Un numeroso grupo de aspirantes a las 37 plazas de bombero del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria ha presentado recurso para exigir su reincorporación al proceso selectivo. Sostienen que la entrevista personal, el tercer ejercicio de la convocatoria tras las pruebas físicas y teóricas, se extralimitó y fue utilizada como “filtro” para excluir a opositores cualificados, con sospechas de beneficiar a los bomberos interinos del Consorcio: 15 de los 17 han superado todas las pruebas.

Media docena de opositores entrevistados por Canarias Ahora denuncian un denominador común en el desarrollo del tercer ejercicio del proceso selectivo, que estuvo dividido en dos partes. La primera fue un test psicotécnico, consistente en un cuestionario escrito para evaluar trece dimensiones de la personalidad, como la sinceridad, el trabajo en equipo o la inteligencia social. Después tuvo lugar una entrevista personal de 15 minutos con un profesional de la psicología.

El test psicotécnico, de unos 40 minutos, se realizó el 28 de junio de este año, mientras que las entrevistas personales tuvieron lugar los días 8, 9, 10 y 11 de julio.

Para superar el ejercicio, los aspirantes no debían presentar más de cinco de las trece dimensiones evaluadas fuera de rango, o sea, declaradas “no apto”. En el listado de calificaciones solo se les informaba si habían superado o no el ejercicio completo, sin detallar la puntuación obtenida en cada una de las partes.

El procedimiento, sin embargo, partía de los resultados del test psicotécnico, que constaba de 160 ítems de opción múltiple con una escala de respuesta del 1 al 4 (desde “muy en desacuerdo” hasta “muy de acuerdo”). A partir de esas calificaciones, los opositores debían ser entrevistados sobre las dimensiones que se encontraban “por debajo de la puntuación solicitada”, con el fin de “comprobar su posible validación”, según el anuncio oficial de la prueba.

Es decir: los opositores creían que la entrevista personal solo trataría las escalas en las que habían obtenido la calificación de “no apto” en el test psicotécnico, para estudiar si era posible revertir esa valoración. Pero muchos observaron que ocurrió justo lo contrario.

Aspirantes contactados por esta redacción que presentaron reclamaciones formales contra la calificación del tercer ejercicio y tuvieron acceso a los resultados de ambas pruebas comprobaron que, pese a haber obtenido menos de cinco dimensiones calificadas como “no apto” en el test psicotécnico, algunas de las que figuraban como “apto” fueron modificadas después de la entrevista personal y pasaron a constar como “no apto”. De este modo, el cómputo total de dimensiones fuera de rango se elevó a seis, lo que los dejó fuera del proceso selectivo. Ocurrió con opositores que pasaron de tener dos dimensiones “no apto” a seis, de tres a seis o de cuatro a seis.

El Consorcio de Emergencias de Gran Canaria ha respondido a estos aspirantes recordando que el propio anuncio sobre el funcionamiento de la entrevista personal establecía que esta tendría carácter “tanto de contraste como evaluativo”. Sus resultados servirían para “confirmar, matizar o, en su caso, refutar las conclusiones derivadas del test de personalidad”, como un elemento adicional para determinar la adecuación de cada candidatura al perfil requerido.

El mismo anuncio, el número 17 de las oposiciones, señalaba además que las bases del proceso selectivo ya advertían de que “en ningún caso la evaluación del resultado de la entrevista vendrá condicionada o vinculada de modo exclusivo a los resultados en la prueba de personalidad, ya que constituyen un elemento previo para que el tribunal pueda orientar, si lo estima conveniente, el contenido de esta”.

Es precisamente esta aparente contradicción en la documentación del concurso (entre el anuncio oficial de la entrevista que establece que las preguntas debían centrarse en las dimensiones fuera de rango y unas bases que permiten utilizarla para refutar las conclusiones del test) la que vertebra los recursos de alzada presentados por un grupo muy numeroso de opositores, algunos de ellos bomberos profesionales en otros puntos del Archipiélago.

Muchos sospechan, además, que este sistema ha beneficiado a los bomberos interinos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria que han solicitado sin éxito acceder a la condición de funcionarios de carrera. Son 17 profesionales que ocupan sus puestos desde 2020.

Todos ellos se presentaron al proceso selectivo después de que la justicia rechazara sus intentos de paralizarlo de manera cautelar e incorporarse automáticamente al cuerpo. De los 17, uno quedó excluido en la prueba teórica y otro, en la física. Los 15 que superaron ambas y llegaron a la prueba psicosocial también la superaron.

Ante esto, bomberos que quedaron excluidos del concurso y que prefieren no dar sus nombres sospechan de favoritismo hacia los interinos. Algunos consideran que este grupo debería haber sido ya estabilizado para poner fin al “abuso de temporalidad” en el que se encuentra. Creen, sin embargo, que pudo producirse una presunta desviación de poder en las oposiciones para excluir en la prueba psicosocial a aspirantes con buenas notas en las pruebas teórica y física, además de experiencia profesional, que habrían puesto en riesgo el futuro de los interinos.

El Consorcio de Emergencias de Gran Canaria se ha limitado a responder al respecto que “son cuestiones sobre las que el tribunal ya ha dado respuesta o se encuentra en proceso de ello” y que no va a entrar en “valoraciones u opiniones subjetivas” de los aspirantes. Una fuente muy cercana al tribunal del proceso ha señalado también que esas sospechas son “percepciones personales” y que “si están dentro es porque han superado las pruebas”.

Uno de los recursos a los que ha tenido acceso este periódico detalla que, de los 38 aspirantes que se presentaron a la prueba psicosocial y que trabajan como bomberos en otras administraciones públicas, 19 fueron declarados no aptos, frente al 100% de los interinos, que fueron declarados aptos. El escrito denuncia que estas cifras reflejan “una desviación estadística asombrosa y ajena a las reglas de la probabilidad en los procesos”, y sostiene que la entrevista se utilizó entonces “como un filtro para asegurar la estabilización de personal propio”.

Otro de los puntos polémicos radica en que las bases del proceso exigían que los psicólogos encargados de realizar las entrevistas personales estuvieran colegiados en el Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas. Sin embargo, el principal asesor técnico del ejercicio, el especialista Antonio Pamos de la Hoz, está colegiado en Madrid. Es él quien ha firmado las respuestas a las reclamaciones de los opositores que solicitaron conocer sus valoraciones.

Aspirantes entrevistados sostienen asimismo que Pamos de la Hoz no fue quien realizó sus entrevistas, sino otra persona cuya identidad, aseguran, “no coincide con ninguno de los asesores formalmente nombrados”.

Los opositores denuncian que el Consorcio ha pretendido que admitieran “como incuestionable” una valoración técnica cuya autoría “ni siquiera ha quedado plenamente identificada y sin que exista garantía alguna de que quien emitió el juicio fuera realmente quien practicó la entrevista”. También cuestionan que las entrevistas no fueran grabadas, ni en audio ni en vídeo, y que las dimensiones que pasaron de “apto” a “no apto” fueran modificadas de forma genérica, sin identificar las preguntas concretas que motivaron el cambio ni sus respuestas.

Los recursos de alzada invocan por otra parte una sentencia del Tribunal Supremo de abril de 2024 que señala que la “discrecionalidad técnica” de la que disfrutan los especialistas encargados de valorar las pruebas en los procesos selectivos no es un cheque en blanco, sino que debe cumplir tres condiciones: expresar el material o las fuentes de información sobre las que se va a operar; precisar qué se va a evaluar y, por último, justificar por qué la aplicación de esos criterios ha conducido al resultado que “niega la aptitud de un aspirante o que otorga la preferencia a un candidato frente a los demás”.

Ahora, dicen los aspirantes contactados, se da la paradoja de que, pese a estar en activo en otros puntos del Archipiélago (Las Palmas de Gran Canaria, Puerto del Rosario, San Bartolomé de Tirajana, Consorcio de Bomberos de Tenerife…) y estar obligados a intervenir como bomberos en situaciones de emergencia en Gran Canaria si fueran requeridos, se les considera “no apto” para ocupar el puesto. Al menos en la isla redonda.

El plazo para presentar los recursos de alzada expiró esta semana. El Consorcio tiene ahora tres meses para responder. Los opositores entrevistados han anunciado que acudirán a los tribunales si sus reclamaciones no prosperan por la vía administrativa.

Ante la pregunta de la diputada socialista Lucía Fuentes sobre qué medidas ha desplegado el Gobierno de Canarias para reducir el número de licitaciones desiertas en las administraciones públicas, dirigida al consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez (Coalición Canaria), este respondió sin mencionar ninguna actuación al respecto, sino que se limitó a contestar que en su departamento, al menos, “no se ha registrado ningún caso de este tipo”.

Rodríguez aprovechó a continuación para presumir de gestión. Dice que este resultado se debe a una planificación y gestión “adecuada” de los proyectos, con un enfoque “detallado” en la preparación de los pliegos de condiciones para “garantizar la viabilidad técnica y económica de las actuaciones”.

Agrega que “se ha trabajado de manera exhaustiva en cada fase del proceso para asegurar que las condiciones ofrecidas sean competitivas y atractivas para las empresas”. Y sostiene que, “como consecuencia de estas medidas preventivas”, su consejería no ha visto ninguna licitación desierta desde el inicio de la legislatura en julio de 2023.

Pero es una verdad a medias. Los dos organismos públicos que dependen directamente de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad (el Instituto Canario de la Vivienda y Puertos Canarios) sí han registrado procedimientos de contratación en los que ninguna empresa se ha presentado y, por tanto, la actuación ha quedado paralizada.

El ICAVI ha anotado cuatro licitaciones desiertas. En noviembre de 2023 no se presentó ninguna oferta en el concurso público para el desarrollo, mantenimiento y soporte de los sistemas de información del propio instituto. En junio de 2024 quedó desierta la licitación para construir once viviendas protegidas en La Jurada, en Granadilla de Abona. En mayo de este año cayó en saco roto el procedimiento para adjudicar las obras de rehabilitación energética catorce grupos de viviendas protegidas (VPO) en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y en febrero de 2026 también se declaró desierto el trámite para construir 134 VPO divididas en tres grupos, en Tenerife.

Este mismo viernes, de hecho, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad ha anunciado que vuelve a licitar uno de los lotes previstos en ese expediente: una promoción de 24 VPO en Guía de Isora, por 4,43 millones de euros. En el procedimiento que quedó desierto en febrero, el presupuesto de esta actuación era de 4,14 millones, casi 300.000 euros menos. En total, el Gobierno de Canarias ha señalado que las 134 viviendas costarán 29,84 millones de euros, frente a los 23,88 millones en los que estaban valoradas a principios de año.

El departamento de Pablo Rodríguez, no obstante, ha asegurado en la respuesta parlamentaria a la diputada socialista Lucía Fuentes que “los costes de construcción no explican que determinadas obras de vivienda pública hayan quedado desiertas”. Defiende que “lo habitual” es que ello responda a “la escasa participación empresarial, motivada por presupuestos ajustados, un número reducido de viviendas o dificultades de ejecución derivadas de personal u otras circunstancias puntuales”.

Cuando una licitación queda desierta, añade la Consejería, la medida principal es licitarla de nuevo “adaptando los proyectos cuando es necesario y agrupando actuaciones en nuevos lotes para hacerlas más atractivas y asegurar su adjudicación”.

Por otro lado, Puertos Canarios, el otro organismo adscrito a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, ha contabilizado ocho licitaciones desiertas. Entre ellas se encuentran las actuaciones de adecuación y mejora de la seguridad en los puertos de Pájara, Valle Gran Rey y Tuineje; las obras de embellecimiento del puerto de Arguineguín; la renovación del pavimento de la explanada en Caleta de Sebo, o el servicio de limpieza y recogida de residuos en las oficinas del propio organismo.

El ICAVI y Puertos Canarios suman doce licitaciones desiertas. Pero no son, ni por asomo, las entidades del Gobierno de Canarias, integrado por Coalición Canaria y Partido Popular, que menos éxito han tenido en la contratación pública.

Esa clasificación la lidera la empresa pública Gesplan, con 77 licitaciones desiertas. Le sigue de cerca la Dirección del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, con 61. Y ya hay una brecha importante con el siguiente organismo de la tabla: la Dirección del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, con 28. En cuarto lugar se sitúa la Consejería Delegada de Hoteles Escuela de Canarias, con 19 licitaciones desiertas. Y en quinto, la Dirección General de Patrimonio y Contratación, con 18, las mismas que registra la Dirección del Hospital Universitario de Canarias.

Todos los datos han sido obtenidos de la plataforma de datos abiertos del Gobierno de Canarias, a partir de un filtro de las licitaciones desde septiembre de 2023 hasta la actualidad.

En los primeros meses de la legislatura de 2023 se registraron 53 licitaciones desiertas. En 2024, el primer año completo, fueron 147. En 2025, la cifra creció hasta 218, y este año ya se han contabilizado 135 procedimientos en los que no se ha presentado ninguna empresa.

Se trata de una tendencia al alza que también se observa a nivel nacional. En 2023, según datos de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), vinculada al Ministerio de Hacienda, hubo 20.609 licitaciones desiertas en todo el país, el 7,87% del total de procedimientos. En 2024 fueron 21.424, el 7,63% del total. Y en 2025 se registraron 24.047, el 7,78% del cómputo global.

De acuerdo con la patronal de la construcción en la provincia de Las Palmas (AECP), la inflación causada por las guerras de Estados Unidos en Irán y de Rusia en Ucrania ha encarecido sobremanera los costes y ha ahogado a las empresas. A ello hay que sumar la falta de personal en el sector de la construcción por los malos salarios, entre otras cosas, que mantiene paralizadas las obras.

Eran los meses de abril y mayo de 2018. Investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) acudieron al espacio protegido de las Dunas de Maspalomas, en el sur de la isla, para preguntar a los turistas que traspasaban los límites de la reserva por qué lo hacían. La intención era conocer la psicología, motivaciones y justificaciones de aquellos que estaban destruyendo el área. Medir su “sensibilidad ecológica”. Y los resultados fueron cuando menos reveladores.

El 78,2% de los encuestados (101 en total) no sabía que se encontraba dentro de una Reserva Natural Especial protegida. Solo el 40,6% sabía que existían normas y el 62,4% desconocía la existencia del Centro de Interpretación. Además, muchos usuarios se opusieron rotundamente a pagar una tasa para la conservación de las dunas. De los 28 que justificaron su rechazo por escrito, el 60,7% de ellos afirmó que “la naturaleza es libre y pública” y que, por tanto, el acceso debe ser gratuito; el 21,4% argumentó que una tasa sería perjudicial para el turismo local; y el 7,14% advirtió de que no volvería a visitar las dunas si tuviera que pagar.

Ese mismo año, también en 2018, los investigadores de la ULPGC mapearon 298 puntos dentro de la reserva donde se habían acumulado residuos o destruido vegetación endémica. El proyecto Masdunas, del Cabildo de Gran Canaria, logró restaurar 295 de ellos y retiró poco más de 2.000 metros cúbicos de restos vegetales entre 2019 y 2023. Pero, aunque las zonas señaladas en 2018 fueron casi recuperadas por completo, la imposibilidad de mantener una vigilancia las 24 horas ha provocado la aparición de nuevos focos de degradación en áreas previamente intactas y en las zonas de mayor tránsito.

Todo ello hace que la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas parezca una reserva solo sobre el papel, según un estudio publicado en la revista ‘Journal of Outdoor Recreation and Tourism’. La investigación muestra que en el interior de este espacio continúan realizándose de forma habitual actividades prohibidas que provocan la destrucción de hábitats y que, pese a las medidas desplegadas para frenar su degradación, es necesario tomar decisiones “sólidas” que involucren a todas las partes implicadas.

“A pesar de haber eliminado algunos refugios, hemos visto que se siguen organizando (a través de redes y páginas web) para poder entrar en la reserva cuando no hay vigilancia. Esto hace que, aunque haya un compromiso por conservar el espacio, de un año para otro o en cinco años no puedes cambiar la mentalidad de la gente. Eso solo lo consigues con un bombardeo diario”, explica Carolina Peña-Alonso, investigadora del grupo del Instituto de Oceanografía y Cambio Global de la ULPGC y primera autora de la publicación.

