Un mes después de las polémicas elecciones generales en Georgia, Irakli Kobakhidze, el primer ministro del país, ha dejado clara su postura respecto a la Unión Europea para los próximos cuatro años de mandato: suspende las negociaciones para la adhesión hasta 2028 y renuncia a la financiación de la UE.

El partido Sueño Georgiano, que gobierna desde 2012, revalidó el pasado 26 de octubre su mandato con un 54% de los votos. Un triunfo que –a ojos de los observadores internacionales, los partidos en la oposición y parte de la sociedad civil georgiana– es fraudulento.

Bruselas ya había anunciado hace unos meses que iba a paralizar estas ayudas tras haberse aprobado la ley “sobre transparencia e influencia extranjera”, conocida por la ciudadanía georgiana como “la ley rusa”, por su parecido con las leyes en el país vecino.

La postura del Parlamento Europeo ante estas elecciones también es clara: “Las elecciones parlamentarias de Georgia deben repetirse bajo supervisión internacional”. Y no solo eso: la Eurocámara quiere imponer sanciones contra el primer ministro y contra los principales funcionarios del nuevo Gobierno. “Las políticas seguidas por el Gobierno georgiano son incompatibles con las perspectivas de integración euroatlántica del país”, se puede leer en la nota de prensa.

En la resolución adoptada por el Parlamento Europeo se señala que el 26 de octubre (fecha de las elecciones) hubo “intimidación de los votantes, manipulación de votos, interferencias con los observadores electorales y los medios de comunicación y presunta manipulación de las máquinas de votación electrónica”. Esta resolución también insta a la celebración de unas nuevas elecciones generales en el plazo de un año y a limitar los contactos formales con el Gobierno georgiano.

Por su parte, Estados Unidos también ha suspendido recientemente la asociación estratégica con el país del Cáucaso, y el bloque formado por los países bálticos (Letonia, Lituania y Estonia) ha impuesto sanciones al todopoderoso oligarca Bidzina Ivanishvili (quien mueve los hilos en Sueño Georgiano), y a varios funcionarios de primer rango del Ministerio del Interior.

“Estas elecciones fueron impugnadas ante el Tribunal Constitucional de Georgia por la presidenta del Parlamento y también por algunos de sus miembros. Hasta que no haya una resolución, estos resultados son anticonstitucionales, así como el Parlamento actual. Este Parlamento es ilegal porque viola directamente la legislación y cualquier cosa que haga es ilegal, por eso las elecciones presidenciales convocadas para el 14 de diciembre no son válidas”, explica Nino Dolidze, directora ejecutiva de la International Society for Fair Elections and Democracy (ISFED) —organismo de control electoral en Georgia—, además de activista política y experta en cuestiones electorales y de género.

Un mes de protestas

Desde los comicios del 26 de octubre, una parte importante de la ciudadanía georgiana se ha lanzado a la calle a protestar. El anuncio de Kobakhidze de detener las negociaciones con la UE no ha hecho más que aumentar el malestar y la tensión en las calles, donde la gente se ha estado congregando casi cada día desde que se conocieron los resultados.

En los últimos días, la represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado ha aumentado considerablemente y se han producido cargas violentas, tanto contra los manifestantes como contra los periodistas. Hay decenas de detenidos y tanto la Asociación de Jóvenes Abogados de Georgia como la Red de Asistencia Jurídica, que proporcionan asistencia legal gratuita a los detenidos en el marco de las protestas, aseguran que se les ha maltratado, tanto durante las manifestaciones como durante la detención en las comisarías.

En la avenida principal de Tbilisi, que recibe el nombre del poeta georgiano más importante, Shota Rustaveli, los manifestantes ondean banderas georgianas y europeas y por los altavoces la banda sonora es siempre la misma: el himno de Georgia, el de la Unión Europea (Oda a la Alegría, de Beethoven), “Another brick in the wall”, de Pink Floyd, “Sakartveloa”, de Mgzavrebi (que significa Georgia) o “I am Georgia”, de Achiki Guledani y Beqa Japaridze Shukvani. Pero si hay una canción oficial de estas protestas, esta es “Samshoblo”, que significa patria, interpretada por la banda Yvela.

“No tenemos ningún plan, pero tenemos claro que resistiremos y que ocuparemos las calles en la medida en que podamos; lo cual resulta complicado porque todos tenemos una vida y trabajamos. No podemos estar aquí 24 horas”, explica Tekle Makashvili, de 26 años. “Uno de los problemas de este país es que la justicia no funciona como debería, entonces no confiamos en ella. Hay muchísimas evidencias de la violación de derechos durante las elecciones”, añade.

Parte de la ciudadanía georgiana se muestra pesimista, ahora que ya se ha formado Gobierno, pero tampoco quiere renunciar a la posibilidad “de mostrarle al Gobierno el desacuerdo con ellos”, dice Tekle Makashvili, quien confía en la UE y los aliados internacionales para que se haga justicia. “Estamos contentos de que Bruselas se alinee con nosotros y, aunque desconozco los mecanismos o las herramientas que pueden usar contra el Gobierno, espero que continúen apoyándonos [en referencia a los países de la UE]”.

Sin embargo, Makashvili y una parte importante de los que protestan estos días se muestran decepcionados con los partidos de la oposición, que continúan con sus particulares rencillas internas y que no han sabido mostrar una imagen de unidad estas últimas semanas. “La gente está exigiendo unidad, eso es seguro. Y es la presidenta del Parlamento, Salomé Zurabishvili, quien la está intentando crear”, apunta la analista y activista Nino Dolidze.

Irma Kiria es una de las observadoras de los comicios que estuvo haciendo guardia en uno de los colegios electorales en Tbilisi. “Estamos aquí para proteger nuestro futuro como europeos, porque nosotros somos parte de Europa y este Gobierno está intentando robarnos este futuro y llevarnos de vuelta a Rusia. No queremos eso”, explica Kiria, de 37 años. “Vi a grupos de gente esperando fuera de los colegios electorales, gente que traía a otra gente a votar... Hubo muchas irregularidades. Además de que todo el mundo podía ver nuestro voto, y por eso estamos aquí: para proteger nuestro derecho a unas elecciones justas”.

Kiria, quien llegó a la capital georgiana con toda su familia procedente de Abjasia (zona controlada por Rusia) cuando contaba con seis años, hace referencia al lunar negro marcado en las papeletas de las votaciones y que identificaban la opción que se votaba, un icono que se ha convertido en un símbolo de las protestas.

Por eso, junto a las banderas europeas y las georgianas, también ondean banderas blancas con un lunar negro en el centro. “Si nos vamos a casa, perderemos la oportunidad de cambiar las cosas”, concluye Kiria. Preguntada por la Ley de Agentes Extranjeros recientemente aprobada y que supone un acercamiento a Rusia, asegura que se trata “de una preparación para lo que vendría con estas elecciones”.

Doble discurso y futuro incierto

“Entre la población hay mucho enfado, pero también hay voces críticas desde diferentes organizaciones estatales, ministerios, desde el Banco Nacional y desde el Registro Público. Es decir, hay voces críticas contra el actual Gobierno desde dentro del propio Ejecutivo”, explica Jelger Groeneveld, experto en el país y analista en el Georgian Institute of Politics.

El pasado 1 de diciembre, por ejemplo, dimitió Davit Zalkaliani, embajador de Georgia en Estados Unidos y exministro de Asuntos Exteriores de Sueño Georgiano entre 2018 y 2022. Unos días antes también lo habían hecho los embajadores de Países Bajos, Bulgaria, Lituania y el embajador interino en Italia.

“Otra de las novedades respecto a otras protestas es que no se están dando solo en la burbuja de Tbilisi, sino que se han extendido por todo el país”, cuenta Groeneveld.

Aun así, Groeneveld reconoce que hay zonas, sobre todo donde viven las principales minorías étnicas del país (armenios y azeríes), en las que la población se muestra más afín a Rusia. “Las zonas rurales son menos proeuropeas, pero aún así, la mayoría está a favor de la integración en la UE”, dice. La analista Nino Dolidze tiene la misma opinión.

Hablando con jóvenes y no tan jóvenes, sin embargo, es fácil darse cuenta de que el enfado no viene solo de los resultados electorales, su presunta manipulación y el anuncio de posponer la carrera por la adhesión a la UE: la ley sobre transparencia e influencia extranjera fue la antesala de lo que se ve estos días. “La gente está frustrada. Cuando se aprobó la Ley de Agentes Extranjeros hubo grandes protestas, pero no tuvieron ningún efecto o, por lo menos, no en el Gobierno, que no dio ningún paso atrás. No obstante, la gente no lo ha aceptado y esto contribuye a aumentar la ira. Incluso los ciudadanos que no prestan demasiada atención a la vida política ahora se están implicando”, dice el experto.

Paseando por las calles de Tbilisi hay algo que llama la atención: si bien en los últimos años Sueño Georgiano ha dado un volantazo y ha empezado a mirar hacia Rusia, en muchos edificios públicos, incluidos edificios ministeriales, ondean la bandera georgiana y la europea. Esto contrasta con el discurso de los últimos meses del partido en el Gobierno, cada vez más alejado de la UE.

“En Georgia, si quieres llegar al poder, tienes que presentarte como una fuerza proeuropea”, asegura Groeneveld, para quien Sueño Georgiano a usado un doble lenguaje en los últimos dos años que ha funcionado muy bien. “Nunca fue un partido completamente proeuropeo, pero ha tenido un mensaje próximo a Europa, de quien se ha ido acercando y alejando según los intereses”, añade.

Respecto a este doble discurso, Nino Dolidze es clara: “Así es como funciona la propaganda. Sueño Georgiano sabe que en Georgia uno no se puede mostrar prorruso porque la identidad de Georgia está en contra de Rusia. Hemos estado luchando contra ellos durante siglos”.

Preguntados sobre el futuro a corto plazo del país, ni Jelger Groeneveld ni Nino Dolidze saben lo que va a ocurrir: “¿Qué es lo que viene a continuación? Siendo honesta, no lo sé. Sé que la gente peleará por la repetición electoral hasta el final. No sé qué pasos dará Sueño Georgiano. De momento está ignorando las demandas de la población. No sé qué será lo próximo” concluye finalmente Dolidze.

Cuatro eran los candidatos que este domingo se vieron las caras en las primarias de Syriza: el eurodiputado Nikolas Farantouris; el actor de telenovelas y exalcalde de Stylida, Apostolos Gletsos; y los diputados Pavlos Polakis y Sokratis Famellos. Todos ellos fueron a las urnas con la promesa sobre la mesa de recomponer el partido y sacarlo a flote tras uno de los años más convulsos y caóticos de su historia. 

Con unos datos de participación satisfactorios para el partido —70.152 personas votaron en estas elecciones—, pasadas las 11 de la noche (hora local en Grecia) llegaban los resultados definitivos: Sokratis Famellos (Atenas, 1966) ganaba con un ajustadísimo margen (49,41% de los votos) al cretense Pavlos Polakis, que se quedó a las puertas (43,51%). 

Diputado por Syriza desde 2015 y viceministro de Medio Ambiente y Energía entre 2016 y 2019, Famellos basó su campaña en la idea del “reinicio” de Syriza “para hacerla más fuerte y más grande”. Por su parte, Pavlos Polakis felicitó a Famellos y también insistió en la necesidad de estar unidos “para derrocar al Estado de Mitsotakis [primer ministro]”.

Fuera de Koumoundourou, la sede del partido, el ya nuevo presidente de la formación auguraba un futuro cohesionado: “Es un buen día para Syriza y para la izquierda”. Felicitaba también al resto de candidatos y a los diferentes comités electorales y señalaba su nueva responsabilidad. “No estamos de celebración, pero estamos contentos y somos conscientes del trabajo que tenemos. Esta es una respuesta a quienes cuestionaron el futuro de Syriza […] Reconstruiremos nuestra casa de nuevo”. Famellos hizo énfasis en la idea de “volver a estar juntos”, algo por lo que no se ha caracterizado la formación en el último año.

Sokratis Famellos, el favorito

Desde las ocho de la mañana y hasta las ocho de la noche (en principio las urnas se iban a cerrar a las siete, pero a media tarde el partido decidió alargarlo una hora más) las bases de Syriza se fueron desplazando hasta los distintos colegios electorales habilitados para depositar su voto.

En la 17th-155th Escuela Elemental de Atenas, en el barrio de Ambelokipi, durante la tarde, el goteo de personas fue constante. Yanis, de 46 años, aseguraba haber votado a Famellos “porque es el único que puede reconstruir el partido” y calificaba el año de Kasselakis como “un desastre”.

La misma opinión tenía Thanos, de 34 años y también votante de Famellos, “el más decente y quien ha hecho un buen trabajo de representación en el Parlamento. También lo he votado porque creo que puede cohesionar el partido. Yo ya no voto a Syriza, pero quería votar para lo que creo que es la mejor solución para Syriza, porque es una parte de la izquierda muy importante”.

Respecto a Polakis, otro de los favoritos, decía que “tiene demasiado temperamento”, y sobre Farantouris y Gletsos aseguraba que “no son suficientemente fuertes”. También Nikos (60) y Stella (57) habían apostado por Sokratis Famellos, porque era el candidato que les generaba “más confianza”. Dimitra Kavatha, de 63 años, reconocía haber votado hace un año por Kasselakis y haberse arrepentido: “Se ha demostrado que no tenía las ideas claras”, añade. También ella había depositado su voto para Famellos. 

