Nati Camacho (75 años) habla conmocionada frente a un grupo de personas reunido en la Puerta del Sol. Con un abrigo negro hasta los pies para protegerse del frío, tiene entre las manos la ficha policial de cuando la llevaron por primera vez a la Dirección General de Seguridad (DGS), que en esos años se encontraba en la Real Casa de Correos. Camacho, sin embargo, lo recuerda como “el palacio del terror franquista”. “Fue en 1963, yo tenía 25 años. Estaba embarazada de tres meses. Por esto se me ve tan guapa en la foto, a pesar de estar muerta de miedo y llena de rabia”, afirma. 

De su primera estancia en los calabozos del edificio recuerda los olores “indescriptibles”, los platos y cucharas sucios con los que era imposible comer y las mantas llenas de fluidos, además de la luz permanentemente encendida, para impedirle dormir. Volvió varias veces a esos sótanos a causa de la actividad sindical que llevaba a cabo en la fábrica textil donde trabajaba desde que tenía 14 años. “Pero era importante mantener la solidaridad entre compañeros. El compromiso para luchar contra una dictadura tan larga y terrible”, explica. 

El mismo compromiso sigue vivo medio siglo después de la muerte de Franco y de la llegada de la democracia. Ahora el objetivo es recordar una parte de la historia poco conocida por la que volvieron a pedir el pasado mes de febrero que se coloque una placa en la fachada de la Real Casa de Correos que recuerde su pasado como Dirección General de Seguridad.  

“Lo que pedimos es corregir una anomalía europea”, afirma Willy Meyer (70 años), exdiputado del Parlamento Europeo y que también pasó por los calabozos de la DGS en los años setenta. “En todas las capitales que han sido escenario de la barbarie del nazismo y del fascismo hay placas o museos que recuerdan a las personas que lucharon por su liberación. Pero este es el único lugar donde no hay un recuerdo de los miles de hombres y mujeres que se resistieron a la dictadura”, añade. 

Durante su detención, Meyer fue interrogado por el torturador Antonio González Pacheco, conocido como 'Billy el Niño', que llegó incluso a fingir ejecutarlo con una pistola que no estaba cargada. “Me dijo que o hablaba o me mataba. Apuntó el arma y me disparó en la espalda. Pero ni en ese momento delaté a mis compañeros”.  

La actual sede de la Comunidad de Madrid, el mismo edificio cuyo reloj muestra la llegada del nuevo año, ha sido el escenario de miles de historias como la de Meyer, Camacho y García: estudiantes, militantes de partidos clandestinos y activistas que han pasado por sus sótanos, acusados casi siempre de “asociación ilícita y propaganda ilegal”. “Era el cargo que usaban para todo el mundo. Una excusa para torturar y sacar información a quien se atrevía a contestar el régimen”, recuerda Rosa García, portavoz de la Federación Estatal Foro por la Memoria. 

Con 18 años, García pasó una semana en los calabozos de la DGS. La detuvieron una noche del ‘75 por pertenecer a una asociación estudiantil de la facultad de medicina, donde estudiaba. Su familia no supo nada de ella hasta que la llevaron a la cárcel de Yeserías, y allí se quedó hasta la muerte de Franco, cuando le dieron la libertad condicional. “Me escapé de Madrid, vivía con el miedo de que pudiera volver a pasar”, explica García, que volvió a su ciudad natal unos años después. Nunca terminó la carrera de medicina, la clandestinidad se lo impidió: “Mis prioridades ya eran otras”. 

Fue justamente durante la Transición cuando se perdió memoria de los horrores que tuvieron lugar en uno de los edificios más conocidos de España. “Durante la dictadura la mayor parte de la gente sabía lo que ocurría ahí. Otra cosa es que no se podía decir o no se podía hacer nada al respecto, aunque hubo intentos de denunciarlo a las autoridades internacionales. Pero después de la muerte de Franco el edificio se ha ido institucionalizando, y esto ha comportado que el pasado cayera en el olvido”, explica Gutamaro Gómez Bravo, profesor de Historia contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid. 

“En los años 80 se consideraba un pasado muy incómodo. Hubo un fallido golpe de Estado y el poder político pensó que era mejor no tensar las relaciones con el Ejército, que al final era quien gestionaba las tareas de la Dirección General de Seguridad”, continúa Gómez Bravo. 

De hecho, la mayoría de los directores de la DGS fueron militares o miembros de Falange. Es el caso de Carlos Arias Navarro (1957-1965), conocido como 'el carnicerito' de Málaga por la forma violenta con la que suprimió la resistencia en esta ciudad, y que ostentaba el cargo de presidente del Gobierno cuando murió el dictador. O de Rafael Hierro Martínez (1951-1957), durante cuyo mandato murió asesinado en los calabozos de Sol Tomás Centeno, presidente del sindicato UGT y miembro de la ejecutiva del PSOE en la clandestinidad.

Lugar de memoria

Miles de turistas pasan a diario por la Puerta del Sol. Se hacen fotos con la placa del kilómetro cero o miran las tres inscripciones que recuerdan otros tantos acontecimientos históricos: la sublevación contra el Ejército francés del 2 de mayo de 1908; los atentados de Atocha y la pandemia de la covid-19. “Ninguno de estos eventos, por muy importantes que fueran para la ciudad, tuvieron lugar en la Puerta del Sol. Lo que sí pasó fueron los bombardeos durante la Guerra Civil, así como las torturas en los calabozos de la DGS en los años siguientes. Pero se ve que a alguien le parece feo poner una placa que recuerde esta parte de la historia de la ciudad”, denuncia Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. 

Desde hace décadas, intentan colocar una placa en recuerdo de todas las personas detenidas, encarceladas, torturadas y asesinadas durante la dictadura franquista, como la que el Foro por la Memoria ha pegado de forma efímera este jueves en la fachada del edificio. La última solicitud se remonta a enero del 2022, y, como las anteriores, fue denegada. También los partidos políticos de izquierda han intentado en más de una ocasión obtener este reconocimiento en la Asamblea, chocándose siempre con la negativa del Partido Popular y las otras agrupaciones políticas de derecha. 

Toda la esperanza reside en la Ley de Memoria Democrática, aprobada el pasado octubre. “Si la Comunidad no nos permite colocar una placa, apelaremos al Gobierno central para que al menos reconozca la Casa de Correos como lugar de memoria”, explica Silva. Por su parte, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática garantiza a este periódico que ya se está contemplando su inclusión en la lista de lugares de Memoria. 

“Mientras me queden fuerzas, voy a seguir luchando para que se sepa lo que pasó aquí durante esos años”, garantiza Camacho, mientras posa con su ficha policial cerca de la placa que sus compañeros acaban de pegar. “Creo que los madrileños entienden la importancia de este gesto. O al menos, me gusta pensarlo”. 

Ángeles Toribio (55 años) lleva décadas queriendo comprar el suelo de su vivienda. Vive en San Blas, en un piso que se construyó hace más de 30 años con el 'Plan 18.000', un programa del Ayuntamiento de Madrid que permitía edificar viviendas de protección oficial (VPO) en barrios humildes de la ciudad. Toribio es “propietaria de superficie”, es decir, pagó una entrada para el piso y la hipoteca durante décadas, pero nunca pudo hacerse con el 100% de su vivienda. Incluso ahora, que el Ayuntamiento ha publicado un pliego con los requisitos que deben cumplir los vecinos si quieren comprar el suelo de las casas en las que viven desde hace años, se ha quedado fuera de esta posibilidad. “Solo venden el suelo de las viviendas que ya no son de protección oficial. Pero ni siquiera es ese el problema”, explica Toribio: “El drama es que los precios que piden son de tres a ocho veces mayores de los que pedían hace cinco años”.

A principios de 2023, el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano aprobó un pliego para la compra de suelo de las parcelas municipales cedidas en derecho de superficie a través del 'Plan 18.000' de 1984. La última vez que dichas parcelas tuvieron la posibilidad de salir a la venta fue en diciembre de 2017, cuando el pleno municipal acordó por unanimidad publicar un nuevo documento. “Los precios eran justos. Los vecinos estaban dispuestos a comprar. Pero han dejado pasar el tiempo y el concurso no se convocó nunca con ese acuerdo. Ahora muchas viviendas han dejado de ser de protección y el suelo se vende al precio del mercado libre”, explica Toribio.

Tras una comparativa entre los precios establecidos en 2017 y los de las 21 parcelas que se encuentran a la venta ahora, se comprueba que el coste del suelo se ha multiplicado de forma exponencial. Así, una vivienda en Moratalaz que hace cinco años costaba 39.649 euros, ahora está a la venta por 131.737 euros, el triple. Hay casos incluso peores. En la calle de Derechos Humanos (Ciudad Lineal) han pasado de 29.537 a 241.000 euros, es decir, su valor se ha multiplicado por ocho.

“Esto es una especulación total por parte del Ayuntamiento. Han esperado 30 años para que las viviendas dejaran de ser de protección oficial y poder vender el suelo a precio de mercado”, denuncia Martín Arroyo, presidente de la Plataforma Afectados por el Suelo del Plan 18.000. Desde que las familias se enteraron de los precios “exorbitantes”, han empezado a organizarse para intentar resolver el problema. En una semana y media, más de 900 vecinos se han sumado al recurso de reposición que van a presentar al Ayuntamiento de Madrid.

“Hablamos de entre 6.000 y 8.000 viviendas afectadas”, contabiliza Arroyo. “Algunas ya dejaron de ser VPO, pero a muchas otras les faltan unos pocos años. ¿Y entonces qué va a pasar? ¿Vamos a tener que poner otra hipoteca para pagar el suelo? ¿Vamos a perder las viviendas? ¿Se las vamos a poder dejar en herencia a nuestros hijos?”.

Estas son las dudas que han convencido a Silvia Campos (54 años) de la necesidad de actuar. Madre soltera de tres hijos, teme ver cómo se esfuman los sacrificios de toda una vida. “Me ha costado caro pagar la hipoteca, pero lo he hecho porque siempre pensé que esta casa iba a ser la hucha para mi hijo mediano, que tiene una discapacidad grave reconocida”, lamenta esta vecina.

Se enteró de la venta de los suelos a través de unos cartelitos que otros vecinos habían dejado en los portales. Junto al mensaje “¡Alerta! Venta suelo plan 18.000”, había unos códigos QR para acceder a toda la documentación oficial y unirse a los chats de WhatsApp para organizar el recurso. “Quise concienciar a mi comunidad de vecinos y organicé una reunión con todo el mundo. Es un asunto muy serio, y dramático. En mi caso el precio ha subido de 40.000 a 147.000, pero yo no tengo este dinero. Aquí viven familias humildes, nadie se puede permitir pagar estas cifras”, denuncia.

Desde el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano aseguran que el pliego está hecho dando cumplimiento a los acuerdos De la Villa que se aprobaron en julio de 2020, donde se incorporó una cláusula que decía que el Ayuntamiento no puede vender ningún suelo ni vivienda protegida. “En los pliegos anteriores todas las promociones permanecían calificadas y limitadas. Las promociones de ahora están descalificadas, ya no están protegidas, son libres y se tienen que valorar a precio de mercado. Si el Ayuntamiento vendiera a un precio inferior estaría incumpliendo la ley”, explica una portavoz.

Sin embargo, los vecinos afectados avanzan dudas incluso sobre los precios de mercado que el Ayuntamiento ha aplicado a las viviendas. “No se han tenido en cuenta las diferentes casuísticas de cada edificio. Ponen precios de viviendas nuevas, cuando nuestras casas tienen más de 30 años”, explica Andrea Valdés Pérez (32 años), que vive en Barajas. Compró el piso en 2018, cuando había sido descalificado por el propietario anterior. Pagó 170.000 euros y ahora le tocaría gastar otros 240.000 para el suelo. “¿De verdad me estás diciendo que un piso en Barajas vale casi medio millón? No me lo creo. Nosotros lo que vamos a hacer es quedarnos aquí hasta que acabe la protección del suelo. Luego si nos quieren echar, que nos echen. No voy a pagar estas cifras abusivas”, concluye.

Miedo a perder la vivienda

Pilar (65 años) vive en una de las promociones en Moratalaz, uno de los distritos con más parcelas a la venta con el nuevo pliego. La noticia de que el Ayuntamiento había vuelto a permitir comprar el suelo le ha pillado fuera de Madrid, y reconoce por teléfono que el asunto le pone muy nerviosa. “Tengo muchísimo miedo. Hace años que todos los vecinos queremos comprar los terrenos. Pero a precios normales, que podamos pagar”, explica.

A lo largo de los años, el Ayuntamiento intentó en más de una ocasión venderle el suelo a los vecinos. La primera vez fue en 1996, unos años después de que se formaran las promociones. Sin embargo, la venta no tuvo mucho éxito porque se exigía como requisito imprescindible que el acuerdo fuera adoptado por unanimidad en las comunidades de propietarios. En esta primera venta –se consiguieron vender solo ocho parcelas– se aplicaron los precios máximos vigentes de vivienda protegida y el 15% de repercusión del suelo. Operaciones similares se repitieron en 2009 y 2013, esta vez sin el requisito de unanimidad.

Esta vecina aún no puede comprar el suelo de su vivienda, ya que a su piso le queda un año y medio antes de dejar de ser reconocido como protegido. Sin embargo, ya se ha hecho una idea de lo que podría llegar a pagar una vez que pase este tiempo. En 2017 su piso fue catalogado por 21.800 euros. Otras viviendas que tenían este mismo precio ahora están a la venta por 120.000 y 140.000 euros. “Después de tantos sacrificios, pensar que puedo perder mi casa es una pesadilla. No es normal lo que nos están haciendo”, se queja.

Las máquinas demoledoras han vuelto a las calles de San Fernando de Henares para tirar abajo los edificios afectados por la línea 7 del Metro de Madrid. Paredes, ventanas y puertas acaban en el suelo ante la mirada preocupada de los vecinos, que viven desde hace más de una década con las molestias causadas por estas obras. Desde la Plataforma Afectados Metro Línea 7b San Fernando denuncian la falta de aviso, pero sobre todo la peligrosidad de tener unas obras de esta envergadura a pocos metros de otras viviendas por las cuales no se ha contemplado un plan de desalojo temporal. 

“Aquí todos corremos peligro. Pero la Comunidad cataloga como afectados solo a aquellos a los que les han tirado la casa. Las familias que estamos a la espera, con las grietas que van del techo hasta el suelo, no contamos para ellos”, asegura David Casado, vecino del municipio. Desde el balcón de su piso, mira desconsolado cómo los ladrillos caen en la cercana calle de la Presa. Este es el nuevo epicentro de los trabajos de derribo, que el pasado año fueron declarados ruinas. 

Son solamente algunas las viviendas que están destinadas a desaparecer por las grietas que las obras han ocasionado. En 15 años ya se han derribado 27 viviendas afectadas por daños estructurales debidos a la obra y la cuenta no hace más que crecer. De hecho, la Comunidad de Madrid anunció en diciembre que la cifra se duplicará en estos meses, lo que llevaría a 54 el número total de hogares afectados.

“Vivimos con miedo. Con el polvo que entra por la ventana y el ruido a todas horas del día”, añade Casado, que sigue pagando la hipoteca de su vivienda. “¡Nadie nos dice nada. Nos enteramos de que iban a volver a tirar abajo las casas este mismo lunes, cuando volvieron con las grúas”. Los derribos empezaron al principio de la semana en el complejo de El Pilar, un bloque de edificios públicos que era sede, entre otros, de una Casa de la Mujer, de un centro juvenil y de la Escuela Oficial de Idiomas. Todos servicios que el municipio ha perdido cuando el complejo fue declarado ruina y destinado a ser demolido. 

