Una marea morada ha vuelto a manifestarse por las calles de Pamplona este martes, 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, en una jornada marcada por el fin de las restricciones con motivo de la pandemia y el uso de la mascarilla en exteriores, con pancartas y gritos como “no me regales rosas, haz en casa las cosas”, “no me protejas, inclúyeme”, “te escandalizas por las que luchan y no por las que mueren”. Convocadas por el movimiento feminista bajo el lema “fuego al sistema que nos oprime, el movimiento feminista, nuestra llama”, miles de personas han partido pasadas las 20:00 horas desde el parque Antoniutti y han transcurrido con música, cánticos y al ritmo de batucada por la avenida del Ejército para finalizar en el Paseo de Sarasate.

Una lona de tela con un símbolo feminista de grandes dimensiones en el que se leía 'Gora Borroka Feminista' ha encabezado la manifestación masiva, sostenida por mujeres de todas las edades y miembros de las organizaciones convocantes. “Aunque en esta pandemia tampoco hemos estado paradas, volvemos a hacer una movilización masiva en la calle para denunciar y, como dice el lema, quemar este sistema organizándonos”, ha expresado Amaia Santesteban, en representación de la plataforma 8 de marzo, quien ha defendido el feminismo como “el camino” para lograr las reivindicaciones de un colectivo que, ha asegurado, se ha manifestado unido y en una sola marcha, al contrario de lo sucedido en otras ciudades de España a cuenta de la Ley Trans.

Entre las reivindicaciones que ha enumerado Santesteban, se encuentra la defensa de un sueldo y pensiones dignas, acabar con la violencia contra las mujeres y también “poner la vida en el centro”. “Para poner la vida en el centro hay que cambiar muchas relaciones de poder. En ese sentido abogamos por un sistema público de cuidados, porque la pandemia ha dejado claro que los cuidados recaen sobre las mujeres, y sobre todo en las mujeres migrantes. También abogamos por organizarnos para hacer frente al discurso de odio, xenófobo y racista”, ha expresado sosteniendo una pancarta con el mensaje 'feministas, organicémonos'.

En este mismo sentido se ha pronunciado Amaia Zubieta, representante del movimiento, quien ha celebrado que el 8M haya recuperado su “territorio, que es la calle” tras dos años de crisis sanitaria. Zubieta ha advertido del “peligro de retroceder” en los avances conseguidos y que se han puesto de manifiesto durante la pandemia. “Ha habido una sobrecarga, ha habido muchas trampas como el teletrabajo y dejar los niños en las casas al cuidado de las madres. También una precarización de los trabajos femeninos y de cuidados. Ha habido un reconocimiento muy virtual pero muy poco real. No ha habido un reconocimiento con mejores condiciones laborales. Y los trabajos esenciales no solo se aplauden, se reconocen y con derechos”, ha subrayado.

Hombres y sobre todo mujeres de todas las edades han acudido a la multitudinaria manifestación que ha concluido en el Paseo de Sarasate de la capital navarra. Entre ellas, dos amigas de apenas 14 años, Ione Jiménez y Garizi Zeolaza, quienes han señalado a elDiario.es que uno de los motivos que les lleva a salir a manifestarse es la necesidad de sensibilizar a los jóvenes de su edad sobre la igualdad, así como “normalizar el feminismo”. “Y que los hombres no se sientan superiores a las mujeres, que somos todos iguales”, ha remarcado Zeolaza, que ha asegurado además que compañeros de su clase aún sostienen que el ámbito de la mujer es el de los cuidados y que solo “sirven para limpiar”, además de continuar naturalizando los chistes machistas.

Entre las más mayores se encontraba Remei Font, de la asociación de mujeres Andre-Mari del municipio navarro de Huarte. “Hemos luchado cincuenta años y queremos seguir luchando. Las feministas tenemos que organizarnos porque cada una sola no vamos a conseguir nada. Hemos avanzado muchísimo a nivel laboral y en conciencia. Pero falta mucho para conseguir y empoderarnos para poder decidir nosotras y que no decidan por nosotras”, sostenía minutos previos de arrancar la marcha. También Begoña Zabalza, otra asistente a la movilización, ha defendido que “queda mucho por avanzar y para parar mucho retroceso”. “La pandemia estaba llevando a las mujeres a retroceder. Las mujeres han retrocedido a los cuidados obligatorios y gratuitos en las familias. O cuando no son los gratuitos son los mal pagados, las empleadas de hogar. O las mujeres inmigrantes que no les dejan trabajar”, ha apuntado.

Precisamente, en la jornada de este martes se han sucedido diversas concentraciones en la capital navarra con motivo del 8M, también la de los sindicatos UGT y CCOO ante su sede en Pamplona. Las centrales sindicales han reclamado que todas las políticas persigan una igualdad “plena y efectiva” así como “la eliminación de cualquier forma de discriminación y violencia hacia las mujeres”. Además, han defendido como prioridad impulsar la negociación colectiva de planes de igualdad y combatir la violencia machista desde los centros de trabajo, con protocolos contra el acoso sexual o por razón de sexo. También ha realizado su propia concentración el sindicato LAB bajo el lema “¡Impulsa las condiciones de trabajo de las cuidadoras! No al negocio de los cuidados” a mediodía en el Paseo de Sarasate, con el fin de reivindicar mejoras en las condiciones laborales de las mujeres cuidadoras.

Un hombre de 46 años ha aceptado este lunes una condena de seis meses de cárcel por un delito contra la integridad moral por agredir verbalmente el pasado 11 de noviembre en un bar de Pamplona a la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, que es hermana del parlamentario vasco del PP asesinado por ETA Gregorio Ordóñez. Finalmente ha quedado así descartada la aplicación del delito de odio y discriminación ideológica por el que la Fiscalía le pedía una condena de hasta un año de prisión y una multa de 2.160 euros. La presidenta de Covite se ha mostrado “satisfecha” con la condena y agradecida con el juez y el fiscal “por velar” por sus derechos.

Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, sobre las 21:00 horas en el céntrico Bar Gaucho de la calle Espoz y Mina de Pamplona, el acusado se dirigió a Ordóñez, quien se encontraba en la barra del bar con una amiga, para gritarle de forma “reiterada y muy agresiva” frases como “qué asco me das, qué asco me das tía. Yo soy de aquí de toda la puta vida”. Este suceso fue considerado por el Ministerio Fiscal como constitutivo de un delito relativo a los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas del artículo 510.2 a) del Código Penal. O lo que es lo mismo, un delito de odio y de discriminación ideológica ya que lo hizo “movido por el desprecio y animadversión” ante la “acreditada posición ideológica” de Ordóñez.

Según consideraba la Fiscalía, “las expresiones que el acusado profirió tenían por objeto menospreciar y humillar a la Sra. Ordóñez por su ideología, y la forma y exposición pública en la que el episodio se desarrolló, conllevó un grave atentado a la dignidad de la Sra. Ordóñez, así como a la que ésta representa dentro de la Asociaciones de Víctimas de Terrorismo, colectivos a los que por la ideología el acusado desprecia, siendo el sentimiento el sentimiento de rechazo hacia los mismos lo que le impulsó en aquel modo de proceder”.

Según aclara la propia presidenta de Covite a elDiario.es, que no se personó siquiera en el procedimiento tras interponer la denuncia, no fue citada a declarar tras aceptar el acusado la pena de seis meses de prisión. “Estoy satisfecha. No he querido ejercer acusación contra esta persona. Confío en el juez y en el fiscal. Soy jurista y sé perfectamente cuánto pueden dar de sí estos hechos”, señala, pese a añadir que “evidentemente” esta persona le “insultó por un odio ideológico”.

Además, Ordóñez ha enmarcado lo sucedido en una violencia de origen “machista”, al asegurar que durante años siempre han sido hombres, “en manada y por la espalda”, los que le han “hecho de todo cuando iba sola por las calles de San Sebastián”, algo que asegura que solo sucedía cuando iba sola o con amigas y nunca cuando iba acompañada de amigos. “No me puede hacer más ilusión que además esta noticia la tenga que celebrar hoy, el día de la mujer. Porque además esta persona, con esa agresividad y esa violencia, es un machista. Porque esto lo hace porque soy mujer”, ha manifestado.

El portavoz parlamentario de Navarra Suma –coalición formada por UPN, PP y Ciudadanos-, Javier Esparza, ha manifestado este lunes su rechazo a la “posible” declaración que el Ejecutivo foral aprobará este miércoles en la sesión de Gobierno con motivo del 11M, Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. La declaración, que ha sido trasladada a los grupos políticos, la ha criticado por considerarla “tibia” y pensada “para no molestar a EH Bildu”. “Sigue profundizando en la normalización y en el blanqueo que hace el Partido Socialista de EH Bildu”, ha manifestado en la habitual rueda de prensa posterior a la Mesa y Junta de Portavoces, para añadir que “el PSN está atado de pies y manos a EH Bildu, porque María Chivite es presidenta gracias a los votos de EH Bildu. Y eso obviamente no es gratis”.

Cabe recordar que Navarra Suma no participó tampoco el pasado año en el tradicional homenaje institucional a las víctimas del terrorismo en esta fecha, al señalar que la declaración entonces no iba “acompañada de una exigencia real” a la coalición abertzale “de que condene el terrorismo”. En aquella ocasión, el homenaje se celebró en la Plaza del Baluarte, junto al monumento de las Víctimas del Terrorismo con la participación de representantes del PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E, miembros del Ejecutivo, el delegado de la AVT en Navarra, Vicente Pigueiras, así como representantes de la Policía Foral, la Policía Nacional, Guardia Civil y el Ejército.

Ahora, Esparza ha señalado su discrepancia con el punto tres del citado texto, que recoge una apuesta por “expresar que, dado que Navarra ha sufrido durante muchos años y de manera especialmente intensa el terrorismo de ETA, y aun valorando los pasos positivos que se vienen produciendo para el reconocimiento de esta realidad, hoy todavía es absolutamente necesario que aquellos que ejercieron la violencia o que pudieron darle cobertura social y política hagan pública una reflexión ética integral”.

En este sentido, ha dudado sobre qué “pasos positivos” son objeto de valoración. “Yo no sé si se está refiriendo a que David Pla, último jefe de ETA, ha sido elevado a la dirección estratégica de EH Bildu. Pide que hagan una pública reflexión ética e integral, pero lo que hay que pedir es que condene y rechace el terrorismo de ETA. Que no se justifiquen 50 años de terrorismo de ETA”, ha insistido, para añadir además que “lo que hay que pedirle a EH Bildu es que pidan perdón, que contribuyan a esclarecer los crímenes que todavía están sin resolver, y que acaben, de una vez por todas, con los recibimientos a etarras cuando salen de la cárcel”.

Las comarcas navarras de Sangüesa, Prepirineo y Pirineo han ganado población por primera vez en diez años al cierre de 2021. Así lo recoge un informe del Gobierno de Navarra que indica que, según datos del padrón, estas zonas experimentaron un crecimiento del 0,4% en el número de habitantes hasta alcanzar un total de 15.551. Este dato supera la media alcanzada en el conjunto de Navarra, que registró un aumento del 0,1% en el mismo periodo, y supone un cambio de tendencia al alcanzar valores positivos en las zonas con mayor envejecimiento. En concreto, más de un 27% de los habitantes tiene más de 64 años y un 10% más de 80, frente a un menor peso de la población extranjera -8,9%-, frente al total de Navarra -16,4%-.

Tal y como indica el informe, este aumento de la población va asociado a una reducción del paro en estas zonas, pese a haber sido las más afectadas por la destrucción del empleo durante la pandemia. Así, la tasa de desempleo en estas comarcas, que suman 59 municipios, se ubica en el 7,68% y es la más baja del conjunto de la comunidad foral -9,93%-. En enero de 2022 los parados eran un total de 900, un 15,6% menos que en el mismo periodo del año anterior, aunque todavía un 10,4% por encima de las cifras anteriores al estallido de la COVID-19.

En lo que respecta a la afiliación a la Seguridad Social, esta aumentó un 1,7% a inicios de 2022 respecto a marzo de 2020, frente al crecimiento del 3,6% en el conjunto de Navarra. En concreto, el número de personas afiliadas en la zona asciende a 7.599, cuando en marzo de 2020 eran 7.470. Las principales actividades se concentran en esta zona en la industria manufacturera (25%), el comercio (10%), las actividades sanitarias y los servicios sociales (9%), el sector primario (8%) y en último lugar la hostelería (7%). En lo que a la contratación se refiere, el informe recoge que el número de contratos firmados creció un 22% en 2021 respecto al año anterior, también por encima de la media del territorio (18%) y de los datos registrados en 2019 (un 10% más). La industria manufacturera aglutinó más del 50% de los nuevos contratos realizados.

39 millones de euros en inversiones

A estas cifras ha hecho mención este viernes la presidenta navarra, María Chivite, durante el encuentro de la Conferencia de Diálogo entre el Gobierno y las entidades locales en Sangüesa, donde ha celebrado este “cambio de tendencia en la zona con más riesgo de despoblación de la comunidad foral”. Así, ha destacado la inversión de 39 millones de euros realizada por su Ejecutivo en diferentes actuaciones entre 2021 y 2022 y que contribuyen a la mejora de los servicios, a generar empleo y fijar población.

Según ha desgranado la jefa del Ejecutivo, estas inversiones contemplan actuaciones en el ámbito sanitario, educativo y turístico para contribuir a revertir el despoblamiento. Entre ellas ha destacado la adquisición de equipos portátiles para la atención sanitaria a domicilio o la instalación de tres electrocardiogramas y un ecógrafo en el centro de salud de Sangüesa. Entre otras tantas contempladas por el departamento de Salud, ha subrayado la estabilización de las plantillas previstas en el Plan de Atención Primaria, que contempla tres plazas de médico de familia en Lumbier, Salazar e Isaba.

