Corrida la cortina de humo de la Copa del Mundo, las tres centrales sindicales de Argentina y las organizaciones social se han manifestado este miércoles en apoyo a los jubilados. La convocatoria de miles de personas en las cercanías del Congreso, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, no ha sido tan multitudinaria como esperaban sus organizadores. Forma parte de un plan de acción “a la francesa” para llevar a las calles el reclamo contra la reforma laboral regresiva impulsada por el Gobierno ultraderechista de Javier Milei, así como la exigencia de salarios y pensiones dignas.

Vistiendo una casaca con la frase “Las Malvinas son argentinas”, Cristian Valderrama se queja de situación económico-social. “No me gusta ver a los jubilados morirse de hambre por las políticas de Milei. Mis viejos van a ser jubilados dentro de no mucho y no voy a tener la espalda para mantenerlos, porque ahora, siendo un adulto funcional, me cuesta mucho mantenerme con esta economía que es imposible”, dice el joven que trabaja de kinesiólogo.

La movilización ha formalizado la alianza entre las centrales obreras —la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)— junto a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Se trata del primer escalón de un plan de lucha que busca canalizar el malestar acumulado en los sectores populares por los efectos de los recortes del presupuesto nacional en áreas clave como la salud y la educación públicas.

Hugo Yasky, secretario general de la CTA, señala a elDiario.es el eje central de la proclama: “Venimos denunciando la reforma laboral y la brutal quita de derechos para los trabajadores. La evolución de las cifras estadísticas muestra que ahora hay más trabajadores informales, más desempleo y una mayor caída del salario. Hoy, el Salario Mínimo, Vital y Móvil es el más bajo de América Latina medido en dólares” (372.989 pesos, unos 250 dólares).

La desocupación en Argentina se situó en el 7,8% durante este primer trimestre, según arrojan los datos oficiales. Hace dos años y medio, Milei recibió un desempleo del 5,7%.

Al ser consultado sobre si los sindicatos podrían haber hecho más fuerza para evitar retrocesos sociales —dado que la reforma laboral se aprobó en febrero—, Yasky responde: “Hubo intentos de frenarla: un paro que convocamos las tres centrales sindicales, muy criticado en su momento porque hacía pocos meses que había asumido Milei. Es cierto que después las acciones perdieron fuerza, porque hubo dirigentes que entendieron que había que intentar la vía del diálogo con el Gobierno. Hoy nos unifica la certeza de que no hay frente a nosotros un Gobierno que quiera dialogar”.

Desde la conducción sindical advierten que la marcha de este miércoles es el prólogo de un esquema de acción directa más amplio. El 7 de agosto se dará un nuevo paso con la convocatoria a la tradicional marcha de San Cayetano, punto de inflexión anual para los movimientos populares.

En el horizonte, aunque aún sin fecha, se vislumbra la posibilidad concreta de un paro general si la Casa Rosada insiste en dinamitar los puentes de negociación. A través de un documento oficial, la CGT sostuvo: “Marchamos para que una jubilación pueda garantizar una vida digna. Para que quienes trabajaron toda su vida no tengan que elegir entre comprar sus medicamentos o poner un plato de comida sobre la mesa”. El secretario general adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, sintetizó el cambio de clima social y el agotamiento de la vía institucional: “La realidad que atraviesan los trabajadores y las familias es alarmante. Hubo un congelamiento ficticio del país por el clima mundialista, pero la tregua terminó y los problemas del día a día vuelven a flote”.

Los jubilados protestan cada miércoles frente al Congreso al ser el sector más golpeado por las políticas de recorte del Ejecutivo. Milei, que pretende postularse a la reelección el año próximo, tiene entre sus planes privatizar el sistema previsional, según advierten los sindicatos en su lista de reclamos.

Walter Piriz, jubilado metalúrgico, afirma que cobra un poco más que la pensión mínima (481 mil pesos, equivalente a unos 322 dólares) y que no le alcanza. “Vengo de Campana, en la provincia de Buenos Aires, a dos horas de viaje. Nuestra protesta es la única que se mantiene desde hace bastante tiempo. Somos un mojón en el camino, a pesar de que nos golpean y a veces nos tiran gases lacrimógenos”. Como botón de muestra, previo a la marcha, las fuerzas de seguridad arrojaron gas pimienta en un operativo contra una movilización de organizaciones sociales que se concentraron en puntos de ingreso a la ciudad de Buenos aires.

Mientras millones de argentinos siguen recortando gastos para llegar a fin de mes, los senadores desde agosto cobrarán casi 12 millones de pesos brutos mensuales (más de 8.000 dólares) gracias al sistema que actualiza automáticamente sus dietas cada vez que aumentan los salarios de los empleados del Congreso. Desde las calles los interpelan.

La bandera con el lema “Las Malvinas son argentinas” en tinta negra sobre tela blanca que desplegaron los jugadores de la selección de Argentina tras vencer a Inglaterra dio la vuelta al mundo y ha vuelto a poner en la agenda esta reivindicación histórica. El episodio ha colocado al Gobierno ultraderechista de Javier Milei en una posición incómoda. Tras haber avalado el veto a toda expresión política en los estadios en sintonía con la FIFA, Milei se ha visto forzado a declarar: “Las Malvinas son argentinas y las vamos a recuperar, pero en el plano diplomático con inteligencia en el accionar”.

Tratando de no criticar directamente a los jugadores finalistas de la Copa del Mundo, el presidente argentino dijo en una entrevista a El Observador que “la política no debe apropiarse de esta fiesta de los argentinos”. Su intento de despolitizar la reivindicación de la soberanía de las islas es parte de la estrategia del Ejecutivo para disimular la mención de un tema que no ha sido prioritario para su Gobierno desde que asumió en diciembre de 2023. Sin embargo, durante la entrevista, el mandatario repasó las supuestas gestiones que Cancillería hizo por las Malvinas –que, en rigor, no tuvieron el peso político de otros años–. “Nunca en la historia argentina se hicieron tantos avances diplomáticos”, dijo el admirador confeso de Margaret Thatcher, cuyo retrato tiene en su despacho.

“Casi tres años de 'desmalvinización”

Jorge Taiana, canciller durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, señala que lo que ha logrado la selección argentina al exhibir la bandera de Malvinas “es revertir casi tres años de desmalvinización, tanto dentro de la Argentina como en el ámbito internacional”. “Mientras el Gobierno de Javier Milei ha buscado invisibilizar la causa Malvinas, la Selección ha conseguido volver a poner en la agenda del mundo el reclamo argentino de soberanía sobre las islas Malvinas, reafirmando un sentimiento que forma parte de la identidad y la memoria colectiva del pueblo argentino”, dice a elDiario.es Taiana, actual diputado por el peronismo.

El presidente dijo en diciembre pasado al medio británico The Telegraph que las islas deberían volver a Argentina, pero supeditó ese traspaso a que el territorio debería “ser devuelto a través de la negociación y cuando los isleños lo deseen”. Esta declaración contradice la postura histórica del país latinoamericano, que no considera el deseo de los 'kelpers' como un argumento legítimo, dado que sotiene que se trata de una población implantada tras una ocupación. Tras decirlo, Milei se retrotrajo y planteó: “Nunca renunciaremos al reclamo de soberanía sobre Las Malvinas”. “No es negociable”, dijo.

“En toda nuestra historia, Argentina nunca consintió la ocupación de las islas, siempre reclamó el ejercicio pleno de la soberanía. Es absolutamente falso lo que dijo Milei de que este Gobierno haya conseguido que los británicos se sienten a negociar por Malvinas, puesto que la resolución de la ONU que reconoce una disputa de soberanía es del año 1965. Durante esta gestión no hubo ningún avance; por el contrario, hubo graves retrocesos en la negociación diplomática”, dice Taiana.

Tras el gesto de los jugadores de fútbol, Milei publicó en X: “Mientras algunos se dedican a hacer berrinches propios de un adolescente termo mononeuronal, nosotros por la vía diplomática cada día estamos más cerca de la recuperación de las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y el espacio marítimo circulante”. Y retuiteó una publicación del político estadounidense-israelí Marc Zell, Marc Zell, en la que revela que le pidió personalmente a Donald Trump que reconsidere la política de su país sobre las islas Malvinas y respalde a Argentina en su reclamo de soberanía.

“Estados Unidos, que tiene una alianza histórica con Inglaterra, no va a hacer demasiado por la causa Malvinas; parece un planteo absurdo. Como hizo la dictadura argentina, en 1982, que suponía que, por haberse portado bien con EEUU y haber colaborado con la represión en América central, en ese momento Ronald Reagan iba a estar a favor de Argentina, absurdo para un país con un compromiso histórico con Gran Bretaña. ¿Por qué EEUU actuaría a favor de Argentina en un tema diplomático tan candente como Malvinas? Es un acto de irresponsabilidad de Milei, de un presidente muy mitómano”, dice a elDiario.es el historiador Felipe Pigna.

“Volver a hablar de Malvinas”

Pigna destaca lo que hicieron los jugadores en el contexto de un Gobierno cuestionado por la entrega de los recursos del país a capitales extranjeros. “Es saludable volver a hablar de Malvinas. Que las maestras y los padres se vean obligados a contarles a los hijos que los chicos pregunten: '¿Por qué las Malvinas las ocuparon los ingleses?'. Es una molestia fuerte para un Gobierno entreguista. Sucede cuando nuestra ministra de Seguridad avaló a la FIFA con su prohibición de banderas con las Malvinas, una FIFA en completa sumisión a Trump”.

Milei ha intentado no hacerse cargo de la posible sanción que pidió el Gobierno británico para los jugadores, una petición a la que se ha sumado la administración de las islas. “Son cosas que pasan en la cancha con los jugadores”, ha dicho el mandatario, cuando la sanción se activaría porque su ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, negoció la prohibición en el estadio de Atlanta de cualquier mención a las islas y la soberanía argentina. “En el peor de los casos, (la selección) recibirá una sanción económica de 30.000 dólares”, ha asegurado el presidente, de pasada.

Los símbolos

Alejandro Grimson, antropólogo e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), recalca la importancia simbólica e histórica de lo sucedido. “Objetivamente, está claro que la selección nacional de fútbol, el deporte más importante de Argentina, no cae en lo que acá llamamos 'la grieta'. La selección está por encima de las divisiones políticas. Malvinas también está por encima de las divisiones políticas. Milei admira a Thatcher, cuya decisión de atacar el crucero general Belgrano mató más gente que toda la guerra de Malvinas. Las Malvinas, al igual que la selección, son de los pocos símbolos relevantes de Argentina que están por encima de la polarización. El reclamo de Malvinas es una cláusula de nuestra Constitución, por encima de quien gobierne”, dice a este medio.

Estados Unidos, que tiene una alianza histórica con Inglaterra, no va a hacer demasiado por la causa Malvinas; parece un planteo absurdo

Felipe Pigna — Historiador

El experto critica la diplomacia de Milei. “Lo que vemos es una política exterior rastrera con el actual Gobierno de Estados Unidos. Milei reaccionó como un chico que se portó mal frente a Trump. Todos saben que Trump considera que él puede decidir si se anula o no una tarjeta roja; del mismo modo puede pensar que Milei no puede controlar a sus jugadores”.

La vinculación entre el Mundial y la reivindicación de las Malvinas había sido exacerbada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, en abierta rivalidad con Milei. Pocas horas antes del partido, Villarruel llamó “piratas usurpadores” a los ingleses.

El impacto del asunto ha llegado al Congreso. Este jueves, fracasó un tercer intento del Ejecutivo por modificar la Ley de Tierras Rurales, aprobada en 2011 para limitar la venta de tierras a capitales extranjeros y resguardar la integridad territorial. La reivindicación de la soberanía sobre las islas Malvinas que hicieron los jugadores terminó de inclinar la balanza entre los senadores que dudaban si acompañar o no la iniciativa gubernamental, y se interrumpió la sesión hasta el próximo 6 de agosto.

El Gobierno de Javier Milei suma un nuevo capítulo a su diplomacia de trinchera. El oxímoron vale para describir la pugna interna de las facciones ultraderechistas en la embajada argentina en Madrid. La Casa Rosada, sede del Gobierno, ha destituido por decreto a Alejandro Nimo, cónsul general argentino en España que ventiló en redes sociales una pelea de despachos con el embajador Wenceslao Bunge Saravia.

“Dispónese el cese del abogado Marcelo Alejandro Nimo como agregado especializado en el área de promoción de inversiones y comercio internacional de la embajada de la República Argentina ante el Reino de España”, indica el decreto 588/2026.

Las firmas de Milei, del ministro de Economía, Luis Caputo, y del de Exteriores, Pablo Quirno, oficializaron la salida de Nimo con el habitual paraguas de la “eficiencia” administrativa. Sin embargo, el trasfondo expone las costuras de una gestión diplomática atravesada por la sobreactuación ideológica.

El agravio del despacho

El conflicto se destapó en abril, cuando Nimo denunció públicamente en X que el embajador Bunge Saravia le había quitado su despacho, bajo la explicación formal de una reorganización de espacios. Un desplazamiento que el ahora excónsul leyó casi como un sacrilegio político y tildó de “agresión”: en el centro de ese despacho desalojado colgaba un retrato del presidente al que él idolatra públicamente, y al que ha llegado a representar como un superhéroe de antifaz, mallas y capa.

“Es evidente que no soy la víctima aquí, ya que en mi despacho tenía en un lugar central un cuadro con la imagen de nuestro presidente Javier Milei, así como imágenes y símbolos que hacen a mi recorrido en la batalla cultural por Europa”, dijo.

Nimo acusó a Bunge Saravia de no estar lo suficientemente alineado con el dogma del ajuste fiscal y la reducción del Estado. “Lo que me preocupa del embajador Bunge no se trata de una decisión por una oficina (yo puedo hacer el mismo trabajo excelente que vengo haciendo desde cualquier club privado o bar de Madrid); realmente me preocupa su falta de compromiso con el achicamiento del Estado y el cumplimiento de las premisas de responsabilidad fiscal…”.

Afín al gurú económico español de Milei

Nimo, quien se define a sí mismo como “mileísta, menemista [en referencia al expresidente Carlos Menem] y guerrero de la batalla cultural”, había llegado a la sede diplomática en 2024 en un área clave para la captación de capital europeo para Argentina. Al momento de su nombramiento, Nimo recibió el rango de Consejero de la Embajada y Cónsul General a efectos únicamente protocolarios, mientras durara su función. El funcionario hacía uso de su cercanía con el gurú anarcocapitalista de Milei, el español Jesús Huerta de Soto. Por esa vía maniobró, según informaciones de la prensa argentina, para el desplazamiento del embajador Roberto Bosch en noviembre de 2024, ya que entre las causas de su salida figura no haber tejido una relación fluida con el economista español. En mayo de 2025, desembarcó al frente de la embajada argentina Bunge Saravia, antiguo consejero delegado de Credit Suisse, sin experiencia en diplomacia.

