La alta velocidad ferroviaria se ha considerado durante años la joya de la corona del sistema de transporte español. Una red muy por delante en extensión de la de otros países europeos y uno de los motores del crecimiento turístico y de la vertebración territorial. Sin embargo, los trágicos accidentes de este año en Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo) han puesto de relieve la necesidad de una inversión constante y creciente en las infraestructuras y en las plantillas, sobre todo con el incremento de viajes que ha supuesto la liberalización, con la entrada en operación de compañías como Ouigo e Iryo.

España suma casi 4.000 kilómetros de líneas de alta velocidad en servicio, solo hay un país que nos supera: China, que tiene más de 47.800 kilómetros, según los datos que publica la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC).

¿Cómo estamos respecto a otros países? ¿Viajan muchos más pasajeros en la alta velocidad española que en las redes ferroviarias de otros estados europeos? Analizamos los últimos datos publicados por esta organización, que representa al sector ferroviario global.

Como contexto general, en el siguiente mapa se pueden observar y comparar todas las líneas de alta velocidad que están en servicio y en construcción en el mundo –con datos a cierre de 2024– y se constata, por ejemplo, que se concentran especialmente en Europa, China, Corea del Sur y Japón. Hay que tener en cuenta que se considera alta velocidad cuando se superan los 200 kilómetros por hora en infraestructuras ya existentes o los 250 km/hora en líneas de nueva construcción.

El análisis de la UIC señala que cada día circulan en el mundo más de 5.000 trenes de alta velocidad y casi 3.000 millones de viajeros la utilizan cada año. En conjunto, la red global está cerca de rozar los 70.000 kilómetros.

Si se analiza por continentes, esa mencionada concentración queda patente. Al otro lado del Atlántico, se focaliza en Estados Unidos. Este país, al cierre del informe anual de la UIC, solo contaba con un corredor, el que une las ciudades de Boston, Nueva York, Filadelfia, Baltimore y Washington, con trenes que alcanzan velocidades pico de 240 km por hora.

En África, la alta velocidad se concentra en Marruecos, con la línea Al-Boraq que, cuando esté concluida, unirá Tánger con Marrakech, como se ve a continuación.

Por kilómetros de red ferroviaria de alta velocidad, China, España y Japón son los países con más infraestructura construida. Les siguen dos estados europeos, Francia y Alemania. 

En cuanto a Estados Unidos, con la citada línea de la Costa Este, queda por delante de Arabia Saudí en cuanto a extensión de la red. Este último país, cuenta con el trazado que une La Meca y Medina, que opera Renfe. Hay que recordar que se trata de la obra emblemática de la Marca España, que acabó llevando al rey emérito ante la Fiscalía del Supremo.

España es el segundo país por kilómetros construidos, pero el número de pasajeros está muy por debajo. En concreto, la alta velocidad española es la séptima del mundo por número de viajeros, según la citada publicación.

Antes de los trágicos accidentes, España superó los 15 millones de viajeros anuales, por detrás de otros países europeos –como Italia, Alemania o Francia–, muy lejos de los más de 96 millones que se alcanzan en Japón y a años luz de los más de 920 millones que viajan en la alta velocidad china.

De hecho, antes del siniestro de Urda, el exministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró en un desayuno informativo que la red estatal está muy lejos de llegar a un punto de saturación. “España no tiene una intensidad de circulaciones superior a la de nuestro entorno, tiene una infraestructura preparada. Decir que la liberalización sobrepasa las capacidades de la red es mentira. Tiene capacidad para estos tráficos y más”, argumentó.

En el siguiente gráfico se ve esa concentración de viajeros por km de alta velocidad ferroviaria.

Esa densidad también puede medirse por los km² de cada país, lo que coloca a Corea del Sur como país con más infraestructura ferroviaria y a España, como el tercero, por detrás de Japón. Otra opción es medirlo por kilómetro por cada millón de habitantes, lo que nos sitúa por detrás de dos países nórdicos, Finlandia y Suecia, como se ve a continuación.

Tampoco hay que olvidar que España sigue en fase de crecimiento de este sistema ferroviario. “La alta velocidad, si seguimos con el desarrollo que está previsto, todavía se va a comer un volumen de recursos muy importante”, asumió Óscar Puente durante la comparecencia en el Congreso de los Diputados en la que dimitió. 

“La Y vasca hay que terminarla; la conexión con Cantabria hay que terminarla; la conexión con Extremadura hay que terminarla; el AVE a Almería, que estamos ya muy próximos a acabar, hay que terminarlo. Estamos con el proyecto de los cinco tramos a Huelva; estamos, con el proyecto de unión de Pamplona con La Rioja”, enumeró. “Nadie quiere renunciar, todo el mundo quiere alta velocidad, todo el mundo cree que las infraestructuras son la clave del desarrollo”, resumió el extitular de Transportes y Movilidad Sostenible.

A tres semanas del 29N y después del grave accidente de tren de Urda (Toledo) del pasado 28 de octubre que este martes desembocó en la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, la media de las encuestas se mantiene en una foto fija. Incluso el PSOE, la fuerza que podía sufrir más la crisis, se mantiene en un porcentaje muy similar al de la semana pasada, tras contabilizar los últimos sondeos publicados, mientras el PP baja muy ligeramente.

La ventaja de la suma de PP y Vox sobre la de PSOE, Frente Amplio y Podemos sigue siendo clara. El bloque de las derechas alcanzaría el 50,5% de los votos frente al progresista, que se quedaría con el 35,9%, casi 15 puntos por debajo. El promedio de sondeos de elDiario.es coloca al PP como primer partido, con el 31,4% de los votos, seguido de PSOE (26,5%), Vox (19,1%), Frente Amplio (6,9%) y Podemos (2,5%).

Aunque los sondeos apenas se han movido desde la convocatoria electoral, las tendencias son claras desde los comicios de 2023. El PSOE ha caído entre cinco y seis puntos desde aquellas elecciones y los partidos a su izquierda tampoco han recogido nada de ese voto socialista perdido. La suma de Frente Amplio, Podemos y sus marcas conjuntas está tres puntos por debajo de los comicios del 23J, cuando lograron el 12% de las papeletas.

Para aprovechar las encuestas anteriores a las coaliciones, que preguntaban por Sumar y Podemos, las traducimos al nuevo reparto: todo el voto de Sumar pasa al Frente Amplio, y también la parte del voto de Podemos que está en la Comunitat Valenciana (el 9%), donde ahora va en Compromís-Front Valencià. Las encuestas no dan aparte la candidatura canaria, así que en el promedio su voto sigue dentro del Frente Amplio y de Podemos.

El giro a la derecha (un fenómeno que se ha repetido casi todas las elecciones que se han celebrado desde 2023) es claro. Aunque el PP baja dos puntos sobre las pasadas elecciones, Vox sube casi siete puntos respecto a las anteriores generales. Una subida que ya tiene en cuenta la aparición de SALF, la formación del agitador ultra Alvise Pérez, para quien las encuestas dan alrededor de un 2% del voto (la media es del 1,9%).

Pero, ¿cómo se traduce este promedio de votos a escaños? Hemos hecho 10.000 simulaciones aplicando el margen de error de las encuestas –pueden fallar– para estimar el número de diputados que podría sacar cada partido con los datos actuales.

En el promedio de esas repeticiones, el PP sacaría 130, seguido del PSOE, con 106. Vox doblaría sus diputados actuales hasta los 67, mientras que Podemos y Frente Amplio suman 13 en total, lejos de los 31 que sacaron en 2023.

Las estimaciones dan poca probabilidad a una mayoría en solitario del PP, pero la suma de la derecha –populares y Vox– sí superaría con holgura los 176 diputados necesarios para conformar Gobierno. Hoy están sobre los 197 escaños.

¿Es fiable esta estimación? Hoy, nuestros cálculos dan mayoría a la suma de PP y Vox en 9 de cada 10 simulaciones. Es decir, hay un 10% de probabilidades de que no consigan la mayoría. Aunque es verdad que las encuestas pueden fallar, tendrían que estar sobrestimando mucho a PP y Vox.

Si aplicamos este mismo modelo a las encuestas que se publicaron en 2023, una semana antes de las elecciones habría dicho que la mayoría de PP y Vox era una moneda al aire: 5 de cada 10 simulaciones. Sacaron 170, por debajo de 176.

Las encuestas dicen que la izquierda va a tener que remontar muchos puntos en lo que queda hasta el 29N para acercarse al bloque conservador. Pero, ¿cómo está la batalla en cada provincia?

En el siguiente mapa puedes consultar la estimación de voto en cada provincia y los escaños que salen de aplicarle la ley D’Hondt. Entre paréntesis, el rango de escaños en 8 de cada 10 simulaciones.

Hay que tener en cuenta que para los datos provinciales, el margen de error es mayor, ya el que modelo supone que el voto de cada partido se reparte entre provincias de forma parecida a las pasadas elecciones. Incluye un margen de error para cada territorio, pero si un partido tiene una tendencia propia en un lugar concreto (como el PSOE en Catalunya en 2023), el modelo no la puede anticipar.

¿Y qué pasaría si...?

Para ver cómo funciona la batalla electoral, hemos hecho esta calculadora que muestra una estimación aproximada de los escaños de cada formación ajustando los principales partidos nacionales según el porcentaje de voto que crees que tendrá.

Los controles de cada partido te permiten modificar el porcentaje de voto de cada candidatura y comprobar cómo altera el reparto de escaños. Esta herramienta no hace simulaciones ni, por tanto, tiene en cuenta el margen de error de las encuestas.

Todas las encuestas desde 2023

En la siguiente tabla puedes consultar todas las encuestas que se han tenido en cuenta para el modelo. Los datos provienen en su mayoría de Wikipedia y han sido corregidos de errores puntuales en algunos sondeos por este medio.

La alta velocidad ferroviaria ha pasado de ser la joya de la corona del transporte español a estar cuestionada tras los dos trágicos accidentes mortales vividos en menos de un año, en Adamuz (Córdoba) y en Urda (Toledo). “Hay una confianza quebrada en el sistema de alta velocidad de nuestro país”, asumió el presidente del Gobierno Pedro Sánchez este viernes. La seguridad de las infraestructuras, las inversiones en su crecimiento y en su mantenimiento, así como el efecto que ha tenido la liberalización –la entrada hace cinco años de dos operadores privados, Ouigo e Iryo, como competencia de Renfe– se miran como motivos que han derivado en la transformación de un modelo ferroviario considerado entre los mejores del mundo. 

Como punto de partida, España suma 4.000 kilómetros de red de alta velocidad. Solo nos supera China, pero a años luz, porque el gigante asiático rebasa los 47.000 kilómetros. Tenemos una red radial, con Madrid como centro, a la que aún le quedan varios ejes de crecimiento, como la conexión con Cantabria, Euskadi, Extremadura, Murcia o Almería. Además de avanzar en las interconexiones necesarias para que no siempre haya que pasar por la capital.

¿Se está invirtiendo suficiente en esa red? ¿Se ha incrementado la inversión en los últimos años? ¿Y cómo está impactando la liberalización? Analizamos esta evolución con los últimos datos publicados. 

Más inversión y más viajeros

Respecto a la inversión, hay que recordar que, tras el accidente de Adamuz ya se puso en cuestión si se ha estado invirtiendo lo suficiente en alta velocidad y si el dinero que se ha destinado es el adecuado para hacer frente al crecimiento en el número de pasajeros que ha derivado de la liberalización. En cuanto a estos últimos, en el siguiente gráfico se ve cómo ha ido creciendo el número de viajeros de forma constante hasta la recta final del pasado año, cómo afectó el accidente de Adamuz y cómo volvió a crecer después.

Tras Adamuz, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ya salió en defensa de las inversiones acometidas en los últimos años y ha vuelto a hacerlo este viernes. Apuntó que, entre Adif y Adif Alta Velocidad, se pasó de los 1.700 millones de euros invertidos en 2017 a los 5.200 millones del pasado ejercicio. “Si hubiéramos mantenido el punto de [inversión] de 2010, habríamos invertido 30.000 millones más. ¿Hay un déficit? Sí. ¿De quién es la culpa, de quien invierte 5.000 millones o de quien invirtió 1.700 millones sin dejar un proyecto encima de la mesa?”, aseguró durante una comparecencia en el Senado.

Ha crecido la inversión total, pero si se baja al gasto en mantenimiento vinculado al número de pasajeros es diferente. Como explicamos en este tema, el gasto en mantenimiento en alta velocidad se puede relacionar tanto con el tamaño de la red gestionada (3.981 kilómetros a cierre de 2024), como con el número de viajeros y con la oferta de plazas, que indica el número de trenes en circulación. Ajustando estas cifras a la inflación, se observa que el gasto en mantenimiento por kilómetro se ha mantenido relativamente estable en la última década. En cambio, el gasto por viajero y plaza de alta velocidad ofertada han evolucionado a la baja.

Y, en el siguiente, se desglosan los datos en mantenimiento, por kilómetro o por plaza ofertada, según los datos que publica el Ministerio de Transportes, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y Adif. 

Puente detalló el viernes que la inversión en mantenimiento va a ir en aumento. “El gasto previsto para 2026, solo para mantenimiento, es de 1.370 millones de euros. Hemos duplicado el gasto respecto a 2011”, aseguró. “El acuerdo con las fuerzas sindicales proporciona un gasto creciente en mantenimiento, hasta los 1.800 millones en 2030”. Un compromiso de mejora de la inversión que se selló después del accidente de enero en suelo cordobés. 

