El naviero Vicente Boluda, una de las mayores fortunas del país, ha sido absuelto de denuncia falsa. Un abogado del Estado, José Antonio Morillo Velarde, se querelló. Lo hizo tras conseguir archivar una querella que le había puesto el empresario y que le acusaba de prevaricar. El naviero contraatacó asegurando que, en realidad, sufría una extorsión. El tribunal que le ha juzgado, en una sentencia dictada el viernes 20 de marzo, considera que, si bien la querella que Boluda presentó contra la cúpula de Puertos no prosperó, “el encausado y sus asesores entendieron que visto el conjunto de actuaciones que se estaban llevando en el ámbito de la autoridad portuaria podían estar actuando para perjudicarle, que si bien puede ser una visión o interpretación subjetiva porque no favorecía sus intereses, ello no significa o no se ha acreditado que lo hiciera con conciencia de su falsedad o temerario desprecio a la verdad”.

En 2020, Vicente Boluda jugó fuerte. Una de sus empresas, Rebapa, con intereses en remolcadores en Canarias, se querelló contra la anterior cúpula de Puertos del Estado, lo que incluía al abogado del Estado José Antonio Morillo Velarde. El naviero consideraba que estaba siendo perjudicado en un concurso para favorecer a una empresa alemana. El caso tuvo poco recorrido judicial y fue rápidamente archivado.

Pero Morillo Velarde no se quedó quieto y acusó al naviero de denuncia falsa. Fue un choque sin precedentes entre un alto funcionario y el empresario. El abogado del Estado acudió a la justicia a título particular. La de denuncia falsa es una acusación que rara vez prospera, y menos si, como en este caso, la fiscalía no lo apoya. Aun así, Morillo Velarde logró sentar en el banquillo a Boluda, en una imagen insólita. El naviero alegó que sufría “un inadmisible intento de extorsión económica”, algo que Morillo negó.

 Ahora, la sentencia absuelve a Boluda. La juez de instancia de Las Palmas considera evidente que Boluda es “evidente que contrata al letrado y es quien decide finalmente si se ejercita o no las acciones penales correspondientes” y que Rebapa achacaba a Morillo “unos hechos que de ser ciertos, serían constitutivos de delito”. Pero la juez destaca en que hay que ver si lo que atribuía Boluda a Morillo era falso y si, además, presentó la querella con desprecio a la verdad.

Según la sentencia, Morillo realizó informes jurídicos pero “en ningún caso por iniciativa propia y de forma unilateral, cuyo contenido lo hizo conforme a su criterio jurídico, avalado por el dictamen superior, y sin perjuicio de lo resuelto por el orden jurisdiccional de lo contencioso administrativo”.

Pero eso no implica que Boluda “encargase interponer la querella contra el Sr. Rómulo a sabiendas que los hechos que se le atribuían en la misma eran inventados o falsos, y este elemento no se ha acreditado”. “El encausado y sus asesores entendieron que visto el conjunto de actuaciones que se estaban llevando en el ámbito de la autoridad portuaria podían estar actuando para perjudicarle, que si bien puede ser una visión o interpretación subjetiva porque no favorecía sus intereses, ello no significa o no se ha acreditado que lo hiciera con conciencia de su falsedad o temerario desprecio a la verdad”. Por todo, queda absuelto. Contra esta sentencia cabe recurso.

La Justicia ha dado por zanjado un histórico litigio por las tierras contaminadas por las bombas de Palomares. En 1966, dos aviones de la fuerza aérea de Estados Unidos chocaron en vuelo y al liberar cuatro bombas atómicas, dejaron un reguero de plutonio que a nadie importó demasiado. Fue en 2004, cuando la burbuja inmobiliaria llegaba a la costa de Almería, cuando el Estado comenzó el trámite para expropiar los terrenos. Pero una promotora británica alegaba que tenía permiso para construir allí. El pasado diciembre el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía zanjó la disputa y permitió que el Estado se quede con los terrenos por unos euros el metro cuadrado.

La historia de las bombas de Palomares es una en la que nadie sabe explicar muy bien qué pasó antes de su mandato, cómo se pudo llegar allí. Tras el accidente, Estados Unidos embarcó gran cantidad de tierra contaminada en bidones y, a través de Cartagena, la llevó en buques a su territorio. El régimen de Franco lo dio por bueno. Washington y Madrid firmaron un acuerdo por el que Estados Unidos pagaría análisis de sangre a la población a ver si había alguna anomalía en la incidencia de cáncer y listo. 

En realidad, durante décadas a nadie le importó mucho. El levante de Almería seguía siendo una zona árida y lejos de Madrid. No había llegado el boom de la agricultura y el turismo.

Eso cambió a principios de los 2000. El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) y el Consejo de Seguridad Nuclear detectaron en el americio en el aire, producto de la desintegración del plutonio, activo durante decenas de miles de años. La zona, con una de las mayores reservas de suelo virgen del Mediterráneo, era un hervidero de grúas. Había que hacer algo. El Gobierno de Aznar aprobó discretamente una partida para expropiaciones.

Fue un año después y ya con Zapatero en Moncloa cuando el Ciemat decidió que, para expropiar, tenía que saber realmente la contaminación que había. En un primer momento caracterizó varias zonas donde habían caído las bombas y donde el ejército estadounidense había acumulado la tierra que se llevó. Era poco terreno, unas 10 hectáreas: una parcela en el centro del pueblo y otras a las afueras, junto al cementerio y en la que seguían plantando lechugas. Todo el pueblo conocía esas localizaciones, era donde habían caído las bombas.

Pero los investigadores se toparon con varias sorpresas. Primero descubrieron las zanjas en las que los americanos habían enterrado material radiactivo y, lo más importante, unas 30 hectáreas con contaminación en la sierra de Almagrera en la que nadie había reparado, según fuentes del Ciemat. Es una zona alejada de donde cayeron las bombas. Lo que había ocurrido es que el viento llevó parte de la contaminación durante el descenso de las bombas. 

Ese era un terreno urbanísticamente muy interesante porque está próximo al pueblo pesquero de Villaricos y con una preciosa vista de la puesta de sol. La empresa Villaricos SL, dueña del resort Desert Springs Golf, a unos siete kilómetros tierra adentro, pretendía construir allí. Villaricos SL es de capital británico. Así que en 2007 el Consejo de Ministros amplió el objeto para poder expropiar esos terrenos. Muy cerca de allí, siguen en marcha otros enormes planes urbanísticos.

Eso paró de momento la construcción al poner en marcha la lenta maquinaria de la expropiación. La zona, que durante décadas era pasto para cabras, fue vallada, aunque fuese de forma porosa. En 2022, finalmente, fue ocupado a precio de terreno rústico. “El Jurado Provincial consideró que la renta superior de la finca expropiada se obtendría con la consideración de una renta de un terreno de imposible explotación”. “Con ello, el valor final del suelo que fija el Jurado es de 0,68 euros por metro cuadrado”.

Villaricos SL, que no ha querido hacer declaraciones, comenzó entonces un litigio contra el precio de la expropiación. Alegó que tenía una aprobación urbanística inicial para construir allí y pedía casi 75 euros por metro cuadrado. Alegaba que en 2007 el Ayuntamiento de Cuevas del Almazora, al que pertenece Palomares, había aprobado el plan parcial urbanístico de ese sector y que el valor asignado “no considera la mayor renta potencial de la explotación”. Eso, argumentaba, vulnera “los principios de confianza legítima, buena fe y seguridad jurídica”. Señalaba que en otra tanda de expropiaciones había recibido más precio por otro terreno.

La abogacía del Estado replicó que el plan parcial que daba cobijo a la urbanización de Villaricos SL fue anulado por el mismo TSJ en 2011, “lo que significa que el citado plan parcial nunca ha existido, por lo que no puede considerarse que el sector en el que se incluyen los terrenos aquí justipreciados hayan contado con ordenación detallada que les permitiera su desarrollo”. Los jueces dieron la razón al Estado. En dos sentencias del mes de diciembre desestimó las pretensiones de Villaricos SL.

Se zanja así la posibilidad de urbanizar los terrenos. Ya solo queda retirar la tierra contaminada y que los vecinos vuelvan a la vida normal. Esos vecinos que, después de décadas escuchando que todo estaba en orden, vieron en 2011 a la primera delegación de Estados Unidos y que, para sorpresa del pueblo, se pusieron calzas sobre los zapatos para no pisar un solar en el centro del pueblo.

En 2015, con Obama en la Casa Blanca, Estados Unidos y España firmaron un acuerdo para descontaminar definitivamente el terreno. Washington siempre fue reticente, en parte porque ha realizado pruebas nucleares en otras zonas, y temía reclamaciones similares y porque España en 1966 aceptó que la limpieza estaba hecha. Con Joe Biden hubo otro acercamiento. Pero, 50 años después, la contaminación sigue allí. Ahora, al menos, vallada y expropiada.

Los Ojos del Guadiana son, en teoría, el nacimiento de unos de los ríos más importantes de la Península. Pero la visita no puede ser más decepcionante. Donde debería aflorar el agua por el enorme acuífero del subsuelo de La Mancha, hay un pívot para regar alfalfa y un enorme cartel junto a la carretera que advierte: “Propiedad 100% de SAT Evangelista. Propiedad particular. Prohibido el paso”. 

El cartel es una demostración de fuerza, un signo detrás del cual se esconde una lucha de décadas. Porque los Ojos llevan décadas okupados y la Confederación Hidrográfica del Guadiana, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha pasado más de 30 años –con desigual interés– pleiteando por recuperarlos. Ahora, una sentencia de julio de 2025 da la razón al Estado y supone el penúltimo escalón para recuperarlo. El presidente de la Confederación, Samuel Moraleda, está deseando que salga el último recurso y ejecutarla. Le duele cada vez que desde la carretera ve ese enorme pívot de regadío. Porque la okupación no se da en un lugar remoto, sino junto a una carretera nacional, a la vista de todo el mundo.

Manuel, El Lele, vende los mejores melones del mundo. O eso dice la publicidad del enorme cartel junto a su puesto. Este agricultor de 64 años tiene sus tierras junto a los Ojos. “Ese es el Ojo de la Señora”, explica señalando el cartel y las tierras que hay frente a su puesto de melones. Habla en presente aunque no se ve nada de agua donde señala. Pero es que para El Lele, “el río es río aunque esté seco. Aunque no lleve agua, eso sigue siendo suyo”.

Esa no es solo la lógica del campo sino que la sigue la legislación en España desde Alfonso X, cuando declaró que las costas y las riberas de los ríos son bienes comunales. Desde hace décadas se llama Dominio Público Hidráulico, y son bienes que de ninguna manera pueden pasar a ser privados.

La lucha del Estado

Eso explica que el Estado lleve años de pelea por los Ojos del Guadiana y el cauce posterior hasta Las Tablas de Daimiel. Desde el siglo XIX el hombre ha intervenido en la zona, un enorme humedal. Pero fue en 1956, con la ley de desecación de los ríos Guadiana, Cigüela, Záncara, cuando los trabajos fueron concienzudos. Entonces, los humedales eran considerados una fuente de paludismo y de retraso económico porque impedían la agricultura. Años de implantar regadío dieron el resultado previsto a mitad de los 80, cuando los Ojos se secaron por primera vez. El Guadiana cierra sus ojos, se dijo poéticamente del drama ambiental que suponía.

Que no hubiera agua terminó de fomentar la colonización del terreno, fuera para explotar la turba del subsuelo o para regar con los pívots que jalonan la comarca gracias a los bombeos desde el subsuelo. Y, a su vez, comenzó una batalla judicial y social. En los tribunales, el Estado pleiteó para mantener, al menos sobre el papel, su propiedad. En la social, los ecologistas se enfrentaron con pocas armas a los numerosos agricultores que viven del agua del entonces llamado acuífero 23, la enorme masa de agua que encharcaba toda la zona.

En 1994, el Tribunal Supremo validó el deslinde sobre los Ojos del Guadiana, el trámite que establece sobre el plano qué parte es pública, hasta donde alcanza el agua de forma natural, y qué parte es privada. El Alto Tribunal decretó que los ojos del Guadiana “tanto si era río, como si era laguna, como si constituía zona mixta de río y laguna, la conclusión es siempre la misma, a saber: que el cauce o lecho es siempre de dominio público, pues los ríos y las lagunas lo son”.

Esa sentencia parecía que iba a ser definitiva. Pero aplicar ese deslinde es especialmente conflictivo al chocar muchos intereses económicos en juego. En 2012, tras varios años húmedos, los ojos volvieron a encharcarse. El acuífero subió de nivel y, como 30 años antes, el agua afloró desde el subsuelo. Para alguien que no conociera la zona solo eran charcas. Pero fue muy simbólico. Significaba que el Guadiana era rescatable. Como ese enfermo que sale del coma en el que lleva años. 

También lo supo el agricultor que tiene el terreno inscrito. Dos años después, se cansó de la visita de curiosos que iban a contemplar el fenómeno y, con una azada, destrozó la laguna natural creada eliminando todo rastro de agua y del humedal. La Guardia Civil precintó la zona para intentar protegerla para sorpresa de toda la mancomunidad de vecinos, que veían que un bien natural incalculable había sido destrozado por un vecino para cultivar alfalfa. Eso movilizó de nuevo la posibilidad de rescatar el acuífero y el Estado retomó el deslinde 2016. 

Entonces, la Confederación colocó los mojones que delimitan la zona pública y privada. Son 195 pequeños hitos de cemento que van recorriendo el perímetro de los Ojos. El Lele los conoce bien. Saca un mapa del deslinde y una lupa para ir siguiendo el recorrido. Asegura que él insistió a la confederación para que acometiera el amojonamiento: “Eso es de dominio público. Siempre lo fue. Lo que pasa es que hay mucho listo en esta vida”.

Ahí comenzó otro proceso judicial que rememora el presidente de la Confederación. “A partir de ese momento instamos a la propiedad a que desmantele estas instalaciones hidráulicas de regadío”. El 19 de abril de 2016, el registro de la propiedad inmatriculó las fincas a favor del Estado y exactamente seis meses después la Confederación dio 30 días a la empresa agrícola para que desmantelara el pívot de regadío. Esta recurrió a la justicia alegando que tenía las fincas inscritas en el registro de la propiedad legalmente antes de que el Estado las deslindara. En 2022 el juez de primera instancia dio la razón al Estado.