En el ámbito educativo ha señalado la inauguración de un nuevo instituto en Aoiz y que tendrá capacidad para 160 alumnos. En esta infraestructura se han invertido 3,5 millones de euros para la construcción de una veintena de aulas ordinarios y específicas, laboratorios y nuevas instalaciones para el profesorado. También ha mencionado una inversión de 10 millones de euros en nuevos desarrollos industriales o la extensión de la banda ancha a la zona del Pirineo para alcanzar al 99% de la población.

Chivite ha destacado también “el importante impulso socioeconómico” previsto con el proyecto Mina Muga, con el que se pretende construir una mina de potasa en los términos municipales de Sangüesa y Undués de Lerda (Aragón). Este proyecto contempla generar 800 puestos de trabajo directos cuando la mina esté en funcionamiento y hasta 1.000 empleos durante su fase de construcción. Según ha defendido, se trata esta de “una oportunidad de futuro porque contribuirá a crear empleos de calidad y a fijar la población de la zona”, a la vez que garantizará materias primas estratégicas que reducirán la dependencia del exterior. En lo que se refiere al turismo, ha resaltado la inversión de 61 millones de euros de fondos Next Generation previstos en los tres próximos años para la transformación del sector.

En su intervención durante el encuentro con las entidades locales, el vicepresidente y consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, José María Aierdi, ha destacado otra serie de inversiones realizadas por su departamento, como el Plan de Acción del Pirineo y los planes de regeneración urbana a través del programa ‘ELENA’, que busca la rehabilitación energética del parque residencial. En lo que respecta específicamente al Plan de Acción del Pirineo, ha destacado una inversión superior a los 2 millones de euros con el fin de fomentar el emprendimiento o nuevos proyectos que generen empleo y fijen población.

La comunidad foral iniciará este mes de marzo su propio estudio de seroprevalencia para medir el nivel de inmunidad ante el Sars-Cov-2, después que el 30% de la población navarra se haya contagiado durante los dos años de pandemia y que un 92% cuente ya con la pauta completa de vacunación. Así lo ha avanzado este viernes la directora del Instituto de Salud Pública, Marian Nuin, y la consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, en un contexto de descenso de la transmisión del virus en la sexta ola.

De hecho, los parámetros de medición, ubicados en un riesgo medio de contagios, están llevando a revisar las bases del sistema de vigilancia de la COVID-19 entre las comunidades autónomas, el Ministerio de Sanidad y la ECDC -European Centre for Disease Prevention and Control-, y se traduce ya desde este viernes en la eliminación de las cuarentenas de los contactos estrechos de un positivo. “Aún estamos en pandemia porque no somos nosotros quienes dicen cuándo acaba. Quien dice cuando se inicia o acaba la pandemia es la OMS. Digamos, porque es la realidad, que continuamos en pandemia caminando hacia la endemia”, ha manifestado al respecto la titular de Salud.

Tal y como han indicado, el estudio de seroprevalencia impulsado por el departamento de Salud se centrará en una muestra cercana a 2.000 personas mayores de 5 años, estratificadas por sexo y edad. Cabe recordar que el último estudio realizado sobre el nivel de inmunidad de la población fue el ENE-COVID pilotado por el Instituto de Salud Carlos III, cuya conclusión en su última ronda de diciembre de 2020 fue que el 10,8% de la población navarra tenía anticuerpos IgG frente al Sars-Cov-2. Esta iniciativa sería ahora la segunda impulsada por el Departamento de Salud, que lanzó en su día un estudio pionero de seroprevalencia centrado en el personal sanitario, en el que participaron más de 15.000 profesionales, y cuyos resultados en enero de 2021 indicaron que un 9,4% tenían entonces anticuerpos.

Ahora, según ha señalado la titular de Salud, el objetivo de este estudio es “tener actualizada la foto de la inmunidad real de la población”, tanto la inmunidad natural generada por el 30% de quienes se han infectado en estos dos años de pandemia, como la inmunidad adquirida por el 92% de los mayores de 12 años que han recibido la pauta completa de vacunación. A este respecto, Induráin ha valorado como una “buena noticia” el hecho presentar en la comunidad foral “un nivel alto de inmunidad”. “Hemos tenido más infecciones, más detección, algo que hay que mirar desde la perspectiva de estar más protegidos”, ha señalado. Con los resultados obtenidos, ha indicado, Salud Pública pretende sentar las bases de la estrategia futura de vigilancia epidemiológica de todos los virus respiratorios, que incluyen el Sars-Cov-2, la gripe y el virus sincitial respiratorio.

Descenso de la sexta ola

“Seguimos en un nivel de alerta medio, pero vamos disminuyendo hacia un riesgo bajo”, ha apuntado la directora del Instituto Salud Pública, quien ha analizado durante la rueda de prensa los parámetros registrados en la comunidad foral durante la sexta ola de la pandemia. Así, ha señalado que los indicadores muestran una tendencia decreciente en la actualidad, con una incidencia acumulada del virus que alcanza los 524 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 días y los 209 a los 7, o con un índice de contagio -Rt- por debajo de 1 ubicada en 0,76. En lo que respecta a la presión asistencial, esta continúa a la baja con 84 personas ingresadas, siete de ellas en UCI.

En este contexto, Navarra y las distintas comunidades autónomas revisarán en el próximo Consejo Interterritorial de Salud, previsto la semana que viene en Zaragoza, el actual modelo de vigilancia de la COVID-19. A este encuentro, ha señalado Induráin, “Navarra llega en una buena posición, con una larga y considerable tradición en una red centinela muy considerada respecto a los virus respiratorios. Una red centinela formada por profesionales sanitarios de atención primaria. Y además por incorporar toda la experiencia acumulada en estos dos años de pandemia con el ‘testing’ y el seguimiento”. Se trata esta de una nueva fase, ha manifestado, en la que será necesario el debate y un acuerdo interautonómico, con el Ministerio y a nivel europeo para fijar cómo medir la evolución de la COVID-19 y otros virus respiratorios. “Esto se traducirá en cambios importantes para la población en general en cuanto a medidas preventivas, pruebas y comunicación de casos”, ha señalado. El nuevo modelo, tal y como se viene indicando, pondrá el foco en la población y entornos más vulnerables, como mayores de 65 años, inmunodeprimidos, residencias o personal sanitario.

Hasta definir la nueva estrategia, a partir de este martes se elimina la obligatoriedad de las cuarentenas para los contactos estrechos de un contagiado, aunque se mantiene en el caso de ser positivo. Esta modificación del protocolo, que ha sido defendido por la comunidad foral, afectará sobre todo al ámbito escolar al acabar con los aislamientos de las clases donde se produce un contagio. A esto se añade, asimismo, la equiparación de las pruebas de antígenos hechas por personal sanitario con PCR, algo aprobado por la Unión Europea y que incidirá en la obtención del certificado de recuperación.

Más de 200 tractores y 1.500 agricultores y ganaderos -según cálculos de la Policía municipal- se han manifestado este jueves en Pamplona como protesta por la situación crítica que atraviesa el sector, y que se ha visto agravada por la subida de los precios de los insumos, como el gasoil, la luz o los abonos, en medio de la pandemia y con la irrupción reciente de la guerra de Ucrania. La movilización, que ha unido a las tres organizaciones agrarias con mayor representación en Navarra, ENHE, UCAN y UAGN, ha finalizado a las puertas de la Delegación de Gobierno donde han exigido a las administraciones un plan de choque y el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria para evitar la producción a pérdida, así como el fomento del relevo generacional, entre otras medidas.

“La situación de Ucrania nos debería preocupar a todos. En primer lugar, por las víctimas, pero nos debería preocupar porque al final dependemos alimentariamente de países con una inestabilidad política manifiesta. Eso puede afectar a la carencia de alimentos y, sobre todo, de los precios”, ha manifestado a la cabeza de la marcha el presidente de UAGN, Félix Bariain, quien ha advertido que se trata esta de una situación de la que llevan décadas alertando. “Hasta que no hay una pandemia o un ataque militar a un país europeo parece que la gente y la administración no se da cuenta de la importancia de la soberanía alimentaria”, ha señalado.

Los representantes de las tres organizaciones agrarias han entregado en la sede la Delegación de Gobierno un escrito con sus reivindicaciones. Además de un plan de choque para paliar el incremento de los costes de producción, así como la aplicación de la ley de la cadena alimentaria, han exigido la existencia de un organismo que vele por unos “precios justos” de manera oficial para los productos agrarios. También una vinculación entre las convocatorias de ayudas y beneficiarios del PERTE agroalimentario al cumplimiento de la mencionada ley, que las importaciones cumplan la normativa europea, una Política Agraria Común (PAC) y un Plan de Desarrollo Rural (PDR) que garanticen unas rentas justas, un impulso al cooperativismo y a las explotaciones familiares, así como el fomento del relevo generacional.

Precisamente en este último punto, el presidente de UAGN ha manifestado la preocupación del sector por el envejecimiento de los trabajadores del campo, al señalar que tan solo existen 78 agricultores menores de 30 años en Navarra, lo que supone el 1,4% en el caso de los perceptores de la PAC en este tramo de edad. “No es una cifra preocupante, es dramática”, ha expresado, para añadir además que el sector volverá a “reclamar políticas activas que defiendan y pongan en primer lugar a hombres y mujeres del campo, y no políticas medioambientales de otro tipo”.

Respecto a los avances logrados tras las movilizaciones de principios de 2020, antes de que estallara la pandemia, ha reconocido las modificaciones logradas en la ley “que ahora se tiene que aplicar con toda contundencia”. Estos cambios, que pretenden evitar la producción a pérdida, “no significa que deba ser más caro para el consumidor”, ha señalado. Pero en caso contrario, ha insistido, se trata de “céntimos”, ante lo cual ha apelado “a la solidaridad y responsabilidad ciudadana” en el apoyo a una reivindicación que busca “tener comida, la mejor salud alimentaria del mundo y no depender de terceros países”.

Por su parte, Patxiku Irisarri, secretario general de ENHE, ha pedido también “respeto” para el sector y ha advertido de la velocidad de la subida del precio de los insumos, que en el caso del pienso se ha disparado un 50%. “La guerra de Ucrania empezó hace una semana y en el precio del maíz ya se nota un incremento del 10%”, ha lamentado, para recordar que el sector lleva 30 años exigiendo unos “precios dignos”. “En los próximos meses nuestra lucha será por que se cumpla la ley de la cadena alimentaria”, ha insistido.

“Juntos por el campo” ha sido el lema de la marcha que ha partido a las 10:30 horas de las inmediaciones del estadio de fútbol El Sadar con una ‘tractorada’, para continuar posteriormente a pie desde el Departamento de Desarrollo Rural hasta las puertas de la Delegación del Gobierno en el centro de la capital navarra, con pancartas y mensajes como “sin agricultores ni ganaderos, ¿quién te dará de comer mañana?”.

Estamos produciendo lo mismo y pagando el triple

Entre los manifestantes se encontraban algunos de los pocos menores de 30 años que pretender tomar el relevo a sus padres en la gestión de sus explotaciones. Tal es el caso de Alejandro Egea, un joven agricultor de 22 años procedente de Ayesa, municipio navarro de la comarca de Sangüesa de apenas 38 habitantes. De familia dedicada tradicionalmente a las laborales agrícolas, asegura que decidió hace un año lanzarse a esta actividad. Se encarga del cultivo de trigo, cereal, cebada en terrenos que alcanzan las casi 100 hectáreas.

“Menos el precio de la cebada nos ha subido todo, el precio del gasoil, la luz y el metal. Estamos produciendo lo mismo y pagando el triple”, se queja, para indicar como ejemplo los precios de los abonos: “Lo que antes no costaba 100 euros ahora nos cuesta 400 para sacar la misma producción del año pasado”. “Nosotros no vamos a parar de trabajar, la gente tiene que comer y vamos a seguir haciéndolo. Pero llegará un momento en el que no nos salga rentable y tengamos que ir a la fábrica. Y ahí todo el mundo dejará de comer, no solo nosotros”, advierte.

También pretende tomar el relevo a la explotación de su padre Saúl Lorga, de 16 años, natural Orísoain, municipio navarro de apenas 85 habitantes ubicado en la comarca de Tafalla. Su padre, Moisés Lorga, trabaja secano y algunos olivos y frutales en una superficie cercana a las 100 hectáreas. “Protestamos por la subida de los precios de la gasolina, los abonos y herbicidas. Está todo muy caro. A este paso va a salir mejor salir con la azada que con el tractor”, advierte, para reconocer que en ocasiones producen a pérdida en un sector al que se suma que cada vez menos personas se quieren dedicar a él. “Con la guerra de Ucraina ha subido más el gasoil, por lo que iremos a peor”, augura.

A este paso va a salir mejor salir con la azada que con el tractor

Pedro Echaide, agricultor de 62 años y natural de Barasoain –municipio navarro de 600 habitantes de la comarca de Tafalla-, cultiva cereales, trigo, cebada, avena y girasoles en un terreno de 120 hectáreas. “Estamos en una situación muy difícil con la subida de los precios y no tenemos relevo generacional. En los pueblos cada vez se vive peor. Desde el Departamento de Desarrollo Rural se nos trata fatal y no estamos contentos con las políticas que se están haciendo para el campo”, lamenta, para pedir “más sensibilidad con los pueblos, el campo y los agricultores”.

Mira con preocupación un futuro incierto con motivo de la guerra de Ucrania, antes de la cual, asegura, ya existían “muchas dificultades para conseguir determinados productos”. “La guerra aún no sabemos cómo afectará, seguramente con la subida de precios y de combustibles. Nosotros utilizamos muchas cosas que dependen de la energía, como son algunos abonos. A estos precios va a ser insostenible”, lamenta.