Hay que tener en cuenta que, por un lado, está Adif, el gestor de infraestructuras ferroviarias que gestiona y financia, por ejemplo, las estaciones o las vías convencionales. Por otro lado, está Adif Alta Velocidad, centrada en esta última, en la que han ocurrido este año los dos accidentes que han dejado decenas de fallecidos. Se trata de dos compañías públicas, gestionadas por el Estado. Los operadores de trenes tienen que abonar unos cánones por el uso de esa red, que fija la CNMC y que suelen generar tensiones, porque las empresas los consideran altos. Sin embargo, la gestión de esa red y su mantenimiento no es, precisamente, rentable. En los últimos años, Adif Alta Velocidad arrastra números rojos, como se ve a continuación.

“En cantidad y calidad, la infraestructura que tenemos instalada, creo que es correcta”, explica Diego Marqueta, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid. “Es reconocida mundialmente: en cuanto a kilómetros de alta velocidad solo nos supera China”, recuerda. “Y en cuanto a velocidad, Japón”. “Respecto a la infraestructura, despliegue e instalaciones, son por lo que España puede sacar pecho. Ahora bien, tenemos que ver si el resto de la gestión del ciclo de la vida, que incluye el mantenimiento, los repuestos, los procedimientos de inspección, son realmente suficientes”, añade Marqueta.

De cara a qué se necesita para los próximos años, hay análisis que cifran cuál tendría que ser la inversión a lo largo de la próxima década. La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) calcula que las infraestructuras ferroviarias requieren 20.280 millones de euros solo para su mantenimiento y renovación. De ellos, esta asociación considera que 8.829 millones tendrían que destinarse a las líneas de alta velocidad –más de 7.000 millones de euros, a mantenimiento– y otros 1.797 millones, a la renovación solo de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. Además, calculan en 11.450 millones la inversión necesaria en líneas convencionales, donde se incluye la media distancia, por ejemplo.

Al margen de la inversión en infraestructuras y en mantenimiento están los trenes en sí. Ahí, los convoyes de alta velocidad que dependen del presupuesto público español son los Renfe. Llevan retraso, como reconoció Puente hace unos días. “Tenemos una necesidad urgente de trenes de alta velocidad”, porque, además, los que han llegado, lo han hecho “con cuentagotas” y “algunos con demasiados problemas”, afirmó, como ha sucedido con los Avril de Talgo. Renfe está dando pasos, pero son lentos, como la compra de una treintena de 'aves' a Siemens por más de 1.200 millones, que tienen que llegar en menos de 40 meses.

Los efectos de la liberalización

La otra derivada que ha influido en la alta velocidad es la liberalización, cómo ha impactado la entrada de operadores privados, como la italiana Iryo o la francesa Ouigo. No solo en lo relativo al uso de las vías, también de otras infraestructuras o instalaciones, como los talleres de Renfe. De hecho, la operadora pública está enfrentada a sus rivales y a la CNMC por exigirle que ceda sus talleres a sus rivales para el mantenimiento de sus trenes. Algo que la dueña de Ouigo no permite a Renfe en Francia.

Esa liberalización ha derivado en una red más utilizada, que va cumpliendo años. “La red ferroviaria se pensó por y para Renfe”, incide Diego Marqueta. “Una mayor utilización de un sistema implica un mayor desgaste y, por tanto, como mínimo una mayor atención. Es lo que se llama el ciclo de vida, un paradigma que ha cambiado. Hay sistemas que da igual que los uses una o un millón de veces, pero hay otros, como sensores a los que cada 20 minutos le están pasando 20 impactos, que son uno de los ejes de las redes”, argumenta el vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid. “En un momento dado, en España, entre las cuatro y las seis de la tarde, circulan 60 unidades de alta velocidad”, pone como ejemplo.

Competencia ha valorado positivamente la liberalización, por la bajada de precios que ha supuesto. En su último informe, al cierre de junio de este año, el organismo presidido por Juan José Ganuza destaca que el precio (sin IVA) de la alta velocidad entre Madrid y Barcelona se sitúa en 56 euros de media; 44 euros en el caso de Madrid-Sevilla y el Madrid-Málaga. Mientras, en los trenes que unen la capital con València y Alicante, la media de precios supera ligeramente los 30 euros. 

En el siguiente gráfico se ve la evolución de los precios de la alta velocidad, por corredores, en los últimos cinco años.

Existe una evidente disparidad entre la evolución en el número de viajeros y los ingresos de las empresas. “En comparación con el segundo trimestre de 2019, los corredores Madrid-Barcelona, Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga/Granada tuvieron alrededor de un 50% más de viajeros y unos ingresos medios —en términos nominales, sin tener en cuenta la inflación— aproximadamente un 20% inferiores”, asume Competencia. “En Madrid-Valencia y Madrid-Alicante, los viajeros aumentaron más del doble, (+122% y +147%, respectivamente), mientras los ingresos medios se mantuvieron en torno a un 30% por debajo de 2019”.

A continuación, cómo ha sido la evolución de precios por corredores y por operadores.

Hace unos días, el ministro Puente también apuntó luces y sombras de la liberalización. “Ha sido buena para bajar los precios de los trenes de la alta velocidad, pero es un engaño. Hemos pasado de una compañía que ganaba 150 millones de euros”, en referencia a Renfe, “a tres que pierden juntas 230 millones de euros”, en cuanto a la suma del operador español, Ouigo e Iryo en el último año. “¿Quién lo paga? Los usuarios, no. Lo pagan tres estados. Quien está subvencionando la alta velocidad, el estado español, el francés y el italiano”. Si se mira la factura desde 2020, los tres operadores suman números rojos que superan los 1.200 millones de euros, según los datos que publica la CNMC.

La liberalización, ahondó Puente, “ha sido mala para las incidencias, que se notan más y que hemos sido el país más Quijote. Recibimos con brazos abiertos a dos empresas a las que tenemos que ceder los talleres, para el mantenimiento ligero y pesado, cuando en Francia nos tenemos que traer los trenes a España. La CNMC es más papista que el Papa, no podemos hacernos trampas a nosotros mismos”, concluyó.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya ha publicado las candidaturas definitivas para las próximas elecciones del 29 de noviembre. Los listados permiten conocer los candidatos que propone cada partido y las provincias en las que se presentará cada uno. PP y PSOE son los únicos partidos que concurrirán en todas las provincias, además de Vox y Frente Obrero.

La nueva alianza de izquierdas, Frente Amplio, se postula en 44 provincias y Podemos, en 41. Además, se añadirían sus candidaturas conjuntas, como Unión del Pueblo Canario en las islas Canarias o Compromís-Front Valencià en la Comunitat Valenciana, y la integración de Podemos en la candidatura de ERC. El siguiente partido que concurrirá en más territorios es el de Alvise Pérez (SALF), que ha presentado listas para 46.

En el siguiente mapa puedes ver las listas electorales de cada partido para este 29N y los candidatos que presenta en cada provincia. Si se presentó en las elecciones de 2023, los colores más oscuros indican los candidatos que formarían parte del Congreso si se repitiesen los resultados de hace tres años. Debe tenerse en cuenta que han cambiado las coaliciones y en 2023 Podemos se presentó dentro de Sumar.

Para ver las candidaturas que se presentan en tu provincia, selecciónala en este buscador. Puedes ver el nombre y apellidos de todas las personas que integran las listas junto a su puesto.

Los datos de posición del AVE 2080, los audios a los que ha accedido elDiario.es y la información proporcionada por las autoridades permiten reconstruir los minutos que condujeron al choque con el Iryo 6076. Las ubicaciones que publica el visor de Renfe, recopiladas por Spain Train Radar y analizadas por elDiario.es, apuntan a que la colisión se produjo entre las 8:53 y las 8:54, a la altura del punto kilométrico 118 que ha señalado Adif. En ese momento, el tren AVE embistió por detrás al tren Iryo.

Uno de los momentos clave parece haberse producido alrededor de las 8:48, según las comunicaciones entre el centro de control de Adif y los trenes accidentados. El choque ha causado al menos 69 muertes y más de 100 heridos. Desliza hacia abajo para ver la reconstrucción provisional del accidente, según la información recopilada por elDiario.es.

Según la cronología de posiciones, a las 8:31 el tren se queda parado a la altura del municipio de Mora tras un fallo del LZB, confirmado por el ministro Óscar Puente. Este sistema, que mediante cables en la vía supervisa de forma continua la circulación de los trenes y activa el frenado automático ante determinadas situaciones de riesgo, quedó desconectado. En ese mismo minuto, el AVE comunica al centro de control de Adif la pérdida de transmisión, según los audios a los que ha tenido acceso elDiario.es.

Al final de esa conversación, hacia las 8:36, el centro de control le ordena reanudar “al amparo del BSL con marcha normal”. El Bloqueo de Señalización Lateral (BSL) –es decir, los semáforos tradicionales junto a la vía– funciona como capa de respaldo que asume la seguridad cuando falla la supervisión continua del LZB. Cuando esto ocurre, el sistema de frenado automático digital ASFA es la única protección, y siempre de baliza a baliza. Unos 11 minutos después de detenerse, a las 8:43, el tren vuelve a reanudar la marcha y acelera.

“En ese momento, ese tren tenía obligatoriamente que detenerse, no podría reanudar la marcha con normalidad porque el circuito de vía estaba ocupado por Iryo”, explicó el ministro de Transportes, Óscar Puente. Sin embargo, “se ordena que reanude la marcha a las 8:36, el tren recorre 25 kilómetros con el tren Iryo detenido y acaba impactando, con el resultado que conocen”.

El Iryo seguía parado ante la señal de entrada de Urda. A las 8:40, su maquinista comunica también la pérdida de transmisión y el centro de control le indica que continúe con normalidad. A las 8:48 vuelve a llamar para avisar de que sigue detenida por los problemas que presenta. Desde Atocha dan por recibido el mensaje y le responden que, si tiene problemas, vuelva a llamar. A esa hora, el AVE estaba a unos 17 kilómetros y circulaba a una media estimada de entre 160 y 180 kilómetros por hora.

No queda registro de que el centro de control intentara comunicar al AVE que se encontraría con un obstáculo a solo 25 kilómetros o de que fuera consciente de su posición y dirección.

En los minutos anteriores a la colisión, el AVE circulaba a una media de entre 150 y 200 kilómetros por hora, según la distancia recorrida por la vía entre cada posición. A las 8:53-8:54 se produce el impacto. Los datos no señalan la velocidad exacta del momento de la colisión sino el promedio de los anteriores minutos. Puente ha asegurado que “un accidente por alcance en la red ferroviaria española es verdaderamente inverosímil”.

En el siguiente gráfico puedes comparar la velocidad media del tren ese día y, como contexto, la velocidad del día anterior.

Según la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, el Iryo 6076 llevaba 146 pasajeros y un bebé, y el AVE 2080, 397 pasajeros. En el siguiente mapa se muestra la línea y las ubicaciones conocidas del AVE 2080 y su trayectoria aproximada.

Según los últimos datos, el choque ha dejado al menos 69 muertos y más de un centenar de heridos. Se convierte así en el segundo accidente ferroviario más mortífero después del descarrilamiento que ocurrió en Santiago de Compostela en 2013. Unidos a los 46 fallecidos en el accidente de Adamuz este enero, situaría 2026 como el año con más víctimas mortales por accidentes de trenes en las dos últimas décadas.

Mientras los servicios de emergencia siguen rescatando restos mortales del trágico accidente entre un AVE y un tren de Iryo en Urda (Toledo), las autoridades tratan de esclarecer qué falló para que este miércoles por la mañana ocurriera algo tan poco frecuente como un accidente grave por alcance, es decir, que un tren embistiera a otro por detrás en la misma vía.

Tal y como apunta la investigación y confirman los audios entre los trenes accidentados y el centro de control revelados por elDiario.es, el problema comenzó por una avería técnica a la que siguieron, al menos, tres errores del operario. Fue la sala la que dio al maquinista del AVE la orden de reanudar la marcha, y de hacerlo “a marcha normal”, lo que significa a velocidad alta, algo que contraviene los protocolos ferroviarios.

Esta decisión de comenzar a operar los trenes en condiciones normales, pese a que el sistema de seguridad estaba caído, plantea aún muchos interrogantes que solo podrán determinarse tras concluirse las pesquisas. La Guardia Civil y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) interrogaron este miércoles por la tarde al operador del centro de control H24, nombre técnico de la sala de Adif en Atocha desde donde se gestiona la circulación de buena parte de la alta velocidad de España.

Según el cronograma al que apuntan las llamadas y la información ofrecida por el ministro Óscar Puente, los problemas en la infraestructura comenzaron alrededor de las 8:30 de la mañana, cuando el sistema de control LZB cae debido a un problema informático.

LZB es un protocolo de seguridad automático que ordena el tráfico, instalado en 1992 cuando se inauguró la conexión de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, y que actualmente se encuentra en proceso de transición hacia el protocolo europeo, ERTMS.

Con cualquiera de estos dos sistemas activos y funcionando bien, es impensable que un tren alcance a otro por atrás en la misma vía, como ocurrió en Urda. Sin ellos, es la sala de control quien debe dar las indicaciones adecuadas. Algo que, tal y como queda claro en las llamadas, no ocurrió, ya que Atocha ordenó al AVE reanudar “a marcha normal” aunque, eso sí, bajo el protocolo del bloqueo de señalización lateral. Dos cosas, a priori, incompatibles.

