sociedad también detalla que participa en varias marcas “asociadas”, entre ellas Puertito Hill Residencias y Puertito Beach Residencias, de las que es propietaria al 100%, así como GestionamosT2, en la que mantiene una participación del 50%. La compañía está administrada de forma mancomunada por Filip Andreas Hoste y Jean-Luc Maurice Adolph Desmet.

Ahora en el centro de la polémica por el impacto de su urbanización de lujo, la empresa nació en 2013 con un objeto social amplio y variopinto que va desde “la construcción y explotación de hoteles” hasta la realización de servicios de limpieza y desinfección de interiores, edificios o chimeneas. Su iniciativa, Cuna del Alma, ha sido ampliamente rechazada por la sociedad canaria por ubicarse en un paraje rodeado de espacios naturales protegidos y lugares de interés geológico.

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha archivado las diligencias que investigaban a cuatro profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) por presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental en el marco de la adjudicación de una plaza en el área de Zoología.

En un auto de sobreseimiento provisional fechado el 19 de diciembre de 2025, el magistrado Rafael Passaro no ve delito en lo que a su juicio es el “objeto central” de la causa: la modificación de las puntuaciones de los aspirantes efectuada por el secretario del tribunal tras una primera deliberación formal y sin el visto bueno del presidente de la comisión valoradora.

El auto es firme, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). La Fiscalía, que presentó la denuncia tras recibir un escrito del propio presidente del tribunal, un catedrático de la universidad, en el que se alertaba de un presunto amaño, descartó recurrir la resolución.

Junto a la adjudicataria de la plaza, Alicia Herrera, investigada por un presunto delito de falsedad documental relacionado con su titulación, figuraban como investigados por presunta prevaricación administrativa los otros miembros del tribunal, que también son catedráticos: el secretario Daniel Montero, la vocal titular María Soledad Izquierdo, vicerrectora de Investigación de la ULPGC en el momento de los hechos, y el vocal suplente Ricardo Haroun.

La denuncia presentada por el Ministerio Público abarcaba un contexto más amplio del proceso de selección, desde el nombramiento del tribunal hasta la validez de la titulación de Herrera. Pero el magistrado ha centrado la mayor parte del archivo en lo que denomina el “eje de la imputación”: el polémico cambio de notas realizado por el secretario después de la deliberación formal y sin el beneplácito del presidente de la comisión.

El auto recoge que el 11 de mayo de 2023, tras la celebración de las pruebas y la sesión de valoración del concurso, el tribunal se reunió para asignar las puntuaciones de los aspirantes mediante “anotaciones manuscritas” que habrían sido firmadas por los tres miembros. De esa evaluación salió como ganador el candidato José María Landeira.

Sin embargo, una vez concluida la sesión, el secretario se llevó la documentación de trabajo y comunicó la existencia de “errores en los cálculos”. Modificó las notas y eso alteró la clasificación final, colocando a Alicia Herrera como la aspirante mejor valorada. La vocal se mostró conforme con el cambio.

El presidente del tribunal calificó la actuación de “irregular con trascendencia decisoria”, según la resolución. El juez, no obstante, ha rebajado los hechos a “disfunciones organizativas o de deficiencias en la formalización de los actos” tras escuchar a los investigados. Aunque reconoce que el modo de proceder fue “susceptible de mejora”, no aprecia “voluntad falsaria” en la intervención del secretario ni de la vocal.

Ambos negaron haber manipulado de forma deliberada o arbitraria las puntuaciones. Alegaron que las “anotaciones manuscritas” realizadas durante la valoración de los candidatos tenían carácter provisional y defendieron que, al trasladar las notas a una hoja de cálculo, detectaron “errores materiales o aritméticos” en las sumas, lo que motivó su posterior corrección.

El secretario declaró que su intervención se limitó a “una función técnica de comprobación y sistematización de datos” orientada a “garantizar” que el resultado final “reflejara correctamente las puntuaciones otorgadas”. La vocal, por su parte, respaldó esta versión y negó haber advertido una discrepancia “sustancial” entre lo deliberado y lo finalmente documentado.

La instrucción, señala el juez Passaro, no permitió “constatar” la concurrencia de una voluntad consciente de alterar “la verdad de lo acontecido”. Por lo que “no puede descartarse”, dice el magistrado, que las modificaciones realizadas por el secretario del tribunal obedecieran a lo que él mismo sostuvo: la detección y corrección de “meros errores materiales o aritméticos” en los cálculos efectuados durante la deliberación formal.

“Hipótesis que, en ausencia de elementos objetivos que la desvirtúen, resulta plenamente compatible con un proceder no doloso”, remacha el magistrado. Lo mismo concluye con respecto a la vocal de la comisión.

El auto reprocha, eso sí, el funcionamiento del tribunal. Destaca que, “ciertamente”, la forma en que se desarrollaron fases del proceso selectivo (en particular, la falta de un cierre “formal e inmediato” del resultado de la sesión y su posterior reflejo en el acta) revela “un modo de proceder susceptible de mejora desde la perspectiva de las exigencias de rigor y claridad” exigibles a un órgano colegiado.

Estos hechos, insiste el juez, “no superan el umbral de la irregularidad administrativa” ni incorporan ese “elemento de arbitrariedad” que diferencia la “mera ilegalidad o anulabilidad administrativa del ilícito penal”. Pero ello no excluye, añade, que hubiera sido aconsejable “una mayor precisión formal” por parte de la comisión en “determinados aspectos”.

Canarias Ahora preguntó a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria si prevé adoptar alguna medida para reforzar los procedimientos de actuación de los tribunales de selección, entre otras cosas. La institución solo respondió que, “como en cualquier otra reclamación de plazas o asunto de otra índole, acata la resolución judicial y no se pronuncia”.

En lo que concierne a la adjudicataria de la plaza, Alicia Herrera, a quien la Fiscalía acusaba de un presunto delito de falsedad documental por afirmar en su currículum que era bióloga presentando únicamente un certificado extranjero sin homologar, el magistrado también da carpetazo a este extremo.

La resolución apunta que “las cuestiones suscitadas en torno a la validez, idoneidad u homologación” de Herrera “no alteran la conclusión alcanzada” en el auto y tienen una trascendencia “estrictamente administrativa”, cuya depuración corresponde, en su caso, a la propia ULPGC.

El juez también ve “relevante” que ninguno de los candidatos a la plaza, entre ellos José María Landeira, presentara recurso contra la adjudicación del puesto. Subraya que “optaron por conformarse” con el resultado y que ese comportamiento “resulta coherente” con el hecho de que, a su juicio, las “disfunciones” señaladas constituyan “irregularidades de alcance administrativo” y no “manifestaciones de una actuación penalmente relevante”.

