El océano que rodea Canarias está registrando este año los segundos datos más elevados de temperatura media desde que hay cifras. Los valores del Sistema de Observación Oceánica del Instituto Español de Oceanografía (IEOOS) muestran que la Demarcación Marina Canaria (el espacio marítimo alrededor de Islas en el que España ejerce soberanía) ha alcanzado picos diarios de temperatura cercanos a los 25,76 grados, el máximo de la serie histórica, contabilizado en 2023.

Los indicadores del IEOOS revelan que la temperatura del océano en el Archipiélago suele alcanzar su punto máximo en los meses de agosto, septiembre y octubre. 2026 comenzó con valores similares a la media, pero a mediados de junio las temperaturas se dispararon y, desde entonces, se han mantenido generalmente por encima de las anotadas desde 1982, con la excepción de 2023. El máximo de este curso se alcanzó el 29 de septiembre, con una temperatura media de 25,54 grados.

Estas cifras no son un fenómeno aislado. A escala global, la temperatura media de la superficie marina (excluidas las regiones polares) alcanzó en septiembre los 21,05 grados, el valor más alto contabilizado para ese mes desde que hay datos, según el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S). El registro supera en 0,13 grados el récord anterior para un mes de septiembre, establecido en 2023, cuando la media fue de 20,92 grados.

Copernicus también señala que durante ese periodo hubo máximos históricos de temperatura superficial del mar en amplias zonas del Atlántico y en el Mediterráneo occidental.

Buena parte de este sobrecalentamiento se debe a ‘El Niño’, explica Pedro Vélez, investigador del Instituto Español de Oceanografía. Se trata de un fenómeno natural cíclico que eleva la temperatura superficial del agua en las zonas tropicales del Pacífico y altera los patrones de lluvia, lo que puede provocar sequías e inundaciones, especialmente en América. Se produce de forma irregular, generalmente cada dos a siete años, y suele durar entre nueve y doce meses, llegando a alcanzar su apogeo entre noviembre y febrero. Su impacto ahora es aún mayor al actuar sobre un planeta ya recalentado por el cambio climático.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió en septiembre de que ‘El Niño’ este año será “muy fuerte” y, de hecho, la temperatura superficial del mar en el Pacífico Ecuatorial registró ese mismo mes un máximo histórico de 29,7 grados, según Copernicus. Una investigación de Climate Impact Lab, un centro de investigación de Chicago (Estados Unidos), estima que el actual fenómeno podría causar 451.000 muertes relacionadas con las temperaturas extremas.

En Canarias, ‘El Niño’ altera el régimen de vientos. Este es “el principal mecanismo” por el que el fenómeno afecta al resto del planeta, explica Vélez. Es lo que los expertos denominan la “teleconexión” de ‘El Niño’.

Con viento habitual o fuerte, el mar se remueve constantemente. El agua de la superficie se mezcla con las capas profundas y es reemplazada por agua más fría, lo que contribuye a distribuir el calor. Pero cuando el viento amaina, la franja más superficial del océano se mezcla menos con las inferiores y acumula la radiación solar recibida durante días, lo que eleva su temperatura.

Este fenómeno se suma al calentamiento progresivo del océano que rodea Canarias, añade Vélez. Entre 1982 y 1989, la temperatura superficial media fue de 20,92 grados; entre 1990 y 1999, de 21,07; entre 2000 y 2009, de 21,33; entre 2010 y 2019, de 21,41; y entre 2020 y 2026, de 21,96. Según los datos del IEOOS, la tendencia al alza en estos momentos supondría un incremento de 2,65 grados por siglo.

El investigador menciona asimismo otro factor que podría estar contribuyendo de manera reciente al aumento de la temperatura: la normativa internacional que redujo el contenido máximo de azufre permitido en el combustible de los buques, del 3,5% al 0,5%. Esto ha mejorado la calidad del aire, por un lado, pero ha tenido también como consecuencia una fuerte reducción de las emisiones de aerosoles de azufre, lo que afecta a la formación de las nubes y produce una disminución del efecto albedo (la cantidad de luz solar reflejada hacia el espacio), aumentando la temperatura del océano. Ya que cuanto menos nubes, más radiación solar llega a la superficie.

“El impacto de este fenómeno se aprecia más a largo plazo, por lo que sus consecuencias se verán dentro de diez años. Pero poco a poco se va notando”, remacha el investigador, que insiste en la “complejidad” del sistema para dar sentido a estos datos.

“A pesar de que este año todo el océano está registrando temperaturas superficiales históricas, la temporada de huracanes en el Atlántico todavía no ha registrado ni uno solo [la entrevista con Vélez se grabó días antes de la formación del huracán ‘Isaías’], algo que prácticamente no había ocurrido desde que existen registros. Lo que quiero decir es que el sistema es tan complejo que lo que creíamos tener claro a veces ni siquiera lo está”, concluye.

El aumento constante de la temperatura del océano tiene, además, múltiples efectos devastadores bajo el agua: migraciones masivas de peces, cambios en la pesca, blanqueamiento de los corales… El calor extremo provoca que muchas especies “puedan llegar a colapsar”, resume Sara González-Delgado, investigadora posdoctoral en la Universitat de Barceona y miembro del Observatorio Marino de Cambio Climático-Punta de Fuencaliente (OMACC).

La bióloga marina cuenta que su grupo evaluó la respuesta de la estrella de mar ‘Coscinasterias tenuispina’ ante incrementos graduales de temperatura. Y observaron que, a medida que el agua se calentaba, los niveles de estrés aumentaban hasta alcanzar un punto crítico (alrededor de los 30 grados de forma sostenida) en el que el animal directamente dejaba de respirar. Un punto de “no retorno”.

“Preocupa que las especies alcancen su umbral de colapso y no puedan soportar las temperaturas actuales o las que se registren en el futuro. Y que puedan morir, claro”, agrega.

González-Delgado recuerda que Canarias tiene un ecosistema subtropical que reúne tanto a especies adaptadas al calor como a otras que no tanto. El calentamiento amenaza especialmente a estas últimas, sean endémicas o autóctonas.

Un ejemplo es el musgo amarillo, típico de Tenerife. Estas algas forman bosques submarinos que actúan como criaderos donde se refugian y crecen larvas y juveniles de peces. Y si los perdemos a ellos, enfatiza la experta, el impacto en la pesca artesanal y el marisqueo local sería notorio.

Otra consecuencia que conviene tener en cuenta es la expansión de especies invasoras favorecidas por el calor. En ocasiones, los barcos transportan de manera involuntaria organismos tropicales que normalmente quedan confinados en los recintos portuarios porque el agua exterior está demasiado fría.

No obstante, cuando la temperatura del mar aumenta, estas especies pueden encontrar las condiciones idóneas para colonizar las costas e islas vecinas. Un caso reciente mencionado por la investigadora: el cangrejo nadador rojo ‘Cronius ruber’. Otro ejemplo “preocupante”: el alga ‘Rugulopteryx’, originaria del noroeste del Pacífico y cuya expansión en el Archipiélago también está vinculada al tráfico marítimo.

“De repente ha aparecido esta especie de alga, que nadie se come porque es tóxica, y está sustituyendo a otras algas que tenemos en las Islas”, remarca.

A pesar de la gravedad del diagnóstico, González-Delgado destaca la capacidad de resistencia y adaptación que su equipo ha observado en la fauna marina canaria, en concreto en algunas especies de erizos de mar y lapas. Estos animales pueden activar o desactivar determinados genes en respuesta a los cambios de temperatura, un mecanismo que actúa como una especie de amortiguador y que permite a ciertas poblaciones resistir el calentamiento o desplazarse hacia zonas más frías. Aunque todo tiene “un límite”.

“Siempre decimos que, por ahora, todavía hay especies que pueden luchar, que pueden aguantar. Pero, si seguimos así, acabarán desapareciendo y nuestros ecosistemas cambiarán por completo”, concluye la experta.

Los escombros generados por las obras del polémico proyecto turístico Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje (sur de Tenerife), se están acumulando en una parcela pública propiedad del Ayuntamiento de Adeje, según ha podido saber Canarias Ahora.

La parcela, denominada T-5, se encuentra dentro del ámbito urbanístico que prevé la construcción de 420 villas de lujo en el Puertito, un paraje natural rodeado de espacios protegidos y lugares de interés geológico.

Este solar forma parte de los terrenos que la promotora ha cedido al Ayuntamiento de Adeje como parte del aprovechamiento medio de la actuación, tal y como establece la ley. En este caso, la cesión corresponde al 10% del aprovechamiento urbanístico de la iniciativa. Las parcelas entregadas al Consistorio son la T-5, la CO-2 y la RD-6, valoradas en casi diez millones de euros.

Las imágenes vistas por este periódico muestran que efectivamente la empresa impulsora de Cuna del Alma, Segunda Casa Adeje SL, está utilizando como escombrera la finca T-5, de unos 15.600 metros cuadrados. Junto a la pila de despojos también pueden apreciarse camiones, excavadoras y otros vehículos.

El Ayuntamiento de Adeje sostiene que, pese a ser el titular del terreno, no tiene “dominio” sobre él, ya que se encuentra en una situación de “nuda propiedad”. Según explica, no podrá utilizar la parcela hasta que concluyan las obras y el Consistorio la recepcione. Solo entonces “tendrá un uso acorde a lo que permite la ley”, asegura. Ocurre igual con las parcelas CO-2 y RD-6.

La Corporación sostiene que el mismo criterio se aplica a las obras de carácter público que la promotora ejecuta actualmente, como los viarios o el alumbrado, que, llegado el momento, “también serán municipales”. Las fuentes consultadas no aclaran si el Ayuntamiento está conforme con el vertido de escombros en la parcela T-5. Se limitan a señalar que no tienen “dominio” sobre el terreno.

La parcela T-5 es de uso hotelero-extrahotelero y fue inscrita en favor del Ayuntamiento de Adeje en marzo de 2022, según la documentación del Registro de la Propiedad. La nota simple del solar señala literalmente que “se trata de una de las parcelas que se adjudica” al Consistorio “en pago del 10% del aprovechamiento que le corresponde” del proyecto turístico de Cuna del Alma.

Esta figura del aprovechamiento urbanístico no es baladí. Supone la obligación legal de los propietarios de ceder gratuitamente al Ayuntamiento una parte del aprovechamiento urbanístico que el propio planeamiento les reconoce. Con carácter general, ese porcentaje oscila entre el 5% y el 15%.

En estas parcelas solo pueden construirse espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas, según los usos previstos en el planeamiento. En las actuaciones de uso residencial, además, la normativa contempla destinar suelo a la construcción de vivienda protegida.

Cuna del Alma es un proyecto turístico. No prevé la edificación de vivienda pública. Pero el Ayuntamiento de Adeje pretende vender el aprovechamiento urbanístico que ha adquirido para destinar esos recursos a la construcción de viviendas en otros puntos del municipio.

Esta fue la vía que utilizó el Consistorio para declarar de interés público de primer orden la polémica urbanización de lujo. La declaración le permitió después justificar el traslado de la viborina triste, una especie protegida cuya presencia paralizó las obras durante casi dos años.

La parcela T-5, de uso hotelero-extrahotelero, tiene asignadas 8.501 unidades de aprovechamiento; la CO-2, de uso comercial, unas 3.934; y la RD-6, destinada a equipamiento recreativo, alrededor de 69,3. El valor conjunto de los tres terrenos asciende a 9,9 millones de euros.

Un decreto municipal al que ha tenido acceso esta redacción detalla asimismo que al Ayuntamiento de Adeje le corresponden otras 591,1 unidades de aprovechamiento. Como no dispone de ellas, deberá recibir una compensación económica de 447.549 euros.

Las obras de Cuna del Alma avanzan con paso firme salvo en una pequeña parte del complejo, de unos 2.400 metros cuadrados (el proyecto abarca cerca de 430.000), paralizados por orden judicial desde hace medio año por la comisión de un presunto delito contra la ordenación del territorio y el medio ambiente en la zona de protección de la costa.

La causa se instruye en el Juzgado de Instrucción número 1 de Arona. Ante la magistrada han declarado como investigados el director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta (nombrado por Coalición Canaria); el jefe del Servicio de Ordenación del Litoral Oriental del Ejecutivo regional, Valeriano Díaz, y el representante legal y los administradores de la promotora, Segunda Casa Adeje SL.

También han declarado como testigos dos técnicos de Costas del Ejecutivo regional.

El plan del Siam Park de Gran Canaria para abastecerse de las desaladoras municipales sin aumentar su capacidad ha caído en saco roto. El órgano ambiental del Gobierno de Canarias ha cerrado la puerta a esa posibilidad y ha exigido a la promotora de la iniciativa, el grupo turístico Kiessling (dueños de Loro Parque, el Siam Park de Tenerife y el acuario Poema del Mar, en Las Palmas de Gran Canaria), que construya una nueva desaladora para autoabastecer el parque acuático o amplíe la producción de las instalaciones existentes.

Así queda recogido en el documento de alcance del plan, un informe firmado el 18 de septiembre por la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental que establece los aspectos que deberá abordar la futura evaluación ambiental estratégica del proyecto.

El texto advierte de que el Siam Park de Gran Canaria supondrá un incremento “muy significativo” de la demanda hídrica y considera “necesario justificar la garantía de dicho suministro” mediante la construcción de nuevas desaladoras o la ampliación de las existentes. El consumo previsto asciende a 3.563 metros cúbicos diarios, el equivalente al de unos 20.739 residentes de San Bartolomé de Tirajana, municipio donde se proyecta el parque.

La Comisión frena así la intención inicial del grupo Kiessling de recurrir a las desaladoras que ya abastecen la zona de Maspalomas y Playa del Inglés (Maspalomas I y II, con una producción conjunta de unos 39.000 metros cúbicos diarios) para cubrir toda la demanda de la obra. El municipio consume 14.390 metros cúbicos.

El documento de alcance también señala que “sería conveniente aprovechar al máximo” las aguas pluviales (es decir, de lluvia) mediante actuaciones que permitan almacenarlas y reutilizarlas. El órgano destaca esta opción por las condiciones del entorno donde se proyecta el Siam Park de Gran Canaria: un paraje desértico donde el riesgo de desertificación es de alto a muy alto, los suelos son áridos, la vegetación sobrevive bajo estrés hídrico y el cambio climático rebajará hasta en un 25% las ya escasas precipitaciones. Por lo que cada gota cuenta.  

La Comisión apunta asimismo que “se prevé un incremento considerable” de las aguas residuales y exige que se garantice su correcta depuración. También reclama velar por el cumplimiento de la normativa sobre contaminación acústica y lumínica si se celebran eventos nocturnos, dada la proximidad del proyecto a zonas turísticas y residenciales.

Un estudio con un horizonte de 500 años para prevenir inundaciones

Otro de los aspectos más controvertidos del parque acuático promovido por el grupo Kiessling es su ubicación en una zona de riesgo significativo de inundación, concretamente en el barranco de El Veril. Aunque el cauce cuenta con una canalización que conduce el agua hasta la playa de Las Burras y evita filtraciones, el órgano ambiental advierte de que esta infraestructura acelera la velocidad del flujo. Por ello, exige un estudio que tenga en cuenta las proyecciones de la crisis climática y simule episodios extremos con un periodo de retorno de 500 años, para determinar si es necesario ampliar la capacidad de la canalización actual.

Por otro lado, la Comisión ha solicitado un análisis detallado del tráfico, los accesos y la capacidad de las carreteras ante el elevado volumen de visitantes previsto. El proyecto incluye también un hotel de cinco estrellas con unas 450 camas turísticas.

El órgano ambiental también reclama que las instalaciones hoteleras y recreativas se integren en el entorno y que las obras impliquen el mínimo movimiento de tierras posible. Además, exige que la promotora contemple entre los escenarios de ejecución la posibilidad de que el proyecto no llegue a realizarse.

Por último, la Comisión solicita inventarios de campo detallados para delimitar y proteger el Hábitat de Interés Comunitario 5330 (matorrales termomediterráneos) y las especies protegidas. Así como evaluar el estado de conservación de los yacimientos arqueológicos y los bienes etnográficos presentes en la zona.

El documento de alcance funciona como una hoja de ruta que establece qué aspectos debe incluir la evaluación ambiental estratégica del proyecto. Una vez elaborado, el estudio se someterá a información pública y volverá a ser valorado por las administraciones y las personas interesadas. La decisión final sobre su viabilidad ambiental quedará recogida en la declaración ambiental estratégica.