Una avería infrecuente, pero que “puede pasar”

La caída del sistema LZB supuso la parada automática de unos seis trenes, todos los que estaban en el tramo afectado, de unos 69 kilómetros en total. “Que esto ocurra no es ni frecuente ni deseable, pero los manuales ferroviarios prevén que pueda pasar”, especifican fuentes del sector. Y, cuando ocurre, es el centro de control el que toma el mando directamente, el que debe decidir si retomar o no la marcha, cuándo y de qué forma.

Con LZB activo, el maquinista puede ignorar los semáforos y simplemente obedece la pantalla. Pero cuando éste queda inactivo, lo que se conoce como “situación degradada”, el sistema de conducción cambia y es el bloqueo de señalización lateral (BSL) –es decir, los semáforos tradicionales junto a la vía– lo que manda. Cuando esto ocurre, el sistema de frenado automático digital ASFA es la única protección, y siempre de baliza a baliza.

Fuentes ferroviarias destacan que, cuando se opta por volver a circular sin las máximas medidas de seguridad, el reglamento obliga a circular “a marcha a la vista”, es decir, a una velocidad de no más de 40km/h.

Esto sirve para que el propio maquinista pueda frenar manualmente y desde la cabina si ve algún impedimento en la vía. Hay que tener en cuenta que la vista del maquinista no suele alcanzar mucho más de unos 400 metros, dependiendo del trazado, mientras que un tren de alta velocidad que puede circular a unos 200 km por hora necesita más de un kilómetro para frenar completamente.

Un error del operario reanudó la marcha

Cuando el sistema de control LZB cae, el tren se para y el maquinista llama a Atocha, un centro de control que, tal y como se escucha en el registro de las llamadas, da señales de estar colapsado y con mucha gente hablando a la vez. Allí, el operador debe buscar el protocolo correspondiende y darle las indicaciones sobre si debe reanudar la marcha y cómo hacerlo. El protocolo LZB 4 obliga a hacerlo con una serie de especificaciones pero a marcha normal. Una línea más arriba, el número 3 indica las mismas caracteristicas pero, llegada la casilla correspondiente indica: “A marcha a la vista”.

En la llamada entre el centro de control y el AVE se evidencia que el operario está leyendo. “Esto dice… maquinista de tren…Desconecte y vuelva a conectar el LZB y reanude la marcha al amparo del BSL con marcha normal (...) Luego me dice”, ordena el operario al conductor del AVE, algo que el tren obecede unos minutos después.

¿Se equivocó de línea el operario, porque en vez de leer LZB 4 debió leer LZB 3, y por eso no le ordenó ir a marcha a la vista, es decir, a menos de 40 km/h? ¿Se equivocó, quizás, al no valorar correctamente qué tren estaba delante y cuál detrás? Son preguntas que se formulaban este miércoles en el mundo ferroviario tras conocer los audios previos al accidente y que la investigación deberá esclarecer. “La cadena de errores humanos es evidente”, refería una fuente que se dedica al control de trenes.

La puesta en marcha sin tener claras las circunstancias es un primer error humano, pero sobre todo lo es hacerlo sin reforzar las medidas de seguridad del tren. Esta precaución especial hubiera consistido en conducir a 40 kmh. Y ambas cosas quedan superadas cuando, 5 minutos después de la orden dada al AVE, la maquinista de Iryo llamó a Atocha para alertar de que estaba parada con el mismo problema de señalización.

“Reanude marcha al amparo del BSL. Con marcha normal”, indicaba el operario, al que se le supone conocedor de la posición del Iryo. La maquinista de este segundo tren volvería a llamar unos minutos después para alertar de que seguía parada por problemas de conexión. La respuesta de la persona en el puesto de control, que en condiciones normales debería ser consciente de que otro tren venía a toda velocidad desde atrás fue, simplemente, “pues nada, en cuanto pueda, y si tiene problemas nos llama”.

No queda registro de que el centro de control intentara comunicar al AVE que se encontraría con un obstáculo a solo 25 kilómetros.

Un error “inexplicable”, según calificó el ministro de Transportes. Y eso que, según ha revelado Puente, otro de los conductores a los que se les pidió reemprender el viaje “con normalidad” corrigió al operario del control y le recordó que, en una situación así, lo adecuado era conducir “a marcha a la vista”.

Tal y como recogen las grabaciones, este tipo de autorizaciones se realizan por teléfono entre Atocha y el tren, y ambos, operario y maquinista, dejan apunte en su libro de lo que se ha ordenado.

¿Por qué no se detectó a ambos trenes en el mismo cantón?

Entre la reanudación de la marcha y el choque fatal pasaron unos 17 minutos en los que el AVE recorrió cerca de 25 km. Durante este tiempo, el centro de control actuó en todo momento como si los dos trenes que estaban teniendo problemas, sobre todo el Iryo, no estuviesen en la misma vía (cantón).

La investigación deberá determinar por qué esta situación de incomunicación entre Atocha y el AVE se produjo cuando ya sabían que el Iryo estaba parado. Hubo seis minutos en los que aún había tiempo para salvar la vida de decenas de personas y el sistema, técnico o humano, volvió a fallar.

“Un accidente así no solo se produce por la conducción manual, han tenido que ocurrir más errores”, explica el director de Terminus CET, Joan Carles Salmerón. “No es asumible para España dos accidentes de tren en un mismo año”, lamentaba Pedro Sánchez. Las probabilidades de que ocurran también son ínfimas.

La CIAF es el órgano colegiado especializado para la investigación técnica de los accidentes graves que se encargará ahora de esclarecer los detalles de la tragedia. Creada en diciembre de 2007, es un organismo independiente, pero adscrito al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. 

Esta comisión ya ha comenzado sus actuaciones, entre ellas, el interrogatorio al operario al que se le atribuyen los errores de este miércoles en Urda. Junto a este técnico se encontraba un auxiliar, que siempre actúa de apoyo, y también hay un supervisor por encima que puede estar atento a una situación de caída del sistema de seguridad como la que se produjo.

Los datos de posición del AVE 2080 permiten reconstruir los minutos previos al choque con el Iryo 6076. Las ubicaciones que publica el visor de Renfe, recopiladas por Spain Train Radar analizadas por elDiario.es, apuntan a que la colisión se produjo entre las 8:53 y las 8:54, a la altura del punto kilométrico 118 que ha señalado Adif. En ese momento, el tren AVE embistió por detrás al tren Iryo.

Cuatro vagones han descarrilado, según las primeras informaciones: tres del Iryo y uno del AVE. El choque ha causado al menos 60 muertes, 50 heridos en nivel amarillo y 15 en nivel rojo (muy grave). En el siguiente mapa se muestra la línea y las ubicaciones conocidas del AVE 2080 y su trayectoria aproximada.

Según la cronología de posiciones, a las 8:31 el tren se queda parado a la altura del municipio de Mora tras un fallo del sistema LZB de seguridad, según ha confirmado el ministro Óscar Puente. Unos 12 minutos después, a las 8:43, el tren vuelve a reanudar la marcha y acelera.

“En ese momento, ese tren tenía obligatoriamente que detenerse, no podría reanudar la marcha con normalidad porque el circuito de vía estaba ocupado por Iryo”, explicó el ministro de Transportes, Óscar Puente. Sin embargo, “se ordena que reanude la marcha a las 8:36, el tren recorre 25 kilómetros con el tren Iryo detenido y acaba impactando, con el resultado que conocen”.

En los minutos anteriores a la colisión, el AVE circulaba a una media de entre 150 y 200 kilómetros por hora, según la distancia recorrida por la vía entre cada posición. A las 8:53-8:54 se produce el impacto. Los datos no señalan la velocidad exacta del momento de la colisión sino el promedio de los anteriores minutos. Puente ha asegurado que “un accidente por alcance en la red ferroviaria española es verdaderamente inverosímil”.

En el siguiente gráfico puedes comparar la velocidad media del tren ese día y, como contexto, la velocidad del día anterior.

Según la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, el Iryo 6076 llevaba 146 pasajeros y un bebé, y el AVE 2080, 397 pasajeros.

Hasta el momento, se sabe poco de las causas. Fuentes del Gobierno consultadas por elDiario.es apuntan que el accidente que ha provocado el choque de dos trenes de alta velocidad en la provincia de Toledo pudo deberse a un error humano, precedido de un fallo técnico, de un operario del centro de control de Atocha que habría dado la orden de continuar al maquinista del tren de Renfe a pesar de que el Tren Iryo obstaculizaba la vía y a que la señal era roja. El operario habría permitido así rebasar esa señal roja al maquinista del tren de Renfe, que después habría chocado contra el Iryo que se encontraba paralizado.

Según los últimos datos, el choque ha dejado al menos 68 muertos y más de un centenar de heridos. Se convierte así en el segundo accidente ferroviario más mortífero después del descarrilamiento que ocurrió en Santiago de Compostela en 2013. Unidos a los 46 fallecidos en el accidente de Adamuz este enero, situaría 2026 como el año con más víctimas mortales por accidentes de trenes en las dos últimas décadas.

España batió un nuevo máximo histórico de empleo este verano, de más de 22,8 millones de trabajadores, en un tercer trimestre más flojo de lo habitual en creación de puestos de trabajo, con 73.600 personas ocupadas más, y con un alza del paro más elevada de lo que suele registrarse en verano, que alcanzó las 95.900 personas. En paralelo, hay un fuerte incremento de la población dispuesta a trabajar, la población activa, de casi 170.000 personas respecto al trimestre anterior, según los resultados del tercer trimestre de la Encuesta de Población activa (EPA) que ha publicado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Hay que recordar que este verano se está viviendo un proceso extraordinario de regularización de migrantes, por el que miles de trabajadores ahora en la economía sumergida –y que figuraban ya como trabajadores en la EPA– están siendo dados de alta a la Seguridad Social, como están recogiendo las estadísticas de este organismo público en los últimos meses, con más de 400.000 afiliados más por este proceso.

El balance de este tercer trimestre recoge así 73.600 personas ocupadas más respecto al trimestre anterior, lo que se situó el total de personas con empleo en 22.852.600 ocupados, un nuevo techo del mercado laboral en España.

El avance del empleo se debe a la incorporación de trabajadores extranjeros, en 75.400 personas, mientras que los ocupados españoles (incluida la doble nacionalidad) se redujeron en 1.800 personas. España en estos momentos está iniciando la retirada de miles de trabajadores de la generación del baby boom, ante la que cobra especial importancia el empleo extranjero a futuro, señalan los organismos económicos.

Como se puede apreciar en el anterior gráfico, el incremento del empleo es inferior al registrado en los últimos años, el menor desde 2019. Esta desaceleración se produce en un contexto de máximos de empleo –en el que en parte es normal que se aminore la creación de puestos de trabajo– y mientras muchas empresas dan de alta por primera vez a miles de trabajadores migrantes.

En el último año, el empleo creció en 465.500 personas, lo que deja un ritmo de creación de empleo del 2,1%, dos décimas menos que en el trimestre anterior.

Por provincias, destaca en términos relativos la creación de empleo de Guadalajara (+10%), Albacete (+9) y Murcia (+7), muy por encima de la media nacional.

El paro vuelve a superar el 10%

Por otro lado, el auge del paro en 95.900 personas, más elevado de lo habitual en esta época, llevó la cifra total de personas desempleadas a 2.591.200.

Como consecuencia, la tasa de paro se incrementó tres décimas y volvió a subir por encima del 10% (10,2%), tras el descenso de esta simbólica barrera el pasado trimestre.

Por sexo, el número de hombres en paro aumentó en 55.700 este trimestre y el de mujeres en 40.300. La tasa de paro femenina subió 26 centésimas –hasta el 11,3%– y la masculina 36 centésimas –hasta el 9,2%–.

Por nacionalidad, el paro se incrementó entre los españoles –incluida la doble nacionalidad– en 71.400, y entre los extranjeros en 24.500 personas.

Cabe destacar que el paro de larga duración, el que supera el año de búsqueda de empleo, se redujo en 12.400 personas en el tercer trimestre y en 24.400 en el último año, hasta las 758.400 personas. “Los que llevan dos años o más disminuyen en 63.000 (-11,07%)”, destaca el Ministerio de Economía.

El balance en el último año es de reducción del desempleo, en 21.900 personas (55.200 hombres más y 77.100 mujeres menos), aunque muy inferior al registrado el trimestre anterior, con una merma de 57.800 personas en los últimos doce meses.

Los hogares con todos sus miembros activos en paro, un indicador especialmente importantente por su elevada vulnerabilidad, crecieron en 21.800 este trimestre, hasta 786.100. En el último año se han reducido en 4.800 hogares.

Máximos de 25,4 millones de personas activas para trabajar

Por otro lado, destaca como buena noticia que se mantiene una gran incorporación de personas dispuestas a trabajar a la población activa, que se explica en gran parte por la población migrante. Este trimestre se situó en casi 170.000 personas más que el pasado trimestre, un dato en línea con los registrados los últimos verano.

El balance supone alcanzar un nuevo máximo de población activa, de más de 25,4 millones de personas. En los últimos doce meses, esta sumó 443.500 personas.

El número de mujeres activas se incrementó en 87.000 y el de hombres en 82.500. Por nacionalidad, el número de activos aumentó en el último trimestre en 69.600 entre los españoles y en 99.900 entre los extranjeros.

Sigue descendiendo el trabajo temporal

Respecto al tipo de contrato de los trabajadores, el empleo a tiempo completo creció en 244.400 personas en el tercer trimestre del año, mientras que el de tiempo parcial bajó en 170.800.