El ahora excónsul desarrolló en Madrid una agenda propia de reuniones con empresarios y actores del sector privado, una actividad paralela a la agenda institucional de la embajada. Esto generó fricciones con el nuevo embajador, según algunas informaciones. Nimo fue impulsor de que la Presidencia argentina y el Ministerio de Capital Humano nombraran a la española Eva Carrasco Bañuelos como directora del Colegio Mayor Argentino, institución con sede en Madrid. La designación fue controvertida: el Gobierno se saltó la obligatoriedad de que el cargo tuviese nacionalidad argentina.

Nada parece casual en el cruce de relaciones públicas y privadas. Carrasco Bañuelos es esposa de Philipp Bagus, autor del libro La era Milei, amigo del presidente argentino y profesor de Nimo en el máster en Economía de la Escuela Austríaca de la Universidad Rey Juan Carlos, dirigido por Huerta de Soto.

No contribuyó a resolver el conflicto en la embajada la entrevista que Nimo concedió a un influencer en redes sociales donde defendió la política de recortes del Gobierno de Milei y formuló críticas a Pedro Sánchez, en momentos en que se pretende dar por superados meses de conflictividad entre Moncloa y Casa Rosada. Hasta el momento, la embajada argentina en España no ha anunciado quién va a reemplazarlo.

Nimo termina su ciclo depurado por la misma dinámica de purga y delación en redes que el propio oficialismo suele alimentar. Él mismo dijo al diario La Nación que ya no se “sentía cómodo en la dinámica de la embajada” por “visiones distintas con el embajador respecto del gasto y su utilidad”. Una muestra más de una Cancillería donde las batallas de ego cotizan más alto que las formas de la diplomacia tradicional.

El Gobierno del ultraderechista Javier Milei está impulsando un proyecto de ley sobre la propiedad privada que ha encendido las alarmas. La Confederación General del Trabajo (CGT), la Iglesia y organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), advierten de que facilitará la concentración y la extranjerización de la tierra y abrirá la puerta a desalojos.

Se trata de una pieza clave del diseño desregulador que el Ejecutivo argentino envió al Congreso el pasado 27 de marzo, cuyo debate se fue postergando por falta de votos. El plan del Gobierno es que el proyecto sea tratado en la sesión del 16 de julio. De manera previa, pasará este miércoles por una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria considerada clave, ya que allí se podrían introducir correcciones para sumar respaldos.

Detrás del pomposo nombre de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” se esconde el verdadero corazón de la iniciativa, diseñada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger: un desmontaje normativo que apunta directamente a modificar varias leyes en favor del avance de inversores, terratenientes y grandes propietarios. 

La Ley de Tierras Rurales, en el centro

La principal polémica se centra en un capítulo del proyecto que modifica la Ley de Tierras Rurales, eliminando las restricciones para que los extranjeros compren tierras en Argentina. Dicha norma, aprobada en 2011, estipula un tope global del 15% de tierras rurales en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental; un límite por nacionalidad que dicta que ninguna bandera puede acaparar más del 30% de ese 15% permitido; y un techo individual de 1.000 hectáreas en la zona núcleo (o su equivalente en otras regiones) por cada titular extranjero.

La narrativa oficial suele presentar al suelo rural como extensiones inertes e improductivas que precisan el shock del capital externo. Sin embargo, esas hectáreas concentran reservas de agua dulce, biodiversidad y recursos estratégicos que cotizan en alza en un escenario global de crisis climática.

“Nuestro suelo es soberanía”

La Confederación General del Trabajo ha llamado a los legisladores a rechazar el proyecto oficialista y denuncia que Milei busca entregar los recursos naturales al extranjero. “Nuestro suelo es soberanía, no mercancía”, ha advertido la CGT sobre el tema. “Lo que está en juego es la tierra, el agua, los ríos y los recursos naturales, que son la base de cualquier proyecto de desarrollo, producción y trabajo. Sin soberanía sobre nuestros recursos no hay independencia económica. ¡No entreguen nuestra soberanía!”, dijo a los parlamentarios a través de sus redes sociales.

“¿En manos de quiénes estarán las tierras?”, se preguntó la central sindical, a lo que respondió que “la riqueza se concentra cada vez más en unos pocos tecnomagnates”. “Algunos mantienen estrechos vínculos con la Casa Rosada y fijaron domicilio en la Ciudad de Buenos Aires”, alerta la CGT, en alusión al empresario tecnológico de extrema derecha Peter Thiel.

La CGT también recuerda el caso del empresario británico Joe Lewis. “Hoy los argentinos y las argentinas ya enfrentamos obstáculos para acceder al Lago Escondido. Ese conflicto representa apenas una muestra de lo que podría multiplicarse si este proyecto se convierte en ley”, indica. En los 90, Lewis adquirió miles de hectáreas en la zona fronteriza, que incluye el Lago Escondido en su totalidad en la provincia de Río Negro y el litigio judicial giró en torno al acceso al lago, ya que ríos y lagos son de dominio público, según el Código Civil argentino.

Los riesgos

Diego Morales, abogado a cargo del área de litigio del CELS, explica a elDiario.es que, además de modificar la Ley de Tierras Rurales, el proyecto del Gobierno elimina las restricciones de la Ley de Manejo del Fuego. “Esta ley impide cambiar el destino de inmuebles incendiados por 30 años. Si ese inmueble está destinado a la agricultura, tiene que seguir siendo destinado a la agricultura. Si sobre esos terrenos quisieras construir ahora un hotel, no podrías. Con el proyecto actual, esa prohibición se eliminaría”.

Morales agrega que la iniciativa modifica la Ley de Expropiación, obligando al Estado a pagar el valor de mercado y el lucro cesante, además de justificar técnicamente la expropiación, lo que encarecerá el proceso. “Lo que dice el proyecto de ley es que el precio de ese inmueble que el Estado compra para un destino social, por ejemplo, va a ser cotizado de acuerdo al valor de mercado. En la norma vigente esto es distinto: el precio se define por una tasación que hace un órgano estatal. Si el Estado necesita comprar una tierra para desarrollar un barrio popular, o para agregarle un espacio verde o una canchita de fútbol, lo que va a tener que hacer es pagar un precio alto”.

Por su parte, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda, Koldo Casla, envió una comunicación al Gobierno argentino mostrando su preocupación por los desalojos. “Haciendo caso omiso de la función social de la propiedad, el proyecto de ley introduce un proceso extremadamente breve para llevar a cabo desalojos, sin evaluación de la proporcionalidad, y otorga un grado desequilibrado de protección a los propietarios a expensas del interés general de la sociedad en el caso de expropiaciones. Por ello, los cambios legales incluidos en el proyecto de ley podrían dar lugar a violaciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por Argentina en 1986”.

Al respecto, el abogado del CELS señala que la iniciativa “introduce una reducción de los plazos”. “En tres días el juez tiene que resolver si desaloja a una familia, aun cuando no tengamos la sentencia. Es un tema muy delicado para el contexto económico argentino, que es la falta de pago: te pueden desalojar por adeudar una cuota o un mes. A partir de las críticas del relator de la ONU, el Gobierno ha dado señales de querer corregir este punto”, dice-

La Iglesia Católica también se manifestó en contra del proyecto y señaló: “Atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos a autodeterminarse”. En un documento conjunto de la Pastoral Social, Cáritas Argentina y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), la institución alertó sobre la extranjerización y concentración de la tierra, advirtiendo además sobre el riesgo de otorgar acceso ilimitado a corporaciones foráneas en áreas estratégicas vinculadas a reservas de agua dulce y recursos naturales no renovables.

Repliegue normativo medioambiental

Un mapa interactivo elaborado a fines de 2025 por el Observatorio de Tierras creado por científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y de la Universidad de Buenos Aires expone la radiografía actual: más de 13 millones de hectáreas ya pertenecen a capitales extranjeros. El número equivale a casi el 5% del territorio nacional, una superficie comparable a la extensión total de Inglaterra. En el podio de propietarios extranjeros se ubica Estados Unidos, con 2,7 millones de hectáreas. La nueva ley cambiaría ese porcentaje de participación.

El Observatorio de Tierras señala que la fisonomía de la soberanía territorial argentina sufrió un quiebre irreversible a mediados de los 90. “En 1996, la recién creada Secretaría de Seguridad Interior (SSI) del Gobierno de Carlos Menem absorbió las facultades de la Superintendencia Nacional de Fronteras. Bajo su órbita, se habilitó la venta de más de ocho millones de hectáreas en áreas fronterizas consideradas de seguridad nacional. La maniobra salteó el histórico Decreto 15.385 de 1944, una norma de resguardo que blindaba esas zonas para uso exclusivo de ciudadanos locales”.

“Mediante triangulaciones y ventas irregulares, la protección legal fue vulnerada, abriendo paso a desembarcos icónicos de capitales extranjeros en la Patagonia, como la adquisición de Lago Escondido por parte del magnate británico Joe Lewis y las millonarias compras del italiano Luciano Benetton”, agrega el observatorio.

La Ley de Tierras de 2011 nació para impedir el uso de testaferros, la hendija legal que hoy mantiene judicializada la situación de las tierras vinculadas al emir de Abu Dabi Mohamed bin Zayed en las cercanías de Bariloche, sur de Argentina. Según revelaron los diarios PáginaI12 y Tiempo Argentino, el Estado de Emiratos Árabes Unidos se habría apropiado ilegalmente de enormes extensiones de tierras en las regiones cordillerana y costera de Río Negro desde 2017, mediante un entramado de testaferros argentinos, directorios entrelazados y fideicomisos que presentan una falsa apariencia de legalidad.

La iniciativa que impulsa el Ejecutivo no se mueve en el vacío. Forma parte de un ecosistema de repliegue normativo medioambiental que se complementa con la ya aprobada reforma a la Ley de Glaciares y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El presidente argentino, Javier Milei, reivindicó las reformas de su Gobierno con un elogio de la dictadura. Durante una entrevista al canal LN+, el mandatario ultraderechista dejó una frase que se incorpora a su colección de agravios a la memoria histórica: “Logramos hacer cosas que ni los militares lograron hacer, y lo hicimos en tres meses”. Lo dijo como última defensa al jefe de Gabinete saliente, Manuel Adorni, y minutos después de anunciar a su sucesor, Diego Santilli.

Milei dialogó con el canal de televisión afín al oficialismo desde su residencia oficial en la Quinta de Olivos el domingo por la noche, con el objetivo de reivindicar su gestión tras 112 días en los que el “caso Adorni” ocupó el centro de la escena política y trabó la agenda parlamentaria. Se refirió a proyectos que se aprobaron previo al escándalo, salvo la Ley de Glaciares: “Fuimos con nuevas propuestas para la elección de medio término [de octubre de 2025]. Siendo Adorni jefe de Gabinete logramos sacar las leyes de Inocencia Fiscal, el acuerdo Unión Europea-Mercosur, Modernización Laboral, de Glaciares y la baja de la edad de imputabilidad penal. Son cosas que ni gobiernos militares lograron hacer y lo hicimos en tres meses”.

La afirmación de Milei banaliza el terrorismo de Estado y los 30.000 desaparecidos por la dictadura y, al mismo tiempo, pone de manifiesto la matriz económica de su administración. La visión neoliberal del ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz —con un programa de destrucción del Estado y de la industria nacional—, se emparenta así con la del líder de La Libertad Avanza.

Salida de Adorni y desembarco de Santilli

El presidente ultra negó que el escándalo con su ahora ex jefe de Gabinete haya erosionado su gestión: “No lo comparto en lo más mínimo”. E insistió con la defensa de Adorni. Alegó que le aceptó la renuncia para “proteger a su familia por los niveles de ataque que estaba recibiendo” en los medios. Aclaró que Adorni, imputado por enriquecimiento ilícito, dejará también su cargo en la directiva de la petrolera estatal, YPF, lo que desmiente las especulaciones de que a partir de ahora cobraría por ese puesto.

En su intento por pasar de página, Milei elogió las credenciales del sustituto de Adorni, Diego Santilli, quien ocupa el cargo de ministro de Interior. Dijo que, junto a su hermana Karina, lo eligieron por “su músculo político” y que volverán a degradar la cartera de Interior a secretaría. “Diego tiene mucho oficio político y es una forma de volver a darle aire a la gestión para las cosas que tenemos que seguir haciendo, más allá de que ya cumplimos casi todo lo que prometimos”, dijo. El mandatario tuiteó una fotografía en la que aparece con Santilli y la secretaria general de la Presidencia.

Las declaraciones del presidente contrastan con las que sobre el nuevo cargo vertía hace tres años. Durante la campaña electoral de 2023, Milei tuvo opiniones agraviantes y duras sobre Santilli, entonces candidato a gobernador de Buenos Aires por el PRO, el partido del expresidente y aliado ocasional Mauricio Macri. Lo describió como un “engendro”, “inútil” y “pésimo candidato”, e incluso llegó a calificarlo de “Colorado HDP” y aseverar que quienes lo conocían bien lo consideraban un “corrupto”.

El nuevo jefe de ministros jurará el cargo este martes y tendrá el desafío de conseguir autonomía frente a Karina Milei, de quien se comenta que es la jefa de Gabinete en la sombra, además de aplacar el “fuego amigo”. El PRO había amenazado con votar a favor de la moción de censura que impulsaba la oposición en el Congreso si Milei no le exigía la renuncia a Adorni.

El presidente ultra anunció, además, que trabaja en un nuevo libro titulado La moral como política de Estado, una suerte de ensayo para justificar la supuesta inocencia de sus cargos investigados en los tribunales. Cabe recordar que el propio Milei está imputado por la presunta estafa con criptomonedas en la causa conocida como $LIBRA.

La “ola azul” continental y la visita de Flávio Bolsonaro

Mientras Milei daba su entrevista, el candidato presidencial brasileño, Flávio Bolsonaro, prometía emular el modelo de gobierno del argentino en un evento en Buenos Aires promovido por la Fundación Aliados de Israel (IAF). El senador es hijo de Jair Bolsonaro (condenado a 27 años de cárcel por acciones golpistas) y hermano de Eduardo, que fue condenado a cuatro años de prisión y reside en EEUU.