Fue el 29 de febrero de 2020 a las 12:30 horas. Mikel Gómez Agúndez y Carmen Martín Salas observaron en una pantalla la curva en forma de ‘s’ que indicaba el primer resultado positivo en COVID-19 en Navarra. “No nos lo creíamos, nos quedamos impactados”, rememoran dos años después el técnico de laboratorio y la adjunta en microbiología, encargados de gestionar la prueba realizada a una mujer de 39 años ingresada en UCI. Su caso respondió a una coinfección con gripe y fue una de las primeras personas jóvenes sin patologías previas ingresadas por COVID-19 en España. Ese sábado pasó a la historia y es recordado como “el famoso día” en la primera planta del pabellón L del Hospital Universitario de Navarra, donde se encuentra el servicio de Microbiología del Servicio Navarro de Salud -Osasunbidea-. Es allí, precisamente, donde se guarda congelada a menos 80 grados centígrados la alícuota de la primera muestra positiva en Sars-Cov-2 en la comunidad foral.

La jornada laboral para Gómez Agúndez duró entonces 15 horas. Salió de trabajar a la 1:30 del 1 de marzo después de haber entrado a las 9:00 bajo el aviso de un caso sospechoso en Sars-Cov-2 a analizar. Sabía cómo hacerlo porque a principios de febrero los especialistas habían sido instruidos por la farmacéutica Roche sobre cómo usar el reactivo específico lanzado para detectar el coronavirus. Según explica el técnico de laboratorio, realizar una prueba PCR le lleva normalmente unos 20 minutos, pero en esta ocasión demoró casi dos horas.

Con la escasa información que se disponía entonces, se vistió con un Equipo de Protección Integral -EPI- para gestionar escrupulosamente un proceso sujeto a los más estrictos protocolos previstos para casos como el ébola. La orden la dio la jefa del servicio, Carmen Ezpeleta: “Mandé un correo pidiendo tomar todas las precauciones, porque no sabíamos qué pasaba y si te ibas a morir con este bicho o no”, recuerda.

Cuando la microbióloga Martín Salas interpretó el resultado en la pantalla llamó a la doctora Ezpeleta. “No tenemos ninguna duda de que esto es positivo”, le dijo. Repitieron la técnica con más genes para confirmar el resultado y por la tarde practicaron las pruebas PCR y también su confirmación a los contactos estrechos de la mujer ingresada. Un bebé y su acompañante, que también dio positivo. Después tuvieron que preparar las muestras para enviarlas a Madrid.

Según reconoce la microbióloga, pudieron afrontar estos primeros casos en un momento en el que no todos los hospitales de España tenían capacidad para hacerlo. En su caso concreto, dispusieron del equipo Cobas 4800 que les cedió el servicio de Anatomía Patológica y también del reactivo específico que permitía detectar el coronavirus. Asegura incluso que ni siquiera habría hecho falta enviar la muestra al Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda para su confirmación, como entonces se hacía. “No todos los hospitales disponían de una técnica de PCR para el coronavirus. Había hospitales que su manera de actuar era mandar las muestras a Majadahonda. Las posibilidades que nosotros tuvimos, la técnica de Roche, no las tuvieron todos los hospitales. En ese sentido creo que somos un servicio privilegiado”, señala.

En estos dos años de pandemia, la jefa del servicio recuerda que los momentos más duros se vivieron en la primera ola, cuando llegaban a acumularse hasta 4.000 muestras diarias y no había posibilidad de realizar PCR por falta de reactivos y equipos en el mercado. “Pasaba mañana, tarde y noche llamando por teléfono a las casas para conseguirlos. Al principio fue tremendo y volvíamos a trabajar cada día a las 6:30 horas”, rememora Ezpeleta. De hecho, en aquellos primeros momentos, señala, tenían capacidad para gestionar tres o cuatro muestras diarias.

Dos años después, con una decena de equipos especializados y una plantilla reforzada que trabaja en tres turnos de mañana, tarde y noche, el servicio de Microbiología lidera la tasa de pruebas realizadas por cada 100.000 habitantes en España. Han llegado a practicar incluso 5.000 pruebas en un solo día, o lo que es lo mismo: tres PCR por minuto. “El laboratorio está fenomenal. Ahora mismo no hay ningún problema. Nos ha ido bien, pero hemos tenido que pelear un montón”, señala.

Para llegar a este punto ha hecho falta duplicar también los recursos en plantilla. Según indica Gómez Agúndez, antes de la pandemia trabajaban dos técnicos de laboratorio habitualmente, lo que era reforzado con un tercero en la temporada de la gripe. Desde que irrumpió la pandemia, el servicio se emplea las 24 horas al día en tres turnos, llegando a contar con entre tres o incluso cinco técnicos en cada uno durante los picos de contagios. En los momentos más difíciles agradecieron la implicación de otros compañeros que se ofrecieron desde otros servicios. “Cuando la coordinadora del laboratorio organizó con Ezpeleta los tres turnos para mí hubo una respuesta espectacular, porque enseguida hubo gente que vino e hizo el turno de tarde, también de otros servicios. Todo el mundo se ofreció”, relata Martín Salas. La misma respuesta obtuvieron por parte de microbiólogos que por su edad habían dejado de hacer guardias y comenzaron a hacerlas de nuevo para cubrir, además de la habitual, la guardia excepcional dedicada exclusivamente a la COVID-19.

Ezpeleta veía venir lo que después ocurrió. No así Gómez Agúndez o Martín Salas, que no esperaba la rapidez con la que se extendió el coronavirus: “Todos los días hacíamos una reunión a las 14:30 horas y la doctora Ezpeleta nos exponía la situación que había en China y los casos nuevos registrados. Yo sí que sabía que podía llegar el virus a nuestro país, pero no me imaginaba que tan rápidamente lo íbamos a tener en Navarra”, reconoce.

Además de realizar gestionar las pruebas PCR, el servicio de Microbiología también secuencia muestras positivas para vigilar la aparición de nuevas variantes. Por Navarra han pasado ya 109 genotipos de coronavirus diferentes, con el predominio de las más conocidas como alfa, delta u ómicron. Ha sido en esa labor diaria como encontraron entre mayo y junio de 2021 una variante navarra bautizada como ‘carriquiri’, que afectó a casi 200 personas en Pamplona y cuya particularidad fue presentar una mutación asociada a la resistencia a las vacunas. Finalmente, delta arrasó con esta variante ‘foral’ que, detalla Ezpeleta, tuvo su origen en un taller mecánico de la capital navarra.

Carriquiri fue la primera ganadería de reses bravas que se lidió en los Sanfermines de Pamplona en 1852. Y de ahí se toma el nombre para otorgar cada año el premio al toro más bravo en las corridas que llevan dos años sin poder celebrarse con motivo de la pandemia. Pero, en este paréntesis, el particular reconocimiento se lo ha llevado de otra manera una variante del Sars-Cov-2 de origen navarro. Aunque ha pasado inadvertida por su corto recorrido en comunidad foral entre mayo y junio de 2021, afectó a casi 200 personas en la comarca de Pamplona y su bravura la demostró en la capacidad para resistir a las vacunas autorizadas contra la COVID-19.

Su nombre oficial es B.1.575.2. Carriquiri fue como la bautizó el director de Salud, Carlos Artundo, después de informarle el servicio de Microbiología del Hospital Universitario que habían encontrado una mutación local que no coincidía en nada con los genotipos secuenciados hasta entonces. En total, los microbiólogos han visto pasar por Navarra 109 genotipos diferentes de coronavirus, con predominio de las variantes más conocidas como alfa, delta u ómicron, que han sido las predominantes además de la cepa salvaje originaria de Wuhan.

La variante 'foral' afectó en concreto a un total de 194 personas entre mayo y junio del pasado año y, según detalla a elDiario.es/Navarra Carmen Ezpeleta, jefa del servicio de Microbiología, tuvo su origen en un taller mecánico de la comarca de Pamplona. La particularidad que les llevó a extremar la vigilancia, explica, es que hallaron en ella una mutación específica, llamada E 484K, “un gen que produce una resistencia a las vacunas”. De hecho, desde que fue detectada por primera vez el 19 de mayo y hasta su total extinción a finales de junio, en un momento dado temieron que esta variante se impusiera a las otras presentes que circulaban entonces, la británica alfa o a la india delta. Pero finalmente fue delta la que llevó por delante a Carriquiri y al resto, hasta la llegada de ómicron en diciembre.

En ese particular encierro vírico, Ezpeleta reconoce la importante labor del equipo de rastreadores que permitió poner coto a la variante navarra: “Las rastreadoras, que hacen una labor estupenda, descubrieron que había una mezquita y que el 50% de los pacientes afectados provenían de allí y el otro 50% no. Encontraron el foco y fueron capaces de controlarlo”. El recorrido de Carriquiri acabó rápido y no se ha vuelto a encontrar rastro de ella. De su existencia, de hecho, da cuenta ya un artículo recogido en la revista científica americana ‘Journal of Clinical Microbiology’.

Afectó sobre todo a personas jóvenes con una media de edad de 33 años. No ocasionó ninguna muerte, aunque cuatro pacientes requirieron ser hospitalizados. En cuanto a los síntomas, el 80% de los contagiados presentó cuadros similares a los ocasionados por otras variantes del Sars-Cov-2, mientras que el 81% de los infectados no habían recibido aún ninguna dosis de la vacuna contra la COVID-19.

En el mundo científico a Carriquiri no se le dio mayor importancia. La preocupación por su resistencia a las vacunas fue compensada por una fuerza de transmisión limitada en comparación con otras variantes como delta, que fue la que ganó terreno cuando irrumpió con fuerza en Navarra el verano pasado.

Ezpeleta subraya la importancia no solo de realizar PCR, sino también de vigilar la aparición de nuevas mutaciones. Navarra es la comunidad llegó a ser la que mayor tasa de pruebas realiza por cada 100.000 habitantes, más de 4.200 durante la sexta ola, aunque ahora se halla en el puesto undécimo. “Es muy importante secuenciar y estar buscando las variantes, nosotros ahora estamos buscando en 80 muestras positivas cada día”, explica, para añadir que, desde entonces y de momento, no han vuelto encontrar “ningún fallo” como la variante navarra que descubrieron por no ser como las descritas hasta entonces.

El comité de garantías de UPN ha extendido el plazo de tres días hábiles que finalizaba este lunes para resolver las alegaciones presentadas por los diputados Sergio Sayas y Carlos García Adanero a la decisión de suspenderles de la militancia durante dos años y medio, por haber votado en contra de la reforma laboral contraviniendo a las directrices del partido. El presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha manifestado que el viernes este órgano notificó a las partes la suspensión del plazo, de forma que la resolución se conocerá a lo largo de los próximos días.

En declaraciones a los medios de comunicación, Esparza ha manifestado que el comité “tenía que atender unos requerimientos producidos por las propias partes”, de manera que cuando estos se resuelvan, “el plazo continuará y el comité de garantías tomará la decisión que corresponda”. Según ha detallado, este proceso se enmarca dentro de la normalidad según viene “detallado en los estatutos”.

Cabe recordar que esta propuesta de sanción realizada por el comité de garantías es menos dura que la hecha por el propio presidente de UPN, quien pedía directamente la expulsión de ambos diputados regionalistas, algo que fue incluso respaldado en más de un 80% por el Consejo Político -máximo órgano del partido entre congresos formado por 232 representantes-. Esto hecho fue acogido con “total y absoluto respeto” por el líder de los regionalistas, que rechazó entrar a valorar esta decisión enmarcada dentro de un “procedimiento abierto e interno”, y adoptada por un órgano independiente formado por cinco personas.

Los diputados 'rebeldes' presentaron las alegaciones el pasado miércoles y agotaron así el plazo marcado de cinco días hábiles. Tanto Sayas como Adanero han exigido que se archive la propuesta de suspensión de militancia al considerar que no incumplieron los estatutos de la formación regionalista. Además, han manifestado que su intención es seguir en UPN y no renunciar a sus actas en el Congreso de los Diputados. De confirmarse la sanción por una falta considerada 'grave' por el comité, ambos diputados no podrán presentarse a un cargo público como miembros de la formación en dos años y medio, lo que incluye el ciclo electoral previsto en 2023. No obstante, seguirán en el Grupo Mixto y UPN se quedará sin representación en la Cámara Baja por primera vez desde 1979.

Aunque condicionado al menor número de pruebas realizadas en el fin de semana, Navarra ha registrado este sábado el volumen de nuevos contagios de COVID-19 más bajo desde el inicio de la sexta ola de la pandemia. En concreto, el Servicio Navarro de Salud -Osasunbidea- ha notificado 161 nuevos casos en la última jornada, un dato solo mejorado el 14 de noviembre cuando fueron detectados 130 positivos. Asimismo, continúa la paulatina disminución en el número de hospitalizados con una reducción del 12% respecto a hace una semana y del 21% en UCI, si bien no cesa el goteo diario de fallecidos por la infección, un total de 13 en los últimos 7 días –uno en la jornada del sábado-.

Así, según datos del Gobierno foral, en las últimas horas se han comunicado 161 contagios tras realizarse 678 pruebas diagnósticas, lo que deja la tasa de positividad en un 23,7%. Esta cantidad de pruebas practicadas supone la mitad de la realizadas el viernes -1.734-, que permitieron detectar 261 positivos. Continúa así la bajada de los nuevos diagnósticos positivos, aún después de decaer las restricciones a inicios de esta semana, el pasado 15 de febrero.

De hecho, la incidencia acumulada del virus ha descendido ya del umbral de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 días este fin de semana. Según cálculos de NavarraCovidStats, la tasa habría pasado de 940 el viernes a 887 el sábado. Tal y como recoge el último informe del Ministerio de Sanidad, el jueves dicha incidencia era de 1.050 casos a los 14 días y era menos de la mitad a los 7, con 381, lo que indica un rápido descenso en la transmisión del virus en la última semana.