Por su parte, el número de asalariados subió en 90.000 –los que tenían contrato indefinido aumentaron en 22.100 y los de contrato temporal en 68.000–. El número de autónomos disminuyó en 15.500 personas, hasta un total de 3,17 millones de trabajadores por cuenta propia.

Más allá del aumento de contratos temporales en verano debido a la estacionalidad de las actividades estivales, el balance del último año sigue siendo el del descenso del peso del trabajo temporal en el mercado laboral, algo que España consiguió tras la reforma laboral de 2021.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado este martes que “la tasa de temporalidad privada se sitúa en el 12,57%, dentro de la media europea y más de 12 puntos por debajo de su valor antes de la reforma laboral”.

Por tipo de empleador, el empleo privado se redujo este trimestre en 16.300 personas, hasta 19,1 millones de trabajadores, mientras que el empleo público creció en 89.900, hasta superar los 3,7 millones de personas ocupadas.

No obstante, en el último año la mayor parte del empleo se creó en el sector privado (261.400 personas) mientras que el sector público sumó unos 204.000 trabajadores.

A un mes de la celebración de las elecciones generales, el PP se mantiene como la fuerza más votada y sería capaz de hacerse con la mayoría absoluta del Congreso con la suma de la extrema derecha de Vox. Según una encuesta de Ateneo del Dato para elDiario.es, el PP obtendría el 31,1% de las papeletas, tres puntos y medio más que el PSOE (27,6%), con un Vox en auge como tercera fuerza (19,8%). Con todo, se estrecha en casi un punto la distancia entre los bloques: en la encuesta anterior la suma de apoyos a la derecha superaba en 14,6 puntos a la izquierda y ahora la diferencia es de un 13,8.

Aunque el PP sería el ganador de las elecciones, su líder, Alberto Núñez Feijóo, recibiría dos puntos menos de apoyo que en la encuesta de hace tres semanas —cuando llegó al 33,2%— y que en 2023, cuando introdujo la papeleta del PP en la urna el 33,1% de los españoles. El PSOE sufriría un retroceso de cuatro puntos con respecto a sus datos de hace tres años, cuando logró el 31,7% de los votos, pero mejora una décima sobre el anterior sondeo. Por el contrario, a la extrema derecha de Santiago Abascal no le pasan factura sus últimas decisiones en los gobiernos autonómicos y su intención de voto asciende hasta el 19,8%, seis décimas más que en la encuesta previa y siete puntos por encima de las pasadas elecciones.

La encuesta se realizó entre el 20 y el 22 de octubre, tras confirmarse el fracaso de las negociaciones entre Frente Amplio y Podemos, que solo irán juntos en Canarias y la Comunitat Valenciana. Según el sondeo de Ateneo del Dato, en este momento el Frente Amplio de Ada Colau obtendría el apoyo del 6,8% y Podemos, encabezado por Irene Montero, del 2,7%. En total, el 9,5% de los apoyos frente al 10,3% del sondeo previo —con Sumar en un 7% y Podemos, en un 3,3%— y lejos del 12,3% que se alcanzó en 2023, cuando acudieron a las urnas en una candidatura conjunta. Si se mira por bloques, PSOE, Frente Amplio y Podemos se harían con un 37,1% de las papeletas, lejos del 50,9% que el PP lograría junto a Vox.

A la hora de interpretar los datos de la izquierda alternativa hay que tener en cuenta que dentro de la estimación de voto a Frente Amplio también están los apoyos de la coalición en la Comunitat Valenciana (Compromís-Front Valencià, donde junto a la formación valencianista e IU también está Podemos) y en Canarias (Unión del Pueblo Canario, Nueva Canarias, Podemos, IU y Movimiento Sumar). Igualmente, Podemos se presenta en Catalunya dentro de las listas de ERC y este apoyo no está incluido en el porcentaje de voto de los morados de este sondeo.

Un 19% de los encuestados que votó a Feijóo ahora apoya a Vox

Las transferencias de voto pueden convertirse en uno de los factores que determinen el resultado de las elecciones del 29 de noviembre. ¿Cuántos votantes de Sánchez en 2023 se mantendrán fieles? ¿Cuántas papeletas robará Vox al PP? ¿Cuántos votos de Sumar se retendrán en Frente Amplio y Podemos? Según la encuesta de Ateneo del Dato, más del 19% de los votantes del Feijóo en 2023 se decantarán ahora por Abascal. No ocurre a la inversa: solo un 5% de los electores de Vox cambiarán su apoyo al PP.

Los votantes de Sumar de hace tres años (cuando se presentaron junto a Podemos) se encontrarán papeletas distintas en la gran mayoría de los territorios en esta ocasión. Según el sondeo, casi un 40% se decantará por Frente Amplio, pero un 17,7% cambiará su papeleta por la de los socialistas y un 14,2% votará a Podemos.

Casi todos los líderes suspenden en valoración

Entre los candidatos a las elecciones de 2026, el más valorado es el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, con una distancia holgada frente al resto. Más del 52% de los sondeados tienen una opinión buena o muy buena de Rufián. El siguiente en la lista es Pedro Sánchez, a quien un 39,9% de los ciudadanos valora de forma positiva, pero que suma más votos negativos: un 57,7% tiene una opinión mala o muy mala.

Abascal y Feijóo tienen un número similar de defensores y detractores: en torno al 39% los ve con buenos ojos y un 56% tiene una opinión mala o muy mala. Las candidatas de la izquierda son las menos valoradas, según el sondeo de Ateneo del Dato: solo un 29,2% de los encuestados mantiene una opinión buena o muy buena de Ada Colau y un 24,3% de Irene Montero.

Uno de cada cinco votantes busca evitar que otro partido llegue a gobernar

En estas elecciones uno de cada cinco electores va a ir a las urnas con la idea en mente de que sirva para evitar que otro partido llegue a gobernar. Ocurre, sobre todo, en el caso de quienes votaron a Sumar en 2023: el 33% de ellos saldrá de casa el domingo 29 de noviembre a votar con el objetivo de que la derecha no pueda formar Ejecutivo.

La mayor parte de los electores quiere como presidente del Gobierno al candidato del partido al que votó en 2023, con algunas excepciones. Entre los votantes de Sumar en 2023, un 39% prefiere al líder de ERC, Gabriel Rufián, como el futuro presidente del Ejecutivo, mientras que un 16% quiere que sea Pedro Sánchez. Un 13% preferiría que fuera Irene Montero la presidenta y un 10% aboga por Ada Colau.

Ocurre también, pero en menor medida, con una parte de los votantes del PSOE. Aunque el 58% quiere que Sánchez reedite su puesto, hay un 15% que preferiría a Rufián como presidente. El 69% de los partidarios del PP en 2023 respaldan al líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, pero un 18% querría ver a Santiago Abascal como presidente del Gobierno en su lugar. Los más fieles son los votantes de la extrema derecha hace tres años, que en un 84% apoyan a Abascal para dirigir el país.

La crisis de la vivienda se ha convertido en el epicentro del debate político y es el eje de la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre. También es el foco al que se destina gran parte de la capacidad de gasto y de ahorro de los hogares. De hecho, hay análisis que apuntan a que en determinados territorios, como en Madrid o en Illes Balears, hay que destinar 15 años íntegros de sueldo a comprar una vivienda. La media en España es de 8,4 años. Y si el sueldo se va a pagar el inmueble en el que vivir, queda poco margen para ahorrar.

“Los hogares más pobres tienden a dedicar mayor parte de su renta al consumo de bienes básicos tales como alimentos o energía, pero también al alquiler de la vivienda porque los hogares más pobres son los que menos vivienda en propiedad tienen”, explicaba Alberto Garzón en este artículo. En él, señalaba que los hogares más pobres tienen que dedicar más del 60% de su renta a esos tres conceptos, con una diferencia de hasta 16 puntos respecto a los más ricos.

Entonces, ¿quiénes ahorran? ¿Y a qué se destina esa capacidad de ahorro, cuando esta existe?

Si se analizan los datos publicados por el Banco de España, hay que partir de su definición del concepto “riqueza bruta”, que engloba lo que el supervisor llama “activos reales” y “activos financieros”. Dentro de los primeros, los reales, engloba la vivienda (sea primera residencia, segunda u otras propiedades inmobiliarias), así como “los negocios”, es decir, la tenencia de empresas. Y bajo el concepto de activos financieros, abarca lo que se tiene en el banco, sean cuentas, depósitos, fondos de inversión, renta fija o acciones.

Los últimos datos publicados por el Banco de España corresponden al primer trimestre de 2026. Según estos, a 31 de enero, la riqueza neta –toda la suma de los anteriores componentes– rozaba los 8,5 billones de euros. De esa cifra, más de la mitad –más de 4,6 billones– estaba en manos del 10% más rico, aunque el Banco de España no desglosa en esa estadística los parámetros concretos, cuánto dinero tienen esas personas incluidas en el percentil más alto de riqueza.

En el siguiente gráfico se ve el porcentaje que representan los activos reales o financieros en la riqueza neta de cada grupo y cómo la vivienda tiene más peso entre los percentiles más bajos y, en cambio, tiene menos en los más altos. Y lo contrario ocurre con la deuda.

Si se ve la foto global, sin tener en cuenta los percentiles de renta, los datos del Banco de España señalan que cada vez más ahorro de los hogares se destina a fondos de inversión, depósitos y acciones, tanto de empresas cotizadas como de las que no están en el parqué, como se resume en los siguientes gráficos. 

Esos datos agregados del Banco de España, también recogen la cifra global de cuánto se destina a cada uno de esos componentes que componen la riqueza neta de los hogares españoles. Al cierre del primer trimestre de este año, la vivienda sumaba más de 5,6 billones de euros. Como comparación, el punto más bajo lo alcanzó hace 15 años, cuando la riqueza concentrada en vivienda se quedó por debajo de los 3,5 billones. 

En cambio, en cuanto al ahorro en productos financieros, a 31 de enero, los hogares sumaban 1,1 billones en depósitos y otro billón en otro tipo de activos (deuda, acciones cotizadas, participaciones en fondos de inversión o derechos de seguros de vida). A finales de 2013, en la recta final de la última gran crisis, los depósitos se situaban en algo más de 0,76 billones; y el resto de activos financieros en algo más de 0,5 billones.

En resumen, en el siguiente gráfico se ve cómo ha evolucionado la distribución de la riqueza de los hogares en España desde 2011, en pleno pinchazo de la burbuja, hasta el primer trimestre de este año.

Ahorro negativo en un tercio de los hogares

“La capacidad de ahorro de los hogares presenta una elevada heterogeneidad. Aunque el hogar mediano tiene una tasa de ahorro positiva, aproximadamente un tercio de los hogares registró ahorro negativo en 2024”, explican las economistas Sirenia Vázquez y Noelia Cámara en el análisis titulado '¿Quién ahorra en España?', de BBVA Research. Llegan a esa conclusión a través del análisis de la Encuesta de Condiciones de Vida y la de Presupuestos Familiares, que publica el Instituto Nacional de Estadística. En ambos casos, con los datos de 2024. Por ello, Vázquez explica a elDiario.es que su análisis es una “foto de un momento concreto”, en el que quedaba reflejado que “para un tercio de los hogares, los ingresos de ese año no fueron suficientes para cubrir sus gastos”. 

Las economistas explican que, en general, no existe una relación directa entre un incremento de la renta y un aumento del ahorro. “Aquellos hogares que tienen una muy poca capacidad de ahorro, cuando se produce un incremento de sus ingresos, vemos un mayor impacto o un mayor efecto que en el caso de aquellos que ya están en una capacidad con la que pueden ahorrar mucho más”, explica Sirenia Vázquez.

Al mismo tiempo, las economistas apuntan en su análisis que el número de personas que vive en un hogar es más limitante a la hora de ahorrar que otros factores, como la edad o el género. E influye el territorio. “En aquellas regiones donde hay menos densidad de población, vemos que los hogares pueden tener más facilidad” para ahorrar. “Más que en las que tienen mayor densidad de población”.

Y constatan que en el ahorro influye si se vive en régimen de alquiler o de propiedad. “Lo que vemos es que”, con esos datos de 2024, “si comparamos hogares en igualdad de condiciones en términos de ingresos, de tamaño de hogar, situación económica, de edad, aquellos que viven de alquiler, podrían tener una capacidad de ahorro mayor que aquellos que ya son propietarios”, señala. “Pero eso no significa que los inquilinos estén mejor que los propietarios o que los inquilinos puedan ahorrar más. ¿Qué hay detrás? Tenemos hipótesis”, apunta la economista. “Puede ser que, cuando se es propietario, ya no se tenga esa necesidad de ahorrar dinero para comprarse una casa, porque ya la tienes; mientras que las personas que viven de alquiler pueden tener más incentivos para ahorrar y, en algún momento, poder comprarla”.

Más inversión en bolsa

Entre los hogares españoles que tienen capacidad de ahorro, invertir en bolsa ha ido ganando terreno. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de las acciones de las empresas que cotizan en los parqués españoles están en manos de grandes inversores internacionales, más de la mitad de los títulos, cuando a principios de siglo eran menos del 35%, según los datos que publica Bolsas y Mercados Españoles (BME), el gestor de la Bolsa española. Sin embargo, los hogares ganan peso.

Al cierre de 2025, la participación de las familias españolas en la propiedad de acciones cotizadas se situó en el 16,7% del total, casi un punto porcentual más que en el año anterior y el máximo en cuatro ejercicios. No obstante, BME destaca que aún está muy lejos de su máximo de 1998, cuando controlaban más del 35% de las acciones cotizadas.