La investigación destaca varios factores que complican la protección de las dunas. Uno de ellos es la dificultad de educar a una población turística que permanece de media una semana en las Islas. El visitante puede concienciarse durante su estancia, pero ese conocimiento no necesariamente se mantiene. El esfuerzo pedagógico pierde efecto cuando coge el avión de vuelta a casa. Y así con los más de dos millones de turistas que visitan Maspalomas cada año.

Algunos turistas extranjeros también muestran una especie de “sentimiento de propiedad” cuando construyen refugios en la reserva, indica Peña-Alonso. Además, en “numerosas ocasiones”, los infractores eran visitantes habituales que parecían sentirse “empoderados” al saber que sus actos no tendrían consecuencias legales, dada la “escasa presencia de personal de seguridad” en Maspalomas. Muchos eran conscientes, continúa el artículo, de que las multas no llegarían a cobrarse una vez regresaran a sus países de origen.

El estudio señala directamente al modelo empresarial de la zona por utilizar las dunas como un mero escaparate publicitario para atraer millones de visitas “sin asumir apenas responsabilidad en su conservación”. También lamenta el choque competencial entre las distintas administraciones encargadas de gestionar el espacio, una situación que está comprometiendo la supervivencia del sistema dunar. Peña-Alonso explica que, para que este funcione, el viento debe empujar la arena desde la playa hacia el interior. Pero “si sigue pasando la máquina para alisar la playa todos los días, y se siguen instalando lotes de hamacas, sombrillas y demás, la zona de entrada no está bien”, y eso impide que la arena circule.

A ello hay que sumar la construcción masiva de complejos hoteleros y carreteras que rodean por completo el norte del ecosistema. Estas infraestructuras han bloqueado la dinámica natural del viento y han seguido dificultando el movimiento de la arena hacia el interior. Peña-Alonso destaca que cada vez existe una “menor entrada de arena” hacia las dunas, mientras el conjunto de actividades “intensivas” a su alrededor (e incluso dentro de ellas) no ha cesado. La investigadora apunta que, en la zona de Maspalomas, de hecho, la línea de costa ya ha retrocedido más de 100 metros en las últimas décadas.

“Ya hemos pasado ese punto de no retorno, por desgracia. Entonces… lo que nos queda es mantener lo que hay. Sobre todo, las dunas que vemos en la zona del RIU Palace, que es una postal, vamos, que son las dunas moviéndose libremente sin vegetación. Ese sistema depende de la zona de entrada que está en Playa del Inglés, que se está protegiendo con los proyectos Masdunas. También se está recuperando la zona sur de la playa, que era una de las más sensibles”, detalla Peña-Alonso.

Los resultados de la investigación muestran que en más del 50% de los puntos degradados detectados en 2018 (un total de 298, de los que 56 se encontraban dentro de la zona de exclusión) había vegetación dañada o talada. Entre los residuos encontrados había principalmente colillas, papel higiénico, toallitas húmedas, preservativos y bolsas de basura orgánica. Estos desperdicios favorecen la presencia de depredadores exóticos introducidos en el sistema dunar, como ratas de alcantarilla, erizos y gatos asilvestrados procedentes de las urbanizaciones, que suponen una amenaza para lagartos y aves protegidas.

El estudio indica que el 84,3% de los encuestados eran extranjeros (el 39,1% alemanes y el 15,2% británicos). El 96,1% eran hombres y el 58,7% tenía más de 44 años. Más de la mitad (57,6%) contaba con estudios universitarios (licenciatura, máster o doctorado). De manera paradójica, el 48,35% criticó la “falta de gestión” y reclamó papeleras y baños públicos dentro de la reserva, servicios que están prohibidos para proteger el entorno. El 13,1% se quejó de características propias de un desierto, señalando que en las dunas “hacía demasiado calor” o “faltaban árboles”. Y solo el 7,6% identificó la degradación ambiental como un problema real.

Todos estos datos formaron parte del diagnóstico inicial del proyecto Masdunas hace poco más de siete años. Los expertos eligieron este periodo de tiempo precisamente para alejarse de los estudios centrados solo en las condiciones ecológicas de las áreas protegidas y analizar cómo las evaluaciones iniciales pueden contribuir a mejorar las medidas de gestión.

Lo que ocurre en las dunas es, a juicio de los investigadores, un problema “de carácter estructural y no circunstancial”, remata el trabajo académico.

“Las Dunas de Maspalomas son únicas porque representan en Europa los espacios sedimentarios eólicos. Tienen un papel de atracción del turismo, que al final es el motor de nuestra economía. Pero más allá de eso, a nivel funcional, es un espacio que nos está protegiendo de las tormentas del oeste, que cada vez llegan con más potencia y duración. Y si las dunas no estuvieran, el agua entraría directamente hasta los hoteles. Es decir, a nivel climático, tendríamos problemas de inundación bastante relevantes”, concluye Peña-Alonso.

El Cabildo de Gran Canaria, a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ImpulsaMaspalomas, ha implantado cámaras de videometría inteligente, sensores de flujo de personas en tiempo real para medir la carga de visitantes, postes alimentados con energía solar y señalética digital. También ha incorporado sistemas de megafonía inteligente en los accesos clave para emitir advertencias disuasorias en varios idiomas a los turistas que intenten salirse de los senderos. Y ha distribuido 43 papeleras inteligentes con sensores de llenado en los paseos marítimos y accesos a la playa para evitar la dispersión de basura hacia el interior de las dunas.

Fuentes de la Corporación insular indican que estas son las últimas medidas anunciadas por el Cabildo para proteger la reserva, junto con la incorporación de agentes en horario de tarde para reforzar la vigilancia.

El estudio de Peña-Alonso y otros expertos reclama la puesta en marcha de un enfoque que abarque a las distintas partes interesadas y tenga en cuenta las motivaciones de las personas que visitan las dunas. Señala la importancia de gestionar las expectativas de los visitantes, poner en marcha campañas eficaces de educación ambiental, establecer directrices claras e información clave sobre la reserva y, por último, apoyar al personal de seguridad en su intento de controlar los usos conflictivos.

El plan forestal de Canarias para combatir los incendios y cuidar el monte durante los próximos 21 años prevé una financiación total de 1.272 millones de euros para actuaciones de prevención y restauración, repoblación y selvicultura. Pero se trata de un documento no vinculante, cuya aplicación dependerá de las normas, instrumentos y proyectos técnicos que “se podrán desarrollar” a partir de él. La estrategia anterior, vigente entre 1999 y 2026, apenas llegó a materializar el 11% de sus medidas. El nuevo marco tiene así el reto de elevar considerablemente ese porcentaje con unas plantillas medioambientales bajo mínimos, una gran parte de la superficie forestal en manos privadas (el 83%) y la amenaza del calentamiento global, que incrementa el riesgo de grandes incendios, desertifica el suelo y reduce la recarga de los acuíferos.

El texto, de casi 1.000 páginas, lo deja claro en varias ocasiones: recoge propuestas y recomendaciones “no vinculantes” cuya aplicación solo “resulta conveniente” para las administraciones públicas. Pero eso es todo. A partir del plan, eso sí, “se podrán desarrollar otros planes, proyectos o normativas”.

Esta condición permite, según el Gobierno de Canarias, integrado por Coalición Canaria y el Partido Popular, mantener la prevalencia de los distintos instrumentos que ya operan en el territorio, como los planeamientos de los espacios naturales protegidos o de la Red Natura 2000. El Ejecutivo sostiene que la estrategia no contradice ninguno de ellos, ya que “opera simplemente a modo de recomendaciones y propuestas que serán materializadas mediante aprobación o modificación del concreto instrumento jurídico que proceda en su caso”. En síntesis, el texto “no incide ni modifica ninguno de los instrumentos de ordenación ni resto de normas vigentes”.

En los primeros siete años, el plan prevé una inversión de 405 millones de euros a través de una gestión forestal “sostenible activa”. El Gobierno canario sostiene que este enfoque rompe con el viejo paradigma de la protección pasiva y apuesta por una selvicultura flexible y tratamientos preventivos constantes. El objetivo principal es mejorar la cubierta vegetal de la Comunidad Autónoma (el 77,68% de su superficie es de uso forestal) y compatibilizar sus funciones ecológica, económica y social.

Las actuaciones con mayor dotación serían las de prevención, lucha y restauración frente a incendios, con 115 millones; las repoblaciones, los recursos genéticos y la producción de planta, con 78,5 millones; la creación de pistas forestales, senderos y espacios de uso público, con 47 millones; y la selvicultura adaptativa, con 45,2 millones.

El documento no define exactamente cuánto se destinará a prevención y cuánto a extinción de incendios. El borrador del plan solo detalla que casi todo el presupuesto destinado a la lucha contra el fuego irá al servicio técnico, que incluye el mantenimiento de los dispositivos de extinción, el personal de las bases, los medios aéreos y los equipos de intervención y refuerzo en incendios forestales (EIRIF).

Esto es especialmente relevante porque el Ejecutivo autonómico reconoce que Canarias incumple la recomendación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que plantea destinar dos tercios del presupuesto de incendios a prevención y planificación y solo un tercio a extinción.

El Gobierno señala que, históricamente, las Islas han destinado un 76% de sus recursos a apagar las llamas, frente a un escaso 25% a prevención activa. En 2024, por ejemplo, la inversión ascendió a 25,8 millones de euros: 17 millones fueron para extinción de incendios (11,2 millones solo para los helicópteros de la Dirección General de Emergencias) y apenas 4,6 millones para prevención. Un reparto que contrasta con las recomendaciones de las personas expertas para afrontar el aumento del riesgo de incendios forestales asociado al cambio climático.

El principal reto del plan forestal será mejorar el pobre grado de cumplimiento de su antecesor, aprobado en 1999 y vigente hasta este año. A pesar de las grandes inversiones previstas, aquella estrategia apenas alcanzó un 11% de materialización, “sin que se volvieran a desarrollar los restantes programas de actuaciones, lo que hizo que no tuviera continuidad a lo largo del tiempo”. Ahora se espera que la nueva “sirva de guía” frente a los desafíos del futuro forestal y responda a las nuevas circunstancias, tanto climáticas como demográficas.

Pero no va a ser fácil. El diagnóstico revela que el cuerpo de agentes de medio ambiente de Canarias padece una alarmante falta de personal, sobre todo en islas con extensas superficies forestales como La Palma. Además, el relevo “no se está haciendo en tiempo”, hasta el punto de dejar los montes con falta de vigilancia y desatención, reconoce el propio plan.

Otro grupo de trabajadores, en este caso el personal de incendios, llega a triplicar su número de efectivos en verano. Sin embargo, la compensación de las horas trabajadas durante la época de máximo peligro impide que puedan trabajar en otras épocas del año, lo que deja una plantilla mínima en invierno que no es suficiente para realizar tareas de prevención.

Por otro lado, cerca del 83% de la superficie forestal del Archipiélago está en manos privadas, repartida entre miles de pequeñas parcelas cuyos propietarios a menudo están desvinculados de su gestión debido al abandono rural. Todo ello “dificulta enormemente la gestión” del monte y “la puesta en valor del territorio”.

Canarias también carece de un sistema de información estadística forestal coordinado y eficaz: los datos se encuentran dispersos o desactualizados entre el ISTAC, GRAFCAN y otros organismos. La estrategia lamenta además la “escasa o nula coordinación interadministrativa y una deficiente planificación conjunta” entre los cabildos insulares, que actúan de forma poco coordinada.

Por último, el plan forestal del Archipiélago menciona como principales vías de financiación los fondos propios del Gobierno de Canarias y de los cabildos insulares, el programa FEDER Canarias 2021-2027, los fondos Next Generation (cuya ejecución finaliza este año), la Nueva Estrategia de la UE en favor de los bosques para 2030 y los fondos cofinanciables FEADER, entre otros.

El Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) solo gastó el 12,8% de su presupuesto en la primera mitad del año, según el balance de ejecución publicado recientemente por la Intervención General del Gobierno de Canarias. Es el segundo porcentaje más bajo de todos los organismos autónomos y entes de derecho público del Ejecutivo regional, solo por detrás del Consorcio de El Rincón, que prácticamente no tiene actividad (5,01%). La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad también registró el segundo peor nivel de ejecución entre las consejerías, con apenas un 15,7% de sus fondos gastados.

Las cifras indican la lentitud de las políticas de vivienda en Canarias pese a que la emergencia habitacional es el segundo problema que requiere una solución más urgente en las Islas, según el último Sociobarómetro del Archipiélago, de noviembre de 2025.

De los 219,2 millones de euros presupuestados este año para el ICAVI, solo se han gastado 28,1 millones. De los 525,9 millones asignados a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, dirigida por Pablo Rodríguez (Coalición Canaria), solo se han ejecutado 83 millones.

No es la primera vez que el ICAVI presenta un porcentaje tan bajo. El año pasado había gastado el 11,8% de sus fondos a mitad de año y, en 2024, el 15,3%. El Instituto consiguió remontar en ambos casos y cerrar los ejercicios con un 89% y un 90,3% de ejecución, respectivamente. Algo parecido ocurre en la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad. A mitad de 2025 solo había ejecutado el 21,4% de su presupuesto, pero terminó el año con el 82,9%. En 2024 pasó del 12,75% al 71,92%.

El ICAVI ha tenido un año convulso por la dimisión de Antonio Ortega, su director entre el verano de 2023 y febrero de este año, tras ser procesado por delito sexual, tal y como reveló en exclusiva Canarias Ahora. Pino de León, quien fuera responsable de ese mismo organismo entre 2017-2019, ha vuelto a ocupar el cargo.

El Instituto había previsto a principios de año sacar a licitación cuatro promociones de vivienda pública. Pero, de momento, no ha adjudicado la construcción de ninguna: la promoción de 133 viviendas públicas en Tenerife quedó desierta al no presentarse ninguna oferta.

Sí ha formalizado, en cambio, un contrato con la empresa Fachadas Dimurol para la rehabilitación energética de 88 viviendas en Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, por 1,67 millones de euros. También ha contratado a Factoría, Gestión y Consultoría por algo más de medio millón de euros para ayudar al organismo público a gestionar el registro de demandantes de vivienda protegida en Canarias.

El ICAVI ha reconocido en la memoria justificativa de la licitación que sufre una “evidente y acreditada” carencia de personal para acometer las tareas relacionadas con el registro de demandantes de vivienda, que cuenta con más de 34.000 personas inscritas.

Factoría, Gestión y Consultoría prestaba hasta ahora este mismo servicio de apoyo con 22 trabajadores, pero su contrato concluyó el 7 de agosto de 2026. En 2025 llegó a realizar un total de 17.863 atenciones de información y orientación a la ciudadanía y apoyó de manera directa en la tramitación de 13.263 expedientes de inscripción en el registro.

El Gobierno regional tuvo que licitar de nuevo la asistencia y ahora sostiene que serán necesarios 13 trabajadores, frente a los 22 anteriores, debido a la nueva regulación del registro público de demandantes de vivienda protegida en Canarias, que, según el Ejecutivo, “simplifica el procedimiento”.

Este nuevo registro elimina el sorteo para adjudicar vivienda pública y exige doce años de arraigo para solicitar una VPO, una medida que colectivos sociales calificaron de “discriminatoria e ineficaz”. El Gobierno prevé, además, un “importante incremento” de las inscripciones, tanto por la simplificación administrativa que defiende como por la ampliación de los niveles máximos de ingresos para poder optar a las viviendas.

Entre las funciones encomendadas a estos nuevos trabajadores están la atención e información a la ciudadanía, el apoyo directo en la tramitación de expedientes, la asistencia en la adjudicación de viviendas protegidas de nueva construcción, el apoyo a las entidades locales en la gestión del registro en sus propios municipios y la culminación de todos los expedientes pendientes de tramitación acumulados con anterioridad al nuevo decreto.

Todo ello en un Instituto Canario de la Vivienda en el que, de 221 plazas, 54 están vacantes, según la última actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del organismo público.

El planeta entero está calentándose y la comunidad científica ha demandado medidas rápidas y efectivas de adaptación. Pero en Canarias, al menos lo primero, se está haciendo de rogar.

El Archipiélago avanza a paso de tortuga por culpa de la burocracia, la falta de recursos humanos, normativas que no garantizan financiación y conflictos competenciales entre administraciones que gestionan un mismo espacio, según dos publicaciones científicas recientes de investigadores canarios.