El alcalde de la localidad, el socialista Javier Corpa, ha visitado este miércoles las casas de algunos vecinos, cuyas viviendas comparten paredes con los edificios que se están tirando abajo. “Tenemos un censo de 600 viviendas afectadas, que corresponden a 600 vidas rotas para muchas familias de San Fernando. La Comunidad de Madrid tiene que empezar a tomar esto en serio, porque hasta ahora no lo ha hecho”, denuncia Corpa. 

También la pérdida de las instalaciones del complejo de El Pilar, que está siendo demolido durante esta semana, donde se desarrollan diversos servicios públicos. “La escuela de idiomas, que era un referencia en el Corredor de Henares, ha paso a Coslada. Hemos tenido que trasladar la escuela de adultos, la Consejería de Educación. Es un daño tremendo para la ciudad”, afirma el regidor. 

Desde la corrala de su casa, María Jesús Fernández mira con impotencia las máquinas pesadas en acción. Su piso no es de los más afectados, casi no tiene ni grietas, pero han sido desalojados en más de una ocasión en los últimos diez años. “Una vez porque había temblores, otra porque han empezado a demoler los edificios alrededor. Seguro que en unas semanas nos toca de nuevo”, garantiza. 

Comparte pared con un edificio de la misma urbanización que ha sido desalojado de forma permanente hace un año y que se encuentra en la lista de las viviendas destinadas al derrumbe. Sin embargo, asegura que lo que más rabia le da no es la posibilidad de llegar a perder su casa, sino el ninguneo que sufren por parte de la Comunidad. “Es inhumano. No nos hablan, no nos dicen nada. No tienen empatía. Para ellos somos un expediente que tienen que solucionar, pero no somos personas”, dice. 

Excavar a un metro de una guardería 

Los trabajos de demolición no son los únicos que han puesto patas arribas la vida de los vecinos del centro de San Fernando. A pocos metros de la calle de la Presa, siguen los trabajos de consolidación del subsuelo, que se está hundiendo poco a poco. En la calle Nazario Calonge, las maquinarias se encuentran a menos de un metro de una guardería. Trabajan en horario escolar perforando el suelo. También se puede notar cómo en este tracto de calle la acera se haya hundido unos centímetros y presente unas grietas profundas.

“Me vine aquí para huir de las obras, pero me persiguen”, explica Mar Martínez, peluquera y vecina de la calle Ventura de Argumosa, donde también se encuentran edificios agrietados. Cambió la sede de su salón porque en la calle donde estaba habían empezado a excavar y las maquinarias de las obras quitaban el espacio para que sus clientes pudieran acceder. Sin embargo, desde hace unos meses empezaron a trabajar en frente de su nueva sede. 

“Nos van a cambiar el barrio. Yo todavía no me he acostumbrado a ver el hueco donde antes había edificios. Pero es que si sigue así, no va a quedar nada. Estoy harta de esta situación”, confiesa entre lágrimas. En la puerta del salón tiene un cartel con las caras de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y de su predecesora Esperanza Aguirre, que en 2007 fue quien inauguró a toda prisa la línea del metro. “Hay culpables. San Fernando ponte en pie”, cita el papel. 

Una de sus clientas y amigas, Dolores Lacerna, la consuela mientras señala otra fotografía en el escaparate: dos personas miran cómo una grúa tira abajo un edificios de ladrillos rojos. “Se puede ver mi comedor, allí detrás de la ventana”, explica Lacerna, que perdió su casa el pasado mayo. “La tiraron abajo con todos los muebles. Solamente nos dieron media hora para sacar un poco de ropa, con los bomberos al lado que nos ponían prisa”. 

Desde entonces, vivió primero en un apartahotel, y luego en un piso que pudo pagar gracias a una ayuda de seis meses, que descubrieron les será descontada de la indemnización por haber perdido su casa. “En dos semanas termina también esto, y ya no sé donde voy a dormir. Perdimos nuestras casas y ahora nos tenemos que buscar la vida”. 

Una oleada de delitos ha interrumpido la aparente tranquilidad de Majadahonda, uno de los municipios con más renta de España y feudo tradicional de la derecha desde hace treinta años. Más de 36 robos en menos de dos meses han hecho cundir el pánico entre los comerciantes locales de esta ciudad de 70.000 habitantes. Los espisodios que se repiten desde principio de año han dejado una imagen insólita: asociaciones de comerciantes y hosteleros manifestándose ante el Gobierno local de PP y Vox por la inseguridad ciudadana, una de las banderas electorales de la derecha.

Situado a media hora en coche desde la ciudad de Madrid y con una renta media per cápita de 55.000 euros, Majadahonda es un próspero municipio residencial donde los ‘populares’ gobiernan de forma ininterrumpida desde hace tres décadas. Su alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, niega que haya un problema de seguridad: “Es un municipio seguro, de los más seguros de la Comunidad de Madrid”.  

La oleada de robos se inició el pasado 5 de febrero. “Empezaron con la hostelería, pero luego pasaron a robar en ópticas, peluquería, tiendas de alimentación… Se llevaban la caja registradora con la pantalla y lo que había dentro. A los 40 segundos de haber entrado ya estaban fuera corriendo”, explica Fernando de Frutos, presidente de la Asociación de Hosteleros de Majadahonda.  

La semana siguiente se contabilizaron entre unos 50 y 60 robos, según esta asociación, todos con la misma modalidad: reventar el cristal de los comercios con la tapa de una alcantarilla. “Empezamos a dejar muy poco cambio en la caja, en algunos casos no se han llevado más de 200 euros”, recuerda De Frutos. “Lo siguiente fue juntarnos en la plaza del Ayuntamiento para denunciar la situación y pedir más controles. No se puede vivir con el miedo de quién va a ser el siguiente en sufrir un robo”.

La Guardia Civil, que es la encargada de las investigaciones, cifra en 36 los robos con fuerza denunciados en los últimos dos meses, el primero de los cuales tiene fecha el 12 de enero. Los cuerpos de seguridad dicen tener “perfectamente identificados” a los autores, e incluso hubo detenciones a finales de febrero, tal como confirmó la Delegada de Gobierno de la Comunidad de Madrid, Mercedes González. No obstante, no se han hecho públicos los datos de los presuntos culpables. Desde entonces la situación parece haber mejorado.

Majadahonda registra los peores datos de criminalidad de toda la zona Noroeste. Datos que no tienen comparación con municipios cercanos

David Rodríguez — Concejal y candidato socialista a la alcaldía

El alcalde Álvarez Ustarroz –que por decisión del PP regional no será el candidato en las elecciones de mayo– insiste en restar importancia a lo ocurrido, recordando que no es la primera vez que algo así pasa en la ciudad: “Se trata de una circunstancia puntual que se está consiguiendo controlar y que ya había ocurrido en alguna otra ocasión, la última hace más o menos un año, con la única diferencia de que en aquel momento no se le prestó atención mediática”.  

Uno de los comercios más golpeados fue la tienda Fotografiarte. Su propietario, Mario Arias, compartió dos videos en las redes sociales donde hablaba del robo de material fotográfico por un valor de “entre 100.000 y 200.000 euros”, una pérdida mucho más elevada con respeto a las de otros comercios. En la primera publicación hacía un llamamiento a los fotógrafos para que no comprasen material en el mercado negro, donde, sospecha, acaba la mercancía robada en comercios como el suyo. A los tres días, volvió a denunciar en las redes un segundo intento de robo, aunque esta vez los ladrones no tuvieron éxito.  

Desde el Círculo de Empresarios local, que el pasado martes convocó una manifestación para condenar la espiral de robos, aseguran no estar preocupados por la seguridad en el municipio. “Se están poniendo muchos medios, estamos tranquilos en este aspecto. El problema lo tenemos en los juzgados, porque estas detenciones no surten efecto. A los pocos días ya están otra vez en la calle robando”, afirma una portavoz.  

Un asunto “puntual” 

David Rodríguez, concejal y candidato socialista a la alcaldía, denuncia la “falta de transparencia e información” por parte del Gobierno municipal. “Es cierto que esta legislatura ha reforzado la plantilla de los cuerpos de seguridad, pero venimos arrastrando un déficit importante desde antes, cuando no se cubrían bajas”, agrega. “También intentamos abordar el tema de la seguridad durante un pleno, pero el Partido Popular y Vox han tumbado la moción”.  

Durante el pleno del pasado 23 de febrero, Ciudadanos, el principal partido de la oposición, llevó una moción de urgencia para debatir sobre el estado de seguridad de Majadahonda. El primero en hablar fue el portavoz de Vox, Pablo Pérez, quien votó en contra al considerar poco útil abordar el tema. “Una de las primeras cosas que nos han trasladado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es no hacer precisamente esto: abrir un debate en este pleno al respecto, con una oleada de robos que es una cosa puntual”, defendió Pérez.  

También el concejal de Seguridad y portavoz de los populares, Ángel Alonso, restó importancia al asunto. “Votamos en contra porque creemos que lo urgente es apoyar a nuestros comercios y defenderlos. La urgencia es apoyar a la Policía Local y Guardia Civil”. 

Cabe destacar que el alcalde presidió una Junta Local de Seguridad extraordinaria tan solo un día después de celebrar este pleno, durante la cual se analizaron, precisamente, las acciones puestas en marcha para atajar la oleada de robos.  

Un 16% más de robos en un año 

Los vecinos de la localidad viven de forma distinta esta oleada de robos. Algunos no se sorprenden, y recuerdan que algo similar pasó ya hace un par de años. “Pasó más o menos lo mismo. Había un grupo que se dedicaba a entrar en casa de la gente o a robar en los comercios”, recuerda Manuela Rodríguez, vecina de la zona céntrica de la ciudad. “Los agentes de seguridad los detuvieron y volvió la normalidad. Majadahonda es un lugar muy tranquilo, todo funciona súper bien”.  

La amiga que la acompaña, sin embargo, no está de acuerdo con esta visión “idílica” de la vida en el municipio. “A mí me parece que las cosas han empeorado en los últimos años. Se trata de cosas pequeñas, sigue siendo una ciudad segura. Pero es verdad que tengo conocidos a los cuales les han robado”, explica.  

Las infracciones penales se vienen disparando en Majadahonda desde 2020, según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior

Según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, las infracciones penales se vienen disparando en Majadahonda desde 2020. Justamente en esta época, los comerciantes recuerdan otra oleada de robos similar a las que se ha sufrido en los últimos dos meses. El tercer trimestre del 2022, las infracciones subieron un 14,6% con respecto al mismo periodo del año anterior. En el caso específico de los robos con fuerza, la variación es de un 16,4%.  

“Majadahonda registra los peores datos de criminalidad de toda la zona Noroeste. Datos que no tienen comparación con los municipios cercanos que tienen similares condiciones demográficas. Pero el Partido Popular sigue negando que exista un problema”, denuncia el concejal del PSOE. 

En los cercanos municipios de Pozuelo de Alarcón y Las Rozas –que tienen una población similar a la de la Majadahonda y también rentas per cápita entre las más elevadas de España– el incremento es respectivamente del 8,6% y 9,6%. Cuando se habla de robos, en Las Rozas han disminuido en un 26%, mientras que en Pozuelo han caído en un 33%.

La huelga sanitaria de atención primaria se ha extendido más allá de los centros de salud. Este miércoles, miles de facultativos hospitalarios de toda la Comunidad de Madrid se han sumado a la protesta a través de un paro de dos días que tiene una doble función: por un lado, apoyar a los médicos y pediatras de atención primaria que llevan tres meses de huelga indefinida, por el otro, hacer que se escuchen sus propias reivindicaciones laborales. 

“Hoy iniciamos una huelga después de tres semanas de intentos de llegar a un acuerdo con la Consejería de Sanidad. Hemos registrado cinco peticiones pidiendo una mesa de negociación para hospitalaria, sin recibir respuesta. Parece que la única forma para que nos escuchen es empezar un paro todo nuestro”, critica Javier Ortega, presidente del sector de hospitalaria del sindicato Amyts. Entre las reclamaciones de los profesionales, se encuentra la implantación de jornada de 35 horas semanales o el aumento de las retribuciones de las horas de guardia. También critican la falta de concursos para los traslados entre hospitales y la alta tasa de temporalidad de los facultativos. 

El paro, que arrancó este miércoles a las ocho de la mañana y terminará el viernes a la misma hora, ha empezado con una manifestación conjunta de facultativos hospitalarios y de atención primaria que ha recorrido el centro de Madrid desde la calle Sagasta hasta la Puerta del Sol. Se trata en realidad de una cita semanal que se va repitiendo desde el comienzo de la huelga de atención primaria, a la cual hoy se han agregado los médicos de los hospitales. Esta vez, la suma de las dos categorías ha dado más fuerza a la cita, en la que han participado unas 700 personas, según datos de la Delegación de Gobierno. 

“Era necesario sumarse a esta convocatoria. Si los compañeros de atención primaria fallan en sus reivindicaciones, nosotros también caemos”, asegura Cora Fernández, psiquiatra del hospital Universitario de Henares. Participa en la huelga junto a sus compañeros que trabajan al mismo tiempo en hospitales y centros de salud. La médica hace hincapié en la necesidad de eliminar las guardias de 24 horas. “Además que mal pagadas, son penosas y agotadoras para los profesionales. Hablamos de una persona, o dos en el mejor de los casos, que tiene que estar pendiente de todas las urgencias. No tienes tiempo ni para descansar un rato”, lamenta Fernández. 

En esta línea, el sindicato reclama el incremento del precio de las guardias a 30 euros la hora en los días entre semana, y a 35 euros en sábados y domingos y festivos. También avanzan la posibilidad de implantar de forma progresiva y voluntaria las guardias de 12 horas. 

“Hay demasiadas razones para estar aquí hoy”, asegura Pedro Díaz, médico especialista del hospital La Paz desde hace 16 años. “Pero se podrían resumir con que somos los médicos peor tratados y peor pagados de España, cuando la de Madrid es la mejor sanidad del país”. La precariedad, las listas de espera infinitas y la presión asistencial son algunos de los factores que  hacen que sea cada vez más difícil ir a trabajar con ilusión. “Muchísimos días tu cabeza y tu cuerpo no dan más de sí. La presión en el trabajo, de los pacientes e incluso de los directivos es insostenible”, añade. 

Otro de los puntos importantes que reivindican es la implantación de la jornada de 35 horas semanales. “Es una cosa que ya existe en otras comunidades. Solo en Madrid nos obligan a hacer una guardia extra al mes, y sin pagar, para llegar a las 37 horas y media que nos piden”, señala Itziar Portoli, médica de las urgencias del hospital Infanta Sofía. “Estamos cansados, porque estas reivindicaciones son históricas y jamás nos han hecho caso”. 

Servicios mínimos “excesivos”

Entre 12.000 y 14.000 profesionales de los 38 hospitales adscritos al Servicio Madrileño de Salud (Sermas) están llamados a sacudir el paro. Sin embargo, la Consejería ha impuesto unos servicios mínimos del 35%, que Amyts ha calificado de “excesivos”. “Es un poco abusivo por un paro de solo dos días. No estamos hablando de una huelga indefinida”, critica Ortega. “Es un número muy alto si se tiene en cuanta que el personal que está de guardia un sábado y domingo, que es lo que se tendría que garantizar durante una huelga, es un 10%”. 