Precisamente BME ha valorado, esta semana, de forma positiva el impacto que puede tener en el ahorro familiar la Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa, impulsada por el Ministerio de Economía. Entiende que puede ser una vía para fomentar la participación de los inversores particulares en los mercados de capitales. Creen que recoge la “necesidad de impulsar instrumentos sencillos y fiscalmente eficientes que amplíen la participación minorista, mejoren las alternativas de inversión de las familias” y favorece “la financiación empresarial a través de los mercados”.

Como resumen, en la siguiente gráfica se ve cómo la riqueza de los hogares españoles cada vez se concentra más en activos financieros, que ha ido creciendo, de forma constante, desde finales de 2024. 

Además, en las últimas semanas se han publicado diferentes análisis sobre el ahorro, elaborados por empresas que se dedican a la inversión. Uno de ellos, de Invesco, una gestora de activos. Otro, de la aseguradora Mapfre. El primero no solo abarca España, sino diferentes mercados europeos. Invesco concluye, tras un análisis a cerca de 6.000 inversores, que los hogares han dejado de generar más de un billón de euros en rentabilidad potencial por mantener sus ahorros en efectivo, sin apostar por productos que sí tienen una retribución –como los depósitos o las acciones–, aunque en algunos casos la rentabilidad no esté garantizada.

En cuanto al análisis elaborado por Mapfre sobre cómo ahorran los españoles, este refleja que el principal destino del ahorro es dotarse de un fondo de emergencia para gastos imprevistos. El segundo, la vivienda. En concreto, la aseguradora ha realizado una encuesta entre más de 1.000 personas de entre 18 y 65 años residentes en España. El 25% señala que ahorra para los imprevistos; y, el 22% para pagar la vivienda. Además, un 12% de los encuestados señala que ahorra de cara a su jubilación. También asegura que siete de cada 10 encuestados asegura que ahorra de forma habitual. Más, los hombres. En concreto, 74% de los encuestados, frente al 67% de las mujeres, quienes ahorran, de media, 236 euros al mes; frente a los 306 euros de los hombres.

Tras una semana convulsa de negociaciones en la izquierda alternativa que remataron sin acuerdo salvo en la Comunitat Valenciana y Canarias, las encuestas mantienen la ventaja de PP y Vox sobre PSOE, Sumar y Podemos en unos 15 puntos. El promedio de sondeos de elDiario.es coloca al PP como primer partido, con el 32,1% de los votos, seguido de PSOE (26,3%), Vox (18,6%), Frente Amplio (5,4%) y Podemos (2,9%), a los que se suma el 1,3% de Compromís-Front Valencià, donde están Compromís, Podem, Esquerra Unida y Esquerra Republicana del País Valencià.

Aunque los sondeos apenas se han movido desde la convocatoria electoral, las tendencias son claras desde los comicios de 2023. El PSOE ha caído entre 5 y 6 puntos desde aquellas elecciones y los partidos a su izquierda tampoco han recogido nada de ese voto socialista perdido. La suma de Frente Amplio, Podemos y sus marcas conjuntas está casi tres puntos por debajo de los comicios del 23J, cuando lograron superaron el 12% de las papeletas.

Para aprovechar las encuestas anteriores a las coaliciones en Canarias y Comunitat Valenciana, que preguntaban por separado por Sumar y Podemos, las traducimos al nuevo reparto: según el resultado de 2023, el 16% del voto de Sumar y el 9% del de Podemos estaban en la Comunitat Valenciana. Esa parte pasa a Compromís-Front Valencià y el resto se queda en el Frente Amplio y en Podemos. Las encuestas no dan aparte la candidatura canaria, así que en el promedio su voto sigue dentro del Frente Amplio y de Podemos.

El giro a la derecha (un fenómeno que se ha repetido casi todas las elecciones que se han celebrado desde 2023) es claro. Aunque el PP se queda casi igual que en las pasadas elecciones, Vox sube unos seis puntos respecto a las anteriores generales. Una subida que ya tiene en cuenta la aparición de SALF, la formación del agitador ultra Alvise Pérez, para quien las encuestas dan entre el 1% y el 2% del voto (la media es del 1,7%).

Pero, ¿cómo se traduce este promedio de votos a escaños? Hemos hecho 10.000 simulaciones aplicando el margen de error de las encuestas –pueden fallar– para estimar el número de diputados que podría sacar cada partido con los datos actuales.

En el promedio de esas repeticiones, el PP sacaría 133, seguido del PSOE, con 105. Vox casi doblaría sus diputados actuales hasta los 65 y la división de Podemos y Frente Amplio suma 11, lejos de los 31 que sacaron en 2023.

Las estimaciones dan poca probabilidad a una mayoría en solitario del PP, pero la suma de la derecha –populares y Vox– sí superaría con holgura los 176 diputados necesarios para conformar Gobierno. Hoy están sobre los 198 escaños.

¿Es fiable esta estimación? Hoy, nuestros cálculos dan mayoría a la suma de PP y Vox en 9 de cada 10 simulaciones. Es decir, hay un 10% de probabilidades de que no consigan la mayoría. Aunque es verdad que las encuestas pueden fallar, tendrían que estar sobrestimando mucho a PP y Vox.

Si aplicamos este mismo modelo a las encuestas que se publicaron en 2023, una semana antes de las elecciones habría dicho que la mayoría de PP y Vox era una moneda al aire: 5 de cada 10 simulaciones. Sacaron 170, por debajo de 176.

Las encuestas dicen que la izquierda va a tener que remontar muchos puntos en lo que queda de octubre y noviembre para acercarse al bloque conservador. Pero, ¿cómo está la batalla en cada provincia?

En el siguiente mapa puedes consultar la estimación de voto en cada provincia y los escaños que salen de aplicarle la ley D’Hondt. Entre paréntesis, el rango de escaños en 8 de cada 10 simulaciones.

Hay que tener en cuenta que para los datos provinciales, el margen de error es mayor ya el que modelo supone que el voto de cada partido se reparte entre provincias de forma parecida a las pasadas elecciones. Incluye un margen de error para cada territorio, pero si un partido tiene una tendencia propia en un lugar concreto (como el PSOE en Catalunya en 2023), el modelo no la puede anticipar.

¿Y qué pasaría si...?

Para ver cómo funciona la batalla electoral, hemos hecho esta calculadora que muestra una estimación aproximada de los escaños de cada formación ajustando los principales partidos nacionales según el porcentaje de voto que crees que tendrá.

Los controles de cada partido te permiten modificar el porcentaje de voto de cada candidatura y comprobar cómo altera el reparto de escaños. Esta herramienta no hace simulaciones ni, por tanto, tiene en cuenta el margen de error de las encuestas.

Todas las encuestas desde 2023

En la siguiente tabla puedes consultar todas las encuestas que se han tenido en cuenta para el modelo. Los datos provienen en su mayoría de Wikipedia y han sido corregidos de errores puntuales en algunos sondeos por este medio.

Los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la renta bruta media por hogar (es decir, antes de impuestos) de las declaraciones de IRPF muestran las diferencias de ingresos entre cada vecino y vecina, calle a calle en España. Los últimos corresponden a 2024, a los residentes de más de 36.000 secciones censales. 

La desigualdad económica no la marca la geografía, los territorios, sino la renta, incluso en las calles de un mismo municipio. También se observan brechas entre el centro y la periferia y las diferencias entre los barrios más ricos y más pobres.

Gracias a los datos de cada sección censal (la unidad administrativa más pequeña disponible) puedes consultar la renta de cada vecindario utilizando 🔎el buscador e introduciendo una dirección, barrio o ciudad en Castilla-La Mancha.

En el mapa también puedes mirar dónde se concentra el 1% más rico y el 1% más pobre en Castilla-La Mancha. Dónde existen islas de renta (aquellas zonas rodeadas de unos niveles de renta totalmente distintos) y dónde se sitúan las fronteras de la desigualdad entre vecinos.E incluso se puede saber cómo es la renta por ciudades o por barrios de las ciudades.

El mapa de la renta de Cantabria muestra que los ciudadanos con mayores ingresos residen fundamentalmente en Santander, Bezana y Piélagos frente a los menos favorecidos económicamente que se concentran en San Pedro del Romeral y San Roque de Riomiera.

Todo el área de la bahía, Castro Urdiales, Laredo y Santoña aglutina la mayor riqueza frente al resto del territorio donde los niveles de renta caen casi a la mitad, especialmente en la zona de Liébana, valles pasiegos y Soba. En la cuenca del Besaya hay zonas que no superan los 30.000 euros.

El mapa de la renta dibuja una Cantabria donde las fronteras no las marca la geografía sino la renta. Muestra las diferencias de ingresos calle a calle en un mismo municipio, la brecha entre el centro y la periferia, la distancia entre los barrios ricos y los más pobres. Gracias a los datos de cada sección censal (la unidad administrativa más pequeña disponible) puedes consultar la renta de cada vecindario utilizando 🔎el buscador e introduciendo una dirección, barrio o ciudad.

La zona más rica de Cantabria es la avenida Reina Victoria de Santander y las viviendas junto a la playa de la Magdalena, dos enclaves privilegiados con vistas a la bahía cuyos residentes declaran una media de ingresos de 127.000 euros anuales. En ese entorno costero, cercano a la capital, viven los cántabros que más dinero ganan: San Cibrián, Bezana y Piélagos con 78.000 euros. Por detrás: Camargo, Castro Urdiales, Marina de Cudeyo, Astillero, Villaescusa y Ribamontán al Monte. Mazcuerras, Polanco, Suances, Santillana del Mar, Ribamontán al Mar y la Hermandad de Campoo de Suso.

Santander, el mayor núcleo urbano de Cantabria, acusa las diferencias más bruscas. Los más ricos, con una renta media de 127.000 euros, viven en el cuadrante entre San Martín y el Alto de Miranda, Pérez Galdós, Reina Victoria y La Magdalena. Le siguen, por este orden, los vecinos del resto del Sardinero, el centro de Santander, la zona de Castelar, Cueto y Valdenoja. Por detrás, se sitúan la Pereda y el ensanche de la ciudad.

La otra cara del mapa de la renta es una enorme franja desde la calle Castilla y el Barrio Pesquero hasta El Alisal, La Albericia y Pronillo donde las rentas bajan hasta los 31.000 euros.

Los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) detallan la renta bruta media por hogar (es decir, antes de impuestos) de las declaraciones de IRPF de 2024 de los residentes. Las estadísticas, por lo tanto, solo incluyen los ingresos de la declaración de la renta y no considera los ingresos pagados en negro o economía sumergida, las trampas fiscales a través de sociedades interpuestas o los ingresos no declarados a través de IRPF.

En el mapa se puede explorar dónde se concentra el 1% más rico y el 1% más pobre. Dónde existen islas de renta -aquellas zonas rodeadas de unos niveles de renta totalmente distintos- y dónde están las fronteras más desiguales entre vecinos.

Las brechas no tienen la misma forma en todas las localidades cántabras. Si miramos los datos barrio a barrio se detectan las diferencias geográficas por niveles de renta.

El mapa de la renta dibuja una España donde las fronteras no las marca la geografía sino la renta. Muestra las diferencias de ingresos calle a calle en un mismo municipio, la brecha entre el centro y la periferia, la distancia entre los barrios ricos y los más pobres. Gracias a los datos de cada sección censal (la unidad administrativa más pequeña disponible) puedes consultar la renta de cada vecindario utilizando 🔎el buscador e introduciendo una dirección, barrio o ciudad.

Los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) detallan la renta bruta media por hogar (es decir, antes de impuestos) de las declaraciones de IRPF de 2024 de los residentes de más de 36.000 secciones censales. Las estadísticas, por lo tanto, solo incluyen los ingresos de la declaración de la renta y no considera los ingresos pagados en negro o economía sumergida, las trampas fiscales a través de sociedades interpuestas o los ingresos no declarados a través de IRPF.

En el mapa también puedes explorar dónde se concentra el 1% más rico y el 1% más pobre de España. Dónde existen islas de renta (aquellas zonas rodeadas de unos niveles de renta totalmente distintos) y dónde están las fronteras más desiguales entre vecinos.

Las brechas no tienen la misma forma en todas las ciudades. Si miramos los datos barrio a barrio de ciudades como Madrid, la principal división se da entre un norte rico y un sur pobre, mientras que en Sevilla va de este a oeste. En Valencia o Zaragoza, sin embargo, las rentas altas se concentran en el centro y las bajas, en la periferia. 

Rentas más similares en los barrios pobres que en los ricos

En el siguiente gráfico puedes observar la distribución de rentas en España si dividimos a los barrios en 10 grupos iguales. Aquí, aunque la renta mediana bruta en España está en los 45.100 euros, los barrios en el 20% más pobre (los deciles 1 y 2) tiene una renta por debajo de los 36.700 euros. En el 10% de barrios con más renta, solo se ubican los barrios con rentas superiores a los 72.800 euros.

La estadística no refleja rentas superiores a los 167.076 euros por hogar ni menores a 20.000 euros para acotar los valores extremos de cada indicador que publica el organismo estadístico. Por eso hay múltiples secciones censales que comparten esta cifra exacta como renta media.

La desigualdad territorial también se observa en cada comunidad autónoma. En este gráfico hemos agrupado los barrios de cada territorio según su decil de renta, siendo el decil 1 donde se encuentran los barrios más pobres y en el decil 10 los más ricos a nivel nacional. Así, la distribución de la renta de los barrios se traduce también en una brecha a nivel autonómico.

