Después de casi tres años de gobierno, Javier Milei ha aparecido en un mensaje a la nación anunciando el endurecimiento de medidas para evitar la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. Un cambio de posición para un mandatario que se había declarado admirador de Margaret Thatcher y que, acorralado por el estancamiento económico, ahora saca a relucir un patriotismo cuando Donald Trump insinúa una revisión del apoyo de EEUU a Reino Unido en la disputa con Argentina.

Rodeado de su gabinete, el presidente ultraderechista argentino prometió sanciones contra las empresas que operen bajo autorización unilateral de Londres. También dijo que avanzará con la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego. “Hay causas que están por encima de cualquier diferencia política y Malvinas es una de ellas”, dijo, llamando a todo el arco político a mostrar “un frente unido”.

La bandera como parapeto

La bandera que desplegó la selección argentina en la semifinal del Mundial luego de derrotar a Inglaterra volvió a poner en el centro de la escena un tema que Milei había esquivado y sobre el que hay un fuerte consenso en la sociedad. Durante la actual legislatura no ha habido ningún avance en la negociación por las Malvinas, e incluso el mandatario ha llegado a hablar del derecho de autodeterminación de los isleños.

El presidente ultraderechista asume la causa de las Malvinas buscando recuperar la agenda política. Milei enfrenta desde hace meses un marcado deterioro de su popularidad, en medio del cierre de empresas y pérdida de empleos en las actividades que centralizan la mano de obra en Argentina: industria, construcción y comercio. El FMI y las consultoras se han visto forzadas a reducir sus pronósticos de crecimiento para Argentina este año. El discurso oficial es que la economía “vuela”, basado en datos parciales del sector agrícola, el gas y el petróleo y estadísticas que despiertan dudas entre los expertos y economistas liberales.

Tras los pasos de Trump

Alineado con Donald Trump, el mandatario argentino vio la oportunidad de meterse por la hendija que abrió el republicano. Esta semana los periodistas en la Casa Blanca le preguntaron a Trump si planeaba cambiar la postura oficial de su país respecto al archipiélago del Atlántico Sur y respondió, ambiguo: “Siempre reviso todas las posturas; esa es solo una de muchas”.

EEUU mantiene una posición oficial neutra sobre la soberanía de las islas, aunque en la práctica reconozca la administración británica. El magnate utiliza la causa de las Malvinas como presión para exigirle al Reino Unido un aumento del gasto para la OTAN y en represalia por la no intervención en el conflicto con Irán.

Milei dijo que firmará un decreto para dotar de mayor celeridad a la ley 26.659, aprobada en 2011, que establece sanciones para las empresas que realicen actividades de exploración y explotación sin autorización del Estado argentino. “El gobierno desplegará todas las herramientas del Estado, diplomáticas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violentan la soberanía sobre las Islas Malvinas”, aseguró. Además, adelantó que creará un Consejo de Seguridad Nacional encargado de coordinar una estrategia común para todo el Estado.

Jorge Taiana, excanciller argentino, enseguida publicó en su cuenta de X: “Tras 3 años de persistente desmalvinización, Milei anuncia medidas que llegan tarde, después de haber flexibilizado normas y hecho concesiones que facilitaron el avance del Reino Unido sobre nuestros intereses”.

El anuncio presidencial sobre acelerar la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia, en Tierra del Fuego, reavivó el debate alrededor de un proyecto con larga historia. La iniciativa, que forma parte de los planes de Defensa desde hace décadas, comenzó a ejecutarse formalmente en 2022 durante la gestión de Alberto Fernández. Al respecto, Taiana, exministro de Defensa, advirtió en sus redes sociales: “La Base Naval Integrada de Ushuaia la comenzamos a construir en 2022, cuando era ministro de Defensa, y nunca fue pensada para compartirla con ningún país extranjero”.

El yacimiento Sea Lion

Un nuevo puerto petrolero que el Reino Unido construye en Malvinas tiene un objetivo concreto: poner en marcha la explotación del yacimiento Sea Lion, que posee reservas estimadas en más de 313 millones de barriles de petróleo y prevé comenzar a producir crudo en 2028.

El gobierno de las Islas Malvinas autorizó en diciembre a dos petroleras, sin aprobación argentina, a explotar el yacimiento Sea Lion, ubicado en la cuenca Malvinas Norte, a 200 kilómetros de Puerto Argentino, la capital del archipiélago. La israelí Navitas Petroleum tiene el 65% del proyecto, mientras que la británica Rockhopper Exploration se reserva el 35% restante.

Chile, pasado y presente

Varias horas antes del mensaje sobre Malvinas, Milei participó en el Foro de Madrid que organizó Vox en Santiago de Chile. Allí, el presidente argentino reivindicó la dictadura de Augusto Pinochet —un amigo de Thatcher que dio apoyo logístico clave al Reino Unido en la guerra de las Malvinas de los 80—. “Tras el derrocamiento del comunista Allende, Chile entró en un periodo de estabilidad y crecimiento que se extendió por más de 40 años”, dijo Milei, obviando los miles de asesinados y desaparecidos.

Luego se encontró con su par chileno, José Antonio Kast, con quien mantiene cercanía ideológica. Ambos firmaron un documento donde el argentino reconoce a Chile su soberanía sobre el Estrecho de Magallanes y Kast ratificó el respaldo de su país a “los legítimos derechos de soberanía de la República de Argentina sobre las Islas Malvinas”. Según informó el diario El Mercurio, “existe una discreta negociación entre Punta Arenas [ciudad meridional de Chile] y las Malvinas que está a punto de poner en marcha una ruta de comercio bilateral” pero que podría chocar con normas argentinas vigentes.

Fernando Cerimedo se encuentra en el centro de una investigación judicial en Bolivia por intento de femicidio y enriquecimiento ilícito. Desde la cárcel, el extaxista devenido en consultor de la ultraderecha latinoamericana —entre sus clientes están el presidente argentino, Javier Milei, y el boliviano, Rodrigo Paz— aseguró que ganaba un millón de dólares al año, tras rectificar una declaración inicial en la que afirmó que recibía esa cantidad al mes, pero que no tenía ninguna actividad en el país andino que le reportara dinero. Esa cifra, lejos de disipar dudas, ha puesto más bajo la lupa sus negocios.

La expareja de Cerimedo, Nadia Beller, lo acusa de haber contratado sicarios para asesinarla, y además lo vincula a una red de contrabando de combustible y oro en connivencia con las altas esferas del poder en Bolivia. El hoy exdueño del portal La Derecha Diario y exsocio de Javier Negre acumula antecedentes de operaciones de desinformación y asesoría en campañas electorales en varios países de América Latina, en estrecha vinculación con el trumpismo.

Cerimedo recibió el 10 de febrero en Mar-a-Lago, el complejo turístico de Florida propiedad de Donald Trump, el premio al “consultor político hispano del año” de manos de Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro ---el expresidente brasileño condenado por intento de golpe—. El argentino agradeció entonces a Brad Parscale, jefe de campaña del mandatario republicano en 2020, la “lucha en América Latina contra el socialismo”.

El hoy detenido en La Paz no es solo un consultor digital: es el nodo latinoamericano de una red de big data dedicada a radiografiar las emociones del electorado. La operación no termina en las urnas, una vez que sus asesorados llegan al poder, la fábrica de datos muta en un engrasado mecanismo de lobby corporativo, diseñado para encauzar contratos estatales a las empresas vinculadas al entramado. De ahí el rol que ha tenido en Brasil, Argentina, Chile, Honduras y finalmente Bolivia.

Los caminos conducen a La Paz

Beller, abogada, declarará bajo el sistema de protección de testigos en los próximos días y se espera que diga que Cerimedo y la esposa del presidente boliviano Rodrigo Paz, María Elena Bibi Urquidi, urdieron una trama de contrabando de combustible. En declaraciones previas a medios de comunicación, aseguró tener pruebas. Entre las anotaciones que se encontraron en el teléfono móvil de Cerimedo figura la de “negocios” con combustibles.

Según publicó el diario argentino Página12, la investigación plantea que Cerimedo estuvo a cargo de la gestión de dos millones de litros de gasolina que desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivia (YPFB) se sacaban del flujo de la compañía y se vendían en el mercado negro, muy activo ante el alza de los precios. La maniobra le reportaba dos millones de pesos diarios, equivalentes a unos 145.000 euros, según esta información.

¿Por qué Beller no denunció esto antes de ser víctima de un ataque, teniendo esa información? Su abogado, Jerjes Justiniano, justifica a elDiario.es que su cliente no puede ser señalada por cómplice, ya que no colaboró ni antes ni durante la comisión de los delitos que señala. “Nadia ha denunciado hechos de los que ha tenido conocimiento después de la comisión del delito. En Bolivia, la obligación de denunciar está reservada para funcionarios públicos y médicos; a ellos les cae la responsabilidad penal”, esgrime.

El letrado agrega: “Cerimedo manejaba fuertes sumas de dinero en su propio domicilio; producto de ello se realizaron los allanamientos. Eso dio lugar al proceso iniciado por enriquecimiento ilícito y la imputación de la segunda orden de 180 días de prisión preventiva para Cerimedo (la primera fue por la tentativa de femicidio)”.

En las viviendas allanadas se encontraron 100.000 dólares y constancias de transferencias de otros 400.000 dólares al exterior, según fuentes de la fiscalía de La Paz. Margarita Arce, abogada de Cerimedo, aseguró que su cliente introdujo legalmente en el país 200.000 dólares de su propio bolsillo y que no mantenía negocios ni contratos en suelo boliviano.

Se prevé igualmente que Beller involucre a Cerimedo en el intento de salida de 189 kilos de oro con destino a Dubái, operación en la que fue detenido el joven Adrián Lema Roca, que, según ella, es muy cercano a Catalina Paz, hija del mandatario de Bolivia.

La abogada Beller contará también, previsiblemente, que su expareja está vinculada con una maniobra en el departamento de Beni, que facilitó el aterrizaje y despegue de aviones, supuestamente, con drogas

El presidente Paz admitió que el consultor argentino trabajó en su campaña electoral en 2025, pero negó que fuera asesor de su gobierno y que estuviera vinculado a su familia. “Jamás tuvo la autorización de representar a este boliviano, a la Presidencia, al Gobierno o a mi familia”, dijo.

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, enfrentado al jefe del Ejecutivo, presentó el martes una denuncia penal contra Urquidi y Cerimedo por supuesto “tráfico de influencias” con motivo del audio no verificado en el que presuntamente ambos hablan de cambiar a algunos ministros y a un exjefe policial.

Se prevé que Beller cuente también que su expareja está vinculada con una maniobra en el departamento de Beni, que facilitó el aterrizaje y despegue de aviones, supuestamente, con drogas. Según ella, Cerimedo lograba que las aeronaves fueran liberadas a cambio de que se les pusiera un transpondedor para localizar los vuelos. Por esa acusación, Cerimedo está siendo investigado en otro proceso judicial por presunto tráfico de sustancias controladas y encubrimiento al narcotráfico.

En la causa sobre intento de femicidio surgió un nuevo elemento esta semana que tendrá que investigar la Justicia. Aldo Silva Peña, alias “Juancho”, sicario colombiano prófugo tras el atentado contra Beller, difundió un video en el que admitió un apoyo logístico al ataque, dijo que solo debían “darle un susto” porque “el objetivo no era matar a esa señora” y que el verdadero blanco “era una personalidad gaucha, argentina” que no identificó por su nombre.

Según la Policía boliviana, “Juancho” y “Don Fiti”, habrían participado directamente de la tentativa de feminicidio. El abogado de Beller afirmó que se trata de un elemento para desviar la investigación. “Es distractivo pretender victimizar a Cerimedo, queriendo dar a entender que el objetivo del atentado era él, cuando nunca fue citado para concurrir a ese lugar. La investigación ha sido eficiente en dar con el ciudadano colombiano, hay vínculos fácticos como la moto, el arma, los trajes de los dos repartidores de delivery y ahora este ciudadano aparece tratando de desviar la investigación”.

Un millón al mes o al año

La rutina de la cárcel boliviana de Palmasola se vio alterada el jueves pasado por la llegada de una comisión encabezada por el fiscal anticorrupción Miguel Cardozo. Frente a una lista de 219 preguntas, Cerimedo eligió la evasiva sistemática y dijo, en 159 ocasiones: “No tiene que ver con el caso”. Sí afirmó que facturaba un millón de dólares al mes, pero posteriormente corrigió la declaración y afirmó que el cobro era por año. Juró no tener actividad alguna en Bolivia, sostuvo que el presidente Paz no le solicitaba asesoramiento ni le daba instrucciones y denunció que su detención equivalía a un golpe de Estado.

Beller difundió fotos que dinamitaron ese relato de visita ocasional al país: una de Cerimedo sentado junto al presidente Paz en Miami ante la mirada del secretario de Estado, Marco Rubio; el consultor posando en el ascensor de la sede de Gobierno, viajando en el avión presidencial o instalado en el despacho del mandatario boliviano. Incluso tenía una oficina contigua a la del presidente, según su expareja.

La corrupción en el mileísmo

Beller, según su abogado, revelará la información que tiene sobre Cerimedo y la corrupción en Argentina cuando la cite algún fiscal o juez de Buenos Aires. Algo que aún no ha sucedido.

La abogada aseguró en declaraciones a la prensa que el consultor de Milei le habló “muchas veces de la corrupción” del Gobierno ultraderechista argentino. Y afirmó que la exesposa de Cerimedo, Natalia Basil, fue quien filtró en 2025 los audios en los que Diego Spanguolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), revelaba supuestos sobornos a Karina Milei, hermana del mandatario argentino. Cerimedo hablaba a Beller abiertamente de un “3% para Karina” en la compra de medicamentos para el área sensible de discapacidad y le aseguró que Basil trabajaba para la CIA.

Los cruces entre Argentina y Bolivia llevan el nombre de Cerimedo. Según publicó el medio La Política Online, Vicente Federico Quintanal, un empresario cercano al estratega y Karina Milei, gestionaba la compra de un terreno de 30 hectáreas sobre una vía fluvial para desarrollar un puerto multipropósito en Puerto General San Martín, localidad de la provincia argentina de Santa Fe. El proyecto quedó truncado con la detención de Cerimedo. El terreno que buscaba adquirir Vicente Federico Quintanal —supuesto testaferro de Cerimedo, según esa información— está en manos de capitales bolivianos.

Pasó de conducir taxis en Mar del Plata, a unos 400 kilómetros al sudeste de Buenos Aires, a codearse con la primera plana de la ultraderecha latinoamericana hasta que el destino se le ha torcido y ha terminado en una cárcel de Bolivia. Fernando Cerimedo, exasesor de los presidentes de Argentina y Bolivia, Javier Milei y Rodrigo Paz, y del exmandatario brasileño, Jair Bolsonaro, permanece desde el 18 de agosto entre rejas en Santa Cruz de la Sierra por tentativa de feminicidio contra su pareja, la abogada y activista política Nadia Beller, embarazada de pocas semanas del propio Cerimedo.