En lo que respecta a la presión asistencial, tres personas han requerido ingreso por la infección en las últimas horas, ninguna de ellas en UCI. Así, el balance de altas y bajas deja un total de 128 personas ingresadas, 15 de ellas en las unidades de críticos. Esto supone un descenso del 12% y 21% respectivamente respecto al pasado sábado.

En cuanto a la vacunación, este sábado se han administrado un total de 1.336 dosis, con lo que el total de vacunas inoculadas en la comunidad foral alcanzan el 1.384.264. Las personas con la pauta completa son 552.283.

Desde ayudar a sus familias económicamente hasta conseguir regularizar su situación para viajar y volver a ver a sus madres. Estas son solo algunas de las aspiraciones de los menores extranjeros que han llegado solos a España a buscar una vida mejor. Lamentan lo mucho que les afecta ser señalados y relacionados con la criminalidad, a veces desde las propias instituciones. Es lo que ha sucedido recientemente en Pamplona. El alcalde de la ciudad, Enrique Maya (Navarra Suma), asoció un supuesto aumento de la inseguridad en la capital navarra con los delitos cometidos por niños y adolescentes extranjeros tutelados por el Gobierno foral. Estas palabras le valieron, de hecho, la reprobación en el pleno municipal por parte de los grupos en la oposición -PSN, Geroa Bai y EH Bildu-, aunque el contenido de la condena quedó empañado en medio de la polémica votación de la reforma laboral en Madrid. A este respecto, los datos son contundentes para desmentir los bulos, pero nunca suficientes para reparar la imagen dañada. Y es que según la Fiscalía de Menores, menos de un 1% de los delitos cometidos en Navarra corresponden a los mal llamados 'menas'. En lo que respecta a los jóvenes tutelados por la administración, tal y como apuntó la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, de las 251 medidas judiciales dictadas a este grupo en 2021, solo 16 respondían a quienes sustentan otra nacionalidad distinta a la española. Pero es así como, inevitablemente, la relación con la delincuencia contribuye al estigma y salpica a todos, extranjeros y nacionales, y está lejos de corresponder con la realidad y las duras historias de superación que se esconden detrás de las cifras frías. elDiario.es/Navarra recoge siete testimonios de jóvenes que han vivido la experiencia de ser tutelados y de quienes han decidido, también a través de los programas de acogimiento lanzadas por la administración, darles la mano y acompañarles en su proceso de integración y salto a la vida adulta. Estos últimos, con su ejemplo, son sus auténticos referentes.

Abderrahman Naciri (Marrakech, 1983) se queda a menudo desde las 20:00 horas hasta pasadas las 2:00 enseñando castellano a los menores extranjeros tutelados por el Gobierno de Navarra. Lleva sus propios apuntes a los pisos de acogida o a los centros de la red de acogimiento. Y lo hace generosa y desinteresadamente. Es mediador cultural y trabaja para la Asociación Zakan, encargada de gestionar el Centro de Observación y Acogida Argaray, que recibe en un primer momento a estos chicos y chicas antes de ser derivados a los pisos tutelados. Naciri se define a sí mismo como un “puente” entre los menores y la comunidad. Sus funciones son las de proporcionar toda la información necesaria a los chicos y chicas, desde dónde están hasta qué deben hacer para regularizar su situación. El objetivo es darles así tranquilidad y seguridad.

La empatía y el ejemplo de su propia vida ayuda a Naciri a cruzar ese puente. Conoce lo que es nacer en el seno de una familia humilde, la falta de perspectivas y esconderse en un camión para viajar desde Tánger a Algeciras. Cuando él lo hizo tenía 19 años. Un paisano le esperaba en Irurtzun -municipio navarro de 2.300 habitantes-. Era 2003 y entonces no se benefició de ninguna ayuda gubernamental. En la localidad le acogieron con los brazos abiertos y logró su primer trabajo en la construcción. Entonces empezó una larga carrera de fondo. Con gran esfuerzo avanzó en el aprendizaje del castellano, pese a las eternas jornadas laborales de 6:00 a 18:00 horas.

Naciri relata que el punto de inflexión en su proceso migratorio fue la regularización impulsada por el presidente socialista José Luís Rodríguez Zapatero en 2004, del que se beneficiaron 600.000 migrantes extracomunitarios. La residencia le abrió la puerta al Servicio Navarro de Empleo, que le permitió sacarse la ESO aun contando con hasta dos años de carrera universitaria en Derecho en su país. De la construcción saltó a la hostelería, donde 8 horas de jornada laboral le dieron un poco más de margen para sacarse un título de recepcionista. Y consiguió trabajo en un hotel. Así fue como terminó dando el salto a la UNED y se graduó en Integración y Educación Social. Su primer mensaje a los menores es él mismo. Su sola presencia es una referencia. “Muchos me dicen: cuando sea mayor quiero ser como tú”. Y es de lo que más orgulloso se siente.

Además de mediador, también es intérprete y traductor para el Gobierno de Navarra. Según cuenta, dio este paso al sentir la necesidad de ayudar a otros a integrarse y adaptarse a una comunidad que, subraya “ofrece una buena acogida, una buena vida y un buen futuro”. A los pocos menores que han cometido un delito, Naciri se encarga de acompañarlos al juzgado y prestarles apoyo a la hora de enfrentarse por primera vez a un tribunal. “Tampoco es fácil para un chico. Es otra forma de acompañar y ayudar a esos chavales”, recalca. Insiste en que necesitan sentirse seguros y no mirados, agredidos o amenazados. Sino escuchados, abrazados y aconsejados. “Te ven como un salvavidas, una persona que quiere echarles una mano”.

Naciri no desaparece de la vida de los chicos y chicas cuando cumplen los 18 años y se queda para seguir aconsejándoles. Reconoce que la mayoría, que llega con 16 y 17 años, apenas tiene margen para aprender el idioma y prepararse a dar el salto a la independencia total. Un tiempo insuficiente al que se suman solo 6 meses de transición en los programas de autonomía para extranjeros, frente a los dos años de duración para un menor de nacionalidad española. Por cosas como esta lamenta las declaraciones del primer edil de Pamplona: “Me sorprende que estas personas tan cualificadas y preparadas, en vez de enfocarse en los problemas graves de la sociedad, como la subida de la luz o los alquileres, se enfoquen en problemas muy pequeños, como el caso de un colectivo donde uno o dos comete un delito, para tachar con ello a todo un grupo.”

Defiende que para nada se vive un clima xenófobo y racista en la vida real. Que es más bien al contrario. “Cada vez hay más tolerancia y más personas interesadas en acoger a menores migrantes. Lo que se transmite siempre no se corresponde con la verdad”. A este respecto señala la responsabilidad de los medios de comunicación de ofrecer una información completa que no dañe y manche la imagen de todo un colectivo ante hechos aislados. Lo que los menores buscan, remarca, es lo que “cualquier chaval en su edad busca: escapar de un entorno injusto, donde hay mucha corrupción, poca libertad y derechos. Tienen aspiraciones de formación, de buscar un trabajo, crear o forjar su futuro, su personalidad, crecer como personas, como profesionales y ayudar a sus familias”. En esa carrera de fondo encuentran a Naciri quien, como un entrenador, espera ayudarles de la mejor forma posible para que, en sus palabras, “se vuelvan ciudadanos ejemplares y útiles”.

“El sueño de todos es dar el máximo para poder ayudar a nuestras familias. Hay algunos cuyo sueño es solo conseguir los papeles para poder ver de nuevo a su madre”, así resume Maroune Amrabti, (Marruecos, 2002) las aspiraciones de los menores extranjeros como él. Amrabti divisó la costa de Algeciras con 17 años desde una patera cuyo viaje duró tres días. Sintió miedo, pero llegó. Decidió emigrar al ver que otros amigos suyos también lo habían hecho y estaban ayudando económicamente a sus familias. “¿Por qué no voy a ayudar yo también a la mía?”, se preguntó.

Pero los primeros meses, reconoce, fueron duros y pensó que no encontraría lo que venía buscando. “Es como volver a nacer. No conoces a nadie y no hablas el idioma”. Después de pasar por el centro de menores de Algeciras y de Málaga, llegó a Pamplona recomendado por un amigo. Pasó por el centro de primera acogida de Algaray y también por el de Iturmendi, hasta que dio el salto al piso de acogida, donde permaneció casi un año. La inquietud por trabajar le llevó a encontrar un empleo después de realizar un curso de carpintería, de forma que salió de los recursos del Gobierno de Navarra antes de tiempo y pagó con su sueldo una habitación. Quiere seguir estudiando y sueña con montar su propio negocio, desde una cafetería a una carpintería de aluminio. “Lo tengo pensado, me gustaría hacerlo”, fantasea, mientras espera actualmente firmar su próximo contrato.

En todo su proceso ha estado presente Naciri y solo lamenta que las largas jornadas de estudio del castellano hasta altas horas de la madrugada duraran solo cuatro meses. Con más tiempo, está convencido, habrían aprendido aún más rápido. Además del idioma, lo más difícil para Amrabti fue regularizar su situación administrativa. Tardó cuatro meses en lograr el pasaporte. No obstante, al comparar su historia con la de otros menores tutelados, considera que las historias de quienes han nacido en España son más duras. Él tiene el apoyo de su familia en la distancia, con la que habla a menudo en cada momento del día. “Hay quienes aquí no les quieren sus padres. Esos casos son más duros, solo deseo que tengan una vida muy buena”, considera.

Pese a no haber vivido en general situaciones de racismo, lamenta lo mucho que les afecta que se señale a los menores extranjeros por casos aislados que cometen delitos. “La culpa es de algunos chavales que provocan problemas, pero a nosotros también nos echan la bronca en algunas situaciones solo por ser ‘moros’ ”, se queja. En concreto, recuerda que una vez no le dejaron entrar en un bar de Pamplona sin darle explicación alguna a él y a sus dos amigos.

Eran las 17:00 horas de un 17 de septiembre cuando Nourdine Kadous, (Argelia, 2003) alcanzó la costa de Murcia. Tenía 16 años y nada de miedo. “¿Cómo iba a pensar con 16 años que me iba a morir? Qué va, pensaba que iba a llegar”, relata con una media sonrisa. Después de una temporada en Alicante se trasladó a Navarra. Coincidió con Ambrati en su paso por los centros de menores y ambos le dieron el necesario empujón al estudio del castellano con la ayuda de Naciri. Un año y medio en un piso de acogida ha sido el tiempo que ha pasado tutelado por el Gobierno foral. Actualmente, después de cumplir los 18 años le quedan cuatro meses para finalizar el programa de autonomía. Kadous no está especialmente preocupado por saber cómo se va a mantener a partir de entonces, está convencido de que encontrará un trabajo y de que no quiere solicitar ayuda alguna a la administración. “A mí me afecta eso, tengo que sacar ese dinero con el sudor de mi frente”, defiende.

Ahora está estudiando una FP básica en mantenimiento de edificios. Quiere seguir el ejemplo de Naciri y continuar sus estudios con un grado superior. Como casi cualquier joven de su edad, sueña con ser youtuber, pero sobre todo se visualiza siendo emprendedor. Hace incluso cálculos de lo que le costaría lanzarse por su cuenta y riesgo y le entra el vértigo, pero no duda en que lo conseguirá. Sabe que más se arriesgó tratando de alcanzar la costa de Murcia. Con apenas 18 años, Kadous piensa como un ‘coach’ y tiene claras las premisas para lograr el éxito en la vida: marcarse un objetivo y aprovechar bien el tiempo para lograrlo. Ayuda económicamente a su familia y es, de hecho, una pieza fundamental para su sostenimiento: “Tienes que hacer lo que sea para que tus padres se sientan bien. Sabes que no puede ser que tú aquí comas bien y que ellos pasen hambre”, se dice a sí mismo. En Argelia empezó a trabajar con 15 años, pero fue su padre quien siempre le animó a seguir estudiando.

Kadous solo tiene palabras de agradecimiento para Navarra y todas las personas que le han aconsejado y ayudado en su proceso migratorio. Se siente de todo menos ‘no acompañado’. Los educadores, los vecinos de su piso que nunca le dejan solo y gente que se encuentra por la calle le ofrecen consejo y una mano amiga. Y eso le anima a estudiar más duro. “Te ven con 16 años que vienes aquí solo, sin familia ni nada, y te abrazan, no te dejan solo. Tenía una profesora de matemáticas que siempre me decía: ‘si necesitas algo ven a mi casa’. Eso me daba cariño y me hacía sentir muy bien”, relata. Al igual que Abder, Kadous también quiere ayudar a otros de la misma manera que él ha recibido esa ayuda. “Cuando veo videos de gente que no tiene dinero me afecta mucho. Por eso me digo: ‘directamente a estudiar’. No me importa. A cualquier hora de la noche. A estudiar para alcanzar los objetivos y ayudar a la gente un día a ser como yo cuando lo consiga”. Lamenta que los casos aislados de menores que cometen delitos estén manchando a todo el colectivo cuando son sobredimensionados por los discursos políticos o en las noticias. Por su parte, siempre ha seguido la máxima de un tío suyo que vive en Bilbao: “Estudia, haz las cosas bien y ellos [los españoles] serán rectos contigo”. “Y es así”, subraya.

A Adriana Echaire (2001, Pamplona) le preguntan en no pocas ocasiones si ha tenido algún conflicto con la Policía cuando cuenta que fue tutelada por el Gobierno de Navarra. Su 'delito' con 14 años lo descubrieron los servicios sociales, cuando comprobaron que en casa era ella la que se encargaba del cuidado de sus dos hermanos menores. La discapacidad de su madre, las largas jornadas laborales de su padre y una comunicación familiar deficiente fueron obstáculos insalvables para los trabajadores sociales que desfilaron por su casa antes de que asumiera definitivamente la administración su tutela. Cuando eso sucedió, los tres hermanos tuvieron suerte de entrar en el mismo piso de acogida, algo que asegura que no siempre sucede.