La SAT Evangelista, que no ha querido hacer comentarios para esta información, recurrió entonces a la Audiencia Provincial, que el pasado julio, avaló toda la sentencia de primera instancia. El tribunal concluye que “si la zona deslindada de los Ojos del Guadiana que ha afectado de lleno a las fincas registrales propiedad de la parte actora siempre han sido dominio público, cualquier acto de adquisición y/o enajenación de las mismas (aunque se haya inscrito en el Registro de la Propiedad) resulta inoponible” a la ley de Aguas, que declara “dominio público hidráulico del Estado los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas”. Moraleda lo celebra: “Estos derechos de propiedad y el tráfico jurídico no tiene que ver con el Dominio Público Hidráulico, que está determinado por ley”.

Los propietarios que tienen inscritos los terrenos son correosos. Se juegan mucho. En 2020 la justicia anuló el deslinde aguas abajo de este, el que lleva desde los Ojos hasta las Tablas de Daimiel, y la abogacía del Estado no lo recurrió. Escarmentada con pasados anuncios en balde, la Confederación recibió con júbilo la sentencia de 2025 sobre los Ojos, pero guardó silencio público. Espera ahora la última decisión del Supremo, pero, con todos los precedentes a su favor, confía en que, más pronto que tarde, ahora sí, volverán a manos públicas. “Desde luego ir a la carretera de Madrid por Madrid y ver a la izquierda el famoso pívot en un espacio que es de dominio público, pues a nosotros nos molesta y por eso nos hemos movido. Y bueno, ya es cuestión de tiempo que recuperemos ese terreno que, como digo, siempre ha sido de Dominio Público Hidráulico”, concluye.

Si eso ocurre será un hito, pero uno administrativo. La recuperación en el Alto Guadiana estará solo lograda sobre el papel. Porque el acuífero, tras la recuperación de 2012, no ha hecho más que perder agua por la agricultura intensiva. “Llevamos 11 años consecutivos con descensos piezométricos importantes”, señala Moraleda, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

La voz de los expertos

Miguel Mejías, del departamento de Aguas y Cambio Global del Centro Nacional, en el IGME-CSIC, estudia periódicamente el que tradicionalmente se llamaba acuífero 23 y que ahora está considerado como tres masas de agua diferenciadas. Él pone datos al drástico vaciado por la sobreexplotación para el regadío. “En los ojos del Guadiana la profundidad para que vuelva a salir el agua estaríamos a unos 13 metros. Ahora mismo hay un vaciado de volumen de agua almacenado del acuífero desde 1980 hasta 2025, en la actualidad son 2.145 hectómetros cúbicos. Desde 1980, que es el año de referencia, a 2025, las tres masas centrales han bajado 18,27 metros”.

Alberto Celis, secretario de la Asociación Ojos del Guadiana Vivos, cree que nada se arreglará hasta que no se actúe aguas arriba. “Los bombeos para la agricultura intensiva en Manzanares, Cinco Casas o en Llanos del Caudillo han cortocircuitado el sistema del río”. Si la Confederación recupera efectivamente el dominio público hidráulico, si en algún momento vuelve un ciclo húmedo y el agua vuelve a aflorar, al menos no se encontrará un pívot de regadío.

El 15 de septiembre de 2015, el sargento de la Guardia Civil José Romero Béjar fue destinado a la Patrulla de Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de la Compañía de Tarifa. Romero Béjar, alias el Moro porque sabe árabe, llegaba así al que parecía su último destino. Lejos quedaban los años más negros del cuartel de Intxaurrondo de San Sebastián, bajo las órdenes del general Enrique Rodríguez Galindo y que le llevaron a declarar ante Garzón cuando investigaba a los GAL. Una vez en Tarifa, Romero Béjar se convirtió en el zorro cuidando de las gallinas. Ha aceptado una pena de dos años por avisar a narcotraficantes de dónde iba a estar la Guardia Civil para que pudieran descargar sus narcolanchas sin problemas. El sumario del caso revela con detalle cómo las redes criminales penetran en los cuerpos policiales del Estrecho.

Para saber qué se cuece en el Estrecho, la PAFIF era el lugar ideal. La unidad en la que tenía un mando Romero Béjar se encarga de “prevenir, perseguir, descubrir y reprimir los delitos relacionados con el narcotráfico colaborando con las Unidades Territoriales en la custodia de las costas”.

Pero mes y medio después de la llegada de Romero a su nuevo puesto, algo se torció. A las 07.45 horas del 30 de noviembre de 2015, agentes de Tarifa abortaron un alijo con 66 fardos de hachís que sumaban dos toneladas. Como en un camping cercano vieron a dos viejos conocidos del instituto armado, los llevaron a las dependencias policiales. Y allí uno de los detenidos soltó la bomba: “En el cuartel había un mando que había venido hace росо у que controlaba alijos”. “Romero ha venido aquí a llenarse los bolsillos de dinero...”. 

El asunto fue escalando y comenzó la operación Jinete. Escuchas, seguimientos y registros revelaron un tren de vida incompatible con el sueldo de un veterano de la Guardia Civil. Para un agente de base, Romero era un jefe de los de antes, siempre conectado, 24 horas al día, siete días a la semana. “Los guardias civiles pertenecientes a su unidad le llaman periódicamente para indicarle cuando salen de servicio, así como a la zona a la que se dirigen a realizar el mismo. José Romero demanda esta información incluso encontrándose franco de servicio o de vacaciones”, relata un informe policial del sumario.

Lo que ocurría es que necesitaba saber de antemano a dónde iban a patrullar los agentes para avisar a los narcos y que evitaran esas playas. De vez en cuando había accidentes. El 4 de diciembre de ese año, por ejemplo, unos guardias civiles iban a intervenir un alijo se cruzaron por casualidad con Romero Béjar por la zona. Pero estaba de vacaciones. Fue sancionado por ello. Y sembró aún más la sospecha sobre su actividad. Un día más tarde, el 5 de diciembre de 2015, sumó otro indicio en su contra. “Esa noche, sin el conocimiento del acusado José Romero Béjar, se modificó el operativo en el sentido de que el vehículo con medios de visión nocturna adjudicado a su unidad se situó en un lugar distinto, novedoso y no utilizado nunca”. El resultado fue de 101 fardos de hachís aprehendidos. 

Los propios agentes de la Guardia Civil comenzaron a seguir a Romero Béjar y notaron variaciones extrañas en el uso de su radioteléfono, conversaciones en clave y citas que los agentes relacionaron con los narcotraficantes conocidos como el Feo y el Fantasma. Con su radioteléfono oficial podía conocer el movimiento de todas las patrullas de la Guardia Civil. Esa información fue, literalmente, oro. En el Estrecho es habitual que los agentes, especialmente los nacidos allí, se conozcan y se crucen con narcos. A veces es difícil deslindar esas relaciones de amistad incluso entre familias con un trato comercial.

El 23 de octubre de 2016, Romero Béjar se sinceró con la persona que hacía de enlace con los narcos. Estaba dentro de un coche, por teléfono era cauteloso. No sabía que agentes de Asuntos Internos con orden de un juzgado de Algeciras estaban grabando todo desde un dispositivo oculto –“medio técnico de sonorización ambiental”– en el interior del vehículo tras pedir al concesionario que vendió el coche un duplicado de las llaves. Ahí, el Moro dio cuenta de su alto ritmo de vida. “Es abusiva, tío. Cuando fuimos a ese hotel, el de aquí, me gasté en un día 5.000 euros. Cuando fuimos a Granada me gasté también cuatro o cinco mil euros. Cuando fuimos a Madrid, seis o siete mil euros. No se da cuenta esta tía”. Su pareja, se queja, “está obsesionada con un rólex de oro”. 

“Yo quiero vivir tranquilo, vivir bien”

Los agentes le hallaron gastos en Madrid en comidas en Zalacaín y el Asador Donostiarra. Él mismo, en la misma conversación, dio la que es una clave de su actuación y de otros agentes de la lucha contra el narco. “Yo quiero vivir tranquilo, vivir bien, tener para follar, darme un buen paseíto con la moto, para ir de pesca, para comprarme cuando pueda un buen cochecito, para vivir, para disfrutar, que para eso me he complicado la vida, pero no para jincármelo en un año o dos. Para empezar es que me he gastado yo este año 60.000 o 70.000 euros”. Safaris, una yegua y dos caballos, un Toyota Land Cruiser, una moto Yamaha ME 250R y otra BMW K1200... Romero no tenía sueños baratos. En 2013, Romero Béjar declaró ingresos por 36.794 euros, y en 2014, por 40.400, incompatibles con ese ritmo de vida. 

Paralelamente a la investigación de la Guardia Civil, su banco, el Santander, le pidió que dejase la entidad. No le daban explicaciones pero comenzó a mover sus hilos hasta descubrir que era por una orden de Madrid que temía tener problemas con antiblanqueo. En ese mismo momento, otra rama de la Guardia Civil inició su propia investigación patrimonial sobre el mando y la denominaron Black Rider que concluyó que tenía ingresos de origen no declarado.

Según la investigación, acosado por varios frentes y temiéndose lo peor al conocer la decisión del banco, paró su actividad un tiempo. “Esto me lo tienes que guardar donde sea, tío. He tenido que llevarle todo el dinero a Antonio, esconderlo todo, sacarlo de mi casa, no veas lo que me ha pasado”, cuenta a un amigo.

El 4 de noviembre de 2016, fue detenido junto con otros miembros de la red investigados. La Guardia Civil dio un vídeo con la entrada y registro en su casa. El caso saltó a la prensa. Allí no había mucho dinero, solo 3.857 euros, pero sí una carabina marca Sovereign Saut del calibre 22, un arma clásica para los safaris en los que participaba. El dinero estaba en un garaje vinculado a Andrés García Núñez. Bajo las baldas, metidos en bolsas, hallaron 442.560 euros.  

El caso, como tantos, se eternizó en los saturados juzgados del Estrecho, donde los funcionarios viven superados por estas causas. El pasado 28 de abril por la mañana, horas antes del apagón que afectó a toda España, llegó por fin a juicio. 13 acusados se sentaron en el banquillo. Apenas tres familiares se sentaron al fondo de la sala a seguir la breve liturgia. Fue breve. Los acusados habían llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. Siete de los acusados quedaban fuera de la acusación y otros aceptaban penas de dos años, que normalmente no conllevan ingreso en prisión.

Entre estos últimos estaba Romero Béjar, que se adelantó unos metros y aceptó los hechos ante el tribunal. Según la sentencia, “beneficiados de su posición como agentes de la autoridad, tenían como función principal la cobertura policial a las organizaciones que se dedican a introducir grandes cantidades de hachís a través de las costas de Tarifa. El acusado Jose Romero Béjar como máximo responsable del PAFIF daba las órdenes que el acusado Andrés Guerrero Aznar transmitía a los narcotraficantes”.

Condenado por “delito contra la salud pública”

Romero Béjar, el Moro, fue condenado a dos años de prisión “como autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que no causan grave daños a la salud y en cantidad de notoria importancia y uso de embarcación” y multas de 3,3 millones de euros. Fue absuelto del delito de pertenencia a grupo criminal y tenencia de arma prohibida. También fue suspendido definitivamente como miembro de la Guardia Civil. Su abogado no quiso comentar el caso.

Así, sin mucho ruido, acababa una carrera en el cuerpo cuando estaba próximo a la jubilación. Romero Béjar lo había vivido ya todo en el Instituto Armado. Nacido en Ceuta en 1959, con solo 20 años ingresó en el cuerpo. En los años 80 del siglo pasado estuvo destinado en el cuartel de Intxaurrondo de San Sebastián y epicentro de la lucha más negra contra ETA. En 1998 fue citado por el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dentro del sumario contra los GAL. Se negó a declarar.

El general Rodríguez Galindo, que acabó condenado a 75 años de prisión, salió en defensa de él y otros guardias también señalados. “Afirmo con orgullo y dolor que son plenamente inocentes todos aquellos guardias civiles que habiendo sido subordinados míos en tiempos pasados se encuentran hoy injustamente imputados en este proceso. El teniente en su momento, comandante hoy, Manuel Davó Soler, el teniente Pedro Gómez Nieto, el sargento Enrique Dorado Villalobos, el sargento José Romero Béjar, el sargento Luis Valentín Sandoval Campos, el sargento Francisco Hermida Bouzas y el cabo Felipe Bayo Leal y tantos otros que han servido a mis órdenes y siempre han actuado como leales, sacrificados y ejemplares servidores del pueblo español y del sistema de libertades recogido en nuestro ordenamiento constitucional”, escribió en un escrito al Tribunal Constitucional. Romero Béjar no fue ni juzgado por los GAL.

Rodríguez Galindo acabó condenado por los asesinatos de Lasa y Zabala y, según el diario Europa Sur, en una de sus últimas publicaciones en Facebook antes de ser detenido, Romero Béjar compartía una iniciativa para declarar héroe nacional a Rodríguez Galindo. Según el mismo diario, “formaba parte del grupo Omega, cuyos agentes eran conocidos como 'los pata negra', creados por Luis Roldán”. Tras pasar por Intxaurrondo, en 1996 volvió al Estrecho y en 2002 fue nombrado jefe de policía local de Los Barrios, tras una polémica por su nombramiento volvió al cuerpo. Y de ahí, con 45 años de servicio, acabó ante el tribunal.

El caso de un agente de Intxaurrondo vinculado con el narcotráfico remite de nuevo a finales de los años 80. El cuartel no solo fue denunciado como sede habitual de torturas, sino que tiene un halo de misterio sobre su vinculación con el narcotráfico. En 1988, el entonces fiscal jefe de San Sebastián, Luis Navajas, uno de los primeros en denunciar las torturas, recibió una denuncia de un agente que decía que había elementos en Intxaurrondo vinculados con mafias de contrabando en la frontera con Francia. Navajas trasladó el informe a sus superiores en Madrid y nunca más se supo de ella, murió en un cajón.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado revisar la absolución del exdirector de Control Antidopaje Jesús Alberto Muñoz-Guerra y una subordinada, que estaban acusados de firmar que una muestra de control había sido tomada por dos agentes de control antidopaje cuando en realidad solo había uno, algo que, según una denuncia interna que llegó al Ministerio de Educación, era corriente. Los dos fueron absueltos en mayo, pero ahora el tribunal da un varapalo a la Audiencia de Madrid al considerar que la sentencia excluyó documentos y testimonios incriminatorios de forma “voluntarista” y en contra de “las máximas de experiencia”. No los condena, pero pide a la Audiencia que repita la sentencia valorando ahora todas las pruebas.

