El Senado deroga definitivamente el artículo del Código Penal que castiga con cárcel a los piquetes en huelgas

Fin al artículo 315.3 del Código Penal, que penaliza con penas de cárcel los piquetes en las huelgas y por el que han sido procesadas unas 300 personas en los últimos años en España, según calculan los sindicatos. La derogación de este delito específico de coacciones en las huelgas, que ha avalado la mayoría del Senado esta mañana, es una reivindicación sindical que se intensificó en la última década con la campaña 'la huelga no es delito', cuando la fiscalía –durante el mandato de Mariano Rajoy– comenzó a utilizar este precepto legal para pedir elevadas penas de prisión en las movilizaciones de trabajadores durante la pasada crisis económica.

Aunque existe un delito genérico que penaliza las coacciones (el 172), el artículo 315.3 se dirige de manera específica a las coacciones “a otras personas a iniciar o continuar una huelga”, que puede sancionarse con hasta tres años cárcel. Los sindicatos han reclamado sin cesar su eliminación porque denuncian que en la práctica se ha aplicado para perseguir la legítima actuación de los piquetes en las huelgas y, en última instancia, para limitar el derecho fundamental a huelga.

“Es gran día para la clase trabajadora”, resumía a elDiario.es José Alcázar, uno de los sindicalistas procesados por este delito específico en el caso posiblemente más conocido, el de Los Ocho de Airbus. Alcázar, de CCOO y presidente en ese momento del comité Intercentros, con 60 años se enfrentó junto al resto de los encausados a la petición de ocho años de cárcel cada uno. Posteriormente, como en la inmensa mayoría de casos juzgados, Alcázar y el resto de sus compañeros fueron absueltos. “Estamos en deuda con la sociedad y todas las instituciones que nos han apoyado en todo este proceso. Hoy hay más democracia y libertad en este país”, concluye el sindicalista.

“A lo largo del día no me han dejado de venir imágenes de 2012, de la detención, el juicio... posiblemente el peor año de mi vida”, sostenía esta mañana por su parte Rubén Ranz, sindicalista de UGT que también fue procesado por este delito y se enfrentó a una petición de 7 años de cárcel. “Hoy hemos conseguido tumbar esto, demostrar que era posible y que se consigue con un gobierno de izquierdas”, añadía a este medio.

El Senado ha avalado finalmente este jueves por 139 votos a favor, 106 en contra y 14 abstenciones la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, que ha llegado a la Cámara Alta después de que la mayoría del Congreso de los Diputados respaldara la proposión de ley del PSOE presentada con este fin. En el 'gallinero' de la Cámara Alta eran testigos Alcázar y Ranz, junto a Unai Sordo, lider de CCOO, y Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT, entre otros representantes sindicales presentes.

Los sindicatos mayoritarios han celebrado en un comunicado conjunto la supresión de este artículo, que consideran “una victoria del derecho a huelga”, así como “la anulación de las sentencias aplicadas con arreglo a ese precepto” que también se incluye en la proposición de ley.

PP y VOX han intentado vetar la derogación

Como ocurrió en el Parlamento, las derechas se han posicionado en contra de la eliminación de este delito específico contra las coacciones en las huelgas, especialmente PP y VOX. Ambos partidos presentaron en la Cámara Alta dos vetos para intentar mantener este delito agravado en las huelgas. El grupo 'popular' pretendía mantener el texto como estaba, mientras que el partido de ultraderecha dirigido por Santiago Abascal proponía endurecer el castigo penal por estas coacciones. Ciudadanos, aunque no ha presentado un veto, también se ha posicionado en contra de la supresión de este artículo. Finalmente, los vetos no han sido respaldados por el pleno y la mayoría de la Cámara Alta ha puesto fin a este artículo del Código Penal.

La senadora María Hernández Espinal, del PSOE, ha defendido la eliminación de este delito específico de coacciones en las huelgas, que ha destacado como “extraordinariamente duro”, propio del derecho preconstitucional y limitante de un derecho fundamental como es la huelga. La senadora socialista ha explicado que la derogación del artículo 315.3 no genera “indefensión alguna”, ya que en caso de haber coacciones punibles a trabajadores para secundar una huelga existe el delito genérico de coacciones en el artículo 172 del Código Penal.

Este punto es controvertido, y es lo que ha llevado principalmente al PNV a su abstención en la votación, ha explicado el senador Imanol Landa Jáuregui. Porque, aunque los nacionalistas vascos han destacado que el artículo 315.3 es “cuestionable” por su utilización contra las movilizaciones laborales, Landa Jáuregui ha sostenido que su supresión puede producir un “efecto boomerang”, ya que el artículo 172 puede implicar mayores penas y sanciones para los procesados.

Cristina Ayala Santamaría, senadora del PP, ha advertido de esto mismo, dirigiéndose directamente a los sindicalistas presentes en el Pleno del Senado. La derogación “solo va a provocar el endurecimiento de las sanciones”, ha sostenido la representante 'popular'. “Es una amenaza si vuelven al Gobierno”, lamenta el sindicalista Rubén Ranz, de UGT, que critica que “el PP nunca ha entendido el derecho a huelga y se ve en estas declaraciones”.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha celebrado “el vivo debate” y el resultado de la iniciativa presentada por el grupo socialista. “No podemos articular nunca normativas que provoquen el desaliento del disfrute de un derecho fundamental, como es el derecho de huelga”, ha destacado. Por su parte, el senador del PSOE y ex número dos de UGT, Toni Ferrer, ha celebrado que el fin de este artículo haya llegado “un 14 de abril”, Día en que se conmemora de la Segunda República española, en el que ha llamado a la defensa de la libertad sindical y de huelga, ambos derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

CCOO y UGT destacan este jueves que es necesario “continuar en esta línea de recuperación de los derechos y libertades arrebatados a la ciudadanía durante los años de la crisis”, por lo que instan a los grupos políticos a derogar la conocida como Ley Mordaza “por impedir el ejercicio libre de los derechos de expresión, reunión y manifestación”.