Beller, que sobrevivió a un ataque a balazos perpetrado por dos sicarios que se hicieron pasar por repartidores de comida, denunció al consultor por intento de feminicidio y por corrupción. Al allanar la casa de Cerimedo en Bolivia, la Fiscalía encontró más de 40.000 dólares y una “mini granja de bots”, es decir, dispositivos unidos por una red de software que comenta y comparte acciones automáticas en redes sociales.

Su caso trasciende el de violencia machista y tiene aristas políticas y diplomáticas: se lo investiga en una presunta trama de enriquecimiento ilícito y el martes la Fiscalía de Bolivia anunció un tercer proceso por presunto tráfico de sustancias controladas y encubrimiento al narcotráfico.

Un pasado misterioso

El pasado de Cerimedo (Mar del Plata, 1981) es hasta hoy un misterio. Su versión de su trayectoria juvenil recoge estudios en Derecho, una beca de Harvard que no pudo aprovechar porque no sabía inglés, una estancia en Puerto Rico y un supuesto entrenamiento militar con los Navy Seals (una fuerza de operaciones especiales del ejército estadounidense).

Pero varias investigaciones periodísticas, entre ellas la publicada por una alianza periodística de 21 medios y cinco organizaciones especializadas en investigación digital, coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), apuntan a falsedades en su biografía. La red de periodistas, en cambio, sí pudo comprobar una historia laboral que abarca desde ser taxista hasta trabajar en una empresa de seguros, en negocios de computación, en una fábrica de plásticos y como docente de secundaria.

También se conoció que en Mar del Plata fue condenado por estafa y fraude por haber vendido, en 2012, un mismo departamento a dos personas distintas. Se le impuso una pena de dos años y seis meses de prisión en ejecución condicional.

Su salto profesional, sin embargo, se vincula al mundo de la publicidad, sobre todo a partir de la creación de un grupo empresarial, con sede en la Ciudad de Buenos Aires, integrado por su agencia de publicidad Numen, creada en 2020, y una academia que ofrece cursos de mercado digital y político, según detalla la investigación periodística en alianza.

Conocido como “el rey de los trolls”, antes impulsó la creación de La Derecha Diario, un portal de noticias para influir en ese sector ideológico y desde el que ha difundido bulos y desinformación, para luego convertirse en propietario del 50% del medio, aunque ahora el diario haya informado en un comunicado que solo fue un “inversor estratégico” más.

Los recursos tecnológicos de la ultraderecha seguramente se verán afectados (en las próximas elecciones de Brasil) frente a la sorpresiva ausencia de su principal responsable en la región

Daniel Kersffeld — Analista internacional e investigador del Conicet

Desde su misma usina ideológica, el español Javier Negre, propietario y director actual de La Derecha Diario, desembarcó el sábado de urgencia en Buenos Aires para agilizar la desvinculación legal de Cerimedo. “¿Cuándo habló por última vez con Cerimedo?”, le preguntó el diario Clarín. “Antes de su detención en el aeropuerto (iba a viajar a Argentina). Me llamó por teléfono para anunciarme que aceptaba mi oferta por La Derecha Diario y llegamos a un acuerdo por escrito”, dijo Negre, soltando la mano a su socio. Pese a la versión que ha dado Negre, el acuerdo se firmó con Cerimedo ya bajo prisión preventiva.

Inicios con Bolsonaro

Cerimedo comenzó a conocerse en la política latinoamericana en 2022, cuando el entonces presidente ultraderechista de Brasil, Jair Bolsonaro, fue derrotado en las elecciones por el actual mandatario de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva.

El consultor, que ya había asesorado a Bolsonaro en la campaña de 2018, cuando resultó electo, reapareció cuatro años más tarde para divulgar un vídeo donde exponía una supuesta manipulación de las urnas para urdir un fraude electoral. Esa intervención sería usada para movilizar a las hordas de militantes que atacaron los palacios de la Presidencia, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal en 2023.

A pesar de aparecer citado en el informe elaborado por la Policía Federal sobre quienes formaron parte del intento de golpe, la Fiscalía optó por excluirlo de la denuncia.

El analista internacional e investigador del Conicet, Daniel Kersffeld, avizora efectos en la elección presidencial del próximo 4 de octubre en Brasil: “La caída de Cerimedo tendrá consecuencias directas en la operatividad electoral de la ultraderecha en las próximas elecciones en Brasil, donde ya tenía un contacto muy fuerte con Jair Bolsonaro. Los recursos tecnológicos de la ultraderecha seguramente se verán afectados frente a la sorpresiva ausencia de su principal responsable en la región”.

Cerimedo también participó en la campaña que llevó a Milei a la presidencia de Argentina en 2023, con asesorías en estrategia digital y comunicación. El ultraderechista argentino insiste hoy en despegarse. En una entrevista a Radio Mitre, señaló que Cerimedo “es alguien que no forma parte del espacio”. “No tiene vínculo con nosotros de ningún tipo. Nos dejamos de vincular en el 2023”, ha afirmado Milei. Sin embargo, su exasesor registró al menos 13 ingresos a la Casa Rosada en el primer semestre de 2024. El presidente argentino nunca dejó de repostear las publicaciones de La Derecha Diario.

La semana pasada, Milei republicó en sus redes sociales mensajes de otros usuarios que ponían en duda el intento de matar a la expareja de Cerimedo. Luego, el mandatario decidió tomar otro camino y atribuir la detención de su exasesor a una conspiración del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, Evo Morales y “el castrochavismo”.

Estratega de Milei

Fue a partir de la victoria electoral de Milei en 2023 cuando Cerimedo amplió su red de negocios en Argentina y en el exterior, informó elDiarioAr. Junto a su exesposa argentina Natalia Basil, sumó participaciones en firmas de tecnología, deportes e inversiones, además de desembarcar en el sector energético con Patagonia Energy y Australis Energy. La expansión incluyó el registro de Numen Advisors en Miami y la representación regional de las plataformas Campaign Nucleus y Eyes Over, vinculadas a Brad Parscale, exdirector de campaña de Donald Trump.

En sus declaraciones a la prensa, la abogada Nadia Beller señaló que cuenta con grabaciones en distintos dispositivos en las que Cerimedo le habló sobre la causa de corrupción en la extinta Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), exponiendo las internas en el gobierno argentino.

Según contó Beller al diario Página12, Natalia Basil, que fue funcionaria en la ANDIS entre abril y diciembre de 2024, habría sido quien filtró los audios en los que el entonces director de la agencia, Diego Spangnuolo, hablaba abiertamente de sobornos y del “3% para Karina”, en referencia a la hermana de Milei. Cerimedo supuestamente le confesó que el gobierno ultra “era una olla a presión, plagada de corrupción” y que “Karina Milei era la cabeza de todo”.

“En Bolivia gobierna Cerimedo”

Autopresentado públicamente como asesor personal del presidente Paz, en Bolivia Cerimedo lideró la comunicación digital de la campaña electoral de 2025, con la que Paz acabó con dos décadas de gobiernos de izquierda.

En los últimos meses participó del entorno político del mandatario boliviano y su pareja dijo que él tenía una oficina frente a la suya. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, reconoció que el argentino asesoró a Paz después de la campaña, pero negó que hubiera ocupado un cargo dentro de la estructura estatal. La administración de Paz le pidió a Beller que presente pruebas de sus acusaciones.

El abogado boliviano Ernesto Giraldes, cercano a Cerimedo, aseguró que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) pagaba por la consultoría que su cliente brindaba a Paz. Sin embargo, la entidad lo desmintió a través de un comunicado: “Ante versiones periodísticas que circulan en Bolivia, CAF aclara que el señor Fernando Cerimedo no ha mantenido ni mantiene ningún vínculo contractual con la institución”.

El intento de feminicidio y todos los arreglos y negocios políticos con los gobiernos de Paz y de Milei revelan la trama más oscura de la ultraderecha

Daniel Kersffeld — Analista internacional e investigador del Conicet

Nadia Beller asegura que tiene evidencias que demuestran negocios ilegales de Cerimedo en Bolivia y Argentina. En sus declaraciones sostiene que tiene cómo probar que el estratega y su exesposa Basil son dueños de una empresa llamada Future que exportó combustible a La Paz.

“Lo primero que hicieron (después del ataque) fue retirarme el teléfono celular, en el que no solo tenía pruebas de la agresión física y de la tentativa de feminicidio anterior, sino también de hechos de corrupción relacionados con el combustible”, afirmó Beller. “En Bolivia no gobierna Rodrigo Paz, gobierna Cerimedo”, remarcó.

Según la abogada, Cerimedo recibía comisiones por los contratos de explotación hidrocarburífera y de oro del Estado boliviano con empresas privadas.

“El intento de feminicidio y todos los arreglos y negocios políticos con los gobiernos de Paz y de Milei revelan la trama más oscura de la ultraderecha, que la corrupción no es algo accidental de tal o cual gobierno, o algo que eventualmente se puede dar o no, sino que es algo estructural al modelo político instaurado por la ultraderecha”, señala Kersffeld.

Honduras y Chile

Cerimedo, que hasta hace semanas se exhibía como el cerebro detrás de la marea ultraconservadora, también asesoró al hoy presidente de Honduras, Nasry Asfura. Participó en la estrategia digital de esa campaña y tuvo un papel en la difusión del respaldo que Donald Trump dio a Asfura, quien ganó a fines de 2025. En ese país, además, está salpicado por acusaciones de financiamiento irregular.

Tras la detención del asesor argentino, la diputada liberal hondureña Saraí Espinal pidió al Ministerio Público de su país abrir una investigación formal por enriquecimiento ilícito.

El exasesor también ha sido señalado en Chile por su polémico papel en una cita electoral en el que se le ha asociado a campañas de desinformación y estrategias digitales agresivas. En septiembre de 2020, durante la campaña para el plebiscito sobre la reforma de la Constitución del país sudamericano, su empresa Numen divulgó una encuesta mostrando resultados que no reflejaban en absoluto lo que decían los sondeos chilenos.

EEUU y el trumpismo

Una investigación del Observatorio de Medios de Cubadebate reveló que Cerimedo levantó una base societaria en Miami, una red mediática transnacional cuyo centro de operaciones estuvo en Estados Unidos y recibió los beneficios de sus contactos privilegiados con altos funcionarios, como el secretario de Estado Marco Rubio, según publicó el diario La Jornada de México. El canal de acceso fue el socio de Cerimedo, Damian Merlo, propietario de la firma Latin America Advisory Group (LAAG), cuyas gestiones ante oficinas del Congreso y el Ejecutivo estadounidenses aparecen documentadas en expedientes presentados bajo la Foreign Agents Registration Act (FARA).

Según informó elDiarioAr, Cerimedo habría sido uno de los operadores centrales detrás de un proyecto que Milei viene alentando desde hace meses: una cumbre en Buenos Aires de mandatarios latinoamericanos de derecha, antes de la primera vuelta de Brasil. Una especie de plataforma internacional de apoyo a la campaña del senador Flávio Bolsonaro, principal rival de Lula da Silva.

En octubre, Milei tiene previsto realizar un nuevo viaje a Estados Unidos para hacer campaña a favor de Trump de cara a las elecciones de medio término. La empresa norteamericana Latino Wall Street organiza una nueva gala hispana prevista para el 14 de octubre en Mar-A- Lago y Negre, por La Derecha Diario, participa en el comité organizador.

En la primera edición de la Gala Prosperidad Hispana, en febrero pasado, Cerimedo recibió el premio a “consultor del año”. Hoy, el estratega que aparece en la intersección entre campañas electorales y operaciones de comunicación digital se encuentra entre rejas en Bolivia y su captura ha desatado una tormenta en la ultraderecha latinoamericana.

Aunque Javier Milei niegue los 20 millones de endeudados y el cierre de más de 30.000 empresas, miles de argentinos marcharon en las inmediaciones del Ministerio de Economía, en el centro de la ciudad de Buenos Aires este jueves. Mientras ocurría la protesta, el presidente ultraderechista defendía su programa económico en el Council of the Americas e incluía, entre sus ofensas, una más al movimiento feminista —que acompañó la marcha— y a la legalización del aborto: “Estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes”.

“Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta, votó a Milei”, cantó un grupo de mujeres que formaba parte de una columna rumbo a Plaza de Mayo, que se identificó como trabajadoras judiciales y feministas. Ana Clara Frosio, de 39 años, dijo estar endeudada, y destacó que no es un problema personal, sino colectivo. “Todas estamos usando la tarjeta de crédito para cubrir gastos que antes cubríamos con nuestro salario. En mi caso, no pude pagar el alquiler y ya no vivo sola. Si estamos acá en la calle haciéndolo visible es para exigirle al Estado que se haga cargo de este problema, que no es un problema ‘entre privados’ como dice Milei”.

Las centrales sindicales como la CGT y las dos CTA marcharon y presentaron una petición al ministro de Economía, Luis Caputo, reclamando medidas frente al aumento de la morosidad. Son 5,8 millones de personas las que están en mora por más de 90 días. Pidieron respuestas ante un plan económico que ahoga a trabajadores del sistema formal e informal hasta alcanzar cuentas impagables para comprar comida o pagar el transporte diario.

Mientras, a poca distancia geográfica, desde el Hotel Alvear, Milei hablaba en el Council of the Americas y afirmaba que “el desempleo no aumentó, tampoco cayeron los salarios”. Y cuestionaba “la ignorancia y la mala intención de medios y economistas”.

Pero la deuda alcanzó no sólo a trabajadores independientes, también a empleados formales, sindicalizados o cuentapropistas. Según el Banco Central de Argentina, la tasa de incumplimiento de los préstamos concedidos a las familias llegó al 12,8% en junio de 2026, frente al 2,5% registrado en octubre de 2024.

Los sindicatos reclaman que el Banco Central cumpla con su rol de regulador de los niveles de tasa de interés aplicable a préstamos bancarios, las aplicaciones financieras y billeteras virtuales. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la morosidad en esas dos últimas opciones alcanzó el 29,6 por ciento, un número que superó los registros de la pandemia de covid.

“Hasta que llegó Milei, mis cuentas estaban al día”, contó Oscar Clotet, trabajador de la construcción. “Tengo una tarjeta de un mercado de alimentos muy conocido, Carrefour, que te financia para que puedas comprar. Ahora solo puedo pagar el mínimo y ya debo un millón de pesos (660 dólares). Antes gastaba 200 mil (133 dólares) y ahora cada vez debo más, porque el interés es del 100 %. La luz aumentó, el gas también, el boleto de transporte. El gobierno dice que no hay inflación; es mentira. Todo cada vez está más caro. Y el sueldo aumenta el 1% cada dos meses”.

De fondo, se encuentra la consecuencia de la política económica de casi tres años de motosierra al gasto público, desregulación y aumentos de tarifas de servicios públicos, advirtieron las organizaciones sindicales y sociales. “Cuando una familia deja de poder pagar una tarjeta de crédito o un préstamo, deja de consumir. Cuando una empresa no puede financiar su capital de trabajo, reduce su actividad. Y cuando cae el consumo y cae la producción, también se resiente el empleo”, sostiene la petición.

Milei entiende que su gobierno no tiene que interceder porque “es pasarle la cuenta a todos los demás”. “Si yo me meto entre los privados, le voy a tener que tocar el bolsillo a otro, y eso me parece que está mal”, dijo hace varias semanas. Sin embargo, no dijo nada sobre el ahogo a las empresas y el impacto que eso tiene en el empleo.

