El Gobierno de Javier Milei ha vuelto a meterse con los más vulnerables: las personas con discapacidad. El Ejecutivo argentino incumple con la normativa actual, demorando el pago de prestaciones, e impulsa un proyecto de ley titulado 'Contra el fraude de pensiones por invalidez', que es rechazado por organizaciones sociales y asociaciones civiles. Resulta paradójico tras el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y su absorción por parte del Ministerio de Salud por un escándalo de corrupción.

“No soy un gasto, soy una persona con discapacidad”, dice un cartel en una protesta frente al Ministerio de Salud en la ciudad de Buenos Aires. Los manifestantes tienen un claro reclamo: que el Ejecutivo ultraderechista cumpla con la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada el año pasado y respaldada por la Justicia, y que el Congreso desestime el proyecto en ciernes que endurece el acceso a las pensiones. Motosierra tras motosierra.

Pablo Molero, presidente del Foro Permanente de Discapacidad (que reúne a varios colectivos de personas con alguna limitación), señala a elDiario.es un “maltrato sistemático” hacia este grupo, con atrasos en los pagos; ahora se suma el intento de eliminar la pensión por protección social, que ayuda a quienes están en situación de pobreza. “La situación es grave y se requiere atención urgente, ya que este Ministerio está atrasado con el pago de prestaciones. Hay instituciones que aún no cobraron desde octubre y tienen que hacerse cargo de la compra de medicamentos y pañales”.

La Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada en julio de 2025 por el Congreso y vetada en agosto a través de un decreto firmado por Milei, que luego fue rechazado por el Parlamento en septiembre, ratificando así la ley y obligando al Ejecutivo a promulgarla. No obstante, el Gobierno se resiste a aplicarla con el argumento de que el proyecto no enunciaba de forma expresa de dónde se obtendrían los fondos para financiar tal mejora para el sector. La Justicia rechazó ese argumento en diciembre pasado y ordenó aplicar la ley de manera inmediata, en un fallo que fue apelado por el oficialismo.

El Ejecutivo alega que entre 2003 y 2023 la cantidad de pensiones por invalidez tuvo un “crecimiento exponencial”, pasando de 76.000 a 1.200.000 en ese período de 20 años y generando una “inevitable sospecha” sobre las condiciones en que esos beneficios fueron otorgados.

Al respecto, Molero responde: “En 1999 había 33 millones de personas en nuestro país, de ese total, 3,3 millones tenían alguna discapacidad, mientras la pobreza ascendía al 30%. Alrededor de 990.000 personas con discapacidad estaban en ese momento en situación de pobreza y con el Gobierno de Néstor Kirchner fueron reconocidas con una pensión social, no sólo por incapacidad laboral. Hoy la población es de 46 millones y el Gobierno celebra que hay un 28% de pobreza, aunque muchos expertos cuestionan el número, pero aun así es enorme, brutal”.

En medio de una investigación judicial

Estela Maris Calandra, fonoaudióloga que trabaja en el área de discapacidad desde hace 30 años, se muestra indignada ante el nuevo proyecto de ley que el Ejecutivo envió al Senado, cuyo texto estipula que el Estado debe establecer mecanismos para “prevenir, detectar y sancionar el fraude en las pensiones”. “Yo trabajo con niños con autismo y trastorno del lenguaje que necesitan el certificado de discapacidad para poder recibir el tratamiento y, más en este momento, donde está aumentando el desempleo. ¿Cómo hablan de fraude cuando los que hicieron fraude fueron ellos en la Agencia de Discapacidad?”.

La investigación apunta al manejo irregular de fondos para la compra de medicamentos de coste elevado, destinados a personas con discapacidad, realizadas entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.

La causa se inició en agosto de 2025 a partir de la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS, que mencionan a la hermana del presidente, Karina Milei, en los que se hablaba de supuestos pedidos de dinero a proveedores. Según la Fiscalía argentina, el esquema implicó más de 75.000 millones de pesos, con adjudicaciones direccionadas, sobreprecios y acuerdos previos entre proveedores. El fiscal Franco Picardi sostuvo que la ANDIS funcionó como “una verdadera ventanilla administrada discrecionalmente”.

Hasta el momento, hay 19 personas procesadas. Entre ellos, Spagnuolo, procesado por cohecho, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.

Es en este contexto, con una agencia cerrada en enero y degradada a Secretaría dentro del Ministerio de Salud, el Ejecutivo vuelve con una iniciativa en un área tan sensible. El nuevo proyecto empeora la situación ya delicada: elimina la posibilidad de que una persona con discapacidad siga cobrando la pensión por invalidez, si logra acceder a un trabajo registrado. Además, desregula los pagos mínimos a las organizaciones que prestan servicios a personas con discapacidad.

“No aplicar la ley es abandonar a las personas con discapacidad”, dice el cartel que lleva Ana Luppi. La mujer señala a este periódico: “Tengo una hermana con discapacidad que está en el Hogar Los Jazmines, donde ha progresado muchísimo. Hace 22 años que está allí y realmente es vergonzoso que el Gobierno no esté pagando lo que tiene que pagar, incumple la ley. Es un lugar de excelencia, pero no puede seguir funcionando normalmente si hace meses, desde octubre, que el Estado demora las prestaciones y los profesionales tienen que cobrar por sus servicios”.

Las personas con discapacidad, sus familiares y las instituciones que les brindan asistencia exigen al Ejecutivo que no les siga dando la espalda y ponga un freno a sus intentos por desmantelar la protección social. El debate en la Cámara Alta promete ser intenso, ya que la iniciativa legislativa pone en cuestión la discapacidad como un derecho humano frente a una mirada que busca restringirla a una lógica mercantilista.

Los expertos de tres instituciones diferentes cuestionan como exagerado el dato oficial de caída de la pobreza en Argentina. Según el Instituto Nacional de Estadísticias y Censos (INDEC), la pobreza alcanzó al 28,2% de la población en el segundo semestre de 2025, una bajada respecto del 31,6 del primer semestre y de casi diez puntos respecto de un año atrás, tras el pico generado por la megadevaluación del Gobierno ultraderechista, que ha celebrado la cifra. Sin embargo, el indicador más bajo de los últimos siete años convive en un contexto económico volátil, con un deterioro de los salarios y del mercado laboral.

En términos absolutos, más de 8,5 millones de personas se encuentran por debajo de la línea de pobreza. La estadística oficial se basa en un criterio unidimensional: los ingresos. El umbral lo define la Canasta Básica Total (CBT), que establece el ingreso mínimo necesario para no ser considerado pobre. Actualmente, para una familia tipo de cuatro integrantes, ese valor se ubica en torno a 1.400.000 pesos mensuales (871 euros), sin incluir el alquiler.

La canasta se diseña con base en una encuesta de consumos de 2004/2005, lo que deja fuera cambios profundos en la estructura de gastos de los hogares. El peso creciente de servicios como internet, telefonía móvil o tarifas de luz, agua y gas no está plenamente reflejado, en un contexto donde esos precios aumentaron por encima del de los alimentos. Es decir, la canasta está desactualizada y subestima el coste real de la vida.

“Hay una ficción estadística en valores”

Agustín Salvia, jefe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA (Universidad Cátolica Argentina) señala a elDiario.es que la pobreza en Argentina ha disminuido, pero la medición es problemática debido a cambios en la metodología y en la composición del gasto de los hogares. “Hay una ficción estadística en los valores. Los números que se generan en términos de la estadística de pobreza tienen problemas de medición, es decir, cambiaron las condiciones de la medición y arrastra un vicio metodológico de los últimos dos años que hace que no sean comparables los valores de hoy con los valores anteriores al 2024”.

Salvia recuerda que a fines de 2023 y principios de 2024 hubo importantes recortes de parte del Gobierno ultraderechista. “Hubo ajuste, liberalización de precios, reducción del gasto público. ¿Cayó la pobreza con respecto al año donde hubo ajuste libertario? Sí. La caída de la inflación post ajuste que generó el gobierno libertario hasta donde hemos llegado, ha producido que el valor de la canasta básica alimentaria esté por debajo del resto de los precios. Si se actualizara la canasta con datos más recientes, el umbral de pobreza para una familia tipo se ubicaría cerca de los 2 millones de pesos (1250 euros). No son comparables con un mismo patrón los consumos que tenés ahora en un hogar con respecto a antes de la política de liberalización de precios”.

Desde comienzos de 2024, el relevamiento oficial incorpora ingresos no laborales como son los programas sociales Asignación Universal por Hijo o la Tarjeta Alimentar. Esa modificación, técnicamente válida, introduce un quiebre en la comparabilidad histórica: si esos ingresos hubieran sido considerados en períodos anteriores, los niveles de pobreza también habrían resultado más bajos, advierten los investigadores. Al mismo tiempo, esas transferencias explican en buena medida la reducción de la pobreza extrema de 6,9% del primer semestre de 2025 a 6,3% en el segundo semestre, aun en un escenario de caída del empleo y deterioro salarial.

Según el dato oficial, entre el segundo semestre de 2023 y el primer semestre de 2024, la pobreza pasó de 41,7% a 52%, y luego cayó al 31,6% en el primer semestre de 2025 y a 28,2% en el segundo semestre. El indicador baja casi 25 puntos desde el gran pico generado por la megadevaluación al inicio del Gobierno de Milei. El Gobierno ultra suele afirmar que la pobreza bajó desde el 52,9%, pero ese valor corresponde al primer semestre de 2024 de su administración.

El informe del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) destaca tres mecanismos que distorsionan la medición del INDEC: desfasaje entre ingresos y valorización de las canastas, cambios en el subreporte de ingresos en la Encuesta Permanente de Hogares y patrones de consumo desactualizados“. Señala que con ajustes a la metodología, ”entre el segundo semestre de 2023 y el primer semestre de 2025 la pobreza no habría caído 10 puntos porcentuales como indican las estadísticas oficiales, sino apenas 1,7 puntos porcentuales“.

Juan Graña, economista e investigador del Conicet, acuerda con el informe de CEDLAS y afirma que La Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que es con la que se mide los ingresos para las estimaciones de pobreza, está mostrando una evolución de los ingresos distinta, mucho más acelerada y positiva que otros indicadores del sistema estadístico nacional. “El ingreso que figura en la EPH es lo que contestan las personas; cuando hay mucha inflación, ese dato puede perder precisión. Se olvidan de cuánto cobraron el mes pasado, sobre todo en ingresos que no son asalariados estables, y, entonces, eso pierde calidad. Aparece una mejora de los ingresos más rápida de la que es realmente y, por ende, una baja de la de la pobreza más rápida. Hay un ruido estadístico”.

Los ingresos reportados en la EPH se confrontan con los registros administrativos disponibles (salarios públicos, formales privados, beneficios sociales, jubilaciones y pensiones). El informe del CEDLAS explica que “la comparación de los ingresos de distintas fuentes que se capturan en la EPH con los que capturan los registros administrativos correspondientes parece indicar un patrón general: entre 2017 y comienzos de 2024 la tendencia de la serie era hacia un crecimiento en el subreporte, los individuos y hogares reportaban cada vez una menor proporción de sus ingresos reales”.

“No refleja la realidad económica de la población”

En esa línea, Graña afirma a elDiario.es que el sistema estadístico está desactualizado en un contexto de devaluaciones, cambios del precio del dólar e inflación alta, que el dato oficial ubica en 3% mensual. “La metodología del INDEC para medir la pobreza presenta problemas significativos, especialmente en un contexto económico volátil como el argentino. Aunque no hay manipulación de datos, la calidad de las encuestas y la desactualización de indicadores generan distorsiones en los resultados. La pobreza podría haber disminuido, pero no de la magnitud que se reporta oficialmente; la mejora es marginal y no refleja la realidad económica de la población”.

De su lado, Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), señala a este medio que desde hace un año y medio que vienen sosteniendo que la pobreza está mal medida y coincide con sus colegas de la UCA y CEDLAS. “Hay una especie de abuso metodológico. ¿Por qué? Porque, a sabiendas de que distorsiona la realidad, se continúa utilizando patrones de consumo desactualizados para valorizar la línea de pobreza. Hay tres aspectos clave que afectan la medición: que se subestime el gasto en servicios en la canasta de consumos; la modificación en las preguntas sobre ingresos no laborales (antes no se preguntaba si se cobraba un programa social) y el tratamiento de ingresos laborales de los trabajadores no registrados, que según el INDEC le ganaron a la inflación por 30 puntos, lo que no tiene ningún sentido.”

La inflación sube por décimo mes consecutivo

Letcher agrega otro elemento estadístico: la inflación. “La medición de la pobreza en Argentina es cuestionable, somos muchos los que discutimos cuál es efectivamente la evolución de la pobreza. La inflación también se calcula con la Encuesta Nacional de los Hogares (Engho). Ahí hay un problema de fondo que explotó cuando el Gobierno de Milei decidió no actualizar el IPC (Índice de Precios al Consumidor) que estaba listo desde hacía dos años”.

El IPC se calcula en función a una canasta de bienes y servicios relevada en la encuesta Engho 2004-2005. Los patrones de consumo tuvieron fuertes modificaciones desde entonces. En febrero renunció Marco Lavagna, el jefe de estadísticas del INDEC, ante las trabas que puso el Ejecutivo ultra para actualizar la metodología.

El FMI siempre está

Este martes el INDEC dio a conocer que la inflación de marzo fue de 3,4 %, la más alta del año. De esta manera, el IPC aumentó 32,6% interanual y hace 10 meses consecutivos que no baja, lo que resulta en un mal dato para un gobierno cuyo único logro palpable había sido frenar la inflación. El dato confirma el escenario de pérdida del poder adquisitivo y que los salarios no le ganaron en marzo a la inflación, advierten voces expertas. El Fondo Monetario Internacional esta semana aprobó la segunda revisión del acuerdo con Argentina y habilitó un desembolso de 1.000 millones de dólares como un gesto en medio de la fragilidad económica. El Fondo debió reformular su pronóstico: en enero había proyectado una inflación anual del 16% y ahora la ubica por encima del 30%.

Argentina registra un deterioro en otros indicadores socio-económcos: crece el desempleo y los salarios no logran ganar a la inflación. La desocupación alcanzó el 7,5 % hacia fines de 2025; desde fines de 2023 se perdieron alrededor de 200.000 puestos de trabajo registrados y cerraron 22.000 empresas con impacto fuerte en el sector industrial y la construcción.

La protección estratégica del agua se encuentra, a partir de ahora, en entredicho en Argentina, bajo un Gobierno que ha cedido a las demandas de las grandes mineras. La Libertad Avanza, liderada por Javier Milei, y sus aliados aprobaron en la madrugada del jueves en el Congreso la modificación de la Ley de Glaciares, la cual redefine el alcance de las zonas periglaciares con el fin de permitir el avance de proyectos extractivistas.