La esperanza, avanza Ortega, es que esta primera jornada de protesta sirva a la Consejería para convocar una reunión con el comité de huelga. “En Catalunya el formato de dos días de huelga ha funcionado, esperemos que pase lo mismo aquí. Y si no es así y no nos llaman para negociar, tendremos que cambiar de estrategia para que nos hagan caso. Igual vamos a tener que organizar paros cortos cada mes, o pasar a la huelga indefinida, como hacen los compañeros de primaria”, afirma. 

Negociaciones estancadas 

Antes de que empezara la manifestación, Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo y candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid, se ha acercado para mostrar su apoyo a los profesionales. “Los sanitarios vuelven a las calles de Madrid juntos a pedir que se dignifique la sanidad madrileña. Una sanidad que ahora mismo está en peligro por las políticas del Gobierno de la Comunidad de Madrid”, ha señalado la ministra, que ha también criticado los nulos avances en las negociaciones entre el comité de huelga y la Consejería de Sanidad.  

Este martes se celebró la primera reunión entre los sindicatos y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que desde que empezó la huelga de atención primaria no se había sentado nunca a hablar con los profesionales. Sin embargo, también esta cita acabó sin acuerdo. “El consejero de Sanidad nos ha preguntado por nuestras inquietudes. Podemos decir que el clima de la reunión ha sido bueno. Pero no se ha avanzado nada en la negociación de la huelga, puesto que esto hay que tratarlo con el respectivo comité”, reconocía la secretaria general de Amyts, Ángela Hernández, al término de la reunión. “Quizás esta reunión hubiera tenido más sentido al comienzo de la legislatura”.

Al término de la manifestación de este miércoles, el comité de huelga de atención primaria recibió la decimotercera convocatoria para reunirse con la Consejería de Sanidad. Sin embargo, los médicos hospitalarios no han recibido noticias. Para el segundo día de paro, este jueves se han organizado concentraciones a las puertas de los hospitales madrileños para dar visibilidad a la huelga de ambos sectores.

El 17 de enero de 2019, Javitxu Aijón llegaba tarde a una manifestación en la puerta del auditorio de Zaragoza. Dentro, se estaba celebrando un mitin de Vox en el marco de la campaña electoral de las autonómicas. “Incluso antes de lanzar la primera consigna, los antidisturbios estaban formados con cascos y porras. No había pancartas, porque las habían retirado. Tardaron diez minutos para empezar a cargar contra los manifestantes”, recuerda Aijón. Esa jornada de protesta acabó con su detención y de otros cinco manifestantes, conocidos como los seis de Zaragoza.

A las 25 horas que pasaron en el calabozo, les siguió un juicio que acabó con un fallo condenatorio por parte de la Audiencia Provincial de Zaragoza. Cuatro de ellos, entre los cuales se encuentra Aijón, recibieron seis años de cárcel, mientras que los otros dos –que eran menores– fueron condenados a un año de libertad vigilada y a pagar una multa. “Nos condenaron porque en el tribunal se aceptó la declaración de unos agentes de policía que se contradecían todo el rato entre ellos”, explica Aijón. “Yo no hice nada. Lo cierto es que me condenaron porque estaba participando en una protesta”.

Su historia no es el único caso de violación del derecho a la protesta, así como demuestra el informe “Criminalización del derecho a la protesta: patrones, actores e instrumentos” presentado este martes en la sede la cooperativa Eccoo en Madrid. El estudio, realizado por el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), analiza las barreras del derecho a la protesta a partir de diferentes casos en Europa y América Latina.

“Se habla mucho de la ley mordaza en España, pero el problema es que hay muchas leyes mordazas a nivel internacional”, lamenta el eurodiputado de Anticapitalistas Miguel Urbán durante el encuentro. “El derecho a la protesta no solo está en peligro, sino también en tela de juicio a nivel internacional. Este informe deja claro cómo por desgracia el Sur del mundo ha sido siempre un laboratorio de antimilitancia y represión. Este Sur llega cada vez más al Norte”.

El estudio identifica tres patrones que se repiten a la hora de criminalizar el derecho a la protesta, tal como explica Erika González, investigadora del OMAL. En primer lugar, el señalamiento de las personas y las organizaciones que, por su labor activista, son tachadas de “opositoras al desarrollo y al bienestar de la mayoría de la población”. En segundo término, y como consecuencia directa del punto anterior, la represión y persecución de estos grupos.

El tercer factor es la obstrucción violenta de la protesta. “Cuando las dos vías anteriores no surten los efectos deseados, se pasa al empleo de la fuerza para bloquear la protesta. En muchos casos, en Latinoamérica esto se traduce en el asesinato sistemático de activistas y periodistas”, explica González. “Esta es la mayor diferencia, al menos por ahora, entre ambas regiones”.

Tendencias comunes

Tras un análisis de los patrones e instrumentos utilizados para reprimir las protestas, se han encontrado unas tendencias comunes entre España y los países latinoamericanos. Por ejemplo, los grupos que luchan para la defensa de los derechos humanos son etiquetados como “radicales”, “antisistema” o “anti-desarrollo”.

Este es el caso en España de los movimientos de lucha por la vivienda, como la PAH, del cual Gustavo Rioja es activista. Actualmente, Rioja se encuentra a la espera de un juicio a puerta cerrada por haberse negado a salir de la sucursal de Caixabank en la localidad guadalajareña de Cabanillas del Campo. Su objetivo era tratar de frenar el desahucio de una familia. “A diferencia de Aijón, yo sí soy culpable. Culpable de haber acompañado a una compañera de la PAH con tres hijos menores de edad para pedir de quedarse en su casa”, afirma el activista. “El problema es que lo que hicimos nosotros ese día de 2017 es un delito leve, que comporta una multa. Pero acabamos detenidos ilegalmente y nos quieren dar tres años y medio de cárcel”.

“Estos tipos de ataques hacia los activistas y los grupos sociales es algo cada vez más común en Europa”, detalla Urbán. “Asistimos a campañas que están dirigidas a desmontar a las personas que defienden unas ideas, en lugar de la idea misma. Porque es mucho más fácil atacar a un militante de la PAH, que a la idea del derecho a la vivienda. Es más fácil criminalizar a seis jóvenes de Zaragoza, que al discurso del antifascismo”.

Leyes mordaza

El estudio destaca también una “permanente sofisticación jurídica” para avanzar en la penalización de los grupos que protestan. Como ejemplos, se remite a la legislación argentina, que pretende convertir la acción de protesta del movimiento piquetero en delito. Así también, se citan la ley de uso legítimo de la fuerza en Ecuador, o la ley mordaza en España. “Son muestras de cómo el poder legislativo va amoldando los códigos penales, las leyes de seguridad ciudadana y los protocolos policiales para criminalizar y perseguir por todos los medios las formas de protesta que van surgiendo”, detalla González.

El grado de violencia empleado en la criminalización de las protestas es mucho menor en España, donde es más frecuente usar sanciones administrativas –que en el informe llaman burorrepresión– para reprimir las movilizaciones sociales. “Aunque se reconoce como un fenómeno de baja intensidad, tiene un efecto profundamente desalentador en contextos de creciente precariedad, y hace más difícil su denuncia colectiva”, reconocen los creadores.

Cada vez que empieza a llover, la casa de Pilar Gómez (75 años) se convierte en un colador. Las filtraciones entran por la grieta que parte en dos el techo de su salón. El sillón donde pasa las tardes mirando la tele se empapa de agua. La humedad, sin embargo, es el último de sus problemas. Lo que verdaderamente le quita el sueño son las toxinas del amianto que impregnan su casa desde hace años. “Lo más grave son las cubiertas. Están todas rotas y cuando llueve respiramos eso a plenos pulmones”, explica esta vecina del distrito madrileño de Vicálvaro. 

En estos bloques, levantados en la calle de Villablanca hace tres décadas por el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), hay placas de uralita en el tejado que están agujeradas. Del mismo material están hechas las bajantes, tanto de aguas limpias como sucias, que también se encuentran muy deterioradas. Los inquilinos vienen denunciando hace años las condiciones insalubres en las cuales viven, que según sus propios cálculos han llevado a más de 40 casos de cáncer en un radio de ocho bloques. “No hay un solo portal donde no viva alguien enfermo. Esto sin contar la decena de vecinos que ya se murieron en los últimos años”, afirma Gómez, a la cual le diagnosticaron un linfoma hace ya dos décadas.  

“No hay forma de demostrar la relación directa con el amianto, porque no hay médico que se atreva a decir que un cáncer viene de esto. Pero es muy llamativo el número de casos en tan pocos metros”, reconoce Jesús María Pérez, portavoz de la Asociación Vecinal de Vicálvaro, que tiene su sede en uno de los bajos de estos edificios. “Además, es evidente que es uno de los factores que está agravando la situación. Aquí vive mucha gente mayor, y la mayoría tiene algún tipo de patología respiratoria”, añade. 

La presencia de fibrocemento no es el único problema que tienen estas viviendas. Ya en 2018, un informe de Madrid Salud alertaba sobre las necesidad de acometer obras para subsanar la rotura de los pozos de aguas fecales de algunos portales. También se mencionaba “las condiciones de insalubridad de los tejados de amianto”, por lo que se consideraba “conveniente valorar su sustitución o encapsulado”. 

Desde entonces, los vecinos han seguido viviendo en las mismas condiciones insalubres. En 2019 llegaron a un acuerdo con la gerencia de la Agencia de Vivienda Social (antes IVIMA), propietario del 85% de las viviendas, para sustituir los tejados, solucionar el problema de las bajantes y sanear los bajos de los edificios. Las obras, sin embargo, se pararon por la pandemia, y cuando los inquilinos volvieron a pedir soluciones, el organismo regional volvió a retrasar las actuaciones. 

“Han echado la culpa a los propietarios, diciendo que es necesario crear una mancomunidad general para aprobar las obras. Se hacen los tontos y olvidan el hecho de que son ellos el propietario mayoritario”, explica Vicente Pérez Quintana, responsable de Urbanismo y Vivienda de la FRAVM. “Los vecinos propietarios están dispuestos a pagar su parte, pero desde la AVS es necesario un verdadero compromiso para mejorar la situación de un edificio en ruina”. 

La AVS asegura estar dispuesta a asumir la parte que le corresponde, pero vuelve a insistir en la imposibilidad de poner de acuerdo a todos los propietarios. “La obra está paralizada, pero no por parte de la AVS, como ya se ha hecho saber en diferentes reuniones”, afirma un portavoz del organismo, sin dar más detalles sobre las actuaciones futuras. 

Para intentar desbloquear la situación, los vecinos han recurrido al Defensor del Pueblo, al cual han entregado un dosier con todas las tramitaciones e informes que se han hecho en los últimos años. “Está claro que lo que empezó como un grave problema de carácter habitacional se ha convertido en una cuestión de salud pública. Ya no podemos esperar más”, reitera Pérez. 

Humedad y pestilencia

“La enfermedad ha cambiado totalmente mi vida. Antes era una persona muy jovial, activa. Me gustaba salir con mis amigas y trabajar en mi centro de estética. Pero el cáncer me lo ha quitado todo”, lamenta Pilar, mientras enseña las manchas de humedad en las paredes de su piso. Tras haber sufrido una recaída en 2015, a día de hoy se encuentra en regresión, aunque asegura desde que estuvo ingresada durante más de seis meses en hospital, no ha vuelto a recuperar por completo su salud. 

Vive en un tercer piso, y eso significa que las placas de uralita se encuentran inmediatamente encima de su techo. Cuando llueve, tapa con cinta adhesiva el respiradero de la cocina, del cual sale polvo y agua sucia. “Sé que es peligroso cocinar con gas y tener esto tapado. Pero peor me parece respirar los olores terribles que vienen de la buhardilla. Cada día le cojo más miedo”, reconoce. 

Las paredes de la casa de Encarna Márquez (55 años) también exhiben rastros de los problemas de humedad que padecen todos los pisos de la última planta de este bloque de viviendas. Hace un par de semanas tuvieron que limpiar con lejía el tejado, que se había ensuciado y había tomado un color completamente negro tras las filtraciones de la lluvia. “Es una vergüenza que tengamos que vivir así. La administración pública se lava las manos y lo único que hace es poner a los inquilinos en contra de los propietarios. Solo queremos resolver el problema cuanto antes para evitar que más gente caiga enferma”, afirma Márquez, que en 2019 descubrió que tiene cáncer de útero. 

Pase a que la Organización Mundial de la Salud clasificó todas las categorías de amianto como cancerígenas en 1973, en España no se prohibió hasta 2001. Un informe de CCOO prevé que, para 2030, el número de víctimas mortales por exposición a esta sustancia durante las décadas de los ochenta y noventa alcanzará las 50.000 personas. 

“Yo llevo ya cuatro años viviendo con esto. Tengo metástasis, pero aquí sigo”, afirma Márquez. “Ahora mismo, lo que más me preocupa no es mi situación, sino el futuro de mis hijos. No quiero que ellos pasen por lo mismo que me ha tocado a mí”.

“Buenas tardes. Estoy estudiando el primer año del grado de Psicología. Hace un año también me había apuntado a un programa de personas con Asperger, porque uno de los problemas que encontraba era socializar”. Con estas palabras se presenta Agustín Nieto (19 años), que habla de sus dificultades a la hora de comunicarse delante un grupo de reclutadores durante una entrevista de trabajo. Su voz es clara, habla despacio y mira a todos los presentes a los ojos. Sin embargo, no se está postulando para ningún trabajo: está participando en una simulación con gafas de realidad virtual para mejorar sus interacciones sociales. 

Agustín es una de las diez personas con síndrome de Asperger –que este sábado celebran su día internacional–, que en los próximos meses formará parte de un proyecto piloto que utiliza la realidad virtual para ensayar la comunicación social. “Es una tecnología capaz de simular situaciones muy realistas en las que las personas con síndrome de Asperger y otros trastornos del espectro autista pueden trabajar para mejorar sus habilidades comunicativas”, explica Ángel San Gregorio, responsable de Las Rozas Innova, una empresa pública de este municipio madrileño que junto a la Asociación Asperger Madrid ha desarrollado este proyecto.

Para participar han sido elegidos candidatos mayores de edad, residentes en Las Rozas y con Asperger de nivel 1. Sin embargo, los organizadores no excluyen que, según los resultados de la fase piloto, la experiencia se pueda repetir con más personas. “En realidad, es un entrenamiento que vendría bien a todo el mundo. Pero en el caso de las personas con Asperger puede verdaderamente mejorar sus vidas y ayudar a su inclusión”, afirma San Gregorio. 

La idea de trabajar con la realidad aumentada le surgió a Héctor Redondo, psicólogo de la asociación y responsable del proyecto. El especialista se compró unas gafas para uso personal y descubrió la aplicación Virtual Speech, que CEO y profesionales usan para ensayar la comunicación de empresa. “Pensé que podría ser muy útil para crear un entorno social seguro para las personas con Asperger, donde reducir la ansiedad y poder desarrollar capacidades comunicativas”, explica.  