“Errores constatables” que “no pueden obviarse”

La documentación obrante en el propio concurso de la ULPGC reconstruye la controvertida modificación de las notas que ha acabado en los tribunales.

Una resolución de la vicerrectora de Profesorado, Ordenación Académica e Innovación Educativa detalla que el 12 de mayo de 2023, un día después de la deliberación conjunta, la vocal del tribunal detectó un “error de cálculo de medias aritméticas”. El secretario lo confirmó y advirtió, además, de la existencia de otros fallos en la hoja de Excel, por lo que propuso una nueva reunión para corregirlos de forma conjunta.

El presidente del tribunal, sin embargo, se opuso “a cualquier cambio” y sostuvo que debían darse por válidos los primeros resultados. El secretario convocó igualmente al órgano a reunirse el 16 de mayo para “corregir los errores detectados y emitir las actas de valoración conjunta y de propuesta de adjudicación”. Pero el presidente de la comisión no acudió. Tampoco excusó su ausencia “debidamente”, según el informe.

Eso impedía al órgano actuar. Así que el secretario y la vocal realizaron las consultas consideradas “necesarias” a la unidad administrativa de la universidad y elaboraron un acta incidental para reflejar lo ocurrido. Luego se personaron en el Servicio de Personal Docente para entregarla junto con las puntuaciones de los candidatos.

El 23 de mayo, la vicerrectora de Profesorado, Ordenación Académica e Innovación Educativa se reunió con el presidente de la comisión, en un encuentro en el que se acordó que éste examinara la documentación del concurso para constatar los “posibles errores”. El escrito precisa que dicha información permanecía custodiada en el Servicio de Personal Docente y que, además, se le había reenviado un correo electrónico del secretario con “información y documentación relevante”.

Pero “diversos contratiempos” (que no se detallan) impidieron la entrega de la documentación física al presidente del tribunal. Llegado el 26 de junio, un mes más tarde, todavía no se había “hecho cargo” de esos papeles ni constaba “revisión por su parte” de la información remitida de manera telemática. La vicerrectora le pidió entonces que convocara de nuevo a la comisión. La nueva fecha se fijó para el 3 de julio.

Ese día se expidieron las nuevas actas de deliberación conjunta y de propuesta de adjudicación de la plaza de profesora en el área de Zoología a la candidata Alicia Herrera, solo firmadas por el secretario y la vocal.

También se formuló otra acta incidental en la que se reflejaron “los motivos del presidente para no suscribir los acuerdos adoptados por mayoría”. El 5 de julio se entregó “toda la documentación” del proceso selectivo a la Subdirección de Personal Docente.

Ante la “circunstancia totalmente excepcional” de que faltara la firma del presidente, la ULPGC vio “necesario” revisar las actuaciones del concurso para comprobar si se ajustaban a la legalidad.

El Vicerrectorado de Profesorado, Ordenación Académica e Innovación Educativa, dirigido entonces por Cecilia Dorado García, comprobó los archivos y encontró que el primer documento de Excel con las puntuaciones de los candidatos arrojaba “resultados inexactos”.

Según su análisis, algunas de las “anotaciones manuscritas” hechas en papel habían sido introducidas en “la casilla equivocada” y el “uso indebido” de comas o puntos para representar cifras con decimales había provocado un “error de lectura” en la hoja de cálculo. De hecho, esas primeras puntuaciones a mano coincidían con las que figuraban en el Excel “corregido”.

El Vicerrectorado calificó estos fallos como “errores constatables” que “no pueden obviarse”, y cargó contra el presidente del tribunal por no revisarlos.

“No consta que haya efectuado ninguna comprobación personal de los errores expuestos por los restantes miembros de la comisión, lo que le hubiera permitido confirmar o desvirtuar su existencia o trascendencia. No consta tampoco que haya habido alteración alguna de las puntuaciones inicialmente asignadas de forma consensuada a los méritos de cada aspirante por los tres miembros del órgano”, recoge el informe.

La resolución fue avalada por la ULPGC al haberse adoptado por mayoría. Alicia Herrera obtuvo una puntuación de 77,9 puntos. Landeira, de 75,71.

“Todos fueron informados… y todos aceptaron continuar”

El denunciante del caso, el presidente de la comisión, presentó un escrito ante el Juzgado de Instrucción Número 2 de la capital grancanaria en el que pidió que no se archivara la causa, revelando asimismo que “está sufriendo un importante acoso por haber denunciado estos hechos” y solicitando medidas cautelares de protección.

En el texto, sostiene que el propio juez reconoce que el secretario y la vocal del tribunal modificaron las puntuaciones después de la deliberación formal del tribunal, por lo que critica que el magistrado reduzca los hechos a una simple “actuación de carácter técnico y organizativo”.

Añade que “sacar un expediente oficial que debería estar custodiado en la sede del tribunal para presuntamente alterarlo o sustraerlo es, en sí mismo, un presunto delito”. En su opinión, al hacerse fuera de la sede del tribunal y sin la presencia del presidente, “se rompe la cadena de custodia y la transparencia del proceso”.

El denunciante se reafirma en la existencia de tres presuntos delitos: infidelidad en la custodia de documentos, prevaricación administrativa y falsedad en documento público. Indica que las primeras puntuaciones de los aspirantes “coincidieron y fueron contrastadas dentro del tribunal” y que, tras detectar los “errores”, el secretario debía haber tramitado una diligencia de rectificación oficial previa deliberación del órgano. Añade que solicitó la revisión de las nuevas puntuaciones, a lo que, según afirma, se negaron tanto el secretario como la vocal.

Por otro lado, denuncia que “las cuestiones suscitadas en torno a la validez, idoneidad u homologación” de la titulación de Alicia Herrera (que el juez considera de relevancia exclusivamente administrativa), podrían constituir un presunto delito de intrusismo profesional. Según dice, “todos fueron informados en su momento de las irregularidades y todos aceptaron continuar”.

El denunciante rechaza, por último, acudir a la vía contencioso-administrativa porque, a su juicio, la experiencia demuestra que quienes promueven presuntas irregularidades en el ámbito universitario no “sufren consecuencias de ningún tipo”, lo que “alimenta de esa forma la impunidad”, que en este caso concreto “ha llegado a ser extrema”.

“Si no existen consecuencias penales, los equipos rectorales gozan de impunidad para otorgar plazas (dinero público) sin consecuencias. Esto es lo que, una vez más, parece estar ocurriendo”, concluye.

Esta redacción ha remitido mensajes a sus correos corporativos de la universidad de todas las personas que fueron investigadas en esta causa, pero no ha obtenido respuesta de ninguna de ellas.

Maxi y Paola, de 46 años, ven la muerte de cerca todos los días. Son médicos. Y por su trabajo diario saben perfectamente que “nadie tiene firmada la vida eterna”.