La reforma a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, sancionada en 2010, establece un cambio clave: deja de proteger a todos los glaciares y zonas periglaciares como “reservas estratégicas” para amparar únicamente a aquellos que acrediten un “aporte hídrico relevante y comprobable” a las cuencas.

Con el acompañamiento de sus principales aliados y de los gobernadores de las provincias mineras (Salta, Jujuy, Catamarca, Mendoza y San Juan), La Libertad Avanza cedió al lobby de las corporaciones mineras, según denunciaron la oposición de izquierda y el peronismo. La iniciativa avanzó a pesar del fuerte rechazo de agrupaciones ambientalistas y especialistas, que durante los últimos días se han movilizado a través de protestas por todo el país. “El agua no se vende” o “El agua vale más que el oro” eran algunas de las proclamas que se podían leer en los carteles de los manifestantes.

La medida flexibiliza las condiciones para el desarrollo de explotaciones de recursos: muchas formaciones de hielo menores quedarían fuera de la tutela legal. Asimismo, quedaría sin efecto la prohibición de actividades que puedan afectar la condición natural de áreas consideradas reservas estratégicas de recursos hídricos, vitales para el consumo humano, la biodiversidad y el equilibrio climático.

“Se busca avanzar con la megaminería”

Lihuen Antonelli, socióloga especializada en temas ambientales señala a elDiario.es que la Ley de Glaciares de 2010 establecía la responsabilidad de la Nación de estipular reglas generales en todo el territorio para garantizar el derecho a un ambiente sano. “Eso ahora cambia y es regresivo: será la autoridad competente de cada provincia la que decida si un glaciar tiene relevancia hídrica o no y, por lo tanto, si debe protegerse, más allá de lo que dicte el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), dependiente del Conicet. En realidad, se busca avanzar con la megaminería del cobre y del litio sobre territorio periglaciar”.

En concreto, la experta señala que, aunque solemos pensar en glaciares descubiertos como el Perito Moreno -el más famoso ubicado en el sur del país-, el conflicto reside en los glaciares rocosos (hielo mezclado con roca) distribuidos en la Cordillera de los Andes. “El glaciar de escombros es el que buscan, porque allí existen minerales y proyectos concretos para avanzar. Uno es Pascua Lama en San Juan, además de la ampliación de la mina Veladero, donde opera Barrick Gold, que ya se encuentra en territorio periglaciar. Los ríos reciben buena parte de su caudal de estos glaciares sobre todo en épocas de sequía; si se afecta la zona, se impactará el agua de las provincias vecinas”.

El debate trascendió el hemiciclo y estuvo marcado por la polémica en torno a la audiencia pública. En lo que se denunció como una violación al espíritu del Acuerdo de Escazú y a la Ley General del Ambiente —que exigen participación ciudadana y debates transparentes—, de las 106.000 personas inscriptas, solo 113 pudieron exponer de manera presencial y 98 de forma virtual.

El presidente de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente, el oficialista José Peluc, calificó la audiencia de “histórica”. Por el contrario, la diputada de Unión por la Patria, Sabrina Selva, la definió como una “farsa” y denunció el lobby minero al resaltar que la modificación “no es aclaratoria, porque la ley actual no tiene vacíos legales”. En este sentido, recordó que la norma fue ratificada en su constitucionalidad por la Corte Suprema.

“El objetivo es controlar el agua”

Desde la izquierda, la diputada por la provincia de Jujuy, Natalia Morales, sostiene a elDiario.es que esta reforma representa un desembarco de las transnacionales en el control del agua. “Esta iniciativa da luz verde a corporaciones como Barrick Gold, Glencore o Rio Tinto. Son cambios a pedido de las corporaciones y del propio imperialismo estadounidense. El objetivo es controlar el agua en Latinoamérica y quitar obstáculos legales para agilizar el saqueo. Jujuy ha sido un laboratorio con la reforma constitucional provincial que entregó el recurso a las mineras”.

Esta iniciativa es un capítulo de una secuencia más amplia: el Gobierno ultraderechista aprobó en 2024 el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que otorga beneficios fiscales y aduaneros excepcionales a las grandes corporaciones, y por el contrario, perjudica a las empresas nacionales -continúa vigente a través de un decreto presidencial-.

Desde la oposición y las organizaciones ambientales anticipan presentaciones judiciales para frenar este retroceso. Ya se ha denunciado al secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, por conflicto de intereses, dado que anteriormente asesoraba a las mismas empresas beneficiadas.

Mientras un grupo de docentes y estudiantes convocados por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires asiste a una clase pública en la calle, a poca distancia del apartamento de la calle Miró donde vive Manuel Adorni, el jefe de Gabinete del presidente Javier Milei no puede justificar su cambio notorio de nivel de vida lujoso y enfrenta una investigación judicial por enriquecimiento ilícito.

Paradójicamente, el alto funcionario es quien debe aplicar la Ley de Financiamiento Educativo Universitario y Recomposición del Salario Docente. Más aún, la Justicia federal ha retificado este martes el fallo que obliga al Ejecutivo a cumplir con dicha normativa.

De un lado de la calle están los docentes y alumnos de distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires participando en la clase abierta; del otro, una hilera de policías que impiden a cualquier transeúnte poder acercarse al edificio donde vive Adorni y del que se marchó a las 09.00 de la mañana sin hacer declaraciones. El funcionario vive a tan solo 100 metros de la Facultad de Filosofía y Letras en el barrio Caballito de la capital.

Adorni adquirió el apartamento de la calle Miró en noviembre de 2025, apenas dos semanas después de ascender de portavoz presidencial a la Jefatura de Gabinete. Ese inmueble más otras viviendas están en la mira judicial, así como el viaje en vuelo privado que hiciera Adorni con su familia en el feriado de carnaval y los excesivos gastos de tarjetas de crédito. La esposa de Adorni, Bettina Angeletti, fue incluida en el avión presidencial cuando la comitiva viajó a Nueva York recientemente.

El fiscal Gerardo Pollicita le pidió al juez federal Ariel Lijo que disponga una serie de medidas probatorias sobre las propiedades y también los viajes, y el magistrado resolvió el lunes delegarle la causa al fiscal, que puso en marcha las medidas.

Sentado en uno de los pupitres al aire libre, Axel Piñeiro, estudiante de Filosofía, señala a elDiario.es que cada vez más profesores están teniendo que dejar la universidad pública por su situación salarial. “Hay docentes que se van porque no llegan a fin de mes. Esta ley se votó varias veces en el Congreso y el Gobierno no la aplica. Después nos venimos a enterar de que Adorni vive a la vuelta de nuestra facultad, que gasta para ir a Punta del Este el equivalente a 18 salarios docentes. Es una barbaridad”.

Los salarios cayeron un 43% desde que Milei llegó a la presidencia a fines de 2023 y un docente del sector púbico que imparte 10 horas de clase semanales gana unos 188 euros. Un profesor titular de cátedra con varios cursos y antigüedad cobra menos de 2.000 euros.

El apartamento en el que vive Adorni, de 200 metros cuadrados, con cochera, fue escriturado por el funcionario en 230.000 dólares (200.000 euros). De por sí, una propiedad en esta zona de Caballito ronda los 2.000 euros el metro cuadrado, no 1.000, según expertos inmobiliarios. La forma en que se financió la adquisición del inmueble es aún más llamativa: el 87% del dinero fue prestado por dos mujeres que, según dijeron al periódico La Nación, parecen desconocer quién es Adorni o que le hayan prestado dinero con una hipoteca.

Lucas Falcón, estudiante de Psicología, señala sobre esta clase abierta de protesta: “Esto es una toma de conciencia de lo que está pasando, un golpe para Adorni. Seguramente él no esté acá. Muestra lo que es Argentina ahora: no hay plata para los estudiantes y los jubilados ni para los discapacitados, según el presidente, pero sus ministros la despilfarran”.

Antes de asumir el cargo de vocero, Adorni y su esposa, Bettina, vivían en un apartamento en Parque Chacabuco (de 115 metros cuadrados). Él declaró otro a nombre suyo en La Plata (de 107 metros cuadrados), que tenía desde 2016. En los registros figura otra propiedad a nombre de su esposa en Parque Avellaneda. En su declaración jurada incluyó un Renault Captur de 2019 y un Jeep Compass Sport de 2021 que compró en 2024; depósitos en el país por 180.000 pesos (112 euros) y en el exterior por 9 millones de pesos (5.600 euros). Fondos de inversión: 10.000.000 de pesos (6.200 euros). Y ahorros cerca de 43.000 euros.

Las dos propiedades que Adorni no incluyó en su declaración patrimonial de 2025 son el apartamento de Miró y una casa en el country Indio Cuá en Exaltación de la Cruz, de al menos 260.000 euros.

A esto se suman el pago de pasajes, como el de su esposa de regreso desde Nueva York, por unos 5.000 dólares, y los 9.000 dólares de vuelo privado a Punta del Este, Uruguay. Sobre el asunto, el funcionario declaró: “Con mi plata hago lo que quiero”. Sin embargo, un broker de vuelos, el piloto Agustín Issin Hansen y su secretaria, Vanesa Tossi, afirmaron que los viajes a Uruguay los pagó el presentador de la TV Pública Marcelo Grandio, amigo de Adorni que tiene contratos con el Estado.

Según distintas informaciones, habría que agregar gastos siderales en tarjetas de crédito suyas y de su esposa, que la diputada Marcela Pagano calculó en unos 10.000 euros mensuales. Pagano, quien se escindió del oficialismo, ya presentó varias denuncias sobre los bienes de Adorni. En la última, pidió que se investigue si le pertenece una casa residencial en San Isidro, provincia de Buenos Aires.

El docente Guido Clape, que imparte Macroeconomía en la Facultad de Economía, participa de la clase abierta. “La voy a hacer fácil para que Adorni entienda”, dice y agrega: “Es muy fuerte el contraste entre un tipo que lleva una vida como la que lleva este funcionario y la situación calamitosa a la que estamos sujetos los docentes. Un salario con 10 horas semanales es de 300.000 pesos (188 euros). Hay muchos compañeros que están trabajando en aplicaciones como Rappi o Uber”.

En medio de las medidas de fuerza en las facultades por reclamos de aumentos salariales y de presupuesto, la Justicia ha fallado este martes a favor de las universidades públicas que pidieron la implementación de la ley que fue aprobada por el Congreso en septiembre del año pasado. Así, la Cámara de lo Contencioso Administrativo Federal le asesta un duro revés al Ejecutivo de Milei al rechazar la apelación que había presentado para frenar la normativa.

Bajo las consignas “que digan dónde están”, en referencia a los 30.000 desaparecidos, y “nunca más”, cientos de miles de personas han marchado este martes hacia la emblemática Plaza de Mayo de Buenos Aires. Una marea de carteles con fotos de desaparecidos y pañuelos blancos superó el amplio recorrido desde la céntrica avenida 9 de julio y las calles adyacentes. “Ole olé, olé olá, como a los nazis, les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”, gritó la multitud a 50 años del inicio del golpe de Estado cívico-militar. Al leer el documento en el escenario emplazado frente a la Casa Rosada, la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Elia Espen, insistió: “Nunca nos entregaron sus cuerpos: por eso exigimos ¡que digan dónde están!”.

Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo encabezaron la marcha en continuidad con una tradición iniciada durante la dictadura, cuando comenzaron a reunirse para reclamar en esta plaza por el paradero de sus hijos. Los organismos de derechos humanos hicieron la propuesta de que cada persona que fuera a la marcha llevara un cartel con la foto de un desaparecido, su nombre y la frase: “Que digan dónde están”. “A 50 años del golpe genocida, estamos juntos nuevamente en esta histórica Plaza, y en todas las plazas del país, con profunda convicción, para reafirmar que la memoria se defiende luchando y porque sabemos que es necesario unir las luchas para fortalecerlas en tiempos difíciles. ¡Son 30.000! Fue y es genocidio. ¡No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos!”, manifestó la Madre Elia.

Laura Leito, de 60 años, llevaba dos fotos. “Cada uno de ellos vive en nosotros y cualquiera de nosotros levanta sus banderas luchando por la memoria”, dijo la mujer, que tenía 15 años cuando empezó ese capítulo oscuro en la historia argentina. Vino desde la provincia de Neuquén, al sur del país. “En Neuquén se murieron las últimas dos Madres de Plaza de Mayo que quedaban. Vine porque quería pisar esta plaza”, indicó.

Un desfile de ciudadanos de a pie, estudiantes, familias con niños pequeños, y militantes de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas y centrales sindicales se pudo ver desde el mediodía hasta la tarde, cuando ya era imposible querer avanzar.

Con la foto de su vecino Pablo Musso, que está desaparecido, Graciela Gatorna se emocionó al contar que lloró mientras armaba el cartel: “Es la primera vez que llevo una foto porque nunca me atreví, no sentía que me correspondía. Pero esta vez sí e inmediatamente me acordé de Pablo. Hoy más que nunca tenemos que demostrar que estamos a favor de la democracia frente a un gobierno cruel”.

Revisionismo de extrema derecha

El Gobierno ultraderechista de Javier Milei difundió un largo video que intenta reinstalar la teoría de los dos demonios, al equiparar la violencia del terrorismo Estado con la de las organizaciones armadas de los años setenta. Haciéndose eco de los viejos argumentos de los ejecutores del golpe que inició la dictadura cívico-militar, la grabación tergiversa las políticas de enjuiciamiento a los genocidas, acusa a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner de “imponer” una “visión sesgada y revanchista” de la historia a través de un “fatal experimento narrativo”. El Ejecutivo también ha retirado financiación a las políticas públicas de memoria, verdad y justicia.

El golpe de Estado de 1976 derrocó a Isabel Perón e instauró una dictadura que gobernó hasta 1983 y llevó a cabo desapariciones, torturas y robos de bebés. El gobierno niega las cifra de 30.000 desaparecidos y postula que fueron menos de 9.000. En el spot que difundió aparece el testimonio de la nieta recuperada 127, cuya identidad fue restituida gracias a la búsqueda de los organismos de derechos humanos, la labor judicial y el Banco Genético de Abuelas de Plaza de Mayo. Se trata de Míriam Poblete, hija de Carlos Poblete y María del Carmen Moyano quienes continúan desaparecidos.

Esta nieta retoma el discurso de sus apropiadores y recomienda “contar la historia verdadera”. Míriam nació en el centro clandestino de detención en la Escuela de Mecánica de la Armada y recuperó su identidad el 27 de diciembre del 2017. Como cuenta en el vídeo, quiso dejarse el apellido Fernández. Armando Osvaldo Fernández, expolicía, fue condenado por la apropiación de Míriam, que se sumó a otras cuatro condenas por las que había recibido prisión perpetua y 20 años de prisión. Hoy cumple prisión domiciliaria.