Hace dos años, una denuncia interna sacudió la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD). Simplificando, una trabajadora denunciaba que, a menudo, se firmaban sanciones con controles tomados por un solo agente de control, aunque la norma exigía —de forma un tanto confusa— que hubiese dos. Con ese sistema las empresas encargadas de los controles se ahorraban dinero y algunos casos positivos eran tramitados y otros morían en un cajón, como el del velocista Patrick Chinedu.

El sistema acabó con la salida de José Luis Terreros de la dirección de Antidopaje y una denuncia del Ministerio ante la Fiscalía, que archivó el caso. Además, su número dos acabó en el banquillo porque una deportista sancionada le acusó de alterar en 2017 los documentos para que pareciera que había dos agentes de control.

El juez del caso lo archivó inicialmente, pero fue la Audiencia quien lo mandó a juicio para decidir allí si el formulario de control que denunciaban que había sido alterado era un documento interno u oficial y qué efecto tuvo en la tramitación: “No puede concluirse en este momento que la falsedad fuera inocua o carente de trascendencia, en tanto que no es dudoso que de haberse referido la existencia de irregularidad en la toma de la muestra obtenida, el procedimiento tramitado en perjuicio de la denunciante o no se hubiera incoado o hubiera tenido una más rápida resolución a su favor. En este sentido parece que el documento produjo un efecto jurídico”.

El pasado mayo, la Audiencia absolvió a Muñoz Guerra y a una funcionaria. Según la sentencia, “los documentos reputados falsos [...] no fueron determinantes” para el caso y “no queda acreditada la naturaleza pública u oficial de los referidos documentos”.

 “Junto a la presunción de inocencia, y en la ponderación del material probatorio, el tribunal ha estado presidido ante situaciones de incertidumbre o duda por el principio in dubio pro reo de tal suerte que, al no quedar convencido de la concurrencia de los presupuestos negativos y positivos del juicio de imputación de determinados hechos, ha optado por una declaración negativa de culpabilidad”, señalaban los jueces.

La acusación recurrió y alegó que la absolución se basaba en “arbitrariedad e irracionalidad” y en “la omisión de valoración de determinadas pruebas documentales”, entre otras cosas. Argumentaban que habían dejado fuera testimonios y documentos que sustentaban su causa. 

Los jueces del Superior de Justicia de Madrid coinciden y, tras revisar el vídeo de la vista oral, han ordenado repetir la sentencia. La decisión, del 19 de diciembre y notificada el martes, supone un varapalo al tribunal. “Lo cierto es que tal inanidad o falta de funcionalidad jurídica del posible delito de falsedad en documento oficial no se ha explicitado con la necesaria y completa revisión del material probatorio”. “Hubo omisión completa de pruebas obrantes en las actuaciones, puestas de manifiesto por el recurso así como de su relevancia en la posible comisión del delito objeto de la acusación”, señalan.

Por todo, encarga que “dicte otra sentencia nueva valorándose todas las pruebas practicadas en el juicio oral y omitidas en la recurrida ateniéndose a las máximas de experiencia y racionalidad de los razonamientos”. Para dar carpetazo el asunto, como piden la Fiscalía y la Abogacía del Estado, tendrán que razonarlo mejor.

Durante la gran crisis, Antonio Arroyo fue considerado el mayor prestamista de España. Entre 2006 y 2012, cuando los bancos cerraron el crédito, él ofrecía “dinero rápido, créditos en un día”. Mucha gente ahogada en deudas acudió a este sistema para salir adelante. El problema es que los préstamos eran tan complejos, y a un interés tan alto, que mucha gente acabó perdiendo su vivienda. La Fiscalía pide ahora para él ocho años de cárcel por estafa. Ya fue absuelto por prescripción en otro caso en 2017 y absuelto en 2024 de una denuncia individual. Ahora se enfrenta a una causa en la que se suman 28 clientes y será juzgado en febrero en la Audiencia Provincial de Madrid. 

“¿Necesita dinero? Nosotros se lo facilitamos de forma rápida y sin trámites”. La publicidad de Antonio Arroyo era música celestial para gente ahogada durante la crisis, cuando la banca cerró el grifo del crédito. Javier Alberti, abogado de una veintena de perjudicados de Arroyo, explica que “todos los clientes tienen el mismo perfil, gente que en lo peor de la crisis necesitaba un pequeño préstamo, no son cantidades grandes, sino algo que hoy cubriría un préstamo al consumo”. Pero al llegar a firmar había mucha letra pequeña. “Al principio eran préstamos sin garantía, pero al final pedían una vivienda libre de cargas. A menudo esta no era de los clientes sino de sus padres”.

Según la Fiscalía de Madrid, una vez los perjudicados eran citados en la notaria “firmaban una escritura cuyo contenido по obedecía a la realidad de lo pactado, ya que en ella se hacía constar que se había solicitado una cantidad dinero, generalmente superior a la que realmente necesitaban, y de la que se descontaba sumas elevadas en concepto de intereses, provisión de fondos y otros conceptos a favor del prestamista Antonio Arroyo Arroyo, fijándose como garantía hipotecaria la vivienda”. 

También se les ocultaba hasta el final condiciones del préstamo como “la firma de unas letras de cambio en las que se fijaba un tipo de interés que fluctuaba entre el 8% hasta la fecha de vencimiento para su amortización y un 29% hasta su total pago una vez superado este”. 

Nada más firmarlo, Arroya endosaba el préstamo a otra entidad vinculada a su entorno. Eso “en la práctica imposibilitaba que los perjudicados pudieran hacer efectiva la cantidad adeudada, ya que la letra no estaba en poder del acusado ni antes ni después de su vencimiento”. Como no podían pagar porque no sabían de quién era el préstamo, eso aumentaba el interés. Así, según las acusaciones, hasta que el acreedor se presentaba allí y reclamaba la vivienda.

El abogado Javier Alberti resume en su despacho cómo funcionaba el sistema en la notaría. Todo se hacía muy rápido. “En la escritura, por ejemplo, ponía 20.000 euros, pero en realidad solo habían recibido la mitad. Incluso los clientes que querían pagar, en un principio no podían, no sabían a quién”. 

Al final, según el escrito de acusación del fiscal, “esta forma de actuar, permitió en la mayoría de los casos que el tenedor de la letra (Antonio Arroyo Arroyo y/o familiares de este o empresas vinculadas a él) instasen la ejecución de las garantías a través de los procedimientos hipotecarios correspondientes, y se adjudicasen las viviendas”. Como las viviendas estaban tasadas a la baja, a menudo se quedó con pisos por deudas de entre 20.000 y 60.000 euros. Según Alberti, “el objetivo no era cobrar el interés del préstamo, sino la casa”.

Una de las afectadas narra por teléfono su caso. “Yo no estaba en mi mejor momento y tenía una deuda con la seguridad social. Un empleado de Banesto me dio el contacto diciendo que era una financiera. Hasta el final no supe que había letras de cambio por 45.000 euros. El notario participaba. Nos dio el dinero en billetes de 500 euros. Al salir vimos que no teníamos las escrituras y cuando las vimos no tenía nada que ver con lo que firmamos”. Tras firmar el préstamo, no sabía a quién abonarle las cuotas. “Yo llamaba a Antonio para intentar pagar y solo me pedía más documentación. Siete meses después, llaman a mi puerta y es un señor que dice que viene a ver mi casa porque la subasta era dos días después. Conseguimos paralizar el desahucio, pero ha sido un calvario. Pensábamos que en cualquier momento nos quedábamos sin nada. Otro cliente se suicidó. Fue horrible”.

En 2017, Arroyo ya fue absuelto por estafa en una causa por prescripción. También fue absuelto de estafa en 2024 por un préstamo en el que la Fiscalía pidió su absolución. Entonces, la Audiencia de Madrid: “Ante las dificultades económicas que afrontaba, la denunciante acudió a la vía de la financiación privada tras no obtener respuesta favorable en la vía bancaria, financiación privada de la que tuvo conocimiento a través de Internet y que incluso resultó fallida una primera vez, asumiendo con ello unos intereses que podrían ser más elevados. Y tras no poder hacer frente a la devolución pactada, dando lugar a la correspondiente acción hipotecaria en su contra, se ha accionado la vía penal”. 

La diferencia del caso actual es que la instrucción ha acumulado a decenas de denunciantes con un relato similar. Este juzgado ha mantenido viva una causa con 28 perjudicados. La Fiscalía, en su escrito de calificación, va citando las circunstancias de los casos. Está el de María Dolores y Pedro, que “de los 52.500 euros acordados, solo recibieron а 24.000 euros, pese a que existe un recibí por importe de 49.881 euros entregados en metálico como si hubieran sido entregados con carácter previo”. O como Gloria y su marido, Mario: “De los 87.000 euros que constan entregados por Antonio Arroyo Arroyo, solo han recibido 17.000 euros. Acabaron vendiendo la casa y pagando a Antonio Arroyo Arroyo 63.500 euros”.

Por todo, la Fiscalía le pide ocho años de cárcel por estafa y también acusa a siete de sus colaboradores, los que ejercían de comerciales.

El abogado de Arroyo, Enrique Ugarte, confía en que el caso acabe en absolución: “Ha justificado todas las operaciones, que fueron siempre ante notario y debería ser absuelto, como lo fue antes. Toda la documentación está aportada, las transferencias bancarias y los justificantes notariales. No hay engaño en cuanto hay un fedatario público, un notario, que da fe de la voluntad de las partes”.

Durante la instrucción, las acusaciones han intentado tomar declaración como investigados a los notarios que participaron en las operaciones, pero no lo han conseguido. El juicio, complicado de celebrar porque hay multitud de perjudicados, testigos y acusados, está previsto para principios de febrero.  

La fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional en el que pide que Fernando Peña, director del despacho Nummaria y asesor fiscal de Ana Duato e Imanol Arias, entre otros, ingrese de inmediato en prisión. La fiscalía cita el artículo de la ley que prevé estos ingresos en prisión aunque la sentencia no sea firme cuando, entre otras circunstancias, hay riesgo de fuga. Peña fue condenado el lunes por la Audiencia Nacional a penas que suman 80 años de prisión . La Audiencia verá el caso el jueves, donde deberá comparecer Peña, inspector de Hacienda en excedencia y asesor fiscal de famosos en España durante décadas.

El pasado lunes, la Audiencia Nacional falló el caso Nummaria, la macrocausa por delito fiscal juzgada en septiembre pasado. La fiscalía pedía cárcel para Ana Duato e Imanol Arias por usar este despacho para eludir al fisco. Como adelantó este diario, Arias pactó con la fiscalía una pena que evitara el ingreso en prisión y Ana Duato peleó y acabó absuelta.

El núcleo del caso era Fernando Peña, un prestigioso asesor, que había sido vicedecano del colegio de Economistas de Madrid y que ya en 2002 fue detenido por crear una red de sociedades en el extranjero y fue indultado en 2009. Él ofrecía un sistema para fraccionar la renta de forma vitalicia y pagar menos impuestos. El sistema fue muy apreciado por parte de los artistas que se iban dando su número. En el juicio declararon clientes como Marta Robles o Carmen Posadas, que no fueron acusadas de delito fiscal, que exige dolo y una cantidad mínima defraudada de 120.000 euros.

Según la sentencia, ya desde el año 2000, Peña “facilitó estructuras jurídico-económicas diseñadas, implementadas y gestionadas por el despacho con la finalidad de asegurar la opacidad de las operaciones económicas de sus clientes, bien frente a la Hacienda Pública, bien frente a otras terceras personas físicas y jurídicas que ostentan algún derecho de crédito contra aquellos”.

El despacho, continúa, “no solo diseñaba las operaciones de fraude fiscal y de ocultación de patrimonios de sus clientes, sino que ponía a su disposición las sociedades instrumentales necesarias para llevar a cabo el mismo y realizaba actuaciones de gestión de las mismas”. Para ello, creó un entramado de sociedades en Costa Rica e Inglaterra, pero también en Canadá, Uruguay y Luxemburgo y eludió el pago de unos 10 millones de euros en IRPF y seis millones en IVA.

En total, fue condenado a 32 años por los delitos fiscales que cometió para eludir sus impuestos y otros 48 años como cooperador necesario de los delitos contra la Hacienda pública cometidos por sus clientes. La condena de 80 años fue recibida como un shock, aunque solo cumplirá, como máximo, el triple del mayor de los delitos individuales por el que fue condenado.

Con el fallo, la Fiscalía Anticorrupción no ha levantado el pie. El mismo día que la sentencia fue notificada, Tomás Herranz, el fiscal encargado del caso, presentó un escrito solicitando prisión provisional para Fernando Peña. Considera que se dan los requisitos previstos en la ley para ingresar en prisión aunque la sentencia no sea firme, como el riesgo de fuga o posibilidad de destrucción de pruebas. Un día después, el martes 7 de julio, la Audiencia citó a Peña junto a su defensa y al fiscal para valorar ese ingreso en prisión.

Peña no es el primer inspector de Hacienda en excedencia condenado por delito fiscal. En 2023, la justicia condenó a Joaquín Arespacochaga, hijo del último alcalde franquista de Madrid e inspector del fiscal en excedencia, por fingir su residencia en Luxemburgo.

El naviero Vicente Boluda se sentará finalmente en el banquillo acusado de denuncia falsa. El abogado del Estado José Antonio Morillo Velarde, responsable jurídico en Puertos del Estado, se querelló contra él después de conseguir que la justicia archivara otra querella que le había puesto Boluda. Es un camino que es difícil que prospere, pero el pasado 16 de junio la jueza le abrió juicio oral y le impuso una fianza de 25.000 euros. La cantidad es irrelevante para la fortuna 35 del país según la lista Forbes y supone un coste mucho menor que la foto en el banquillo de los acusados.