Allí pasaron cuatro años. Echaire cuenta que mientras a las puertas de la EBAU sus compañeras de clase solo se preocupaban por estudiar y elegir carrera universitaria, a ella le generaba ansiedad un examen más importante: bajo qué techo iba a dormir en el mes de julio al cumplir los 18 años y de qué iba a comer. Alcanzó la mayoría de edad en febrero, pero le respetaron un margen de cuatro meses para prepararse las pruebas de acceso, por lo que espiró más tranquila al librarse de una mudanza brusca en un momento clave. No podía concentrarse. “Adriana, céntrate en los estudios”, se repetía a sí misma. Sumida en sus apuntes, llegó la llamada telefónica con la información esperada en los días previos a examinarse: viviría en un piso del programa de autonomía gestionado por la Asociación Navarra Nuevo Futuro.

El salto a la independencia fue brusco. Al principio pensó que 650 euros mensuales para gestionar su vida era mucho dinero, hasta que comprobó de que no le cuadraban las cuentas. Nadie le explicó nada. De entrada, se encontró sola en un piso desangelado, casi sin muebles y a la espera de nuevos compañeros. “Cuando llegué, todavía estaban montando la cocina y me tuve que ir a comer fuera. Me encontré sola en verano en una casa prácticamente vacía”. Había decidido no regresar con su padre como sí lo hicieron sus hermanos. De hecho, al contrario que otros menores, durante los años de tutela ellos sí volvieron a casa una vez a la semana y también por Navidad, pero no conserva del todo un buen recuerdo de esos momentos. “A mí me agobiaba. Me gustaba porque quería ver a mi padre, mi madre estaba en un centro de discapacidad. Me gustaba ir sobre todo por la comida. Pero también me agobiaban los conflictos, los chillos, la mala organización y la mala higiene. Yo había establecido ya mis necesidades básicas, con un orden y una metodología”, confiesa.

En el piso de acogida, tres educadores en tres turnos distintos eran sus únicos adultos referentes. Pero los cambios constantes y la elevada temporalidad de sus puestos de trabajo dificultaron la creación de cualquier vínculo auténtico. Apenas conserva contacto con dos o tres. “Había un educador que lo tenía como un referente. Era el que llevaba más tiempo en el piso y nunca había cambiado. También tenía hijos y decía que nos educaba más o menos de la misma forma. Luego, había otras educadoras que venían, hacían su trabajo y se iban”, relata. Este fue el motivo que le llevó a decidir estudiar Trabajo Social, para contribuir a cambiar, desde la empatía y al igual que Naciri, aquello que ella echó de menos: “Un trato mejor y un vínculo más cercano”.

Echaire abandonó el programa de autonomía antes de cumplir los dos años. Estudiando la carrera le invitaron a marcharse para dejar su plaza disponible a otra persona. Encontró una habitación y empezó a mantenerse gracias a la Renta Garantizada. De nuevo, la falta de información, de consejo y de asesoramiento a tiempo, unido a un pequeño trabajo que realizó en verano para completar sus ingresos provocaron la retirada de esta ayuda. Le queda por delante la mitad de la carrera y no sabe aún cómo se mantendrá. Es en este salto repentino a la vida adulta cuando apunta que ha echado de menos sentir el cariño y la protección de sus padres. “Al final, también esta experiencia te hace ser más fuerte y resiliente, eres de una manera por las cosas que has vivido. Y a mí me gusta como soy hoy”, afirma con orgullo.

 “Creo que mi única familia ha sido la familia de acogida”, reconoce Joseph David González (Tafalla, 2001), cuya tutela y la de su hermana asumió una pareja navarra cuando él tenía tres años. Su madre, de origen colombiano, intentó sin éxito por todos los medios cuidarles por sí misma después de romper con su pareja. González relata la ruptura interior que le provocó vivir entre ambas familias. Las primeras visitas semanales a su madre le llevaban a vivir la situación con un sentimiento de provisionalidad. “Nuestra madre biológica nos metía en la cabeza que estábamos con unos señores que no eran nuestros padres, que simplemente estaban ahí para cuidarnos mientras ella consiguiera trabajo para recuperarnos. Al final pasaban los años y no veíamos que fuéramos a regresar con ella”, confiesa, para reconocer que su madre no les benefició con sus actos.

Con la perspectiva del tiempo, asegura haber necesitado un mayor apoyo especializado y un buen acompañamiento para manejar esta situación complicada: “Eché en falta una persona que estuviera ahí para hablar conmigo, para aprender cómo gestionar mejor ese tipo de rupturas. Compaginar dos familias, intentar tener contentas a las dos partes te divide y te parte”, subraya. Como podría haber temido, la tensión vivida no desencadenó una enfermedad psíquica. Y de esa fortaleza interior es de lo que más orgulloso se siente. También de no guardar remordimientos o rencores, incluso después de haber sufrido bullying como no pocos menores en su misma situación. “Sufrí bastante, pero siempre de ese tipo de cosas se hace uno más fuerte”, subraya.

Cuando González cumplió los 18 años le dieron la posibilidad de ser adoptado por su familia de acogida. Pero no quiso. Los roces generados le llevaron a tomar la decisión de emanciparse y seguir su camino por su cuenta. El salto a la vida adulta fue duro. “La dificultad principal fue encontrar piso, porque es muy complicado encontrar una vivienda donde pasar un mínimo de tiempo mientras te pones a buscar trabajo. Con 18 años nadie te toma en serio y no tienes conocimientos de la vida, eres un novato”. Empezó a trabajar de repartidor cuando estalló la pandemia en marzo de 2020. Con ello ganaba lo suficiente para poder pagar sus gastos. Fue así que decidió rechazar el programa habilitado por el Gobierno de Navarra para casos como el suyo, menores que al cumplir los 18 años deciden no continuar con sus familias de acogida.

El proceso de transición fue duro y no estuvo exento de dificultades. Hasta los 19 años hizo varias veces la maleta. Primero volvió con su madre, pero las discusiones le llevaron de vuelta a la familia de acogida. La situación se hizo insostenible y se vio en la calle. “Estuve viviendo en hoteles con el dinero que cobraba del trabajo, me dijeron del programa que no me podía volver a ningún lado. Y como nadie me quería acoger en su casa, tuve que tirar de los hoteles más baratos”, relata. Actualmente, su familia de acogida sigue siendo un referente y a ellos recurre cuando se presenta un problema o tiene para compartir una buena noticia. “Me gusta mucho hablar con ellos y compartir opiniones. Son personas bastante sabias y siempre me han ayudado mucho. Ahora que estoy empezando a ver las cosas con más claridad, me gusta mucho conocer su punto de vista”, señala.

Cuando Juan Carlos Velázquez (Madrid, 1961) escucha declaraciones como las del alcalde de Pamplona, que asocian a los menores migrantes con la delincuencia, responde: “Mi contestación es mi vida y mi forma de compartir. No voy a gastar energía en convencer a nadie de nada. Mi energía tiene que estar en Adama y en mi familia”. Velázquez se metió con su pareja y sus dos hijos de 17 y 20 años en el mundo del acompañamiento de referencia tras recomendárselo una conocida. Fue así como hace un año comenzaron a acompañar en su proceso de integración y crecimiento vital a Adama, un joven de 17 años procedente de Ghana y tutelado por el Gobierno foral.

Al principio todo eran incertidumbres y no sabían cuánto iba a durar el proceso: “Esto es como dar un abrazo, yo le puedo abrazar muy fuerte, pero él tiene que poner de su parte”. En la primera cita Adama puso una serie de condiciones que gustaron a Velázquez por demostrar una gran dignidad. Se los dejó muy claro: “No quiero hablar de mi pasado y no quiero que nadie esté conmigo por pena”. Se cayeron bien. Ahora, Adama es el primero en recoger la mesa cuando comen juntos entre semana. Se anima a salir con ellos al monte, a escalar, a la playa y hasta de vacaciones en verano.

Con 15 años este joven ghanés emprendió un duro viaje para embarcarse en una patera. Dejó atrás una vida difícil de la que evita hablar. “Cuando me fui de casa lloré todas mis lágrimas”, le contestó una vez al menor de la familia al verle disgustado por suspender un examen.  “Le ha hecho fuerte la vida. Él todavía no sabe que es así de fuerte. Es muy joven, tiene 17 años y está descubriendo el mundo y planteándose lo que ha vivido y aprendido”, cuenta Velázquez, que le define además como una persona inteligente, con una sensibilidad especial y muy estudioso. “Tiene muchos valores, mira mucho hacia el interior. Es muy espiritual y observador. La educación religiosa le ha hecho mucho bien, aunque yo no comparta esa visión”, describe.

Hace poco el joven sorprendió a la familia con una llamada para pedirles consejo sobre qué estudiar, lo que indica que en la relación ya se está forjando la confianza y el vínculo. Le encanta la moda, pero lo más probable es que se decante por estudiar auxiliar de clínica. Teme, no obstante, ser señalado y rechazado por su raza atendiendo en el ámbito sociosanitario. Velázquez trata de disipar esos miedos rápido: “Vamos a pelear las cosas. Vas a tener apoyos y gente que no te apoye. Pero aquí estamos nosotros. Adelante”, le repite quien es prácticamente su único soporte. Reconoce que Adama necesita mucho acompañamiento y grandes dosis de afecto. Sobre todo, en los momentos en que se manifiesta frágil emocionalmente. Aunque señala la importante labor que realizan los educadores de la red de acogida, no deja de ser insuficiente para el desarrollo integral de la persona. “Vivir son muchas más cosas. Es saber que al día siguiente tienes a alguien al lado que se preocupa por ti”. Velázquez no duda en recomendar el acompañamiento de referencia, que define “como echar una mano en el hombro de alguien y caminar con él. Y si te tropiezas, te ayudo o te voy indicando con mi experiencia de vida”. A su vez, defiende que en este proceso todas las partes salen ganando: “Esto es bueno no solo para Adama, sino para nosotros, aunque no lo hagamos por nosotros. Es bueno para mis hijos. Es una oportunidad única de crecer como personas y de saber que hay otras realidades. Les aporta un espíritu solidario y aprenden a compartir”. Además de todo eso, Velázquez subraya que la suerte no la tiene tanto Adama de haberlos encontrado a ellos, sino ellos de haber conocido a Adama.

Irati Vidan Navarro (Barakaldo, 1990) decidió impulsar la asociación juvenil 'Haziak Navarra' para personas extuteladas el pasado mes de noviembre cuando comprobó que otros jóvenes como ella habían atravesado las mismas dificultades al cumplir los 18 años. Haziak en euskera significa 'semilla' y a la vez 'crecer'. Y ese es su lema: 'Somos semillas y crecemos con fuerza'. Vidan describe el decimoctavo cumpleaños como un salto al vacío. A ella nadie le informó sobre lo que sucedería después y afirma conocer casos de quienes tuvieron que hacer la maleta el mismo día de su cumpleaños. De momento, cuatro extutelados conforman la entidad que acaba de arrancar para acompañar, ser un punto de referencia y tejer una red de apoyo en este duro proceso. “Haziak busca ser esa persona que te da ese empujón o te da la mano y te acompaña. No podemos hacer la figura de padres ni sustituir a los educadores. Buscamos que se sientan comprendidos porque hemos pasado por la misma situación”, explica.

A Vidan le informaron con 9 años de que no viviría más con su madre después de haber fallecido su padre. Se lo dijo la psicóloga con la que se trataba por sufrir bullying en el colegio. Permaneció hasta los 18 años en un piso gestionado por Mensajeros por la Paz. Con su compañera de habitación es prácticamente con la única con quien creó un vínculo especial, lo más parecido a una hermana. Recuerda que esperaba los cumpleaños con alegría, un día en el que había tarta y podía elegir una comida especial. “¿Regalos? Había uno que era el de todos”, rememora. Las navidades las pasaba con su madre y de ellas no conserva un buen recuerdo por las continuas discusiones. Pero nada de eso es lo que más importa a Irati. “La parte que echaba de menos eran los abrazos. Salí de ahí sin saber dar abrazos. No me gustaban. He aprendido después qué son los abrazos”.

A los 16 años comenzó a prepararse para la mayoría de edad y logró un trabajo como gerocultora. Hace más de diez años no existía, como ahora, los programas de autonomía que suavizan la brusca entrada a la vida adulta sin respaldo alguno. Apunta que la estigmatización del colectivo también salpica a la pregunta que los propios menores se hacen sobre qué han hecho para estar allí. “Alimenta la culpabilidad, la inseguridad y el malestar. Luego te vas dando cuenta de que lo que tú estabas viviendo en casa no es lo correcto. Pero te sientes extraña también en el piso donde no creas vínculo con los educadores, ya que van cambiando constantemente. Te vas creando una figura defensiva y vives en alerta porque nunca sabes por dónde te va a venir ese golpe, que no siempre es físico”, confiesa.

Al cumplir 18 años Vidan no era consciente de que vivía con ansiedad. Le costaba aprobar y se mareaba continuamente en clase. “De repente, esa mochila de niño empezó a subir para arriba y a subirse a la cabeza. Y empecé a ser consciente de lo dura que es la vida”. Fue el jefe de estudios quien le lanzó un bote salvavidas y le llevó al médico, para descubrir que estaba pasando por ansiedad y depresión. Aprendió a poner límites. “Me presionaba a mí misma mucho. Me obligaba a estudiar y trabajar, porque me había puesto la meta de no ser como mi madre”. Con 24 años empezó a estudiar bachillerato y tardó un total de cinco años en graduarse al tener que hacerse cargo económicamente de su hermana menor. Le habría gustado seguir una carrera como el resto de sus amigas. Enfermería o psicología. Pero de momento la vida le ha obligado a guardar ese proyecto en un cajón.