Esta pareja afincada en Gran Canaria dedica buena parte de su tiempo a salvar a personas. A curarlas. Por eso creen que, mientras estén aquí, ya habrán “cumplido” con la humanidad, dicen entre risas. Después de la muerte, añaden, es otra historia.

“Los humanos ya tienen bastante. No están en peligro de extinción ni nada”, bromean antes de volver a soltar una carcajada. “Así que, en aquello en lo que no influimos, que es la naturaleza, está en nuestra mano devolver un poquito de todo lo que hemos utilizado y contaminado”.

Ambos han decidido firmar un testamento solidario en favor de la organización ecologista Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, en sus siglas en inglés). Lo hicieron hace años. Ante notario, dejaron establecido que una parte de su herencia se destinara al cuidado de sus mascotas (siete en total, cinco gatos y dos perros), que quedarían a cargo de la hermana de Maxi. Y el resto irá destinado a la mencionada ONG.

Ellos sienten que están en deuda con el planeta y quieren devolverle algo, en especial ahora, cuando atraviesa una crisis climática y de pérdida de biodiversidad provocada por la actividad humana.

“Siempre he pensado que nosotros, solo por existir, contaminamos. Tenemos un impacto. Y el sistema ya está hecho, así que es muy difícil volver atrás o cambiarlo todo. No podemos hacer eso. No está en nuestra mano. Pero sí podemos aportar un poquito y mitigar ese impacto”, asegura Paola. “No me interesa exactamente lo que se haga. Pero que sea útil, que sirva para algo bueno”, remacha.

Al principio impactó. Se encontraron con un fuerte rechazo en notarías locales, donde les juzgaron por hacer un testamento siendo tan jóvenes y por su decisión de no tener hijos. En una de ellas incluso les llegaron a decir que “esto no es una película yankee”, recuerdan.

Pero siguió impulsándoles la posibilidad de que su legado tuviera efectos tangibles en favor de la naturaleza. Según WWF, una donación de 6.000 euros permite recuperar una hectárea de bosque degradado; con 12.000 euros podrían retirarse doce toneladas de plástico de las playas; con 100.000, dotar de vehículos a equipos de vigilancia de especies amenazadas como el lince ibérico, el rinoceronte o el panda; y con 300.000, impulsar la creación de una reserva marina que garantice la pesca sostenible para las generaciones futuras.

A ellos les habría encantado formar parte del proceso de reintroducción del lince, que ha pasado de registrar menos de cien ejemplares a principios de siglo a contabilizar 2.630 en la actualidad. Pero quizá en el futuro llegue el turno de otros proyectos, como la recuperación del lobo o la restauración de bosques degradados. Les gusta pensar que, de alguna manera, contribuirán a ellos. Y que ya lo han dejado atado.

“Una compañera de trabajo falleció muy joven. Tenía animales, responsabilidades, y no dejó nada previsto sobre qué hacer con ellos. Ese fue el momento en que dijimos: vale, hay que hacerlo”, relata Maxi. “Ahora tenemos tranquilidad. Creo que esa es la palabra. Está todo en orden. Y, si nos vamos, aportamos un poquito a solucionar algo”, agrega Paola.

Los datos de WWF muestran que el número de peticiones de información para incluir a la organización en el testamento ha mantenido una tendencia al alza durante la última década. Tras registrar 382 solicitudes en 2016, las cifras volvieron a situarse en niveles elevados en 2024, con 313 peticiones. En 2025 se contabilizaron 118 consultas.

En total, más de 1.500 personas han contactado con la ONG para proteger la naturaleza con su legado. 199 ya lo hacen de manera activa. Canarias suma un total de 47 personas interesadas, el cuarto dato más elevado detrás de Madrid, con 237, Barcelona (133) y Alicante (54).

El perfil mayoritario de quienes firman un testamento solidario ha sido tradicionalmente el de una mujer adulta. Según WWF, el 59,5% de las personas que lo hacen son mujeres. Leyre Ayastuy, portavoz de Haz Testamento Solidario, explica que esto se alinea con otros estudios nacionales que muestran que las mujeres suelen implicarse más que los hombres en este tipo de causas.

Pero en los últimos años se observa una nueva tendencia: cada vez más jóvenes están mostrando interés por este tipo de legados vinculados a la protección del medio ambiente, en un contexto de creciente conciencia ecológica. La edad media de los testadores en WWF se sitúa ahora en los 54 años. El 61% de las personas interesadas tiene menos de 60 años. En Canarias, el 46,9% de los interesados es menor de 50 años. Incluso se ha registrado el caso de una persona de 24.

En Greenpeace confirman este patrón. “Es una señal de que algo está cambiando. Frente al cambio climático y a la pérdida de la biodiversidad necesitamos acción. Ya no se trata solo de actuar en el presente, sino de garantizar que esa acción continúe en el futuro. El testamento solidario es quizá la expresión más profunda y duradera de ese compromiso”, reflexiona Justine Huppert, responsable de Legados y Donaciones en Greenpeace España.

Ayastuy apunta también que el perfil más habitual de testador solidario ha sido el de una persona sin hijos, que al no contar con “herederos forzosos” dispone de mayor libertad para destinar su patrimonio. Sin embargo, en los últimos años ha crecido el número de personas casadas (y con hijos) que han descubierto que pueden recurrir al denominado “tercio de libre disposición”, la parte de la herencia (un 33,3%) que el testador puede dejar a quien quiera, incluso teniendo descendencia.

La suma de todas estas nuevas sensibilidades está generando un aluvión de peticiones de información. En Greenpeace detallan que el número se ha duplicado en el último lustro. El crecimiento en la base de personas interesadas en este tipo de legados, añaden, alcanza el 150%.

“La preocupación por nuestro planeta y su futuro crece. La crisis climática y la pérdida de biodiversidad ya no son conceptos lejanos, sino la realidad que respiramos, con episodios de calor más intensos, temperaturas récord del mar e inundaciones que muchas personas están viviendo en primera persona”, señala Huppert. “El testamento solidario se está normalizando como una forma de colaborar, una manera de seguir luchando por los valores y las causas que nos importan, aunque ya no estemos”.

Hacerlo es muy sencillo. Las fuentes explican que solo cuesta entre 40 y 80 euros, puede realizarse en cualquier notaría y es revocable. Ayastuy, portavoz de Haz Testamento Solidario, recuerda además que las ONG están exentas del impuesto de sucesiones y donaciones. Y que, en caso de recibir inmuebles u otros bienes, como joyas, las pondrían a la venta a precio de mercado para destinar lo recaudado a sus proyectos. 

WWF recibió en 2025 un total de 259.773 euros. En 2021 alcanzó su pico, con 610.600 euros. Las aportaciones varían cada año, pero la media anual se sitúa en torno a los 220.690 euros, mientras que la donación media por testamento es de 127.600 euros. Desde Greenpeace, por su parte, apuntan que el año pasado recibieron 347.000 euros en legados y herencia, lo que supone aproximadamente el 1,6% de su presupuesto anual. Agregan que la cifra “va creciendo, aunque puede variar”.