Un informe del centro de pensamiento Fundar, con datos hasta mayo, señala que “desde que asumió Milei se perdieron 30.633 empresas, un 6% del total. Es la peor caída en los primeros 30 meses de un gobierno”. Para el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el sector más afectado es el comercio, con una pérdida de 8.408 negocios; seguido por transportes y almacenamiento (6,733); servicios inmobiliarios (4.098) y manufactura (4.020).

El nuevo sector de la economía, que son los trabajadores repartidores de las aplicaciones, que están en la informalidad, es el eslabón más débil de la cadena. Belén D´Ambrosio, repartidora, dijo que pelea el reconocimiento de un sindicato que los nuclea (SITRAREPA) que aún no es reconocido por el Ministerio de Trabajo. “Las plataformas niegan nuestra condición de trabajadores, no cubren accidentes ni gastos y la nueva reforma laboral profundizó la precarización y el endeudamiento. Trabajamos a destajo, con 70 horas de trabajo semanal. Y muchos de mis compañeros se han endeudado con la empresa en la que trabajan”.

Milei en el Alvear destacó como éxito que su gobierno lograra disminuir la inflación —del 211% interanual en 2023 al 33,8% actual, pero no recordó que fue después de una megadevaluación--. Además, el indicador dejó de caer al ritmo que esperaba su equipo económico. En julio, el Índice de Precios al Consumidor aumentó 2,1% y acumuló un 19,3% durante los primeros 7 meses de 2026.

Como en una realidad paralela, el mandatario ultra esquivó las fallas de un modelo económico que afecta la vida cotidiana de millones para referirse al descenso de la tasa de natalidad y, sin ningún sustento, culpar a la legalización del aborto. La tendencia a la baja de la natalidad se registra desde 2014 según la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud, es decir, seis años antes de la sanción de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

El presidente declaró frente a los empresarios: “Estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes (…) Esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre también nos está costando caro en términos de crecimiento, y ni les cuento en términos de sistema previsional”. Sin embargo, pese a los embates, la sociedad no parece sintonizar con la idea de retroceder en políticas de género.

“¿Les pusieron una pistola en la cabeza para endeudarse?”, dijo el presidente Javier Milei ante la pregunta sobre la situación que aqueja a 20 millones de argentinos, casi la mitad de la población. El dato más dramático es que unos 5,8 millones de personas con deuda están en mora por más de 90 días y tasas de interés impagables, la mayoría con tarjetas bancarias, monederos electrónicos y préstamos personales.

La asfixia presupuestaria de las familias argentinas se traduce en números fríos que exponen la grieta entre el relato oficial y la cotidianeidad de la gente. Mientras los salarios reales se desploman y la fragilidad del mercado laboral se profundiza, la morosidad crediticia emerge como la cara más visible de la crisis.

Según datos del Banco Central (BCRA), la tasa de incumplimiento en los préstamos hipotecarios para hogares trepó en junio al 12,7% —cinco veces el promedio registrado desde la debacle financiera global de las subprime—. El panorama es aún más voraz en el sector fintech: en los monederos electrónicos y financieras no bancarias, el incumplimiento llega al 30%.

El último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) muestra que las deudas que las familias no pueden pagar crecen de modo constante desde el último trimestre de 2024 y en mayo de este año alcanzaron datos alarmantes. La mora con los bancos pasó de 2,5% a 12,1 % de noviembre de 2024 a abril de 2026 y con los monederos electrónicos saltó de 7,3% a 29,6%.

Para pagar gastos esenciales

El director de CEPA, Hernán Letcher, señala a elDiario.es que la morosidad de al menos 90 días de casi 6 millones de deudores es el dato preocupante. “Tuvimos la pérdida del poder adquisitivo sobre todo por el salto en las tarifas y en el transporte, que llevó a muchas personas a tener que financiar gastos esenciales con tarjetas de crédito y billeteras virtuales (monederos electrónicos) –éstas ni siquiera te prestan por nivel de ingreso, sin control–. Cuando le preguntas a una persona que debe, no tiene un problema, tiene cinco: les debe a tres bancos y a dos monederos electrónicos. Y las altas tasas agravaron un problema cuyo origen es la falta de ingreso”.

Incluso desde la Fundación Pensar —el think tank del PRO, socio de Milei— admiten que las familias no se endeudan para financiar inversión ni bienes durables, sino para cubrir el consumo cotidiano de supervivencia.

Con bancos aplicando tasas de interés que cuadruplican la inflación interanual (ubicada en torno al 30%) y plataformas digitales que aprietan las clavijas con costos financieros que rozan el 750% anual mediante algoritmos opacos, el ahogo presupuestario se vuelve inviable.

“Acuerdo entre privados”

Frente al fenómeno, Milei insiste en que el endeudamiento familiar es un acuerdo “entre privados” donde el Estado no debe intervenir. No obstante, en los pasillos de la gestión real, la gravedad del cuadro forzó al Banco Nación, el banco público más grande del país, a lanzar algunas líneas de auxilio para deudores morosos.

Desde la oposición advierten que la morosidad es una consecuencia de los draconianos recortes del gasto público, la desregulación y los aumentos de tarifas de servicios públicos. A diferencia del Ejecutivo, gobiernos de varias provincias están desarrollando programas para ayudar a las familias a salir de las deudas.

Letcher agrega que el fenómeno reviste más aristas: “El endeudamiento deriva en hostigamiento, problemas de salud mental y préstamos cada vez más precarios, mientras el gobierno responsabiliza a los deudores y ofrece escasa ayuda”.

La abogada laboralista Tamara Bezares señala a elDiario.es los riesgos que surgen para la personas que recurren a préstamos, lo que se denomina la sobreexposición al crédito. “Las deudas son derivadas a varios estudios de cobranzas, no lo llevan adelante abogados, sino personas administrativas. No propician un trato digno como establece la ley de defensa del consumidor. Si bien cobrar es lícito, el límite es la dignidad humana, la salud física y mental: no te pueden llamar todo el tiempo para cobrar, ni los fines de semana, ni a familiares o compañeros de trabajo”.

Con las deudas crecen dramas personales, que afectan a los sectores más vulnerables, como los jubilados, cada véz más golpeados por la política económica de este gobierno. En agosto de 2026 la jubilación mínima es de 490.000 pesos (326 dólares). Actualmente, hay 1.345.954 jubilados endeudados con prestamistas no bancarios, según la Universidad Nacional de Avellaneda.

Las personas mayores junto a las mujeres trabajadoras del hogar son los grupos más afectados. “Donde está el grupo más débil, es donde hay más deuda y menos salidas”, señala Bezares. Y agrega :“Los prestamistas informales recurren a amenazas y métodos cuasi-delictivos. Por ejemplo, una señora que cobra la jubilación mínima que me llamó para asesorarse contó que les debía cien mil pesos (66 dólares) a 10 personas diferentes. Entraron a su casa y se llevaron su nevera”.

Jubilados y trabajadoras de hogar estarán representados este jueves en la marcha al Ministerio de Economía por el sobreendeudamiento familiar, convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), empresarios pyme y endeudados autoconvocados. No se trata de un tema entre privados, se trata de un drama colectivo.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, retiró a su embajador en Buenos Aires y redujo la representación diplomática al nivel de encargado de negocios. La decisión marca el punto de máxima fricción en décadas en la relación bilateral y responde a los insultos que le propinó el mandatario argentino, Javier Milei, en las últimas apariciones públicas.

El embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, recibió la segunda nota de protesta formal en menos de dos semanas y en ella le expusieron las razones de la sanción diplomática. Su homólogo brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, quien fue llamado a consultas por la Cancillería de su país el 26 de julio, no regresará a la capital argentina hasta nuevo aviso mientras continúen las agresiones de Milei.

Milei había participado en San Pablo del acto de lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro el 25 de julio, ocasión en la que tildó de “ladrón” y “basura socialista” a Lula da Silva. La intención de ese viaje había sido la de reunirse con Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria por encabezar un intento de golpe de Estado contra Lula una semana después de que asumiera su tercer mandato, pero el juez del máximo tribunal de Brasil, Alexandre de Moraes, se lo impidió. Por eso Milei también fue ofensivo con el magistrado, llamándolo “basura calva”.

Cuando a Lula le preguntaron qué opinaba de las declaraciones de Milei en su propio país, el brasileño dijo con ironía que no sabía quién era ese “tipo” y luego las calificó de “disparate”. Pero los hilos se movieron a nivel de Cancillería, que llegó a considerar que sería necesario demorar el regreso de Bitelli a Argentina.

Los agravios continuaron desde Buenos Aires. En sus apariciones mediáticas de este domingo y martes, el mandatario argentino dijo que llama “presidiario” al líder del Partido de los Trabajadores porque, según él, quedó libre por “un error administrativo”. Lula da Silva recuperó la libertad en noviembre de 2019 tras 580 días de detención, y también recuperó sus derechos políticos gracias a un fallo del máximo tribunal que determinó que el juez Sergio Moro había actuado con parcialidad al condenarlo.

En un programa de televisión, Milei volvió a acusar a Brasil de haber supuestamente financiado una “campaña antiargentina” en redes sociales durante el Mundial, en la que incluyó también a México y al Partido Demócrata de Estados Unidos. No presentó ninguna prueba que lo sustente.

En Brasilia, remarcaron que el mandatario argentino no ratificó sus epítetos de “ladrón” y “corrupto” contra Lula da Silva solo una vez, sino que lo hizo cuatro veces durante su entrevista a LN+.

“Dos intentos de intervenir en la campaña”

El intelectual brasileño Emir Sader señala a elDiario.es que este episodio tiene puntos de contacto con la decisión del gobierno de EEUU de cancelar la visa de la embajadora de Brasil en Washington, Maria Luiza Viotti. “Brasil al principio tuvo una posición de cautela tras el viaje de Milei a San Pablo y su apoyo a la candidatura de Bolsonaro. Pero el Ministerio de Exteriores ha publicado una respuesta dura al gobierno de Donald Trump, luego de que retirara la visa de la embajadora de Brasil, amenazando con medidas de respuesta también en el plano económico. En ese marco es que Lula reacciona también en contra de las reiteradas declaraciones de Milei, ya que se interpretan como dos intentos de invervenir en la campaña electoral”.

Lula da Silva cuando este domingo formalizó su candidatura para las elecciones presidenciales del 4 de octubre dijo, a modo de mensaje al gobierno de Trump: “Quiero estar preparado para que nadie invada este país para llevarse a este presidente (en alusión a la captura de Maduro en Venezuela). Quiero estar preparado para la paz, no para la guerra. No quiero que nadie se atreva a subestimarnos”.

Para Sader, “ambos gobiernos [de EEUU y de Argentina] son aliados cercanos que ven en la política exterior brasileña un obstáculo para la visión de la extrema derecha en el mundo actual”.

Milei no pedirá disculpas

El Gobierno argentino no sólo no reconoció su falta en los insultos de Milei a Lula, sino que culpó a Brasil en un comunicado de la Cancillería. El titular de la cartera, Pablo Quirno, dijo haber tomado nota de la “decisión unilateral” y lamentó que Brasil “continúe aislándose del resto de la región por motivos puramente ideológicos”. El canciller afirmó que las relaciones entre los Estados “deben basarse en los intereses permanentes de sus pueblos y no en las necesidades políticas o personales de los gobiernos de turno”.

En la rueda de prensa de este miércoles, convocada para hablar sobre la visita del Papa León XIV en noviembre, Quirno dijo que no habrá un pedido de disculpas del Gobierno argentino –postura alejada de la principios de la fe católica–. Tampoco habrá una acción diplomática en respuesta a lo que haga Brasil. Y agregó: “La región está cambiando la dirección y nosotros eso lo celebramos, y esperamos que también suceda en Brasil”. El canciller adelantó que tienen planeado realizar una reunión de presidentes de derecha en Buenos Aires, aún sin fecha precisa.

El presidente argentino Javier Milei volvió a detonar una crisis diplomática con Brasil, esta vez tras lanzar una ráfaga de insultos contra su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva. Durante el acto de lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro este sábado en San Pablo, el ultraderechista argentino tildó al líder del Partido de los Trabajadores (PT) de “ladrón” y “basura socialista”. La respuesta no se hizo esperar: en cuestión de horas, el Ministerio de Exteriores llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, convocado este lunes en Brasilia por el canciller Mauro Vieira.

En un gesto que demuestra la severidad del asunto, Vieira citó de urgencia al embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, para transmitirle el rechazo categórico del Palacio del Planalto, sede del Gobierno brasileño. De acuerdo con fuentes diplomáticas, tras la reunión Raimondi comentó a su entorno que el canciller brasileño estaba “muy enojado” y exigió el relevo del cónsul en San Pablo, Luis Kreckler, por haber avalado con su presencia los descalificativos de Milei -fue quien organizó la visita de los hermanos Karina y Javier Milei-.

Desde la ciudad más poblada de Brasil, Milei no ahorró munición gruesa e intervino de lleno en la política local al instar a los brasileños a votar por el hijo de Jair Bolsonaro para detener lo que denominó “la basura socialista” . El escenario fue la convención del Partido Liberal (PL), donde el heredero político del bolsonarismo blandió una tijera gigante para emular la conocida motosierra de su invitado. “La tijera para cortar el robo de los delicuentes socialistas”, espetó Milei, a la vez que cargó contra “el infame Foro de San Pablo fundado por Lula da Silva y Fidel Castro para diseminar el comunismo”.

La cita de Flávio Bolsonaro buscaba asestar un golpe de efecto mediático capaz de opacar un panorama electoral sombrío: los últimos sondeos le otorgan a Lula una ventaja de ocho puntos con miras a los comicios presidenciales del 4 de octubre.

Sin embargo, el embate de Milei no se agotó en el Ejecutivo brasileño. El ultra argentino también apuntó sus dardos contra el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes —a quien calificó de “basura calva”—, irritado porque el magistrado le impidió concretar una visita a Jair Bolsonaro, hoy bajo arresto domiciliario. Cabe recordar que Moraes es el instructor de la causa por la tentativa de golpe de Estado de enero de 2023, un proceso histórico que sentó un precedente inédito al condenar a altos mandos militares junto a un expresidente.

Para aumentar más la tensión, este domingo Milei sostuvo —sin aportar una sola prueba que sustente su afirmación— que la administración de Lula da Silva financió una supuesta campaña en redes sociales contra Argentina en el marco del Mundial. “¿Sabe quién puso más plata en esta campaña anti-Argentina? El gobierno de Brasil: el 25 por ciento de los recursos salió de ahí”, lanzó el mandatario durante una entrevista concedida a Radio Mitre.

Un informe de Inteligencia Analítica desmintió de plano la existencia de un despliegue coordinado: “La circulación de mensajes en la red fue dispersa, orgánica y futbolera. Detectamos comunidades centradas en acusaciones de racismo, contenido antiargentino, Malvinas e Israel-Palestina. Pero ninguna de esas comunidades dominó la conversación”, concluye el relevamiento.

En lugar de fundamentar los explosivos dichos del Presidente, la trinchera digital del Gobierno optó por el desvío. A través de la autodenominada “Oficina de Respuesta Oficial” en X, el oficialismo evitó aclarar el origen del inconsistente dato del 25 por ciento y prefirió desempolvar la agenda de agravios: recordó con malestar la visita privada que Lula le realizó el año pasado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple arresto domiciliario.

