El plan estrella del Gobierno de Canarias (Coalición Canaria-Partido Popular) para movilizar vivienda vacía solo prevé recuperar cien casas en dos años con una inversión de un millón de euros, lo que significaría incorporar al mercado menos del 0,05% de casas sin habitar que estimó el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el Archipiélago hace cinco años, cifrado en un total de 211.000 inmuebles.

El Ejecutivo ha acordado externalizar la tarea de sacar al mercado esos pisos a través de una licitación gestionada por la empresa canaria de vivienda social, Visocan. El contrato está valorado en un millón de euros para dos años con posibilidad de prórroga para otros dos, elevando el coste a 1,86 millones.

Los pliegos del procedimiento revelan cómo es su estructura económica: el personal a contratar, con un coste de 235.000 euros; la publicidad de la campaña (30.000 euros); el arrendamiento de una oficina (17.000 euros); la elaboración de un censo real de vivienda vacía (90.000); los gastos generales (100.000 euros) y el beneficio industrial (166.000).

La parte más cuantiosa de la licitación, sin embargo, es la que reserva 238.000 euros para el seguro de garantía de cobro de la renta. Esta es la partida más relevante del contrato porque es la que ofrece a los propietarios dispuestos a poner en alquiler sus viviendas vacías un seguro contra impagos.

El mecanismo funciona de la siguiente manera: por cada vivienda vacía incorporada al mercado, la adjudicataria paga a una aseguradora el 6% de la renta anual estimada de esa casa, unos 720 euros (o sea, un alquiler de 1.000 euros al mes de media). Esa póliza se extiende durante tres años, lo que eleva el dispendio total a 2.160 euros. Y si en lugar de una fueran cien, el gasto total ascendería hasta los 216.000 euros.

El Ejecutivo regional ha elevado esa cifra final hasta los 238.000 por si hubiera rentas superiores o distintas variaciones. También prevé modificaciones contractuales si “el número de viviendas incorporadas” excede “de forma relevante las previsiones iniciales”, siempre y cuando “exista cobertura presupuestaria suficiente”, es decir, que el Gobierno apruebe más fondos.

Los documentos detallan que los inquilinos interesados en participar en el plan deberán estar “con carácter general” inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda Canarias o en el instrumento que determine Visocan, así como acreditar “ingresos regulares, suficientes y verificables”. Los propietarios también deberán cumplir una serie de requisitos básicos, como que los domicilios reúnan “condiciones de habitabilidad, seguridad, salubridad y dignidad estética suficientes”, y que las rentas estén “por debajo del precio de mercado libre”.

Este es el primer plan de vivienda vacía de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad liderada por Pablo Rodríguez (CC). El Gobierno ha tardado dos años y medios en iniciar su puesta a punto (pese a anunciarlo en repetidas ocasiones) porque “se ha estado trabajando en la fórmula” para desplegarlo y “ha llevado algo de tiempo buscar garantías”, señalan fuentes de la cartera dirigida por Rodríguez.

La oposición no ha tardado en criticar la actuación. La diputada de Nueva Canarias Carmen Hernández ha asegurado que la iniciativa llega “tarde, mal y está condenada al fracaso”. Y ha señalado que se trata de una “copia sin ambición” de un programa que presentó su formación política en junio de 2024 y que su dotación económica es “absolutamente insuficiente”.

Hernández ha alertado de la falta de un sistema para cofinanciar los alquileres y adaptarlos a la renta del inquilino, poniendo como ejemplo que, si un propietario alquila su casa por 700 euros y la familia solo puede asumir menos, la administración debería cubrir la diferencia, como hace Baleares. También ha rechazado la externalización del procedimiento y su duración. Cree que en lugar de dos años (con posibilidad de cuatro), tendría que durar entre ocho y diez.

“Lo ponen al final [de su mandato] para que no se les culpe. La legislatura finalizará sin que termine el programa y CC y PP volverán a eludir sus responsabilidades, como lo han hecho con la nefasta gestión [de los presupuestos]”, criticó la diputada canarista.

El Ejecutivo regional en la anterior legislatura, el del Pacto de las Flores (PSOE, Nueva Canarias, Podemos y ASG), también aprobó un programa de vivienda vacía valorado en 3,4 millones hasta 2025 que fue un fracaso. A fecha de julio de 2023, se habían ofrecido un total de 85 casas, pero solo una había sido incorporada al mercado. Seis expedientes se encontraban en trámite y los otros 77 habían sido archivados “por diversos motivos”, según un informe de la Diputación del Común.

Rodríguez mencionó en una comisión parlamentaria en octubre del año pasado que otros programas similares impulsados a principios de siglo sí funcionaron “de manera extraordinaria” y que hubo “cientos, por no decir miles” de inmuebles que se movilizaron.

El Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), por su parte, ha recuperado 541 viviendas públicas desde 2015, según una resolución obtenida por Canarias Ahora a través del Portal de Transparencia. Pero ese caso es distinto. Esos inmuebles habían quedado vacíos como consecuencia del fallecimiento o renuncia de los adjudicatarios.

“No es una cuestión de fondos, es una cuestión de cómo generamos un mecanismo que dé garantías. Porque la imagen que tiene la ciudadanía (o parte de los propietarios) es que es inseguro poner sus viviendas en el mercado”, indicó Rodríguez.

Fuentes del Gobierno han insistido en el mantra de que la Ley de Vivienda estatal “no ha ayudado” a ello. El primer informe del Observatorio Canario de la Vivienda (OBVIA) destacó de hecho que “la principal razón” por la que muchas casas se han quedado vacías en las Islas es la “inseguridad jurídica que sienten los propietarios” al quedar sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos que, a su juicio, “deja desamparados a los propietarios en casos como la ‘okupación’ o la ‘inkiocupación”.

Esa es una conclusión del OBVIA, un observatorio creado por la empresa pública de vivienda social en Canarias. No aporta datos para sustentarla. En 2024, no obstante, apenas hubo 663 denuncias por ocupación ilegal en el Archipiélago, es decir, un 0,06% del parque total de casas.

Otro encargo relevante de la Consejería es la elaboración de un estudio sobre el dato real de viviendas vacías en Canarias. El Ejecutivo considera que la estimación del INE, de 211.000 inmuebles sin habitar, sobredimensiona la realidad ya que se calculó basándose “exclusivamente en el análisis del consumo eléctrico registrado durante el año 2020”, un enfoque con “limitaciones importantes”.

El Gobierno ha pedido ahora que, en lugar de fijarse solo en la luz, la metodología de la investigación se base también en el análisis y cruce de datos de consumo de agua con el padrón de habitantes “en la medida en que esas cifras resulten disponibles, accesibles y utilizables”. El propio OBVIA ha advertido de que “muchos de los datos requeridos están protegidos por la legislación vigente”.

El Ejecutivo considera que, de la estimación del INE, solo entre el 33 y 37% de esas viviendas están realmente vacías.

Este marzo ha sido el más húmedo de Canarias desde el inicio de la serie histórica en 1961, según el balance climático de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Llovió mucho y en toda la comunidad autónoma. Una media de 144,6 litros por cada metro cuadrado (m2). O lo que es lo mismo: 4,5 veces más que el promedio natural de ese mes.

Sin embargo, no hay que dejarse engañar por las precipitaciones recientes. Las tendencias climáticas revelan que el balance hídrico natural del Archipiélago (es decir, la diferencia entre el agua de lluvia que entra y la que se evapora desde el suelo y las plantas hacia la atmósfera a causa del calor) está agotándose. Y un estudio de alta resolución publicado en la revista ‘Environmental Monitoring and Assessment’ alerta de que esto puede ir a peor, con islas perdiendo por completo (o casi por completo) sus reservas de agua dulce para finales de siglo si la crisis climática se acentúa.

“Las lluvias puntuales, por intensas que sean, no revierten una tendencia de sequía estructural. Un episodio húmedo como el que hemos tenido recarga parcialmente algunos acuíferos, sobre todo en cotas medias y altas. Pero el problema es más sutil (y más preocupante). El balance neto tiende a empeorar porque cada vez una mayor parte del agua disponible se pierde por efecto del calor. Aunque haya inviernos buenos, eso no compensa necesariamente varios años secos encadenados”, explica Juan Carlos Santamarta, investigador en la Universidad de La Laguna (ULL) y primer autor del estudio.

La publicación empleó una novedosa metodología denominada SICMA Canarias (premiada a nivel internacional este mismo año) que integra múltiples variables climáticas con la diversa realidad territorial del Archipiélago para estimar en pequeñas cuadrículas de 100 x 100 metros la evolución del balance hídrico. Esto es especialmente relevante porque permite captar el impacto de los microclimas y de la compleja orografía de las Islas. De lo contrario, las proyecciones se harían con brocha gorda y sin entrar en detalle.

Los firmantes del trabajo utilizaron como referencia el periodo entre 1985 y 2014 para luego predecir cómo evolucionarán las reservas naturales de agua en tres horizontes temporales: corto plazo (2021-2050), medio plazo (2041-2070) y largo plazo (2071-2100). Y siempre según dos escenarios climáticos posibles: moderado, en el que solo habría una rebaja significativa a partir de 2050 de las emisiones causantes de la crisis climática; y pesimista, un mundo en el que directamente no habría políticas para frenar el calentamiento global.

Los resultados, como era de esperar, son desalentadores. La tendencia de pérdida de agua natural es generalizada en ambos escenarios. Pero la diferencia entre uno y otro es también la diferencia entre una isla sin reservas naturales o al límite y una con pocas fuentes, aunque sin llegar a la depleción total.

El balance hídrico en Gran Canaria muestra que solo quedan pequeñas cantidades de agua en las regiones montañosas del norte y en el centro, con apenas 100 milímetros (mm). Si se cumple el escenario climático más desfavorable, esas reservas desaparecerían a finales de siglo; en un escenario menos extremo, se mantendrían en niveles muy bajos. En Tenerife, por su parte, el norte conserva bolsas de agua que alcanzan valores máximos de 200 mm y que, en el peor de los casos, podrían reducirse en torno a un 50%

En las islas más orientales, Fuerteventura y Lanzarote, el balance ya es nulo, por lo que cualquier agravamiento de las condiciones, por pequeño que sea, incrementaría aún más el estrés hídrico. Entre las islas verdes, la más afectada sería El Hierro, con una reducción de sus reservas de hasta el 75% (lo que supone una pérdida de hasta 150 mm) si el cambio climático se intensifica. En La Gomera, con una media anual de 100 mm, las proyecciones apuntan a una disminución “parcial o casi total” en ese mismo escenario. Y en La Palma, aunque los modelos estiman un ligero aumento de la disponibilidad de agua a corto y medio plazo, también prevén un declive progresivo hacia 2100 si continúa el aumento de las temperaturas.

La escasez de precipitaciones tendría mucho que ver. Pero si hay algo capaz de definir este futuro es el previsible incremento de la demanda evaporativa de la atmósfera. Esa es la señal “más clara y robusta” hasta el momento, ya que “está ligada directamente a la temperatura y la radiación, y sobre la temperatura hay muy poca duda: sube, y seguirá subiendo”, incide Santamarta.

Con las lluvias, continúa, hay más incertidumbre. Todo apunta a que serán “estables o a la baja, raramente al alza”. Pero el diagnóstico es simple: “Aunque lloviera lo mismo que hoy, el balance seguiría empeorando porque la demanda atmosférica de agua es mayor. Esa es la señal que más debería preocupar: no necesitamos que llueva menos para tener más estrés hídrico, basta con que haga más calor”, remacha el investigador.

Santamarta matiza que el estudio evalúa la precipitación medida en pluviómetros convencionales, esto es, la lluvia vertical. No incorpora la horizontal, que es el agua captada por la vegetación de las medianías de barlovento (como la laurisilva o el pinar canario) procedente del mar de nubes. En esas franjas de terreno, el balance hídrico “es algo más favorable” de lo que muestran las estimaciones de la publicación, aclara el experto, quien advierte de que ese “colchón” también puede verse afectado por la crisis climática.

El calentamiento global explica gran parte del raquítico ciclo del agua en Canarias. Pero no todo, enfatiza el primer autor del estudio. “Sería demasiado cómodo pensarlo así. Está la presión demográfica y turística [cuya industria consume el 12% de la demanda total solo en Gran Canaria]. Está la agricultura, que sigue siendo uno de los principales consumidores [acaparando casi el 50%]. Hay pérdidas significativas en algunas redes de distribución. Y, por supuesto, arrastramos décadas de sobreexplotación de acuíferos en varias islas, con descensos piezométricos y procesos de salinización de captaciones bien documentados”.

Santamarta reconoce la desalinización de agua de mar como “uno de los pilares del suministro en Canarias”. Remarca que ha aliviado la presión sobre acuíferos que estaban en sus últimas y de los que dependen ecosistemas enteros, como la vegetación ligada a barrancos y nacientes. Así que “la cuestión”, a su juicio, no es si usar desaladoras o no, sino qué tipo de energía las impulsa. “Si se acoplan a renovables, es una herramienta clave para la adaptación climática; si dependen de combustibles fósiles, su propia huella alimenta el problema que intenta resolver”.

En su opinión, eso sí, sería un error verlas como “una especie de cheque en blanco para seguir aumentando el consumo indefinidamente”. Porque “todo tiene un coste económico”. Y cuando una sociedad depende casi por completo de agua producida de manera industrial, “alguien termina asumiendo esa factura, normalmente el consumidor doméstico o el agricultor pequeño”, señala.

“La tecnología es necesaria, pero sin gestión de la demanda, pagar el agua a precio real, reducir pérdidas, ajustar qué cultivos tienen sentido en cada isla o planificar el turismo, no vamos a ninguna parte. La solución no es más oferta, es oferta sostenible más demanda racional. La tecnología amplía el margen de maniobra. No elimina los límites físicos del territorio. Creer lo contrario es, honestamente, bastante arriesgado”, reflexiona Santamarta.

Algunas propuestas planteadas por el investigador (en el sector turístico): a nivel operativo, grifos y duchas de bajo caudal, inodoros de doble descarga, detección automática de fugas, gestión inteligente del riego en jardines hoteleros con especies adaptadas de poco consumo; a nivel intermedio, reutilización de aguas grises para riego y cisternas, circuitos cerrados en lavandería, tratamiento y reutilización del agua de piscinas; y a nivel estructural, “que es el que de verdad cambia las cifras”, planificación turística “que limite la implantación de nuevos grandes consumidores de agua en islas con balance ya negativo” e “incorporación obligatoria de estándares de ecoeficiencia hídrica en la licencia de apertura, no solo como recomendación”.

Una encuesta del Observatorio de Transición Justa encontró que la sequía y la disminución de recursos hídricos son el segundo efecto del cambio climático que más percibe la población canaria (40,5%), solo por detrás del aumento de las temperaturas (50,9%). Santamarta cree que su impacto se siente “de forma más directa” porque “el agua falta en el grifo, sube en la factura, condiciona el riego, afecta al paisaje… no es una amenaza abstracta ni lejana”. Que encabece la preocupación refleja, añade, “un diagnóstico bastante certero de dónde aprieta el cambio climático en Canarias”.

El Gobierno de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) continúa sin sacar adelante la oficina de acción climática, la principal herramienta pública para combatir el calentamiento global en el Archipiélago, a pesar de ser obligatoria desde finales de 2024, cuando concluyó el plazo legal para su aprobación.

Fuentes de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, dirigida por Mariano Zapata, del PP, aseguran que se está realizando ahora un “análisis técnico y organizativo de sus funciones, cargas administrativas y necesidades de personal” para que la agencia nazca “proporcionada y plenamente adaptada a las competencias que deberá asumir”.