“Proteger los océanos y denunciar la destrucción de ecosistemas únicos como los que rodean a Canarias necesita financiación independiente y sostenida en el tiempo. El testamento solidario es precisamente eso: un gesto hacia el futuro del planeta que trasciende nuestra propia vida”, concluye Huppert.

En WWF, además, plantan un árbol en honor de cada persona que decide incluir a la organización en su testamento, con su nombre y apellidos, explica Bárbara Crespí, responsable de Herencias y Legados de la organización. “Lo hacemos en Montejo de la Vega, en Segovia, que fue la cuna de los campamentos de verano para gente joven que inició Félix Rodríguez de la Fuente”, el primer vicepresidente de WWF España, un naturalista español que defendía que la naturaleza es el mejor legado que podemos dejar.

A la crisis de vivienda protegida en Canarias hay que sumarle un problema más, por si no fuera suficiente. Una investigación de la Fundación CIVIO ha revelado que al menos 14.200 de las 36.650 viviendas de protección oficial (VPO) construidas en el Archipiélago desde 1991 habrán perdido su régimen de protección antes de 2030.

Casi todas son VPO de promoción privada cuya protección expira de manera automática a los 30 años, de acuerdo con la Ley de Vivienda de Canarias de 2003, momento en el que pasan al mercado libre.

A esa cifra podrían sumarse otras 5.700 viviendas, también promovidas por entidades privadas, que pueden perder su régimen de protección de forma anticipada mediante un proceso de descalificación voluntaria antes de alcanzar el plazo máximo.

Esta suerte de cláusula de escape permite descalificar una VPO transcurridos los primeros 15 años desde su adjudicación a cambio de devolver las ayudas públicas recibidas. Solo puede aplicarse a inmuebles anteriores a 2005, cuando la legislación aún contemplaba esa posibilidad, y siempre que concurran determinadas circunstancias, como un traslado por motivos laborales, una separación o la necesidad de acceder a una vivienda de mayor tamaño en el caso de las familias numerosas. Pasados 20 años, ya no sería necesario acreditar ninguno de estos supuestos.

En cualquier caso, todas estas viviendas habrán pasado al mercado libre antes de 2036, si no lo han hecho ya.

Es imposible determinar cuántas viviendas han perdido su régimen de protección porque el Gobierno de Canarias carece de esa información, según reconoció el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) en una respuesta a una solicitud de información pública presentada por Canarias Ahora a través del Portal de Transparencia.

Por ello no es posible saber con exactitud cuántas VPO habrá perdido Canarias para 2030. En el escenario más conservador, que solo tiene en cuenta las viviendas cuya protección expirará de forma automática, la cifra ascendería a 14.216, el 38,7% de las 36.649 construidas desde 1991. Si se incluyen además aquellas que pueden ser descalificadas voluntariamente antes de esa fecha, podría elevarse a 19.952, el 54,4% del total.

Para más inri, la Fundación Civio recuerda que el Gobierno de Canarias aprobó en 2023 un decreto que permite la venta de 10.500 viviendas protegidas anteriores a 1996. Pero, por ahora, ese decreto es papel mojado. La empresa canaria de vivienda social, Visocan, no tiene ninguna intención de aplicarlo por miedo, ha dicho, a perder los ingresos que obtiene de las rentas de las 6.000 VPO que gestiona y entrar en bancarrota. Y otras fuentes consultadas sostienen que el ICAVI ha mostrado la misma oposición.

Civio ha radiografiado el estado del parque de vivienda protegida en Canarias construido desde 1991, el primer año desde que hay cifras públicas, ante la histórica falta de datos oficiales. La Fundación ha calculado las viviendas existentes a partir de las estadísticas de calificaciones definitivas de VPO del Ministerio de Vivienda, los datos aportados por la Comunidad Autónoma a raíz de una solicitud de información en base a la Ley de Transparencia y otras cifras oficiales.

Además de las 36.649 levantadas desde 1991, hay que sumar otras 6.200 construidas entre los años 60 y 1990. Eso hace un total de 42.849 viviendas protegidas en las Islas.

De ellas, 2.780 VPO ya han perdido su régimen de protección: son las de promoción privada construidas antes de 1995. A estas se sumarán otras 17.172 viviendas, también de régimen privado, edificadas entre 1996 y 2005, que agotarán sus 30 años de calificación definitiva en 2035 (o incluso antes si sus adjudicatarios optaron por la descalificación voluntaria). Otras 4.311 de la misma tipología lo harán a partir de esa fecha.

En cuanto a las públicas, hay 18.413. Las anteriores a 1996, es decir, un total de 10.500, “se ofrecerán en venta” a sus inquilinos, según establece el Decreto 1/2023. Las posteriores a ese año, 7.913, seguirán siendo públicas “mientras no se proceda a su enajenación”, de acuerdo con otro decreto aprobado por el Gobierno de Canarias en 2024. Además, 173 viviendas públicas ya fueron entregadas en propiedad y han perdido, por tanto, su carácter permanente.

No fue hasta 2024 cuando el Ejecutivo regional blindó por ley la protección permanente de las viviendas públicas, impidiendo que puedan perder esa condición las construidas a partir de esa fecha. Las de promoción privada, sin embargo, seguirán teniendo una duración “general” de treinta años.

La pérdida progresiva de VPO construidas con dinero público es una de las principales causas de la crisis de vivienda actual. La Fundación Civio ha constatado en su investigación que España habrá perdido la mitad del millón y medio de VPO construidas desde 1991 como consecuencia de las políticas autonómicas, que han establecido distintos periodos de protección en función del territorio. La excepción la ha marcado el País Vasco, que en 2002 declaró la protección permanente de todas sus viviendas protegidas. Luego se han sumado otras comunidades.

La desprotección de una VPO tiene como principal resultado su incorporación al mercado libre. Eso significa que decaen las restricciones sobre quién puede acceder a ella según su nivel de ingresos y respecto a su precio, tanto de venta como de alquiler.

Es habitual que fondos compren esos pisos y luego los revendan mucho más caros, obteniendo una plusvalía. O que sus dueños eleven el precio del alquiler de manera desorbitada a las primeras de cambio. La falta de información sobre su situación también dificulta el control público y favorece prácticas irregulares, como la ocupación irregular de VPO vacías, el subarriendo no autorizado o la venta de inmuebles que todavía mantienen algún tipo de protección.

Es un proceso de “gentrificación por descalificación”, dijo a Canarias Ahora el catedrático en Geografía Humana de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Juan Manuel Parreño.