En 2020, Boluda jugó fuerte. Una de sus empresas se querelló contra la antigua cúpula de Puertos. Argumentaba que Puertos, dependiente de Transportes, perjudicaba a una empresa suya de remolcadores en Las Palmas. Les acusaba de prevaricación, malversación e infidelidad en la custodia de documentos públicos. Entre los acusados estaba José Antonio Morillo Velarde, un abogado del Estado, y el expresidente de Puertos José Llorca. El caso fue archivado en Las Palmas menos de un año después de haber sido presentado.

Entonces, Morillo Velarde emprendió su revancha contra Boluda. Primero fue contra su abogado, José Antonio Choclán, el penalista de las estrellas, al que llevó, sin éxito, ante el Colegio de Abogados de Madrid por mala fe. Después se querelló contra el naviero por denuncia falsa: “De la valoración conjunta de la querella que interpone el señor Boluda se desprende la manifiesta falsedad de los hechos imputados y su temerario desprecio hacia la verdad, lo que pone de manifiesto, además, el ánimo espurio que guio la conducta del querellado”.

La Fiscalía no apreció delito, porque si la primera querella había sido admitida a trámite es muy difícil probar que no había nada para sustentar que, en opinión de Boluda o sus abogados, había alguna base para defender su postura. Pero la jueza en la que recayó el caso sí mandó al naviero al banquillo. Consideraba que había indicios suficientes para, al menos, valorarlos en juicio.

La defensa de Boluda, que el viernes no quiso comentar la noticia, recurrió a la Audiencia de Las Palmas. Alegaba que la querella de Morillo tenía otro fin que no era hacer justicia: “Lo que sí ha existido y existe, dicho sea con el debido respeto y en estrictos términos de defensa, es un inadmisible intento de extorsión económica por parte del señor Morillo-Velarde con la interposición de su querella, buscando venganza y dinero”.

Boluda alegaba también que él no estaba relacionado con la querella inicial contra la cúpula de Puertos, sino que lo hizo una de sus empresas. La Audiencia de Las Palmas no compró ese argumento. “Ni es lógico, ni es razonable, por muy grande que sea la empresa que administre, que el investigado se dedique a otorgar poderes para interponer querellas, además como la que nos ocupa, de las que no tiene el más mínimo conocimiento, como tampoco parece razonable, a expensas de lo que se pueda explicar, que un letrado o equipo jurídico, interponga una querella en los términos de la que da origen a esta causa sin la más mínima información a un poderdante”.

Por todo, el pasado 16 de junio la jueza del caso dictó auto de apertura de juicio oral contra Boluda y le impuso una fianza “de 25.000 euros para asegurar las responsabilidades de tal naturaleza que pudieran serle impuestas”. Esa es la cantidad que reclama Morillo “como consecuencia de los daños morales sufridos”.

Un reglamento europeo establece que “el organismo gestor del puerto, o la autoridad competente, podrá exigir que los prestadores de servicios portuarios, incluidos los subcontratistas, cumplan unos requisitos mínimos para realizar el servicio portuario correspondiente”. No hay precedentes en el sector portuario de alguien que pierda ese requisito de honorabilidad por una condena para contratar con la Administración. Pero en este caso, en el que nadie frena, ya hay quien ha buscado ese reglamento.

La Audiencia Provincial de Madrid acoge el próximo 23 de abril el primer juicio por denuncias a la agencia antidopaje española. Jesús Alberto Muñoz-Guerra, exdirector de Control Antidopaje, y una subordinada se sentarán en el banquillo por firmar que una muestra de control había sido tomada por dos agentes de control antidopaje cuando en realidad solo había uno, algo que, según una denuncia interna que llegó al Ministerio de Educación, era corriente y terminaba por invalidar sanciones o dejar expedientes morir en un cajón. La fiscalía, que ha ido defendiendo a Antidopaje de todas las denuncias, no acusa. Considera que no hay delito de falsedad. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó llevarlos al banquillo.

Durante años, la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD) tuvo un problema soterrado con el número de agentes presentes en la toma de control del deportista. El decreto que regulaba esta práctica no era muy claro, pero tradicionalmente se interpretó que hacía falta dos para garantizar la máxima seguridad jurídica. Sin embargo, según una denuncia interna en el ministerio, para ahorrar, a menudo la empresa encargada de hacerlos solo enviaba un agente.

Así, algunos deportistas eran sancionados y otros no. El velocista internacional Patrick Chinedu, por ejemplo, dio positivo en 2019, pero durante años no fue ni expedientado porque solo había un agente de control. Después de tener años el positivo en un cajón, fue sancionado, pero acabó ganando en el Tribunal Administrativo del Deporte. 

Otros sí recibían sanciones, a menudo deportistas amateurs. Varios de estos denunciaron que se hacía constar que su muestra había sido tomada con dos agentes de control pese a que solo había uno. Y algunos acudieron a la justicia para denunciar que habían alterado documentos públicos. 

La mayoría de ellos fueron archivados por la fiscalía. El ministerio público consideraba que abrir expediente sancionador era un imperativo legal, al margen de que hubiera uno o dos agentes de control. La abogacía del Estado concluyó en otro caso que no se podían quedar en un cajón: “Permitir deliberadamente esta tramitación, al margen, como indicamos, de los avatares procedimentales del expediente sancionador, sí sería prevaricador. Por tal motivo, es posible (y debido) que se haya iniciado la tramitación de expedientes sancionadores, en los que solo haya intervenido un agente de control, siendo ajeno a esta jurisdicción el resultado o resolución del referido expediente, así como la afectación que haya tenido al resultado adverso, cuya valoración se tendrá que hacer en el seno de dicho procedimiento sancionador”.

Pero uno de los casos fue avanzando. Una corredora que dio positivo por un diurético en una carrera de montaña en 2017 denunció que en la documentación de la agencia ponía que había dos agentes de control cuando en su caso solo había uno. El juzgado de instrucción de Madrid lo archivó, consideró menor que constara que había dos agentes cuando había un agente y una testigo pero no habilitada. 

Pero la Audiencia Provincial ordenó seguir la tramitación. Consideró que no el documento interno en el que figuraba que había dos agentes de control no era irrelevante como para archivarlo antes incluso de juicio: “No puede concluirse en este momento que la falsedad fuera inocua o carente de trascendencia, en tanto que no es dudoso que de haberse referido la existencia de irregularidad en la toma de la muestra obtenida, el procedimiento tramitado en perjuicio de la denunciante o no se hubiera incoado o hubiera tenido una más rápida resolución a su favor. En este sentido parece que el documento produjo un efecto jurídico”.

La Fiscalía, en un breve escrito hecho público este viernes, considera que “este documento, interno de la AEPSAD, no determina la apertura de un expediente sancionador” y que, por lo tanto, “los hechos relatados no son constitutivos de delito”. Solo la acusación particular acusará.

La colonia VIP de Camorritos, un enclave en la Sierra de Madrid creado en los años 20 del siglo pasado, tiene los días contados. O no. La Comunidad de Madrid aprobó en septiembre la caducidad de la concesión que desde 1920 le permitía ocupar dominio público, lo que supone de facto una expropiación. Se trata de un asunto que remueve a familias poderosas porque allí tienen viviendas o terrenos apellidos como Botín, Koplowitz, Fraga-Iribarne, Torres-Quevedo y también la familia de la ministra de Sanidad, Mónica García, opositora de Ayuso. Pero tras publicar la caducidad de la concesión, la propia consejería de Medio Ambiente, al comenzar a recibir recursos, paralizó la ejecución. Considera que, de seguir adelante, “podría generar efectivamente un perjuicio de difícil o imposible reparación”. Así, la colonia tiene aún muchas vidas extra en los tribunales.

En 1920 y 1921, tras la gripe del 1918 y con la población en psicosis ante la tuberculosis, la corona permitió a la Sociedad Anónima del Ferrocarril Eléctrico de Guadarrama (SAFEG) ocupar tres montes públicos para levantar las colonias de Camorritos y de El Puerto de Navacerrada. Allí se construyeron los entonces llamados “sanatorios en altura” –chalés en realidad– construidos sobre terreno público.

Un siglo después de esos primeros permisos, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Cercedilla llegaron a la conclusión que había expirado la concesión para ocupar los montes públicos. Comenzó entonces un complejo proceso para rescatar el terreno y derribar las viviendas –o gestionarlas de forma pública–. El caso, ya de por sí intrincado, adquirió un tinte político porque Mónica García, hoy ministra de Sanidad y antes líder de la oposición contra Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid, heredó junto a sus hermanos la mitad de una casa en Camorritos.

En realidad había una disputa jurídica sobre si aquello era una concesión que vencía a los 100 años o, como sostienen los vecinos, hace años pasó a ser terreno privado. Para ello aportan, entre otra documentación, un dictamen del catedrático Eduardo García de Enterría que en 1974 concluyó que pese a que las reales órdenes de los años 20 le daban una autorización para ocupar el terreno público, “materialmente llevaron a cabo una enajenación”, por lo que ya serían privados.

Tras varios expedientes que caducaron por pasar el plazo para resolverlos y un cambio legal para dejar más flexibilidad a la Consejería de Medio Ambiente, el pasado 30 de septiembre la Comunidad mandó al Boletín Oficial “la extinción por caducidad por vencimiento del plazo de 99 años, cumplido con fecha de 15 de abril de 2019, de la autorización otorgada a la Sociedad Anónima de Ferrocarriles Eléctricos del Guadarrama (SAFEG)”. 

Los vecinos comenzaron entonces a recurrir ante la propia consejería. En uno de los primeros expedientes, a los que ha tenido acceso este diario, pedían la suspensión de la expropiación. Alegaban que “la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación”. Y añadían que aunque la orden de la Comunidad no hable de demolición o desalojo inmediato, “resulta innegable que la misma establece la obligación de los interesados de proceder a la firma de las actas de entrega de los bienes en el plazo de tres meses”, lo que abriría la puerta a un deterioro o al vandalismo difícil de reparar en caso de acabar ganando.

Inmediatamente, la consejería dio la razón a los vecinos. “Se considera que los daños y perjuicios aducidos, a efectos únicamente de resolver sobre la solicitud de suspensión, han sido suficientemente motivados”. Y apuntó un detalle que estos consideran relevante, “que la adopción de la medida cautelar solicitada no produciría perjuicio al interés público ni a derechos fundamentales de terceros”.

Al caso ahora le queda un recorrido administrativo, hasta que la Consejería resuelva los recursos, lo habitual es que mantenga su decisión, y luego se abre la vía judicial… años en los tribunales hasta llegar al Supremo. Llegará el día en que la colonia Camorritos pueda acabar cayendo bajo la piqueta. Pero no será mañana.

Vicente Boluda, el mayor naviero de España y la fortuna 35 del país, según Forbes, asegura que el caso por el que enfila el banquillo por denuncia falsa es, en realidad, “un inadmisible intento de extorsión económica” por parte de José Antonio Morillo-Velarde del Peso, el abogado del Estado que, a título particular, se ha querellado contra él. Así consta en los escritos de defensa. Fuentes próximas a la compañía aseguran que el letrado de Morillo pidió 600.000 euros para no interponer la querella, algo que este rebate: “Yo no he pedido 600.000 euros. Pido 25.000 euros por daños morales y está en el escrito de acusación”.

La situación entre el mayor naviero de España y el director de la asesoría jurídica de Puertos del Estado, el abogado José Antonio Morillo-Velarde del Peso, no puede ser más tensa. En 2020, una empresa de Boluda, Repabar, se querelló contra la antigua cúpula de Puertos por, según decía, favorecer a otra empresa de remolcadores en Las Palmas. La querella se dirigía también contra el abogado del Estado que ocupa la dirección de la asesoría jurídica, no como funcionario sino en servicios especiales, José Antonio Morillo-Velarde del Peso. Aunque fue admitida a trámite, no prosperó y fue archivada menos de un año después.

Hasta ahí es el camino normal que siguen casos contra altos cargos de la Administración -RIU, por ejemplo, se querelló contra la dirección de Costas por una concesión de un hotel en dominio público marítimo-terrestre y, como en este caso fue archivada-. 

Pero después de eso, Morillo comenzó un contraataque. Según él, en un primer momento quería disculpas y se llegó a reunir con Boluda tras la mediación de altos cargos de Puertos. Según otras fuentes, su abogado pidió a los del naviero una compensación económica de 600.000 euros para olvidar el asunto. Él admite que hubo contactos entre los abogados, pero niega que eso fuese una reclamación suya: “Yo nunca he pedido 600.000 euros”.

Después, Morillo presentó una querella por denuncia falsa contra Boluda, expresidente del Real Madrid y presidente de los empresarios valencianos. Contra todo pronóstico, porque la denuncia falsa en un caso que ha sido admitido a trámite es difícil que prospere, una juez de Las Palmas ha visto indicios de delito y dado por terminada la instrucción, el paso previo para sentarlo en el banquillo. La fiscalía apoya al empresario y pide el sobreseimiento. La defensa confía en levantar el auto de la juez en la Audiencia Provincial.

La defensa de Boluda, que la semana pasada no quiso comentar la noticia, ha presentado duros escritos de defensa contra Morillo. Sostiene que Boluda, como presidente de la empresa, no tomó la decisión personal de la querella y que solo eso bastaría para librarle. Pero añade una acusación: “Lo que sí ha existido y existe, dicho sea con el debido respeto y en estrictos términos de defensa, es un inadmisible intento de extorsión económica por parte del señor Morillo-Velarde con la interposición de su querella, buscando venganza y dinero”.

De hecho, cuando, el 8 de noviembre de 2023, Boluda declaró en el juzgado durante la instrucción ya apuntó en esa dirección. A la pregunta de si entendía que Morillo fuese contra él personalmente y no contra la empresa Repavar, replicó: “Pues, supongo que querrá dos cosas: vengarse y dinero”.

Morillo se remite a su escrito de acusación, presentado el pasado 12 de noviembre, en el que la reclamación oficial queda lejos de esos 600.000 euros. Allí reclama “25.000 euros, como consecuencia de los daños morales sufridos” y justifica que se trata de “un Abogado del Estado con una larga e impecable trayectoria profesional (42 años de ejercicio) justamente en el ámbito y lugar en que se produjeron los hechos, que se trata de una demarcación judicial pequeña, así como la publicidad y repercusión mediática que tuvieron en prensa especializada, la gravedad de los delitos imputados y el beneficio que hubiera obtenido el acusado de prosperar su acción presuntamente delictiva”.

