En medio de una vida cotidiana sometida a penurias para gran parte de los argentinos, Javier Milei viaja por el mundo pregonando sus supuestos logros económicos. Unos logros que, según los datos oficiales, resultan falsos o cuando menos tergiversados. En concreto, el presidente ultraderechista pone el foco en la pobreza: dice haber “sacado a un cuarto de los argentinos” de las privaciones. Pero ni él mismo se pone de acuerdo con las cifras. Con diferencia de días, ha dicho que quienes salieron de la pobreza fueron 10, 13 o 15 millones. Las estadísticas y los análisis de consultoras, sin embargo, lo desmienten.

De visita en España, Milei ha desplegado un nuevo discurso en esta línea en su intervención en el desayuno Nueva Economía Fórum, en el Real Casino Gran Círculo. “En los últimos años España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal argentina, que es el kirchnerismo y que ustedes padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez”. Además de atacar al presidente Pedro Sánchez en plena campaña electoral, el libertario se jactó del supuesto “milagro argentino”.

Sin embargo, un repaso de los datos de estos casi tres años de Gobierno contradice su relato. El ultraderechista asumió el 10 de diciembre de 2023. Al cierre de ese año, la pobreza informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) señalaba que el 41,7% de los argentinos eran pobres. En Argentina, la pobreza se mide por ingresos de los hogares, con una canasta básica más exigente que en el resto de los países de América Latina.

En el tramo final del gobierno peronista de centroizquierda de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, la inflación trepó por encima de 10% mensual, entre otros motivos, porque la promesa de Milei de dolarizar la economía y “hacer volar el Banco Central” disparó la desconfianza masiva en la moneda local, el peso.

Cuando Milei se hizo cargo del gobierno, aplicó una devaluación del 54%, una de las mayores de la historia del país. Como consecuencia de ello, la inflación trepó al 25% en diciembre de 2023 y al 20% en enero de 2024. La pobreza se disparó al 57%. Ese ascenso, del orden de los 15 puntos porcentuales, Milei se lo endilga al peronismo.

Con el relativo control de la inflación, hasta estabilizarse en torno a 2% mensual desde 2025, la pobreza comenzó a descender desde aquel pico. El INDEC la cifró en el 28,2% en el segundo semestre de 2025 y el 32,3% en el primer semestre de 2026. Incluso la cifra actual, del 32,3%, ha sido matizada por economistas y académicos de universidades públicas y privadas.

Dudas en los números

Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) cuestiona la cifra oficial y afirma a elDiario.es que “en el primer semestre de este año la pobreza vuelve a aumentar, con un agravante: si se la midiera por trimestres, el segundo trimestre de este año da alrededor del 34%. El gobierno de Milei ha hecho un abuso metodológico del indicador del INDEC; incluso no implementó una serie de modificaciones metodológicas acordadas con el FMI”.

Desde fines de 2023, el organismo estadístico cambió algunas preguntas para obtener un mejor registro de los ingresos familiares, y ello significó que los sectores más pobres incluyeran ayudas sociales, que antes no se computaban. Voces expertas señalan que la cesta básica con la que se mide la pobreza está desactualizada y subestima el coste real de la vida. La canasta se diseña en base a una encuesta de consumos de 2004/2005, lo que deja fuera cambios profundos en la estructura de gastos de los hogares, como el aumentos en los servicios de luz, agua, internet y transporte.

Otra anomalía siembra dudas sobre los números que reivindica Milei: el ingreso de los trabajadores informales. Con el ultraderechista como inquilino de la Casa Rosada se han perdido unos 370.000 empleos registrados, según el estatal Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

El dato más dramático es que unos 5,8 millones de personas endeudadas están en mora por más de 90 días y con tasas de interés impagables

Ese descenso en el empleo de mayor calidad y salario tuvo su contracara en más puestos de trabajo informales, una tendencia que los ultraderechistas argentinos celebran como un símbolo de dinamismo de la economía. El INDEC registra, desde que asumió Milei, una pérdida del salario real en el segmento formal del mercado de trabajo, que llega al 30% entre los trabajadores del Estado nacional y los docentes universitarios.

En cambio, los trabajadores que no gozan de ninguna protección laboral —repartidores, conductores de apps como Uber, vendedores callejeros, recicladores de basura, cuentapropistas de oficios de baja calificación— supuestamente mejoraron sus ingresos 25% en términos reales, un porcentaje que despierta enormes dudas entre los analistas y contrasta con una caída del consumo en el comercio masivo y los supermercados hasta niveles inferiores a la pandemia.

20 millones de argentinos, endeudados

“Haciendo dos correcciones, una de los ingresos, asociándolos al salario mínimo como sucedía antes de que asumiera Milei, y corrigiendo las canastas, nosotros desde el CEPA calculamos que el nivel de pobreza es similar a la etapa previa a la llegada de Milei, del 41%. Dicho de otro modo, no sacó a nadie de la pobreza”.

A esto se suma que unos 20 millones de argentinos, es decir, casi la mitad de la población, están endeudados. El dato más dramático es que unos 5,8 millones de personas con deuda están en mora por más de 90 días y con tasas de interés impagables, la mayoría con tarjetas bancarias, monederos electrónicos y préstamos personales.

“Esto es muy gracioso, pueden llegar a escuchar en las noticias argentinas que la gente está endeudada”, ha dicho con tono burlón Milei en España, días después de haberse mofado de los argentinos que no llegan a fin de mes. “La idea de que la gente no llega a fin de mes es una pelotudez que impulsó el kirchnerismo. La frase suena linda y es una tontería del tamaño de una casa. Si se quedan sin plata verdaderamente el 20, ¿cómo viven 10 días sin comer ni beber?”, se preguntó recientemente en otro foro económico, con el rostro visiblemente desencajado.

Menos crecimiento del previsto

“Si reelegimos, los cuatro años siguientes serán inolvidables para Argentina. En tan solo tres años, gracias al trabajo de esta gestión, a nuestro compromiso con las ideas de la libertad y a la decisión política que nos ordenan a todos, logramos poner a la Argentina frente a las puertas de su nuevo Gran Renacimiento”, ha dicho Milei durante su visita a Madrid.

Pero precisamente en las últimas semanas se conocieron varios datos de la economía argentina que dibujan un panorama diferente, con una situación socioeconómica deteriorada y con previsiones a la baja del Fondo Monetario Internacional. Por un lado, el PBI se contrajo en el segundo trimestre (-0,6%), algo que no sucedía desde mediados del 2024 y que los analistas relacionan con la recesión en sectores como la industria y el comercio. Mientras sectores primarios y exportadores (como minería, energía y agro) muestran dinamismo, la industria manufacturera, el comercio y el consumo masivo sufren caídas interanuales y provocan el cierre de empresas.

En este contexto, el FMI ha modificado este mismo mes sus previsiones para Argentina en su informe Perspectivas de la Economía Mundial. Tras haber pronosticado en abril y julio un 3,5% de subida del PBI argentino para 2026, ahora rebaja ese guarismo al 2,1%. También reduce en medio punto el crecimiento esperado para 2027 y lo fija en un 3,5%.

En diciembre de 2023, Javier Milei asumió la presidencia de Argentina con la promesa de poner fin a la “casta” de políticos tradicionales, a los que usualmente llama “chorros” (ladrones). Sin embargo, su Gobierno ha ido acumulando escándalos de corrupción que han apelado personalmente al propio presidente. Entre los casos más sonoros figuran las sospechas de enriquecimiento ilícito sobre su ya ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni; supuestos pagos de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad que señalan a la secretaria general de la Presidencia y hermana de Javier, Karina Milei, y la estafa con la criptomoneda $LIBRA, en cuya investigación está incluido el mandatario.

Algunos de los escándalos se han vuelto incluso memes. Como el intento de Adorni de justificar su lujoso tren de vida, con una explicación tan insólita como difícil de creer. Aseguró que ganó más de 500.000 dólares invirtiendo en criptomonedas en 2014, un dinero que tenía “en un pendrive” entre sus ordenadores antiguos y que por eso no los incluyó en su declaración patrimonial al llegar al Gobierno. Esa explicación terminó por empujar la salida como jefe de ministros de un contable que no consiguió explicar con números la llamativa disparidad entre sus ingresos como cargo público (unos 5.000 dólares) y una abrupta expansión patrimonial que se tradujo en bienes por cerca de un millón de dólares, vuelos privados a destinos de lujo, compra de inmuebles con esquemas de pago atípicos y gastos suntuarios. El exportavoz de Milei aseguró que fueron ocho supuestas billeteras virtuales con las que habría operado desde el 21 de octubre de 2014 hasta el 10 de septiembre de 2018. Por eso la justicia ordenó acceder a las direcciones de bitcoin para poder reconstruir el origen del dinero.

Lucas Romero, politólogo y director de Synopsis Consultores, señala a elDiario.es que el caso Adorni impactó en los niveles de apoyo al Ejecutivo. “En nuestro registro, desde el inicio del ciclo presidencial hasta hoy bajó 13 puntos en aprobación: en enero de 2024 tenía un 48% y hoy está en el 35%, siendo abril el peor momento, con 31%. La explicación es una combinación de factores: subida de la inflación de varios meses tras las elecciones de octubre y la suma de escándalos de corrupción: además de Adorni, en marzo retomó con fuerza el caso $LIBRA, cuando se conocieron intercambios de llamadas entre Milei y los promotores del token, aunque la causa ha tenido una particular lentitud en avanzar, y también apareció el escándalo de Nucleoléctrica Argentina”. Ahora elDiario.es ha publicado la relación de Milei con CoinX, otra criptomoneda que a su vez está relacionada con una supuesta red de lavado de dinero del narco.

El caso Nucleoeléctrica Argentina son denuncias por supuesta corrupción, sobreprecios del 140% en contratos de limpieza y desmanejos con tarjetas corporativas contra el expresidente de la empresa estatal, Demian Reidel, derivando en el desplazamiento de gerentes y fuertes reclamos sindicales. Reidel ha sido un hombre de confianza de Milei.

Romero agrega otro elemento: los anuncios de beneficios para empresarios que han hecho negocios con el Estado, especialmente en el proceso de privatización de compañías públicas clave. “La venta de empresas públicas como Aysa (Aguas y Saneamientos Argentinos) al consorcio Rowing; la renovación de la concesión de 35 aeropuertos por 30 años a Eduardo Eurnekian, quien había sido jefe de Milei en la Corporación América y la venta de Metrogras (la mayor distribuidora de gas de Argentina) al grupo empresario que es dueño de Edenor (distribuidora eléctrica) constituye una serie de eventos que han ido desmejorando la idea de que Milei venía a barrer con la casta política y empresaria que vivía del Estado”.

Para entender el pulso político actual del país hay que mirar hacia los tribunales federales de Comodoro Py, que tienen en sus manos determinar la suerte penal del círculo más íntimo del presidente ultraderechista.

“El 3% de Karina”

La revelación sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) escaló de escándalo de pasillo a una de las causas más incómodas para la narrativa anticorrupción de la Casa Rosada. La investigación judicial, iniciada en agosto de 2025 tras la filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo —entonces titular de la ANDIS y amigo de Milei—, puso bajo la lupa un presunto esquema de sobornos en la compra de medicamentos de alto costo.

El nudo político de la causa radica en el denominado “3% de Karina Milei”. En las grabaciones atribuibles a Spagnuolo, se describía una maniobra sistemática de cobro de comisiones ilegales a droguerías y proveedores de la agencia. Según las escuchas, se exigía un retorno de entre el 8% y el 20% sobre el valor total de las compras públicas. En ese mismo registro, la voz atribuida al exfuncionario afirmaba sin ambages que “a Karina le llega el 3%” —en alusión directa a la secretaria general de la Presidencia—, mientras que un 1% adicional se destinaba a la logística operativa de la red.

Frente al impacto mediático y la presión pública, el Ejecutivo reaccionó apartando de inmediato a Spagnuolo de su cargo, en tanto los abogados defensores de los involucrados ensayaron un veloz control de daños argumentando que el material sonoro era falso o prefabricado con inteligencia artificial.

Sin embargo, el expediente acumuló peso en los tribunales federales, donde las actuaciones han mostrado avances. En febrero, la Justicia dictó el procesamiento de Spagnuolo por considerar acreditados, en esa etapa preliminar, los delitos de asociación ilícita y negociaciones incompatibles con la función pública. La medida alcanzó también a 18 exfuncionarios del organismo y empresarios del sector farmacéutico.

Si bien la fiscalía a cargo de Franco Picardi imputó a la cúpula de la ANDIS por el armado del sistema, el foco probatorio del expediente se centró, en términos formales, en la estructura operativa de las compras e intermediaciones. Hace un mes, los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah, de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, confirmaron el procesamiento de Spagnuolo y las otras 18 personas, entre las que figuran Daniel Garbellini (el segundo de ANDIS). En los últimos días, el juez federal Ariel Lijo amplió el procesamiento de Spagnuolo, Garbellini y Miguel Ángel Calvete —éste último lobbista de droguerías y laboratorios— y vuelven a aparecer como jefes de una asociación ilícita.

El Ministerio de Salud hizo su propia investigación y en los insumos (sillas de ruedas, ortopedia, aparatología) encontró pagos adicionales de hasta 4000%, un informe que fue incorporado a la causa. Todo fue corroborado a través de documentación, facturas y conversaciones halladas en teléfonos móviles intervenidos. Es más, los investigadores sostienen que, aunque los audios hubieran sido alterados o hechos con IA, eso no modifica el rumbo de la investigación.

Hubo un testimonio relevante del exdueño del portal La Derecha Diario y exsocio de Javier Negre, Fernando Cerimedo, quien dijo que Spagnuolo, en tiempos en que tenían una relación cercana, le había hablado del esquema de corrupción en el área de discapacidad y el porcentaje destinado al Ejecutivo. Nadia Beller, expareja de Cerimedo, ha declarado recientemente de forma remota en la investigación por este caso. La abogada aseguró que tiene en su poder audios en los que su expareja le habla sobre la “corrupción libertaria” y se puso a disposición de la Justicia argentina para brindar esas pruebas. Beller acusa a Cerimedo, hoy preso en Bolivia, de haber querido asesinarla contratando a dos sicarios que le dispararon.

La criptoestafa

Veinte meses después de iniciada la investigación en la causa $LIBRA, el expediente ha quedado prácticamente paralizado. La Sala I de la Cámara Federal —tribunal de apelaciones- confirmó a comienzos de septiembre que despojaba del rol de querellantes a cuatro damnificados de la criptoestafa. Esto implica que ya no pueden impulsar la investigación que tiene entre los imputados a Javier Milei y a su hermana Karina, y que queda solo en manos de la fiscalía de Eduardo Taiano, cuestionado por su pasividad.

En el origen de la criptoestafa hay un tuit: el 14 de febrero 2025 Milei promocionó el token $LIBRA como una supuesta herramienta de financiación para empresas. Las investigaciones revelaron una trama de estafa. Minutos antes y después de la publicación del presidente ultra, unos pocos operadores compraron activos por decenas de millones de dólares. En poco más de una hora, el precio comenzó a desplomarse. Se estima que unos 40.000 inversores de todo el mundo cayeron en la trampa, y unas pocas decenas hicieron un gran negocio al retirarse a tiempo, con ganancias estimadas de hasta 200 millones de dólares.

El gran interrogante es si el mandatario o personas de su entorno cobraron por publicitar la hasta entonces criptomoneda desconocida. Según reveló el diario La Nación, alrededor de cinco millones de dólares transferidos por Mark Hayden Davis, el CEO de la empresa que creó $LIBRA, en las horas previas al lanzamiento de la criptomoneda tuvieron como destino final la financiera en la que operaba el lobbista Mauricio Novelli, señalado como el nexo entre ambos.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi hizo suyo el argumento de la defensa —sostenido por el propio Milei y Novelli—, considerando que las criptomonedas son activos especulativos y que las pérdidas fueron fruto de la propia “volatilidad del mercado”. Bajo esta tesis, el tribunal apartó del rol de querellantes a las víctimas. A esto se sumó una dilación llamativa, cuando los teléfonos celulares de los principales intermediarios del caso estuvieron secuestrados durante siete meses sin ser peritados por decisión del fiscal federal Eduardo Taiano

Con el fallo del tribunal de apelaciones que sostuvo que los inversores no demostraron haber sido engañados y que asumieron voluntariamente los riesgos del mercado cripto se frena la búsqueda de pruebas que vincularían al presidente argentino con borradores de contratos encontrados en el teléfono móvil de Novelli. Se trata del borrador de un plan para pagar al mandatario cinco millones de dólares de forma escalonada en función de unas actuaciones pactadas con Milei y su hermana Karina.