Hacía días que el nombre de Sokratis Famellos, actual presidente del grupo parlamentario tras la marcha de Tsipras, sonaba con fuerza como posible ganador de los comicios. Ligado a la formación de izquierda desde sus inicios, actualmente se encarga de las cuestiones de Energía y Medio Ambiente en su grupo parlamentario. También es miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, donde participa en temas relacionados con el desarrollo sostenible, el cambio climático, los movimientos migratorios y otras cuestiones sociales. 

Un año de caos tras la debacle electoral

Para entender por qué Syriza llegaba ayer a estas primarias en una de las situaciones más vulnerables de los últimos años hay que mirar hacia las dos convocatorias de elecciones generales de 2023, cuando el partido de izquierdas, aún con Alexis Tsipras al frente, perdió a más de la mitad de sus diputados. Las reacciones no se hicieron esperar y unos días más tarde, Tsipras presentó la dimisión y dejó todos sus cargos en el partido.

Unas semanas más tarde de la renuncia del histórico líder de la izquierda griega, a finales de septiembre de 2023, se convocaron elecciones primarias para elegir un nuevo presidente. Tras una campaña feroz entre la que había sido la mano derecha de Alexis Tsipras y exministra de trabajo entre 2016 y 2019, Efi Ahtsioglou, y el recién llegado Stefanos Kasselakis, contra todo pronóstico, ganó este último. Kasselakis no era un candidato al uso: se había mudado a Estados Unidos con su familia cuando contaba con 13 años y hacía apenas pocos meses que se había vuelto a instalar en Grecia. Su trabajo como asesor en Goldman Sachs, su posición acomodada y su condición de outsider generaron ciertos recelos y desafecciones; pero la base lo apoyó. La razón fue obvia: muchos de los que lo votaron consideraron que una figura externa al partido traería ideas frescas y aire nuevo a la formación; el cambio que se necesitaba en aquel momento tras el descalabro electoral en las generales.

“Al principio, no estaba en contra de Kasselakis. Evidentemente me daba cuenta de que no formaba parte al 100% del contexto de Syriza, pero pensé que traería algo nuevo o diferente. Podía ver algunas red flags, pero decidí no hacerles caso”, explica Dimitris (nombre ficticio a petición de la fuente). Él ayer votó por Nikolas Farantouris, pero “si gana Famellos, también estará bien”, aseguraba la tarde del domingo en el colegio electoral de Ambelokipi. “He votado a Farandouris a sabiendas de que probablemente no saldrá”, decía.

A Stefanos Kasselakis, en los medios griegos se le apodó el mesías y él, haciéndose eco del mote, prometió cohesionar el partido y reflotarlo. Nada más alejado de la realidad: unas semanas después de las primarias, once pesos pesados del partido, encabezados por Efi Ahtsioglou, abandonaban la formación (y el grupo parlamentario) y creaban un nuevo partido: Nueva Izquierda. 

El reinado de Kasselakis duró poco: un año. El pasado mes de septiembre, tras unos meses de altibajos y demasiadas polémicas, una facción, “el grupo los 87” — partidarios del ex primer ministro y exlíder del partido, Alexis Tsipras—, provocaba su salida. La destitución de Kasselakis abría la enésima crisis en la formación, que volvía a quedar descabezada y mucho más debilitada que hace un año.

Por su parte, Stefanos Kasselakis, ha aprovechado este fin de semana electoral en Syriza para presentar su propio partido: Movimiento por la Democracia, descrito por él mismo como “el partido político más moderno y participativo que Grecia haya visto jamás”. El nombre ha sido escogido por los partidarios de Kasselakis tras tres días de votaciones.

En Syriza, ahora, el gran reto de Sokratis Famellos será recuperar la identidad de un partido que, tras las diferentes desbandadas, ya no es el principal partido de la oposición. Famellos tendrá que hacer renacer una Syriza sin rumbo, con demasiadas familias y liderazgos,ny tendrá que trabajar para recoser sus costuras si quiere recuperar aquel brillo de 2015, cuando la formación ganó casi por mayoría absoluta en las elecciones generales plantando cara a la troika y convirtiéndose en el faro de las izquierdas europeas. 

Desde el domingo, la formación de izquierdas Syriza, el principal partido de la oposición en Grecia, no tiene líder. El polémico Stefanos Kasselakis, elegido en las primarias de no hace ni un año, ha sufrido una moción de censura este fin de semana que ha prosperado con, aproximadamente, la mitad de los votos a favor. Liderada por “el grupo los 87” — partidarios del ex primer ministro y exlíder del partido, Alexis Tsipras—, que acabaron siendo 100, y con la ayuda de uno de los pesos pesados del partido, Pavlos Polakis, la moción ha conseguido lo que un sector de la formación perseguía desde hace meses: derrocar al líder. También han dimitido la jefa de prensa de la formación, el jefe de gabinete de Kasselakis y la portavoz del partido. Una situación que se habría podido evitar si el ya exlíder hubiese convocado elecciones primarias anticipadas tal y como demandaban diferentes corrientes en el partido.

El escenario que se abre ahora está marcado por la incertidumbre. El Secretariado político del partido ha anunciado este martes la convocatoria de un congreso extraordinario, que se celebrará del 1 al 3 de noviembre, con el objetivo de diseñar una nueva hoja de ruta y presentar candidaturas. Pavlos Polakis y el actor Apostolos Glentzos ya han anunciado que se postulan para liderar la formación. Las primarias se celebrarán el 24 de noviembre, con una segunda vuelta, si fuera necesaria, el 1 de diciembre.

Finalmente ha prevalecido la idea de un procedimiento rápido, como pedía el mismo Polakis, en contra de quienes preferían darse más tiempo para que la situación se estabilizara después del terremoto vivido este fin de semana. Mientras tanto, se desconoce aún el futuro político de Stefanos Kasselakis. Si bien el exlíder aún no se ha pronunciado, es improbable que se presente de nuevo a las primarias o que forme su propio partido. Fuentes cercanas al partido aseguran que podría abandonar la vida política.

Un año de polémicas y dardos envenenados

No ha sido un año fácil, ni para Kasselakis ni para Syriza. Con la responsabilidad de reflotar la izquierda política en Grecia tras el descalabro del partido en las dos convocatorias de elecciones generales de 2023, cuando el partido perdió la mitad de sus diputados, el liderazgo de Kasselakis se ha caracterizado por las polémicas y los dardos envenenados. De poco ha servido que, durante todos estos meses, el exejecutivo de Goldman Sachs se haya autodesignado como “la voz de la sociedad”.

El “mesías”, tal y como le apodó la prensa griega en su momento, nunca llegó a gozar de la simpatía de la totalidad del partido. Las rupturas no tardaron en llegar: unas semanas después de su elección, la mano derecha de Alexis Tsipras y exministra de trabajo entre 2016 y 2019 Efi Ahtsioglou (que había sido su mayor contrincante durante las primarias) se iba del partido y cofundaba uno nuevo: “Nueva Izquierda”. No lo hacía sola, sino con 10 históricos de la formación y diputados.

La nueva era Kasselakis en Syriza tenía un único fin: recuperar la identidad del partido a partir de la articulación de una propuesta política congruente y serena para hacerle frente al Gobierno conservador de Kyriakos Mitsotakis; pero ha sucedido todo lo contrario. Las promesas de unidad y cohesión se han disipado hasta volverse invisibles y ahora la formación se enfrenta a una de sus crisis más graves de sus últimos años.

En su columna de opinión en el periódico griego Kathimerini, el periodista Nikos Konstandaras escribe: “¿Por qué se cuestiona tanto a un líder que fue elegido por la base del partido y que vio renovado su mandato en el congreso del partido? ¿Qué derecho tienen los escépticos de ignorar la voluntad de los votantes y los delegados? Lo más probable es que la respuesta resida en el hecho de que los cuadros del partido nunca creyeron que Kasselakis fuera su líder legítimo”. Y así es: Kasselakis siempre fue visto como un paracaidista, un outsider. Tan solo llevaba un mes de militancia en el partido cuando fue elegido. Sin embargo, esto también fue percibido por algunos como una oportunidad de regeneración para una formación que en los últimos tiempos se ha movido hacia el centro y ha dejado de lado los postulados de izquierda radical.

Una crisis que no solo beneficia al Gobierno

Los primeros grandes beneficiados por la crisis profunda que atraviesa Syriza son el partido en el Gobierno, los conservadores de Nueva Democracia, y los socialdemócratas del Pasok, que, según las encuestas, ya han recuperado el segundo puesto. Pero también podría verse beneficiado el partido Rumbo a la Libertad, una escisión de Syriza liderada por la expresidenta del Parlamento, Zoe Konstantopoulou, quien abandonó en 2016 la formación entonces liderada por Alexis Tsipras. El exministro de Finanzas Yanis Varoufakis lo había hecho en 2015 y también fundó su propio partido, MeRA25, actualmente sin representación parlamentaria.

Si bien en las pasadas elecciones europeas del 9 de junio los resultados de Syriza no fueron del todo malos, lo cierto es que el Pasok, a pesar de vivir también su propia crisis (la primera ronda de primarias se celebrará el próximo 6 de octubre), y tras una larga travesía en el desierto que empezó en los años más duros de la Gran Recesión, sigue subiendo en las encuestas y aspira a recuperar una parte del electorado de Syriza. En los comicios europeos de junio la distancia entre ambos partidos fue mínima: Syriza obtuvo el 14,92% de los votos y el Pasok el 12,79%. Nueva Democracia ganó con un 28,31%, en unas elecciones en las que la abstención llegó casi al 60%.

A principios del 2022, el periodista de investigación griego Thanasis Koukakis notó que su móvil no funcionaba bien. Koukakis, que trabaja sobre todo en temas de corrupción y blanqueo de dinero en el sector bancario, en lugar de cambiarlo, decidió enviar el dispositivo al Citizen Lab de la Universidad de Toronto, donde investigan las amenazas digitales contra miembros de la sociedad civil. Los resultados fueron concluyentes: el móvil estaba infectado con el software espía Predator.

El escándalo saltó a la prensa generalista y a los medios internacionales cuando, unos meses más tarde, los servicios del Parlamento Europeo, en un control rutinario, informaron a Nikos Androulakis, en aquel momento eurodiputado y presidente del partido socialista griego (PASOK), de que en su móvil se habían encontrado huellas de Predator.

Ese fue el inicio de uno de los mayores escándalos que ha salpicado al Gobierno del primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis. Las escuchas se produjeron por dos vías: por la “legal”, como ha sostenido el Ejecutivo a lo largo de estos meses, y a través de Predator, algo que el Gobierno y el Servicio Nacional de Inteligencia griego (EYP) han negado de manera sistemática.

Un programa espía “sumamente invasivo”

El programa llegó a Grecia desde Chipre, a través de Cytrox (una empresa de vigilancia del consorcio Intellexa con sede en Grecia) y dos empresarios muy cercanos a Mitsotakis, Giannis Lavranos y Felix Bitzios. Da la casualidad que Koukakis había estado investigando a estas dos personas anteriormente.

“Una vez que se ha infiltrado en un dispositivo, tiene acceso sin restricciones a su micrófono y su cámara, y a todos sus datos, como contactos, mensajes, fotos y vídeos, con total desconocimiento de la persona usuaria”, explica Amnistía Internacional sobre este programa al que califica de “sumamente invasivo”. Además, “permite registrar mensajes de texto enviados o recibidos también a través de aplicaciones encriptadas como WhatsApp y Telegram, así como llamadas telefónicas a través de aplicaciones encriptadas”, explica la Plataforma por la seguridad de los periodistas del Consejo de Europa.

Aparte de a Kouakis y Androulakis, el EYP habría espiado a otros periodistas, como Stavros Malichudis, especializado en migraciones, o Kostas Vaxevanis, director del portal de investigación Documento y quien publicó la lista Lagarde con los nombres de más de dos mil evasores fiscales griegos. También se ha sabido que habrían sido espiados incluso políticos del partido gobernante, como Nikos Dendias, que por aquel entonces ocupaba la cartera de Exteriores; o el exprimer ministro Andonis Samaras.

En agosto de 2022, acorralados por las evidencias, Paniagotis Kontoleon –en ese momento responsable del EYP– y Grigoris Dimitriadis –sobrino del primer ministro Mitsotakis y supervisor de los servicios de Inteligencia– tuvieron que dimitir. Ambos han asegurado ante los jueces que el EYP nunca usó Predator y que, si se ha producido alguna escucha, siempre ha sido en aras de la «seguridad nacional» y con base en la ley. También reconocieron que se habían dado las licencias necesarias a Intellexa para vender Predator a Madagascar y a Sudán, pero que en ningún caso se había usado en Grecia.

A pesar de haberse encontrado evidencias claras del uso de Predator en los teléfonos de periodistas y políticos, a principios de agosto el Tribunal Supremo griego, después de un proceso judicial muy cuestionado, ha determinado que “con base en la abundante evidencia, se infiere indiscutiblemente que ninguna agencia gubernamental y, en particular, el EYP, la Agencia Antiterrorista y en general la Policía griega o cualquier funcionario del Gobierno estuvo involucrado con el software espía Predator o cualquier otro software similar”.