La reactivación del Siam Park de Gran Canaria ha llegado más de tres años después de que el Tribunal Supremo anulara el plan anterior por la falta de un informe del Consejo Insular de Aguas que acreditara precisamente la existencia y disponibilidad de recursos hídricos para llevar a cabo un parque acuático.

La actuación fue declarada de interés general y estratégico por parte del Cabildo de Gran Canaria en 2014, presidido entonces por José Miguel Bravo de Laguna (Partido Popular), y también logró esa consideración por parte del Gobierno de Canarias en 2015, en la primera etapa de Fernando Clavijo (Coalición Canaria) al frente del Ejecutivo autonómico.

En marzo de este año, Wolfgang Kiessling, fundador y director general de Loro Parque, afirmó que el parque “está más cerca que lejos” tras años de papeleo.

Guayarmina Rijo y Fermín Blanco ya compartían una misma inquietud: cómo influye el entorno físico en el aprendizaje. Ambos participaron en la creación de la Asociación Ludantia, una organización de ámbito estatal que reúne a arquitectos, educadores y otros profesionales para fomentar el diálogo entre la arquitectura, la educación y la infancia. Blanco fue su primer presidente. Ahora ese cargo lo ocupa Rijo. Y después de muchos años de experiencia, los dos se han unido para fundar Movimiento Perenquén, un programa que aspira a transformar los patios de los colegios de Canarias.

El detonante de la formalización del proyecto fue la convocatoria de subvenciones e iniciativas de naturalización lanzada por el Gobierno de Canarias dentro de su Plan de Adaptación de los Centros Educativos a las Altas Temperaturas. No es novedad que la mayoría de los colegios e institutos del Archipiélago carecen de las herramientas para hacer frente a las altas temperaturas, cada vez más extremas y frecuentes a causa del cambio climático. Pero Guayarmina Rijo y Fermín Blanco tienen un plan: retirar el asfalto y el hormigón de las zonas de recreo para recuperar el suelo vegetal, plantar especies autóctonas y colocar telas náuticas que proporcionen sombra sin impedir la ventilación. Esa es la base. La solución concreta, no obstante, debe estudiarse en cada centro.

“No es lo mismo un colegio en Tejeda que uno en Mogán. No tienen nada que ver sus condiciones climáticas, físicas o geográficas. Todos los centros son diferentes”, señala Rijo. “Un buen diagnóstico y proyecto permite priorizar mejor la inversión. Quizá no hay que hacer muchas cosas ni gastar más, sino decidir bien dónde se interviene. Nuestro objetivo es destinar cada euro con sentido, teniendo en cuenta el funcionamiento global del espacio escolar”.

Movimiento Perenquén surge también para acompañar a los equipos directivos de los centros educativos que obtuvieron las subvenciones y tuvieron que redactar sus propias propuestas de naturalización. Rijo asegura que muchos de esos proyectos estaban “muy bien”, pero que podían surgir problemas al trasladarlos al plano técnico. Ella y Blanco, ambos arquitectos, se encargan de “traducir” las ideas del profesorado a planes viables, ajustando los presupuestos sin renunciar a la ambición de las propuestas.

El caso más reciente es el del CEIP Playa de Mogán, en el municipio sureño de Gran Canaria. El colegio obtuvo la ayuda máxima de 40.000 euros de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y la dirección “tenía muy claro lo que quería”, apunta Rijo. Pero cuando empezó a pedir presupuestos para instalar toldos (principalmente), el proyecto se disparó económicamente. Movimiento Perenquén ha incorporado esa idea en coordinación con el Ayuntamiento para ajustar la propuesta tras múltiples sesiones participativas con el propio alumnado del centro, que ha contribuido en el diseño a través de maquetas, dibujos y diagnósticos compartidos.

El resultado es un boceto que plantea instalar pérgolas inspiradas en las nasas tradicionales de la cofradía de pescadores de Mogán, concebidas como “mesas en el aire”. En su base se abrirán alcorques para plantar cornical, una especie que “responde muy bien a la incidencia solar y requiere de poca agua, lo que se traduce en bajo mantenimiento”, en palabras de Rijo. La intervención contempla a su vez repintar la cancha deportiva, reubicar la pista de baloncesto e incorporar geometrías para juegos libres y tradicionales, además de áreas de descanso.

Movimiento Perenquén también intervendrá en la Escuela Infantil de Mogán, con un diseño que contempla la creación de refugios climáticos frente al calor extremo característico del lugar donde está ubicado el centro, cerca del cauce del Barranco de Mogán. Y han actuado asimismo en el CEIP Lucía Jiménez, en Telde, donde han ideado “artefactos de juego y sombra” inspirados en los cerramientos semicirculares que protegen el cultivo de la vid en La Geria, en Lanzarote. Estas estructuras resguardan al alumnado del viento y favorecen la creación de microclimas más frescos.

“El problema más grave de los centros educativos de Canarias son los materiales: patios totalmente pavimentados y sin sombra”, recalca Rijo. “Donde hay jardín, hay tierra, y eso absorbe mejor el calor y reduce muchísimo la temperatura”.

El hormigón y el asfalto, en cambio, captan la radiación solar y retienen el calor durante horas. Esto eleva lo que se conoce como Temperatura Radiante Media (MRT, en sus siglas en inglés), un indicador de la radiación térmica que recibe el cuerpo desde las superficies calientes que lo rodean, explica Rijo. Unas condiciones que, según relatan las propias familias, llegan a resultar asfixiantes para el alumnado.

“El colegio está en un barranco y eso es un infierno. Yo a mis hijos a veces no los mando cuando hay ola de calor. La temperatura exterior es la misma que en el interior. Salen sudados, superrojos, apáticos…”, afirma Antonio Bernardino, padre del AMPA Acorán, del CEIP Miraflor, en Teror.

“Mi hijo llegó el primer día del curso asfixiado a casa. Tuvimos una reunión de padres esa misma semana y lo vivimos en primera persona. No corre el aire”, añade Iñaki Lavandera, padre del AMPA Bajo Montaña, del CEIP Antoñito ‘El Farero’, en La Oliva. “Necesitamos también fuentes de agua potable, porque los niños de momento tienen que llevar su propia botella. Y esto se hace cada vez más necesario por la que se nos viene encima”, concluye, en referencia a la crisis climática.

Los arquitectos de Movimiento Perenquén plantean como medida prioritaria para enfriar los patios escolares retirar el hormigón, recuperar el suelo vegetal y plantar especies autóctonas. Si esta opción resulta inviable por su coste, proponen instalar un pavimento de corcho natural con capas capaces de absorber el calor. Como solución inmediata mientras crece la vegetación, apuestan por velas de sombra en lugar de toldos rígidos o cerrados, que pueden llegar a convertirse en auténticos “hornos” o “campanas de calor”.

Eso en el exterior. Dentro de los recursos educativos del Archipiélago, la historia cambia. La mayoría de los colegios de Canarias se construyeron bajo normativas antiguas que no exigían determinados estándares de aislamiento debido a sus “especiales condiciones climáticas”, una alusión al tópico de la eterna primavera de las Islas, con días soleados, cielos azules y temperaturas estables, ahora amenazado por el calentamiento global.

El propio plan de adaptación de la Consejería de Educación reconoce que “un elevado porcentaje” de los colegios e institutos de Canarias “carecen del aislamiento térmico necesario para afrontar temperaturas extremas”. Y el problema se agrava por la posibilidad de que se produzcan olas de calor durante el periodo lectivo, algo que diferencia al Archipiélago del resto de España.

La arquitecta e investigadora Aurora Monge, de la Universidad de Navarra, recuerda que en la Península y Baleares todos los episodios extremos de calor se registran normalmente entre junio y septiembre. En Canarias, en cambio, se contabilizaron trece olas de calor fuera de ese periodo entre 1975 y 2014: diez en octubre y otras tres repartidas entre abril, mayo y noviembre, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La solución más sencilla sería dotar ahora a todos los centros de aislamiento en fachadas y cubiertas. Pero eso supondría un elevado coste económico, advierte Rijo. La arquitecta plantea otra alternativa para refrescar las aulas: recurrir a la ventilación cruzada, abriendo huecos donde sea necesario para generar una corriente constante de aire.

“Sí, vamos, hablando mal y pronto, que haya dos agujeros enfrentados. Un hueco en una pared, o sea, una ventana, y otra en la pared de enfrente, pero no justo delante, sino movida, oblicua, inclinada. Eso garantiza la ventilación cruzada”, explica. “Y a lo mejor lo que tenemos que hacer es eso, abrir agujeros, haciendo perforaciones en los forjados cuando se permita. Si el aula da a una cubierta, pues abrimos una claraboya [una ventana en el techo]. Si da a un patio interior, pues lo naturalizamos”.

Monge destaca también la importancia de evaluar cada centro de forma individualizada. “Los colegios construidos para unas condiciones climáticas más suaves deben evaluarse caso a caso para optimizar las medidas (sombreamiento, aislamiento, vidrios con bajo factor solar…)”

La experta, investigadora principal del proyecto europeo COL3NATUR, centrado en la adaptación de los espacios escolares al cambio climático, defiende que estas actuaciones se estudien “en conjunto” con las medidas de naturalización de los patios, para analizar cómo interactúan y qué efectos tienen sobre el edificio.

Por el momento, llenar las aulas de ventiladores es la solución más socorrida por las familias. Rijo cree que su uso podría reducirse o incluso evitarse si se realizara un diagnóstico previo y se mejorara el confort térmico mediante estrategias pasivas. Estas medidas permitirían reducir el consumo energético, todavía muy dependiente de los combustibles fósiles, que representan alrededor del 90% de la producción eléctrica en islas como Lanzarote o La Palma.

La arquitecta defiende que el mismo planteamiento debería aplicarse al aire acondicionado. Si no queda más remedio que instalarlo, Monge, por su parte, propone hacerlo “según la necesidad docente”, priorizando las aulas frente a espacios comunes.

“Con el cambio climático, las condiciones han cambiado, tanto por el aumento de las temperaturas como por la concurrencia de olas de calor cada vez más largas, extensas y severas. Hay que rediseñar, rehabilitar y acondicionar los edificios para adaptarlos a estas nuevas condiciones, y los centros escolares son una tipología especialmente vulnerable”, remacha Monge.

El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez (PP), reconoció recientemente que la adaptación climática es “un problema en los centros educativos” de las Islas. Pero también defendió en el Parlamento autonómico que su departamento ha comenzado la senda del cambio y que “de aquí para atrás no se había hecho nada”.

Fuentes de la Consejería de Suárez detallan que el plan de adaptación de los centros educativos de las Islas al calor extremo ha permitido poner en marcha un protocolo de actuación ante las altas temperaturas y crear espacios de sombra en 346 colegios e institutos, además de impulsar proyectos de naturalización en otros 84. También se han instalado sistemas adiabáticos y aplicado tratamientos en los cristales, a modo de prueba piloto, en dos recursos. La Consejería asegura que está a la espera de fondos estatales para ampliar estas actuaciones.

El plan incluye asimismo la instalación de cubiertas en las canchas deportivas de 39 colegios y la monitorización de la temperatura, la humedad y el dióxido de carbono en otros 120. La compra de ventiladores, precisan las mismas fuentes, corre a cargo de cada centro.

A la vista de las protestas de las últimas semanas y de la recogida de más de 6.000 firmas impulsada por la Federación de AMPAS de Gran Canaria para exigir soluciones frente al calor, las medidas adoptadas siguen siendo insuficientes para parte de la comunidad educativa.

“Se han sombreado algunas zonas de algunos centros, algunos patios, algunos pasillos… Pero no creemos que sea esa una medida central, sino una que se puede incorporar a otras muchas que se tendrían que haber hecho”, denuncia Gerardo Rodríguez, del sindicato STEC-IC.

“En muchos lugares de trabajo ubicados en el interior de edificios no se concibe que no exista aire acondicionado (...) ¿Por qué el alumnado y el profesorado no pueden disponer también de aire acondicionado en sus aulas? Son también lugares de trabajo en los que se pasan muchas horas al día, y debemos garantizar unas condiciones que protejan la salud y permitan desarrollar la actividad educativa con normalidad”, concluye Pedro Crespo, de ANPE.

El Consejo Consultivo de Canarias ha cargado contra el Gobierno autonómico, formado por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), por allanar el camino a la polémica figura de los proyectos de interés insular en la modificación de la Ley del Suelo, aprobada esta semana por el Consejo de Gobierno y que ahora se remitirá al Parlamento.

En un dictamen preceptivo, pero no vinculante, el órgano asesor ha reprochado al Ejecutivo regional la eliminación de algunos de los requisitos que justifican la declaración de iniciativas de interés insular, una herramienta que funciona como llave de paso para autorizar actuaciones sobre cualquier clase de suelo sin modificar el planeamiento y por la que se han colado proyectos muy controvertidos en las Islas, como ‘Underwater Garden’, en Guía de Isora (Tenerife), finalmente rechazado tras las movilizaciones sociales, o la ciudad del cine ‘Dreamland’, tanto cuando fue proyectada en Fuerteventura como ahora en Gran Canaria.

La Ley del Suelo de 2017, aprobada durante la primera legislatura de Fernando Clavijo (CC), permite este tipo de propuestas, ya sean públicas o privadas, siempre y cuando sean de carácter “estratégico” y traten de atender “necesidades sobrevenidas o actuaciones urgentes”. Es una figura que busca acelerar plazos e ignorar los tiempos de adaptación de los planes generales de ordenación (PGO) municipales, que suelen tardar años en acometer modificaciones.

Sin embargo, la nueva Ley del Suelo de Canarias, cuya modificación ha sido liderada por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, dirigida por Manuel Miranda (CC), elimina los condicionantes que exigían que estos proyectos tuvieran carácter estratégico y respondieran a necesidades sobrevenidas o actuaciones urgentes. Un cambio que, según el dictamen del Consultivo, afecta directamente a la naturaleza excepcional de esta herramienta.

El texto recuerda que el Tribunal Constitucional (TC) avaló en 2019 la figura de los proyectos de interés insular precisamente por su “excepcionalidad”, aunque matizando que “la utilización de los terrenos en situación rural se hará de conformidad con su naturaleza”. La singularidad de la declaración de interés insular se justificaba por “el carácter estratégico de su objeto (…); su justificación, pues han de responder a necesidades sobrevenidas o urgentes”, y, por último, “el carácter público de la iniciativa cuando puedan afectar a suelo rústico de protección ambiental”.

El TC respaldó la norma tras un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamento de Unidos Podemos. La controversia giraba en torno al “urbanismo de proyecto” que la norma introducía por este mecanismo frente al “urbanismo de plan” convencional. También preocupaba que el interés insular se convirtiera en una especie de cheque en blanco o vía de escape para ejecutar actuaciones en suelo rústico sin necesidad de una reclasificación, ya que “la estimación de qué sea interés insular o interés autonómico queda al albur de los cabildos insulares y la comunidad autónoma respectivamente”.

El Constitucional avaló la herramienta. Pero lo hizo sobre la base de un precepto, su excepcionalidad, al que ahora “no se ajusta” la reforma planteada por el Gobierno de Canarias, según el Consultivo.

Otra disposición cuestionada por el órgano asesor de la Comunidad Autónoma es la que permitiría que una ordenanza provisional (una norma municipal de carácter temporal que se aprueba para atender una situación de urgencia o necesidad) pueda reclasificar suelo rústico como urbano cuando se limite a “reconocer la fuerza normativa de lo fáctico”. Es decir, dar validez legal a hechos consumados o a terrenos ya alterados de facto. Esta previsión podría abrir la puerta a reclasificar de golpe suelo rústico como urbano cuando ya se hayan ejecutado edificaciones o urbanizaciones de forma irregular.

El Consultivo remarca que esta “fuerza normativa de lo fáctico”, un concepto que, recuerda, data de principios del siglo XX, “no puede invalidar a priori la legalidad”. O lo que es lo mismo: la realidad, por muy alterada que esté, no prevalece sobre el planeamiento.

El último artículo cuestionado por el órgano asesor es el 172, que regula la evaluación de planes y proyectos que afecten a espacios protegidos europeos de la Red Natura 2000. Esta disposición elimina la intervención del órgano ambiental competente y atribuye al órgano gestor del espacio protegido la potestad de determinar si un plan o proyecto requiere o no evaluación ambiental.

El Consejo Consultivo, no obstante, recuerda que la Ley de Evaluación Ambiental, de 2013, obliga a separar ambas funciones: el órgano gestor del espacio protegido emite un informe sectorial, mientras que corresponde al órgano ambiental determinar si la iniciativa debe someterse a evaluación ambiental.