El retraso en la puesta a punto del órgano, no obstante, está lastrando sobremanera la lucha contra el cambio climático en las Islas. El Ejecutivo regional tiene pensado centralizar en él las acciones de mitigación y adaptación; la elaboración del Plan Canario de Adaptación Climática; la supervisión de los planes de empresas y organismos públicos ante el aumento de las temperaturas; los inventarios de emisiones de gases contaminantes e incluso la gestión del registro de la huella de carbono.

Pero después de haberse marcado diciembre de 2024 como límite legal para dar forma a la oficina, el departamento que lidera Zapata sigue estudiando cómo crearla para “dotarla de una estructura eficaz y ajustada a sus funciones”. Los efectos provocados por un planeta cada vez más caliente, sin embargo, no cesan.

“Conociendo el escenario climático de Canarias, con los múltiples impactos que tenemos (y que tendremos), esto hay que resolverlo de forma urgente porque la oficina forma parte de una cadena administrativa en la que el primer eslabón todavía no está conectado”, apunta Ezequiel Navío, naturalista y presidente de la Asociación para el Desarrollo de Acciones Climáticas Insulares (ADACIS).

“No es una cuestión solo de una consejería, sino un compromiso de Gobierno. Su ausencia pone en peligro que cualquier otro ejecutivo futuro no crea en la crisis climática y por tanto frene todo el esfuerzo hecho desde la ciencia y los propios técnicos de la administración”, agrega Aridane González, presidente del comité de personas expertas para el estudio del cambio climático en las Islas e investigador en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

El vacío de la agencia se nota, por ejemplo, en la gestión de los fondos europeos de reconstrucción, los conocidos como Next Generation. La ley canaria de cambio climático establece que será ella la encargada de armonizar y canalizar todo los recursos, subvenciones y ayudas orientadas a la transición energética. Pero está paralizada. Así que gran parte del peso ha recaído en el personal técnico de la Viceconsejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía. Personal que, en estos momentos, está completamente desbordado, “con la lengua afuera y sin dar abasto”, lamenta Navío.

El Ejecutivo autonómico busca a la desesperada una prórroga para extender las prestaciones hasta al menos 2028. Ha reconocido que, en caso de no lograrla, 51 millones en prestaciones para instalar parques eólicos, fotovoltaicas o fomentar el autoconsumo se irán por un sumidero.

Otro efecto secundario es la falta de referencias para los cabildos en la elaboración de sus planes de acción climática. La oficina es el órgano encargado de redactar el Plan Canario de Acción Climática, un documento regional que sirve de base para los planes insulares. Si este no ha sido aprobado, los demás tampoco pueden avanzar debido a la ausencia de directrices.

Y una tercera consecuencia (aunque no menos importante): la nula coordinación entre las instituciones. Un estudio publicado hace unos meses sobre “la red de gobernanza” en Canarias para combatir la subida del nivel del mar encontró múltiples ejemplos que evidencian el caos entre administraciones, con entidades actuando por su cuenta ante la falta de una agencia común.

La investigación mencionó dos casos muy concretos: la gestión de las Dunas de Maspalomas, que tiene por un lado al Cabildo de Gran Canaria intentando estabilizar el ecosistema mediante proyectos científicos y, por otro, al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, “criticado por utilizar tractores y excavadores para allanar la arena con fines turísticos”.

Así como la aprobación por “error” del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de un proyecto de acción climática promovido por el Gobierno regional a pesar de que el Consistorio capitalino nunca recibió el documento técnico de la iniciativa ni fue invitado para colaborar en su elaboración.

“Todas las medidas de adaptación (nivel del mar, olas de calor, etc.) deben estar centralizadas en esta oficina. El inventario de emisiones, los mercados de carbono, la compensación directa e indirecta…”, reflexiona González, uno de los autores de la publicación, difundida en la revista científica Ocean and Society.

“La agencia es importante para poder desarrollar todas las competencias que marca la ley, pero especialmente para dotar de recursos humanos a la acción climática. No hay otra materia tan transversal como esta”, agrega el experto.

La oficina canaria de acción climática contará en principio con 25 trabajadores, según una respuesta por escrito de la Consejería de Transición Ecológica y Energía a una pregunta de la diputada socialista Lucía Fuentes. En ese texto, el Ejecutivo reconoce que “ha incumplido el plazo legal” para la constitución del órgano. Y explica que su creación depende de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la cartera dirigida por Zapata.

Esa reforma estaba a la espera de otra modificación, en este caso del Reglamento Orgánico de la Consejería, aprobada en febrero de este año. De modo que ese obstáculo burocrático ha desaparecido. El Gobierno insiste igualmente en que el “trabajo previo” de la futura agencia permitirá “articularla de forma coherente con los principios de buena administración, y no como una mera previsión formal”.

La última actualización de la RPT de la Consejería, en abril de 2025, indica que, de 345 puestos de trabajo, 83 permanecen vacantes. Entre ellos se encuentran cargos tan relevantes como los encargados del análisis y estudio de proyectos, la elaboración de propuestas técnicas sobre autorizaciones ambientales, el desarrollo de planes de especies amenazadas o la vigilancia del régimen legal de protección de parques nacionales.

La jueza del juzgado de instrucción número uno de Arona ha rechazado la petición del Ayuntamiento de Adeje de apartar al perito designado para investigar la pequeña parte de las obras del polémico proyecto turístico Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje (sur de Tenerife), que fueron paralizadas de manera cautelar la semana pasada.

En un auto firmado el 9 de abril, la magistrada Sandra Peraza ha desestimado el recurso de reforma del Consistorio contra el nombramiento del ingeniero Juan Jesús Cabrera por el supuesto “silencio” en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para designar a un perito judicial.

La Corporación liderada por José Miguel Rodríguez Fraga (PSOE) consideraba que esa normativa no especificaba el procedimiento para ello y que, por tanto, se debería de aplicar la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Sin embargo, la jueza ha rechazado el recurso defendiendo que la designación del perito se llevó a cabo “conforme al cauce habitual en el procedimiento penal”. Y que solo acudiría a la vía civil “de forma supletoria, cuando fuere necesario”. La resolución no es firme y contra la misma cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge en su artículo 456 que es el juez (la magistrada Sandra Peraza en este caso) quien demanda la elaboración de un informe pericial si “fuesen necesarios o convenientes conocimientos científicos o artísticos” para investigar unos hechos. En la disposición 458, señala literalmente que “el juez se valdrá de peritos titulares [los que tienen titulación oficial] con preferencia a los que no tuviesen título”. El artículo 356, que regula cómo deben hacerse los análisis químicos que sean necesarios durante la investigación de un delito, también dice que “los jueces de instrucción designarán […] los peritos que han de hacer el análisis de las sustancias…”.

Adeje buscaba anular el nombramiento del perito en esta causa penal, que investiga la comisión de hasta cinco presuntos delitos cometidos durante la tramitación de la polémica urbanización turística, para que su designación siguiera los pasos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Esa normativa establece que, cada mes de enero, los colegios profesionales enviarán a los juzgados listados de profesionales dispuestos a actuar como peritos. La primera elección será por sorteo y, a partir de ahí, por orden.

Pero la jueza ha rechazado la petición del Consistorio y ha recordado además que el ingeniero Cabrera “no incurre en causa de recusación”, es decir, no cumple con ninguno de los motivos que permitirían apartarlo de la causa. Estos son: tener relación de parentesco de consanguinidad o de afinidad dentro del cuarto grado con las partes; tener un interés directo o indirecto en el propio procedimiento; o tener una amistad íntima o manifiesta con los implicados.

Será él quien investigue si las actuaciones de Cuna del Alma en la zona de servidumbre de protección del litoral, que incluyen un restaurante, una piscina descubierta y un parquin para buggies, son legales o no.

La Ley de Costas restringe de manera muy clara los usos en esta pequeña franja de terreno de cien metros tierra adentro, pues debe quedar liberada para el paso público peatonal y la circulación de vehículos de vigilancia y salvamento. En ella solo se permiten obras, instalaciones o actividades que, por su naturaleza, no puedan ubicarse en otro lugar o den servicios “convenientes” para la costa.

La Fiscalía concluyó después de estudiar el expediente íntegro de la actuación de Cuna del Alma en ese espacio, autorizado por el Gobierno de Canarias porque le viene bien al turismo, que precisamente esas instalaciones pueden tener otra localización “fuera” de la zona de servidumbre y que “no prestan un servicio necesario o conveniente” para la costa.

El Ministerio Público pidió paralizar los trabajos y solicitó una “pericial independiente” de los mismos para dirimir si cumplen con la normativa. La jueza accedió a ambos puntos.

En el auto de suspensión cautelar de las obras, la magistrada también reprochó a la promotora de Cuna del Alma, Segunda Casa Adeje SL, que su justificación para instalar muros de contención de más de tres metros de altura en el área (lo cual “contravendría” el Reglamento General de Costas) es “muy escueta”.

Los planes de Segunda Casa Adeje en esta franja del litoral conforman una pequeñísima parte del total de la urbanización de lujo que proyectan en el Puertito de Adeje. En concreto, solo 2.394 metros cuadrados de una parcela, la T2, cuya extensión total abarca 45.000 m2. La iniciativa en su conjunto, no obstante, tiene 430.000 m2.

Un informe pericial presentado por la acusación popular, la Asociación Cultural Social Ecologista Puertito Libre, estima que dos tercios del Puertito ya se han visto afectados por las obras.

El Cabildo de Tenerife gasta unos 4.000 euros de media al día para vender su gestión de los espacios naturales, promocionar la tasa del Teide (que solo afecta a dos de los 41 senderos del Parque Nacional) o colocar en medios de comunicación el proyecto Constelación Canaria de Satélites.

En total, 359.105 euros en publicidad institucional en lo que va de año repartidos entre 42 adjudicatarios a lo que hay que sumar el polémico Día de Tenerife, para el que se anunció inicialmente un desembolso de 48.000 euros que luego la Corporación liderada por Rosa Dávila, de Coalición Canaria (CC), elevó a 70.000.

“Anunciar no es actuar. Ustedes anuncian mucho, pero actúan poco”, le reprochó el consejero Aarón Afonso (PSOE) a Dávila. “Y esa ha sido la tónica de estos tres años de mandato. Porque defender lo público en el Teide es un tema menor, pero ir a hacerse un publirreportaje sobre cómo se construyen las guaguas de dos pisos que llegan a Tenerife… eso es portada en todos los periódicos a nivel nacional”.

El dispendio del Cabildo tinerfeño puede dividirse en 23 tipos de campaña diferentes. La de mayor inversión hasta ahora es la que tiene que ver con el medio ambiente y los espacios naturales. La Corporación de Dávila ha destinado 54.000 euros a divulgar las medidas de prevención y seguridad en estos lugares o informar sobre su “gestión responsable” del territorio pese a las numerosas críticas de grupos ecologistas y sociales.

En segunda posición, con 48.000 euros, se sitúa la promoción de la tasa del Teide, denominada como “ecotasa” por la Administración insular a pesar de que solo se aplica en dos de los 41 senderos del Parque Nacional, los de Telesforo Bravo y Montaña Blanca, afectando a menos del 5% de los visitantes. “No es una ecotasa. Es maquillaje político. La masificación sigue, pero el relato ya está vendido”, ha señalado la organización ATAN en redes sociales.

La tercera partida, con 45.900 euros, tiene que ver con la difusión de renovación de la flota de TITSA, la empresa encargada del transporte público por carretera en la isla. Este gasto incluye un contrato de hasta 14.000 euros para la producción de piezas documentales sobre las nuevas guaguas de dos pisos incorporadas recientemente.

Entre otros desembolsos también destacan los 23.500 euros para promocionar el proyecto Constelación Canaria de Satélites, los 15.000 euros destinados al patrocinio del acto de inauguración del Hotel Taoro (el primer gran hotel de lujo de España), que reabrió sus puertas este curso tras medio siglo cerrado, o los también 15.000 euros para la elaboración de vídeos sobre la construcción de un telepuerto de comunicaciones satelitales.

El principal medio del Cabildo de Tenerife para publicar sus campañas es el periódico El Día, con 42.249 euros. Le siguen la agencia Arco Comunicación, con 28.600 euros, y Santiago Iglesias Arozena, con 26.000 euros. Sorprenden los 16.000 euros destinados a la empresa Unidad Editorial, editora del periódico nacional El Mundo, para divulgar sobre la tasa del Teide, así como actuaciones en materia de transformación, seguridad y sostenibilidad.

El PSOE de Tenerife ha denunciado el “gasto obsceno en propaganda” por parte de la presidenta insular, Rosa Dávila (CC), mientras la vida se encarece como consecuencia de la crisis internacional. “No se puede pedir más esfuerzo a las familias mientras el Cabildo mira hacia otro lado ante la subida del coste de la vida y dedica cantidades obscenas a propaganda y autobombo”, ha señalado su secretaria general, Tamara Raya.

“Lo que no puede haber es silencio institucional ante los problemas reales y barra libre para la propaganda”, ha agregado Raya.

Para el PSOE de Tenerife, el “modelo de Rosa Dávila” es el de “propaganda para ella, pero ninguna respuesta real para la gente que peor lo está pasando”. Y pone como ejemplos decisiones “tan frívolas como destinar más de 72.000 euros al llamado Día de Tenerife o pagar 1.300 euros del bolsillo de la ciudadanía para que salga en un podcast”.

La formación socialista ha anunciado que ha forzado la celebración de un pleno extraordinario en el Cabildo insular para abordar las medidas que “debe” adoptar la Corporación insular ante la subida de precios, empezando en su opinión por la supresión del céntimo por litro aprobado este año.

Santiago González, de 49 años, atiende al teléfono en uno de sus primeros días de descanso desde que comenzó la campaña del atún rojo, a finales de enero. Es pescador artesanal en el norte de Lanzarote, donde se encuentra la mayor reserva marina de España con una extensión de 70.700 hectáreas.

Dice que por fin está aliviado, que lleva muchas jornadas durmiendo solo tres horas para “coger la carne”, descargar y continuar faenando. Es su vocación. Lleva doce años dedicándose solo a esto. Pescar atún rojo no es su principal labor. De hecho, tiene una pequeña cuota (entre cinco y seis ejemplares). Pero le encanta. A pesar del ritmo infernal, lo vive como unas “vacaciones”.

Hace unos años, González y otros trabajadores del sector pesquero artesanal del norte de Lanzarote acudieron a la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias para comunicar un descenso muy notorio en sus capturas. Pasaron de registrar picos de más de 400 toneladas entre 2018 y 2020 a apenas 210 toneladas en 2023, una caída del 48% que afectó sobre todo a la merluza, el alfonsino, la brótola o el bocinegro.

Tanto él como sus compañeros estaban convencidos de que los tiburones eran los culpables. Ellos practican lo que se conoce como pesquería del alto, una modalidad de pesca artesanal en aguas profundas que se desarrolla entre los 200 y 800 metros y se realiza en zonas complejas del lecho marino, como laderas o montes submarinos.

La técnica es la siguiente: calan el anzuelo y emplean líneas de mano tradicionales o carretes eléctricos para subir el pez a la superficie. Es durante ese ascenso cuando los escualos interceptan el pescado enganchado, según denunciaban los pescadores.