Pablo Dell'Aquila, de 51 años, lleva una remera con el dibujo del pañuelo de las Madres, está junto a su hijo y su mujer, como cada 24 de marzo. Vio el mensaje del Gobierno y sobre el testimonio de la nieta recuperada señala: “Ella seguramente creció en una casa donde le brindaron amor, pero también vivió en una mentira. Hay que respetar su opinión porque es una víctima. Habrá nietos que por ahí no quieren buscar por miedo a qué encuentran. Me imagino que debe representar un miedo muy grande saber que la familia que amas tanto no es tu familia de origen y te mintieron durante muchos años”.

El reclamo de memoria, verdad y justicia se hizo oír en las calles frente al negacionismo oficial. Una enorme bandera se desplegó durante ocho cuadras con bordados que se hicieron en encuentros en todo el país. Se veían pañuelos con dibujos, bordados, y carteles como “Señores jueces: Nunca Más”, la frase histórica del fiscal Julio César Strassera en el juicio a las juntas de la dictadura.

En la marcha participó Luyara Franco, hija de Marielle Franco, la concejala socialista asesinada en Brasil y cuyo caso se convirtió en una bandera de la izquierda brasileña. “Es muy sentido para mí estar aquí, porque sé y comparto el sentimiento de la gente que pasa por un proceso de violencia, de dolor, y de lucha incansable por la justicia. Conocí al hijo de Norita y a su nieta” --dice sobre Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo que murió en 2024 –ella que fue una firme defensora de la memoria de mi madre“.

En este 50º aniversario también se vieron banderas uruguayas; el recuerdo del Plan Cóndor es parte de esta historia: fue la coordinación de los servicios de seguridad de las dictaduras de Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay y Bolivia para llegar más lejos con los tentáculos de la represión a los políticos y organizaciones opositoras.

Pasados 50 años del golpe de Estado en Argentina, el “Nunca Más” que la ciudadanía argentina entonó contra el terrorismo de Estado vuelve a emerger frente a la embestida negacionista de Javier Milei. La ONU advierte de un “retroceso alarmante” en los más de dos años de gobierno ultraderechista, que ha apostado por el desmantelamiento de las políticas de Estado en favor de la memoria, la verdad y la justicia.

Para el 24 de marzo, quincuagésimo aniversario exacto del golpe cívico-militar, está prevista una gran manifestación rumbo a la Plaza de Mayo en Buenos Aires que se replicará en las principales ciudades del país. Bajo la consigna histórica de los organismos de derechos humanos, “que digan dónde están los 30.000 desaparecidos”, la convocatoria invita a llevar un pañuelo blanco intervenido con dibujos, frases o bordados o la imagen de un algún detenido-desaparecido colgando del pecho.

Milei encabeza un Ejecutivo que cuestiona la existencia de un plan sistemático de tortura, desaparición forzada y robo de bebés. Además, niega la cifra de 30.000 desaparecidos y solo reconoce a los 8.961 incluidos en el informe del Nunca Más realizado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas en 1984.

Para este aniversario redondo, el Gobierno prepara un mensaje en redes sociales que busca instalar la idea de una “reconciliación” forzada, utilizando testimonios que igualan las violencias y pregonan el olvido sobre la memoria. Es la misma lógica que en 2024 sentó frente a la cámara a “Tata” Yofre, extitular de la Secretaría de Inteligencia del gobierno de Carlos Menem (1989-1999), quien puso en primer plano la lucha armada y borró de un plumazo el terrorismo de Estado. Agustín Laje, un referente intelectual y agitador de la ultraderecha, fue quien grabó el año pasado el video institucional en el que intentó reducir la dictadura a una “profundización” del gobierno peronista previo.

Contra la memoria, la verdad y la justicia

Alan Iud, secretario ejecutivo del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y excoordinador del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo, señala a elDiario.es que “hay una fuerte avanzada del Gobierno contra los tres pilares de la política de memoria, verdad y justicia” en Argentina. “Se han dejado de financiar los sitios de memoria y desarticulado los programas de educación y memoria, como el Archivo Nacional por la Memoria y los programas de reparación de las víctimas”, advierte.

Por lo que se refiere a la cuestión de la verdad, el discurso oficial trata de imponer una visión desautorizada completamente por los tribunales y el derecho internacional, según el abogado. “El Ejecutivo va más allá de la teoría de los dos demonios (que equipara la violencia de los movimientos armados con la del Estado). Cuando plantea una 'memoria completa', retorna a una justificación del terrorismo de Estado. La vicepresidenta Victoria Villarruel, que ha hecho su carrera de abogada defendiendo a genocidas, reivindica el accionar represivo”, recrimina.

Sin embargo, frente al relato de la impunidad, los datos de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH) devuelven una realidad contundente: desde la reapertura de los juicios en 2006 han sido condenadas 1.231 personas. Con 12 procesos en marcha y un millar de represores bajo investigación, el proceso de verdad y justicia se mantiene en pie pese a los intentos de clausura administrativa. Los juicios avanzan, aunque a un ritmo lento y pese a la falta de apoyo del Ejecutivo, de acuerdo con las voces expertas consultadas.

El Ejecutivo va más allá de la teoría de los dos demonios [que equipara la violencia de los movimientos armados con la del Estado]. Cuando plantea una 'memoria completa', retorna a una justificación del terrorismo de Estado

Alan Iud — Secretario ejecutivo del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura

Una cuestión que tener en cuenta es que 2025 fue el año con la mayor cantidad de absoluciones desde la reanudación de los juicios de lesa humanidad. Siempre ha habido más condenados que absueltos. El año pasado, por ejemplo, hubo 20 condenados y 12 absueltos. El 83% de los condenados y 90% de los procesados permanecen en arresto domiciliario.

Desde 2016, y sobre todo en los últimos tiempos, la prisión domiciliaria es casi la norma para detener a las personas investigadas y condenadas por crímenes de lesa humanidad. Solo 19 represores purgan sus condenas en cárceles comunes y 62 en la unidad 34 de Campo de Mayo, dentro de la jurisdicción militar, que cuenta con medidas más flexibles.

Argentina, que se consolidó como referente mundial en persecución de crímenes de Estado gracias al Juicio a las Juntas (el proceso que en 1985 llevó al banquillo de acusados a los integrantes de las primeras tres juntas militares de la dictadura), el Banco Nacional de Datos Genéticos y el incansable trabajo de las Abuelas con la recuperación de 140 nietos, se enfrenta a una estocada oficial. En noviembre pasado, el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, llevó la visión negacionista hasta los estrados de la ONU. Tras reducir el organismo a una tercera parte de su tamaño, dejó el cargo en diciembre.

La alerta internacional

La degradación institucional no ha pasado inadvertida para la comunidad internacional. Relatores especiales de la ONU lanzaron una advertencia tajante sobre el “rápido deterioro” del liderazgo argentino en la materia. Expertos de Naciones Unidas señalaron en un comunicado que el desmantelamiento de las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos, la reducción de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y el vaciamiento de los sitios de memoria —incluida la antigua Escuela de Mecánica de la Armada, centro clandestino de tortura institucional— constituyen una violación de los derechos humanos y un intento peligroso de reescribir el pasado.

Haber encontrado restos de personas abre la posibilidad de poder identificar a seres humanos que tuvieron una historia de vida y que tienen una familia que todavía los está buscando 50 años después del Golpe Militar

Silvina Turner — Equipo Argentino de Antropología Forense

Al desarmar los equipos de investigación de archivos de las Fuerzas Armadas y eliminar cuerpos de peritos, el Gobierno concede, por la vía de hecho, las reclamaciones históricas de los represores. Casi un año después de que se anunciara que se iban a desclasificar archivos de inteligencia, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) hizo una desclasificación parcial de documentación vinculada al período 1973-1983.

Al respecto, Iud señala: “No son sustantivos, son 26 documentos desclasificados. En el Gobierno de Cristina Fernández se había desclasificado un grupo de documentos, se les quitó categoría de reserva y el Gobierno de Alberto Fernández empezó con el trabajo de estudio. Siempre que se desclasifica, se requiere un trabajo de análisis y de nuevos recursos. El Ejecutivo debe contribuir a aportar archivos y no lo facilita”, critica.

Pese a la estrategia del partido gobernante, La Libertad Avanza, la verdad sigue asomando. El reconocido Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), logró identificar la semana pasada a 12 personas que estuvieron secuestradas en el campo de concentración de La Perla, en la provincia de Córdoba, y que estaban desaparecidas. Como dice a elDiario.es Silvina Turner, investigadora del EAAF, “el hecho de haber encontrado restos de personas abre la posibilidad de poder identificar a seres humanos que tuvieron una historia de vida y que tienen una familia que todavía los está buscando 50 años después del Golpe Militar”.

Con todo, la sociedad civil se prepara para recordar que la memoria no es una página que se dobla por decreto, sino un tejido que se defiende, una vez más, en las calles. Y lo ha comenzado con una vigilia frente a la Casa Rosada en la víspera al aniversario.

Taty Almeida es una mujer amorosa y de voz potente, pero sobre todo es un emblema de luchadora en Argentina por los desaparecidos de la dictadura. La Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, de 95 años, recibe a elDiario.es en su departamento del barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, en la antesala de la conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado cívico-militar. “Y eclesiástico”, agrega.

“A pesar de los bastones y las sillas de ruedas, ‘las locas’ seguimos de pie”, afirma sentada en el sillón del salón y apuntando con un dedo la silla de ruedas que usa desde hace dos años. Ya no viaja a España, donde vive Jorge, uno de sus tres hijos. Taty señala la última foto que tiene con los tres: Fabiana, Jorge y Alejandro: “Yo había vuelto de un viaje y nos juntamos el 8 de junio de 1975. Es la última foto con Alejandro, porque lo desaparecieron el día 17”.

Alejandro Almeida tenía 20 años cuando fue detenido y desaparecido. Era militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), una guerrilla que operó durante la década de los 70, pero su madre no lo supo hasta después de aquel 17 de junio.

Devota del Sagrado Corazón, Taty reza y no pierde las esperanzas de poder encontrar los restos de su hijo y poder abrazarlo. La canción de Silvio Rodríguez El unicornio azul hace vibrar lo que ella siente. Y el cantautor cubano se la dedicó en el último recital que dio en Buenos Aires.

Taty Almeida se indigna ante el negacionismo del Gobierno de Javier Milei y se imagina un “mano a mano” con la vicepresidenta Victoria Villarruel. “Le preguntaría: ‘¿Vos estás de acuerdo con que tus amiguitos hayan tirado vivas a nuestras tres madres, a las monjas francesas y a tantos de nuestros hijos?’”.[Las monjas Azuzena Villaflor, Esther Ballestrino y María Ponce fueron arrojadas vivas al mar en los llamados vuelos de la muerte].

En el salón se ven fotos de ella con el Papa Francisco, con Maradona, varios retratos y un poema de su hijo Alejandro que descubrió tras su desaparición y una sobrina enmarcó. Taty dice que tiene una familia maravillosa compuesta por seis nietos varones (cuatro de Fabiana y mellizos de Jorge) y cuatro bisnietos. Se le ilumina la cara cuando cuenta que su bisnieto Mateo, que está en primer año, le dijo: “Taty, sería para mí un orgullo que vengas a dar una charla sobre el 24 de marzo [fecha del golpe de Estado]”.

Usted ha dicho que Alejandro parió a Taty Almeida. ¿Puede contar por qué?

Yo era una gorila [antiperonista] tremenda. Toda mi familia [era] militar. Mi hermano, coronel; mi padre también era teniente coronel de caballería y murió joven. Él votó a Perón en el primer Gobierno. Un hogar muy especial, porque eran antiperonistas, pero nunca escuchamos “¡Viva el cáncer!” [lema de odio con el que sectores antiperonistas celebraban la enfermedad y muerte de Eva Perón]. Mis dos hermanas, hoy fallecidas, estuvieron casadas con dos oficiales de aeronáutica; los hermanos de mi exmarido, milicos, o sea, milicos por todas partes.

Cuando desaparecen a Alejandro, recurrí como loca a todos. A mi hermano Carlos, con el que era compinche, lo llamé a Goya (en la provincia de Corrientes), él era el jefe de ahí y no vino. Lamentablemente, nos distanciamos. Como le dije tiempo después: “Si vos te quedaste en el Ejército, por algo será”. Nunca más nos hablamos hasta que se enfermó de leucemia y lo fui a despedir antes de morir. Fue muy fuerte el encuentro con él.

De su hijo, ¿tuvo algún indicio de dónde estuvo secuestrado?

No, no, nada. Es por eso nuestra lucha. No sabemos dónde están enterrados, no tenemos dónde llevarles una flor. La verdad, que nos digan dónde están. Y después justicia legal, nunca justicia por mano propia. Alejandro vivía acá conmigo. Tenía 20 años. Estudiaba Medicina y trabajaba en el Instituto Geográfico Militar. El día que ya no volvió él no me dejó ningún mensaje, como hacía siempre. Y ahí en ese mueble encuentro una agenda de teléfono en donde en las últimas 24 hojas, había 24 poesías. No sabía que militaba y tampoco sabía que escribía poesía. Ahí empecé a conocer la otra faceta de Alejandro. Un canto a la amistad, al amor, a la injusticia, al repudio, y una poesía dedicada a mí, por si algo le pasaba; vaya si le pasó.

Este payaso que tenemos de presidente, con perdón de los payasos, niega que hubo 30.000 desaparecidos. Además, los insultos, las cosas que dice. Es un chupamedias de Donald Trump

Bueno, es una despedida. Él sabía que iba a morir. Los que terminaron de contarme cómo era Alejandro fueron dos muchachos. Con otra madre habíamos ido a invitar a una marcha contra la Ley de Punto Final a Ciudad Universitaria [de Buenos Aires]. Y me presenté y se acercaron dos muchachos, muy pálidos. Me abrazaron y lloraron, me decían: “Sos la madre de Alejandro. Alejandro sabía dónde vivíamos, y él no habló, Taty. Nos salvamos por él, pudimos exiliarnos”.

¿Cómo recuerda su acercamiento a Madres de Plaza de Mayo?

A mí me costó acercarme a Madres, porque yo decía: “Con el currículum militar que tengo, van a pensar que soy una espía. Fuimos con mi hija Fabiana y al entrar vimos en una pared muchas fotos y me di cuenta de que no era la única. Me atendió la madre con mayúscula, María Adela Gard de Antokoletz. María Adela buscaba a su hijo abogado, Daniel, que sigue desaparecido. Y me acuerdo que me preguntó: ”¿A quién te falta a vos? No importaba política, religión, y ahí yo hice mi catarsis. Hablé, lloré. Y en un momento le dije: “Ay, María Adela, qué estúpida he sido”. Y me dijo: “No, mi hijita, no digas eso”. Cada madre se acercó cuando fue su momento. Este es el tuyo, Taty“.

¿Cómo imagina que continuará el legado de las Madres?