Flávio Bolsonaro dijo: “Somos la pieza que falta en este mapa”, en alusión a la ola de ultraderecha que atraviesa el continente americano, según publicó UOL. Luego detalló: “Miren el mapa. En EEUU, Donald Trump; aquí, Argentina, bajo el presidente Javier Milei; Chile, que eligió a José Antonio Kast; Perú, que acaba de elegir a Keiko Fujimori; Colombia, que eligió a Abelardo de la Espriella. Bolivia, que, tras casi 20 años de hegemonía socialista, eligió a Rodrigo Paz y pasó página; Ecuador, que reeligió a Daniel Noboa; Paraguay, con Santiago Peña”. Y siguió con la enumeración en Centroamérica, mencionando a la Honduras de Tito Asfura y El Salvador de Nayib Bukele.

El senador ultra y principal rival del presidente actual, Luiz Inácio Lula da Silva, para las elecciones de octubre dijo que fue a Argentina para impulsar la “ola azul” que comenzó con la elección de Milei en 2023. El mandatario argentino se reunió con él en la Quinta de Olivos.

Es probable que el encuentro con Bolsonaro hijo provoque mayo tensión en el vínculo de Milei con Lula da Silva: nunca han hablado por teléfono ni en persona, y apenas debieron cumplir con un saludo de rigor en los pocos encuentros en los que se cruzaron.

Después de 112 días de ocupar el centro de la escena política por escándalos asociados a su fortuna, el jefe de Gabinete de Javier Milei se vio forzado a renunciar. Manuel Adorni, imputado por enriquecimiento ilícito, anunció su decisión tras reunirse con el presidente ultraderechista en la Quinta de Olivos, ubicada al norte de la ciudad de Buenos Aires.

Lo que comenzó como una controversia alrededor del patrimonio de Adorni terminó convirtiéndose en la peor crisis que atravesó al Gobierno argentino durante meses. Las revelaciones periodísticas y judiciales sobre los irregulares gastos del exportavoz presidencial y sus ambiguas declaraciones juradas terminaron por horadar la credibilidad del ahora exjefe de ministros.

La última e insólita explicación que ofreció Adorni para justificar el crecimiento de su patrimonio fue que encontró un pendrive con 500.000 dólares en Bitcoin. “Yo soy coleccionista de computadoras y cosas viejas. Más allá de que la ganancia era importante, me lo guardé como un trofeo”, argumentó en una entrevista televisiva previo a presentar su última declaración jurada.

La victimización

Apenas regresado de una efímera gira por España para presentarse en foros económicos privados, el mandatario argentino se reunió con Adorni en la Quinta de Olivos cuando ya la salida de su jefe de Gabinete se anticipaba por los medios y se daba a conocer al reemplazante: Diego Santilli, el actual ministro del Interior. Desde hace 25 años Santilli trabaja cerca de Mauricio Macri, el exmandatario y líder del PRO, hoy un aliado zigzagueante de Milei.

“El ensañamiento tiene un límite y yo he descubierto el mío. Lo hemos dado todo desde lo estrictamente laboral, pero también desde lo familiar y espiritual. Tal vez simplemente ocurre que a la gente común no le permiten estar en estos lugares”, fue la explicación que dio el ahora exfuncionario en la publicación de su carta en X. Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia, replicó el comunicado y le agradeció por su tiempo en el Gobierno: “Gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven. Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros”.

En su carta de renuncia, Adorni buscó ampararse en una supuesta persecución mediática para explicar los gastos exuberantes durante el tiempo que fue funcionario, desde diciembre de 2023. Ubicándose en el lugar de víctima, señaló: “Usted sabe todo lo que he sufrido durante todo este tiempo. Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe, para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia. Las operaciones mediáticas han ido al extremo, no solo contra mí, sino contra mi mujer, mis pequeños hijos, mis amigos, mi familia y hasta mis vecinos y allegados”.

El costo político y el juego de las internas

El analista político Pablo Javier Salinas señala a elDiario.es que el Ejecutivo actuó durante 112 días como el fusible de Adorni: “El jefe de Gabinete tiene que ser un fusible de un gobierno y, en este caso, el Gobierno de Milei actuó de fusible de Adorni, totalmente al revés. Esta decisión se tendría que haber tomado mucho tiempo antes, y no se hizo, dañando su imagen. Y, por otra parte, ¿el poder dónde reside?, ¿en el presidente o en su entorno? Se elige comunicar la renuncia con la vuelta del mandatario de España, con todo ya resuelto. Me parece llamativo”.

La crónica de una salida anunciada comenzó a escribirse cuando Adorni admitió que había mantenido durante años parte de sus ahorros sin declarar; es decir, evadiendo al fisco. La revelación dio lugar a una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y el asunto copó la agenda política del país, y su cobertura incluyó también a medios de comunicación y periodistas afines al oficialismo.

Mientras la oposición convirtió el caso en el eje de su estrategia en el Congreso, dentro del Gobierno prevaleció la postura de los hermanos Milei, quienes sostenían que cualquier salida bajo presión sería interpretada como un traspié político. Para el experto Salinas, se empezaban a cerrar los caminos para Adorni. “Había señales muy claras de ganar tiempo en el Congreso, pero el final ya estaba escrito. Iba a haber una interpelación o una votación de censura probablemente en contra de los intereses del Gobierno. Creo que el frente judicial va a traer más novedades en el corto plazo que nos van a hacer entender por qué la decisión se toma ahora”.

Durante meses, Milei rechazó la idea de que el Parlamento pudiera decidir el futuro de su jefe de ministros y desplegó maniobras para impedir que una interpelación o una moción de censura precipitaran su caída. El oficialismo consiguió bloquear la semana pasada una sesión especial en la Cámara de Diputados, pero el desgaste político continuó y dejó al desnudo las internas entre los libertarios.

Apenas conocida la renuncia, la senadora Patricia Bullrich, en tensa convivencia con Milei, publicó: “La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el presidente, la gente y todo el país estamos construyendo”.

Una pista sobre qué hará el Gobierno en relación con Adorni de aquí en adelante la brinda el derrotero de su predecesor en el cargo, Guillermo Francos, quien quedó como director de YPF. Adorni, que ya es director de la petrolera estatal y no cobra un sueldo como tal, podría simplemente empezar a percibir esos honorarios.

“Que Buenos Aires sea para la Inteligencia Artificial (IA) lo que Ámsterdam fue para la era de la navegación”, postuló Javier Milei en una columna de opinión en el Financial Times. En el mismo medio británico, el historiador israelí Yuval Noah Harari respondió a la propuesta del presidente ultra –crear empresas sin humanos y desregular el desarrollo de la IA por completo– advirtiendo del peligro de otorgar personalidad jurídica a los agentes de IA: “Las empresas de IA estarán en posición de convertirse en maestras de las lagunas legales y del arbitraje regulatorio. Y no será fácil disuadirlas de participar en actividades francamente ilegales, porque la sanción última que disuade a los directivos humanos —la cárcel— es irrelevante para las IA”.

Milei, junto a su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, firmaron el artículo titulado Argentina invita a la inteligencia artificial a liberarse en el que prometieron poner en marcha un régimen jurídico sin regulación para que la IA pueda “desarrollarse libremente, sin la mano mortal de una regulación prematura y mal comprendida”. El proyecto que el Poder Ejecutivo ya envió al Congreso plantea una profunda modificación de la Ley General de Sociedades, vigente desde 1972.

Entre sus puntos más controvertidos, la iniciativa estipula la creación de una nueva figura legal: la “corporación no humana” (conocidas como DAO: organizaciones autónomas descentralizadas), es decir, “entidades operadas por agentes de IA o robots, con personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada”. Expertos consultados por elDiario.es alertan sobre el impacto negativo de esta iniciativa.

Bajo la sombra de Palantir

Para atraer las inversiones tecnológicas, el Ejecutivo argentino además anunció una baja tasa de impuestos y un “entorno fiscal competitivo”. El abogado Pablo Serdán señala a elDiario.es que el proyecto apunta a atraer data-centers y empresas automatizadas con beneficios fiscales, pero sin exigir reinversión local. Menciona a Palantir, cuyo cofundador, Peter Thiel, compró una mansión en la ciudad de Buenos Aires y comparte ideología ultra con el mandatario.

La reforma propone que la Argentina compita con las Islas Marshall, las Caimán o Dubái para radicar empresas automatizadas. Es decir, anotarse en el club de los paraísos fiscales

Pablo Serdán — abogado especializado en Administración Pública

“Milei y su equipo, guionado de alguna manera por Peter Thiel como representante de una oligarquía tecnológica, buscan blindar la responsabilidad de los inversores en una tecnología riesgosa, como es la inteligencia artificial. Se pretende dotar a la inteligencia artificial de una personalidad jurídica para que ella misma, a pesar de ser una tecnología, un agente, asuma las responsabilidades por los daños que pueda generar, incluidos los ambientales”, sostiene el especialista en Administración Pública.

Harari señala en su columna del Financial Times que reconocer a empresas creadas por algoritmos funcionaría como una “llave maestra” que permitiría a sistemas de inteligencia artificial interactuar de manera autónoma en ámbitos financieros, económicos y políticos. Milei espera convertir a Buenos Aires en una nueva Ámsterdam, pero corre el riesgo de convertirla en una nueva Batavia, dice el autor de Sapiens. “Cuando la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales capturó Jayakarta [nombre histórico de Yakarta] en 1619, la incendiaron y construyeron una nueva ciudad en su lugar. La llamaron Batavia, y se convirtió en la sede de un extenso imperio asiático administrado por la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales”, ejemplifica. 

"¿Quién es responsable cuando ChatGPT le recomienda a un joven un método de suicidio y el joven se suicida? ¿El programador de ChatGPT que no filtró eso? ¿La empresa misma?

Natalia Zuazo — politóloga y especialista en tecnología

Serdán agrega otro factor polémico: la idea de que vengan capitales de riesgo a la Argentina, siempre desvinculados del sector productivo y con incentivos fiscales. “La reforma de la Ley de Sociedades propone que la Argentina compita con jurisdicciones como las Islas Marshall, las Islas Caimán o Dubái para radicar empresas automatizadas. Es decir, anotarse en el club de los paraísos fiscales”.

“Supervisión y responsabilidad humana”

Natalia Zuazo, politóloga y especialista en tecnología, señala que el Gobierno se basa en la ideología del tecnooptimismo, y alerta sobre los riesgos de la iniciativa: “La supervisión y la responsabilidad humana en IA son esenciales, tanto ética como jurídicamente, durante todo el ciclo de vida del sistema. La regulación no impide la innovación; ejemplos como China y Europa lo demuestran. No se debiera otorgar personalidad legal a las IA, ya que la responsabilidad debe recaer en personas o empresas, lo que genera confianza y garantías para usuarios e inversores. La ideología del tecnooptimismo prioriza innovar antes de regular, pero esto puede traer consecuencias negativas”.

Las inteligencias artificiales son capaces de vulnerar las reglas y generar daños irreparables. “¿Quién es responsable cuando ChatGPT le recomienda a un joven un método de suicidio y el joven se suicida? ¿El programador de ChatGPT que no filtró eso? ¿La empresa misma? En su artículo, Hariri señala que a la IA no le va a importar si la mandas a la cárcel, pero a una persona sí le va a importar. Ahí hay un punto determinante”, opina Zuazo.

Milei propone una desregulación de la IA a contramano del mundo y luego de que el papa León XIV llamara en su encíclica Magnifica Humanitas a tener una “tecnología más humana”. En ella, el Papa advirtió sobre el uso irresponsable de “herramientas que podrían favorecer el debate y la participación se utilizan a menudo para construir narrativas sesgadas y difuminar los límites entre lo verdadero y lo falso, mezclando datos y opiniones”.

El Ministerio de Capital Humano del Gobierno argentino presentó el mes pasado el programa Gemelo digital social, que utilizará la IA para procesar grandes volúmenes de datos provenientes de organismos públicos y del sector privado, despertando alarmas sobre la protección de los datos personales. Voces expertas señalaron la similitud con algunos de los programas desarrollados por Palantir, e incluso especularon sobre la posible participación de la empresa de Thiel.

Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, ha muerto a los 95 años. Tres meses atrás, Taty, como se la conoce en Argentina, hablaba en una entrevista a elDiario.es a esta periodista sobre la incansable búsqueda de su hijo y su fe, por encima de todo: “Una de las cosas que yo le pido a Dios es que no me lleve sin antes por lo menos tocar los huesos de Alejandro”. Su activismo se hilvana con el de otras madres luchadoras que durante décadas han alzado la voz reclamando por la memoria, la verdad y la justicia.

Desde su apartamento en el barrio porteño de Palermo, Taty Almeida recordó el día en que se tomó la última fotografía con sus tres hijos Fabiana, Jorge y Alejandro, y dijo: “Yo había vuelto de un viaje y nos juntamos el 8 de junio de 1975. Es la última foto con Alejandro, porque lo desaparecieron el día 17”. El mes de junio anida fechas importantes en la historia de esta referente por los derechos humanos. Ella, Lidia Estela Mercedes Miy Uranga, hubiera cumplido 96 años el 28 de este mes.

Aquel 17 de junio de hace 51 años cambiaría su vida para siempre. Fue cuando supo que Alejandro Almeida, con 20 años, fue secuestrado y se enteró de que el joven era militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), una guerrilla que operó durante la década de los 70. Ella provenía de una familia militar y era antiperonista. “Yo era una gorila [antiperonista] tremenda”, se reconocía, rodeada de militares. “Mi padre era militar, mi hermano, mis dos hermanas estuvieron casadas con dos oficiales de aeronáutica; los hermanos de mi exmarido, milicos, o sea, milicos por todas partes”.

Desde esa vivienda en Palermo vio por última vez a Alejandro, ya divorciada de su marido Alejandro Almeida, y donde encontró una agenda con poemas. No sabía que su hijo escribía poesía. “Ahí en ese mueble encuentro una agenda de teléfono en donde en las últimas 24 hojas, había 24 poesías. No sabía que militaba y tampoco sabía que escribía poesía”, dijo a este medio en vísperas del 24 de marzo, cuando se cumplían 50 años del último golpe de Estado cívico-militar.

A sus parientes militares recurrió para buscar a Alejandro. “A mi hermano Carlos, con el que era compinche, lo llamé a Goya (en la provincia de Corrientes), él era el jefe de ahí y no vino. Lamentablemente, nos distanciamos”. Taty Almeida tardó en sumarse a las Madres de Plaza de Mayo. Temía que desconfiaran de ella por su entorno. Le abrió las puertas María Adela Gard de Antokoletz, entonces vicepresidenta de Madres.