“De alguna manera hay una transferencia de ayuda pública a patrimonios privados, pero lo peor es que esto puede suponer un incremento de precios al mismo tiempo que reduce el parque protegido disponible. Incluso en algunos casos, la descalificación puede suponer la sustitución poblacional por hogares con más ingresos”, señaló.

El parque de vivienda pública en Canarias ronda los 19.000 hogares en estos momentos. Hay, no obstante, más de 34.000 demandantes de VPO. Algunos llevan inscritos en el registro desde 2010. Otros forman parte de familias numerosas de hasta diez miembros. Y también los hay con grados de discapacidad superiores al 95%, según ha podido saber este periódico.

El Gobierno de Canarias ha publicado recientemente un visor interactivo de vivienda protegida que permite seguir el estado de las promociones en el Archipiélago. Según esta herramienta, hay 1.817 viviendas planificadas, otras 1.966 en construcción y solo 248 finalizadas desde 2024. El consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez (Coalición Canaria), cree que el visor evidencia “el esfuerzo inversor y la acción pública que se está desarrollando” en las Islas.

El Gobierno de Canarias ha denegado a la asociación ecologista ATAN el acceso a los nuevos planos digitales de los espacios naturales de las Islas para “evitar que circulen” archivos todavía provisionales, en el marco del anteproyecto de ley que pretende digitalizar los límites aprobados hace casi cuatro décadas, en 1987.

En una resolución de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, dirigida por Manuel Miranda (Coalición Canaria), el Ejecutivo ha rechazado la solicitud de información pública de la organización, que reclamaba los datos vectoriales de las nuevas delimitaciones (conocidos por la extensión SHP) para analizar con precisión los puntos, líneas y polígonos que definen los espacios protegidos del Archipiélago.

El Gobierno autonómico ha justificado su negativa en la necesidad de “evitar que circulen ficheros en abierto que no tengan carácter definitivo” y ha emplazado a ATAN a consultar los nuevos límites a través del visor de GRAFCAN, donde solo es posible analizarlos a simple vista, “a ojímetro”, en palabras de Iván Cerdeña, de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, lo que hace “inviable” un estudio riguroso de los mapas.

“No podemos entrar al detalle de las modificaciones porque es inviable revisar a mano cientos de kilómetros de deslindes de espacios naturales. Es como tener que comparar un plano con otro sin ninguna herramienta de análisis. De esa manera pretende el Gobierno de Canarias que nos informemos de los cambios que plantea”, afirma Cerdeña.

La cuestión no es baladí. Las organizaciones ecologistas aseguran haber detectado ya pequeñas alteraciones respecto a los planos originales que podrían dejar sin protección miles de metros cuadrados en Canarias.

Iván Cerdeña sostiene que las nuevas delimitaciones excluyen “varios miles de metros cuadrados” de la Reserva Natural Especial del Malpaís de Güímar, concretamente en el área colindante con la urbanización del Puertito de Güímar, una zona donde, remarca, “el hábitat está en perfecto estado”.

También confirma que han encontrado variaciones en los límites del Parque Natural de Corralejo. Y recuerda que el especialista en Geomática y Topografía Manolo Viera alertó de la reducción de 260.000 metros cuadrados de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas, tal y como publicó ‘La Provincia’.

“Curiosamente, los errores siempre van en contra del interés general. Nunca ocurre que una equivocación implique más superficie protegida, sino menos. Creo que eso dice mucho del sentido de la responsabilidad de esta administración”, agrega Eugenio Reyes, portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción.

La ley para digitalizar la delimitación de los espacios naturales protegidos de Canarias busca “suplir la falta de un trazado oficial en formato digital” de las 148 áreas protegidas del Archipiélago, que ocupan 302.000 hectáreas. O lo que es lo mismo: el 40,57% de la superficie de la Comunidad Autónoma.

La norma sustituirá los actuales anexos en papel por un archivo informático que represente sus fronteras sobre la cartografía oficial más reciente. El Ejecutivo pretende de esta manera adaptarse a la normativa europea y estatal (a la que ya llega tarde, ha reconocido), además de facilitar la incorporación precisa de estos espacios al Registro de la Propiedad.

El Gobierno autonómico ha explicado que los límites vigentes están dibujados sobre planos en papel a escala 1:5.000, elaborados a partir de una base cartográfica obtenida en un vuelo realizado en 1987. La Administración liderada por Fernando Clavijo (Coalición Canaria) sostiene que se trata de un sistema “cada vez más obsoleto”, tanto por su antigüedad como por los avances registrados en los sistemas de información geográfica. Y subraya además que, en una cartografía de estas características, una desviación de apenas un milímetro sobre el papel puede traducirse en una diferencia de hasta 50 metros sobre el terreno.

La falta de una delimitación milimétrica ha generado problemas de seguridad jurídica, dice el Ejecutivo, tanto para las administraciones públicas como para los propietarios de terrenos colindantes con los espacios protegidos. El Gobierno defiende que esta incertidumbre también ha afectado al conjunto de la ciudadanía, ya que cualquier persona puede ser usuaria de estos enclaves naturales.

En la memoria justificativa del anteproyecto, la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas reconoce que no será posible una “coincidencia geométrica absoluta” entre los planos originales y los nuevos debido a los cambios en los sistemas de referencia. El documento admite literalmente que resulta imposible “hacer coincidir la expresión de la superficie de un mismo espacio en las dos cartografías”. La primera utilizaba la red geodésica Pico de las Nieves y el sistema ED50. La nueva, el sistema de coordenadas WGS84.

El Ejecutivo canario asegura haber detectado diversas “incidencias” al pasar de un modelo a otro, entre ellas la falta de precisión de los planos originales, discrepancias entre la cartografía y las descripciones legales de los espacios protegidos, así como la transformación o desaparición de determinados elementos del territorio debido a la actividad humana.

El Gobierno defiende que ha resuelto todos estos contratiempos basándose en el “principio de no regresión”, es decir, buscando que la solución no supusiera una pérdida de terreno protegido. Los colectivos ecologistas, sin embargo, reclaman poder acceder a los datos en bruto para comprobar si eso es verdad.

“Es irónico que no nos permitan acceder a los documentos digitales de una ley de digitalización. Es como si nos hubieran dado un papel, básicamente. En el visor de GRAFCAN puedes descargar cualquier plano de cualquier ámbito, menos estos”, denuncia Cerdeña, de ATAN.

Para el portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción, Eugenio Reyes, se trata de un intento del Ejecutivo de “dejar los límites confusos” y crear una “coladera” que favorezca intereses urbanísticos y de infraestructuras, en especial en los bordes de los espacios naturales protegidos de Canarias. El ecologista sostiene además que el Gobierno regional estaría vulnerando la ley de transparencia al no facilitar los mapas provisionales.

Cerdeña, por su parte, advierte del riesgo que suponen las pequeñas variaciones de los límites, por pequeñas que sean.