Por ejemplo, en el sur de España se concentran los barrios con menos ingresos, y comunidades como Extremadura o Andalucía tienen a la mayoría de sus vecindarios en el 10% más pobre del país. En el extremo opuesto están Navarra, Baleares o Euskadi, con apenas un 1% de sus secciones censales en el decil más bajo.

¿Y qué pasa si nos fijamos en los municipios? Entre los más ricos están Pozuelo de Alarcón (Madrid) o Matadepera (Barcelona) y entre los más pobres Marchagaz (Cáceres) o Espadañedo (Zamora).

En la siguiente tabla puedes saber en qué grupo de renta está tu municipio. Los datos muestran la renta media bruta por hogar y si pulsas el botón + puedes ver su evolución desde 2015, fecha desde la que hay datos agregados a nivel municipal. 

Apenas una semana después de la convocatoria electoral de Pedro Sánchez para el 29 de noviembre, las encuestas mantienen la ventaja de PP y Vox sobre PSOE, Sumar y Podemos en unos 15 puntos. El promedio de sondeos de elDiario.es coloca al PP como primer partido, con alrededor del 32% de los votos, seguido de PSOE (26%), Vox (19%), Sumar (6%) y Podemos (3%), a la espera de que se terminen de configurar las alianzas del Frente Amplio y la inclusión de Podemos en esa coalición.

Aunque los sondeos apenas se han movido desde la convocatoria electoral, las tendencias son claras desde los comicios de 2023. El PSOE ha caído entre 5 y 6 puntos desde aquellas elecciones y los partidos a su izquierda tampoco han recogido nada de ese voto socialista perdido. La suma de Sumar y Podemos (que ahora mismo las encuestas recogen por separado) está tres puntos por debajo de los comicios del 23J.

El giro a la derecha (un fenómeno que se ha repetido casi todas las elecciones que se han celebrado desde 2023) es claro. Aunque el PP se queda casi igual que en las pasadas elecciones, Vox sube unos seis puntos respecto a las anteriores generales. Una subida que ya tiene en cuenta la aparición de SALF, la formación del agitador ultra Alvise Pérez, para quien las encuestas dan entre el 1% y el 2% del voto.

Pero, ¿cómo se traduce este promedio de votos a escaños? Hemos hecho 10.000 simulaciones aplicando el margen de error de las encuestas -pueden fallar- para estimar el número de diputados que podría sacar cada partido con los datos actuales.

En el promedio de esas repeticiones, el PP sacaría 135, seguido del PSOE, con 106. Vox doblaría sus diputados actuales hasta los 66 y la división de Podemos y Sumar suma 13, lejos de los 31 que sacaron en 2023.

Las estimaciones dan poca probabilidad a una mayoría en solitario del PP, pero la suma de la derecha -populares y Vox- sí superaría con holgura los 176 diputados necesarios para conformar Gobierno. Hoy están sobre los 201 escaños.

¿Es fiable esta estimación? Hoy, nuestros cálculos dan mayoría a la suma de PP y Vox en 9 de cada 10 simulaciones. Es decir, hay un 10% de probabilidades de que no consigan la mayoría. Aunque es verdad que las encuestas pueden fallar, tendrían que estar sobrestimando mucho a PP y Vox.

Si aplicamos este mismo modelo a las encuestas que se publicaron en 2023, una semana antes de las elecciones habría dicho que la mayoría de PP y Vox era una moneda al aire: 5 de cada 10 simulaciones. Sacaron 170, por debajo de 176.

Las encuestas dicen que la izquierda va a tener que remontar muchos puntos en lo que queda de octubre y noviembre para acercarse al bloque conservador. Pero, ¿cómo está la batalla en cada provincia?

En el siguiente mapa puedes consultar la estimación de voto en cada provincia y los escaños que salen de aplicarle la ley D’Hondt. Entre paréntesis, el rango de escaños en 8 de cada 10 simulaciones.

Hay que tener en cuenta que para los datos provinciales, el margen de error es mayor ya el que modelo supone que el voto de cada partido se reparte entre provincias de forma parecida a las pasadas elecciones. Incluye un margen de error para cada territorio, pero si un partido tiene una tendencia propia en un lugar concreto (como el PSOE en Catalunya en 2023), el modelo no la puede anticipar.

¿Y qué pasaría si...?

Para ver cómo funciona la batalla electoral, hemos hecho esta calculadora que muestra una estimación aproximada de los escaños de cada partido ajustando los 6 principales partidos nacionales según el porcentaje de voto que crees que tendrá.

Los controles de cada partido te permiten modificar el porcentaje de voto de cada candidatura y comprobar cómo altera el reparto de escaños. Esta herramienta no hace simulaciones ni, por tanto, tiene en cuenta el margen de error de las encuestas.

Todas las encuestas desde 2023

En la siguiente tabla puedes consultar todas las encuestas que se han tenido en cuenta para el modelo. Los datos provienen en su mayoría de Wikipedia y han sido corregidos de errores puntuales en algunos sondeos por este medio.

En abril de 2024, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que “esta va a ser la legislatura de la vivienda”. Habían pasado cinco meses desde la creación del Ministerio de Vivienda, que este noviembre cumple tres años, y un año y un mes de la aprobación de una nueva Ley de Vivienda que, entre otras cosas, preveía topar los precios en las zonas tensionadas. Además, Sánchez llegó a prometer hasta 183.000 viviendas públicas. En esta legislatura, tan solo se han entregado 47.000.

El Banco de España advirtió que existe un déficit de vivienda en España de 750.000 viviendas que crece a un ritmo de 250.000 más cada año. Y los expertos tanto cercanos a la patronal como a los inquilinos coinciden en que la construcción o la movilización de vivienda pública es la única que puede contener los precios del mercado y facilitar el acceso a la vivienda. Esa carencia está entre las causantes de la crisis actual que ha encendido las calles y dificulta también que las administraciones tengan pisos sociales que ofrecer a personas desahuciadas como Maricarmen. El modelo de apuesta total por la vivienda pública es el que triunfa en Viena, donde el 60% de la vivienda es pública y el precio se acaba contagiando en parte al mercado privado. Apenas hay desahucios.

El porcentaje medio de vivienda pública en los países de la OCDE es del 7,1% según un informe del Banco de España y alcanza el 16,4% en Reuno Unido y el 14% en Francia, casi diez veces más que el 1,5% de España. Otros países como Alemania, con el 2,6% o Portugal, con el 1,1%, están lejos de la media. La falta de construcción o de compra y el vencimiento de protecciones son enemigos de esta apuesta en España, donde las Comunidades del PP siguen apostando por pisos protegidos que dejan de serlo al cabo de unos años.

La competencia principal en Vivienda está transferida a las comunidades autónomas y también los ayuntamientos disponen de suelo, por lo que no se puede culpar solo al ejecutivo central. Pero tal y como señala Pablo Tucat, economista experto en vivienda de KSNET, “cabe hacerse la pregunta de por qué Casa 47 no surge antes, es un buen instrumento que aún tiene que desarrollar su potencial”.

La tardanza de Casa 47

La Ley de Vivienda de 2023 prevé un impulso al SEPES, empresa pública de suelo público, para ampliar el parque de vivienda pública estatal. Pero Casa 47 no nace hasta diciembre de 2025 y, aunque la absorción de los pisos de la Sareb y el avance del barrio Campamento le dan un potencial de hasta 110.000 viviendas públicas estatales, ahora mismo tan solo se ofertan 600.

De estas 110.000, 40.000 son viviendas de la Sareb, muchas de las cuales estarán ocupadas, 55.000 serán nuevas en suelo de Sareb (aún por construir) y 10.000 más de la Operación Campamento de Madrid que deberían entregarse allá por 2028. Las cifras coinciden con la estimación que dio la ministra de Vivienda en entrevista con elDiario.es: 100.000 viviendas en los próximos 10 años.

Paralelamente, las comunidades autónomas también se movilizan para detectar suelo público y construir vivienda pública, pero, como el Gobierno, han tardado. En el caso de comunidades como Madrid, además, han apostado por un modelo de vivienda asequible que acaba no siéndolo por los costes extra que empujan al inquilino a precios iguales a los de mercado.

La movilización de suelo y la construcción de obra pública “es una medida lenta”, apunta Tucat, pero advierte que hay “otras formas” de movilizar vivienda pública como “la compra de vivienda usada”. En Catalunya, el derecho a tanteo y retracto le ha servido al Govern para adquirir unas 9.000 viviendas usadas, una de cada cuatro de las que tiene la Agència Catalana d'Habitatge.

Esta fórmula apenas se ha utilizado en otras comunidades y a escala estatal, aunque Casa 47 prevé hacerlo, hasta la fecha la única oferta pública de compra es de 100 millones de euros, con la que con precios de mercado de zona tensionada (a una media de 250.000 euros por vivienda) tan solo se podrían comprar unos 400 pisos.

Más esfuerzo que sus antecesores

Aunque parezca paradójico, el Gobierno de Sánchez es el que más ha hecho desde la caída en picado de la construcción después del estallido de la burbuja por recuperar la vivienda pública, el problema es que lo ha hecho tarde, de manera insuficiente para la magnitud del problema y con unos frutos que aún no se recogen y que bien podría reivindicar un futuro ejecutivo.

Las 47.000 viviendas, a falta de un semestre para completar los cuatro años completos, son sensiblemente superiores a su legislatura anterior, cuando se entregaron 45.000 viviendas públicas, y están muy por encima de las 18.000 de la última legislatura de Mariano Rajoy.

Además, ha triplicado los presupuestos del Plan Estatal de Vivienda, que suma 7.000 millones de euros adicionales hasta 2030 para construir, rehabilitar vivienda y otras ayudas. Aun con estas sumas, el Gobierno sigue gastando tan solo un 0,9% del gasto público en vivienda, y eso que se han duplicado los esfuerzos desde la pandemia. Una parte de esos presupuestos, además, no se ejecutan.

“El contraste con la vivienda pública y libre que se construía antes de la burbuja es enorme y probablemente no sea una comparativa sana, pero sí que debería haber aumentado más”, advierte Tucat, alertando de las trampas del gráfico de evolución. Con el derrumbe de gran parte del sector bancario y de la construcción, el frenazo en seco posterior a la burbuja inmobiliaria ha hecho que España no acabe de recuperar la creación de viviendas, mientras sí que se han creado miles de hogares por la llegada de migrantes que han dinamizado la economía y han cubierto vacantes de empleo.

La dificultad de movilizar suelo finalista, la falta de mano de obra y la lentitud administrativa son apuntados por algunos expertos como claves del estancamiento en la construcción, tanto pública como privada. Esto es lo que lleva al sector a presionar por aprobar una reforma de la Ley del Suelo que agilice trámites, que Podemos finalmente bloqueó de cara al decreto de vivienda aprobado recientemente. El experto en vivienda Ignacio Ezquiaga, sin embargo, apunta en reiteradas ocasiones basándose en informes del Ministerio de Vivienda que muchas empresas y fondos disponen de suelo “dormido” que no activan no por la lentitud burocrática, sino para evitar que los precios bajen al inyectar oferta.

Construcción estancada y descalificación

Pero el bajo ritmo de construcción o compra de vivienda protegida se enfrenta a otro enemigo seguramente peor: las viviendas protegidas que vencen su protección y pasan al mercado. Del millón y medio de viviendas protegidas construidas desde 1991, tan solo 147.000 estaban protegidas para siempre, casi 400.000 ya han dejado de serlo y esa cifra se podría elevar a 700.000 de cara a 2030, según una investigación publicada por Civio.

Contra esto, el Gobierno ha llevado a cabo también una medida “crucial”, según Tucat. Después de que en 2023 el Supremo tumbara un artículo de la ley de vivienda que establecía que la protegida lo fuera para siempre, la ministra de Vivienda vinculó la construcción financiada con fondos del Plan Estatal a que la vivienda protegida lo fuera para siempre y lo ha incluido también en el nuevo decreto. Las Comunidades Autónomas del PP, mientras tanto, siguen haciendo vivienda protegida con plazo de vencimiento, de forma que la vivienda en suelo público acaba pasando a manos privadas pasados unos años.

La movilización política en torno a la vivienda sí que ha conseguido, aunque a trancas y barrancas, que en 2026 su construcción se dispare. Las 11.270 viviendas protegidas finalizadas en junio duplican registros del año pasado y encaminan la cifra hacia un récord desde 2012 de unas 20.000 viviendas, aun lejos de las entre 40.000 y 100.000 anuales que necesita para ir cubriendo su déficit. El punto álgido de la vivienda protegida finalizada llegó en 1997, con 85.000 de las 300.000 que se construyeron (casi un tercio del total), mientras que las 12.858 de 2025, 7 veces menos, representa el 13% de las 92.000 construidas.

Si miramos comunidad a comunidad, Catalunya, Madrid, Euskadi y Navarra, que son cuatro de las comunidades con los precios más elevados, son algunas de las que más han elevado su esfuerzo en vivienda protegida. Madrid finalizó 3.802 viviendas protegidas en 2025 sobre un total de 17.000 viviendas construidas, un 22%, y Catalunya hizo 3.517 sobre un total de 14.000, un 25%. Es Catalunya, además, la que ha pegado el mayor acelerón en 2026: lleva 5.600 viviendas protegidas hasta junio, la mitad del total estatal.

Si nos fijamos en la vivienda libre, que también es importante para oxigenar la oferta en las zonas de elevada demanda, también hay un estancamiento entre las 70.000 y las 80.000 anuales en los últimos años, que mejora las menos de 50.000 anuales de antes de 2019, pero que está lejos de los años locos del ladrillo en que se llegaron a construir 700.000 viviendas entre pública y privada en 2026. Ese extremo no es deseable, pero sí alcanzar un ritmo de entre 90.000 y 100.000 anuales, las que estima el Banco de España necesarias para cubrir con el déficit.