A ello se suma la débil participación ciudadana, reducida generalmente a la consulta obligatoria por ley para recabar alegaciones, una fórmula que genera “desinterés” y “alimenta la desmotivación” entre la población local.

“La cultura participativa en las Islas es débil. Está muy ligada a los mecanismos formales de consulta o de información pública, y no tanto a que se integre a la ciudadanía en general en procesos colaborativos”, explica Lorena Naranjo Almeida, geógrafa e investigadora del Instituto de Oceanografía y Cambio Global (IOCAG) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

La realidad a gran escala es descorazonadora. La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, el departamento encargado de liderar las políticas climáticas de la Comunidad Autónoma, solo había ejecutado el 15,66% de su presupuesto a mitad de año. O lo que es lo mismo: 85,1 millones de euros de los 543 millones disponibles.

La historia se repite año tras año. Y, a nivel micro, eso significa que proyectos para adaptar el litoral al aumento del nivel del mar, al mayor oleaje o a la erosión costera tardan hasta siete años en materializarse, según Aridane González, presidente del comité de personas expertas para el estudio del cambio climático en las Islas e investigador de la ULPGC.

“El mayor desafío de la acción climática es la burocracia. Cuando se quieren hacer refugios climáticos, algo sencillo, se tardan años. Si queremos adaptar el litoral, hasta siete. Esos tiempos y la emergencia climática no van de la mano, especialmente la adaptación se ve afectada”, razona el experto.

González destaca que esa lentitud es tal que proyectos de investigación experimental sobre el impacto del aumento del nivel del mar no consiguen ejecutarse porque los permisos de las instituciones tardan más que la propia vigencia y financiación de los proyectos.

El investigador de la ULPGC lidera en Canarias el proyecto europeo ‘BlueGreen Governance’, una iniciativa que estudia los modelos de gobernanza tierra-mar y busca mejorar la toma de decisiones, el compromiso social y la innovación.

Gran Canaria fue la isla elegida para el estudio porque “refleja los retos generales en materia de gobernanza que se plantean en todo el Archipiélago”. Sus zonas costeras más expuestas, como Arinaga, Arucas, Guanarteme y Maspalomas, “ilustran cómo los riesgos climáticos afectan directamente tanto al patrimonio natural como a la resiliencia económica”. Y la fragmentación a la hora de tomar decisiones entre cinco administraciones distintas (europea, nacional, autonómica, insular y municipal) hace que todo sea más complicado.

A menudo surgen “solapamientos de competencias, una burocracia excesiva y una coordinación deficiente”. La toma de decisiones “es lenta”, mientras que el desarrollo turístico, la urbanización y la ocupación de las zonas costeras “siguen aumentando la exposición a las inundaciones y la erosión”. La ciencia no está integrada de forma “sistemática” en la elaboración de políticas públicas. Y la participación ciudadana suele limitarse a un papel “consultivo, en lugar de tener influencia real”.

“La principal limitación son las trabas burocráticas para poder implementar las acciones y llegar a puerto, en especial en las zonas litorales, donde entran en juego competencias como las de Costas a nivel nacional o autonómico. Y si ya hablamos de espacios naturales protegidos, ahí intervienen otras instituciones y todo se hace un poquito más complejo”, agrega Naranjo.

González cree que “ya no es cuestión de voluntad política”, sino de “falta de personal y toda la normativa que hay detrás”. Un ejemplo más: aunque el Gobierno de Canarias haya elaborado un mapa de riesgo de inundación costera (el denominado PIMA Adapta Costas), las zonas identificadas no quedan automáticamente protegidas frente a nuevas edificaciones o infraestructuras. Para que las restricciones sean efectivas, el ayuntamiento correspondiente debe modificar antes su Plan General de Ordenación (PGO). Pero eso suele tardar años, tal y como demuestra la hemeroteca.

Otro condicionante es la falta de personal. Hay poca gente para todas las funciones que desplegar, incide el investigador de la ULPGC. La Audiencia de Cuentas, de hecho, preguntó a los diez ayuntamientos canarios obligados a implantar zonas de bajas emisiones (los que tienen más de 50.000 habitantes) por qué aún no lo han hecho. Siete de ellos señalaron que la ausencia de trabajadores es el problema más recurrente para no haberlas implantado.

Los investigadores lamentan también las “lagunas operativas de concreción financiera” en las leyes climáticas. Las normativas no garantizan recursos. Definen directrices y muestran una alta intencionalidad (es decir, priorizan la adaptación al cambio climático en sus textos), pero poca sustancialidad: las medidas vinculantes, ejecutables y financiadas brillan por su ausencia.

Además, existen “tensiones entre intereses sectoriales”, en concreto, entre los económicos y los medioambientales, que retrasan aún más las actuaciones. La participación, por su parte, ha quedado limitada a las “consultas públicas digitales”, vistas como un mero trámite formal para evitar que las leyes y los planes sean impugnados en los tribunales por defectos de forma.

“El cambio climático es tan transversal que afecta directamente a las personas: tenemos viviendas que pueden estar expuestas, actividades económicas que pueden verse afectadas... Si estamos ordenando o planificando un ámbito territorial determinado, debemos apostar por espacios colaborativos y de trabajo conjunto con la ciudadanía, a través de diagnósticos participativos y, después, propuestas”, reflexiona Lorena Naranjo, del IOCAG.

La ley canaria de cambio climático recoge la creación de la Oficina de Acción Climática precisamente para coordinar toda la acción climática en Canarias. Pero sigue sin estar operativa, a pesar de que debía estarlo desde 2024. Para el investigador González, este es “el gran fracaso” de las agendas climáticas: confiarlo todo a “la buena voluntad y las buenas intenciones”, sin incluir mecanismos que penalicen a quien no cumple.

“No puedo entender cómo en materia de energía o de agua quien hace mal sus deberes tiene penalizaciones, pero en materia climática no pasa nada. Hay que exigir que se cumplan los compromisos en mitigación y adaptación. Trabajar bajo principios de justicia climática y solidaridad para que los territorios que no puedan llegar se vean apoyados. Es un trabajo de todos y todas”, remacha González.

La ley canaria de biodiversidad y recursos naturales aún no ha sido aprobada y ya está coja. El Gobierno regional quiere incorporar una cláusula en la norma que supedite las medidas que impliquen obligaciones económicas a “la existencia de crédito adecuado y suficiente”.

Eso quiere decir, en plata, que el presupuesto para las campañas municipales de control y erradicación de especies invasoras, la implantación de viveros públicos de plantas autóctonas o la restauración de ecosistemas y suelos degradados (medidas recogidas en el borrador de la legislación) no está garantizado, lo que aumenta el riesgo de que la normativa caiga en saco roto.

Las entidades locales arremetieron contra el Ejecutivo canario, integrado por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), precisamente por no prever en el anteproyecto de ley los recursos necesarios para asegurar la “suficiencia financiera” de las corporaciones ante el aluvión, a su juicio, de nuevas tareas, entre ellas la aprobación de ordenanzas locales sobre árboles singulares y contaminación lumínica.

La Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea señaló, de hecho, que la memoria económica de la norma “no permite valorar de manera precisa la incidencia real del anteproyecto”, especialmente en aspectos como los ingresos, los gastos, los recursos humanos, el impacto en cabildos y ayuntamientos y la incidencia recaudatoria de las medidas fiscales.

Pero el Gobierno autonómico despachó ambas alegaciones argumentando que la ley “no innova competencias” de los ayuntamientos y, por tanto, no les impone “nuevas cargas administrativas”.

Sin embargo, un informe de la Dirección General de Planificación y Presupuestos deja negro sobre blanco que la norma para proteger la biodiversidad y los recursos naturales de Canarias sí tiene una “incidencia presupuestaria relevante, de carácter estructural y transversal”. Ese mismo documento propone incorporar una cláusula de cierre presupuestario que establece lo siguiente:

“La ejecución de las previsiones contenidas en esta ley que impliquen obligaciones económicas quedará supeditada, en todo caso, a la existencia de crédito adecuado y suficiente, a la disponibilidad efectiva de los recursos que se prevean para su financiación y al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”.

El Gobierno de Fernando Clavijo (CC) busca así “despejar dudas sobre el alcance económico de la ley” y evitar que “previsiones programáticas o de fomento se interpreten como obligaciones de gasto inmediatamente exigibles”. La norma, por tanto, no garantiza recursos. Es la fórmula con la que el Ejecutivo ha resuelto las críticas por no aclarar cómo iba a apoyar a ayuntamientos y cabildos para desplegarla.

La Federación Canaria de Municipios (FECAM) llegó a advertir de que la ley conllevaba el “riesgo de atribución excesiva de responsabilidades a la administración con mayores carencias económicas y recursos de gestión, como son los municipios”. Denunció que algunos ayuntamientos no podían asumir determinadas encomiendas de la ley “en función de su capacidad administrativa, recursos y el perfil técnico de su personal”. Y también señaló que la tarea de divulgación del patrimonio natural (otra de las medidas recogidas) es “una facultad que excede la capacidad y recursos” de las entidades locales.

La FECAM terminó reclamando que la ley incorporara un compromiso “especial” por el que el Gobierno de Canarias debiera proporcionar a los ayuntamientos “medios personales, materiales y económicos para la elaboración de los instrumentos de planificación y regulación”.

El Ejecutivo respondió que la ley “no crea ex novo [de nuevo] el marco material de protección de la biodiversidad” y que tampoco “innova competencias de las distintas corporaciones locales”, sino que simplemente “desarrolla y sistematiza” competencias autonómicas y obligaciones de protección que los municipios ya tenían atribuidas por la normativa básica estatal o derivadas de compromisos europeos.

La Dirección General de Planificación y Presupuestos, por su parte, reprochó que la norma “no incorpora una cuantificación diferenciada del impacto en dichas administraciones” y detectó incluso una clara “indeterminación en las necesidades de personal”: mientras el borrador sugiere que no será necesario reforzar las plantillas, la memoria económica sí advierte de que se requerirán “recursos funcionales adicionales: personal técnico, jurídico y especializado, así como refuerzos en sistemas, gestión económica, control e inspección”.

El órgano también censuró que no se cuantificaran los gastos necesarios para la puesta en marcha del Consejo de Biodiversidad (previsto en la ley), los centros de recuperación de fauna silvestre o el control de la superficie marina protegida.

En realidad, la ley sí estima un impacto presupuestario: 10,28 millones de euros al año. Pero se trata de una previsión que “no se adecúa plenamente a los escenarios presupuestarios plurianuales vigentes para el periodo 2026-2028”, según Hacienda.

La Consejería de Transición Ecológica y Energía reconoció que la estimación “parte de las líneas de actuación y programas presupuestarios actualmente existentes, sin configurar por sí misma un incremento automático de gasto”. Por ello, añade, “dicha incidencia resulta compatible, dado que el centro gestor viene contando anualmente con marco presupuestario para asumir las posibles necesidades que requiera la proyección de actuaciones planteada por el propio anteproyecto”.

En otras palabras, la ley no incorpora nuevos recursos para conservar, restaurar y recuperar el patrimonio natural de Canarias. Las medidas se financiarán con el presupuesto que ya existía antes de la norma, pese a que su propio anteproyecto calcula un impacto de más de diez millones de euros anuales.

La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha rechazado la denuncia presentada por el colectivo ecologista Turcón por la presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y administración desleal en el Gobierno de Canarias por no cobrar multas medioambientales valoradas en 14,8 millones de euros.

El Ministerio Público, en un decreto firmado a mediados de abril de este año, ha archivado la denuncia sobre el “mal funcionamiento” de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN), el órgano encargado de proteger el medio ambiente del Archipiélago y de sancionar las infracciones contra el territorio, por tratarse de una acusación “genérica” que, además, excede sus funciones.

La Fiscalía explica que “no es un órgano fiscalizador de ningún otro órgano”, salvo que su funcionamiento constituya en sí mismo un “hecho constitutivo de infracción penal”. Aclara que todo lo relacionado con la actividad contable de una institución (como las partidas presupuestarias, las sanciones que no se cobran o las medidas que no se ejecutan), cuando se denuncia de manera “genérica”, corresponde a una actuación de auditoría reservada que no le compete. Y añade que hacerlo constituiría una “investigación prospectiva” no amparada por el marco legal.

El Ministerio Público matiza en el decreto que todo cambiaría si se denunciara una “inactividad concreta” de la ACPMN o de otro organismo público, supuesto en el que sí podría valorar si se ha cometido un delito. Sin embargo, en este caso, “visto los amplios términos en que se expresa la denuncia, no es posible apreciar la existencia de un genérico dolo existente en la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural encaminado a dejar, de forma voluntaria y consciente, de cumplir sus funciones, causando de manera deliberada un quebranto al patrimonio público”.

La cifra de las multas sin cobrar a las que se refiere la denuncia de Turcón fue revelada en un informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias. El órgano encargado de fiscalizar la gestión económica del sector público canario señaló en ese documento que existen “múltiples deficiencias en el procedimiento recaudatorio” de la ACPMN que dejan entrever “elementos indiciarios de que se está ocasionando un perjuicio al erario público”.

Casi la mitad del importe de las sanciones, 6,6 millones de euros, procede de ejercicios anteriores a 2018. Pero la pasividad se repite año tras año: 1,1 millones en 2021; 2,8 millones en 2022; y 3,8 millones en 2023. La Intervención General de la Comunidad Autónoma remarca que se trata de “una falta de seguimiento del proceso recaudatorio”.

Las infracciones medioambientales “muy graves” en las Islas caducan a los tres años de adquirir firmeza administrativa. Las “graves” y las “leves”, a los dos y uno, respectivamente. Así que es más que probable que una buena parte de las sanciones pendientes de cobro ya haya prescrito.

Poco después de conocerse el informe de la Audiencia de Cuentas, la ACPMN, adscrita a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, dirigida por Manuel Miranda (Coalición Canaria), anunció en la Cadena SER un “plan de choque” para cobrar las multas, con un “refuerzo del servicio” y un programa de actuaciones previsto para seis meses, dijo la directora de la ACPMN, Montserrat Ortega.

En agosto, siete meses después de aquellas palabras, la Agencia asegura estar “formando” ahora a una persona para que se centre “exclusivamente” en esta labor desde septiembre, así como al nuevo jefe de servicio cuando se incorpore. Fuentes del organismo detallan que ese aprendizaje “tiene que ver con el manejo de los programas contables para incorporar los datos de los expedientes, analizar su estado e impulsarlos”.

Esto último parecía imposible hasta hace apenas unos meses. La ACPMN llegó a reconocer a Canarias Ahora, a raíz de una solicitud amparada por la Ley de Transparencia que pedía conocer los nombres de las empresas sancionadas, que identificar a esas compañías supondría una carga de trabajo tan extraordinaria que directamente paralizaría su actividad.

La Agencia se escudó en que cuenta con un programa informático obsoleto que no ha digitalizado los listados de los procedimientos sancionadores y que tendría que realizar un “análisis administrativo expediente a expediente” (destacó que eran “miles”) a partir de la documentación física, lo que el órgano llama el “legajo correspondiente”.

Por otro lado, fuentes de la ACPMN defienden que ya existe un informe jurídico favorable que permite al órgano firmar un convenio con la Agencia Tributaria para que esta se encargue de la gestión recaudatoria. Aunque habrá que esperar a enero de 2027 para impulsarlo de manera definitiva.

Esas mismas fuentes añaden que los procedimientos sancionadores en fase voluntaria de pago ya han sido incorporados al sistema, mientras que los que se encuentran en “vía ejecutiva” están siendo enviados a la Agencia Tributaria “en situación de apremio”. Hasta ahora, aseguran, se han remitido multas por valor de dos millones de euros.

Es irónico, pero es real. El proyecto del registro canario de huella de carbono, encargado de medir las emisiones de gases de efecto invernadero de instituciones, establecimientos turísticos y grandes y medianas empresas, no incluye la categoría que concentra la mayor parte de las emisiones: las de alcance 3, generadas de manera indirecta a lo largo de la cadena de valor.

La herramienta, que acaba de salir a información pública antes de su aprobación, sí exige recoger las emisiones de alcance 1 y 2, es decir, las que proceden directamente de la actividad de la organización (como el uso de gas natural o el combustible consumido por los vehículos de la flota de una compañía) y las emisiones indirectas asociadas a la energía consumida.