“Una población de una especie protegida se puede quedar fuera por un metro, o un yacimiento arqueológico. Ya estamos viendo la puntería que tiene este Gobierno canario con esto. El otro día, por ejemplo, reventaron uno aquí, en San Miguel (Tenerife), instalando un bebedero dentro del programa ‘+ por Canarias, junto a la Federación de Caza’. Así que sí, es importante, hay que tenerlo en cuenta”, remacha.

La empresa que vendió al Ayuntamiento de Mogán una polémica mole de hormigón por 1,59 millones de euros para destinarla a vivienda social, Hoteles Nuevo Milenio, acumula deudas superiores al millón de euros y cuenta con un solo trabajador, según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, correspondientes a 2024.

La mercantil compró en 2022 a Criteria Caixa, el brazo inversor de CaixaBank, el esqueleto de cemento, una obra inacabada que a principios de siglo causó daños significativos a una casona del siglo XVIII, por una cantidad que la administración mantiene oculta.

En la escritura de compraventa entre ambas partes figuran tachados todos los importes, desde el precio de la operación hasta la cuantía correspondiente al IGIC. El Consistorio, liderado por Onalia Bueno (Juntos por Mogán), ha reconocido que adquirió el inmueble tomando como única referencia ese documento, según un informe del Negociado de Patrimonio elaborado a raíz de una solicitud del concejal Juan Manuel Gabella, de Nueva Canarias (NC).

Gabella pidió una “copia íntegra” de la escritura de compraventa del edificio, ubicado en el número 4 de la calle Guardia Juan Martín Quesada. Pero el Negociado de Patrimonio le respondió que la única escritura incorporada al expediente es “la que la parte vendedora entregó”, es decir, aquella en la que los importes de la transacción aparecen tachados, “no disponiendo de otra copia”, señala el escrito.

El Ayuntamiento reconoce así que compró la propiedad sin saber cuánto pagó por ella su anterior propietario. Un empresario del sur de Gran Canaria, Juan Manuel Pérez León, ha presentado un recurso en el que sostiene que Hoteles Nuevo Milenio desembolsó por ella una cantidad muy inferior, apenas 425.000 euros, por lo que habría obtenido una plusvalía en pocos años de más de un millón de euros.

El Consistorio de Mogán no ha respondido a las preguntas remitidas por Canarias Ahora. Este periódico también intentó ponerse en contacto con el administrador único de Hoteles Nuevo Milenio, Julio Méndez, sin obtener respuesta. Criteria Caixa, por su parte, se ha limitado a señalar que se trata de una “información confidencial” que no va a difundir.

Hoteles Nuevo Milenio se constituyó en 2001 y cuenta con un capital social de 13.830 euros. Su administrador único, Julio Méndez, relevó en enero de 2019 a Eugenio Hernández, un conocido empresario del sur de Gran Canaria procesado en el denominado caso 18 Lovas, una causa judicial que investiga una presunta red de prostitución de menores.

La empresa tiene como objeto social la actividad inmobiliaria. Sin embargo, en las cuentas correspondientes a 2024, las últimas depositadas, señala que su actividad principal es el comercio al por menor de vehículos de motor. Ese año reportó una cifra neta de negocios de 375.000 euros, frente a los 337.585 euros de 2023.

Por otro lado, la compañía registró en 2024 una media de un solo trabajador con contrato indefinido, con un gasto de personal de 72.171 euros. En 2023, el coste fue prácticamente idéntico, de 78.700 euros, también correspondiente a un único empleado.

Hoteles Nuevo Milenio presenta un patrimonio total de 2,3 millones de euros. La mayor parte corresponde a inmovilizado material (1,2 millones de euros) y a inversiones inmobiliarias (668.481 euros), como el complejo de apartamentos Duna Star, en Playa del Inglés (San Bartolomé de Tirajana), o Tauro, en Mogán.

Su patrimonio neto es de 1,2 millones de euros. Casi la totalidad procede de aportaciones de los socios a través de lo que se conoce como prima de emisión, cifrada en 953.000 euros. El resto corresponde a reservas acumuladas por la empresa (286.000 euros).

Las cuentas confirman que la mercantil arrastra deudas por más de un millón de euros, de las que 534.000 euros corresponden a largo plazo y 529.560 a corto. Tras descontar gastos de explotación, personal, impuestos y el resto de cargas, la empresa obtuvo en 2024 un beneficio de apenas 2.344 euros.

La mole de hormigón que ha adquirido el Ayuntamiento de Mogán para construir vivienda social está financiada íntegramente con fondos del Gobierno de Canarias, en concreto, mediante una ayuda de 2,5 millones de euros concedida por el Instituto Canario de Vivienda (ICAVI).

El precio pactado por el Consistorio se fijó a partir de una tasación elaborada por un arquitecto externo contratado por el Ayuntamiento que, para determinar el valor del inmueble, tomó como referencia viviendas en venta en el casco del municipio, una zona caracterizada por “la debilidad de la demanda y la ausencia de oferta”. La arquitecta municipal asumió esa valoración y emitió un informe favorable a la compra.

En ese informe externo, que fija en 1,59 millones de euros el valor del esqueleto de hormigón, no se hace mención alguna a la casona histórica derruida hace 25 años por la empresa Braum Rott SL, promotora entonces de las obras. El Ayuntamiento de Mogán llegó a ordenar el “restablecimiento del orden jurídico infringido y la realidad física alterada”, lo que implicaba devolver a su estado original el inmueble, incluido en el inventario del Patrimonio Arquitectónico del municipio.

Pero el Consistorio nunca abrió un expediente sancionador ni dio traslado de los hechos a la Fiscalía. Tampoco impulsó la ejecución de la orden de restauración de la casona, que quedó sin cumplirse. Veinticinco años después, el inmueble continúa en desuso y sin cubierta como consecuencia de los daños causados a principios de siglo.

El Ayuntamiento de Mogán sí recoge en el documento que avala la tasación externa que la operación incluye dos fincas catastrales: la correspondiente a la mole de hormigón y la de la casona derruida. La primera presenta un valor catastral de 149.000 euros, según una certificación emitida en enero de 2026, en la que figura como titular Hoteles Nuevo Milenio. La segunda está valorada en 21.000 euros y aparece a nombre de Braum Rott SL, según otra certificación emitida también en enero de este año.

La información catastral de ambas parcelas no coincide con la que consta en el Registro de la Propiedad. Las dos carecen de coordinación registral y catastral (como ocurre con muchas otras propiedades). La finca sobre la que se levanta el esqueleto de hormigón fue transmitida por Hoteles Nuevo Milenio al Ayuntamiento de Mogán mediante escritura pública el 26 de febrero de 2026, apenas una semana después de que la sociedad la inscribiera a su nombre en el Registro de la Propiedad, el 19 de febrero.