Estos tres artículos (el de los proyectos de interés insular, el que permite la reclasificación de suelo a través de ordenanzas provisionales y el relativo a la evaluación de propuestas que afecten a espacios de la Red Natura 2000) “no se ajustan a la legislación básica del Estado”, concluye el Consultivo. El resto, sí.

La modificación de la Ley del Suelo de Canarias ha llegado esta semana al Parlamento tras un “amplio proceso de participación que duró más de un año y en el que intervinieron 700 profesionales en un total de 17 foros”, según ha defendido el Gobierno de Canarias en una nota de prensa.

El comunicado apunta que se trata de una reforma “clave” para que el Archipiélago “pueda enfrentarse a buena parte de los retos que tiene frente a sí”. El consejero Manuel Miranda también ha defendido que la propuesta tiene como objetivo “continuar con la filosofía” de la Ley del Suelo aprobada en 2017, una norma que ha calificado como “buena” y que, según ha dicho, ha permitido impulsar más de 250 modificaciones del planeamiento. Sin embargo, considera que debía “adaptarse a la nueva realidad” de las Islas.

Miranda ha señalado asimismo que el texto ha sido mejorado por el Consejo Consultivo, sobre todo para dotarlo de “mayor claridad y precisión respecto a las condiciones de la evaluación ambiental, los proyectos de interés insular o autonómico y los nuevos planes de renovación de suelos industriales”, aunque no ha detallado en qué se concretan esas mejoras.

En la página de transparencia del Ejecutivo regional, de hecho, sigue figurando el primer borrador de la reforma, que recoge textualmente que esta “revisa la regulación de los proyectos de interés insular y autonómico, convirtiéndolos en una figura ordinaria, no excepcional”.

Un emisario municipal de Telde (Gran Canaria) lleva casi diez años expulsando aguas residuales de los polígonos industriales de El Goro y Salinetas que no reciben el tratamiento de depuración adecuado, trasladando al mar cargas contaminantes elevadas cerca de jaulas marinas y zonas de baño, según documentación a la que ha tenido acceso Canarias Ahora a través de la Ley de Transparencia.

Se trata del emisario 222, que cuenta con licencia desde 2007. La autorización solo permite evacuar aguas residuales urbanas procedentes de la planta depuradora de Ojos de Garza. Sin embargo, el Gobierno de Canarias detectó en 2017 que por él también se estaban evacuando las aguas residuales de los polígonos industriales de El Goro y Salinetas, tratadas en la depuradora de Silva, una instalación en la que la Fiscalía ha hallado recientemente “numerosas irregularidades”.

El expediente del emisario analizado por este periódico, con más de 300 documentos, recoge una medición realizada en 2019 que cifró en 46.252 habitantes-equivalentes (h-e) la carga contaminante que llegaba a la depuradora de Silva, frente a los 4.583 h-e para los que fue diseñada. Es decir, la carga superaba en más de diez veces la capacidad de la planta. En otro análisis, realizado en 2023, el dato se situó en 11.437 h-e.

La depuradora recibe el flujo de dos polígonos en los que se concentran empresas vinculadas a la elaboración de productos alimenticios, carpinterías, almacenes de diversa índole, compañías de pintura y de plástico, así como gasolineras, industrias de almacenamiento de combustible y vidrieras. Pero no fue diseñada para tratar la enorme cantidad de residuos que generan esas actividades, según recoge literalmente un informe de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias del año 2024.

El tratamiento de la planta solo logra reducir un 15% la DQO (demanda química de oxígeno) del agua que recibe de los colectores. En cambio, aumenta un 36% la concentración de DBO5 (demanda biológica de oxígeno a los cinco días) y un 12,6% la de los sólidos en suspensión. El primer parámetro supera el límite de emisión permitido en un 1.484%; el segundo, en un 4.000%, y el tercero, en un 1.483%.

Contado así, parece una cuestión muy técnica. Pero expertos consultados explican que el vertido prolongado de aguas con elevadas cargas contaminantes de este tipo degrada el ecosistema litoral y reduce su capacidad de recuperación, además de favorecer la aparición de enfermedades asociadas a determinados patógenos.

“Afectas al ecosistema, lo cambias. Porque puede haber problemas de oxígeno, de contaminación fecal e incluso de componentes metálicos. Puede haber 20.000 cosas. Porque eso, dicho de otra manera, es un punto negro”, resume Jaime Sadhwani, catedrático del Área de Tecnología de Medio Ambiente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

La planta emplea un tratamiento físico-químico que añade reactivos para agrupar las partículas de suciedad y hacer que aumenten de tamaño, de modo que puedan separarse del agua mediante rejas, desarenadores y tanques de decantación. Pero de esa manera solo retiene los residuos sólidos y otras partículas en suspensión. No elimina aquello que puede estar disuelto en el agua, explica Julio Muñiz, profesor jubilado de Química Ambiental y experto en depuración de aguas residuales.

Para eso haría falta lo que se conoce como tratamiento secundario o biológico, en el que las bacterias degradan la materia orgánica presente en el agua. En depuradoras con una carga de entrada de 10.000 h-e, este tipo de tratamiento es obligatorio. La de Silva no lo tiene.

“Cuando estás constantemente echando agua con una carga tóxica importante, te cargas los ecosistemas. Porque estás arrastrando una cantidad de productos químicos que son, entre otras cosas, los causantes de que estemos acabando con los sebadales de todas las Islas… Todos los fondos están esquilmados”, añade Muñiz.

El Ayuntamiento de Telde, gobernado por Juan Antonio Peña (CIUCA), no ha respondido a un cuestionario de nueve preguntas enviado por Canarias Ahora. En su lugar, se ha limitado a señalar que “ordena la confidencialidad del expediente y sus actuaciones al respecto, manteniendo el respeto a las acciones de investigación” y añade que “ha mostrado su reiterada colaboración con la misma”. El Gobierno de Canarias tampoco ha respondido a otras preguntas planteadas por esta redacción.

Los informes anuales de seguimiento del emisario muestran que parámetros como el pH, la salinidad o los nitratos cumplen por lo general con los estándares de calidad. Sin embargo, las muestras de sedimentos sí detectan acumulaciones elevadas de metales pesados. Las mediciones de DQO y DBO5 se realizan en el efluente de la depuradora de Ojos de Garza, que cumple con los límites, sin tener en cuenta el de Silva ni la mezcla final.

El caudal horario, por otra parte, sí supera en varias ocasiones (y hasta duplica) el límite exigido de 22,92 metros cúbicos por hora (m3/h).

Un conducto señalado

El emisario 222 está ubicado frente al muelle de Salinetas, a unos 446 metros del puerto. Es uno de los 403 puntos de vertido de tierra al mar registrados en Canarias y uno de los 187 que cuentan con autorización para su funcionamiento.

Hace poco menos de un año saltó a la palestra por la crisis de contaminación marina que se produjo en la costa de Telde tras la muerte de 2.500 toneladas de lubinas de acuicultura de la empresa Aquanaria, que explota dos piscifactorías en el municipio.

La compañía denunció que la aparición de un aparente vertido tóxico procedente de ese emisario coincidió con la mortandad masiva de sus peces. La boca del vertido se encuentra a menos de medio kilómetro de la piscifactoría donde estalló la crisis, la denominada Melenara II, y a poco más de 1,2 kilómetros de la segunda, llamada Origen, donde también murieron ejemplares.

La Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas investigó los hechos y remitió a principios de julio sus pesquisas a los juzgados de Telde. El Ministerio Público no confirmó ni descartó ninguna de las hipótesis sobre cómo se había desencadenado el desastre ambiental. Tan solo informó que había apreciado “numerosas irregularidades” en la gestión de la depuradora de Silva, cuyas aguas residuales, procedentes de los polígonos industriales de El Goro y Salinetas, se vierten al mar a través del emisario 222.

La Fiscalía añadió que está a la espera del resultado de una toma de muestras encargada al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para evaluar el impacto ambiental y determinar si esos vertidos pueden ser constitutivos de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Esa investigación ha puesto ahora el foco sobre un emisario que, según la documentación entregada por la Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de Canarias, lleva al menos desde 2017 evacuando de manera irregular vertidos industriales sin que ninguna Administración haya resuelto el problema.

Ese año, la ahora conocida como Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) detectó durante una inspección la conexión ilegal de la depuradora de Silva e incoó un procedimiento para revocar el vertido.

El Ayuntamiento de Telde alegó. Presentó un escrito en el que solicitó modificar las condiciones de la licencia para incluir las aguas procedentes de esa planta y del Aeropuerto de Gando. AENA había firmado un acuerdo con el Consistorio para que este asumiera la depuración de sus aguas a cambio de financiar una nueva instalación en el municipio, la EDAR Telde-Sur, valorada en 3,2 millones de euros y cuya entrada en funcionamiento estaba prevista para 2025.

La Corporación teldense apuntó que la modificación tendría carácter “transitorio” hasta que comenzara a operar esa nueva depuradora, que sustituiría a la de Ojos de Garza y actuaría como tratamiento adicional del efluente procedente de la depuradora de Silva. Pero la EDAR Telde-Sur sigue sin estar. Y el Ayuntamiento nunca llegó a responder a todos los requerimientos que le hizo el Gobierno de Canarias para modificar la licencia, pese a que la Administración autonómica había visto con buenos ojos la propuesta de regularización.

El Ejecutivo autonómico archivó el procedimiento siete años después, en 2024, al concluir que “resulta imposible” integrar las aguas residuales de la depuradora de Silva en la autorización del emisario 222 “debido a numerosos incumplimientos”.

El Consistorio, entre otras cosas, no detalló el volumen anual del vertido ni el grado de depuración para el que están diseñadas las plantas de Ojos de Garza y Silva en los parámetros de DBO5, DQO y sólidos en suspensión. Tampoco aclaró a qué se debían los “elevados valores de carga contaminante” que salían de la depuradora de Silva ni cuáles eran las propuestas para mejorar el tratamiento. Además, no presentó analíticas representativas del efluente de salida de la instalación, ni facilitó su plan de operación y mantenimiento o los planos de la conducción del desagüe.

Y quizá lo más relevante: el Ayuntamiento no especificó qué industrias de los polígonos de El Goro y Salinetas generan aguas residuales “no asimilables a urbanas”, ni qué “seguimiento y control” realiza el Consistorio o su empresa gestora, Aguas de Telde, para comprobar qué compañías cuentan con sistemas de tratamiento previo en sus instalaciones, como exige la ley desde hace treinta años.

El documento recoge una confesión del propio Ayuntamiento en este sentido: esa información “supera” su “capacidad de control” y la de su empresa concesionaria.

El presidente de la Asociación de Empresarios del Parque Empresarial El Goro, Francisco Pérez, defiende, por su parte, que “muchas empresas”, sin precisar cuántas, sí cuentan con sistemas de pretratamiento de aguas, y atribuye la sobrecarga mencionada a las industrias del polígono de Salinetas. “Pienso que los problemas vienen por Salinetas, no por El Goro”, señala Pérez.

El Ente de Conservación Ecosalinetas sostiene que “no sabe nada” sobre las “irregularidades” detectadas por la Fiscalía en la depuradora de Silva.

Ante la falta de respuestas del Ayuntamiento de Telde, el Ejecutivo canario abrió en junio de 2024 un procedimiento de revisión de oficio para anular la autorización del vertido a través del emisario 222 y requirió al Consistorio que aportara la documentación técnica que había quedado pendiente.

En octubre de 2025, esa información seguía sin entregarse. Por lo que el Gobierno regional acabó declarando también la caducidad de este segundo procedimiento, dejando en un limbo la situación de la autorización del vertido. Así lo puso de manifiesto el Consejo Insular de Aguas (CIAGC), que reclamó información sobre el “estado procedimental” de la licencia del vertido “a fin de evitar indefensión e inseguridad jurídica”.

Fuentes de ese organismo, dependiente del Cabildo de Gran Canaria, aclaran que el CIAGC está “colaborando con la Fiscalía y el Seprona, aportando toda la documentación disponible”. También señalan que han solicitado al Ayuntamiento de Telde “aclaraciones” sobre la procedencia de las aguas residuales tratadas en la depuradora de Silva y sobre el volumen total, que sería “superior al autorizado en torno a un 20%”.

El Consejo Insular de Aguas dice que ha pedido asimismo al Consistorio que detalle qué medidas prevé adoptar al respecto. Desde que se detectó el vertido irregular, la gestión municipal ha estado en manos de Carmen Hernández (Nueva Canarias), Héctor Suárez (Coalición Canaria) y Juan Antonio Peña (CIUCA).

Primero aguas industriales, después urbanas y ahora, ambas

El emisario 222 fue ideado inicialmente para evacuar las aguas residuales de los polígonos de Salinetas y El Goro, que hasta entonces vertían directamente al cauce del barranco de Silva.

La memoria del proyecto, de 2001, deja constancia de que la tubería fue diseñada para dar servicio a la futura depuradora de Silva, que no entraría en funcionamiento hasta febrero de 2008. Hasta entonces, las aguas residuales de ambos polígonos se verterían directamente y sin tratar a través del emisario. Las anotaciones incluidas en el propio documento lo dejan bien claro.

Pero el Gobierno de Canarias rechazó autorizar el vertido de esas aguas. “Toda la documentación” presentada se basaba en la existencia de una futura EDARI (depuradora de aguas industriales) que todavía no se había construido. Además, la normativa ambiental impedía autorizar al mar el vertido de efluentes industriales sin un tratamiento adecuado.

La autorización quedó limitada a las aguas residuales urbanas ya depuradas de Ojos de Garza. En 2004, el Ayuntamiento de Telde planteó bombearlas hasta el emisario de Silva ante la imposibilidad de construir uno nuevo en la playa de esa localidad. La idea era que la misma conducción pudiera recibir “varios vertidos”, el de los polígonos y el de Ojos de Garza. Pero solo se autorizó este último.

En 2008, tres meses después de que la depuradora de Silva comenzara a operar, el Consistorio teldense solicitó una modificación de la autorización del emisario 222, al igual que volvería a hacer en 2017, para incluir el caudal procedente de esa planta.

El resultado fue el mismo que en el segundo intento de regularizar los vertidos de El Goro y Salinetas (el que finalizó sin éxito en 2024): la Corporación no detalló qué tipos de aguas residuales llegarían a la instalación desde ambos polígonos ni acreditó que las empresas contaran con sistemas de pretratamiento. Así que el procedimiento también caducó, esta vez en marzo de 2009.

El presidente de la Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales (AECCM), Juan Romeu, cree que lo ocurrido en Telde es el resultado de “las chapuzas que se llevan haciendo desde hace treinta años”.

“Van haciendo conexiones, metiendo todo… Como si no hubiese una ley, como si no hubiese nada. Es un desastre. El mar puede aguantar una parte, pero no todo. Y quienes tampoco pueden aguantarlo son las personas”, concluye Romeu.

El Gobierno de Canarias no sabe cuántos hoteles con orden de demolición hay en el Archipiélago… Y tampoco ha hecho el esfuerzo por localizar ese dato. Es la conclusión que puede extraerse de la contestación oficial del Ejecutivo regional, liderado por Fernando Clavijo (Coalición Canaria), a una solicitud de información pública presentada por Canarias Ahora, que reclamó conocer el número de complejos turísticos con orden de derribo en las Islas, ya fuera total o parcial, firme o todavía en trámite de ejecución.

Este periódico pidió esa información después de que la Audiencia Nacional anulara recientemente un deslinde en el sur de Gran Canaria que afectaba a un hotel de cuatro estrellas con orden de demolición parcial desde el año 2010, en concreto el San Agustín Beach Club, en San Bartolomé de Tirajana, condenado por ocupar terrenos de dominio público. El caso ha puesto otra vez de manifiesto el paso a marchas forzadas de la administración para ejecutar resoluciones de este tipo. Aunque no es el primero ni será el último.

El listado reclamado debía incluir la identificación del establecimiento, la fecha y el órgano que dictó la resolución, el motivo del derribo (ocupación de dominio público, caducidad de la concesión, anulación de la licencia u otro), el estado de ejecución y, en su caso, los plazos o recursos pendientes.

El Gobierno de Canarias, sin embargo, ha inadmitido la solicitud de información pública, amparada en la Ley de Transparencia, porque sostiene que “no puede dar traslado” de la misma al “órgano competente” capaz de resolverla debido a las “diferentes causas que pueden determinar la instrucción de un expediente de esta naturaleza (infracción urbanística, afectación del dominio público marítimo-terrestre…) y las diferentes administraciones públicas con competencia según sea el caso”.