“En cuanto parabas un pescado, se te echaba encima enseguida”, lamenta González sobre el tiburón mako, un tiburón “súper malo” y “oportunista” en su opinión que “se mete en todos lados” y “muerde sin hambre”. “Desde que echo dos o tres lances y saco varios pescados, se ponen debajo y no me dejan hacer nada”, agrega. Algunos trabajadores llegaron a estimar que estos encuentros con tiburones habían provocado descensos en las capturas de hasta el 80%. La conclusión para ellos era clara.

La Dirección General de Pesca del Ejecutivo regional trasladó la preocupación a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) para investigar si, efectivamente, esto era cierto. Investigadores del Instituto Universitario ECOAQUA subieron a bordo de embarcaciones de la flota artesanal con base en los puertos de Caleta de Sebo (La Graciosa) y Órzola (norte de Lanzarote) entre julio de 2022 y junio de 2023 para evaluar 317 lances de pesca. El resultado de estos encuentros con tiburones fue anecdótico: solo registraron dos casos claros de depredación por su parte.

La caída en las capturas no se debía entonces a los tiburones, sino a algo más. Los científicos recopilaron, por un lado, los datos históricos de desembarcos de pesca desde 2006 hasta 2023 y, por otro, tomaron las cifras climáticas del mismo periodo asociadas a un patrón atmosférico, la Oscilación del Atlántico Norte (NAO, en sus siglas en inglés), que mide la diferencia de presión atmosférica entre el anticiclón de las Azores (alta presión) y el centro de bajas presiones de Islandia.

Uno de los integrantes de ECOAQUA, el biólogo José Juan Castro, “ya llevaba muchos años” investigando la correlación entre este fenómeno climático y su impacto en las especies marinas, señala David Jiménez-Alvarado, también investigador en la ULPGC, por lo que la hipótesis estuvo presente desde el inicio. Analizaron también otras variables, como ‘El Niño’, la temperatura del océano o la acidificación. Pero con la NAO encontraron una correlación que encajó “perfectamente” con la serie histórica de capturas.

La NAO funciona como un interruptor natural que modula la fuerza de los vientos en el Atlántico. Es un patrón “clave” que regula el tiempo invernal en Europa, el Mediterráneo y el este de Norteamérica, explica María Dolores Pérez, investigadora en el instituto IOCAG de la ULPGC. En su fase positiva, intensifica los alisios, incrementa el afloramiento sahariano y enfría las aguas superficiales. En su fase negativa, los alisios se debilitan y la temperatura del agua tiende a aumentar, generando un entorno más cálido.

Los análisis estadísticos llevados a cabo por los investigadores de ECOAQUA revelaron que existe una fuerte correlación entre las variaciones de la NAO y las capturas en el sector pesquero artesanal del norte de Lanzarote, con un pequeño desfase de entre 8 y 18 meses, el tiempo que tardan en crecer (o no) las larvas de los peces.

La NAO negativa entre 2014 y 2017 favoreció un ‘boom’ excepcional de múltiples especies. Pero la entrada de una fase positiva justo después coincidió con las marcadas caídas en las descargas a partir de 2021, que devolvieron los registros a niveles previos a la bonanza pesquera (poco menos de 250 toneladas anuales).

Los hallazgos han sido divulgados recientemente en un estudio publicado en la revista científica ‘Marine Environmental Research’. La publicación incluye también los resultados de una encuesta a 26 pescadores artesanales que revela que el 30% de ellos culpó directamente a la depredación de los tiburones de la reducción de sus capturas, mientras que solo un 7,7% atribuyó la caída a la sobrepesca.

“Imagina que tienes una tendencia de 100 toneladas de capturas anuales, pero llega una época en la que pasas a tener 500 y, después, a los dos o tres años, vuelves a los 100. Para ellos [los pescadores artesanales], esa caída ha sido un drama”, apunta Jiménez-Alvarado, primer autor de la investigación. “Como en esos años estaban pescando tanto, que los tiburones les quitaran alguna captura les daba igual. Ahora que han empezado a pescar menos, esa interacción les canta todavía más”.

En este caso, además, el efecto sobre el ecosistema es particular. Una NAO positiva suele ser buena noticia para el sector pesquero: el aumento del viento favorece el ascenso de aguas profundas ricas en nutrientes y oxígeno, lo que incrementa la presencia de peces. Sin embargo, este proceso enfría la capa más superficial del océano, especialmente en las costas de Fuerteventura y Lanzarote.

Las especies profundas que se pescan en el norte de la isla conejera, como la merluza, el alfonsino o la brótola, se vieron favorecidas por las aguas más cálidas durante los años de NAO negativa. Les benefició el calor. Pero cuando la NAO cambió a su fase positiva y el agua se enfrió, sus larvas comenzaron a tenerlo mucho más difícil para sobrevivir.

“La temperatura del agua condiciona la vida de los peces, desde la supervivencia de las larvas hasta la reproducción, el crecimiento y la longevidad. Dependiendo de las especies, puede producir una mayor supervivencia de las larvas (o menor) y, por tanto, condicionar el número de peces adultos que habrá años más tarde. Pero el sistema funciona de manera diferente para cada una de ellas. A las especies tropicales, como la vieja, el agua caliente les favorece. Pero a otras más boreales, como la caballa, les produce una mayor mortalidad”, explica Castro.

Las proyecciones climáticas del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, en sus siglas en inglés) sugieren que la NAO tenderá a ser cada vez más positiva si los humanos continuamos emitiendo gases de efecto invernadero. Esto implica que los extremos invernales positivos de la NAO serán hasta un 35% más comunes en el futuro y que en los veranos también habrá más extremos, tanto positivos como negativos, indica Dolores Pérez.

Cómo afectará eso a los peces, no obstante, es otra cuestión. “Es muy difícil de saber. No solo influye la temperatura, sino también la situación de partida. La sobrepesca en Lanzarote es muy intensa y eso ya pone el listón muy bajo. Si las poblaciones están muy mermadas, incluso una situación ambiental favorable no consigue recuperarlas. Eso lo hemos visto con el pulpo, una especie que responde rápido a los cambios y que, teóricamente tiene gran resiliencia. Con los peces, la situación es más compleja”, responde Castro.

El trabajo académico que ha firmado junto con otros colegas científicos concluye que las herramientas de gestión pesquera tradicionales ya no son suficientes frente a la variabilidad climática. Y recomienda integrar índices como la NAO para crear “sistemas de alerta temprana basados en las previsiones climáticas”. Eso ayudaría a los pescadores a “anticipar periodos de baja productividad y ajustar sus estrategias de pesca”.

Ante un océano cambiante, si “algo pasa de repente (…) tenemos que estar preparados para saber el porqué”, remacha Jiménez-Alvarado.

El Gobierno de Canarias, conformado por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), corre el riesgo de perder hasta 15 millones de euros por dejar caducar multas medioambientales. Y según ha contestado vía transparencia a Canarias Ahora, buscar el nombre de las empresas que cometieron esas infracciones sería una labor tan extraordinaria que paralizaría por completo la actividad del departamento público que las denunció, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN).

En una contestación a una solicitud de información pública presentada por este periódico, la ACPMN ha rechazado revelar los nombres de las compañías infractoras escudándose en que cuenta con un programa informático obsoleto que no ha digitalizado los listados de los procedimientos sancionadores y que tendría que realizar un “análisis administrativo expediente a expediente” a partir de la documentación física, lo que el organismo llama el “legajo correspondiente”.

La Agencia defiende que ese trabajo “exigiría la apertura, análisis y calificación individualizada de miles de expedientes para su posterior volcado en un soporte electrónico inexistente en la actualidad”. El departamento liderado por Montserrat Ortega invoca un criterio interpretativo del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que señala que una petición de información puede calificarse de “abusiva” si para ser atendida “requiriera un tratamiento que obligara a paralizar el resto de la gestión de los sujetos obligados” a suministrarla.

Pero ahí no acaba todo. La solicitud pidió excluir del listado de infractores los datos de las personas físicas que se han librado de pagar para no vulnerar la Ley de Protección de Datos. Sin embargo, la ACPMN apunta que existe un “alto riesgo” de filtrar “accidentalmente” información de particulares “ante la falta de una herramienta de anonimización automatizada” que obligaría a cribar de manera manual miles de archivos.

La Agencia reconoce que “la garantía de confidencialidad no puede asegurarse (…) sin una revisión exhaustiva línea por línea” y considera entonces que la petición es “desproporcionada y generadora de un riesgo inasumible para la seguridad de los datos de los administrados”. Cita la Ley de Protección de Datos para defender que la información relacionada con las infracciones y sanciones de particulares solo puede tratarse “con el consentimiento del interesado” o estar autorizado por ley. Y que fuera de esos supuestos, solo los abogados y procuradores están capacitados para acceder a ella.

Esta redacción, no obstante, nunca pidió conocer los nombres de las personas físicas que no han pagado multas por destrozar el medio ambiente del Archipiélago. A través del Portal de Transparencia, solicitó únicamente información sobre procedimientos contra empresas, incluyendo la identificación de las mercantiles, el importe de las sanciones y el tipo de infracción.

El requerimiento nace a raíz de un informe de la Audiencia de Cuentas publicado a finales del año pasado que revela que las Islas corren el riesgo de perder 14,8 millones de euros por dejar caducar sanciones medioambientales. Ese documento destaca que casi la mitad del importe, 6,6 millones, proviene de multas de ejercicios anteriores al año 2018 que con casi total seguridad ya habrán prescrito, de acuerdo con la Ley del Suelo de Canarias aprobada por CC en 2017.

La Audiencia recoge en su informe que la Intervención General de la Comunidad Autónoma ha detectado una “falta de seguimiento del proceso recaudatorio” de la ACPMN. Y que existen “elementos indiciarios de que se está ocasionando un perjuicio al erario público” por esto mismo. La directora de la Agencia anunció un plan de choque en la Cadena SER para el cobro de las sanciones. Pero a la vista de su programa informático, no será una tarea fácil.  

El departamento cuenta desde el año 2010 con un software interno denominado SIGESTEIN (sistema de gestión territorial de expedientes). Es un aplicativo “genérico”. Un “primer paso” hacia la digitalización que no ha presentado ningún avance ni cuenta con “módulos o fases desarrollados” para dar acceso a terceros de la información que aglutina.

El programa ni siquiera alberga un “expediente electrónico como tal” ni un sistema capaz de generar un listado de expedientes. De ahí el argumento expuesto por la ACPMN de que necesitaría buscar los expedientes de las empresas infractoras de forma manual, uno a uno.

El aplicativo tampoco tiene implementado lo que la Agencia llama “el módulo de estadística”, aquello que le permitiría diferenciar entre procedimientos de personas físicas y jurídicas. Es una “imposibilidad técnica”, dice, que hace “del todo irrealizable” la petición de diferenciar entre ambos sujetos. Un trabajo que “excede la mera gestión de la información”, agrega.

“Existen figuras como comunidades de bienes, herencias yacentes, uniones temporales de empresas o profesionales autónomos cuya calificación jurídica se confunde con la persona física. Decidir si un expediente pertenece a una esfera u otra requiere un juicio de legalidad por parte de un técnico, y el aplicativo informático de gestión SIGESTEIN, diseñado en 2010 como herramienta de tramitación interna y no como base de datos estadística, carece de la arquitectura técnica necesaria para segregar de forma automatizada los campos requeridos”, explica el organismo.

El profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Sevilla, Noel Armas, asegura que “no se puede hacer pasar por reelaboración un uso informático corriente” y que “la clave está en saber qué tan difícil extraer la información” solicitada en este caso. “No sé si es tan complicada de conseguir como indican, pero tienen que acreditarlo”, remacha el experto.

El portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción en Canarias, Eugenio Reyes, defiende por su parte que la ciudadanía tiene el derecho de conocer qué empresas están dañando el medio ambiente de Canarias sin pagar las consecuencias y denuncia que, al ocultar estos datos, el Gobierno regional niega a la población la posibilidad de “actuar en consecuencia”.

“Si yo me entero de que un suministrador de mis servicios, bien sea de comida, de urbanismo, de lo que sea, es un delincuente o ha hecho daños medioambientales, tengo el derecho a conocer para actuar. Pero se nos niega el poder de tomar decisiones como consumidores. Y ser transparente con los expedientes es una responsabilidad moral de la administración”, razona Reyes.

El portavoz de Ben Magec sostiene que es una “perversión” el hecho de que tantas multas hayan caducado o estén cerca de caducar. Y recuerda asimismo que hace unos meses llevaron este hecho ante la Fiscalía Anticorrupción.

“Es muy importante saber el sitio, las afecciones y los motivos de por qué se deja caducar. Y, por supuesto, a quién se sanciona, para que podamos actuar en consecuencia”, remacha Reyes. “Esos millones de euros podrían servir ahora mismo, por ejemplo, para responder a las inundaciones que hemos tenido estos días”, concluye.

La magistrada del juzgado de instrucción número uno de Arona ha acordado la suspensión cautelar de parte de las obras del polémico proyecto turístico Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje (sur de Tenerife).

La jueza ha estimado la petición de la Fiscalía de paralizar las instalaciones que la promotora de la iniciativa está levantando en la zona de servidumbre de protección de la costa, la franja de cien metros tierra adentro desde la orilla del mar donde se estaban levantando un restaurante, una piscina descubierta y un parquin para buggies, entre otras cosas.

Todas ellas forman parte de la urbanización de 420 villas de lujo planteada en este paraje rodeado de espacios naturales protegidos y lugares de interés geológico.  

El auto ordena al Seprona precintar la zona y realizar un reportaje fotográfico del área afectada. La suspensión tan solo afecta al 5,25% de la parcela T2 de Cuna del Alma, cuya extensión total abarca 45.000 metros cuadrados. El plan en su conjunto, sin embargo, tiene 430.000 m2.

La zona de servidumbre de protección es la franja del litoral que debe quedar liberada para el paso público peatonal y la circulación de vehículos de vigilancia y salvamento. En ella, los usos están muy restringidos por la Ley de Costas. Solo se permiten obras, instalaciones o actividades que, por su naturaleza, no puedan ubicarse en otro lugar o que den servicios “convenientes” para la costa.

La Fiscalía había concluido después de estudiar el expediente íntegro de la actuación de Cuna del Alma, autorizada por el Gobierno de Canarias porque le viene bien al turismo, que precisamente un restaurante, una piscina descubierta o un parquin para buggies “pueden tener otra ubicación” fuera de la zona de servidumbre porque “no prestan un servicio necesario o conveniente para el uso del dominio público marítimo-terrestre”, menos aún en un tramo de playa natural en el que “no existe núcleo urbano”.

La acusación popular, ejercida por la Asociación Cultural Social Ecologista Puertito Libre, solicitó de momento sin éxito extender la paralización a todo el proyecto. De hecho, la querella inicial presentada por ellos está dirigida contra toda la urbanización por la comisión de presuntos delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente, de falsedad documental y de prevaricación en la tramitación de la iniciativa.

La jueza primero archivó la causa penal por la existencia de autorizaciónes para la ejecución del proyecto, entre ellas la del Ejecutivo canario, liderado por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), para la ocupación de la costa. Pero la Fiscalía recurrió el carpetazo alegando que se le antojaba “difícil” de asumir que las actuaciones proyectadas por Cuna del Alma en la zona de servidumbre cumplieran los requisitos legales.

La magistrada estimó el recurso del Ministerio Público a principios de año y, ahora, lo ha hecho también con la solicitud de suspender cautelarmente los trabajos en esa franja de terreno. No ha habido novedades ni nuevas investigaciones sobre el resto de las obras a pesar de que los avances de Cuna del Alma ya han afectado a dos tercios del Puertito de Adeje, según un informe pericial de un equipo multidisciplinar presentado por la parte querellante.

