El Gobierno planea reforzar al Estado en la gestión de las presas hidroeléctricas del Ebro y el Duero
El Gobierno planea reforzar al Estado en la gestión de las presas hidroeléctricas. El Ejecutivo apuesta por una mayor participación en la gestión de algunos aprovechamientos en el Ebro y reservarse las nuevas plantas de energías renovables vinculadas a las presas del Duero.
La idea está sobre la mesa de algunos despachos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Así se desprende de los planes de actuación de dos de las principales cuencas hidrográficas de España, que acaban de salir a consulta pública.
El ministerio ha publicado los borradores de la planificación hidroeléctrica del próximo sexenio, unas semanas después de sacar a consulta un anteproyecto de ley para recortar los denominados beneficios caídos del cielo de hidroeléctricas y nucleares que las grandes empresas del sector rechazan, en un momento de elevados precios de la electricidad.
La memoria del Plan de Actuación 2022-2027 de la Confederación del Duero identifica entre sus prioridades (“tema importante”, en el argot del ministerio, del que dependen las confederaciones) el “incremento de potencia energética instalada”. En el marco de los objetivos definidos en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que aprobó hace unas semanas el Congreso, señala que “las infraestructuras del Estado (embalses y canales) podrían ser objeto de mayor aprovechamiento hidroeléctrico de forma compatible con el logro de los objetivos ambientales”.
El documento recuerda que el artículo 7 de la nueva Ley del Clima prevé que las nuevas concesiones que se otorguen prioricen las centrales hidroeléctricas reversibles, aquellas que permiten el almacenamiento de la energía para producirla cuando hay más demanda, “siempre que cumplan con los objetivos ambientales de las masas de agua y los regímenes de caudales ecológicos fijados en los planes hidrológicos de cuenca y sean compatibles con los derechos otorgados a terceros”.
La norma deja a un posterior desarrollo reglamentario la fijación de las condiciones técnicas “para llevar a cabo el bombeo, almacenamiento y turbinado para maximizar la integración de energías renovables”.
“Parece razonable que se reserven al Estado los posibles nuevos aprovechamientos de tecnologías renovables (hidroeléctrica reversible, solar fotovoltaica, eólica y termosolar) que puedan vincularse a estas infraestructuras”, dice la memoria de la Confederación del Duero. El borrador no precisa qué entidad gestionaría esas instalaciones. Transición Ecológica no comenta este asunto y se remite al literal del documento.
La cuenca del Duero es el sistema hidroeléctrico más potente de España. En 2018 su producción fue de 7.228 GWh/año, el 21% de la aportación nacional de esta fuente. Cuenta con 162 aprovechamientos hidroeléctricos en explotación con una potencia instalada de 3.868 MW. Algunos van a vencer en la próxima década, caso de dos presas de Iberdrola en Zamora que el Gobierno ya ha dicho que prevé sacar a concurso público cuando se extingan, a partir de 2024.
El documento de la Confederación del Duero, que pronostica que los caudales turbinados por las centrales hidroeléctricas de esta cuenca se reduzcan un 12% en 2039 por efecto del cambio climático, no hace referencia a la reversión al Estado de estas instalaciones.
Reversiones y nuevos saltos
Algo que sí ocurre en el caso del plan de actuación de la Confederación del Ebro para el periodo 2021-2027. El borrador que ha salido a consulta insiste en la necesidad de “continuar con los procedimientos de reversión de las centrales hidroeléctricas que acaban su periodo concesional” y la “nueva puesta en explotación maximizando el interés público o demolición si son inviables, no estratégicas y tienen un efecto sobre las masas de agua no asumible”, agilizando “en lo posible los procedimientos”.
El documento también apuesta por el “desarrollo de nuevos saltos reversibles en la demarcación”.
El afán del Ebro de revertir las presas en manos privadas no es nuevo. Este organismo de Cuenca, en cuya demarcación existen 353 aprovechamientos hidroeléctricos en explotación con una potencia instalada de 4.229,45 MW, ya ha sido pionero en la última década en la reversión al Estado de varias centrales hidroeléctricas de pequeño tamaño en el Pirineo aragonés, como la de El Pueyo (en 2013), Lafortunada-Cinqueta o Barrosa.
Su actual plan de actuación para el ejercicio 2021 prevé tramitar “las solicitudes de concesión de aprovechamientos hidroeléctricos y los expedientes de extinción y reversión al Estado de centrales hidroeléctricas que han concluido su plazo concesional y aquellos otros que por otras causas se susciten. Se tiene previsto extinguir el derecho concesional de 6 centrales que están actualmente abandonadas o en ruinas así como 3 centrales en funcionamiento a lo largo del año que viene o concluirlos en el siguiente”.
El documento estima que el cambio climático reduzca las aportaciones hídricas en esta cuenta en un 5% para 2039, porcentaje que alcanzaría el 20% en 2100.
“Oportunidad histórica”
La cuestión del vencimiento de las presas hidroeléctricas cobra relevancia en un momento en el que, con el mercado mayorista de electricidad disparado por el encarecimiento del gas y los derechos de emisión, el Gobierno se ha visto obligado a aprobar una rebaja puntual de impuestos a la luz para tratar de contener la subida. Para este martes, el precio medio del denominado pool va a volver a superar los 93 euros por MWh, uno de los más altos de la historia. Este lunes la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, advertía en una entrevista en Cinco Días de que “los escenarios a medio plazo muestran altos precios en el gas y el CO2 durante una buena temporada”. La subida va para largo.
“En la luz no puede ser que todo sean dividendos a favor de las empresas, hay que conciliar con los consumidores. Es lógico que las empresas quieran maximizar el beneficio, pero el Gobierno también tiene que velar por los consumidores”, señaló Ribera en esa entrevista. Su apuesta pasa por el citado anteproyecto y la puesta en marcha del futuro fondo para repartir el coste de las renovables más antiguas entre el conjunto de consumidores energéticos.
Mientras, Unidas Podemos ha retomado la petición que recogía su programa electoral de que esas concesiones que están por vencer las asuma una empresa pública de energía. Una opción que Ribera parece haber descartado. Este instrumento es habitual en muchos países del mundo desarrollado.
El Ejecutivo facilitó hace unos días a elDiario.es un listado con más de una treintena de presas cuya concesión vence en la próxima década, que suman una potencia de más de 700 MW, aunque la relación está incompleta. Según Podemos, el Estado tiene una “oportunidad histórica” para gestionar esas presas de forma directa a través de una empresa pública de energía. El ministerio señala que la decisión de qué hacer con ellas debe tomarse salto a salto, tras comprobar su viabilidad ambiental.
Ribera dejó abierta al poco de asumir su cartera la posibilidad de que el Estado explote esos MW directamente. “Hay un volumen, que es un volumen limitado, que nos debería permitir pensar en opciones un poco más acordes a las necesidades del siglo XXI, que son básicamente garantizar un cierto precio para consumidores vulnerables y una cierta capacidad de almacenamiento y moderación de precios medios con un potencial que, en teoría, es un potencial público, por tanto, dependiente de una decisión de orden público”, dijo en su debut como ministra en el Senado en 2018.
Entonces, un informe del Observatorio para la Sostenibilidad estimó que para esa fecha el 7% de las concesiones medidas en volumen de agua ya habían expirado y que hasta 2030 otro 8% iría caducando progresivamente.
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