La resolución, firmada por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Empleo, dirigida por Jessica de León (Partido Popular), agrega también que “no constan” en ese departamento “expedientes instruidos en esta legislatura [desde verano de 2023] o que traigan causa de la legislatura inmediatamente anterior [2019-2023], que tengan como resultado una orden de demolición sobre hoteles y/o alojamientos turísticos en Canarias”.

Así las cosas, el Ejecutivo concluye que no puede “facilitar una respuesta única” sobre cuántos hoteles con orden de demolición existen en el Archipiélago y cierra el procedimiento.

Para Irma Ferrer, reconocida abogada en Transparencia Urbanística, el Gobierno canario es “opaco” al mantener “a oscuras” esta información. La letrada considera que, “en el siglo y la era en la que estamos”, no se puede decir que sea una información “difícil de obtener”. Y cree que esa “oscuridad” de los procedimientos impide a la sociedad fiscalizar el poder público, generando una profunda desconfianza.

“Pero yo tengo experiencia suficiente para saber que allá donde se oculta información, es porque realmente la corrupción campa a sus anchas”, remarca Ferrer.

El portavoz de Ben Magec Ecologistas en Acción, Eugenio Reyes, ve por su parte “muy lamentable” que el Ejecutivo autonómico no disponga de un listado actualizado en este sentido y le reprocha su “negligencia” por tardar tantos años en ejecutar sentencias de derribo.

La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) es el órgano encargado en Canarias del “restablecimiento de la legalidad urbanística”. No obstante, la estadística oficial revela que, de las 58.107 infracciones medioambientales registradas en las Islas entre 2001 y 2025, solo ha restablecido la legalidad en 4.211 casos. Es decir, el 7,2% del total.

Canarias Ahora preguntó a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, de la que depende la ACPMN, cuáles son los motivos que explican la demora del Gobierno en la ejecución de sentencias de demolición de hoteles o establecimientos turísticos. Fuentes de la cartera que dirige Manuel Miranda (CC) respondieron que “creen que este tema era de Costas”, pero no han aportado más información hasta la fecha de publicación de este artículo.

Un listado aproximado de hoteles que siguen operativos pese a tener una orden de derribo incluye el Papagayo Arena y el Son Bou, en Lanzarote; el Oliva Beach, de la cadena RIU, en Fuerteventura; y el San Agustín Beach Club, en Gran Canaria. Reyes cree que hay “varios” más, aunque no recuerda cuáles. Ferrer, por otro lado, lamenta el doble rasero de la administración ante poderosos y vulnerables.

“Hemos visto en los últimos años en Canarias cómo se demuelen chabolas, casas particulares, ampliaciones de vivienda… Pero cuando se trata de demoler una infraestructura turística, ahí tenemos una justicia que es tremendamente dura con el pobre y tremendamente cobarde con el poderoso”, reflexiona la abogada de Transparencia Urbanística.

Ferrer dice que “el motor económico” en las Islas es el turismo y que “por tanto hay una gran masa de la población, jueves, fiscales y magistrados que considerar que el motor económico de Canarias es hotel”. Por lo que el derribo de uno de ellos le “pesa” a quienes tienen que ejecutar esa decisión.

La letrada señala también que, después de revelarse a principios de este año que la ACPMN no había reclamado multas ambientales por valor de casi 15 millones de euros, “hay que ser muy tonto o muy confiable (…) para no afirmar que hay una clara connivencia entre la parte empresarial que infringe y el Gobierno de Canarias”.

Esa connivencia, remacha Ferrer, que está “documentada y acreditada”, es “lo que el Tribunal Superior de Justicia de Canaria (TSJC) llama el urbanismo del promotor”.

El Gobierno de Canarias ha pedido a Costas “extremar la cautela” ante el derribo previsto para este 21 de septiembre de una vivienda histórica en Cueva de la Negra, en Pájara (Fuerteventura), por la presencia de un yacimiento arqueológico junto al inmueble.

En una carta remitida al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Ejecutivo regional ha solicitado que cualquier actuación de demolición se desarrolle “de forma compatible” con la protección del patrimonio cultural, cuyas competencias corresponden a las administraciones canarias.

La familia de la propietaria de la casa, Pascuala Roger Pérez, de 80 años, ha manifestado a Canarias Ahora su “profunda preocupación” y “miedo” ante la posibilidad de que Costas demuela el hogar, del que aseguran que tiene más de cien años de historia y que formaba parte de un poblado de familias dedicadas a la pesca, según recogen escritos históricos de la zona.

El inmueble es pequeño y de una sola planta, con muros de piedra de hasta un metro de grosor. Se trata de una construcción tradicional vinculada al litoral desde sus orígenes y que era utilizada de manera estacional. “Esto es el origen de Morro Jable”, resume una de las hijas de Roger Pérez, Ana.

La Demarcación de Costas de Canarias notificó a la familia el pasado 11 de septiembre que iba a proceder este lunes a “la entrada en la vivienda y su inhabilitación para usos prohibidos por la Ley de Costas”. El inmueble se encuentra dentro del dominio público marítimo-terrestre desde 2005, cuando se aprobó el deslinde entre el puerto de Jandía y la Casa Las Señoras, una franja en la que está prohibido el uso residencial.

La resolución, que lleva por título “notificación de demolición”, llega pocos días después de que el Cabildo de Fuerteventura adoptara el 25 de agosto medidas cautelares para suspender el derribo, previsto inicialmente para el 26 de ese mismo mes, mientras estudia su valor con vistas a incluirlo en el inventario de elementos que integran el patrimonio cultural y arqueológico de la isla.

Esas cautelares “fueron comunicadas a las administraciones afectadas”, según una carta de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. En ellas se acuerda la suspensión de la demolición de la vivienda y se establece que será el Ayuntamiento de Pájara la entidad encargada de protegerla hasta que finalicen los estudios sobre su posible interés patrimonial.

Pero Costas ha decidido seguir adelante y ha recordado que, desde el 28 de julio de 2026, el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Las Palmas de Gran Canaria le autorizó la “entrada, demolición y reposición del terreno a su estado primitivo”.

La familia de Roger Pérez denuncia que Costas parece estar “por encima del bien y del mal” y que se siente presionada para abandonar la casa. Añade que, desde hace semanas, sus integrantes se turnan para evitar que el hogar se quede solo y que han pedido al Cabildo que acuda al juzgado para reclamar el cumplimiento de las medidas cautelares. Reclaman además que estas se hagan extensibles para frenar un posible precinto.

Los familiares recuerdan asimismo que el pleno del Senado aprobó el pasado 24 de junio una moción que insta al Estado a paralizar todos los procedimientos de deslinde y las actuaciones que puedan suponer una pérdida de derechos, como un derribo, mientras se tramita la modificación de la Ley de Costas.

Este periódico ha intentado contactar con el Cabildo de Fuerteventura, pero hasta la fecha de publicación de este artículo no ha recibido respuesta. La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, ha reclamado a Costas que “deje las prisas a un lado porque una piqueta destruye la historia”, en declaraciones a periodistas.

Junto a la casa de Roger Pérez se encuentra un yacimiento arqueológico integrado en el inventario patrimonial de Pájara desde 2007. Es un conchero aborigen formado por la acumulación de conchas de moluscos y otros desperdicios que ayuda a entender la dieta, los ciclos estacionales y la adaptación al medio de las poblaciones de Canarias.

La existencia de ese yacimiento es lo que ha llevado al Ejecutivo regional a pedir a Costas que extreme las cautelas ante “cualquier intervención que pueda afectar al subsuelo o al ámbito inmediato” al mismo. No ha solicitado de manera expresa la paralización de los trabajos, sino que se actúe con especial cuidado al tratarse de una actuación que comporta “movimientos de tierras, retirada de materiales, tránsito de maquinaria” y otros trabajos “con posible incidencia arqueológica”.

Patrimonio del Ejecutivo regional ha indicado también que los proyectos que puedan suponer una afección sobre elementos del patrimonio cultural de Canarias deberán someterse a informe favorable del Cabildo de Fuerteventura, encargado en este caso de fijar las medidas “protectoras, correctoras y compensatorias necesarias para la salvaguarda del patrimonio cultural afectado”.

“Una resolución administrativa firme en materia de costas y de una autorización judicial de entrada no altera por sí misma este reparto competencial ni determina la inaplicación de la normativa sectorial de patrimonio cultural”, dice el Gobierno.

La familia de Roger Pérez, sin embargo, lamenta que “las administraciones canarias hablan de proteger el patrimonio, pero no actúan mientras avanza la piqueta de Costas”. En un comunicado, advierte de que el 21 de septiembre puede ser el final de “lo último que permanece en pie de una parte de la historia de Cueva de la Negra” y que “la preocupación sin decisiones no protege una casa, un yacimiento ni la historia de un pueblo”.

La familia critica al mismo tiempo lo que considera un doble rasero entre los grandes establecimientos y las chozas tradicionales: “No podemos aceptar que pequeñas construcciones tradicionales, utilizadas durante generaciones por familias de pescadores, mareantes y trabajadores de las islas, sean tratadas como si carecieran de valor mientras grandes establecimientos e instalaciones del litoral encuentran mecanismos administrativos para continuar existiendo”.

La familia sostiene que no pide “privilegios”, sino que “las administraciones utilicen todos los instrumentos legales disponibles cuando está en riesgo nuestro patrimonio histórico, etnográfico y arqueológico”.

“Canarias no puede conservar únicamente el litoral que produce riqueza económica y permitir que desaparezca el que conserva la memoria de quienes vivieron aquí antes que nosotros”, remacha la misiva.

La Delegación del Gobierno en Canarias ha prohibido a la plataforma Viviendas Sociales en Lucha, que representa a gran parte de los más de 3.000 adjudicatarios del II Plan de Vivienda del Archipiélago (1992-1995), el uso de dispositivos que emitan “sonidos estridentes o de elevada intensidad” durante las protestas que han convocado ante el edificio institucional Usos Múltiples I, situado en la plaza de los Derechos Humanos, en Las Palmas de Gran Canaria.

Los manifestantes reclaman el acceso a la propiedad de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) en las que residen desde hace más de treinta años y cuya entrega en propiedad fue prometida por el Ejecutivo regional desde el principio. Entre julio y agosto realizaron un total de quince protestas y habían previsto once más para este mes de septiembre (ya se han celebrado tres).

Sin embargo, poco después del inicio del curso lectivo, el 9 de septiembre, la dirección del CEIP Iberia, situado a unos 80-100 metros del lugar de las manifestaciones, escribió a la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Las Palmas para exponer “la difícil situación” que el centro a diario “debido a los altos niveles de ruido generados por las concentraciones en las inmediaciones”.

La Subdelegación ha reaccionado prohibiendo “el empleo de pitos, vuvuzelas, bocinas de aire comprimido, sirenas, dispositivos que reproduzcan señales acústicas de alarma o emergencia y otros elementos de similares características que produzcan sonidos estridentes o de elevada intensidad”, a causa de la “afección acústica” que las concentraciones han generado “en el entorno y, especialmente, sobre el normal desarrollo de la actividad lectiva del CEIP Iberia”.

La presidenta de la asociación Viviendas Sociales en Lucha, Araceli Refoyo, ha asegurado a Canarias Ahora que ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), al considerar que la medida vulnera el derecho de reunión. Añade que ninguna resolución anterior le había impuesto restricciones sobre el ruido de las protestas.

En un escrito firmado este mismo lunes, la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas recuerda que el derecho de reunión, recogido en el artículo 21 de la Constitución Española, no es ilimitado y debe conciliarse con el derecho a la educación del alumnado y el derecho al trabajo del entorno, que figuran en los artículos 27 y 35 de la Carta magna, respectivamente.

El órgano señala que las quejas del centro escolar no responden a una “mera hipótesis o previsión de una eventual afección”, sino que se ha constatado “la producción efectiva de molestias y afecciones acústicas”. Para justificarlo, menciona un informe de la Policía Nacional sobre el desarrollo de las protestas, en el que consta que los manifestantes utilizan “silbatos, botellas de plástico vacías que golpean entre sí, y unas bocinas de aire comprimido [que Refoyo dice que son manuales], también conocidas como bocinas de estadio […], además de un megáfono que utilizan para proclamar eslóganes, con función sirena, que activan de vez en cuando, emitiendo un fuerte sonido estridente”.

La Subdelegación puntualiza que la acumulación de convocatorias (15 en verano y 11 en septiembre) rompe con la “transitoriedad o temporalidad que debe configurar” el derecho de reunión. Añade que esta “reiteración en días y horas” puede suponer “un agravante al ponerse en relación con los perjuicios reiterados que se causan en la zona afectada para quien tiene allí su domicilio, desarrolla su trabajo o recibe una jornada lectiva”.

El escrito indica que el derecho de reunión “puede verse sometido a ciertas modulaciones o límites” para evitar que un ejercicio “extralimitado” del mismo pueda entrar en colisión con otros derechos. Y matiza que no busca impedir su disfrute, sino “determinar las condiciones que permitan compatibilizar su ejercicio con el normal desarrollo de la actividad lectiva”, en este caso.

La Subdelegación del Gobierno en Las Palmas dice que valoró la posibilidad de adoptar medidas “de mayor incidencia”, como la modificación del horario o del lugar de celebración de las protestas. Pero considera que prohibir directamente el uso de elementos que emitan sonidos elevados es una alternativa “menos restrictiva” que va a la “fuente concreta de la afección constatada”.

Esta decisión, agrega el órgano, “permite mantener el lugar, las fechas, el horario, la duración y el objeto reivindicativo” de las protestas, así como el derecho a expresarse mediante “la voz, consignas, pancartas, carteles y demás medios ordinarios de expresión”.

Protestas idénticas en 2024

No es la primera vez que estas manifestaciones contra el Gobierno de Canarias, en concreto contra la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, dirigida por Pablo Rodríguez (Coalición Canaria), son restringidas por exceso de ruido.

Una “idéntica situación” se vivió en 2024, recuerda la Subdelegación en su informe, en la que se llegó a modificar el horario de las concentraciones “con el fin de garantizar la conciliación entre el ejercicio del derecho de reunión y el derecho a la educación” de los alumnos del colegio. La medida fue avalada por el TSJC.

El alto tribunal canario, no obstante, reprochó en dos sentencias anteriores la actuación de la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas al prohibir las manifestaciones convocadas para determinados días de marzo de 2024 e inadmitir la comunicación previa de concentración para otras jornadas de ese mismo mes. Ambos fallos remarcan que lo que tendría que haber hecho el órgano era modificar la fecha, el lugar o la duración de las protestas para permitir su celebración.

En esta ocasión, la Subdelegación remarca que ya había advertido el día 4 de septiembre de que actuaría si el ruido continuaba con el inicio del curso escolar. El 10 de septiembre, la dirección del CEIP Iberia denunció los hechos. Y el órgano estatal considera, por tanto, que “se ha constatado el empleo reiterado de determinados elementos acústicos susceptibles de generar sonidos de elevada intensidad y carácter estridente, existiendo además una afectación expresamente puesta de manifiesto” una vez iniciada la actividad lectiva.

La instrucción judicial que investiga presuntas irregularidades en la promoción del polémico proyecto turístico Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje (sur de Tenerife), cobra este lunes una nueva dimensión con la declaración como investigado del director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta. El alto cargo, nombrado por Coalición Canaria, autorizó las obras pese a que un primer informe interno las rechazó y apeló a la “relevancia del turismo para la economía canaria” para defenderlas.

Acosta fue citado el pasado mes de julio por la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 1 de Arona, ante la que también han declarado ya como investigados el jefe del Servicio de Ordenación del Litoral Oriental del Ejecutivo regional, Valeriano Díaz, y el representante legal y los administradores de la promotora de la iniciativa, Segunda Casa Adeje SL, así como dos técnicos de Costas del Gobierno canario en calidad de testigos.

La causa investiga presuntos delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente por la autorización concedida a Cuna del Alma para ocupar la zona de servidumbre de protección de la costa, esto es, la franja de cien metros tierra adentro desde la orilla del mar. En ese espacio se estaban construyendo un restaurante, una piscina al aire libre y un aparcamiento para buggies, entre otras cosas, hasta que la justicia paralizó las obras a petición de la Fiscalía.

La promotora ya había obtenido la licencia del Ayuntamiento de Adeje para construir gran parte de la controvertida urbanización de 420 villas de lujo proyectada en el Puertito, un paraje natural rodeado de espacios naturales protegidos y lugares de interés geológico.