El Tribunal Supremo exonera al Gobierno

Todos los miembros del Gobierno de Mitsotakis han quedado libres de todas las responsabilidades en el caso. Sí se procesarán, sin embargo, algunos representantes legales de las empresas distribuidoras. Aunque se estableció –a petición de los partidos en la oposición– una comisión parlamentaria de investigación paralela al proceso judicial para llegar al fondo del caso, las conclusiones han quedado en prácticamente nada y los intentos por poner en marcha una nueva investigación parlamentaria no han prosperado.

A lo largo de estos meses, el Gobierno ha esgrimido argumentos relacionados con la seguridad del Estado y la confidencialidad para no colaborar. Además, el proceso judicial estuvo plagado de irregularidades, como han denunciado los partidos opositores y diferentes organizaciones de la sociedad civil.

“En realidad, nunca ha habido una investigación real por parte de la justicia. Los únicos que han investigado son los periodistas porque la comisión que se estableció para investigar el caso estaba controlada por el Gobierno. El fiscal general, encargado de controlar todo el proceso, también es designado por el Gobierno. El informe que se ha emitido encubre a los culpables, tanto a los responsables políticos como a los empresarios”, explica a elDiario.es el exeurodiputado por Syriza y periodista Stelios Kouloglou.

“Ni siquiera se llamó a testificar al que era director de los servicios de Inteligencia”, se queja. “Ahora tenemos dos escándalos: el de las escuchas y el de cómo se ha encubierto el caso. Ahora sólo queda ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo”. Esto es precisamente lo que hará el periodista Thanasis Koukakis, el primero en destapar este tema: “Todas las personas implicadas vamos a presentar una demanda a Estrasburgo y demostraremos que no ha habido un procedimiento de juicio justo”, asegura a este periódico.

Koukakis es claro respecto a cómo se ha llevado a cabo la investigación del caso: “Esto demuestra cómo de politizada está la justicia griega (...) Esto es extremadamente problemático porque cuestiona el Estado de derecho. Que la justicia no funcione bien en este nivel tan alto y que todos los actos de los jueces y fiscales del Tribunal Superior estén dentro del ámbito del interés político es extremadamente perjudicial para el Estado de derecho, porque entonces la justicia desaparece”.

El periodista pone de relieve algunos puntos imprescindibles para entender el caso. “En la auditoría de la investigación que el fiscal adjunto del Tribunal Superior de Justicia llevó a cabo se reconoce que el 30% de las personas a quienes se intentó espiar con Predator también habían sido espiados con los métodos convencionales de la Inteligencia griega, lo que demuestra que hubo escuchas en paralelo. Sin embargo, las conclusiones de los informes son que no hubo ninguna correlación entre el uso de Predator y las otras escuchas llevadas a cabo, que se trata de una coincidencia».

Por otra parte, está la duración de la instrucción del caso: “La investigación previa ha durado 26 meses, cuando lo normal es de entre seis y nueve meses. La investigación previa fue realizada por dos fiscales de primera instancia y, cuando estos estaban listos para imputar a los responsables del escándalo, se les retiró del caso”, subraya. Por último, explica que de todas las personas que formaban parte de esta trama, sólo los encargados de las empresas que crearon y distribuyeron el software están acusados, pero “de un delito menor de seguridad en las telecomunicaciones, en ningún caso por espionaje o por manejar secretos de Estado”, explica. Esto implica penas de cárcel mucho menores.

Deterioro de la libertad de prensa

El carpetazo al caso de las escuchas con Predator se ha producido al mismo tiempo que han sido absueltos los dos únicos acusados por el asesinato, en abril de 2021, del periodista de investigación Yorgos Karaivaz. La Justicia ha considerado que las pruebas presentadas contra los acusados eran insuficientes.

El asesinato de Karaivaz, conocido por investigar las conexiones del crimen organizado en Grecia, marcó un punto de inflexión importante en el oficio. Al periodista lo mataron delante de su casa, con cinco disparos en la espalda. Si bien en abril de 2023 fueron detenidas dos personas, supuestamente los autores materiales del crimen (que ahora han quedado en libertad), hasta el momento no se sabe quién ordenó acabar con su vida.

“A lo largo de todos estos años hemos observado un estancamiento de la libertad de prensa y la falta de justicia por los crímenes cometidos contra periodistas en Grecia. Además de los problemas estructurales, como la falta de independencia de los medios públicos, las injerencias y la interferencia de los propietarios en la independencia editorial de los medios privados, entre otras cosas, también existen las demandas abusivas contra los periodistas, permitidas por la legislación griega”, dice a elDiario.es Pavol Szalai, director de Reporteros sin Fronteras (RSF) en Europa y los Balcanes, que se muestra muy crítico con las políticas de Mitsotakis.

“Los ataques a periodistas no se limitan sólo a los que son críticos con el Gobierno. Es evidente que el Gobierno heleno no considera la libertad de prensa una prioridad, y sólo ha hecho concesiones parciales y ha tomado algunas medidas cosméticas”, añade. RSF, así como otras organizaciones de la sociedad civil, hace años que advierten del deterioro de la libertad de prensa en Grecia.

En el informe de RSF de 2024 el país heleno se sitúa, por tercer año consecutivo, en el último puesto en cuanto a libertad de prensa en la UE. En una carta del 1 de agosto, junto con otras 13 organizaciones internacionales, RSF muestra su preocupación por “una realidad alarmante que experimentan periodistas, activistas y organizaciones de la sociedad civil sobre el terreno y el deterioro del Estado de derecho en el país”.

El pasado 24 de julio, la Comisión Europea publicó el Informe sobre el Estado de Derecho de 2024 en el que reconoce “problemas con la independencia y los recursos del regulador de los medios, la independencia de los medios de servicio público, el acceso a la información, la persistencia de las amenazas a la seguridad de los periodistas y el posible efecto paralizador de las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP) y el acoso, incluso por parte de los políticos”.

Sin embargo, según RSF y Thanasis Koukakis, el informe es parcial y no da fe de la magnitud del problema que existe en el país heleno. “La Comisión Europea entrante debería adoptar una postura más firme en la defensa de su compromiso con los derechos fundamentales y los valores democráticos en los Estados miembros, incluida la condena pública de casos específicos de restricciones a la libertad de prensa, represión de la sociedad civil o violaciones del estado de derecho”, concluye el escrito.

La reforma laboral aprobada por el Ejecutivo griego el pasado mes de septiembre y conocida como la “Ley Georgiadis” se ha puesto en marcha en el país heleno. Desde el 1 de julio, ya hay trabajadores y trabajadoras a quien se les ha impuesto una sexta jornada laboral con un recargo de un 40% sobre la base salarial diaria. Las personas trabajadoras no se pueden negar a hacer esta sexta jornada de trabajo. La medida, polémica y en contra de las tendencias que se están dando en otros países de la Unión Europea —como en el Estado español— busca, según el Gobierno griego, mejorar la competitividad y suplir la falta de trabajadores cualificados.

En un primer momento, el entonces ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Andonis Georgiadis, actual ministro de Salud, aseguró que se trataba de “una medida excepcional y siempre en base a las necesidades de producción”, pero los principales sindicatos del país temen que esta nueva medida se convierta en la norma: “Abre las puertas a jornadas laborales más largas y perjudica a la clase trabajadora”, aseguraron en su momento.

“Volver a las condiciones laborales del siglo XIX es una vergüenza para el país”, han declarado desde Syriza, el principal partido de la oposición. Hay que recordar que la reforma fue aprobada gracias a la mayoría absoluta del partido gobernante, Nueva Democracia, pero con el resto de formaciones parlamentarias en contra.

De momento, la ley se está empezando a introducir en el sector industrial en aquellas empresas de producción continuada, es decir, que produzcan las 24 horas del día y con base en las necesidades de producción. La ley, que también está pensada para que en un futuro se pueda aplicar al ámbito de la restauración, entra en conflicto con algunos de los pocos convenios colectivos que quedan en Grecia, heridos de muerte tras las medidas impuestas por la Troika durante los años de la crisis financiera. 

Hasta 13 horas diarias

La semana laboral de seis días viene acompañada de otras leyes que aún no se han puesto en marcha pero que empezarán a implementarse próximamente. Una de ellas es la que posibilita tener un segundo trabajo a tiempo parcial, de un máximo cinco horas diarias, cuando ya se está trabajando a jornada completa (ocho horas al día).

Desde 1932 y hasta la aprobación de la ley, no estaba permitido tener un contrato a tiempo completo y uno a tiempo parcial, pero en un país con una de las tasas de inflación más altas de la Unión Europea —con respecto al salario medio percibido— esta era una práctica habitual no regularizada.

En ningún caso se establece una jornada laboral de 13 horas obligatoria, como transcendió en su momento, pero sí que se abren las puertas a jornadas más largas, algo que rechazan de pleno los sindicatos. En un país laxo con las inspecciones laborales y, siempre según el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, esta medida también está destinada a tener un mayor control sobre las horas trabajadas y no declaradas.

Estos no son los únicos puntos conflictivos de la reforma. En el paquete de leyes, también se flexibilizan los despidos –el trabajador puede ser despedido durante el primer año de contrato sin aviso previo y sin derecho a una indemnización–; se incluyen sanciones más duras contra los piquetes en las manifestaciones, como penas de hasta seis meses de cárcel; y se regulan los “empleos a demanda”, lo que provocará que proliferen este tipo de contratos, también conocidos como “contratos de hora cero”, que chocan de lleno con la normativa europea, ya que la tendencia general es la abolición de este tipo de contratación –pero, darle un marco legal hará que se expanda–.

En el momento de la aprobación del paquete, sindicatos y ciudadanía se movilizaron para mostrar su rechazo; hoy en Atenas también se ha convocado una movilización organizada por los sindicatos para recalcar que los derechos laborales deberían primar sobre los derechos empresariales.

Protesta sindical

A las 17:00 horas en Grecia, los principales sindicatos se han reunido frente al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en el centro de Atenas, para mostrar su rechazo a la normativa. A la concentración han acudido unas 150 personas. Stellos Champalis, de 33 años y técnico de mantenimiento en la industria farmacéutica tiene claro que esta norma beneficia a las empresas y perjudica a los y las trabajadoras, “sobre todo porque en Grecia los mecanismos de control gubernamentales son poco eficientes, por no decir prácticamente inexistentes. ”El Gobierno asegura que con estas leyes habrá más control sobre las horas trabajadas y que se han aprobado para ser más eficientes, pero lo dudo; además esta reforma laboral deja un gran margen de interpretación por parte de las empresas“.

De la misma opinión es Zoi Papadopoulou, empleada pública. “En el sector público esta normativa se va a empezar a implementar a nivel local y regional, de momento”, explica la joven. En el caso de los empleados públicos, las nuevas leyes prevén un aumento de la jornada laboral, distribuida en turnos: “Hasta ahora, los empleados públicos trabajábamos en diferentes turnos, pero siempre hasta las cinco de la tarde; con la aprobación de esta reforma se aumenta un turno, que termina a las nueve de la noche”, dice Papadopoulou. También se queja de la inflación en el país y los salarios griegos, de los más bajos de la Unión Europea. Konstantinos Kontodimos, uno de los once portavoces de la Federación de Mineros de Grecia y trabajador público del Instituto Geológico Griego, acude a la manifestación en representación de esa entidad que agrupa a unos veinte sindicatos mineros del país: “A mí, de momento, no me afecta, pero sé que en algún momento me afectará”. 

Esa es precisamente la intuición de los sindicatos: si bien la ley del sexto día laboral está pensada para las empresas de producción continuada y bajo condiciones “excepcionales”, la falta de controles y la interpretabilidad de la normativa hará que las empresas puedan vulnerar los derechos laborales de las plantillas. “Hay muchos flecos sueltos”, dice Paniagiota Tavoulari, presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria Farmacéutica y miembro de la secretaría del PAME, uno de los sindicatos de referencia en Grecia. Tavoulari también se queja de la implementación del registro digital, una tarjeta que controlará las horas trabajadas por los y las empleadas. “Los descansos y la preparación para el trabajo, por ejemplo, cuando el empleado se tiene que poner un uniforme, quedan fuera de las horas trabajadas. Van a dejar de pagarnos horas y eso es explotación”.

A pesar de que la reforma fue aprobada en sede parlamentaria, desde los sindicatos lo tienen claro: “Hay que seguir luchando, no podemos permitir que se implementen estas medidas. Hay que continuar trabajando para recuperar los convenios colectivos perdidos y conseguir que la ciudadanía se movilice. Pedimos una jornada semanal de 35 horas repartidas en cinco días y una subida de los salarios acorde con el nivel de vida. Somos el país que más horas trabaja y el que menos cobra. Nuestros salarios son los segundos más bajos de la Unión Europea”, concluye.

Mohammed es de origen palestino, pero nació en Siria. Habla por Whatsapp desde la sala de espera donde hará, en unos minutos, la segunda entrevista que se requiere para solicitar el asilo en Europa. Desde octubre, su Tik Tok está lleno de referencias a lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Banderas palestinas en todos los posts. Hace justo un año que llegó a Grecia a bordo del 'Adriana', un pesquero que había zarpado de Tobruk, al este de Libia, y que se hundió la madrugada del 13 al 14 de junio de 2023 ante la costa del Peloponeso con unas 750 personas a bordo.

Él fue uno de los 104 supervivientes de aquella tragedia, una de las más mortíferas en el Mediterráneo. Tan solo se recuperaron 82 cuerpos, de los cuales se pudieron identificar 58. El barco se hundió en la fosa de Calypso, el punto más profundo del Mediterráneo, con personas procedentes, sobre todo, de Siria, Pakistán y Egipto. En el pesquero también viajaban mujeres y niños/as, pero lo hacían en bodega: no se pudieron salvar.