“Vimos con vergüenza ajena al presidente Milei ofender e insultar al Gobierno de Brasil, a su presidente y a todo un país”, expresó en sus redes sociales el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, uno de los principales dirigentes de la oposición en Argentina.

La reacción política en Brasil fue unánime. A través de un duro comunicado, el PT sostuvo que el mandatario argentino en el acto político de Flávio Bolsonaro demostró “no estar a la altura de la dignidad del cargo”. En la misma línea, referentes del Partido Democrático Trabalhista (PDT) y del Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) se sumaron al rechazo generalizado de las fuerzas del campo democrático-popular. El presidente del Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, calificó de “irrespetuosos” los dichos de Milei.

Para el embajador Bitelli, este llamado a consultas guarda un amargo aire de déjà vu. En 2024, el diplomático ya había sido convocado a Brasilia después de que Milei faltara a la Cumbre del Mercosur en Paraguay para viajar, en su lugar, a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Camboriú junto a Jair Bolsonaro.

Corrida la cortina de humo de la Copa del Mundo, las tres centrales sindicales de Argentina y las organizaciones sociales se han manifestado este miércoles en apoyo a los jubilados. La convocatoria de miles de personas en las cercanías del Congreso, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, no ha sido tan multitudinaria como esperaban sus organizadores. Forma parte de un plan de acción “a la francesa” para llevar a las calles el reclamo contra la reforma laboral regresiva impulsada por el Gobierno ultraderechista de Javier Milei, así como la exigencia de salarios y pensiones dignas.

Vistiendo una casaca con la frase “Las Malvinas son argentinas”, Cristian Valderrama se queja de la situación económico-social. “No me gusta ver a los jubilados morirse de hambre por las políticas de Milei. Mis viejos van a ser jubilados dentro de no mucho y no voy a tener la espalda para mantenerlos, porque ahora, siendo un adulto funcional, me cuesta mucho mantenerme con esta economía que es imposible”, dice el joven que trabaja de kinesiólogo.

La movilización ha formalizado la alianza entre las centrales obreras —la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)— junto a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Se trata del primer escalón de un plan de lucha que busca canalizar el malestar acumulado en los sectores populares por los efectos de los recortes del presupuesto nacional en áreas clave como la salud y la educación públicas.

Hugo Yasky, secretario general de la CTA, señala a elDiario.es el eje central de la proclama: “Venimos denunciando la reforma laboral y la brutal quita de derechos para los trabajadores. La evolución de las cifras estadísticas muestra que ahora hay más trabajadores informales, más desempleo y una mayor caída del salario. Hoy, el Salario Mínimo, Vital y Móvil es el más bajo de América Latina medido en dólares” (372.989 pesos, unos 250 dólares).

La desocupación en Argentina se situó en el 7,8% durante este primer trimestre, según arrojan los datos oficiales. Hace dos años y medio, Milei recibió un desempleo del 5,7%.

Al ser consultado sobre si los sindicatos podrían haber hecho más fuerza para evitar retrocesos sociales —dado que la reforma laboral se aprobó en febrero—, Yasky responde: “Hubo intentos de frenarla: un paro que convocamos las tres centrales sindicales, muy criticado en su momento porque hacía pocos meses que había asumido Milei. Es cierto que después las acciones perdieron fuerza, porque hubo dirigentes que entendieron que había que intentar la vía del diálogo con el Gobierno. Hoy nos unifica la certeza de que no hay frente a nosotros un Gobierno que quiera dialogar”.

Desde la conducción sindical advierten que la marcha de este miércoles es el prólogo de un esquema de acción directa más amplio. El 7 de agosto se dará un nuevo paso con la convocatoria a la tradicional marcha de San Cayetano, punto de inflexión anual para los movimientos populares.

En el horizonte, aunque aún sin fecha, se vislumbra la posibilidad concreta de un paro general si la Casa Rosada insiste en dinamitar los puentes de negociación. A través de un documento oficial, la CGT sostuvo: “Marchamos para que una jubilación pueda garantizar una vida digna. Para que quienes trabajaron toda su vida no tengan que elegir entre comprar sus medicamentos o poner un plato de comida sobre la mesa”. El secretario general adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, sintetizó el cambio de clima social y el agotamiento de la vía institucional: “La realidad que atraviesan los trabajadores y las familias es alarmante. Hubo un congelamiento ficticio del país por el clima mundialista, pero la tregua terminó y los problemas del día a día vuelven a flote”.

Los jubilados protestan cada miércoles frente al Congreso al ser el sector más golpeado por las políticas de recorte del Ejecutivo. Milei, que pretende postularse a la reelección el año próximo, tiene entre sus planes privatizar el sistema previsional, según advierten los sindicatos en su lista de reclamos.

Walter Piriz, jubilado metalúrgico, afirma que cobra un poco más que la pensión mínima (481 mil pesos, equivalente a unos 322 dólares) y que no le alcanza. “Vengo de Campana, en la provincia de Buenos Aires, a dos horas de viaje. Nuestra protesta es la única que se mantiene desde hace bastante tiempo. Somos un mojón en el camino, a pesar de que nos golpean y a veces nos tiran gases lacrimógenos”. Como botón de muestra, previo a la marcha, las fuerzas de seguridad arrojaron gas pimienta en un operativo contra una movilización de organizaciones sociales que se concentraron en puntos de ingreso a la ciudad de Buenos aires.

Mientras millones de argentinos siguen recortando gastos para llegar a fin de mes, los senadores desde agosto cobrarán casi 12 millones de pesos brutos mensuales (más de 8.000 dólares) gracias al sistema que actualiza automáticamente sus dietas cada vez que aumentan los salarios de los empleados del Congreso. Desde las calles los interpelan.

La bandera con el lema “Las Malvinas son argentinas” en tinta negra sobre tela blanca que desplegaron los jugadores de la selección de Argentina tras vencer a Inglaterra dio la vuelta al mundo y ha vuelto a poner en la agenda esta reivindicación histórica. El episodio ha colocado al Gobierno ultraderechista de Javier Milei en una posición incómoda. Tras haber avalado el veto a toda expresión política en los estadios en sintonía con la FIFA, Milei se ha visto forzado a declarar: “Las Malvinas son argentinas y las vamos a recuperar, pero en el plano diplomático con inteligencia en el accionar”.

Tratando de no criticar directamente a los jugadores finalistas de la Copa del Mundo, el presidente argentino dijo en una entrevista a El Observador que “la política no debe apropiarse de esta fiesta de los argentinos”. Su intento de despolitizar la reivindicación de la soberanía de las islas es parte de la estrategia del Ejecutivo para disimular la mención de un tema que no ha sido prioritario para su Gobierno desde que asumió en diciembre de 2023. Sin embargo, durante la entrevista, el mandatario repasó las supuestas gestiones que Cancillería hizo por las Malvinas –que, en rigor, no tuvieron el peso político de otros años–. “Nunca en la historia argentina se hicieron tantos avances diplomáticos”, dijo el admirador confeso de Margaret Thatcher, cuyo retrato tiene en su despacho.

“Casi tres años de 'desmalvinización”

Jorge Taiana, canciller durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, señala que lo que ha logrado la selección argentina al exhibir la bandera de Malvinas “es revertir casi tres años de desmalvinización, tanto dentro de la Argentina como en el ámbito internacional”. “Mientras el Gobierno de Javier Milei ha buscado invisibilizar la causa Malvinas, la Selección ha conseguido volver a poner en la agenda del mundo el reclamo argentino de soberanía sobre las islas Malvinas, reafirmando un sentimiento que forma parte de la identidad y la memoria colectiva del pueblo argentino”, dice a elDiario.es Taiana, actual diputado por el peronismo.

El presidente dijo en diciembre pasado al medio británico The Telegraph que las islas deberían volver a Argentina, pero supeditó ese traspaso a que el territorio debería “ser devuelto a través de la negociación y cuando los isleños lo deseen”. Esta declaración contradice la postura histórica del país latinoamericano, que no considera el deseo de los 'kelpers' como un argumento legítimo, dado que sotiene que se trata de una población implantada tras una ocupación. Tras decirlo, Milei se retrotrajo y planteó: “Nunca renunciaremos al reclamo de soberanía sobre Las Malvinas”. “No es negociable”, dijo.

“En toda nuestra historia, Argentina nunca consintió la ocupación de las islas, siempre reclamó el ejercicio pleno de la soberanía. Es absolutamente falso lo que dijo Milei de que este Gobierno haya conseguido que los británicos se sienten a negociar por Malvinas, puesto que la resolución de la ONU que reconoce una disputa de soberanía es del año 1965. Durante esta gestión no hubo ningún avance; por el contrario, hubo graves retrocesos en la negociación diplomática”, dice Taiana.

Tras el gesto de los jugadores de fútbol, Milei publicó en X: “Mientras algunos se dedican a hacer berrinches propios de un adolescente termo mononeuronal, nosotros por la vía diplomática cada día estamos más cerca de la recuperación de las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y el espacio marítimo circulante”. Y retuiteó una publicación del político estadounidense-israelí Marc Zell, Marc Zell, en la que revela que le pidió personalmente a Donald Trump que reconsidere la política de su país sobre las islas Malvinas y respalde a Argentina en su reclamo de soberanía.

“Estados Unidos, que tiene una alianza histórica con Inglaterra, no va a hacer demasiado por la causa Malvinas; parece un planteo absurdo. Como hizo la dictadura argentina, en 1982, que suponía que, por haberse portado bien con EEUU y haber colaborado con la represión en América central, en ese momento Ronald Reagan iba a estar a favor de Argentina, absurdo para un país con un compromiso histórico con Gran Bretaña. ¿Por qué EEUU actuaría a favor de Argentina en un tema diplomático tan candente como Malvinas? Es un acto de irresponsabilidad de Milei, de un presidente muy mitómano”, dice a elDiario.es el historiador Felipe Pigna.

“Volver a hablar de Malvinas”

Pigna destaca lo que hicieron los jugadores en el contexto de un Gobierno cuestionado por la entrega de los recursos del país a capitales extranjeros. “Es saludable volver a hablar de Malvinas. Que las maestras y los padres se vean obligados a contarles a los hijos que los chicos pregunten: '¿Por qué las Malvinas las ocuparon los ingleses?'. Es una molestia fuerte para un Gobierno entreguista. Sucede cuando nuestra ministra de Seguridad avaló a la FIFA con su prohibición de banderas con las Malvinas, una FIFA en completa sumisión a Trump”.

Milei ha intentado no hacerse cargo de la posible sanción que pidió el Gobierno británico para los jugadores, una petición a la que se ha sumado la administración de las islas. “Son cosas que pasan en la cancha con los jugadores”, ha dicho el mandatario, cuando la sanción se activaría porque su ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, negoció la prohibición en el estadio de Atlanta de cualquier mención a las islas y la soberanía argentina. “En el peor de los casos, (la selección) recibirá una sanción económica de 30.000 dólares”, ha asegurado el presidente, de pasada.

Los símbolos

Alejandro Grimson, antropólogo e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), recalca la importancia simbólica e histórica de lo sucedido. “Objetivamente, está claro que la selección nacional de fútbol, el deporte más importante de Argentina, no cae en lo que acá llamamos 'la grieta'. La selección está por encima de las divisiones políticas. Malvinas también está por encima de las divisiones políticas. Milei admira a Thatcher, cuya decisión de atacar el crucero general Belgrano mató más gente que toda la guerra de Malvinas. Las Malvinas, al igual que la selección, son de los pocos símbolos relevantes de Argentina que están por encima de la polarización. El reclamo de Malvinas es una cláusula de nuestra Constitución, por encima de quien gobierne”, dice a este medio.

Estados Unidos, que tiene una alianza histórica con Inglaterra, no va a hacer demasiado por la causa Malvinas; parece un planteo absurdo

Felipe Pigna — Historiador

El experto critica la diplomacia de Milei. “Lo que vemos es una política exterior rastrera con el actual Gobierno de Estados Unidos. Milei reaccionó como un chico que se portó mal frente a Trump. Todos saben que Trump considera que él puede decidir si se anula o no una tarjeta roja; del mismo modo puede pensar que Milei no puede controlar a sus jugadores”.

La vinculación entre el Mundial y la reivindicación de las Malvinas había sido exacerbada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, en abierta rivalidad con Milei. Pocas horas antes del partido, Villarruel llamó “piratas usurpadores” a los ingleses.

El impacto del asunto ha llegado al Congreso. Este jueves, fracasó un tercer intento del Ejecutivo por modificar la Ley de Tierras Rurales, aprobada en 2011 para limitar la venta de tierras a capitales extranjeros y resguardar la integridad territorial. La reivindicación de la soberanía sobre las islas Malvinas que hicieron los jugadores terminó de inclinar la balanza entre los senadores que dudaban si acompañar o no la iniciativa gubernamental, y se interrumpió la sesión hasta el próximo 6 de agosto.

El Gobierno de Javier Milei suma un nuevo capítulo a su diplomacia de trinchera. El oxímoron vale para describir la pugna interna de las facciones ultraderechistas en la embajada argentina en Madrid. La Casa Rosada, sede del Gobierno, ha destituido por decreto a Alejandro Nimo, cónsul general argentino en España que ventiló en redes sociales una pelea de despachos con el embajador Wenceslao Bunge Saravia.

“Dispónese el cese del abogado Marcelo Alejandro Nimo como agregado especializado en el área de promoción de inversiones y comercio internacional de la embajada de la República Argentina ante el Reino de España”, indica el decreto 588/2026.

Las firmas de Milei, del ministro de Economía, Luis Caputo, y del de Exteriores, Pablo Quirno, oficializaron la salida de Nimo con el habitual paraguas de la “eficiencia” administrativa. Sin embargo, el trasfondo expone las costuras de una gestión diplomática atravesada por la sobreactuación ideológica.

El agravio del despacho

El conflicto se destapó en abril, cuando Nimo denunció públicamente en X que el embajador Bunge Saravia le había quitado su despacho, bajo la explicación formal de una reorganización de espacios. Un desplazamiento que el ahora excónsul leyó casi como un sacrilegio político y tildó de “agresión”: en el centro de ese despacho desalojado colgaba un retrato del presidente al que él idolatra públicamente, y al que ha llegado a representar como un superhéroe de antifaz, mallas y capa.

“Es evidente que no soy la víctima aquí, ya que en mi despacho tenía en un lugar central un cuadro con la imagen de nuestro presidente Javier Milei, así como imágenes y símbolos que hacen a mi recorrido en la batalla cultural por Europa”, dijo.

Nimo acusó a Bunge Saravia de no estar lo suficientemente alineado con el dogma del ajuste fiscal y la reducción del Estado. “Lo que me preocupa del embajador Bunge no se trata de una decisión por una oficina (yo puedo hacer el mismo trabajo excelente que vengo haciendo desde cualquier club privado o bar de Madrid); realmente me preocupa su falta de compromiso con el achicamiento del Estado y el cumplimiento de las premisas de responsabilidad fiscal…”.