Pero los trabajos en la zona de servidumbre, que solo ocupan el 5,25% de la parcela T2 del proyecto, de unos 45.000 metros cuadrados (el proyecto completo abarca cerca de 430.000), requieren una autorización expresa de la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias, ya que la normativa es muy restrictiva con respecto a los usos que pueden desplegarse en ella. Es precisamente esa autorización la que investiga la jueza y por la que ha citado este lunes a Antonio Acosta.

Rechazo primero, autorización después

Acosta autorizó las obras el 30 de enero de 2025 tras un recorrido no exento de polémica por los despachos del Gobierno de Canarias.

La solicitud inicial de Cuna del Alma fue rechazada en primera instancia por un técnico autonómico. En un informe firmado en julio de 2024, concluyó que la piscina descubierta, el restaurante y el aparcamiento para buggies “pueden tener otra ubicación” fuera de la franja de protección del litoral. Sostuvo además que esas construcciones “no prestan un servicio necesario o conveniente” al dominio público marítimo-terrestre, una exigencia explícita recogida en la Ley de Costas.

La promotora del proyecto alegó. Describió la playa del Puertito de Adeje como “pequeña” e “incapaz de atender la demanda” estival, aseguró que sus servicios son “a todas luces insuficientes” y se apoyó en jurisprudencia que caracteriza la restauración como un complemento que permite “un mejor disfrute” de la costa.

Segunda Casa Adeje, de hecho, considera “convenientes” las actuaciones que propone para “dar un mejor servicio” a la playa. Y el Ejecutivo autonómico no tardó en darle la razón.

En enero de 2025, un informe firmado por el jefe del Servicio de Ordenación del Litoral Oriental del Ejecutivo regional, Valeriano Díaz, propuso conceder la autorización a la promotora. Para ello, argumentó que la Administración debe “velar por que [las playas] se encuentren equipadas” y destacó que el futuro restaurante daría servicio tanto a los clientes del complejo como al público general. El documento también concluyó que las alegaciones presentadas por Segunda Casa Adeje habían refutado el criterio expresado por el técnico que rechazó las obras en julio de 2024.

Ese informe fue avalado por el director general de Costas el 30 de enero de 2025. Acosta aprobó la ocupación de los 2.400 metros cuadrados de zona de servidumbre que ocuparían los equipamientos de Cuna del Alma y apeló a la “relevancia del turismo para la economía canaria”, al tiempo que catalogó los locales de hostelería como edificaciones clave para el disfrute de la costa.

En resumen: el Gobierno de Canarias permitió a Cuna del Alma ocupar la franja de protección del litoral porque le viene bien al turismo.

La jueza había dado carpetazo a la querella inicial contra la iniciativa, presentada por la Asociación Cultural Social Ecologista Puertito Libre (que agrupa a la Asociación de Taxistas Permanentes de El Puertito, la familia Galindo, La Gaveta 20A, el Tagoror Permanente y Rebelión Científica, además de particulares), al considerar que existían autorizaciones administrativas que amparaban las actuaciones, entre ellas la concedida por la Dirección General de Costas.

Pero la Fiscalía recurrió. Entiende que las instalaciones propuestas por Cuna del Alma contravienen la Ley de Costas, en concreto el artículo 47 de su reglamento, aprobado en 2014, que establece que en la franja de protección de la costa solo están permitidas “las obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación, como los establecimientos de cultivo marino o las salinas marítimas, o aquellos que presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimo-terrestre”.

La jueza acordó entonces reactivar la investigación y paralizar los trabajos a petición del Ministerio Público, pero solo los que se estaban desarrollando en la costa. La magistrada, sin embargo, cerró la puerta a suspender todo el proyecto, como habían solicitado los querellantes, sin entrar en el fondo del asunto y limitándose a señalar que el procedimiento penal solo investiga las actuaciones en la zona de servidumbre.

En medio de un verano tórrido, marcado por incendios devastadores nunca vistos y un récord de muertes por calor en España, una buena noticia frente al cambio climático llega desde Canarias: los bosques del Archipiélago capturan más carbono del que se creía, según un estudio recién publicado en la revista Carbon Balance and Management.

La investigación estima que las masas forestales de las Islas, que abarcan unas 112.735 hectáreas de terreno, almacenan 10,26 millones de toneladas de carbono, un 25% más de lo que había calculado el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) en el cuarto inventario forestal, publicado en 2020.

El dato es relevante porque los bosques representan una de las principales defensas frente al avance del calentamiento global. A través de la fotosíntesis, absorben dióxido de carbono (el principal gas de efecto invernadero) de la atmósfera, liberan el oxígeno y retienen el carbono, que queda almacenado en la madera, las ramas, la corteza y las raíces durante décadas o incluso siglos.

La clave de esta nueva publicación, en la que han participado científicos de la Universidad de La Laguna (ULL), de la Universidad Johann Wolfgang Goethe, de Alemania, y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), es la metodología empleada.

Los autores han conseguido generar mapas de altísima resolución espacial, con una cuadrícula de 50 por 50 metros, que permiten conocer la cantidad de carbono almacenado en cualquier tipo de bosque y en cualquier punto de Canarias. Es una metodología “más avanzada” que la empleada por el MITECO y que, por primera vez, permite disponer de este nivel de detalle, lo que constituye el “gran logro del trabajo”, en palabras de Rüdiger Otto, profesor del Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal de la ULL y primer autor del estudio.

“Esta herramienta podría ser muy útil para una gestión forestal sostenible, los servicios ecosistémicos, la conservación de la biodiversidad y la política climática regional”, apunta Otto.

Los resultados muestran que La Palma alberga el mayor almacén de carbono del Archipiélago, con 4,14 millones de toneladas (casi el 40% del total). Le siguen Tenerife, que concentra el 37,5% (3,77 millones de toneladas); y La Gomera, con un 12,4% (1,28 millones de toneladas).

Por su parte, Gran Canaria y El Hierro, que representan el 11,8% y el 4,9% de la superficie forestal respectivamente, custodian cada una alrededor del 5% del carbono total de las Islas (unos 0,5 millones de toneladas cada una). La investigación excluye a Lanzarote y Fuerteventura por la ausencia de masas forestales en ambas islas.

Los pinares canarios son los que más carbono almacenan: el 57,1% del total, del que un 44,8% corresponde a masas naturales y un 12,3% a repoblaciones. Los bosques de hoja perenne, como los de laurisilva y monteverde, contienen el 37% de la reserva. Las plantaciones de especies exóticas, como el pino radiata o el eucalipto, representan alrededor del 5% del carbono almacenado. Mientras que los bosques termófilos acumulan apenas un 1,1% debido a su estado de degradación por culpa de la actividad humana.

Otro hallazgo relevante es que la laurisilva es el ecosistema que más carbono almacena en Canarias. Los valores más altos se encuentran en el Parque Nacional de Garajonay, en La Gomera, donde se registran medias de hasta 413,2 toneladas de carbono por hectárea y picos máximos de 730 toneladas.

Se trata de un dato “excepcional”, concluye la publicación, que supera las estimaciones anteriores y sitúa a la laurisilva de La Gomera en niveles de almacenamiento de carbono similares a los observados en bosques tropicales y subtropicales lluviosos o los bosques húmedos de Hawái. La clave, explica el investigador Otto, está en las “favorables” condiciones de humedad que proporcionan la influencia de los vientos alisios y el mar de nubes.

El estudio muestra una foto fija del carbono almacenado en las masas forestales del Archipiélago. Pero no especifica si un bosque en concreto está actuando como sumidero de carbono, es decir, secuestrando más carbono del que libera a la atmósfera.

En condiciones normales, es así. Los bosques compensan nuestras emisiones captando dióxido de carbono (CO2) y ayudan a enfriar el planeta. Pero esa capacidad se está viendo mermada a escala global por el calor extremo y una elevada humedad, según otra investigación reciente publicada en la revista Nature Communications.

Este cóctel acelera la respiración de plantas y microorganismos, lo que incrementa la descomposición de materia orgánica y libera grandes cantidades de CO2 a la atmósfera, convirtiendo bosques enteros, originalmente aliados en la lucha contra la crisis climática, en fuentes de emisiones.

Otto indica que los bosques más jóvenes presentan una mayor capacidad de captación de carbono que los maduros, aunque estos últimos hayan acumulado más a lo largo de sus vidas. Y agrega también que esta diferencia está relacionada con el crecimiento de los árboles, que suele ser más rápido durante las primeras etapas de desarrollo y disminuye con la edad.

“Una importante tarea para futuros proyectos de investigación será evaluar la evolución de estos stocks de carbono en las últimas décadas, cuál de nuestros bosques capta carbono más rápido y cuáles son los factores estructurales y abióticos que influyen en este proceso”, razona el experto.

El primer autor del estudio explica que el agua es “el principal recurso limitante para el crecimiento de las plantas y la acumulación de carbono” y advierte de que el aumento de las temperaturas asociado al cambio climático puede incrementar la evapotranspiración. Es decir, la demanda de humedad de la atmósfera. Esto reduciría la disponibilidad de agua en el suelo y afectaría al crecimiento de la vegetación y a su capacidad para captar carbono.

“Deberían identificarse y protegerse las masas forestales que albergan los árboles de mayor tamaño dentro de cada uno de los tres principales tipos de bosque de Canarias: la laurisilva, el pinar y el bosque termófilo”, remarca Otto.

El investigador también considera relevante cuantificar el carbono almacenado en la vegetación para estimar posibles pérdidas vinculadas a los cambios en el uso del suelo, como la construcción de carreteras, urbanizaciones u otras infraestructuras. Además, cree que conocer estos datos permite identificar el “potencial de secuestro” de carbono en zonas que se encuentran “en diferentes etapas de sucesión ecológica”.

“Puede ser especialmente útil para orientar proyectos de restauración ecológica en terrenos agrícolas abandonados, aportando una razón adicional para promover su recuperación debido a su contribución potencial a la mitigación del cambio climático”, concluye Otto.

La mayoría de los municipios más poblados de Canarias cumplen los criterios establecidos este miércoles por la Unión Europea (UE) para ser declarados zona tensionada, según la Ley de Vivienda Asequible que acaba de presentar la Comisión Europea.

Esa norma, que todavía tiene que pasar por el Parlamento Europeo y por el Consejo de la UE (es decir, por los estados miembros), considera zona tensionada aquellas ubicaciones en las que el precio medio de una vivienda equivale, como mínimo, a ocho años de la renta media de sus habitantes. Además, esa proporción entre precio y renta debe haber aumentado en la última década. Este último requisito, sin embargo, no sería necesario acreditarlo si el esfuerzo para comprar una vivienda equivale a diez o más años de renta.

Pues bien, esos criterios cuantitativos se cumplen en 26 de los 30 municipios más poblados del Archipiélago, según un análisis de Canarias Ahora con datos del Consejo General del Notariado y del Instituto Nacional de Estadística (INE) entre 2015 y 2023. De ese listado, solo se quedarían fuera las localidades de Ingenio, Agüimes, Arrecife y Arucas.

La demarcación más tensionada es Adeje. En 2023, el último año con datos actualizados de renta media, el esfuerzo para comprar una vivienda equivalía a 24,57 años de salario. En segundo lugar se sitúa Guía de Isora, también en el sur de Tenerife, con 24,32 años de renta necesarios. Le siguen San Miguel de Abona (18,02), Mogán (17,28) y Tías (17,27).

Las cuatro ciudades de Canarias con más de 100.000 habitantes también cumplirían los criterios para ser declaradas zona tensionada. En Las Palmas de Gran Canaria, el precio de una vivienda equivale a 10,75 años de salario; en Santa Cruz de Tenerife, a 12,32. En La Laguna y Telde, el esfuerzo alcanza los 12,55 y 10,46 años, respectivamente.

Ingenio no entraría en esta categoría porque el esfuerzo para comprar una vivienda en ese municipio equivale a 7,29 años de renta. En Arucas, Agüimes y Arrecife, el motivo de exclusión sería otro: la proporción entre el precio de la vivienda y la renta no ha aumentado desde 2015 (el primer año con datos de precios del Consejo General del Notariado), sino todo lo contrario. En estos tres municipios, aunque el esfuerzo supera los ocho años y no llega a diez, la renta ha crecido más que el precio de la vivienda y, por tanto, la presión sobre el mercado no se ha incrementado.

Para lograr la clasificación de zona tensionada hace falta también acreditar que es improbable que la situación remita en los tres años siguientes. Para ello, es obligatorio analizar indicadores como la evolución del crecimiento demográfico o del saldo migratorio positivo; la escasez de visados de obra nueva, el déficit de viviendas destinadas al alquiler de larga duración o el ritmo de creación de hogares frente al de construcción de nuevas viviendas. Y, por último, la concentración de viviendas de alquiler vacacional o el volumen de compras protagonizadas por no residentes.

Además, hay que acreditar ante la UE el “impacto adverso significativo” durante los tres años anteriores a la propuesta. En ese periodo debe quedar demostrado cómo el precio de la vivienda ha provocado la expulsión de población local o cómo la expansión de las viviendas de alquiler turístico ha reducido paralelamente el número de viviendas disponibles para el alquiler residencial.

En caso de obtener la declaración de zona tensionada, los ayuntamientos podrían imponer restricciones a las viviendas vacacionales, pero solo a aquellas que no constituyan la residencia habitual del propietario. También podrían limitar la compra o el uso de inmuebles para fines no residenciales. Esto último incluye reservar viviendas asequibles para uso propio o para colectivos específicos, como jóvenes o compradores de primera vivienda; penalizar fiscalmente las viviendas vacías; o exigir declaraciones previas de uso antes de la compra.

Las restricciones solo afectarían a las propiedades adquiridas después de la entrada en vigor de la ley, sin efecto retroactivo. Las medidas tendrían un plazo máximo de vigencia de cinco años, prorrogable tras una evaluación previa. Además, las limitaciones deberían ir acompañadas de medidas estructurales destinadas a impulsar la oferta de vivienda asequible y social.

Bruselas ha advertido de que entre 2013 y 2024 el precio medio de la vivienda en la UE se incrementó casi un 60%, mientras que la renta de los hogares solo lo hizo un 40%. La crisis de la vivienda, según la Comisión Europea, está afectando especialmente a los hogares de rentas bajas y medias, a los jóvenes y a trabajadores esenciales (como docentes, sanitarios o personal de emergencias) y de temporada, que no pueden permitirse vivir en los municipios donde trabajan.

La propuesta de la UE identifica a las islas y los destinos turísticos como las zonas con mayores desequilibrios en este sentido. Señala que la escasez de suelo en estos territorios dificulta que la oferta de vivienda pueda reaccionar con rapidez ante incrementos de la demanda. Y recuerda también el impacto de la vivienda vacacional, que representa un porcentaje elevado del parque residencial en estos lugares.

“La Unión se enfrenta a una crisis de asequibilidad de la vivienda que debilita la cohesión social y amenaza la competitividad general... Los trabajadores esenciales y el personal de temporada ya no pueden permitirse vivir en las comunidades a las que sirven”, recoge la propuesta de ley.

“Los inmuebles residenciales se utilizan cada vez más para fines distintos de la residencia permanente. Esto incluye el uso para alojamiento turístico (como alquileres de corta duración), uso ocasional e inversión. En algunos municipios o barrios bajo tensión, las residencias no principales representan una parte muy significativa del parque residencia”, agrega.

Bruselas remacha que su objetivo es “establecer un marco común” para desplegar y evaluar “medidas destinadas a salvaguardar la asequibilidad y disponibilidad de la vivienda” en el continente.

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de la empresa Dehesa de Jandía, vinculada al Grupo Lopesan, para estudiar si el Estado debe compensar a esa compañía con una concesión de uso sobre una playa de Fuerteventura que fue de su propiedad, pero que han explotado terceros contratados por el Ayuntamiento de Pájara desde 1985.

Se trata de la playa del Matorral, en el municipio de Pájara. Una sentencia de 2014 reconoció judicialmente que Dehesa de Jandía había sido la propietaria histórica de ese tramo del litoral hasta la entrada en vigor de la Ley de Costas en 1988, que estableció el carácter público de las playas y otros bienes del dominio público marítimo-terrestre.

Esa norma establece una fórmula de compensación para los propietarios de terrenos que pasaron a formar parte del dominio público: una concesión de uso de hasta 60 años que permite mantener a esos propietarios los mismos “usos y aprovechamientos” que se venían desarrollando hasta entonces.

En la playa del Matorral, sin embargo, esos “usos y aprovechamientos” (que incluyen la colocación de hamacas, la venta ambulante de bebidas y comida y las actividades náuticas) no los explotaba Dehesa de Jandía, sino terceros contratados por el Ayuntamiento de Pájara desde 1985.