Irati no hace distinciones entre los menores extranjeros tutelados y los nacidos aquí. Lamenta ciertas declaraciones emitidas desde las instituciones porque erosionan la imagen y estigmatizan a todos los chicos y chicas, independientemente de su nacionalidad, cuyas dificultades en la vida les ha llevado a ser tutelados por la administración. Se ha encontrado con quienes piensan que vivió en un reformatorio por tener antecedentes penales. La señalización y la pena son las dos cosas que peor lleva un tutelado. “Da rabia, duele porque dices: ‘Ojalá tú o tus hijos no paséis por lo que nosotros hemos vivido”, responde. Defiende su trabajo como fundadora de Haziak como una lucha conjunta que engloba también a los menores extranjeros. Una lucha por intentar sobrevivir, eliminar el estigma y, sobre todo, para acabar con la señalización.

La crisis de microchips que está provocando reiterados paros en la fabricación de automóviles en la planta de Volkswagen en Navarra, cuya producción supone el 25% del PIB regional, está frenando también el despegue de las exportaciones en la comunidad foral. En concreto, la venta coches y motos ha sufrido en 2021 un recorte de 779,3 millones de euros respecto al año previo a la pandemia, antes de que estallara la crisis de suministro de semiconductores, y ha pasado a representar el 38% del total de las exportaciones cuando ha llegado a generar el 50%.

Esta es la conclusión que se extrae del último informe de la Dirección Territorial de Comercio relativo a 2021, que recoge que el volumen total de ventas al exterior de todos los sectores productivos creció un 7,5% al cierre del año, sin lograr compensar la caída del 13% experimentada en 2020. El global de las operaciones estuvieron valoradas en 9.497,2 millones de euros, un 6,9% menos que en 2019 -650 millones de euros menos-, un año este en el que se marcó el mejor registro de la historia al superar los 10.100 millones de euros.

La principal razón de no alcanzar la recuperación del 13% de las operaciones perdidas se encuentra en el sector de la automoción, cuyo peso ha caído precisamente siete puntos porcentuales en 2021 frente a 2019, sin lograr compensarlo del todo el resto de ámbitos productivos. En concreto, el año previo a la pandemia las ventas de automóviles englobaban el 45% de las operaciones en la comunidad foral frente al 38% de 2021. Los 3.608 millones de euros facturados en este ámbito el pasado año responden a un aumento del 25% en ventas de componentes de automóvil que, no obstante, no ha logrado paliar la caída de casi el 5% en ventas de coches y motos. Sin contar con el paréntesis de 2020, estas ventas alcanzaron los 3.216 millones en 2019 frente a los 2.537 en 2021. Con todo, el sector creció un 3,3% el pasado año respecto a 2020.

Tal y como prevén desde la Dirección Territorial de Comercio y la propia planta de Landaben (Pamplona), la estabilización para este sector no llegará hasta mediados de este año, momento en el que podrían comenzar los esfuerzos por recuperar la producción perdida. Según reconoce a elDiario.es la directora de ICEX en Navarra, Isabel Peñaranda, el sector cuenta con que “se consiga resolver a lo largo del año este problema, y también el del transporte por mar, afectado por la subida de los fletes y el retraso de los contenedores”. Aunque reconoce que “predecir es muy difícil”, se confía en que para verano se resuelva y, de hecho, en enero ha comenzado a percibirse una mejora en la tendencia. En este horizonte temporal, cabe recordar que coincide también el acuerdo de ERTE firmado entre la dirección de la planta de Landaben y los sindicatos UGT y CCOO a principios de este mes de febrero. Este acuerdo contempla la posibilidad de aplicar el ERTE de ser necesario hasta el mes de junio, siendo ampliable incluso hasta diciembre de mantenerse la situación actual.

La planta de Volkswagen en Navarra -que cuenta con 5.000 empleados, tres turnos diarios y una capacidad para lanzar un vehículo cada 55 segundos- empezó a verse afectada en verano de 2020 por la falta de suministros de microchips, debido a la sobredemanda de aparatos electrónicos en el mercado chino en medio de la pandemia. De hecho, en mayo del pasado año la situación dejaba una imagen inusual en Landaben: la de más de 6.000 vehículos estacionados en el exterior de la factoría a la espera de ser completados con un semiconductor MYB3, que se instala en la guantera del copiloto. Esta falta de abastecimiento ha comprometido la producción de vehículos especialmente durante el segundo semestre de 2021, y también está afectando a otras factorías en el resto de España como la de Mercedes-Benz en Vitoria, las de Stellantis en Vigo y Zaragoza, la de Seat en Martorell o la de Ford en Almussafes.

La caída de las exportaciones del sector del automóvil ha sido paliada, en parte, por el crecimiento de las ventas de los sectores de bienes de equipos, alimentación y semimanufacturas no químicas, pero no ha sido suficiente para compensar las pérdida registradas desde 2020. “Diversificar está siempre bien, pero siempre y cuando el crecimiento de los otros sectores llegase a cubrir la bajada de este, y no es el caso”, reconoce Peñaranda.  En concreto, las ventas de bienes de equipo registraron un aumento del 6,9% respecto a 2020 por un valor superior a los 2.622 millones de euros. Le siguen los productos de alimentación, con un crecimiento del 5,5% -1.381 millones de euros-, cuya mitad corresponden a las exportaciones de frutas, hortalizas y legumbres; y por último las semimanufacturas no químicas –hierro, acero, papel o productos cerámicos- que experimentaron un crecimiento del 36% respecto a 2020, con más de 933 millones de euros en ventas al exterior.

La comunidad foral registró la pasada semana del 7 al 13 de febrero un descenso de nuevos casos de COVID-19 del 46%, al sumar un total de 3.492 contagios. Esta caída en los indicadores de la sexta ola de la pandemia lo refleja el último informe epidemiológico del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), que recoge además que se produjo una disminución del 29% del número de hospitalizados por la infección. En concreto, se registraron 47 nuevos ingresos frente a los 66 de los siete días precedentes, cuatro de los cuales consistieron en traslado a UCI -uno menos que la semana anterior-. A la vez, el informe señala que el volumen de defunciones semanales permanece todavía similar -26 muertes sobre las 25 de la semana anterior-, lo que representa un 19% del total de las muertes registradas en todo el territorio del 31 de enero al 6 de febrero -27 decesos por COVID-19 de un total de 142-.

Tal y como indica Salud Pública, prácticamente la totalidad de los contagios analizados la semana pasada correspondieron a la variante ómicron del Sars-Cov-2, mientras que nueve podrían responder a la subvariante BA.02 conocida como variante ‘sigilosa’ o ‘silenciosa’. Asimismo, se señala que se han diagnosticado hasta 313 casos de probable reinfección, uno de los cuales ha requerido ingreso hospitalario. En concreto, en un total de 34 pacientes se hallaron variantes distintas entre el primer y segundo contagio.

No obstante, Salud Pública aclara que las personas que ya han pasado la enfermedad presentan un riesgo de reinfección menor, y que supone la décima parte en comparación a alguien que nunca se ha contagiado. Aun así, señala que “esta ventaja se reduce con el transcurso del tiempo desde la primera infección, por lo que las personas que han pasado el COVID-19 pueden volver a padecerlo”. En global, el informe señala que durante toda la pandemia más de un tercio de la población navarra se ha contagiado. Este porcentaje representa el 21% de los mayores de 75 años y alcanza el 45% en el caso del grupo comprendido entre 15 y 34 años.

El 22% de nuevos ingresos, sin vacunar

Nuevamente Salud Pública advierte que el 60% de los ingresados actualmente en UCI por desarrollar los síntomas más graves de la enfermedad estaban sin vacunar. Este porcentaje representa el 28% del total de hospitalizados, mientras que el 22% de los nuevos ingresos en la red hospitalaria en los últimos siete días no había recibido ninguna dosis. Por edades, un 71% de los hospitalizados en planta tiene más de 65 años. El 47% de los ingresados en UCI tienen entre 35 y 65 años, y el 53% más de 65.

En cuanto al proceso de vacunación, el Servicio Navarro de Salud -Osasunbidea- ha administrado un total de 1.377.275 dosis contra la COVID-19. Las personas con pauta completa ascienden a las 550.882 -el 87,6% de la población vacunable-. Por grupos de edad, todos superan el 90% de cobertura vacunal, salvo los treintañeros -el 84%- el tramo de 20 a 29 años -85%-; el de 12 a 19 años -88%- y el de niños y niñas de 5 a 11 años, que apenas alcanza el 18%. En lo que respecta a las bajas laborales entre el personal sanitario por la COVID-19, según comunica el Gobierno de Navarra han descendido hasta el 0,3% de la plantilla total de 13.000 profesionales. En concreto, son 34 los empleados de baja frente a los 77 de la semana pasada.

335 contagios, siete ingresos y un fallecido

Por otra parte, este martes ha vuelto a descender la presión asistencial en la red hospitalaria de la comunidad foral. Con siete nuevos ingresos en la última jornada, uno de los cuales ha consistido en un traslado a UCI, son un total de 140 las personas ingresadas frente a las 148 del domingo. De estas, un total de 19 se encuentran en estado crítico mientras otra persona ha fallecido a causa de la infección. Asimismo, Navarra ha registrado en la última jornada 335 nuevos positivos de COVID-19 tras realizar 1.717 pruebas diagnósticas, lo que deja la tasa de positividad en un 19,5%, según datos del Gobierno foral.

Los indicadores de la sexta ola de la pandemia siguen a la baja en Navarra, aunque el goteo de fallecidos diarios no cesa en un contexto en el que además decaerán este 15 de febrero las restricciones hasta ahora vigentes para contener la transmisión del virus. En concreto, este domingo se han notificado cuatro muertes por COVID-19, mientras el sábado se registraron tres y hasta siete decesos en la jornada del viernes. En todo lo que llevamos de mes de febrero, un total de 36 personas han perdido la vida por Sars-Cov-2 en la comunidad foral y solo los días 2 y 7 de febrero no se comunicaron muertes, después de que enero fuera el mes con más decesos de toda la pandemia, con 84 decesos, por detrás de octubre y noviembre de 2020 y en lo peor de la segunda ola.

En lo que respecta a la ocupación hospitalaria, cinco personas han requerido ingreso en las últimas horas, dos de ellas en UCI. Así, el balance de altas y bajas arroja un total de 148 hospitalizados por la infección, de las cuales 20 se encuentran en las unidades de críticos. Esto supone un descenso progresivo de la presión asistencial del 27% en una semana y del 23% en UCI.

Continúa también la caída progresiva del volumen de nuevos contagios, aunque marcada en el fin de semana por el descenso de las pruebas practicadas, tal y como viene siendo habitual. En la última jornada, se han detectado un total de 241 nuevos positivos tras realizarse 869 test, que sitúan la tasa de positividad en el 27,7%, según datos del Gobierno de Navarra. El sábado se comunicaron 217 nuevos casos, mientras que el viernes eta cifra se duplicaba hasta los 409 y alcanzaba el jueves los 432 casos.

En cuanto a los avances en la campaña de vacunación, el Servicio Navarro de Salud -Osasunbidea- administró un total de 1.312 dosis este domingo, con lo que el total de vacunas inoculadas asciende a 1.373.542. El número de personas con pauta completa alcanzan las 549.008.

El Gobierno de Navarra impulsará por primera vez en España una ley para reconocer de forma oficial a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica, para lo que pedirá la implicación de la institución. Aunque la norma no tendrá una finalidad punitiva, supondrá otorgar el estatus de víctima y garantizar los derechos de las personas que sufrieron estos graves delitos durante su infancia o juventud. Entre ellos, la norma supondría reconocer el acceso a determinadas prestaciones por parte de la administración, tal y como ya ocurre con las víctimas del terrorismo o de la violencia de género. El trámite de esta iniciativa ha sido avanzada este viernes por el consejero de Justicia y Políticas Migratorias, Eduardo Santos, que se ha mostrado convencido de que el Ejecutivo foral logrará el “más amplio consenso posible” en el Parlamento de Navarra para sacar adelante esta proposición de ley en próximos meses, y cuyo borrador ha sido trasladado ya a los grupos parlamentarios. “No me cabe duda de que el Parlamento expresará de forma mayoritaria que se apoye y reconozca a las víctimas de estos delitos graves”, ha confiado Santos.

Tal y como han señalado desde el Ejecutivo, el fin de esta iniciativa es elaborar un “informe exhaustivo” que dé cuenta de la magnitud de esta realidad ocurrida en el territorio, después de conocer el resultado de un primer estudio presentado por la Universidad Pública de Navarra (UPNA), que recoge “la punta del iceberg”: apenas constan 60 víctimas de abusos sexuales cometidos por 31 personas, tanto religiosos como trabajadores, bajo el paraguas de la institución entre 1948 y 1990. De hecho, así lo indica también a elDiario.es el presidente de la Asociación de Víctimas de Abusos en Navarra, Jesús Zudaire, quien estima que existen entre 700 y 1.000 alumnos víctimas de los abusos cometidos por parte de un solo religioso del colegio de Colegio Diocesano Nuestra Señora del Puy, en Estella, durante los años 1958 y 1974, y que él también padeció. Aunque la mayoría de estos delitos han prescrito y no tienen recorrido en la justicia ordinaria, el Gobierno de Navarra ha remitido a la Fiscalía los resultados del estudio, en “un intento de hallar la verdad” para que “no vuelva a ocurrir”, según ha señalado el consejero del ramo.