La aplicación que se utiliza durante las sesiones recrea diferentes escenarios comunicativos reales, como pueden ser una entrevista de trabajo, una exposición en clase o una conferencia en un anfiteatro delante de cientos de personas. A pesar de ser una simulación, Agustín asegura que se trata de una forma muy eficaz para practicar las presentaciones en público. “Es una experiencia muy interesante porque ya no se ve como si fueran pequeñas imágenes fijas, sino que se nota que hay profundidad. Y eso es lo que añade un poco de presión al ejercicio. Parece que me están viendo, que me están escuchando con interés”, reflexiona después de terminar una simulación. 

Nieto, que además de psicólogo quiere dedicarse a investigar y a escribir novelas y poesía, reconoce que la posibilidad de hablar en público es causa de estrés y miedo a diario, sobre todo cuando se encuentra delante de personas que no conoce. “No es que suela quedarme bloqueado, pero siempre tengo miedo de que pueda pasar”, explica. “Tengo miedo de que alguien me interrumpa y que yo tenga que cambiar el discurso que me había preparado. O de que durante la conversación empiece a perder el interés de los demás”. 

Redondo confirma que, a pesar de que el Asperger se manifiesta de forma diferente en cada persona, los obstáculos de comunicación y las relaciones con otras personas son características comunes. “La dificultad viene sobre todo a la hora de entender el propósito de la comunicación, las intenciones y el aspecto pragmático del lenguaje. Por ejemplo, entender las indirectas, los dobles sentidos o la ironía”, explica Redondo. 

Entorno seguro

Por esta razón, el proyecto piloto tiene el objetivo de averiguar cuánto esta terapia puede facilitar las interacciones sociales de las personas con Asperger, y mejorar así su día a día. “Muchos de ellos han ido acumulando tantas experiencias de comunicación infructuosas, o donde no se han sentido cómodos a lo largo de la vida, que acaban arrastrando una cierta inseguridad”, añade Redondo. 

Durante la presentación que hizo con las gafas de realidad virtual, Agustín habla de las dificultades que experimenta durante las interacciones sociales. A veces le cuesta encontrar temas para conversar, pero sobre todo se le hace difícil pillar las indirectas y distinguir los chistes de las “bromas pesadas”. “Me pasa que me siento incómodo. Muchas veces me encuentro nervioso al momento de mirar a los ojos de las personas”, añade. “Pero bueno, a ver cómo va esta prueba de realidad aumentada”. 

El programa, que empieza oficialmente a finales de febrero, cuenta con 18 sesiones, de las cuales solo la mitad se hacen con las gafas de realidad virtual en las oficinas de Las Rozas Innova. Las otras se llevan a cabo de forma telemática con los psicólogos de la Asociación Asperger Madrid y consisten en una valoración de los discursos elaborados durante las sesiones telemáticas.

De hecho, la aplicación –que ha registrado la conversación y analizado tanto la comunicación verbal como la no verbal– ofrece una análisis de la presentación. Ya en su segunda sesión de prueba, Agustín ha obtenido unos resultados prometedores. Ha mantenido casi siempre el contacto visual, mirando en partes iguales al 'público' a su izquierda y derecha; asimismo no ha usado muletillas, mientras que su timbre de voz era claro y relajado. 

“Mi objetivo es mejorar cada vez más”, afirma ilusionado Agustín. “Si estás exponiendo una asignatura o te quieres presentar para un trabajo, sería mala suerte bloquearte porque todo el mundo te miraba mientras estabas hablando. Puede incluso resultar devastador. Es algo que quiero evitar para mi futuro”, remata.

Durante su primer día de trabajo, Marco López (22 años) se dio cuenta de que era el más joven de la oficina. También aprendió que lo que para él era normal –teletrabajar, tener un horario flexible o reciclar en el comedor– era algo que a sus compañeros mayores les costó interiorizar. “Aún recuerdo la cara que puso mi jefe la primera vez que le dije que no me podía quedar más para acabar una tarea. Ya había cumplido con mi horario, y lo que me pedía tampoco era urgente. Lo hice al día siguiente en cuanto me conecté desde casa y la empresa seguía en pie”, ironiza López.

Pertenece a la llamada “generación Z” –los nacidos entre 1995 y 2005–, conocida por ser nativos de las redes sociales y por expresarse e informarse a través de plataformas como TikTok. Durante la pandemia, estos veinteañeros se han sumado al mercado laboral, y los expertos aseguran que su ingreso en las oficinas ha cambiado las reglas del juego.

“Esta generación tiene exigencias diferentes, porque tienen conocimientos que les permiten aportar algo nuevo al mercado laboral. En algunos casos, hacen un trabajo que solo ellos pueden hacer, y esto le da un poder de negociación importante”, explica Elisa Barnett, encargada de talento y operaciones de Prosperity Digital, una empresa especializada en reclutamiento digital.

Barnett ha respondido a este periódico que, según la experiencia de su equipo tras cientos de entrevistas de trabajo para el sector tecnológico, los más jóvenes consiguen empezar con una ventaja sobre los demás. “Salen de la universidad y desde los primeros contratos tienen ya salarios que a lo mejor antes se tardaba años en conseguir. Simplemente porque desempeñan tareas que solo ellos son capaces de hacer”, añade.

Este es el caso de Elena Romero (25 años), que entró a trabajar en una empresa de software cuando aún estaba estudiando un máster en Comercio Internacional. Empezó con un sueldo de 30.000 euros anuales, además de las comisiones por las ventas, aunque asegura que si tuviera que buscar una nueva posición no aceptaría nada por debajo de los 35.000 euros. “Tenemos que mirar hacia arriba y no dejarnos estafar solo porque somos jóvenes. Estamos muy formados y esto hay que valorarlo”, afirma la joven, que además habla perfectamente tres idiomas.

Sin embargo, el sueldo no es el factor más importante para esta generación. Según el estudio 'Nuevas tendencias laborales' realizado por Amazon en colaboración con Ipsos, los jóvenes de 18 a 24 años son precisamente quienes menos importancia le dan al salario a la hora de decantarse por un puesto de trabajo. “Esto contrasta con generaciones anteriores, que tienen una visión más utilitarista del trabajo y para los que el salario es más relevante”, han explicado desde la empresa a elDiario.es.

Posibilidad de seguir aprendiendo

“Yo creo que mi sueldo se adapta a mis necesidades y a la experiencia que tengo”, reconoce Pauli González (21 años), que trabaja en el departamento de comunicación de una empresa en Santiago de Compostela. “En este momento, lo que más valoro es aprender y tener más responsabilidades. Aspiro a que todo vaya bien y que pueda crecer en el sitio donde estoy”, añade.

La posibilidad de crecimiento y de seguir formándose es probablemente el factor que más peso tiene para los también llamados centennials. Barnett destaca que se trata de una generación con “hambre” de conocimiento. “Cuando entrevisto a los candidatos, siempre me preguntan qué es lo que van a aprender, si se ofrece formación y si se van a poder ocupar de varias tareas. Valoran mucho las oportunidades que la empresa le puede dar en este sentido”, detalla.

Así también lo corroboran los resultados del informe 'Deloitte Global 2022 Gen Z & Millennial Survey', que destacan que las oportunidades de aprendizaje o la posibilidad de crecer y progresar son prioridades para los jóvenes a la hora de elegir una carrera. “La realidad es que, aun siendo un valor muy importante para los más jóvenes, el sueldo no es el primordial. Por supuesto que las expectativas económicas son relevantes, pero no son las únicas y, en la mayoría de los casos, son incluso menos relevantes que las posibilidades de conciliación, la flexibilidad y el propósito social”, responde Rocío Abella, socia de Consultoría de Human Capital de Deloitte.

Alicia Fortanet (26 años) trabaja en un medio de comunicación y asegura que a pesar de las ambiciones que pueda tener para el futuro de su carrera, no aceptaría en ningún caso estar en un ambiente en el que no se sintiese valorada. “Para mí lo que más peso tiene es trabajar en algo que me permita crecer profesionalmente, encontrar un buen ambiente laboral y un sueldo acorde a mi experiencia”, afirma.

Al mismo tiempo, los centennials aprecian el reconocimiento que se da su trabajo dentro de la empresa. “Buscan personas de referencia que puedan brindar apoyo, confianza y que sean capaces de escucharlos. Una figura de mentor, más que de jefe”, explica un portavoz del equipo de recursos humanos de Mapfre. “Sin embargo, también se trata de una generación muy competitiva, que necesita un feedback rápido. No están acostumbrados a esperar. Necesitan compararse y tienen unas expectativas claras de cómo lograr el éxito”.

Teletrabajo y salud mental

El factor en el que todos los entrevistados y especialistas han coincidido es la importancia del teletrabajo. Para Christina Thykjaer (25 años), una especialista en comunicación corporativa, la posibilidad de trabajar en casa durante algunos días de la semana es fundamental para su salud mental. “Me da a veces un pequeño respiro en el día a día. Creo que muchos lo necesitamos para funcionar bien mentalmente”, señala.

Romeo añade que ni siquiera consideraría un empleo que no permita al menos un modelo híbrido. “Me parece que es lo más antiguo del mundo no poder teletrabajar en un empleo de oficina. Para mí es superimportante tener la elección, a pesar de que me gusta mucho ver a la gente y salir por las mañanas. Sin embargo, valoro de vez en cuando poder quedarme en casa y tener esa flexibilidad”, remata.

Desde Prosperity Digital explican que los jóvenes valoran mucho la posibilidad de conciliar el empleo con la vida personal, incluso si aún no han formado una familia y no tienen responsabilidades con otras personas, como pueden ser los hijos. “La idea de entrar a las nueve de la mañana y salir a las seis de la tarde es una algo inconcebible para ellos. Quieren equilibrio y flexibilidad, y si el trabajo no se los concede, están dispuestos a dejarlo y buscarse otro”, afirma Barnett.

Tampoco la posibilidad de dejar un empleo antes de haber encontrado otro asusta a los centennials. De hecho, solamente el 27% de ellos se proyecta a largo plazo en sus empleos actuales, según el informe Deloitte. Para los millenials –la generación que ha vivido dos crisis económicas– el porcentaje asciende hasta el 37%. 

El carácter intergeneracional de las grandes manifestaciones de Madrid ha vuelto a quedar patente esta mañana en la multitudinaria marcha a Cibeles, en cuatro columnas, en defensa de la sanidad pública y contra la gestión del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso. Mayores, jubilados, personas de mediana edad, padres y madres con niños pequeños, treintañeros y adolescentes hicieron rebosar las calles de la ciudad, más incluso que en la marcha del 13 de noviembre, también masiva, y que representa un espaldarazo para los médicos en huelga. “Es una vergüenza que la huelga siga después de casi tres meses. La Consejería de Sanidad y la presidenta están intentando cansarnos, pero no lo van a conseguir. Esta lucha la ganamos nosotros”, afirma con fuerza en Cibeles la doctora María Sánchez, que participa en los paros.

Como las reivindicaciones de sanitarios y usuarios siguen siendo las mismas, los motivos esgrimidos por los presentes se vuelven por fuerza reiterativos, aun con los aderezos de las últimas declaraciones de la presidenta regional al respecto del carácter “político” de las protestas. Se trata de una cuestión criticable, en opinión de Ayuso. “Claro que es política, su forma de utilizar la sanidad es política”, opone Pepe Giráldez, de 69 años, en Nuevos Ministerios al arranque de la marcha junto a los también jubilados Francisco Lanzas, de 67, y Soledad Sebastián, de 69, quien se confiesa “hasta el moño de esta señora”. Dice Lanzas que si hace cuatro años no tardaba en recibir cita en médico de familia “uno o dos días”, recientemente le hicieron esperar 21 en su centro de San Sebastián de los Reyes.

La sensación de que el empeoramiento de los servicios es palpable la comparten madrileños más jóvenes, de los que iban al pediatra cuando el sistema nacional de salud se construía y asisten ahora a su debilitamiento. “Hay que defender este derecho del que he disfrutado toda mi vida”, afirma Jesús Ramos, de 33 años, a la altura de la plaza de Gregorio Marañón. También él percibe el efecto de la “ideología neoliberal, del querer que los ricos sean más ricos” en la política sanitaria, y relata que igualmente le ha tocado esperar dos semanas para ir al médico.

Por el flanco sur, un grupo de médicos y enfermeros de los antiguos centros de atención rural esperan juntos en las puertas de Matadero que la manifestación empiece. “El 27 de octubre es una fecha negra para nosotros, no lo olvidaremos nunca. Han cambiado nuestras vidas en pocas horas, se han desmantelado equipos que trabajan desde años juntos”, explica Yolanda Córdoba, médico del centro rural de Villaviciosa de Odón. Es una de las pocas profesionales que tuvo la suerte de quedarse, pero asegura que desde entonces trabajar en las urgencias ya no es lo mismo: “Han destrozado un modelo que funcionaba a la perfección”.

Dos semanas para una cita, dos meses para una radiografía

A pesar de haber establecido el comienzo de la columna sur en Legazpi para poder organizar mejor a los vecinos de los barrios en el sur, miles de personas se dieron cita directamente en Atocha y llenaron el Paseo del Prado. Los cuñados vallecanos Luis Sanz y José Antonio Campillos lo recorren con unos carteles pegados en el pecho y la espalda que rezan “en mayo hay elecciones”. “Es un recordatorio de que las cosas tienen que cambiar. Esperamos que esta segunda manifestación sirva para que el mensaje se quede para siempre”, afirma Campillos, que también marchó junto a su familia el pasado 13 de noviembre. 

Mientras avanzan hacia Cibeles, explican los problemas por los cuales tienen que pasar cada vez que necesitan ir a consulta con un especialista. “Tengo el menisco roto desde hace un tiempo, y tengo que esperar dos meses para una radiografía. Y esto después de haber esperado otros dos solo para conseguir la cita con el traumatólogo”, lamenta Sanz. Su cuñado ha pasado por las mismas listas de espera por un problema dermatológico. “Están deteriorando la sanidad pública para que seamos obligados a ir a la privada. Pero se equivocan si piensan que no vamos a protestar. Las cosas van a cambiar este año”, añade Campillos. 

Pilar González, enfermera de atención primaria desde hace dos décadas, se dio cita con sus compañeras de trabajo directamente en Cibeles. “Es abrumador ver tanta gente en la calle en defensa de la sanidad pública. Me da mucha esperanza de que las cosas pueden cambiar”, cuenta. Pero no todo el mundo tiene esa fe. A lo largo de la Castellana, se oye a algunos preguntarse si el carácter masivo de la protesta tendrá traducción electoral o servirá para que el Gobierno regional ceda y negocie con los sanitarios. Juliet Dellate, de 39 años, cavila mientras su pequeño juega con un patinete, cayéndose repetidamente al asfalto: “En esta comunidad nos están dejando sin fondos, es una tristeza. Ojalá [la protesta] sirve para algo, tengo mis dudas ¿pero qué vamos a hacer? ¿Quedarnos de brazos cruzados? 

La privatización y el patriotismo

Al paso de la multitud por el puente de Juan Bravo, donde el Ayuntamiento enciende por Navidad desde 2020 una cenefa de luces con los colores de la bandera de España, la gente empieza a corear, espontáneamente, cada vez a mayor volumen: “¡Sanidad Pública!”. También es de España la gran bandera que enarbola Juan Turrión, psicólogo sanitario y consultor de recursos humanos de 64 años, que revela que mañana mismo empieza su jubilación. La bandera, que lleva junto al escudo real estampada la frase “sanidad pública”, simboliza, según explica, que la defensa del modelo sanitario no está reñida con el grado de patriotismo de cada uno. “Esto no es política, es un servicio social”, remacha.

