Naturgy pide al Gobierno una compensación millonaria por la menor producción de sus hidroeléctricas en Galicia

Naturgy se enfrenta al Gobierno por sus hidroeléctricas en un momento especialmente sensible: en plena tormenta por los precios récord de la luz y con la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, dispuesta a aceptar la petición de Unidas Podemos de que una empresa pública asuma la gestión de las concesiones de las presas a medida que caduquen y enfrentada a Iberdrola por el “escandaloso” vaciado de dos embalses en Zamora y Cáceres. 

Naturgy, tercera eléctrica española y líder en el negocio del gas, exige al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que dirige Ribera, una compensación millonaria por la menor producción de energía obtenida entre 2017 y 2019 por una decena de centrales hidroeléctricas del grupo en Galicia que tuvieron que liberar agua (un bien público) para respetar los caudales ecológicos determinados por la Administración.

La reclamación figura en las últimas cuentas anuales de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, adscrita a Transición Ecológica. Estas cuentas, a las que ha tenido acceso elDiario.es, fueron revisadas por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) el pasado 5 de julio, con el mercado mayorista de electricidad directo hacia los récords de las últimas semanas.

Este organismo autónomo explica que “Naturgy Generación SLU presentó entre los días 23 y 24 de diciembre de 2020 cinco reclamaciones de responsabilidad patrimonial por supuestos perjuicios” causados “a propósito del cumplimiento, en ocho centrales hidroeléctricas, de los caudales ecológicos determinados por el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil”, aprobado en un Real Decreto de enero de 2016.

Los caudales ecológicos son el nivel mínimo de agua que determina la Administración para asegurar la compatibilidad de los usos del agua con la preservación y mejora de los ecosistemas fluviales. Permiten garantizar el suministro a todos los usuarios, evitar la degradación de esos ecosistemas y cumplir las directivas europeas en esta materia.

En sus cuentas de 2020, la Confederación del Miño-Sil señala que “la mercantil alega la pérdida de producción de energía eléctrica sufrida desde distintas fechas de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2019, y valora los daños en un importe total de 17.328.534,19 euros”.

“Naturgy presentó una reclamación patrimonial por los caudales ecológicos que hemos tenido que soltar sin poder turbinar desde el 2017. Actualmente, la compañía está pendiente de que resuelva el Ministerio de Transición Ecológica”, confirma el grupo que preside Francisco Reynés. La reclamación, según fuentes de la compañía, afecta a diez centrales: las de Belesar y Os Peares (en Lugo), y a las de Velle, Castrelo, Frieira, Albarellos, Salas, Las Conchas, Regueiro y Leboreiro (Ourense).

Un informe publicado en 2018 por el Observatorio Sostenibilidad que abogaba por la recuperación de las concesiones hidroeléctricas en España aseguraba que dos de esas centrales de Naturgy tenían entonces su permiso vencido o cerca de hacerlo: Os Peares, construida en 1955, y con unos 184 megavatios (MW) de potencia, y Las Conchas (80MW), construida en 1954 y cuya licencia, siempre según ese informe, caducaría en 2024.

El estudio afirmaba que “alrededor del 7% de las concesiones medidas en volumen de agua ya han expirado. En concreto existe una central, Os Peares, de Naturgy (Gas Natural-Fenosa) para la que ya se han vuelto a conceder otros 75 años”.

En youtube todavía puede verse un vídeo del periódico La Región en el que se aprecia cómo en 2018 Naturgy se vio obligada a desembalsar agua de Os Peares y liberar agua al río Miño por primera vez desde 2001 ante las sucesivas borrascas en la zona.

Ninguna de esas plantas figura en el listado incompleto de concesiones que vencen hasta 2031 facilitado hace unas semanas a elDiario.es por Transición Ecológica. Según ese listado, a Naturgy le vencerían unos 108 MW en cuatro hidroeléctricas en la cuenca del Tajo. La mayor parte caducaría a partir de 2029, aunque algunas empezarían a hacerlo a partir del año que viene.

Las instalaciones que, según Naturgy, han realizado esa reclamación contra el Gobierno por su menor producción hidroeléctrica en Galicia suman una potencia de unos 1.000 megavatios (MW). Es la mitad del total que tiene en toda España la empresa con este fuente y aproximadamente un tercio de los 3.116 MW hidroeléctricos instalados en la Confederación del Miño-Sil.

Esta demarcación representó el 18,83% de toda la producción peninsular de esa fuente en el periodo 2004-2018. En ella se ubican 91 centrales hidroeléctricas. 45 son grandes centrales y 46 mini centrales.

En sus últimas cuentas, la Confederación del Miño-Sil explica que ha trasladado las reclamaciones de Naturgy al departamento de Ribera, al entender que se trata de una competencia suya, “dado que el acto que origina los supuestos daños es la aprobación por el Consejo de Ministros de una norma reglamentaria”. 

Además, los aprovechamientos afectados, que no identifica, “tienen una potencia instalada superior a 5.000 kva, cuyas concesiones son otorgadas por el órgano competente”, y no por la confederación. elDiario.es ha preguntado a Transición Ecológica por este asunto, sin obtener respuesta.

778 millones al año

La Confederación del Miño-Sil ha sacado recientemente a información pública su borrador de plan hidrológico para los próximos años, en el que cifra en 778 millones de euros anuales el valor añadido bruto del sector hidroeléctrico en esta demarcación y espera que la potencia actual se mantenga en los próximos años. 

Los planes planteados por los organismos de Cuenca del Ebro y el Duero planean reforzar al Estado en la gestión de sus presas hidroeléctricas. Esta cuestión ha vuelto a ponerse sobre la mesa con el precio de la electricidad encadenando máximos históricos por la subida récord del CO2 y del gas, y con la hidroeléctrica marcando el precio en el mercado mayorista la mayoría de las horas pese a sus bajos costes de operación por el diseño del mercado mayorista de electricidad, que el Gobierno ha pedido cambiar en Bruselas sin éxito. El pasado jueves, tras meses de negativas, Ribera abrió la puerta a que esas presas las gestione directamente el Estado cuando caduquen las concesiones.

Otro de los mecanismos que ha planteado el Gobierno para hacer frente al imparable encarecimiento del denominado pool es la aplicación de una penalización a hidráulica y nuclear por los ingresos extra que obtienen por la subida del CO2, que estas tecnologías no soportan. El recorte va a afectar fundamentalmente a Iberdrola y Endesa, pero también a Naturgy. En sus últimas cuentas semestrales, esta empresa explicaba que el valor contable de los activos afectados por el anteproyecto inicial del Gobierno asciende a 1.203 millones de euros.

Naturgy es la propietaria de la antigua Unión Fenosa, históricamente vinculada a Galicia, que adquirió en 2008 (cuando todavía se llamaba Gas Natural) a la constructora ACS. La compañía, objeto de una opa parcial del fondo australiano IFM recientemente autorizada con condiciones por el Ejecutivo pese a la oposición de Unidas Podemos, cuenta con algo más de dos gigavatios (GW) de potencia hidráulica en España (2.062 MW), que suponen cerca del 12% de los más de 18 GW que tiene instalados en España esta tecnología. La gran dominadora es Iberdrola, que tiene más de la mitad del total.