Ribera cancela el concurso para explotar una hidroeléctrica que alargaba la concesión a 30 años

El Ministerio para la Transición Ecológica ha renunciado a seguir adelante con el concurso para adjudicar la primera concesión hidroeléctrica lanzada bajo el mandato de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera: la explotación de una pequeña central, la de Láncara (León), cuyos pliegos fijaban el plazo máximo de la concesión en 30 años, por encima de los 20 años del anterior procedimiento de este tipo.

El acuerdo de desistimiento firmado el 15 de octubre por la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), Cristina Danés, explica que “concurren razones de interés público suficientemente justificadas” para la renuncia. Al no haberse recibido ninguna oferta, no habrá que “compensar a ningún concursante”, destaca la resolución. El plazo para presentarlas acababa de abrirse y concluía el 4 de enero.

Para justificar la renuncia, el documento señala que con los planes de cuenca que deben aprobarse en 2022 aún en consulta pública, “no se puede garantizar la compatibilidad con el nuevo plan hidrológico del tercer ciclo, actualmente en tramitación, y que sería de aplicación en el momento previsto para la resolución de la concesión del aprovechamiento”, expone Danés. Los borradores publicados en junio planteaban dar más poder al Estado en la gestión de las hidroeléctricas.

Ubicado en el río Pereda (Sena de Luna, León), y con apenas 1,4 megavatios (MW) de potencia, el aprovechamiento lleva parado desde mayo de 2009 y hasta entonces lo explotó la actual Naturgy. La concesión original se otorgó en 1926 por 75 años a contar desde octubre de 1931. En octubre de 2018, la CHD emitió informe favorable a la continuidad de su explotación y decidió sacarlo a concurso.

El plazo máximo que fijaban los pliegos era un 50% superior al del anterior procedimiento de este tipo, que se lanzó antes de llegar Ribera al ministerio: otra planta muy similar en León, la de Lugán, que en su momento gestionó Iberdrola y cuya concesión venció en 2012. La ganadora fue una filial del grupo RPI, controlado por el fondo luxemburgués Cube. En el mismo día en que se adjudicó la concesión, Cube logró que el tribunal de arbitraje del Banco Mundial condenase a España por el recorte a las renovables del Gobierno del PP. Luego puso en venta ese millonario laudo.

Ese plazo de 30 años superaba lo recomendado en un reciente artículo por el catedrático y exconsejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) Diego Rodríguez, partidario de adaptar las nuevas concesiones hidroeléctricas “a las circunstancias actuales, extrayendo las rentas de escasez del recurso”, recortando “drásticamente” los plazos a no más de “15 o 20 años” y evitando “quedar encerrados en una relación de muy largo plazo en un contexto de transición energética sujeta a elevadas incertidumbres”. 

Empresa pública

En ese artículo en Fedea (fundación que financian grandes empresas como ACS, BBVA, CaixaBank o Santander), Rodríguez reclamaba “aportar desde ya transparencia sobre las características de las concesiones”: “El intrincado sistema de gobernanza del agua en España hace que esa información no esté disponible públicamente”. Pero dudaba que la electricidad fuera más barata si una empresa pública gestionase esta fuente, que utiliza un bien público como el agua.

Una opción a la que se abrió Ribera en agosto, que enfrió Pedro Sánchez en septiembre y a la que se abrió el pasado fin de semana el PSOE en su 40º Congreso Federal al plantear estudiar alternativas para un cambio de modelo energético, “incluidas las que impliquen una mayor participación pública”, con la recuperación por parte del Estado de la explotación de las centrales hidroeléctricas como primer paso. 

El miércoles, CCOO abogaba por impulsar “una gran empresa pública” de renovables utilizando las ayudas europeas para “democratizar” la generación de electricidad y hacer “frente al chantaje del 'lobby' eléctrico”.

La bolsa real de MW hidroeléctricos que han vencido ya o van a vencer en los próximos años se desconoce y Transición Ecológica solo ha facilitado un listado con las 30 concesiones más relevantes. En noviembre de 2018, Ribera explicó que había 115 aprovechamientos de cuencas intercomunitarias extinguidos, de los que unos cien estaban abandonados y con poca rentabilidad económica aparente. Además, se preveía que se extinguieran 25 concesiones hasta 2020 y 70 hasta 2030.

Este jueves, el Congreso avalaba parte de una proposición de ley de la CUP que insta a examinar todas las concesiones, pero rechazaba entre otras cosas asegurar su reversión para que las gestione el sector público. El Pleno aprobó reclamar al Gobierno un estudio del estado de las concesiones con el respaldo de todos los grupos salvo Vox, PDeCAT y Coalición Canaria, que votaron en contra, y PP y Foro Asturias, que se abstuvieron, informa Europa Press.

El concurso que acaba de cancelar el ministerio se inició a principios de mes, coincidiendo con la apertura del plazo para extinguir la concesión de una de las grandes presas del Duero, Villalcampo, que con 206 MW es la mayor que caduca esta década (lo hace 2024) y a diferencia de los pequeños saltos es gestionable. Actualmente la explota Iberdrola, que ha protagonizado un enfrentamiento con el Gobierno por el recorte retributivo a las eléctricas para contener los máximos históricos que la subida estratosférica del gas ha impulsado en el mercado mayorista de electricidad.

El penúltimo desplante de la eléctrica ha sido no acudir, como Endesa, a la subasta de renovables celebrada por Transición Ecológica el martes. Y este jueves, Iberdrola retaba al Gobierno a retirar el Real Decreto-Ley que avaló la semana pasada el Congreso a cambio de “no variar los precios eléctricos a la industria”. “Todo el mundo se puede equivocar por falta de información y rectificar es de sabios”, asegura la multinacional.

En primavera, antes de la crisis de precios de la luz, el Gobierno apuntó que su idea para Villalcampo era volver a sacarla a concurso. Hace unas semanas, el ministerio señaló que “se están estudiando las características de la concesión y analizando los próximos pasos en el procedimiento de extinción”.

Lanzar un concurso es una de las opciones que se contemplan en estos casos. A veces, las instalaciones han pasado a ser gestionadas por las respectivas confederaciones hidrográficas. O se destruyen las infraestructuras. En la actual legislatura, han vencido las concesiones de 21 presas, todas de pequeña potencia, y en 12 de ellas se ha optado por ordenar la demolición a cargo del titular por motivos medioambientales.