Año nuevo, mismas reivindicaciones. Ciudadanos convocados por colectivos sociales, organizaciones médicas, enfermeras, sindicatos y partidos políticos han tomado este domingo las calles de Madrid. Tras la cita multitudinaria del pasado noviembre que concentró a cientos de miles de personas, los vecinos han vuelto a manifestarse para exigir “sanidad pública y soluciones al plan de atención primaria” del Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso. Según datos de la Delegación del Gobierno en Madrid, 250.000 personas se han manifestado este domingo en la capital.

Esta vez la protesta ha llegado en plena crisis de la atención primaria, cuyo síntoma más evidente es la huelga indefinida de los médicos de familia y pediatras, que perdura desde hace más de nueve semanas. “En los tres meses que han pasado desde el 13N las cosas no han hecho que empeorar. Ahora más que nunca es fundamental estar al lado de los sanitarios, que están luchando como nosotros para la salvaguardia de la atención primaria”, ha explicado José Luis Yuguero, coordinador de la manifestación. 

Asimismo, los organizadores vuelven a denunciar el desmantelamiento de las urgencias extrahospitalarias, que la Comunidad reabrió este otoño tras dos años de pandemia de forma precipitada y sin personal suficiente. Entre las reivindicaciones de esta convocatoria, se encuentran también el incremento del presupuesto de la atención primaria y el aumento de las plantillas en todas las categorías profesionales, además de la asistencia sanitaria para todas las personas migrantes y acabar con las sanciones hacia los sanitarios que denuncian las precarias condiciones de trabajo. 

Bajo el lema “Madrid se levanta y exige sanidad pública”, cuatro columnas de habitantes de los barrios y pueblos de la Comunidad han salido a las 12.00 horas camino la Plaza de Cibeles de la capital, donde posteriormente los organizadores han leído el manifiesto de la protesta. La columna sur, que la última vez empezó en Atocha, este domingo ha salido desde Legazpi, para permitir a los numerosos ciudadanos de los barrios sur de la capital de tomar parte de la convicatoria de forma más organizada. 

Partidos políticos y sindicatos piden más recursos para la sanidad

Antes de comenzar la manifestación, la diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid Alejandra Jacinto ha asegurado que “hoy vamos a ver cómo miles de vecinos y vecinas salen para defender los servicios públicos y la salud de todos los madrileños”.

La también portavoz de UP en Madrid ha afirmado que “es evidente que la señora Ayuso está muy nerviosa y no para de decir ocurrencias, no para de decir barbaridades”, en referencia a la reacción de la Comunidad de Madrid tras el discurso de la viuda de Carlos Saura en la ceremonia de los Premios Goya, cuando agradeció el trabajo de los sanitarios. “Sus barbaridades no van a tapar la realidad y la realidad es que hay casi un millón de madrileños que no tienen a día de hoy ni médico de atención primaria, ni pediatra asignado”, ha añadido Jacinto.

El diputado de Más Madrid, Iñigo Errejón, ha valorado la manifestación como reflejo de una “mayoría de madrileños y madrileñas que está de acuerdo en una idea muy básica, que es la idea que nos hace sociedad: queremos vivir en un lugar donde tu salud y tu bienestar no dependen de tu dinero”. El diputado ha declarado además que las listas de espera en la Comunidad de Madrid así como la falta de médicos en muchos centros de salud tras el fracaso del plan de la presidenta Ayuso para la Atención Primaria “no es un descuido”. 

Junto a Errejón, la candidata de Más Madrid a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Mónica García, ha lamentado que la sanidad pública madrileña “ha aguantado la pandemia, ha aguantado los recortes del Partido Popular, pero no aguanta cuatro años más de la negligencia programada de la señora Ayuso y del Partido Popular”. García ha llamado a los ciudadanos a elegir en las próximas elecciones “entre sanidad pública o un Partido Popular de una señora Ayuso” en el que “predomina la soberbia y el desprecio a la joya de nuestra corona”.

El PSOE madrileño también ha hecho este domingo un llamamiento a la “mayoría cabal” de la sociedad madrileña y ha empleazado a Ayuso y a Almeida a “escuchar” a la mayoría social que progete a la Sanidad pública de la Comunidad de Madrid. “No es fácil encontrar un madrileño que no esté agradecido después de estos 40 años a la Sanidad pública y por tanto esta manifestación demuestra que cientos de miles de familias están preocupadas por la situación”, ha subrayado el secretario general del PSOE de Madrid y candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, durante su participación en la manifestación.

Durante su asistencia a la marcha, la secretaría general de UGT-Madrid, Marina Priero, ha exigido al Gobierno de Ayuso que dote de recursos materiales y personales a la Sanidad pública madrileña para garantizar el derecho a la salud de los ciudadanos, así como la reapertura de los servicios de urgencias extrahospitalarios, de atención domiciliaria y rural.

Por su parte, la secretaria general de CCOO de Madrid, Paloma López, ha exigido a la Comunidad de Madrid políticas sanitarias “absolutamente” diferentes y no derivar dinero público a hospitales privados. “Nos encontramos con una derivación importante de capital publico a hospitales privados y eso no puede ser. Necesitamos una política absolutamente distinta”, ha recalcado incidiendo en que el poco dinero propio que recauda Madrid no lo invierte en inversiones sanitarias comprometidas.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reivindicado su defensa de la sanidad pública “digna, de calidad y universal” frente al “modelo del Partido Popular que es del que se cure quien pueda”. En su intervención en el acto de presentación del candidato socialista a la Alcaldía de Málaga, Daniel Pérez, Sánchez ha pedido “no olvidar cuán importantes” es tener una sanidad pública “gratuita, universal y de calidad” en España, más tras los momentos tan “complejos” de la pandemia.

Gran afluencia desde antes de comenzar la marcha

El tramo entre José abascal y Raimundo Fernández Villaverde ya estaba completamente ocupado cuando a las 12h ha arrancado la marcha. Otra columna llenaba la plaza de Legazpi y el Paseo de las Delicias, con miles de personas marchando en dirección a Cibeles al grito de “Sanidad pública” y “Ayuso fuera”. Había enseñas de asociaciones de vecinos del norte de Madrid o de Amnistía Internacional, elaboradas con tiempo, y otras más sencillas, incluso una simple hoja de papel impreso en carpeta transparente, que una señora llevaba pegada al abrigo, todas con variantes del mismo mensaje de defensa de la sanidad.

La gente intercambiaba impresiones sobre la afluencia, que desde esta columna empezaba a parecer masiva al comienzo de la marcha. Se oían los primeros cánticos, por ejemplo: “Con este consejero vamos de culo”, en referencia al responsable de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero.

Trabajadores del servicio municipal de limpieza sacaban fotografías a medida que la columna aumentaba de tamaño y ocupaba los cinco carriles de la vía en sentido descendente, mientras seguía emergiendo gente de las estaciones de tren y metro, los presentes se ubicaban y se daban instrucciones por teléfono para encontrarse. 

Una madre ha aprovechado la ocasión para que sus hijas pequeñas den un paseo en patines por el asfalto. Un furgón policial que circulaba en sentido contrario ha llamado la atención a un hombre despistado que ocupaba el carril a pesar de la sirena y daba un respingo cuando se encontró el coche. Aparecía entonces un vendedor de silbatos. Dos euros por uno, cinco por dos. En seguida encontró clientes.

Ricardo Fuentes miraba el desfile desde las aceras del paseo de las Delicias. Lo acompañaban sus hijas Inés y Laura, de 5 y 8 años, con una pancarta que decía “quiero mi pediatra”. “En nuestro centro de salud hay solo un profesional, que trabaja de mañana y de tarde. La mayoría de las veces que llevo a las niñas al centro tienen que ser atendidas por un doctor de adultos”, ha explicado Fuentes.

Los organizadores de la marcha han recordado este domingo desde el escenario de Cibeles que 600.000 adultos madrileños no tienen médico asignado y 212.000 niños no cuentan con pediatra de referencia para recalcar la necesidad de garantizar que toda persona tenga uno de estos profesionales asignado.

La manifestación ha sido organizada por más de 70 plataformas y asociaciones ciudadanas que engloban todo el tejido social de Madrid, desde el derecho a la vivienda, hasta las pensiones, pasando por la ecología y los colectivos migrantes. “Está claro que esta manifestación es política, la sanidad pública es un asunto político. Pero no es partidista, por cuanto a Ayuso le guste insinuar lo contrario. Es una convocatoria desde la calle, participativa. Tira para atrás todas las teorías y las confabulaciones de la Comunidad contra nosotros, que demuestra que no estamos manipulados por ningún partido”, ha reivindicado su organizador José Luis Yuguero. 

Desde su convocatoria, la manifestación ha recibido el respaldo de numerosos representantes del mundo de la cultura. Actores como Juan Diego Botto, Antonio de la Torre o la cantante Rozalén han compartido videos y mensajes de apoyo. También se han sumado los partidos de la oposición como PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, cuyos representantes han formado parte de la marcha. 

Este domingo se celebra en Madrid una manifestación en defensa de la sanidad pública y para exigir soluciones al Gobierno regional por su Plan de Atención Primaria. La marcha, convocada y apoyada por más de 70 asociaciones, contará con la participación de cuatro columnas vecinales que partirán a las 12 del mediodía desde Nuevos Ministerios, el hospital de La Princesa, Plaza de España y Legazpi, en dirección a Cibeles.

La manifestación ha sido convocada por más de 70 organizaciones, persigue desbordar la capital como en la anterior marcha, el pasado 13 de noviembre, a la que asistieron cientos de miles de personas. Sigue aquí toda la actualidad de la marcha en directo:

Los vecinos del número 6 de la Plaza de Chueca no pueden conciliar el sueño: a finales de enero recibieron una comunicación de la nueva empresa propietaria de su edificio, que les ha exigido dejar sus viviendas en tan solo 30 días. Algunos se enteraron a través de una carta por debajo de la puerta, otros se encontraron con la comunicación en el buzón. Hubo incluso quien se enteró por teléfono. “Me llamaron y empezaron a agobiarme. Te tienes que ir, te tienes que ir, me repetían. Y con solo 30 días de aviso, cuando tengo un contrato regular por cuatro años”, explica María Veltrán, una de las inquilinas. 

Por la misma angustia pasó Lucía López, otra de las vecinas, que tras recibir la comunicación empezó a buscar piso desesperada. Estaba segura de que no les quedaba otra posibilidad que irse. Sin embargo, después de un primer momento de pánico, ha decidido posponer el momento de hacer cajas. “Se pensaban que somos unos tontos que no saben nada, pero han caído mal. Se van a encontrar con un grupo de vecinos organizado. O nos vamos cuando caducan los contratos o con la mayor indemnización posible por las molestias que nos están haciendo pasar”, afirma. 

Los problemas para estos vecinos empezaron el 10 de enero, cuando la empresa Construcciones Sellarim, propietaria del edificio, vendió el bloque entero a la sociedad Cañizares Ventures 10, de nueva creación y que no tiene ninguna actividad en su historial. “Es claramente una pantalla, creada especialmente para esta transacción”, asegura el abogado José María Palacín, que representa a la mitad de los vecinos que habitan las 24 viviendas del bloque en su intento de quedarse. 

El entramado de la venta es complejo. Ese mismo día, y en la misma notaría donde se firmó el primer traspaso, Cañizares Ventures vendió el edificio a una tercera empresa también creada recientemente, llamada Compañía Oriental de Terras Europa. Ha sido esta última y no Cañizares Ventures la que finalmente envió a los vecinos las comunicaciones de desahucio el pasado 23 de enero. El abogado de los vecinos opina que esta doble venta podría ser una estrategia para enmarañar el proceso y complicar posibles reclamaciones por parte de los afectados.

Palacín, además, está convencido de que el objetivo del nuevo propietario es asustar a los inquilinos para que se vayan sin protestar, ya que desde un punto de vista legal tienen todos los derechos a quedarse hasta que finalicen sus contratos. “Se han comunicado con los vecinos de forma bastante fraudulenta, claramente no se hizo de buena fe. Si de verdad hubieran querido hacer las cosas bien, hubieran enviado un burofax, que tiene fecha. Pero han dejado cartas por debajo de las puertas que nadie puede confirmar cuándo han sido recibidas”, explica. 

Desde el primer momento, los vecinos se han dado cuenta de que los nuevos propietarios están intentando dividirlos y asustarlos: amenazan con obras infinitas (por ejemplo en el ascensor), con suspender los servicios de suministro de luz y agua, o insinúan una presunta ilegalidad de sus contratos. “Nos han dicho que este es un edificio de oficinas, pero ellos cuando lo han comprado sabían perfectamente que aquí hay 24 viviendas habitadas”, afirma Gonzalo Maheillo, abogado de 34 años e inquilino de uno de los dos pisos en el ático. 

Maheillo se mudó a la Plaza de Chueca junto a su pareja, Bárbara, el pasado octubre. Tienen por delante un contrato de siete años de alquiler y se acaban de gastar una fortuna en los muebles para arrendar el piso. Cuando encontraron el apartamento, la pareja reconoce que fue “bastante fácil” firmar el contrato, ya que no les pidieron todas las garantías que les habían exigido en otros lugares. También les sorprendió ver que el precio del piso había bajado de 1.300 a 1.100 euros, una cifra poco usual en esta zona de la ciudad. “Con los contratos de trabajo de los dos, fue suficiente. Ahora empiezo a entender el porqué. Seguramente la empresa ya tenía claras las intenciones de los próximos propietarios”, opina Maheillo. 

Cuando recibieron el aviso de que tenían que dejar el piso, decidieron actuar. Escribieron una carta a todos los vecinos, a los que a penas habían tenido tiempo de conocer, para organizar una reunión y hablar del problema. “Yo no me quiero ir. Estoy muy a gusto en mi casa y creo que aquí todos pensamos igual”, empieza Maheillo en el portal del edificio, durante una reunión con otros vecinos. En su mayoría se trata de gente joven –universitarios y trabajadores que disfrutan de las comodidades de vivir en el centro– y casi todos se mudaron en el último año. 

María Veltrán y su novio Christian son originarios de Murcia y se mudaron a Madrid para estudiar en la Universidad Complutense. Tras navegar largamente por los portales inmobiliarios, encontraron su estudio en la Plaza de Chueca por 750 euros al mes, y decidieron bloquearlo ese mismo día. “Firmamos el contrato en agosto y nos mudamos en septiembre, cuando empezaron las clases. Al principio todo bien, es pequeñito pero está muy bien de precio para los dos”, dice Veltrán. 

Recibieron la carta de los vecinos con la convocatoria para reunirse incluso antes de hablar con los nuevos propietarios del bloque. Así, cuando les llamaron, estaban preparados ante lo que estaba pasando. “Escucharon la voz de una chica joven y empezaron con las amenazas. Cuando les dije que hablaran con mi abogado, cambiaron inmediatamente de tono, han pasado a ser más racionales”, recuerda Veltrán. 

A pesar de saber que tienen la razón, y de no querer enfrentarse a otra agotadora búsqueda de vivienda, tampoco están seguros de querer quedarse. “Todavía no tenemos muy claro qué vamos a hacer. Si nos sale mejor irnos ahora o llegar a un acuerdo con el nuevo propietario”, reconoce. 