Ha pasado un año de aquella pesadilla y ahora Mohammed vive en uno de los centros de recepción e identificación de Países Bajos; concretamente en un barco: el MS Galaxy, atracado en el puerto de Ámsterdam y contratado por el Gobierno holandés para alojar a solicitantes de asilo. Tiene una capacidad para mil personas. Los miércoles son día de supervisión de las habitaciones: le toca recoger y poner orden. Aún no tiene los papeles en regla, así que no puede ni trabajar ni estudiar, pero está en ello.

“Está costando mucho porque aquí en Holanda hay muchos refugiados, pero no puedo hacer nada más que esperar. Creo que en un par de meses ya tendré mi carnet de identidad listo y podré trabajar. Para alquilar una casa tendré que esperar un año, me han dicho. Estoy mucho mejor que hace un año y mejoraré”.

Su inglés ha mejorado considerablemente: el año pasado apenas podía articular una frase y ahora fluye sin problemas. “Lo aprendo en la calle y en los trabajillos, espero poder ir pronto a la escuela”, explica. Está contento y le da gracia a Dios por estar vivo, pero también lamenta los obstáculos que se ha encontrado en Europa. No le resultó fácil salir de Grecia: primero lo intentó desde el aeropuerto de Atenas con un pasaporte falso, pero le pillaron. Luego se fue a Santorini, para intentar volar hacia Holanda, pero la policía le pilló de nuevo.

“En Santorini estuve un par de días en el calabozo y volví a Atenas”, explica. “Le dije al contrabandista que no lo iba a intentar de nuevo, pero me convenció para intentarlo una última vez”. Y a la tercera fue la vencida: viajó hasta la isla de Corfú y allí pudo coger un vuelo hasta Eslovaquia. “Dormí en la calle una noche y luego pude coger un vuelo a Holanda”, cuenta.

Reconoce que en el centro holandés está en mejores condiciones que en Centro de recepción e identificación de Malakasa, adonde fueron trasladados los supervivientes tras el naufragio y que se encuentra a unos 40 kilómetros de Atenas. “Decidí ir a Holanda porque había investigado mucho sobre este tema y, francamente, la falta de racismo es lo que más me hizo decidir venir hasta aquí”, explica.

Mohammed es uno de los 40 de los 104 supervivientes que el pasado mes de septiembre presentó una denuncia penal ante el Tribunal Naval del Pireo para pedir que se inicie una investigación independiente sobre la actuación de los guardacostas griegos durante el naufragio. Ahora son 53 los demandantes

Más de 6.000 dólares para llegar a Europa

El 16 de abril de 2023, Mohammed cogió un vuelo desde Damasco con destino a Bengasi, en Libia, por el que pagó 1.500 dólares (unos 1.394 euros). Un amigo suyo había hecho el mismo trayecto hacia Italia y él, cansado de su situación, decidió hacer lo mismo. En Libia tuvo que pagar 100 dólares adicionales para ser trasladado de Bengasi a Tobruk, donde tuvo que quedarse hasta 45 días en una casa repleta de gente antes de embarcarse en el 'Adriana'. Por el viaje hasta Italia, su familia pagó unos 4.500 dólares (unos 4.183 euros).

Mohammed fue uno de los afortunados en el naufragio y pudo salvarse, pero aún le cuesta mucho hablar de lo que sucedió aquella madrugada. Ahora mira hacia el futuro con optimismo. “Ojalá pueda visitar pronto España. Por lo pronto me gustaría ir en coche unos días a Bélgica con un amigo; pero, claro, aún no tengo papeles. No sé si me cogerá la policía”, dice risueño. Mohammed es uno de los 40 de los 104 supervivientes que el pasado mes de septiembre presentó una denuncia penal ante el Tribunal Naval del Pireo para pedir que se inicie una investigación independiente sobre la actuación de los guardacostas griegos durante el naufragio. Ahora son 53 los demandantes.

“Aún me cuesta dormir”

Ruxeyan Adil, de 23 años y natural de Kobane, en el Kurdistán sirio, es otro de los supervivientes. Ahora vive en un centro de acogida para solicitantes de asilo en Bremen, en Alemania, adonde llegó el 12 de septiembre de 2023 gracias a las gestiones de las abogadas de Refugee Support Aegean (RSA).

Escogió Bremen porque su hermana vive en esta ciudad, pero no le puede acoger en casa porque vive en un apartamento demasiado pequeño. “Y ella está muy ocupada porque estudia y trabaja”, añade. Aún así, se ven con frecuencia. Ruxeyan también tiene otro hermano en Alemania, pero vive en Düsseldorf. Reconoce que las condiciones y su vida en el centro de Bremen son mucho mejores que en Malakasa y está contento porque acaba de entregar una solicitud para continuar con sus estudios.

En Kobane, Ruxeyan, en cuyo libro de familia pone que tiene 25 años, también estudiaba: Biología. Ahora, espera poder tener los papeles en regla para continuar con sus estudios. También espera otra cosa: poder conciliar el sueño por las noches. Desde el naufragio, tiene problemas para dormir. “Y eso que tomo pastillas”, matiza el joven. Desde que llegara a Alemania hace terapia para poder gestionar lo que vivió la madrugada del 13 al 14 de junio, en la que perdió a su primo Kamran Ahmed, que iba con él en el 'Adriana'. Quiere dejar atrás “el pasado”, “empezar de nuevo”, “volver a tocar el laúd” y “dejar de tener miedo”.

“Me gustaría tener una vida tranquila y en paz, sin sorpresas ni aventuras”, pide Ruxeyan sin grandes pretensiones. En Bremen está acompañado de su amigo Azad, también de Kobane, y que se embarcó con él en el pesquero.

Un año sin respuestas

“Es inadmisible que, un año después de esta horrible tragedia, la investigación sobre la posible responsabilidad de la Guardia Costera Helena apenas haya avanzado. Necesitamos ver un proceso creíble para la rendición de cuentas y el fin del ciclo de violencia e impunidad en las fronteras de Grecia”, ha expresado Judith Sunderland, directora asociada para Europa y Asia Central de Human Rights Watch, ahora que se produce el primer aniversario de la tragedia.

Un año después, las preguntas alrededor del naufragio continúan abiertas. El relato de la Guardia Costera Griega y el de los supervivientes continua sin coincidir y las investigaciones llevadas a cabo por organismos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o Forensic Archicture contradicen la versión oficial: los guardacostas griegos no solo no socorrieron al pesquero cuando debían, sino que podrían haber causado de manera directa el hundimiento del barco durante la maniobra que se llevó a cabo para remolcarlo.

Los supervivientes, que tras la tragedia concedieron numerosas entrevistas a medios internacionales, mantienen que el 'Adriana' colapsó cuando se les intentaba remolcar a aguas internacionales, es decir, mientras se llevaba a cabo una devolución en caliente.

Los guardacostas griegos, que apagaron las cámaras de seguridad que deberían haber grabado el rescate, como manda la ley, niegan esa versión; también niegan haber requisado los dispositivos móviles de los supervivientes, desde donde se habría grabado la maniobra.

Si bien desde distintos organismos internacionales y desde la misma Comisión Europea se ha pedido una investigación independiente y que se asuman las responsabilidades, el Gobierno heleno no ha movido ficha para llevarla a cabo, al menos de momento. Este viernes hay convocada una manifestación en Atenas para pedir una investigación justa sobre el suceso.

Los 9 de Pylos

Tras el naufragio, se arrestó a nueve personas que iban a bordo del 'Adriana', a quienes se conoce como 'los 9 de Pylos'. Pasaron 11 meses en prisión preventiva y el pasado 21 mayo se produjo el juicio en el Tribunal de primera instancia de Kalamata, en el Peloponeso. Se les acusaba de pertenencia a organización criminal, transporte no autorizado de personas extranjeras y entrada en territorio griego y se les imputaba la responsabilidad del naufragio “con peligro para la vida humana y con resultado mortal”.

Contra todo pronóstico, todos los cargos fueron retirados después de que el tribunal se declararse incompetente: en el momento del naufragio, el pesquero se encontraba en aguas internacionales. Sin embargo, y a pesar de haber quedado oficialmente en libertad, los 9 de Pylos fueron detenidos de nuevo bajo el pretexto de que había posibilidad de huida mientras esperaban la solicitud de asilo. Ahora, ocho de ellos están en libertad, pero hay uno que continúa bajo detención administrativa.

Los nueve acusados del naufragio del pesquero Adriana, que en la noche del 13 al 14 de junio de 2023 se cobró la vida de unas 650 personas en las aguas del Jónico, en Grecia, han sido puestos en libertad este martes tras 11 meses de cárcel. Se les acusaba de tráfico de personas, de pertenencia a organización criminal y de haber provocado el naufragio, el peor en aguas del Jónico y uno de los más mortíferos en el Mediterráneo. Los acusados se enfrentaban a diferentes condenas de cadena perpetua.

El tribunal de primera instancia de Kalamata, en el Peloponeso, donde se ha llevado a cabo el juicio, ha considerado que no tenía jurisdicción para juzgar el caso puesto que el pesquero, que se dirigía a Italia, en el momento del naufragio se encontraba en aguas internacionales, aunque en una zona de rescate de la que se encarga el país heleno. El veredicto se ha producido después de escuchar a los dos únicos testigos llamados para el juicio, dos oficiales de la Guardia Costera griega —entre ellos el capitán del barco que llevó a cabo el rescate—, y el testimonio de los nueve supervivientes acusados. El tribunal, acogiendo la petición de la defensa, ha retirado todos los cargos.

“Se trata de un resultado muy positivo, porque finalmente, se ha hecho justicia. Sinceramente, no lo esperábamos”, asegura la activista Nefeli Belavila-Trova, miembro de la plataforma Pylos 9 Campaign. Desde la plataforma se considera que esta sentencia supone un paso muy importante en el ámbito de la justicia griega y en la descriminalización de la migración. Actualmente, en el país heleno hay más de 2.000 personas encarceladas con cargos similares y esto podría marcar un antes y un después. “Puede que a partir de ahora se empiecen a investigar mejor los casos”, dice la activista, “pero la lucha no termina aquí, y nosotros continuaremos exigiendo al gobierno griego la investigación de los hechos”.

Desde primera hora de la mañana, diferentes plataformas en defensa de “los nueve de Pylos”, tal y como se les conoce, se han manifestado a las afueras del juzgado, donde había una fuerte presencia policial. La sala estaba abarrotada de observadores y medios internacionales, gracias a la presión ejercida durante estos meses por los activistas por los derechos humanos que se han manifestado en defensa de los acusados.

Muchas irregularidades y muchas preguntas sin respuesta

Desde que se produjo el arresto de los nueve supervivientes, las organizaciones de derechos humanos y las plataformas de abogados y abogadas que se han ocupado del caso vienen denunciado las irregularidades del mismo y la falta de pruebas contra los acusados. Las prisas en la investigación con el objetivo de esconder el papel que jugó la Guardia Costera Griega en el naufragio, los problemas de traducción e interpretación, la falta de testimonios fiables o las coacciones han sido algunos de ellos. De hecho, en una investigación realizada por la BBC, seis de los supervivientes admitieron que la Guardia Costera Griega les había presionado para que señalasen a los nueve acusados como organizadores del viaje.

Todas las organizaciones coincidían en que se trataba de un juicio político con el objetivo de cubrir las responsabilidades de los guardacostas griegos y dar carpetazo al caso. Es por este motivo que, a pesar de la victoria, se continúa pidiendo una investigación exhaustiva sobre qué sucedió durante aquella fatídica madrugada. Según los supervivientes y las investigaciones de diferentes organizaciones, la Guardia Costera griega habría realizado una maniobra que habría causado supuestamente el hundimiento del barco, sin que después proporcionaran socorro a los náufragos de manera inmediata, como estipula la ley.

“Esto fue un crimen de Estado y nosotros no vamos a dejar de luchar para exigir responsabilidades”, asegura Nefeli Belavila-Trova. También organizaciones como Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW) piden que este veredicto no sirva para esconder las responsabilidades de las autoridades griegas. “Estamos muy contentos con el veredicto del tribunal y creemos que es un gran paso para seguir ahondando en la verdad y la justicia para los supervivientes y sus familiares, pero ahora tendremos que ver cómo continúan las investigaciones de este caso. Esperamos que se lleve a cabo una investigación imparcial e independiente y que se tengan en cuenta todas las evidencias, incluidos los testimonios de los supervivientes”, comenta Adriana Tidona, investigadora en materia de migraciones de Amnistía Internacional, que ha estado siguiendo el caso desde junio del año pasado. “Nosotros continuaremos investigando”, dice, “porque en Grecia parece que solo son responsables de lo que ocurre en el mar las personas que migran. Esperemos que esto sirva para que las autoridades asuman las responsabilidades”.