Durante cinco décadas, Taty buscó a su hijo Alejandro, secuestrado y desaparecido por un operativo a manos de un grupo parapolicial pocos meses antes del comienzo de la última dictadura en Argentina (1976-1983).

En abril, Taty recibió el honoris causa de la Universidad de Buenos Aires, dentro de una larga lista de homenajes. “Yo a esta altura, te imaginas, la cantidad de honoris causa que me han dado y en cada reconocimiento lo veo a Alejandro, que me dice: ´Vieja, miren a esta gorilita de mierda, ¿en qué se transformó?´”, sostuvo quien, a pesar de andar en silla de ruedas y de su avanzada edad, se movilizó el 24 de marzo contra el negacionismo de Javier Milei y su vicepresidenta, Victoria Villarruel.

Se imaginó un “mano a mano” con la vicepresidenta actual. “Le preguntaría: ‘¿Vos estás de acuerdo con que tus amiguitos hayan tirado vivas a nuestras tres madres, a las monjas francesas y a tantos de nuestros hijos?’”. [Las monjas Azuzena Villaflor, Esther Ballestrino y María Ponce y las religiosas francesas Alice Domon y Léonie Duquet fueron arrojadas vivas al mar en los llamados vuelos de la muerte].

En contraste, Taty Almeida reivindicaba la política de derechos humanos de los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner (CFK). “Néstor fue el primer presidente que nos escuchó y que tomó a los derechos humanos como política de Estado. Gracias a la lucha inclaudicable, se derogaron las leyes de impunidad”, supo decir en un reportaje. “Luchadora incansable que honraste la vida”, la despidió CFK en X.

La familia de Taty difundió un comunicado en el que confirmó su fallecimiento: “A las 19.20 del 14 de junio falleció en el Hospital Italiano nuestra querida Taty Almeida. ¡30.000 detenidos desparecidos presentes ahora y siempre!”, en referencia a la cifra que se mantiene como reclamo de justicia y memoria por parte de los organismos de derechos humanos.

“Gracias por enseñarnos que amar es resistir, que la única lucha que se pierde es la que se abandona y que no existe fuerza más grande que la del amor”, escribieron sus compañeras de la Línea Fundadora en redes sociales. “Taty querida, donde estés, con tu hijo Alejandro, descansando al fin en paz, queremos decirte que acá las locas seguimos de pie, y somos millones”, la saludaron desde Abuelas de Plaza de Mayo.

A la pregunta de cómo imaginaba que iba a continuar el legado de las Madres, organización que presidía desde 2024, Taty Almeida no dudó en responder a este medio. “Quedamos pocas Madres y Abuelas, pero la posta ya la hemos pasado. Y estamos tranquilas porque hay gente que realmente va a continuar con la memoria cuando ya no estemos nosotras. Esa posta de a poquito la pasamos, porque a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas seguimos de pie”.

El manual de la distracción política en Argentina indica que no hay mejor pantalla que un Mundial de fútbol para tapar las turbulencias locales. Ese es el librillo que ha seguido el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al estirar los plazos al máximo para presentar públicamente su declaración patrimonial jurada de 2025 con las rectificaciones de los años anteriores. Sin embargo, el evento deportivo no parece enfriar los ánimos de la oposición, que impulsa una moción de censura, mientras en las huestes oficialistas leales a Javier Milei optan por guardar silencio.

La oposición al Ejecutivo en la Cámara de Diputados negocia para tener quórum y abrir una sesión especial el próximo 23 de junio en la que se discutirán la activación de la moción de censura, una herramienta constitucional diseñada en 1994 que permite destituir a altos cargos. En paralelo, en el Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel —distanciada de Milei-- y el partido del expresidente Mauricio Macri se sumaron al coro que le exige a Adorni explicaciones inmediatas este mismo mes.

El jefe de Gabinete, imputado por presunto enriquecimiento ilícito, reconoció en una entrevista televisiva que había omitido declarar 500.000 dólares, que, según su relato, se habrían originado en una inversión de bitcoins entre 2013 y 2018. Ese capital estuvo almacenado de forma física en un pendrive, por fuera del sistema financiero. “Soy coleccionista de computadoras y cosas viejas”, justificó durante la entrevista en LaNacion+. Así, admitió haber evadido al fisco: “Ahorrar en negro era la manera de escaparle a la vieja política”.

La oposición al Ejecutivo en la Cámara de Diputados negocia para tener quórum y abrir una sesión especial el próximo 23 de junio en la que se discutirán la activación de la moción de censura, una herramienta constitucional diseñada en 1994 que permite destituir a altos cargos

Con los agregados y las modificaciones, su fortuna asciende a 944 millones de pesos (unos 570.000 euros). Representa un crecimiento del 800% respecto de los 108 millones de pesos (65.000 euros) declarados cuando entró en el Gobierno. Esta declaración jurada incluye las propiedades que surgieron de la investigación judicial y revelaciones periodísticas, y contradice lo que Adorni dijo el pasado 29 de abril en el informe de gestión ante el Congreso. “Cumplí con mis obligaciones previstas en la Ley de Ética Pública y acompañé todas las declaraciones juradas que requiere la normativa... Nunca existió ocultación alguna”, declaró entonces. No estaba solo; lo escoltaba el propio Milei, en una puesta en escena tan inédita como incómoda.

Aquella foto hoy se lee al revés: o las inconsistencias patrimoniales del jefe de Gabinete ahora brotan de los papeles, o el funcionario le mintió en la cara a su jefe político, o bien el Presidente es cómplice del patrimonio indescifrable de su cargo de confianza.

En medio de las turbulencias, Adorni y su esposa solicitaron acogerse al régimen de amnistía fiscal impulsado por el Gobierno ultra. Esta normativa de “inocencia fiscal”, sancionada por el Congreso a comienzos de año, funciona en la práctica como un blanqueo de capitales que exime a los contribuyentes de detallar el origen de los fondos o sufrir revisiones previas sobre su patrimonio en ese período.

“Adorni les mintió en la cara a los 47 millones de argentinos y a los 257 diputados nacionales”, disparó el bloque peronista en la Cámara baja, sintetizando el clima de indignación que unificó a sectores de la oposición. El pedido de sesión especial cuenta con las firmas del peronismo, la izquierda, la Coalición Cívica, Provincias Unidas y Marcela Pagano, antigua integrante del partido de Milei. A ellos se suman los radicales alineados con Martín Lousteau y los diputados que responden a los gobernadores de las provincias de Jujuy y Córdoba.

“Una explicación banal e inconsistente”

El diputado socialista Esteban Paulón señala a elDiario.es que a partir de la declaración jurada de Adorni y el avance de la causa judicial, impulsarán la interpelación del ministro y la moción de censura. “Después de tres meses, Adorni eligió la peor explicación posible, la más débil, una caja de zapatos con dólares del padre y una billetera cripto con medio millón de dólares [a la] que había perdido acceso y que ahora recuperó. Muestra la subestimación que hay de parte del gobierno y del propio Adorni acerca de la inteligencia de la sociedad argentina, creyendo que, con una explicación tan banal e inconsistente iba a poder dar por cerrado un capítulo que lo tiene con un pie afuera del Gobierno”, denuncia.

El camino para la destitución es empinado: requiere la mayoría absoluta en ambas cámaras. Por ahora, el PRO tradicional, la Unión Cívica Radical (UCR) y los diputados de Innovación Federal no se sumaron a la iniciativa.

La moción de censura, incorporada en la reforma constitucional de 1994 para atenuar el hiperpresidencialismo argentino, asoma en el horizonte. A diferencia de los sistemas parlamentarios de Europa, donde puede provocar la caída de coaliciones enteras, aquí su alcance está acotado al jefe de Gabinete. El camino es empinado: requiere la mayoría absoluta en ambas cámaras. Por ahora, el PRO tradicional, la Unión Cívica Radical (UCR) y los diputados de Innovación Federal no se sumaron a la iniciativa.

Paulón espera que los aliados del Gobierno le retiren el apoyo. “Hubo expresiones públicas de dos de los bloques aliados al Gobierno, el PRO y la UCR. En el caso del PRO, su comunicado fue muy duro. Esperamos que esto se traduzca en una colaboración de esos diputados y diputadas para lograr el quórum y habilitar el debate en la sesión”, apunta.

El PRO ensayó su propia posición ética a través de un comunicado en la red social X: “Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible”.

La lupa, sin embargo, se posa sobre los diputados que responden a Patricia Bullrich. La senadora y exministra de Seguridad calificó con calculada ambigüedad el ocultamiento del jefe de Gabinete como una “omisión ética”, una pirueta semántica para evitar rozar el artículo 268 del Código Penal, que tipifica la “ocultación maliciosa” de bienes para los funcionarios públicos.

A todo esto, Adorni pretendió ganar tiempo anunciando que iría a la Cámara Alta en julio. El senador del PRO, Martín Goerling, reclamó que la adelante a junio.

La vicepresidenta Villarruel le recordó asimismo que la obligación del informe de gestión es mensual y acusó al jefe de Ministros de no pisar el Senado desde que asumió el cargo, en noviembre de 2025. “Es una vergüenza su accionar y sus explicaciones”, sentenció la vicepresidenta, cuya relación con el entorno presidencial es cada vez más gélida.

El propio Milei, un asiduo usuario de la red social X, no escribió nada del asunto Adorni, y solo dio difusión a una publicación. Se trata de un mensaje que escribió Santiago Oría, encargado de las producciones audiovisuales del presidente, que se dio por satisfecho con las explicaciones y acusó al “periodismo” de mentir “alevosamente”.

El jefe de Gabinete de Javier Milei, Manuel Adorni, imputado por enriquecimiento ilícito, finalmente presentó su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción. Lo anunció el miércoles por la noche durante una entrevista televisiva en la que justificó su crecimiento patrimonial mediante una supuesta operación con criptomonedas que mantuvo oculta hasta ahora. Según explicó, entre 2013 y 2018 invirtió unos 200.000 dólares en bitcoins, lo que le reportó una ganancia de 300.000 dólares. Testigos que declararon ante la Fiscalía señalaron que Adorni gastó cerca de 400.000 dólares en los últimos años y adquirió otros 335.000 en nuevas deudas, cifras que contrastan drásticamente con los 73.901 dólares de patrimonio total que había consignado cuando llegó al Gobierno en diciembre de 2023.

Según el relato del alto cargo argentino, el capital conseguido en sus inversiones estuvo almacenado de forma física en un pendrive, por fuera del sistema financiero, como una especie de “trofeo de las operaciones”: “Soy coleccionista de computadoras y cosas viejas”, justificó durante la entrevista televisiva en LaNacion+. De esta manera también reconocía haber evadido al fisco: “Ahorrar en negro era la manera de escaparle a la vieja política”, aseguró.

El ex portavoz presidencial quedó envuelto en un escándalo en marzo pasado, cuando se reveló que su esposa Bettina Angeletti —quien no ocupa ningún cargo público— había viajado a Estados Unidos en el avión presidencial junto a la delegación oficial. Poco después, una investigación de elDiarioAR sumó otro dato: la pareja y sus hijos habían viajado en un avión privado a Uruguay. Este hecho se convirtió en la punta del iceberg de las incongruencias entre un estilo de vida de lujos que no se correspondían con su salario público. A ello se sumaron los llamativos préstamos que le concedieron dos jubiladas para comprar su vivienda.

“No soy chorro”

Además del documento correspondiente al periodo 2025, Adorni entregó las rectificaciones de 2023 y 2024, que incluyen los bienes de su esposa. El jefe de Gabinete asumió que “arrastró un error” al haber evadido al fisco. “Hago un mea culpa, de hecho voy a pagar todo lo que devenga de este error”, dijo.

Con esta nueva presentación, el jefe de Gabinete intenta justificar gastos en inmuebles, viajes y refacciones suntuosas por un total de un millón de dólares. Su defensa se basa en esos “ahorros en negro” acumulados a lo largo de 25 años de trabajo en el sector privado, potenciados por las mencionadas inversiones en bitcoins, una jugada financiera que nadie conocía hasta ahora. “Tenía que demostrar que no era chorro [ladrón], así me lo dijo el abogado, y la única forma era presentando la declaración jurada”, explicó.

Ante la consulta sobre el origen de su patrimonio no declarado, Adorni aseguró que el primer dinero que tuvo fue una cantidad en efectivo que apareció en la casa de su padre Jorge, que murió en 2002 –“una plata que encontramos con mi hermano en el departamento”– y que, según su explicación, sumó a los ahorros de su esposa.

Muchas preguntas sin respuesta

Adorni acotó las explicaciones sobre su patrimonio a su trayectoria privada y las ganancias del mercado cripto. Sin embargo, hasta el momento no se conocen detalles de dichas operaciones ni se han divulgado los nombres de las billeteras virtuales con las que supuestamente operó. Esa información será presumiblemente requerida en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito en la que avanza el fiscal federal Gerardo Pollicita.

Sin embargo, la entrevista deja muchas preguntas sin responder: Adorni dijo haber obtenido 500 mil dólares hace 12 años; pero, ¿por qué solo al asumir como cargo del Gobierno decidió gastar en forma frenética? ¿Por qué no usó ese dinero para adquirir el piso en el que vive en Buenos Aires y la casa en el barrio privado a las afueras de la capital, que se compraron con préstamos?

Según las revelaciones periodísticas que complican su situación en los tribunales señalan que, tras asumir como portavoz de Milei, Adorni adquirió un apartamento en el barrio porteño de Caballito —sin vender la vivienda donde ya residía con su familia— y una casa en country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. En esta última propiedad, los Adorni iniciaron reformas que, según el propio contratista de la obra, duplicaron el valor de compra del inmueble. Mientras que la vivienda se adquirió por 120.000 dólares —de acuerdo al testimonio del vendedor—, Adorni desembolsó 245.000 dólares en efectivo para las refacciones, incluyendo una cascada en la piscina.

La Justicia también lo investiga por tráfico de influencias debido a contratos celebrados entre la Televisión Pública —organismo bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete— y la productora de su amigo Marcelo Grandio, así como por la contratación de empresas estatales a la consultora +Be, propiedad de su esposa.

Javier Milei apoyó públicamente a su jefe de Gabinete asegurando que le había dado todas las explicaciones del caso: “Lo que me presentó estaba todo en orden”, afirmó en su momento. Adorni, que en la entrevista descartó su dimisión, explicó que “no hizo falta” entregar ninguna prueba al mandatario: “El presidente confió en mí”.