Caso cerrado en EEUU

Mientras tanto, la investigación federal en los Tribunales de Nueva York sobre el caso $LIBRA llegó a su fin en los tribunales estadounidenses. A principios de mes, la jueza Jennifer L. Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, dictaminó el cierre definitivo de la demanda colectiva impulsada por un grupo de inversores damnificados. En un fallo de tono técnico, pero con evidentes repercusiones políticas, la magistrada resolvió desestimar el caso al considerar que las acusaciones planteadas contra Hayden Davis, su entorno familiar y sus socios financieros no alcanzaban los estándares legales mínimos para sostener un litigio por fraude o crimen organizado bajo la jurisdicción federal.

La jueza señaló además que el posteo de Milei en X fue determinante para disparar el interés inicial por la moneda: tras su publicación, aumentaron el volumen de operaciones y la cotización del token. Sin embargo, aclaró que su análisis no evalúa la veracidad de esos hechos, sino únicamente si las acusaciones cumplían los requisitos legales para sostener un litigio. En Estados Unidos el capítulo judicial de $LIBRA queda así cerrado, mientras en Argentina la causa sigue abierta pero con un blindaje político-judicial.

Este lunes, el Tribunal Supremo confirmó que suspende el derecho al voto en las elecciones del 29 de noviembre a más de 160.000 españoles que se acogieron a la ley de nietos, excepto a aquellos que cuenten con un certificado de la autoridad consular que acredite que aportaron documentos del exilio de sus antepasados para acceder a la nacionalidad. 

Muchos de los afectados son argentinos nacionalizados, que muestran su rechazo a la decisión del Supremo. “Es un desprecio y, desde el punto de vista jurídico, una grave violación de los derechos constitucionales en medio de un proceso electoral”, afirma a elDiario.es el abogado Juan Manuel Martínez Chas, quien obtuvo la ciudadanía en 2025.

El Tribunal Supremo dio un plazo de cinco días para presentar la documentación que demuestre que los españoles que emigraron entre 1936 y 1955 huyeron de la Guerra Civil o de la dictadura de Francisco Franco por razones políticas, ideológicas o de orientación o identidad sexual. Al respecto, Martínez Chas señala que “la trampa es que se prioriza una postura política, sin dar posibilidad de defensa a los afectados con unos plazos muy exiguos. Esto pone en aprietos a los consulados para ver cómo hacen para verificar los expedientes”.

Argentina fue el país en el que se presentaron más solicitudes para obtener la nacionalidad española por parte de los descendientes de exiliados españoles, en virtud de la llamada ley de nietos, una disposición incluida en la Ley de Memoria Democrática de 2022. El Consulado General de España en Buenos Aires recibió 645.000 solicitudes, de las cuales ya están nacionalizadas unas 30.000 personas. De estos últimos, menos de la mitad ha pedido el alta en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

Para poder ejercer el derecho al sufragio en estos comicios generales, se necesita aparecer en el censo de residentes en el extranjero, cerrado para estos comicios a 1 de agosto de 2026. Según los datos aportados por el Gobierno de Pedro Sánchez al Supremo, son 163.020 el número de afectados.

El abogado Martínez Chas, cuyo abuelo llegó como exiliado de La Coruña, Galicia, sostiene que “la Constitución establece la obligatoriedad del Estado español de garantizar el derecho a voto de los españoles que se encuentran en el exterior”. “Soy nacionalizado de origen. En septiembre hice una presentación al Defensor del Pueblo en España y en estos días voy a ampliarla. Ya hice una presentación en el consulado. Estoy viendo si puedo apelar ante el Tribunal Supremo. Voy a interponer los recursos que estén a mi alcance para poder votar”, afirma a este medio.

Griselda Díaz Marchi, nieta de asturianos y nacionalizada española desde 2024, señala que está en contacto con otras personas en la misma situación para presentar un recurso colectivo ante la Justicia de España. “Estoy indignada por esta decisión judicial, que responde a un pedido de la derecha que busca recortar derechos. Me preocupa y me enfada, porque primero empiezan con nosotros, los naturalizados, y luego irán a por otros colectivos minoritarios, como dice el verso de Bertolt Brecht”, dice.

“Las españolas y españoles nativos deberían mantenerse atentos a la defensa de los derechos democráticos porque la historia ha demostrado una y otra vez que existen sectores dispuestos a restringir la participación ciudadana en beneficio de unos pocos”, señala. Díaz Marchi agrega que “si tuviera la posibilidad, iría a España a votar el 29 de noviembre”.

El Tribunal Supremo sostiene que el derecho de sufragio “no es un derecho de carácter absoluto”, sino que está supeditado a intereses generales, como es el de “preservar la veracidad e inexistencia de irregularidades en el censo electoral que debe prevalecer sobre el interés particular del ciudadano”. Los jueces adoptaron esa medida a petición de los partidos ultraderechistas Iustitia Europa y Vox.

El abuelo de Ariel Mulki Aguilera, Eduardo Aguilera, llegó a Argentina en 1951 desde Valdepeñas, Ciudad Real, exiliado por el franquismo. “La gravedad de la situación es que las condiciones que se exigían de demostración del exilio eran para la ciudadanía; no eran condiciones previstas para el voto. Una vez obtenida la ciudadanía, es inseparable del derecho del voto”, afirma Mulki Aguilera.

“Ahora, de la noche a la mañana te piden que demuestres el exilio. ¿Qué pensaban que venían a hacer nuestros ancestros? Venían de exiliados. Mi abuelo Eduardo Aguilera Merino llegó a la provincia de Mendoza perseguido por protestante; investigué sobre él y voy a publicar un libro que se titula Nieto del silencio. Tengo una sensación total de indignación”, admite el docente e investigador.

Por su parte, Florencia Vasallo González, traductora pública con formación en Derecho, considera que está acreditada su alta electoral, porque accedió a la nacionalidad a través del anexo 3 de la ley de nietos, no del anexo 1. “En 2024 recibí en Santiago de Compostela el alta en el censo electoral. El anexo 1 se refiere a hijos, hijas, nietos o nietas que hayan perdido su nacionalidad a causa del exilio. En el caso de mi familia, fue por exilio económico. Me parece que la Justicia divide a los españoles con derecho al voto y los españoles que no [tienen derecho]. Eso es horrible”.

A fecha de 1 de agosto de 2026, el registro de votantes en el extranjero incluía a más de 163.000 personas que habían adquirido la nacionalidad española mediante la ley de nietos, según la sentencia del Alto Tribunal. Casi 97.000 solicitudes adicionales de nacionalidad habían sido aprobadas, pero aún no se habían incorporado al registro a finales de agosto, y más de 304.000 peticiones seguían bajo estudio. No está claro cuántos de estos quedarían excluidos de los comicios.

Mientras, Diego Pérez, empleado público, quien espera el trámite de la ciudadanía española, ve con preocupación la decisión del Supremo. “Los que se exiliaron fueron víctimas; yo veo una discriminación total. La justicia está contaminada por la política. No saben si son socialistas los nacionalizados que iban a votar en noviembre; a lo mejor votaban al mismo Vox. Se cercena un derecho que tenemos por nuestros abuelos y bisabuelos. En mi caso, eran anarquistas que dejaron su tierra; es como un castigo a ellos”.

Con el impulso del triunfo de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, Javier Milei —que habita la política con la fe ciega de un profeta— busca proyectar su prédica en el tablero español. El presidente ultraderechista viajará a Madrid el 19 de octubre con una agenda diseñada para agitar la interna peninsular poco más de un mes antes de las elecciones generales del 29N: se verá con Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal.

Se trata del séptimo viaje del mandatario argentino a España. Portavoces del Ejecutivo confirmaron a elDiario.es que la agenda, que aún no está cerrada, incluye un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, referente de la derecha del Partido Popular, y otra cita con el líder ultraderechista de Vox. El programa de Milei prevé mezclar apoyos a dirigentes de la oposición con encuentros con empresarios y disertaciones económicas. En cambio, a priori, el presidente argentino no contempla reuniones oficiales ni con el presidente del Gobierno español ni con el rey Felipe VI.

No es un dato menor: el jefe de Estado argentino protagonizó abiertos choques con Pedro Sánchez, a quien suele tildar de “comunista”, y llamó “corrupta” a su esposa, Begoña Gómez. Aquella escalada derivó en cruces diplomáticos y en la retirada de la embajadora española en Argentina; un conflicto desatado a mediados de 2024, que más tarde encarriló un lento proceso de normalización de las relaciones bilaterales.

Recientemente, en el Foro Madrid en Chile, Milei usó la crisis migratoria en Ceuta para volver a atacar al Gobierno español: “Una izquierda radical controla el continente y España es un ejemplo claro: Pedro Sánchez y el PSOE facilitan la inmigración descontrolada y destruyen la identidad española”. En contraste, el líder ultra mantiene una relación muy cercana con Abascal, a quien le agradece haber sido “el primero” que le abrió las puertas en sus comienzos en la política.

El mandatario ha disertado en diferentes oportunidades en foros organizados por el diputado español y se declara a favor de que una coalición de derecha sea la que se imponga en las elecciones anticipadas del 29 de noviembre. Milei ya se ha visto con Díaz Ayuso en Madrid y la recibió a comienzos de año en su despacho de la Casa Rosada.

“Profeta electoral”

El presidente argentino cultiva un perfil mesiánico. El mandatario tiene la fantasía de ser el líder de la derecha latinoamericana y el elegido por Donald Trump para recorrer el mundo y esparcir sus ideas. Se percibe a sí mismo como un profeta electoral bajo la premisa que candidato que respalda, candidato que triunfa.

El domingo por la noche, tras los resultados que sitúan a Bolsonaro como favorito para la segunda el 25 de octubre frente a Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente argentino repasó en sus redes una lista de bendecidos: “A Trump en EEUU, a Paz en Bolivia, a Kast en Chile, a Keiko en Perú, a Abelardo de la Espriella en Colombia y a Bolsonaro en Brasil”. Y remató, con su contundencia habitual: “Todos ganaron”. Su canciller, Pablo Quirno, le dio la razón, con un entusiasmo indisimulable tras los resultados en Brasil. “En los últimos diez meses ha habido siete elecciones en la región y todos los candidatos apoyados por el Presidente Milei ganaron esas elecciones”.

El experto en comercio exterior Miguel Ponce recuerda un ejemplo que refuta esas afirmaciones: “Milei respaldó a Viktor Orbán en Hungría y Orbán, que se enorgullecía del apoyo de Trump y Milei, tuvo un mal desempeño electoral. ¿Qué hizo Trump a diferencia de Milei? No se jugó abiertamente en ninguna elección, sino a través de intervenciones indirectas. Por ejemplo, con la ayuda del tío Bessent a Argentina en las pasadas elecciones legislativas”.

Hace un año, la Administración Trump, en medio del último proceso electoral en Argentina, desembolsó 20.000 millones de dólares para que el mandatario ultra llegara bien a los comicios. Este fin de semana, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que, en caso de ser necesario, volvería a apoyar financieramente al país: “¿Si podríamos volver a hacerlo? Por supuesto”, respondió el republicano cuando fue consultado por el tema.

Antes de España, Milei hará una escala en Washington para participar de la “gala hispana”, un evento que organiza el portal La Derecha Diario —cuyo fundador es el estratega de la derecha latinoamericana, Fernando Cerimedo, hoy preso en Bolivia bajo cargos de intento de femicidio y enriquecimiento ilícito—, junto con otras organizaciones vinculadas a Trump.

Fernando Cerimedo, asesor de Javier Milei y Rodrigo Paz —presidentes de Argentina y Bolivia, respectivamente—, podría encontrar un inesperado salvavidas en la investigación contra él por intento de asesinato. El gobierno de Paz detuvo, sin orden judicial, al fiscal general Roger Mariaca a partir de supuestas acusaciones de la DEA, la agencia antidroga estadounidense. El fiscal general fue quien impulsó las investigaciones contra el estratega argentino, preso en el penal boliviano de Chonchocoro, también por corrupción en el comercio de combustibles y tráfico de drogas.

La detención de Mariaca y de otros cuatro fiscales contó con la venia del Departamento de Estado de EEUU, dirigido por Marco Rubio, que había retirado al fiscal a principios de semana el visado para entrar en el país. Washington acusó al fiscal general de “solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a personas involucradas en delitos violentos a evadir la justicia”. En un vídeo difundido la noche del miércoles, durante una entrevista previa a su extradición a EEUU, el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset dijo que Mariaca era su “amigo” y daba avisos sobre algunos hechos, según publicó la prensa boliviana.

El Ministerio Público rechazó la operación contra Mariaca y negó que existiera cualquier vínculo con Marset. El fiscal de mayor antigüedad, Luis Montaño, asumió el cargo de manera interina. Sin embargo, el ministro de Gobierno, Marco Oviedo, adelantó que será el Ejecutivo el que designe al nuevo fiscal general,. Sin embargo, es al Congreso al que le corresponde esa tarea, según la Constitución boliviana. El vicepresidente Edmand Lara, en abierta enemistad con Paz, denunció la supuesta participación de agentes de la DEA en el operativo contra Mariaca. “Ningún agente policial extranjero puede ejercer las funciones de aprehensión en territorio boliviano”, afirmó.

“Motivaciones políticas”

Thomas Becker, abogado y director jurídico de la Red Universitaria por los Derechos Humanos, señala a elDiario.es desde Bolivia que el arresto de Mariaca está relacionado con el caso Cerimedo y sugiere que existen motivaciones políticas: “Como fiscal general, Mariaca había estado investigando a Fernando Cerimedo por una serie de presuntos delitos, entre ellos narcotráfico, enriquecimiento ilícito y feminicidio. Cerimedo había sido objeto de críticas por su papel como uno de los asesores principales del presidente Rodrigo Paz y por sus vínculos con la administración de Donald Trump. De hecho ha sido descrito como 'el hombre de MAGA [Make America Great Again] en América Latina'. Justo cuando la investigación parecía cobrar impulso, EEUU le revocó el visado a Mariaca y menos de 48 horas después el gobierno boliviano ordenó su detención. El momento y la secuencia de acontecimientos sugieren motivaciones políticas”.

El diario The Washington Post publicó hace una semana un artículo que sostiene que Cerimedo es el hombre de MAGA en América Latina. En el mismo, precisó que el asesor de Milei y fundador del portal La Derecha Diario tiene una fluida relación con Brad Parscale, quien dirigió la campaña digital de Donald Trump, y con otros funcionarios cercanos al presidente norteamericano. “Su conexión más cercana con MAGA era Brad Parscale.

El medio de comunicación de Cerimedo, La Derecha Diario, informó en 2025 de que Cerimedo sería el representante latinoamericano de las dos plataformas de tecnología política de Parscale —Eyes Over y Campaign Nucleus—, ambas presentes en la campaña de Trump para 2024“. El periódico estadounidense agregó que, en febrero de 2026, Cerimedo recibió en la residencia de Trump, Mar-a-Lago, un premio como mejor consultor hispano, lo que prueba esa estrecha relación.

Cerimedo se enfrenta a cuatro acusaciones en Bolivia: por tentativa de femicidio de su expareja Nadia Beller; por enriquecimiento ilícito; por violencia de género y por sobornos a vuelos de narcotraficantes en el departamento de Beni. Entre la revocación del visado de Mariaca y su arresto, Beller publicó en sus redes sociales tres fotografías de Cerimedo junto a Donald Trump Jr., hijo del presidente republicano; Brad Parscale y Andy Rivas, socio de Cerimedo. No informó sobre dónde ni cuándo fueron tomadas.