Pero las emisiones de alcance 3, que abarcan todas aquellas asociadas a la cadena de valor de un producto, son de carácter voluntario. Incluyen, entre otras, las generadas durante la extracción de materias primas, la fabricación, el transporte de mercancías, los desplazamientos de los trabajadores hasta su puesto de trabajo y el uso final del producto, como puede ser el consumo energético de un electrodoméstico durante su vida útil.

Y estas emisiones no son baladí. De los tres alcances que contempla el Greenhouse Gas Protocol (Protocolo de Gases de Efecto Invernadero), la metodología de referencia para contabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero responsables del calentamiento global, las de alcance 3 representan, de media, al menos el 75% del total.

Es la conclusión de Carbon Disclosure Project (CDP), una organización sin ánimo de lucro con sedes en Reino Unido, Alemania y Estados Unidos que ayuda a empresas y ciudades a divulgar su impacto medioambiental. El NewClimate Institute, con sede en Alemania, eleva incluso ese porcentaje y sostiene que las emisiones de alcance 3 representan generalmente entre el 80% y el 95% de la huella de carbono de una organización.

En su último informe, publicado en 2025, el NewClimate Institute recogió, por ejemplo, que JBS, una de las mayores multinacionales cárnicas del mundo, atribuyó al alcance 3 el 97% de sus emisiones en 2023; Apple, por su parte, el 96,5%; y Volkswagen, el 99,08%.

En Canarias, sin embargo, es complicado encontrar empresas que detallen sus emisiones de alcance 3. Satocan, del sector de la construcción, es una de las pocas que lo hace. Su informe medioambiental de 2024 recogió este dato por primera vez y reveló que estas emisiones alcanzaron las 45.600 toneladas de dióxido de carbono (CO2), casi el 90% del total de emisiones del grupo (50.865 toneladas).

Compañías como Domingo Alonso, del sector de la automoción, y Lopesan, uno de los principales conglomerados empresariales de las Islas, con presencia en sectores como el turismo y la construcción, no incluyen las emisiones de alcance 3 en sus cálculos, aunque han anunciado que esperan incorporar esta información próximamente.

Otras grandes empresas del Archipiélago, como Hiperdino, del sector de la alimentación, o Grupo Número 1, tampoco detallan sus emisiones de alcance 3.

Binter, la principal aerolínea de Canarias, emitió en 2024 unas 200.000 toneladas de gases de efecto invernadero, el equivalente al 1,6% de las emisiones del Archipiélago en 2023, que alcanzaron los 12,4 millones de toneladas. La compañía no incluye las emisiones de alcance 3 en su informe, mientras que prácticamente todas las que sí contabiliza proceden de la quema de queroseno de sus aeronaves.

Loro Parque, por otro lado, es un caso particular. No desglosa sus emisiones según el protocolo estándar, sino mediante el Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Ambientales (EMAS III) de la Unión Europea. Pero su documento ambiental recoge los distintos parámetros de su huella de carbono, lo que permite clasificarlos igualmente según los tres tipos de alcance.

Así, el consumo de gasoil, propano, butano y gases refrigerantes (emisiones de alcance 1) supuso en 2023 un total de 357,74 toneladas de CO2. El consumo de electricidad, correspondiente al alcance 2, es de cero emisiones, ya que todo el suministro procede de fuentes renovables. Y en cuanto al alcance 3, los viajes en avión del personal, la logística marítima de la comida de los animales y la generación de residuos sumaron 475,13 toneladas.

Una huella de carbono ‘coja’

Miguel Ángel Soto es responsable de Campañas en Greenpeace. Hace unos años lideró el informe ‘Haciendo trampas al clima’, en el que la organización ecologista denunció las malas prácticas, argucias y falsas soluciones utilizadas por las empresas para eludir la lucha contra el cambio climático. Entre ellas figura la exclusión de las emisiones de alcance 3 de los informes de sostenibilidad.

“Siempre que se resta valor al alcance 3, la medición de la huella de carbono cojea, es menos real”, dice Soto, quien hace énfasis, además, en que Canarias, al tratarse de una región insular muy dependiente de las importaciones, desde alimentos hasta productos petroleros, “necesita abordar cómo las emisiones que provocan el cambio climático se generan muchas veces fuera de nuestras fronteras”.

El portavoz de Greenpeace cree que Canarias debería regular la inclusión del alcance 3, que también es voluntaria en el registro de huella de carbono impulsado por el Gobierno nacional. La directiva europea 2022/2464 solo establece que las empresas deben incluir “las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 1, alcance 2 y, en su caso, alcance 3”.

Soto apunta que quizá no sería necesario exigirla a un pequeño importador o a un pequeño mayorista, pero sí a las grandes empresas, que deberían conocer “qué hay al final de su cadena de suministro o quiénes están generando impacto”.

Considera que así se podría lograr un “efecto tractor” que animara a muchas más empresas, incluso pequeñas, a calcular esas emisiones, ya que su medición hasta ahora no está extendida debido a su complejidad técnica, la dificultad para rastrearlas y la falta de datos primarios fiables.

Un informe del Gobierno del Reino Unido sobre la inclusión del alcance 3 en los sistemas de reporte señala: “Es probable que el coste de informar sea elevado para las organizaciones que no recopilan habitualmente información sobre el alcance 3, y esto debe sopesarse frente a los beneficios que puede aportar”. El documento añade: “Cuanto más compleja sea la cadena de suministro, más tiempo puede llevar”.

Planes obligados de reducción “voluntaria” de emisiones

El proyecto del registro canario de huella de carbono incorpora sanciones para las empresas o instituciones que no reporten sus datos de emisiones. Serían consideradas infracciones “leves” y, según la Ley 6/2022, de cambio climático y transición energética de Canarias, podrían conllevar multas de entre 600 y 6.000 euros. En caso de aportar datos falsos de manera deliberada, la infracción sería considerada “muy grave” y podría acarrear una multa de hasta 600.000 euros.

El futuro registro también incorpora una sección específica para auditar proyectos locales de absorción de dióxido de carbono, como la reforestación de un espacio natural o la conservación de ecosistemas marinos, que también contribuyen a capturar CO2.

El Gobierno de Canarias busca de esta manera reconocer y fiscalizar este tipo de actuaciones, a través de las cuales las empresas pueden compensar parte de sus emisiones o vender los “créditos de carbono” obtenidos a otras compañías que necesitan reducir su huella de carbono.

Pero esto último es solo un espejismo contable, pues adquirir créditos de carbono no disminuye las emisiones propias de una organización, sino que permite presentarlas como compensadas en su informe de sostenibilidad mediante absorciones o reducciones realizadas en otro lugar.

Organizaciones ambientales han mantenido una postura crítica y escéptica frente a la compensación de emisiones mediante créditos de carbono. Consideran que puede convertirse en un lavado de imagen y en una simple licencia para seguir contaminando. También han denunciado fallos estructurales del modelo, como la emisión de créditos para proteger bosques que nunca estuvieron amenazados o problemas “intrincados” que dificultan que estos mecanismos contribuyan realmente a frenar el calentamiento global, según un estudio publicado en la revista ‘Annual Review of Environment and Resources’.

El registro canario de huella de carbono obligará a todas las empresas inscritas (grandes y medianas mercantiles, titulares de explotaciones turísticas y compañías sometidas al régimen de comercio de derechos de emisión) a elaborar un plan de reducción “voluntaria” de emisiones con un horizonte temporal de al menos cinco años. No obstante, el proyecto no contempla sanciones en caso de incumplir los objetivos fijados.

Soto, de Greenpeace, cuestiona esta falta de consecuencias. “Si yo incumplo la ley de tráfico y voy a 180 kilómetros por hora por una zona de 120, me cae una multa. Pero si una empresa incumple una orden o una ley, no hay régimen sancionador. Eso no se entiende muy bien y es una forma de retardar la lucha contra el cambio climático”.

A la sombra de unos aguacateros, Pedro Reyes, de 54 años, se toma un descanso mientras limpia su finca ubicada en Tegueste, en el noreste de Tenerife. La parcela, dedicada principalmente al cultivo de la vid, es una herencia de su padre, que perteneció a “la generación del químico”: aquella que apostó por la aplicación de fertilizantes y productos fitosanitarios día sí y día también para aumentar la producción y reducir el trabajo en el campo.

Pero ese uso masivo de químicos dejó los suelos “muy pobres”, dice Reyes, incluso “quemados”. Hasta que un amigo le habló de la viticultura regenerativa, una forma de cultivar que apuesta por no labrar la tierra y devuelve la vida al suelo.

Para ello, esta práctica crea cubiertas vegetales y aumenta la materia orgánica, favoreciendo la actividad de insectos y microorganismos que ayudan a recuperar el equilibrio natural del terreno y al control de plagas. Unos suelos más vivos son también capaces de retener mejor el agua, fortalecer la resistencia de las viñas y almacenar más carbono, contribuyendo así a mitigar el cambio climático causado por la quema de combustibles fósiles (gas, carbón y petróleo).

“Se trata de devolverles la vida a los suelos. Y, a partir de ahí, todo cambia. Ves salud, cada vez más salud. Hasta las ciruelas del ciruelo que tengo ahí abajo son más sabrosas. Al final encuentras un equilibrio que se mantiene solo”, resume Reyes.

Desde principios de este año, Reyes forma parte de la Asociación de Viticultura y Agricultura Regenerativa de Tegueste (AVARTE), una iniciativa que busca impulsar estas prácticas en Canarias en un momento en el que el sector primario atraviesa una profunda crisis y el cultivo de la vid, en concreto, está en horas bajas.

La producción de uva alcanzó en 2024 las 10.828 toneladas, según el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), la cifra más baja desde 2016. La superficie cultivada, por su parte, lleva años estabilizada entre las 6.000 y las 8.000 hectáreas, muy lejos de las cerca de 19.000 que llegó a ocupar a principios de siglo.

En Tenerife, el retroceso es todavía más evidente. En 2024 se recogieron 6.374 toneladas de uva, el segundo peor dato de la serie histórica, solo superado por las 6.312 toneladas de 2023. La superficie cultivada, por su parte, ha caído de más de 11.600 hectáreas en 2007 a apenas 3.380 en 2024. “Esto se nos está hundiendo”, lamenta Reyes.

El técnico en Gestión de Recursos Agropecuarios e ingeniero técnico agrícola de la Fundación Canarina explica que muchos terrenos dedicados al cultivo de la vid están asfixiados por décadas de uso de fertilizantes, herbicidas y plaguicidas. Los suelos se han compactado y, como una suela de zapato, apenas dejan filtrar el agua ni permitir que las raíces respiren.

La escasez crónica de agua en el Archipiélago ha obligado, además, a recurrir al riego con agua depurada en las zonas bajas, introduciendo de forma continuada sales en las parcelas costeras. El experto de la Fundación Canarina, que prefiere no dar su nombre, asegura que las analíticas de esas fincas muestran pérdidas de rendimiento de hasta el 50% únicamente por la salinización del suelo.

A ello se suma el laboreo continuo, que rompe la estructura biológica de la tierra, acelera la oxidación de la materia orgánica y libera a la atmósfera el carbono que el suelo debería almacenar. La plaga de la filoxera en julio de 2025 fue el último golpe que necesitaba un sector ya debilitado.

“Mucha gente está viendo que la viña cada vez produce menos uva y que, por lo tanto, el rendimiento por hectárea disminuye”, asegura el presidente de AVARTE, Joaquín Poggio.

Poggio cuenta que hace poco empezó a trabajar una nueva finca de 7.000 metros cuadrados. De ellos, unos 2.000 estaban ocupados por viñas, otros 1.500 habían sido destinados al cultivo de papas y cebollas, aunque llevaban años abandonados, y el resto permanecía en estado natural, sin haber sido cultivado.

La parcela con la “peor calidad” de suelo, hasta el punto de que no le recomiendan ni siquiera cultivar en ella, es precisamente la dedicada a la viña, según Poggio. Él atribuye esta situación al manejo aplicado durante años: “Se hizo una gestión convencional del suelo, utilizando productos químicos que pensábamos que la planta necesitaba. Pero la planta necesita mucho más que solo un fertilizante NPK. He ahí la demostración”, concluye.

Fran Beltrán, fallecida durante la elaboración de este reportaje, compartió con Canarias Ahora un relato similar sobre la finca que tenía en Tegueste, donde también cultivaba viña.

Ella heredó el terreno de su abuelo, que había permanecido décadas sin cultivar, y comenzó a trabajarlo siguiendo el modelo convencional: uso de glifosato (un herbicida) en los alrededores de la finca; aplicación de fungicidas para combatir plagas y enfermedades habituales en Canarias; empleo de fertilizantes para aumentar la producción; y arado y desbroce para mantener el suelo desnudo.

Al cabo de un tiempo, comprobó que ese modelo no estaba funcionando, sino todo lo contrario.

“Me daba cuenta de cómo mi finca iba para atrás. Cada vez necesitaba más agua, el suelo estaba cada vez más seco, sin plantas, sin hierba, solamente malas hierbas, horrorosas, que eran las que resistían a toda la porquería que yo echaba”, relató. “Las plantas sufrían más enfermedades, más hongos… Las primeras cosechas fueron maravillosas. Pero luego empecé a tener un montón que no funcionaban”.

Beltrán decía que, de esta manera, estaba perdiendo en todos los sentidos: producción, dinero (porque cada vez tenía que aplicar más tratamientos químicos a las plantas) y el propio suelo, que se iba deteriorando por el uso de esos productos.

La agricultura convencional (incluida buena parte de la viticultura) también ha contribuido al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. El uso de fertilizantes nitrogenados genera óxido nitroso (N2O), un gas que permanece en la atmósfera durante más de un siglo y cuyo potencial de calentamiento es unas 273 veces superior al del dióxido de carbono (CO2) en un horizonte de cien años.

La agricultura y la ganadería representan, de hecho, el 15,1% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España, según el avance del Inventario Nacional de Emisiones a la Atmósfera de 2025. En Canarias, donde el peso del sector primario es menor, la cifra baja hasta el 1,4%.

Puede parecer poco, pero son unas 183.000 toneladas de CO2 equivalente (la unidad de medida que se emplea para este tipo de gases), una cantidad casi tres veces superior a la que genera el sector de la construcción en las Islas (63.000 toneladas).

La viticultura regenerativa busca rebajar esa cifra y convertir el suelo en un aliado frente al cambio climático, generando un impacto positivo de la actividad, en palabras del técnico Carlos Alfonso.

“Es darle la vuelta a la tortilla y empezar a trabajar a favor de la naturaleza, aprovechando la propia actividad biológica del suelo y dejando de depender de insumos externos, que en realidad estaban deteriorando nuestros suelos”, sostiene.

La asociación AVARTE nació en Tenerife con el objetivo de demostrar que restaurar la vida del suelo y reducir la dependencia de los productos químicos no es una utopía ni una postura romántica. Su presidente, Joaquín Poggio, asegura que más de la mitad de sus integrantes son agricultores profesionales que viven de la explotación de sus fincas.

Poggio explica que la agrupación también pretende romper con el aislamiento que tradicionalmente ha caracterizado a la agricultura en Canarias, marcada por el minifundio y la fragmentación de las explotaciones, creando una comunidad activa para compartir conocimientos y técnicas. El objetivo es, además, coordinar compras colectivas, aprovechar recursos de kilómetro cero y elaborar de forma conjunta biofertilizantes líquidos naturales, conocidos como bioles, cuya preparación resulta muy compleja para un agricultor de manera individual.

“La agricultura regenerativa es un modelo que no solo beneficia al medio ambiente, sino que también mejora las condiciones de quienes trabajamos el campo y de nuestras producciones”, remarca.

En el caso de Beltrán, el cambio fue radical: labrar la tierra pasó a estar descartado. El arado deja el suelo desnudo y altera su estructura. En su lugar sembraba trigo, cebada y leguminosas, como las habas, y las desbrozaba antes de que florecieran, dejándolas descomponerse sobre el terreno. Esa cubierta aportaba materia orgánica y favorecía el ciclo natural de los nutrientes.