Afín al gurú económico español de Milei

Nimo, quien se define a sí mismo como “mileísta, menemista [en referencia al expresidente Carlos Menem] y guerrero de la batalla cultural”, había llegado a la sede diplomática en 2024 en un área clave para la captación de capital europeo para Argentina. Al momento de su nombramiento, Nimo recibió el rango de Consejero de la Embajada y Cónsul General a efectos únicamente protocolarios, mientras durara su función. El funcionario hacía uso de su cercanía con el gurú anarcocapitalista de Milei, el español Jesús Huerta de Soto. Por esa vía maniobró, según informaciones de la prensa argentina, para el desplazamiento del embajador Roberto Bosch en noviembre de 2024, ya que entre las causas de su salida figura no haber tejido una relación fluida con el economista español. En mayo de 2025, desembarcó al frente de la embajada argentina Bunge Saravia, antiguo consejero delegado de Credit Suisse, sin experiencia en diplomacia.

El ahora excónsul desarrolló en Madrid una agenda propia de reuniones con empresarios y actores del sector privado, una actividad paralela a la agenda institucional de la embajada. Esto generó fricciones con el nuevo embajador, según algunas informaciones. Nimo fue impulsor de que la Presidencia argentina y el Ministerio de Capital Humano nombraran a la española Eva Carrasco Bañuelos como directora del Colegio Mayor Argentino, institución con sede en Madrid. La designación fue controvertida: el Gobierno se saltó la obligatoriedad de que el cargo tuviese nacionalidad argentina.

Nada parece casual en el cruce de relaciones públicas y privadas. Carrasco Bañuelos es esposa de Philipp Bagus, autor del libro La era Milei, amigo del presidente argentino y profesor de Nimo en el máster en Economía de la Escuela Austríaca de la Universidad Rey Juan Carlos, dirigido por Huerta de Soto.

No contribuyó a resolver el conflicto en la embajada la entrevista que Nimo concedió a un influencer en redes sociales donde defendió la política de recortes del Gobierno de Milei y formuló críticas a Pedro Sánchez, en momentos en que se pretende dar por superados meses de conflictividad entre Moncloa y Casa Rosada. Hasta el momento, la embajada argentina en España no ha anunciado quién va a reemplazarlo.

Nimo termina su ciclo depurado por la misma dinámica de purga y delación en redes que el propio oficialismo suele alimentar. Él mismo dijo al diario La Nación que ya no se “sentía cómodo en la dinámica de la embajada” por “visiones distintas con el embajador respecto del gasto y su utilidad”. Una muestra más de una Cancillería donde las batallas de ego cotizan más alto que las formas de la diplomacia tradicional.

El Gobierno del ultraderechista Javier Milei está impulsando un proyecto de ley sobre la propiedad privada que ha encendido las alarmas. La Confederación General del Trabajo (CGT), la Iglesia y organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), advierten de que facilitará la concentración y la extranjerización de la tierra y abrirá la puerta a desalojos.

Se trata de una pieza clave del diseño desregulador que el Ejecutivo argentino envió al Congreso el pasado 27 de marzo, cuyo debate se fue postergando por falta de votos. El plan del Gobierno es que el proyecto sea tratado en la sesión del 16 de julio. De manera previa, pasará este miércoles por una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria considerada clave, ya que allí se podrían introducir correcciones para sumar respaldos.

Detrás del pomposo nombre de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” se esconde el verdadero corazón de la iniciativa, diseñada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger: un desmontaje normativo que apunta directamente a modificar varias leyes en favor del avance de inversores, terratenientes y grandes propietarios. 

La Ley de Tierras Rurales, en el centro

La principal polémica se centra en un capítulo del proyecto que modifica la Ley de Tierras Rurales, eliminando las restricciones para que los extranjeros compren tierras en Argentina. Dicha norma, aprobada en 2011, estipula un tope global del 15% de tierras rurales en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental; un límite por nacionalidad que dicta que ninguna bandera puede acaparar más del 30% de ese 15% permitido; y un techo individual de 1.000 hectáreas en la zona núcleo (o su equivalente en otras regiones) por cada titular extranjero.

La narrativa oficial suele presentar al suelo rural como extensiones inertes e improductivas que precisan el shock del capital externo. Sin embargo, esas hectáreas concentran reservas de agua dulce, biodiversidad y recursos estratégicos que cotizan en alza en un escenario global de crisis climática.

“Nuestro suelo es soberanía”

La Confederación General del Trabajo ha llamado a los legisladores a rechazar el proyecto oficialista y denuncia que Milei busca entregar los recursos naturales al extranjero. “Nuestro suelo es soberanía, no mercancía”, ha advertido la CGT sobre el tema. “Lo que está en juego es la tierra, el agua, los ríos y los recursos naturales, que son la base de cualquier proyecto de desarrollo, producción y trabajo. Sin soberanía sobre nuestros recursos no hay independencia económica. ¡No entreguen nuestra soberanía!”, dijo a los parlamentarios a través de sus redes sociales.

“¿En manos de quiénes estarán las tierras?”, se preguntó la central sindical, a lo que respondió que “la riqueza se concentra cada vez más en unos pocos tecnomagnates”. “Algunos mantienen estrechos vínculos con la Casa Rosada y fijaron domicilio en la Ciudad de Buenos Aires”, alerta la CGT, en alusión al empresario tecnológico de extrema derecha Peter Thiel.

La CGT también recuerda el caso del empresario británico Joe Lewis. “Hoy los argentinos y las argentinas ya enfrentamos obstáculos para acceder al Lago Escondido. Ese conflicto representa apenas una muestra de lo que podría multiplicarse si este proyecto se convierte en ley”, indica. En los 90, Lewis adquirió miles de hectáreas en la zona fronteriza, que incluye el Lago Escondido en su totalidad en la provincia de Río Negro y el litigio judicial giró en torno al acceso al lago, ya que ríos y lagos son de dominio público, según el Código Civil argentino.

Los riesgos

Diego Morales, abogado a cargo del área de litigio del CELS, explica a elDiario.es que, además de modificar la Ley de Tierras Rurales, el proyecto del Gobierno elimina las restricciones de la Ley de Manejo del Fuego. “Esta ley impide cambiar el destino de inmuebles incendiados por 30 años. Si ese inmueble está destinado a la agricultura, tiene que seguir siendo destinado a la agricultura. Si sobre esos terrenos quisieras construir ahora un hotel, no podrías. Con el proyecto actual, esa prohibición se eliminaría”.

Morales agrega que la iniciativa modifica la Ley de Expropiación, obligando al Estado a pagar el valor de mercado y el lucro cesante, además de justificar técnicamente la expropiación, lo que encarecerá el proceso. “Lo que dice el proyecto de ley es que el precio de ese inmueble que el Estado compra para un destino social, por ejemplo, va a ser cotizado de acuerdo al valor de mercado. En la norma vigente esto es distinto: el precio se define por una tasación que hace un órgano estatal. Si el Estado necesita comprar una tierra para desarrollar un barrio popular, o para agregarle un espacio verde o una canchita de fútbol, lo que va a tener que hacer es pagar un precio alto”.

Por su parte, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda, Koldo Casla, envió una comunicación al Gobierno argentino mostrando su preocupación por los desalojos. “Haciendo caso omiso de la función social de la propiedad, el proyecto de ley introduce un proceso extremadamente breve para llevar a cabo desalojos, sin evaluación de la proporcionalidad, y otorga un grado desequilibrado de protección a los propietarios a expensas del interés general de la sociedad en el caso de expropiaciones. Por ello, los cambios legales incluidos en el proyecto de ley podrían dar lugar a violaciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por Argentina en 1986”.

Al respecto, el abogado del CELS señala que la iniciativa “introduce una reducción de los plazos”. “En tres días el juez tiene que resolver si desaloja a una familia, aun cuando no tengamos la sentencia. Es un tema muy delicado para el contexto económico argentino, que es la falta de pago: te pueden desalojar por adeudar una cuota o un mes. A partir de las críticas del relator de la ONU, el Gobierno ha dado señales de querer corregir este punto”, dice-

La Iglesia Católica también se manifestó en contra del proyecto y señaló: “Atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos a autodeterminarse”. En un documento conjunto de la Pastoral Social, Cáritas Argentina y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), la institución alertó sobre la extranjerización y concentración de la tierra, advirtiendo además sobre el riesgo de otorgar acceso ilimitado a corporaciones foráneas en áreas estratégicas vinculadas a reservas de agua dulce y recursos naturales no renovables.

Repliegue normativo medioambiental

Un mapa interactivo elaborado a fines de 2025 por el Observatorio de Tierras creado por científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y de la Universidad de Buenos Aires expone la radiografía actual: más de 13 millones de hectáreas ya pertenecen a capitales extranjeros. El número equivale a casi el 5% del territorio nacional, una superficie comparable a la extensión total de Inglaterra. En el podio de propietarios extranjeros se ubica Estados Unidos, con 2,7 millones de hectáreas. La nueva ley cambiaría ese porcentaje de participación.

El Observatorio de Tierras señala que la fisonomía de la soberanía territorial argentina sufrió un quiebre irreversible a mediados de los 90. “En 1996, la recién creada Secretaría de Seguridad Interior (SSI) del Gobierno de Carlos Menem absorbió las facultades de la Superintendencia Nacional de Fronteras. Bajo su órbita, se habilitó la venta de más de ocho millones de hectáreas en áreas fronterizas consideradas de seguridad nacional. La maniobra salteó el histórico Decreto 15.385 de 1944, una norma de resguardo que blindaba esas zonas para uso exclusivo de ciudadanos locales”.

“Mediante triangulaciones y ventas irregulares, la protección legal fue vulnerada, abriendo paso a desembarcos icónicos de capitales extranjeros en la Patagonia, como la adquisición de Lago Escondido por parte del magnate británico Joe Lewis y las millonarias compras del italiano Luciano Benetton”, agrega el observatorio.

La Ley de Tierras de 2011 nació para impedir el uso de testaferros, la hendija legal que hoy mantiene judicializada la situación de las tierras vinculadas al emir de Abu Dabi Mohamed bin Zayed en las cercanías de Bariloche, sur de Argentina. Según revelaron los diarios PáginaI12 y Tiempo Argentino, el Estado de Emiratos Árabes Unidos se habría apropiado ilegalmente de enormes extensiones de tierras en las regiones cordillerana y costera de Río Negro desde 2017, mediante un entramado de testaferros argentinos, directorios entrelazados y fideicomisos que presentan una falsa apariencia de legalidad.

La iniciativa que impulsa el Ejecutivo no se mueve en el vacío. Forma parte de un ecosistema de repliegue normativo medioambiental que se complementa con la ya aprobada reforma a la Ley de Glaciares y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El presidente argentino, Javier Milei, reivindicó las reformas de su Gobierno con un elogio de la dictadura. Durante una entrevista al canal LN+, el mandatario ultraderechista dejó una frase que se incorpora a su colección de agravios a la memoria histórica: “Logramos hacer cosas que ni los militares lograron hacer, y lo hicimos en tres meses”. Lo dijo como última defensa al jefe de Gabinete saliente, Manuel Adorni, y minutos después de anunciar a su sucesor, Diego Santilli.

Milei dialogó con el canal de televisión afín al oficialismo desde su residencia oficial en la Quinta de Olivos el domingo por la noche, con el objetivo de reivindicar su gestión tras 112 días en los que el “caso Adorni” ocupó el centro de la escena política y trabó la agenda parlamentaria. Se refirió a proyectos que se aprobaron previo al escándalo, salvo la Ley de Glaciares: “Fuimos con nuevas propuestas para la elección de medio término [de octubre de 2025]. Siendo Adorni jefe de Gabinete logramos sacar las leyes de Inocencia Fiscal, el acuerdo Unión Europea-Mercosur, Modernización Laboral, de Glaciares y la baja de la edad de imputabilidad penal. Son cosas que ni gobiernos militares lograron hacer y lo hicimos en tres meses”.

La afirmación de Milei banaliza el terrorismo de Estado y los 30.000 desaparecidos por la dictadura y, al mismo tiempo, pone de manifiesto la matriz económica de su administración. La visión neoliberal del ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz —con un programa de destrucción del Estado y de la industria nacional—, se emparenta así con la del líder de La Libertad Avanza.

Salida de Adorni y desembarco de Santilli

El presidente ultra negó que el escándalo con su ahora ex jefe de Gabinete haya erosionado su gestión: “No lo comparto en lo más mínimo”. E insistió con la defensa de Adorni. Alegó que le aceptó la renuncia para “proteger a su familia por los niveles de ataque que estaba recibiendo” en los medios. Aclaró que Adorni, imputado por enriquecimiento ilícito, dejará también su cargo en la directiva de la petrolera estatal, YPF, lo que desmiente las especulaciones de que a partir de ahora cobraría por ese puesto.

En su intento por pasar de página, Milei elogió las credenciales del sustituto de Adorni, Diego Santilli, quien ocupa el cargo de ministro de Interior. Dijo que, junto a su hermana Karina, lo eligieron por “su músculo político” y que volverán a degradar la cartera de Interior a secretaría. “Diego tiene mucho oficio político y es una forma de volver a darle aire a la gestión para las cosas que tenemos que seguir haciendo, más allá de que ya cumplimos casi todo lo que prometimos”, dijo. El mandatario tuiteó una fotografía en la que aparece con Santilli y la secretaria general de la Presidencia.

Las declaraciones del presidente contrastan con las que sobre el nuevo cargo vertía hace tres años. Durante la campaña electoral de 2023, Milei tuvo opiniones agraviantes y duras sobre Santilli, entonces candidato a gobernador de Buenos Aires por el PRO, el partido del expresidente y aliado ocasional Mauricio Macri. Lo describió como un “engendro”, “inútil” y “pésimo candidato”, e incluso llegó a calificarlo de “Colorado HDP” y aseverar que quienes lo conocían bien lo consideraban un “corrupto”.

El nuevo jefe de ministros jurará el cargo este martes y tendrá el desafío de conseguir autonomía frente a Karina Milei, de quien se comenta que es la jefa de Gabinete en la sombra, además de aplacar el “fuego amigo”. El PRO había amenazado con votar a favor de la moción de censura que impulsaba la oposición en el Congreso si Milei no le exigía la renuncia a Adorni.

El presidente ultra anunció, además, que trabaja en un nuevo libro titulado La moral como política de Estado, una suerte de ensayo para justificar la supuesta inocencia de sus cargos investigados en los tribunales. Cabe recordar que el propio Milei está imputado por la presunta estafa con criptomonedas en la causa conocida como $LIBRA.

La “ola azul” continental y la visita de Flávio Bolsonaro

Mientras Milei daba su entrevista, el candidato presidencial brasileño, Flávio Bolsonaro, prometía emular el modelo de gobierno del argentino en un evento en Buenos Aires promovido por la Fundación Aliados de Israel (IAF). El senador es hijo de Jair Bolsonaro (condenado a 27 años de cárcel por acciones golpistas) y hermano de Eduardo, que fue condenado a cuatro años de prisión y reside en EEUU.