En la nota simple de esa parcela se detalla que está compuesta por tres edificaciones inacabadas destinadas a albergar un total de 52 viviendas, 35 trasteros y 64 plazas de garaje. También que fue comprada por Hoteles Nuevo Milenio a Criteria Caixa en agosto de 2022.

En cuanto a sus linderos, indica que linda al sur, donde se encuentra la casona histórica, con los herederos de Don Marcelino Marrero Quesada y, en parte, con los herederos de Don Manuel Betancor. No consta el Ayuntamiento de Mogán como titular de ninguna finca colindante.

Este hecho ha alimentado las sospechas de la oposición. El concejal de NC Juan Manuel Gabella aseguró en el pleno municipal celebrado el pasado abril que en el expediente no aparece que el Ayuntamiento haya adquirido formalmente la citada edificación histórica, la Casa de Florita.

“O no saben exactamente qué se ha comprado o no se está trasladando la misma información en todos los ámbitos. En cualquiera de los casos, es una situación que requiere una aclaración inmediata. Ni para mentir se ponen de acuerdo”, afirmó Gabella.

Durante la sesión, la concejala de Patrimonio, Consuelo Díaz, sostuvo que el Ayuntamiento había adquirido únicamente una parte del inmueble. Pero luego aseguró a los periodistas que la compra incluía la totalidad de la construcción, según publicó Canarias7.

El empresario Juan Manuel Pérez León ha presentado un requerimiento ante el Ayuntamiento para que inicie un procedimiento de revisión de oficio de la operación, declare su nulidad y adopte medidas de restitución patrimonial. En su escrito también cuestiona la transmisión efectiva de la Casa de Florita.

“De la documentación contractual examinada no se desprende con suficiente claridad que dicha casona histórica hubiese sido efectivamente transmitida”, sostiene. El empresario considera “imprescindible determinar” si la tasación asumida por el Ayuntamiento incorporó el valor económico de una edificación que, a su juicio, no fue transferida “de forma efectiva” a la entidad local.

Pérez León también señala la ausencia de una “valoración económica específica” de los costes que podría acarrear la restauración de la casona, su eventual reconstrucción o las “cargas urbanísticas, patrimoniales o administrativas asociadas” a la operación.

En su recurso, el empresario advierte de una “posible sobrevaloración económica” de la operación “con fondos públicos y además europeos”. Y avisa de que existen “indicios documentales” que aconsejan verificar la situación económico-patrimonial y recaudatoria de las partes implicadas.

Pérez León cuestiona además la ubicación del inmueble respecto al Barranco de Mogán. Aunque los técnicos de Urbanismo han defendido que la construcción se encuentra a unos 40 metros del “posible” cauce y que, por tanto, “aparentemente” no invade ni el dominio público hidráulico ni su zona de servidumbre, el empresario sostiene que las ortofotos de GRAFCAN reflejan una “amplia ocupación histórica del cauce”.

Agrega, por último, que no ha recibido respuesta a este escrito.

El gobierno municipal ha defendido reiteradamente que la operación está plenamente justificada. La memoria del proyecto sostiene que el rescate del edificio es la opción «más lógica, eficiente y sostenible» y que el aprovechamiento de esta estructura de hormigón permitirá acortar los plazos de ejecución y acelerar la entrega de las viviendas sociales.

Un informe del Servicio Jurídico del Parlamento de Canarias concluye que el Gobierno de Canarias “no parece tener fundamento jurídico” para ocultar a la diputada socialista Alicia Vanoostende la identidad de los beneficiarios de las ayudas por el volcán de La Palma, que hasta febrero ascendían a 340 millones de euros.

La decisión del Ejecutivo ha soliviantado a la oposición y ha dividido a expertos en transparencia. Su negativa a facilitar esa misma información a la ciudadanía ha llegado también a los tribunales, aunque no se espera una resolución hasta abril del próximo año.

El Gobierno regional, de Coalición Canaria y Partido Popular, ha rechazado entregar la información a Vanoostende al considerar que identificar a los beneficiarios de las ayudas vulneraría su intimidad y su derecho al honor, ya que permitiría conocer su situación económica antes de la erupción del Tajogaite, en 2021.

El Gobierno autonómico se ampara en el artículo 20.8 de la Ley General de Subvenciones, que establece que “no serán publicadas las subvenciones concedidas cuando la publicación de los datos del beneficiario (…) pueda ser contraria al respeto y la salvaguarda del honor, a la intimidad personal o familiar de las personas físicas (…) y a la propia imagen”.

También invoca la orden reguladora de estas ayudas, cuyo objetivo es “evitar la divulgación de la condición de persona afectada por la erupción”. Así como la ley canaria de volcanes, impulsada mediante una iniciativa legislativa popular y modificada por el propio Ejecutivo para incorporar un artículo que impide divulgar la identidad de los beneficiarios.

El Gobierno invitó a Vanoostende acudir de manera presencial a las dependencias de la Viceconsejería de Recuperación Económica y Social de La Palma para consultar la información. Pero la diputada socialista se negó. Y denunció que el Ejecutivo canario había vulnerado su derecho a la participación política al no haber solicitado formalmente que la documentación se declarara “secreta”, pese a negarle el acceso a la misma

Ante el rechazo del Ejecutivo, en concreto de la Consejería de Presidencia, dirigida por Nieves Lady Barreto, de Coalición Canaria, la Mesa del Parlamento acordó solicitar un informe jurídico para tomar una decisión. El documento, de 24 páginas y firmado el pasado 27 de mayo, concluye que “no parece tener fundamento jurídico suficiente” la decisión de ocultar la identidad de los beneficiarios de las ayudas millonarias por el volcán de La Palma y tacha de “incongruente” la toma de decisiones del Gobierno.

El Servicio Jurídico del Parlamento ve incoherente que el departamento liderado por Barreto se niegue a enviar el listado de beneficiarios alegando que su revelación vulnera la intimidad de los afectados, pero al mismo tiempo ofrezca a la diputada la posibilidad de consultar esa información en sus oficinas.

“Lo lógico, en tal caso, hubiera sido que por parte del Gobierno se esgrimiera la imposibilidad, por razones fundadas en Derecho, de facilitar dicha información con vistas a no darle publicidad mediante el acceso por diputados del Parlamento, cosa que no ha hecho en tiempo y forma”, puntualiza el informe.

El escrito apunta que, si el Gobierno quería proteger los nombres de los afectados, la vía legal para hacerlo era pedirle a la Mesa del Parlamento que declarara la información como “secreta” en un plazo máximo de diez días, pero no lo hizo.

También señala que la Consejería de Presidencia solo permitió a la diputada socialista acceder a los datos a través de una consulta presencial en sus oficinas, amparándose en un artículo del Reglamento de la Cámara aplicable únicamente cuando el volumen de la documentación dificulte su traslado. El informe añade, sin embargo, que en los argumentos del Gobierno no consta que esa fuera la razón para negar la remisión directa.