El acolchado vegetal (mulching, en el argot agrícola) actuaba como una especie de sombrero para el suelo: conservaba la humedad, protegía su vida y reducía la erosión. El agua de lluvia, en lugar de escurrir por la superficie, se infiltraba en la tierra. Para prevenir los hongos recurría a tratamientos tradicionales, como el azufre en polvo y la bentonita. También elaboraba y aplicaba té de compost, un preparado elaborado a partir de compost maduro para incorporar microorganismos beneficiosos al suelo y a las plantas.

Y tuvo paciencia. Mucha paciencia. Porque las parras de uva, explicó, atraviesan al principio una especie de “síndrome de abstinencia” cuando se inicia la transición hacia un manejo regenerativo, mientras el suelo recupera poco a poco su equilibrio.

“Lo que no puedes hacer es cambiar de repente. Tiene que ser paulatino”, insistió. “El campo no es una empresa. El campo tiene su vida, tiene su momento, su tiempo, su clima… Tiene su forma de desarrollarse. Y en tanto que nosotros vayamos en contra de esa realidad mucho más grande que nosotros, fracasaremos. Fracasaremos porque el campo no va a nuestro ritmo”.

Pedro Reyes, por su parte, admite que con la transición hacia la viticultura regenerativa puede haber perdido entre un 10 y un 20% de producción. Pero asegura que ahora sus parras producen racimos de uva “de mucha más calidad”. Y que, si en lugar de sacar 5.000 botellas de su bodega acaba elaborando 1.500, esas “tendrán mucho más valor”.

“Que el producto sea más sano y mejor, casi único. Así es como lo veo yo”, remacha Reyes.

El técnico de la Fundación Canarina comparte esa visión. “En territorios pequeños y fragmentados como el nuestro, tenemos que apostar más por la calidad que por la cantidad, porque nunca vamos a poder competir con un vino de La Rioja, por ejemplo, con una producción enorme. En Canarias lo que funciona son las pequeñas cantidades, con valor cultural, diferenciadas… Y respetar el medio ambiente que tenemos mediante un conjunto de prácticas que beneficien a la sociedad y también a los productores”.

Beltrán lo resumía así: “Es importantísimo entender cómo funciona la naturaleza e ir de su mano, no en contra de ella”.

El Gobierno de Canarias no ha adjudicado en lo que va de año la construcción de ninguna vivienda protegida de promoción pública, según reconoce el propio Ejecutivo regional, integrado por Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), en una respuesta por escrito a la diputada socialista Patricia Hernández.

El Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) llegó a sacar a licitación una promoción de 134 viviendas públicas en Tenerife (51 en Adeje, 24 en Guía de Isora y 59 en Arona), pero el procedimiento quedó desierto en febrero al no presentarse ninguna oferta para ejecutar unas obras valoradas en 23,8 millones de euros.

La empresa pública de vivienda social Visocan sí mantiene en fase de licitación dos promociones que suman 192 viviendas protegidas: 168 en Las Palmas de Gran Canaria y 24 en La Frontera (El Hierro).

El resto de los proyectos anunciados por el Gobierno autonómico continúan “en preparación”, tal y como los califica el propio ICAVI, o en construcción. En este último caso, además, existe un desfase entre las cifras oficiales del Ejecutivo.

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, dirigida por Pablo Rodríguez (CC), sostiene en su respuesta parlamentaria a Hernández (PSOE) que actualmente se están ejecutando 898 VPO: 519 de promoción pública y 379 de promoción privada.

Sin embargo, el visor del Observatorio Canario de la Vivienda (OBVIA), dependiente de la misma Consejería, eleva esa cifra a 1.996 viviendas, divididas de la siguiente manera: 1.339 corresponden al ICAVI, 545 a Visocan y 82 a promociones destinadas a los afectados por la erupción volcánica de La Palma de 2021.

Hay que recordar que más de 34.000 personas permanecen inscritas en el registro de demandantes de VPO del Archipiélago. Algunas esperan una vivienda desde el año 2010. Otras forman parte de familias numerosas de hasta diez miembros o presentan grados de discapacidad superiores al 95%.

“Las medidas de vivienda del Gobierno de Canarias no van más allá de llenar la prensa de titulares y aumentar la cuenta de resultados de los promotores privados”, critica la diputada socialista Patricia Hernández. “No han sido capaces ni siquiera de ejecutar el Plan de Vivienda mientras esperamos por el siguiente”, añade.

Fuentes de la Consejería dirigida por Pablo Rodríguez se limitan a señalar que las próximas licitaciones de vivienda pública “saldrán en breve”, aunque sin concretar ninguna fecha.

El ICAVI había previsto a principios de año sacar a licitación cuatro promociones de vivienda pública a lo largo de 2026: una de 126 viviendas en Gran Canaria; otra de 134 en Tenerife; una tercera con 127 inmuebles repartidos entre las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, con actuaciones en municipios como Jinámar, Arrecife o Tijarafe; y una cuarta de 262 viviendas distribuidas entre Yaiza (136), Tazacorte (100), Teror (18) y Puntallana (8). Pero, de momento, el Ejecutivo no ha conseguido adjudicar ninguna promoción.

La única licitación impulsada este año por el ICAVI, correspondiente a 134 viviendas públicas en Tenerife, quedó desierta al no presentarse ninguna oferta. Tampoco prosperaron otras licitaciones de años anteriores, como las promociones de once viviendas en Granadilla de Abona, trece en Güímar, ocho en Puntallana y 47 en Puerto del Rosario, todas ellas declaradas desiertas en algún momento de su tramitación.

La patronal de constructoras de Las Palmas (AECP) advirtió esta misma semana de que 322 obras públicas quedaron desiertas entre 2025 y junio de 2026 por el aumento de los costes de construcción y por la licitación de proyectos por parte de las administraciones con presupuestos por debajo de los precios de mercado.

Los empresarios han denunciado que el incremento de los costes ha hecho inviables obras ya en curso y que “atenaza a las empresas por la inestabilidad económico y la situación geopolítica, lo que las obliga a abstenerse a acudir a las licitaciones o abandonar las obras sin que las administraciones públicas adopten medidas al respecto”.

Según datos de la AECP, solo en 2025 los ayuntamientos licitaron proyectos que quedaron desiertos por valor de 74,194 millones de euros; los cabildos, por 41,3 millones; y el Gobierno de Canarias, por 46,739 millones.

Fuentes de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad defienden, no obstante, que “las causas de las licitaciones desiertas no están vinculadas de forma principal al precio”. Aseguran que “los módulos están ajustados” y atribuyen el principal cuello de botella a “la falta de mano de obra cualificada”, dicen, junto con la “reducción del tejido productivo tras la crisis de 2008 y la dificultad para asumir simultáneamente un número tan elevado de procedimientos”.

La inspección se realizó el 30 de septiembre de 2025, solo diez días antes de que Aquanaria comunicara al Ayuntamiento de Telde un aumento “significativo” de la mortalidad de peces en sus jaulas marinas coincidiendo con la detección de “un episodio de contaminación visible y olor químico intenso en las aguas circundantes”.

El acta concluye que la concesión cumplía los requisitos en materia de seguridad y sanidad animal, pero también deja constancia de que seguían sin aportarse las analíticas de calidad del agua correspondientes a 2025. Fuentes de la empresa explican a Canarias Ahora que la compañía subcontratada para elaborar esos estudios aún no se las había entregado y aseguran que esa documentación fue presentada poco después para subsanar la incidencia.

La inspección, realizada por la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias, detalla que las instalaciones de Aquanaria en Melenara, donde se producen 845 toneladas de lubina al año en catorce jaulas de cultivo, disponen de medidas de bioseguridad, sistema propio de sanidad animal, laboratorio, aislamiento perimetral, una guía de buenas prácticas en materia de higiene, un programa de gestión de subproductos para la eliminación de cadáveres, documentación de transporte, un sistema de vigilancia zoosanitaria y control de la presencia de signos clínicos de enfermedades.

El acta también señala que las granjas no tienen instalaciones para realizar cuarentenas de peces. Sin embargo, Aquanaria sostiene que esa exigencia no le resulta aplicable. El Real Decreto 164/2008, que regula los requisitos zoosanitarios de la acuicultura, establece que las cuarentenas solo son obligatorias cuando se introducen animales acuáticos silvestres, mientras que la empresa trabaja con lubinas de cría.

Según la inspección, además, la explotación funciona con un sistema abierto de circulación de agua, por lo que su renovación depende del medio natural. El tipo de alimentación que figura en el acta es “pienso seco”, sin más detalles. Y la fecha límite de su actividad es 2029, cuando se cumplirán treinta años desde que se instaló en Melenara.

Otro dato relevante aparece en el registro de trazabilidad, que permite controlar cuántos peces entran y salen de las granjas. Según este registro, la última entrada de ejemplares se produjo el 21 de agosto de 2023, con 285.250 peces. La última salida consta en agosto o septiembre de 2025, aunque el día exacto no se distingue en el documento, con 6.139 ejemplares.

Toda esta información ha sido obtenida por Canarias Ahora a través de la Ley de Transparencia.

El Gobierno de Canarias rechazó en febrero facilitar la documentación tras una solicitud de información pública de este periódico. Pesca alegó entonces que se trataba de documentación “reservada” al haber sido incorporada a las diligencias de investigación de la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas para depurar responsabilidades. El Ejecutivo ha utilizado el mismo argumento para denegar el acceso a las actas del PLATECA y a los informes científicos elaborados durante el episodio de contaminación en el que murieron 2.500 toneladas de lubinas en las jaulas de Aquanaria y que obligó a cerrar hasta 17 playas del sureste de Gran Canaria.

La Comisionada de Transparencia, no obstante, estimó la reclamación presentada por esta redacción y requirió al Gobierno de Canarias, integrado por Coalición Canaria y Partido Popular, la entrega de las actas de las inspecciones de Pesca. La resolución considera que se trata de documentación “claramente administrativa” que no fue elaborada de forma específica y exclusiva para un procedimiento judicial.

Pesca ha respondido facilitando un documento de 51 páginas que reúne cuatro inspecciones realizadas a instalaciones de Aquanaria: una en Melenara, en diciembre de 2023; otra en San Bartolomé de Tirajana, en julio de 2024; y dos más el 30 de septiembre de 2025, en Salinetas y Melenara. En todas ellas, el apartado destinado a posibles incumplimientos aparece en blanco.

La documentación también incorpora varias tomas de muestras realizadas en el marco del Plan Nacional de Investigación de Residuos (PNIR). Sin embargo, esos documentos solo indican qué muestras fueron recogidas y qué parámetros iban a analizarse, sin incluir los resultados de los análisis.

Fuentes de Aquanaria añaden que la empresa tiene subcontratada a una compañía especializada en vigilancia ambiental, encargada de elaborar informes trimestrales sobre el estado de los fondos marinos bajo las jaulas, la calidad del agua y las aguas de las playas próximas, entre otras cosas. También aseguran que las instalaciones son objeto de inspecciones periódicas por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y de las autoridades sanitarias.

Pesca ha defendido ante Canarias Ahora que “la actividad acuícola en Canarias está sometida a controles exhaustivos” y que la Dirección General ha realizado dos tipos de actuaciones: unas dirigidas a comprobar el estado de las instalaciones y otras centradas en el control sanitario, los métodos de producción y las condiciones técnico-sanitarias.

El Gobierno regional añade que las empresas concesionarias están obligadas a presentar planes de vigilancia ambiental (PVA) conforme a las condiciones fijadas en sus títulos concesionales. También señala que desde hace años cuenta con la colaboración de TRAGSA para realizar un mínimo de dos inspecciones anuales en las instalaciones y que, cuando se producen incidencias, se llevan a cabo las actuaciones extraordinarias que sean necesarias.

Canarias Ahora solicitó todas las inspecciones realizadas por la Dirección General de Pesca desde 2023. La documentación facilitada por el Gobierno incluye cuatro actas correspondientes a ese periodo, junto con las recogidas de muestras.

La inspección de Melenara del 30 de septiembre se realizó solo diez días antes de que Aquanaria comunicara por escrito al Ayuntamiento de Telde un aumento “significativo” de la mortalidad de peces en sus jaulas, coincidiendo con la detección de un aparente vertido procedente de la boca de un emisario cercano a las granjas, el emisario 222, de titularidad municipal.

La crisis se saldó con la muerte de unas 2.500 toneladas de lubinas procedentes de las dos instalaciones de Aquanaria en la costa de Telde a lo largo de más de un mes. La descomposición de los peces generó una gran acumulación de materia orgánica que obligó a cerrar temporalmente hasta 17 playas del sureste de Gran Canaria. En el municipio de Telde, el cierre se prolongó durante cerca de dos meses. La organización ecologista Ben Magec llegó a calificar el episodio como “el atentado ambiental más importante en el medio marino del planeta” en 2025.

Desde el primer momento ha habido una guerra abierta entre Aquanaria y el Ayuntamiento de Telde por la responsabilidad del episodio.

Los primeros han defendido desde el principio que un vertido externo de aguas residuales provocó la mortandad masiva de sus peces. El Consistorio, por su parte, ha acusado en reiteradas ocasiones a Aquanaria y al Gobierno de Canarias de falta de transparencia y ha pedido la retirada de las jaulas, una reivindicación que también mantiene la Plataforma Ciudadana por un Litoral Limpio. Este colectivo rechaza la hipótesis del vertido y atribuye el desastre al funcionamiento y la ubicación de la piscifactoría.

La Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas remitió a principios de julio su investigación sobre lo ocurrido a los juzgados de Telde. En un breve comunicado, informó de que había apreciado “numerosas irregularidades” en la gestión de la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) de Silva, cuyas aguas residuales tratadas se vierten al mar a través del emisario 222.

El Ministerio Público añadió que permanece a la espera del resultado de una toma de muestras encargada al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para evaluar el impacto ambiental y determinar si esos vertidos constituyen un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

El Gobierno de Canarias se resiste a facilitar información sobre el episodio de contaminación marina registrado en Telde a finales del año pasado, en el que murieron 2.500 toneladas de lubinas en las jaulas de Aquanaria y que provocó el cierre de 17 playas del sureste de Gran Canaria. Las del municipio teldense permanecieron clausuradas cerca de dos meses.

En una resolución firmada el 14 de julio, la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, dirigida por Manuel Miranda (Coalición Canaria), rechaza entregar las actas del Plan Territorial de Protección Civil de Canarias (PLATECA), activado entre el 6 de noviembre y el 19 de diciembre de 2025 (tiempo en que duró la crisis), pese al requerimiento de la Comisionada de Transparencia a principios de este mes.

Transparencia había estimado previamente una reclamación de Canarias Ahora contra otra resolución denegatoria del Ejecutivo regional, que entonces se negó a facilitar esa documentación con el argumento de que su difusión podía perjudicar la investigación abierta por la Fiscalía y el Seprona para depurar responsabilidades.

La Comisionada, sin embargo, fue clara: la jurisprudencia nacional y europea solo permite denegar el acceso a información elaborada de forma específica y exclusiva para un procedimiento judicial, como informes periciales o escritos de defensa. No ocurre lo mismo con documentos de naturaleza “claramente administrativa”, como las actas del PLATECA y los informes elaborados por la propia Administración durante el episodio.

Pero ante el requerimiento de Transparencia, el Gobierno de Canarias, integrado por Coalición Canaria y Partido Popular, sostiene ahora que las actas del PLATECA “no existen” y que tampoco entregará los informes de seguimiento. El Ejecutivo argumenta que estos últimos fueron facilitados a la Guardia Civil el 9 de enero y que, por tanto, “no hay nada que aportar”.

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas defiende que el PLATECA es un órgano “estrictamente deliberante, que no adopta acuerdo alguno, ni informe preceptivo o facultativo, ni tampoco se somete a votación un parecer conjunto”.

En su resolución, explica que se trata de un órgano de apoyo con las siguientes funciones: asegurar la coordinación de todos los organismos y administraciones implicadas en la emergencia; dar apoyo técnico para las decisiones del director del plan; encontrar soluciones técnicas a las demandas del incidente; recabar información del centro de coordinación; y analizar y valorar las situaciones de emergencia.

“No existen actas (…) por no tener carácter vinculante alguno para el ejercicio de la dirección del Plan, solo de conocimiento e información, con la consiguiente coordinación entre las administraciones intervinientes”, agrega el Ejecutivo.

El departamento dirigido por Miranda reconoce, no obstante, que las deliberaciones o sesiones sí pueden ser grabadas, pero que son confidenciales. Y admite que se equivocó al no advertir desde el principios que las actas del PLATECA no existían, “lo que debió manifestarse en su momento”.