La abogada Beller escribió en Facebook: “¿Están persiguiendo al que investiga o están protegiendo a parte de la red?”. Y agregó: “¿Es la lucha del Escudo de las Américas o la protección de la red MAGA?”, en referencia al programa antidroga impulsado por la Casa Blanca en alianza con las derechas de Sudamérica.

En esa línea se expresó el expresidente Evo Morales, opositor de Paz. “Los hechos ratifican que en nuestro país gobierna EEUU. Está claro que buscan salvar al exasesor de Javier Milei, Fernando Cerimedo, y también al presidente Paz y su familia”, denunció. Según Beller, ella cuenta con pruebas que demostrarían que Cerimedo y la esposa del presidente Paz, María Elena Bibi Urquidi, urdieron una trama de contrabando de combustible.

El ministro de Gobierno de Bolivia no descartó que se extradite a Mariaca a EEUU, en caso de que ese país haga una solicitud oficial al respecto. “Yo no dije negativamente que no habrá extradición. Yo dije que por el momento no hay un pedido de extradición. Que no sería una sorpresa que lo requieran a Mariaca porque está involucrado con Sebastián Marset”, dijo Oviedo en radio Panamericana.

Desde Washington, Marco Rubio difundió su respaldo en su cuenta de X: “La administración Trump se mantiene firmemente junto al presidente Rodrigo Paz mientras toma acciones audaces y decisivas para combatir el narcotráfico, la corrupción sistémica y el crimen organizado transnacional de Bolivia”. Rubio recordó que la semana pasada, durante la reunión de líderes del Escudo de las Américas, “EEUU reafirmó explícitamente su compromiso inquebrantable de salvaguardar la gobernanza democrática y la seguridad en la región frente a la influencia desestabilizadora de las redes narcoterroristas armadas”.

Tras la detención del fiscal general existe un riesgo real de que el caso Cerimedo se debilite en los tribunales y también en la opinión pública, señala el experto Becker. En ese sentido, el nuevo abogado de Cerimedo, Yamil Castro Bianchi, sostuvo en la radio argentina Del Plata hace una semana que tiene la expectativa de que su cliente recupere la libertad en noviembre. “Más de uno va a tener que comprarse un par de pañales para cuando Cerimedo vuelva a Argentina y hable. Este muchacho sabe más que la fórmula de la Coca-Cola”, dijo.

Castro Bianchi afirmó que Cerimedo fue “traicionado” por su socio español Javier Negre: “Es el que dijo que había vendido el diario, pero no hubo ninguna venta”. Y también apuntó contra el Ejecutivo argentino: “No tengo duda de que fue traicionado por gente del Gobierno y me gustaría que él pueda explicarlo cuando esté en libertad”. Por ahora su cliente cumple prisión preventiva en un penal de máxima seguridad.

La investigación por presuntos sobornos en la disuelta Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), una de las causas que más golpea el relato “anticasta” de Javier Milei, sigue adelante. Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo —el asesor de la ultraderecha latinoamericana que está preso en Bolivia—, ha declarado de forma remota ante la Justicia argentina y ha afirmado que cuenta con conversaciones grabadas con él que contienen información sobre la trama bajo sospecha.

La aparición de Beller en el escenario judicial se dio luego del intento de feminicidio que sufrió en Santa Cruz de la Sierra. El 17 de agosto, la abogada fue abordada por dos sicarios disfrazados de repartidores de comida en la puerta de un hotel y recibió tres disparos que la dejaron hospitalizada durante varios días. Beller apuntó a Cerimedo como el autor intelectual del ataque y afirmó que fue él quien la había citado en el lugar. El estratega de Milei y Rodrigo Paz (presidente de Bolivia) lleva un mes detenido y se enfrenta a varias causas judiciales, entre ellas, por enriquecimiento ilícito.

Pruebas de la “corrupción libertaria”

Beller aseguró en su declaración que tiene en su poder audios en los que su expareja le habla sobre la “corrupción libertaria” y se puso a disposición de la Justicia argentina para brindar esas pruebas. La abogada señaló, además, la existencia de un teléfono móvil incautado a Cerimedo por las autoridades bolivianas —del cual el detenido no brindó la clave—, en el que estarían almacenados diálogos fluidos con Diego Spagnuolo, el extitular de la ANDIS procesado por las irregularidades detectadas en la compra de medicamentos de la agencia.

El abogado de Beller, Jerjes Justiniano, ha hablado con elDiario.es tras la declaración de 40 minutos de su clienta: “El fiscal Franco Picardi le preguntó a Nadia si tenía información para aportar al caso. Ella dijo que su información es referencial, no directa, ya que no conoce a nadie de los involucrados. En alguna oportunidad, producto de sus conflictos sentimentales con Cerimedo, ella grabó conversaciones con él. Esos datos están en el teléfono celular que Nadia entregó a la Justicia de Bolivia y del que el fiscal argentino puede solicitar una copia”.

Beller aseguró que quien fuera estratega de Javier Milei y de la derecha latinoamericana le habló “muchas veces de la corrupción” del Gobierno ultraderechista argentino; asimismo, reveló que el propio Cerimedo y su exesposa, Natalia Basil, fueron quienes filtraron los audios atribuidos a Spagnuolo. El caso estalló en agosto de 2025 con la filtración de esos audios, los cuales destaparon una presunta trama de sobornos a droguerías y proveedores de la ANDIS en la adquisición de medicamentos de alto costo.

El 3% de Karina

En las grabaciones atribuidas a Spagnuolo se exigía un retorno de entre el 8% y el 20% sobre el valor total de las compras públicas. La supuesta voz del entonces funcionario afirmaba que “a Karina le llega el 3%” —en alusión a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente—, mientras que un 1% adicional se destinaba a la logística operativa de la red.

Los abogados defensores de los involucrados ensayaron un veloz control de daños argumentando que los audios eran falsos o creados con inteligencia artificial. Los investigadores sostienen que, aunque las grabaciones hubieran sido alteradas, eso no modifica el rumbo de la causa. Spagnuolo tuvo que renunciar y el Ejecutivo de Milei disolvió la agencia. Por su parte, el Ministerio de Sanidad hizo su propio relevamiento y detectó sobreprecios de hasta un 4000% en insumos como sillas de ruedas, ortopedia y aparatología, informe que fue incorporado a la causa.

Esta semana comenzó con novedades en el expediente. El martes, los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah, de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, confirmaron el procesamiento de Spagnuolo junto a otras 18 personas, entre las que figuran Daniel Garbellini (el segundo de ANDIS) y diversos empresarios del sector farmacéutico. En febrero, la justicia los había imputado por los delitos de asociación ilícita y negociaciones incompatibles con la función pública.

Entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, la agencia habría funcionado como “el centro de operaciones” de diversas actividades ilícitas, como “una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados, adjudicados en procedimientos fuera del marco legal” y “una ventanilla de pagos con sobreprecios en beneficios de proveedores con vínculos con los funcionarios al mando”.

Las maniobras afectaron a la población con discapacidad especialmente vulnerable, esa misma que pondrá en en foco la futura visita del Papa León XIV al Cottolengo de Don Orione. Se trata de un hogar que da respuesta a personas con discapacidad y que ha denunciado falta de incumplimiento del Estado en los programas de asistencia.

La defensa repentina de Javier Milei respecto a la causa Malvinas expone una paradoja en la relación con uno de sus aliados centrales: Israel. Mientras el presidente argentino sanciona a la petrolera israelí Navitas Petroleum por sus operaciones en la zona, figuras del ala dura como el ministro de Seguridad Itamar Ben-Gvir y Yair Netanyahu —hijo del primer ministro— han respaldado abiertamente la soberanía argentina sobre las islas bajo ocupación británica.

Pese a este cruce de intereses, parece difícil que las sanciones dictadas contra Navitas Petroleum —que posee el 65 % del proyecto Sea Lion con su socia británica Rockhooper, que retiene el 35 % restante— mellen el vínculo político con Benjamín Netanyahu, con quien Milei podría encontrarse esta semana en Nueva York en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Durante dos años, el Ejecutivo argentino se mantuvo inactivo frente al avance de los negocios israelíes y británicos sobre la explotación de los recursos petroleros en el área Malvinas. Navitas y Rockhooper están a punto de encarar la última etapa para entrar en producción dentro de 12 a 18 meses. Sea Lion, un yacimiento descubierto en 2010, está ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas; es uno de los mayores desarrollos offshore del Atlántico Sur.

Milei endureció su posición luego de que Donald Trump insinuara una revisión del apoyo de EEUU a Reino Unido en la disputa con Argentina. El presidente argentino impulsa un proyecto de ley de defensa de la soberanía que eleva penas para quienes exploten recursos naturales sin autorización del país. En su alineamiento con Trump, el proyecto propone crear un registro de terroristas y un consejo de seguridad nacional; además les otorga más poder a las Fuerzas Armadas.

Negocios petroleros

Ante el ruido geopolítico, Rafael Bielsa, excanciller entre 2003 y 2005, no cree que haya habido un acuerdo soterrado entre Milei y Netanyahu que sobrevuele las sanciones a las empresas que operen en la zona de las islas porque “al presidente argentino no se le ocurrirían las formas y los contenidos, y porque Netanyahu no tendría lo suficiente para ganar. Es solo chisporroteo de coyuntura”.

Netanyahu deslindó su injerencia directa en el funcionamiento interno y en las operaciones de Navitas desde fines de 2025. Sin embargo, existen puentes que conectan la política con los principales directivos de la compañía: Gideon Tadmor, fundador de la empresa, es un aliado histórico de la ultraderecha israelí y Koby Katz, exdirector general del Ministerio de Infraestructura, Energía y Agua y actual vicepresidente de la petrolera.

Sanciones tardías

Darío Teitelbaum, analista político argentino-israelí, que vive en el kibutz Gvulot cerca de Gaza, considera que “el Estado de Israel tiene un nivel bajo de intervención respecto a la empresa Navitas. Hay que preguntarse de qué manera se dieron los permisos de excavación, cuál es la relación con el Reino Unido y por qué se llega tarde con las sanciones”.

Hasta ahora no existe una modificación de la postura de Israel en el tema Malvinas. Yair Netanyahu publicó recientemente en sus redes sociales: “Las Malvinas pertenecen a Argentina”. El hijo mayor del primer ministro no ejerce ningún cargo político y su frase llegó después de que Ben-Gvir pidiera al gobierno de su padre que respalde públicamente la posición argentina.

“Un ocupacionista”

Para Teitelman, el hijo de Netanyahu es un personaje muy discutido en Israel. “No sirvió en el Ejército, después del 7 de octubre y el inicio de la guerra contra Hamás se fue a Estados Unidos. Por otro lado, que el ministro Ben-Gvir hable de territorio ocupado es un contrasentido: es justamente él el gran ocupacionista de Judea y Samaria. No lo hace por un interés personal de las Malvinas, no juega para el primer ministro”.

Al respecto, Bielsa sostiene que las declaraciones de Ben-Gvir responden principalmente a la confrontación con el Reino Unido. “La relación entre el gobierno de Israel y el Reino Unido se ha deteriorado en los últimos años; en septiembre de 2026, Israel anunció el cierre del consulado británico en Jerusalén Este y otras represalias diplomáticas. Los desacuerdos son muchos, particular y últimamente los asentamientos israelíes en Cisjordania”.

Bielsa agrega otro elemento: las elecciones del 27 de octubre en Israel: “Ben-Gvir está participando en las elecciones legislativas como líder del partido Poder Judío, cuyo electorado es muy sensible a los asentamientos, la seguridad y la cuestión palestina. Ben-Gvir no realizó el servicio militar obligatorio en Israel, no porque él obtuviera una exención religiosa, médica o porque se negara formalmente a servir, sino porque el ejército israelí decidió no reclutarlo debido a su activismo ultraderechista cuando era joven, vinculado al rabino Meir Kahane”.

La doctrina ideológica de Ben-Gvir, mucho antes de ser el titular de Seguridad, se basa en el apoyo a la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania, en el rechazo a la creación de un Estado palestino y en su oposición al otorgamiento de derechos civiles al pueblo palestino.

Daniel Kupervaser, analista político argentino-israelí que vive al norte de Tel Aviv, analiza la estrecha relación entre Argentina e Israel desde una mirada pragmática. “Israel necesita votos en los organismos internacionales que lo apoyen en su política en Medio Oriente. Se abraza con el que le dé un respaldo. Israel puede usar su presión para que EEUU apoye a Argentina. Esa es la base del abrazo entre Milei y Netanyahu”.

Hay dos aspectos que están por concretarse, dos hitos futuros que podrían definir si se enfrían o no las relaciones —agrega Kupervaser—. “En noviembre, Israel tiene que poner en funcionamiento la línea aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv. Y el otro, Israel, espera que Milei cumpla con su promesa de trasladar la embajada a Jerusalén. Hubo un trascendido de que, cuando empezó a conocerse el avance de la petrolera Navitas en el área de Malvinas, se demoró el traslado de la embajada”.

Por lo pronto el presidente “más sionista del mundo”, como se definió Milei a sí mismo, disertará este martes en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde se le entregará el premio “Ohev Yisrael”, una distinción de la comunidad judía a quienes respaldan al Estado de Israel. Al día siguiente, el mandatario ultra llevará a la Asamblea General de las Naciones Unidas su nueva agenda de las Islas Malvinas, asunto que ha estado presente como política de Estado en los discursos de todos los presidentes argentinos.

La decisión de la justicia española de suspender el derecho al voto de los descendientes del exilio, dice Mariana Figueroa, la ha hecho sentir “una ciudadana de segunda”. Esta arquitecta de 62 años se confiesa indignada y triste, y asegura que la negativa del Tribunal Supremo “pone en riesgo la reparación histórica”. Ella, como los otros argentinos que han prestado su testimonio a elDiario.es, han obtenido el pasaporte español o están a la espera de hacerlo gracias a la llamada ley de nietos sancionada en 2022 dentro de la Ley de Memoria Democrática.

El Consulado General de España en Buenos Aires acumuló desde entonces 645.000 solicitudes. Sin embargo, la cifra de nacionalizados ronda los 30.000; y, de ellos, menos de la mitad ha pedido el alta en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Los expedientes que están en trámite seguirán su proceso, pero no se darán de alta en el censo.

En todo caso, la paralización cautelar del Supremo determina que ni unos ni otros podrán ejercer su derecho a voto hasta que haya una sentencia sobre el fondo del asunto, que ha sido llevado a la Justicia por Vox y el partido extraparlamentario Iustitia Europa.

El embate de los ultras se dirigió contra la Junta Electoral Central (JEC) y la instrucción expedida por el Ministerio de Justicia que establecía una “presunción general de exilio” para facilitar los trámites de quienes abandonaron España en la Guerra Civil o los primeros años de la dictadura franquista –entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955– sin exigir una prueba documental minuciosa. Ahora sí tendrían que probar que el exilio tuvo que ver con razones “políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual”, como recogía la disposición de la ley.

“Me parece una falta de consideración de la justicia, una quita de derechos ciudadanos, porque se exigen documentos del exilio que muchas familias no conservaron. La gente se vino en barco con lo que tenía. Así llegó mi bisabuelo con mi abuela desde Valencia tras la Guerra Civil”, señala María del Pilar Moura Santángelo, que ya tiene la nacionalidad española.

A esta abogada de 32 años le preocupa que el Poder Judicial “avasalle” a otro poder del Estado, y sea desconsiderado con las condiciones de emigración. “Hay división de poderes, el Parlamento ya se pronunció y ahora la Justicia pone requisitos adicionales que no incluía la ley”, se queja.

“Tengo sangre española, no me van a quitar la identidad”

Griselda Díaz Marchi tiene 52 años, es nieta de asturianos y cuenta con la nacionalidad española desde 2024. “Me parece tremendo el fallo judicial, porque es uno de nuestros derechos, el derecho político, poder votar, elegir a nuestros representantes, aunque nosotros no vivamos allá, en mi caso, por ahora. Dentro de mis proyectos está poder ir a vivir a España. Soy trabajadora social y revalidé el título para poder trabajar allá, si es que se concreta este proyecto. ¿Qué más nos van a restringir? ¿La posibilidad de trabajar, la posibilidad de votar? Yo soy española, tengo sangre española, no me van a quitar la identidad”.