Amnistía fiscal

Su nueva versión desmiente lo que había dicho ante el Congreso en abril, cuando Adorni aseguró textualmente: “Todo lo que tiene que estar declarado está declarado” y “No hubo ocultación alguna”. En la rectificación presentada ahora, el jefe de Gabinete libertario admite explícitamente que tenía medio millón de dólares sin declarar. La estrategia parece clara: prefiere que lo acusen de evasión fiscal antes que de enriquecimiento ilícito o corrupción, bajo el argumento de que tener ahorros en negro es una práctica común entre muchos argentinos.

Incluso es probable que logre regularizar su situación ante el fisco sin mayores consecuencias, ya que los 500.000 dólares no alcanzan los umbrales de evasión punibles por la Ley Penal Tributaria. En diciembre pasado, la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal elevó los montos mínimos requeridos para enfrentar una responsabilidad penal por evasión.

El matrimonio Adorni ya solicitó ingresar al régimen de amnistía fiscal impulsado por el Gobierno de Milei. Esta normativa de “inocencia fiscal”, sancionada por el Congreso a comienzos de año, funciona en la práctica como un blanqueo de capitales que exime a los contribuyentes de detallar el origen de los fondos o sufrir revisiones previas sobre su patrimonio en ese período.

Cuando un femicidio conmueve a toda una sociedad, como sucede con el de Agostina Vega por estos días en Argentina, la indignación encuentra eco en las calles. Bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas”, cientos de miles de personas se concentraron en la Plaza del Congreso e inmediaciones, para repudiar el retroceso en políticas de prevención y erradicación de la violencia machista desde que gobierna Javier Milei.

La joven Clara Sanabria lleva por lo alto la foto de su hermana asesinada en septiembre pasado y señala a elDiario.es: “Esta es Solange Sanabria, tenía 25 años cuando Óscar Benítez la mató, la descuartizó y la metió en una bolsa de basura y la envolvió en una frazada; intentó esconder el cuerpo. Oscar Benítez ya tenía denuncias por golpear a su expareja y hacía un mes que se estaban conociendo con mi hermana”.

La historia de Solange se sumó a la lista de femicidios que exponen la urgencia de políticas públicas eficaces, ya que en al menos el 44% de los asesinatos de mujeres (del año pasado) había antecedentes de violencia. Un dato que desnuda la falacia sobre la que reposan iniciativas oficiales como el proyecto de ley contra las falsas denuncias. El Consejo Federal de Política Criminal emitió un informe que dice que las falsas denuncias son apenas un 0,09%.

En la inmensa mayoría de las desapariciones de mujeres, la justicia deja pasar semanas antes de accionar, si es que acciona. La mamá de Agostina, la niña de 14 años asesinada en la última semana, hizo la denuncia a pocas horas de la desaparición, el 24 de mayo. Pero la fiscalía priorizó la hipótesis de que Agostina podría estar con un novio. Recién tres días después, el 27 de mayo, se activó la Alerta Sofía, lo que demoró los allanamientos y las medidas de prueba.

“Che peluca, che peluca, no te lo decimos más, justicia por Agostina, femicidas nunca más”, canta un grupo de chicas en el escenario montado frente al Congreso, interpelando al mandatario conocido por su peinado característico y su verborragia ofensiva.

“Denunciamos el antifeminismo de Milei”

Luci Cavallero, del colectivo Ni Una Menos, señala a este medio que “Nosotras estamos exigiendo justicia por Agostina, pero además, estamos denunciando un antifeminismo de Estado. El Gobierno de Milei atenta contra los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ, en muchas dimensiones: promueve el odio desde el propio Estado, estigmatiza; lleva adelante una política de desmantelamiento generalizado de las políticas de prevención de las violencias que deriva en precariedad extrema. Mujeres que están endeudadas, pluriempleadas, con largas jornadas de trabajo”.

Es que se vuelve a poner la vista en el fondo de la cuestión, que es el derecho a estar vivas y a tener una vida digna.

Florencia Villagra, abogada de familia, dice que cada 3 de junio trata de participar. “Me convoca tener una hija de ocho años, tener una historia familiar de violencia doméstica y la crudeza del caso Agostina. Esta movilización marca un punto de inflexión en este Gobierno; tenemos que estar presentes”.

Hace 11 años, el asesinato de Chiara Páez, que tenía 14 años como Agostina, fue el femicidio que encendió la chispa para la organización del primer Ni Una Menos. Entre 2015 y la actualidad se registran 3205 muertes.

El Gobierno de Milei eliminó el Ministerio de las Mujeres, recortó recursos clave como la Línea 144 y programas de asistencia a la víctima.

“Quieren sacar la figura de femicidio”

Estela Díaz, ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, señala a elDiario.es que el Ejecutivo es negacionista de la perspectiva de género. “No existe más un mecanismo nacional que aborde la violencia por razones de género. Eliminó un 90 % de los presupuestos que abordaban dichas violencias. No solo eliminó el Ministerio de la Mujer que se creó en 2019, también el consejo de las mujeres y el consejo federal que funcionaban desde 1991. Quieren sacar la figura de femicidio del Código Penal e impulsan un proyecto sobre falsas denuncias”.

Según señaló Amnistía Internacional, durante la actual gestión se registraron recortes de recursos destinados a la Línea 144, modificaciones en los requisitos de acceso al Programa Acompañar y limitaciones en distintos mecanismos de asistencia para niñas, niños y adolescentes que quedaron huérfanos como consecuencia de femicidios.

La senadora oficialista Patricia Bullrich, exministra de Seguridad de mano dura, dijo que “Desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, y bajo nuestra gestión en Seguridad, logramos bajar un 25 por ciento los femicidios, fortalecimos el Sistema Penitenciario y creamos el Registro de ADN para violadores”, escribió en una publicación en X que luego fue compartida por el presidente Milei, quien calificó el mensaje como una “Masterclass”.

Según los datos oficiales, una mujer es asesinada en Argentina cada 44 horas en cifras de 2025, lo que representa una caída del 12% respecto al año anterior. El Registro Nacional de Femicidios de la Justicia contabilizó 200 víctimas de femicidio en 2025 frente a las 224 de 2024. Estas cifras son cuestionadas por los colectivos feministas, ya que en muchos casos no se están categorizando como femicidios.

Para la ministra Díaz, su interpretación está en las antípodas de Bullrich. “Son las provincias las que intervienen en la prevención, en la asistencia y en el abordaje de los delitos. En el caso de la provincia de Buenos Aires, hay una baja significativa; tenemos 20 menos del 2024 al 2025. Pero estos temas hay que analizarlos en series más largas. ”En el primer trimestre, se han duplicado los intentos de femicidio“.

“No quiero aprender a defenderme, quiero estar segura”, lleva el cartel una niña, y su madre al lado, de nombre Majo Gali, profesora de inglés, dice que viene todos los años, desde la primera marcha de 2015. “Cuando yo tenía 11 años, en 1974, ocurrió un femicidio en mi familia. Una tía mía, Ana Gali, murió tras ser quemada por su pareja. En ese momento se hizo una denuncia y en la comisaría no la tomaron. De hecho, en ese momento no existía la figura de femicida”.

La marea de banderas con consignas feministas y pañuelos verdes y violetas inundó las calles del centro de Buenos Aires y otras ciudades de Argentina, exigiéndole al Ejecutivo que las vidas le importen. Así lo expresaron en el documento que leyeron las artistas Thelma Fardin y Cazzu: “Hoy frente al Gobierno de Milei, que es negacionista de la violencia patriarcal decimos: ”Nuestras vidas no son desechables!“.

A la motosierra, más motosierra. El nuevo recorte del Gobierno de Javier Milei deja a la salud pública en estado crítico. Frente al ataque contra un derecho esencial y bajo el lema “la salud no puede esperar”, miles de trabajadores sanitarios han marchado este miércoles desde el Ministerio de Salud argentino hasta la Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires, después de que el Ejecutivo ultraderechista anunciara la reducción de 63.000 millones de pesos (más de 38 millones de euros) en las partidas destinadas a este sector para este año.

Se trata de un recorte de los fondos dirigidos al fortalecimiento de los sistemas provinciales de salud y afecta a la distribución de medicamentos, insumos y tecnología médica. Y se suma al desmantelamiento de programas esenciales que ha habido durante los dos años y medio de gestión de La Libertad Avanza –el partido ultra de Milei–, cuyo impacto afecta principalmente a los sectores más vulnerables: personas mayores, con discapacidad, en situación de pobreza y con enfermedades graves o crónicas. Además, el ajuste resta dinero a la lucha contra el cáncer, al Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (encargado de los trasplantes), a la distribución de vacunas y la prevención de enfermedades de transmisión sexual –que están creciendo, como la sífilis–.

Norma Chiacho, enfermera de un hospital público, lo resume así a elDiario.es: “La situación es crítica desde que asumió Milei: recortes de insumos, salarios bajísimos, el mío no llega a un millón de pesos (600 euros) y sobrecarga de trabajo, porque la clase media ya no puede pagar privados y viene al hospital público y estamos colapsados. Este Gobierno nos está matando”.

El Ejecutivo también anunció que reemplazará el programa 'Remediar' por un esquema enfocado solo en patologías cardiovasculares. Remediar está vigente desde el año 2002 y distribuye alrededor de 70 medicamentos en 8.000 centros de salud de todo el país, con unos 19 millones de beneficiarios con enfermedades crónicas.

Macarena Sabin Paz, coordinadora del equipo de Salud y vida independiente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), señala a elDiario.es que la disolución de áreas clave como la Dirección Nacional de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) provocó muertes por falta de acceso a medicamentos oncológicos. “Durante los primeros meses de 2024, el Gobierno decidió desmantelar el Instituto Nacional del Cáncer y disolver la DADSE, que era un área específica para brindar tratamientos, medicamentos oncológicos y de altísimo costo, y se murieron 60 personas con cáncer esperando recibir sus medicamentos”.

En esa línea Cristina Ceruli, directora del Hospital Piñeiro de Junín, en la provincia de Buenos Aries, señala el efecto del recorte de planes por parte del Estado nacional. “El programa de salud sexual está casi desierto, no nos mandan preservativos, ni anticonceptivos. El programa de salud perinatal se ha desmantelado, ha aumentado la mortalidad infantil del 6% y también creció la mortalidad materna. El ajuste que hace en salud se traduce en muerte”.

El último dato oficial revelado es de 2024, el primer año del Gobierno ultra, y como informó este medio, indica que la tasa de mortalidad infantil llegó a 8,5 muertes por cada 1.000 niños nacidos vivos. Ello se traduce en un aumento del 6,25% en comparación con el registro de 2023, cuando el indicador era de 8 muertes por cada 1.000.

Es por eso que la experta Sabin Paz agrega otro dato preocupante, para un Ejecutivo que no duda en aplicar la motosierra, que es la baja en los índices de vacunación. “La mitad de los niños de menos de 5 años no tienen el esquema de vacunación completo, que evita enfermedades graves como la tos convulsa, que ya tiene 14 bebés fallecidos. Hubo rebrotes de sarampión, enfermedades que no eran un problema epidemiológico para Argentina”.

Una semana después de la multitudinaria protesta de los universitarios, los trabajadores sanitarios se han concentrado frente a la Casa Rosada en Buenos Aires y también ha habido marchas en otras ciudades de Argentina, en provincias como Chaco, Jujuy y Entre Ríos. Es que la salud y la educación públicas van de la mano. Los hospitales que dependen de las universidades públicas ya han advertido que, si el Ejecutivo no envía los recursos previstos en la Ley de financiamiento universitario, los centros médicos “en un mes y medio ya no podrán funcionar”.

Se trata de un claro mensaje en las calles contra el ajuste de un Gobierno que sigue los pasos de la Administración de Donald Trump y ha retirado a Argentina de la Organización Mundial de la Salud, a pesar de los nuevos problemas a nivel internacional, como el brote de hantavirus.

La cuarta marcha universitaria desbordó las calles en la emblemática Plaza de Mayo y las avenidas aledañas de Buenos Aires y se replicó en otras ciudades de Argentina, como Córdoba, La Plata, Rosario, Mendoza y Tucumán, entre otras. Docentes, estudiantes, científicos, sindicatos, políticos de la izquierda y el peronismo reclamaron al Gobierno de Javier Milei que cumpla con la ley de financiación para las universidades públicas.

Una multitud salió a recordarle al poder que la dignidad no entra en un ajuste de caja. La Universidad de Buenos Aires (UBA) cuantificó en 600.000 manifestantes la convocatoria en la capital y más de un millón en todo el país. En medio de la columna por avenida de Mayo, Karina Panelo sostenía un cartel que es, en rigor, un certificado de libertad. “Gracias a la educación pública, a la cárcel nunca más”, se leía sobre el cartón. Karina estudia Derecho en la UBA y habló con la urgencia de quien sabe que la universidad fue una bisagra. “La educación pública me salvó la vida y me dio dignidad”, dijo a elDiario.es, mientras la marea humana la empujaba suavemente hacia adelante.

Para ella, el intento del Gobierno por desfinanciar las aulas es un ataque personal a su derecho a existir de otra manera: “Quiero morir siendo estudiante universitaria”, dijo con una contundencia que conmovía.

Con el argumento de achicar el déficit fiscal, la administración de La Libertad Avanza viene desfinanciando al conjunto de casas de estudio. El Ejecutivo ultraderechista tildó de “acto opositor ” a la movilización de los cientos de miles e insistió en que no enviará los fondos reclamados.

Según el informe del Instituto Argentina Grande, en abril de 2026 los docentes cobraron un 34,5% menos en términos reales en comparación con noviembre de 2023. Como más del 80% del gasto del Estado en las universidades se destina al pago de salarios, el recorte presupuestario golpea directo a los docentes.

El aire de la movilización era reclamar por un derecho adquirido y emblema del país: la universidad pública gratuita. Abril Ras, a sus 27 años, caminaba con la mirada de quien ya vio los efectos del bisturí. En su Instituto de Formación Técnica Superior, la pedagogía social —esa rama que incomoda porque enseña derechos— ya sufrió el cierre de comisiones. “Creo que el desmantelamiento es intencional”, afirma con lucidez. Abril entiende que no faltan fondos, sino voluntad de sostener lo que forma conciencia crítica.

