¿Amnistía para la colonia VIP de Camorritos?: Madrid, Cercedilla y los vecinos negocian un pacto que la salve del derribo

Si uno conoce la historia de la colonia de Camorritos es fácil que al visitarla la vista le transporte un siglo atrás. La colonia fue ideada en los años 20 del siglo pasado por la Sociedad Anónima del Ferrocarril Eléctrico de Guadarrama (SAFEG). A cambio de trazar la línea férrea, la empresa logró permiso para levantar chalets en los que huir de la tuberculosis gracias al aire de Cercedilla. En la montaña quedó la línea del ferrocarril, las casas con tejados de pizarra y los caminos sin asfaltar. Y, lejos de allí, en los despachos, un embrollo jurídico que desde hace cuatro años amenaza de desahucio a los propietarios. Sin embargo, desde el pasado 25 de enero ha entrado en vías de solución. O al menos se ha abierto una opción más allá del final del desahucio de los dueños. La Comunidad de Madrid ha prorrogado un año el proceso de expropiación y el Ayuntamiento ha pedido a los propietarios que hagan una oferta que permita salvar sus chalés.

En 1920 y 1921, tras la gripe del 18 y con la población en pánico por la tuberculosis, vieron la luz dos reales órdenes que permitieron a la SAFEG ocupar tres montes públicos para construir las colonias de Camorritos y de El Puerto de Navacerrada. El permiso incluía construir casas -llamadas entonces “sanatorios en altura”, término procedente de Suiza y Austria- en terreno público.

Tras la guerra civil, las colonias siguieron un desarrollo desigual. La de Camorritos fue siendo ocupada por familias pudientes y hoy tiene unos 80 chalés. La de El Puerto, por familias con menos recursos, y hoy tiene algo más de 300 viviendas.

El mejor guía posible para la historia de Camorritos es Enrique Castells. Él habita uno de los 18 chalés que siguen ocupados todo el año y no solo en verano. Su tío bisabuelo Manuel, catedrático, fue el que electrificó el ferrocarril. En el ordenador, Enrique va mostrando abundante documentación y fotografías y planos antiguos: “Esa es la casa de las tres torres. Aquella la construyó el arquitecto Fernando Higueras”. En la lista de propietarios hay apellidos ilustres como Koplowitz, Fraga Iribarne, Torres-Quevedo (descendientes lejanos del ingeniero Leonardo Torres-Quevedo)... “¿Ves esas fotos antiguas? Esto no tenía ni árboles. El pinar se llamaba baldío. Todos los pinos son posteriores a la colonia”.

En 2020, un siglo después de esos primeros permisos, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Cercedilla llegaron a la conclusión que había expirado la concesión para ocupar los montes públicos. Y comenzó un complejo proceso para rescatar el terreno, expulsar a las familias y gestionar las viviendas o derribarlas.

Pero ahí comenzó una batalla burocrática y legal. Lo que para las Administraciones era una concesión administrativa, sujeta a un final que hacía que debieran volver la titularidad pública, para los propietarios fue una venta en toda regla aunque con otro nombre. “El gran error es confundir la palabra concesión, de conceder algo, con lo que se conoce jurídicamente como concesión administrativa. Lo que obtuvo la SAFEG por estas reales órdenes no fue una concesión, sino que se le concedió un derecho de ocupación sin límite de tiempo”, sostiene Castells. Los vecinos aportan un documento del catedrático Eduardo García de Enterría. En 1974 este concluyó que pese a que las reales órdenes de los años 20 le daban una autorización para ocupar el terreno público, “materialmente llevaron a cabo una enajenación”, por lo que ya serían privados.

El primer problema de la Comunidad fue de papeleo. El plazo previsto para cumplir el trámite era de tres meses, pero en ese tiempo la Administración ni lograba comunicar la apertura del expediente a todos los afectados. La Comunidad llegó a cambiar la ley para que el plazo fuese de un año. El caso sumaba interés político porque Mónica García, líder de Más Madrid y hoy ministra de Sanidad, heredó junto a sus hermanos la mitad de una casa en Camorritos. Era inevitable -por goloso- pensar que el Gobierno de Ayuso estaba impulsando la expropiación de la líder de la oposición. Y así circuló y lo publicaron medios como El Debate, propiedad de la Asociación Católica de Propagandistas, que añadían la pimienta que la casa de Mónica García ocupaba el lugar destinado a un hospital (porque hace un siglo se diseñó la colonia bajo el nombre de “sanatorios en altura”).

