La condena a los seis antifascistas de Zaragoza por una protesta contra Vox llega a la Eurocámara

Francisco Aijón Ponzán, representante de la Plataforma de Padres y Madres por la Absolución de los Seis de Zaragoza, en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas.

Andrés Gil

Corresponsal en Bruselas —

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El caso de los seis de Zaragoza ha llegado este martes al Parlamento Europeo. Francisco Aijón Ponzán, representante de la Plataforma de Padres y Madres por la Absolución de los Seis de Zaragoza, en representación de su hijo, uno de los seis antifascistas condenados por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, ha llegado a Bruselas invitado por el eurodiputado de Anticapitalistas, Miguel Urbán.

El 17 de Enero de 2019, en el marco de la campaña electoral de las autonómicas, Vox dio un mitin en el auditorio de Zaragoza. Ante ese acto, el movimiento antifascista convocó una concentración en repulsa del mitin. A la concentración acudieron unos 200 jóvenes y terminó con cargas policiales y con la detención de seis personas en los bares cercanos a la universidad, donde se habían refugiado parte de los manifestantes.

La Audiencia Provincial de Zaragoza condenó a estos seis jóvenes. Cuatro de ellos a seis años de cárcel y dos a pagar 14.000 de multa conjunta y un año de libertad vigilada. "Las grabaciones que se aportaron en el juicio donde se muestran los altercados no pudieron probar en ningún momento la presencia de los acusados. Por ello y ante la falta de pruebas objetivas que permitieran identificar a los encausados como ejecutores reales de los hechos, el juez Carlos Lasala utilizó como único criterio para condenarlos el testimonio de la policía nacional, ignorando taxativamente los testimonios directamente opuestos aportados por la defensa de los encausados. De acuerdo con la propia sentencia, la única prueba inculpatoria que ha servido para dictar sentencia ha sido el testimonio de los policías, dotándolos a los mismos del papel de juez y parte, víctima y verdugo", exponen desde Antifascistas.

Posteriormente, el TSJA acaba de endurecer aún más la pena con otro año de cárcel a cada uno, añadiendo el delito de lesiones.

La visita al Parlamento Europeo de Aijón Ponzán se ha centrado en una reunión con diferentes eurodiputados de los grupos de La Izquierda Europea, Verdes y Renew con el fin de poder exponer el "peligroso clima de persecución a la protesta que se está dando en España con el consiguiente daño al sistema democrático, así como exponer las irregularidades que se produjeron en el juicio y defender la absolución por falta de pruebas de los condenados".

En palabras de Aijón, “la presunción de veracidad no puede valer como única prueba de cargo para una condena tan grande, esto tiene que derogarse. Tiene que demostrarse que en el sistema de justicia español existe la igualdad de condiciones frente a la ley y no simplemente ser menoscabados por según qué ideología se defienda frente a estas leyes, que atentan contra la libertad de todos y todas”.

El eurodiputado Miguel Urbán señala que, en este caso, “no se está juzgando y castigando sólo a seis personas, sino que juzgan y castigan nuestro derecho a la protesta y lo hacen porque se trata de compañeros antifascistas. Hay quienes no entienden que ser antifascista no es una posición ideológica más, sino una obligación de toda persona que se considere demócrata”.

La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, ha cumplido seis años en vigor y está en vías de reforma por iniciativa del Gobierno.  Su aspecto más lesivo –las penas de cárcel para los piquetes en las huelgas– ya se ha eliminado. A pesar del compromiso de los partidos que apoyan a la coalición, la derogación de esa normativa lleva meses bloqueada en el Congreso. A falta de un "texto definitivo" y de abordar el asunto con el PNV, PSOE y Unidas están ultimando un acuerdo para "avanzar en derechos de ciudadanía, haciéndolos compatibles con la preservación de la seguridad ciudadana, desde una perspectiva progresista", según fuentes socialistas. Desde Unidas Podemos se apuesta por rebajar las sanciones económicas y sustituirlas por trabajo comunitario. Uno de los asuntos más polémicos, las devoluciones en caliente, se abordará en la ley de extranjería y no en la tramitación de la mordaza. 

El Consejo de Europa ha instado también al Gobierno español a rectificar y derogarla “por su potencial represivo”.

La condena a los acusados se basó en las conclusiones del atestado policial y en las declaraciones de los agentes de policía, aunque en la misma sentencia de la Audiencia Provincial se admite que "la identificación de la identidad de las siluetas que aparecen en las grabaciones resultó imposible para la sala debido a su deficiente calidad y a la falta de luz, dada la hora en que se produjeron los hechos, por lo que no fue posible determinar si el acusado se encontraba o no presente dentro del grupo violento". 

Más de 400 firmas en contra de la condena

La condena a "los seis de Zaragoza" ha levantado una oleada de apoyos, se ha organizado un crowdfunding y diversas personalidades han firmado un manifiesto en contra de la condena. Escritores como Antón Castro, actores como Carlos Bardem, Juana Acosta, Alberto San Juan, Miguel Rellán, Itziar Miranda, Sergio Peris-Mencheta, Nacho Rubio, Raúl Sanz, Salomé Jiménez o Ana Arias; directores como Alberto Castrillo y Javier Macipe; productores como Cristina Gallego, guionistas como Germán Roda, periodistas como Cristina Fallarás, músicos como Nacho Vegas, Félix Martín o David Sancho e ilusionistas como Jorge Blass, han mostrado su apoyo. Se unen a ellos partidos como Podemos Aragón, Zaragoza en Común (ZeC), IU Aragón, así como colectivos como Stop Desahucios Zaragoza, la Asamblea 8M Zaragoza, la Coordinadora Antifascista o la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de (ARMHA), entre otros.

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