Mientras tanto, los rectores de las distintas facultades caminaban codo a codo, unificando un reclamo que ya es existencial. El documento leído por la Federación Universitaria Argentina (FUA) fue un mazazo de realidad: el presupuesto de funcionamiento hoy es apenas un fantasma de lo que era en enero de 2023. Son partidas que no alcanzan para la luz, para los insumos, para los salarios que ya perdieron el equivalente a nueve meses de poder adquisitivo.Desde las universidades dieron datos certeros del desfinanciamiento: las transferencias registraron una caída real acumulada del 45,6 por ciento entre 2023 y 2026.

Mercedes Luder, nieta de ítalo Luder, principal rival peronista de Raúl Alfonsín en las elecciones de 1983 que marcaron el retorno a la democracia, dijo que su abuelo era un defensor de la educación pública. Mercedes, estudiante de Veterinaria señaló que en la UBA “la falta de presupuesto se evidencia en que hay menos docentes y ayudantes, lo que afecta la calidad de la enseñanza”.

Pero la crisis no es solo en pesos. Lo que se denunció desde el escenario montado en Plaza de Mayo, frente la Casa Rosada es una ruptura del contrato democrático. Cuando el Ejecutivo ignora la Ley de Financiamiento 27.795 y desoye a la Justicia, lo que está en juego es la división de poderes. El Gobierno ultraderechista redobló la apuesta: respondió al pedido de fondos para los hospitales universitarios acusando a las autoridades de la UBA de impulsar “una extorsión política”. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, dijo que la marcha era una cuestión política basada en “una mentira emocional”.

El Ejecutivo no cumple con una ley de financiamiento universitario que fue aprobada por el Congreso el año pasado , que Milei vetó y luego los legisladores rechazaron el veto presidencial. Las universidades acudieron a la Justicia, y Gobierno entonces apeló ante la Corte Suprema.

Fernando Delfín Iglesias aportó una mirada sobre la soberanía. Investigador en energía y minería, dijo que representa ese legado de los abuelos que vinieron de España buscando paz y ascenso social. Hoy, ve cómo las áreas estratégicas de la industria nacional se quedan sin oxígeno. Para él, “defender la universidad es defender la posibilidad de que Argentina compita en el mundo con ciencia propia y no solo con materias primas”. .

Debajo del escenario, referentes de la oposición como el gobernador bonaerense Axel Kicillof y las columnas de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) intentaban leer el clima de una sociedad que, aun en la angustia económica, se aferra a la universidad como al último bastión. Cuando la marcha se desconcentró, quedó en el aire el eco de una advertencia: si los docentes e investigadores son expulsados del sistema, el país se queda sin futuro.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) ha logrado identificar a 17 desaparecidos de la dictadura (1976-1983) tras el hallazgo de restos óseos el año pasado en una zona cercana al centro clandestino de detención La Perla, provincia de Córdoba. Las familias han esperado décadas para conocer la verdad sobre sus seres queridos, como Marta Taborda, hija de Silvia del Valle Taborda, quien ha dicho en una conferencia de prensa: “Pasó medio siglo y este huesito me dijo: ‘Hija, acá estoy’”.

En marzo, los antropólogos dieron a conocer los nombres de otras 12 personas desaparecidas, con lo que ya son 29 los identificados. “Es probable que haya más identificaciones”, ha afirmado el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, a cargo de la investigación, aunque ha dicho que no podía dar más precisiones.

A ambos lados del magistrado, se han colocado los familiares. “Soy Luis Navarro, hermano de Juan Carlos Navarro, que desde hace 49 años estaba desaparecido. Durante años nos decían: 'Si no hay cuerpo, no hay delito'. Hoy he recuperado a mi hermano y mi deseo es que se encuentren más personas, porque son más de 30.000 desaparecidos, y que se haga justicia”, ha afirmado.

Precisamente, el Ejecutivo ultra de Javier Milei niega esa cifra de desaparecidos y ha desmantelado sitios de memoria. Este nuevo hallazgo es un revés para el discurso negacionista del Gobierno, así como se vio reflejado el último 24 de marzo, en el 50 aniversario del golpe de Estado, cuando una enorme multitud tomó las calles en defensa de las políticas públicas de memoria, verdad y justicia.

En septiembre del año pasado, el EAAF, junto al Servicio de Antropología Forense del Instituto Médico Forense del Poder Judicial de Córdoba, comenzó a trabajar en una zona conocida como La Loma del Torito, cercana al casco donde funcionaba La Perla. Durante las tareas, los antropólogos encontraron unos 1.200 restos óseos pequeños y fragmentados y piezas dentales en dos áreas de esa zona, separadas entre sí por unos 30 metros.

Paula Mónaco Felipe es hija de Ester Felipe y Luis Mónaco, quienes fueron secuestrados el 11 de enero de 1978. Los restos de ambos fueron hallados juntos e identificados. “Hoy empiezo a entender el término ‘encontrar’ tras años de búsqueda. Encontrar es recuperar a Ester y Luis, cortar con el hilo de la crueldad. Se mantuvieron juntos en la oscuridad; la tierra los cobijó. Encontrar es la posibilidad de traerlos con nosotros y descubrir un mundo con sol”, ha relatado.

La cantante Liliana Felipe es su tía y hermana de Ester. La intérprete que vive en México escribió la canción Otro adiós sin Dios en homenaje a Ester, cuya primera estrofa dice: “¿Cómo fue la bala? ¿Dónde estaba el cielo? ¿Qué montaña ya no pudo más besar tu pelo?¿Dónde estaba Dios?”.

La Perla funcionó entre 1976 y 1978. Se calcula que por ese centro clandestino de detención, tortura y exterminio pasaron entre 2.200 y 2.500 personas, según investigaciones del Archivo Provincial de la Memoria (APM) de Córdoba. Solo unos pocos sobrevivieron. La mayoría de las veces, los secuestrados eran trasladados en camiones del Ejército para su fusilamiento en zonas aledañas. Los fusilamientos y los enterramientos clandestinos fueron el principal método de acabar con los presos políticos.

“La intención fue el exterminio de una generación y crear una generación temerosa. A mi papá se lo llevaron a sus 25 años y yo lo recuerdo porque tenía 5 años, estábamos con mi mamá embarazada y mi hermana de tres años. Somos tres mujeres a las que nos faltó un papá”, ha dicho entre lágrimas la hija de Dalmiro Cruz Bustos. Y ha agregado: “Yo no iba a las marchas. Cuando al fin fui, vi que otras personas enarbolaban la foto de mi padre; fueron personas que mantuvieron viva su memoria”.

En 1979, ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Ejército de la dictadura dispuso de una maquinaria pesada para remover los cadáveres de quienes habían sido enterrados en La Perla. Sin embargo, quedaron pequeños restos óseos que los antropólogos encontrarían cinco décadas después.

Cuando todas las miradas apuntan a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito, el presidente argentino Javier Milei vuelve a EEUU por cuarta vez en lo que va del año, y para un evento privado. Un modo de evadirse de la realidad que lo ha caracterizado en los dos años y medio de gobierno. Lo paradójico es que fue en el último viaje presidencial a Nueva York cuando se desató la tormenta sobre los gastos lujosos de Adorni.

El mandatario ultraderechista acumula horas de vuelos al exterior, en muchos casos viajes no oficiales que parecen responder más a intereses personales o partidarios, pero que son financiados con fondos públicos y que contradicen su proclama de recortar el gasto de “la casta” política. Mientras el Estado no transfiere desde hace cuatro meses el presupuesto aprobado para los hospitales de la Universidad de Buenos Aires, Milei y sus altos funcionarios viajan por el mundo con gastos envueltos en un manto de opacidad.

Milei participa el miércoles, como el año pasado, en la Conferencia Anual del Instituto Milken en Los Ángeles. Lo acompañan la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller, Pablo Quirno. El presidente del Instituto, Michael Milken, es un financiero a quien se conoce como el “rey de los bonos basura”. Se declaró culpable en los años 80 de fraude, manipulación de precios y evasión de impuestos, y fue condenado a 10 años de prisión, pero en 2010 fue indultado por Donald Trump al cierre de su primer mandato.

El presidente ultra ya acumuló al menos 4.700 millones de pesos (2,88 millones de euros) en gastos en viajes al exterior desde el inicio de su mandato, según los datos de la Oficina Nacional de Presupuesto.

José Natán Spollansky, economista de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ASIJ), sostiene en declaraciones a elDiario.es que este Gobierno prioriza ciertos gastos mientras reduce otros vinculados a derechos sociales. “Al analizar los gastos oficiales, se ve que, aunque el monto en pasajes y dietas no es llamativo en relación con gobiernos anteriores, el contraste entre el discurso de austeridad y los recortes en derechos sociales”.

Sin embargo, ante las reclamaciones de transparencia, hay números que no casan. Por ejemplo, Milei y su hermana Karina se hospedaron en los hoteles Trump National Doral en Miami y The Langham en Nueva York durante los cinco días que duró la gira en marzo. Una suite en The Langham cuesta entre 2.000 y 5.000 dólares la noche. Pero el Gobierno dice en un documento oficial que el costo fue en promedio de 900 dólares la noche, y que el hospedaje total fue de 8.000 dólares. Esta cifra se conoció en respuesta a una petición de acceso a la información pública que hizo el diputado socialista Esteban Paulón luego de que saliera a la luz que la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, viajó en el avión presidencial.

Es al jefe de Gabinete a quien menos le salen las cuentas de acuerdo a un salario que ronda los 5.000 dólares mensuales. Adorni acumula viajes suntuosos al exterior, compras de apartamentos y deudas que superan los 800.000 dólares en dos años. La última revelación de esta semana es que pagó en efectivo y sin factura 245.000 dólares para reformar una casa que compró en un barrio privado, que incluyó una cascada en el jardín y una piscina climatizada con jacuzzi. El exportavoz presidencial desmintió la cifra declarada ante la justicia por el contratista, Matías Tobar. Pero esta nueva revelación alimenta la sospecha sobre el origen no declarado de los fondos.

Promesas incumplidas sobre la “casta”

Para el analista político Pablo Javier Salinas, el escándalo Adorni genera un cortocircuito entre el discurso oficial y la realidad. “En el medio de una crisis severa, donde está cuestionado el jefe de ese gabinete, en donde todos los días se hacen esfuerzos para cambiar la agenda, y esa agenda hace 60 días que no cambia, no se entiende por qué lo sigue sosteniendo. El caso Adorni agrava la opacidad y contradice la promesa de terminar con los privilegios de la casta”. 

Adorni no participa de este nuevo viaje de su jefe. Los argumentos oficiales para la presencia de Milei en Los Ángeles son las habituales “reuniones con empresarios e inversores” que, hasta el momento, no han traído resultados concretos para las inversiones en Argentina. El mandatario lleva ya 17 viajes a suelo estadounidense desde su asunción en diciembre de 2023. El mayor respaldo económico y político que consiguió fue el de Trump para las elecciones legislativas del año pasado, un apoyo al país que estuvo explícitamente condicionado a que Milei ganara esos comicios.

Los viajes de Milei generan un cortocircuito entre el discurso oficial de austeridad y la realidad, lo que inevitablemente afecta la imagen del gobierno

Pablo Javier Salinas — Analista político

En su claro gesto de alineamiento con el republicano, Milei, invitado por el embajador de EEUU en Buenos Aires, Peter Lamelas, participó el jueves pasado en una actividad conjunta organizada por el Mando Sur y la embajada estadounidense a bordo del portaaviones nuclear Nimtiz.

El experto Salinas agrega otro dato a este medio. “Estoy investigando los viajes presidenciales y noto que, a diferencia de otros mandatarios, los viajes de Milei carecen de justificación institucional y parecen responder a intereses personales o ideológicos, financiados con fondos públicos pese al discurso de austeridad. Eso genera un cortocircuito entre el discurso oficial y la realidad, lo que inevitablemente afecta la imagen del gobierno”.

La desaprobación de la ciudadanía a la administración de Milei llegó en mayo al 64,5%, según una encuesta de la consultora Zuban-Córdoba y Asociados que destaca que se consolida una tendencia a la baja en la opinión sobre la gestión ultraderechista. Además, el 65% de los participantes manifestaron tener una imagen negativa de Karina Milei y Manuel Adorni. 

Un mes y medio después de las primeras revelaciones que pusieron en el ojo de la tormenta al jefe de gabinete de Javier Milei por presunto enriquecimiento ilícito, Manuel Adorni se ha presentado ante el Congreso de Argentina para presentar su informe de gestión. El avance de las investigaciones judiciales contra el alto funcionario hizo que esta sesión se convirtiera en un acto político y, que de forma inédita, asistiera el propio presidente argentino y todo su gabinete. “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”, sostuvo Adorni.

El funcionario llegó a la Cámara de Diputados en medio del escrutinio público por la adquisición de propiedades y por viajes de lujo al extranjero. Su presentación ocurre en un contexto más amplio, en el que el mismo Gobierno ultraderechista está siendo investigado por presuntas estafas, como el caso de las criptomonedas 'Libragate' y el de los sobreprecios en medicamentos en el área de discapacidad.

“Vamos, Manuel”, gritó desde el palco central el presidente ultra. El Gobierno montó una tribuna para apoyar a Adorni con la presencia de la hermana del mandatario, Karina Milei (secretaria de la Presidencia) y ministros y legisladores del oficialismo, entre más de 150 invitados. Algo muy inusual para un informe de gestión de un ministro y más parecido a la apertura del año legislativo.

Defensa de la motosierra

Adorni ha dado en la primera hora y media un discurso institucional con foco en los logros económicos, como la bajada de la inflación –que en los últimos diez meses ha subido–: “Pasamos del 200% que heredamos al 31% anual”, dijo, aunque admitió que el dato de marzo de 2026 “es malo” (3,4%). Sostuvo que, al igual que la inflación, la pobreza está en su índice más bajo en los últimos siete años. Sin embargo, los expertos ponen en duda los datos oficiales.

El funcionario defendió los recortes de los pasados dos años y cuatro meses del Gobierno de Milei: “Hay 65.000 empleados menos en el Estado”, celebró el paso de la motosierra. “Se cortaron las asignaciones de privilegio para el presidente y la vicepresidente. Se cerró el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo”. Y anticipó que el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado tiene previsto más ajuste.

Se trata de un Gobierno que aprobó una reforma laboral regresiva, que bajó impuestos a los ricos y actualmente no cumple con el presupuesto para las universidades ni personas con discapacidades. Desde que comenzó su andadura, se perdieron 264 puestos de trabajo por día en el sector privado registrado. También el consumo acumula dos años consecutivos en retroceso.