Esta es la primera paralización de parte del proyecto desde 2024, cuando fueron cayendo uno a uno los tres expedientes abiertos contra la urbanización por carcer de evaluación ambiental (que sigue sin tenerla), destruir patrimonio arqueológico (cuya sanción se rebajó a la mitad por el actual Gobierno autonómico) y por la “amenaza inminente de daño ambiental” a la viborina triste, una planta con protección especial para la que se autorizó de forma polémica su traslocación.

Un informe pericial de parte presentado en el marco de la causa penal por el proyecto turístico Cuna del Alma estima que dos tercios del Puertito de Adeje ya se han visto afectados por la polémica urbanización de lujo que se proyecta en el sur de Tenerife.

El documento, entregado por la acusación popular, la Asociación Cultural Social Ecologista Puertito Libre, y elaborado por un equipo multidisciplinar de nueve autores concluye a partir de trabajo de campo, vuelos de dron, entrevistas, revisión de imágenes satelitales y de documentos que casi 300.000 metros cuadrados (m2) de terreno del plan, es decir, el 66,8% del total (449.000 m2), se han visto afectados de manera directa por las obras o se encuentran en parcelas que a su juicio incumplen la normativa.

Canarias Ahora ha preguntado a la promotora de la iniciativa, Segunda Casa Adeje SL, sobre las conclusiones de este extenso informe, de poco más de 200 páginas, y si ha presentado escrito de contestación. Pero hasta la fecha de la publicación de este artículo, no ha habido respuesta.

El estudio apunta que los movimientos de tierra en El Puertito de Adeje han creado dos grandes escombreras en la zona, una de 348.000 metros cúbicos (m3) y otra de 115.000 m3. También dice que han desaparecido 17,9 hectáreas de suelo agrícola de regadío dedicadas al cultivo de plátano y tomate con un valor de mercado estimado entre 1,5 y 2 millones de euros. Y calcula asimismo que se han perdido 3,8 hectáreas de vegetación que capturaban anualmente 63 toneladas de dióxido de carbono (CO2). Cuando se culmine la urbanización, agrega, se habrán esfumado 8,2 hectáreas que se hacían con 136 toneladas de CO2.

El Lugar de Interés Geológico (LIG) que alberga el área, llamado ‘Ignimbritas y depósitos de caída plinianos pleistocenos del Puertito de Adeje’, de especial relevancia por contener reservas de dos grandes erupciones registradas en Tenerife, ha perdido el 25,1% de su superficie (que abarca 18 hectáreas) por excavaciones asociadas al proyecto, según el análisis. El daño futuro podría alcanzar las 13,5 hectáreas, o sea, el 75,5% del LIG.

“Esto significa que fases eruptivas completas han sido eliminadas de dicho registro, de manera que su estudio no será posible en el futuro cuando seguramente contemos con técnicas analíticas muy superiores a las que tenemos actualmente”, lamentan los autores del documento.

El Puertito también incluye un área prioritaria de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de especies amenazadas. Se llama ‘Llano del Camello’, y fue declarada en 2015. Pues bien, de acuerdo con el informe pericial, 15,5 de sus 265 hectáreas ya están dañadas, y el alcance de las obras acabará afectando a 44,9 hectáreas, provocando “la ruptura en dos” del espacio por la construcción de 3.600 camas turísticas.

El escrito señala sobre la viborina triste, la famosa planta con protección especial que paralizó las obras durante año y medio y ahora está siendo traslocada, que los trabajos de Cuna del Alma han acabado con el 21,2% de las hectáreas donde se encontraban sus núcleos poblacionales, cerca de 3,5 hectáreas en total, y que terminarán haciéndolo con el 91% de su hábitat en la zona. Recuerdan los firmantes del estudio que “no existe evidencia científica sobre traslocación de la viborina triste llevada a cabo con éxito” y remachan deduciendo que su población en el Puertito “está abocada a la desaparición”.

Además, el Hábitat de Interés Comunitario (HIC) de matorrales y tabaibales que contiene se ha visto mermado en un 25,4%, unas 3,76 hectáreas, por obras que han producido “daños constantes e irreparables”, continúa el informe. Toda la urbanización se ‘comería’ unas 8,19 hectáreas (el 55% del total) de este HIC, añade.

Por otro lado, los autores puntualizan que, de los 57 bienes patrimoniales encontrados en el área, 13 han desaparecido o sufrido daños. Entre ellos, yacimientos arqueológicos aborígenes, elementos etnográficos (como bancales y atarjeas) y una casa tradicional canaria. Once bienes también presentan un claro riesgo de desaparición por “carecer de estudios de valor patrimonial” y 18 tienen un “futuro incierto” porque aún “no está aprobada” la propuesta del Cabildo de Tenerife de crear una zona musealizada que los incluya. 

Pero el informe no se centra solo en los daños ya constatados. También en los que pueden estar por venir, sobre todo en el mar. El documento enfatiza que los visitantes de las villas de lujo de Cuna del Alma nadarán cerca del espacio protegido ‘Franja Marina Teno-Rasca’, incrementando el tráfico marítimo y, por tanto, multiplicando el riesgo de atropello de tortugas verdes juveniles y molestando a delfines y calderones tropicales.

Indica también que el uso de arena para modificar la playa podría afectar a dos nuevos hábitats de interés comunitario, como son los bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina y las cuevas submarinas, y a los sebadales. La posible instalación de una Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) cerca de la playa hace que “cualquier rotura o avería podría provocar la salida de aguas negras” hacia la bahía de El Puertito.

Los movimientos de tierra han generado nubes de polvo “sin que se riegue la zona para evitarlo”. Y el vallado ha cercado por completo a la población, dejando una única salida para vecinos, turistas y vehículos.

El análisis también menciona la falta de evaluación ambiental que adolece el proyecto; la estrategia del Ayuntamiento de Adeje para autorizar el traslado de la viborina triste usando como pretexto la crisis de vivienda, pese a que la iniciativa no contempla ninguna vivienda pública; la expropiación de la familia Galindo; y el hecho de que el expresidente del órgano ambiental de Adeje, el biólogo Rosendo López, trabajó para la promotora del plan realizando estudios ambientales al mismo tiempo que ocupó ese cargo.

Hace ocho años, las hermanas Carmen y Josefa (nombres ficticios a petición de las entrevistadas) conocieron que iban a ser expropiadas de sus tierras en Fuencaliente, en el sur de La Palma, por la construcción del balneario de la Fuente Santa, un manantial de aguas termales que fue sepultado por la erupción del volcán de San Antonio en 1677 y que ahora el Cabildo insular busca recuperar como atractivo turístico. 

Ambas recurrieron. La Corporación había iniciado en 2018 la expropiación amparándose en una norma de 2014 que modificó la Ley de Espacios Naturales de Canarias para dar cobertura legal a la “transformación excepcional” del malpaís lávico sobre el que se encuentra su finca, por cuyo subsuelo discurre la galería de la Fuente Santa, dentro del Monumento Natural de los Volcanes de Teneguía. Pero esa regulación quedó derogada en 2017. La polémica Ley del Suelo del presidente de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), la anuló ese mismo año. Y el Cabildo de La Palma se quedó entonces sin salvaguardia normativa.

La justicia estimó el recurso de las hermanas porque “si la norma que daba cobertura” a la expropiación “no estaba en vigor al tiempo de su apreciación, la consecuencia no puede ser otra que la nulidad” del acto. Así lo indicó la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en octubre de 2022. El fallo pasó a ser firme después de que el Tribunal Supremo rechazara un recurso de casación de la Corporación palmera por “falta de fundamentación suficiente”. Así que las tierras debían volver a las manos de Carmen y Josefa. O eso es lo que ellas creían. Pero nada más lejos de la realidad.

En marzo de 2023, es decir, medio año después del fallo que anuló la expropiación, el Gobierno autonómico modificó la Ley del Suelo para restaurar la vigencia de lo que decía la norma de 2014 sobre la Fuente Santa: el “interés general” de un proyecto “anhelado” por la sociedad palmera, el establecimiento de “las instalaciones, edificaciones y las infraestructuras necesarias para su racional explotación”, y su futura delimitación.

El Ejecutivo regional hiló fino. En lugar de recuperar todo lo que decía esa ley, que también estableció entre otras cosas el procedimiento para declarar zonas Red Natura 2000 o reguló la evaluación ambiental de planes y proyectos, señaló que “todas y cada una de las modificaciones legislativas introducidas” en la ordenación de los espacios naturales eran válidas.

Antes, la Ley del Suelo solo mantenía la eficacia de las directrices originales de estos espacios, acordadas en el año 2000. Ahora también recoge la de todas sus “modificaciones”, entre ellas la del Monumento Natural de los Volcanes de Teneguía, de 2014. El Gobierno dio a esa nueva disposición efectos retroactivos desde el 1 de septiembre de 2017, por lo que el marco legal para justificar la expropiación del suelo de la Fuente Santa había vuelto.

El Cabildo de La Palma aprovechó esa maniobra y presentó en los tribunales lo que se conoce en derecho como un incidente de imposibilidad legal de cumplimiento de sentencia. Como ahora vuelve a tener amparo para expropiar en favor de la Fuente Santa, no tiene ninguna intención de entregarles a Carmen y Josefa sus terrenos, tal y como había sido obligado en sentencia firme.

En primera instancia, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 3 de Santa Cruz de Tenerife no compró las alegaciones de la Corporación insular y se limitó a responder que la nueva norma “no viene a restaurar expresamente la vigencia de la derogada”, de modo que considera “ejecutable” el fallo. Pero con un tribunal dividido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC sí estimó el recurso del Cabildo en segunda instancia, declarando la “imposibilidad legal” de ejecutar la sentencia y emplazando a las hermanas a solicitar una indemnización “justa”.

El fallo sostiene que, con esta nueva ley, la de 2023, el Gobierno de Canarias “sale al paso de los problemas que una deficiente técnica legislativa había provocado”. Y lo hace, continúa, haciendo una “interpretación auténtica” al detallar que son “todas y cada una de las modificaciones introducidas” en la ordenación de los espacios naturales de las Islas las que recuperan su vigor.

Este punto es muy relevante para el tribunal porque de esta manera queda remarcado que no estamos ante “una ley dictada para evitar el cumplimiento de la sentencia”, ya que no solo hace referencia a la modificación de un espacio natural protegido, sino a varios: el Parque Rural del Nublo, en 2003; la Reserva Natural Especial del Malpaís de Güímar, en 2006; o la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas, en 2017.

El TSJC concluye entonces que “tal derogación nunca existió”. Y que “cualquier otra tesis podrá ser una realidad de mero hecho, pero no de derecho”.

La sentencia, sin embargo, contó con el voto particular del magistrado Jaime Guilarte, quien también formó parte del tribunal que anuló la expropiación en 2022. A su juicio, no se ha elevado “ningún hecho” que impida ejecutar el fallo ni puede alterarse “la cosa juzgada”, es decir, la devolución de los terrenos a las hermanas, por una “mera modificación legislativa” con carácter retroactivo.

El Cabildo de La Palma alegó que el expediente “prácticamente ha concluido” y que “se han invertido fondos públicos en la contratación de los proyectos para la ejecución” de la Fuente Santa. También dijo que revertir el procedimiento sería perjudicial por razones de “eficacia y eficiencia” y que la norma no fue aprobada ‘ad hoc’ porque involucra a más espacios naturales que “podrían estar afectados” por lo mismo.

Pero Guilarte matiza que “ni consta realizada la obra que legitima la expropiación, ni iniciada, ni consta pagado el justiprecio ni ocupada la finca expropiada”. Habría sido distinto si la obra se hubiera ejecutado y se planteara después la devolución de la parcela por un defecto de forma en la expropiación. En ese caso sí sería “poco práctico, incluso absurdo”, recuerda el magistrado citando jurisprudencia, “volver a la situación inicial”. Pero aquí es distinto.

“No acabo de asumir que la retroactividad dispuesta con carácter general por ley implique, sin más, la privación de derechos reconocidos por sentencia firme. De otra forma, toda sentencia anulatoria de un acto administrativo carecería de eficacia en sus propios términos por un mero cambio legislativo retroactivo”, dice Guilarte.

El magistrado reitera que “el derecho a la ejecución de la sentencia es un derecho fundamental que solo ha de ceder en casos excepcionales bien distintos” a este porque, agrega, “no se ha alegado causa alguna que la haga inejecutable” salvo la reforma de la normativa, “cuestión que no afecta a la ejecución del fallo, cuya validez y eficacia no ha sido revocada”. 

Para Guilarte, la nueva ley solo restablece la justificación para ocupar los terrenos, habilitando a la administración a iniciar un nuevo procedimiento desde cero. Defiende que lo correcto habría sido devolver las fincas y “comenzar de nuevo” la expropiación. Lo contrario (“reflotar un expediente en el que ha sido anulada la declaración de ocupación” y no “constan probados más hechos” que hacen inejecutable la sentencia) impide a las hermanas impugnar el acto por “otros posibles motivos jurídicos”.

La defensa de ambas, liderada por el abogado José Julio García Ramos, ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo argumentando que el fallo del TSJC ha vulnerado dos artículos de la Constitución Española, en concreto el 24.1, que garantiza a todas las personas el derecho a la tutela judicial efectiva, y el 118, que establece la obligación de cumplir las sentencias y resoluciones judiciales.

El escrito apela a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que establece la “obligación” de la justicia de “dejar inaplicadas” leyes que “pretendan alterar el resultado de litigios ya resueltos”. Y defiende, basándose en una sentencia de 1996 del Tribunal Supremo, que una nueva norma solo permite iniciar una nueva expropiación desde cero, pero no resucitar un expediente ya nulo.

“Al sentar la sentencia impugnada que la retroactividad legislativa puede convalidar automáticamente expedientes expropiatorios nulos, se ve vulnerado el principio de seguridad jurídica y el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales”, añade el texto. Con este fallo, “se prescinde de la exigencia de un nuevo procedimiento expropiatorio y del control judicial previo, sustituyendo la ejecución por una indemnización automática”, remacha.

La finca de Carmen y Josefa tiene cerca de 10.000 metros cuadrados. Es un terreno heredado de carácter volcánico, árido y de superficie muy irregular que lo más cerca que tiene son un par de invernaderos. Pero está justo encima de la Fuente Santa. Y eso le da un valor incalculable en estos momentos.

El Cabildo de La Palma lleva muchos años intentando desbloquear este proyecto después de que el ingeniero Carlos Soler descubriera su ubicación a principios de siglo. Manifiestan que se trata de una iniciativa turística “clave y de primer orden que supondrá un salto cualitativo” para la isla. Su coste rondaría los 16 millones de euros.

Tras aprobar la redacción definitiva del plan en 2023, Costas lo impugnó al considerar que no se ha justificado por completo su ubicación en la zona de dominio público. El Supremo ha admitido este mismo año un recurso para estudiar su ubicación. Está por ver si hace lo mismo sobre los métodos de expropiación de la Corporación insular.

La Fiscalía ha pedido paralizar las obras que el polémico proyecto turístico Cuna del Alma, en El Puertito de Adeje (sur de Tenerife), está desarrollando en la zona de servidumbre de protección de la costa, una franja de cien metros tierra adentro en la que están muy restringidos los usos por la Ley de Costas.