El texto concluye que la negativa del Gobierno a facilitar la información solicitada por Vanoostende “podría implicar una lesión del derecho de acceso a la documentación requerida” de los representantes públicos.

Y detalla una “triple vía reactiva” para que la diputada reclame los datos si persiste la negativa del Gobierno: presentar una queja ante el Comisionado de Transparencia; interponer un recurso contencioso-administrativo; o elevar una propuesta de resolución al Pleno del Parlamento, vía que ya ha sido utilizada.

El grupo socialista ha presentado una propuesta de resolución para que la Cámara vote “rechazar toda actitud obstruccionista” del Gobierno regional hacia los diputados en su labor de control político. El grupo pide que el Parlamento respalde el derecho de Vanoostende y vuelve a exigir al Ejecutivo que remita la documentación solicitada “en el plazo improrrogable de un día”.

“Esta forma de proceder (…) es la de un Gobierno que parece querer gobernar de espaldas al control político del Parlamento o, lo que es lo mismo, de la ciudadanía”, indica la propuesta del PSOE.

La controversia sobre la ocultación de los nombres de los beneficiarios de las ayudas por el volcán de La Palma llegó a los tribunales después de que la Consejería de Presidencia presentara una demanda contra la Comisionada de Transparencia, que había solicitado al Ejecutivo la difusión de esa información tras un recurso presentado por el presidente de la asociación de damnificados por la erupción Tierra Bonita.

La Comisionada, Noelia García, nacida en La Palma, igual que Nieves Lady Barreto, sostiene que recibir dinero público por una catástrofe no es un “dato especialmente protegido” ni menoscaba la reputación de nadie, y que la regla general siempre debe ser la transparencia para evitar fraudes con los fondos públicos.

El órgano también cuestiona la iniciativa del Gobierno de incorporar en la Ley de Volcanes una enmienda in voce y con carácter retroactivo, con el objetivo de “evitar un pronunciamiento judicial desfavorable”. Ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que paralice el procedimiento y que plantee una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Tras recibir los escritos de conclusiones de todas las partes, el TSJC ha emitido una providencia en la que fija el 14 de abril de 2027 como la fecha señala para la votación y el fallo.

Al Gobierno de Canarias se le sigue atragantando la ejecución del presupuesto destinado a la transición ecológica y energética del Archipiélago. El Ejecutivo regional apenas ejecutó el 41,9% de los fondos disponibles para esta área en 2025, el peor dato, de nuevo, entre todas las consejerías de la Administración presidida por Fernando Clavijo (CC).

El departamento que lidera Mariano Zapata (PP) contó el año pasado con un crédito definitivo de 494,6 millones de euros, pero solo gastó 207,2 millones. Es menos de la mitad del presupuesto. En 2024, el curso anterior, el resultado fue aún peor, con un porcentaje de ejecución del 26%. La oposición le afeó a Zapata estas cifras durante una sesión en el Parlamento autonómico la semana pasada.

“De cada cinco euros que tuvieron ustedes, solo fueron capaces de gastar dos. Y después vienen aquí a hablar de transformación ecológica. Pero la transformación ecológica no se hace con discursos bonitos. Se hace ejecutando políticas públicas”, reprochó la diputada socialista Alicia Vanoostende.

“Comenzaron la legislatura prometiendo mucho: agilizar trámites, simplificar burocracia, reforzar equipos… Y después de tres años, no hemos visto nada de eso. Pero sí hemos visto cómo descabezaron equipos técnicos, cómo cambiaron líneas de subvenciones y cómo generaron más desorden. Y el resultado está ahí: cientos de millones todavía en el aire”, continuó Vanoostende.

La Consejería de Transición Ecológica y Energía tenía asignados 530,8 millones de euros procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Sin embargo, el grado de ejecución de estos fondos ha sido limitado desde el inicio del programa. El departamento gastó 7,3 millones en 2021 y apenas 2,4 millones en 2022. La cifra aumentó hasta los 30,9 millones en 2023, descendió a 25,9 millones en 2024 y repuntó hasta los 93,3 millones en 2025.

Aún quedan por ejecutar 360,3 millones de euros de fondos europeos destinados a la instalación de parques eólicos y fotovoltaicos, el fomento del autoconsumo y la restauración de espacios naturales protegidos dañados. Además, otros 10,6 millones ya han sido reintegrados. Ese era, al menos, el diagnóstico que recogía el informe de avance de ejecución presupuestaria elaborado en febrero de 2026 por la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, al que ha tenido acceso Canarias Ahora.

La situación adquiere especial relevancia porque el plazo para justificar los proyectos de energías renovables y descarbonización financiados con fondos Next Generation concluye en julio de 2026.

Zapata, por su parte, ha justificado los bajos niveles de ejecución alegando que Canarias “nunca había gestionados fondos europeos de esta naturaleza ni de esta escala”. Según explicó, su departamento tuvo que construir “desde cero” la estructura administrativa necesaria para gestionar estos recursos extraordinarios. Y ha matizado que, en los programas de gestión ordinaria, al margen del maná europeo, el grado de cumplimiento superó el 94% “en la mayoría de las direcciones generales”. En toda la consejería, no obstante, fue del 82,1%, el segundo más bajo de todo el Ejecutivo regional, solo por delante del departamento de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad (80,7%).

“La foto de esta consejería en 2025 no es la de una administración que no ejecuta. Es la de una que ha cumplido con los hitos del plan de recuperación y que tiene para 2026 una estimación de ejecución de 309 millones de euros. El reto es mayúsculo”, remachó Zapata.

A pesar de estas explicaciones, la Consejería de Transición Ecológica y Energía volvió a registrar el peor nivel de ejecución presupuestaria del Gobierno canario. Su porcentaje de ejecución, del 41,9%, se situó más de veinte puntos por debajo del siguiente departamento en la clasificación, Turismo y Empleo, que alcanzó el 63%. Tras este se situaron Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas (75,2%), Hacienda y Relaciones con la Unión Europea (78,5%), y Obras Públicas, Vivienda y Movilidad (79,7%).

Las consejerías de Sanidad (97,8%), Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad (97,6%), y Educación (96,3%) fueron las que mejor lo hicieron.

En 2025, el Gobierno de Canarias dejó sin ejecutar 1.051 millones de euros, según los datos del Ministerio de Hacienda. Desde la llegada al poder de la coalición formada por CC y PP en el verano de 2023, el volumen de crédito no gastado asciende ya a 3.430 millones.

Solo en materia de transición ecológica y lucha contra el cambio climático, las cantidades sin ejecutar han sido de 304,4 millones en 2023, 427,7 millones en 2024 y 287,4 millones en 2025. En total, 1.019 millones de euros destinados a políticas climáticas en tres años que se han ido por un sumidero.