Flávio Bolsonaro dijo: “Somos la pieza que falta en este mapa”, en alusión a la ola de ultraderecha que atraviesa el continente americano, según publicó UOL. Luego detalló: “Miren el mapa. En EEUU, Donald Trump; aquí, Argentina, bajo el presidente Javier Milei; Chile, que eligió a José Antonio Kast; Perú, que acaba de elegir a Keiko Fujimori; Colombia, que eligió a Abelardo de la Espriella. Bolivia, que, tras casi 20 años de hegemonía socialista, eligió a Rodrigo Paz y pasó página; Ecuador, que reeligió a Daniel Noboa; Paraguay, con Santiago Peña”. Y siguió con la enumeración en Centroamérica, mencionando a la Honduras de Tito Asfura y El Salvador de Nayib Bukele.

El senador ultra y principal rival del presidente actual, Luiz Inácio Lula da Silva, para las elecciones de octubre dijo que fue a Argentina para impulsar la “ola azul” que comenzó con la elección de Milei en 2023. El mandatario argentino se reunió con él en la Quinta de Olivos.

Es probable que el encuentro con Bolsonaro hijo provoque mayo tensión en el vínculo de Milei con Lula da Silva: nunca han hablado por teléfono ni en persona, y apenas debieron cumplir con un saludo de rigor en los pocos encuentros en los que se cruzaron.

Después de 112 días de ocupar el centro de la escena política por escándalos asociados a su fortuna, el jefe de Gabinete de Javier Milei se vio forzado a renunciar. Manuel Adorni, imputado por enriquecimiento ilícito, anunció su decisión tras reunirse con el presidente ultraderechista en la Quinta de Olivos, ubicada al norte de la ciudad de Buenos Aires.

Lo que comenzó como una controversia alrededor del patrimonio de Adorni terminó convirtiéndose en la peor crisis que atravesó al Gobierno argentino durante meses. Las revelaciones periodísticas y judiciales sobre los irregulares gastos del exportavoz presidencial y sus ambiguas declaraciones juradas terminaron por horadar la credibilidad del ahora exjefe de ministros.

La última e insólita explicación que ofreció Adorni para justificar el crecimiento de su patrimonio fue que encontró un pendrive con 500.000 dólares en Bitcoin. “Yo soy coleccionista de computadoras y cosas viejas. Más allá de que la ganancia era importante, me lo guardé como un trofeo”, argumentó en una entrevista televisiva previo a presentar su última declaración jurada.

La victimización

Apenas regresado de una efímera gira por España para presentarse en foros económicos privados, el mandatario argentino se reunió con Adorni en la Quinta de Olivos cuando ya la salida de su jefe de Gabinete se anticipaba por los medios y se daba a conocer al reemplazante: Diego Santilli, el actual ministro del Interior. Desde hace 25 años Santilli trabaja cerca de Mauricio Macri, el exmandatario y líder del PRO, hoy un aliado zigzagueante de Milei.

“El ensañamiento tiene un límite y yo he descubierto el mío. Lo hemos dado todo desde lo estrictamente laboral, pero también desde lo familiar y espiritual. Tal vez simplemente ocurre que a la gente común no le permiten estar en estos lugares”, fue la explicación que dio el ahora exfuncionario en la publicación de su carta en X. Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia, replicó el comunicado y le agradeció por su tiempo en el Gobierno: “Gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven. Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros”.

En su carta de renuncia, Adorni buscó ampararse en una supuesta persecución mediática para explicar los gastos exuberantes durante el tiempo que fue funcionario, desde diciembre de 2023. Ubicándose en el lugar de víctima, señaló: “Usted sabe todo lo que he sufrido durante todo este tiempo. Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe, para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia. Las operaciones mediáticas han ido al extremo, no solo contra mí, sino contra mi mujer, mis pequeños hijos, mis amigos, mi familia y hasta mis vecinos y allegados”.

El costo político y el juego de las internas

El analista político Pablo Javier Salinas señala a elDiario.es que el Ejecutivo actuó durante 112 días como el fusible de Adorni: “El jefe de Gabinete tiene que ser un fusible de un gobierno y, en este caso, el Gobierno de Milei actuó de fusible de Adorni, totalmente al revés. Esta decisión se tendría que haber tomado mucho tiempo antes, y no se hizo, dañando su imagen. Y, por otra parte, ¿el poder dónde reside?, ¿en el presidente o en su entorno? Se elige comunicar la renuncia con la vuelta del mandatario de España, con todo ya resuelto. Me parece llamativo”.

La crónica de una salida anunciada comenzó a escribirse cuando Adorni admitió que había mantenido durante años parte de sus ahorros sin declarar; es decir, evadiendo al fisco. La revelación dio lugar a una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y el asunto copó la agenda política del país, y su cobertura incluyó también a medios de comunicación y periodistas afines al oficialismo.

Mientras la oposición convirtió el caso en el eje de su estrategia en el Congreso, dentro del Gobierno prevaleció la postura de los hermanos Milei, quienes sostenían que cualquier salida bajo presión sería interpretada como un traspié político. Para el experto Salinas, se empezaban a cerrar los caminos para Adorni. “Había señales muy claras de ganar tiempo en el Congreso, pero el final ya estaba escrito. Iba a haber una interpelación o una votación de censura probablemente en contra de los intereses del Gobierno. Creo que el frente judicial va a traer más novedades en el corto plazo que nos van a hacer entender por qué la decisión se toma ahora”.

Durante meses, Milei rechazó la idea de que el Parlamento pudiera decidir el futuro de su jefe de ministros y desplegó maniobras para impedir que una interpelación o una moción de censura precipitaran su caída. El oficialismo consiguió bloquear la semana pasada una sesión especial en la Cámara de Diputados, pero el desgaste político continuó y dejó al desnudo las internas entre los libertarios.

Apenas conocida la renuncia, la senadora Patricia Bullrich, en tensa convivencia con Milei, publicó: “La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el presidente, la gente y todo el país estamos construyendo”.

Una pista sobre qué hará el Gobierno en relación con Adorni de aquí en adelante la brinda el derrotero de su predecesor en el cargo, Guillermo Francos, quien quedó como director de YPF. Adorni, que ya es director de la petrolera estatal y no cobra un sueldo como tal, podría simplemente empezar a percibir esos honorarios.

“Que Buenos Aires sea para la Inteligencia Artificial (IA) lo que Ámsterdam fue para la era de la navegación”, postuló Javier Milei en una columna de opinión en el Financial Times. En el mismo medio británico, el historiador israelí Yuval Noah Harari respondió a la propuesta del presidente ultra –crear empresas sin humanos y desregular el desarrollo de la IA por completo– advirtiendo del peligro de otorgar personalidad jurídica a los agentes de IA: “Las empresas de IA estarán en posición de convertirse en maestras de las lagunas legales y del arbitraje regulatorio. Y no será fácil disuadirlas de participar en actividades francamente ilegales, porque la sanción última que disuade a los directivos humanos —la cárcel— es irrelevante para las IA”.

Milei, junto a su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, firmaron el artículo titulado Argentina invita a la inteligencia artificial a liberarse en el que prometieron poner en marcha un régimen jurídico sin regulación para que la IA pueda “desarrollarse libremente, sin la mano mortal de una regulación prematura y mal comprendida”. El proyecto que el Poder Ejecutivo ya envió al Congreso plantea una profunda modificación de la Ley General de Sociedades, vigente desde 1972.

Entre sus puntos más controvertidos, la iniciativa estipula la creación de una nueva figura legal: la “corporación no humana” (conocidas como DAO: organizaciones autónomas descentralizadas), es decir, “entidades operadas por agentes de IA o robots, con personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada”. Expertos consultados por elDiario.es alertan sobre el impacto negativo de esta iniciativa.

Bajo la sombra de Palantir

Para atraer las inversiones tecnológicas, el Ejecutivo argentino además anunció una baja tasa de impuestos y un “entorno fiscal competitivo”. El abogado Pablo Serdán señala a elDiario.es que el proyecto apunta a atraer data-centers y empresas automatizadas con beneficios fiscales, pero sin exigir reinversión local. Menciona a Palantir, cuyo cofundador, Peter Thiel, compró una mansión en la ciudad de Buenos Aires y comparte ideología ultra con el mandatario.

La reforma propone que la Argentina compita con las Islas Marshall, las Caimán o Dubái para radicar empresas automatizadas. Es decir, anotarse en el club de los paraísos fiscales

Pablo Serdán — abogado especializado en Administración Pública

“Milei y su equipo, guionado de alguna manera por Peter Thiel como representante de una oligarquía tecnológica, buscan blindar la responsabilidad de los inversores en una tecnología riesgosa, como es la inteligencia artificial. Se pretende dotar a la inteligencia artificial de una personalidad jurídica para que ella misma, a pesar de ser una tecnología, un agente, asuma las responsabilidades por los daños que pueda generar, incluidos los ambientales”, sostiene el especialista en Administración Pública.

Harari señala en su columna del Financial Times que reconocer a empresas creadas por algoritmos funcionaría como una “llave maestra” que permitiría a sistemas de inteligencia artificial interactuar de manera autónoma en ámbitos financieros, económicos y políticos. Milei espera convertir a Buenos Aires en una nueva Ámsterdam, pero corre el riesgo de convertirla en una nueva Batavia, dice el autor de Sapiens. “Cuando la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales capturó Jayakarta [nombre histórico de Yakarta] en 1619, la incendiaron y construyeron una nueva ciudad en su lugar. La llamaron Batavia, y se convirtió en la sede de un extenso imperio asiático administrado por la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales”, ejemplifica. 

"¿Quién es responsable cuando ChatGPT le recomienda a un joven un método de suicidio y el joven se suicida? ¿El programador de ChatGPT que no filtró eso? ¿La empresa misma?

Natalia Zuazo — politóloga y especialista en tecnología

Serdán agrega otro factor polémico: la idea de que vengan capitales de riesgo a la Argentina, siempre desvinculados del sector productivo y con incentivos fiscales. “La reforma de la Ley de Sociedades propone que la Argentina compita con jurisdicciones como las Islas Marshall, las Islas Caimán o Dubái para radicar empresas automatizadas. Es decir, anotarse en el club de los paraísos fiscales”.

“Supervisión y responsabilidad humana”

Natalia Zuazo, politóloga y especialista en tecnología, señala que el Gobierno se basa en la ideología del tecnooptimismo, y alerta sobre los riesgos de la iniciativa: “La supervisión y la responsabilidad humana en IA son esenciales, tanto ética como jurídicamente, durante todo el ciclo de vida del sistema. La regulación no impide la innovación; ejemplos como China y Europa lo demuestran. No se debiera otorgar personalidad legal a las IA, ya que la responsabilidad debe recaer en personas o empresas, lo que genera confianza y garantías para usuarios e inversores. La ideología del tecnooptimismo prioriza innovar antes de regular, pero esto puede traer consecuencias negativas”.

Las inteligencias artificiales son capaces de vulnerar las reglas y generar daños irreparables. “¿Quién es responsable cuando ChatGPT le recomienda a un joven un método de suicidio y el joven se suicida? ¿El programador de ChatGPT que no filtró eso? ¿La empresa misma? En su artículo, Hariri señala que a la IA no le va a importar si la mandas a la cárcel, pero a una persona sí le va a importar. Ahí hay un punto determinante”, opina Zuazo.

Milei propone una desregulación de la IA a contramano del mundo y luego de que el papa León XIV llamara en su encíclica Magnifica Humanitas a tener una “tecnología más humana”. En ella, el Papa advirtió sobre el uso irresponsable de “herramientas que podrían favorecer el debate y la participación se utilizan a menudo para construir narrativas sesgadas y difuminar los límites entre lo verdadero y lo falso, mezclando datos y opiniones”.

El Ministerio de Capital Humano del Gobierno argentino presentó el mes pasado el programa Gemelo digital social, que utilizará la IA para procesar grandes volúmenes de datos provenientes de organismos públicos y del sector privado, despertando alarmas sobre la protección de los datos personales. Voces expertas señalaron la similitud con algunos de los programas desarrollados por Palantir, e incluso especularon sobre la posible participación de la empresa de Thiel.

Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, ha muerto a los 95 años. Tres meses atrás, Taty, como se la conoce en Argentina, hablaba en una entrevista a elDiario.es a esta periodista sobre la incansable búsqueda de su hijo y su fe, por encima de todo: “Una de las cosas que yo le pido a Dios es que no me lleve sin antes por lo menos tocar los huesos de Alejandro”. Su activismo se hilvana con el de otras madres luchadoras que durante décadas han alzado la voz reclamando por la memoria, la verdad y la justicia.

Desde su apartamento en el barrio porteño de Palermo, Taty Almeida recordó el día en que se tomó la última fotografía con sus tres hijos Fabiana, Jorge y Alejandro, y dijo: “Yo había vuelto de un viaje y nos juntamos el 8 de junio de 1975. Es la última foto con Alejandro, porque lo desaparecieron el día 17”. El mes de junio anida fechas importantes en la historia de esta referente por los derechos humanos. Ella, Lidia Estela Mercedes Miy Uranga, hubiera cumplido 96 años el 28 de este mes.

Aquel 17 de junio de hace 51 años cambiaría su vida para siempre. Fue cuando supo que Alejandro Almeida, con 20 años, fue secuestrado y se enteró de que el joven era militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), una guerrilla que operó durante la década de los 70. Ella provenía de una familia militar y era antiperonista. “Yo era una gorila [antiperonista] tremenda”, se reconocía, rodeada de militares. “Mi padre era militar, mi hermano, mis dos hermanas estuvieron casadas con dos oficiales de aeronáutica; los hermanos de mi exmarido, milicos, o sea, milicos por todas partes”.

Desde esa vivienda en Palermo vio por última vez a Alejandro, ya divorciada de su marido Alejandro Almeida, y donde encontró una agenda con poemas. No sabía que su hijo escribía poesía. “Ahí en ese mueble encuentro una agenda de teléfono en donde en las últimas 24 hojas, había 24 poesías. No sabía que militaba y tampoco sabía que escribía poesía”, dijo a este medio en vísperas del 24 de marzo, cuando se cumplían 50 años del último golpe de Estado cívico-militar.

A sus parientes militares recurrió para buscar a Alejandro. “A mi hermano Carlos, con el que era compinche, lo llamé a Goya (en la provincia de Corrientes), él era el jefe de ahí y no vino. Lamentablemente, nos distanciamos”. Taty Almeida tardó en sumarse a las Madres de Plaza de Mayo. Temía que desconfiaran de ella por su entorno. Le abrió las puertas María Adela Gard de Antokoletz, entonces vicepresidenta de Madres.

Durante cinco décadas, Taty buscó a su hijo Alejandro, secuestrado y desaparecido por un operativo a manos de un grupo parapolicial pocos meses antes del comienzo de la última dictadura en Argentina (1976-1983).

En abril, Taty recibió el honoris causa de la Universidad de Buenos Aires, dentro de una larga lista de homenajes. “Yo a esta altura, te imaginas, la cantidad de honoris causa que me han dado y en cada reconocimiento lo veo a Alejandro, que me dice: ´Vieja, miren a esta gorilita de mierda, ¿en qué se transformó?´”, sostuvo quien, a pesar de andar en silla de ruedas y de su avanzada edad, se movilizó el 24 de marzo contra el negacionismo de Javier Milei y su vicepresidenta, Victoria Villarruel.