La realidad era más compleja, según fuentes conocedoras del procedimiento. El anterior equipo de la Consejería de Medio Ambiente, con el impulso del Ayuntamiento de Cercedilla, que quería gestionar las viviendas e ingresar dinero en las arcas municipales, se empeñó en rescatar la concesión. Pero nunca lograba llevarla a buen término. El procedimiento caducó en tres ocasiones sin notificarlo a todos los afectados y siempre tenía que volver a empezar el papeleo.

La última vez que comenzó el trámite fue el 28 de abril de 2023, esta vez con un año por delante tras una reforma legal. Pero tras las elecciones autonómicas cambió el equipo de la Consejería de Medio Ambiente: Carlos Novillo sustituyó a Paloma Martín en la cartera. Y, pese a que en agosto rechazó las alegaciones de los vecinos, el tono se moderó, según fuentes conocedoras del procedimiento. También cambió el Ayuntamiento de Cercedilla, que pasó a tener un alcalde del Grupo Independiente de Cercedilla.

En otoño, las dos administraciones mejoraron algo las relaciones con los afectados. Pero el “procedimiento de declaración de extinción por caducidad de la autorización de ocupación temporal de terrenos otorgada a la Sociedad Anónima del Ferrocarril Eléctrico del Guadarrama (SAFEG) mediante Real Orden de 16 de abril de 1920 con destino a la construcción de sanatorios de altura”, como se llama oficialmente, seguía su curso. La Administración debía resolverlo antes de finales de abril de 2024. Pero el pasado 25 de enero, el Boletín Oficial de la Comunidad publicó que se daba un año más de plazo para concluirlo. “Hemos prorrogado un año el plazo para pedir informe a la abogacía general y a la COJA (Comisión Jurídico Asesora), con objeto de tener una mayor seguridad jurídica, dada la complejidad del expediente”, señala un portavoz de la consejería. 

Detrás de ese parón, según fuentes conocedoras del procedimiento, hay una incipiente negociación para evitar el desahucio. “Hay un cambio de actitud del grupo de gobierno actual del Ayuntamiento al anterior. El anterior no quiso hablar y nos llamaba okupas. Estamos en predisposición de buscar un acuerdo que sea bueno, pero no el negocio inmobiliario que plantea Cercedilla”, señala Castells, pero añade: “Será difícil llegar a un acuerdo porque consideramos que es nuestro. Esta casa la construyó mi abuelo y pienso morir aquí”. 

El alcalde de Cercedilla, David Martín Molpereces, admite que están dispuestos a estudiar una solución, pero niega que eso suponga un cambio de actitud: “Nos hemos reunido con los vecinos y les hemos explicado que solo se puede declarar la caducidad y abrir un procedimiento en base a la libre concurrencia. Pero, si sus abogados tienen una alternativa y lo vemos justo, equitativo para el pueblo y legal, lo estudiaremos”. 

Oficialmente, la intención de Cercedilla sigue siendo rescatar las casas, alquilarlas y obtener dinero para el consistorio. “Podemos hablar de cifras altas, pero hay que ver el estado de las viviendas y es difícil cuantificarlo”, señala el alcalde. 

Castells se opone a eso: “Estamos en predisposición de buscar un acuerdo que sea bueno, pero no el negocio inmobiliario que plantea Cercedilla”. El presidente de la asociación de vecinos de El Puerto, Andrés Pino, coincide: “Es como increíble que ahora te digan que la casa no es tuya. Yo la compré el 28 de noviembre de 1988. El registrador dijo que era una forma registral extraña pero que no nos preocupásemos, que ya se arreglaría. Teníamos problemas de suciedad, de luz y asfaltado. Nos hemos dado cuenta de que llevan años intentando interpretar la ley de forma torticera, a nuestro parecer, para decir que las casas son suyas”.

De momento, y hasta que llegue la amnistía, los abogados trabajan con sigilo en encontrar una fórmula que sea aceptable para todos, compensar al Ayuntamiento sin que los dueños pierdan la posesión y evitar un problema político para la Comunidad. Tienen más de un año.