Alexis Haristis, diputado griego por Nueva Izquierda, el partido surgido de la escisión de Syriza hace unos meses, también ha incidido en esta idea en un mensaje en la red social X (antes Twitter): “La decisión de hoy del tribunal de retirar los cargos penales y absolver a los nueve acusados supone un avance positivo importante y lo acogemos con satisfacción. Las víctimas no pueden convertirse en chivos expiatorios. Por un crimen como el del naufragio de Pylos, las responsabilidades no pueden trasladarse a quienes vivieron toda esta tragedia. Pero a partir de ahora también debe cesar el encubrimiento. Se debe hacer justicia. Este crimen debe encontrar a los culpables”. En septiembre de 2023, 40 de los 104 supervivientes del naufragio presentaron una denuncia penal ante el Tribunal Naval del Pireo pidiendo que haya una investigación independiente sobre la actuación de la Guardia Costera Griega durante la madrugada del 13 al 14 de junio de 2023.

Ahora, “los 9 de Pylos” serán trasladados desde la cárcel hasta un centro de recepción e identificación, en el que aguardarán hasta que se resuelva su estatus en Grecia. “Irán de una cárcel a un campo de refugiados, que al final también es como una cárcel, y allí con cada uno se iniciará el proceso de asilo”, dice Nefeli Belavila-Trova. Los y las abogadas de los encausados también pedirán una compensación al gobierno griego por los 11 meses que han estado en la cárcel.

La madrugada del 13 al 14 de junio de 2023 y tras varios días de travesía, un pesquero con unas 750 personas a bordo que había salido desde Tobruk, al este de Libia, naufragó en la costa del Peloponeso, a la altura de Pylos. En el naufragio del Adriana sobrevivieron unas 104 personas y se recuperaron 82 cuerpos sin vida. Se trata de uno de los naufragios más mortíferos en aguas mediterráneas en los últimos años.

Ahora, casi un año después, nueve de los supervivientes se enfrentan a un juicio en el que se los acusa de pertenencia a organización criminal y el transporte no autorizado de personas extranjeras en territorio griego. También se les imputa la responsabilidad del naufragio “con peligro para la vida humana y con resultado mortal” y la entrada no autorizada en territorio griego. Estos cargos podrían suponer la condena a diferentes cadenas perpetuas en el país heleno.

El juicio dará comienzo el próximo 21 de mayo en el Tribunal de Apelaciones de Kalamata, en el Peloponeso. Numerosas organizaciones de derechos humanos tanto nacionales como internacionales aseguran que se trata de un proceso que tiene como objetivo encontrar un chivo expiatorio de la tragedia y exigen “la absolución inmediata de todos los cargos de los nueve supervivientes, su liberación inmediata, su debido trato y apoyo como supervivientes del naufragio y una investigación exhaustiva e independiente de los hechos reales detrás del naufragio de Pylos”.

Nefeli Belavila-Trova, miembro de la plataforma Pylos 9 Campaign, explica que: “Si son declarados culpables, se enfrentan a cadena perpetua. En Grecia esto son unos 25 años, que es el tiempo máximo que una persona puede estar en la cárcel. Es posible que les caiga la sentencia máxima porque sus cargos están multiplicados por los pasajeros de la embarcación en la que iban. Lo que no sabemos es si van a contar el centenar de supervivientes, si van a contar las 750 personas que iban a bordo, incluidos los cadáveres... Cuenten lo que cuenten los jueces será una condena grande”. La activista se muestra pesimista por la complejidad del caso, a pesar de las múltiples grietas en la acusación. El equipo de ocho abogados que defenderán a “los 9 de Pylos”, tal y como se les conoce, presionarán a la fiscalía para que se aporten más evidencias. “Se trata de la criminalización de nueve personas sin pruebas. Esto es un juicio político”, asegura Vicki Angelidou, una de las abogadas.

Falta de pruebas, testimonios dudosos, prisas en la investigación y coacciones

Dimitris Choulis, que forma parte de Human Rights Legal Project, y también es uno de los abogados que asiste en el caso, insiste en la falta de pruebas, ya que “se ha demostrado que los guardacostas griegos apagaron las cámaras durante la operación”, algo que prohíbe la legislación griega. En su momento, la Guardia Costera aseguró que no hay metraje de la operación de rescate “porque las cámaras no funcionaban”. El grupo de abogados también pone en entredicho la validez de los testimonios de los supervivientes que se han usado contra los nueve acusados, puesto que se les tomó declaración inmediatamente después del rescate y en las horas posteriores, cuando aún estaban en estado de shock. De hecho, algunos de ellos se retractaron un tiempo después y aseguraron haber recibido coacciones por parte de las autoridades griegas y haber temido por sus procedimientos de asilo. También los nueve acusados han recibido coacciones y se les ha pesionado para que se declaren culpables. Por último, los abogados subrayan la rapidez tanto de la instrucción como del juicio: “Sabemos que intentarán hacer un juicio rápido para cerrar el caso lo antes posible”, explica Angelidou. La posibilidad de que alguno de los supervivientes declare a favor de los nueve acusados es remota, aunque no imposible. Declararán, eso sí, dos oficiales de la Guardia Costera Griega, uno de ellos el capitán de del barco que intentó remolcarlos. “El capitán tiene la responsabilidad máxima: primero, porque no cumplió con su deber de salvar a la gente del barco, independientemente de las órdenes que recibiese; segundo porque no grabó el rescate. También hay que buscar la responsabilidad en las políticas de migración europeas, pero a estas no las podemos llevarlas a la cárcel”, se lamenta Choulis.

Este es un caso complejo por el papel que desempeñó la Guardia Costera Griega el día del naufragio. Según los testimonios y las investigaciones independientes, los guardacostas griegos habrían violado el Derecho Internacional del Mar y los diferentes tratados en materia de derechos humanos al no proporcionar una operación de rescate adecuada. Desde el primer momento, los supervivientes de la tragedia han sostenido que los guardacostas griegos intentaron remolcar el pesquero a pesar de la peligrosidad que suponía la maniobra, puesto que iba abarrotado. Al hacerlo, la zozobra habría provocado el hundimiento del barco. “Nos dijeron que nos llevarían a aguas italianas; los intentamos seguir, pero no pudimos; y fue entonces cuando nos tiraron el cabo. Cuando se produjo el movimiento, la gente empezó a gritar que pararan. Estábamos asustados. La embarcación volcó y todo se precipitó. Caímos al agua y pedimos ayuda, pero los guardacostas iniciaron el rescate una o dos horas después. No recuerdo exactamente el tiempo, pero estuvimos mucho rato en el mar. Vi como moría gente, también mi primo”, relataba a esta periodista hace unos meses Mohamed (nombre ficticio), de origen palestino y uno de los supervivientes del Adriana. Cuando los rescataron, los supervivientes fueron ubicados a bordo del Mayan Queen IV, un yate de lujo que en aquel momento se encontraba en la zona. En el yate, los guardacostas griegos requisaron los teléfonos móviles a los supervivientes y nunca se los devolvieron.  

De ser cierta la versión, en la que coinciden el centenar de supervivientes y varias investigaciones, entre ellas la de Forensic Architecture, la Guardia Costera Griega habría violado el artículo 98 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y la obligación de “prestar auxilio a todas aquellas personas que se encuentren en peligro de desaparecer en el mar” y sobre la obligación de “dirigirse a toda la velocidad posible a prestar auxilio a las personas que estén en peligro, una vez se sepa que necesitan socorro y siempre que tengan una posibilidad razonable de llevarlo a cabo”. Otra de la preguntas que surgió hace casi un año y que continúa sin responderse hace referencia al cabo que se le lanzó a la embarcación. Los abogados y las abogadas de la defensa, así como numerosas organizaciones de derechos humanos aseguran de que se trataba de una devolución en caliente encubierta que tenía como objetivo devolver el pesquero a aguas italianas para así quedar exentos de responsabilidad.

En septiembre de 2023, 40 de los 104 supervivientes del naufragio presentaron una denuncia penal ante el Tribunal Naval del Pireo con el objetivo de dar a conocer las irregularidades que se han producido a lo largo de este año en referencia a la investigación del naufragio. Con la denuncia, los supervivientes piden que se lleve cabo una investigación independiente y que se asuman las responsabilidades correspondientes por parte de la Guardia Costera Griega, tanto por su actuación como por su omisión de socorro.

Más de 2.000 personas encarceladas con cargos similares en Grecia

La situación de las nueve personas encausadas por el naufragio de Pylos no es un caso aislado. Actualmente en Grecia hay más de 2.000 personas encarceladas bajo acusaciones similares. Uno de los casos más conocidos es el de Homayoun Sabetara, de 58 años y de origen iraní. En agosto de 2021, Sabetara, que había conseguido cruzar la frontera terrestre greco-turca, en la región de Evros, fue arrestado por las autoridades helenas mientras conducía un coche con otras siete personas. Sabetara, quien siempre ha mantenido que se le obligó a conducir aquel coche, fue detenido; y tras el jucio, en septiembre de 2022, fue condenado en primera instancia a 18 años de cárcel por contrabando de personas. Sabetara se dirigía a Alemania, donde en aquel momento se encontraba su hija. El pasado 22 de abril empezó su audiencia de apelación en el tribunal de Salónica, pero el juicio se aplazó hasta el próximo septiembre, ya que el único testigo del caso –una de las personas que había viajado con el Sabetara– se ausentó. Ahora se está a la espera de localizar a este individuo. Los abogados del iraní han solicitado la liberación inmediata del acusado a causa del deterioro de su salud, pero el tribunal lo ha rechazado.

También es conocido el caso de “los 6 de Moria”. Se trata de las seis personas de origen afgano acusadas de destruir con un incendio el campo de Moria, en Lesbos, en septiembre de 2020. En primera instancia, cuatro de los seis acusados fueron condenados a 10 años de cárcel; los otros dos eran menores de edad. Más tarde, se pudo demostrar que de los cuatro adultos había tres menores de edad, así que se les remitió al tribunal de menores competente y fueron puestos en libertad pero con algunas restricciones. Finalmente hubo una persona condenada a ocho años de cárcel. A pesar de la falta de pruebas, una vez más, la justicia griega acusó a personas al azar para sacudirse las responsabilidades.

Según las organizaciones de derechos humanos, el caso de Sabetara, “los 6 de Moria” o “los 9 de Pylos” son ejemplos claros de la sistemática criminalización de los y las personas que migran por parte de la Administración griega. Las organizaciones también destacan que la mayoría de estos juicios, además de violar los protocolos internacionales, como la Convención de Ginebra, se producen en situaciones de clara desventaja para los acusados. En la gran mayoría de ocasiones, los procesos de instrucción son cortos y las intervenciones de las personas acusadas en el juicio también son breves. También hay problemas con la lengua, ya que en muchos de estos juicios hay problemas con la traducción y la interpretación. Por último, recalca Choulis, las leyes internacionales lo dejan claro: “no se puede criminalizar a los y las solicitantes de asilo”.

La antorcha olímpica que encenderá el pebetero de los Juegos Olímpicos de París 2024 ha empezado esta semana su andadura en Grecia. La llama, que se hubiese tenido que prender con los rayos del sol a través de un espejo parabólico en el Templo de Hera, en la antigua ciudad de Olimpia, tuvo que ser encendida el pasado martes con la llama que se había usado en los ensayos del día anterior, ya que el día amaneció nublado. Luego, emprendió un recorrido de 11 días y 5.202 kilómetros por los enclaves arqueológicos más emblemáticos del país heleno.

Hasta el recinto arqueológico de la antigua Olimpia se acercaron el martes centenares de personas llegadas de todo el mundo, pero sobre todo, griegos y franceses que no se quisieron perder uno de los acontecimientos del año. “Hemos llegado hoy y es la primera vez que asistimos a la ceremonia. Nos hacía ilusión que los niños lo vieran porque tienen que saber cuáles son nuestras tradiciones”, decían María y Giorgos, que llegaron con sus tres hijos desde Cilene, una ciudad cercana a Olimpia.

Chantal, francesa y de 72 años, de desplazó a Grecia a finales de febrero con su camper van: “He venido expresamente para ver la ceremonia, pero ya que estaba aquí, he aprovechado para viajar por el país. Después iré hacia Corfú, Albania, Montenegro, Croacia… Tengo pensado volver a Francia en julio”, explicaba antes de que empezase la ceremonia. Entre risas y preguntada por la importancia de estos Juegos Olímpicos en Francia, aseguraba: “Servirán para limpiar la imagen del país”.

El 26 de abril, la llama será entregada a una delegación francesa de París 2024 en el estadio Panathinaikó, donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la época moderna, en 1896, y el 27 partirá hacia Francia por vía marítima. Está previsto que la antorcha parta a bordo del Belem —un navío declarado monumento histórico y la goleta de tres mástiles más antigua de Francia— y llegue al Puerto de Marsella, ciudad de origen griego, desde donde emprenderá el recorrido hasta París. La antorcha será portada por unas 10.000 personas y el 26 de julio llegará a la capital, donde, después de encender el pebetero, darán comienzo los Juegos Olímpicos de 2024. Si, durante el recorrido, la antorcha se apagase, se encendería de nuevo con una de las llamas que la acompañan, también prendidas en la antigua Olimpia. En total, entre Grecia y Francia, la antorcha olímpica recorrerá unos 17.000 kilómetros. 

El expiragüista de Slalom Tony Estanguet, ahora presidente del Comité Organizador de París 2024 y miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), aseguró haber “trabajado duro para tener los Juegos Olímpicos de vuelta”, destacó los lazos históricos que unen a Francia con el país heleno y se emocionó recordando su paso por los Juegos Olímpicos de Atenas de 2004, donde se hizo con la medalla de oro en su disciplina. También la exnadadora Laure Manaudou, ganadora de tres medallas en aquella edición, se mostró emocionada por ser la primera portadora francesa de la antorcha olímpica de este año, aunque definía la experiencia como “estresante y emotiva a partes iguales”. Para Manaudou, poder participar a la ceremonia en Grecia ha sido el cierre de un círculo: “Volver a Grecia 20 años después ha sido simbólico”. 