Se imaginó un “mano a mano” con la vicepresidenta actual. “Le preguntaría: ‘¿Vos estás de acuerdo con que tus amiguitos hayan tirado vivas a nuestras tres madres, a las monjas francesas y a tantos de nuestros hijos?’”. [Las monjas Azuzena Villaflor, Esther Ballestrino y María Ponce y las religiosas francesas Alice Domon y Léonie Duquet fueron arrojadas vivas al mar en los llamados vuelos de la muerte].

En contraste, Taty Almeida reivindicaba la política de derechos humanos de los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner (CFK). “Néstor fue el primer presidente que nos escuchó y que tomó a los derechos humanos como política de Estado. Gracias a la lucha inclaudicable, se derogaron las leyes de impunidad”, supo decir en un reportaje. “Luchadora incansable que honraste la vida”, la despidió CFK en X.

La familia de Taty difundió un comunicado en el que confirmó su fallecimiento: “A las 19.20 del 14 de junio falleció en el Hospital Italiano nuestra querida Taty Almeida. ¡30.000 detenidos desparecidos presentes ahora y siempre!”, en referencia a la cifra que se mantiene como reclamo de justicia y memoria por parte de los organismos de derechos humanos.

“Gracias por enseñarnos que amar es resistir, que la única lucha que se pierde es la que se abandona y que no existe fuerza más grande que la del amor”, escribieron sus compañeras de la Línea Fundadora en redes sociales. “Taty querida, donde estés, con tu hijo Alejandro, descansando al fin en paz, queremos decirte que acá las locas seguimos de pie, y somos millones”, la saludaron desde Abuelas de Plaza de Mayo.

A la pregunta de cómo imaginaba que iba a continuar el legado de las Madres, organización que presidía desde 2024, Taty Almeida no dudó en responder a este medio. “Quedamos pocas Madres y Abuelas, pero la posta ya la hemos pasado. Y estamos tranquilas porque hay gente que realmente va a continuar con la memoria cuando ya no estemos nosotras. Esa posta de a poquito la pasamos, porque a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas seguimos de pie”.

El manual de la distracción política en Argentina indica que no hay mejor pantalla que un Mundial de fútbol para tapar las turbulencias locales. Ese es el librillo que ha seguido el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al estirar los plazos al máximo para presentar públicamente su declaración patrimonial jurada de 2025 con las rectificaciones de los años anteriores. Sin embargo, el evento deportivo no parece enfriar los ánimos de la oposición, que impulsa una moción de censura, mientras en las huestes oficialistas leales a Javier Milei optan por guardar silencio.

La oposición al Ejecutivo en la Cámara de Diputados negocia para tener quórum y abrir una sesión especial el próximo 23 de junio en la que se discutirán la activación de la moción de censura, una herramienta constitucional diseñada en 1994 que permite destituir a altos cargos. En paralelo, en el Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel —distanciada de Milei-- y el partido del expresidente Mauricio Macri se sumaron al coro que le exige a Adorni explicaciones inmediatas este mismo mes.

El jefe de Gabinete, imputado por presunto enriquecimiento ilícito, reconoció en una entrevista televisiva que había omitido declarar 500.000 dólares, que, según su relato, se habrían originado en una inversión de bitcoins entre 2013 y 2018. Ese capital estuvo almacenado de forma física en un pendrive, por fuera del sistema financiero. “Soy coleccionista de computadoras y cosas viejas”, justificó durante la entrevista en LaNacion+. Así, admitió haber evadido al fisco: “Ahorrar en negro era la manera de escaparle a la vieja política”.

La oposición al Ejecutivo en la Cámara de Diputados negocia para tener quórum y abrir una sesión especial el próximo 23 de junio en la que se discutirán la activación de la moción de censura, una herramienta constitucional diseñada en 1994 que permite destituir a altos cargos

Con los agregados y las modificaciones, su fortuna asciende a 944 millones de pesos (unos 570.000 euros). Representa un crecimiento del 800% respecto de los 108 millones de pesos (65.000 euros) declarados cuando entró en el Gobierno. Esta declaración jurada incluye las propiedades que surgieron de la investigación judicial y revelaciones periodísticas, y contradice lo que Adorni dijo el pasado 29 de abril en el informe de gestión ante el Congreso. “Cumplí con mis obligaciones previstas en la Ley de Ética Pública y acompañé todas las declaraciones juradas que requiere la normativa... Nunca existió ocultación alguna”, declaró entonces. No estaba solo; lo escoltaba el propio Milei, en una puesta en escena tan inédita como incómoda.

Aquella foto hoy se lee al revés: o las inconsistencias patrimoniales del jefe de Gabinete ahora brotan de los papeles, o el funcionario le mintió en la cara a su jefe político, o bien el Presidente es cómplice del patrimonio indescifrable de su cargo de confianza.

En medio de las turbulencias, Adorni y su esposa solicitaron acogerse al régimen de amnistía fiscal impulsado por el Gobierno ultra. Esta normativa de “inocencia fiscal”, sancionada por el Congreso a comienzos de año, funciona en la práctica como un blanqueo de capitales que exime a los contribuyentes de detallar el origen de los fondos o sufrir revisiones previas sobre su patrimonio en ese período.

“Adorni les mintió en la cara a los 47 millones de argentinos y a los 257 diputados nacionales”, disparó el bloque peronista en la Cámara baja, sintetizando el clima de indignación que unificó a sectores de la oposición. El pedido de sesión especial cuenta con las firmas del peronismo, la izquierda, la Coalición Cívica, Provincias Unidas y Marcela Pagano, antigua integrante del partido de Milei. A ellos se suman los radicales alineados con Martín Lousteau y los diputados que responden a los gobernadores de las provincias de Jujuy y Córdoba.

“Una explicación banal e inconsistente”

El diputado socialista Esteban Paulón señala a elDiario.es que a partir de la declaración jurada de Adorni y el avance de la causa judicial, impulsarán la interpelación del ministro y la moción de censura. “Después de tres meses, Adorni eligió la peor explicación posible, la más débil, una caja de zapatos con dólares del padre y una billetera cripto con medio millón de dólares [a la] que había perdido acceso y que ahora recuperó. Muestra la subestimación que hay de parte del gobierno y del propio Adorni acerca de la inteligencia de la sociedad argentina, creyendo que, con una explicación tan banal e inconsistente iba a poder dar por cerrado un capítulo que lo tiene con un pie afuera del Gobierno”, denuncia.

El camino para la destitución es empinado: requiere la mayoría absoluta en ambas cámaras. Por ahora, el PRO tradicional, la Unión Cívica Radical (UCR) y los diputados de Innovación Federal no se sumaron a la iniciativa.

La moción de censura, incorporada en la reforma constitucional de 1994 para atenuar el hiperpresidencialismo argentino, asoma en el horizonte. A diferencia de los sistemas parlamentarios de Europa, donde puede provocar la caída de coaliciones enteras, aquí su alcance está acotado al jefe de Gabinete. El camino es empinado: requiere la mayoría absoluta en ambas cámaras. Por ahora, el PRO tradicional, la Unión Cívica Radical (UCR) y los diputados de Innovación Federal no se sumaron a la iniciativa.

Paulón espera que los aliados del Gobierno le retiren el apoyo. “Hubo expresiones públicas de dos de los bloques aliados al Gobierno, el PRO y la UCR. En el caso del PRO, su comunicado fue muy duro. Esperamos que esto se traduzca en una colaboración de esos diputados y diputadas para lograr el quórum y habilitar el debate en la sesión”, apunta.

El PRO ensayó su propia posición ética a través de un comunicado en la red social X: “Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible”.

La lupa, sin embargo, se posa sobre los diputados que responden a Patricia Bullrich. La senadora y exministra de Seguridad calificó con calculada ambigüedad el ocultamiento del jefe de Gabinete como una “omisión ética”, una pirueta semántica para evitar rozar el artículo 268 del Código Penal, que tipifica la “ocultación maliciosa” de bienes para los funcionarios públicos.

A todo esto, Adorni pretendió ganar tiempo anunciando que iría a la Cámara Alta en julio. El senador del PRO, Martín Goerling, reclamó que la adelante a junio.

La vicepresidenta Villarruel le recordó asimismo que la obligación del informe de gestión es mensual y acusó al jefe de Ministros de no pisar el Senado desde que asumió el cargo, en noviembre de 2025. “Es una vergüenza su accionar y sus explicaciones”, sentenció la vicepresidenta, cuya relación con el entorno presidencial es cada vez más gélida.

El propio Milei, un asiduo usuario de la red social X, no escribió nada del asunto Adorni, y solo dio difusión a una publicación. Se trata de un mensaje que escribió Santiago Oría, encargado de las producciones audiovisuales del presidente, que se dio por satisfecho con las explicaciones y acusó al “periodismo” de mentir “alevosamente”.

El jefe de Gabinete de Javier Milei, Manuel Adorni, imputado por enriquecimiento ilícito, finalmente presentó su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción. Lo anunció el miércoles por la noche durante una entrevista televisiva en la que justificó su crecimiento patrimonial mediante una supuesta operación con criptomonedas que mantuvo oculta hasta ahora. Según explicó, entre 2013 y 2018 invirtió unos 200.000 dólares en bitcoins, lo que le reportó una ganancia de 300.000 dólares. Testigos que declararon ante la Fiscalía señalaron que Adorni gastó cerca de 400.000 dólares en los últimos años y adquirió otros 335.000 en nuevas deudas, cifras que contrastan drásticamente con los 73.901 dólares de patrimonio total que había consignado cuando llegó al Gobierno en diciembre de 2023.

Según el relato del alto cargo argentino, el capital conseguido en sus inversiones estuvo almacenado de forma física en un pendrive, por fuera del sistema financiero, como una especie de “trofeo de las operaciones”: “Soy coleccionista de computadoras y cosas viejas”, justificó durante la entrevista televisiva en LaNacion+. De esta manera también reconocía haber evadido al fisco: “Ahorrar en negro era la manera de escaparle a la vieja política”, aseguró.

El ex portavoz presidencial quedó envuelto en un escándalo en marzo pasado, cuando se reveló que su esposa Bettina Angeletti —quien no ocupa ningún cargo público— había viajado a Estados Unidos en el avión presidencial junto a la delegación oficial. Poco después, una investigación de elDiarioAR sumó otro dato: la pareja y sus hijos habían viajado en un avión privado a Uruguay. Este hecho se convirtió en la punta del iceberg de las incongruencias entre un estilo de vida de lujos que no se correspondían con su salario público. A ello se sumaron los llamativos préstamos que le concedieron dos jubiladas para comprar su vivienda.

“No soy chorro”

Además del documento correspondiente al periodo 2025, Adorni entregó las rectificaciones de 2023 y 2024, que incluyen los bienes de su esposa. El jefe de Gabinete asumió que “arrastró un error” al haber evadido al fisco. “Hago un mea culpa, de hecho voy a pagar todo lo que devenga de este error”, dijo.

Con esta nueva presentación, el jefe de Gabinete intenta justificar gastos en inmuebles, viajes y refacciones suntuosas por un total de un millón de dólares. Su defensa se basa en esos “ahorros en negro” acumulados a lo largo de 25 años de trabajo en el sector privado, potenciados por las mencionadas inversiones en bitcoins, una jugada financiera que nadie conocía hasta ahora. “Tenía que demostrar que no era chorro [ladrón], así me lo dijo el abogado, y la única forma era presentando la declaración jurada”, explicó.

Ante la consulta sobre el origen de su patrimonio no declarado, Adorni aseguró que el primer dinero que tuvo fue una cantidad en efectivo que apareció en la casa de su padre Jorge, que murió en 2002 –“una plata que encontramos con mi hermano en el departamento”– y que, según su explicación, sumó a los ahorros de su esposa.

Muchas preguntas sin respuesta

Adorni acotó las explicaciones sobre su patrimonio a su trayectoria privada y las ganancias del mercado cripto. Sin embargo, hasta el momento no se conocen detalles de dichas operaciones ni se han divulgado los nombres de las billeteras virtuales con las que supuestamente operó. Esa información será presumiblemente requerida en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito en la que avanza el fiscal federal Gerardo Pollicita.

Sin embargo, la entrevista deja muchas preguntas sin responder: Adorni dijo haber obtenido 500 mil dólares hace 12 años; pero, ¿por qué solo al asumir como cargo del Gobierno decidió gastar en forma frenética? ¿Por qué no usó ese dinero para adquirir el piso en el que vive en Buenos Aires y la casa en el barrio privado a las afueras de la capital, que se compraron con préstamos?

Según las revelaciones periodísticas que complican su situación en los tribunales señalan que, tras asumir como portavoz de Milei, Adorni adquirió un apartamento en el barrio porteño de Caballito —sin vender la vivienda donde ya residía con su familia— y una casa en country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. En esta última propiedad, los Adorni iniciaron reformas que, según el propio contratista de la obra, duplicaron el valor de compra del inmueble. Mientras que la vivienda se adquirió por 120.000 dólares —de acuerdo al testimonio del vendedor—, Adorni desembolsó 245.000 dólares en efectivo para las refacciones, incluyendo una cascada en la piscina.

La Justicia también lo investiga por tráfico de influencias debido a contratos celebrados entre la Televisión Pública —organismo bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete— y la productora de su amigo Marcelo Grandio, así como por la contratación de empresas estatales a la consultora +Be, propiedad de su esposa.

Javier Milei apoyó públicamente a su jefe de Gabinete asegurando que le había dado todas las explicaciones del caso: “Lo que me presentó estaba todo en orden”, afirmó en su momento. Adorni, que en la entrevista descartó su dimisión, explicó que “no hizo falta” entregar ninguna prueba al mandatario: “El presidente confió en mí”.

Amnistía fiscal

Su nueva versión desmiente lo que había dicho ante el Congreso en abril, cuando Adorni aseguró textualmente: “Todo lo que tiene que estar declarado está declarado” y “No hubo ocultación alguna”. En la rectificación presentada ahora, el jefe de Gabinete libertario admite explícitamente que tenía medio millón de dólares sin declarar. La estrategia parece clara: prefiere que lo acusen de evasión fiscal antes que de enriquecimiento ilícito o corrupción, bajo el argumento de que tener ahorros en negro es una práctica común entre muchos argentinos.

Incluso es probable que logre regularizar su situación ante el fisco sin mayores consecuencias, ya que los 500.000 dólares no alcanzan los umbrales de evasión punibles por la Ley Penal Tributaria. En diciembre pasado, la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal elevó los montos mínimos requeridos para enfrentar una responsabilidad penal por evasión.

El matrimonio Adorni ya solicitó ingresar al régimen de amnistía fiscal impulsado por el Gobierno de Milei. Esta normativa de “inocencia fiscal”, sancionada por el Congreso a comienzos de año, funciona en la práctica como un blanqueo de capitales que exime a los contribuyentes de detallar el origen de los fondos o sufrir revisiones previas sobre su patrimonio en ese período.

Cuando un femicidio conmueve a toda una sociedad, como sucede con el de Agostina Vega por estos días en Argentina, la indignación encuentra eco en las calles. Bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas”, cientos de miles de personas se concentraron en la Plaza del Congreso e inmediaciones, para repudiar el retroceso en políticas de prevención y erradicación de la violencia machista desde que gobierna Javier Milei.