El Gobierno defiende la ausencia de actas de acuerdo con la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Pero no queda claro que esa norma le ampare.

La Ley 40/2015 recoge en su artículo 20.1 que los órganos colegiados son todos aquellos integrados por tres o más personas a los que se les atribuyen funciones de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control. El comité del PLATECA, al ser un comité asesor y de apoyo técnico, entra de lleno en esta categoría.

La propia Comisionada cita expresamente el artículo 18.1 de la Ley 40/2015, que establece que “de cada sesión que celebre el órgano colegiado, se levantará acta por el secretario”. También recoge jurisprudencia del Tribunal Supremo que señala que las actas de las reuniones de estos órganos no tienen que recoger las opiniones de sus miembros, sino “los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados”.

La ausencia de actas impide conocer qué se debatió en las reuniones del PLATECA mientras las playas de Telde permanecían cerradas por la contaminación marina, calificada por el portavoz de Ben Magec, Eugenio Reyes, como probablemente “el atentado ambiental más importante en medio marino del planeta” en 2025.

Con respecto a los informes de la crisis, la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas hace una interpretación restrictiva de la resolución de la Comisionada de Transparencia. Esta señala que los informes requeridos expresamente por la Fiscalía durante una investigación no tienen por qué ser facilitados, pero sí pueden entregarse aquellos que las administraciones ya hubieran elaborado con anterioridad y de forma independiente al procedimiento.

Pese a ello, el Gobierno ha rechazado facilitar los informes de seguimiento y control elaborados durante el episodio de contaminación marina, que eran “independientes” y procedían de distintas instituciones para aportar información sobre lo ocurrido, según una fuente presente en las reuniones del PLATECA.

La Consejería argumenta que esos documentos fueron entregados a agentes de la Guardia Civil, bajo la autoridad de la Fiscalía, el 9 de enero de 2026, durante una reunión presencial celebrada en la Dirección General de Pesca, en Las Palmas de Gran Canaria. Añade que esa información se incorporó a las diligencias que el Ministerio Público venía desarrollando y concluye que, por tanto, “no hay nada que aportar”.

El profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla Noel Armas considera que el Gobierno de Canarias ha realizado un “cumplimiento ficticio” de la resolución de la Comisionada de Transparencia que le exigía entregar la documentación.

Armas se muestra sorprendido de que un órgano “estrictamente deliberante” como el PLATECA reconozca que no deja por escrito el contenido de sus reuniones y lamenta que “no termine de calar la idea de la transparencia”. Más aún, señala, en un caso relacionado con información ambiental, que cuenta con una protección reforzada y un régimen específico de acceso a través del Convenio de Aarhus y de la Ley 27/2006, que regula los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

Fueron antiguos buques cargueros dedicados al transporte de materias primas. Hoy navegan reconvertidos en centrales térmicas flotantes hacia países con escasez de energía o inmersos en crisis de suministro con la promesa de ofrecer una solución rápida a la emergencia.

Están presentes en Ghana, Sudán, Sierra Leona, Senegal, Cuba, República Dominicana, Brasil, Indonesia o Líbano, donde han dejado un reguero de controversias ambientales, judiciales y políticas. Y Canarias ya figura entre los territorios que la compañía ha identificado en su perfil corporativo como un cliente potencial.

No es una posibilidad remota. El Gobierno autonómico, integrado por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), está convencido de que “la única propuesta para resolver con mayores garantías el déficit energético de Gran Canaria” pasa por instalar un barco de generación de Karpowership, una empresa turca que asegura disponer de una flota de 45 buques de este tipo repartidos por una veintena de países en cuatro continentes.

Fuentes de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, dirigida por Mariano Zapata (PP), no detallan por ahora cuándo llegará el barco, cuánto costará ni cuánto tiempo permanecerá en la isla.

Su financiación correrá a cargo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, igual que las ocho centrales térmicas de Sampol y Disa proyectadas en Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife para evitar apagones, cuyo presupuesto total asciende a unos 150 millones de euros.

El buque tendrá una potencia de unos 100 megavatios (MW) con la que el Ejecutivo pretende cubrir buena parte del déficit de 120 MW que Red Eléctrica identificó en Gran Canaria en 2021. Transición Ecológica sostiene que el sistema eléctrico insular “lleva ya tiempo sobre la cuerda floja del cero energético” y defiende que la central flotante actuará como un “respaldo” cuando se produzca un apagón o el sistema lo requiera. Añade asimismo que contará con “todas las exigencias de la Unión Europea desde el punto de vista medioambiental y eléctrico”.

La mayor flota de centrales térmicas flotantes del mundo

Karpowership es un gigante de la generación eléctrica flotante, sobre todo en el Sur Global. La compañía asegura que posee la mayor flota mundial de este tipo de barcos, con capacidades que oscilan entre los 30 y los 500 MW.

Sus navíos funcionan mayoritariamente con fueloil pesado (un derivado del petróleo muy denso y altamente contaminante) o con gas natural licuado (GNL), un combustible fósil que, aunque emite menos dióxido de carbono (CO2) que el fuel, también contribuye al calentamiento global. Shell, una de las petroleras más importantes del mundo, ha sido su proveedor de GNL.

La empresa defiende que trabaja para alcanzar las “cero emisiones netas” mediante la integración de energías renovables, gas natural renovable (RNG) e hidrógeno. Por ahora, sin embargo, sus buques siguen generando electricidad con combustibles fósiles y emitiendo a la atmósfera millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), el principal gas causante del cambio climático.

Un estudio publicado en 2022 en la revista ‘Environmental Science Advances’ estimó que la flota mundial de barcos de generación eléctrica, que entonces sumaba 2,6 GW de capacidad instalada, emitía unos 4,4 millones de toneladas de CO2 al año. Como referencia, esa cifra equivale a cerca de un tercio de todo el CO2 que expulsó Canarias en 2023 (12,4 millones de toneladas).

Desde entonces, Karpowership ha elevado su capacidad instalada por encima de los 8 GW y prevé alcanzar los 21 GW, aunque la empresa no ha publicado datos actualizados sobre las emisiones de su flota.

La compañía sostiene que su misión es “democratizar el acceso a la electricidad” allá donde hace falta. En la práctica, su actividad se ha centrado en países en vías de desarrollo o estados desesperados por conseguir suministro. En algunos de ellos obtiene ingresos millonarios a través de acuerdos criticados por ser “abusivos e irracionales”, según una investigación de amaBhungane (una de las organizaciones de periodismo de investigación más prestigiosas de África).

En Ghana, por ejemplo, desembarcó en 2015 para aliviar una crisis energética con un suministro de 450 MW, equivalente a cerca de una cuarta parte de toda la electricidad que generaba entonces el país. El contrato inicial se firmó mediante un procedimiento de “adquisición de emergencia”, según amaBhungane. Pero dos años después, el acuerdo se prorrogó una década más, hasta 2027 (el Gobierno ghanés ya ha anunciado que ha iniciado negociaciones para volver a ampliarlo).

Solo en 2019, Karpowership obtuvo un beneficio bruto de 197 millones de dólares de sus operaciones en Ghana, de acuerdo con cifras extraídas por amaBhungane de las cuentas de una sociedad que Karadeniz Holdings (la matriz de Karpowership) registró en Malta para gestionar sus negocios en el extranjero.

Fue la investigación periodística Paradise Papers, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en sus siglas en inglés), la que reveló la presencia del grupo en ese refugio fiscal europeo.

Un informe financiero de otra sociedad del grupo, Karpower International B.V., radicada en Países Bajos y accionista de la mercantil ubicada en Malta, muestra que Karpowership crea filiales en cada región donde opera. A través de ellas facturó 151,9 millones de dólares en Senegal en 2024; 57,4 millones en Nueva Caledonia; 28,5 en Mozambique; 25,4 en Ecuador; 18,2 en Guinea Bissau y 763.000 dólares en Gabón.

República Dominicana fue, eso sí, el mercado donde más ingresó: 100,9 millones de dólares en 2024 y 122,8 millones en 2025.

Allí, la central térmica flotante anclada en la localidad de Los Negros, en la provincia de Azua, sufrió la rotura de una manguera mientras realizaba labores de descarga de residuos, lo que provocó un importante derrame de combustible (lodos y mezclas oleosas e hidrocarburos), informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que recomendó sancionar a la empresa.

El accidente se produjo a las 10.30 de la mañana, pero los responsables del buque no lo comunicaron a las autoridades hasta alrededor de las 14.00. El Gobierno dominicano concluyó que Karpowership había incumplido las medidas de seguridad exigidas en su licencia de operación y ordenó paralizar de inmediato el trasiego de combustibles hasta que sustituyera el sistema de mangueras por tuberías metálicas no corrosivas.

República Dominicana acumula una larga experiencia con este tipo de buques de generación eléctrica. Residentes y organizaciones vecinales han denunciado enfermedades respiratorias asociadas a la contaminación del aire, además de ruidos, vibraciones y daños al ecosistema marino. Denuncian que el barco succiona agua del río para refrigerar sus motores y la devuelve a mayor temperatura, reduciendo los niveles de oxígeno del agua, según recoge un informe de la consultora holandesa especializada en energía y transporte CE Delft.

En Sudáfrica, sin embargo, Karpowership sufrió su mayor fiasco. El Gobierno lanzó en 2020 un programa de emergencia para asegurar 2.000 MW de electricidad y, un año después, seleccionó a la empresa turca como “postor preferente” para suministrar 1.220 MW mediante tres barcos de generación.

El acuerdo ataba a la empresa eléctrica estatal a Karpowership durante 20 años mediante una cláusula take-or-pay, que obligaba a pagar la electricidad contratada se consumiera o no, según amaBhungane. De acuerdo con sus cálculos, la filial de la compañía en Sudáfrica se garantizaría unos ingresos anuales de entre 7.900 y 11.300 millones de rands (entre 422 y 604 millones de euros).

Pero la licencia fue anulada. La organización ciudadana OUTA (Organisation Undoing Tax Abuse) llevó el caso a los tribunales, denunciando que el regulador nacional de energía (NERSA) había actuado de manera “procesalmente injusta, irracional e ilegal” al conceder las autorizaciones a Karpowership. Y en julio de 2025, NERSA anuló la licencia en un acuerdo de conciliación final ante el Tribunal Superior de Pretoria.

En el Líbano, Karpowership apagó en mayo de 2021 los generadores de las dos centrales flotantes que había instalado, cortando un suministro de 370 MW, equivalente a una cuarta parte de toda la electricidad del país. La empresa justificó la decisión alegando que el Gobierno libanés acumulaba una deuda de más de 100 millones de dólares por impagos y que no había intentado negociar una solución, informó Reuters.

El corte de luz se produjo justo después de que un fiscal libanés amenazara con confiscar los barcos y multar a la empresa tras unas informaciones difundidas por el canal de televisión Al-Jadeed que la acusaban de corrupción en la adjudicación del contrato eléctrico. Karpowership negó esas acusaciones.

La empresa también suspendió el suministro eléctrico en Sierra Leona y Guinea-Bissau alegando impagos de los gobiernos.

Canarias Ahora intentó contactar con Karpowership por correo electrónico, pero no ha obtenido respuesta hasta la fecha de publicación de este artículo. En una de las informaciones de amaBhungane, la compañía respondió que gana las licitaciones donde opera porque ofrece “el mejor paquete combinado de asequibilidad, energía más limpia, tecnología probada e iniciativas de desarrollo económico”.

Una medida cortoplacista “por si acaso”

El doctor en Ingeniería de la Energía por la Universidad Politécnica de Valencia David Ribó explica que el principal objetivo de Red Eléctrica es garantizar el suministro y asegura comprender la lógica de instalar en Gran Canaria un barco de generación térmica “por si acaso”. A su juicio, los recientes apagones en las Islas demuestran que “el sistema está funcionando al límite”.

Ribó remarca que se trata de una solución “cortoplacista” y que Canarias necesita “una mirada a medio plazo” para avanzar en la descarbonización de su sistema eléctrico.

Las renovables tan solo representan alrededor del 20% de la demanda en las Islas, porcentaje que lleva estancado muchos años. Y se tira a la basura el 20% de la energía limpia producida por las características del sistema eléctrico, monopolizado por centrales térmicas antiguas e inflexibles, como los ciclos combinados, incapaces de absorber toda esa producción verde.

Estos motores tienen unos mínimos técnicos elevados, lo que significa que no pueden reducir su potencia por debajo de un determinado umbral sin dejar de funcionar con seguridad. Como Red Eléctrica necesita mantenerlos encendidos para responder ante cualquier fallo del sistema, ocupan parte del hueco disponible para generar electricidad, limitando así la entrada de energía renovable y favoreciendo los vertidos.

“Por eso, vale, instala el barco de manera momentánea. Pero dime cómo vamos a desplegar baterías, cómo vamos a mejorar la penetración de renovables, cómo podemos asegurar el suministro de otra forma. Creo que ese debe ser el debate”, razona Ribó.

El doctor en Ingeniería de la Energía considera que el reciente concurso de potencia firme para renovar los contratos de generación térmica ha sido una oportunidad perdida. Primero, porque no permitió la entrada de baterías. Y, segundo, porque los permisos se concedieron a unos grupos que, en su opinión, “no nos van a ayudar en nada a reducir los vertidos”.

La alternativa pasa por el almacenamiento, sostiene Ribó. El experto cita la central hidroeléctrica de Chira-Soria, que permitirá almacenar el excedente de energía renovable cuando sobre y devolverlo al sistema cuando haga falta. Pero añade que también urge desplegar baterías de ion de litio para estabilizar la red e hibridar las plantas renovables.

Ribó cree que en Canarias ya hay “muchas plantas de renovables” que podrían incorporar sistemas de almacenamiento mediante procesos de hibridación, y lamenta que esas inversiones no hayan despegado todavía. El doctor en Ingeniería de la Energía destaca también la importancia del autoconsumo, especialmente en un territorio como el Archipiélago, “con la escasez de suelo propia de unas islas”.

El Gobierno de Fernando Clavijo (Coalición Canaria) está muy cerca de permitir que los promotores construyan viviendas al margen del planeamiento a cambio de limitar el precio del alquiler durante solo siete años, apenas dos más que el periodo mínimo durante el que un propietario particular ya debe mantener un contrato de alquiler y el mismo plazo que cuando el arrendador es una empresa.

La futura ley de privatización de las licencias urbanísticas, que acaba de superar el proceso de enmiendas, incluye la figura de la vivienda asequible incentivada, una modalidad de titularidad privada que permitirá a las constructoras levantar edificios de hasta dos plantas más de las previstas por el planeamiento municipal en suelo público y sustituir las cesiones obligatorias de aprovechamientos urbanísticos para dotaciones públicas (como colegios, parques o centros sanitarios) por compensaciones económicas.

A cambio, estas promociones deberán destinarse al alquiler residencial durante un mínimo de siete años y respetar un precio máximo equivalente (o un 20% más) al de las viviendas protegidas de promoción privada de la misma superficie.

El texto inicial del proyecto de ley establecía que este régimen de protección tendría una duración de diez años. Sin embargo, una enmienda presentada por los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias (Coalición Canaria, Partido Popular, ASG y AHÍ) rebajó ese plazo a siete durante la tramitación parlamentaria.

La diputada socialista Patricia Hernández ha denunciado que conceder estas ventajas urbanísticas a cambio de un periodo de alquiler asequible tan corto abrirá todavía más la puerta a la especulación y al “negocio” con la vivienda en Canarias.

“Están aprovechando la vulnerabilidad y la necesidad de la gente para hacer negocio”, afirmó durante la sesión parlamentaria en la que se debatieron las enmiendas al articulado del proyecto de ley.

Son numerosas las excepciones al régimen urbanístico que incorporará la vivienda asequible incentivada en el Archipiélago. Buena parte de ellas han sido incluidas a última hora a través de enmiendas firmadas por los partidos que sustentan al Ejecutivo regional.

La normativa posibilitará que “alojamientos con espacios comunes complementarios” (también conocidos como ‘coliving’ o ‘cohousing’) puedan ser calificados como vivienda protegida o asequible incentivada siempre y cuando se adecúen a las “normas de superficie, diseño y calidad propia de estos alojamientos”. Hernández ha cargado duramente contra esta disposición.