Una tradición arraigada con un origen polémico

En la Grecia Antigua, antes de empezar los Juegos Olímpicos, se prendía una llama como símbolo de paz y amistad, y se mantenía encendida durante todos los días que duraba el evento deportivo. “El deporte en la antigua Grecia se consideraba una acto religioso, y como en todos los rituales religiosos, se encendía una llama en el altar durante el tiempo que duraba la ceremonia. Eso no solo sucedía en Olimpia, sino en todas las ciudades griegas”, explica Fernando García Romero, catedrático de Filología Griega en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Director de Cuadernos de Filología Clásica.

El fuego era y es el símbolo de la civilización y el elemento que Prometeo robó a los dioses para dárselo a los humanos. Sin embargo, la llama no viajaba a ningún lugar. “En la antigua Grecia se celebraban las lampadedromías, que eran, literalmente ‘carreras de antorchas’, pero no tenían nada que ver con los Juegos Olímpicos; entre otras cosas, porque en los Juegos Olímpicos antiguos no había deportes de equipo: todas las disciplinas deportivas eran individuales. Estas carreras, que se solían hacer por distritos, se llevaban a cabo en equipo y los jóvenes competían entre ellos. La carrera consistía en llevar una antorcha encendida, pasándole el relevo a otros jóvenes, desde el punto de salida y hasta la meta, donde se encontraba el altar del dios. El primer equipo que llegaba encendía la llama en el altar y comenzaban los rituales en honor a ese dios”, explica García Romero.

El origen del recorrido y el relevo de la antorcha olímpica fue una idea de Carl Diem, miembro del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de 1936, en Berlín, en aquel momento bajo el régimen nazi. Por lo visto, esto tenía un objetivo claro: emparentar la Grecia antigua con la Alemania del momento y alimentar así el mito ario. “Esto está basado en una peculiar idea que tenían los alemanes de entonces, que se autodenominaban a sí mismos ‘los griegos del norte’. Según esta idea, ellos eran los verdaderos herederos de los antiguos griegos. El relevo y el viaje de la antorcha se supone que simboliza la unión de los pueblos, la hermandad. No deja de ser una paradoja”, explica García Romero. Tras la Segunda Guerra Mundial, se continuó con esta práctica, que perdura hasta el día de hoy.

Tras un largo debate, el Parlamento heleno ha aprobado un proyecto de ley que legaliza el matrimonio entre las parejas del mismo sexo, un paso histórico que convierte a Grecia en el primer país cristiano ortodoxo del mundo en legalizar estos enlaces. El resultado ha sido: 176 votos a favor, 76 en contra, y 46 abstenciones. “Estamos orgullosos porque el proyecto de ley que aprobamos es un hito para los derechos humanos y refleja la Grecia de hoy: un país progresista, democrático, comprometido con los valores europeos”, ha señalado el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis en la red social X (antes Twitter).

La ley no solo contempla el matrimonio, sino que garantiza una serie de derechos en asuntos familiares para la comunidad LGTBI que hasta ahora no habían sido contemplados, como el reconocimiento como tutores legales a progenitores no biológicos del mismo sexo o la posibilidad de adoptar. Hasta ahora, las parejas homosexuales solo tenían derecho a contraer uniones civiles, consagrado en una ley presentada en 2015 por el entonces primer ministro, Alexis Tsipras.

En una de sus primeras intervenciones en el Parlamento, el primer ministro conservador, Kyriakos Mitsotakis, ha asegurado que esta nueva ley “pondrá fin a la desigualdad”, “hará visibles a muchas de las personas que tenemos alrededor” y “protegerá los derechos de los niños”. Mitsotakis –que se ha enfrentado a un gran revuelo en las filas de su partido, Nueva Democracia, por impulsar la medida– considera que el proyecto ha quedado estos días “empañado por mitos y exageraciones”. También ha hecho referencia a la necesidad de una “sociedad inclusiva” y la “modernización” de las instituciones del país.

Por su parte, Stefanos Kasselakis, el líder del principal partido de la oposición, el izquierdista Syriza, lleva días señalando que se trata de un proyecto de ley “imperfecto”, que, no obstante, supone un “gran paso adelante” para la sociedad helena. Kasselakis había advertido ya hace algunas semanas de que iba a imponer la disciplina de partido, algo que no sentó bien en parte de las filas progresistas. Este miércoles, lo volvió a repetir: “Habrá consecuencias para quien vote en contra o se abstenga”.

Un Parlamento dividido

Pocas sorpresas en Nueva Democracia, el partido que gobierna el país desde el año 2019 y que tan solo hace unos meses revalidó el mandato con mayoría absoluta. El ex primer ministro y una de las caras más visibles de la formación conservadora, Antonis Samaras, ha votado en contra, como llevaba días anunciando. La oposición de Samaras al proyecto de ley fue inmediata tras su publicación y durante una dura intervención parlamentaria ha asegurado que “es peligroso”, ya que puede “abolir la familia nuclear de padre y madre”. Otras figuras importantes del partido, como el ministro de Estado, Makis Voridis, habían anunciado su abstención. Al final, en las filas del partido conservador, 107 diputados han votado a favor de la ley, 20 diputados han votado en contra y 31 diputados se han abstenido, lo que refleja un cambio de actitud respecto a las posturas iniciales. En un principio, se había calculado, en base a las declaraciones de diferentes diputados, que la mitad del gobierno se abstendría.

A favor de la ley también han votado Syriza, los socialdemócratas del Pasok, con 11 abstenciones (un tercio de sus diputados), y los partidos Rumbo a la libertad y Nueva Izquierda, escisión reciente de Syriza. En contra han votado los partidos de la ultraderecha: Niki, de ideología ultrarreligiosa y ultraconservadora; Espartanos, de ideología neonazi y Solución Griega, de corte ultranacionalista y religioso.

De hecho, desde el momento en que Mitsotakis anunció su voluntad de modificar la normativa, hace unas cuatro semanas, han tenido lugar algunas manifestaciones en contra de ley, organizadas por grupos religiosos ortodoxos afines a la derecha radical. El domingo pasado, unas 4.000 personas, según fuentes policiales, se reunieron en la plaza Syntagma de Atenas, frente al Parlamento heleno, para protestar contra la nueva ley, mientras que la poderosa e influyente Iglesia ortodoxa griega ha leído comunicados en contra del proyecto en las misas dominicales.

También ha votado en contra el Partido Comunista (KKE). En un comunicado anterior a las votaciones, los comunistas ya habían asegurado que la “primera razón básica” de su negativa “a ampliar el matrimonio civil a las parejas del mismo sexo, que establece el cuidado parental compartido, es la comercialización de la procreación y la maternidad”. “Una segunda razón, igualmente básica e interrelacionada, es que en la práctica, los artículos del proyecto de ley eluden el derecho social del niño a la relación de maternidad-paternidad como relación biosocial en evolución”, agregaron.

Décadas de reivindicación

“Estamos abrumados. Lo que ha sucedido es un gran paso para Grecia. Aún no nos lo podemos creer. Y esto es solo el principio. Con esta nueva legislación se abren otras puertas para nuevos avances, sobre todo en lo referente al tema de los hijos y las hijas. El proyecto de ley contempla el matrimonio entre personas del mismo sexo pero también es muy positivo parar los críos de estas parejas”, dice Georgia Kalantzi, una de las portavoces de Rainbow Families Greece, una ONG que trabaja por los derechos de las parejas LGBTQI+ y sus familias. Habla con conocimiento de causa: ella misma y su pareja, que tienen un hijo de tres años y medio, habían pensado en irse del país, puesto que la legislación no contemplaba los derechos de las progenitoras. “El niño iba creciendo y no le veíamos solución al tema legal”, dice.

“Creo que a lo largo de los próximos meses, continuaremos viendo avances, porque por ejemplo, aún quedan pasos por dar respecto a los derechos de las personas transexuales”, explica. Como ella, el resto de la comunidad LGTBQ griega está sorprendida de que estos avances se hayan dado desde un gobierno conservador como el de Nueva Democracia. “Nos quedamos muy sorprendidos cuando Mitsotakis anunció que sería uno de los proyectos de su mandato, pero aún nos ha sorprendido más la celeridad con la que se ha puesto manos a la obra”. Respecto a la postura de la iglesia ortodoxa, “no ha habido sorpresas; los clérigos han tenido la reacción que esperábamos”, concluye.

Durante décadas, el matrimonio civil entre parejas del mismo sexo ha sido una de las reivindicaciones principales de la comunidad LGTBI en el país heleno. Sin embargo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, reconocido en 15 Estados miembros de la UE, continúa siendo motivo de cisma en la sociedad griega, donde persiste la influencia de la conservadora Iglesia ortodoxa.

“La sociedad griega tiene que hacer frente a dos temas distintos. Por un lado, el tema del matrimonio, y por el otro, el tema de las criaturas. Tengo la sensación de que el problema no es lo primero, sino lo segundo”, explicaba hace unos días el abogado Vassilis Sotiropoulos. “En este momento se producen dos tendencias: la de la gente que no tiene problema en aceptar el paquete completo de la ley que permitirá los matrimonios y el reconocimiento de los vínculos familiares con las criaturas, así como la adopción por parte de parejas del mismo sexo; y la de la gente que ve con buenos ojos que las parejas LGTBIQ+ se casen pero que no están de acuerdo con los aspectos referentes a las maternidades y las paternidades. Para esto segundo, aún hay una parte de la sociedad griega que no está preparada para el debate”. 

Si bien garantiza los derechos parentales, la nueva ley no contempla que las parejas del mismo sexo puedan optar a los tratamientos de reproducción asistida y a la gestación subrogada, como sí ocurre con las parejas heterosexuales que no pueden concebir de manera biológica. Esta última ha sido una de las cuestiones más polémicas en el debate alrededor del proyecto de ley. 

Grecia va camino de ser el primer país cristiano ortodoxo del mundo en legalizar el matrimonio igualitario. El Gobierno presentó este miércoles el borrador del proyecto de ley que se debatirá en el Parlamento en las próximas semanas. Desde 2015, en Grecia están permitidos los acuerdos de convivencia entre parejas del mismo sexo y se reconocen los vínculos familiares, pero no se proporcionan los mismos derechos y protecciones que los matrimonios, por lo que la aprobación de una nueva ley ha sido una de las principales reivindicaciones del colectivo LGBTQI+ en el país durante los últimos años.

“Se trata de un paso importante que busca la igualdad de todos los ciudadanos”, dijo el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis, en la reunión del Consejo de Ministros. Un paso, añadió, con el “que se busca la protección de los hijos que tienen progenitores del mismo sexo”.

Ante la fuerte oposición al proyecto de ley manifestada por la todopoderosa e influyente Iglesia Ortodoxa griega, el primer ministro griego reiteró la necesidad de convivencia entre la tradición y la evolución. “Respeto las posturas de la Iglesia, pero aquí estamos hablando sobre decisiones del Estado y no sobre creencias teológicas”, dijo Mitsotakis.

“La Iglesia en Grecia tiene poder, pero no la cantidad de poder que a veces vemos en los medios. Ellos [los sacerdotes] saben qué pueden hacer o qué no: conocen sus límites. Por supuesto, han dado su opinión, pero no creo que su influencia sea tan grande ahora en la población griega”, comenta Aikatherini Fundedaki, una de las abogadas que ha redactado el borrador de la nueva ley.

Hace unos días, desde la Iglesia Ortodoxa se planteó la posibilidad de un referéndum, propuesta que quedó descartada de manera inmediata por su carácter anticonstitucional, explica Fundedaki. En protesta, durante la misa del 4 de febrero se leerá un documento con la postura oficial y sus motivos en todas las iglesias del país.

Tormenta en Nueva Democracia

Desde el momento en que Mitsotakis anunció la propuesta de ley, hace ahora un par de semanas, ha habido un gran revuelo en las filas de su partido, Nueva Democracia. A sabiendas de que no todos en su grupo parlamentario están de acuerdo con la iniciativa, el primer ministro ya anunció que no impondría la disciplina de partido en el momento de la votación en el Parlamento. Sin embargo, habló de la “conciencia” y la “responsabilidad institucional” que deberían mostrar los miembros del gabinete. Se calcula que entre 60 y 70 diputados de Nueva Democracia, pertenecientes al ala más conservadora, podrían votar en contra del proyecto de ley o abstenerse; aún así, se descarta una escisión en el partido. Mitsotakis ha pedido a los miembros de su partido que si están en contra, no vayan a votar el día que se apruebe la ley.

Los principales partidos de la oposición, Syriza y Pasok, criticaron que no se imponga la disciplina de partido y aseguraron que demuestra el poco control que Mitsotakis tiene sobre su propio grupo parlamentario. “La votación se podría paralizar si la oposición solicita una votación nominativa. En ese caso, y si dentro de las filas del partido gobernante hay una oposición muy fuerte a la ley, se podría bloquear la propuesta. Por eso Mitsotakis ha animado a sus diputados a abstenerse en la votación si no están de acuerdo, porque si la mayoría de diputados vota que no, no podría sacar la ley adelante, pero esto es algo que nunca ha sucedido en Grecia”, explica el abogado Vassilis Sotiropoulos. A pesar de que la sección más conservadora del partido está en contra, es poco probable que la ley no salga adelante. Stefanos Kasselakis, el líder del principal partido de oposición, el izquierdista Syriza, ha señalado que su partido votará a favor de la ley, con lo que se espera que se alcance la mayoría.