Una guerra empresarial y jurídica en Puertos del Estado está a punto de dejar una imagen impactante: Vicente Boluda, mayor naviero de España y fortuna 35 del país, según Forbes, enfila el banquillo para ser juzgado por denuncia falsa. Una empresa de Boluda se querelló en 2020 contra la antigua cúpula de Puertos, por, decía, perjudicar a una empresa suya de remolcadores en Las Palmas. Una vez archivada, uno de los señalados, el abogado del Estado en Puertos José Antonio Morillo-Velarde, se querelló a título personal contra Boluda por denuncia falsa.

Es un camino que rara vez prospera, pero una juez de Las Palmas dice que hay indicios de que el naviero abusó del sistema judicial y ha ordenado terminar el procedimiento, el paso previo a abrir juicio oral. Faltan recursos y la fiscalía ha pedido el archivo, pero pocas veces se ha vivido al poder económico enfrentado así en los tribunales a la alta función pública. Esta vez es personal, y con ramificaciones en el mundo de la abogacía.

En junio de 2020, Vicente Boluda decidió jugar fuerte. Una de sus empresas, Remolcadores y Barcazas de Las Palmas (Repaba), se querelló contra la cúpula de Puertos del Estado del Gobierno de Rajoy. Les acusaba de prevaricación, malversación e infidelidad en la custodia de documentos públicos. Según el escrito, “con la finalidad de facilitar una mayor competencia en algunos servicios portuarios”, estos “han maniobrado o manipulado la tramitación de unos expedientes administrativos”, para que en el servicio de remolcadores en Las Palmas entrase la entidad Odiel Towage, filial del gigante alemán Fairplay, pero lo hizo “en unas condiciones desleales y discriminatorias”.

La querella iba contra José Llorca, expresidente de Puertos del Estado como cara visible, pero también contra otras personas de la cúpula de la entidad, dependiente de Transportes. Entre otros, contra José Antonio Morillo-Velarde del Peso, abogado del Estado desde 1982 y jefe de la asesoría jurídica de Puertos.

A Boluda lo representaba entonces José Antonio Choclán, el penalista de las estrellas, y que ha defendido a Imanol Arias, Cristiano Ronaldo o Víctor de Aldama. En su escrito, Choclán sostenía que las autoridades de Puertos “habían retorcido tanto la ley para favorecer la entrada de un competidor alemán que la final lo han logrado, pero a costa de la libre competencia”.

La querella tuvo un recorrido breve. Fue archivada en Las Palmas en marzo de 2021, menos de un año después de ser presentada. Y ahí fue Morillo-Velarde del Peso, el abogado del Estado señalado por Boluda, el que inició su particular contraataque. Primero llevó a Choclán ante el Colegio de Abogados de Madrid por mala fe: “Soy destinatario y víctima de una querella que, como pocas, se hace acreedora del calificativo de ”catalana“: falsaria, carente de fundamento jurídico y con una finalidad puramente intimidatoria”, argumentó. Fue archivado tras pasar al Colegio de Abogados de Las Palmas.

Pero entonces el asunto ya se había convertido en un pulso personal, casi de egos jurídicos. Tras la queja al colegio de abogados, Morillo apuntó más alto. A título personal, no en representación de Puertos, se querelló contra Boluda: “De la valoración conjunta de la querella que interpone el señor Boluda se desprende la manifiesta falsedad de los hechos imputados y su temerario desprecio hacia la verdad, lo que pone de manifiesto, además, el ánimo espurio que guió la conducta del querellado”.

El delito de denuncia falsa es muy difícil que prospere, y más en el caso de una querella, la de Boluda, que fue admitida a trámite e instruida antes de ser archivada. Pero la juez Luz Calvé, del juzgado de instrucción 8 de Las Palmas, ha visto indicios de delito. El pasado 17 de diciembre dictó un auto en el que se reafirmaba en su decisión de dictar auto de transformación, el paso que supone dar por terminada la instrucción y pedir a las acusaciones que acusen antes de juicio. 

La juez rechaza los recursos de la defensa y de la fiscalía y se limita a señalar: “Una vez practicadas las diligencias de investigación pertinentes entendemos que  si existen indicios de la  posible existencia de un delito de denuncia falsa imputable al querellado, por lo que procede continuar con la tramitación de la causa”. 

La defensa de Boluda recurrirá ante la Audiencia Provincial y da por hecho que allí tumbará el caso. La fiscalía apoya al naviero y ha pedido el archivo de la querella. Pero, de momento, Morillo-Velarde del Peso se va anotando otra muesca en la culata.

Intercatia es un antiguo pueblo situado en Castilla que combatió ferozmente la invasión de las legiones romanas. Intercatia es también el nombre que eligió Alberto Esgueva, ex alto cargo de Castilla y León, para una de sus empresas con las que, según Anticorrupción, cobró casi 50 millones de euros a cambio de la instalación de parques eólicos en la comunidad. Con esa empresa, Esgueva ha dado una dura batalla a la Agencia Tributaria. Tanto, que el Supremo ha terminado de darle la razón y ha cerrado la puerta a que tenga que pagar unos 20 millones de euros en impuestos. Y lo hace por un error burocrático de hace más de una década. La Agencia Tributaria inspeccionó Intercatia desde Valladolid, y no desde Madrid, donde tenía formalmente su sede. Eso, según dos sentencias del Supremo, vició todo el proceso. Ahora la defensa lo usa para tumbar la causa penal.

En julio de 2011, tras el primer boom de las renovables, la delegación de la Agencia Tributaria en Valladolid abrió inspecciones a las empresas eólicas en la comunidad. Ahí detectó un patrón que consideraba que podía ser delito. Había descubierto que las eléctricas que querían invertir en la comunidad tenían que formar primero una sociedad junto a cargos locales. El más beneficiado era Alberto Esgueva, que entre 2004 y 2006 fue consejero delegado de la empresa pública Excal, encargada de ayudar a internacionalizar empresas y dependiente de la Consejería de Economía, la que aprobaba los parques eólicos. 

Una vez que esas empresas vehículo tenían los permisos para los parques eólicos, y sin mover un ladrillo, los cargos locales vendían su participación a las eléctricas. Estas ya levantaban los aerogeneradores. Así se movieron, según el informe que llegó hace una década a Anticorrupción, 110 millones de euros. En diciembre de 2014, el fisco envió sus conclusiones a la Fiscalía por si veía delito.

Y tanto que lo vio. Ese informe abrió la macrocausa de la trama eólica de la que, según Anticorrupción, Esgueva fue el principal beneficiado. Este había constituido una sociedad por 24.000 euros y en 2009, con los parques eólicos ya aprobados, Iberdrola le compró su participación en el negocio por 47 millones de euros. Esa cantidad no reflejaba el verdadero valor de esa participación y dependía, según Anticorrupción, de “los megavatios asignados a los parques eólicos autorizados a la sociedad”. Ese informe abrió una causa penal que sigue pendiente de juicio y en la que la fiscalía pide cárcel para el exconsejero Tomás Villanueva (ya fallecido), su mano derecha Rafael Delgado, y Alberto Esgueva.

Paralelamente, Hacienda siguió con sus inspecciones. Y concluyó que las empresas de Esgueva, Intercatia, San Cayetano Wind y Cronos Global, además se habían ahorrado impuestos en la operación. En distintas actas y procedimientos les reclamaba unos 20 millones de euros, según fuentes conocedoras del procedimiento. El informe que desató todo deja un detalle que ha acabado siendo clave. Apunta que la sociedad San Cayetano “tenía su domicilio fiscal en la calle Núñez de Balboa de Madrid, en la que ni estaba ubicada ni era conocida”.

La defensa esgrimió que debió ser inspeccionada por la Agencia Tributaria en Madrid y no la de Valladolid. En un primer momento, la Audiencia Nacional se dividió: un tribunal consideró que eso era un problema irresoluble que viciaba todo el procedimiento y otro, que el fisco había justificado la extensión de competencias para que la delegación de Valladolid inspeccionase empresas con sede en otra comunidad, ya que toda la operación se llevaba a cabo en Castilla y León.

En 2023, el Supremo anuló la primera sentencia que daba la razón a la Abogacía del Estado. Consideraba que ese error burocrático de no justificar la extensión a Madrid anulaba todas las actas. Faltaban otros en camino y, como era previsible, han tenido el mismo destino.

En marzo incidió en ese criterio y el pasado 23 de septiembre, el Supremo vio un recurso de la Abogacía del Estado contra una sentencia que daba la razón a Intercatia. La Abogacía del Estado apeló “a la flexibilidad necesaria para combatir el fraude fiscal y para adecuar a las nuevas circunstancias la eficacia de la Administración tributaria” y alegó que este caso, de extenderse dañaría el interés general. “Ese daño al interés general se produciría no solo por la importancia cualitativa y cuantitativa de los expedientes afectados sino también porque sin duda traería efectos indeseables desde el punto de vista organizativo y de la eficacia de las actuaciones en materia de lucha contra el fraude fiscal”.

Sus argumentos no sirvieron para convencer al Supremo. “Aunque no haya dudas en cuanto a que el domicilio fiscal del obligado tributario, ubicado en Madrid, era el criterio determinante de la competencia territorial del órgano de inspección, lo cierto es que, en el caso que nos ocupa, se adoptó un acuerdo por el que se extendía la competencia de los órganos tributarios de Castilla y León y si bien la motivación del referido acuerdo resultó a todas luces insuficiente”. Es decir, que como Hacienda no justificó lo suficiente que la competencia pasase a Valladolid, lo anula todo.

La defensa de Esgueva ya ha pedido en la causa penal que estas sentencias anulen todo el procedimiento porque hay un principio básico del derecho según el cual si cae la primera prueba, deben seguir todas las que deriven de ahí. Como el caso sigue sin fecha, es imposible saber si prosperará.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado la denuncia que el Gobierno impuso sobre la actuación del exdirector de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD) José Luis Terreros, según fuentes conocedoras del procedimiento. Como adelantó este diario, fue el propio Gobierno el que denunció ante la Fiscalía General del Estado a Terreros tras recibir una denuncia interna por no tramitar el positivo del velocista Patrick Chinedu, entre otras posibles irregularidades, como el pago de controles antidopaje que luego no resultaban apropiados para sancionar a deportistas. Hace menos de un año, esa misma Fiscalía consideró que abrir expediente a deportistas dopados era “un imperativo legal” independientemente de si se cumplían todos los requisitos formales. En ese momento lo hizo para salvar a Terreros en otro caso, como hizo en al menos dos denuncias más.

Desde al menos 2018, España ha tenido un problema con los controles antidopaje. El real decreto que los regulaba estipulaba, de forma algo confusa, que debía haber dos agentes de control siempre presentes. Pero con la empresa que realizaba los controles antidopaje, la alemana PWC, a menudo iba un solo agente. Hay multitud de pruebas deportivas, muchas amateurs, e ir con dos multiplicaba los costes. La CELAD lo sabía y los positivos que encontraba y que habían sido realizados con un solo agente seguían vías dispares: unos progresaban, otros se quedaban en un cajón, otros deportistas recurrían… Los que eran sepultados nunca salían a la luz protegidos por la ley de protección de datos.

Hubo algunos deportistas amateurs que, tras ser sancionados, denunciaron en Fiscalía al director de la CELAD, José Luis Terreros. Consideraban que este había prevaricado por tramitar positivos que, según los deportistas sancionados, no cumplían los requisitos legales al haber sido realizados por un solo agente. 

En al menos dos casos, el Ministerio Público apoyó a Terreros. La Fiscalía de Madrid concluyó que Terreros estaba obligado a abrir esos expedientes. El pasado 23 de noviembre, en un escrito al que ha tenido acceso eldiario.es, señaló: “Con independencia de si se habían cumplido los requisitos formales en la toma de muestras de orina [el director de la CELAD] venía obligado por imperativo legal a incoar el expediente sancionador al recibir comunicación del laboratorio sobre la presunta existencia de sustancias de dopaje”. Y añadía: “Todo ello, con independencia del número de agentes de control que hubiera en la toma de muestras”.

Pero poco después, eldiario.es desveló el caso del deportista Patrick Chinedu, un velocista internacional con España que dio positivo en 2019, aunque que nunca fue sancionado. Antidopaje justificó que como el control había sido realizado con un solo agente estaba condenado a morir y ni siquiera lo abrió.

El caso acabó en la Fiscalía General del Estado, pero enviado por el propio Gobierno, cuando vio que Terreros se negaba a dimitir con el escándalo. A esa se añadió otra denuncia por el uso de fondos públicos, ya que había dudas sobre los pagos a PWC. ¿Por qué pagar dinero público a controles que no servían luego para sancionar? La Fiscalía General del Estado lo derivó a la de Madrid. Y esta lo ha archivado de nuevo.

En enero pasado, el Gobierno acabó destituyendo a Terreros y nombró a Silvia Clazón, médico como Terreros y que ha durado solo ocho meses. En septiembre dejó el puesto para ocupar un cargo en Moncloa. Ha sido sustituido por Carlos Peralta, médico y que fue Olímpico en Río 2016.

El Tribunal Supremo acaba de fallar que el Estado puede obligar a las eléctricas a demoler sus presas al caducar la concesión, como establecía un decreto de 2012, aunque el permiso original no lo contemple. Así lo fija en un recurso de Endesa contra la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, del Ministerio de Transición Ecológica, que daba por terminada la concesión de la central hidráulica de Bembézar, en Córdoba, que databa de 1959, y en otro recurso de Iberdrola contra una presa en Teruel que data de 1929. 

Aunque en el caso de Córdoba señala que hubo un defecto de forma de la confederación, las sentencias abren un espinoso camino judicial para las eléctricas porque en lo importante van con el Estado: pedir ahora la demolición a concesiones anteriores no es una aplicación retroactiva de la norma siempre que la Administración lo justifique. Hay cientos de concesiones del siglo XX que caducarán en los próximos años, si no lo han hecho ya, y este criterio supondría un sobrecoste para las eléctricas si el Estado opta por restaurar ríos.