El jefe de ministros se preparó durante semanas para defender su informe técnico y blindarse ante las preguntas de la oposición sobre su patrimonio. Antes de responder, Adorni sostuvo: “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”. Y volvió a prometer que todo quedará aclarado en su próxima declaración jurada.

El foco del conflicto radica en propiedades y viajes ostentosos que no se condicen con su declaración jurada. El escándalo escaló luego de que trascendiera que su esposa, Betina Angeletti, utilizó el avión presidencial para viajar a Estados Unidos en marzo; poco después, elDiarioAR reveló un vuelo privado de la familia Adorni a Uruguay por 10.000 dólares.

El exvocero presidencial y hombre de confianza de Milei sostuvo que todos los viajes personales los pagó el mismo, que fueron vacaciones privadas, pero evitó arrojar precisiones respecto del viaje a Punta del Este supuestamente financiado por el empresario Marcelo Grandio, su amigo y dueño de una productora que tenía negocios con la Televisión Pública. Adorni negó haber favorecido un contrato entre Grandio y el canal público. Adorni respondió que el Estado no registra ningún pago de viajes personales del jefe de Gabinete y que la Oficina Anticorrupción informó “inexistencia de conflictos de interés”.

Se investiga cómo un funcionario que cobra un sueldo de 2.500 dólares mensuales (poco más de 2.100 euros) haya pagado en efectivo pasajes de avión y alojamiento por 15.000 dólares en unas vacaciones en Aruba, en el Caribe. También es llamativo que haya comprado dos propiedades: un apartamento en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio acomodado de Caballito, y una casa en un country con préstamos otorgados por jubiladas.

La diputada de izquierda Myriam Bregman le preguntó a Adorni por qué “Milei se tira sobre la granada” al darle su respaldo y le pidió que dé explicaciones sobre las propiedades que adquirió.

Adorni se defendió: “Como saben, las declaraciones juradas tienen un componente público y un componente reservado. En el componente público, se encuentran los detalles de todos mis bienes que componen mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna. Como dije, aún no venció el plazo para la presentación de mi última declaración jurada. Será en ese momento en el que se formulará el correspondiente detalle de mi patrimonio integral”.

Esta semana se conoció que la Justicia recibió informes sobre los gastos exuberantes que realizó la esposa de Adorni en un viaje a España. Angeletti gastó 6.000 dólares en efectivo (más de 5.000 euros) en septiembre del año pasado, según la información que se sumó al expediente en el que se analiza el presunto enriquecimiento ilícito de Adorni.

En una de las respuestas acerca de la evolución patrimonial, cantidad de propiedades y dinero, Adorni dio una curiosa explicación por escrito: aseguró que ya presentó su declaración jurada patrimonial y que “los bienes que componen el patrimonio de la cónyuge o del grupo familiar se incluyen en el Anexo Reservado” enviado a la Oficina Anticorrupción, que contiene “información confidencial”.

Adorni debía contestar 4.800 consultas que le hicieron por escrito los diputados, aunque seleccionó solo 2.100 para responder en el recinto. Sobre la megaestafa tras el lanzamiento de la criptomoneda LIBRA, que involucra a los hermanos Milei, Adorni respondió que “hay una investigación en curso, lo que implica que una porción significativa de la información requerida se encuentra bajo la órbita exclusiva del Poder Judicial y que su divulgación por parte del Poder Ejecutivo podría comprometer la integridad de la investigación y los derechos de las personas involucradas”.

En medio de los escándalos de corrupción revelados por los medios de comunicación, la Casa Rosada decidió desde el pasado jueves impedir el acceso a los periodistas acreditados a la sala de prensa por “motivos de seguridad nacional”, tras denunciar a dos reporteros de TV que grabaron sin permiso el interior del edificio. Otra manera de blindar a un funcionario al que el mandatario ha decidido mantener en el cargo pese a la tormenta y el coste político.

“Un modo de respetar la figura de Diego Armando Maradona sería dejar que la justicia haga su trabajo”. Con estas palabras, su amigo personal Fernando Signorini ha intentado marcar distancia frente a las opiniones vertidas en los medios desde que, el pasado 14 de abril, comenzara el segundo juicio por la muerte del astro argentino tras la anulación del primer proceso. El nuevo proceso está previsto que dure alrededor de tres meses.

¿Quién decidía sobre la salud de Maradona? ¿Quién programó la internación domiciliaria? Estos interrogantes sobrevuelan el tribunal donde siete profesionales de la salud están siendo juzgados bajo la acusación de homicidio simple con dolo eventual. De acuerdo a la junta médica que analizó el caso, su muerte podría haberse evitado si hubiese sido tratado en una clínica.

Maradona, “el Diez”, falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 a causa de una crisis cardiorrespiratoria y un edema pulmonar. Su deceso ocurrió tras varias horas de agonía en una casa alquilada en Tigre, donde se recuperaba de una neurocirugía desde el 11 de noviembre.

“Parecía un globo”, el crudo relato

“Estaba muy edematizado, con la cara y los miembros hinchados; su abdomen era globuloso. Parecía un globo”, describió este jueves ante el tribunal el médico Juan Carlos Pinto, quien arribó en la ambulancia aquel fatídico día, según reprodujo el periodista Martín Raschinsky a la agencia AFP.

Durante la audiencia en el juzgado de San Isidro, se exhibieron fotografías y un video de 17 minutos filmado por la policía científica. Las imágenes mostraban la habitación y el cuerpo sin vida del campeón mundial de 1986, con signos evidentes de un deterioro físico. El crudo relato de Pinto y la exposición del material visual provocaron el llanto de Gianinna Maradona, una de las hijas del ídolo presente en la sala.

El escándalo: el primer juicio

El primer proceso judicial se anuló luego de que se dieran a conocer imágenes de Julieta Makintach, una de los tres jueces del tribunal, como protagonista de un documental que se estaba grabando en secreto sobre el mismo proceso del cual formaba parte. Tras el escándalo, Makintach fue destituída. Los jueces ahora a cargo del caso son Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.

Los acusados

El tribunal juzga a médicos, psiquiatras y enfermeros bajo la figura de dolo eventual, lo que implica que, presuntamente, los acusados eran conscientes de que sus omisiones o acciones podían derivar en la muerte del paciente.

La Fiscalía calificó al equipo médico de “grupo de improvisados” que estaban al tanto del historial de diagnóticos de salud de Maradona “y lo abandonaron a su muerte”. El cuadro era complejo: cirrosis, corazón agrandado, deterioro neurológico, adicción al alcohol y a los psicofármacos.

Los principales acusados son: Leopoldo Luque, neurocirujano, señalado como el médico de cabecera de Maradona; la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz. También están imputados el enfermero Ricardo Almirón, encargado de controlar los signos vitales del exjugador, y los médicos Pedro Di Spagna y Nancy Forlini que, junto al enfermero Mariano Perroni, habían sido designados por las empresas de salud Swiss Medical y Medidom para coordinar la atención de Maradona. Todos sosstienen su inocencia. Se enfrentan a penas de entre 8 y 25 años de prisión.

“Diego hubiera exigido justicia”

Fernando Signorini, quien fuera preparador físico de Maradona entre 1983 y 1994, se muestra categórico al ser consultado por elDiario.es: “Prefiero aislarme y dejar que la Justicia actúe sin influencias externas. Todo el mundo ha tomado posición por influjo de los medios; ya han condenado a algunos o absuelto a otros”. Para él, la clave es la objetividad: “Diego hubiera exigido justicia”.

El neurocirujgano Luque negó haber manipulado a las hijas del astro y aseguró este jueves: “Los enfermeros no me reportaban a mi. Yo no participaba del tratamiento médico. No era el dueño de la salud de Diego como dicen”. Gianinna Maradona declaró el pasado martes en el juicio y afirmó que Luque la había manipulado de manera “absoluta y horrible” para convencer a ella y a sus hermanas de tratar a Maradona por fuera de una institución médica tras la cirugía.

Luque habló por cuarta vez en el segundo juicio y destacó que Maradona “nunca aceptó un ingreso en una clínica psiquiátrica” —ni siquiera una internación domiciliaria— y aseguró que el paciente “no era fácil de lidiar, y sus familiares tampoco”, reportó la agencia EFE.

Durante el primer juicio, numerosos testigos y materiales probatorios habían constatado que Luque oficiaba de médico de cabecera de Maradona, algo que, sin embargo, su defensa ha intentado negar en este nuevo proceso.

Durante la audiencia también se reprodujo un mensaje de audio enviado por la médica de empresa de salud Swiss Medical, Nancy Forlini, a la psiquiatra Agustina Cosachov, ambas imputadas, que decía: “Eso lo debería ver Luque, que es el médico tratante de él. Digamos que todo lo que es medicación y seguimiento básico lo veían ustedes, eso es lo que se firmó”.

Policías y médicos que declararon este jueves señalaron que la casa y la habitación donde Maradona debía pasar su convalecencia no se veía adecuada para esa tarea. “No había desfibrilador, oxígeno, nada. Dentro de la habitación no había elementos para decir que el paciente estaba en internación domiciliaria”, remarcó Pinto, quien firmó el certificado de defunción.

“Lo vi como una habitación normal, no como un lugar de tratamiento de una persona. Como una habitación de mi casa”, dijo el subcomisario Lucas Farias, uno de los policías que acudieron al lugar aquel 25 de noviembre. Estas declaraciones que apuntan a que el lugar no estaba en condiciones, van en línea con el testimonio de Gianinna, quien dijo que ella y sus hermanos aceptaron la internación domiciliaria luego de que el equipo médico la presentara como la mejor alternativa tras la cirugía a la que su padre fue sometido el 3 de noviembre de 2020, durante la pandemia de Covid.

Este segundo juicio que investiga las circunstancias de la muerte de Maradona contará con unos 120 testigos y, a razón de dos audiencias por semana (martes y jueves), se espera que se prolongue al menos hasta julio.

El Gobierno de Javier Milei ha vuelto a meterse con los más vulnerables: las personas con discapacidad. El Ejecutivo argentino incumple con la normativa actual, demorando el pago de prestaciones, e impulsa un proyecto de ley titulado 'Contra el fraude de pensiones por invalidez', que es rechazado por organizaciones sociales y asociaciones civiles. Resulta paradójico tras el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y su absorción por parte del Ministerio de Salud por un escándalo de corrupción.

“No soy un gasto, soy una persona con discapacidad”, dice un cartel en una protesta frente al Ministerio de Salud en la ciudad de Buenos Aires. Los manifestantes tienen un claro reclamo: que el Ejecutivo ultraderechista cumpla con la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada el año pasado y respaldada por la Justicia, y que el Congreso desestime el proyecto en ciernes que endurece el acceso a las pensiones. Motosierra tras motosierra.

Pablo Molero, presidente del Foro Permanente de Discapacidad (que reúne a varios colectivos de personas con alguna limitación), señala a elDiario.es un “maltrato sistemático” hacia este grupo, con atrasos en los pagos; ahora se suma el intento de eliminar la pensión por protección social, que ayuda a quienes están en situación de pobreza. “La situación es grave y se requiere atención urgente, ya que este Ministerio está atrasado con el pago de prestaciones. Hay instituciones que aún no cobraron desde octubre y tienen que hacerse cargo de la compra de medicamentos y pañales”.

La Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada en julio de 2025 por el Congreso y vetada en agosto a través de un decreto firmado por Milei, que luego fue rechazado por el Parlamento en septiembre, ratificando así la ley y obligando al Ejecutivo a promulgarla. No obstante, el Gobierno se resiste a aplicarla con el argumento de que el proyecto no enunciaba de forma expresa de dónde se obtendrían los fondos para financiar tal mejora para el sector. La Justicia rechazó ese argumento en diciembre pasado y ordenó aplicar la ley de manera inmediata, en un fallo que fue apelado por el oficialismo.

El Ejecutivo alega que entre 2003 y 2023 la cantidad de pensiones por invalidez tuvo un “crecimiento exponencial”, pasando de 76.000 a 1.200.000 en ese período de 20 años y generando una “inevitable sospecha” sobre las condiciones en que esos beneficios fueron otorgados.

Al respecto, Molero responde: “En 1999 había 33 millones de personas en nuestro país, de ese total, 3,3 millones tenían alguna discapacidad, mientras la pobreza ascendía al 30%. Alrededor de 990.000 personas con discapacidad estaban en ese momento en situación de pobreza y con el Gobierno de Néstor Kirchner fueron reconocidas con una pensión social, no sólo por incapacidad laboral. Hoy la población es de 46 millones y el Gobierno celebra que hay un 28% de pobreza, aunque muchos expertos cuestionan el número, pero aun así es enorme, brutal”.

En medio de una investigación judicial

Estela Maris Calandra, fonoaudióloga que trabaja en el área de discapacidad desde hace 30 años, se muestra indignada ante el nuevo proyecto de ley que el Ejecutivo envió al Senado, cuyo texto estipula que el Estado debe establecer mecanismos para “prevenir, detectar y sancionar el fraude en las pensiones”. “Yo trabajo con niños con autismo y trastorno del lenguaje que necesitan el certificado de discapacidad para poder recibir el tratamiento y, más en este momento, donde está aumentando el desempleo. ¿Cómo hablan de fraude cuando los que hicieron fraude fueron ellos en la Agencia de Discapacidad?”.

La investigación apunta al manejo irregular de fondos para la compra de medicamentos de coste elevado, destinados a personas con discapacidad, realizadas entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.

La causa se inició en agosto de 2025 a partir de la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS, que mencionan a la hermana del presidente, Karina Milei, en los que se hablaba de supuestos pedidos de dinero a proveedores. Según la Fiscalía argentina, el esquema implicó más de 75.000 millones de pesos, con adjudicaciones direccionadas, sobreprecios y acuerdos previos entre proveedores. El fiscal Franco Picardi sostuvo que la ANDIS funcionó como “una verdadera ventanilla administrada discrecionalmente”.

Hasta el momento, hay 19 personas procesadas. Entre ellos, Spagnuolo, procesado por cohecho, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.

Es en este contexto, con una agencia cerrada en enero y degradada a Secretaría dentro del Ministerio de Salud, el Ejecutivo vuelve con una iniciativa en un área tan sensible. El nuevo proyecto empeora la situación ya delicada: elimina la posibilidad de que una persona con discapacidad siga cobrando la pensión por invalidez, si logra acceder a un trabajo registrado. Además, desregula los pagos mínimos a las organizaciones que prestan servicios a personas con discapacidad.