Fue en 2015, un año después de obtener por vía judicial el reconocimiento histórico de la propiedad de la playa, cuando la compañía vinculada al Grupo Lopesan reclamó al Ministerio para la Transición Ecológica la concesión de uso prevista en la Ley de Costas.

Pero el Ministerio denegó la petición al indicar que las hamacas y los quioscos eran “servicios de temporada gestionados por el Ayuntamiento de Pájara”, no por Dehesa de Jandía. La empresa recurrió ante la Audiencia Nacional, que avaló la resolución del Ministerio en otra sentencia de 2025. El tribunal consideró que esos servicios no eran usos o aprovechamientos que “beneficiaran” a la compañía y que, por tanto, esta no tenía derecho a ser compensada por ellos. Y sentenció que el consistorio del sur de Fuerteventura había actuado “en el ejercicio de sus competencias sobre servicios de temporadas en la zona de playas”.

La Audiencia sí reconoció, no obstante, un derecho de preferencia a Dehesa de Jandía para la obtención de concesiones destinadas a nuevas actividades en ese tramo de la costa hasta 2048.

Aun así, la mercantil vinculada al Grupo Lopesan presentó un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo, alegando que ese fallo “vacía de contenido” su derecho de propiedad histórica sobre la playa del Matorral y denunciando que el Ayuntamiento de Pájara gestionó de manera “improcedente” sus servicios, “en contra” de sus “potestades dominicales”. Algo que, a su juicio, “no elimina” su derecho a ser indemnizada.

Canarias Ahora se puso en contacto con el Ayuntamiento de Pájara para conocer su valoración sobre estas acusaciones. Pero hasta la fecha de la publicación de este artículo, no ha habido respuesta.

En un auto fechado el 7 de julio de 2026, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación de Dehesa de Jandía al considerar que existe interés casacional en determinar si los usos y aprovechamientos desarrollados en un lugar posteriormente convertido en dominio público, y que hubieran sido explotados por terceros y no por el propietario, deben ser compensados con una concesión de uso, en concreto la prevista en el apartado primero de la disposición transitoria primera de la Ley de Costas.

El Alto Tribunal ha valorado el “imprescindible esfuerzo argumental” de la compañía recurrente, que invocó una sentencia del propio Supremo de 2004 en la que el tribunal entendió que las concesiones previstas en la Ley de Costas no establecen como “requisito” que la explotación de los usos y aprovechamientos hubiera sido realizada por el propietario del terreno. La Sala considera “aconsejable” volver a pronunciarse sobre esta cuestión, ya que aquella fue la única ocasión en la que lo hizo, hace ya más de veinte años.

Conviene recordar que este tipo de concesión tiene una duración máxima de treinta años, prorrogable por otros treinta, y que las empresas o particulares beneficiarios deben respetar de manera escrupulosa los “usos y aprovechamientos existentes”, es decir, las actividades económicas que ya se venían realizando.

En Canarias, uno de los ejemplos más conocidos de este modelo es el de los dos hoteles de RIU ubicados en el espacio protegido de las Dunas de Corralejo, también en Fuerteventura.

Sobre uno de ellos, el complejo Tres Islas, se inició un expediente de caducidad en julio de 2023 después de que personal de Costas constatara un incumplimiento de la concesión de uso por la realización de obras de ampliación del hotel. A día de hoy, no consta que ese expediente haya sido resuelto.

Con respecto al segundo, el establecimiento Oliva Beach, pesa desde febrero de 2024 una orden de demolición emitida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por el mismo motivo: unas obras que supusieron un aumento de la superficie del alojamiento y que, por tanto, incumplían las condiciones de la concesión. RIU anunció poco después la presentación de un recurso contra esa decisión.

Propietaria desde 1941

La Ley de Costas de 1988 exige que los titulares que pretendan beneficiarse de la concesión de uso que ahora reclama Lopesan demuestren, mediante una sentencia judicial firme, que fueron los propietarios históricos de los terrenos.

La empresa acudió a los tribunales después de que el Estado aprobara en 2005 el deslinde de un tramo de costa de aproximadamente 15.000 metros en la Península de Jandía, en el sur de Fuerteventura, que incluye la playa del Matorral.

Dehesa de Jandía defendió que la Administración había expropiado terrenos de su propiedad. Acreditó que había comprado en 1941 la finca matriz, de unas 35.000 hectáreas (casi la totalidad de la Península de Jandía), a los herederos del marqués de Lanzarote y conde de Santa Coloma, y que, tras varias segregaciones, la parcela afectada por el deslinde había quedado inscrita en el Registro de la Propiedad en 1964.

La Abogacía del Estado, no obstante, sostuvo que era una “mera afirmación carente de prueba” que la abolición del señorío en Fuerteventura en 1812 hubiera dejado intactos los derechos de propiedad a favor de particulares y que, “en todo caso”, la soberanía del Estado sobre la península estaba “fuera de toda duda”. Llegó incluso a negar que la finca hubiera sido inmatriculada por los mencionados herederos en 1865, como había asegurado Dehesa de Jandía. Y, para reconocer su titularidad, en una petición extrema, reclamó a la mercantil que acreditara documentalmente que había adquirido los terrenos antes de la entrada en vigor de la Ley de Puertos de 1880.

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Las Palmas de Gran Canaria desestimó en 2011 los intentos de la empresa del Grupo Lopesan de obtener por vía judicial el reconocimiento de la titularidad de la zona.

Pero, en el recurso que presentó ante la Audiencia Provincial, aportó una certificación que demostró que la finca había sido inmatriculada por los herederos del marqués de Lanzarote y conde de Santa Coloma en 1871, ocho años antes de la entrada en vigor de la Ley de Puertos.

El tribunal consideró que la exigencia de la Abogacía del Estado quedaba satisfecha si se demostraba que los “causantes” (los nobles de quienes había adquirido los terrenos) tenían la parcela registrada. Por lo que estimó el recurso y reconoció su propiedad.

Un numeroso grupo de aspirantes a las 37 plazas de bombero del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria ha presentado recurso para exigir su reincorporación al proceso selectivo. Sostienen que la entrevista personal, el tercer ejercicio de la convocatoria tras las pruebas físicas y teóricas, se extralimitó y fue utilizada como “filtro” para excluir a opositores cualificados, con sospechas de beneficiar a los bomberos interinos del Consorcio: 15 de los 17 han superado todas las pruebas.

Media docena de opositores entrevistados por Canarias Ahora denuncian un denominador común en el desarrollo del tercer ejercicio del proceso selectivo, que estuvo dividido en dos partes. La primera fue un test psicotécnico, consistente en un cuestionario escrito para evaluar trece dimensiones de la personalidad, como la sinceridad, el trabajo en equipo o la inteligencia social. Después tuvo lugar una entrevista personal de 15 minutos con un profesional de la psicología.

El test psicotécnico, de unos 40 minutos, se realizó el 28 de junio de este año, mientras que las entrevistas personales tuvieron lugar los días 8, 9, 10 y 11 de julio.

Para superar el ejercicio, los aspirantes no debían presentar más de cinco de las trece dimensiones evaluadas fuera de rango, o sea, declaradas “no apto”. En el listado de calificaciones solo se les informaba si habían superado o no el ejercicio completo, sin detallar la puntuación obtenida en cada una de las partes.

El procedimiento, sin embargo, partía de los resultados del test psicotécnico, que constaba de 160 ítems de opción múltiple con una escala de respuesta del 1 al 4 (desde “muy en desacuerdo” hasta “muy de acuerdo”). A partir de esas calificaciones, los opositores debían ser entrevistados sobre las dimensiones que se encontraban “por debajo de la puntuación solicitada”, con el fin de “comprobar su posible validación”, según el anuncio oficial de la prueba.

Es decir: los opositores creían que la entrevista personal solo trataría las escalas en las que habían obtenido la calificación de “no apto” en el test psicotécnico, para estudiar si era posible revertir esa valoración. Pero muchos observaron que ocurrió justo lo contrario.

Aspirantes contactados por esta redacción que presentaron reclamaciones formales contra la calificación del tercer ejercicio y tuvieron acceso a los resultados de ambas pruebas comprobaron que, pese a haber obtenido menos de cinco dimensiones calificadas como “no apto” en el test psicotécnico, algunas de las que figuraban como “apto” fueron modificadas después de la entrevista personal y pasaron a constar como “no apto”. De este modo, el cómputo total de dimensiones fuera de rango se elevó a seis, lo que los dejó fuera del proceso selectivo. Ocurrió con opositores que pasaron de tener dos dimensiones “no apto” a seis, de tres a seis o de cuatro a seis.

El Consorcio de Emergencias de Gran Canaria ha respondido a estos aspirantes recordando que el propio anuncio sobre el funcionamiento de la entrevista personal establecía que esta tendría carácter “tanto de contraste como evaluativo”. Sus resultados servirían para “confirmar, matizar o, en su caso, refutar las conclusiones derivadas del test de personalidad”, como un elemento adicional para determinar la adecuación de cada candidatura al perfil requerido.

El mismo anuncio, el número 17 de las oposiciones, señalaba además que las bases del proceso selectivo ya advertían de que “en ningún caso la evaluación del resultado de la entrevista vendrá condicionada o vinculada de modo exclusivo a los resultados en la prueba de personalidad, ya que constituyen un elemento previo para que el tribunal pueda orientar, si lo estima conveniente, el contenido de esta”.

Es precisamente esta aparente contradicción en la documentación del concurso (entre el anuncio oficial de la entrevista que establece que las preguntas debían centrarse en las dimensiones fuera de rango y unas bases que permiten utilizarla para refutar las conclusiones del test) la que vertebra los recursos de alzada presentados por un grupo muy numeroso de opositores, algunos de ellos bomberos profesionales en otros puntos del Archipiélago.

Muchos sospechan, además, que este sistema ha beneficiado a los bomberos interinos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria que han solicitado sin éxito acceder a la condición de funcionarios de carrera. Son 17 profesionales que ocupan sus puestos desde 2020.

Todos ellos se presentaron al proceso selectivo después de que la justicia rechazara sus intentos de paralizarlo de manera cautelar e incorporarse automáticamente al cuerpo. De los 17, uno quedó excluido en la prueba teórica y otro, en la física. Los 15 que superaron ambas y llegaron a la prueba psicosocial también la superaron.

Ante esto, bomberos que quedaron excluidos del concurso y que prefieren no dar sus nombres sospechan de favoritismo hacia los interinos. Algunos consideran que este grupo debería haber sido ya estabilizado para poner fin al “abuso de temporalidad” en el que se encuentra. Creen, sin embargo, que pudo producirse una presunta desviación de poder en las oposiciones para excluir en la prueba psicosocial a aspirantes con buenas notas en las pruebas teórica y física, además de experiencia profesional, que habrían puesto en riesgo el futuro de los interinos.

El Consorcio de Emergencias de Gran Canaria se ha limitado a responder al respecto que “son cuestiones sobre las que el tribunal ya ha dado respuesta o se encuentra en proceso de ello” y que no va a entrar en “valoraciones u opiniones subjetivas” de los aspirantes. Una fuente muy cercana al tribunal del proceso ha señalado también que esas sospechas son “percepciones personales” y que “si están dentro es porque han superado las pruebas”.

Uno de los recursos a los que ha tenido acceso este periódico detalla que, de los 38 aspirantes que se presentaron a la prueba psicosocial y que trabajan como bomberos en otras administraciones públicas, 19 fueron declarados no aptos, frente al 100% de los interinos, que fueron declarados aptos. El escrito denuncia que estas cifras reflejan “una desviación estadística asombrosa y ajena a las reglas de la probabilidad en los procesos”, y sostiene que la entrevista se utilizó entonces “como un filtro para asegurar la estabilización de personal propio”.

Otro de los puntos polémicos radica en que las bases del proceso exigían que los psicólogos encargados de realizar las entrevistas personales estuvieran colegiados en el Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas. Sin embargo, el principal asesor técnico del ejercicio, el especialista Antonio Pamos de la Hoz, está colegiado en Madrid. Es él quien ha firmado las respuestas a las reclamaciones de los opositores que solicitaron conocer sus valoraciones.

Aspirantes entrevistados sostienen asimismo que Pamos de la Hoz no fue quien realizó sus entrevistas, sino otra persona cuya identidad, aseguran, “no coincide con ninguno de los asesores formalmente nombrados”.

Los opositores denuncian que el Consorcio ha pretendido que admitieran “como incuestionable” una valoración técnica cuya autoría “ni siquiera ha quedado plenamente identificada y sin que exista garantía alguna de que quien emitió el juicio fuera realmente quien practicó la entrevista”. También cuestionan que las entrevistas no fueran grabadas, ni en audio ni en vídeo, y que las dimensiones que pasaron de “apto” a “no apto” fueran modificadas de forma genérica, sin identificar las preguntas concretas que motivaron el cambio ni sus respuestas.

Los recursos de alzada invocan por otra parte una sentencia del Tribunal Supremo de abril de 2024 que señala que la “discrecionalidad técnica” de la que disfrutan los especialistas encargados de valorar las pruebas en los procesos selectivos no es un cheque en blanco, sino que debe cumplir tres condiciones: expresar el material o las fuentes de información sobre las que se va a operar; precisar qué se va a evaluar y, por último, justificar por qué la aplicación de esos criterios ha conducido al resultado que “niega la aptitud de un aspirante o que otorga la preferencia a un candidato frente a los demás”.

Ahora, dicen los aspirantes contactados, se da la paradoja de que, pese a estar en activo en otros puntos del Archipiélago (Las Palmas de Gran Canaria, Puerto del Rosario, San Bartolomé de Tirajana, Consorcio de Bomberos de Tenerife…) y estar obligados a intervenir como bomberos en situaciones de emergencia en Gran Canaria si fueran requeridos, se les considera “no apto” para ocupar el puesto. Al menos en la isla redonda.

El plazo para presentar los recursos de alzada expiró esta semana. El Consorcio tiene ahora tres meses para responder. Los opositores entrevistados han anunciado que acudirán a los tribunales si sus reclamaciones no prosperan por la vía administrativa.

Ante la pregunta de la diputada socialista Lucía Fuentes sobre qué medidas ha desplegado el Gobierno de Canarias para reducir el número de licitaciones desiertas en las administraciones públicas, dirigida al consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez (Coalición Canaria), este respondió sin mencionar ninguna actuación al respecto, sino que se limitó a contestar que en su departamento, al menos, “no se ha registrado ningún caso de este tipo”.

Rodríguez aprovechó a continuación para presumir de gestión. Dice que este resultado se debe a una planificación y gestión “adecuada” de los proyectos, con un enfoque “detallado” en la preparación de los pliegos de condiciones para “garantizar la viabilidad técnica y económica de las actuaciones”.

Agrega que “se ha trabajado de manera exhaustiva en cada fase del proceso para asegurar que las condiciones ofrecidas sean competitivas y atractivas para las empresas”. Y sostiene que, “como consecuencia de estas medidas preventivas”, su consejería no ha visto ninguna licitación desierta desde el inicio de la legislatura en julio de 2023.

Pero es una verdad a medias. Los dos organismos públicos que dependen directamente de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad (el Instituto Canario de la Vivienda y Puertos Canarios) sí han registrado procedimientos de contratación en los que ninguna empresa se ha presentado y, por tanto, la actuación ha quedado paralizada.

El ICAVI ha anotado cuatro licitaciones desiertas. En noviembre de 2023 no se presentó ninguna oferta en el concurso público para el desarrollo, mantenimiento y soporte de los sistemas de información del propio instituto. En junio de 2024 quedó desierta la licitación para construir once viviendas protegidas en La Jurada, en Granadilla de Abona. En mayo de este año cayó en saco roto el procedimiento para adjudicar las obras de rehabilitación energética catorce grupos de viviendas protegidas (VPO) en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y en febrero de 2026 también se declaró desierto el trámite para construir 134 VPO divididas en tres grupos, en Tenerife.

Este mismo viernes, de hecho, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad ha anunciado que vuelve a licitar uno de los lotes previstos en ese expediente: una promoción de 24 VPO en Guía de Isora, por 4,43 millones de euros. En el procedimiento que quedó desierto en febrero, el presupuesto de esta actuación era de 4,14 millones, casi 300.000 euros menos. En total, el Gobierno de Canarias ha señalado que las 134 viviendas costarán 29,84 millones de euros, frente a los 23,88 millones en los que estaban valoradas a principios de año.