Según un escrito del Ministerio Público al que ha tenido acceso Canarias Ahora, la Fiscalía ha pedido a la magistrada del juzgado de instrucción número uno de Arona que suspenda cautelarmente los trabajos que viene realizando la promotora del proyecto en esa zona para construir una piscina, un restaurante y un parquin para buggies, entre otras cosas, porque son usos que “pueden tener otra ubicación fuera” de la zona de servidumbre y “no prestan un servicio necesario o conveniente para el uso del dominio público marítimo-terrestre”.

El 26 de marzo, la jueza dio cinco días de plazo a las partes personadas para presentar alegaciones. La acusación popular, ejercida por la Asociación Cultural Social Ecologista Puertito Libre, ha solicitado que la suspensión se extienda a toda la urbanización, según fuentes consultadas.

Además, tal y como pedía el Ministerio Fiscal, la magistrada ha llamado a declarar como investigados al jefe del Servicio de Ordenación del Litoral Oriental del Gobierno de Canarias, Valeriano Díaz, y al representante legal y administradores de la promotora de la iniciativa, Segunda Casa Adeje SL. También ha citado, pero en calidad de testigos, al jefe del Servicio de Ordenación del Litoral Occidental del Ejecutivo regional, José David Marín, y al técnico autonómico Francisco Javier Carrancho, de la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario.

La querella que dio origen al procedimiento acusa de presuntos delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente, de falsedad documental y de prevaricación cometidos en la tramitación de un proyecto salpicado por la polémica desde el principio por su posible impacto en la biodiversidad del Archipiélago.

Desde hace unos meses, sin embargo, la única actuación controvertida que indaga la magistrada tiene que ver con las obras que Cuna del Alma está ejecutando en la franja de protección de la costa, que representan una pequeña parte del total de la urbanización. Su afección representa el 5,25% de la parcela T2, de unos 45.000 metros cuadrados. O sea, unos 2.400 m2. El plan en su conjunto, sin embargo, tiene 430.000 m2.

En su intención de levantar 3.600 camas turísticas en una de las últimas zonas libres de cemento del sur de Tenerife, rodeado de espacios naturales protegidos y lugares de interés geológico, la promotora está construyendo en la zona de servidumbre un restaurante, una piscina descubierta, un bar asociado a esta y un parquin para buggies.

El Gobierno de Canarias, liderado por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), autorizó esos usos porque dicha actuación le parece “conveniente” para el modelo económico canario basado en el turismo. Un informe interno del Ejecutivo había concluido que en realidad no tenía cabida. Pero después de que Segunda Casa Adeje alegara, la Administración liderada por Fernando Clavijo asumió los postulados de la empresa.

La jueza había archivado la causa penal por Cuna del Alma porque existía precisamente una resolución favorable del Gobierno autonómico para su ocupación de la costa. No obstante, la Fiscalía emitió un recurso solicitando la reapertura de la causa y la entrega del expediente “íntegro”. La magistrada accedió a principios de este año y ahora el Ministerio Público, tras estudiar al detalle la documentación, ha pedido la paralización de las obras.

Conviene recordar que la franja de cien metros tierra adentro de protección del litoral está sometida a un régimen especial para preservar la costa. La ley establece que en ella solo se permiten obras, instalaciones o actividades que, por su naturaleza, no puedan ubicarse en otro lugar, como cultivos marinos, o que den servicios “convenientes” para el uso de la costa.

Cuando recurrió el sobreseimiento de la causa, la Fiscalía ya dijo que se le antojaba “difícil” asumir que las instalaciones proyectadas por Cuna del Alma cumplieran esos requisitos. Ahora continúa defendiéndolo al tratarse, agrega, de usos que se ubicarían en la parte superior de un tramo de playa natural en la que “no existe núcleo urbano”.

Después de un invierno húmedo y una nueva borrasca que ha dejado cuantiosas precipitaciones en Canarias, lo normal sería no pensar en el calor y sus consecuencias. Pero el clima es una ciencia de tendencias prolongadas. Y lo que dice la ciencia es que en un planeta cada vez más caliente por el uso de combustibles fósiles, las olas de calor en las Islas podrían ser más duraderas, más frecuentes y de mayor intensidad.

Un nuevo estudio de alta resolución publicado en la revista científica ‘Regional Environmental Change’ ha analizado isla por isla cómo evolucionarán estos eventos de altas temperaturas en cada escenario climático posible: optimista, en el que habría una reducción drástica y rápida de las emisiones de gases contaminantes para 2050; moderado, en el cual apenas habría rebajas hasta mediados de siglo; adverso, donde las emisiones se duplicarían para 2100; y pesimista, en el que no habría directamente políticas climáticas.

Los investigadores utilizaron como referencia el periodo entre 1981 y 2010 para hacer luego predicciones en tres horizontes temporales: corto plazo (2021-2050), medio plazo (2041-2070) y largo plazo (2071-2100). Recopilaron una enorme cantidad de variables climáticas (temperatura, precipitación, orografía, vegetación…) para predecir la frecuencia, duración, intensidad media y máxima de las olas de calor, que se dan cuando se registran temperaturas muy altas en al menos tres días seguidos. Y calcularon esas proyecciones en pequeñas cuadrículas de 100x100 metros, una resolución inédita en Canarias que ha permitido capturar con precisión la diversa realidad física de la región.

“En el Archipiélago hay una gran variedad de microclimas. Podemos estar en el Aeropuerto de Tenerife Norte con frío y que en el municipio de al lado ese clima se suavice. Eso se debe en gran parte a la orografía de las islas o a las influencias de corriente, como los vientos alisios, que son más frescos, más húmedos. Y prever por tanto cómo va a evolucionar el clima en un territorio u otro permite que desarrollemos soluciones o medidas que se adapten mejor a su realidad, evitando propuestas a gran escala”, explica Susana Clavijo-Núñez, una de las autoras del estudio e investigadora en el Departamento de Ingeniería Agraria y del Medio Natural de la Universidad de La Laguna (ULL).

Los resultados muestran que Canarias registró de media menos de una ola de calor al año entre 1981 y 2010. En el futuro habrá más sin ninguna duda. Pero todo variará según la isla y los escenarios climáticos. En el peor posible, las islas podrían acumular entre seis y siete episodios a finales de siglo, siendo Fuerteventura la más perjudicada con un promedio de 7,3 anuales. El Hierro sería donde menos crecería la frecuencia, con 6 en total (que también es altísima en comparación con el registro histórico). Si las emisiones de gases de efecto invernadero frenasen por completo en 2050, habría entre dos y tres olas de calor anuales. La diferencia es más que notoria.

La duración de estos eventos de altas temperaturas suele variar desde los 4,4 días en Fuerteventura hasta los 5,5 en La Palma. Sin embargo, la crisis climática podría llevarlos a ser mucho más duraderos. En la Isla Bonita alcanzarían las 11,4 jornadas de media entre 2071 y 2100, es decir, el doble que ahora. En Gran Canaria llegarían a ser de 8,7 días. En Tenerife, de 9,1. Eso si el cambio climático avanza a un ritmo desbocado. Si no, si pasa todo lo contrario, apenas habría cambios. Olas de calor de 5,1 jornadas en La Gomera o de 5,6 en Lanzarote.

La publicación también señala que la intensidad media de estos fenómenos cambiará muy poco con el paso del tiempo. Pero sí habrá posibles incrementos en la temperatura máxima de cada uno de ellos. Analizando otra vez el horizonte temporal a largo plazo, El Hierro, que ya registra picos máximos de 35,7 grados de temperatura en una ola de calor, podría alcanzar los 37,1. Gran Canaria pasaría de 34,5 grados a 35,9 y Fuerteventura de 33 grados a 34,3. Eso si nos adentramos en el futuro climático más pesimista de todos. De lo contrario, podría haber hasta descensos en La Gomera, que iría de los 35 grados actuales hasta los 34,6. O en Tenerife, de 33,6 grados a 33,4.

Clavijo-Núñez detalla que las islas orientales, al presentar un relieve menos abrupto y estar más cerca de África, son “más susceptibles” al aire cálido sahariano y “a un proceso que puede intensificar frecuencias de eventos extremos”. No obstante, en relación con la intensidad máxima, es en las islas occidentales donde se ven crecimientos “más acusados”. Agrega la investigadora que “hay muchos factores que podrían explicar” esa diferencia, pero que uno de los más importantes es la orografía. La Palma, La Gomera, Tenerife y El Hierro son territorios con un relieve que “interacciona con factores atmosféricos” como la inversión térmica, que “puede intensificar los aumentos de temperatura”.

La diferencia entre una realidad para finales de siglo en Fuerteventura, por ejemplo, con siete olas de calor al año, cada una de ellas de siete días de duración. O una con apenas tres, de cinco jornadas por evento (ambos escenarios plausibles en la isla majorera), puede marcar una gran diferencia en múltiples ámbitos: la salud pública, la economía o la agricultura, enfatiza la investigación. Nuestras viviendas tampoco están preparadas para algo así, remarca Clavijo-Núñez.

“Muchas de nuestras casas se construyeron antes de la entrada en vigor de la primera normativa de edificación, que incluía cuestiones de ahorro y eficiencia. Tenemos que entender que esas viviendas no tienen medidas adaptativas al cambio climático. Si empezamos a soportar un número considerablemente superior de olas de calor, eso va a tener un impacto grave sobre nuestra salud, sobre nuestro desarrollo”, reflexiona la también doctora por la Universidad de Sevilla (US).

El incremento de las olas de calor también “puede poner en peligro” la supervivencia de especies endémicas en el Archipiélago, generando un enorme estrés para ecosistemas sensibles y elevando el peligro de incendios forestales al combinar el calor con la sequedad de la vegetación. El estudio menciona asimismo los impactos en el motor económico canario, el turismo, por la reducción del confort térmico. Y la rebaja de los rendimientos agrícolas en unas islas “propensas a la sequía o con acceso limitado al riego”.

Solo el año pasado murieron 140 personas por el calor en Canarias, el valor más alto de la serie histórica, según el sistema de monitorización de la mortalidad diaria (MoMo) del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, una estimación de referencia en España elaborada con modelos estadísticos a partir del exceso de muertes cuando se disparan los termómetros. El estudio en el que ha participado Clavijo-Núñez sirve para huir de las recetas globales y desplegar cirugía local en cada isla con el fin de que ese número deje de crecer.

“La adaptación climática está muy relacionada con las soluciones basadas en la naturaleza. ¿Ejemplos de ello? La restauración de humedales, los sistemas de drenaje urbano, las prácticas de conservación del suelo… También necesitamos una planificación urbana sensible a los impactos para priorizar zonas que necesitan más vegetación o refugios climáticos. Y todas esas predicciones son vitales para avanzar en una gestión del recurso hídrico sostenible y eficiente. Nuestro contexto insular hace que salvaguardar ese recurso sea realmente una prioridad y para eso tenemos que conocer cómo va a evolucionar el clima”, remacha la experta.

El acceso a la vivienda de quienes buscan emanciparse o escapar de zulos permanece bloqueado en Canarias por los altos precios y la nula oferta. Pero la realidad es bien distinta cuando ya tienes varios o muchísimos pisos a tu nombre.

La multipropiedad lleva años viviendo un momento dulce en el Archipiélago. Mientras el número de dueños de un solo inmueble urbano ha pasado de casi 600.000 en 2010 a 642.000 en 2025, un leve aumento del 7,5%, el total de titulares de dos o más ha variado de 305.000 a 466.000 en el mismo periodo de tiempo, es decir, una fuerte subida del 52,7%, según los datos del Catastro analizados por Canarias Ahora. 

El grupo de propietarios que más ha crecido es el que tiene entre seis y diez bienes urbanos. En 2010 había 23.000; ahora hay 43.000, o sea, un 86,4% más. Le sigue el que tiene exactamente cinco, que ha pasado de 15.000 a 26.000, un 79,3% más. Y en tercer lugar se encuentra el que posee cuatro. Este conjunto ha sumado 21.000 titulares, pasando de casi 29.000 a 50.000, un incremento del 75,4%.

La metodología del Catastro matiza que un titular hace referencia a cualquier persona (física o jurídica) que ostente algún tipo de derecho sobre la totalidad o solo una parte del inmueble. Aquí se incluyen la propiedad plena o menos plena, derecho real de usufructo, de superficie o concesión administrativa.

Los datos recopilan todo tipo de inmuebles urbanos. No solo viviendas, sino también locales o cualquier construcción destinada a actividades residenciales o comerciales. El análisis temporal de los últimos quince años muestra una clara tendencia hacia la concentración de los bienes. Un patrón más que explica la crisis de vivienda que azota a Canarias sin previsión de dejar de hacerlo pronto.

“La sociedad rentista aumenta. La gente que tiene más de una propiedad. La pregunta es para qué la usan. Si es para alquiler turístico o para una renta estable. Pero sí. Crece la brecha de la que habla el investigador Jaime Palomera”, apunta Alejandro Armas, doctor en Geografía por la Universidad de La Laguna.

El experto señala que la acumulación de viviendas es “un problema que ya tienen en países como Alemania”, donde se está planteando la expropiación o limitación de acaparamiento a grandes tenedores, dice.

El Parlamento de Canarias, con los votos de los partidos que apoyan al Gobierno regional (Coalición Canaria, Partido Popular, ASG y AHI) más Vox cerró la puerta hace unos meses a una proposición de ley del PSOE para abordar esta cuestión. CC comentó que la iniciativa “ignora” las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo autonómico, que continúan siendo insuficientes a la vista de los precios desbocados. Y el PP se limitó a criticar el “afán” intervencionista de los socialistas, llegando a decir que la política de vivienda de Pedro Sánchez (PSOE) se ha dedicado a “proteger al okupa”.

Pero la multipropiedad comienza a tener efectos. La abogada y portavoz de Derecho al Techo, Isabel Saavedra, reconoce que las personas que la contactan a ella y al colectivo “ya no vienen por desahucios de particulares”, sino por procedimientos iniciados por grandes fondos con “nombres rarísimos”. Subraya que ese tipo de casos “cada vez se ve más” y no lo asocia tanto a empresas extranjeras, sino a compañías inmobiliarias dedicadas a sacar rentabilidad del mercado.

Canarias, de hecho, fue otra vez en 2025 la comunidad autónoma con un mayor peso de las empresas en la compraventa de casas: protagonizaron el 15% de las operaciones, según el último anuario del Registro de la Propiedad. En Euskadi, Navarra o La Rioja, ese porcentaje no llega ni al 6%.

“El crecimiento de los multipropietarios no es solo un dato estadístico, es una señal muy clara de cómo se está concentrando la vivienda en cada vez menos manos. Mientras una parte de la población apenas puede acceder a una casa o vive con miedo a perderla, otra acumula varias propiedades y las utiliza como activo de inversión”, reflexiona Pilar Puyi, portavoz del Sindicato de Inquilinas en Tenerife.

El único grupo de titulares que no ha crecido es el de más de 50 bienes. Esos han pasado de ser 1.191 en 2010 a 1.088 en 2025. O lo que es lo mismo: un 8,6% menos. Los titulares de 26 a 50 también llevan años registrando cierta estabilidad, pero han variado de 1.535 a 1.875, es decir, un 22% más. Y exceptuando a los dueños de un solo bien, los demás conjuntos de propietarios reportan incrementos de mínimo el 40%.

Eso está cambiando “completamente” la relación entre inquilinos y propietarios, sostiene Puyi. “Para una inquilina es mucho más difícil negociar o defender sus derechos frente a alguien que controla varias viviendas y que puede imponer condiciones, subir precios o aplicar cláusulas abusivas que al final se aceptan porque no queda otra”, agrega.