“Vamos a permitir o quitar los requisitos para que una vivienda protegida o asequible incentivada tenga todos los servicios. Porque a partir de ahora podrán ser servicios compartidos”, ha dicho. “Una vivienda protegida podrá ser construida por el promotor sin cocina. Y hasta ahora no se podía”, ha remachado.

Otra de las modificaciones incorporadas permite a los promotores de vivienda asequible incentivada levantar sobre suelos públicos (mediante derechos de superficie o concesiones administrativas) edificios de hasta dos plantas más de las previstas por el planeamiento urbanístico, sin necesidad de modificarlo.

A los ayuntamientos también se les admitirá, mediante una simple ordenanza y sin alterar el plan general, “el incremento de una altura más” en edificios residenciales existentes o en parcelas sin edificar si se destinan a este tipo de viviendas.

La ley flexibiliza las obligaciones urbanísticas de forma distinta según el tipo de suelo. En suelo urbano, el promotor podrá construir “tantas viviendas como sea admisible”, aunque el planeamiento municipal fije un número máximo inferior, siempre que no aumente la edificabilidad, es decir, el volumen total de metros cuadrados que pueden levantarse en la parcela.

En suelo urbano no consolidado, el cambio va un paso más allá. Los promotores podrán sustituir la cesión obligatoria de suelo para parques, colegios, centros sanitarios u otras dotaciones públicas por una compensación económica. Es decir, podrán destinar toda la parcela a construir viviendas en lugar de reservar parte del terreno para esos equipamientos, a cambio de abonar el “valor correspondiente a las dotaciones y cesiones obligatorias que correspondan”, según recoge el proyecto de ley.

La vivienda asequible incentivada también podrá construirse en asentamientos rurales y acogerse a beneficios fiscales, entre ellos la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC).

Además, la futura ley le otorga prioridad frente a la vivienda protegida de promoción privada en algunos supuestos de recalificación de suelo. Cuando una parcela no edificada con uso comercial o industrial pase a tener uso residencial, el 60% de la edificabilidad podrá destinarse a vivienda asequible incentivada y el 40% restante a vivienda protegida de promoción privada, pese a que la primera solo deberá mantener su régimen de protección durante siete años, frente a los treinta de la segunda.

“Les vamos a dejar construir sin dar el aprovechamiento a los ayuntamientos, sin las plazas, sin los parques, sin las dotaciones. Alquiler asequible incentivado y siete años después, libres”, señaló Hernández, del PSOE. “Seguro que hay alguno que utiliza la RIC para esto”, ironizó la diputada.

La primera ola de calor del año en Canarias ha pillado a Ciani, de 39 años, como de costumbre: trabajando como camarera en el bar de la piscina de un hotel del sur de Gran Canaria.

El termómetro supera los 40 grados y a ello hay que sumar la calima, que también se ha dejado notar. El aire está irrespirable. El sol cae a plomo. Pero el local no va a cerrar para que Ciani pase la tarde a la sombra, dice ella, algo resignada. La hostelería impone unos ritmos que ni siquiera el calor más extremo parece cuestionar. Aunque, si llega el momento, tiene claro qué hacer.

“El ajetreo te impide parar. Pero yo, personalmente, pongo primero mi salud. Y si tengo que descansar, lo voy a hacer, por mucho que mi jefe me exija que siga trabajando. Porque si no lo hago, me voy al piso”, asegura. “Y si me sancionan, pues ya es cosa de ellos y me defenderé como me tenga que defender”.

No es la única. Canarias es la región europea donde más se interrumpe el trabajo al aire libre por las altas temperaturas, cada vez más frecuentes por el cambio climático, según un estudio de la prestigiosa revista The Lancet. Le siguen Chipre y la región de Ática, en el sur de Grecia. La otra cara de la moneda la firman Salzburgo, en Austria; la provincia de Bolzano, en el norte de Italia, y Finlandia, donde ha aumentado la actividad.

El calor extremo provoca estrés térmico. La capacidad física y cognitiva de quien trabaja se reduce, y el riesgo de sufrir accidentes laborales aumenta, según un informe del Observatorio DKV de Salud y Medio Ambiente. Cuando el entorno supera la capacidad del cuerpo para autorregular su temperatura mediante la sudoración, pueden aparecer desde deshidratación y calambres hasta golpes de calor o fallos multiorgánicos potencialmente mortales.

“A veces no somos conscientes de que estamos sufriendo un problema de salud de estas características. Todo empieza con una taquicardia y puede llegar un momento en el que ya no eres capaz de llamar a emergencias, trasladarte a una zona de sombra o beber agua”, advierte Carmen Marrero, secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras (CCOO).

La investigación publicada en The Lancet apunta que la temperatura media anual a partir de la cual empieza a resentirse la actividad laboral al aire libre se sitúa en torno a los 9,9 grados. A medida que ese promedio aumenta, disminuye la capacidad fisiológica del cuerpo para trabajar.

En Canarias, la temperatura media alcanzó los 18,8 grados en 2025, 0,4 grados por encima de lo normal. En la España peninsular fue de 15 grados, con una anomalía de 1,1 grados.

Una temperatura media anual cada vez más alta favorece episodios de calor más intensos y frecuentes. Y en Europa, eso se traduce en que cada trabajador al aire libre pierde en torno a 24 horas de trabajo al año por el calor extremo, según la publicación de The Lancet, que compara el periodo 2020-2023 con el promedio registrado entre 1965 y 1994.

Canarias es la región más afectada, pero el trabajo académico, en el que han participado una veintena de expertos, no aporta datos específicos sobre el Archipiélago. Los testimonios de quienes se exponen a las altas temperaturas en los servicios de limpieza, hostelería, mantenimiento o jardinería muestran, en cambio, cómo el bochorno lo cambia todo.

“El ritmo de trabajo, evidentemente, es menor. Hacemos más pausas, bebemos mucha agua… Si nos quedamos en un lugar concreto, ponemos una sombrilla para que no nos dé el sol directamente”, dice Paco, de 48 años, que se dedica al mantenimiento de urbanizaciones en el sur de Gran Canaria.

A partir de las 11.00, añade, el vapor que desprende el alquitrán hace que “te quemes los pies”. Por eso intentan alternar “media hora a la sombrita” y otra media al sol. A las 13.00 abandonan la calle y se refugian en la nave de la empresa para realizar tareas de interior y limpieza. Y si algún miembro de la plantilla se siente fatigado, tiene libertad para acudir al médico.

Pepe, por su parte, tiene 57 años y trabaja como jardinero en San Bartolomé de Tirajana. Cuenta que, durante los episodios de calor, comienza la jornada con “gimnasia preventiva” para activar el cuerpo y aprovecha las primeras horas de la mañana para realizar las tareas más expuestas al sol. A partir de las 10.30, el protocolo le obliga a trasladarse a zonas de sombra e incluso a descartar los trabajos junto al asfalto. Allí, agrega, el calor que irradia el pavimento hace que sea imposible trabajar.

“Es un sofoco increíble porque te vas agotando, te vas agobiando. Y son días en los que no se rinde igual”, remacha Pepe. Cuando a eso se suma la dificultad para que el cuerpo se enfríe durante la noche, los efectos (y también los riesgos) se multiplican.

“Si no tienes aire acondicionado, estás muerto”, afirma Ciani. “Y te pones de mal humor. Se nota en cómo tratas a los clientes y a los compañeros. Porque no es lo mismo estar a la fresca, cuando te atiendo con una sonrisa, que hacerlo con este calor. Lo intento igual, pero cada vez te encuentras peor, más cansada”.

Canarias no cuenta con un plan autonómico de prevención de riesgos laborales frente a las altas temperaturas. El Instituto Canario de Seguridad Laboral (ICASEL) impulsó recientemente una campaña preventiva, pero fuentes de la Consejería de Turismo y Empleo aclaran que las medidas dependen de lo que establezca cada convenio colectivo y de lo que acuerde cada empresa.

El Archipiélago no concentra un gran volumen de trabajadores en dos de los sectores más expuestos al calor extremo: la agricultura y la construcción. La primera representa el 2,2% del empleo y la segunda, el 6,2%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Pero las Islas sí tienen a una gran parte de su población ocupada en el sector servicios. En concreto, el 86,6%, el porcentaje más alto de toda España. Personas que sirven copas a pie de playa, limpian habitaciones de hotel o mantienen jardines bajo un calor cada vez más asfixiante.

A falta de un protocolo autonómico (y más allá de la normativa estatal, que obliga a las empresas a adaptar las condiciones de trabajo cuando hay avisos naranja o rojo por calor), Marrero, de CCOO, advierte de que las medidas no deberían limitarse al verano, sino aplicarse mucho antes, porque “estamos viendo temperaturas propias de julio o agosto ya en mayo o junio”.

Para la secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras, los protocolos deben ser dinámicos y negociados, alejados de una actitud “paternalista” que ignore la realidad y el esfuerzo físico de cada puesto de trabajo. Como ejemplo, plantea evitar que los trabajos físicos o a la intemperie se realicen en solitario. Trabajar por parejas, sostiene, es fundamental para que un compañero pueda pedir ayuda si alguien empieza a encontrarse mal.

La doctora en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y coordinadora del Hub de Preparación y Respuesta del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), Elizabeth Diago, recuerda que las empresas están obligadas a incorporar el estrés térmico de forma específica en sus planes de prevención de riesgos laborales.

Eso implica evaluar cada puesto de trabajo para adoptar medidas adaptadas a sus riesgos, como garantizar el acceso a agua potable, proporcionar ropa adecuada y, sobre todo, establecer pausas de descanso.

“Esas pausas tienen que hacerse en lugares refrigerados, climatizados. No en una terraza a 32 grados bajo el sol. Eso no te va a ayudar a compensar el calor que estás sufriendo”, puntualiza Diago.

La doctora adelanta que la negociación colectiva ya está impulsando cambios transformadores en algunos sectores. En la construcción, por ejemplo, se negocia implantar jornadas intensivas durante el verano que comiencen mucho antes y terminen también más pronto, aunque no lleguen a completar las ocho horas diarias. El tiempo restante se recuperaría en invierno, cuando las temperaturas ya no sean tan elevadas.

En agricultura, indica Diago, también podría adaptarse la jornada para empezar a partir de las cuatro o cinco de la madrugada y evitar jornadas de ocho de la mañana a cuatro de la tarde, cuando el sol más aprieta.

“Debería haber una mayor fiscalización del Real Decreto-ley 4/2023, que regula la prevención de riesgos laborales durante episodios de elevadas temperaturas. Y las empresas deberían cumplirlo para evitar accidentes laborales, porque también va en beneficio suyo”, destaca Diago.

En Canarias solo se registraron en 2024 siete accidentes laborales con baja atribuidos a “los efectos de las temperaturas extremas, la luz y la radiación”, según el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En toda España apenas se contabilizaron 263 casos.

Pero es una realidad infradiagnosticada, advierte Marrero. El accidente por calor solo salta a las estadísticas en “el último estadio”, es decir, cuando se produce un síncope o un golpe de calor tan evidente que obliga a llamar de urgencia a los servicios sanitarios.

Sin embargo, muchos trabajadores ven agravadas patologías previas por desempeñar su labor en condiciones extremas. Y ni ellos ni el personal sanitario, añade Marrero, suelen relacionar ese deterioro con la ola de calor o con la exposición laboral.

En sectores altamente precarizados e impactados por el sol, además, las personas vulnerables evitan ir al médico, según el Observatorio DKV. Un dato: aunque en España la agricultura incrementa un 21% el riesgo de sufrir un accidente relacionado con el calor, solo el 8% de los temporeros agrícolas que enferman busca atención médica por miedo a perder el salario o el puesto de trabajo.

“Por eso es importantísimo seguir formando e informando a las personas trabajadoras de que trabajar en condiciones extremas puede afectar a su salud. Muchas veces esos casos ni siquiera llegan a las estadísticas”, concluye Marrero.

La jueza del Juzgado de Instrucción Número 1 de Arona que investiga presuntas irregularidades en la promoción del polémico proyecto turístico Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje (sur de Tenerife), ha citado como investigado al director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta, para el próximo 14 de septiembre a las 10.00 horas.

Acosta, nombrado por Coalición Canaria, se suma así al jefe del Servicio de Ordenación del Litoral Oriental del Ejecutivo regional, Valeriano Díaz, también citado a declarar como investigado. Y al representante legal y administradores de la promotora de la iniciativa, Segunda Casa Adeje SL. Todos ellos declararán el 13 de agosto.

La magistrada también ha citado, pero en calidad de testigos, al jefe del Servicio de Ordenación del Litoral Occidental del Gobierno canario, José David Marín, y al técnico autonómico Francisco Javier Carrancho, de la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario. Ambos comparecerán el 16 de julio.

La causa investiga presuntos delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente por la autorización concedida a Cuna del Alma para ocupar la zona de servidumbre de protección de la costa, la franja de cien metros tierra adentro desde la orilla del mar. En ese espacio se estaban construyendo un restaurante, una piscina al aire libre y un aparcamiento para buggies, entre otras cosas.

La Dirección General de Costas del Ejecutivo autonómico dio el visto bueno al entender que esas instalaciones beneficiaban a la actividad turística, tal y como adelantó Canarias Ahora.

Esas obras forman parte de la urbanización de 420 villas de lujo proyectada en este paraje, rodeado de espacios naturales protegidos y lugares de interés geológico. Sin embargo, solo ocupan el 5,25% de la parcela T2, de unos 45.000 metros cuadrados. El proyecto completo abarca cerca de 430.000 metros cuadrados.

La jueza ordenó paralizar las obras en la zona de servidumbre tras estimar la solicitud de la Fiscalía, que concluyó que los usos previstos por la promotora en esa franja de protección del litoral son incompatibles con la Ley de Costas.

La magistrada ha rechazado, no obstante, extender la suspensión cautelar a todo el proyecto, como había solicitado la acusación popular, ejercida por la Asociación Cultural Social Ecologista Puertito Libre, a raíz de un informe pericial. Lo hace asumiendo el criterio de la Fiscalía, según el cual “el presente procedimiento penal se centra en las obras autorizadas en la zona de servidumbre, por lo que no procede adoptar medidas respecto del resto”.

La querella que dio origen a la causa sí se dirigía contra toda la urbanización de lujo por la presunta comisión de delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente, falsedad documental y prevaricación en la tramitación de la iniciativa.

La Asociación Cultural Social Ecologista Puertito Libre (que incluye a la Asociación de Taxistas Asalariados Costa Adeje, la familia Galindo, La Gaveta20A, el Tagoror Permanente de El Puertito de Adeje y Rebelión Científica, además de particulares) llegó a aportar un informe pericial elaborado por nueve expertos que estima que dos tercios del Puertito de Adeje ya han sido dañados por las obras de Cuna del Alma.

Pero la jueza ha cerrado la puerta a paralizar todo el proyecto sin entrar en el fondo del asunto y limitándose a señalar que el procedimiento penal solo investiga las obras ejecutadas en la zona de servidumbre.

Las asociaciones denunciantes, entre las que también se encuentra la Asamblea Reivindicativa Canaria (ARCAN), lamentan la decisión de la magistrada y recuerdan que “cada día que pasa prosigue la destrucción de valores ambientales, arqueológicos, geológicos y patrimoniales cuya protección constituye precisamente el objeto de esta causa”.

Y agregan que “de mantenerse este ritmo de ejecución, esta dinámica de hechos consumados terminará privando de efectividad una eventual resolución judicial favorable, al haber desaparecido o resultado irreversiblemente alterados los bienes cuya protección se pretende garantizar”.

La empresa de los hijos del administrador de Radio Televisión Canaria (RTVC), César Toledo, facturó 30.000 euros a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, departamento en el que su padre fue jefe de prensa entre julio de 2023 y agosto de 2025, en dos contratos menores (a dedo) concedidos el año pasado.

Los contratos se firmaron en agosto y noviembre de 2025. La adjudicataria fue Tauler Group Ventures SL, sociedad constituida en marzo de ese mismo año y administrada por Álvaro Toledo Tauler, hijo de César Toledo. Su único socio es Lawrence Holdings Group, mercantil creada en diciembre de 2025 y gestionada por su hermano, Manuel Toledo Tauler.