Lina Papadopoulou, profesora en la Facultad de Derecho y otra de las abogadas que ha redactado el borrador de ley, augura un debate encendido en el Parlamento: “Creo que también habrá algunas objeciones por parte de Syriza, porque quiere ir un poco más lejos. Imagino que tanto Syriza como Pasok votarán a favor. En Nueva Democracia, esperamos que la mayoría de parlamentarios vote a favor y que los que están en desacuerdo se abstengan, como ha pedido el primer ministro. Por supuesto, los partidos de ultraderecha votarán en contra”.

Más derechos para progenitores del mismo sexo

La nueva ley contempla el reconocimiento como tutores legales a progenitores no biológicos del mismo sexo y “amplía los beneficios y privilegios a cónyuges y padres del mismo sexo”. Hasta el momento, en una pareja con personas del mismo sexo, solo uno de los progenitores puede ser reconocido como tutor legal de los hijos. “Por ejemplo, el progenitor no reconocido no puede recoger a la criatura de la escuela o estar con él o ella en el hospital. También hay problemas de herencia y problemas legales en caso de muerte: si el padre o la madre legal muere, el niño o niña puede ser enviado con parientes lejanos o incluso puede llegar a ser institucionalizado, en lugar de quedarse con el otro progenitor”, explica Kelly, miembro de Rainbow Families Greece, una ONG que trabaja por los derechos de las parejas LGBTQI+ y sus familias.

Una de las cuestiones más polémicas en el debate alrededor del proyecto de ley ha sido el tema de la gestación subrogada. En la actualidad, este sistema de reproducción es legal en Grecia previa autorización judicial para parejas heterosexuales siempre y cuando se demuestre que la pareja que desea tener un hijo no puede concebir de manera natural. Pero, como ya había anunciado hace unas semanas Mitsotakis, finalmente la nueva ley no contemplará la extensión de esta práctica a las parejas del mismo sexo.

En 2008, Alexis Grigoropoulos tenía solo 15 años cuando el policía Epaminondas Korkoneas lo mató de un disparo al corazón. Aquello desencadenó protestas masivas a lo largo y ancho de Grecia. Sin embargo, no consiguió aplacar la rabia de una ciudadanía que ya empezaba a sufrir los estragos de una crisis económica que pondría al país en el punto de mira de toda Europa. Aquel asesinato fue uno de los mayores revulsivos que se han vivido en Grecia y, desde entonces, cada 6 de diciembre se recuerda y se conmemora la fecha.

Son las 18:30 horas y la gente empieza a llegar a Panepistimio, el lugar desde donde saldrá la manifestación en memoria de Grigoropoulos. Giorgia Pidakou tenía 13 años cuando lo mataron y recuerda perfectamente aquellos días. “Nunca había visto tantísima violencia. Recuerdo que se anularon las clases, las ocupamos durante varias semanas. Fue cuando empecé a tener conciencia de la violencia policial. Era una adolescente, pero podía entender perfectamente qué sucedía”. Giorgia asegura que para ella, “aquello fue el inicio de todo”, su despertar político. “Me veía reflejada en Grigoropoulos y me marcó”, dice. “Las protestas que vinieron después del asesinato, y las de la crisis económica, nos dejaron muy claro quiénes éramos los objetivos del Gobierno: un determinado sector social con una ideología determinada”.

Manolis tiene 22 años y apenas tiene recuerdo de aquellos días, ya que tenía siete años, pero también porque creció en Naxos, una de las islas griegas. Allí las protestas no fueron tan intensas como en las grandes ciudades y el asesinato de Grigoropoulos no marcó su vida. Sin embargo, a medida que fue creciendo, aprendió el significado de todo aquello. Es la primera vez que asiste a la manifestación del 6 de diciembre.

El caso Grigoropoulos impactó de lleno en la sociedad griega: durante los días siguientes, las calles de las principales ciudades del país fueron testigo del levantamiento ciudadano más grande y masivo desde la instauración de la democracia, en 1974. “En aquel momento no éramos conscientes de lo que significaba todo aquello, no lo analizamos. Ha sido más tarde cuando nos hemos dado cuenta de que este asesinato fue el pistoletazo de salida a todas las protestas que vendrían luego. Yo formé parte de todo aquello. Incluso la gente no politizada y sectores de la sociedad que habitualmente no acudían a las manifestaciones salieron a la calle”, dice Nikos, de 47 años, también presente en la manifestación.

2008, inicio de una era que acabaría en 2015

Mucho ha llovido desde 2008 y ahora, la sociedad griega, tras el paso de la crisis y todo lo que ha significado para el país heleno, es distinta. Aquello dinamitó las calles, pero con el tiempo, el impulso de querer cambiar las cosas se fue diluyendo. Vassilis Tsarnas, activista y miembro del Greek Helsinki Monitor, una organización que vigila la vulneración de los derechos humanos en Grecia, considera que, si bien el caso Grigoropoulos fue un toque de atención al Gobierno griego del momento, “el impacto no ha persistido”. Asegura que “marcó un punto de inflexión, pero no en el buen sentido, ya que la violencia policial continúa siendo impune y ahora hay más cinismo y más conservadurismo”. Tsarnas reconoce que hubo una ampliación temporal de la escena política “progresista” que tuvo su traducción en la aparición de nuevos grupos radicales y la implicación en política de más personas, “pero no fue tan empoderador como parece”, puesto que en algunos momentos “faltó autocrítica”.

Respecto a la desaparición de las ideas que nacieron de aquel asesinato, también está de acuerdo Spiros Dapergolas, del movimiento anarquista Rouvikonas: “La muerte de Grigoropoulos vino como una tormenta, no la esperábamos. Unos años antes, la policía había matado a otro chico, y hubo algunas protestas, pero nada comparable a lo que sucedió en 2008. Aún no sabemos qué hizo que tanta gente saliera a la calle. Sin embargo, la era 2008, iniciada con esas revueltas, finalizó en 2015”.

Dapergolas lo atribuye a diferentes factores: “Lo que se inició en 2008 vino de la mano del movimiento anarquista y la izquierda radical, pero cuando las revueltas finalizaron, no hubo ningún poder político que recogiese lo que se había sembrado. Syriza se benefició de aquella rebelión y esto continuó durante los años de los memorandos, pero los partidos radicales fueron incapaces de continuar con el movimiento”. Por otra parte, considera que “también se ha hecho un trabajo exhaustivo por parte de la derecha y los poderes conservadores para destruir la memoria de este levantamiento, hecho que ha provocado que una parte importante de la sociedad griega considere las revueltas de 2008 como algo caótico y malo”.

Otros casos de violencia policial reciente

El asesinato del joven Alexis Grigoropoulos marcó un antes y un después en Grecia, pero no ha sido el único caso de violencia policial en la historia reciente del país. Sin ir más lejos, el pasado 11 de noviembre, la policía helena mató, también de un disparo, a Christos Michalopoulos, un joven gitano de 17 años. Ocurrió en Tebas, en el centro del país. El joven murió después de que la policía le disparase tras una persecución. El caso recuerda al de Kostas Frangoulis, otro adolescente gitano de 16 años tiroteado por la policía en Tesalónica, hace un año, el 5 de diciembre del 2022. Frangoulis se había ido de una gasolinera sin pagar 20 euros de combustible. El chico acabaría muriendo ocho días más tarde en el hospital.

Antes, en la noche del 22 de octubre de 2021, la policía helena mató a Nikos Sampanis, también gitano y de 18 años. Sucedió en Perama, en las afueras de Atenas, en el marco de una persecución en coche. Los agentes de policía dispararon hasta 36 veces contra el vehículo en el que iba Sampanis. Los otros ocupantes resultaron heridos de gravedad. En el caso de Sampanis, la policía aseguró en un comunicado que siete agentes habían sido heridos, hecho que no era cierto, y el vehículo donde viajaban los jóvenes gitanos fue desguazado sin conocimiento de la Fiscalía.

A pie de calle, Nikos opina que la policía griega es “(...) fascista, racista y nazi”. “Nazi porque se han demostrado las relaciones que tenía con Amanecer Dorado. Hace años que la policía no nos representa, le hemos perdido el respeto”, explica. También se muestra crítico con la sociedad griega: “Lo que deberíamos preguntarnos es por qué no nos movilizamos con los chicos gitanos asesinados como sí que hicimos y hacemos cada año con Grigoropoulos”.

Tras la muerte de Kostas Frangoulis, en diciembre de 2022, una parte importante de la sociedad griega sí que salió a la calle. “Fue una gran sorpresa ver cómo, por primera vez en la historia el movimiento antirracista griego apoyaba abiertamente a la comunidad romaní y exigía justicia. Sin embargo, no fue comparable con el levantamiento de 2008, ya que la mayoría de la gente todavía se identifica sólo con los 'que se parecen a nosotros'. Unos días antes del asesinato de Grigoropoulos, dos inmigrantes paquistaníes, Montaser Mohammed Asrhaf y Mazher Iqbal Mohammed Shapf, uno de ellos también adolescente, fueron asesinados mientras la policía antidisturbios empujaba a un grupo de personas que hacían cola desde hacía días para renovar su documentación frente a una comisaría. No hubo manifestaciones”, dice Vassilis Tsarnas.

Otro asesinato relacionado con la violencia policial que conmocionó al país ocurrió el 21 de septiembre de 2018. Zak Kostopoulos, también conocido como Zackie Oh, activista LGTBQ, moría tras una paliza a manos de dos hombres en una joyería. Cuando los agentes policiales llegaron, continuaron pateándolo hasta la muerte. La autopsia forense nunca dejó lugar a dudas: el joven murió a causa de la paliza que se le propinó.

Impunidad

Muchos jóvenes y adultos griegos perciben a la policía como un cuerpo violento y cercano a los movimientos de extrema derecha. A ello se le suma la sensación de impunidad. Epaminondas Korkoneas, el policía que disparó a Grigoropoulos, fue condenado a cadena perpetua en 2010 pero en 2019 se le revisó la condena y ahora está libre. Los siete policías implicados en la muerte de Nikos Sampanis también quedaron en libertad, puesto que se destruyó la principal prueba: el vehículo tiroteado. El policía que disparó contra Kostas Frangoulis en diciembre de 2022 en Tesalónica fue puesto en libertad de manera inmediata, a la espera de juicio, con la única condición de no abandonar el país. Respecto a este asesinato, el pasado mes de octubre, la Fiscalía aseguró que el policía debería ser juzgado por homicidio intencional y por uso ilícito de su arma, pero aún no hay resolución judicial. En el caso del recién fallecido Christos Michalopoulos, el agente que le disparó también ha quedado libre tras una declaración inicial y ha sido suspendido de manera temporal. Los cuatro agentes de policía que inicialmente fueron acusados de lesiones mortales a Zack Kostopoulos fueron absueltos de todos los cargos en 2022.

La manifestación en recuerdo de Grigoropoulos termina como cada año: con cargas policiales y violencia en el corazón de Exarchia, en las calles aledañas en las que el joven fue asesinado hace 15 años. Muchos de los que ahora se manifiestan y lanzan cócteles molotov contra la policía eran adolescentes cuando el país ardió en protestas. Son estos los jóvenes que crecieron siendo testigos de una violencia policial aún muy presente en el país heleno y que podría causar otro levantamiento parecido al de 2008, según Dapergolas.

“Estamos en un momento completamente distinto al de 2008: la gente es más pobre, la extrema derecha es más fuerte que hace 15 años, la izquierda radical y el anarquismo están más debilitados y ahora tenemos algo que no teníamos en 2008, la maquinaria propagandística de la derecha y la extrema derecha. No me gustaría ser cínico, pero tal y como ha estado actuando la policía griega en los último cuatro años, podría darse otro Grigoropoulos. Es cuestión de tiempo. No sé si el resultado será el mismo, la rebelión, pero por el camino que está tomando la policía, cada vez más represiva, es probable que suceda. Además de eso, tarde o temprano, la sociedad volverá a salir a la calle. Y no solo por la brutalidad policial. En Atenas tenemos un problema enorme con la vivienda y tenemos que trabajar el doble que hace tres años para poder vivir. Estamos en un momento muy crítico”, concluye el activista.

Resulta imposible pasear por el barrio ateniense de Exarchia y no preguntarse tanto por su historia como por su presente. Abarrotado de pintadas reivindicativas, locales autogestionados y, desde hace algo más de un año, policía, este baluarte anarquista es sinónimo de lucha vecinal y acogida. Es este el mismo barrio en el que, en 1973, los estudiantes de la Universidad Politécnica dijeron 'basta' al régimen de los Coroneles (1967-1974). Su rebelión, conmemorada el 17 de noviembre de cada año, fue la punta de lanza para la caída de la dictadura.

Durante la crisis económica de 2008, especialmente dura para el país heleno, Exarchia se convirtió en uno de los epicentros de las protestas, pero también en el kilómetro cero de la ayuda y la solidaridad con aquellos que más sufrían las embestidas de la crisis. También entre 2015 y 2016, cuando se produjo la llegada de casi un millón de personas migrantes a las costas griegas, el barrio mostró su solidaridad. Centros sociales, asociaciones y vecindario se volcaron con aquellos que más lo necesitaban.