Quedamos pocas Madres y Abuelas, pero la posta ya la hemos pasado. Y estamos tranquilas porque hay gente que realmente va a continuar con la memoria cuando ya no estemos nosotras. Esa posta de a poquito la pasamos, porque a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas seguimos de pie, querida.

Cuando mira hacia atrás a la mujer de 45 años que empezó a buscar a Alejandro, ya divorciada, la Taty de hoy, ¿qué piensa de aquélla?

Yo a esta altura, te imaginas, la cantidad de honoris causa que me han dado y en cada reconocimiento lo veo a Alejandro, que me dice: “Vieja, miren a esta gorilita de mierda, ¿en qué se transformó?”. Porque él me decía: “Está gorilita y, sin embargo, la quiero”. Ese es el cambio que hicimos todas las madres, ¿no? Dicen que somos heroicas, pero no, hicimos lo que cualquier madre hace por un hijo, en circunstancias muy especiales.

Si a una madre se le muere un hijo por una enfermedad, por lo menos lo está atendiendo hasta el último momento; lo puede despedir. En nuestro caso se los llevaron y ahí quedó

Sabemos lo que es llevar nueve meses en la panza a un hijo para que te lo arranquen de esa manera. La pérdida de un hijo no tiene cura, es una herida que no se cierra. Si a una madre se le muere un hijo por una enfermedad, por lo menos lo está atendiendo hasta el último momento; lo puede despedir. En nuestro caso se los llevaron y ahí quedó. Una de las cosas que yo le pido a Dios es que no me lleve sin antes por lo menos tocar los huesos de Alejandro. Y no pierdo la esperanza por el trabajo de los antropólogos forenses. ¿Viste ahora que identificaron a 12 desaparecidos en La Perla [centro de detención y exterminio en la provincia de Córdoba]? Imagínate, los antropólogos que identificaron al Che Guevara, así que más vale que sepan los muchachos.

¿Cuánto le afecta el negacionismo del Gobierno de Milei?

Este payaso que tenemos de presidente, con perdón de los payasos, niega que hubo 30.000 desaparecidos. Además, los insultos, las cosas que dice. Es un chupamedias de Donald Trump. Compadezco al que venga después de este, que sea un gobierno nacional y popular para sacar a flote la Argentina, porque la está destruyendo. La cantidad de fábricas cerradas, la cantidad de gente sin empleos.

En estos dos años de gobierno ha habido un desmantelamiento de las políticas de memoria. ¿Cómo pueden contrarrestarlo desde los organismos de derechos humanos?

Ahí está el tema, si ganó y de qué manera, algo se hizo mal. Por eso es tan importante la unidad, pero la unidad de palabra, no; con hechos. Realmente, con hechos, estar unidos; ya se sabe que un pueblo unido jamás será vencido. Para eso se necesita hablar con la gente, explicarle, no enojarse con los que lo votaron, hacerles razonar; hay mucho por hacer políticamente.. Es lo que, modestia aparte, hace una cuando va a los colegios, a todos lados.

La vicepresidenta Victoria Villarruel, bajo el eufemismo de “memoria completa·, busca equiparar las acciones del terrorismo de Estado con las de las organizaciones armadas. ¿Qué responde?

Ella es brava e inteligente, apoya a los milicos y la teoría de los dos demonios [que equipara la represión de la dictadura a las acciones de los guerrilleros]. Es inaceptable. Me gustaría tener un mano a mano con ella y preguntarle: “¿Vos estás de acuerdo con que tus amiguitos, o lo vas a negar, hayan tirado vivas a nuestras tres madres, a las monjas francesas y a tantos de nuestros hijos?”. Y negámelo, que tus amiguitos se apropiaron de los bebés, de las chicas que estaban presas políticas, las mantuvieron vivas, tuvieron familia, y a ellas las asesinaron. ¿Estás de acuerdo? ¿Vas a negarlo? ¿No viste el avión que está ahí en la exESMA [Escuela de Mecánica de la Armada, centro de detención y tortura] de uno de los vuelos de la muerte? Allá tienes a la prueba, ¿viste? A ver, ¿qué me diría?

A 50 años del golpe de Estado cívico-militar, ¿cómo vive esta fecha?

Golpe cívico-militar y eclesiástico. La complicidad eclesiástica fue espantosa, con excepciones, como monseñor Angelelli, el padre Mugica. Defender y apuntalar esta democracia nos costó mucho. Fuimos pioneros en los juicios a la Junta Militar. Esperemos que el 24 seamos muchos.

¿En algún momento dejó de creer en Dios?

No, siempre tuve fe. Cuando yo estuve con el Papa Francisco, yo le dije: yo no voy a misa, ni me confieso, ni nada. Pero la fe no la he perdido. Yo soy devota del Sagrado Corazón. Y en el umbral de la puerta tengo un cuadrito con él: lo reto, le rezo y le agradezco. Y Francisco me dijo que esa es la mejor manera para rezar.

Antes de terminar la entrevista, Taty Almeida dice que quiere contar el origen del pañuelo blanco de las Madres de Plaza de Mayo.

Todos los años hay una gran peregrinación a Luján, porque la Virgen de Luján es la patrona de Argentina, a la que van miles de personas, y va la jerarquía eclesiástica, que no nos contestaba. Entonces las madres dijimos: “Vamos para allá y ahí los abordamos, y a ver ahí si nos pueden decir algo”. Pero claro, ¿cómo nos encontramos? Una madre dijo que nos pusiéramos los pañales en la cabeza. Porque, para los jóvenes que sepan, antes no había pañales descartables, eran de tela y se lavaban. Así como esos pañales sirvieron para cuidarlos cuando eran bebés, después sirvieron para pedir por la vida de ellos. Y de ahí el origen del pañuelo blanco.

Tras décadas de búsqueda incansable y a días del 24 de marzo, cuando se cumplirán 50 años del inicio de la última dictadura en Argentina, la verdad vuelve a salir a la luz. El Juzgado Federal Número 3 de Córdoba, junto al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), reconocido en el mundo por su trabajo, ha dado a conocer los nombres de 12 detenidos-desaparecidos cuyos restos fueron hallados días atrás en el predio militar donde funcionó el centro clandestino de detención La Perla, en la provincia de Córdoba.

Frente al negacionismo que emana del Ejecutivo de Javier Milei, y la desfinanciación de políticas públicas de memoria desde que llegó al poder en diciembre de 2023, la labor de la Justicia, de los organismos de Derechos Humanos y del EAAF continúa abriendo caminos ante las lágrimas y los aplausos de los familiares. “Durante 50 años marchamos a pesar de que nos intentaron callar con indultos, (ley de) obediencia debida y negacionismo. Decirle al Estado que no se haga el distraído y siga dando los recursos”, dijo visiblemente emocionado al tomar la palabra Hipólito Atilio Valverde, hijo de Eduardo Valverde, abogado desaparecido el día del golpe de Estado: 24 de marzo de 1976.

A su turno, Elizabeth, hija de Raúl Oscar Ceballos señaló: “Tengo una enorme alegría de encontrar a mi papá, de poder darle un lugar que merece como persona. Les agradezco a todos por no bajar los brazos”. La conferencia de prensa se llevó a cabo este miércoles en el Juzgado Federal Número 3 con la participación del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, familiares de las víctimas, querellas y miembros de EAAF. También formaron parte de la jornada Carlos Vullo, director del laboratorio de genética forense, y Silvana Turner, a cargo de los trabajos en La Perla

En cada uno de los familiares se repitió el agradecimiento a la Justicia, a los antropólogos, a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, a la agrupación H.I.J.O.S. “Soy Elena Bustillo, hoja de Ramiro Sergio Bustillo. Estoy contenta de que mi papá pueda volver a su familia, salir de ese lugar de violencia y volver a un lugar amoroso. Les agradezco a los que desde hace 50 años luchan, especialmente al EAAF por poner la ciencia al servicio de la justicia. Es importante que la verdad salga a la luz frente al negacionismo”.

La Perla, lugar del horror

La Perla funcionó como centro clandestino de detención, tortura y exterminio entre 1976 y 1978 en la provincia de Córdoba. Entre 2200 y 2500 personas estuvieron secuestradas allí y la gran mayoría de las víctimas están desaparecidas, según investigaciones del Archivo Provincial de la Memoria. El lugar estuvo a cargo del exgeneral Luciano Benjamín Menéndez, uno de los represores más sanguinarios, que murió en 2018 acumulando tres condenas a cadena perpetua por 3000 casos de torturas, secuestros y asesinatos.

En Córdoba, la modalidad predominante para hacer desaparecer los cuerpos de las víctimas fueron los enterramientos de detenidos que fueron trasladados a un lugar de fusilamiento que se estima estaba a 20 o 30 minutos del centro de detención, según testimonios en la mega causa La Perla.

Entre septiembre y noviembre del año pasado, el EAAF junto al Servicio de Antropología Forense del Instituto Médico Forense del Poder Judicial de Córdoba trabajaron sobre la zona conocida como la Loma del Torito. Los antropólogos ya habían estado allí en 2004 a partir del testimonio de un trabajador rural que declaró ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) para señalar que él había visto camiones Mercedes-Benz que trasladaban secuestrados y que después escuchaba los estruendos de los disparos.

En las excavaciones se halló una pieza dental que sirvió para probar que las mellizas Adriana y Cecilia Carranza, que tenían 18 años, estuvieron secuestradas en La Perla. Al ser mellizas, por el momento no se pudo determinar a cuál de ellas corresponde el resto hallado. Su sobrina Marcela dijo en la conferencia: “Mis tías vivieron hasta los 18 años; nosotros estuvimos 50 años en pausa. El caso nuestro es complicado porque no sabemos si es una u otra y quizá no lo sepamos nunca”.

Además de Valverde, Ceballos, Bustillo y Carranza, fueron identificados José Brizuela, Carlos Alberto Nívoli, Carlos D´Ambra, Alejandro Monjeau, Elsa Mónica O´Kelly, Oscar Ramón Reyes, y Sergio Tissera. El juez Miguel Vaca Narvaja informó que una de las familias de los identificados pidió que su nombre no sea difundido.

“A los que los están buscando”

Silvana Turner, investigadora del EAAF a cargo de las labores en La Perla, sintetiza a elDiario.es lo que representa esta restitución de identidad para un equipo que en 40 años de historia logró identificar los restos de más de 800 personas que estaban desaparecidas. “Para nosotros estos resultados son importantes y profundamente movilizadores. El hecho de haber encontrado restos de personas desaparecidas es algo muy especial. Abre la posibilidad de poder identificar a seres humanos que tuvieron una historia, una vida y que tienen una familia que todavía los está buscando a 50 años de ocurrido el Golpe Militar”.

La estafa de la criptomoneda LIBRA, disparada a partir de un tuit de Javier Milei el 14 de febrero de 2025, tiene al presidente argentino contra las cuerdas. La causa hibernó en un juzgado federal de Buenos Aires durante un año, pero en el último mes han surgido pruebas que comprometen al mandatario ultraderechista como presunto artífice y benefactor de un fraude de decenas de millones de dólares.

La reciente filtración de un peritaje informático que el fiscal de la causa mantenía oculto ha cambiado la dinámica del procedimiento y tiene al Gobierno desconcertado. Una de las últimas pruebas, obtenida del teléfono móvil del lobista tecnológico Mauricio Novelli, es el borrador de un plan para pagar al mandatario cinco millones de dólares de forma escalonada en función de unas actuaciones pactadas con Milei y su hermana, Karina, secretaria general de la Presidencia.

También ha trascendido un frenesí de diálogos telefónicos minutos antes y después de aquella publicación de febrero del año pasado, además giros por importe de cientos de miles de dólares a billeteras electrónicas y transferencias bancarias ejecutadas por Novelli y sus socios a medida que se iba cumpliendo el plan.

La secuencia y los datos están constatados en el expediente y en un informe de una comisión de investigación de la Cámara de Diputados. El fiscal Eduardo Taiano y el juez Marcelo Martínez de Giorgi, ambos conocidos en el fuero criminal federal —similar a la Audiencia Nacional en España—, apenas hicieron avanzar la causa en el año transcurrido.

La criptomoneda desconocida

El empresario estadounidense Hayden Davis lanzó el token de LIBRA, una criptodivisa desconocida que pasó de valer 0,3 dólares a casi cinco tras el tuit de promoción de Milei. Minutos antes y después de la publicación, unos pocos operadores, supuestamente vinculados a Davis y su socio Novelli, compraron activos por decenas de millones de dólares. En poco más de una hora, el precio comenzó a desplomarse. Se estima que unos 40.000 inversores de todo el mundo cayeron en la trampa, y unas pocas decenas hicieron un gran negocio al retirarse a tiempo, con ganancias estimadas de hasta 200 millones de dólares.

En estos 13 meses se fueron conociendo pruebas de la trama, como las visitas del lobista Novelli a la Casa Rosada en 2024 o los tres encuentros de Davis con el presidente, así como los que tuvo el dirigente con el también lobista Manuel Terrones Godoy. En uno de los pocas actuaciones que realizó en la causa, el fiscal Taiano ordenó un peritaje del teléfono incautado a Novelli. El informe de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General detectó que Novelli había borrado todos sus intercambios con el presidente y sus socios en LIBRA, pero algunos mensajes y archivos temporales pudieron ser rescatados.

La filtración comenzó a divulgarse en medios críticos del Gobierno de ultraderecha, pero también en los diarios Clarín y La Nación. Además, el sitio La Justa reveló la semana pasada que la DATIP había rescatado un archivo con un borrador de un contrato entre Davis y Milei por “asesoramiento” en materia de blockchain —la tecnología de las criptomonedas— además de transferencias por cientos de miles de dólares. A partir de la divulgación, el fiscal Taiano lo incorporó al expediente y se abrió la caja de Pandora.

“Los chats muestran que Milei mintió”

El diputado del Partido Socialista Esteban Paulón, integrante de la Comisión de Diputados que conformaron opositores peronistas de izquierda y de centro, dice en declaraciones a elDiario.es que la revelación deja expuesto al mandatario. “Los chats de Novelli muestran que Milei mintió, que en todo momento tuvo conocimiento de toda la operatoria de LIBRA y que no es verdad que le pareció interesante y la compartió en sus redes [como el presidente había esgrimido]. Milei estaba al tanto de toda la operación. Las 200 llamadas telefónicas que aparecen en las 72 horas previas al lanzamiento de LIBRA y la explicación posterior evidencian que había una acción sumamente coordinada entre distintos actores: Milei, Noveli, Terrones Godoy, Hayden Davis y Karina Milei”, acusa.

El sitio El Destape localizó el sábado el archivo de donde se hablaba de los cinco millones de dólares. El documento, que Novelli borró del teléfono, pero del que se halló una copia de baja calidad generada por el propio aparato, es una anotación en la que su autor se comunica con sus socios y donde detalla lo que se supone es el inicio de un plan de pagos: 1,5 millones de dólares como adelanto, otros 1,5 millones por un tuit donde Milei anunciara a Davis como asesor y dos millones más tras la firma del contrato en persona junto a Karina Milei.