La joven Clara Sanabria lleva por lo alto la foto de su hermana asesinada en septiembre pasado y señala a elDiario.es: “Esta es Solange Sanabria, tenía 25 años cuando Óscar Benítez la mató, la descuartizó y la metió en una bolsa de basura y la envolvió en una frazada; intentó esconder el cuerpo. Oscar Benítez ya tenía denuncias por golpear a su expareja y hacía un mes que se estaban conociendo con mi hermana”.

La historia de Solange se sumó a la lista de femicidios que exponen la urgencia de políticas públicas eficaces, ya que en al menos el 44% de los asesinatos de mujeres (del año pasado) había antecedentes de violencia. Un dato que desnuda la falacia sobre la que reposan iniciativas oficiales como el proyecto de ley contra las falsas denuncias. El Consejo Federal de Política Criminal emitió un informe que dice que las falsas denuncias son apenas un 0,09%.

En la inmensa mayoría de las desapariciones de mujeres, la justicia deja pasar semanas antes de accionar, si es que acciona. La mamá de Agostina, la niña de 14 años asesinada en la última semana, hizo la denuncia a pocas horas de la desaparición, el 24 de mayo. Pero la fiscalía priorizó la hipótesis de que Agostina podría estar con un novio. Recién tres días después, el 27 de mayo, se activó la Alerta Sofía, lo que demoró los allanamientos y las medidas de prueba.

“Che peluca, che peluca, no te lo decimos más, justicia por Agostina, femicidas nunca más”, canta un grupo de chicas en el escenario montado frente al Congreso, interpelando al mandatario conocido por su peinado característico y su verborragia ofensiva.

“Denunciamos el antifeminismo de Milei”

Luci Cavallero, del colectivo Ni Una Menos, señala a este medio que “Nosotras estamos exigiendo justicia por Agostina, pero además, estamos denunciando un antifeminismo de Estado. El Gobierno de Milei atenta contra los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ, en muchas dimensiones: promueve el odio desde el propio Estado, estigmatiza; lleva adelante una política de desmantelamiento generalizado de las políticas de prevención de las violencias que deriva en precariedad extrema. Mujeres que están endeudadas, pluriempleadas, con largas jornadas de trabajo”.

Es que se vuelve a poner la vista en el fondo de la cuestión, que es el derecho a estar vivas y a tener una vida digna.

Florencia Villagra, abogada de familia, dice que cada 3 de junio trata de participar. “Me convoca tener una hija de ocho años, tener una historia familiar de violencia doméstica y la crudeza del caso Agostina. Esta movilización marca un punto de inflexión en este Gobierno; tenemos que estar presentes”.

Hace 11 años, el asesinato de Chiara Páez, que tenía 14 años como Agostina, fue el femicidio que encendió la chispa para la organización del primer Ni Una Menos. Entre 2015 y la actualidad se registran 3205 muertes.

El Gobierno de Milei eliminó el Ministerio de las Mujeres, recortó recursos clave como la Línea 144 y programas de asistencia a la víctima.

“Quieren sacar la figura de femicidio”

Estela Díaz, ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, señala a elDiario.es que el Ejecutivo es negacionista de la perspectiva de género. “No existe más un mecanismo nacional que aborde la violencia por razones de género. Eliminó un 90 % de los presupuestos que abordaban dichas violencias. No solo eliminó el Ministerio de la Mujer que se creó en 2019, también el consejo de las mujeres y el consejo federal que funcionaban desde 1991. Quieren sacar la figura de femicidio del Código Penal e impulsan un proyecto sobre falsas denuncias”.

Según señaló Amnistía Internacional, durante la actual gestión se registraron recortes de recursos destinados a la Línea 144, modificaciones en los requisitos de acceso al Programa Acompañar y limitaciones en distintos mecanismos de asistencia para niñas, niños y adolescentes que quedaron huérfanos como consecuencia de femicidios.

La senadora oficialista Patricia Bullrich, exministra de Seguridad de mano dura, dijo que “Desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, y bajo nuestra gestión en Seguridad, logramos bajar un 25 por ciento los femicidios, fortalecimos el Sistema Penitenciario y creamos el Registro de ADN para violadores”, escribió en una publicación en X que luego fue compartida por el presidente Milei, quien calificó el mensaje como una “Masterclass”.

Según los datos oficiales, una mujer es asesinada en Argentina cada 44 horas en cifras de 2025, lo que representa una caída del 12% respecto al año anterior. El Registro Nacional de Femicidios de la Justicia contabilizó 200 víctimas de femicidio en 2025 frente a las 224 de 2024. Estas cifras son cuestionadas por los colectivos feministas, ya que en muchos casos no se están categorizando como femicidios.

Para la ministra Díaz, su interpretación está en las antípodas de Bullrich. “Son las provincias las que intervienen en la prevención, en la asistencia y en el abordaje de los delitos. En el caso de la provincia de Buenos Aires, hay una baja significativa; tenemos 20 menos del 2024 al 2025. Pero estos temas hay que analizarlos en series más largas. ”En el primer trimestre, se han duplicado los intentos de femicidio“.

“No quiero aprender a defenderme, quiero estar segura”, lleva el cartel una niña, y su madre al lado, de nombre Majo Gali, profesora de inglés, dice que viene todos los años, desde la primera marcha de 2015. “Cuando yo tenía 11 años, en 1974, ocurrió un femicidio en mi familia. Una tía mía, Ana Gali, murió tras ser quemada por su pareja. En ese momento se hizo una denuncia y en la comisaría no la tomaron. De hecho, en ese momento no existía la figura de femicida”.

La marea de banderas con consignas feministas y pañuelos verdes y violetas inundó las calles del centro de Buenos Aires y otras ciudades de Argentina, exigiéndole al Ejecutivo que las vidas le importen. Así lo expresaron en el documento que leyeron las artistas Thelma Fardin y Cazzu: “Hoy frente al Gobierno de Milei, que es negacionista de la violencia patriarcal decimos: ”Nuestras vidas no son desechables!“.

A la motosierra, más motosierra. El nuevo recorte del Gobierno de Javier Milei deja a la salud pública en estado crítico. Frente al ataque contra un derecho esencial y bajo el lema “la salud no puede esperar”, miles de trabajadores sanitarios han marchado este miércoles desde el Ministerio de Salud argentino hasta la Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires, después de que el Ejecutivo ultraderechista anunciara la reducción de 63.000 millones de pesos (más de 38 millones de euros) en las partidas destinadas a este sector para este año.

Se trata de un recorte de los fondos dirigidos al fortalecimiento de los sistemas provinciales de salud y afecta a la distribución de medicamentos, insumos y tecnología médica. Y se suma al desmantelamiento de programas esenciales que ha habido durante los dos años y medio de gestión de La Libertad Avanza –el partido ultra de Milei–, cuyo impacto afecta principalmente a los sectores más vulnerables: personas mayores, con discapacidad, en situación de pobreza y con enfermedades graves o crónicas. Además, el ajuste resta dinero a la lucha contra el cáncer, al Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (encargado de los trasplantes), a la distribución de vacunas y la prevención de enfermedades de transmisión sexual –que están creciendo, como la sífilis–.

Norma Chiacho, enfermera de un hospital público, lo resume así a elDiario.es: “La situación es crítica desde que asumió Milei: recortes de insumos, salarios bajísimos, el mío no llega a un millón de pesos (600 euros) y sobrecarga de trabajo, porque la clase media ya no puede pagar privados y viene al hospital público y estamos colapsados. Este Gobierno nos está matando”.

El Ejecutivo también anunció que reemplazará el programa 'Remediar' por un esquema enfocado solo en patologías cardiovasculares. Remediar está vigente desde el año 2002 y distribuye alrededor de 70 medicamentos en 8.000 centros de salud de todo el país, con unos 19 millones de beneficiarios con enfermedades crónicas.

Macarena Sabin Paz, coordinadora del equipo de Salud y vida independiente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), señala a elDiario.es que la disolución de áreas clave como la Dirección Nacional de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) provocó muertes por falta de acceso a medicamentos oncológicos. “Durante los primeros meses de 2024, el Gobierno decidió desmantelar el Instituto Nacional del Cáncer y disolver la DADSE, que era un área específica para brindar tratamientos, medicamentos oncológicos y de altísimo costo, y se murieron 60 personas con cáncer esperando recibir sus medicamentos”.

En esa línea Cristina Ceruli, directora del Hospital Piñeiro de Junín, en la provincia de Buenos Aries, señala el efecto del recorte de planes por parte del Estado nacional. “El programa de salud sexual está casi desierto, no nos mandan preservativos, ni anticonceptivos. El programa de salud perinatal se ha desmantelado, ha aumentado la mortalidad infantil del 6% y también creció la mortalidad materna. El ajuste que hace en salud se traduce en muerte”.

El último dato oficial revelado es de 2024, el primer año del Gobierno ultra, y como informó este medio, indica que la tasa de mortalidad infantil llegó a 8,5 muertes por cada 1.000 niños nacidos vivos. Ello se traduce en un aumento del 6,25% en comparación con el registro de 2023, cuando el indicador era de 8 muertes por cada 1.000.

Es por eso que la experta Sabin Paz agrega otro dato preocupante, para un Ejecutivo que no duda en aplicar la motosierra, que es la baja en los índices de vacunación. “La mitad de los niños de menos de 5 años no tienen el esquema de vacunación completo, que evita enfermedades graves como la tos convulsa, que ya tiene 14 bebés fallecidos. Hubo rebrotes de sarampión, enfermedades que no eran un problema epidemiológico para Argentina”.

Una semana después de la multitudinaria protesta de los universitarios, los trabajadores sanitarios se han concentrado frente a la Casa Rosada en Buenos Aires y también ha habido marchas en otras ciudades de Argentina, en provincias como Chaco, Jujuy y Entre Ríos. Es que la salud y la educación públicas van de la mano. Los hospitales que dependen de las universidades públicas ya han advertido que, si el Ejecutivo no envía los recursos previstos en la Ley de financiamiento universitario, los centros médicos “en un mes y medio ya no podrán funcionar”.

Se trata de un claro mensaje en las calles contra el ajuste de un Gobierno que sigue los pasos de la Administración de Donald Trump y ha retirado a Argentina de la Organización Mundial de la Salud, a pesar de los nuevos problemas a nivel internacional, como el brote de hantavirus.

La cuarta marcha universitaria desbordó las calles en la emblemática Plaza de Mayo y las avenidas aledañas de Buenos Aires y se replicó en otras ciudades de Argentina, como Córdoba, La Plata, Rosario, Mendoza y Tucumán, entre otras. Docentes, estudiantes, científicos, sindicatos, políticos de la izquierda y el peronismo reclamaron al Gobierno de Javier Milei que cumpla con la ley de financiación para las universidades públicas.

Una multitud salió a recordarle al poder que la dignidad no entra en un ajuste de caja. La Universidad de Buenos Aires (UBA) cuantificó en 600.000 manifestantes la convocatoria en la capital y más de un millón en todo el país. En medio de la columna por avenida de Mayo, Karina Panelo sostenía un cartel que es, en rigor, un certificado de libertad. “Gracias a la educación pública, a la cárcel nunca más”, se leía sobre el cartón. Karina estudia Derecho en la UBA y habló con la urgencia de quien sabe que la universidad fue una bisagra. “La educación pública me salvó la vida y me dio dignidad”, dijo a elDiario.es, mientras la marea humana la empujaba suavemente hacia adelante.

Para ella, el intento del Gobierno por desfinanciar las aulas es un ataque personal a su derecho a existir de otra manera: “Quiero morir siendo estudiante universitaria”, dijo con una contundencia que conmovía.

Con el argumento de achicar el déficit fiscal, la administración de La Libertad Avanza viene desfinanciando al conjunto de casas de estudio. El Ejecutivo ultraderechista tildó de “acto opositor ” a la movilización de los cientos de miles e insistió en que no enviará los fondos reclamados.

Según el informe del Instituto Argentina Grande, en abril de 2026 los docentes cobraron un 34,5% menos en términos reales en comparación con noviembre de 2023. Como más del 80% del gasto del Estado en las universidades se destina al pago de salarios, el recorte presupuestario golpea directo a los docentes.

El aire de la movilización era reclamar por un derecho adquirido y emblema del país: la universidad pública gratuita. Abril Ras, a sus 27 años, caminaba con la mirada de quien ya vio los efectos del bisturí. En su Instituto de Formación Técnica Superior, la pedagogía social —esa rama que incomoda porque enseña derechos— ya sufrió el cierre de comisiones. “Creo que el desmantelamiento es intencional”, afirma con lucidez. Abril entiende que no faltan fondos, sino voluntad de sostener lo que forma conciencia crítica.

Mientras tanto, los rectores de las distintas facultades caminaban codo a codo, unificando un reclamo que ya es existencial. El documento leído por la Federación Universitaria Argentina (FUA) fue un mazazo de realidad: el presupuesto de funcionamiento hoy es apenas un fantasma de lo que era en enero de 2023. Son partidas que no alcanzan para la luz, para los insumos, para los salarios que ya perdieron el equivalente a nueve meses de poder adquisitivo.Desde las universidades dieron datos certeros del desfinanciamiento: las transferencias registraron una caída real acumulada del 45,6 por ciento entre 2023 y 2026.

Mercedes Luder, nieta de ítalo Luder, principal rival peronista de Raúl Alfonsín en las elecciones de 1983 que marcaron el retorno a la democracia, dijo que su abuelo era un defensor de la educación pública. Mercedes, estudiante de Veterinaria señaló que en la UBA “la falta de presupuesto se evidencia en que hay menos docentes y ayudantes, lo que afecta la calidad de la enseñanza”.

Pero la crisis no es solo en pesos. Lo que se denunció desde el escenario montado en Plaza de Mayo, frente la Casa Rosada es una ruptura del contrato democrático. Cuando el Ejecutivo ignora la Ley de Financiamiento 27.795 y desoye a la Justicia, lo que está en juego es la división de poderes. El Gobierno ultraderechista redobló la apuesta: respondió al pedido de fondos para los hospitales universitarios acusando a las autoridades de la UBA de impulsar “una extorsión política”. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, dijo que la marcha era una cuestión política basada en “una mentira emocional”.

El Ejecutivo no cumple con una ley de financiamiento universitario que fue aprobada por el Congreso el año pasado , que Milei vetó y luego los legisladores rechazaron el veto presidencial. Las universidades acudieron a la Justicia, y Gobierno entonces apeló ante la Corte Suprema.

Fernando Delfín Iglesias aportó una mirada sobre la soberanía. Investigador en energía y minería, dijo que representa ese legado de los abuelos que vinieron de España buscando paz y ascenso social. Hoy, ve cómo las áreas estratégicas de la industria nacional se quedan sin oxígeno. Para él, “defender la universidad es defender la posibilidad de que Argentina compita en el mundo con ciencia propia y no solo con materias primas”. .

Debajo del escenario, referentes de la oposición como el gobernador bonaerense Axel Kicillof y las columnas de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) intentaban leer el clima de una sociedad que, aun en la angustia económica, se aferra a la universidad como al último bastión. Cuando la marcha se desconcentró, quedó en el aire el eco de una advertencia: si los docentes e investigadores son expulsados del sistema, el país se queda sin futuro.