Díaz Marchi señala también el componente ideológico. “Hay una clara agresión hacia Pedro Sánchez, que tiene una política distinta a la del resto de Europa, y quieren quitarnos la posibilidad de reelegirlo o elegir a otro presidente que continúe con estas políticas”, asegura.

Aunque en las elecciones generales de 2023 hubo bastante expectación y se preveía que el voto exterior podía alterar los resultados en hasta nueve provincias, la realidad tras el recuento fue menos sustanciosa: movió apenas un escaño en Madrid, que pasó del PSOE al PP.

La derecha española ha buscado instalar la hipótesis de que la masa de nuevos electores en Argentina actuaría como una suerte de provincia con más peso que la mayoría de los distritos peninsulares. Sin embargo, no existe un distrito electoral fuera de las fronteras; cada voto emitido en el exterior se asigna a la región española donde residieron los ciudadanos españoles o sus antepasados.

“Mi abuela María González vino de niña desde el pueblo de Cantalpino, cerca de Salamanca. Me lo sé de memoria al pueblito. Hice la reconstrucción familiar; somos un montón de hermanos y solo yo hice el trámite de nacionalidad. Siento tristeza”, cuenta Figueroa. Para ella, se trata de “un acto discriminatorio”. “Me parece que existe un temor de que algunos votos no vayan en la dirección de unos determinados intereses”.

“Parece que hay ciudadanos de segunda, es ideológico”

Diego Pérez, de 52 años, sigue a la espera del trámite de su nacionalidad, que inició en 2023. “Mi bisabuela paterna, Julia Fernández, vino en un barco, se fue al campo, a Olavarría (provincia de Buenos Aires), y no se documentó por miedo, durante años. Vino de Crémenes (León) con lo puesto y nunca más volvió”, relata. Y asegura que la decisión del Supremo le indigna porque “más allá del reconocimiento de la ciudadanía, es un golpe a la identidad”. Y recuerda que la ley de nietos supone un reconocimiento a aquellos españoles que se vieron obligados a irse del país: “Es un homenaje a esa gente que se la jugó”.

Pérez, empleado público, adhiere a la idea de que se trata de una medida ideológica. “Así planteado, parece que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda; es netamente ideológico. Vemos cómo la Justicia empieza a contaminarse la justicia con lo que dice el fascismo. Yo espero que España empiece a mirar con atención lo que está pasando en Alemania, con el triunfo de la ultraderecha en Sajonia-Anhalt”.

Para Mariana Rodríguez Mora, la resolución judicial es parte de un contexto global que busca poner cada vez más trabas a los migrantes, aun cuando este tipo de leyes reconocen derechos surgidos de otras migraciones, como en el caso del exilio español.

“La ley de nietos ha representado un avance en la reparación para los descendientes del exilio”, señala esta trabajadora social de 29 años, que inició el trámite de nacionalidad española después de que lo hiciera su madre, porque quien emigró a Argentina fue su bisabuela, desde La Rioja. “Negar el voto a nacionalizados residentes fuera de España responde a resistencias políticas; es negar que la gente migra en busca de mejores condiciones de vida, como fenómeno histórico y natural”.

Después de casi tres años de gobierno, Javier Milei ha aparecido en un mensaje a la nación anunciando el endurecimiento de medidas para evitar la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. Un cambio de posición para un mandatario que se había declarado admirador de Margaret Thatcher y que, acorralado por el estancamiento económico, ahora saca a relucir un patriotismo cuando Donald Trump insinúa una revisión del apoyo de EEUU a Reino Unido en la disputa con Argentina.

Rodeado de su gabinete, el presidente ultraderechista argentino prometió sanciones contra las empresas que operen bajo autorización unilateral de Londres. También dijo que avanzará con la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego. “Hay causas que están por encima de cualquier diferencia política y Malvinas es una de ellas”, dijo, llamando a todo el arco político a mostrar “un frente unido”.

La bandera como parapeto

La bandera que desplegó la selección argentina en la semifinal del Mundial luego de derrotar a Inglaterra volvió a poner en el centro de la escena un tema que Milei había esquivado y sobre el que hay un fuerte consenso en la sociedad. Durante la actual legislatura no ha habido ningún avance en la negociación por las Malvinas, e incluso el mandatario ha llegado a hablar del derecho de autodeterminación de los isleños.

El presidente ultraderechista asume la causa de las Malvinas buscando recuperar la agenda política. Milei enfrenta desde hace meses un marcado deterioro de su popularidad, en medio del cierre de empresas y pérdida de empleos en las actividades que centralizan la mano de obra en Argentina: industria, construcción y comercio. El FMI y las consultoras se han visto forzadas a reducir sus pronósticos de crecimiento para Argentina este año. El discurso oficial es que la economía “vuela”, basado en datos parciales del sector agrícola, el gas y el petróleo y estadísticas que despiertan dudas entre los expertos y economistas liberales.

Tras los pasos de Trump

Alineado con Donald Trump, el mandatario argentino vio la oportunidad de meterse por la hendija que abrió el republicano. Esta semana los periodistas en la Casa Blanca le preguntaron a Trump si planeaba cambiar la postura oficial de su país respecto al archipiélago del Atlántico Sur y respondió, ambiguo: “Siempre reviso todas las posturas; esa es solo una de muchas”.

EEUU mantiene una posición oficial neutra sobre la soberanía de las islas, aunque en la práctica reconozca la administración británica. El magnate utiliza la causa de las Malvinas como presión para exigirle al Reino Unido un aumento del gasto para la OTAN y en represalia por la no intervención en el conflicto con Irán.

Milei dijo que firmará un decreto para dotar de mayor celeridad a la ley 26.659, aprobada en 2011, que establece sanciones para las empresas que realicen actividades de exploración y explotación sin autorización del Estado argentino. “El gobierno desplegará todas las herramientas del Estado, diplomáticas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violentan la soberanía sobre las Islas Malvinas”, aseguró. Además, adelantó que creará un Consejo de Seguridad Nacional encargado de coordinar una estrategia común para todo el Estado.

Jorge Taiana, excanciller argentino, enseguida publicó en su cuenta de X: “Tras 3 años de persistente desmalvinización, Milei anuncia medidas que llegan tarde, después de haber flexibilizado normas y hecho concesiones que facilitaron el avance del Reino Unido sobre nuestros intereses”.

El anuncio presidencial sobre acelerar la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia, en Tierra del Fuego, reavivó el debate alrededor de un proyecto con larga historia. La iniciativa, que forma parte de los planes de Defensa desde hace décadas, comenzó a ejecutarse formalmente en 2022 durante la gestión de Alberto Fernández. Al respecto, Taiana, exministro de Defensa, advirtió en sus redes sociales: “La Base Naval Integrada de Ushuaia la comenzamos a construir en 2022, cuando era ministro de Defensa, y nunca fue pensada para compartirla con ningún país extranjero”.

El yacimiento Sea Lion

Un nuevo puerto petrolero que el Reino Unido construye en Malvinas tiene un objetivo concreto: poner en marcha la explotación del yacimiento Sea Lion, que posee reservas estimadas en más de 313 millones de barriles de petróleo y prevé comenzar a producir crudo en 2028.

El gobierno de las Islas Malvinas autorizó en diciembre a dos petroleras, sin aprobación argentina, a explotar el yacimiento Sea Lion, ubicado en la cuenca Malvinas Norte, a 200 kilómetros de Puerto Argentino, la capital del archipiélago. La israelí Navitas Petroleum tiene el 65% del proyecto, mientras que la británica Rockhopper Exploration se reserva el 35% restante.

Chile, pasado y presente

Varias horas antes del mensaje sobre Malvinas, Milei participó en el Foro de Madrid que organizó Vox en Santiago de Chile. Allí, el presidente argentino reivindicó la dictadura de Augusto Pinochet —un amigo de Thatcher que dio apoyo logístico clave al Reino Unido en la guerra de las Malvinas de los 80—. “Tras el derrocamiento del comunista Allende, Chile entró en un periodo de estabilidad y crecimiento que se extendió por más de 40 años”, dijo Milei, obviando los miles de asesinados y desaparecidos.

Luego se encontró con su par chileno, José Antonio Kast, con quien mantiene cercanía ideológica. Ambos firmaron un documento donde el argentino reconoce a Chile su soberanía sobre el Estrecho de Magallanes y Kast ratificó el respaldo de su país a “los legítimos derechos de soberanía de la República de Argentina sobre las Islas Malvinas”. Según informó el diario El Mercurio, “existe una discreta negociación entre Punta Arenas [ciudad meridional de Chile] y las Malvinas que está a punto de poner en marcha una ruta de comercio bilateral” pero que podría chocar con normas argentinas vigentes.

Fernando Cerimedo se encuentra en el centro de una investigación judicial en Bolivia por intento de femicidio y enriquecimiento ilícito. Desde la cárcel, el extaxista devenido en consultor de la ultraderecha latinoamericana —entre sus clientes están el presidente argentino, Javier Milei, y el boliviano, Rodrigo Paz— aseguró que ganaba un millón de dólares al año, tras rectificar una declaración inicial en la que afirmó que recibía esa cantidad al mes, pero que no tenía ninguna actividad en el país andino que le reportara dinero. Esa cifra, lejos de disipar dudas, ha puesto más bajo la lupa sus negocios.

La expareja de Cerimedo, Nadia Beller, lo acusa de haber contratado sicarios para asesinarla, y además lo vincula a una red de contrabando de combustible y oro en connivencia con las altas esferas del poder en Bolivia. El hoy exdueño del portal La Derecha Diario y exsocio de Javier Negre acumula antecedentes de operaciones de desinformación y asesoría en campañas electorales en varios países de América Latina, en estrecha vinculación con el trumpismo.

Cerimedo recibió el 10 de febrero en Mar-a-Lago, el complejo turístico de Florida propiedad de Donald Trump, el premio al “consultor político hispano del año” de manos de Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro ---el expresidente brasileño condenado por intento de golpe—. El argentino agradeció entonces a Brad Parscale, jefe de campaña del mandatario republicano en 2020, la “lucha en América Latina contra el socialismo”.

El hoy detenido en La Paz no es solo un consultor digital: es el nodo latinoamericano de una red de big data dedicada a radiografiar las emociones del electorado. La operación no termina en las urnas, una vez que sus asesorados llegan al poder, la fábrica de datos muta en un engrasado mecanismo de lobby corporativo, diseñado para encauzar contratos estatales a las empresas vinculadas al entramado. De ahí el rol que ha tenido en Brasil, Argentina, Chile, Honduras y finalmente Bolivia.

Los caminos conducen a La Paz

Beller, abogada, declarará bajo el sistema de protección de testigos en los próximos días y se espera que diga que Cerimedo y la esposa del presidente boliviano Rodrigo Paz, María Elena Bibi Urquidi, urdieron una trama de contrabando de combustible. En declaraciones previas a medios de comunicación, aseguró tener pruebas. Entre las anotaciones que se encontraron en el teléfono móvil de Cerimedo figura la de “negocios” con combustibles.

Según publicó el diario argentino Página12, la investigación plantea que Cerimedo estuvo a cargo de la gestión de dos millones de litros de gasolina que desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivia (YPFB) se sacaban del flujo de la compañía y se vendían en el mercado negro, muy activo ante el alza de los precios. La maniobra le reportaba dos millones de pesos diarios, equivalentes a unos 145.000 euros, según esta información.

¿Por qué Beller no denunció esto antes de ser víctima de un ataque, teniendo esa información? Su abogado, Jerjes Justiniano, justifica a elDiario.es que su cliente no puede ser señalada por cómplice, ya que no colaboró ni antes ni durante la comisión de los delitos que señala. “Nadia ha denunciado hechos de los que ha tenido conocimiento después de la comisión del delito. En Bolivia, la obligación de denunciar está reservada para funcionarios públicos y médicos; a ellos les cae la responsabilidad penal”, esgrime.

El letrado agrega: “Cerimedo manejaba fuertes sumas de dinero en su propio domicilio; producto de ello se realizaron los allanamientos. Eso dio lugar al proceso iniciado por enriquecimiento ilícito y la imputación de la segunda orden de 180 días de prisión preventiva para Cerimedo (la primera fue por la tentativa de femicidio)”.

En las viviendas allanadas se encontraron 100.000 dólares y constancias de transferencias de otros 400.000 dólares al exterior, según fuentes de la fiscalía de La Paz. Margarita Arce, abogada de Cerimedo, aseguró que su cliente introdujo legalmente en el país 200.000 dólares de su propio bolsillo y que no mantenía negocios ni contratos en suelo boliviano.

Se prevé igualmente que Beller involucre a Cerimedo en el intento de salida de 189 kilos de oro con destino a Dubái, operación en la que fue detenido el joven Adrián Lema Roca, que, según ella, es muy cercano a Catalina Paz, hija del mandatario de Bolivia.

La abogada Beller contará también, previsiblemente, que su expareja está vinculada con una maniobra en el departamento de Beni, que facilitó el aterrizaje y despegue de aviones, supuestamente, con drogas

El presidente Paz admitió que el consultor argentino trabajó en su campaña electoral en 2025, pero negó que fuera asesor de su gobierno y que estuviera vinculado a su familia. “Jamás tuvo la autorización de representar a este boliviano, a la Presidencia, al Gobierno o a mi familia”, dijo.

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, enfrentado al jefe del Ejecutivo, presentó el martes una denuncia penal contra Urquidi y Cerimedo por supuesto “tráfico de influencias” con motivo del audio no verificado en el que presuntamente ambos hablan de cambiar a algunos ministros y a un exjefe policial.

Se prevé que Beller cuente también que su expareja está vinculada con una maniobra en el departamento de Beni, que facilitó el aterrizaje y despegue de aviones, supuestamente, con drogas. Según ella, Cerimedo lograba que las aeronaves fueran liberadas a cambio de que se les pusiera un transpondedor para localizar los vuelos. Por esa acusación, Cerimedo está siendo investigado en otro proceso judicial por presunto tráfico de sustancias controladas y encubrimiento al narcotráfico.

En la causa sobre intento de femicidio surgió un nuevo elemento esta semana que tendrá que investigar la Justicia. Aldo Silva Peña, alias “Juancho”, sicario colombiano prófugo tras el atentado contra Beller, difundió un video en el que admitió un apoyo logístico al ataque, dijo que solo debían “darle un susto” porque “el objetivo no era matar a esa señora” y que el verdadero blanco “era una personalidad gaucha, argentina” que no identificó por su nombre.

Según la Policía boliviana, “Juancho” y “Don Fiti”, habrían participado directamente de la tentativa de feminicidio. El abogado de Beller afirmó que se trata de un elemento para desviar la investigación. “Es distractivo pretender victimizar a Cerimedo, queriendo dar a entender que el objetivo del atentado era él, cuando nunca fue citado para concurrir a ese lugar. La investigación ha sido eficiente en dar con el ciudadano colombiano, hay vínculos fácticos como la moto, el arma, los trajes de los dos repartidores de delivery y ahora este ciudadano aparece tratando de desviar la investigación”.

Un millón al mes o al año

La rutina de la cárcel boliviana de Palmasola se vio alterada el jueves pasado por la llegada de una comisión encabezada por el fiscal anticorrupción Miguel Cardozo. Frente a una lista de 219 preguntas, Cerimedo eligió la evasiva sistemática y dijo, en 159 ocasiones: “No tiene que ver con el caso”. Sí afirmó que facturaba un millón de dólares al mes, pero posteriormente corrigió la declaración y afirmó que el cobro era por año. Juró no tener actividad alguna en Bolivia, sostuvo que el presidente Paz no le solicitaba asesoramiento ni le daba instrucciones y denunció que su detención equivalía a un golpe de Estado.