El 26 de febrero de 1959, diez días después de que Fidel Castro llegase al poder en Cuba, la Compañía Sevillana de Electricidad obtuvo una concesión para explotar una central hidráulica en la presa de Bembézar, en el río del mismo nombre, en Córdoba, y que pertenece a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Esas concesiones del siglo XX incluían largos periodos de uso privado. Hay algunas, como la de Ricobayo, en Zamora, que datan de los años 20 y van a cumplir un siglo. Pero todo llega a su final. En los últimos años, con cuentagotas, las confederaciones han ido dando por terminadas algunas de esas concesiones. En ocasiones lo han hecho con retraso porque ni la Administración controlaba las fechas que se regían en esos legajos esparcidos por Administraciones: la de El Pueyo, por ejemplo, cumplió los 75 años previstos originalmente en 2004 y solo fue rescatada en 2013. 

Una vez terminadas surgía un nuevo problema. A menudo, las concesiones originales no incluían qué pasaría con la obra una vez acabase el plazo. El reglamento de dominio público hidráulico de 1986 establecía que “al extinguirse el derecho concesional revertirán al Estado gratuitamente y libres de cargas cuantas obras hubieran sido construidas dentro del dominio público hidráulico para la explotación del aprovechamiento, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones estipuladas en el documento concesional”. Es decir, solo contemplaba que las instalaciones pasarían a ser propiedad del Estado.

Pero en 2012, con Miguel Arias Cañete de ministro, se añadió un párrafo: “Si en dicho momento, la Administración hidráulica considerase posible y conveniente la continuidad del aprovechamiento, podrá exigir del concesionario la entrega de los bienes objeto de reversión en condiciones de explotación [...]. Si por el contrario lo considerase inviable, o su mantenimiento resultase contrario al interés público, podrá exigir la demolición de lo construido”. Lo hacía en base a una ley que regula el patrimonio público de 2003, también posterior a las concesiones originales.

En 2019, la Confederación del Guadalquivir estableció el regreso a manos públicas de la concesión hidráulica de Bembézar y afirmó en la resolución “la obligación de la demolición de las obras sitas dentro del dominio público hidráulico a costa del titular concesional, a menos que la autoridad competente para otorgar la concesión decida su mantenimiento”.

Endesa recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, donde pedía aplicar las normas vigentes cuando se dio la concesión, “la Ley de Aguas de 13 de junio de 1879, los Reales Decretos de 14 de junio de 1921 y de 10 de noviembre de 1922, además de Ley General de Obras Públicas de 13 de abril de 1877”, ya que en estas “de ninguna manera se contempla para el concesionario la posibilidad de asumir la carga de la demolición”. 

Sin embargo, el TSJ consideró que el decreto de 2012 “resulta aplicable al estar vigente a fecha de la transferencia de la titularidad de la concesión”. Eso sí, anuló la mención a la posible demolición al considerar que había un defecto de forma porque la Confederación del Guadalquivir no lo justificó lo suficiente. Es decir, dio la razón a Endesa en el caso concreto de Bembézar, pero no en el general. La Confederación había establecido que la norma general sería la demolición salvo que la Administración decidiese seguir con la explotación. Y es justo lo contrario de lo que establecía el decreto, que la demolición es una posibilidad que el Estado debe justificar. Con esa interpretación, si la Confederación justificaba la demolición, podría pedirlo.

Aun así, y quizá por la importancia de lo que hay en juego a medio plazo, Endesa recurrió al Supremo pidiendo que “declare, en aplicación de la citada doctrina, que Endesa no podría ser obligada a la demolición de todas las infraestructuras actuales del aprovechamiento en el momento de la extinción de la concesión”.

El Supremo, en una sentencia del pasado 20 de junio de la que fue ponente Carlos Lesmes, entendió que tenía interés que valorase si el decreto de 2012 se podía aplicar a concesiones anteriores, en especial, si “la posible exigencia por parte de la Administración hidráulica al extinguirse la concesión, de la demolición de lo construido en dominio público, resulta de aplicación a aquellos títulos concesionales otorgados con anterioridad a su entrada en vigor”. Es decir, si, como defiende la Administración, en las concesiones anteriores a 2012, la inmensa mayoría, se podía pedir la demolición de lo construido antes de que reviertan al Estado. O si, como piden las eléctricas, eso sería una aplicación retroactiva contraria al Código Civil y debían atenerse a lo que fijaban las normas vigentes cuando se dieron las concesiones, algunas del siglo XIX.

“Mejora del dominio público hídrico”

El Supremo señala que los cambios legales para incluir la posibilidad de la demolición “se fundamentan el intento de propiciar una mayor protección, conservación y mejora del estado de las masas de agua y, en general, del dominio público hidráulico”. La sentencia avala que “la Administración hidráulica podrá optar por la demolición de las instalaciones e infraestructuras bien por inviabilidad o por causa de interés público”.

Da la razón a la Abogacía del Estado y considera que se pueden aplicar el decreto de 2012, y la ley de 2003, a “concesiones demaniales de aguas otorgadas previamente a la entrada en vigor de los citados preceptos, aunque el régimen jurídico concesional no incluyera entre su clausulado la posibilidad de demolición de las instalaciones”.

Un portavoz de Endesa limita el impacto de la sentencia sobre el negocio: “En cuanto a los efectos prácticos para Endesa, son muy limitados por lo siguiente: en general esto en la práctica es solo aplicable a presas pequeñas (demoler una grande tiene unos problemas ambientales exponenciales) y con una utilidad económica muy limitada. Además, la mayoría de las presas de Endesa caducan en 2061 (por la aplicación de la Ley de Aguas)”.

La presa de Bembézar tiene usos agrarios, de abastecimiento e hidroeléctricos, así que no es previsible que sea demolida ni que la Confederación inicie otro expediente. Pero sí hay muchas concesiones, pequeños saltos y azudes, que interrumpen el paso de los ríos y que están en el punto de mira de la Administración. 

“Cientos de extinciones concesionales”

Pedro Brufao, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Extremadura y experto en derechos de aguas, valora la sentencia: “Es importante la sentencia ante los cientos de extinciones concesionales por el mero transcurso del plazo que se tramitan y se tramitarán. Lo que pretendían las eléctricas de no aplicar las normas más recientes supondría fosilizar el derecho a estándares de otros siglos”.

El pasado viernes, el Supremo notificó una sentencia en la misma línea. En este caso se trataba de un recurso de Iberdrola contra la orden de derribo de la presa de Los Toranes, en el río Mijares, Teruel, ordenada por el Ministerio en 2021. En este caso, la concesión databa de una orden de 1929 y venció en 2018, 89 años después. 

Cuando lo hizo, “la dirección general del Agua que declaró extinguida por transcurso del plazo de la concesión, el derecho de aprovechamiento de aguas impuso a Iberdrola la obligación de demoler a su costa todas las infraestructuras asociadas a la concesión y elaborar el correspondiente proyecto de demolición”, según enumeró la eléctrica en su recurso. Iberdrola señaló que no se oponía a la demolición pero que “no considera ajustado a Derecho es que se le imponga la obligación de ejecutar y costear la demolición, dado que no puede ordenarse al concesionario que lleve a cabo la demolición a su costa si el título concesional prevé la reversión de las obras e instalaciones”.

El Supremo considera, en cambio, que no hay ninguna retroactividad sino que se aplica la ley vigente cuando venció la concesión: “Aunque el título concesional establecía que las instalaciones revertirían al Estado al finalizar la concesión y no preveía la demolición por parte del concesionario, la obligación de retirar las instalaciones se fundamenta en la legislación vigente al momento de incoar y resolver el procedimiento de extinción de la concesión, promulgada con la finalidad de proteger el dominio público hidráulico”.

Ecologistas en Acción, que formó parte del recurso, valora el fallo: “Esta sentencia establece un principio jurídico que confirma que ante la inviabilidad de una presa una vez extinguido el tiempo de explotación de la misma, es la empresa eléctrica concesionaria, no el Estado, quien tiene la obligación legal de asumir los costes del desmantelamiento de las instalaciones físicas. Este principio legal afectará a docenas de presas en el territorio español en los próximos años”.

Como adelantó elDiario.es, el Gobierno ha ordenado demoler 12 de las 21 concesiones hidroeléctricas caducadas en esta legislatura. Según Transición Ecológica, cuando termina una concesión hay que conjugar muchos factores y “uno de los objetivos que se han marcado los planes hidrológicos del tercer ciclo, actualmente en consulta pública, es recuperar el espacio fluvial” para que las masas de agua “ocupen su espacio natural”.

Aunque en España no ha habido grandes derribos de presas, como sí los ha habido, por ejemplo, en Estados Unidos, el fin de las concesiones abre esa posibilidad. Con esta decisión del Supremo está en su mano, pero en un país como España, con estiajes periódicos, habrá que conjugar el abastecimiento y la generación eléctrica.

La decisión de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) de mantener al Club Náutico de Ibiza (CNI) cuando después de 90 años había caducado su concesión tuvo un enorme consenso en las islas. El auto de la jueza que ha mandado a la cúpula del ente público a juicio desvela el respaldo que el Club Náutico tenía, empezando por las muestras de apoyo público de la entonces presidenta, la socialista Francina Armengol.

Pero también estaba por la labor en Madrid el entonces presidente de Puertos del Estado, José Llorca (nombrado por el PP) y su jefa de gabinete y el de la abogacía del Estado en Puertos. Ninguno de estos está señalado por la jueza como responsables del delito —sí los que firmaron y ejecutaron la orden de lo que, según la magistrada, tiene toda la apariencia de ser un amaño—. Pero el caso es interesante para conocer las tripas del Estado, cómo se peloteaban propuestas entre abogados del Estado para mantener al club en el puerto, los que daban órdenes verbales y los que se opusieron.

En febrero de 2016, el Club Náutico celebró su 90 aniversario. Los puertos son de titularidad pública, por lo que solo pueden operar como concesión. Aunque 90 años para una concesión es un plazo enorme, no era suficiente para los titulares. Ni para los partidos en las islas. En ese acto público, según relata la jueza, “reivindicó su continuidad como club y en la explotación del dominio público portuario que ocupaba, reivindicación que se hizo en presencia de autoridades como el alcalde de Ibiza Rafael Ruiz, el presidente del Consell de Eivissa, Vicent Torres, y la presidenta del Govern, Francina Armengol. En dicho acto, Armengol mostró su compromiso con la continuidad del club”.

En ese momento ya estaba en marcha la operación jurídica que podría haberse llamado ‘salvar al Club Náutico de Ibiza’. La APB, con el visto bueno de la abogada del Estado allí, Dolores Ripoll, fue aprobando documentación encaminada a mantener su permanencia. También ha habido eléctricas operando embalses cuando su concesión había caducado, generalmente porque no había competencia, es un proceso opaco y se trata de concesiones a menudo de principios del siglo XX de las que no quedan muchos papeles o están envueltas en sucesivos cambios legales.

Pero sobre el Club Náutico había una lupa enorme: otras empresas querían entrar a gestionar el lucrativo negocio que proporcionan todos los yates que acuden allí en verano y que tienen que pagar por atracar allí. Estas empresas fueron recurriendo y ganando en lo contencioso. Después de dos sentencias anulando los pliegos, Anticorrupción puso sus ojos en ese procedimiento y acabó estallando todo.

La jueza dice que el presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Joan Gual de Torrella, se movió para “permanecer en el cargo que tiene asignado un salario bruto anual de aproximadamente 100.000 euros más dietas” y que “era interés de los técnicos intervinientes en todo el procedimiento administrativo investigado agradar a su Presidente conociendo todos ellos que la solución que satisfacía al Presidente, dado el concierto previo existente, era la elección del Club Náutico como oferta ganadora”. 

Sin embargo, hubo dos técnicos que no se sumaron. El abogado del Estado Enrique Braqueahis y el ingeniero de Puertos Javier Gesé. Antes de una reunión clave del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Baleares, en julio de 2018, “Gual estuvo en contacto con el entonces presidente de Puertos del Estado, José Llorca, y con otras personas en orden a mover la voluntad de Gesé, contraria a la elección del Club Náutico”. 

Un día antes, el ingeniero despachó con Begoña Ballano, jefa de gabinete de Llorca. Gesé, siempre según la jueza, que ha tomado declaración a todos los implicados, le planteó que debía votar en contra, especialmente porque habían metido para puntuar el criterio del “arraigo”, algo que solo podía cumplir el Club Náutico y que predeterminaba la adjudicación. Y ahí, según el auto, “recibió de la señora Ballano la instrucción, previamente consultada con Álvaro Sánchez Manzanares (recién nombrado Secretario General de Puertos del Estado) de votar a favor de la propuesta de adjudicar al Club Náutico o de no acudir al Consejo”. 

Sánchez Manzanares acaba de cesar en Puertos del Estado por el caso Koldo, donde se investiga la compra de mascarillas en Puertos a la trama del exasesor del que fuera ministro José Luis Ábalos.

La orden de Sánchez “fue consultada previamente con [José Antonio] Morillo”, jefe de la abogacía del Estado en Puertos. “No compartiendo dicha instrucción, el señor Gesé presentó el mismo día su renuncia como vocal en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares”. 

De las declaraciones de estos como testigos, la magistrada destaca las confusas explicaciones y que el texto “suscitó serias dudas en cuanto a su aprobación”: “La señora Ballano declaró que le generaba dudas el arraigo, que le pareció ”muy singular“, pero que el jefe de los servicios jurídicos de Puertos del Estado ”dio verbalmente su visto bueno“. 

“En su declaración prestada en sede judicial, [Ballano] no ha podido explicar de forma plausible jurídicamente las razones por las que dio el visto bueno a la aprobación de criterios posteriores a las ofertas que se apartaban del orden publicado y que valoraban decisivamente el arraigo en el lugar. La señora Ballano, tras una explicación confusa entre los criterios de selección y de valoración en contratación pública, reconoció finalmente que nunca ha visto usar el ‘arraigo’ dentro de criterios de valoración. Declaró la testigo que obtuvo el visto bueno del presidente, José Llorca, a quien ella misma indicó que tenía el visto bueno de los servicios jurídicos”. De esa testifical, la juez deduce que hubo “numerosos contactos entre el presidente Autoridad Portuaria de Baleares con José Llorca y también de Dolores Ripoll con Morillo para conseguir su visto bueno. La señora Ballano descargó toda la responsabilidad en el informe favorable de Ripoll”.