El departamento de Pablo Rodríguez, no obstante, ha asegurado en la respuesta parlamentaria a la diputada socialista Lucía Fuentes que “los costes de construcción no explican que determinadas obras de vivienda pública hayan quedado desiertas”. Defiende que “lo habitual” es que ello responda a “la escasa participación empresarial, motivada por presupuestos ajustados, un número reducido de viviendas o dificultades de ejecución derivadas de personal u otras circunstancias puntuales”.

Cuando una licitación queda desierta, añade la Consejería, la medida principal es licitarla de nuevo “adaptando los proyectos cuando es necesario y agrupando actuaciones en nuevos lotes para hacerlas más atractivas y asegurar su adjudicación”.

Por otro lado, Puertos Canarios, el otro organismo adscrito a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, ha contabilizado ocho licitaciones desiertas. Entre ellas se encuentran las actuaciones de adecuación y mejora de la seguridad en los puertos de Pájara, Valle Gran Rey y Tuineje; las obras de embellecimiento del puerto de Arguineguín; la renovación del pavimento de la explanada en Caleta de Sebo, o el servicio de limpieza y recogida de residuos en las oficinas del propio organismo.

El ICAVI y Puertos Canarios suman doce licitaciones desiertas. Pero no son, ni por asomo, las entidades del Gobierno de Canarias, integrado por Coalición Canaria y Partido Popular, que menos éxito han tenido en la contratación pública.

Esa clasificación la lidera la empresa pública Gesplan, con 77 licitaciones desiertas. Le sigue de cerca la Dirección del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, con 61. Y ya hay una brecha importante con el siguiente organismo de la tabla: la Dirección del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, con 28. En cuarto lugar se sitúa la Consejería Delegada de Hoteles Escuela de Canarias, con 19 licitaciones desiertas. Y en quinto, la Dirección General de Patrimonio y Contratación, con 18, las mismas que registra la Dirección del Hospital Universitario de Canarias.

Todos los datos han sido obtenidos de la plataforma de datos abiertos del Gobierno de Canarias, a partir de un filtro de las licitaciones desde septiembre de 2023 hasta la actualidad.

En los primeros meses de la legislatura de 2023 se registraron 53 licitaciones desiertas. En 2024, el primer año completo, fueron 147. En 2025, la cifra creció hasta 218, y este año ya se han contabilizado 135 procedimientos en los que no se ha presentado ninguna empresa.

Se trata de una tendencia al alza que también se observa a nivel nacional. En 2023, según datos de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), vinculada al Ministerio de Hacienda, hubo 20.609 licitaciones desiertas en todo el país, el 7,87% del total de procedimientos. En 2024 fueron 21.424, el 7,63% del total. Y en 2025 se registraron 24.047, el 7,78% del cómputo global.

De acuerdo con la patronal de la construcción en la provincia de Las Palmas (AECP), la inflación causada por las guerras de Estados Unidos en Irán y de Rusia en Ucrania ha encarecido sobremanera los costes y ha ahogado a las empresas. A ello hay que sumar la falta de personal en el sector de la construcción por los malos salarios, entre otras cosas, que mantiene paralizadas las obras.

Eran los meses de abril y mayo de 2018. Investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) acudieron al espacio protegido de las Dunas de Maspalomas, en el sur de la isla, para preguntar a los turistas que traspasaban los límites de la reserva por qué lo hacían. La intención era conocer la psicología, motivaciones y justificaciones de aquellos que estaban destruyendo el área. Medir su “sensibilidad ecológica”. Y los resultados fueron cuando menos reveladores.

El 78,2% de los encuestados (101 en total) no sabía que se encontraba dentro de una Reserva Natural Especial protegida. Solo el 40,6% sabía que existían normas y el 62,4% desconocía la existencia del Centro de Interpretación. Además, muchos usuarios se opusieron rotundamente a pagar una tasa para la conservación de las dunas. De los 28 que justificaron su rechazo por escrito, el 60,7% de ellos afirmó que “la naturaleza es libre y pública” y que, por tanto, el acceso debe ser gratuito; el 21,4% argumentó que una tasa sería perjudicial para el turismo local; y el 7,14% advirtió de que no volvería a visitar las dunas si tuviera que pagar.

Ese mismo año, también en 2018, los investigadores de la ULPGC mapearon 298 puntos dentro de la reserva donde se habían acumulado residuos o destruido vegetación endémica. El proyecto Masdunas, del Cabildo de Gran Canaria, logró restaurar 295 de ellos y retiró poco más de 2.000 metros cúbicos de restos vegetales entre 2019 y 2023. Pero, aunque las zonas señaladas en 2018 fueron casi recuperadas por completo, la imposibilidad de mantener una vigilancia las 24 horas ha provocado la aparición de nuevos focos de degradación en áreas previamente intactas y en las zonas de mayor tránsito.

Todo ello hace que la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas parezca una reserva solo sobre el papel, según un estudio publicado en la revista ‘Journal of Outdoor Recreation and Tourism’. La investigación muestra que en el interior de este espacio continúan realizándose de forma habitual actividades prohibidas que provocan la destrucción de hábitats y que, pese a las medidas desplegadas para frenar su degradación, es necesario tomar decisiones “sólidas” que involucren a todas las partes implicadas.

“A pesar de haber eliminado algunos refugios, hemos visto que se siguen organizando (a través de redes y páginas web) para poder entrar en la reserva cuando no hay vigilancia. Esto hace que, aunque haya un compromiso por conservar el espacio, de un año para otro o en cinco años no puedes cambiar la mentalidad de la gente. Eso solo lo consigues con un bombardeo diario”, explica Carolina Peña-Alonso, investigadora del grupo del Instituto de Oceanografía y Cambio Global de la ULPGC y primera autora de la publicación.

La investigación destaca varios factores que complican la protección de las dunas. Uno de ellos es la dificultad de educar a una población turística que permanece de media una semana en las Islas. El visitante puede concienciarse durante su estancia, pero ese conocimiento no necesariamente se mantiene. El esfuerzo pedagógico pierde efecto cuando coge el avión de vuelta a casa. Y así con los más de dos millones de turistas que visitan Maspalomas cada año.

Algunos turistas extranjeros también muestran una especie de “sentimiento de propiedad” cuando construyen refugios en la reserva, indica Peña-Alonso. Además, en “numerosas ocasiones”, los infractores eran visitantes habituales que parecían sentirse “empoderados” al saber que sus actos no tendrían consecuencias legales, dada la “escasa presencia de personal de seguridad” en Maspalomas. Muchos eran conscientes, continúa el artículo, de que las multas no llegarían a cobrarse una vez regresaran a sus países de origen.

El estudio señala directamente al modelo empresarial de la zona por utilizar las dunas como un mero escaparate publicitario para atraer millones de visitas “sin asumir apenas responsabilidad en su conservación”. También lamenta el choque competencial entre las distintas administraciones encargadas de gestionar el espacio, una situación que está comprometiendo la supervivencia del sistema dunar. Peña-Alonso explica que, para que este funcione, el viento debe empujar la arena desde la playa hacia el interior. Pero “si sigue pasando la máquina para alisar la playa todos los días, y se siguen instalando lotes de hamacas, sombrillas y demás, la zona de entrada no está bien”, y eso impide que la arena circule.

A ello hay que sumar la construcción masiva de complejos hoteleros y carreteras que rodean por completo el norte del ecosistema. Estas infraestructuras han bloqueado la dinámica natural del viento y han seguido dificultando el movimiento de la arena hacia el interior. Peña-Alonso destaca que cada vez existe una “menor entrada de arena” hacia las dunas, mientras el conjunto de actividades “intensivas” a su alrededor (e incluso dentro de ellas) no ha cesado. La investigadora apunta que, en la zona de Maspalomas, de hecho, la línea de costa ya ha retrocedido más de 100 metros en las últimas décadas.

“Ya hemos pasado ese punto de no retorno, por desgracia. Entonces… lo que nos queda es mantener lo que hay. Sobre todo, las dunas que vemos en la zona del RIU Palace, que es una postal, vamos, que son las dunas moviéndose libremente sin vegetación. Ese sistema depende de la zona de entrada que está en Playa del Inglés, que se está protegiendo con los proyectos Masdunas. También se está recuperando la zona sur de la playa, que era una de las más sensibles”, detalla Peña-Alonso.

Los resultados de la investigación muestran que en más del 50% de los puntos degradados detectados en 2018 (un total de 298, de los que 56 se encontraban dentro de la zona de exclusión) había vegetación dañada o talada. Entre los residuos encontrados había principalmente colillas, papel higiénico, toallitas húmedas, preservativos y bolsas de basura orgánica. Estos desperdicios favorecen la presencia de depredadores exóticos introducidos en el sistema dunar, como ratas de alcantarilla, erizos y gatos asilvestrados procedentes de las urbanizaciones, que suponen una amenaza para lagartos y aves protegidas.

El estudio indica que el 84,3% de los encuestados eran extranjeros (el 39,1% alemanes y el 15,2% británicos). El 96,1% eran hombres y el 58,7% tenía más de 44 años. Más de la mitad (57,6%) contaba con estudios universitarios (licenciatura, máster o doctorado). De manera paradójica, el 48,35% criticó la “falta de gestión” y reclamó papeleras y baños públicos dentro de la reserva, servicios que están prohibidos para proteger el entorno. El 13,1% se quejó de características propias de un desierto, señalando que en las dunas “hacía demasiado calor” o “faltaban árboles”. Y solo el 7,6% identificó la degradación ambiental como un problema real.

Todos estos datos formaron parte del diagnóstico inicial del proyecto Masdunas hace poco más de siete años. Los expertos eligieron este periodo de tiempo precisamente para alejarse de los estudios centrados solo en las condiciones ecológicas de las áreas protegidas y analizar cómo las evaluaciones iniciales pueden contribuir a mejorar las medidas de gestión.

Lo que ocurre en las dunas es, a juicio de los investigadores, un problema “de carácter estructural y no circunstancial”, remata el trabajo académico.

“Las Dunas de Maspalomas son únicas porque representan en Europa los espacios sedimentarios eólicos. Tienen un papel de atracción del turismo, que al final es el motor de nuestra economía. Pero más allá de eso, a nivel funcional, es un espacio que nos está protegiendo de las tormentas del oeste, que cada vez llegan con más potencia y duración. Y si las dunas no estuvieran, el agua entraría directamente hasta los hoteles. Es decir, a nivel climático, tendríamos problemas de inundación bastante relevantes”, concluye Peña-Alonso.

El Cabildo de Gran Canaria, a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ImpulsaMaspalomas, ha implantado cámaras de videometría inteligente, sensores de flujo de personas en tiempo real para medir la carga de visitantes, postes alimentados con energía solar y señalética digital. También ha incorporado sistemas de megafonía inteligente en los accesos clave para emitir advertencias disuasorias en varios idiomas a los turistas que intenten salirse de los senderos. Y ha distribuido 43 papeleras inteligentes con sensores de llenado en los paseos marítimos y accesos a la playa para evitar la dispersión de basura hacia el interior de las dunas.

Fuentes de la Corporación insular indican que estas son las últimas medidas anunciadas por el Cabildo para proteger la reserva, junto con la incorporación de agentes en horario de tarde para reforzar la vigilancia.

El estudio de Peña-Alonso y otros expertos reclama la puesta en marcha de un enfoque que abarque a las distintas partes interesadas y tenga en cuenta las motivaciones de las personas que visitan las dunas. Señala la importancia de gestionar las expectativas de los visitantes, poner en marcha campañas eficaces de educación ambiental, establecer directrices claras e información clave sobre la reserva y, por último, apoyar al personal de seguridad en su intento de controlar los usos conflictivos.

El plan forestal de Canarias para combatir los incendios y cuidar el monte durante los próximos 21 años prevé una financiación total de 1.272 millones de euros para actuaciones de prevención y restauración, repoblación y selvicultura. Pero se trata de un documento no vinculante, cuya aplicación dependerá de las normas, instrumentos y proyectos técnicos que “se podrán desarrollar” a partir de él. La estrategia anterior, vigente entre 1999 y 2026, apenas llegó a materializar el 11% de sus medidas. El nuevo marco tiene así el reto de elevar considerablemente ese porcentaje con unas plantillas medioambientales bajo mínimos, una gran parte de la superficie forestal en manos privadas (el 83%) y la amenaza del calentamiento global, que incrementa el riesgo de grandes incendios, desertifica el suelo y reduce la recarga de los acuíferos.

El texto, de casi 1.000 páginas, lo deja claro en varias ocasiones: recoge propuestas y recomendaciones “no vinculantes” cuya aplicación solo “resulta conveniente” para las administraciones públicas. Pero eso es todo. A partir del plan, eso sí, “se podrán desarrollar otros planes, proyectos o normativas”.

Esta condición permite, según el Gobierno de Canarias, integrado por Coalición Canaria y el Partido Popular, mantener la prevalencia de los distintos instrumentos que ya operan en el territorio, como los planeamientos de los espacios naturales protegidos o de la Red Natura 2000. El Ejecutivo sostiene que la estrategia no contradice ninguno de ellos, ya que “opera simplemente a modo de recomendaciones y propuestas que serán materializadas mediante aprobación o modificación del concreto instrumento jurídico que proceda en su caso”. En síntesis, el texto “no incide ni modifica ninguno de los instrumentos de ordenación ni resto de normas vigentes”.

En los primeros siete años, el plan prevé una inversión de 405 millones de euros a través de una gestión forestal “sostenible activa”. El Gobierno canario sostiene que este enfoque rompe con el viejo paradigma de la protección pasiva y apuesta por una selvicultura flexible y tratamientos preventivos constantes. El objetivo principal es mejorar la cubierta vegetal de la Comunidad Autónoma (el 77,68% de su superficie es de uso forestal) y compatibilizar sus funciones ecológica, económica y social.

Las actuaciones con mayor dotación serían las de prevención, lucha y restauración frente a incendios, con 115 millones; las repoblaciones, los recursos genéticos y la producción de planta, con 78,5 millones; la creación de pistas forestales, senderos y espacios de uso público, con 47 millones; y la selvicultura adaptativa, con 45,2 millones.

El documento no define exactamente cuánto se destinará a prevención y cuánto a extinción de incendios. El borrador del plan solo detalla que casi todo el presupuesto destinado a la lucha contra el fuego irá al servicio técnico, que incluye el mantenimiento de los dispositivos de extinción, el personal de las bases, los medios aéreos y los equipos de intervención y refuerzo en incendios forestales (EIRIF).

Esto es especialmente relevante porque el Ejecutivo autonómico reconoce que Canarias incumple la recomendación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que plantea destinar dos tercios del presupuesto de incendios a prevención y planificación y solo un tercio a extinción.

El Gobierno señala que, históricamente, las Islas han destinado un 76% de sus recursos a apagar las llamas, frente a un escaso 25% a prevención activa. En 2024, por ejemplo, la inversión ascendió a 25,8 millones de euros: 17 millones fueron para extinción de incendios (11,2 millones solo para los helicópteros de la Dirección General de Emergencias) y apenas 4,6 millones para prevención. Un reparto que contrasta con las recomendaciones de las personas expertas para afrontar el aumento del riesgo de incendios forestales asociado al cambio climático.

El principal reto del plan forestal será mejorar el pobre grado de cumplimiento de su antecesor, aprobado en 1999 y vigente hasta este año. A pesar de las grandes inversiones previstas, aquella estrategia apenas alcanzó un 11% de materialización, “sin que se volvieran a desarrollar los restantes programas de actuaciones, lo que hizo que no tuviera continuidad a lo largo del tiempo”. Ahora se espera que la nueva “sirva de guía” frente a los desafíos del futuro forestal y responda a las nuevas circunstancias, tanto climáticas como demográficas.

Pero no va a ser fácil. El diagnóstico revela que el cuerpo de agentes de medio ambiente de Canarias padece una alarmante falta de personal, sobre todo en islas con extensas superficies forestales como La Palma. Además, el relevo “no se está haciendo en tiempo”, hasta el punto de dejar los montes con falta de vigilancia y desatención, reconoce el propio plan.

Otro grupo de trabajadores, en este caso el personal de incendios, llega a triplicar su número de efectivos en verano. Sin embargo, la compensación de las horas trabajadas durante la época de máximo peligro impide que puedan trabajar en otras épocas del año, lo que deja una plantilla mínima en invierno que no es suficiente para realizar tareas de prevención.

Por otro lado, cerca del 83% de la superficie forestal del Archipiélago está en manos privadas, repartida entre miles de pequeñas parcelas cuyos propietarios a menudo están desvinculados de su gestión debido al abandono rural. Todo ello “dificulta enormemente la gestión” del monte y “la puesta en valor del territorio”.