Con miedo a que corten los suministros

Durante una de las reuniones, los vecinos consiguieron ponerse en contacto con la persona encargada de mediar entre la compañía propietaria del inmueble y los inquilinos. A pesar de estar expresamente escrito en las cartas que se dejaron por debajo de las puertas que disponen “de un plazo de 30 días para dejar libre el inmueble”, el representante aseguró a los vecinos que nadie les iba a echar de sus casas. 

Sin embargo, las palabras del encargado no han hecho más que asustar a los inquilinos. “Claramente nos están tomando el pelo. Nos ha dicho que prefiere comunicarse a través de WhatsApp porque los burofax son cosas de abogados. Pero esto es un asunto serio, no pueden hacer como si nada. La falta de profesionalidad por su parte nos preocupa mucho”, lamenta Maheillo. 

Los vecinos aún desconocen la cuenta bancaria de los nuevos propietarios a la cual tienen que hacer las transferencias del alquiler. Lo que más les preocupa es que los contratos de luz y agua sigan a nombre de los antiguos dueños y que no haya forma de ponerlos a nombre de cada vecino. “Nos encantaría pagar los suministros, quedarnos en nuestras casas de forma regular. Pero cada día parece que nos lo quieren poner más difícil. Van a buscar cualquier excusa para echarnos”, teme López. Entre tanto, los días siguen pasando.

La lucha de los médicos en defensa de la atención primaria ha trascendido a todas las categorías profesionales. Este jueves, se han registrado paros temporales en todos los centros de salud de Madrid, y durante dos horas a lo largo de la mañana y de la tarde los sanitarios han interrumpido sus labores. A la protesta se han unido médicos, pero también enfermeros y administrativos, que insisten en la necesidad de trabajar en simbiosis para garantizar la mejor asistencia posible a los pacientes. 

“La huelga nos está repercutiendo muchísimo. Los pacientes entienden las razones, pero cada día se hace más complicado seguir así”, lamenta Montserrat Cantelar, enfermera del centro de salud Nuestra Señora de Fátima, en Carabanchel. A las 12.00 horas cerró con llave su consulta y salió a la calle para apoyar a los otros profesionales del centro que participaban en el paro. “Se ha perdido toda la esencia de la atención primaria, que es el trabajo en equipo, conocer a los compañeros y a los pacientes. Este vínculo es la clave para que el sistema funcione. Es un problema que nos afecta a todos”, asegura.

Mientras que en la puerta se empezaban a juntar sanitarios y vecinos, los pacientes que entraban en el centro se encontraban con una sola ventanilla abierta y la imposibilidad de tomar números para ser atendidos. “Ahora no hay médicos ni enfermeros trabajando. Si no es urgente, igual es mejor si volvéis en un par de horas”, era el aviso que los celadores repetían a los ciudadanos. “Sabía que a veces mi médica está en huelga, pero nunca me había encontrado el centro así”, afirma una paciente, que prefiere volver a su casa antes que esperar en las masivas colas para atenderse. 

Los médicos de familia y pediatras de Madrid empezaron una huelga indefinida el pasado noviembre, con el objetivo de solicitar mejoras en los salarios de los sanitarios y aliviar su carga de trabajo. Tras una pausa durante la Navidad, los médicos retomaron el paro en enero, aunque reconocen que la protesta ha perdido fuerza. “El seguimiento es mucho menor. Es imposible mantener el ritmo ya que supone perder 200 euros por cada día de paro”, reconoce Maribel Giráldez, médica desde hace 15 años en este centro de salud en Carabanchel. Lleva una chapa con el lema “Sanidad 100% pública” en la bata y se saluda con los vecinos y pacientes que han venido a apoyarles. 

Tras haber respaldado la huelga con frecuencia antes del parón de diciembre, tuvo que volver a trabajar en enero. “Se me hizo imposible seguir”, admite. “Pero hoy he vuelto a parar, incluso si solo es durante dos horas. No es solamente un problema de los médicos, toda la Atención Primaria está en peligro. Faltan matronas, trabajadores sociales, fisios... Las enfermeras aguantan una cantidad de pacientes insostenible. Hay que seguir luchando en la medida de lo posible para mantener atenta a la Consejería”. 

Las posturas entre el comité de huelga y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso están cada día más alejadas. Este miércoles se celebró la enésima reunión para intentar llegar a un acuerdo, que finalmente no se alcanzó. Mientras, el consejero de Sanidad de la Comunidad, Enrique Ruiz Escudero, sigue sin reunirse con el comité de los médicos de familia, algo que empieza a sentar muy mal a los sanitarios. 

“Es una vergüenza y un verdadero maltrato que se desatiendan las peticiones, más que razonables, del comité de huelga. En otras comunidades no pasa lo mismo. Se han sentado a hablar y han desconvocado los paros”, critica Cristina Cámara, médica de familia jubilada y paciente del centro del salud General Ricardos, donde trabajó en la última década. 

Cámara recoge firmas en defensa de la Atención Primaria en las afueras del centro al grito de “sanidad pública” y aplaude a los sanitarios que interrumpen su jornada laboral para sumarse a la protesta. “Como persona que ha estado trabajando más de 40 años en esto me da mucha pena. Y como paciente lamento que se están registrando demoras muy importantes en las citas, porque los profesionales no dan para más”, afirma. 

En las afueras del centro Paseo Imperial, en Pirámides, también se han concentrado vecinos y sanitarios. Hablan de las razones de la huelga, del techo de la instalación que se “cae a pedazos” en el vestíbulo y de las dificultades de seguir adelante con el paro. “Retomar después del parón ha sido complicado. Entre los días de vacaciones y las bajas, era imposible volver sin dejar desatendidos a los pacientes. No podemos hacer huelga todos a la vez, tenemos sentido ético y nos sentimos mal por nuestros pacientes”, reconoce Maribel Ramos, médica de este centro de salud. 

Ramos empezó a trabajar en Atención Primaria en las zonas rurales de Madrid, pero desde hace más de una década forma parte del equipo del centro de salud a poco metros de la glorieta de Pirámides. Con ella trabaja desde entonces Pilar Vargas, una de las administrativas que han apoyado el paro de este miércoles en bloque. “Somos las que más palos nos llevamos. Gestionamos todo el caos de las agendas y se hace cada día más complicado. Mucha gente viene con rabia, nos amenazan. El otro día a una compañera le dijeron que si la encontraban en la calle le iban a partir la cara”, denuncia Vargas. 

Las enfermeras y administrativas de este centro reconocen el valor de la huelga de los médicos, aunque lamentan que no hubo un acuerdo desde el principio para coordinar a todas las categorías profesionales. “Los problemas de los médicos acaban por afectar al trabajo de todos los profesionales. Es una cadena que se ha roto y estamos todos muy cansados”, acusa Ramos. “Yo, que siempre estuve en primera línea, ya no puedo más”.

“Estimado alumnado. Empezamos el curso. Este correo es de presentación y hacer algunas observaciones”. Así comienza el correo electrónico que algunos estudiantes de la asignatura Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales de la Universidad Complutense de Madrid recibieron el pasado 23 de enero. Sin embargo, lo que al principio parecía un clásico correo de presentación del curso, acabó convirtiéndose en un discurso inconexo y polémico sobre la importancia de “formar opiniones” con respeto a temas de actualidad, como la ley del 'solo sí es sí’', la cultura de la violación, el aborto y la eutanasia. 

“La asignatura se rige por los principios de la disciplina, trabajo y estudio, y no tienen ninguna ideología”, empieza el autor del correo, Carlos de la Puente Viedma, antes de empezar a dar su opinión sobre la ley del 'solo sí es sí' y la detención del futbolista Dani Alves. “Parece ser que ha forzado sexualmente a una mujer, el juicio lo decidirá. Pero la realidad, por las pruebas recogidas, es que ha tenido relaciones sexuales con una mujer, lo que quiere decir que ha sido infiel a su mujer”, argumenta. 

De la Puente sigue con la que en un primer momento parece ser una defensa de la ley del Ministerio de Igualdad, aunque acaba por ridiculizar la denuncia de la mujer ha denunciado al futbolista por agresión sexual. “Seguramente, sin la ley del ‘solo sí es sí’, la Policía no le habría hecho ni caso. Pero con esa ley, todo lo que diga una mujer se tiene muy en cuenta (lo que me parece perfecto), pero entonces la cuestión es que todos los personajes públicos que tengan amantes estarán temblando (también me parece muy bien) y entonces la ley del ‘solo sí es sí’ puede que acabe con la infidelidad”, termina. 

Sin embargo, el punto que más revuelo ha desatado en las redes sociales –donde los pantallazos del correo se han hecho virales– es cuando habla del aborto y de la eutanasia, que describe como “crímenes aberrantes y abominables contra la Creación”. “Como diría un creyente, Dios castigará a Occidente, y la versión laica que el inconsciente pasará factura. Hasta que se lleva a cabo el juicio a Occidente”, añade el catedrático. 

Este diario ha intentado ponerse en contacto con el profesor De la Puente a través de correos electrónicos y llamadas, pero por el momento no ha recibido respuesta. Elisa García Mingo, vicedecana de Estudiantes y Participación, asegura que la decana y los otros miembros de la Facultad se enteraron este miércoles del contenido del correo, también a través de las redes sociales. Al mismo tiempo, recibieron una petición de la delegación de estudiante para organizar una reunión donde escuchar testigos y recolectar pruebas para abrir un procedimiento administrativo. “Nosotros por supuesto que no compartimos las afirmaciones de este señor. También porque estos tipos de discurso no caben para nada en la que es la asignatura que imparte. Nos preocupa mucho que se produzcan estos tipos de situaciones y vamos a actuar”, afirma García Mingo. 

Conducta habitual

Cuando el correo se hizo viral en Twitter, ninguno de los estudiantes que lo habían tenido como profesor se asombró, ya que este tipo de discursos son recurrentes en sus clases, según el testimonios y los comentarios en las redes sociales de numerosos exalumnos. 

“No me ha sorprendido, nos solía enviar correos así todo el rato, y en clase soltaba comentarios un poco fuera de lugar”, asegura Marta, que asistió a las clases de De la Puente el pasado semestre. “Muchas veces decía que los alumnos dábamos mala imagen a la Universidad y que la Complutense era la germen de Podemos”. 

Alejandro, que además de estudiante es miembro de la junta de Facultad, asegura que los alumnos suelen evitar a toda costa las clases de De la Puente. “Es bien conocido en la Universidad. En la Facultad se sabe de qué profesores hay que huir, y él es seguramente uno de ellos”, afirma. Sin embargo, reconoce que no le consta que nadie haya puesto una queja o expediente por su comportamiento: “Hay mucho miedo a las represalias cuando llega la hora de recibir las notas”. 

“Podría contar mucho sobre cómo da sus clases y las barbaridades que dice”, recuerda Carla López, que cursó la asignatura en 2020. “Lo más duro que hizo a mi promoción fue darnos una lista con 24 temas para hacer un trabajo, entre los que se encontraban la homosexualidad y el aborto como crimen contra la humanidad; Rita Maestre como sacrílega en cargos públicos; o explicar que el PP y el PSOE son partidos corruptos, y por qué a Vox, el único partido moral, le llaman fascista”.

Contrariamente a lo que pasó a finales de enero, en este caso nunca llegó a publicar dicha lista de temas en el campus virtual, ni la envió a sus estudiantes por correo. “Sabía que lo que decía eran barbaridades y no podía dejar trazas. Lo peor es que hacía eso en la asignatura de estadística, que no tiene nada a que ver con estos temas”, añade.  

Sin embargo, la mayoría de los estudiantes acabaron aceptando el temario de De la Puente. “Si no cumples con sus criterios, te toca pagar una segunda matrícula o arriesgarte a perder la beca”, explica, aunque ella decidió abandonar la asignatura y volver a dar el examen el año siguiente con otro profesor. “Trabajaba y me pude pagar la segunda matrícula. Me sentía muy incómoda en sus clases. Él tuvo también algún gesto raro conmigo y no estaba en un buen momento como para echarle ganas”, reconoce.

Manuel Ruiz espera en la plaza Soledad Torres Acosta, en el centro de Madrid, a que llegue un grupo de universitarios para escuchar la historia de su hermano Arturo, un estudiante granadino de 19 años asesinado el 23 de enero de 1977 por un pistolero fascista. Su muerte fue el primen crimen de la que pasó a la historia como la “semana negra” de Madrid, uno de los momentos más trágicos de la Transición: al día siguiente murió otra estudiante, Mari Luz Nájera, mientras protestaba precisamente por la muerte de Ruiz. Y esa misma noche, cinco abogados laboralistas vinculados al PCE y CCOO fueron asesinados en su despacho de la calle Atocha. 

El homicidio de Ruiz y el crimen de Atocha tienen muchos aspectos en común. Transcurrieron dentro de las mismas 48 horas y los sicarios pertenecían todos al mundo de la extrema derecha. De hecho, incluso el juez que asumió el caso de Ruiz fue el mismo que instruyó el sumario de los abogados asesinados, el controvertido Rafael Gómez-Chaparro. Sin embargo, sus finales no podrían ser más distintos. Mientras que los responsables de la matanza de Atocha han sido condenados, el asesino de Arturo Ruiz consiguió huir de la Justicia. 

“Nunca hubo un verdadero interés por parte del Estado en encontrar y condenar al responsable. Se ve que hay víctimas de serie A y serie B. Yo me conozco el nombre de todos los abogados de Atocha, acudo a todos los homenajes. Pero para ver el nombre de mi hermano en esta plaza tardamos cuatro décadas”, dice Manuel mientras señala la placa en memoria de Arturo, que fue colocada hace cinco años en el respiradero de un aparcamiento subterráneo. “Aquí fue asesinado por la extrema derecha Arturo Ruiz García”, se puede leer en el rombo azul. Pero hay un error. 

Arturo Ruiz cayó víctima de José Ignacio Fernández Guaza, un matón de la ultraderecha, unos metros más allá del lugar donde se encuentra la placa, en la esquina de la calle Estrella con la calle Silva, a pocos metros de Callao. Sin embargo, los vecinos se negaron a que el homenaje se colocara en su inmueble, que acabó en un tubo alto y negro por donde pasa el aire del aparcamiento. “Quizás sea mejor así. Está en el medio, en frente de las terrazas. Tiene mayor visibilidad”, opina Manuel mientras mira las ofrendas florales que hace unos días se depositaron en conmemoración del 46 aniversario de la muerte de su hermano menor. 

Era la mañana del 23 de enero de 1977 y Ruiz estaba en una manifestación en la Plaza de España en favor de la amnistía. Los participantes se disgregaron en grupos distintos para huir de las cargas policiales, y Arturo acabó junto a otros manifestantes en la plaza de Soledad Torres Acosta, más conocida como la Plaza de la Luna. 

Allí fue acorralado por los Guerrilleros del Cristo Rey, un grupo terrorista de ideología ultraderechista activo en la década de los 70 del siglo pasado. Después de un intercambio de palabras, Jorge Cesarsky –argentino que pertenecía al grupo paramilitar de extrema derecha Triple A– sacó una pistola y la pasó a José Ignacio Fernández Guaza, que mató con dos disparos en la espalda a Ruiz. 

Ese domingo de 1977, la familia de Arturo estaba reunida en Gargantilla del Lozoya, un pueblo a las afueras de Madrid. Mientras que la madre y los ocho hijos vivían en el barrio del Pilar, el padre pasaba la mayoría de la semana en la sierra, donde trabajaba. Fue allí donde supieron de la muerte de su familiar tras escuchar su nombre en la televisión. “Nos enteramos de lo que había ocurrido en el telediario de las tres. Abrieron las noticias hablando de la manifestación, de los disturbios… Diciendo su nombre. Todo el mundo tenía el número de mi padre, que era funcionario, y aun así no nos llamaron”, recuerda Manuel. 