“Como inquilina y militante por el derecho a la vivienda, existe una sensación de competir en inferioridad con inversores que compran casas para rentabilizarlas, para el alquiler vacacional… El problema de fondo es que se trata la vivienda como mercancía en lugar de como derecho. La lógica del mercado domina. Se prioriza la rentabilidad y no que la gente tenga un hogar”, remacha la portavoz del sindicato.

Isidro Martín, delegado en las Islas de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI), sitúa el inicio de la acumulación en la resaca del crac financiero en 2008. Esos años (de 2010 a 2016, estima) se abrió una ventana de oportunidad para comprar casas “a unos precios bastante ridículos”, por debajo incluso de los 40.000 euros, que aprovecharon los actores en el mercado capaces de adquirir entre “tres y cuatro viviendas en el mismo edificio” o hacerse con promociones que habían quedado paralizadas.

Martín detalla que esos titulares son capaces de hacerse con un trozo del pastel cada vez más grande porque ven los arrendamientos como “puntas de tesorería”: ponen una vivienda en alquiler, con esa renta compran una segunda, y así sucesivamente. Es un ciclo de inversión continuo donde el inmueble actúa como un valor refugio, igual que “el oro y el bitcoin”, pero es que “el bloque siempre ha sido refugio”, recuerda el experto.

El perfil de esos compradores dedica sus inmuebles “para especular o para alquilar”, reconoce Martín. El delegado de APEI en el Archipiélago destaca que la región actúa como lugar seguro para la inversión frente a la inestabilidad de otros puntos de Europa, y afirma que eso atrae a titulares extranjeros como polacos, alemanes o italianos con una “capacidad económica bastante alta”.

El catastro revela que el porcentaje de propietarios con un solo inmueble en las Islas es del 58%. Es el valor más elevado de toda España. El peso de los grupos con dos, tres, cuatro o cinco es menor en comparación con el resto del país y eso sitúa a Canarias en los últimos puestos de la tabla nacional. Los que tienen entre seis y diez bienes o entre once y 25 ya cobran un protagonismo relevante.

Pero es entre los reyes del acaparamiento donde realmente destaca. En ninguna otra autonomía los dueños de entre 26 y 50 inmuebles representan el 0,16% del mercado, como en el Archipiélago. Y en ninguna otra comunidad el grupo de propietarios con más de 50 bienes alcanza el 0,098% de protagonismo sobre el total, como también en Canarias.

El resto de las operaciones (quitando las de estos grandes tenedores), puntualiza Martín, las firman personas de mediana edad que venden sus viviendas en las afueras para mudarse a zonas céntricas; pequeños empresarios que usan los excedentes de sus negocios para adquirir casas y alquilarlas; parejas treintañeras en busca de su primera vivienda; y jóvenes que, respaldados por la riqueza heredada de sus padres, están comprando.

Pilar Puyi, del Sindicato de Inquilinas de Tenerife, pide “medidas estructurales” para que esa cartera de clientes se abra a toda la población.

“Lo más urgente es acabar con la acumulación especulativa y que no se pueda comprar vivienda si no es para habitarla. También urge expropiar a fondos buitre y poner viviendas vacías a disposición. Si no se corrige ese desequilibrio de poder, la tendencia ya es clara: cada vez más vivienda en menos propietarios y cada vez más difícil acceder a ellas para la clase trabajadora”, concluye.

La borrasca ‘Therese’ ha descargado acumulados de 474 milímetros de agua en Puntagorda (La Palma), 277 mm en La Frontera (El Hierro) o 260 mm en San Mateo (Gran Canaria). En algunos de esos puntos es tanta lluvia como si se multiplicara por diez la media mensual de marzo, según datos del Gobierno de Canarias, lo que evidencia la magnitud de un episodio de precipitaciones cortas e intensas que la Agencia Estatal de Meteorología ha calificado de “histórico” por su persistencia.

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Ejecutivo regional, Mariano Zapata, del PP, ha dicho en un comunicado que eventos como este demuestran “la creciente intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos y la necesidad de contar con herramientas de seguimiento y análisis cada vez más precisas”. Pero personas expertas consultadas por este periódico matizan que, aunque a nivel global el cambio climático sí está incrementando la frecuencia de las lluvias torrenciales, en las Islas no está nada claro.

Desde 1950 hasta 2020 hubo 88 episodios en Canarias con precipitaciones que dejaron 200 litros por metro cuadrado o más en al menos un día, según un estudio reciente. En cada una de esas décadas las Islas registraron normalmente entre 13 y 15 eventos por el estilo. Las únicas excepciones fueron los años 60, cuando apenas hubo ocho. Y entre 2010 y 2020, con solo cinco.

Uno de los autores de esa investigación, el geógrafo físico Pablo Máyer, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), sostiene que antaño había una red de pluviómetros mucho mayor que ahora se ha abandonado por falta de mantenimiento y que eso ha generado cierta ceguera estadística. Pero que con lo que hay, “no se ve una clara tendencia” al alza de la lluvia torrencial en las Islas ni de “todo lo contrario”.

Lo de estos días con el temporal ‘Therese’ le recuerda a Máyer lo ocurrido en enero de 1979, cuando veníamos de una época de sequías “muy severas” (igual que ahora) y una borrasca se ancló en Canarias descargando grandes cantidades de agua durante varios días. Artículos de la Aemet hablan de ese periodo como “el legendario enero de 1979” en las Islas.

“Es normal que, en el Archipiélago, por su tipo de clima, tengamos esa alternancia entre episodios de sequía y lluvias torrenciales. Van de la mano”, resume el investigador. Otra cosa es analizar qué porcentaje de “culpa” ha tenido la crisis climática en lo que ha sucedido estos días mediante estudios de atribución.

Tanto él como Abel López, también geográfico físico, pero este último de la Universidad de La Laguna (ULL), recuerdan que nuestra atmósfera está “más energética y desequilibrada”. Pasamos largos periodos sin precipitaciones “porque los patrones atmosféricos bloquean la llegada de borrascas y, cuando ese bloqueo se rompe, lo hace de forma abrupta, liberando mucha lluvia en poco tiempo”, razona López.

Sobre esto mismo advirtió el año pasado la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en un informe en el que dijo que el ciclo del agua (su paso en el planeta por los estados sólido, líquido y gaseoso) se está “volviendo cada vez más irregular y extremo”. Y para entender esto es importante comprender cómo el calentamiento global “intensifica” ese ciclo.

Judith Carrillo, física de la ULL, detalla que por cada grado de temperatura que aumenta en la atmósfera, esta puede contener un 7% más de vapor de agua. Eso hace que se deseque más el suelo, es decir, que haya más evapotranspiración, y que las lluvias sean más copiosas cuando se producen. Pero para que la humedad se traduzca en precipitación no depende solo del contenido de vapor de agua, sino también de los “núcleos de condensación” y la altura en la que se empiezan a formar las nubes.

Canarias se encuentra en la “rama descendente de la célula de Hadley”, precisa Carrillo, un mecanismo de circulación atmosférica que hace que el aire cargado de humedad que asciende en el ecuador descienda en la franja exacta donde se encuentran las Islas o el desierto del Sáhara.

Ese movimiento de aire descendente es lo que en física de la atmósfera se conoce como subsidencia. En la práctica, funciona como un gigantesco tapón invisible que impide que el aire ascienda. Y si el aire no asciende, “no se forman tormentas ni hay convección”. Y abundan entonces la aridez y la sequía.

Las proyecciones del Grupo de Observación de la Tierra y la Atmósfera (GOTA) de la ULL, en el que se encuentra Carrillo, prevén que el Archipiélago acumule menos lluvias y menos precipitaciones torrenciales en el futuro. La media anual en la Comunidad Autónoma entre 1995 y 2004 fue de 256 milímetros de agua anuales. Si nos adentramos en el escenario más pesimista del cambio climático, ese valor se reduciría hasta los 214 mm a finales de siglo.

Los expertos advierten que sigue habiendo cierta incertidumbre sobre cómo evolucionarán las lluvias por la crisis climática. Pero todo apunta a que en Canarias habrá menos de cualquier manera. El informe CLIVAR del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico señala incluso que los días con precipitaciones “intensas” (de más de 20 mm) se reducirán en más de un 60% en muchas zonas de la región. Abel López, de la ULL, ahonda en esa línea. Aunque con precaución.

“En su momento, algunas estaciones sí apuntaban a una ligera tendencia de la torrencialidad [de las lluvias], pero en los últimos años esa tendencia se ha perdido. A nivel global, sí lo sabemos con más garantías”, resume el geógrafo.

El gran aviso del Ministerio, por su parte, tiene que ver con la aparición de tormentas tropicales en verano, como Hermine, registrada en septiembre de 2022, que “invitan a pensar en una tropicalización de las lluvias en la región”. Dichos episodios “cada vez más frecuentes” pero todavía “aislados”, pueden “jugar un papel muy importante en un eventual cambio en la distribución de las precipitaciones”. Sin embargo, el documento subraya que existen registros históricos que dan cuenta de la ocurrencia de fenómenos similares en la zona (en 1724 y 1842, por ejemplo) y descarta atribuirlos “al menos directa y completamente” al cambio climático. “Cuestión distinta” es que el calentamiento global favorezca sus probabilidades de aparición, subraya.

El agravamiento de las sequías sí que parece incuestionable. Las estimaciones de GOTA muestran que el índice de la aridez, que si es superior a 1 indica que el área es bastante húmeda, pero si es inferior señala todo lo contrario, fue de 0,25 de media en Canarias entre 1980 y 2009. En caso de que las emisiones de gases de efecto invernadero no cesen, ese valor sería de 0,13 entre 2070 y 2100. Para más inri, un suelo árido no es buen aliado contra las lluvias. Casi que de cualquier tipo.

“Tras meses secos, los suelos pierden capacidad de infiltración ya que se compactan o se sellan. Eso hace que el agua no penetre, sino que escurra rápidamente. Lluvias que en otras condiciones serían asumibles pueden generar escorrentías intensas, avenidas y daños. Además, a esto se le suma que tenemos un gran porcentaje de suelo sellado en nuestros espacios urbanos, lo que da lugar a que sea aún más complejo”, explica López.

La ordenación del territorio tampoco ayuda. Pablo Máyer, de la ULPGC, denuncia que “todavía seguimos intentando construir en los barrancos” y que afrontamos borrascas como ‘Therese’ con un modelo de ocupación “de los años 60 o 70” en el cual “si un barranco se canaliza, [se hace] con unas dimensiones que ya no se usan y que se ha visto que no funcionan bien, porque muchas veces se pensaba que el agua que circulaba por los cauces era limpia, no con arrastre ni basura”.

López remacha afirmando que “necesitamos infraestructuras adaptativas”. Sistemas de almacenamiento y reutilización del agua para afrontar la sequía, es decir, presas, balsas y recarga de acuíferos. Y también equipamientos de drenaje y laminación de avenidas como barrancos acondicionados, zonas de inundación controlada o drenaje urbano sostenible para enfrentar mejor las lluvias intensas.

“Y, sobre todo, planificación territorial. Tenemos que entender que no podemos ocupar zonas inundables.Esta sigue siendo la medida más eficaz”, concluye el experto.

El Gobierno de Canarias ha publicado este lunes el informe que somete a consulta previa la próxima ley de costas del Archipiélago, una norma que busca el “desarrollo sostenible” del litoral de las Islas mientras el mismo Ejecutivo regional que la promueve, el de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), avala proyectos turísticos polémicos como Cuna del Alma y La Tejita, ambos cuestionados precisamente por su impacto en el territorio.

La futura regulación tratará de “adecuar” los mandatos de la ley estatal de costas, de 1988, para otorgar un “margen de adaptación a la realidad y las particularidades del litoral del Archipiélago”, sin especificar esto último qué significa. También pretende simplificar la norma atendiendo al principio de “no ir más allá de lo estrictamente necesario” para conseguir los fines públicos que persigue.

El documento, firmado por el director general de Costas y Gestión del espacio marítimo canario, Antonio Acosta (CC), señala que el objetivo máximo de la ley será “facilitar un desarrollo sostenible” en las costas canarias que “equilibre el crecimiento económico con la preservación ambiental”; la “primacía” de la conservación de las zonas costeras naturales, sus ecosistemas y especies protegidas y, en su caso, la renaturalización de las que se recuperen; la adaptación de las zonas costeras al cambio climático; o la “protección” de los núcleos de población en el litoral, entre otras cosas.

Sin embargo, la hemeroteca no respalda a la Administración de Fernando Clavijo (CC) en este sentido. Bajo su mandato, el Gobierno canario ha allanado el camino de la polémica urbanización turística Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje (sur de Tenerife), archivando un expediente sancionador, desentendiéndose de otro y permitiendo la ocupación del proyecto, que prevé la construcción de 420 villas de lujo, en la franja de protección de la costa.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha desechado la compra del terreno en La Tejita, en Granadilla de Abona, donde se proyecta un hotel de cinco estrellas con 883 plazas junto a una reserva natural, la de Montaña Roja. La adquisición de ese solar supondría la paralización definitiva de la iniciativa, muy criticada por colectivos sociales desde el principio. E incluso la promotora del complejo, la empresa Construcción, Promoción y Derivados SA, del empresario José Viqueira, “mostró su disponibilidad” a la venta. Pero Clavijo ha guardado en un cajón el procedimiento de compra que inició la Administración anterior, liderada por Ángel Víctor Torres (PSOE), y ha llegado a sugerir que sea el Estado quien asuma el coste de la operación.

También durante esta legislatura, el Gobierno de Canarias recurrió ante el Constitucional la orden de derribo del Hotel Oliva Beach, en Fuerteventura, situado en las Dunas de Corrajelo. El Ministerio para la Transición Ecológica decidió no renovar la concesión otorgada hace más de 20 años al constatar ciertos incumplimientos. El Ejecutivo de Clavijo llevó el caso a los tribunales porque consideró que esa decisión era de su competencia, llegando a hablar de “injerencia directa” del Estado. Y el Constitucional finalmente dio la razón al Estado por unanimidad.

Pero eso no es todo. En octubre de 2023, el Ejecutivo regional autorizó una reforma en el Beach Club de San Agustín, un hotel de cuatro estrellas en el sur de Gran Canaria levantado en primera línea de playa sobre el que pesa desde hace más de 15 años una sentencia firme del Tribunal Supremo que obliga a la demolición de parte de sus instalaciones. El Ministerio para la Transición Ecológica sostiene que ese proyecto de remodelación no ha contemplado “las obras necesarias” para el cumplimiento del fallo. Mientras que el Gobierno canario sí, lo que ha derivado en un nuevo pleito judicial entre ambas administraciones.

Un repaso a las últimas actuaciones de Coalición Canaria y Partido Popular pone en entredicho el “desarrollo sostenible” de la costa que defienden. No obstante, ambos achacan “buena parte de los conflictos suscitados en el litoral de las Islas” a la “aplicación de plano y sin matices” de la ley estatal de costas, de 1988. Sostienen que se trata de un marco normativo “suficientemente abstracto” para ser desplegado en el litoral mediterráneo, la costa cantábrica o en las islas, “con desconocimiento y olvido las características de cada uno de esos espacios”.

Como buenos ejemplos de regulación autonómica, el Ejecutivo cita la ley de costas catalana, aprobada en 2020, la gallega, de 2023 y la valenciana, de 2025. Resalta que las tres “comparten la preocupación por establecer reglas de tutela, ordenación y utilización del litoral que respondan a la realidad ambiental, económica y social particular de la costa de cada una de ellas”. Las tres, también, han sido llevadas por el Estado ante el Tribunal Constitucional, que le ha dado la razón tanto a Catalunya como a Galicia. En el caso de la Comunidad Valenciana, el Gobierno nacional ha recurrido la normativa por inventar una protección para inmuebles que están fuera de ordenación.