Gabinete de crisis con los estafadores

Al comparar el esquema con el comportamiento de Milei en sus redes se comprueba que, en efecto, este anunció la asesoría de Davis y que el presidente y los protagonistas de la trama cripto se sacaron fotos en Casa Rosada poco antes del mensaje de lanzamiento de la criptomoneda. Mensajes de Novelli y Davis los muestran celebrando la firma de un “deal”, que sería el contrato. Un periodista de Clarín publicó que vio ese contrato con la firma de Davis y Milei. Además, el estadounidense alardeó ante terceros en EEUU que controlaba a “ese nigga”, en referencia a Milei, porque le pagaba a su hermana.

De las anotaciones de Novelli se desprende que el propio lobista ejercía algún tipo de autoridad sobre Milei. En un momento, dice a sus amigos que tomaría el móvil del presidente argentino y tuitearía. Otro texto refleja indicaciones sobre cómo Milei debía retractarse en la misma noche del 14 de febrero, cuando el escándalo crecía y el grupo trataba de apagar las llamas. Milei se desdijo a medianoche de la recomendación de compra del criptoactivo fraudulento siguiendo precisamente esas indicaciones generales de Novelli.

Un dato clave que complica todavía más la posición del presidente argentino es que su tuit original contenía un código para acceder al contrato, que consiste en unos 40 caracteres con letras y números. En una entrevista, el presidente argentino dijo que su recomendación se debió a un impulso momentáneo por algo que había visto en redes. Sin embargo, el código no había aparecido en ningún lado.

Tres días después de ejecutarse la operación, Milei dio una entrevista a un canal de televisión de Clarín de la que trascendió —por un error al subir el contenido en bruto a Youtube— que un asesor había interrumpido el diálogo tras decir el presidente argentino algo inconveniente. Los archivos de Novelli reflejan también que él coordinó con Milei qué decir y qué ocultar en esa entrevista, según La Nación.

Un posible testaferro

Otro de los sucesos controvertidos fue la transferencia de un millón de dólares en activos digitales desde una cuenta atribuida a Davis a un jubilado de modestos medios. Con los datos conocidos ahora, crece la sospecha de que el destinatario real pudiese haber sido Milei o algún otro intermediario.

También ha salido a la luz una factura por 250.000 dólares del 5 de enero de 2025, 40 días antes del lanzamiento de LIBRA, firmada por Pía Novelli (hermana de Mauricio) a nombre de Kelsier Ventures, la empresa de Davis. Pía fue con su madre el primer día hábil después del lanzamiento de LIBRA a vaciar la caja de seguridad que su hermano había abierto 10 días antes.

El diputado Paulón sostiene que el borrador del acuerdo por cinco millones de dólares deberá modificar el curso de la causa. “Cuando ves el contrato que aparece en el celular de Novelli y lo cruzas con los pasos y las acciones que Milei llevó adelante, coinciden prácticamente con una sincronía increíble. Lo que ahora tiene que determinar la Justicia es si efectivamente ese pago se realizó”. Paulon añade que ha solicitado que se inicie un expediente disciplinario contra el fiscal Taiano “por las demoras en la causa”. Más aún:   legisladores de la oposición anunciaron que lanzarán una segunda comisión investigadora del caso $LIBRA y denunciarán a Taiano ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal por “entorpecer el pleno ejercicio de las facultades constitucionales del Congreso de la Nación”.

El Gobierno de Javier Milei, que se ufana de combatir la “casta política”, tiene por estas horas a su jefe de Gabinete en aprietos. Un Gobierno que ha estado salpicado por presuntas estafas como el Libragate y los sobreprecios en medicamentos. Los gastos personales de Manuel Adorni entran en conflicto con su función pública y con el relato de la austeridad. Adorni viajó esta semana a Nueva York en el avión presidencial junto a su esposa, Bettina Angeletti, que no es funcionaria pública, y la pareja se hospedó en el hotel cinco estrellas The Langham. Según reveló elDiarioAR, a mediados de febrero, Adorni y esposa también habían viajado en avión privado a Punta del Este, Uruguay, por un costo de 10.000 dólares.

Diez días atrás, el mandatario ultraderechista delegó en su jefe de ministros la sensible tarea de autorizar cada viaje oficial al exterior con el fin de “racionalizar recursos”. La revelación sobre Adorni contradice no solo ese pedido, también el decreto de agosto de 2024 que establecía que “las aeronaves públicas no podrán ser utilizadas en viajes particulares”. Esta semana, en el marco del “Argentina Week” impulsado por Milei para atraer inversiones a Argentina, una foto del medio Radio Jai que capturó a Adorni con Angeletti en Nueva York encendió las alertas.

El funcionario hizo un intento de explicación sobre el gasto no previsto y la presencia de su esposa en la aeronave pública. “Yo quería que mi mujer me acompañase”, dijo Adorni. “Vengo a deslomarme a Nueva York”. Rápidamente, “deslomarse” se volvió un meme en redes sociales.

Su esposa Angeletti se dedica al “couching ontológico” y supuestamente tenía actividades en La Gran Manzana. Al intentar desligarse de la sospecha del uso de fondos públicos, Adorni aseguró haber pagado de su bolsillo un pasaje de 5.438 dólares. La cifra, propia de una primera clase, choca de frente con su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. Además, el funcionario admitió que el término “deslomarse” fue equivocado. “Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un directo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores”, posteó en su cuenta de X.

A esto se suma la revelación sobre un viaje del matrimonio Adorni, dos miembros de su familia y el periodista de la Televisión Pública, Marcelo Grandio, en un avión privado a Punta del Este durante el feriado de carnaval y cuyo costo fue de 10.000 dólares, según informó Sebastián Lacunza en elDiarioAr, lo que echa más sombra al círculo cercano de Milei. Adorni se negó a responder sobre las minivacaciones en Uruguay porque dijo que es un asunto de su “vida privada”.

El que habló fue Grandio, y en entrevista con el canal La Nación + defendió a su amigo, pero cometió un error: “Yo no soy vocero de Manu (Adorni). Lo invité a mi casa (en Uruguay) , fuimos en un avión privado. Lo pagó él con plata del Estado, tengo la factura”, dijo, para luego aclarar que cada uno cubrió sus gastos.

El abogado Gregorio Dalbón y el diputado ocialista Esteban Paulón presentaron denuncias por malversación y abuso de autoridad. Paulón señala a elDiario.es que ya hizo pedidos de información pública sobre los gastos del viaje a Nueva York y explica su gestión en los tribunales federales. “Hoy estamos ingresando una denuncia penal junto a los diputados Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro, en la cual vamos a plantear dos aspectos. Uno vinculado a todo lo administrativo; esto es el viaje, la utilización de recursos públicos, y allí caben las figuras de peculado y abuso de autoridad, porque Adorni es el funcionario encargado de autorizar los viajes; por lo tanto, él mismo autorizó el viaje de su esposa. El tema de malversación de caudales públicos y la cuestión también de lo que tiene que ver con la violación de la ley de ética pública. Y el otro aspecto que vamos a indagar tiene que ver con un delito que está tipificado como dádivas a fin de indagar sobre quién pagó el viaje en un avión privado a Punta del Este”.

El diputado agrega otro elemento a investigar: el enriquecimiento ilícito. “Queremos conocer cómo un funcionario que en su declaración jurada tiene una participación modesta, plantea que vive exclusivamente de sus ingresos como funcionario y hasta noviembre ganaba dos millones y medio de pesos formal (unos 1430 dólares) y actualmente alrededor de cuatro millones y medio de pesos, cómo hace para poder sacar pasajes de cinco mil dólares o alquilar aviones de diez mil dólares ida y vuelta para pasar un fin de semana en Punta del Este”.

En medio de las denuncias presentadas ante la Justicia, Milei publicó un mensaje en su cuenta de “X” en el que transmitió su apoyo al jefe de Ministros. “Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido”, dijo el mandatario minimizando la inclusión de la mujer de Adorni en la comitiva presidencial. “Como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian...”, continuó y cerró con una escueta señal de apoyo: “ÁNIMO Manuel Adorni”.

En pocas semanas, Adorni deberá presentar ante el Congreso su primer informe como jefe de Gabinete. Ya se anticipa entretenido. Mientras tanto, los cuestionamientos también provinieron desde los resortes del poder actual. La vicepresidenta Victoria Villarruel, siempre lista para marcar una distancia estratégica con la Casa Rosada, lanzó una ironía: “El ajuste lo paga la política, jaja”, publicó la titular del Senado en su cuenta de Instagram junto con una fotografía del jefe de Gabinete. Incluso Guillermo Francos, el antecesor de Adorni, se permitió un gesto de austeridad retrospectiva para dejarlo solo en el centro del escándalo.

Adorni parece haber olvidado sus propios sermones de vocero presidencial. En agosto de 2024 señalaba el uso del avión presidencial por parte de la entonces primera dama, Fabiola Yáñez, sentenciando que “usar el Estado para beneficio personal es abuso de poder”. Muy lejos quedó la promesa de su jefe de terminar con la casta y la utilización de los bienes y servicios del Estado con fines privados.

Una multitud se desplaza por el centro de Buenos Aires contra la avanzada reaccionaria de Javier Milei. A Carla Labrador, camino a Plaza de Mayo desde Congreso, le sobran motivos para conmemorar el 8M. “El día que mataron a mi hija Candela morí con ella y renací. Nosotras sabemos que el femicidio existe y duele que este Gobierno lo niegue”, dice a elDiario.es en medio de la marcha por el Día Internacional de la Mujer y el paro feminista que se realiza este lunes 9 de marzo –por ser laborable–. Su hija hoy tendría 25 años. Candela Rodríguez fue asesinada a los 11 años en agosto de 2011.

Como Carla, hay otras madres de víctimas de violencia machista; también participan decenas de miles de jóvenes, jubiladas, militantes, referentes sindicales, de organizaciones sociales y familias enteras, en una convocatoria cuya consigna es la de unir luchas. Lo sintetiza el documento unitario en el que se denuncia la “masculinización obscena” de la política oficial y el intento de “borramiento” de las conquistas históricas.

“El Gobierno nos ha colocado como enemigas políticas porque el movimiento feminista y transfeminista es hoy una de las principales fuerzas de resistencia”, destaca el texto leído ante la marea violeta. El Observatorio 'Ahora Que Sí Nos Ven' reveló que entre el 1 de enero y el 27 de febrero del 2026 hubo 43 víctimas fatales de violencia machista en la Argentina, lo que significa un feminicidio cada 34 horas.

El país ha pasado de ser una referencia regional con leyes que amplían derechos a ser el único en 2024 que votó en contra de una resolución de la ONU para “prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas”. En foros internacionales como Davos, el presidente ultraderechista ha cuestionado sistemáticamente las bases estadísticas del feminismo y ha propuesto eliminar la figura del femicidio del Código Penal bajo el argumento de que “la vida de una mujer no vale más que la de un hombre”.

En el texto de la convocatoria se denuncia que en 2025 hubo 271 feminicidios y transfeminicidios “y que es una responsabilidad directa del Estado”. Mientras tanto, el Ejecutivo de Milei “niega la figura de femicidio y desmantela todas las herramientas jurídicas y políticas destinadas a su prevención”.

El Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU, alertó sobre el cierre y la degradación de instituciones, así como la reducción drástica del presupuesto destinado a prevenir la violencia de género en Argentina. En su informe, el organismo enumera la destrucción de políticas públicas y la reducción del presupuesto destinado a prevenir la violencia de género, garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva y sostener la Educación Sexual Integral y el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA).

Como una provocación, uno de los videos institucionales sobre el 8M que el Gobierno difundió en redes sociales mencionaba las “causas nobles convertidas en estafa” y hablaba de una igualdad que solo reside en la libertad de mercado.

En febrero de 2024 se llevó a cabo, por decreto, la desjerarquización del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Fue transformado en la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, lo que redujo su capacidad de acción. Tuvo una ejecución presupuestaria y finalmente se anunció su cierre en junio de 2024. Fueron desmanteladas también la Ley Brisa, que establecía la reparación económica para niños y niñas que perdieron a su madre en manos de un feminicida, y la Ley Micaela, que establecía capacitaciones para funcionarios estatales.

Una mujer lleva el cartel “Donde las luchas se unen, las aguas se defienden”; se llama Violeta Cincioni y dice que pertenece al colectivo Río Feminista.“Hay como una escisión entre algunas manifestaciones, algunos gestos superviolentos, que son los que terminan tomando el poder, y un montón de corrientes subterráneas en la que estamos muchas mujeres que buscamos generar conciencia sobre el medioambiente”.

La reciente media sanción en el Senado para modificar la Ley de Glaciares abrió una fuerte polémica ambiental. Según voces expertas, los cambios ponen en juego las reservas estratégicas de agua dulce del país y responden a presiones de sectores mineros interesados en ampliar su margen de acción en zonas hoy protegidas.

Esta conmemoración del 8 de marzo se produce a días de la aprobación de una reforma laboral draconiana. Una ley que busca desposeer a los que tienen garantizados derechos básicos como las vacaciones, las jornadas laborales de 8 horas y las horas extra pagas.

Celeste Quiroga cuestiona la reforma laboral: “Nos precariza el trabajo cada vez más. Nos precariza como sociedad, como laburantes, a las docentes, como yo. Los sueldos de los docentes están congelados: Todo aumenta y los sueldos no”.

Según estadísticas del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, las mujeres argentinas dedican casi el doble de horas que los hombres a tareas de cuidados, por lo que aspectos de la nueva ley como el ‘banco de horas’, que permite extender las jornadas de trabajo hasta 12 horas, podrían limitar aún más la participación femenina en el mercado laboral.

No es la única reforma recientemente aprobada que genera cuestionamientos. El Congreso dio luz verde a bajar la edad de punibilidad de 16 a 14 años. El documento por el 8M afirma: “Los pibes no son peligrosos, están en peligro”.

En paralelo con las manifestaciones principales, un grupo numeroso de mujeres se concentra frente al domicilio de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), quien cumple desde el 17 de junio de 2025 una condena a seis años de prisión en su vivienda de Buenos Aires e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por una causa de corrupción en la adjudicación de obras públicas.

Ni el protocolo antipiquetes ni el asedio de los discursos de odio pueden frenar la fuerza en la calle de los colectivos feministas. La marcha por el centro porteño se replica en otras ciudades del país como Córdoba, Bariloche y Mar del Plata.

Desencajado, lejos de la actitud de un político que ocupa el sillón presidencial, Javier Milei inauguró las sesiones ordinarias del Congreso como un agitador verborrágico de redes sociales. La puesta en escena del presidente ultra argentino fue un compendio de agresiones contra diputados y senadores opositores: “chorros” (ladrones), “delincuentes”, “golpistas”. Ese fue el tono de su discurso durante una hora y cuarenta minutos.