Luces y sombras más allá de la construcción

Más allá de la construcción de vivienda tanto libre como protegida, existen otros motivos que han hecho que en la denominada “legislatura de la vivienda” no mejore el acceso. No todos son culpa del Gobierno central. Las Comunidades Autónomas del PP no han querido acogerse a la zona tensionada que permite topar los precios de alquiler, por lo que el mercado ha disparado sus precios en las principales ciudades.

En cuanto a los desahucios, el escudo que se alargó tras la pandemia y que frenaba los que afectaban a personas vulnerables sin alternativa residencial fue tumbado por el Congreso, que ha sido el gran escollo para desencallar algunas políticas. El propio decreto de vivienda se venía arrastrando desde julio, pero también hacía meses que estaba bloqueada en el legislativo una regulación del alquiler de temporada y de habitaciones.

De todos modos, el Gobierno podría haber incluido en su ley de 2023 estas dos regulaciones, de dos modelos de alquiler que han servido para inversores para evitar la ley y hacer contratos cortos con subidas de precio de año en año. Tampoco estaba entonces en el debate la posibilidad de recuperar un modelo de contratos de alquiler cercano al indefinido, con las prórrogas automáticas que incluye el segundo decreto, que de todos modos no pasará el filtro de la Diputación Permanente.

Este decreto, por tanto, aprobado a última hora de la legislatura, llega tarde para una situación que no se alivió tras la aprobación de la Ley de 2023, si bien sí que los contratos de 5 a 7 años (aprobados en 2019) mejoraron la estabilidad de los inquilinos.

En las Comunidades donde sí que se han topado los precios, “existe una estabilidad mayor del inquilino que está dentro del mercado, pero al que está fuera le cuesta más encontrar piso por la falta de oferta y de rotación”, alerta Tucat. Otro problema que se ha dado en las zonas tensionadas es que el tope parte de unos precios ya muy elevados, los fija el promedio del mercado, por lo que el alivio acaba siendo relativo.

Sea por estos topes o por la subida de los salarios, y aunque no lo parezca por el clima del país, el porcentaje de inquilinos que pagan más del 30% de su sueldo ha caído en los últimos años: tocó techo en 2021 con el 38,5% y ahora es un 12% menos, un 26% del total. Y eso que los nuevos contratos subieron en 2024 un 8,8% los precios de los alquileres. Compartir piso e incluso habitación es a veces la forma que tienen los inquilinos de aliviar esta asfixia.

Sin embargo, la subida de los precios de compra ha llevado a que ya se necesiten dos años de sueldo íntegro para pagar la entrada de una vivienda, cifra que se duplica hasta los 4 en Madrid y Baleares.

Las prórrogas de los próximos dos años deben también reducir la rotación en los pisos de alquiler en toda España y eso puede complicar de nuevo el acceso a viviendas de alquiler de quienes se emancipan o llegan a una ciudad, en las zonas no topadas con el agravante de que los precios pueden subir libremente. El incentivo fiscal a caseros que pongan los pisos por debajo de mercado puede compensar un poco estas subidas. Y esta tensión entre oferta y demanda nos vuelve a llevar al inicio del artículo: generar vivienda pública mediante la construcción o la compra y movilizar vivienda vacía o turística en un país con un 30% de viviendas no principales. Esto último lo intenta con el decreto la posibilidad de aumentar el IBI a pisos turísticos o inhabitados.

San Jaume (Balears) es el barrio con más ingresos por alquileres en España, también uno de los más ricos. De media, sus residentes tienen una renta media de casi 70.000 euros anuales y el 15% de esos ingresos provienen de los ingresos por el alquiler. En la otra punta del país, los vecinos de Torreblanca (Andalucía) conforman el barrio más pobre del país con unos ingresos de alquileres prácticamente nulos: apenas 17 euros al año. 

La renta de los barrios más ricos no se compone solo de los ingresos por el alquiler de vivienda, pero sí son los principales destinatarios de ese dinero. Un tercio de las rentas por arrendamientos que se pagaron en España fueron a parar a los vecindarios del 10% más rico del país, según los últimos datos de las declaraciones de IRPF en 2024 por código postal publicados por la Agencia Tributaria. 

Haz zoom y consulta en el siguiente mapa cómo se distribuyen los códigos postales con más y menos rentas inmobiliarias en cada una de las 66 principales ciudades españolas para las que hay datos disponibles. Ten en cuenta que son los barrios en los que se cobra el alquiler, no en los que se paga. Es decir, si un alquiler de Salamanca se paga a un vecino de Madrid el dinero aparece en Madrid. 

Otro año más, la Agencia Tributaria actualiza el detalle de la renta bruta por habitante por código postal en los barrios de las 66 mayores ciudades españolas. Esta estadística, recogida a partir de las declaraciones de IRPF de 2013 a 2024, permite comprobar las desigualdades entre barrios dentro de las ciudades, el origen de los ingresos y cómo han evolucionado en el tiempo. Las cifras se refieren a la renta bruta (antes de impuestos) media por declaración de IRPF, sea conjunta o individual. 

En el caso de los ingresos procedentes de bienes inmuebles (esto incluye tanto viviendas como locales, terrenos…), cuando hablamos de renta inmobiliaria media de un barrio no quiere decir que todos los que residen en él reciban dinero por el alquiler de viviendas. Es la media entre el número total de declarantes, incluyendo tanto a quienes tienen este tipo de fuente de ingresos como a los que no.

Entre la renta bruta media más alta y la más baja de los barrios de España hay más de 185.000 euros de diferencia. Una brecha que se explica precisamente por el origen de los ingresos. El barrio Muntaner (código postal 08021), en Barcelona, es uno de los diez más ricos de España con 127.000 euros por persona. El 7% de sus ingresos provienen de las rentas de inmuebles. 

No es el único: zonas también de las más ricas del país como Pla de Remei (Valencia), Fuente del Fresno (San Sebastián de los Reyes) o San Jaume (Palma) reciben un porcentaje similar de su renta del dinero que reciben por el alquiler. ¿Casualidad? Los datos de renta media de los barrios más ricos señalan que a mayor renta, menor proporción de ingresos provenientes del trabajo.

Las estadísticas de Hacienda no facilitan datos del País Vasco y Navarra porque cuentan con su propio régimen foral y algunas ciudades que se han ido incorporando no incluyen datos desde 2013. Incluye los municipios con más de 200.000 habitantes, 100.000 declaraciones de IRPF o una renta total declarada por encima de los 2.200 millones de euros. 

Aunque alrededor del 40% de su renta proviene del trabajo, la mayoría de la riqueza de los barrios más ricos se debe a otros motivos como el capital financiero y los rendimientos de las empresas (intereses, dividendos, etc.), las ganancias patrimoniales (compraventas de acciones, criptomonedas o inmuebles, por ejemplo) o el alquiler de bienes inmuebles. 

Entre los barrios que más proporción de sus ingresos reciben de rentas inmobiliarias, encontramos centros históricos de ciudades o zonas vacacionales en los que proliferan también las viviendas turísticas.

Los datos de los ingresos agrupados por barrios señalan las diferencias tan grandes en la distribución de los ingresos. En los códigos postales que se encuentran entre el 10% más rico de España, las rentas de arrendamientos tienen más peso. 

Si miramos entre qué barrios se repartieron todos los ingresos por alquileres declarados en 2024, vemos que sólo al 10% iba a parar casi un tercio del dinero. Mientras, en los barrios de la mediana más pobre apenas tiene peso esta fuente de ingresos.

¿Sabes si vives en un barrio de caseros o si han aumentado las rentas inmobiliarias en tu zona en la última década? Si vives en alguna de las 66 mayores ciudades españolas, puedes buscar tu código postal en la siguiente tabla.

La reforma que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en 2023 para hacer menos volátil el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), la tarifa regulada de la luz, y reducir su dependencia de las oscilaciones horarias del mercado mayorista de electricidad, está mitigando parte del impacto de los costes disparados del denominado pool, impulsados por el fuerte encarecimiento del gas en los mercados internacionales a causa del enquistamiento del conflicto en Irán.

El fuerte incremento del recibo que están sufriendo los consumidores en PVPC, unos 8 millones de suministros, acabará trasladándose a los consumidores en mercado libre, cuyas tarifas suelen revisarse anualmente, y que a la larga suele ser más caro. En la tarifa regulada, el golpe podría haber sido aún peor de no ser por el impacto del denominado “término de ajuste de Mercados a Plazo”, que está funcionando como un descuento para los consumidores en PVPC gracias a esa reforma, que dio mayor peso a los contratos a futuro.

El ajuste se determina hora a hora a partir de la diferencia entre el pool y el precio de una cesta de futuros de OMIP. Es positivo (el consumidor paga más) si el precio de los futuros supera al del pool eléctrico, y negativo cuando es inferior, como viene ocurriendo desde el verano. En los últimos meses, la cotización del gas y, en consecuencia, el mercado mayorista de la luz, se ha disparado a medida que el pasado verano se desvanecieron las expectativas de una resolución del conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel que permitiera reabrir el tránsito de petróleo y gas por el estrecho de Ormuz.

En septiembre, ese ajuste en el PVPC ya tuvo un impacto relevante en la tarifa regulada y en lo que llevamos de octubre está marcando niveles récord, en un momento en el que el mercado mayorista de electricidad ha superado los 200 euros/MWh por primera vez desde junio de 2022 (ocurrió el pasado lunes). Mientras, los precios futuros de la electricidad ya están en niveles superiores a los 90 euros por megavatio hora (MWh) también para el año 2027.

Según estimaciones de elDiario.es a partir de los datos horarios que publica Red Eléctrica de España (REE), desde septiembre ese ajuste horario en el PVPC se ha situado en una media de -54 euros/MWh. El mes pasado fue, de media, de -51 euros (el día 28 llegó a superar un récord de -102 euros/MWh) y en lo que llevamos de octubre alcanza ya los -68 euros/MWh. El ahorro horario obtenido en el coste de la energía con este ajuste desde septiembre ha sido de cerca del 29%. En octubre supera el 30%.

Ese mecanismo explica que en septiembre, por primera vez en la historia, y en momentos muy puntuales de algunos fines de semana (cuando la demanda de electricidad es mucho menor, y en horas solares con precios mayoristas muy bajos), el término de facturación de energía activa del PVPC (el coste de la energía) llegase a ser negativo. Eso equivale a que al consumidor encender la luz le saliera a devolver, aunque al coste de la energía se le suman otros conceptos, como los peajes y cargos (que pagan el coste de las redes o las primas de las renovables más antiguas) y los impuestos. El mes pasado, ese coste fue negativo en momentos puntuales (17 horas) los días 5, 6, 26 y 27 de septiembre.

Como explicaba recientemente en un post en su LinkedIn el experto en electricidad José Luis Sancha, profesor de la Universidad de Comillas, ese ajuste negativo en el PVPC ha sido “creciente” desde febrero. La tendencia ha culminado en agosto, septiembre y octubre, con valores negativos en todas las horas del día, y cada vez más elevados.

Pese a ello, y de acuerdo con las estimaciones de Facua, la factura promedio de un usuario tipo en PVPC —con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo de 366 kilovatios hora (kWh) mensuales— se disparó en septiembre un 28% interanual, hasta 104,31 euros, la más alta en cuatro años. La subida habría sido mayor sin esa reforma para hacer esta tarifa menos volátil. El contexto actual, resume Javier Colón, fundador de la consultora Neuro Energía, “está parando un poco la sangría”, pero tiene doble filo: “Como ahora están subiendo los futuros, cuando empiece a bajar el pool pasará al revés”, advierte.

Esta modificación del PVPC dio carpetazo al sistema de precios horarios totalmente dependientes del pool que se implantó en 2014, que como señal de precio era imbatible, pero dejaba al consumidor acogido a esta tarifa (la que tienen que contratar los vulnerables con el bono social) plenamente expuesto a los vaivenes diarios del mercado mayorista, en un sistema único en Europa.

Ese esquema lo implantó el Gobierno de Mariano Rajoy, con Alberto Nadal, actual gurú económico de Alberto Núñez Feijóo, como secretario de Estado de Energía, tras fulminar la antigua Tarifa de Último Recurso (TUR) de la luz, que se calculaba con unas subastas trimestrales (Cesur), anuladas a finales de 2013 por sospechas de manipulación de este mercado.

La reforma del PVPC que el Gobierno de Sánchez aprobó en junio de 2023 introdujo de forma paulatina (a partir de 2024) esas referencias a futuro y está plenamente en vigor desde enero. Ahora los mercados a plazo tienen un peso del 55% en esta tarifa y el mercado diario, del 45% restante. En esa cesta de referencias a largo plazo, los futuros anuales tienen un peso del 54%; los trimestrales, del 36% y los mensuales, del 10%.

La reforma fue una exigencia de la Comisión Europea a cambio de autorizar la denominada excepción ibérica, que España y Portugal consiguieron aplicar tras la invasión de Ucrania para evitar el contagio al recibo de la luz de los disparatados precios de esa materia prima, que en marzo de 2022 llegaron a superar ampliamente los 500 euros/MWh. Calificada de “timo” por el PP, y aprobada pese a la fuerte contestación de las eléctricas, la solución ibérica ahorró más de 5.000 millones a los consumidores españoles, el equivalente a unos 209 euros por hogar, y con un efecto redistributivo para las rentas más bajas.