El primero de los contratos se firmó con Gesplan, empresa pública adscrita a la Consejería de Política Territorial (dirigida por Manuel Miranda, de Coalición Canaria), para la elaboración de un estudio previo destinado al desarrollo de un software de gestión de licencias municipales. El importe ascendió a 14.950 euros, apenas 50 euros por debajo del límite de 15.000 euros fijado para los contratos menores.

La adjudicación se formalizó el 14 de agosto de 2025. Ese mes Toledo seguía siendo el jefe de prensa de Política Territorial (como recoge él mismo en su perfil de LinkedIn), aunque ya había presentado su candidatura para el cargo de director de Medios y Contenidos de RTVC. Fue designado el 27 de agosto, en un proceso al que concurrió como único candidato. En noviembre fue nombrado administrador general de RTVC.

Canarias Ahora ha intentado contactar en varias ocasiones con César Toledo para conocer si sabía que la empresa de sus hijos había contratado con Gesplan, pero no ha obtenido respuesta hasta la fecha de publicación de este artículo. Sus hijos tampoco han respondido a un correo electrónico enviado por esta redacción.

Gesplan, por su parte, se ha limitado a defender que “es una sociedad mercantil con personalidad jurídica diferencia de la administración y tiene autonomía en materia de contratación”.

El segundo contrato menor de Tauler Group Ventures con el departamento de Política Territorial fue adjudicado por la Viceconsejería de Planificación Territorial y Reto Demográfico. Consistió en el diseño y la producción de contenidos audiovisuales y gráficos para difundir la Estrategia Canaria de Reto Demográfico y Cohesión Territorial. Su importe ascendió a 14.520 euros, apenas 480 euros por debajo del límite legal para los contratos menores.

El último contrato fue adjudicado por la empresa pública Gestiona Mogán, dependiente del Ayuntamiento gobernado por Onalia Bueno (Juntos por Mogán), en noviembre de 2025. Por 11.950 euros, Tauler Group Ventures debía desarrollar un software de asistencia virtual con inteligencia artificial integrado en los canales de comunicación de la entidad para mejorar la eficiencia operativa, optimizar los recursos humanos y reforzar la atención al contribuyente.

Tauler Group Ventures fue creada el 26 de marzo de 2025 con un capital social de 3.000 euros. Su objeto social incluye la consultoría tecnológica y estratégica, el desarrollo y explotación de software, la transformación digital, la innovación y el análisis.

Su administrador es Álvaro Toledo Tauler. Desde el 19 de diciembre de 2025, su socio único es Lawrence Holdings Group, sociedad creada ese mismo día y administrada por su hermano, Manuel Toledo Tauler.

Esta última también cuenta con un capital social de 3.000 euros y un objeto social mucho más amplio, que abarca desde actividades de holding e inversión financiera hasta los sectores inmobiliario, turístico y hostelero, además de servicios de consultoría y asesoramiento.

Tauler Group Ventures dice en su página web que construye y opera “compañías AI-first (inteligencia artificial primero), con foco en impacto real en industrial reales”. También señala que se asocia con “firmas Private Equity (de capital privado) para crear valor en sus participadas con inteligencia artificial”.

En poco más de 15 meses desde su creación, ha facturado casi 42.000 a la administración pública en contratos menores (a dedo), según las plataformas Contratación Abierta y Gobierto. Todos fueron firmados en 2025.

“Diagnosticamos dónde está el valor atrapado, ejecutamos las iniciativas que lo liberan, y estructuramos la relación de forma flexible: fee por proyecto, éxito sobre métricas concretas, o carry compartido. Nos alineamos con el retorno del fondo”, explica la compañía en su web.

El padre de Álvaro y Manuel Toledo, César Toledo, es desde el 27 de noviembre administrador general de RTVC. Accedió al cargo a propuesta de Coalición Canaria tras la dimisión de María Méndez, la anterior administradora, con el respaldo del PP, ASG y AHI. Nueva Canarias y el PSOE votaron en contra. Vox se abstuvo.

Toledo es un histórico de los medios de comunicación del Archipiélago. Ha estado vinculado a la radiotelevisión pública desde el principio, pero también a otros medios como Radio Club Tenerife o Diario de Avisos, así como a gabinetes de prensa institucionales, como el del Partido Popular o de Coalición Canaria. En estos momentos cobra 70.000 euros al año. En su declaración de bienes y derechos patrimoniales dice que tiene un patrimonio de 34.000 euros.

La gestión de Toledo al frente del ente público ha estado marcada por la polémica desde el principio. Los trabajadores de RTVC llegaron a registrar un preaviso de huelga el pasado mes de mayo, coincidiendo con la visita del Papa, por la falta de interlocución con la dirección, el incumplimiento del convenio y la amenaza que se cierne sobre los informativos por la Ley Audiovisual, actualmente en tramitación.

A ello se suma una sucesión de bajas médicas, excedencias, una jubilación en el departamento de Administración y la dimisión de Paco Luis Quintana como director de Informativos en septiembre de 2025, cuando Toledo aún era director de Medios y Contenidos.

Quintana, que ocupaba el cargo desde julio de 2024, justificó su marcha porque la “nueva estructura y organigrama” de RTVC diluía el área de Informativos. “Pasa a ser un departamento más dentro de un cajón donde caben programas externos, retransmisiones, producciones, magazines o entretenimiento”, afirmó.

En dos respuestas por escrito a preguntas formuladas por la diputada socialista Nayra Alemán, Toledo aseguró que entre julio de 2025 y mayo de este año no se había producido ningún cese en RTVC y que la única dimisión había sido la de la anterior administradora general, María Méndez, el 17 de noviembre del año pasado.

La Comisionada de Transparencia de Canarias ha emitido dos resoluciones en las que da la razón a Canarias Ahora y exige al Gobierno regional que entregue la documentación que había denegado sobre el episodio de contaminación marina registrado en Telde a finales del año pasado, en el que murieron 2.500 toneladas de lubinas en las jaulas de Aquanaria.

En sendos escritos firmados recientemente, la Comisionada ha estimado parcialmente las reclamaciones de este periódico y ha requerido al Ejecutivo autonómico que facilite las actas e informes del PLATECA, activado el 6 de noviembre y desactivado el 19 de diciembre, así como los resultados de las inspecciones realizadas por la Dirección General de Pesca a las granjas marinas de Aquanaria.

Las resoluciones llegan la misma semana en que la Fiscalía de Medio Ambiente ha remitido a los juzgados de Telde su investigación sobre los vertidos en la costa del municipio, en la que aprecia “numerosas irregularidades” en la gestión de la depuradora de Silva.

La mortandad masiva de peces de acuicultura, calificada por el portavoz de Ben Magec, Eugenio Reyes, como probablemente “el atentado ambiental más importante en medio marino del planeta” en 2025, provocó el cierre de 17 playas del sureste de Gran Canaria. En el caso de Telde, sus zonas de baño permanecieron clausuradas durante meses.

El Gobierno de Canarias, integrado por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), había denegado el acceso a la información solicitada por esta redacción a través del Portal de Transparencia alegando que su difusión podía perjudicar la investigación abierta por la Fiscalía y el Seprona para depurar posibles responsabilidades.

Tanto la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas como la Dirección General de Pesca se ampararon en un informe del Ministerio Público que sostenía que, al haber sido requeridos para las diligencias en curso, esos documentos adquirían carácter “reservado” y, por tanto, no debían facilitarse a terceros.

Sin embargo, la Comisionada tumba ese argumento recordando que la jurisprudencia nacional y europea aclara que el secreto de sumario o de investigación solo protege la documentación elaborada de forma específica y exclusiva para el proceso judicial, como pueden ser informes periciales solicitados por la justicia o escritos de las partes.

Las inspecciones rutinarias de Pesca, las actas del PLATECA y los informes elaborados por la Administración durante el episodio son, por el contrario, documentos de naturaleza “claramente administrativa”, concluye la Comisionada. Se trata de información que “obra en poder de un organismo sujeto a la Ley de Transparencia” y que, por tanto, constituye “información pública accesible”. Los escritos

La Comisionada de Transparencia advierte asimismo al Ejecutivo regional de que no puede escudarse en la existencia de una investigación judicial para denegar información sin acreditar un perjuicio real. Para ello, debe ponderar los intereses en juego (el derecho de acceso a la información pública, por un lado, y el interés protegido por la limitación invocada, por otro) y demostrar que la entrega de los documentos ocasionaría un daño concreto, definido y evaluable.

Por otro lado, subraya que la información ambiental goza de una protección reforzada y de un régimen específico de acceso, amparado por el Convenio de Aarhus y la Ley 27/2006, que regula los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente. “No es más que un instrumento al servicio de un bien superior, que es la protección del medio ambiente”, recoge la resolución.

En el caso concreto de las actas del PLATECA, la Comisionada aclara además que la doctrina del Tribunal Supremo establece que estos documentos no están amparados por el secreto de las deliberaciones, ya que recogen únicamente los acuerdos adoptados y los asuntos abordados, pero no las discusiones íntegras ni las opiniones expresadas por sus integrantes.

La Comisionada también afea al Gobierno de Canarias haber destacado la condición de periodista de Canarias Ahora de quien reclamó la documentación. La resolución recuerda que el acceso a la información pública es un derecho universal que puede ejercerse “sin necesidad de manifestar si es o no periodista, si trabaja o no para un medio de comunicación y sin tener que expresar cuál es el motivo de su solicitud”.

En el supuesto de ser periodista (como ocurre en este caso), “su derecho de acceso a la información podría verse reforzado por el efectivo ejercicio del derecho a la libertad de información”, destaca el texto.

La Comisionada de Transparencia concede al Gobierno de Canarias un plazo de 15 días hábiles para entregar la documentación requerida. De no hacerlo, el Ejecutivo podría incurrir en infracciones graves o muy graves previstas en la Ley de Transparencia.

Las menciones a la sostenibilidad aparecen por todas partes en los planes turísticos de las áreas costeras de Canarias, los denominados Planes de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad Turística (PMM). Pero solo lo hacen en sus memorias y documentos justificativos. En las normas vinculantes, no. Ninguna mención. Esa desconexión entre el discurso y las obligaciones reales es lo que un estudio reciente califica como una “paradoja sostenible”.

El artículo, publicado recientemente en la revista académica Cuadernos de Turismo, revela que los términos “sostenible”, “sostenibilidad” y “desarrollo sostenible” aparecen 129 veces en las memorias de ordenación de los 13 PMM aprobados en el Archipiélago entre 2011 y 2015. Sin embargo, no figuran ni una sola vez en las disposiciones normativas, donde se establecen las regulaciones y criterios de gestión.

Los autores de la publicación destapan lo que ya era un secreto a voces, aunque hasta ahora careciera de respaldo empírico: que el lenguaje de la sostenibilidad se emplea como principio justificativo, como un recurso simbólico con el que se acuñan cada vez más conceptos (turismo sostenible, renovación sostenible o movilidad sostenible, entre otros), pero no como una exigencia normativa que condicione políticas urbanísticas o actuaciones concretas.

“Todo esto es green marketing, como lo llaman los anglosajones. Es decir, incluir la palabra sostenible en cualquier documento o título, incluso a la hora de optar a subvenciones”, reflexiona Moisés Simancas, uno de los autores de la investigación y catedrático de Geografía Humana en la Universidad de La Laguna (ULL). “En la documentación que hemos analizado existe una declaración de intenciones, un diagnóstico. Pero cuando llega el momento de establecer las determinaciones, el término sostenible desaparece”, agrega.

El estudio sostiene que la incorporación de la sostenibilidad en los PMM responde más a una “adaptación a presiones normativas o técnicas” que a una voluntad real de transformar el modelo turístico “insostenible”. Los autores hablan de un proceso “performativo”: se busca proyectar una imagen de compromiso con la sostenibilidad mediante una “cierta saturación terminológica”, pero sin alterar las estructuras existentes “al carecer de compromisos jurídicamente vinculantes”.

Pero eso no es lo único. El término “sostenible” presenta una notable ambigüedad jurídica, sostiene Simancas, porque resulta difícil determinar con exactitud qué implica en ausencia de indicadores y datos, en especial a escala local. El geógrafo considera que su exclusión de las normas vinculantes puede responder a la voluntad de evitar ese problema jurídico y el riesgo de enfrentarse a impugnaciones, bloqueos o litigios, sobre todo con los “derechos adquiridos” de los propietarios.

En su opinión, “la sostenibilidad, por definición, consiste en poner límites”. Y eso puede traducirse en medidas como la obligación de incorporar espacios verdes, peatonalizar calles o reducir (es decir, decrecer) la superficie destinada a usos turísticos para impedir la implantación de nuevos establecimientos alojativos.

Simancas y David González, también geógrafo de la ULL, escogieron los PMM por su carácter innovador y excepcional dentro del planeamiento canario. Estos instrumentos nacieron en plena moratoria turística, a partir de 2009, para facilitar procesos de renovación turística que los planes generales municipales no podían desarrollar, al prevalecer sobre ellos y permitir la suscripción de convenios urbanísticos para modernizar la planta alojativa. “Son potentísimos, pero están desaprovechados”, resume Simancas.

Los autores extrajeron del Boletín Oficial de Canarias (BOC) los 13 PMM ya aprobados (los de primera y segunda generación, entre 2011 y 2015) correspondientes a las áreas turísticas litorales de Lanzarote, Tenerife, Fuerteventura y Gran Canaria. El estudio recuerda que estos espacios, pese a ocupar apenas el 1,8% de la superficie del Archipiélago, concentraron en 2023 el 89,4% de los viajeros alojados, el 93,2% de las pernoctaciones y el 91,1% de las plazas turísticas.

A continuación, los investigadores segmentaron la documentación de manera manual y se centraron en los textos narrativos y reguladores: las memorias (información, ordenación y justificación), las normativas urbanísticas (las reglas vinculantes) y los informes de sostenibilidad ambiental. Quedaron fuera documentos puramente técnicos o numéricos, como los planos, catálogos de edificios o estudios económico-financieros.

Después emplearon Perplexity, una herramienta de inteligencia artificial, para contabilizar el número exacto de veces que aparecían tres palabras o conceptos clave: “sostenible”, como adjetivo; “sostenibilidad”, como sustantivo; y “desarrollo sostenible”, como marco conceptual. El análisis dio como resultado las 129 menciones.

El primero de los términos apareció en 59 ocasiones; el segundo, en 45; y el tercero, en 25. Por islas, los PMM de Lanzarote concentraron 52 referencias al lenguaje de la sostenibilidad, seguidos de Tenerife, con 42; Fuerteventura, con 22; y Gran Canaria, con 13. Según el estudio, estos términos se emplean para otorgar legitimidad institucional y proyectar una imagen de modernidad, pero también para evitar deliberadamente conceptos como “límite”, “capacidad de carga”, “cuota máxima” o “sanción”.

Otro de los hallazgos relevantes fue el punto de inflexión que supuso la Ley 2/2013, de renovación y modernización turística de Canarias. El artículo 30 de esa norma exige expresamente “la justificación de la sostenibilidad en las actuaciones”. Los cuatro PMM aprobados antes de su entrada en vigor acumularon 20 menciones a la sostenibilidad, frente a las 109 registradas en los nueve posteriores. El incremento fue del 445%.

Los autores cruzaron además esas cifras con indicadores reales de saturación turística para comprobar si los planes más sostenibles sobre el papel se correspondían con territorios menos presionados por la actividad turística.

El análisis permitió identificar tres patrones diferenciados. Por un lado, áreas como Adeje, con una altísima saturación (150 plazas turísticas por hectárea), que al mismo tiempo concentran el mayor número de referencias a la sostenibilidad en sus PMM. Por otro, destinos también muy saturados cuyos planes prescinden por completo de ese discurso, como Costa San Miguel, Puerto Santiago o Costa de Mogán. Y, por último, un tercer grupo más coherente, representado por Corralejo y Morro Jable, que presenta, en palabras de los autores, “una baja sofisticación discursiva con densidades moderadas”.

Los autores concluyen que los PMM constituyen “un caso paradigmático de cómo se puede asumir un lenguaje crítico vinculado con la sostenibilidad, haciéndolo funcionar como una herramienta sofisticada de legitimación de determinadas decisiones e intereses”. Ello demuestra, continúan, que “la sostenibilidad funciona más como un símbolo que como un paradigma transformador de regeneración de tales espacios urbanos-turísticos”.