Beller difundió fotos que dinamitaron ese relato de visita ocasional al país: una de Cerimedo sentado junto al presidente Paz en Miami ante la mirada del secretario de Estado, Marco Rubio; el consultor posando en el ascensor de la sede de Gobierno, viajando en el avión presidencial o instalado en el despacho del mandatario boliviano. Incluso tenía una oficina contigua a la del presidente, según su expareja.

La corrupción en el mileísmo

Beller, según su abogado, revelará la información que tiene sobre Cerimedo y la corrupción en Argentina cuando la cite algún fiscal o juez de Buenos Aires. Algo que aún no ha sucedido.

La abogada aseguró en declaraciones a la prensa que el consultor de Milei le habló “muchas veces de la corrupción” del Gobierno ultraderechista argentino. Y afirmó que la exesposa de Cerimedo, Natalia Basil, fue quien filtró en 2025 los audios en los que Diego Spanguolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), revelaba supuestos sobornos a Karina Milei, hermana del mandatario argentino. Cerimedo hablaba a Beller abiertamente de un “3% para Karina” en la compra de medicamentos para el área sensible de discapacidad y le aseguró que Basil trabajaba para la CIA.

Los cruces entre Argentina y Bolivia llevan el nombre de Cerimedo. Según publicó el medio La Política Online, Vicente Federico Quintanal, un empresario cercano al estratega y Karina Milei, gestionaba la compra de un terreno de 30 hectáreas sobre una vía fluvial para desarrollar un puerto multipropósito en Puerto General San Martín, localidad de la provincia argentina de Santa Fe. El proyecto quedó truncado con la detención de Cerimedo. El terreno que buscaba adquirir Vicente Federico Quintanal —supuesto testaferro de Cerimedo, según esa información— está en manos de capitales bolivianos.

Pasó de conducir taxis en Mar del Plata, a unos 400 kilómetros al sudeste de Buenos Aires, a codearse con la primera plana de la ultraderecha latinoamericana hasta que el destino se le ha torcido y ha terminado en una cárcel de Bolivia. Fernando Cerimedo, exasesor de los presidentes de Argentina y Bolivia, Javier Milei y Rodrigo Paz, y del exmandatario brasileño, Jair Bolsonaro, permanece desde el 18 de agosto entre rejas en Santa Cruz de la Sierra por tentativa de feminicidio contra su pareja, la abogada y activista política Nadia Beller, embarazada de pocas semanas del propio Cerimedo.

Beller, que sobrevivió a un ataque a balazos perpetrado por dos sicarios que se hicieron pasar por repartidores de comida, denunció al consultor por intento de feminicidio y por corrupción. Al allanar la casa de Cerimedo en Bolivia, la Fiscalía encontró más de 40.000 dólares y una “mini granja de bots”, es decir, dispositivos unidos por una red de software que comenta y comparte acciones automáticas en redes sociales.

Su caso trasciende el de violencia machista y tiene aristas políticas y diplomáticas: se lo investiga en una presunta trama de enriquecimiento ilícito y el martes la Fiscalía de Bolivia anunció un tercer proceso por presunto tráfico de sustancias controladas y encubrimiento al narcotráfico.

Un pasado misterioso

El pasado de Cerimedo (Mar del Plata, 1981) es hasta hoy un misterio. Su versión de su trayectoria juvenil recoge estudios en Derecho, una beca de Harvard que no pudo aprovechar porque no sabía inglés, una estancia en Puerto Rico y un supuesto entrenamiento militar con los Navy Seals (una fuerza de operaciones especiales del ejército estadounidense).

Pero varias investigaciones periodísticas, entre ellas la publicada por una alianza periodística de 21 medios y cinco organizaciones especializadas en investigación digital, coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), apuntan a falsedades en su biografía. La red de periodistas, en cambio, sí pudo comprobar una historia laboral que abarca desde ser taxista hasta trabajar en una empresa de seguros, en negocios de computación, en una fábrica de plásticos y como docente de secundaria.

También se conoció que en Mar del Plata fue condenado por estafa y fraude por haber vendido, en 2012, un mismo departamento a dos personas distintas. Se le impuso una pena de dos años y seis meses de prisión en ejecución condicional.

Su salto profesional, sin embargo, se vincula al mundo de la publicidad, sobre todo a partir de la creación de un grupo empresarial, con sede en la Ciudad de Buenos Aires, integrado por su agencia de publicidad Numen, creada en 2020, y una academia que ofrece cursos de mercado digital y político, según detalla la investigación periodística en alianza.

Conocido como “el rey de los trolls”, antes impulsó la creación de La Derecha Diario, un portal de noticias para influir en ese sector ideológico y desde el que ha difundido bulos y desinformación, para luego convertirse en propietario del 50% del medio, aunque ahora el diario haya informado en un comunicado que solo fue un “inversor estratégico” más.

Los recursos tecnológicos de la ultraderecha seguramente se verán afectados (en las próximas elecciones de Brasil) frente a la sorpresiva ausencia de su principal responsable en la región

Daniel Kersffeld — Analista internacional e investigador del Conicet

Desde su misma usina ideológica, el español Javier Negre, propietario y director actual de La Derecha Diario, desembarcó el sábado de urgencia en Buenos Aires para agilizar la desvinculación legal de Cerimedo. “¿Cuándo habló por última vez con Cerimedo?”, le preguntó el diario Clarín. “Antes de su detención en el aeropuerto (iba a viajar a Argentina). Me llamó por teléfono para anunciarme que aceptaba mi oferta por La Derecha Diario y llegamos a un acuerdo por escrito”, dijo Negre, soltando la mano a su socio. Pese a la versión que ha dado Negre, el acuerdo se firmó con Cerimedo ya bajo prisión preventiva.

Inicios con Bolsonaro

Cerimedo comenzó a conocerse en la política latinoamericana en 2022, cuando el entonces presidente ultraderechista de Brasil, Jair Bolsonaro, fue derrotado en las elecciones por el actual mandatario de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva.

El consultor, que ya había asesorado a Bolsonaro en la campaña de 2018, cuando resultó electo, reapareció cuatro años más tarde para divulgar un vídeo donde exponía una supuesta manipulación de las urnas para urdir un fraude electoral. Esa intervención sería usada para movilizar a las hordas de militantes que atacaron los palacios de la Presidencia, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal en 2023.

A pesar de aparecer citado en el informe elaborado por la Policía Federal sobre quienes formaron parte del intento de golpe, la Fiscalía optó por excluirlo de la denuncia.

El analista internacional e investigador del Conicet, Daniel Kersffeld, avizora efectos en la elección presidencial del próximo 4 de octubre en Brasil: “La caída de Cerimedo tendrá consecuencias directas en la operatividad electoral de la ultraderecha en las próximas elecciones en Brasil, donde ya tenía un contacto muy fuerte con Jair Bolsonaro. Los recursos tecnológicos de la ultraderecha seguramente se verán afectados frente a la sorpresiva ausencia de su principal responsable en la región”.

Cerimedo también participó en la campaña que llevó a Milei a la presidencia de Argentina en 2023, con asesorías en estrategia digital y comunicación. El ultraderechista argentino insiste hoy en despegarse. En una entrevista a Radio Mitre, señaló que Cerimedo “es alguien que no forma parte del espacio”. “No tiene vínculo con nosotros de ningún tipo. Nos dejamos de vincular en el 2023”, ha afirmado Milei. Sin embargo, su exasesor registró al menos 13 ingresos a la Casa Rosada en el primer semestre de 2024. El presidente argentino nunca dejó de repostear las publicaciones de La Derecha Diario.

La semana pasada, Milei republicó en sus redes sociales mensajes de otros usuarios que ponían en duda el intento de matar a la expareja de Cerimedo. Luego, el mandatario decidió tomar otro camino y atribuir la detención de su exasesor a una conspiración del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, Evo Morales y “el castrochavismo”.

Estratega de Milei

Fue a partir de la victoria electoral de Milei en 2023 cuando Cerimedo amplió su red de negocios en Argentina y en el exterior, informó elDiarioAr. Junto a su exesposa argentina Natalia Basil, sumó participaciones en firmas de tecnología, deportes e inversiones, además de desembarcar en el sector energético con Patagonia Energy y Australis Energy. La expansión incluyó el registro de Numen Advisors en Miami y la representación regional de las plataformas Campaign Nucleus y Eyes Over, vinculadas a Brad Parscale, exdirector de campaña de Donald Trump.

En sus declaraciones a la prensa, la abogada Nadia Beller señaló que cuenta con grabaciones en distintos dispositivos en las que Cerimedo le habló sobre la causa de corrupción en la extinta Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), exponiendo las internas en el gobierno argentino.

Según contó Beller al diario Página12, Natalia Basil, que fue funcionaria en la ANDIS entre abril y diciembre de 2024, habría sido quien filtró los audios en los que el entonces director de la agencia, Diego Spangnuolo, hablaba abiertamente de sobornos y del “3% para Karina”, en referencia a la hermana de Milei. Cerimedo supuestamente le confesó que el gobierno ultra “era una olla a presión, plagada de corrupción” y que “Karina Milei era la cabeza de todo”.

“En Bolivia gobierna Cerimedo”

Autopresentado públicamente como asesor personal del presidente Paz, en Bolivia Cerimedo lideró la comunicación digital de la campaña electoral de 2025, con la que Paz acabó con dos décadas de gobiernos de izquierda.

En los últimos meses participó del entorno político del mandatario boliviano y su pareja dijo que él tenía una oficina frente a la suya. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, reconoció que el argentino asesoró a Paz después de la campaña, pero negó que hubiera ocupado un cargo dentro de la estructura estatal. La administración de Paz le pidió a Beller que presente pruebas de sus acusaciones.

El abogado boliviano Ernesto Giraldes, cercano a Cerimedo, aseguró que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) pagaba por la consultoría que su cliente brindaba a Paz. Sin embargo, la entidad lo desmintió a través de un comunicado: “Ante versiones periodísticas que circulan en Bolivia, CAF aclara que el señor Fernando Cerimedo no ha mantenido ni mantiene ningún vínculo contractual con la institución”.

El intento de feminicidio y todos los arreglos y negocios políticos con los gobiernos de Paz y de Milei revelan la trama más oscura de la ultraderecha

Daniel Kersffeld — Analista internacional e investigador del Conicet

Nadia Beller asegura que tiene evidencias que demuestran negocios ilegales de Cerimedo en Bolivia y Argentina. En sus declaraciones sostiene que tiene cómo probar que el estratega y su exesposa Basil son dueños de una empresa llamada Future que exportó combustible a La Paz.

“Lo primero que hicieron (después del ataque) fue retirarme el teléfono celular, en el que no solo tenía pruebas de la agresión física y de la tentativa de feminicidio anterior, sino también de hechos de corrupción relacionados con el combustible”, afirmó Beller. “En Bolivia no gobierna Rodrigo Paz, gobierna Cerimedo”, remarcó.

Según la abogada, Cerimedo recibía comisiones por los contratos de explotación hidrocarburífera y de oro del Estado boliviano con empresas privadas.

“El intento de feminicidio y todos los arreglos y negocios políticos con los gobiernos de Paz y de Milei revelan la trama más oscura de la ultraderecha, que la corrupción no es algo accidental de tal o cual gobierno, o algo que eventualmente se puede dar o no, sino que es algo estructural al modelo político instaurado por la ultraderecha”, señala Kersffeld.

Honduras y Chile

Cerimedo, que hasta hace semanas se exhibía como el cerebro detrás de la marea ultraconservadora, también asesoró al hoy presidente de Honduras, Nasry Asfura. Participó en la estrategia digital de esa campaña y tuvo un papel en la difusión del respaldo que Donald Trump dio a Asfura, quien ganó a fines de 2025. En ese país, además, está salpicado por acusaciones de financiamiento irregular.

Tras la detención del asesor argentino, la diputada liberal hondureña Saraí Espinal pidió al Ministerio Público de su país abrir una investigación formal por enriquecimiento ilícito.

El exasesor también ha sido señalado en Chile por su polémico papel en una cita electoral en el que se le ha asociado a campañas de desinformación y estrategias digitales agresivas. En septiembre de 2020, durante la campaña para el plebiscito sobre la reforma de la Constitución del país sudamericano, su empresa Numen divulgó una encuesta mostrando resultados que no reflejaban en absoluto lo que decían los sondeos chilenos.

EEUU y el trumpismo

Una investigación del Observatorio de Medios de Cubadebate reveló que Cerimedo levantó una base societaria en Miami, una red mediática transnacional cuyo centro de operaciones estuvo en Estados Unidos y recibió los beneficios de sus contactos privilegiados con altos funcionarios, como el secretario de Estado Marco Rubio, según publicó el diario La Jornada de México. El canal de acceso fue el socio de Cerimedo, Damian Merlo, propietario de la firma Latin America Advisory Group (LAAG), cuyas gestiones ante oficinas del Congreso y el Ejecutivo estadounidenses aparecen documentadas en expedientes presentados bajo la Foreign Agents Registration Act (FARA).

Según informó elDiarioAr, Cerimedo habría sido uno de los operadores centrales detrás de un proyecto que Milei viene alentando desde hace meses: una cumbre en Buenos Aires de mandatarios latinoamericanos de derecha, antes de la primera vuelta de Brasil. Una especie de plataforma internacional de apoyo a la campaña del senador Flávio Bolsonaro, principal rival de Lula da Silva.

En octubre, Milei tiene previsto realizar un nuevo viaje a Estados Unidos para hacer campaña a favor de Trump de cara a las elecciones de medio término. La empresa norteamericana Latino Wall Street organiza una nueva gala hispana prevista para el 14 de octubre en Mar-A- Lago y Negre, por La Derecha Diario, participa en el comité organizador.

En la primera edición de la Gala Prosperidad Hispana, en febrero pasado, Cerimedo recibió el premio a “consultor del año”. Hoy, el estratega que aparece en la intersección entre campañas electorales y operaciones de comunicación digital se encuentra entre rejas en Bolivia y su captura ha desatado una tormenta en la ultraderecha latinoamericana.

Aunque Javier Milei niegue los 20 millones de endeudados y el cierre de más de 30.000 empresas, miles de argentinos marcharon en las inmediaciones del Ministerio de Economía, en el centro de la ciudad de Buenos Aires este jueves. Mientras ocurría la protesta, el presidente ultraderechista defendía su programa económico en el Council of the Americas e incluía, entre sus ofensas, una más al movimiento feminista —que acompañó la marcha— y a la legalización del aborto: “Estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes”.

“Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta, votó a Milei”, cantó un grupo de mujeres que formaba parte de una columna rumbo a Plaza de Mayo, que se identificó como trabajadoras judiciales y feministas. Ana Clara Frosio, de 39 años, dijo estar endeudada, y destacó que no es un problema personal, sino colectivo. “Todas estamos usando la tarjeta de crédito para cubrir gastos que antes cubríamos con nuestro salario. En mi caso, no pude pagar el alquiler y ya no vivo sola. Si estamos acá en la calle haciéndolo visible es para exigirle al Estado que se haga cargo de este problema, que no es un problema ‘entre privados’ como dice Milei”.

Las centrales sindicales como la CGT y las dos CTA marcharon y presentaron una petición al ministro de Economía, Luis Caputo, reclamando medidas frente al aumento de la morosidad. Son 5,8 millones de personas las que están en mora por más de 90 días. Pidieron respuestas ante un plan económico que ahoga a trabajadores del sistema formal e informal hasta alcanzar cuentas impagables para comprar comida o pagar el transporte diario.

Mientras, a poca distancia geográfica, desde el Hotel Alvear, Milei hablaba en el Council of the Americas y afirmaba que “el desempleo no aumentó, tampoco cayeron los salarios”. Y cuestionaba “la ignorancia y la mala intención de medios y economistas”.

Pero la deuda alcanzó no sólo a trabajadores independientes, también a empleados formales, sindicalizados o cuentapropistas. Según el Banco Central de Argentina, la tasa de incumplimiento de los préstamos concedidos a las familias llegó al 12,8% en junio de 2026, frente al 2,5% registrado en octubre de 2024.