Tampoco nadie del Gobierno se puso en contacto con ellos para darles el pésame, ni las autoridades les explicaron lo que había pasado. El padre volvió a Madrid para identificar el cadáver en el Instituto Anatómico Forense y a los pocos días se celebraron los funerales de forma privada, algo muy diferente al cortejo fúnebre de los abogados de Atocha, que concentró a miles de personas. “Nos sentimos abandonados y no quisimos a nadie allí en ese momento. Ni la prensa se pudo acercar, todas las fotos que hay de este día están tomadas de muy lejos”, afirma Ruiz. 

Lo que más recuerda de los días siguientes a la muerte de su hermano es la rabia en el barrio, donde hubo disturbios y disparos en la calle. Pero también la solidaridad de los vecinos y amigos de Arturo, que pasaron la noche en vela con la familia. Incluso llegó gente desde Granada, la provincia de la cual los Ruiz habían migrado cuando Arturo tenía 15 años. “Mi hermano era muy querido, en el pueblo y en el barrio. Era un líder nato y se hubiera convertido en un magnífico abogado si no lo hubieran asesinado”, asegura Manuel. 

Según lo describe su hermano, Arturo Ruiz era un chico muy inquieto, con mucha energía, implicado en los temas sociales pero sin estar adscrito a ningún partido. Un joven de 19 años que trabajaba de albañil por la mañana y estudiaba para acabar el bachillerato por la tarde. Tenía muchos amigos, porque era extremadamente generoso. “Una vez, en el pueblo, regaló nuestra bicicleta a otra persona, porque decía que la necesitaba más que nosotros”, recuerda Manuel. “Arturo era así, por eso lo quería todo el mundo”. 

El consuelo que la familia recibió en los días sucesivos a la muerte de Arturo por parte de amigos y vecinos fue seguido por más de cuarenta años de silencio por parte de las autoridades, que nunca consiguieron encontrar al asesino de Ruiz. “Nunca hubo un verdadero interés por parte del Estado en descubrir la verdad”, acusa Manuel. 

Según las casi 1.000 páginas del sumario del caso, José Ignacio Fernández Guaza, el matón de la ultraderecha que disparó a Arturo, mantenía vínculos con las fuerzas de seguridad. Huyó de Madrid al día siguiente del crimen y, gracias a la ayuda de un amigo que era agente de la Guardia Civil, encontró refugio en el País Vasco. De allí escapó a Francia, hasta acabar presuntamente en Argentina, aunque hace años que nadie tiene noticias sobre él. 

El único procesado por la muerte de Ruiz fue Jorge Cesarsky, el argentino que proporcionó la pistola a Fernández Guaza. Fue condenado a seis años de cárcel por delitos de terrorismo y tenencia ilícita de armas. Sin embargo, solo cumplió uno: se benefició de la ley de amnistía, la misma por la cual se manifestaba Arturo el día que fue asesinado. “Por lo que sabemos, el sicario de mi hermano podría estar viviendo perfectamente en Madrid. A día de hoy, no hay causas abiertas contra él en España”, opina Manuel. 

Para la familia Ruiz, la vía judicial se cerró en el año 2000, cuando la Audiencia Nacional certificó la prescripción del caso. En 2016, los hermanos Ruiz se sumaron a una querella colectiva presentada ante la Justicia argentina contra el exministro de Interior de entonces, Rodolfo Martín Villa, imputado por la muerte de 12 personas por disparos de fuerzas de seguridad y pistoleros de ultraderecha. “El asesinato de mi hermano es un delito de lesa humanidad. No existe prescripción. Durante décadas en España nos han ignorado. Ahora todas nuestras esperanzas residen en la Justicia argentina”, concluye Manuel.

Nico Dumitrescu (59 años) acude desde hace dos semanas todos los días a la plaza del Ayuntamiento de Torrelodones. Tiene una gorra de lana roja que lo protege del frío intenso de estos días de enero, el chaleco del sindicato y un micrófono entre las manos. “No nos vamos hasta que cobremos”, insiste hasta el cansancio. Trabaja como limpiador para la empresa DLR Facility Services, una compañía fundada en 2012 por el empresario Ángel de la Rúa, que creó recientemente un grupo mediático ultraconservador y de la órbita de Vox, Decisión Media. 

“Limpio la biblioteca, el polideportivo, o los despachos del Ayuntamiento. Pero, si no me pagan, no vuelvo a trabajar para ellos ni un solo día”, afirma Dumistrescu, que lleva sin cobrar la nómina desde agosto de 2022. Tras meses de ninguneo por parte de DLR –la firma subcontratada por el Ayuntamiento del pueblo de 24.775 habitantes en la sierra de Madrid–, la plantilla empezó una huelga indefinida que ha llegado a su segunda semana y no parece destinada a terminar pronto. 

Desde entonces, CCOO pide al Ayuntamiento “celeridad” a la hora de solucionar el problema, procediendo nombrar a otra empresa que se haga cargo de los impagos. “La situación es de extrema urgencia. Después de cinco meses sin cobrar, los compañeros están fatal, económica y mentalmente”, afirma Carmen Vázquez, trabajadora de limpieza en Torrelodones y delegada del sindicato. 

El caso de Dumitrescu es aún más complicado, ya que en su familia trabajan tanto él como su esposa para la misma empresa. También su pareja se quedó sin ingresos desde el verano y para llegar a fin de mes, han tenido que gastarse los ahorros destinados a sus años de jubilación. “Después de cinco meses sin sueldo, ya no nos queda nada. En Navidad han venido a visitarnos nuestros hijos desde Rumanía y nos prestaron dinero. Ha sido terrible tenerles que pedir ayuda”, explica el hombre. 

“Nos tienen si cobrar y además exigen que limpiemos sus despachos. Es un maltrato en toda regla”, denuncia Alexandra Saa, ecuatoriana de 49 años que vive desde hace dos décadas en España. Vive en Galapagar, a nueve kilómetros de Torrelodones, para ahorrar en el precio del alquiler. Se mantiene gracias a los ingresos de su marido Javier, que dejó la firma de limpieza tras encontrar un trabajo temporal en las oficinas de Correos.

“Un solo sueldo no llega para todos los gastos que tenemos. No me puedo pagar ni el autobús para venir a protestar todos los días”, asegura Saa que, además de vivir con una niña menor de edad, también intenta ayudar a su hija mayor y a sus tres nietos. 

Con miedo al despido

Desde que empezó el paro, DLR Facility Services está completamente desaparecida, o por lo menos evita tomar contacto con los trabajadores de Torrelodones y el sindicato. Este periódico ha intentado ponerse en contacto con la empresa de Ángel de la Rúa a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas en repetidas ocasiones, pero no ha recibido ninguna respuesta. 

Además de la frustración ante la imposibilidad de encontrar una solución a su problema, la plantilla de Torrelodones también tiene que lidiar con el propio Ayuntamiento, que les amenazó con despedirles por no cumplir con los servicios mínimos. “Se ha puesto en conocimiento de la responsable del contrato que, en la mayor parte de las dependencias, se están incumpliendo los servicios mínimos”, señala una carta que el Consistorio hizo llegar al comité de huelga del 16 de enero. “El incumplimiento de estas funciones acarrearía para el trabajador causa justa de despido y la Administración podría, viendo peligrar la realización de los servicios mínimos establecidos legalmente, recurrir a la contratación de trabajadores ajenos para sustituir a los designados para dichas funciones”, sigue el comunicado. 

El comité de huelga insiste en que la empresa titular del contrato es la responsable de comunicar los servicios mínimos, que son un 10% del personal diario, algo que según ellos no han hecho en ningún momento desde que empezó el paro. “Si no lo han realizado, son ellos los que estarían incumpliendo la ley. En este sentido, todas las actuaciones legales y punitivas que tendría que tomar el Ayuntamiento deberían ser contra DLR y no contra los trabajadores”, remata Vázquez. 

El Ayuntamiento –que asegura estar trabajando en la resolución del conflicto– anunció con una nota de prensa que, a partir de febrero, contarán con una nueva firma de limpieza que subrogará al personal y asumirá los sueldos impagados por el grupo DLR. 

“Entendemos y respetamos las manifestaciones que a las puertas de este Ayuntamiento están llevando a cabo los trabajadores. Entendemos que con ello buscan visibilizar al máximo su problemática laboral, y les apoyamos en sus reivindicaciones, como hemos hecho desde el primer día. Pero de igual modo, creemos que dichas manifestaciones deberían llevarse a cabo ante la sede de DLR”, destacaba el alcalde, Alfredo García-Plata.

“Me encantaría plantarme delante de la puerta de DLR, pero contra esta gente no podemos hacer nada. Ese señor se paga su medio de comunicación privado con nuestros sueldos, y el Ayuntamiento no hace nada. Limpiamos sus despachos y cuando las cosas se ponen feas dicen que tenemos que quejarnos con la empresa”, reclama Dumitrescu.

A la huelga en la Biblioteca Nacional 

No es la primera vez que el Grupo DLR Facility Services deja a sus trabajadores en una situación de vulnerabilidad. La firma también tiene contratos en Madrid capital, como en la Biblioteca Nacional de España (BNE), donde tampoco está abonando las nóminas desde septiembre de 2022. Tras los paros de una hora en días alternos que protagonizaron el pasado noviembre, los 32 trabajadores de la BNE han convocado una huelga indefinida, que empezará este viernes 27. 

Alberto León (58 años), limpiador y delegado sindical, asegura que después de tantos meses sin recibir la nómina, sus compañeros se encuentran en situaciones cada vez más precarias y complicadas. “La gente va aguantando gracias al salario de su pareja, los ahorros o los préstamos de amigos y familiares. Hay personas que han perdido el alquiler, otros que están incluso peor, pero por orgullo no lo dicen”, cuenta. 

También recuerda que la empresa demostró desde el primer momento de ser “poco fiable” con la plantilla de la Biblioteca Nacional. “Las nóminas han llegado siempre con retraso. Pero había problemas incluso con los contratos fraudulentos: compañeros que estaban de suplencia y cobraban por días trabajados, sin contar los fines de semana, las vacaciones o los festivos”, añade.

Tras una mañana de tensiones, visitas de última hora al juzgado y una discusión con la comisión de desalojo, la familia de Fabiola Ibáñez –peruana de 30 años– se queda en su casa en Barajas un mes más. El factor determinante para no llevar a cabo el desahucio ha sido que el más pequeño de sus tres hijos, de solo 20 días, resultase positivo en COVID. “¿Dónde me iba a ir con el niño en estas condiciones? Con el frío que hace hoy en la calle. No puede ser legal que nos echen así, sin darnos una solución”, comentaba Fabiola. Los afectados fueron víctimas de una estafa de alquiler hace un año y desde entonces ocupan la vivienda vacía que supuestamente iban a arrendar, pero que realmente pertenece a Liberbank. 

Ibáñez y sus dos hijas mayores (Valentina, de nueve años, y Natalia, de cuatro) llegaron a Madrid en enero de 2021, para reunirse con su marido, Jerson, que vivía en Barcelona desde hace tres años. Cuando se mudaron a la capital, tardaron meses en encontrar un piso para los cuatro debido a las dificultades de no tener un trabajo regular. Azel, el más pequeño, aún no había nacido.

Tras semanas esperando, encontraron a alguien dispuesto a alquilarles un piso en la plaza central de Barajas. Reservaron de inmediato la vivienda con el pago de un adelanto, solamente para descubrir que habían sido víctimas de una estafa. “La persona que nos alquiló no era el propietario, pero se quedó con todo nuestro dinero”, explica Fabiola, que reconoce que en ese momento no les quedó otra opción que ocupar la vivienda. 

“Cuando me vine a España no podía imaginar que me iba a tocar vivir así. No pensé que iban a pasar tantas cosas malas. Que mi esposo se iba a quedar sin trabajo, que nos íbamos a quedar en la calle”, afirma Fabiola al borde de las lágrimas. “Yo solo quería darle a mis hijas una vida mejor a la que teníamos en Perú, donde la cosa está fatal”. 

Cuando llegó la notificación de desahucio, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Leganés (PAH Leganés) denunció desde el primer momento su irregularidad: la familia, con tres menores a cargo, se encontraba en una situación de “vulnerabilidad flagrante”. También están en trámite de certificación por los Servicios Sociales de Madrid, y, por lo tanto, cumplen con los requisitos necesarios para la aplicación del Real Decreto de paralización de desahucios hasta junio de 2023, según afirma la organización.

“Es un desalojo totalmente irregular. Además de tratarse de una familia con un informe de vulnerabilidad, tampoco lo han notificado con tiempo y forma”, insiste Feli Velázquez, activista de la plataforma. De hecho, la notificación le llegó a la familia el pasado jueves, solo cinco días antes de la fecha prevista para el lanzamiento, programado para este martes. 

Una mañana en vela

Antes de que llegara la comisión, Fabiola y Jerson hicieron un último intento a primera hora de la mañana para parar el desahucio en los juzgados de Plaza Castilla, con el parte del Hospital de La Paz que certifica la positividad del niño. “No lo han aceptado. No han querido ni ver el informe. Nos han dicho que ya era demasiado tarde para paralizar el desahucio”, afirma Fabiola. 

La familia ha esperado reunida en el salón toda la mañana a que llegara el mediodía, cuando estaba previsto el desalojo. En la mesa de centro hay mascarillas, jarabe para la tos, un termómetro y una caja de paracetamol para los niños, que tienen todos síntomas de COVID. Les acompañaban los vecinos y activistas de la PAH, empeñados en hacer llamadas con los abogados y tranquilizar a Fabiola y a los niños, que no quisieron ir al colegio por miedo a que al salir de clase no pudiesen volver a su casa. 

Las últimas noticias que tenían del abogado de oficio es un correo del viernes donde consideraba improbable que consigan parar el desahucio. “Lo único que puede hacer es llorarle a la comisión y le pueden dar algún día más”, decía en el mismo mensaje. De hecho, esta misma persona protagonizó una escena surrealista cuando una vecina pidió a gritos “una solución de vivienda digna” para la familia. “Póngaselos usted en casa”, le respondió el abogado, sin saber que ella también fue desahuciada en Navidad. 

Cuando finalmente llegó la hora del desalojo, la comisión judicial y la Policía municipal se han encontrado con unos veinte activistas de la PAH, esperándoles en el portal del edificio. Fabiola, encogida en una manta, llevaba a su hija de cuatro años de la mano, que no se quiso quedar arriba juntos a sus hermanos. Tras un primer momento de tensión, cuando la comisión judicial ha insistido en la necesidad de ejecutar el desalojo en jornada, la familia ha conseguido aportar el parte médico del Hospital y aplazar el desahucio hasta el 27 de febrero.

La PAH seguirá luchando para que la familia de Fabiola se quede en la vivienda al menos hasta mayo, algo que para ellos coincide con las medidas del escudo social que el Gobierno prorrogó en diciembre. Además, van a recurrir al comité de derechos humanos de la ONU, que ya en otras ocho ocasiones ha recriminado a España por vulnerar el derecho a la vivienda. “Fabiola se queda. No un mes más, ni dos. Se quedan hasta que el Estado le proporcione una vivienda digna”, reclama Velázquez. 