“No aplicar la ley es abandonar a las personas con discapacidad”, dice el cartel que lleva Ana Luppi. La mujer señala a este periódico: “Tengo una hermana con discapacidad que está en el Hogar Los Jazmines, donde ha progresado muchísimo. Hace 22 años que está allí y realmente es vergonzoso que el Gobierno no esté pagando lo que tiene que pagar, incumple la ley. Es un lugar de excelencia, pero no puede seguir funcionando normalmente si hace meses, desde octubre, que el Estado demora las prestaciones y los profesionales tienen que cobrar por sus servicios”.

Las personas con discapacidad, sus familiares y las instituciones que les brindan asistencia exigen al Ejecutivo que no les siga dando la espalda y ponga un freno a sus intentos por desmantelar la protección social. El debate en la Cámara Alta promete ser intenso, ya que la iniciativa legislativa pone en cuestión la discapacidad como un derecho humano frente a una mirada que busca restringirla a una lógica mercantilista.

Los expertos de tres instituciones diferentes cuestionan como exagerado el dato oficial de caída de la pobreza en Argentina. Según el Instituto Nacional de Estadísticias y Censos (INDEC), la pobreza alcanzó al 28,2% de la población en el segundo semestre de 2025, una bajada respecto del 31,6 del primer semestre y de casi diez puntos respecto de un año atrás, tras el pico generado por la megadevaluación del Gobierno ultraderechista, que ha celebrado la cifra. Sin embargo, el indicador más bajo de los últimos siete años convive en un contexto económico volátil, con un deterioro de los salarios y del mercado laboral.

En términos absolutos, más de 8,5 millones de personas se encuentran por debajo de la línea de pobreza. La estadística oficial se basa en un criterio unidimensional: los ingresos. El umbral lo define la Canasta Básica Total (CBT), que establece el ingreso mínimo necesario para no ser considerado pobre. Actualmente, para una familia tipo de cuatro integrantes, ese valor se ubica en torno a 1.400.000 pesos mensuales (871 euros), sin incluir el alquiler.

La canasta se diseña con base en una encuesta de consumos de 2004/2005, lo que deja fuera cambios profundos en la estructura de gastos de los hogares. El peso creciente de servicios como internet, telefonía móvil o tarifas de luz, agua y gas no está plenamente reflejado, en un contexto donde esos precios aumentaron por encima del de los alimentos. Es decir, la canasta está desactualizada y subestima el coste real de la vida.

“Hay una ficción estadística en valores”

Agustín Salvia, jefe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA (Universidad Cátolica Argentina) señala a elDiario.es que la pobreza en Argentina ha disminuido, pero la medición es problemática debido a cambios en la metodología y en la composición del gasto de los hogares. “Hay una ficción estadística en los valores. Los números que se generan en términos de la estadística de pobreza tienen problemas de medición, es decir, cambiaron las condiciones de la medición y arrastra un vicio metodológico de los últimos dos años que hace que no sean comparables los valores de hoy con los valores anteriores al 2024”.

Salvia recuerda que a fines de 2023 y principios de 2024 hubo importantes recortes de parte del Gobierno ultraderechista. “Hubo ajuste, liberalización de precios, reducción del gasto público. ¿Cayó la pobreza con respecto al año donde hubo ajuste libertario? Sí. La caída de la inflación post ajuste que generó el gobierno libertario hasta donde hemos llegado, ha producido que el valor de la canasta básica alimentaria esté por debajo del resto de los precios. Si se actualizara la canasta con datos más recientes, el umbral de pobreza para una familia tipo se ubicaría cerca de los 2 millones de pesos (1250 euros). No son comparables con un mismo patrón los consumos que tenés ahora en un hogar con respecto a antes de la política de liberalización de precios”.

Desde comienzos de 2024, el relevamiento oficial incorpora ingresos no laborales como son los programas sociales Asignación Universal por Hijo o la Tarjeta Alimentar. Esa modificación, técnicamente válida, introduce un quiebre en la comparabilidad histórica: si esos ingresos hubieran sido considerados en períodos anteriores, los niveles de pobreza también habrían resultado más bajos, advierten los investigadores. Al mismo tiempo, esas transferencias explican en buena medida la reducción de la pobreza extrema de 6,9% del primer semestre de 2025 a 6,3% en el segundo semestre, aun en un escenario de caída del empleo y deterioro salarial.

Según el dato oficial, entre el segundo semestre de 2023 y el primer semestre de 2024, la pobreza pasó de 41,7% a 52%, y luego cayó al 31,6% en el primer semestre de 2025 y a 28,2% en el segundo semestre. El indicador baja casi 25 puntos desde el gran pico generado por la megadevaluación al inicio del Gobierno de Milei. El Gobierno ultra suele afirmar que la pobreza bajó desde el 52,9%, pero ese valor corresponde al primer semestre de 2024 de su administración.

El informe del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) destaca tres mecanismos que distorsionan la medición del INDEC: desfasaje entre ingresos y valorización de las canastas, cambios en el subreporte de ingresos en la Encuesta Permanente de Hogares y patrones de consumo desactualizados“. Señala que con ajustes a la metodología, ”entre el segundo semestre de 2023 y el primer semestre de 2025 la pobreza no habría caído 10 puntos porcentuales como indican las estadísticas oficiales, sino apenas 1,7 puntos porcentuales“.

Juan Graña, economista e investigador del Conicet, acuerda con el informe de CEDLAS y afirma que La Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que es con la que se mide los ingresos para las estimaciones de pobreza, está mostrando una evolución de los ingresos distinta, mucho más acelerada y positiva que otros indicadores del sistema estadístico nacional. “El ingreso que figura en la EPH es lo que contestan las personas; cuando hay mucha inflación, ese dato puede perder precisión. Se olvidan de cuánto cobraron el mes pasado, sobre todo en ingresos que no son asalariados estables, y, entonces, eso pierde calidad. Aparece una mejora de los ingresos más rápida de la que es realmente y, por ende, una baja de la de la pobreza más rápida. Hay un ruido estadístico”.

Los ingresos reportados en la EPH se confrontan con los registros administrativos disponibles (salarios públicos, formales privados, beneficios sociales, jubilaciones y pensiones). El informe del CEDLAS explica que “la comparación de los ingresos de distintas fuentes que se capturan en la EPH con los que capturan los registros administrativos correspondientes parece indicar un patrón general: entre 2017 y comienzos de 2024 la tendencia de la serie era hacia un crecimiento en el subreporte, los individuos y hogares reportaban cada vez una menor proporción de sus ingresos reales”.

“No refleja la realidad económica de la población”

En esa línea, Graña afirma a elDiario.es que el sistema estadístico está desactualizado en un contexto de devaluaciones, cambios del precio del dólar e inflación alta, que el dato oficial ubica en 3% mensual. “La metodología del INDEC para medir la pobreza presenta problemas significativos, especialmente en un contexto económico volátil como el argentino. Aunque no hay manipulación de datos, la calidad de las encuestas y la desactualización de indicadores generan distorsiones en los resultados. La pobreza podría haber disminuido, pero no de la magnitud que se reporta oficialmente; la mejora es marginal y no refleja la realidad económica de la población”.

De su lado, Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), señala a este medio que desde hace un año y medio que vienen sosteniendo que la pobreza está mal medida y coincide con sus colegas de la UCA y CEDLAS. “Hay una especie de abuso metodológico. ¿Por qué? Porque, a sabiendas de que distorsiona la realidad, se continúa utilizando patrones de consumo desactualizados para valorizar la línea de pobreza. Hay tres aspectos clave que afectan la medición: que se subestime el gasto en servicios en la canasta de consumos; la modificación en las preguntas sobre ingresos no laborales (antes no se preguntaba si se cobraba un programa social) y el tratamiento de ingresos laborales de los trabajadores no registrados, que según el INDEC le ganaron a la inflación por 30 puntos, lo que no tiene ningún sentido.”

La inflación sube por décimo mes consecutivo

Letcher agrega otro elemento estadístico: la inflación. “La medición de la pobreza en Argentina es cuestionable, somos muchos los que discutimos cuál es efectivamente la evolución de la pobreza. La inflación también se calcula con la Encuesta Nacional de los Hogares (Engho). Ahí hay un problema de fondo que explotó cuando el Gobierno de Milei decidió no actualizar el IPC (Índice de Precios al Consumidor) que estaba listo desde hacía dos años”.

El IPC se calcula en función a una canasta de bienes y servicios relevada en la encuesta Engho 2004-2005. Los patrones de consumo tuvieron fuertes modificaciones desde entonces. En febrero renunció Marco Lavagna, el jefe de estadísticas del INDEC, ante las trabas que puso el Ejecutivo ultra para actualizar la metodología.

El FMI siempre está

Este martes el INDEC dio a conocer que la inflación de marzo fue de 3,4 %, la más alta del año. De esta manera, el IPC aumentó 32,6% interanual y hace 10 meses consecutivos que no baja, lo que resulta en un mal dato para un gobierno cuyo único logro palpable había sido frenar la inflación. El dato confirma el escenario de pérdida del poder adquisitivo y que los salarios no le ganaron en marzo a la inflación, advierten voces expertas. El Fondo Monetario Internacional esta semana aprobó la segunda revisión del acuerdo con Argentina y habilitó un desembolso de 1.000 millones de dólares como un gesto en medio de la fragilidad económica. El Fondo debió reformular su pronóstico: en enero había proyectado una inflación anual del 16% y ahora la ubica por encima del 30%.

Argentina registra un deterioro en otros indicadores socio-económcos: crece el desempleo y los salarios no logran ganar a la inflación. La desocupación alcanzó el 7,5 % hacia fines de 2025; desde fines de 2023 se perdieron alrededor de 200.000 puestos de trabajo registrados y cerraron 22.000 empresas con impacto fuerte en el sector industrial y la construcción.

La protección estratégica del agua se encuentra, a partir de ahora, en entredicho en Argentina, bajo un Gobierno que ha cedido a las demandas de las grandes mineras. La Libertad Avanza, liderada por Javier Milei, y sus aliados aprobaron en la madrugada del jueves en el Congreso la modificación de la Ley de Glaciares, la cual redefine el alcance de las zonas periglaciares con el fin de permitir el avance de proyectos extractivistas.

La reforma a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, sancionada en 2010, establece un cambio clave: deja de proteger a todos los glaciares y zonas periglaciares como “reservas estratégicas” para amparar únicamente a aquellos que acrediten un “aporte hídrico relevante y comprobable” a las cuencas.

Con el acompañamiento de sus principales aliados y de los gobernadores de las provincias mineras (Salta, Jujuy, Catamarca, Mendoza y San Juan), La Libertad Avanza cedió al lobby de las corporaciones mineras, según denunciaron la oposición de izquierda y el peronismo. La iniciativa avanzó a pesar del fuerte rechazo de agrupaciones ambientalistas y especialistas, que durante los últimos días se han movilizado a través de protestas por todo el país. “El agua no se vende” o “El agua vale más que el oro” eran algunas de las proclamas que se podían leer en los carteles de los manifestantes.

La medida flexibiliza las condiciones para el desarrollo de explotaciones de recursos: muchas formaciones de hielo menores quedarían fuera de la tutela legal. Asimismo, quedaría sin efecto la prohibición de actividades que puedan afectar la condición natural de áreas consideradas reservas estratégicas de recursos hídricos, vitales para el consumo humano, la biodiversidad y el equilibrio climático.

“Se busca avanzar con la megaminería”

Lihuen Antonelli, socióloga especializada en temas ambientales señala a elDiario.es que la Ley de Glaciares de 2010 establecía la responsabilidad de la Nación de estipular reglas generales en todo el territorio para garantizar el derecho a un ambiente sano. “Eso ahora cambia y es regresivo: será la autoridad competente de cada provincia la que decida si un glaciar tiene relevancia hídrica o no y, por lo tanto, si debe protegerse, más allá de lo que dicte el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), dependiente del Conicet. En realidad, se busca avanzar con la megaminería del cobre y del litio sobre territorio periglaciar”.

En concreto, la experta señala que, aunque solemos pensar en glaciares descubiertos como el Perito Moreno -el más famoso ubicado en el sur del país-, el conflicto reside en los glaciares rocosos (hielo mezclado con roca) distribuidos en la Cordillera de los Andes. “El glaciar de escombros es el que buscan, porque allí existen minerales y proyectos concretos para avanzar. Uno es Pascua Lama en San Juan, además de la ampliación de la mina Veladero, donde opera Barrick Gold, que ya se encuentra en territorio periglaciar. Los ríos reciben buena parte de su caudal de estos glaciares sobre todo en épocas de sequía; si se afecta la zona, se impactará el agua de las provincias vecinas”.

El debate trascendió el hemiciclo y estuvo marcado por la polémica en torno a la audiencia pública. En lo que se denunció como una violación al espíritu del Acuerdo de Escazú y a la Ley General del Ambiente —que exigen participación ciudadana y debates transparentes—, de las 106.000 personas inscriptas, solo 113 pudieron exponer de manera presencial y 98 de forma virtual.

El presidente de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente, el oficialista José Peluc, calificó la audiencia de “histórica”. Por el contrario, la diputada de Unión por la Patria, Sabrina Selva, la definió como una “farsa” y denunció el lobby minero al resaltar que la modificación “no es aclaratoria, porque la ley actual no tiene vacíos legales”. En este sentido, recordó que la norma fue ratificada en su constitucionalidad por la Corte Suprema.

“El objetivo es controlar el agua”

Desde la izquierda, la diputada por la provincia de Jujuy, Natalia Morales, sostiene a elDiario.es que esta reforma representa un desembarco de las transnacionales en el control del agua. “Esta iniciativa da luz verde a corporaciones como Barrick Gold, Glencore o Rio Tinto. Son cambios a pedido de las corporaciones y del propio imperialismo estadounidense. El objetivo es controlar el agua en Latinoamérica y quitar obstáculos legales para agilizar el saqueo. Jujuy ha sido un laboratorio con la reforma constitucional provincial que entregó el recurso a las mineras”.

Esta iniciativa es un capítulo de una secuencia más amplia: el Gobierno ultraderechista aprobó en 2024 el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que otorga beneficios fiscales y aduaneros excepcionales a las grandes corporaciones, y por el contrario, perjudica a las empresas nacionales -continúa vigente a través de un decreto presidencial-.

Desde la oposición y las organizaciones ambientales anticipan presentaciones judiciales para frenar este retroceso. Ya se ha denunciado al secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, por conflicto de intereses, dado que anteriormente asesoraba a las mismas empresas beneficiadas.