Amenaza “inminente” de daño ambiental en El Hierro por el colapso del vertedero

La Consejería de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias ha abierto un expediente de responsabilidad por “amenaza inminente de daño medioambiental” en El Hierro debido al colapso del vertedero de La Dehesa. Tal y como ha reconocido el Cabildo, el complejo ambiental ha agotado su capacidad. Al margen de la eventual exigencia de responsabilidades que se pudieran derivar de este expediente, la resolución incorpora medidas de urgencia propuestas por la propia corporación insular para evitar que se produzcan vertidos incontrolados y riesgos graves para la salud pública. 

Asociaciones como Ossinisa llevan advirtiendo desde hace más de una década de las deficiencias en la gestión de residuos en la isla de El Hierro. Incluso hay una causa abierta en el Tribunal Supremo en la que está procesado Javier Armas, senador de la Agrupación Herreña Independiente (AHI). La Fiscalía le acusa de haber permitido vertederos ilegales durante su etapa como consejero en el Cabildo y pide una condena de once años de cárcel. 

El pasado mes de diciembre el Cabildo de El Hierro admitía por primera vez la existencia de una “amenaza inminente de daño medioambiental” en la isla. El Consejo de Gobierno aprobó un acuerdo que fue elevado a la Consejería de Transición Ecológica y que recogía una serie de propuestas de actuación inmediatas y medidas de prevención. 

El Cabildo de El Hierro es el operador del complejo ambiental de La Dehesa, pero su gestión corresponde, en virtud de una encomienda, a la empresa pública Gesplan. La corporación insular advertía en el acuerdo remitido al Gobierno regional de “potenciales daños por vertidos incontrolados, con todos las consecuencias negativas que ello comporta: potencial contaminación del suelo, aguas subterráneas y superficiales, contaminación atmosférica, afecciones directas al paisaje, la flora y la fauna, incluso afección directa a espacios y especies protegidas por la legislación y a la salud pública”. 

Frente a este escenario, el Cabildo de El Hierro proponía unir las dos celdas del vaso de vertido y su sellado parcial y la construcción, con carácter de urgencia, de una tercera celda. También planteaba la instalación una balsa de lixiviados (para albergar el líquido tóxico extraído del vertedero) y el bombeo complementario desde los actuales depósitos, así como establecer una cuneta perimetral para evitar la entrada de aguas pluviales. 

Esas propuestas han sido ahora avaladas por el servicio de Prevención y Control de la Contaminación de la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático. “Las medidas adoptadas por el Cabildo de El Hierro dan respuesta al riesgo de daños medioambientales existente, no considerándose necesario adoptar con carácter provisional otras medidas preventivas distintas a las ya adoptadas por el Cabildo que sean necesarias para que no se agrave la situación, ni se causen daños medioambientales y, especialmente, para garantizar la salida humana”, recoge la resolución. 

El Gobierno de Canarias recoge las propuestas del Cabildo de El Hierro e incorpora una serie de matizaciones. Así, limita el expediente de responsabilidad medioambiental “a las actuaciones comunicadas por el Cabildo de El Hierro”, dejando opción sólo a las modificaciones “estrictamente necesarias”. Transición Ecológica precisa, además, que para determinar la ubicación de la tercera celda y la balsa de lixiviados será necesario un informe del Instituto Geográfico Minero de España. Las obras de impermeabilización tendrán que ser realizadas por una entidad que disponga la acreditación de inspección medioambiental. 

La resolución subraya que todas las actuaciones deberán estar sujetas a las condiciones por las que se otorgó en enero de 2012 la autorización ambiental integrada para el complejo ambiental. Un permiso que fue actualizado en 2014 y modificado en 2022. Antes de la puesta en marcha de la tercera celda del vertedero será necesario que la autoridad competente inspeccione el emplazamiento y su instalación para comprobar que cumple con las condiciones de esa autorización ambiental integrada. 

En el procedimiento abierto el pasado 7 de junio, la Consejería de Transición Ecológica da trámite de audiencia a la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canarias (ACBC), a la Sociedad Española de Ornitología SEO Birdlife, y a la Asociación Ecologista Ossinissa El Hierro para que aporten “las observaciones y documentos” que estimen necesarios. También solicita informes a la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, al Consejo Insular de Aguas de El Hierro, al Ayuntamiento de Frontera, a los servicios de Biodiversidad de la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad y al área de Residuos y Servicio de Contaminación de Aguas y Suelos. 

El plazo máximo para resolver el procedimiento es de seis meses, prorrogable por otros tres en caso de que se acredite su complejidad técnica y científica.

La Ley de Responsabilidad Medioambiental aprobada en 2007 recoge en su capítulo 5 las sanciones para aquellas personas físicas y jurídicas que cometan las infracciones administrativas reguladas en esa misma norma. Esa responsabilidad es compatible “con las penas o sanciones administrativas que proceda imponer por los mismos hechos que hubieran originado aquella” y, en todo caso, “se aplicará a la adopción de medidas de prevención o de evitación de nuevos daños por parte de todos los operadores de actividades económicas o profesionales”. La competencia sancionadora corresponde a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural.

La asociación ecologista Ossinissa está estudiando el contenido de la resolución para presentar un escrito en el plazo conferido por la administración. Desde este colectivo recuerdan que el vertedero de El Hierro ha sufrido varios incendios y que, raíz de uno de ellos, presentaron una denuncia ante Fiscalía. El Ministerio Público solicitó entonces un informe a la entonces llamada Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun), que, según recuerdan, detectó numerosos incumplimientos sobre la autorización ambiental integrada e impuso al operador una sanción.