Un vacío legal de 21 años ha permitido a la empresa Transportes Pablo de León, afincada en Fuerteventura, mantener vivo un proyecto de extracción de áridos en una Zona de Protección de Aves (ZEPA), en concreto en la de ‘Llanos y cuchillos de Antigua’, en el este de la isla, declarada para preservar el hábitat de especies amenazadas y migratorias como el guirre, la hubara, la tarabilla canaria o el corredor sahariano.

A pesar de que el Gobierno de Canarias propuso a la Comisión Europea su inclusión en la red de espacios protegidos en el año 2001, no fue hasta 2022 cuando aprobó un decreto que le dio validez legal a esa ZEPA y a todas las demás del Archipiélago. Ese desfase de más de dos décadas permitió a la empresa, que lleva operando en la zona desde finales del siglo pasado, librarse en parte de un delito contra la ordenación del territorio y el medio ambiente acusada por la Fiscalía y reabrir el expediente de evaluación ambiental del proyecto de una cantera de basalto, el último intento de la compañía por obtener una licencia.

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Ejecutivo regional se encuentra en estos momentos evaluando el posible impacto de la actividad industrial teniendo en cuenta su ubicación dentro de la ZEPA ‘Llanos y cuchillos de Antigua’, cuya extensión abarca unas 9.906 hectáreas de terreno. Fuentes del departamento sostienen que “en ningún caso se puede averiguar cuál va a ser el sentido” de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), es decir, si será favorable o no a la iniciativa. Pero sí remarcan que “no puede obviarse” la figura de protección de aves decretada en el lugar.

La mercantil Transportes Pablo de León, por su parte, está convencida de que la ZEPA “no prohíbe, sólo limita”. Según su versión, aunque los “profesionales” de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias “dicen que no a todo para no hacer nada”, en este caso “ya no pueden hacerlo”, pues, a su juicio, la justicia les dio “la razón” al considerar que “es legalizable” y que deben concederles la “licencia” de “todo” lo que tienen allí, incluida la cantera. La empresa confía en que no se prolongue más este “terrible y duro proceso” que, afirma, “se llevó por delante” a su fundador, Pablo de León, “debido a las presiones y al ninguneo al que fue sometido”. La supervivencia de la sociedad es básica “para la manutención de 40 trabajadores y sus familias”, remachan.

Es cierto que en al menos dos procedimientos judiciales recientes la empresa salió victoriosa. En el primero logró reabrir el expediente de evaluación ambiental de su propuesta de cantera (octubre de 2024) y en el segundo resultó absuelta de dos delitos, uno contra la ordenación del territorio y otro contra el medio ambiente (marzo de 2025).

La Fiscalía, tal y como adelantó el periódico local Diario de Fuerteventura, pidió para ella cinco años de multa, el cierre de las instalaciones por un periodo total de ocho años y la retirada o demolición de las obras, asumiendo todos y cada uno de los costes por la presunta alteración de la realidad física a través de un conjunto de “actuaciones constructivas, extractivas y mineras” entre los años 2000 y 2017 en la zona conocida como Llano de las Goteras, en el Barranco de la Torre.

El informe de las fotos aéreas del Seprona entre 1984 y 2017 dejó “constancia” de las “modificaciones del terreno” mediante “la extracción de recursos naturales”. La compañía sí contaba con autorización para una planta de trituración y clasificación de áridos, una planta de hormigón, otra de asfalto y un depósito de gasoil. Pero carecía del permiso de minas para el aprovechamiento de áridos de la zona, para dos captaciones de agua y la gestión de residuos, según la Guardia Civil.

Dos técnicos de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) defendieron que Transportes Pablo de León no contaba con los títulos habilitantes necesarios para operar y que los terrenos se ubicaban dentro de un espacio protegido. Uno de ellos sostuvo que, por esa misma protección, las actividades extractivas no estaban permitidas, salvo en casos muy puntuales para viviendas antiguas, y que las construcciones asociadas al complejo tampoco eran legales.

También se documentó en una visita en 2018 la “densa nube de polvo en suspensión” asociada a la explotación, lo que provocaba que tanto la vegetación como las rocas estuvieran “totalmente cubiertas de polvo”. Pero no se detectaron posibles “molestias asociadas” sobre la fauna, en especial sobre las aves. Y cuando los agentes del Seprona acudieron al lugar entre 2017 y 2020 no observaron “actividad reciente” de extracción de piedra en la propia ladera. La maquinaria (plantas de asfalto y hormigón, que sí contaban con autorizaciones antiguas) seguía funcionando, pero los operarios procesaban material que provenía en camiones desde otra instalación en el municipio de La Oliva, en el norte de Fuerteventura.

El Juzgado de lo Penal Número 2 de Puerto del Rosario absolvió a la mercantil porque consideró probado que la ZEPA ‘Llanos y cuchillos de Antigua’ nunca tuvo existencia legal entre los años 2000 y 2017, pues el Gobierno canario no la aprobó ni publicó en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Y al no haber ZEPA, el suelo era rústico común.

El fallo aclara que la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que, para condenar por un delito territorial, la construcción debe ser totalmente ilegalizable. Pero como la extracción de áridos en ese suelo sí se puede autorizar si se obtiene una DIA favorable, hacerlo sin permiso “solo podrá dar lugar, en su caso, a reacciones sancionadoras administrativas”.

Además, en lo que respecta al delito contra el medio ambiente, la jueza tachó el informe de la acusación de “genérico y no concluyente”. Consideró que era necesario un estudio que evaluara el antes y después de la instalación de la cantera para determinar “en qué medida” se pudieron haber visto afectadas “las condiciones de vida animal o vegetal existentes”. Informe que, agregó, “no se ha emitido”. “En suma, se desconoce la afectación efectiva y concreta que la extracción ha tenido sobre el espacio natural”, remató.

La empresa reconoció en el juicio que no tenía autorización para la cantera. Por eso la pidió en 2018. Sin embargo, la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático del Ejecutivo regional paralizó el trámite en abril de 2020 argumentando que la extracción afectaba de pleno a la ZEPA de Antigua y que de su análisis “se evidenciaba un perjuicio sobre la integridad del espacio natural”.

Pero la compañía recurrió. Y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) le dio la razón al concluir que el Gobierno de Canarias se había apoyado en una Zona de Protección de Aves que, en el momento en que rechazó el proyecto, no había sido declarada ni publicada oficialmente.

Un funcionario público alertó de hecho en 2005 que “en el Servicio de Biodiversidad no consta la existencia de resolución de propuesta de la ZEPA ‘Llanos y cuchillos de Antigua’ emitida”. Pero no fue hasta 2022 cuando se aprobó el decreto. Así que el alto tribunal canario anuló la resolución del Ejecutivo y le ordenó a reabrir el expediente.

Eso ocurrió en octubre de 2024. Un año más tarde, el TSJC avaló la norma que declara las ZEPAs del Archipiélago al desestimar un recurso, también de Transportes Pablo de León, que solicitó la eliminación de la de Antigua del listado oficial de espacios protegidos. Alegaron que el Gobierno regional la había incluido sin haberla “designado y delimitado previamente” de nuevo, y criticaron que la ficha oficial de la zona no venía acompañada “de los estudios de avifauna que con rigor motiven y determinen la necesidad de sus poblaciones y su distribución geográfica dentro del aérea”.

El alto tribunal canario, no obstante, certificó que en noviembre de 2001 se remitió al Estado la designación de esa ZEPA, acotando su superficie (9.913 hectáreas) y su perímetro (64,61 kilómetros). Y que el acuerdo del Ejecutivo autonómico para nombrar Zonas de Protección de Aves en 2006, en el que no estaba incluida la de Antigua, se refería solo a “nuevas áreas” o ampliar otras, “lo que no significa” que la de ‘Llanos y cuchillos de Antigua’ “no estuviera ya delimitada y designada, sino que dicho acuerdo no le afectaba”.

La justicia condenó a la empresa al pago de las costas procesales, fijando un límite de 1.500 euros. La compañía ha reconocido a este periódico que no recurrirá “ya que según los abogados no hay nada que hacer en este tema”. La última palabra de la cantera de basalto la tendrá el órgano ambiental del Gobierno de Canarias.

Ocho de cada diez personas en Canarias defienden que algunas empresas no encuentran trabajadores en las Islas por las condiciones laborales que ofrecen. Un 29% está “totalmente de acuerdo” con esta afirmación y un 48% “de acuerdo”, según la Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica (ECOSOC) publicada este viernes en el Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

Las cifras no varían entre hombres y mujeres. Ni tampoco entre los grupos de edad analizados. Tan solo los que tienen 65 años o más muestran menor apoyo: solo están “totalmente de acuerdo” un 18%. Los resultados llegan en un momento en que la patronal canaria insiste en el relato de que no consigue personal para cubrir sus puestos en sectores como la hostelería o la construcción mientras el Archipieálgo continúa liderando la tabla de los salarios más bajos del país.

La ECOSOC de este último cuatrimestre ha girado en torno a las condiciones de trabajo en el Archipiélago. El sondeo cuenta con una muestra de 2.400 viviendas, y en cada domicilio se entrevista a una sola persona de 18 años o más. En esta ocasión se ha preguntado sobre la valoración del empleo, el emprendimiento, la jornada laboral, el salario mínimo interprofesional y la economía sumergida.

La encuesta revela que un 34% de las mujeres ha renunciado en alguna ocasión a una oportunidad de empleo por conciliación familiar, mientras que un 28% de los hombres también lo ha hecho. También ellas (57%) han permanecido más tiempo que ellos (53%) en un puesto de trabajo que no les gustaba en beneficio de su hogar.

Más de seis de cada diez encuestados (63%) están a favor de la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales. El apoyo es más unánime entre los asalariados (70%) y más bajo entre los autónomos (36%), como era de esperar. Casi la mitad (46%) considera que la rebaja tendrá un impacto positivo en la economía. Y una gran mayoría sostiene asimismo que permitirá una mejor conciliación entre la vida personal y laboral (76%) y que ayudará a la salud mental (68%).

Sobre la jornada laboral de cuatro días, más de la mitad de las personas (55%) la ven de forma positiva. Las mujeres (58%) más que los hombres (50%). Y todavía más los jóvenes de entre 18 y 34 años (67%).

El incremento del salario mínimo interprofesional acordado hace unas pocas semanas es respaldado por casi todos (86%). Pero también es mayoritaria (85%) la opinión de que 1.200 euros al mes no son suficientes para vivir de manera digna.

En relación con la economía sumergida, el 44% de los trabajos contratados de esta manera en los últimos doce meses corresponden a reparaciones o reformas en el hogar. Le siguen los tratamientos o cuidados personales (26%) y los servicios de reparaciones en talleres (20%).

Por otra parte, las personas emprendedoras indican que la principal barrera que han encontrado han sido los impuestos. En segundo y tercer lugar destacan los trámites burocráticos y la falta de apoyo por parte de las administraciones

Poco más de la mitad (53%) considera que en Canarias no se dan las oportunidades necesarias para emprender algún tipo de actividad empresarial, porcentaje que se eleva hasta casi el 70% en el caso de las personas empleadoras.

Por último, el 53% de los encuestados valora la situación actual del empleo como “mala” o “muy mala”. Y la estabilidad de un puesto de trabajo es la característica mejor valorada. El 62% de las personas le da mucha importancia a ello. Porcentaje que supera a tener un salario alto (50%) o un empleo interesante (45%).

La Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias también se ha visto obligada a ocultar el resultado de sus inspecciones históricas en las jaulas marinas de Telde que registraron una mortandad masiva entre octubre y noviembre del año pasado, provocando el cierre de las playas del municipio durante semanas por un episodio de contaminación marina.

La Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas ha hecho extensible al departamento liderado por Esteban Cipriano Reyes el bloqueo que impuso sobre las actas e informes emitidos por el Plan Territorial de Protección Civil de Canarias, conocido como PLATECA, denegando el acceso a la información a Canarias Ahora, que había solicitado esos datos en aplicación de la Ley de Transparencia.

Es la segunda vez este año que el Gobierno regional se escuda en el carácter “reservado” de las investigaciones del Ministerio Público sobre el origen de la contaminación en Telde para rechazar la entrega de documentación. En la primera ocasión, la que tiene que ver con los documentos del PLATECA, se precisó que habían sido requeridos por el Seprona o la Fiscalia y que ahora por tanto “participan de la naturaleza” de un procedimiento penal. Pero esta vez no ha habido mayor explicación.  

Ambas resoluciones llegan en un momento en el que continúa sin saberse qué mató el pasado mes de octubre a las 2.500 toneladas de lubinas de las instalaciones de Aquanaria, la empresa encargada de la explotación de dos piscifactorías en la costa teldense, una de ellas ubicada en zona prohibida para tal uso desde la aprobación del plan autonómico que regula su actividad en 2018.

Este periódico quería saber el total de inspecciones realizadas por la Dirección General de Pesca en las jaulas marinas de Aquanaria. La empresa de origen cántabro tiene dos en Telde, otras dos en San Bartolomé de Tirajana y una en Arinaga. Produce en total 10.451 toneladas anuales entre lubinas, doradas, lenguados y pez limón o medregal, según datos del visor de Grafcan.

Pesca realiza dos tipos de inspecciones sobre las piscifactorías. Unas sobre las propias instalaciones y otras sobre el estado sanitario de los peces evaluando los métodos, las condiciones técnico-sanitarias y de producción, explican fuentes de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria.

De las actuaciones en las jaulas se encarga la empresa pública Tragsa, que ejecuta un mínimo de dos al año, puntualizan esas mismas fuentes, aunque “en caso de incidencias se realizan las inspecciones extraordinarias que sean necesarias”. Sobre las sanitarias, “se realizan de manera periódica, con toma de aguas de la concesión, así como muestras de peces para sus análisis”, apuntan desde la cartera liderada por el herreño Narvay Quintero, de Agrupación Herreña Independiente (AHI).

Canarias Ahora quería conocer cuántos de esos registros se habían llevado a cabo en las explotaciones acuícolas de Aquanaria, sus fechas y los resultados, sin hacer mención del episodio de contaminación marina del pasado año.

Sin embargo, en una resolución firmada el pasado 19 de febrero, Pesca ha denegado el acceso a esos datos amparándose en el mismo criterio que la Fiscalía objetó para ocultar las actas e informes del PLATECA: el carácter “reservado” de su investigación. Esta vez sin detallar si esas inspecciones forman parte o no de ella. Tan solo exponiendo un pequeño razonamiento del Ministerio Público para rechazar la entrega de información en el marco de unas diligencias.

“El reglamento del Ministerio Fiscal prevé que los procedimientos tramitados son reservados, en los términos legalmente establecidos. La publicidad que, con carácter general, se predica de las actuaciones administrativas e incluso de las judiciales encuentra importantes limitaciones en el ámbito penal”, recoge el texto.

Pesca sostiene en su resolución de tres páginas que conceder los datos solicitados por este periódico “podría suponer un perjuicio para la prevención, investigación y sanción de ilícitos penales, administrativos o disciplinarios”, uno de los supuestos invocados en la ley de transparencia canaria para bloquear el acceso a información. Pero no detalla en qué medida conocer el resultado de las inspecciones sobre las jaulas marinas de Aquanaria afectaría a dichas pesquisas.