La intención del departamento que dirige Eduardo Santos es crear una comisión integrada por expertos de reconocido prestigio y también por representantes de la propia Iglesia católica. Este órgano sería el encargado de evaluar caso a caso y realizar un examen profesional para determinar la condición de víctima por unos delitos que no han sido reconocidos de forma oficial en el ámbito de la institución religiosa. Así, este modelo, similar al irlandés, pretende implicar y apelar a la responsabilidad de la Iglesia católica, con un deber de vigilar para que estos abusos nunca se produzcan. A partir de ahí, caso a caso, la intención es elaborar un informe más profundo de la realidad acontecida en el territorio.

Lo que quedaría descartado es crear una comisión parlamentaria. La razón esgrimida por el departamento de Justicia es que la problemática quedaría atrapada en un callejón sin salida, por no tener el Parlamento la competencia para implicar e investigar a la institución por los delitos cometidos bajo su manto. Tampoco son partidarios de este último formato en la Asociación de Victimas de Abusos, al considerar Zudaire que “revictimiza” a estas personas. “En países de nuestro entorno ha habido colaboración de la jerarquía eclesiástica. Queremos que haya implicación de la Iglesia católica en la comisión que se pueda generar de cara a que trabajemos en conjunto para esclarecer los hechos y reconocer a las víctimas”, ha señalado el titular del ramo al respecto, para subrayar, además, lo “imprescindible” de la colaboración de la Iglesia ya que “mucho del conocimiento que pueda existir actualmente de los hechos que sucedieron están en archivos eclesiales”.

Así, al reconocimiento de la víctima por parte de la Iglesia en dicha comisión, le sigue la corresponsabilidad de la administración en las prestaciones que estas personas pudieran percibir, como ya se recoge de manera genérica en el Estatuto de las Víctimas del Delito y ocurre, por ejemplo, con las víctimas del terrorismo o de la violencia de género. Aunque la cuestión está por detallar en la norma en fase de elaboración, el objetivo todavía es ir aún “más allá” y allanar el camino hacia la justicia restaurativa al modo irlandés, que promueve los encuentros voluntarios entre los supervivientes y los responsables de las instituciones a las que pertenecían sus agresores.

Otra pieza clave que abordará y canalizará esta cuestión será la Oficina de Atención a Víctimas del Delito de la Dirección General de Justicia, que a partir de ahora será la encargada de canalizar todas las solicitudes de víctimas de abusos en la Iglesia, a las que se le ofrecerá apoyo psicológico y asesoramiento jurídico y administrativo. En concreto, se puede contactar con este recurso a través del telefóno 848 42 33 76, el correo ofidel@navarra.es o de forma presencial en el Palacio de Justicia de Pamplona.

Apenas 60 víctimas de una treintena de agresores

El responsable del estudio encargado por el Gobierno foral, Mikel Lizarraga, ha señalado este viernes las barreras presentes para identificar a las víctimas de los abusos sexuales cometidos dentro de la Iglesia, que en aquel momento tenían entre 8 y 12 años o incluso entre 5 y 6. La dificultad de reconocerse como víctima, la falta de ganas para rememorar lo sucedido y también el olvido como mecanismo de defensa son algunos de los factores que impiden dar el paso. A esto se suma, ha señalado cuestiones como el tabú, la culpa, la vergüenza o el silencio del entorno que entonces no invitaba a hablar justificando o minimizando lo sucedido, así como la conciencia de que el delito ha prescrito cuando la mayoría de víctimas tienen ya entre 60 y 80 años.

El informe ha identificado 60 casos de víctimas de abusos cometidos por 31 personas. Lizarraga ha aclarado que tienen la calificación “presuntos” ya que los hechos no han sido juzgados, pero los delitos salpicarían a dicisiete centros educativos o instituciones religiosas, diez congregaciones y a los Arzobispados de Pamplona y Tudela, y se reparten, de momento, en doce localidades navarras. En un principio, se localizó a 43 víctimas a través de diversas entrevistas y a nueve casos por otras vías. A estas se suman otras siete que han solicitado ser incorporadas al informe hace una semana, cuando volvía a salir a la palestra los abusos cometidos dentro de la institución y la petición de perdón del propio Joseph Ratzinger, el Papa emérito Benedicto XVI.

“Ha sido imposible contrastar la información obtenida de las entrevistas a las víctimas debido a la imposibilidad de acceder a los archivos eclesiásticos”, ha señalado Lizarraga. Según recoge el estudio, cerca del 30% de los casos revisten carácter ‘grave’, al incluir penetración, felación o sumisión química. Hasta un 58% de los casos son abusos de carácter ‘intermedio’ -tocamientos o masturbación- y un 12% de tipo ‘leve’ mediante besos o tocamientos.

En la presentación de las duras conclusiones de este informe ha estado presente, Mariví Martinikorena, quien con 73 años ha relatado que fue víctima de abusos cuando era alumna de un colegio religioso en 1960 y cómo las consecuencias de este trauma le han acompañado a lo largo de la vida, hasta el día de hoy. Ha lamentado el silencio sobre los abusos sufridos por niñas y que el mismo sea minimizado por corresponder al ámbito femenino. “No han salido en ningún sitio los abusos de niñas hechos por monjas. En los colegios de monjas había abusos, había violaciones, había maltrato, un abuso de poder inconmensurable. Lo padecimos muchas niñas, porque no creo que yo sea la única”, ha expresado. Entre las consecuencias en su salud personal, Martinikorena ha relatado problemas de estómago, respiratorios, depresión y angustia, y han puesto de manifiesto el abandono social al que han sido sometidas estas personas.

Los cinco puntos del acuerdo truncado entre PSOE - PSN y UPN para lograr el apoyo de sus dos diputados regionalistas a la reforma laboral de Yolanda Díaz incluían tramitar un cambio legal antes de verano para sancionar los ‘ongi etorri’ a presos de ETA, pero en los términos ya planteados por el Ministerio del Interior. Tal y como ha desvelado este viernes el Diario de Navarra y ha podido confirmar este periódico, el resto de puntos del acuerdo contemplaban la realización de un estudio para sacar las vías del tren del centro de Tudela; un acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Ebro para limpiar los ríos de manera “sostenible”; la retirada de la iniciativa del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona para reprobar al alcalde de Pamplona, Enrique Maya (Navarra Suma, coalición de UPN, PP y Ciudadanos) por su declaraciones xenófobas relativas a los menores migrantes, así como aprobarle, en un último punto, las modificaciones presupuestarias por más de 27 millones de euros. Esta última cuestión fue la única que se salvó el pasado jueves, 3 de febrero, en una votación en Pamplona previa a la traición de Sergio Sayas y Carlos García Adanero, que rechazaron la reforma laboral contraviniendo a las directrices de líder de UPN, Javier Esparza.

Según ha podido confirmar este diario, en las negociaciones mantenidas por el líder de los regionalistas con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el diputado navarro y secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, UPN puso como condición acabar con los homenajes y recibimientos a presos de ETA. En este punto los socialistas no vieron ningún problema y UPN aceptó, sin cambios, la tramitación ya en marcha del Ministerio del Interior, que pretende sancionar estos actos por la vía administrativa. Cabe recordar que el pasado mes de octubre, el PSOE votó en contra de una moción propuesta por Ciudadanos en el Congreso para prohibir homenajes en Euskadi y Navarra, así como el cese de los delegados de Gobierno de permitirse. La propuesta de la formación naranja, pactada con el PP y apoyada por UPN, Vox y Foro, apostaba por el uso de la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’.

Los socialistas justificaron su voto contrario basándose en las resoluciones de los tribunales que determinan que estos actos pueden organizarse en virtud del derecho constitucional de reunión, y porque Interior trabaja en su propio cambio legal. En este sentido, el ministro del ramo, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que estaba “realmente avanzado” el nuevo régimen sancionador contra los ‘ongi etorris’ para perseguir estos recibimientos mediante multas y sanciones, incluido en una modificación de la ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo. Así, después de la división vivida en el Congreso en esta cuestión, el marco de este acuerdo se habría producido por primera vez entre UPN y PSOE  - PSN y tras el comunicado en noviembre el colectivo de presos de ETA, EPPK, en el que manifestaban su intención de acabar con los homenajes públicos a reclusos excarcelados.

El contenido de los cinco puntos del acuerdo frustrado entre los regionalistas y UPN ha ocasionado malestar en los socios nacionalistas del Gobierno de María Chivite, una coalición de PSN, Geroa Bai y Podemos. De hecho, tanto el socio presupuestario EH Bildu y la coalición dentro del Ejecutivo, Geroa Socialverdes y PNV, han exigido a la presidenta navarra que haga público el contenido de este acuerdo. Chivite insistió este jueves en el Parlamento foral que no era de su competencia trasladarlo, al no contar su Gobierno con “ninguna participación ni interlocución” en unas negociaciones que enmarcó en el ámbito de “otro Gobierno y otros partidos representados en otra cámara”. Además, aseguró que del contenido del mismo eran conocedores tanto Podemos como Geroa Bai, algo que ha sido desmentido, en parte, por esta última formación, que ha asegurado que le había sido obviada la parte del acuerdo que implicaba al Ayuntamiento de Pamplona.

Los socios nacionalistas del Ejecutivo de la socialista María Chivite en Navarra, Geroa Bai -dentro del Gobierno de coalición junto a Podemos y PSN- y EH Bildu -formación clave para la investidura y la aprobación de los Presupuestos-, han manifestado en las últimas horas su malestar y han dudado de la intención del acercamiento entre PSOE - PSN y UPN para aprobar la reforma laboral, con un acuerdo que se vio frustrado a último momento por la traición de los diputados regionalistas Sergio Sayas y Carlos García Adanero, que no acataron la disciplina de partido y votaron en contra originando un terremoto político en la comunidad foral, además de una división interna en UPN.

En la sesión de control al Gobierno celebrada en el pleno del Parlamento foral, la presidenta navarra, María Chivite, ha respondido a una pregunta de la portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, queriendo despejar toda duda al respecto al subrayar su apuesta por un Gobierno “progresista y plural” en la comunidad, a la vez que ha vuelto a insistir en que no puede hacer público el contenido de dicho acuerdo, como ambas formaciones nacionalistas le han exigido. No obstante, ha señalado que los partidos en el Gobierno sí conocían los detalles del mismo, algo que ha sido tildado de “verdad a medias” por parte de Geroa Bai, que asegura que le fue obviada parte del contenido relativo al Ayuntamiento de Pamplona.

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha pedido a la presidenta Navarra “despejar determinadas dudas” sobre “las actuaciones políticas y las mayorías que va a buscar el Gobierno a lo largo de esta legislatura”, y le ha preguntado si estas decisiones van “a estar a expensas de lo que se dicte en Madrid o van a seguir la línea mantenida hasta ahora”. “UPN ha intentado conseguir en Madrid lo que no ha conseguido en Navarra (…) y quieren volver a gobernar” ha indicado. Las palabras de Ruiz han puesto de manifiesto las consecuencias del acuerdo que saltó por los aires, una onda expansiva que ha provocado no solo un cisma en el seno de UPN -que se quedará sin representación en el Congreso al negarse Sayas y Adanero a entregar sus actas-, sino que ha afectado también a las relaciones políticas de los socialistas con sus principales socios. La portavoz de la formación abertzale, que permitió con su abstención la investidura de Chivite y la aprobación de tres Presupuestos, ha remarcado con todo el “compromiso de EH Bildu”, pero ha exigido a la presidenta navarra que aclare su postura.

En su respuesta a Ruiz, la presidenta navarra ha querido marcar distancias con las negociaciones que tienen lugar en Madrid y ha defendiendo la línea marcada esta legislatura en la comunidad foral por un Ejecutivo de coalición alternativo a Navarra Suma (UPN, PP y Ciudadanos). Así, ha defendido su “apuesta política y personal por un gobierno progresista y plural”. “Ninguna presión me va a desviar del camino emprendido, que no es otro que trabajar por el bien de la ciudadanía navarra. Ahí está el acuerdo de Gobierno”, ha subrayado.

En este sentido, ha negado que el Gobierno foral haya tenido “ninguna participación ni interlocución” en las negociaciones lideradas por el socialista navarro Santos Cerdán para sacar adelante la reforma laboral. Cerdán, muñidor del acercamiento con EH Bildu para lograr la investidura de Chivite en 2019, fue precisamente quien gestó el acuerdo con el presidente de UPN, Javier Esparza, en una cena en Madrid. “Los compromisos del Gobierno de Navarra nada tienen que ver con esas negociaciones”, ha insistido Chivite, para añadir que dichas conversaciones “competen a otro Gobierno y a otros partidos políticos que están representados en otra cámara, el Congreso de los Diputados”. Aunque ha vuelto a indicar que conoce el contenido del acuerdo, la líder del Ejecutivo ha remarcado que “no le compete” trasladarlo y, también, por una cuestión de “respeto”. Además, ha señalado que tanto Podemos como Geroa Bai estaban al tanto del contenido del mismo.

Geroa Bai acusa a Chivite de decir “una verdad a medias”

A este respecto, la coalición formada por Geroa Socialverdes y PNV ha acusado en un comunicado a la presidenta de “decir la verdad a medias”, al señalar que desconocían la parte del acuerdo relativa a Pamplona. En concreto, el apoyo de los diputados de UPN a la reforma laboral se producía a cambio de evitar, con los votos del grupo municipal socialista, la reprobación del alcalde de Pamplona, Enrique Maya (Navarra Suma, conformada por UPN, PP y Ciudadanos) por sus declaraciones xenófobas entorno a los menores migrantes, además de aprobarle una modificación presupuestaria por más de 27 millones de euros.  Finalmente, en el transcurso del pleno municipal, simultáneo a la votación de la reforma en el Congreso, la modificación presupuestaria obtenía la luz verde mientras que la reprobación se llevaba a cabo en un giro inesperado tras conocerse la traición de los diputados en Madrid.