Los sindicatos reclaman que el Banco Central cumpla con su rol de regulador de los niveles de tasa de interés aplicable a préstamos bancarios, las aplicaciones financieras y billeteras virtuales. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la morosidad en esas dos últimas opciones alcanzó el 29,6 por ciento, un número que superó los registros de la pandemia de covid.

“Hasta que llegó Milei, mis cuentas estaban al día”, contó Oscar Clotet, trabajador de la construcción. “Tengo una tarjeta de un mercado de alimentos muy conocido, Carrefour, que te financia para que puedas comprar. Ahora solo puedo pagar el mínimo y ya debo un millón de pesos (660 dólares). Antes gastaba 200 mil (133 dólares) y ahora cada vez debo más, porque el interés es del 100 %. La luz aumentó, el gas también, el boleto de transporte. El gobierno dice que no hay inflación; es mentira. Todo cada vez está más caro. Y el sueldo aumenta el 1% cada dos meses”.

De fondo, se encuentra la consecuencia de la política económica de casi tres años de motosierra al gasto público, desregulación y aumentos de tarifas de servicios públicos, advirtieron las organizaciones sindicales y sociales. “Cuando una familia deja de poder pagar una tarjeta de crédito o un préstamo, deja de consumir. Cuando una empresa no puede financiar su capital de trabajo, reduce su actividad. Y cuando cae el consumo y cae la producción, también se resiente el empleo”, sostiene la petición.

Milei entiende que su gobierno no tiene que interceder porque “es pasarle la cuenta a todos los demás”. “Si yo me meto entre los privados, le voy a tener que tocar el bolsillo a otro, y eso me parece que está mal”, dijo hace varias semanas. Sin embargo, no dijo nada sobre el ahogo a las empresas y el impacto que eso tiene en el empleo.

Un informe del centro de pensamiento Fundar, con datos hasta mayo, señala que “desde que asumió Milei se perdieron 30.633 empresas, un 6% del total. Es la peor caída en los primeros 30 meses de un gobierno”. Para el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el sector más afectado es el comercio, con una pérdida de 8.408 negocios; seguido por transportes y almacenamiento (6,733); servicios inmobiliarios (4.098) y manufactura (4.020).

El nuevo sector de la economía, que son los trabajadores repartidores de las aplicaciones, que están en la informalidad, es el eslabón más débil de la cadena. Belén D´Ambrosio, repartidora, dijo que pelea el reconocimiento de un sindicato que los nuclea (SITRAREPA) que aún no es reconocido por el Ministerio de Trabajo. “Las plataformas niegan nuestra condición de trabajadores, no cubren accidentes ni gastos y la nueva reforma laboral profundizó la precarización y el endeudamiento. Trabajamos a destajo, con 70 horas de trabajo semanal. Y muchos de mis compañeros se han endeudado con la empresa en la que trabajan”.

Milei en el Alvear destacó como éxito que su gobierno lograra disminuir la inflación —del 211% interanual en 2023 al 33,8% actual, pero no recordó que fue después de una megadevaluación--. Además, el indicador dejó de caer al ritmo que esperaba su equipo económico. En julio, el Índice de Precios al Consumidor aumentó 2,1% y acumuló un 19,3% durante los primeros 7 meses de 2026.

Como en una realidad paralela, el mandatario ultra esquivó las fallas de un modelo económico que afecta la vida cotidiana de millones para referirse al descenso de la tasa de natalidad y, sin ningún sustento, culpar a la legalización del aborto. La tendencia a la baja de la natalidad se registra desde 2014 según la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud, es decir, seis años antes de la sanción de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

El presidente declaró frente a los empresarios: “Estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes (…) Esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre también nos está costando caro en términos de crecimiento, y ni les cuento en términos de sistema previsional”. Sin embargo, pese a los embates, la sociedad no parece sintonizar con la idea de retroceder en políticas de género.

“¿Les pusieron una pistola en la cabeza para endeudarse?”, dijo el presidente Javier Milei ante la pregunta sobre la situación que aqueja a 20 millones de argentinos, casi la mitad de la población. El dato más dramático es que unos 5,8 millones de personas con deuda están en mora por más de 90 días y tasas de interés impagables, la mayoría con tarjetas bancarias, monederos electrónicos y préstamos personales.

La asfixia presupuestaria de las familias argentinas se traduce en números fríos que exponen la grieta entre el relato oficial y la cotidianeidad de la gente. Mientras los salarios reales se desploman y la fragilidad del mercado laboral se profundiza, la morosidad crediticia emerge como la cara más visible de la crisis.

Según datos del Banco Central (BCRA), la tasa de incumplimiento en los préstamos hipotecarios para hogares trepó en junio al 12,7% —cinco veces el promedio registrado desde la debacle financiera global de las subprime—. El panorama es aún más voraz en el sector fintech: en los monederos electrónicos y financieras no bancarias, el incumplimiento llega al 30%.

El último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) muestra que las deudas que las familias no pueden pagar crecen de modo constante desde el último trimestre de 2024 y en mayo de este año alcanzaron datos alarmantes. La mora con los bancos pasó de 2,5% a 12,1 % de noviembre de 2024 a abril de 2026 y con los monederos electrónicos saltó de 7,3% a 29,6%.

Para pagar gastos esenciales

El director de CEPA, Hernán Letcher, señala a elDiario.es que la morosidad de al menos 90 días de casi 6 millones de deudores es el dato preocupante. “Tuvimos la pérdida del poder adquisitivo sobre todo por el salto en las tarifas y en el transporte, que llevó a muchas personas a tener que financiar gastos esenciales con tarjetas de crédito y billeteras virtuales (monederos electrónicos) –éstas ni siquiera te prestan por nivel de ingreso, sin control–. Cuando le preguntas a una persona que debe, no tiene un problema, tiene cinco: les debe a tres bancos y a dos monederos electrónicos. Y las altas tasas agravaron un problema cuyo origen es la falta de ingreso”.

Incluso desde la Fundación Pensar —el think tank del PRO, socio de Milei— admiten que las familias no se endeudan para financiar inversión ni bienes durables, sino para cubrir el consumo cotidiano de supervivencia.

Con bancos aplicando tasas de interés que cuadruplican la inflación interanual (ubicada en torno al 30%) y plataformas digitales que aprietan las clavijas con costos financieros que rozan el 750% anual mediante algoritmos opacos, el ahogo presupuestario se vuelve inviable.

“Acuerdo entre privados”

Frente al fenómeno, Milei insiste en que el endeudamiento familiar es un acuerdo “entre privados” donde el Estado no debe intervenir. No obstante, en los pasillos de la gestión real, la gravedad del cuadro forzó al Banco Nación, el banco público más grande del país, a lanzar algunas líneas de auxilio para deudores morosos.

Desde la oposición advierten que la morosidad es una consecuencia de los draconianos recortes del gasto público, la desregulación y los aumentos de tarifas de servicios públicos. A diferencia del Ejecutivo, gobiernos de varias provincias están desarrollando programas para ayudar a las familias a salir de las deudas.

Letcher agrega que el fenómeno reviste más aristas: “El endeudamiento deriva en hostigamiento, problemas de salud mental y préstamos cada vez más precarios, mientras el gobierno responsabiliza a los deudores y ofrece escasa ayuda”.

La abogada laboralista Tamara Bezares señala a elDiario.es los riesgos que surgen para la personas que recurren a préstamos, lo que se denomina la sobreexposición al crédito. “Las deudas son derivadas a varios estudios de cobranzas, no lo llevan adelante abogados, sino personas administrativas. No propician un trato digno como establece la ley de defensa del consumidor. Si bien cobrar es lícito, el límite es la dignidad humana, la salud física y mental: no te pueden llamar todo el tiempo para cobrar, ni los fines de semana, ni a familiares o compañeros de trabajo”.

Con las deudas crecen dramas personales, que afectan a los sectores más vulnerables, como los jubilados, cada véz más golpeados por la política económica de este gobierno. En agosto de 2026 la jubilación mínima es de 490.000 pesos (326 dólares). Actualmente, hay 1.345.954 jubilados endeudados con prestamistas no bancarios, según la Universidad Nacional de Avellaneda.

Las personas mayores junto a las mujeres trabajadoras del hogar son los grupos más afectados. “Donde está el grupo más débil, es donde hay más deuda y menos salidas”, señala Bezares. Y agrega :“Los prestamistas informales recurren a amenazas y métodos cuasi-delictivos. Por ejemplo, una señora que cobra la jubilación mínima que me llamó para asesorarse contó que les debía cien mil pesos (66 dólares) a 10 personas diferentes. Entraron a su casa y se llevaron su nevera”.

Jubilados y trabajadoras de hogar estarán representados este jueves en la marcha al Ministerio de Economía por el sobreendeudamiento familiar, convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), empresarios pyme y endeudados autoconvocados. No se trata de un tema entre privados, se trata de un drama colectivo.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, retiró a su embajador en Buenos Aires y redujo la representación diplomática al nivel de encargado de negocios. La decisión marca el punto de máxima fricción en décadas en la relación bilateral y responde a los insultos que le propinó el mandatario argentino, Javier Milei, en las últimas apariciones públicas.

El embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, recibió la segunda nota de protesta formal en menos de dos semanas y en ella le expusieron las razones de la sanción diplomática. Su homólogo brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, quien fue llamado a consultas por la Cancillería de su país el 26 de julio, no regresará a la capital argentina hasta nuevo aviso mientras continúen las agresiones de Milei.

Milei había participado en San Pablo del acto de lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro el 25 de julio, ocasión en la que tildó de “ladrón” y “basura socialista” a Lula da Silva. La intención de ese viaje había sido la de reunirse con Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria por encabezar un intento de golpe de Estado contra Lula una semana después de que asumiera su tercer mandato, pero el juez del máximo tribunal de Brasil, Alexandre de Moraes, se lo impidió. Por eso Milei también fue ofensivo con el magistrado, llamándolo “basura calva”.

Cuando a Lula le preguntaron qué opinaba de las declaraciones de Milei en su propio país, el brasileño dijo con ironía que no sabía quién era ese “tipo” y luego las calificó de “disparate”. Pero los hilos se movieron a nivel de Cancillería, que llegó a considerar que sería necesario demorar el regreso de Bitelli a Argentina.

Los agravios continuaron desde Buenos Aires. En sus apariciones mediáticas de este domingo y martes, el mandatario argentino dijo que llama “presidiario” al líder del Partido de los Trabajadores porque, según él, quedó libre por “un error administrativo”. Lula da Silva recuperó la libertad en noviembre de 2019 tras 580 días de detención, y también recuperó sus derechos políticos gracias a un fallo del máximo tribunal que determinó que el juez Sergio Moro había actuado con parcialidad al condenarlo.

En un programa de televisión, Milei volvió a acusar a Brasil de haber supuestamente financiado una “campaña antiargentina” en redes sociales durante el Mundial, en la que incluyó también a México y al Partido Demócrata de Estados Unidos. No presentó ninguna prueba que lo sustente.

En Brasilia, remarcaron que el mandatario argentino no ratificó sus epítetos de “ladrón” y “corrupto” contra Lula da Silva solo una vez, sino que lo hizo cuatro veces durante su entrevista a LN+.

“Dos intentos de intervenir en la campaña”

El intelectual brasileño Emir Sader señala a elDiario.es que este episodio tiene puntos de contacto con la decisión del gobierno de EEUU de cancelar la visa de la embajadora de Brasil en Washington, Maria Luiza Viotti. “Brasil al principio tuvo una posición de cautela tras el viaje de Milei a San Pablo y su apoyo a la candidatura de Bolsonaro. Pero el Ministerio de Exteriores ha publicado una respuesta dura al gobierno de Donald Trump, luego de que retirara la visa de la embajadora de Brasil, amenazando con medidas de respuesta también en el plano económico. En ese marco es que Lula reacciona también en contra de las reiteradas declaraciones de Milei, ya que se interpretan como dos intentos de invervenir en la campaña electoral”.

Lula da Silva cuando este domingo formalizó su candidatura para las elecciones presidenciales del 4 de octubre dijo, a modo de mensaje al gobierno de Trump: “Quiero estar preparado para que nadie invada este país para llevarse a este presidente (en alusión a la captura de Maduro en Venezuela). Quiero estar preparado para la paz, no para la guerra. No quiero que nadie se atreva a subestimarnos”.

Para Sader, “ambos gobiernos [de EEUU y de Argentina] son aliados cercanos que ven en la política exterior brasileña un obstáculo para la visión de la extrema derecha en el mundo actual”.

Milei no pedirá disculpas

El Gobierno argentino no sólo no reconoció su falta en los insultos de Milei a Lula, sino que culpó a Brasil en un comunicado de la Cancillería. El titular de la cartera, Pablo Quirno, dijo haber tomado nota de la “decisión unilateral” y lamentó que Brasil “continúe aislándose del resto de la región por motivos puramente ideológicos”. El canciller afirmó que las relaciones entre los Estados “deben basarse en los intereses permanentes de sus pueblos y no en las necesidades políticas o personales de los gobiernos de turno”.

En la rueda de prensa de este miércoles, convocada para hablar sobre la visita del Papa León XIV en noviembre, Quirno dijo que no habrá un pedido de disculpas del Gobierno argentino –postura alejada de la principios de la fe católica–. Tampoco habrá una acción diplomática en respuesta a lo que haga Brasil. Y agregó: “La región está cambiando la dirección y nosotros eso lo celebramos, y esperamos que también suceda en Brasil”. El canciller adelantó que tienen planeado realizar una reunión de presidentes de derecha en Buenos Aires, aún sin fecha precisa.

El presidente argentino Javier Milei volvió a detonar una crisis diplomática con Brasil, esta vez tras lanzar una ráfaga de insultos contra su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva. Durante el acto de lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro este sábado en San Pablo, el ultraderechista argentino tildó al líder del Partido de los Trabajadores (PT) de “ladrón” y “basura socialista”. La respuesta no se hizo esperar: en cuestión de horas, el Ministerio de Exteriores llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, convocado este lunes en Brasilia por el canciller Mauro Vieira.

En un gesto que demuestra la severidad del asunto, Vieira citó de urgencia al embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, para transmitirle el rechazo categórico del Palacio del Planalto, sede del Gobierno brasileño. De acuerdo con fuentes diplomáticas, tras la reunión Raimondi comentó a su entorno que el canciller brasileño estaba “muy enojado” y exigió el relevo del cónsul en San Pablo, Luis Kreckler, por haber avalado con su presencia los descalificativos de Milei -fue quien organizó la visita de los hermanos Karina y Javier Milei-.

Desde la ciudad más poblada de Brasil, Milei no ahorró munición gruesa e intervino de lleno en la política local al instar a los brasileños a votar por el hijo de Jair Bolsonaro para detener lo que denominó “la basura socialista” . El escenario fue la convención del Partido Liberal (PL), donde el heredero político del bolsonarismo blandió una tijera gigante para emular la conocida motosierra de su invitado. “La tijera para cortar el robo de los delicuentes socialistas”, espetó Milei, a la vez que cargó contra “el infame Foro de San Pablo fundado por Lula da Silva y Fidel Castro para diseminar el comunismo”.

La cita de Flávio Bolsonaro buscaba asestar un golpe de efecto mediático capaz de opacar un panorama electoral sombrío: los últimos sondeos le otorgan a Lula una ventaja de ocho puntos con miras a los comicios presidenciales del 4 de octubre.

Sin embargo, el embate de Milei no se agotó en el Ejecutivo brasileño. El ultra argentino también apuntó sus dardos contra el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes —a quien calificó de “basura calva”—, irritado porque el magistrado le impidió concretar una visita a Jair Bolsonaro, hoy bajo arresto domiciliario. Cabe recordar que Moraes es el instructor de la causa por la tentativa de golpe de Estado de enero de 2023, un proceso histórico que sentó un precedente inédito al condenar a altos mandos militares junto a un expresidente.

Para aumentar más la tensión, este domingo Milei sostuvo —sin aportar una sola prueba que sustente su afirmación— que la administración de Lula da Silva financió una supuesta campaña en redes sociales contra Argentina en el marco del Mundial. “¿Sabe quién puso más plata en esta campaña anti-Argentina? El gobierno de Brasil: el 25 por ciento de los recursos salió de ahí”, lanzó el mandatario durante una entrevista concedida a Radio Mitre.