Lo que debía ser un acto institucional de rendición de cuentas como cada 1 de marzo derivó un un mitin autocelebratorio de dos años de gobierno, santificación del libre mercado y ataque a la oposición kirchnerista y de izquierda. Milei festejó la bajada de inflación y un superávit fiscal -conseguido sobre la asfixia a los jubilados y una megadevaluación al comienzo de su mandato- y el recorte del 30% del gasto público.

El mandatario ultraderechista interrumpió su propia exposición sobre datos económicos y reivindicaciones sobre leyes aprobadas para caer en la descalificación de los adversarios políticos. Apareció envalentonado porque en la última semana se terminó de aprobar una reforma laboral draconiana que recorta derechos y que fue el sueño húmedo de la derecha durante décadas; se bajó la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años y su partido La Libertad Avanza logró media sanción a una ley de glaciares que pone en riesgo la protección del agua.

“Me encanta domarlos”

“Kukas, ¿saben qué? Me encanta domarlos. Me encanta hacerlos llorar. Y a la gran mayoría les encanta verlos llorar”, se dirigió Milei de modo agresivo al ala kirchnerista dentro del peronismo. Los senadores del peronismo hicieron un faltazo organizado, no así los diputados. Fueron explícitas las referencias a la líder de la principal fuerza de oposición, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria. “Va a seguir presa por la causa de los Cuadernos, va a seguir presa por el memorándum de Irán (causa AMIA), va a seguir presa por lo que hizo con Vialidad, porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia”.

Los legisladores del oficialismo no tardaron en gritar: “tobillera”, “tobillera”, amplificando el show del agitador. Los tres jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, estaban presentes en el recinto.

Al referirse a la educación, Milei cuestionó el camino trazado por el peronismo. “Para ustedes la educación era lavarle la cabeza a los chicos con La Razón de Mi Vida (el libro autobiográfico de Eva Perón)”. Y al citar a Adam Smith: “Si tan solo repasaran la obra de Adam Smith… Qué fiesta se haría Milton Friedman con estos cavernícolas, por Dios.”

En su férrea defensa a la rebaja de impuestos, otra vez se dirigió a la oposición: “Ustedes no pueden aplaudir porque se les escapan las manos a los bolsillos ajenos”. Milei insistió en que las estadísticas demuestran que el empleo creció, “en un contexto en el que hay más gente ofreciendo su trabajo, pero la demanda de empleados la supera”. Y volvió con el tono despreciativo ante los cuestionamientos de los datos que brindaba: “Sería divertido poder debatir con ustedes, si supieran algo”. El economista ultraliberal se jactó de haber triplicado en dólares el salario básico de los trabajadores. No dijo que eso representa 224 dólares, bastante lejos de los más de 700 que representaba el mismo salario en 2015.

El discurso de Milei buscó desviar la mirada de lo que pasa en las calles y en el día a día de los argentinos. Se muestra indiferente del impacto de la apertura indiscriminada de las importaciones y el consecuente cierre de empresas como la emblemática fábrica de neumáticos Fate. Datos de la consultora Zuban Córdoba señalan que más de la mitad de la población (51%) se encuentra en un estado de alerta máxima respecto a su situación laboral y financiera.

Si bien la inflación se mantiene en niveles altos de preocupación (17,7%), el foco del malestar social se desplazó hacia la gestión diaria del bolsillo (28,5%). “Lo que destaca en nuestro último informe es que la economía real estaría suplantando la agenda política de manera paulatina, señala a elDiario.es su directora, Paola Zuban. Y agrega: ”Una mayoría importante de la opinión pública considera que con la reforma laboral se pierden derechos, que los más beneficiados serán los empresarios y que va a provocar mayor cantidad de despidos“.

El relato sobre una supuesta intentona golpista le sirvió de pretexto a Milei para agradecer el apoyo de Donald Trump en un momento complicado de turbulencias financieras, que le permitió llegar a las elecciones legislativas de octubre pasado con un explícito respaldo económico del Tesoro norteamericano. En uno de los palcos estaba presente el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas.

La transmisión televisada en ningún momento mostró al bloque opositor. Cuando se escuchó a la diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) cuestionándole el giro de Argentina hacia un rol de satélite de las derechas globales, Milei la interpeló directamente: “¿Qué te pasa, Chilindrina troska? Seguí llorando, Chilindrina, dale.”

Milei calificó las turbulencias de 2025 como “un ataque coordinado” y acusó a gobernadores y senadores de la oposición de sedición. “Esperemos que la Justicia avance no solo sobre los posibles actos de sedición, sino también sobre quienes pudieran ser sus beneficiarios directos e indirectos”, advirtió desde el podio del Congreso. Ante nuevos gritos desde las bancadas opositoras, sentenció: “Sí, golpista. Y les salió mal.”

En medio del show insertó anuncios sobre el programa legislativo para este año: reformas del Código Civil y Comercial, el Código Penal, el sistema electoral y el educativo.

Casi sobre el final del discurso, Milei citó al economista español Jesús Huerta de Soto sobre la “batalla cultural, filosófica y moral”. “El mundo solo tiene dos tipos de personas. Los que viven de lo que otros producen, es decir, los parásitos y los que producen todo lo que hace posible la vida moderna. Mientras ustedes redactan regulaciones, nosotros creamos riqueza; mientras ustedes prometen igualdad, nosotros generamos prosperidad; mientras ustedes reparten pobreza, nosotros multiplicamos la abundancia.”

A modo de cierre, Milei dijo que se viene un cambio y que eso se expresará en el Congreso, por lo tanto, afirmó que todos los meses cada uno de sus ministros presentará un paquete de leyes que modifiquen “de manera estructural” la realidad de sus áreas de competencia. Lo que se dice, mucho ruido y pocas nueces.

Como epílogo de una jornada de protesta social y huelga general, el Congreso argentino aprobó este viernes una reforma laboral que recorta múltiples derechos de los trabajadores y que la oposición tacha de “esclavista”. Así, el presidente Javier Milei ha logrado agilizar un proyecto ultraliberal que se había propuesto tras su victoria en las elecciones legislativas de octubre pasado, y que recibe el beneplácito del Fondo Monetario Internacional.

La reforma llamada de “modernización laboral” que se aprobó en la Cámara de Diputados con 135 votos a favor y 115 en contra pasada la medianoche (hora local) abarata el despido –cambia el cálculo de las indemnizaciones, que ya no contempla las vacaciones, el salario extra u otros conceptos que no aparezcan en la nómina habitual– y crea un Fondo de Asistencia laboral (FAL) para pagar indemnizaciones que le quita financiación al Sistema de Seguridad Social. El articulado regresa ahora al Senado para su aprobación definitiva.

La iniciativa, respaldada por el partido oficialista La Libertad Avanza, aliados del PRO (Propuesta Republicana), la Unión Cívica Radical y fuerzas provinciales disidentes del peronismo, busca transformar el régimen de trabajo que rige, con modificaciones, desde 1974, año en que gobernaba Juan Domingo Perón, y, tras su fallecimiento, lo sucedió María Estela Martínez de Perón.

Una reforma “esclavista”

Myriam Bregman, diputada nacional por el Frente de Izquierda – Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) señala a elDiario.es que se trata de una “ley esclavista”. “Es una reforma totalmente esclavista que la quieren vender sin edulcorante como modernizadora. Hace tiempo que no se veía que no puedan encontrar un trabajador o entidad sindical que la defienda; empezaron a perder la pelea social. Encima se engolosinaron y quisieron meter el artículo de las licencias médicas, el número 44, creyendo que tenían todo atado y se pasaron”, censura.

El oficialismo debió retirar el artículo 44, que señalaba que durante las licencias médicas el salario podría reducirse entre un 50% y un 75%, dependiendo de la situación del trabajador, en contraste con el esquema vigente que garantiza la percepción íntegra del sueldo por el tiempo que dure la enfermedad. Es por esta modificación que el texto deberá volver a ser revisado en la cámara de origen (el Senado).

Esteban Paulón, diputado nacional por el Partido Socialista de Santa Fe, afirma a elDiario.es que la reforma laboral tiene un sesgo antitrabajador y propatronal. “En un debate exprés y sin la profundidad que requiere un tema tan sensible como legislar sobre las relaciones de trabajo de millones de argentinos y argentinas, el Gobierno logra aprobar una reforma laboral que tiene un sesgo claramente antitrabajador y propatronal”, denuncia.

El diputado añade que “la hipótesis a partir de la cual se planta este proyecto es la idea de que los trabajadores tienen demasiados derechos o privilegios y que entonces hay que recortarlos en función de maximizar la ganancia empresaria y abaratar la contratación para poder facilitar que más gente tenga trabajo. Pero en un contexto de crisis económica, con 200.000 puestos de trabajo destruidos en el último tiempo, difícilmente esta ley ayude a generar empleo y mucho menos empleo de calidad y registrado”.

La reforma permite extender la jornada laboral a 12 horas de las ocho horas actuales a través de la implementación de un sistema de “banco de horas”, aunque mantiene como tope la jornada máxima semanal en 48 horas. Además, elimina las horas extra, fracciona vacaciones y limita el derecho a huelga al ampliar el listado de sectores considerados esenciales.

En un contexto de crisis económica, con 200.000 puestos de trabajo destruidos en el último tiempo, difícilmente esta ley ayude a generar empleo

Esteban Paulón — Diputado nacional por el Partido Socialista de Santa Fe

“Hay muchas cosas más graves que hemos denunciado sobre esta ley, cómo que los votos se han conseguido de una manera altamente antidemocrática y que lo que se vota en el Congreso está cada vez más lejos de la sociedad”, sostiene la diputada Bregman. Y agrega sobre el regreso del texto al Senado, para su aprobación definitiva: “Hay que redoblar la pelea adentro y afuera hacia el Senado; si sabemos preparar una buena jornada para esa votación puede ser el principio del fin cómo lo fue en el 2017 con Mauricio Macri”. El entonces presidente conservador arrasó en las elecciones legislativas, pero perdió la reelección en 2019.

Al diputado Paulón le preocupan varios aspectos de la flexibilización laboral. “La creación de un fondo de asistencia laboral, que es una transferencia directa del dinero que se le retiene a los trabajadores y trabajadoras para sus futuras jubilaciones que se traslada a futuras indemnizaciones. Es decir, en lugar de financiar el sistema de seguridad social, busca pagar los despidos de aquellos que van a perder el trabajo. Y también, obviamente, la derogación de una serie de estatutos y de leyes que nada tienen que ver con la posibilidad de generar mejores condiciones de trabajo como el estatuto del periodista”.

El diputado Agustin Rossi por Unión por la Patria (del bloque peronista) por Santa Fe expresó durante el debate que la ley viene a cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional. “Está dentro del paquete que exige el FMI para los países endeudados. ¿Y saben a quién perjudica? A los trabajadores en relación de dependencia, a los informales y a los de las aplicaciones [telefónicas], que ahora los califica de prestadores de servicios”, aseveró.

Así las cosas, la directora de comunicaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, mostró el jueves confianza en la reforma laboral impulsada por Milei al considerar que podría reducir la informalidad y fomentar la creación de empleo. Una percepción optimista sobre su principal deudor.

Amplio seguimiento de la huelga general

La cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció una adhesión de 90% al paro general de 24 horas contra la reforma laboral. Desde la sede de la central obrera, el secretario general Jorge Sola declaró: “Este proyecto de ley retrocede 100 años en derechos individuales, en derechos colectivos y en una búsqueda que tiene como corazón la transferencia de recursos de los trabajadores hacia el sector empleador”.

A la postal de las calles vacías por el paro, sindicatos y organizaciones sociales decidieron sumarle otra más: la de una Plaza de los dos Congresos movilizada contra la reforma de Milei. Entrada la tarde, con la mayoría de las columnas ya desmovilizadas, las fuerzas de seguridad reprimieron con cañones de agua, luego con gases lacrimógenos y balas de goma a los pocos manifestantes que aún quedaban en el lugar. Hubo una decena de detenidos y, de acuerdo a la Comisión Provincial por la Memoria, 70 manifestantes requirieron de atención médica.

Más de 21.000 empresas han cerrado en los últimos dos años y se han destruido 300.000 puestos de trabajo, según fuentes sindicales

Por la noche, se escucharon ruidos de cacerolas en distintos cruces de avenidas en la ciudad de Buenos Aires, una forma de protesta espontánea del ciudadano de a pie.

La huelga y el debate maratoniano ocurrieron en el marco de una caída de la actividad industrial. Más de 21.000 empresas han cerrado en los últimos dos años y se han destruido 300.000 puestos de trabajo, según fuentes sindicales. El más reciente es el caso de Fate, la principal fábrica de neumáticos de Argentina, que este miércoles anunció el cierre de su planta en Buenos Aires y el despido de 920 trabajadores alegando la caída de la competitividad por la apertura de importaciones.

La huelga general convocada por los sindicatos argentinos se hacía sentir este jueves con fuerza en protesta contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei. Mientras en la Cámara de Diputados se debatía el proyecto que abarata el despido, recorta múltiples derechos de los trabajadores y permite extender la jornada laboral a 12 horas, el mandatario ultraderechista aparecía como un personaje sacado de otra película: se mostraba junto a Donald Trump en la primera reunión de la “Junta de Paz”, celebrada hoy en Washington.

La Confederación General del Trabajo (CGT), que convocó a la cuarta huelga general contra el Gobierno ultra desde su llegada al poder en diciembre de 2023, ha vinculado la medida de fuerza a la situación sociolaboral que calificó de “absolutamente complicada”. Como una muestra de lo que sucede en Argentina con el deterioro del trabajo en un contexto de apertura de importaciones, la fábrica nacional de neumáticos Fate ha anunciado su cierre y el despido de 920 empleados.

“El empleo ha caído 300.000 puestos de trabajo formales en los últimos dos años”, ha dicho Jorge Sola, secretario general de la CGT, quien ha evaluado como “contundente” el seguimiento del paro de 24 horas contra la reforma laboral, con el freno de trenes, subterráneos, autobuses, aviones y barcos. Además, no ha habido atención en los bancos ni recolección de basura.

El proyecto de ley, que ya cuenta con el visto bueno del Senado, gracias a los votos del partido de Milei, La Libertad Avanza, y sus aliados del conservador PRO, la Unión Cívica Radical y fuerzas provinciales, se está debatiendo este jueves en la Cámara de Diputados, en lo que promete ser una sesión maratónica en medio de un clima social caldeado.