La coalición liderada por la expresidenta navarra Uxue Barkos ha asegurado en un comunicado que Chivite informó al vicepresidente José María Aierdi (Geroa Bai) “solo de una parte” del acuerdo y obvió este “apartado sustancial” por el que los socialistas “daban de facto” los segundos presupuestos de Pamplona a Navarra Suma. De este modo, Geroa Bai ha considerado que la presidenta navarra lo que está buscando es “generar polémica donde no corresponde con una verdad a medias”, algo que, han insistido “pone en evidencia una vez más la necesidad de que el acuerdo sea hecho público”.

El PNV exige una apuesta clara por los socios de Gobierno

También se ha pronunciado al respecto el PNV, integrado en la coalición con Geroa Socialverdes, tras mantener este jueves un encuentro en su sede de Pamplona al que han asistido su presidente Andoni Ortuzar, el presidente de la formación jeltzale en Navarra y también del Parlamento foral, Unai Hualde, además del consejero de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra Mikel Irujo, las parlamentarias forales María Solana y Blanca Regúlez y el concejal en el Ayuntamiento de Pamplona, Javier Leoz.

En un comunicado, los jeltzales han manifestado su “preocupación” por  “los posibles acuerdos existentes entre PSN y UPN” que aseguran desconocer. Tanto Andoni Ortuzar como Unai Hualde han coincidido en pedir la presidenta navarra que apueste “claramente por los socios de investidura frente a otras tentaciones” en cuestiones como la ley del Convenio, y que demuestre así “por la vía de los hechos la voluntad” que ha expresado en la cámara foral.

“Resulta incomprensible que el partido socialista haya optado por buscar apoyos a cualquier precio con UPN, antes que por ahondar en una solución para salvaguardar la prevalencia de los convenios autonómicos, como exigimos las y los jeltzales, de forma transparente y dialogada. Creemos que EAJ-PNV y nuestra coalición Geroa Bai somos socios más fiables para defender los intereses de la comunidad foral, tanto en Madrid como en Navarra”, han señalado en un comunicado. Además, han defendido “la búsqueda de consensos con los socios frente a experimentos Frankestein, como el vivido la semana pasada en Madrid y Pamplona”, a la vez que le han pedido al PSN “que vuelvan la mirada a los socios que garantizan una mayoría estable”.

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha manifestado este jueves su “total y absoluto respeto” por la decisión adoptada por el comité de garantías de suspender de la militancia durante dos años y seis meses a los diputados Sergio Sayas y Carlos García Adanero, que votaron en contra de la reforma laboral en el Congreso contraviniendo a la disciplina de voto del partido. El líder de los regionalistas ha rechazado entrar a valorar esta decisión enmarcada dentro de un “procedimiento abierto e interno” adoptada por este órgano independiente del partido y contraria a la propuesta del propio Esparza de expulsar directamente a ambos diputados, algo que fue además respaldado en un 80% por el Consejo Político de UPN -máximo órgano del partido entre congresos formado por 232 representantes-.

En declaraciones a los medios antes de iniciar el pleno del Parlamento de Navarra, Esparza ha insistido en que no quiere “ninguna confrontación con los diputados”, que han anunciado este miércoles que recurrirán -en el plazo de cinco días- la decisión del comité de garantías, un órgano independiente conformado por cinco personas. De confirmarse esta propuesta, ambos no podrán volver a presentarse a un cargo público como miembros de la formación regionalista durante el período señalado -que abarca el ciclo electoral de 2023-. Una vez cumplida la sanción ambos recuperarán la militancia.

Pese a resultar esta propuesta menos dura que la del propio líder de la formación regionalista, el mismo ha afirmado sentirse “tremendamente respaldado por la formación política, sus órganos y afiliados”. “La fuerza de UPN está en la gente. Estamos demostrando que somos un partido fuerte y es algo muy positivo para UPN en este momento, para UPN en el futuro y también para Navarra, porque UPN va ligado de forma muy importante a esta tierra”, ha defendido, para añadir que el partido “merece un respeto”.

La sanción propuesta por el comité de garantías se sustenta en la consideración de la infracción cometida por Sayas y Adanero como “grave” y no “muy grave”, como proponía Esparza. Tal y como recoge el artículo 108 de los estatutos, se contempla como infracción grave “cualquier actuación política que vaya en contra de las decisiones aprobadas por los órganos del Partido, y expresamente el incumplimiento del deber de voto oficial en las instituciones, establecido reglamentariamente”. De formalizarse finalmente la propuesta, UPN se quedaría sin representación en el Congreso por primera vez desde 1979 y los dos diputados continuarán dentro del Grupo Mixto como independientes al negarse a entregar sus actas. “Es bueno que esperemos a ver cómo termina el proceso, que está abierto, que es interno y hay que tener mucho respeto por un órgano independiente como el comité de disciplina”, ha subrayado Esparza.

Navarra ha registrado cinco posibles casos de COVID-19 correspondientes a la subvariante de ómicron BA.02, conocida como la variante ‘sigilosa’ o ‘silenciosa’. Así lo recoge en su último informe el Instituto de Salud Pública y Laboral relativo a los casos analizados la semana pasada, cuando se notificaron en total 6.344 positivos –un 42% que los 7 días previos-. Sobre esta variante aún hay poca información científica, tal y como ha reconocido la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque todo apunta a que presenta una mayor transmisibilidad tras ser detectada en hasta 57 países y en ocho comunidades autónomas de España como son Madrid, Galicia, Cataluña, Baleares, Extremadura, Cantabria y Asturias.

Los más de 6.000 contagios notificados la pasada semana corresponden al 1% de la población de la comunidad foral. Además, según destaca Salud Pública en su informe, durante toda la pandemia más de un tercio de la población se ha infectado de coronavirus. En el caso de los mayores de 75 años se ha contagiado un 21% de los ciudadanos en este tramo de edad, mientras que en el grupo de 15 a 34 años esta cifra asciende al 44%.

Asimismo, Salud Pública señala que desde el comienzo de la pandemia Navarra ha notificado más de 8.000 reinfecciones ‘probables’ de Sars-Cov-2. La pasada semana, en concreto, se comunicaron 554 casos de reinfección, de los cuales uno requirió ser hospitalizado por desarrollar los síntomas más graves. Respecto a la gripe, el informe recoge que en los últimos 7 días se han detectado 19 casos y dos ingresos por este motivo en un contexto de circulación de “intensidad baja”. Desde que comenzó la temporada de este virus respiratorio, 44 personas han sido ingresadas y dos de ellas en UCI.

El 68% de los ingresados en UCI, sin vacunar

Por otra parte, el Instituto de Salud Pública ha vuelto a advertir en su informe semanal que los pacientes sin vacunar ingresados en las unidades de críticos han alcanzado su porcentaje más alto de las últimas semanas y representan el 68% del total. De hecho, señala que tres de cada diez ingresados por Sars-Cov-2 (el 28%) no había recibido la vacuna. Por edades, los mayores de 65 años representan el 78% de las hospitalizaciones en planta y el tramo de 36 a 65 años el 19%. En las UCI, el 52% tiene más de 65 años y el 48% entre 35 y 65 años.

Precisamente, respecto a la presión asistencial en los últimos 7 días se ha registrado un descenso progresivo en el número de hospitalizaciones. Así, el total de nuevos ingresos fue de 66 –un 22% menos- y de 5 en la UCI –uno menos que la semana anterior-. También ha disminuido el volumen de muertes por COVID-19 notificadas a la semana por primera vez en un mes, pasando de 29 a 25.

Caen a 185 los ingresos hospitalarios

En la última jornada, la comunidad foral ha notificado dos fallecidos por Sars-Cov-2 y 14 nuevos ingresos hospitalarios. En concreto, el balance de altas y bajas vuelve a dejar un descenso en la presión asistencial y los hospitalizados alcanzan los 185 –siete menos-, 23 de ellos en UCI –uno menos-.

Además, este martes se han comunicado 473 nuevos casos tras realizarse 2.157 pruebas diagnósticas, lo que arroja una tasa de positividad del 21,9%, según datos del Gobierno de Navarra. Este volumen de casos notificados confirma la progresiva tendencia decreciente de la sexta ola de la pandemia. En la jornada anterior se detectaron 757 contagios -28% de positividad-, el domingo 394 -con una positividad del 40,5%-, el sábado 395 -34,5%-, el viernes 738 positivos -31,6%-, y el jueves 854 -35,5%-

En lo que respecta a la vacunación, este martes se han administrado 1.766 dosis, con lo que el total de administradas asciende a 1.362.260. Las personas con pauta completa alcanzan las 545.475.

A partir del 15 de febrero ya no será necesario en Navarra presentar el pasaporte COVID para acceder a bares, restaurantes y discotecas, así como tampoco habrá que enseñarlo en el resto de espacios contemplados hasta el momento como son alojamientos turísticos, albergues, gimnasios, eventos culturales multitudinarios en interiores y en residencias. De esta manera, el certificado digital solo será obligatorio para los viajes al extranjero. Así lo ha anunciado este miércoles la consejera de Salud, Santos Induráin, junto al portavoz del Ejecutivo foral, Javier Remírez, que han comparecido con la mascarilla puesta tras la sesión de Gobierno en la que además se ha decidido poner fin al horario de cierre establecido a la 1.00 para bares y discotecas, la prohibición del consumo en barra y el límite máximo de 10 comensales por mesa. “Llevamos cinco semanas en las cuales claramente hay un descenso de la incidencia y está habiendo, de manera consolidada, una disminución en la presión hospitalaria y en las UCI. Estamos en otro momento epidemiológico y es lo que nos lleva a esta flexibilización”, ha defendido Induráin, quien ha considerado además que se trata este del “inicio de una transición a un nuevo escenario en el manejo de la COVID-19”, aunque “no es el final de la pandemia”.

En una nueva orden foral será publicado el fin de estas restricciones adoptadas y ampliadas antes de Nochevieja, el pasado 27 de diciembre, tras la irrupción de la variante ómicron con el objeto de contener una sexta ola de contagios que ha batido todos los récords de transmisión, alcanzado un pico máximo de toda la pandemia de 4.477 positivos el 29 de diciembre. Ahora, el Ejecutivo foral decide poner fin a estas medidas justo en la semana en que dejará de ser obligatorio el uso de la mascarilla en exteriores y también en los patios de colegios, a partir de este jueves. No obstante, Induráin ha recordado que seguirá siendo preceptiva en el interior de todo tipo de recintos, en los eventos multitudinarios y en espacios abiertos cuando no se respete la distancia de seguridad de 1,5 metros.

Se abre así una nueva fase en un contexto de progresiva caída del nivel de contagios y un descenso de más del 30% del volumen de hospitalizados por la enfermedad en las últimas dos semanas. De hecho, actualmente hay 183 personas ingresadas por COVID, de las cuales 23 se encuentran en UCI. Cabe recordar que el pico de hospitalizados en la comunidad foral se alcanzó el 17 de enero, con 278 hospitalizados y 39 en UCI. Con todo, desde el Ejecutivo foral han reconocido que Navarra aún se encuentra en situación de riesgo epidemiológico alto y la presión importante en el sistema sanitario, tanto en la Atención Primaria, como en la red hospitalaria y en las unidades de críticos.

En este sentido, la titular de Salud ha anunciado una nueva “etapa” en el abordaje del virus y “cambios progresivos en el sistema de detección y vigilancia”, que pondrán el foco y darán prioridad a los grupos poblacionales más vulnerables. Ha subrayado la importancia de avanzar en la vacunación de las dosis de refuerzo y ha advertido que “menos del 10% de los no vacunados en Navarra están ocasionando más del 50% de los pacientes ingresados en UCI”. En lo que respecta a la actividad quirúrgica suspendida y reprogramada en esta sexta ola para atender a los pacientes ingresados con Sars-Cov-2, Induráin ha anunciado, como ya adelantó a este diario, que será recuperada al 100% a lo largo de esta semana. Asimismo, Induráin ha avanzado “un cambio de paradigma” en la información y comunicación ofrecida a la sociedad, “llegando a un equilibrio entre la transparencia y la información relevante”, pasando de “una información diaria a una información semanal”, con un enfoque “más analítico y sosegado”.

Las medidas restrictivas que decaerán a partir del 15 de febrero han sido defendidas por la propia consejera de Salud, Santos Induráin, quien a este periódico destacó que las restricciones adoptadas contribuyeron a bajar la alta incidencia en la franja etaria de 15 a 39 años. A la vez, ha considerado el pasaporte COVID como “una herramienta más” para disminuir la transmisión en interiores. En concreto, este martes la incidencia entre los jóvenes de 20-29 años era de 2.231 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 días y de 3.130 en la franja de 30-39. Hace un mes, el 10 de enero esa tasa era superada con creces, marcando los 10.238 casos entre los veinteañeros y los 8.584 en la treintena.

Tal y como ha indicado la titular de Salud, los aislamientos y cuarentenas obligatorios para casos positivos y contactos estrechos estrechos de no vacunados se mantienen como hasta ahora lo contemplan los protocolos actuales, a la espera de conocer la Comisión de Salud Pública la propuesta de la Ponencia de Alertas la semana que viene. Asimismo, ha recordado el acuerdo adoptado entre el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas en el seno del Consejo Interterritorial sobre los límites de aforos para las competiciones deportivas y eventos deportivos multitudinarios, como en El Sadar. De esta forma, los aforos en estos espacios se incrementarán del 75% al 85% para recintos abiertos y del 50% al 75% en lugares cerrados. Para ambos casos será obligatorio el uso de la mascarilla y no podrá consumirse bebidas y alimentos. Esta decisión tendrá vigencia hasta el 28 de febrero.