“Por lo que se refiere a esta actuación de Puertos del Estado a través de Ballano y de Morillo, ninguno de los dos pudo dar explicaciones razonables para justificar la no oposición a que se aprobaran unos criterios a posteriori, invirtiendo el orden de prioridad publicado e incluyendo el arraigo con peso determinante. De las diligencias practicadas cabe entender indiciariamente acreditado que las dos personas citadas conocieron el hecho de relevancia penal, tuvieron algunas dudas pero decidieron, por razones que no han querido explicar, no formular oposición expresa”, señala la jueza. 

Al final es Ripoll la procesada, la abogada del Estado en la Autoridad Portuaria que sí avaló todo el procedimiento y aprobó los pliegos. Ella dio el visto bueno a los papeles que daban forma jurídica a la voluntad política. Y ella, en un caso sin muchos precedentes, tendrá que explicarlo. Sea o no delito finalmente, pocos autos como este para entender la importancia de la Abogacía del Estado. El texto deja claro que sin su colaboración no habría habido la polémica prórroga de la concesión que lanzó la investigación de Anticorrupción.

Fuentes de Puertos del Estado afirman a elDiario.es que están tranquilos ante este procedimiento, confían en que acabará en nada porque consideran que actuaron correctamente y porque las dudas sobre la concesión son solo discrepancias jurídicas.

La concesión del puerto de Ibiza, uno de los más codiciados del mundo, tenía que ser, sí o sí, para el Club Náutico de Ibiza. Entre 2009 y 2018, la Autoridad Portuaria de Palma hizo lo posible -y, según la jueza que desde hace años investiga el caso, también lo imposible- para que el club siguiera ocupando el dominio público como lo llevaba haciendo desde 1927. Por ello, la jueza procesa los responsables de la Autoridad Portuaria de Baleares, con el expresidente Joan Gual de Torrella a la cabeza, por prevaricación, fraude en la Administración y cohecho. Todo estaba avalado por la abogada del Estado del puerto, Dolores Ripoll, la que defendió a la infanta en el caso Noos con la frase de que  “el lema ‘Hacienda somos todos’ se limita al ámbito de la publicidad”. En un caso sin muchos precedentes, la jueza la incorpora en el equivalente al auto de procesamiento, al que ha tenido acceso elDiario.es, el paso previo a mandarlos al banquillo.

La magistrada resume el concierto para mantener al Club Náutico de Ibiza (CNI) en sus instalaciones pese a terminar su concesión. “Las resoluciones injustas suponen, como resultado práctico, atribuir a un particular previamente concertado la explotación de una parte del dominio público portuario en una zona, el puerto de Eivissa, que se encuentra entre las más demandadas de todo el mundo, lo cual tiene unas repercusiones económicas importantísimas, resultando que se elige ‘a dedo’ al particular que en los próximos 35 años va a explotar ese dominio público”, señala la magistrada del juzgado de instrucción 3 de Palma, Martina Mora, en el auto en el que procesa a 17 de personas, de la Autoridad Portuaria y de dos puertos beneficiados por esos presuntos amaños.

El Club Náutico es una institución en la isla. Con mil socios es un referente local. Pero también es, por su alta demanda de yates, un fabuloso negocio. Los puertos ocupan dominio público por lo que operan en concesión, no pueden ser propiedad privada. La del CNI databa de los años 20 del siglo pasado así que cuando expiraba, en 2009, comenzó contactos con autoridades locales para conseguir una prórroga. En ese momento, Dolores Ripoll, la abogada del Estado que asesora a la Autoridad Portuaria de Palma, concluyó “que el CNI no reúne los requisitos previstos en la Ley para ser considerado de interés estratégico y relevante”, según la juez. Eso cerraba la puerta a la prórroga.

Aun así, según el auto del pasado 17 de junio, retorcieron el procedimiento para cumplir lo pedido por los partidos de las islas, que votaron en resoluciones mantener al CNI allí. La APB fue dando permisos al CNI y los tribunales de lo contencioso los fueron anulando al apreciar que estaban predeterminados para ir a ese adjudicatario. 

El auto de procesamiento incluye también otro caso parecido pero de menos trascendencia política, el de la marina Asmen. Los puertos son un gran negocio y, al ir venciendo las concesiones, las comunidades costeras han ido maniobrando para mantenerlas en sus anteriores dueños sin abrirlas a la competencia. Eso ha generado una investigación europea y una serie de litigios con distinta solución.

El de Palma ha sido de los más escandalosos, ya que Anticorrupción presentó querella y la juez abrió el llamado Caso Puertos que ahora da el primer paso hacia el juicio. “De las diligencias practicadas se desprende la concurrencia de indicios sólidos suficientes para entender que, dentro del organismo público Autoridad Portuaria de Baleares (en adelante, APB), los investigados Joan Gual de Torella (en su condición de Presidente del organismo), Juan Carlos Plaza (en su condición de Director del organismo) y María Dolores Ripoll (en su condición de Abogada del Estado, Asesora de la APB) se concertaron, entre sí y con el particular beneficiado, para la adjudicación de dos títulos de explotación del dominio público portuario apartándose para ello de los criterios de legalidad, transparencia, objetividad y concurrencia que han de presidir las decisiones públicas”, señala la magistrada.

El auto, de 161 páginas, es duro con la actuación de la APB: “Dichas resoluciones fueron dictadas a sabiendas de su injusticia, de su oposición al ordenamiento jurídico y de que daban lugar a un resultado materialmente injusto, imponiendo su voluntad sobre cualquier otra consideración”. “Todo ello en aras a beneficiar injustamente al particular que resultó adjudicatario de la explotación del dominio público portuario, en un caso el CNI y en el otro caso la entidad Marina Asmen, ambos partícipes, a través de sus representantes legales, de dicho concierto”.  “El Consejo de Administración de la APB dictó varias resoluciones arbitrarias e injustas para favorecer ilegal y deliberadamente al CNI en ejecución de la voluntad arbitraria del entonces Presidente Gual de Torrella”.

Cuando al fin hubo varios competidores, la APB llegó a primar “el arraigo” de los solicitantes. Según la jueza, “el concepto de ‘arraigo’ se introdujo vinculado al lugar (la isla y ciudad de Eivissa) y al número de socios que tuviera el Club resultando que los investigados sabían que, de los tres proyectos concurrentes, sólo el CNI se encontraba instalado en la zona (de hecho, lo estaba desde el año 1927)”.

El caso tiene ramificaciones políticas. Los presidentes de las autoridades portuarias son designados por las comunidades autónomas. Gual, considerado próximo al PSOE, fue designado por el Ejecutivo de Francina Armengol y dimitió con el caso. 

Hay más cargos para los que la jueza pide ahora que las partes acusen o pidan el archivo. “El investigado Rafael Ruiz (alcalde de Ibiza) [el socialista dejó el cargo en 2023], como vocal del Consejo, votó a favor de la aprobación de los criterios de valoración precisamente porque sabía que beneficiaban al CNI y con la voluntad de conseguir la adjudicación a favor de dicha entidad, apercibiéndose de su injusticia y de la oposición a la libre concurrencia”.  

Mientras los tribunales de lo contencioso iban anulando los concursos, el CNI seguía ocupando el puerto mediante permisos temporales anuales. Así ha estado entre 2010 y 2021 pese a que el plazo máximo para esta fórmula es de tres años. Tras estallar el caso Puertos, “se ha convocado otro concurso sobre el mismo dominio público, resuelto el 19 de abril de 2024, no habiendo resultado elegida la oferta del CNI”. 

Es novedoso que la investigación incluya a la abogada del Estado Dolores Ripoll. Generalmente, los abogados del Estado emiten sus informes jurídicos y dan cobertura, o no, a las decisiones políticas. Pero rara vez son acusados de prevaricación. El caso de Ripoll desató una tormenta en la Abogacía del Estado porque fue un compañero suyo en las islas y con menor rango, el también abogado del Estado Enrique Braqueahis, el que se plantó. Los procesados, “actuaron de este modo incluso a pesar de las numerosas y fundadas objeciones jurídicas mostradas por dos vocales del Estado Enrique Braquehais (Abogado del Estado que ocupaba el cargo de vocal por el Estado) y Jesús Gesé (ingeniero de Puertos del Estado que ocupaba el cargo de vocal por el Estado) a las que no dieron ninguna respuesta razonable, lo que es claramente indiciario de desviación de poder”.

La jueza destaca que, como estos dos técnicos se oponían, Gual y Ripoll “realizaron las maniobras necesarias en Puertos del Estado y en la Abogacía General del Estado, respectivamente, para conseguir que de alguna forma fueran apartados los dos vocales y poder finalmente aprobar la nueva elección del CNI sin oposición”. Braqueahis y Jesé acabaron dimitiendo del consejo de la Autoridad Portuaria y ahora son pieza clave en la investigación.

En todo el procedimiento, la magistrada señala que hubo “un concierto” entre la Autoridad Portuaria y el club náutico. “Los intereses del CNI son defendidos por los responsables del organismo público y no sólo por los representantes de la entidad privada o incluso de forma más vehemente por los funcionarios públicos” pese a que “la defensa de los intereses del CNI no implicaba la defensa simultánea del interés general que debe perseguir el organismo público Autoridad Portuaria”.

La juez también procesa a Javier Enríquez, representante de una entidad que competía con el CNI por la adjudicación al considerar que hay indicios de que negoció un cohecho con Gual a cambio de retirar los recursos que tenía interpuestos y que estaba ganando sistemáticamente a la autoridad portuaria.

La Agencia Tributaria es un mal enemigo. Uno tenaz. Lo sabe como nadie José María Aristrain de la Cruz, la gran fortuna anónima del país y uno de los mayores accionistas de ArcelorMittal. En 2011 fue acusado de defraudar 200 millones de euros al fingir su residencia en Suiza y ocultar sus acciones en Luxemburgo. Aristrain ganó en primera instancia en una dura derrota para Hacienda, pero el Supremo acaba de ordenar a la Audiencia de Madrid que reabra el caso. Tras esa derrota inicial, el fisco le abrió distintas actas por sus sociedades y en esa rama dos sentencias han dado la razón al fisco: Aristrain se había deducido gastos en monterías -su verdadera pasión- en sus enormes fincas en Cáceres y Sevilla sin que tuvieran relación con actividad empresarial real. Los pleitos suman 268.308 euros, nada que ver con la gran acusación por fraude fiscal, pero revelan el ahínco de Hacienda.

Dentro del entramado de empresas de Aristrain, propietario de un imperio inmobiliario en el centro de Madrid, la Agencia Tributaria inspeccionó la sociedad Arispal, con la que posee una enorme finca en Sevilla. Aristrain, muy aficionado a los toros y la caza, acude a jornadas allí cuando pasa la Feria de Abril en su palacete en el centro de Sevilla. Tiene sus propias ganaderías de lidia, Herederos J.M. Aristrain de la Cruz y Aguadulce. “Arispal es propietaria de 23 fincas rústicas en la provincia de Sevilla: cinco en el paraje Casa Corchal, municipio de El Garrobo; dos en el paraje Zapatera (El Garrobo), doce en el paraje Casa Toril (El Garrobo), y cuatro en el paraje Las Menores (Guillena)”, señala la sentencia.

Pese a ser formalmente una empresa, Arispal pierde dinero en cada año de los que inspeccionó Hacienda. En total, 1,84 millones hasta 2014 (sin señalar cuándo empieza la contabilidad). “La actividad de cría de ganado bravo genera unos ingresos que representan, año tras año, un pequeño porcentaje de los gastos ocasionados en la finca. Los fondos para cubrir esos cuantiosos gastos que exceden de los ingresos proceden” de otras empresas de Aristrain. 

Por todo, Hacienda concluye que, en realidad, eso no es una empresa, sino parte del ocio del magnate y no se puede deducir el IVA. “El hecho de que la sociedad genere cada año resultados negativos lleva a la inspección a determinar que la actividad desarrollada por el obligado tributario se corresponde más con una actividad lúdica, puesto que carece del criterio económico o empresarial que fundamenta toda actividad”.

“Se produce un desequilibrio entre ingresos y gastos que es imposible mantener, a excepción de que, como sucede en nuestro caso, se trate de mantener una afición por parte del socio don José María Aristrain de la Cruz”. “Es esta persona, dotada, según la revista ‘Forbes’, de un patrimonio de 1.700 millones de euros en 2011, la que finalmente financia [...] las continuas pérdidas declaradas por ARISPAL, consecuencia de la gestión de un patrimonio inmobiliario dedicado al disfrute personal de su dueño más que al desarrollo de una actividad económica”. En una de esas fincas, por ejemplo, ha posado el torero Finito de Córdoba y el magnate solía invitar a diestros.

El TSJ de Madrid, en una sentencia del pasado mes de julio, concluye que “la actuación de la entidad recurrente no puede ampararse en una interpretación razonable de la norma” y le impone el pago de las costas. 

No es la única sentencia. En noviembre pasado, el TSJ de Madrid vio el recurso de la sociedad Dehesa de Guadarranque contra las actas de Hacienda por los gastos en fincas de Alía (Cáceres) y Castilblanco (Badajoz) valoradas en 111.845,53 euros. Aristrain es de los mayores latifundistas del país y tiene muchos cortijos para ser auditados. La inspección no aceptó la deducción de gastos como “los relativos a las monterías realizadas que hayan constituido un ocio personal” o los “trabajos realizados en las fincas, así como la compra de materiales, con motivo de obras que no están directa y exclusivamente relacionadas con el ejercicio de la actividad agrícola y ganadera”.

Para Hacienda, las monterías de Aristrain solo son ocio, no una actividad empresarial. La caza y los coches de lujo son su gran pasión. Según fuentes que han coincidido con él, llega a disparar desde los Mercedes todoterreno preparados al uso con matrícula JMA (sus iniciales). El tribunal confirma la sanción.

Vida de rico de los de verdad

Aristrain tiene una vida de rico de los de verdad. Es hijo de José María Aristrain Noain, que forjó un imperio del acero en el País Vasco en el final del franquismo. Cuando a principios de los 80, Hacienda publicó -por primera y única vez- las declaraciones de la Renta, era el segundo empresario de España que más dinero ganaba, solo por detrás de José María Ruiz Mateos. El patriarca se enfrentó a ETA y se negó a pagar el impuesto revolucionario. Falleció en un extraño accidente de helicóptero en 1986 en la costa azul. 