Gas disparado

El mayor peso de los futuros en el PVPC está mitigando en parte el impacto de la fuerte subida del gas en el mercado mayorista eléctrico, que se contagia del precio de esa materia prima cuando no hay suficiente producción renovable para cubrir todo el consumo. En septiembre, con las reservas de gas en Europa todavía en el 71,54%, casi 11 puntos menos que un año antes, la cotización del gas en la UE alcanzó máximos desde finales de 2022. La referencia ibérica Mibgas se situó en 77,56 euros por megavatio hora (MWh), un 25,4% más que el mes anterior y un 143,5% por encima de septiembre de 2025.

Los almacenamientos europeos de gas, con capacidad para unos cuatro meses de consumo, están todavía en el 72,6%, según datos de Gas Infraestructure Europe. Siguen lejos del objetivo de 80% de llenado al comienzo de la temporada invernal. El escenario que se atisba es que Europa tendrá que competir con Asia para traer gas natural licuado (GNL) en barco y pasar el invierno sin agotar reservas, con España mejor preparada que ningún otro país de la UE gracias a su red de regasificadoras.

Como consecuencia de la subida del gas, el mercado mayorista eléctrico marcó en septiembre la media mensual más alta desde junio de 2022, con 143,26 euros/megavatio hora (MWh), un 21,1% más que en agosto y un 134,7% por encima de septiembre de 2025. En octubre, la media ya supera los 152 euros.

En septiembre, la demanda eléctrica “real” aumentó un 14,46% y se situó un 12,89% por encima del promedio de los últimos cinco años, según estimaciones del grupo ASE, que en su último informe mensual destaca que la generación de los ciclos combinados (gas natural) creció un 33,8% interanual, mientras que la eólica cayó un 17,7%.

A esa fuerte subida del pool se suman los denominados costes del sistema, que ASE cifra provisionalmente en 25,37 euros/MWh en septiembre (ligeramente por debajo de agosto) y que incluyen los denominados servicios de ajuste para resolver congestiones de la red y la llamada operación reforzada que Red Eléctrica aplica desde el apagón peninsular del 28 de abril de 2025.

REE cifra el coste de esa operación reforzada en “menos de 275 millones de euros en los primeros nueve meses de 2026, lo que supone 2 céntimos al día para un usuario sujeto a PVPC con un consumo medio mensual de 300 kWh”.

Después del varapalo del Congreso por el rechazo de Junts, PP y Vox a los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno, las calles ya tienen una respuesta posterior a su acampada: un llamamiento a la huelga general del Sindicato de Inquilinas que Comisiones Obreras y UGT ya se plantean. La mayoría de votantes, un 73%, también apoyan esta medida, y no solo los votantes de izquierda, sino también los de PP, Vox y Junts, que han tumbado los decretos, según una encuesta de Ateneo del Dato para elDiario.es.

Ya hay planteadas movilizaciones masivas por la crisis de la vivienda este sábado y este domingo. Y Comisiones Obreras las utilizará para tomar el pulso a las calles y decidir a principios de la semana próxima si les brinda apoyo, tras reunirse con UGT tal y como afirmó su secretario general, Unai Sordo. La población no plantea dudas: apoya la huelga general con holgada mayoría sin importar la ideología, edad o si son propietarios o viven de alquiler.

Al plantear una huelga general “para exigir medidas que solucionen el problema de la vivienda”, los votantes de la derecha se suman a la propuesta. Un 31% de los votantes de Vox dicen que seguro que lo apoyarían y un 32% que probablemente, con una suma del 63% de encuestados a favor de la huelga general. En el caso del PP, el porcentaje se eleva hasta el 61% entre el 27% de votantes que la apoyarían seguro y el 34% que lo harían “probablemente”, pese a que Ayuso ha ridiculizado a los manifestantes y al decreto. También el 56% de los votantes de Junts apoyarían esta huelga en algún grado, que entre los votantes del PSOE alcanza un 84% de apoyo y entre los de Sumar un 92%.

La huelga tampoco entiende entre inquilinos y propietarios. En las protestas del pasado sábado y en la acampada, no costaba encontrar a personas con vivienda en propiedad. Algunas de ellas, personas de mayor edad que se preocupaban por el futuro de sus hijos, algunos aun sin emancipar. Y otras que simplemente empatizaban con la situación de millones de personas que viven asfixiadas por el alquiler y que pueden estar aún peor cuando se les acabe el contrato, ya sea por las subidas desproporcionadas o porque directamente les echen a la calle.

Un 66% de los encuestados viven en un piso de propiedad y un 20% son inquilinos, por un 11% que viven con los padres y un 2% que viven en casas cedidas gratuitamente. Todos ellos muestran un apoyo mayoritario a la huelga. Un 73% de los encuestados apoyarían una huelga general para exigir medidas para mejorar la situación de la vivienda, con apoyo abrumador entre inquilinos (83%) y muy mayoritario entre propietarios, que en un 70% ven con buenos ojos.

Simpatía y apoyo a las protestas

Cuando se mira hacia las protestas celebradas estos días, existe una gran división entre las personas de derechas, pero sí que comparten sus motivaciones. Un 50% de votantes del PP sienten algo o mucho rechazo por la acampada y un 14% indiferencia, de modo que un 34% siente simpatía. En el caso de los votantes de Vox, un 35% siente algún grado de simpatía mientras que el resto se reparten entre la indiferencia y el rechazo, mayoritaria con un 53% de los votantes. Contrasta con la simpatía mayoritaria de PSOE, en algún grado en un 78% y con un rechazo del 11%, o con los de Sumar, que en un 86% sienten algún tipo de simpatía por la acampada.

Entre los propietarios, la simpatía alcanza al 55% y entre los inquilinos se eleva al 67%.

Pero al ser preguntados por las razones por las que se movilizan, la mayoría es a favor de ellas. Un 45% de votantes del PP las comparte en parte y un 20% totalmente, sumando un 65% de apoyo. Mientras, en el caso de Vox hasta un 29% las apoyan totalmente y un 36% en parte, hasta un 65% de apoyo en alguna medida. Los partidos de izquierda superan el 90% de apoyo.

Un 57% de inquilinos comparten totalmente las razones de las protestas, a las que se suma un 32% que las apoyan en parte hasta alcanzar un 89% de apoyo en algún grado. Entre los propietarios, también hay un 42% de personas que coinciden de lleno y un 40% en parte, un total del 81% de los encuestados, entre los que se encuentran gente de todas ideologías, edades y nivel de estudios.

A pesar de que para los jóvenes el acceso a la vivienda es un problema mucho más acentuado, también es limitada la brecha de edad en el apoyo a las manifestaciones y a la huelga. Todas las franjas de edad superan el 65% de apoyo a la huelga, la más moderada entre los 45 y los 54 años de edad con un 68,4% y la más favorable con un 84% de apoyo. Los jubilados superan el 70% de apoyo a la huelga. Todas las franjas de edad comparten las razones de las protestas totalmente o en parte, todas por encima del 80%. La simpatía por los acampados toca techo entre los jóvenes de 25 a 34 años, con un 68%, y con el 53% de los que tienen entre 44 y 64 años como medida más baja.

La huelga de alquileres, en que muchos inquilinos dejen de pagar la renta, sí que genera una gran división de opinión entre edades. Mientras que un 59% de los jóvenes de entre 25 y 34 años la apoyan, tan solo un 20% de los mayores de 65 la verían con buenos ojos. Esta es una pregunta destinada solo a quienes pagan el alquiler y no a los propietarios, por lo cual no se pueden hacer distinciones por tenencia, pero sí por inclinación política, en la que hay equilibrio de opiniones entre votantes salvo en el caso de un partido.

Un 72% de los votantes del PP están convencidos de que no la apoyarían, pero en el caso de Vox existe más gente que dejaría de pagar el alquiler si hubiera este tipo de medida: un 45% por un 43,8%. Ninguna afiliación política garantiza un 50% de apoyo a esta medida, puesto que solo un 49% de los votantes de Sumar y un 46,6% de votantes del PSOE lo harían.

La regularización extraordinaria de personas migrantes sigue impulsando las cifras de empleo en España, que este septiembre registra un aumento récord de trabajadores afiliados en este mes en la serie histórica. Fueron algo más de 92.300 trabajadores de media respecto a agosto, de los que más de 84.000 son personas extranjeras. Con este empuje, el número de trabajadores extranjeros bate también otro máximo histórico, de más de 3,6 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social, un 16% del total. Por su parte el paro aumentó en casi 23.600 personas, un dato más elevado que en los últimos años y que también se explica por la regularización.

El mercado laboral se situó así en una media de 22,4 millones de personas trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social, aunque en la serie diaria se ha batido en múltiples jornadas el techo de los 22,5 millones de trabajadores alcanzado en julio, ha destacado la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz.

En términos desestacionalizados, indicador que aísla el mercado laboral de vaivenes estacionales que alteran la evolución del empleo, la afiliación aceleró el pasado mes hasta sumar casi 109.000 trabajadores, frente a los 84.000 del mes anterior.

740.000 empleos de alta más en el último año

El “enorme” aumento de trabajadores afiliados de septiembre, destaca la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha dejado también un importante auge en el ritmo de creación de empleo interanual, que se eleva hasta el 3,4%, un punto más que antes de la regularización.

En número de personas, supone que en el último año se han creado 740.000 empleos de alta en la Seguridad Social, un registro que no se alcanzaba “desde 2005”, subraya la ministra de Trabajo. Antes de este proceso extraordinario, el dato era de unos 524.000 afiliados más. “Generar derechos mejora la economía y es bueno también para las empresas”, ha celebrado Díaz.

En cuanto al paro registrado, las personas desempleadas apuntadas a las oficinas públicas de empleo aumentaron en casi 23.600 en septiembre respecto al mes anterior. Se trata de un dato más elevado que en los últimos años, aunque moderado, no muy superior a los registros de 2022 y 2023, por ejemplo, y que se explica también por la regularización. De hecho, el paro extranjero aumentó en 26.000 personas el pasado mes.

En los últimos meses, el Ministerio de Trabajo ha normalizado el aumento del paro fruto de la regularización como una “transición” normal al mercado laboral formal y con derechos. Además, apuntarse al SEPE es una acción recomendada a los migrantes por parte de los sindicatos y las empresas para favorecer la búsqueda de empleo y para que los empleadores puedan beneficiarse de ayudas a la contratación tras pasar por el SEPE.

En total, el paro registrado se sitúa en 2.379.505 personas, en mínimos desde hace 18 años, en 2008, a los inicios de la crisis financiera. De ellas, el 60% son mujeres: 1,4 millones frente a 951.100 hombres en paro.

En el último año, el paro ha descendido en 42.160 personas (-1,7%), con un mayor descenso entre las mujeres (-2,8%) que entre los hombres (-0,2%), cifra Trabajo.

421.000 afiliados extranjeros más y 56.500, en paro

El Gobierno ha actualizado las cifras globales del impacto de la regularización en el mercado laboral hasta el momento, con un auge de trabajadores de alta a la Seguridad Social muy superior al ascenso del paro. A fecha de 30 de septiembre, el número de afiliados extranjeros regularizados en alta por el proceso extraordinario ascendía a 421.306 personas, informa el Ministerio de la Seguridad Social. Se trata de unas 83.400 más que en agosto.

De ellas, el 60% son hombres y el 40%, mujeres, y la gran mayoría han sido empleadas por terceros como asalariadas en el Régimen General (el 77%), mientras que unos 22.600 trabajadores se han dado de alta como autónomos –sin tener en cuenta el sistema especial de trabajadores agrarios– (un 5,4%). En los últimos meses, también hay un incremento de las trabajadoras dadas de alta en el sistema especial de empleo del hogar, que sumó 7.000 personas afiliadas en septiembre.

Por países de origen, el que cuenta con más afiliados en alta provenientes del proceso de regularización es Colombia (118.485), seguido de Venezuela (71.999). “Estos dos países concentran casi la mitad del total a 31 de septiembre”, destaca el departamento de Saiz.

Por otro lado, a finales de septiembre constaban alrededor de 56.500 personas en paro inscritas tras acogerse a la regularización extraordinaria, ha informado el Ministerio de Trabajo, de las que “el 52% llevaban menos de un mes inscritas en el SEPE”.

Tirón de la educación en septiembre y de la construcción en el año

Como ocurre cada septiembre, se recupera mucho empleo en el sector educativo, que recuperan personal tras las vacaciones de verano, mientras se pierden afiliados en actividades como la hostelería y el comercio con el fin de la temporada turística.

Este año, la educación sumó 63.500 afiliados en septiembre, mientras que los sectores de comercio (-40.000) y sobre todo hostelería (-22.000) encabezan las pérdidas de afiliados, aunque se resintieron algo menos que otros años. Ambas actividades, sobre todo la hostelería, son sectores que están empleando a gran parte de los trabajadores extranjeros que marca récords en estos momentos.

Si se amplía la mirada al último año, la regularización ha impulsado mucho el sector de la construcción y lo ha convertido en el que más empleo de alta ha creado en el último año: ha sumado 97.100 afiliados en los últimos doce meses, un aumento del 7%. Muchos de estos trabajadores extranjeros ya estaban empleados en esta actividad, como reconoció la propia patronal, pero en la economía sumergida y mucho más expuestos a la explotación y la falta de derechos.

Por comunidades autónomas, la Seguridad Social destaca el crecimiento generalizado del empleo en todas ellas, por encima del 2% (excepto en Extremadura, que el incremento es algo menor).