Si bien la CGT convocó a una huelga sin movilización, otros sindicatos y organizaciones sociales y políticas decidieron marchar en las cercanías del Congreso, que ha amanecido fuertemente vallado y custodiado por agentes de seguridad, dispuestos a desplegar su aparato represivo. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ha advertido en sus redes: “Se los digo sin vueltas: marchar en paz es un derecho. La violencia no. El que vaya a romper, a generar caos o a atentar contra el orden democrático, va a pagar las consecuencias. Nuestras Fuerzas están listas y van a actuar. Esta Argentina no va a ser rehén de los violentos de siempre. Ley y orden”.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha cuestionado la medida de fuerza y afirmado que ha perjudicado a los trabajadores que intentaron asistir a sus puestos. “Es bastante perverso, porque en definitiva, si te cortan el medio de transporte, por más ganas que tengas de ir a trabajar, no podés hacerlo”, ha declarado durante una entrevista radial.

“Un negocio financiero”

La reforma laboral abarata el despido –cambia el cálculo de las indemnizaciones, que ya no contempla las vacaciones, el salario extra u otros conceptos que no aparezcan en la nómina habitual– y crea un Fondo de Asistencia laboral (FAL) para pagar indemnizaciones que deja sin financiación el Sistema de Seguridad Social. El FAL constituye una caja común para que las empresas financien las indemnizaciones (si la empresa es pequeña, destinará un 2,5% del salario de cada empleado y, si es grande, un 1,5 %, porcentajes que se quitan del aporte a las jubilaciones).

Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericanos de Abogados Laboralistas señala a elDiario.es que, con el FAL, “son los propios trabajadores los que están subsidiando un fondo para pagar sus despidos. Ese fondo es administrado por aseguradoras, por bancos, por entidades financieras para que tengan rendimiento, es un gran negocio, sobre todo financiero”.

El experto agrega que se evapora el efecto disuasorio de despedir. “Un empleador se vería tentado a despedir a un empleado de 20 años de antigüedad y contratar a uno sin experiencia, con menos salarios y con menos beneficios. Va a ser mucho más fácil despedir porque la indemnización va a salir de ese fondo”.

Además, la reforma permite extender la jornada laboral a 12 horas de las 8 horas actuales, a través de la implementación de un sistema de “banco de horas”, aunque mantiene como límite máximo las 48 horas semanales. Asimismo, elimina las horas extra, fracciona vacaciones y limita el derecho a huelga al ampliar el listado de sectores considerados esenciales.

Al respecto, Cremonte afirma que “limita muchísimo el derecho de huelga y, además, restringe el derecho a hacer asambleas en el lugar de trabajo, porque modifica todo el sistema de negociación colectiva: en vez de que tenga preeminencia, como tiene hoy, el convenio colectivo a nivel nacional que se llama por rama de actividad, va a tener preeminencia y mayor validez el convenio de empresa, que es un poco lo que estaba en la ley de 2012 de España y que se dejó atrás en la reforma reciente”.

El artículo cruel que no fue

Empujado por las críticas de hasta algunos aliados parlamentarios, el oficialismo debió retirar el artículo 44 del proyecto que señalaba que durante las licencias médicas el salario podría reducirse entre un 50% y un 75%, dependiendo de la situación del trabajador, en contraste con el esquema vigente que garantiza la percepción íntegra del sueldo por el tiempo que dure la enfermedad. Fue precisamente este artículo cruel del texto lo que precipitó el anuncio de la huelga general.

Muy lejos y ajeno al pulso en la calle y en el Congreso, Milei ha viajado a Washington para participar en la inauguración de la “Junta de Paz” de Trump, que reúne a 27 mandatarios, en una nueva escenificación de su alineamiento con el mandatario estadounidense.

Trump ha destacado el respaldo que le dio a su par argentino en las elecciones legislativas de octubre pasado. “No se supone que deba apoyar a gente, pero lo hago cuando me gusta la gente. Apoyé a (Viktor) Orban y a este caballero, Milei, que estaba un poco detrás en las encuestas pero terminó ganando de forma aplastante”. Washington ofreció en aquel momento a Argentina una ayuda por 20.000 millones de dólares que sirvió para frenar las turbulencias en los mercados y ayudó a Milei de cara a los comicios.

El discípulo de Trump confía en conseguir la aprobación de la reforma laboral en el Congreso de Diputados con el voto de legisladores propios, aliados, fuerzas provinciales y un puñado de disidentes del peronismo –el principal bloque opositor–, aunque deberá regresar al Senado para su sanción definitiva.

En Argentina ha aumentado la mortalidad infantil, rompiendo con una tendencia de descenso -salvo excepciones- que enciende las alarmas. El último dato oficial revelado es sobre el 2024, primer año del Gobierno ultra de Javier Milei, que indica que la tasa de mortalidad infantil llegó a 8,5 muertes por cada 1.000 niños nacidos vivos. Ello se traduce en un aumento del orden del 6,25% en comparación con el registro de 2023, cuando el indicador era de 8 muertes por cada 1.000. El recorte en programas dedicados al cuidado perinatal y el alejamiento del Estado nacional en la gestión de la salud pública son factores a tener en cuenta a la hora de indagar la multiplicidad de aristas, advierten expertos.

La mortalidad infantil puede considerarse uno de los indicadores de desarrollo de una sociedad que explica las condiciones de vida de una población junto al nivel de alfabetización y la esperanza de vida y, en ese marco, se evidencian las políticas públicas en salud. El último informe realizado por la Fundación Soberanía Sanitaria, una organización sin fines de lucro compuesta por trabajadores de la salud de todo el país, desgrana el dato que el Gobierno primero puso en sus estadísticas oficiales para luego quitarlo y finalmente dejarlo en la página del Ministerio de Salud.

En los países más avanzados las tasas están cercanas o por debajo al 2 y en Argentina es de 8,5. 2024 fue un año complejo porque se generó un gran recorte a nivel nacional y hubo un cambio drástico en las políticas en materia de salud

Nicolás Kreplak — ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires

Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, señala a elDiario.es que si bien deben evaluarse múltiples causas, como un contexto de paz, empleo, agua potable, contaminación ambiental, el año 2024 fue el del peor recorte del gobierno ultraliberal y eso impactó en los sectores vulnerables en el acceso a la atención sanitaria. “En general, uno ve en el mundo que cuando hay una crisis socioeconómica eso tiene un impacto en la mortalidad infantil. Al analizar técnicamente la tasa, se separa la mortalidad infantil en dos elementos: neonatal, los primeros 28 días, y posnatal, del día 29 a los 12 meses. En los países más avanzados las tasas están cercanas o por debajo al 2 y en Argentina es de 8,5. El 2024 fue un año complejo para el país porque se generó un gran recorte a nivel nacional y hubo un cambio drástico en las políticas nacionales en materia de salud”.

Kreplak afirma que, por ejemplo, hubo un recorte de suministro de insumos y medicamentos como el surfactante pulmonar (vital para patologías respiratorias) y los tratamientos para patologías congénitas, como la toxoplasmosis. “Fue un período con más restricciones, el Estado nacional dejó de proveer muchísimos productos que afectan a la mortalidad en los primeros 28 días como el surfactante y las provincias tuvimos que salir a buscarlos y comprarlos y ya los estamos proveyendo. No se puede hablar de causalidad directa pero sí que haya impactado”, afirma el ministro de un bastión del peronismo.

La gran mayoría de las muertes se produjeron los primeros 28 días de vida, en el período neonatal, informa Fundación Soberanía Sanitaria. En relación a 2023, cuando se calculaba una tasa de 5.5 puntos, se produjo un salto a 6. Esta clase de muerte se vincula de manera directa con el acceso a controles de calidad durante el embarazo, una atención adecuada durante el parto y el cuidado del lactante. Si el número aumenta es posible inferir la falta de políticas de cuidado perinatal.

Espejo del ajuste

El Ejecutivo de Milei cortó programas preventivos como el de Sueño Seguro, que anticipaba para los casos de bebés prematuros o con condiciones crónicas la entrega de moisés de piso [cuna portátil pequeña y ligera, tradicionalmente hecha de mimbre] a fin de evitar casos de muerte súbita. Asimismo, el Gobierno debilitó el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas que había sido creado en 2008, reducido a una mínima expresión administrativa, con el argumento de que bajó la tasa de natalidad. Como informó elDiario.es en abril de 2024, el Gobierno además desmanteló el Plan ENIA (Embarazo No Intencional en la Adolescencia) plan de reducción de embarazo adolescente que es modélico en América latina. Además, buscó desfinanciar el principal hospital pediátrico del país: el Garrahan.

“Hay sistemas que tenés que mantenerlos aunque el volumen baje, como el Programa Nacional de Cardiopatías. Si pones una alarma en una casa es por si entra una persona o cien. La regionalización y derivación de casos a centros más especializados se tienen que adaptar, no achicar”, sostiene Fernando Zingman, pediatra e investigador de Fundar y excoordinador del Programa Nacional de Salud Integral en Adolescencia.

El especialista señala a elDiario.es que no hay una causa unívoca, pero sí indicios sobre la mortalidad infantil. “Los resultados en salud pública no son unicausales ni lineales, pero podemos pensar que hay factores que confluyen. Entonces podemos plantear que haya un impacto de los recortes en programas de salud. Que en un año la mortalidad infantil pegue un salto y que la mortalidad materna pegue un salto (aumentó 1,2 puntos) —se había logrado en 2021 tener cero muertes maternas adolescentes por aborto y en 2024 hubo cuatro— son señales que indican que el sistema de salud pública tiene serios problemas en algunos lugares”.

Los resultados en salud pública no son unicausales ni lineales, pero podemos pensar que hay factores que confluyen. Entonces podemos plantear que hay un impacto de los recortes en programas de salud. Que en un año la mortalidad infantil y la mortalidad materna peguen un salto son señales que indican que el sistema de salud pública tiene serios problemas

Fernando Zingman — pediatra e investigador de Fundar

En esa línea el ministro Kreplak afirma: “No hay una sola causa que explique la mortalidad infantil, pero algunas pautas sirven como botones de muestra. El Programa de Cardiopatías surgió como un programa federal, por intermedio del cual se fueron armando servicios de complejidades en todo el país y se garantizó que hubiera equidad en el tratamiento más allá del lugar en el que vivías o de tus posibilidades económicas. El Gobierno actual lo puso en crisis, por ejemplo, a partir de trabajadores cualificados que dejan el ámbito público en busca de otras opciones”.

Según el informe de la organización Soberanía Sanitaria, “el actual contexto de crisis económica y social, con empeoramiento de las condiciones laborales y aumento del desempleo, dificulta el acceso al sistema de salud”.

Para Zingman, se requiere una acción para indagar qué está sucediendo, pero existen señales de alerta. “Hay que tomar en cuenta las condiciones de vida de la población, el acceso al sistema de salud y calidad de la oferta. Hay programas que se disgregaron y fueron dejados en manos de las provincias; y el ida y vuelta con las provincias perdió intensidad seguramente. El programa de salud sexual y reproductiva, por ejemplo, tiene mucha menos inversión y compra de anticonceptivos. La cadena de prevención de embarazo, parto y puerperio se vio afectada, así como la compra de insumos”.

Lo esperable es que la tasa de mortalidad infantil baje, entonces que aumente provoca la preocupación de los expertos sanitarios. Esto sucede en 15 de las 24 provincias de Argentina. Sobre todo del noroeste y noreste del país, como Corrientes, La Rioja y Santiago del Estero, donde los incrementos fueron del 10 y 20%. Desde 2002, la tendencia fue de descenso, de una tasa de 16,8 fallecidos por cada 1000 nacidos en el 2001, año en el que hizo eclosión la crisis económica, a 8 en 2023. Los años que fueron excepciones a esa tendencia fueron 2007, 2019 (con la crisis de deuda externa desatada durante el Gobierno de M.auricio Macri) y 2022 con la pospandemia.

Una primera versión del artículo afirmaba que era la primera vez en 20 años, no era correcto y el error fue subsanado.

La reforma laboral que Javier Milei considera central para su modelo ultraliberal y que acaba con conquistas del movimiento obrero argentino ha sido resistida en las calles a las afueras del Congreso en Buenos Aires y en otras ciudades de Argentina. El operativo policial desplegó represión. Puertas adentro del Legislativo, ya de madrugada, el Gobierno ultraderechista consiguió la media sanción de la ley.

La protesta principal, impulsada por los sindicatos contra la flexibilización laboral, vivió momentos de alta tensión a partir de las cinco de la tarde. La policía irrumpió con gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a un pequeño grupo de manifestantes que arrojaba piedras y proyectiles improvisados por encima del vallado que tapaba el frente del Congreso y detrás del que se apostaron cientos de policías. En ese momento comenzó el operativo de disolver la manifestación.

Medios locales informaron que alrededor de 300 personas fueron agredidas con gases lacrimógenos y balas de goma, 43 fueron detenidas y 70 demoradas. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, desplegó un operativo de 800 efectivos e informó de cuatro agentes heridos. Su ex jefa Patricia Bullrich, en medio de la sesión en el Senado, escribió en sus redes sociales: “El único idioma que conocen es la violencia y las caras tapadas, porque con los votos no les alcanza. La excusa es la protesta; el objetivo, el desorden. Debatan y ‘ganen’ en el Congreso. En la calle, la ley y el orden se respetan”. La exministra será recordada por ser quien puso en marcha en cada protesta de jubilados de los miércoles el protocolo antipiquetes con el que enmarcó la represión a pensionados.

La manifestación, que terminó antes del anochecer, fue convocada por la mayor organización sindical del país, la Confederación General del Trabajo (CGT), que no logró acompañar con una huelga general. La CGT sostuvo que “no es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores” y que se moviliza porque “el trabajo no se negocia, las jubilaciones se defienden y los derechos se conquistan y se defienden en la calle”. También participaron las dos vertientes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).

Retroceso en derechos

El proyecto de reforma laboral del Ejecutivo de Milei, presentado como “modernización laboral”, es el caballito de batalla del mandatario tras su victoria en las elecciones legislativas de octubre pasado. La reforma fracciona vacaciones, elimina las horas extra, limita la huelga -al ampliar el listado de sectores considerados esenciales- y en caso de accidente o enfermedad ajenos al trabajo, estipula que el empleado recibirá el 50% de su salario básico durante tres meses si no tiene personas a cargo, y seis meses si las tiene.

Asimismo, la iniciativa cambia el cálculo de las indemnizaciones por despidos, que ya no contempla las vacaciones, el aguinaldo u otros conceptos que no sean de pago mensual habitual. El texto transfiere tres puntos porcentuales de los aportes patronales de la Seguridad Social a un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar las indemnizaciones por despido.

Marisa Bolaña, profesora del área de ciencias de la educación en la Universidad Nacional de San Martín y miembro de la Internacional Antifascista, participa de la movilización y califica la reforma laboral ante elDiario.es de “nefasta y esclavista”. “Esta reforma mal llamada de modernización se asienta en una ideología fascista e incluye varios riesgos para los trabajadores y las trabajadoras, pero también para la educación, la salud y la información, porque deroga el estatuto del periodista. Este Gobierno dice que va a generar más empleo, pero el empleo se genera cuando hay desarrollo industrial, que es algo que Milei está destruyendo”.