Un informe de Inteligencia Analítica desmintió de plano la existencia de un despliegue coordinado: “La circulación de mensajes en la red fue dispersa, orgánica y futbolera. Detectamos comunidades centradas en acusaciones de racismo, contenido antiargentino, Malvinas e Israel-Palestina. Pero ninguna de esas comunidades dominó la conversación”, concluye el relevamiento.

En lugar de fundamentar los explosivos dichos del Presidente, la trinchera digital del Gobierno optó por el desvío. A través de la autodenominada “Oficina de Respuesta Oficial” en X, el oficialismo evitó aclarar el origen del inconsistente dato del 25 por ciento y prefirió desempolvar la agenda de agravios: recordó con malestar la visita privada que Lula le realizó el año pasado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple arresto domiciliario.

“Vimos con vergüenza ajena al presidente Milei ofender e insultar al Gobierno de Brasil, a su presidente y a todo un país”, expresó en sus redes sociales el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, uno de los principales dirigentes de la oposición en Argentina.

La reacción política en Brasil fue unánime. A través de un duro comunicado, el PT sostuvo que el mandatario argentino en el acto político de Flávio Bolsonaro demostró “no estar a la altura de la dignidad del cargo”. En la misma línea, referentes del Partido Democrático Trabalhista (PDT) y del Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) se sumaron al rechazo generalizado de las fuerzas del campo democrático-popular. El presidente del Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, calificó de “irrespetuosos” los dichos de Milei.

Para el embajador Bitelli, este llamado a consultas guarda un amargo aire de déjà vu. En 2024, el diplomático ya había sido convocado a Brasilia después de que Milei faltara a la Cumbre del Mercosur en Paraguay para viajar, en su lugar, a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Camboriú junto a Jair Bolsonaro.

Corrida la cortina de humo de la Copa del Mundo, las tres centrales sindicales de Argentina y las organizaciones sociales se han manifestado este miércoles en apoyo a los jubilados. La convocatoria de miles de personas en las cercanías del Congreso, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, no ha sido tan multitudinaria como esperaban sus organizadores. Forma parte de un plan de acción “a la francesa” para llevar a las calles el reclamo contra la reforma laboral regresiva impulsada por el Gobierno ultraderechista de Javier Milei, así como la exigencia de salarios y pensiones dignas.

Vistiendo una casaca con la frase “Las Malvinas son argentinas”, Cristian Valderrama se queja de la situación económico-social. “No me gusta ver a los jubilados morirse de hambre por las políticas de Milei. Mis viejos van a ser jubilados dentro de no mucho y no voy a tener la espalda para mantenerlos, porque ahora, siendo un adulto funcional, me cuesta mucho mantenerme con esta economía que es imposible”, dice el joven que trabaja de kinesiólogo.

La movilización ha formalizado la alianza entre las centrales obreras —la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)— junto a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Se trata del primer escalón de un plan de lucha que busca canalizar el malestar acumulado en los sectores populares por los efectos de los recortes del presupuesto nacional en áreas clave como la salud y la educación públicas.

Hugo Yasky, secretario general de la CTA, señala a elDiario.es el eje central de la proclama: “Venimos denunciando la reforma laboral y la brutal quita de derechos para los trabajadores. La evolución de las cifras estadísticas muestra que ahora hay más trabajadores informales, más desempleo y una mayor caída del salario. Hoy, el Salario Mínimo, Vital y Móvil es el más bajo de América Latina medido en dólares” (372.989 pesos, unos 250 dólares).

La desocupación en Argentina se situó en el 7,8% durante este primer trimestre, según arrojan los datos oficiales. Hace dos años y medio, Milei recibió un desempleo del 5,7%.

Al ser consultado sobre si los sindicatos podrían haber hecho más fuerza para evitar retrocesos sociales —dado que la reforma laboral se aprobó en febrero—, Yasky responde: “Hubo intentos de frenarla: un paro que convocamos las tres centrales sindicales, muy criticado en su momento porque hacía pocos meses que había asumido Milei. Es cierto que después las acciones perdieron fuerza, porque hubo dirigentes que entendieron que había que intentar la vía del diálogo con el Gobierno. Hoy nos unifica la certeza de que no hay frente a nosotros un Gobierno que quiera dialogar”.

Desde la conducción sindical advierten que la marcha de este miércoles es el prólogo de un esquema de acción directa más amplio. El 7 de agosto se dará un nuevo paso con la convocatoria a la tradicional marcha de San Cayetano, punto de inflexión anual para los movimientos populares.

En el horizonte, aunque aún sin fecha, se vislumbra la posibilidad concreta de un paro general si la Casa Rosada insiste en dinamitar los puentes de negociación. A través de un documento oficial, la CGT sostuvo: “Marchamos para que una jubilación pueda garantizar una vida digna. Para que quienes trabajaron toda su vida no tengan que elegir entre comprar sus medicamentos o poner un plato de comida sobre la mesa”. El secretario general adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, sintetizó el cambio de clima social y el agotamiento de la vía institucional: “La realidad que atraviesan los trabajadores y las familias es alarmante. Hubo un congelamiento ficticio del país por el clima mundialista, pero la tregua terminó y los problemas del día a día vuelven a flote”.

Los jubilados protestan cada miércoles frente al Congreso al ser el sector más golpeado por las políticas de recorte del Ejecutivo. Milei, que pretende postularse a la reelección el año próximo, tiene entre sus planes privatizar el sistema previsional, según advierten los sindicatos en su lista de reclamos.

Walter Piriz, jubilado metalúrgico, afirma que cobra un poco más que la pensión mínima (481 mil pesos, equivalente a unos 322 dólares) y que no le alcanza. “Vengo de Campana, en la provincia de Buenos Aires, a dos horas de viaje. Nuestra protesta es la única que se mantiene desde hace bastante tiempo. Somos un mojón en el camino, a pesar de que nos golpean y a veces nos tiran gases lacrimógenos”. Como botón de muestra, previo a la marcha, las fuerzas de seguridad arrojaron gas pimienta en un operativo contra una movilización de organizaciones sociales que se concentraron en puntos de ingreso a la ciudad de Buenos aires.

Mientras millones de argentinos siguen recortando gastos para llegar a fin de mes, los senadores desde agosto cobrarán casi 12 millones de pesos brutos mensuales (más de 8.000 dólares) gracias al sistema que actualiza automáticamente sus dietas cada vez que aumentan los salarios de los empleados del Congreso. Desde las calles los interpelan.

La bandera con el lema “Las Malvinas son argentinas” en tinta negra sobre tela blanca que desplegaron los jugadores de la selección de Argentina tras vencer a Inglaterra dio la vuelta al mundo y ha vuelto a poner en la agenda esta reivindicación histórica. El episodio ha colocado al Gobierno ultraderechista de Javier Milei en una posición incómoda. Tras haber avalado el veto a toda expresión política en los estadios en sintonía con la FIFA, Milei se ha visto forzado a declarar: “Las Malvinas son argentinas y las vamos a recuperar, pero en el plano diplomático con inteligencia en el accionar”.

Tratando de no criticar directamente a los jugadores finalistas de la Copa del Mundo, el presidente argentino dijo en una entrevista a El Observador que “la política no debe apropiarse de esta fiesta de los argentinos”. Su intento de despolitizar la reivindicación de la soberanía de las islas es parte de la estrategia del Ejecutivo para disimular la mención de un tema que no ha sido prioritario para su Gobierno desde que asumió en diciembre de 2023. Sin embargo, durante la entrevista, el mandatario repasó las supuestas gestiones que Cancillería hizo por las Malvinas –que, en rigor, no tuvieron el peso político de otros años–. “Nunca en la historia argentina se hicieron tantos avances diplomáticos”, dijo el admirador confeso de Margaret Thatcher, cuyo retrato tiene en su despacho.

“Casi tres años de 'desmalvinización”

Jorge Taiana, canciller durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, señala que lo que ha logrado la selección argentina al exhibir la bandera de Malvinas “es revertir casi tres años de desmalvinización, tanto dentro de la Argentina como en el ámbito internacional”. “Mientras el Gobierno de Javier Milei ha buscado invisibilizar la causa Malvinas, la Selección ha conseguido volver a poner en la agenda del mundo el reclamo argentino de soberanía sobre las islas Malvinas, reafirmando un sentimiento que forma parte de la identidad y la memoria colectiva del pueblo argentino”, dice a elDiario.es Taiana, actual diputado por el peronismo.

El presidente dijo en diciembre pasado al medio británico The Telegraph que las islas deberían volver a Argentina, pero supeditó ese traspaso a que el territorio debería “ser devuelto a través de la negociación y cuando los isleños lo deseen”. Esta declaración contradice la postura histórica del país latinoamericano, que no considera el deseo de los 'kelpers' como un argumento legítimo, dado que sotiene que se trata de una población implantada tras una ocupación. Tras decirlo, Milei se retrotrajo y planteó: “Nunca renunciaremos al reclamo de soberanía sobre Las Malvinas”. “No es negociable”, dijo.

“En toda nuestra historia, Argentina nunca consintió la ocupación de las islas, siempre reclamó el ejercicio pleno de la soberanía. Es absolutamente falso lo que dijo Milei de que este Gobierno haya conseguido que los británicos se sienten a negociar por Malvinas, puesto que la resolución de la ONU que reconoce una disputa de soberanía es del año 1965. Durante esta gestión no hubo ningún avance; por el contrario, hubo graves retrocesos en la negociación diplomática”, dice Taiana.

Tras el gesto de los jugadores de fútbol, Milei publicó en X: “Mientras algunos se dedican a hacer berrinches propios de un adolescente termo mononeuronal, nosotros por la vía diplomática cada día estamos más cerca de la recuperación de las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y el espacio marítimo circulante”. Y retuiteó una publicación del político estadounidense-israelí Marc Zell, Marc Zell, en la que revela que le pidió personalmente a Donald Trump que reconsidere la política de su país sobre las islas Malvinas y respalde a Argentina en su reclamo de soberanía.

“Estados Unidos, que tiene una alianza histórica con Inglaterra, no va a hacer demasiado por la causa Malvinas; parece un planteo absurdo. Como hizo la dictadura argentina, en 1982, que suponía que, por haberse portado bien con EEUU y haber colaborado con la represión en América central, en ese momento Ronald Reagan iba a estar a favor de Argentina, absurdo para un país con un compromiso histórico con Gran Bretaña. ¿Por qué EEUU actuaría a favor de Argentina en un tema diplomático tan candente como Malvinas? Es un acto de irresponsabilidad de Milei, de un presidente muy mitómano”, dice a elDiario.es el historiador Felipe Pigna.

“Volver a hablar de Malvinas”

Pigna destaca lo que hicieron los jugadores en el contexto de un Gobierno cuestionado por la entrega de los recursos del país a capitales extranjeros. “Es saludable volver a hablar de Malvinas. Que las maestras y los padres se vean obligados a contarles a los hijos que los chicos pregunten: '¿Por qué las Malvinas las ocuparon los ingleses?'. Es una molestia fuerte para un Gobierno entreguista. Sucede cuando nuestra ministra de Seguridad avaló a la FIFA con su prohibición de banderas con las Malvinas, una FIFA en completa sumisión a Trump”.

Milei ha intentado no hacerse cargo de la posible sanción que pidió el Gobierno británico para los jugadores, una petición a la que se ha sumado la administración de las islas. “Son cosas que pasan en la cancha con los jugadores”, ha dicho el mandatario, cuando la sanción se activaría porque su ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, negoció la prohibición en el estadio de Atlanta de cualquier mención a las islas y la soberanía argentina. “En el peor de los casos, (la selección) recibirá una sanción económica de 30.000 dólares”, ha asegurado el presidente, de pasada.

Los símbolos

Alejandro Grimson, antropólogo e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), recalca la importancia simbólica e histórica de lo sucedido. “Objetivamente, está claro que la selección nacional de fútbol, el deporte más importante de Argentina, no cae en lo que acá llamamos 'la grieta'. La selección está por encima de las divisiones políticas. Malvinas también está por encima de las divisiones políticas. Milei admira a Thatcher, cuya decisión de atacar el crucero general Belgrano mató más gente que toda la guerra de Malvinas. Las Malvinas, al igual que la selección, son de los pocos símbolos relevantes de Argentina que están por encima de la polarización. El reclamo de Malvinas es una cláusula de nuestra Constitución, por encima de quien gobierne”, dice a este medio.

Estados Unidos, que tiene una alianza histórica con Inglaterra, no va a hacer demasiado por la causa Malvinas; parece un planteo absurdo

Felipe Pigna — Historiador

El experto critica la diplomacia de Milei. “Lo que vemos es una política exterior rastrera con el actual Gobierno de Estados Unidos. Milei reaccionó como un chico que se portó mal frente a Trump. Todos saben que Trump considera que él puede decidir si se anula o no una tarjeta roja; del mismo modo puede pensar que Milei no puede controlar a sus jugadores”.

La vinculación entre el Mundial y la reivindicación de las Malvinas había sido exacerbada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, en abierta rivalidad con Milei. Pocas horas antes del partido, Villarruel llamó “piratas usurpadores” a los ingleses.

El impacto del asunto ha llegado al Congreso. Este jueves, fracasó un tercer intento del Ejecutivo por modificar la Ley de Tierras Rurales, aprobada en 2011 para limitar la venta de tierras a capitales extranjeros y resguardar la integridad territorial. La reivindicación de la soberanía sobre las islas Malvinas que hicieron los jugadores terminó de inclinar la balanza entre los senadores que dudaban si acompañar o no la iniciativa gubernamental, y se interrumpió la sesión hasta el próximo 6 de agosto.

El Gobierno de Javier Milei suma un nuevo capítulo a su diplomacia de trinchera. El oxímoron vale para describir la pugna interna de las facciones ultraderechistas en la embajada argentina en Madrid. La Casa Rosada, sede del Gobierno, ha destituido por decreto a Alejandro Nimo, cónsul general argentino en España que ventiló en redes sociales una pelea de despachos con el embajador Wenceslao Bunge Saravia.

“Dispónese el cese del abogado Marcelo Alejandro Nimo como agregado especializado en el área de promoción de inversiones y comercio internacional de la embajada de la República Argentina ante el Reino de España”, indica el decreto 588/2026.

Las firmas de Milei, del ministro de Economía, Luis Caputo, y del de Exteriores, Pablo Quirno, oficializaron la salida de Nimo con el habitual paraguas de la “eficiencia” administrativa. Sin embargo, el trasfondo expone las costuras de una gestión diplomática atravesada por la sobreactuación ideológica.

El agravio del despacho

El conflicto se destapó en abril, cuando Nimo denunció públicamente en X que el embajador Bunge Saravia le había quitado su despacho, bajo la explicación formal de una reorganización de espacios. Un desplazamiento que el ahora excónsul leyó casi como un sacrilegio político y tildó de “agresión”: en el centro de ese despacho desalojado colgaba un retrato del presidente al que él idolatra públicamente, y al que ha llegado a representar como un superhéroe de antifaz, mallas y capa.

“Es evidente que no soy la víctima aquí, ya que en mi despacho tenía en un lugar central un cuadro con la imagen de nuestro presidente Javier Milei, así como imágenes y símbolos que hacen a mi recorrido en la batalla cultural por Europa”, dijo.

Nimo acusó a Bunge Saravia de no estar lo suficientemente alineado con el dogma del ajuste fiscal y la reducción del Estado. “Lo que me preocupa del embajador Bunge no se trata de una decisión por una oficina (yo puedo hacer el mismo trabajo excelente que vengo haciendo desde cualquier club privado o bar de Madrid); realmente me preocupa su falta de compromiso con el achicamiento del Estado y el cumplimiento de las premisas de responsabilidad fiscal…”.