Le sucedió su hijo, del mismo nombre, pero sin su carisma ni afán por la notoriedad. Obsesionado con la discreción y la seguridad, Aristrain organizaba sus cacerías y enseñaba discretamente su colección de coches, que incluía un Ferrari 250 GTO (una joya con poquísimas unidades y que se han llegado a subastar por 80 millones de dólares). Aristrain compró el suyo al coleccionista Paul Pappalardo en 2008 por 25 millones de dólares, pero el mercado del lujo ha sido la mejor inversión desde entonces.

Tras una serie de operaciones corporativas, acabó siendo uno de los mayores accionistas del gigante ArcelorMittal. Y después de un segundo matrimonio, trasladó su residencia fiscal a Suiza. Según la Fiscalía, sólo lo hizo de forma ficticia. En 2011 abrió una causa contra él que, tras varios vaivenes y absoluciones vuelve varios años hacia atrás. El Supremo ha ordenado repetir el juicio y con otro tribunal. 

Es solo otro zigzag más en un caso que realmente radiografía el estado de la justicia. En 2019 y tras ocho años de instrucción, Aristrain llegó a juicio. Lo hizo ya en silla de ruedas. La Audiencia de Madrid pretendió entonces, sin éxito, que el juicio pasase a la Audiencia Nacional, lo que demoró aún más el caso. Y lo que le queda.

La Audiencia Nacional ultima los preparativos del macrojuiocio por el despacho Nummaria, que comenzará la primera semana de junio y tiene sesiones previstas hasta septiembre. Según Anticorrupción, este bufete urdió planes de defraudación fiscal para decenas de empresarios y artistas, entre ellos Imanol Arias y Ana Duato. El primero ultima un acuerdo a la baja con la fiscalía, que le permite declararse culpable de algunos delitos a cambio de excluir varios ejercicios y reducir la cuota defraudada, según fuentes conocedoras del caso. Otros siete empresarios clientes del despacho ya han alcanzado acuerdos de conformidad con la fiscalía -el último de ellos, el pasado miércoles-. Ana Duato resiste -de momento- a las ofertas a la baja de la fiscalía convencida de que hay errores de bulto que le pueden permitir demostrar su inocencia. Durante tres meses, desfilarán por la Audiencia decenas de acusados y testigos clientes del despacho como Carmen Posadas o Marta Robles.

Fernando Peña no era un asesor fiscal cualquiera. Había sido vicedecano del colegio de Economistas de Madrid, alto cargo de Hacienda y conocía el mundo de la farándula de su paso por la Academia del Cine y de Artistas Intérpretes, Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual (Aisge). Muchos artistas y empresarios pasaron por su despacho para organizar las cuentas. Joaquín Sabina, Marta Robles y Carmen Posadas son algunos de los que acudieron al despacho de Peña, llamado Nummaria. Su fama de ser agresivo en sus planteamientos fiscales venía de lejos.  En 2002 fue detenido por crear una red de sociedades en el extranjero y fue indultado en 2009.

En 2016, Anticorrupción volvió a por él, en una operación de la Audiencia Nacional que acabó con parte de sus empleados y clientes declarando. Ocho años después, el caso llega a juicio con 31 acusados, entre empleados y clientes del despacho. Según Anticorrupción, “Fernando Peña ha prestado su asesoramiento para que sus clientes pudieran defraudar a la Hacienda Pública o a terceras personas en otras muchas ocasiones”.

Fuentes conocedoras del procedimiento explican que la instrucción estuvo marcada por un cierre abrupto de la instrucción, con pruebas aún pendientes de practicar por discrepancias entre el juez, Ismael Moreno y el fiscal Anticorrupción, Tomás Herranz. En un primer momento, seis empresarios aceptaron una condena en conformidad, en el que el acusado admite el delito y paga a cambio de una petición de cárcel menor que generalmente no conlleva ingreso en prisión. 

Entre los empresarios que ya han pactado hay un grupo vinculado a Thesan Capital, un fondo buitre que invertía en empresas al borde de la quiebra. Se trata de Santiago Burgaleta García-Mansilla, Saúl Ruiz de Marcos, José Miguel Garrido Cristo, José Luis Macho Conde y Luis Fernández Caballero. Thesan Capital invirtió, entre otros, en un equipo de Fórmula 1 o en la de recambios Aurgi. Dos de ellos, procedían de Campofrío. Según Anticorrupción, ocultaban “parte de los ingresos obtenidos por estos directivos por los servicios prestados a Thesan Capital y otras sociedades” mediante otras empresas. 

Francisco Hernando Benito es otro empresario y cliente que pactó con la fiscalía. Este empresario vendió su participación en una planta solar en Extremadura a Nextera energy, una multinacional estadounidense. Siempre según Anticorrupción, Fernando Peña ideó una demanda judicial contra la empresa que en realidad era “un artificio” para que que empresa  “pudiera eludir las obligaciones fiscales que gravarían los beneficios derivadas de la venta de su participación en Planta Solar de Extremadura SL y Planta Solar de Extremadura 2 SL a un tercero, Nextera Energy”. Una reclamación fantasma de 18 millones de euros y la provisión para abordarla, reducían artificialmente los beneficios de Hernando y, con ellos, su tributación. “Todos los profesionales del derecho que intervinieron en el procedimiento judicial, en representación de la actora y la demandada, trabajaban para Fernando Peña”.

El último en pactar una conformidad es, según fuentes del caso, José Antonio Jiménez Delgado. El pasado miércoles, Anticorrupción presentó un escrito conjunto en el que reconocía el delito. Según el escrito de acusación original, este empresario, dueño de una empresa de apartamentos, vendió terrenos a una filial del Sabadell por 9,7 millones de euros. Posteriormente, Fernando Peña, diseñó una operación “con el fin de privar a Apartamentos Arenas SL de liquidez y vaciarla patrimonialmente” y que quedara todo “en poder de la entidad británica Loath investments limited, facilitada exprofeso para ello por Fernando Peña”. 

Anticorrupción está ofreciendo pactos estos días a los acusados. Por un lado se asegura recuperar el dinero y le evita riesgos en el juicio. Además, al ir sumando acusados que aceptan la pena va minando las defensas de los que se niegan a pactar. Es un clásico de los delitos fiscales: Shakira, Cristiano Ronaldo, Falcao o Di María, entre otros, buscaron condenas de conformidad antes de enfrentarse a juicio. La defensa de Imanol Arias, ejercida por el ex magistrado de la Audiencia Nacional José Antonio Choclán, está ultimando esa conformidad con la fiscalía. Las defensas consideran que el caso está cogido con alfileres pero aún así muchas prefieren un mal acuerdo a un buen juicio.

Quien de momento no pacta es Ana Duato. La protagonista de Cuéntame ha sostenido que está al día con Hacienda, que la mitad de los ejercicios ya fueron dirimidos en el contencioso administrativo, por lo que ya no podría haber delito, y los otros ejercicios obedecen a una confusión. Sostiene que Anticorrupción ha incluido capítulos de Cuéntame sacados de wikipedia que nunca llegaron a grabarse. Como Xabi Alonso, de momento, Duato aguanta el pulso aun a riesgo de afrontar el juicio y los posibles recursos y el desgaste que conlleva.

Quien tampoco ha hecho amago de negociar es Fernando Peña. No solo eso sino que ha acusado a la entonces responsable Antifraude en la Agencia Tributaria, Margarita García Valdecasas, de manipular los archivos informáticos hallados en el despacho. García Valdecasas fue cesada en 2016, antes de que El Confidencial desvelara que su marido dirigía un despacho acusado de colaborar en la evasión. Para ello, Peña ha presentado un informe de una empresa, Lazarus Technologies, con el que acusa a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude en un juzgado de Madrid. La Audiencia Nacional valorará ese peritaje como parte de la defensa de Peña.

También declarará como testigo la escritora Carmen Posadas. Según la fiscalía, en 2007 y asesorada por Fernando Peña, esta “cedió los derechos de propiedad intelectual de algunas de sus obras” a una empresa “a cambio del pago de una renta vitalicia de 100.000 euros trienales”, algo similar a la operación de Ana Duato e Imanol Arias. La fiscalía explica que la cuota defraudada no alcanza en el caso de Posada la cifra de 120.000 euros que marca el límite del delito fiscal. Posadas escribió un libro junto a la periodista Marta Robles, también citada como testigo y para la que Peña creó una estructura similar.

Para culminar el interés que la vista tiene para los muy cafeteros de los delitos económicos, uno de los peritos que declarará es Ignacio Ruiz Jarabo, director de la Agencia Tributaria entre 1998 y 2001 y habitualmente crítico con las causas que abre el fisco.

La defensa de Imanol Arias, ejercida por el exmagistrado de la Audiencia Nacional José Antonio Choclán, está ultimando un pacto a la baja con la Fiscalía Anticorrupción para declararse culpable de algún delito fiscal a cambio de una pena sin cárcel, según fuentes conocedoras del procedimiento. El pacto, pendiente solo de formalizarse y de algún detalle, llega a las puertas del juicio de Nummaria, que comienza el 4 de junio en la Audiencia Nacional tras ocho años de instrucción. Su compañera de reparto en Cuéntame -y de banquillo-, Ana Duato, desoye de momento las ofertas de la fiscalía convencida de que la acusación incluye errores de bulto que puede demostrar en juicio. La vista se prolongará hasta el 19 de septiembre en uno de los casos más multitudinarios por delito fiscal y en el que más se juega la Agencia Tributaria.

Imanol Arias triunfa estos días en Buenos Aires con la obra de teatro ‘Mejor no decirlo’. Pero a principios de junio tendrá que interrumpir las funciones para declarar, junto a otros 30 acusados, por el caso de Nummaria. Se trata de la causa abierta en 2016 contra el bufete Nummaria, del asesor fiscal, e inspector de Hacienda en excedencia, Fernando Peña. Según Anticorrupción, “Fernando Peña ha prestado su asesoramiento para que sus clientes pudieran defraudar a la Hacienda Pública o a terceras personas en otras muchas ocasiones”. Entre ellos había empresarios y personalidades del mundo de la cultura.

Había clientes, como Joaquín Sabina, Carmen Posadas o Marta Robles, que o bien regularizaron su situación antes o no llegaron a juicio porque la cuota defraudada no alcanzaba los 120.000 euros que exige el delito fiscal.

Los que más foco se llevaron fueron Arias y Duato, matrimonio en la ficción de la serie ‘Cuéntame’. Según Anticorrupción, “con la estructura societaria creada por el acusado Fernando Peña Álvarez”, Imanol Arias “ocultó al fisco parte de sus rentas, principalmente procedentes de su actividad personal por su participación como actor en la serie de televisión ‘Cuéntame cómo pasó”. Peña les ofrecía un sistema en el que, mediante el uso de sociedades, transformaba sus ingresos en una renta vitalicia de forma que tributaban menos. 

Pero lo hacía con contratos que, según el fiscal Tomás Herranz, “no tienen ningún sentido, ni económico, ni de equilibrio entre las partes”. “El único sentido de esta estructura de fraude es intentar transformar una renta de actividad profesional por el trabajo como actor de Manuel María Arias en una renta vitalicia pretendiendo disfrutar ilícitamente de la bonificación del 60% establecida por la norma para este tipo de rentas. En definitiva, la estructura creada por el despacho Nummaria es artificiosa y solo tiene sentido bajo el doble objetivo de defraudar las cuotas generadas por la actividad profesional del actor y la canalización de gastos familiares e inversiones en sociedades, quedando a disposición de la persona física en todo momento”, añade la calificación.

Al acercarse el juicio, como generalmente ocurre con los delitos fiscales, la acusación ha ido ofreciendo pactos a la baja a los acusados. Anticorrupción y Hacienda consiguen recaudar el dinero y asegurarse una declaración de culpabilidad. Así, Shakira, Cristiano Ronaldo, Modric, Falcao… han alcanzado acuerdos de conformidad. Los acusados logran así pactar una cifra a cambio de una pena que no conlleva ingreso en prisión y, además, se libran de que su caso vuelva a la vía administrativa. Allí la sanción puede llegar a ser mayor que en vía penal y, para pelearlo, comienzan un nuevo carrusel de contenciosos.

Al borde de la vista, Imanol Arias tiene listo ese acuerdo de conformidad, según fuentes conocedoras del caso. Su abogado, Choclán, tiene fama de negociar duro esos acuerdos pero preferirlos a un juicio. Él negoció, por ejemplo, el acuerdo de Cristiano Ronaldo. Arias reconocerá que la renta vitalicia constituía un delito pero insiste en que no era consciente de ello. Aun así, lo previsible es que tenga que declarar sobre cuál era su relación con Peña, el principal acusado. 

La defensa ultima los detalles de la que lo previsible es que algunos ejercicios por los que estaba acusado -los ejercicios entre 2009 y 2015- se caigan en el escrito de conformidad. Inicialmente, Arias estaba acusado de defraudar 2,78 millones de euros y ya ha abonado 2,34 millones, una cifra que se aproximaría a lo que están negociando las partes. Arias considera que, pese a no sentirse responsable, debe hacerse cargo de lo ocurrido, según dichas fuentes.

El caso de Ana Duato

Quien de momento no ha alcanzado ni explora ningún pacto es Ana Duato, acusada de tener un esquema similar al de Arias. Su caso tiene peculiaridades distintas que le dan más bazas de defensa. Su abogado, Enrique Molina, ha esgrimido que varios de los ejercicios por los que está acusada ya se dirimieron con Hacienda en vía administrativa, por lo que nunca pueden ser delito fiscal. Además, señala que Anticorrupción ha calculado lo cobrado en base a una lista de capítulos de Cuéntame de wikipedia y que nunca se grabaron. 

El pasado 29 de febrero, al recoger su citación, Duato explicó a Europa Press el malestar que le produce el caso. “Estoy al corriente con Hacienda, siempre he pagado todo. El fiscal me acusa en base a unas cuentas hechas con wikipedia y, en lugar de consultar a RTVE para ver mis ingresos, cogieron los datos de internet y duplicaron los episodios que había hecho”.