Canarias también carece de un sistema de información estadística forestal coordinado y eficaz: los datos se encuentran dispersos o desactualizados entre el ISTAC, GRAFCAN y otros organismos. La estrategia lamenta además la “escasa o nula coordinación interadministrativa y una deficiente planificación conjunta” entre los cabildos insulares, que actúan de forma poco coordinada.

Por último, el plan forestal del Archipiélago menciona como principales vías de financiación los fondos propios del Gobierno de Canarias y de los cabildos insulares, el programa FEDER Canarias 2021-2027, los fondos Next Generation (cuya ejecución finaliza este año), la Nueva Estrategia de la UE en favor de los bosques para 2030 y los fondos cofinanciables FEADER, entre otros.

El Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) solo gastó el 12,8% de su presupuesto en la primera mitad del año, según el balance de ejecución publicado recientemente por la Intervención General del Gobierno de Canarias. Es el segundo porcentaje más bajo de todos los organismos autónomos y entes de derecho público del Ejecutivo regional, solo por detrás del Consorcio de El Rincón, que prácticamente no tiene actividad (5,01%). La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad también registró el segundo peor nivel de ejecución entre las consejerías, con apenas un 15,7% de sus fondos gastados.

Las cifras indican la lentitud de las políticas de vivienda en Canarias pese a que la emergencia habitacional es el segundo problema que requiere una solución más urgente en las Islas, según el último Sociobarómetro del Archipiélago, de noviembre de 2025.

De los 219,2 millones de euros presupuestados este año para el ICAVI, solo se han gastado 28,1 millones. De los 525,9 millones asignados a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, dirigida por Pablo Rodríguez (Coalición Canaria), solo se han ejecutado 83 millones.

No es la primera vez que el ICAVI presenta un porcentaje tan bajo. El año pasado había gastado el 11,8% de sus fondos a mitad de año y, en 2024, el 15,3%. El Instituto consiguió remontar en ambos casos y cerrar los ejercicios con un 89% y un 90,3% de ejecución, respectivamente. Algo parecido ocurre en la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad. A mitad de 2025 solo había ejecutado el 21,4% de su presupuesto, pero terminó el año con el 82,9%. En 2024 pasó del 12,75% al 71,92%.

El ICAVI ha tenido un año convulso por la dimisión de Antonio Ortega, su director entre el verano de 2023 y febrero de este año, tras ser procesado por delito sexual, tal y como reveló en exclusiva Canarias Ahora. Pino de León, quien fuera responsable de ese mismo organismo entre 2017-2019, ha vuelto a ocupar el cargo.

El Instituto había previsto a principios de año sacar a licitación cuatro promociones de vivienda pública. Pero, de momento, no ha adjudicado la construcción de ninguna: la promoción de 133 viviendas públicas en Tenerife quedó desierta al no presentarse ninguna oferta.

Sí ha formalizado, en cambio, un contrato con la empresa Fachadas Dimurol para la rehabilitación energética de 88 viviendas en Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, por 1,67 millones de euros. También ha contratado a Factoría, Gestión y Consultoría por algo más de medio millón de euros para ayudar al organismo público a gestionar el registro de demandantes de vivienda protegida en Canarias.

El ICAVI ha reconocido en la memoria justificativa de la licitación que sufre una “evidente y acreditada” carencia de personal para acometer las tareas relacionadas con el registro de demandantes de vivienda, que cuenta con más de 34.000 personas inscritas.

Factoría, Gestión y Consultoría prestaba hasta ahora este mismo servicio de apoyo con 22 trabajadores, pero su contrato concluyó el 7 de agosto de 2026. En 2025 llegó a realizar un total de 17.863 atenciones de información y orientación a la ciudadanía y apoyó de manera directa en la tramitación de 13.263 expedientes de inscripción en el registro.

El Gobierno regional tuvo que licitar de nuevo la asistencia y ahora sostiene que serán necesarios 13 trabajadores, frente a los 22 anteriores, debido a la nueva regulación del registro público de demandantes de vivienda protegida en Canarias, que, según el Ejecutivo, “simplifica el procedimiento”.

Este nuevo registro elimina el sorteo para adjudicar vivienda pública y exige doce años de arraigo para solicitar una VPO, una medida que colectivos sociales calificaron de “discriminatoria e ineficaz”. El Gobierno prevé, además, un “importante incremento” de las inscripciones, tanto por la simplificación administrativa que defiende como por la ampliación de los niveles máximos de ingresos para poder optar a las viviendas.

Entre las funciones encomendadas a estos nuevos trabajadores están la atención e información a la ciudadanía, el apoyo directo en la tramitación de expedientes, la asistencia en la adjudicación de viviendas protegidas de nueva construcción, el apoyo a las entidades locales en la gestión del registro en sus propios municipios y la culminación de todos los expedientes pendientes de tramitación acumulados con anterioridad al nuevo decreto.

Todo ello en un Instituto Canario de la Vivienda en el que, de 221 plazas, 54 están vacantes, según la última actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del organismo público.

El planeta entero está calentándose y la comunidad científica ha demandado medidas rápidas y efectivas de adaptación. Pero en Canarias, al menos lo primero, se está haciendo de rogar.

El Archipiélago avanza a paso de tortuga por culpa de la burocracia, la falta de recursos humanos, normativas que no garantizan financiación y conflictos competenciales entre administraciones que gestionan un mismo espacio, según dos publicaciones científicas recientes de investigadores canarios.

A ello se suma la débil participación ciudadana, reducida generalmente a la consulta obligatoria por ley para recabar alegaciones, una fórmula que genera “desinterés” y “alimenta la desmotivación” entre la población local.

“La cultura participativa en las Islas es débil. Está muy ligada a los mecanismos formales de consulta o de información pública, y no tanto a que se integre a la ciudadanía en general en procesos colaborativos”, explica Lorena Naranjo Almeida, geógrafa e investigadora del Instituto de Oceanografía y Cambio Global (IOCAG) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

La realidad a gran escala es descorazonadora. La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, el departamento encargado de liderar las políticas climáticas de la Comunidad Autónoma, solo había ejecutado el 15,66% de su presupuesto a mitad de año. O lo que es lo mismo: 85,1 millones de euros de los 543 millones disponibles.

La historia se repite año tras año. Y, a nivel micro, eso significa que proyectos para adaptar el litoral al aumento del nivel del mar, al mayor oleaje o a la erosión costera tardan hasta siete años en materializarse, según Aridane González, presidente del comité de personas expertas para el estudio del cambio climático en las Islas e investigador de la ULPGC.

“El mayor desafío de la acción climática es la burocracia. Cuando se quieren hacer refugios climáticos, algo sencillo, se tardan años. Si queremos adaptar el litoral, hasta siete. Esos tiempos y la emergencia climática no van de la mano, especialmente la adaptación se ve afectada”, razona el experto.

González destaca que esa lentitud es tal que proyectos de investigación experimental sobre el impacto del aumento del nivel del mar no consiguen ejecutarse porque los permisos de las instituciones tardan más que la propia vigencia y financiación de los proyectos.

El investigador de la ULPGC lidera en Canarias el proyecto europeo ‘BlueGreen Governance’, una iniciativa que estudia los modelos de gobernanza tierra-mar y busca mejorar la toma de decisiones, el compromiso social y la innovación.

Gran Canaria fue la isla elegida para el estudio porque “refleja los retos generales en materia de gobernanza que se plantean en todo el Archipiélago”. Sus zonas costeras más expuestas, como Arinaga, Arucas, Guanarteme y Maspalomas, “ilustran cómo los riesgos climáticos afectan directamente tanto al patrimonio natural como a la resiliencia económica”. Y la fragmentación a la hora de tomar decisiones entre cinco administraciones distintas (europea, nacional, autonómica, insular y municipal) hace que todo sea más complicado.

A menudo surgen “solapamientos de competencias, una burocracia excesiva y una coordinación deficiente”. La toma de decisiones “es lenta”, mientras que el desarrollo turístico, la urbanización y la ocupación de las zonas costeras “siguen aumentando la exposición a las inundaciones y la erosión”. La ciencia no está integrada de forma “sistemática” en la elaboración de políticas públicas. Y la participación ciudadana suele limitarse a un papel “consultivo, en lugar de tener influencia real”.

“La principal limitación son las trabas burocráticas para poder implementar las acciones y llegar a puerto, en especial en las zonas litorales, donde entran en juego competencias como las de Costas a nivel nacional o autonómico. Y si ya hablamos de espacios naturales protegidos, ahí intervienen otras instituciones y todo se hace un poquito más complejo”, agrega Naranjo.

González cree que “ya no es cuestión de voluntad política”, sino de “falta de personal y toda la normativa que hay detrás”. Un ejemplo más: aunque el Gobierno de Canarias haya elaborado un mapa de riesgo de inundación costera (el denominado PIMA Adapta Costas), las zonas identificadas no quedan automáticamente protegidas frente a nuevas edificaciones o infraestructuras. Para que las restricciones sean efectivas, el ayuntamiento correspondiente debe modificar antes su Plan General de Ordenación (PGO). Pero eso suele tardar años, tal y como demuestra la hemeroteca.

Otro condicionante es la falta de personal. Hay poca gente para todas las funciones que desplegar, incide el investigador de la ULPGC. La Audiencia de Cuentas, de hecho, preguntó a los diez ayuntamientos canarios obligados a implantar zonas de bajas emisiones (los que tienen más de 50.000 habitantes) por qué aún no lo han hecho. Siete de ellos señalaron que la ausencia de trabajadores es el problema más recurrente para no haberlas implantado.

Los investigadores lamentan también las “lagunas operativas de concreción financiera” en las leyes climáticas. Las normativas no garantizan recursos. Definen directrices y muestran una alta intencionalidad (es decir, priorizan la adaptación al cambio climático en sus textos), pero poca sustancialidad: las medidas vinculantes, ejecutables y financiadas brillan por su ausencia.

Además, existen “tensiones entre intereses sectoriales”, en concreto, entre los económicos y los medioambientales, que retrasan aún más las actuaciones. La participación, por su parte, ha quedado limitada a las “consultas públicas digitales”, vistas como un mero trámite formal para evitar que las leyes y los planes sean impugnados en los tribunales por defectos de forma.

“El cambio climático es tan transversal que afecta directamente a las personas: tenemos viviendas que pueden estar expuestas, actividades económicas que pueden verse afectadas... Si estamos ordenando o planificando un ámbito territorial determinado, debemos apostar por espacios colaborativos y de trabajo conjunto con la ciudadanía, a través de diagnósticos participativos y, después, propuestas”, reflexiona Lorena Naranjo, del IOCAG.

La ley canaria de cambio climático recoge la creación de la Oficina de Acción Climática precisamente para coordinar toda la acción climática en Canarias. Pero sigue sin estar operativa, a pesar de que debía estarlo desde 2024. Para el investigador González, este es “el gran fracaso” de las agendas climáticas: confiarlo todo a “la buena voluntad y las buenas intenciones”, sin incluir mecanismos que penalicen a quien no cumple.

“No puedo entender cómo en materia de energía o de agua quien hace mal sus deberes tiene penalizaciones, pero en materia climática no pasa nada. Hay que exigir que se cumplan los compromisos en mitigación y adaptación. Trabajar bajo principios de justicia climática y solidaridad para que los territorios que no puedan llegar se vean apoyados. Es un trabajo de todos y todas”, remacha González.

La ley canaria de biodiversidad y recursos naturales aún no ha sido aprobada y ya está coja. El Gobierno regional quiere incorporar una cláusula en la norma que supedite las medidas que impliquen obligaciones económicas a “la existencia de crédito adecuado y suficiente”.

Eso quiere decir, en plata, que el presupuesto para las campañas municipales de control y erradicación de especies invasoras, la implantación de viveros públicos de plantas autóctonas o la restauración de ecosistemas y suelos degradados (medidas recogidas en el borrador de la legislación) no está garantizado, lo que aumenta el riesgo de que la normativa caiga en saco roto.

Las entidades locales arremetieron contra el Ejecutivo canario, integrado por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), precisamente por no prever en el anteproyecto de ley los recursos necesarios para asegurar la “suficiencia financiera” de las corporaciones ante el aluvión, a su juicio, de nuevas tareas, entre ellas la aprobación de ordenanzas locales sobre árboles singulares y contaminación lumínica.

La Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea señaló, de hecho, que la memoria económica de la norma “no permite valorar de manera precisa la incidencia real del anteproyecto”, especialmente en aspectos como los ingresos, los gastos, los recursos humanos, el impacto en cabildos y ayuntamientos y la incidencia recaudatoria de las medidas fiscales.

Pero el Gobierno autonómico despachó ambas alegaciones argumentando que la ley “no innova competencias” de los ayuntamientos y, por tanto, no les impone “nuevas cargas administrativas”.

Sin embargo, un informe de la Dirección General de Planificación y Presupuestos deja negro sobre blanco que la norma para proteger la biodiversidad y los recursos naturales de Canarias sí tiene una “incidencia presupuestaria relevante, de carácter estructural y transversal”. Ese mismo documento propone incorporar una cláusula de cierre presupuestario que establece lo siguiente:

“La ejecución de las previsiones contenidas en esta ley que impliquen obligaciones económicas quedará supeditada, en todo caso, a la existencia de crédito adecuado y suficiente, a la disponibilidad efectiva de los recursos que se prevean para su financiación y al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”.

El Gobierno de Fernando Clavijo (CC) busca así “despejar dudas sobre el alcance económico de la ley” y evitar que “previsiones programáticas o de fomento se interpreten como obligaciones de gasto inmediatamente exigibles”. La norma, por tanto, no garantiza recursos. Es la fórmula con la que el Ejecutivo ha resuelto las críticas por no aclarar cómo iba a apoyar a ayuntamientos y cabildos para desplegarla.

La Federación Canaria de Municipios (FECAM) llegó a advertir de que la ley conllevaba el “riesgo de atribución excesiva de responsabilidades a la administración con mayores carencias económicas y recursos de gestión, como son los municipios”. Denunció que algunos ayuntamientos no podían asumir determinadas encomiendas de la ley “en función de su capacidad administrativa, recursos y el perfil técnico de su personal”. Y también señaló que la tarea de divulgación del patrimonio natural (otra de las medidas recogidas) es “una facultad que excede la capacidad y recursos” de las entidades locales.

La FECAM terminó reclamando que la ley incorporara un compromiso “especial” por el que el Gobierno de Canarias debiera proporcionar a los ayuntamientos “medios personales, materiales y económicos para la elaboración de los instrumentos de planificación y regulación”.

El Ejecutivo respondió que la ley “no crea ex novo [de nuevo] el marco material de protección de la biodiversidad” y que tampoco “innova competencias de las distintas corporaciones locales”, sino que simplemente “desarrolla y sistematiza” competencias autonómicas y obligaciones de protección que los municipios ya tenían atribuidas por la normativa básica estatal o derivadas de compromisos europeos.

La Dirección General de Planificación y Presupuestos, por su parte, reprochó que la norma “no incorpora una cuantificación diferenciada del impacto en dichas administraciones” y detectó incluso una clara “indeterminación en las necesidades de personal”: mientras el borrador sugiere que no será necesario reforzar las plantillas, la memoria económica sí advierte de que se requerirán “recursos funcionales adicionales: personal técnico, jurídico y especializado, así como refuerzos en sistemas, gestión económica, control e inspección”.

El órgano también censuró que no se cuantificaran los gastos necesarios para la puesta en marcha del Consejo de Biodiversidad (previsto en la ley), los centros de recuperación de fauna silvestre o el control de la superficie marina protegida.

En realidad, la ley sí estima un impacto presupuestario: 10,28 millones de euros al año. Pero se trata de una previsión que “no se adecúa plenamente a los escenarios presupuestarios plurianuales vigentes para el periodo 2026-2028”, según Hacienda.

La Consejería de Transición Ecológica y Energía reconoció que la estimación “parte de las líneas de actuación y programas presupuestarios actualmente existentes, sin configurar por sí misma un incremento automático de gasto”. Por ello, añade, “dicha incidencia resulta compatible, dado que el centro gestor viene contando anualmente con marco presupuestario para asumir las posibles necesidades que requiera la proyección de actuaciones planteada por el propio anteproyecto”.

En otras palabras, la ley no incorpora nuevos recursos para conservar, restaurar y recuperar el patrimonio natural de Canarias. Las medidas se financiarán con el presupuesto que ya existía antes de la norma, pese a que su propio anteproyecto calcula un impacto de más de diez millones de euros anuales.