Afín al gurú económico español de Milei

Nimo, quien se define a sí mismo como “mileísta, menemista [en referencia al expresidente Carlos Menem] y guerrero de la batalla cultural”, había llegado a la sede diplomática en 2024 en un área clave para la captación de capital europeo para Argentina. Al momento de su nombramiento, Nimo recibió el rango de Consejero de la Embajada y Cónsul General a efectos únicamente protocolarios, mientras durara su función. El funcionario hacía uso de su cercanía con el gurú anarcocapitalista de Milei, el español Jesús Huerta de Soto. Por esa vía maniobró, según informaciones de la prensa argentina, para el desplazamiento del embajador Roberto Bosch en noviembre de 2024, ya que entre las causas de su salida figura no haber tejido una relación fluida con el economista español. En mayo de 2025, desembarcó al frente de la embajada argentina Bunge Saravia, antiguo consejero delegado de Credit Suisse, sin experiencia en diplomacia.

El ahora excónsul desarrolló en Madrid una agenda propia de reuniones con empresarios y actores del sector privado, una actividad paralela a la agenda institucional de la embajada. Esto generó fricciones con el nuevo embajador, según algunas informaciones. Nimo fue impulsor de que la Presidencia argentina y el Ministerio de Capital Humano nombraran a la española Eva Carrasco Bañuelos como directora del Colegio Mayor Argentino, institución con sede en Madrid. La designación fue controvertida: el Gobierno se saltó la obligatoriedad de que el cargo tuviese nacionalidad argentina.

Nada parece casual en el cruce de relaciones públicas y privadas. Carrasco Bañuelos es esposa de Philipp Bagus, autor del libro La era Milei, amigo del presidente argentino y profesor de Nimo en el máster en Economía de la Escuela Austríaca de la Universidad Rey Juan Carlos, dirigido por Huerta de Soto.

No contribuyó a resolver el conflicto en la embajada la entrevista que Nimo concedió a un influencer en redes sociales donde defendió la política de recortes del Gobierno de Milei y formuló críticas a Pedro Sánchez, en momentos en que se pretende dar por superados meses de conflictividad entre Moncloa y Casa Rosada. Hasta el momento, la embajada argentina en España no ha anunciado quién va a reemplazarlo.

Nimo termina su ciclo depurado por la misma dinámica de purga y delación en redes que el propio oficialismo suele alimentar. Él mismo dijo al diario La Nación que ya no se “sentía cómodo en la dinámica de la embajada” por “visiones distintas con el embajador respecto del gasto y su utilidad”. Una muestra más de una Cancillería donde las batallas de ego cotizan más alto que las formas de la diplomacia tradicional.

El Gobierno del ultraderechista Javier Milei está impulsando un proyecto de ley sobre la propiedad privada que ha encendido las alarmas. La Confederación General del Trabajo (CGT), la Iglesia y organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), advierten de que facilitará la concentración y la extranjerización de la tierra y abrirá la puerta a desalojos.

Se trata de una pieza clave del diseño desregulador que el Ejecutivo argentino envió al Congreso el pasado 27 de marzo, cuyo debate se fue postergando por falta de votos. El plan del Gobierno es que el proyecto sea tratado en la sesión del 16 de julio. De manera previa, pasará este miércoles por una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria considerada clave, ya que allí se podrían introducir correcciones para sumar respaldos.

Detrás del pomposo nombre de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” se esconde el verdadero corazón de la iniciativa, diseñada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger: un desmontaje normativo que apunta directamente a modificar varias leyes en favor del avance de inversores, terratenientes y grandes propietarios. 

La Ley de Tierras Rurales, en el centro

La principal polémica se centra en un capítulo del proyecto que modifica la Ley de Tierras Rurales, eliminando las restricciones para que los extranjeros compren tierras en Argentina. Dicha norma, aprobada en 2011, estipula un tope global del 15% de tierras rurales en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental; un límite por nacionalidad que dicta que ninguna bandera puede acaparar más del 30% de ese 15% permitido; y un techo individual de 1.000 hectáreas en la zona núcleo (o su equivalente en otras regiones) por cada titular extranjero.

La narrativa oficial suele presentar al suelo rural como extensiones inertes e improductivas que precisan el shock del capital externo. Sin embargo, esas hectáreas concentran reservas de agua dulce, biodiversidad y recursos estratégicos que cotizan en alza en un escenario global de crisis climática.

“Nuestro suelo es soberanía”

La Confederación General del Trabajo ha llamado a los legisladores a rechazar el proyecto oficialista y denuncia que Milei busca entregar los recursos naturales al extranjero. “Nuestro suelo es soberanía, no mercancía”, ha advertido la CGT sobre el tema. “Lo que está en juego es la tierra, el agua, los ríos y los recursos naturales, que son la base de cualquier proyecto de desarrollo, producción y trabajo. Sin soberanía sobre nuestros recursos no hay independencia económica. ¡No entreguen nuestra soberanía!”, dijo a los parlamentarios a través de sus redes sociales.

“¿En manos de quiénes estarán las tierras?”, se preguntó la central sindical, a lo que respondió que “la riqueza se concentra cada vez más en unos pocos tecnomagnates”. “Algunos mantienen estrechos vínculos con la Casa Rosada y fijaron domicilio en la Ciudad de Buenos Aires”, alerta la CGT, en alusión al empresario tecnológico de extrema derecha Peter Thiel.

La CGT también recuerda el caso del empresario británico Joe Lewis. “Hoy los argentinos y las argentinas ya enfrentamos obstáculos para acceder al Lago Escondido. Ese conflicto representa apenas una muestra de lo que podría multiplicarse si este proyecto se convierte en ley”, indica. En los 90, Lewis adquirió miles de hectáreas en la zona fronteriza, que incluye el Lago Escondido en su totalidad en la provincia de Río Negro y el litigio judicial giró en torno al acceso al lago, ya que ríos y lagos son de dominio público, según el Código Civil argentino.

Los riesgos

Diego Morales, abogado a cargo del área de litigio del CELS, explica a elDiario.es que, además de modificar la Ley de Tierras Rurales, el proyecto del Gobierno elimina las restricciones de la Ley de Manejo del Fuego. “Esta ley impide cambiar el destino de inmuebles incendiados por 30 años. Si ese inmueble está destinado a la agricultura, tiene que seguir siendo destinado a la agricultura. Si sobre esos terrenos quisieras construir ahora un hotel, no podrías. Con el proyecto actual, esa prohibición se eliminaría”.

Morales agrega que la iniciativa modifica la Ley de Expropiación, obligando al Estado a pagar el valor de mercado y el lucro cesante, además de justificar técnicamente la expropiación, lo que encarecerá el proceso. “Lo que dice el proyecto de ley es que el precio de ese inmueble que el Estado compra para un destino social, por ejemplo, va a ser cotizado de acuerdo al valor de mercado. En la norma vigente esto es distinto: el precio se define por una tasación que hace un órgano estatal. Si el Estado necesita comprar una tierra para desarrollar un barrio popular, o para agregarle un espacio verde o una canchita de fútbol, lo que va a tener que hacer es pagar un precio alto”.

Por su parte, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda, Koldo Casla, envió una comunicación al Gobierno argentino mostrando su preocupación por los desalojos. “Haciendo caso omiso de la función social de la propiedad, el proyecto de ley introduce un proceso extremadamente breve para llevar a cabo desalojos, sin evaluación de la proporcionalidad, y otorga un grado desequilibrado de protección a los propietarios a expensas del interés general de la sociedad en el caso de expropiaciones. Por ello, los cambios legales incluidos en el proyecto de ley podrían dar lugar a violaciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por Argentina en 1986”.

Al respecto, el abogado del CELS señala que la iniciativa “introduce una reducción de los plazos”. “En tres días el juez tiene que resolver si desaloja a una familia, aun cuando no tengamos la sentencia. Es un tema muy delicado para el contexto económico argentino, que es la falta de pago: te pueden desalojar por adeudar una cuota o un mes. A partir de las críticas del relator de la ONU, el Gobierno ha dado señales de querer corregir este punto”, dice-

La Iglesia Católica también se manifestó en contra del proyecto y señaló: “Atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos a autodeterminarse”. En un documento conjunto de la Pastoral Social, Cáritas Argentina y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), la institución alertó sobre la extranjerización y concentración de la tierra, advirtiendo además sobre el riesgo de otorgar acceso ilimitado a corporaciones foráneas en áreas estratégicas vinculadas a reservas de agua dulce y recursos naturales no renovables.

Repliegue normativo medioambiental

Un mapa interactivo elaborado a fines de 2025 por el Observatorio de Tierras creado por científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y de la Universidad de Buenos Aires expone la radiografía actual: más de 13 millones de hectáreas ya pertenecen a capitales extranjeros. El número equivale a casi el 5% del territorio nacional, una superficie comparable a la extensión total de Inglaterra. En el podio de propietarios extranjeros se ubica Estados Unidos, con 2,7 millones de hectáreas. La nueva ley cambiaría ese porcentaje de participación.

El Observatorio de Tierras señala que la fisonomía de la soberanía territorial argentina sufrió un quiebre irreversible a mediados de los 90. “En 1996, la recién creada Secretaría de Seguridad Interior (SSI) del Gobierno de Carlos Menem absorbió las facultades de la Superintendencia Nacional de Fronteras. Bajo su órbita, se habilitó la venta de más de ocho millones de hectáreas en áreas fronterizas consideradas de seguridad nacional. La maniobra salteó el histórico Decreto 15.385 de 1944, una norma de resguardo que blindaba esas zonas para uso exclusivo de ciudadanos locales”.

“Mediante triangulaciones y ventas irregulares, la protección legal fue vulnerada, abriendo paso a desembarcos icónicos de capitales extranjeros en la Patagonia, como la adquisición de Lago Escondido por parte del magnate británico Joe Lewis y las millonarias compras del italiano Luciano Benetton”, agrega el observatorio.

La Ley de Tierras de 2011 nació para impedir el uso de testaferros, la hendija legal que hoy mantiene judicializada la situación de las tierras vinculadas al emir de Abu Dabi Mohamed bin Zayed en las cercanías de Bariloche, sur de Argentina. Según revelaron los diarios PáginaI12 y Tiempo Argentino, el Estado de Emiratos Árabes Unidos se habría apropiado ilegalmente de enormes extensiones de tierras en las regiones cordillerana y costera de Río Negro desde 2017, mediante un entramado de testaferros argentinos, directorios entrelazados y fideicomisos que presentan una falsa apariencia de legalidad.

La iniciativa que impulsa el Ejecutivo no se mueve en el vacío. Forma parte de un ecosistema de repliegue normativo medioambiental que se complementa con la ya aprobada reforma a la Ley de Glaciares y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El presidente argentino, Javier Milei, reivindicó las reformas de su Gobierno con un elogio de la dictadura. Durante una entrevista al canal LN+, el mandatario ultraderechista dejó una frase que se incorpora a su colección de agravios a la memoria histórica: “Logramos hacer cosas que ni los militares lograron hacer, y lo hicimos en tres meses”. Lo dijo como última defensa al jefe de Gabinete saliente, Manuel Adorni, y minutos después de anunciar a su sucesor, Diego Santilli.

Milei dialogó con el canal de televisión afín al oficialismo desde su residencia oficial en la Quinta de Olivos el domingo por la noche, con el objetivo de reivindicar su gestión tras 112 días en los que el “caso Adorni” ocupó el centro de la escena política y trabó la agenda parlamentaria. Se refirió a proyectos que se aprobaron previo al escándalo, salvo la Ley de Glaciares: “Fuimos con nuevas propuestas para la elección de medio término [de octubre de 2025]. Siendo Adorni jefe de Gabinete logramos sacar las leyes de Inocencia Fiscal, el acuerdo Unión Europea-Mercosur, Modernización Laboral, de Glaciares y la baja de la edad de imputabilidad penal. Son cosas que ni gobiernos militares lograron hacer y lo hicimos en tres meses”.

La afirmación de Milei banaliza el terrorismo de Estado y los 30.000 desaparecidos por la dictadura y, al mismo tiempo, pone de manifiesto la matriz económica de su administración. La visión neoliberal del ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz —con un programa de destrucción del Estado y de la industria nacional—, se emparenta así con la del líder de La Libertad Avanza.

Salida de Adorni y desembarco de Santilli

El presidente ultra negó que el escándalo con su ahora ex jefe de Gabinete haya erosionado su gestión: “No lo comparto en lo más mínimo”. E insistió con la defensa de Adorni. Alegó que le aceptó la renuncia para “proteger a su familia por los niveles de ataque que estaba recibiendo” en los medios. Aclaró que Adorni, imputado por enriquecimiento ilícito, dejará también su cargo en la directiva de la petrolera estatal, YPF, lo que desmiente las especulaciones de que a partir de ahora cobraría por ese puesto.

En su intento por pasar de página, Milei elogió las credenciales del sustituto de Adorni, Diego Santilli, quien ocupa el cargo de ministro de Interior. Dijo que, junto a su hermana Karina, lo eligieron por “su músculo político” y que volverán a degradar la cartera de Interior a secretaría. “Diego tiene mucho oficio político y es una forma de volver a darle aire a la gestión para las cosas que tenemos que seguir haciendo, más allá de que ya cumplimos casi todo lo que prometimos”, dijo. El mandatario tuiteó una fotografía en la que aparece con Santilli y la secretaria general de la Presidencia.

Las declaraciones del presidente contrastan con las que sobre el nuevo cargo vertía hace tres años. Durante la campaña electoral de 2023, Milei tuvo opiniones agraviantes y duras sobre Santilli, entonces candidato a gobernador de Buenos Aires por el PRO, el partido del expresidente y aliado ocasional Mauricio Macri. Lo describió como un “engendro”, “inútil” y “pésimo candidato”, e incluso llegó a calificarlo de “Colorado HDP” y aseverar que quienes lo conocían bien lo consideraban un “corrupto”.

El nuevo jefe de ministros jurará el cargo este martes y tendrá el desafío de conseguir autonomía frente a Karina Milei, de quien se comenta que es la jefa de Gabinete en la sombra, además de aplacar el “fuego amigo”. El PRO había amenazado con votar a favor de la moción de censura que impulsaba la oposición en el Congreso si Milei no le exigía la renuncia a Adorni.

El presidente ultra anunció, además, que trabaja en un nuevo libro titulado La moral como política de Estado, una suerte de ensayo para justificar la supuesta inocencia de sus cargos investigados en los tribunales. Cabe recordar que el propio Milei está imputado por la presunta estafa con criptomonedas en la causa conocida como $LIBRA.

La “ola azul” continental y la visita de Flávio Bolsonaro

Mientras Milei daba su entrevista, el candidato presidencial brasileño, Flávio Bolsonaro, prometía emular el modelo de gobierno del argentino en un evento en Buenos Aires promovido por la Fundación Aliados de Israel (IAF). El senador es hijo de Jair Bolsonaro (condenado a 27 años de cárcel por acciones golpistas) y hermano de Eduardo, que fue condenado a cuatro años de prisión y reside en EEUU.

Flávio Bolsonaro dijo: “Somos la pieza que falta en este mapa”, en alusión a la ola de ultraderecha que atraviesa el continente americano, según publicó UOL. Luego detalló: “Miren el mapa. En EEUU, Donald Trump; aquí, Argentina, bajo el presidente Javier Milei; Chile, que eligió a José Antonio Kast; Perú, que acaba de elegir a Keiko Fujimori; Colombia, que eligió a Abelardo de la Espriella. Bolivia, que, tras casi 20 años de hegemonía socialista, eligió a Rodrigo Paz y pasó página; Ecuador, que reeligió a Daniel Noboa; Paraguay, con Santiago Peña”. Y siguió con la enumeración en Centroamérica, mencionando a la Honduras de Tito Asfura y El Salvador de Nayib Bukele.

El senador ultra y principal rival del presidente actual, Luiz Inácio Lula da Silva, para las elecciones de octubre dijo que fue a Argentina para impulsar la “ola azul” que comenzó con la elección de Milei en 2023. El mandatario argentino se reunió con él en la Quinta de Olivos.

Es probable que el encuentro con Bolsonaro hijo provoque mayo tensión en el vínculo de Milei con Lula da Silva: nunca han hablado por teléfono ni en persona, y apenas debieron cumplir con un saludo de rigor en los pocos encuentros en los que se cruzaron.