Ahora, sin embargo, el barrio vive unos días difíciles a causa de un nuevo plan urbanístico que tiene como pilar central la construcción de una estación de metro en Plateia Exarcheion, la plaza del barrio. El rechazo de los vecinos al proyecto ha tenido como consecuencia un despliegue policial que no pasa desapercibido para quien pasea por estas calles, custodiadas las 24 horas del día, todos los días de la semana, por dos cuerpos policiales distintos.

Rechazo a la ubicación de la nueva estación

Desde que se valló la plaza, a principios de agosto de 2022, pero también antes, cuando se supo sobre la aprobación del proyecto, la plataforma No Metro in Exarchia Square ha organizado numerosas protestas para mostrar su rechazo al proyecto, que está previsto que dure unos ocho años. Ese verano, aprovechando que parte de los residentes del barrio se encontraba fuera de la ciudad, de vacaciones, el Ayuntamiento —en aquel momento en manos de Kostas Bakoyannis, sobrino del actual primer ministro Kyriakos Mitsotakis— aprovechó para amurallar la plaza con láminas de metal y dejarla sin acceso. La tala de los árboles, la acción más simbólica del proyecto, sin embargo, se empezó a llevar a cabo el pasado 6 de noviembre.

Desde entonces, varios vecinos se reúnen cada día a las 6:00 horas de las mañana para increpar a los operarios y a la policía que protege las obras y para intentar hacer fotos de ellas. Estefania Misara, una de las portavoces de No Metro in Exarchia Square, explica que durante los primeros días, se reunían de 30 a 50 personas, pero que ahora son pocas las que continúan al pie del cañón. “Quiero que quede claro que no estamos en contra del metro, sino de la ubicación que se le ha dado, porque responde a una actuación política, no urbanística”, dice.

“Limpiar Exarchia” y “restablecer el orden” fueron dos de las promesas electorales de Mitsotakis en 2019, cuando ganó las elecciones por primera vez. Estas calles se convirtieron en su obsesión durante su primer mandato y durante estos años ha hecho lo posible por borrar su identidad: se han cerrado centros autogestionados, se han paralizado iniciativas para acoger a personas migrantes y se han vendido terrenos públicos a empresas privadas, entre otras acciones. Exarchia se ha convertido, en los últimos años, en un claro ejemplo de gentrificación acelerada y destrucción del tejido vecinal que, según la plataforma, tiene un claro objetivo: acallar el barrio más contestatario de la capital helena.

La plaza, todo un símbolo, era uno de los pocos espacios verdes de titularidad pública en Exarchia. Si bien hasta el inicio de las obras era un lugar de trapicheo habitual, también era el eje que articulaba la vida de estas calles. Ahora esto ha desaparecido. Una de las decisiones más polémicas ha sido la tala de árboles del enclave. “Nosotros no solo protestamos por la tala de los árboles, que obviamente no se van a replantar como se nos ha prometido, sino que queremos poner sobre la mesa el uso que se hace de los espacios de públicos y su privatización”, dice Estefania. “¡Las obras durarán ocho años y hasta entonces no tendremos ninguna plaza!”, exclama.

Desde el pasado octubre, cuando se celebraron elecciones municipales, el Ayuntamiento de Atenas ha cambiado de color y ahora está en manos de Haris Doukas, del Pasok. Ambos partidos —tanto los conservadores de Nueva Democracia como los socialistas del Pasok— han asegurado que el metro fomentará la movilidad y no cambiará la configuración del barrio.

Sin embargo, los vecinos están convencidos de que estas obras son la estocada final para una gentrificación irreversible. “No necesitamos este metro aquí, y por eso nos manifestamos, hacemos asambleas y luchamos desde la legalidad. Hemos presentado varios recursos para que se paralicen las obras”. Quien habla es Marietta Simegiatou, del movimiento antiautoritario Alpha Kappa, muy activo en Exarchia. Las diferentes plataformas y asociaciones en contra de las obras argumentan, entre otros motivos, que no se ha hecho ningún estudio de impacto ambiental o que los edificios colindantes, en mal estado, corren el riesgo de derrumbarse.

De momento, ninguno de los recursos ha prosperado y no se ha podido paralizar el proyecto. Una de las propuestas de las plataformas era emplazar la futura estación de metro cerca del Museo Arqueológico, también en el barrio. La idea fue rechazada por las autoridades municipales, que alegaron dificultades de construcción y conflictos con el presupuesto.

La gentrificación avanza

Aris, de origen albanés, regenta un restaurante en el corazón de Exarchia desde hace más de 15 años. Explica que estas calles han cambiado mucho desde que él se instaló aquí. “Los alquileres han subido muchísimo, porque hay [mucha vivienda] Airbnb y porque hay muchos extranjeros comprando las casas clásicas antiguas y abriendo hoteles boutique. No lo veo mal, porque había muchas casas en ruinas, pero, indudablemente, comprar ahora un piso por aquí resulta imposible. Valen cuatro veces más que hace unos años”.

El restaurador asegura que, a pesar de que clientela principal continúa siendo griega, sí que ha visto un aumento del número de comensales extranjeros en los últimos años. A él, sin embargo, no le parece mal la construcción de la estación de metro: “Creo que es una buena idea, pero entiendo que los vecinos se opongan. Creo que, más que del metro, la polémica viene del emplazamiento donde se quiere construir: la plaza era el único lugar verde del barrio”.

Los problemas de los vecinos de Exarchia no se terminan con la construcción del metro. La segunda batalla se libra en Lofos Strefi, una colina del barrio. Se trata de un espacio de reunión emblemático para las diferentes asambleas y un sitio de recreo para los niños del barrio. Esta colina, salvaje, con numerosos espacios verdes y una pista de baloncesto para la ciudadanía, también está en el punto de mira de los inversores. De hecho, el inicio de las obras del metro coincidió con el inicio de las obras en esta colina tan querida por los vecinos, después de que, en 2019, el Ayuntamiento llegase a un acuerdo con la inmobiliaria Prodea Investments con el objetivo de llevar a cabo una supuesta rehabilitación del terreno.

El vecindario cree que la intención de esta rehabilitación es privatizar los terrenos. “El estado llevaba años sin hacer nada por Strefi, ni siquiera regaba los árboles. Era un sitio abandonando y los vecinos lo hemos cuidado. Ahora nuestra misión es parar los proyectos, y lo conseguiremos, estoy segura. El movimiento es muy fuerte y está muy interconectado”, dice convencida Marietta Simegiatou.

En Exarchia, donde antes se veían kafeneios (tabernas tradicionales) y pastelerías griegas, ahora se ven barber shops, bakeries, laundries y toda una serie de comercios que se asocian de manera directa a los procesos de gentrificación. Grecia, de hecho, es uno de los destinos más populares de Europa entre los nómadas digitales, quienes encuentran en el país heleno un nivel de vida muy asequible, una temperatura agradable —a pesar de que los veranos cada vez son más extremos— y una geografía interesante gracias a la proximidad de las islas. Sin ir más lejos, el pasado mes de abril, el Gobierno impulsó una ley para facilitar la entrada y la residencia de extranjeros que se dediquen a empleos altamente cualificados. Estas facilidades para con los extranjeros procedentes de países ricos contrastan fuertemente con el trato que se da a las personas que llegan por vía marítima o a través de la frontera grecoturca, víctimas, a menudo, de la vulneración de sus derechos más básicos.

Menos de dos meses después del resultado de las primarias en la que ganó por sorpresa el empresario Stefanos Kasselakis, las divisiones en Syriza, el principal partido de la oposición en Grecia, se profundizan, con la primera escisión tras el cambio de liderazgo.

La formación izquierdista parece no levantar cabeza desde el pasado 21 de mayo, fecha de las elecciones generales griegas, cuando el partido perdió la mitad de sus diputados. Liderada todavía entonces por Alexis Tsipras, la formación no tuvo mejor suerte en la segunda convocatoria, en junio, cuando la ciudadanía lanzó un mensaje claro de preferencia por la derecha conservadora de Nueva Democracia. Tras la derrota y el shock del momento, unos días más tarde, Tsipras, el presidente del partido y ex primer ministro del país entre 2015 y 2019, asumía toda la responsabilidad, presentaba su su dimisión y dejaba todos sus cargos, precipitando la convocatoria de elecciones primarias para elegir nuevo líder.

Su salida abría todo un mundo de posibilidades de regeneración del partido, pero también dejaba en evidencia las diferencias internas de una formación que, con el paso de los años, había ido incorporando elementos centristas y había dejado de lado sus orígenes de izquierda radical. Y estas divisiones marcaron las primarias que enfrentaron a dos candidatos principales: Effie Achtsioglou, exministra de Trabajo y favorita, y Stefanos Kasselakis, un outsider que apenas llevaba un mes de militancia en el partido.

Achtsioglou y Kasselakis protagonizaron momentos de alta tensión en los medios de comunicación griegos que auguraban que la pugna por el poder provocaría una brecha importante. Sorprendentemente y contra todo pronóstico, las bases eligieron a Kasselakis para liderar la formación. Sin embargo, su personalismo, sus lazos con el capital —es armador y exasesor de Goldman Sachs— y su tendencia política —más orientada al centro y alejada de radicalismos— levantaron ampollas desde el primer minuto en algunos sectores del partido. También la poca concreción de sus medidas y de su programa político y la nula experiencia previa en política griega despertaron la desconfianza de una parte de la militancia.

Desde entonces, los enfrentamientos entre las diferentes facciones han sido constantes. Hace un par de semanas, Kasselakis amenazó con expulsar del partido a Stefanos Tzoumakas, Nikos Filis, Panos Skourletis y Dimitris Vitsas, pesos pesados de la formación que, desde que fue elegido, se habían mostrado muy críticos con él. En ese momento, el eurodiputado Stelios Kouloglou se fue de Syriza en solidaridad con sus compañeros pero también por las diferencias con el nuevo liderazgo. Kouloglou, a pesar de que Kasselakis se lo pidió, no ha renunciado a su escaño en el Parlamento Europeo y ahora sigue como eurodiputado independiente.

Kasselakis volvió hace unos días a pedir las cabezas de Tzoumakas, Filis, Skourletis —que anunció finalmente su marcha el pasado viernes, antes de la reunión del Comité Central— y Vitsas; estos tres últimos exministros del gobierno de Tsipras. Esta vez lo hizo ante el Comité Central, pero sin pasar por el Comité de Ética, como prevé el estatuto del partido. “No es un fenómeno nuevo que un líder político comience su mandato con la eliminación de algunas figuras de la 'oposición', para validar su dominio ante los ojos de los miembros del partido y la opinión pública. Pero la forma en la que Kasselakis metodológicamente ha llevado a cabo sus propias 'eliminaciones' no tiene precedentes”, escribió este lunes el periodista griego Dimitris Psarras en el periódico Efsyn. Los críticos acusan al nuevo líder de haberse saltado las normas internas de la formación y de querer basar su liderazgo en su propia persona, sin respetar los cimientos éticos de Syriza.

'Umbrella' abandona el partido

Tras el órdago de Kasselakis, las reacciones no se hicieron esperar: el pasado domingo, segundo día de reunión del Comité central, 'Umbrella', una de las facciones de izquierda de Syriza, liderada por el exministro de Finanzas Euclides Tsakalotos —actualmente diputado—, anunció su salida del partido, acusó al nuevo líder de haber abandonado la ideología de izquierdas y comparó su comportamiento político al populismo de derechas. En 'Umbrella' se encuentran Tzoumakas, Filis, Skourletis y Vitsas, las cuatro cabezas que había pedido Kasselakis.

Las escisiones en Syriza no son nada nuevo. En 2016, y tras haber dejado el partido en 2015, la que en su momento fuese la presidenta del Consejo de los Helenos, Zoi Konstantopoulou, creó su propia formación: Rumbo a la libertad. No consiguió representación parlamentaria en las elecciones de 2019 pero sí que la ha conseguido ahora. También en 2018, el exministro de Finanzas Yanis Varoufakis, que también había abandonado Syriza en 2015, creó MeRA25. Su partido sí que consiguió entrar en el Parlamento en 2019, pero no ha conseguido los votos necesarios en estas últimas elecciones y ha quedado fuera.

Ahora, Dimitris Vitsas, uno de los ex altos cargos que se ha ido del partido, no cierra la puerta a sentar las bases de una nueva formación, que podría recoger a los desafectos de Syriza, los descontentos con el nuevo liderazgo de Kasselakis y esa parte de la militancia de izquierda más radical que se siente decepcionada con el rumbo que ha tomado el partido. Kasselakis, por su parte, no está dispuesto a ceder ni a dar ningún paso atrás y, en una entrevista concedida a portal Documento este lunes, hizo una llamamiento a una coexistencia interna pacífica y dialogante, pero también dejó clara su postura y habló de la necesidad de redefinir la estrategia del partido, actualizar el programa e intentar promover cambios profundos.

Acusado de crear un clima de persecución a quién se muestra en desacuerdo y de usar técnicas antidemocráticas, Kasselakis se enfrenta al desafío de atajar la grave interna de la formación y reconstruir una izquierda debilitada. Y el primer banco de prueba serán las próximas elecciones europeas de junio, en la que Syriza aspira a quedar en segundo lugar, por detrás de los conservadores de Nueva Democracia. El peor escenario sería que se produjera un sorpaso de los socialdemócratas del Pasok consolidando el declive de la formación.