Conviene recordar que incluso antes de la aprobación de las dos leyes de transparencia, la autonómica (en 2014) y la estatal (en 2013), ya había sido aprobada la ley 27/2006, que regula el derecho de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, “lo que da a ver la importancia que ha tenido la difusión de este tipo de datos para la protección del medio ambiente”, destaca Noel Armas, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Sevilla.

Este mismo lunes el Ayuntamiento de Telde lanzó un comunicado en el que volvió a denunciar la “opacidad” del Gobierno de Canarias al respecto. Después de una reunión celebrada entre el alcalde, Juan Antonio Peña, y dirigentes autonómicos, entre ellos el propio consejero Narvay Quintero y el director general de Pesca, Esteban Cipriano Reyes, el Consistorio ha lamentado que “lejos de aportar claridad, (…) la cita dejó más incertidumbre que respuestas”.

Quintero señaló que “todos los expedientes relacionados con la concesión administrativa, la actividad de las jaulas y sus autorizaciones se encuentran bajo secreto de sumario”. Pero Peña considera que “nos encontramos ante una situación que afecta directamente al medio ambiente, a la salud pública y a la economía local, y aun así se nos niega información básica para poder actuar con responsabilidad”.

La Plataforma por un Mar Limpio también ha criticado en una misiva emitida este martes que “la falta de transparencia es absoluta. [Los representantes institucionales] se escudan en un supuesto secreto fiscal que impide a la ciudadanía acceder a información esencial sobre una actividad que afecta directamente al medio marino”.

La justicia ha avalado la multa de 45.000 euros impuesta a la empresa Agropecuaria Los Pasitos, con sede en Tenerife, por tener en su granja más cerdos de los permitidos. La explotación ganadera contaba con 2.700 ejemplares de más de 30 kilos sin la preceptiva autorización ambiental integrada (AAI), superando el umbral legal de 2.000 unidades.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado el recurso de la mercantil en una reciente sentencia y ha ratificado el fallo en primera instancia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de Santa Cruz de Tenerife, que también confirmó la sanción aplicada por la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN).

La sociedad Agropecuaria Los Pasitos está gestionada por dos administradores solidarios. Uno de ellos es Henry Sicilia, antiguo presidente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan), y el otro es Juan Pedro Dávila, exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias entre 2010 y 2015. Primero fue nombrado por el entonces presidente regional Paulino Rivero, de Coalición Canaria (CC), y luego fue cesado nada más comenzar su primer mandato de Fernando Clavijo (CC), que inmediatamente después lo repuso en el Ejecutivo autonómico como asesor de Presidencia.

La empresa defendió en su recurso que la administración pública había firmado hasta tres resoluciones, en 2015, 2017 y 2022, en las que indicaba que “no era necesaria” la autorización ambiental y solicitó de forma subsidiaria que la multa se redujera al mínimo legal de 20.000 euros. También alegó que los 2.700 cerdos contabilizados “no deben computarse por ser descendientes de cerdas reproductoras”. Pero el alto tribunal canario ni siquiera tomó en consideración esta cuestión al no haber sido analizada en primera instancia. Y hacerlo ahora “supondría indefensión y una infracción procesal contraria al carácter revisor d ela jurisdicción”.

En cuanto al resto de los argumentos, la sentencia lo deja bastante claro. Resulta “incontrovertido” que la granja de Agropecuaria Los Pasitos superaba el límite de 2.000 cerdos de cebo de más de 30 kilos, “por lo que sí era exigible la AAI”. Aunque hubo informes anteriores que la eximieron de tenerla (2015, 2017 y 2022), el TSJC dice que desconoce “si las circunstancias era las mismas o cambiaron (por aumento del número de animales)”. Pero remarca que “la tolerancia anterior no implica una consumación de un derecho”. Y en este caso no cabe la menor duda: “El recurrente intenta minimizar el número de animales, pero no niega la superación del umbral”.

El alto tribunal canario considera además “proporcionada” la cuantía de la multa de 45.000 euros, ubicada en la parte baja del rango legal, que va del mínimo de 20.000 euros al máximo de 200.000, y dice que “aunque no se agravaron los hechos, sí existió un beneficio económico por el exceso de animales”.

Asimismo, agrega que “no basta con argumentar la falta de dolo”, pues “no se requiere” en este supuesto condenar si hubo voluntad deliberada de la empresa por cometer una infracción o no, sino confirmar la “negligencia o falta de diligencia, que es lo ocurrido”. Agropecuaria Los Pasitos alegó en un último intento “el desconocimiento de la ley basado en la confianza legítima de anteriores actuaciones inspectoras”. Pero amparándose en jurisprudencia del Supremo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC refutó esa tesis: “El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento”.

La sentencia impone el pago de la costas, de unos 600 euros, a la recurrente y otorga un plazo de 30 días para la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Canarias Ahora preguntó vía correo electrónico a Agropecuaria Los Pasitos si lo había hecho, teniendo en cuenta que el fallo es de julio del año pasado. Pero hasta la fecha de la publicación de este artículo no ha habido respuesta.

Agropecuaria Los Pasitos fue constituida en 1989 y tiene como objeto social la compraventa, cría y reproducción de ganado vacuno y porcino. Su capital social es de 335.360 euros. Juan Pedro Dávila es también apoderado de la empresa desde 2006. Firmó como administrador solidario de la misma en diciembre de 2024 y continuará en ese cargo hasta el mismo mes de 2029, según la nota simple de la compañía consultada en el Registro Mercantil.

Dávila formó parte del Partido Nacionalista Canario, publicó este periódico en 2015, formación que compone en estos momentos el Grupo Nacionalista Canario en el Parlamento autonómico con Coalición Canaria. Su padre fue el histórico nacionalista Juan Pedro Dávila García, uno de los máximos exponentes del partido, fallecido en 1998.

Cuando fue nombrado asesor de Clavijo en 2015 después de haber sido cesado como director general de Ganadería, su regreso se vio “con recelo” desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, liderada en ese entonces por el mismo titular que ahora, el herreño Narvay Quintero, de la Agrupación Herreña Independiente (AHI). Este periódico ya contó los “fuertes intereses empresariales en la ganadería local” que presentaba Dávila, así como su alianza en el sector con Henry Sicilia, quien fuera también presidente de la Asociación de agricultores y ganaderos de Canarias (Asaga).

El caos en la gestión de la vivienda protegida (VPO) en Canarias es real. El organismo público encargado de su control, el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), ha reconocido vía Transparencia a Canarias Ahora que no tiene un listado con todas las promociones de pisos públicos en las Islas que detalle su ubicación, fecha de calificación, número de expediente o total de casas. Tampoco sabe cuál ha sido la evolución anual del stock total del parque público desde el año 2000.

En ambos casos alega que dicha información “no se encuentra elaborada”. Sobre la segunda dice que “ni figura” en sus archivos y que para conocer año a año cómo ha variado el número de VPO en el Archipiélago “se tendría que hacer una tarea compleja y de reelaboración haciendo uso de diferentes fuentes de información”. Pero el Instituto “carece de los medios técnicos y humanos necesarios para extraer dicha información, resultando imposible proporcionarla”.

Esta ceguera administrativa ha convertido el mercado de VPO en la Comunidad Autónoma en un terreno abonado para la picaresca y las prácticas irregulares, que van desde ventas de viviendas protegidas todavía calificadas como tal a arrendamientos piratas sin el cumplimiento de los requisitos, aseguran fuentes jurídicas. El descontrol es también confirmado por Miguel Ángel Pulido, quien fuera director general de Vivienda del Gobierno de Canarias entre 1997 y 2003 y hasta hace unos años vocal de la empresa pública de viviendas sociales de las Islas, Visocan.

Pulido dice que vivió en sus propias carnes la falta de control nada más asumir el cargo al comprobar, por ejemplo, que solo en el polígono de Jinámar, en Telde, había más de 1.000 personas viviendo en pisos públicos sin contrato alguno. Las casas se habían ido traspasando de unas familias a otras al margen de la ley, y el Ejecutivo, continúa el también expresidente insular de Nueva Canarias en La Palma, tuvo que emprender un proceso masivo de regularización examinando si cada uno de sus inquilinos cumplían los condicionantes.

Pero lo que pasó hace más de veinte años parece no haber cambiado ni un ápice. Martín García, gerente de la inmobiliaria León Home Inversiones, en Las Palmas de Gran Canaria, relata el caso de un cliente en Vecindario que compró una vivienda hace años sin que nadie (ni el vendedor, ni el notario) le advirtiera de que era una VPO, y ahora que quiere venderla, ha descubierto que no puede hacerlo en el mercado libre y se ha visto obligado a tramitar su descalificación.

“Ha sido un desastre. Hace 15 años no se exigía nada y como no había tanta escasez de vivienda o no estaba tan en el candelero, no había control. Y al final se vendían y se compraban viviendas VPO como si nadie viese nada”, sostiene García. Aunque ahí no acaban sus encuentros con este tipo de prácticas.

“Tuve otro cliente que era policía local en Las Palmas de Gran Canaria que me preguntó si le podía conseguir una VPO, que él se había hecho con la suya hace unos 20 o 25 años [ya siendo policía] cuando la promotora, que no se la podía vender, le pidió a cambio que comprara dos plazas de parquin en vez de una. No sé exactamente en base a qué. Me imagino que es falta de control”, lamenta el gestor inmobiliario.

Y cuando no es eso, es directamente la administración no disponiendo de los documentos básicos para confirmar el estado de una promoción. García cuenta que conoce el caso de una antigua vivienda protegida en la zona de Madera y Corcho, en la capital grancanaria, para la que pidió información al ICAVI. Pero apunta que el Instituto le respondió exigiéndole la aportación de la primera escritura de compraventa en la que figura el régimen que protege a la vivienda, cuando en su opinión debería ocurrir todo lo contrario.

“Lo lógico sería acudir al organismo público y preguntar cuánto tiempo queda para poder descalificar una vivienda. Pero en este caso tuvimos que hacer eso, buscar y presentar nosotros la primera escritura pública de la persona que la compró o tuvo”, indica. Carolina Martell, directora del despacho Martell Abogados, ahonda en esta problemática.

“Esta carencia de control se traduce en situaciones muy concretas. Por ejemplo, en las promociones antiguas de las cuales no existe información clara sobre su régimen de protección, su estado de ocupación o las transmisiones realizadas a lo largo del tiempo, es frecuente que, al tramitar una venta, una herencia o una regularización, la administración no disponga del expediente completo ni de datos consolidados sobre ayudas concebidas, plazos de calificación o condiciones de adjudicación”, añade.

El también abogado Jonathan Pérez Moreno va un paso más allá y menciona ejemplos de viviendas públicas vacías o con las que se han hecho permutas. Agrega asimismo que es “común” encontrarse con adjudicatarios de VPO de promoción privada alquilando sus casas sin pedir autorización ni comprobar que el inquilino cumple los requisitos. Y carga contra el ICAVI, al que lo califica como un “ente supremo” inaccesible para la ciudadanía.

“Las citas las dan para tres meses, seis meses, si no un año… Deberían poner más medios. Deberían poner, digo yo, más facilidades. Haciéndolo podrían tener un mejor control de lo que pasa en las viviendas que gestionan”, remacha Pérez.

El consejero de Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez (CC), anunció precisamente en octubre de 2023 un “plan de choque” para cubrir 72 vacantes en el Instituto Canario de la Vivienda. Pero en abril de 2025, la fecha de la última actualización pública de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de dicho organismo, seguía habiendo 54 puestos sin cubrir de 221. En el Servicio de Promoción Pública de la provincia de Las Palmas, por ejemplo, más de la mitad de las plazas lo están (9 de 16). Y en el Servicio de Promoción Privada de Santa Cruz de Tenerife, 12 de 25.

Fuentes del departamento liderado por Rodríguez matizan que a fecha de febrero de 2026 se han cubierto ya “cerca del 40%” de las vacantes. Pero remarcan igualmente que hasta que Función Pública no lance una Oferta de Empleo Público (OPE), las plazas se cubrirán mientras tanto con interinos o comisiones de servicio, “pero es algo provisional, por eso varían las cifras”. El propio Ejecutivo autonómico reconoció por escrito en una respuesta parlamentaria que está llevando a cabo una “revisión integral” de la RPT del ICAVI para que sus puestos sean “revisados y ajustados conforme a las necesidades actuales de la organización”, pero no adelantó cuándo saldrá. La oposición ha criticado al consejero por prometer un refuerzo que, dos años y medio más tarde, continúa sin materializarse del todo.

“¿Cuándo va a cubrir las 72 vacantes en el Instituto Canario de la Vivienda que prometió en octubre de 2023? ¿Cuándo las va a cubrir?”, le preguntó a Rodríguez la diputada socialista Patricia Hernández en el pleno del Parlamento.

El Defensor del Pueblo publicó hace poco más de una década un informe sobre viviendas protegidas vacías en el que confirmó que Canarias no contaba (ni cuenta) con un servicio de inspección de vivienda pública y que solo actuaba en caso de denuncia previa. Porque esas VPO sin nadie dentro existen, pero el Ejecutivo autonómico “no sabe ni dónde están”, critica Miguel Ángel Pulido, exdirector de Vivienda del Gobierno regional. En su estudio, el Alto Comisionado de las Cortes Generales encargado de defender los derechos y las libertades de la ciudadanía estimó que había aproximadamente 13.506 VPO vacías en toda España. Solo en Canarias habría 76.

El periódico El País publicó recientemente un reportaje en el que recopiló las cuantías de las sanciones impuestas en las comunidades autónomas por el mal uso de las viviendas públicas entre 2019 y 2025. En total, más de nueve millones de euros de recaudación por sanciones que tienen que ver con subarriendos o ventas prohibidas. Canarias, Aragón y Murcia fueron las únicas autonomías que rechazaron otorgar información.

El Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana difundió el año pasado un informe en el que contabilizó un total de 19.413 viviendas de titularidad pública en Canarias, sumando las que están sujetas a modelos de colaboración público-privada y también las que se encuentran en régimen de arrendamiento con opción a compra.

Ese es el parque público actual del Archipiélago. Pero entre 1980 y 2023 se construyeron 55.360 pisos protegidos, de acuerdo con ese mismo estudio. Y como puede deducirse, la mayoría de esas casas (35.947) han pasado al mercado libre tras caducar su calificación en un proceso de “gentrificación por descalificación, según el catedrático en Geografía Humana de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Juan Manuel Parreño.

“La existencia de periodos cortos de protección supone que estos inmuebles entran en el mercado de la vivienda de compraventa y alquiler a precios de mercado libre. De alguna manera hay una transferencia de ayuda pública a patrimonios privados, pero lo peor, es que esto puede suponer un incremento de precios al mismo tiempo que reduce el parque protegido disponible. Incluso en algunos casos, la descalificación puede suponer la sustitución poblacional por hogares con más ingresos”, concluye el geógrafo.

El también doctor en Geografía de la Universidad de La Laguna (ULL) Alejandro Armas lamenta la pérdida de VPO, en especial por la emergencia actual. “Significa reducir la capacidad de la administración para responder a la crisis habitacional, en particular a los sectores más deprimidos de la sociedad y que son quienes tienen una mayor dificultad de acceder a una vivienda digna y asequible”, razona. “La incorporación de las VPO en el mercado libre puede inducir a procesos de expulsión de la población residente (gentrificación) por la subida de precios equivalentes a las de la vivienda no protegida. Hay evidencias de ello en algunas promociones de Madrid”, remacha.