El Gobierno eleva a casi 1.000 MW las concesiones hidroeléctricas que caducan en esta década

El Gobierno ha elevado a casi 1.000 megavatios (MW) la bolsa de concesiones hidroeléctricas que van a caducar en esta década. La Administración hidráulica se enfrenta “en el horizonte 2030 a la extinción de un total de 255 concesiones de aprovechamientos hidroeléctricos, que suponen una potencia total de 953 MW”.

Así lo explica un documento de la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica. La cifra equivale a más del 5% de potencia hidráulica instalada que existe en la actualidad y supera la que se manejaba hasta ahora.

En junio, antes de la actual crisis de precios de la luz y de la polémica por el vaciado de embalses del pasado verano, el ministerio facilitó a elDiario.es un listado incompleto de presas cuya licencia va a caducar en la próxima década. En él solo figuraba una treintena de instalaciones con cerca de 700 MW. Hasta ahora, el ministerio ha denegado la relación pormenorizada de concesiones.

Ahora, la Dirección del Agua ha arrojado algo de luz al respecto y explica que, de esas 255 centrales, “8 concesiones corresponden a grandes aprovechamientos, con potencia instalada mayor de 20 MW”, frente a las cinco figuraban en esa relación facilitada en junio. Esos 255 aprovechamientos con cerca de un millar de MW no incluyen la bolsa de MW que ha caducado en los últimos años, que Transición Ecológica tampoco ha facilitado, por lo que la foto sigue siendo incompleta.

La nueva estimación se ha dado a conocer después de que en agosto, mientras comenzaba a arreciar la crisis de precios de la luz por la estratosférica subida del gas, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, abriera la puerta a que una empresa pública asuma las concesiones caducadas. Una posibilidad que Unidas Podemos lleva años defendiendo y que enfrió en septiembre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el argumento de que no estaba recogida en el acuerdo de coalición.

Esos cerca de 1.000 MW están incluidos en la documentación de un contrato de servicios de soporte técnico y jurídico que acaba de licitar el Ministerio. La Dirección General del Agua quiere llevar a cabo “actuaciones derivadas de las extinciones de derechos al uso privativo del agua para producción hidroeléctrica, reversiones de infraestructuras y concursos de aprovechamientos hidroeléctricos”. El objetivo es también la “identificación de oportunidades y necesidades de la estrategia de la administración hidráulica con relación al binomio agua-energía”.

El contrato tiene un presupuesto de unos 2 millones. El pliego contempla el apoyo al Ministerio “en la elaboración de guías y recomendaciones sobre los procedimientos de extinción, reversión de infraestructuras, la nueva puesta en explotación de los aprovechamientos hidroeléctricos o la demolición de infraestructuras en dominio público hidráulico”, así como la prestación de soporte legal y técnico para la elaboración de pliegos de base para adjudicar por concurso la explotación, operación y mantenimiento temporal de centrales revertidas.

“Posible ampliación indebida”

El adjudicatario deberá elaborar hasta siete informes parciales y un informe final que recopile, entre otras cosas, la situación actual de los aprovechamientos, “con especial atención a la posible ampliación indebida de concesiones” otorgadas antes de la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985. También se deberán localizar aquellas en las que existen reservas de energía a favor de la Administración (casos en los que esta se queda un porcentaje de la producción de la central). 

Además, se pide a los licitadores “estudiar los condicionantes de explotación de aprovechamientos existentes”, entre ellos los derivados de la implantación de los regímenes de caudales ecológicos y su impacto en las concesiones, “que han provocado un gran número de reclamaciones” por daños y lucros cesantes. Un ejemplo es la compensación millonaria que recientemente planteó Naturgy ante Transición Ecológica por la menor producción de varias de sus centrales en Galicia.

El adjudicatario deberá analizar asimismo “la oportunidad de la instalación de nuevas centrales hidroeléctricas reversibles y de plantas fotovoltaicas en embalses y balsas”. “Para regular el desarrollo de nuevas instalaciones fotovoltaicas en embalses de titularidad estatal se elaborará un programa nacional para aprovechamiento de embalses de titularidad pública con elevado potencial de aprovechamiento para plantas fotovoltaicas”. 

Además, deberá dar “soporte al procedimiento de extinción concesional, reversión de infraestructuras al Estado y concurso público”. Todo ello, con vistas a las exigencias del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la Ley de Cambio Climático. De sus objetivos se deriva el procedimiento que acaba de lanzar el Gobierno para poner en marcha la primera central hidroeléctrica que construye el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) desde finales del siglo pasado, una pequeña planta con menos de 5 MW en Salamanca que lleva casi 20 años prevista.

En línea con el PNIEC, los borradores de los planes hidroeléctricos lanzados a consulta pública por el ministerio hace unos meses planteaban dar más poder en la gestión de la hidroeléctrica a algunas de las confederaciones hidrográficas, como la del Duero. Hace unas semanas, esa confederación canceló la que habría sido la primera licitación lanzada durante el mandato de Ribera para adjudicar una concesión de estas características. Los pliegos fijaban el plazo máximo de la concesión en 30 años, por encima de los 20 del anterior procedimiento de este tipo. Finalmente, el concurso fue abortado.

La Dirección del Agua subraya que “para valorar la oportunidad” de la reversión y la puesta de nuevo en explotación de las presas “hay que considerar criterios de viabilidad técnica, rentabilidad económica y social” y de respeto a la normativa ambiental. De hecho, en muchas de las concesiones de pequeños saltos que han vencido desde 2020 se ha ordenado su demolición por razones medioambientales.

“El análisis de estos criterios deberá determinar la continuidad de la explotación de los aprovechamientos o su demolición, siempre garantizando el interés general”, indica la Dirección del Agua. “En aquellos casos en los que se propone la reversión de las infraestructuras al Estado, hay que considerar la posibilidad de la explotación y el mantenimiento de estas obras dependa, con carácter temporal, del Organismo de cuenca, por lo que hay que intentar celebrar contratos de servicio de operación y mantenimiento e identificar los instrumentos jurídicos que amparen esta explotación temporal”. 

Paralelamente a la reversión de las infraestructuras al Estado, “se debe de convocar”, de conformidad con el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, “un concurso público para poner de nuevo en explotación el aprovechamiento hidroeléctrico y posteriormente, otorgar la nueva concesión”, afirma el pliego. 

Villalcampo como “caso piloto”

Con vistas a la elaboración de una “Guía metodológica sobre el procedimiento de extinción, reversión de infraestructuras y la nueva puesta en explotación de los aprovechamientos hidroeléctricos”, el documento propone “tomar como caso piloto” la extinción de las concesiones hidroeléctricas de los saltos de Villalcampo I y II, dos de los grandes saltos de Iberdrola en el Duero, que vencen en 2024. 

El plazo para revertir esos dos grandes saltos se abrió el pasado octubre. “Por la entidad del aprovechamiento, con una potencia total instalada de 206 MW, y su importancia estratégica en el sistema eléctrico, es necesario afrontar su extinción y reversión con la máxima dedicación”, señala la Dirección del Agua en la documentación que acaba de publicar.