Inés Aparicio, madrileña de 41 años, ha tardado dos años antes de empezar a recibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Cuando lo solicitó por primera vez, en agosto de 2020, era madre soltera de un niño de 4 años y trabajaba ocasionalmente como educadora artística. “Es un sector muy precarizado y feminizado, y con la pandemia la cosa fue a peor. Hay mucha temporalidad y para mí ha sido siempre imposible la conciliación familiar”, explica. Tenía todos los requisitos para recibir el IMV, pero por alguna razón que nunca consiguió entender, le seguían denegando la ayuda.

Finalmente, tras ganar una sentencia en los juzgados, empezó a ser beneficiaria de la prestación. No solamente iba a empezar a recibir un monto mensual, sino también todos los pagos atrasados de los meses anteriores. En enero de 2022 le llegó el primer pago. Fue una cifra muy baja, tan solo 200 euros, aunque llegó a alcanzar los 500 euros unos meses después. En noviembre la situación volvió a cambiar. “Voy al banco y me entero de que no me han ingresado el dinero. Dejaron de darme el IMV sin avisar ni dar ningún tipo de explicación”, reclama Aparicio.

Como ella, hay miles de familias que se encuentran en la misma situación. Así lo denuncian las asociaciones y plataformas ciudadanas, que explican que los problemas empezaron en noviembre, cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) realizó la revisión anual de oficio de la cuantía del IMV. Mientras algunos hogares han visto drásticamente reducida su prestación, otros han pasado directamente a no recibir nada. Nadie les ha explicado nada.

El colectivo RMI tu Derecho -que lleva años denunciado la “falta de rigor en el proceso administrativo” a la hora de asignar o no el IMV- habla de una situación de “indefensión total” de estas familias, que al no haber recibido ninguna carta de resolución que explicara los cambios en las cuantías, tampoco pueden poner alguna reclamación. “Realizar esta revisión a final de año y no en enero, causa doble daño a las familias, ya que además de quedar en la más absoluta pobreza, deben devolver lo indebidamente pagado por el INSS durante todo el año”, reclamaba el colectivo en un comunicado en diciembre.

El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social sitúa en 400.000 las revisiones que se han llevado a cabo este año, aunque aseguran que más de las mitad de estas familias han mejorado su condición. También garantizan que todos los cambios en las prestaciones han sido comunicados. “Se ha enviado una notificación a cada beneficiario si su prestación ha aumentado, disminuido o si dejaron de cumplir los requisitos”, afirma una portavoz del Ministerio.

“Es una prestación muy incierta, poco segura para las familias que la solicitan”, opina Rosa García, trabajadora social de Carabanchel. En los últimos dos meses, atendió a un centenar de familias que tras el recálculo se quedaron sin recibir el IMV, y sin obtener información al respecto. “Hay familias que de 900 han pasado a percibir 24 euros, sin que su situación económica haya cambiado en el último año. Otras que se quedaron directamente sin prestación todo noviembre, diciembre y ahora también en enero. No se sabe hasta cuánto más van a tener que aguantar”, añade.

La situación de estas familias se hace aún más complicada a causa de la imposibilidad de obtener una cita en la página web de la Seguridad Social. “Esta mañana hemos conseguido siete citas. Entré a la web a primera hora de la mañana y a los diez minutos ya se habían acabado. Me quedan otras ocho familias pendientes. A ver si tenemos suerte mañana”, reclama García.

Sin prestación por un vacío burocrático

Desde que dejó de recibir la prestación en noviembre, Samara Suárez (25 años) se pasa los días hablando por teléfono con su trabajadora social. Antes de la pandemia, recibía la Renta Mínima de Inserción (RMI) de la Comunidad de Madrid, que podía solicitar por tener un hijo a cargo. “Me enviaron una carta diciendo que me quitaban la RMI para darme el IMV. Me pareció bien porque en ese entonces la ayuda mensual era más alta”, recuerda.

Los problemas empezaron durante el confinamiento, cuando nació su segunda hija, y no pudo hacer a tiempo todo el papeleo necesario para incluirla en la solicitud. Todas las oficinas estaban cerradas, así que lo único que pudo hacer en ese momento fue poner una declaración jurada diciendo que su situación familiar había cambiado. “Primero me preguntaron por el DNI de la niña. Lo mandé, pero nunca recibí respuesta. Tampoco me pidieron más papeles. Y luego en noviembre me entero de que me han quitado el subsidio. Sin avisar, sin darte ni el tiempo de organizarte”, cuenta.

Para Amparo Taller (58 años) que le asignaran el IMV fue una “verdadera desgracia”. Lleva seis años sin trabajar y durante todo este tiempo ha “sobrevivido” gracias a una prestación que recibía por tener un hijo menor de edad y ser familia monoparental. Sin embargo, de la noche a la mañana le quitaron este subsidio, y en su lugar le concedieron el ingreso mínimo. La cuantía era mucho menor que lo que percibiría anteriormente: “Me hundieron en la pobreza con sus líos burocráticos. Solo 100 euros al mes de prestación. Con esto no se vive. Hace un año que no puedo pagar el alquiler, la comida la vamos a buscar.”

Sin embargo, en noviembre vio desaparecer incluso esta “pequeña ayuda”, y recurrió a la asociación Cuarto Mundo, para que la ayudaran con el papeleo que implica intentar reclamar la revisión anual del INSS. Cuando por fin consiguió respuesta, se enteró de que había sido por un malentendido. “Para ellos yo soy rica, dicen que tengo ingresos superiores a los 48.000 euros. Pero en realidad se trata de una deuda que tengo con el banco, de cuando pedí un préstamo para pagar el alquiler. Ellos lo entienden como un préstamos hipotecario, cosa que claramente no es”, aclara.

Además de no haber vuelto a recibir la prestación, desde hace un mes también le reclaman que devuelva todo el dinero recibido hasta ahora. “Es absurdo. Llevo meses viviendo gracias a los favores de amigos y familiares, y todo porque han hecho mal mi gestión. Es una situación demasiado angustiosa”, añade.

Decían que las mascarillas venían para quedarse. Sin embargo, después de casi tres años de pandemia, el uso del cubrebocas se ha relajado mucho en el transporte público, uno de los últimos lugares donde sigue siendo obligatorio viajar con la boca y la nariz cubiertas. Tras un recorrido en Metro, Cercanías y autobuses de Madrid a diferentes horas del día, este periódico ha comprobado que hay siempre menos gente que lleva la mascarilla para evitar contagiarse. “Paso mucho más tiempo en clase, con centenares de estudiantes sin mascarilla”, reconoce Marta Pérez, universitaria de 19 años que viaja sin el cubrebocas. “No va a hacer ninguna diferencia tenerla en el metro”. 

Son las 8.30 horas de la mañana, hora punta. “Atención, por favor, Metro de Madrid les recuerda que es obligatorio el uso de mascarilla dentro del vagón y recomendado en los andenes”, se escucha por megafonía. Sin embargo, menos del 60% de los viajeros en ese momento utiliza el cubrebocas, y solo la mitad lo hace correctamente. Los otros dejan la nariz descubierta o tienen la mascarilla directamente por debajo de la barbilla, preparados para subirla si alguien en el tren se lo pide. 

La mayoría de los usuarios que siguen utilizando la mascarilla lo hacen por costumbre, o por el temor a que alguien le pueda exigir respetar las indicaciones del Gobierno. También empieza a haber confusión sobre su obligatoriedad en los medios de transporte. “A mí me han dicho que no es necesario. Lo escuché en la televisión y me lo han confirmado otros usuarios”, afirma Marisela López (47 años), recién llegada a Madrid desde México para participar en Fitur. Tiene la mascarilla en el bolsillo, pero no pensaba ponérsela para subir al tren. Incluso después de enterarse de que es obligatoria, decide ignorar la norma. “Hay tanta gente esperando en los andenes sin el cubrebocas, que qué más da si me lo pongo o no en el tren”, dice. 

“Yo la llevo puesta siempre, sin ninguna excepción. Hoy con más razones, porque tengo un catarro y no me parece correcto estar difundiendo por allí mi resfriado”, explica Chafik Hakachaf (51 años), un viajero que usa el metro todos los días para ir a trabajar. Deja pasar los trenes mientras espera sentado en un banco, porque salió de casa demasiado temprano. Lleva la mascarilla perfectamente colocada a pesar de estar en el andén, donde su uso no es obligatorio. “Hay cada vez menos gente que lo hace, yo diría un 50 y 50. Y no es cuestión de edad, cada uno hace lo que cree. Hay jóvenes que la llevan siempre y gente mayor que ya se siente segura de ir sin ella”, añade. 

El epidemiólogo y exdirectivo de la OMS Daniel López Acuña está rotundamente en contra de retirar las mascarillas. “Hacerlo en plena temporada invernal, con las temperaturas bajas que estamos teniendo, la actividad intensa en interiores y el incremento de contagios de infección respiratorias agudas, es una verdadera insensatez. No muestra más que una premura por querer pasar página, sin poder pasar página”, explica.

Asimismo, recuerda que la mascarilla es una medida de protección efectiva que no se debería limitar a lo que queda de la pandemia. Al contrario, según el experto habría que implementar su uso de forma estacional para protegerse de todos tipos de infecciones respiratorias, así como es costumbre en los países de Oriente desde hace mucho tiempo. “Es la mejor manera que tenemos para protegernos del contagio. Independientemente de si estamos o no vacunados. El uso de la mascarilla sigue siendo una de las mejores armas que tenemos, complementaria a la vacuna, para protegernos”, afirma.

Javier Segura del Pozo, presidente de la Asociación Madrileña de Salud Pública, no opina igual. Según el experto, la mascarilla tenía que dejar de ser obligatoria en el transporte público ya en abril, al mismo tiempo que se quitó la imposición en interiores. “En este momento se incurrió en una contradicción. Si tenemos en cuenta los factores de transmisión, se pasa mucho más tiempo en el trabajo que en el transporte público, sobre todo si es urbano. Al mismo tiempo, hay lugares de ocio donde es imposible guardar la distancia de seguridad. Y el sistema de ventilación del transporte público es mejor a lo que tienen la mayoría de locales u oficinas”, explica.  

Según el especialista, el escaso uso de la mascarilla en el transporte público es una consecuencia de esta contradicción. “La población lo ha notado, y ha expresado su disenso dejando de usarla. Es un patrón común durante la pandemia: cada vez que se han aplicado medidas contradictorias, ha sido más difícil imponerlas”, añade.

Cercanías, menos

Para Ivana Charcón (23 años) es sobre todo una cuestión de respeto. Tiene la mascarilla en la muñeca mientras espera a que pase el tren, pero se la coloca rápido antes de subir. “Hay mucha gente mayor que viaja en el transporte público, me parece importante seguir cuidando a los demás. Yo voy a seguir con ella hasta que escuche que los casos de COVID son cero”, asegura. 

Sin embargo, está convencida de que si el Gobierno decidiera finalmente quitar la obligación, las mascarillas irán desapareciendo del transporte público. “Creo que la gente la usa más por obligación que por precaución. Lo noto sobre todo en los trenes de media distancia. Allí los pasajeros están todo el rato sin mascarilla hasta que llega un monitor a controlar”, señala. 

Efectivamente, en los trenes de Cercanías el porcentaje de viajeros que respetan la obligación de la mascarilla se reduce drásticamente. En el tren de las 14.00 horas que va desde Atocha a Colmenar Viejo, seis de cada diez personas no llevan el cubrebocas. 

Entre ellos hay una pareja de mediana edad que se baja en Nuevos Ministerios. “El tren va medio vacío, es más peligroso entrar sin mascarilla en El Corte Inglés un sábado por la tarde que estar aquí”, dice la mujer, que reconoce que cuando viaja en metro o en trenes más concurridos, prefiere respetar la obligación de ir con boca y nariz tapadas. 

Su marido comparte su opinión, aunque asegura que ya se ha separado definitivamente de las mascarillas. “La gente la mantiene porque el Gobierno lo impone, pero estamos ya todos con mil vacunas puestas. La llevo en el bolsillo del abrigo solo por si alguien me dice algo”, indica. 

En el mismo tren viaja María Valencio (27 años), que se desplaza en cercanías todos los días para ir al trabajo. Está sentada cerca de la puerta, con un libro entre las manos y la mascarilla en la barbilla. “Es una casualidad, me la bajé para enviar un mensaje de voz. Sé que es una tontería, no es que se escuche mejor, pero es un gesto automático”, se justifica. Vuelve a colocarla bien en cuanto termina de hablar, y asegura que la lleva siempre durante sus trayectos en transporte público. “Cercanías, metro, autobús… Me muevo mucho por la ciudad. Cada vez hay menos gente con la mascarilla. Pero sobre todo es prácticamente imposible encontrar alguien que te llame la atención cuando no la tienes”, añade. 

El único medio de transporte donde es imposible ver el rostro completo de los pasajeros es el autobús. Para los conductores es más fácil controlar que los viajeros respeten la norma: cada vez que alguien intenta subir sin ella, le llaman la atención. Y si no se la ponen porque no la tienen consigo, les impiden el acceso. “Viaja mucha gente mayor en los autobuses, y en algunos momentos del día van muy llenos. Me parece oportuno que al menos aquí se le garantice seguridad”, explica un conductor. 

María González, pensionista de 75 años, afirma que ha dejado de tomar el metro por esta razón. “Demasiada gente sin mascarilla por allí. Yo no uso mucho el transporte público, pero las pocas veces que lo hago prefiero el autobús, porque aquí todos respetan las normas”, afirma. 

Aviones 

También en el transporte aéreo se empieza a pedir relajar las restricciones. El CEO de Iberia, Juan Cierco, reclamó al Gobierno ya en noviembre del año pasado eliminar la obligatoriedad de llevar la mascarilla a bordo de los aviones. Según el director corporativo de la aerolínea bandera de España, la medida carece de sentido, ya que “España es el único país del mundo, además de China y alguno más, que mantiene esta normativa”. 

Por ahora, la norma se sigue cumpliendo “a rajatabla” a bordo de los aviones y se seguirá haciéndolo hasta que el Gobierno diga lo contrario, así como ha asegurado una portavoz de Iberia a este periódico. “Los pasajeros protestan mucho. Incluso nos han llegado a decir que eligen otras rutas para no llevarla, como ir por París para llegar a América Latina”, añade. “La verdad es que la gente ya no lo asume como una medida necesaria. Y pesa más la molestia de llevarla puesta todo el tiempo en un vuelo transatlántico de 12 horas. Los azafatos pasaban cada cierto tiempo recordándole a los pasajeros que debían tenerla puesta correctamente, sin dejar la nariz descubierta”, explica Paola, que ha hecho la ruta Buenos Aires-Madrid por Iberia hace unos días.

La multinacional Ryanair también sigue exigiendo el uso de la mascarilla en los vuelos de salida y de llegada a España. La compañía irlandesa cambió su directivas en mayo del 2022, pero solamente en los países de la Unión Europea donde ya no existe la obligación de mascarillas en el transporte público. “Es responsabilidad de cada pasajero comprobar los requisitos locales antes de viajar”, añade un portavoz de la empresa. El control del personal de cabina es fundamental en estos casos: “La tripulación no dio ninguna indicación a pesar de que nadie llevaba la mascarilla, salvo alguna excepción”, describe una pasajera reciente del vuelo entre España y Marruecos. “Al final acabamos quitándonosla; nos sentíamos ridículos”, remata.