En Argentina, uno de los países más sindicalizados de América latina y con una larga historia de lucha obrera, el nuevo proyecto supedita el alcance de los convenios colectivos nacionales por rama de actividad a los acuerdos establecidos dentro de cada empresa.

Delegada del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), Fátima Maciel, trabaja en el sector de las autopartes y sostiene que “después de tantos años de lucha, de compañeros que nos antecedieron estamos a punto de perder derechos de los trabajadores. Tenemos un régimen de ocho horas de trabajo y lo quieren llevar a 12 horas. ¿Cuándo te van a dar el descanso? Que las vacaciones las podes negociar con tu empleador, o sea, ¿quién tiene la última palabra?. Es todo para el empresariado, nada que favorezca al trabajador”.

Adentro del Congreso, el clima en el peronismo, principal fuerza opositora, era de resignación, ya que el oficialismo iba a lograr la media sanción con los votos de La Libertad Avanza (LLA), partido de Milei, la Unión Cívica Radical y el PRO de Mauricio Macri -aliado habitual de LLA-, así como de fuerzas provinciales. Sólo el peronismo fue el bloque que alzó la voz para cuestionar la reforma.

El senador de Fuerza Patria por (la provincia) Río Negro, Martín Soria, expuso sus argumentos en la maratónica sesión y tildó a la reforma laboral como “un plan de despido masivo para las empresas” que afecta los “derechos esenciales de los trabajadores”. En esa línea el legislador opositor renombró al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, llamándolo “Destruczenegger”, y lo definió como “la mano que mece la cuna en esta ley de precarización laboral”.

Ese sentimiento parecía indiferente en las calles, con la fuerte convocatoria de la CGT en Buenos Aires y provincias como Corrientes, Chaco, Jujuy y Catamarca.

Como parte de la marcha en la capital, el joven de 20 años que trabaja de guardavidas Sacha Fernández Díaz señala a elDiario.es: “Vengo de una familia de clase media trabajadora, todos docentes. Este gobierno divide a la clase trabajadora, haciéndole creer a una parte que tiene más de lo que necesita. Yo estoy acá para que el día de mañana mis hijos no sean explotados por ejemplo con 12 horas de trabajo por un mismo salario para el que hoy son ocho horas”.

Frente a todo intento de impedirlo, el reclamo quedó resonando en el aire como advertencia para la dirigencia política que continuó debatiendo hasta la madrugada, cuando una mayoría de 42 senadores votó a favor de la reforma laboral, frente a 30 que la rechazaron.

El Gobierno de Javier Milei ha dado un paso más en su fuerte alineamiento con la Administración de Donald Trump: ha firmado un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con Estados Unidos. El convenio, que debe ser refrendado por el Congreso argentino, limita las posibilidades de desarrollo del país a la relación asimétrica con EEUU y pone a Argentina en tensión con sus principales socios comerciales, Brasil y China, señalan voces expertas.

Los puntos más destacados del tratado comercial, que se conoció en las últimas horas sólo en versión en inglés, impactan de forma directa en los recursos naturales y la producción local en favor de Washington. El pacto contempla muchas más obligaciones para Argentina: el país cede, sin contraprestación alguna, sus atribuciones de control de calidad en industrias como la farmacéutica, la alimentaria y la automotriz. Por ejemplo, deberá aceptar la importación de vehículos estadounidenses fabricados según las Normas Federales de Seguridad y emisiones previas de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) para dispositivos médicos y productos farmacéuticos.

La Cancillería argentina ha justificado la firma del acuerdo en que promoverá exportaciones: “Washington eliminará aranceles recíprocos para 1.675 productos de una amplia gama de sectores productivos, lo que permitiría recuperar exportaciones por 1.013 millones de dólares”, ha informado el Ministerio encabezado por Pablo Quirno, quien fue el encargado de rubricar el texto.

Como contrapartida, “Argentina dejará en cero los aranceles para 221 posiciones, bajará al 2% otras 20, principalmente autopartes, y otorgará cuotas para vehículos, carne y otros productos agrícolas que ingresen desde EEUU”, según las autoridades locales.

“Relación centro-periferia”

Sin embargo, la simetría parece un horizonte lejano. Mientras el PIB de Estados Unidos superó los 30 billones de dólares en 2025, el argentino marcó 683.371 millones de dólares en ese período. La apertura comercial, en un contexto de guerra fría entre la Administración Trump y China, perjudica aún más a la industria y los sectores que generan trabajo, advierten los expertos.

Pedro Gaite, economista y jefe de FIDE ( Fundación para el Desarrollo Económico), señala a elDiario.es que “un convenio de libre comercio con un país que tiene un nivel de productividad tanto más alto que el de Argentina lo que hace es profundizar las relaciones centro-periferia tradicionales, y de ello se puede desprender un aumento de la primarización de la estructura productiva local. Argentina exporta más productos primarios y materia prima e importa más manufacturas de alto valor agregado y contenido tecnológico”.

Para Gaite, el convenio también puede generar un impacto negativo en las relaciones comerciales de Argentina con otros países del Mercosur –bloque que integra junto con Brasil, Paraguay y Uruguay– y, en particular, con Brasil. “La inmensa mayoría de las exportaciones industriales de Argentina van a los países del Mercosur, sobre todo las de autopartes a Brasil. Este tratado comercial levanta muy fuertemente los aranceles de autopartes de Estados Unidos, entonces, es muy probable que el acuerdo sectorial de comercio de automóviles con Brasil entre en crisis, que es lo que ya se está viendo, pero [es probable que] se profundice”.

Estados Unidos encontró en Milei un socio incondicional que lo elige por encima de China y Rusia y que no vota más junto a Brasil, y menos con Luiz Inácio Lula da Silva ocupando la presidencia, con quien no ha disimulado su encono. El mandatario ultra argentino recibió una ayuda crucial de Trump que le permitió ganar cómodamente las elecciones legislativas de octubre pasado. La elección se presentaba cuesta arriba en medio de turbulencias en la economía y temores de devaluación, pero el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, anunció un rescate financiero de 20.000 millones de dólares condicionado al triunfo del Gobierno actual.

Aranceles, carnes y autos

Para el sector agropecuario de EEUU, Argentina permitirá el ingreso de ganado en pie, porcinos y aves de corral. Las autoridades locales celebran por estas horas que Trump habilitará el ingreso preferencial de 100.000 toneladas anuales para carne vacuna frente a las 20.000 toneladas actuales.

Miguel Ponce, experto en Comercio Exterior, señala a elDiario.es que “si bien hay un acceso privilegiado al mayor mercado de consumo del mundo, intentando atraer inversión extranjera directa en momentos en los que en Argentina se produce un proceso de desinversión, se trata de un alineamiento con Estados Unidos que tendrá consecuencias con los socios comerciales”.

El magnate republicano no cedió en el acero y el aluminio y mantendrá un arancel del 50% sobre esos bienes, otro tema que destaca Ponce. “Seguimos castigados con los aranceles en aluminio y acero y este acuerdo nos trae tensiones con los dos principales socios, como Brasil y China. No es un acuerdo Mercosur-EEUU como el que pretende Brasil con Mercosur-China, sino que nuestro país se corta solo”.

El experto agrega que “el nivel de apertura que plantea Argentina, que implica la entrada de 10.000 automóviles, más las autopartes entrando al cero por ciento, afectará las principales exportaciones con valor agregado de Argentina. Hoy las manufacturas de origen industrial –de las cuales el 80% que tiene destino a Brasil–, son las que más se verían afectadas”.

En este contexto, es preciso recordar que el Congreso argentino debe refrendar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, además de este nuevo convenio.

Brasil y China

Ponce también señala el otro socio comercial clave: “El otro tema es con China. Lógicamente este compromiso de privilegiar las inversiones en tierras raras y en litio que van a tener las empresas norteamericanas es probable que perjudique las inversiones chinas en el norte de nuestro país. La política comercial de EEUU está subordinada a la seguridad nacional y este acuerdo se ha firmado en ese marco. Fortalece el alineamiento automático con Washington, y Trump no necesita de la aprobación del Congreso para este tratado”.

En minería y energía, lo central es la inversión estadounidense en minerales críticos, donde Trump intenta disputarle el monopolio al gigante asiático, ya que más del 90% de la capacidad mundial de refinación de esos elementos se encuentra en China.

“Estados Unidos busca hacerse con los recursos estratégicos en el mundo que se viene, de los minerales, del litio y de las tierras raras, y Argentina va a estar dejando pasar una nueva oportunidad de usar esos recursos estratégicos para impulsar su industria con valor agregado, con tecnología y pegar el salto al desarrollo”, agrega en esa línea Gaite.

Con este convenio, Argentina reconocerá a EEUU como jurisdicción para la transferencia de datos y evitará la discriminación a servicios digitales estadounidenses. También en relación con la protección de patentes, especialmente en fármacos y el control de falsificaciones.

En definitiva, se trata de un acuerdo que profundiza el alineamiento de Milei con Trump y abre interrogantes sobre cuánto afectará otras relaciones comerciales ante el privilegio de inversiones para Estados Unidos. El Ejecutivo argentino ya planea incorporarlo a las sesiones extraordinarias del Congreso, que tendrá la última palabra sobre el acuerdo.

Brasil deja de proteger la embajada de Argentina en Caracas. La decisión forma parte de las piezas que se han movido con el drástico cambio del tablero político luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez asumiera como presidenta interina de Venezuela, y tiene como telón de fondo las posturas antagónicas de Luiz Inácio Lula da Silva y Javier Milei.

El líder brasileño condenó la acción militar ilegal de la Administración Trump contra Venezuela, mientras que el mandatario argentino la apoyó. A esto se suman las publicaciones provocadoras de Milei en redes sociales como X e Instagram. El presidente ultraderechista difundió un mapa de América del Sur en el que se ubicaba a Argentina junto a Ecuador y Bolivia como futuristas y a Brasil y a Colombia, entre otros países gobernados por la izquierda, como favelas.

El canciller brasileño Mauro Vieira salió a responder. “Este mapa publicado por el presidente Milei requiere una actualización urgente”, dijo, y amplió con cifras económicas favorables a Brasil, y recordando que su país “tiene una moneda estable desde hace 30 años” y que no debe “ni un centavo al FMI”. Otro post del mandatario ultra argentino provocó malestar: un vídeo reciente de un discurso suyo en el que apoyaba “la presión de EEUU para liberar al pueblo venezolano” y finaliza con una foto de Lula abrazando a Maduro.

“El agravio terminó con la paciencia estratégica del presidente Lula. Como la mayoría de las cosas que produce nuestro presidente, una foto de Lula con Maduro, reproducida por las redes sociales a instancias de Milei, fue la gota que rebasó el vaso de enojo y Brasil deja de hacer los mandados para la representación diplomática argentina”, dice el excanciller argentino Rafael Bielsa (2003-2005) a elDiario.es.

Desde agosto de 2024, la diplomacia brasileña se había hecho cargo del edificio de la representación argentina a petición del mandatario ultraderechista. Milei había roto informalmente las relaciones con Maduro tras las elecciones presidenciales de ese año, y el Ejecutivo venezolano había exigido la retirada del personal diplomático argentino.

En aquellos momentos posteriores a los comicios, seis opositores venezolanos se habían refugiado en la embajada de Argentina en Caracas y, gracias a las gestiones brasileñas, lograron exiliarse en Estados Unidos en mayo del 2025. Mientras el Gobierno argentino habló de rescate por parte de la Administración Trump, otras fuentes revelaron que se trató de una negociación de Brasil que terminó otorgándoles una salvoconducto para que salieran de Venezuela por el aeropuerto internacional Simón Bolívar, ubicado en Maiquetía.

“Brasil ya hizo su parte”

“Brasil ya hizo su parte” al garantizar la integridad de los asilados y la inviolabilidad de la embajada, publicó el diario O Globo citando fuentes diplomáticas. Recuerdan también las gestiones realizadas en Caracas para liberar a Nahuel Gallo, el militar argentino que fue detenido en diciembre de 2024, acusado de vínculos con actividades de desestabilización por medio de “actos terroristas”.

En Buenos Aires ha crecido la expectativa sobre la liberación de Gallo, en medio de las excarcelaciones del Gobierno de Delcy Rodríguez. Según fuentes diplomáticas, el escenario cambia con la asunción de Rodríguez, en sustitución de Maduro. Durante año y medio, Lula había solicitado al mandatario venezolano que presentara las actas de las elecciones como prueba de su victoria electoral, algo que nunca sucedió.

Ahora, frente al ataque de Estados Unidos a Venezuela, el presidente brasileño se manifestó en contra de las acciones norteamericanas que llevaron al secuestro de Maduro y su mujer Cilia Flores, con el posterior encarcelamiento de ambos en Nueva York.

A diferencia del Gobierno brasileño, Milei asumió una postura de total respaldo a las acciones militares ordenadas por Trump. El intelectual Emir Sader señala a elDiario.es el contraste de posturas. “Lula, junto con varios presidentes latinoamericanos como México, Colombia, Chile y Uruguay condenaron vigorosamente el secuestro de Maduro. Milei, como voz aislada, saludó ese secuestro como un avance en la libertad de América latina”.

Que Brasil deje de proteger la sede diplomática argentina en Caracas también se lee como un gesto que aproxima a Lula da Silva con el Gobierno de Rodríguez, con el que ya ha mantenido contactos y al que le ha enviado 40 toneladas de medicamentos para pacientes renales que fueron destruidos con el ataque de Estados Unidos.

Se especula con la idea de que la sede diplomática argentina pase a estar custodiada por la Administración de la italiana Giorgia Meloni, con quien Milei tiene sintonía ideológica. También Lula mantiene una buena relación con Meloni. Voces expertas apuntan a que Lula movió los hilos para el voto favorable de Italia al acuerdo Unión Europea-Mercosur.

Cualquier gobierno contrario a Estados Unidos o considerado hostil por la Administración de Donald Trump estará preocupado en estos momentos. Washington ha puesto el punto de mira sobre algunos de ellos y, tras el ataque ilegal de Washington contra Venezuela y el secuestro de Maduro, las amenazas se han intensificado contra algunos vecinos de la región —y otros más lejanos como Dinamarca—.

El presidente de EEUU ha apuntado hacia Cuba y Colombia inmediatamente después del asalto en Caracas. “Si viviera en La Habana y estuviera en el Gobierno, estaría preocupado”, aseguró su secretario de Estado, Marco Rubio, en una rueda de prensa junto a Trump. El propio Trump ha calificado Cuba de “Estado fallido” y ha dicho que se hablará muy pronto de ese país.

Rubio volvió a señalar a Cuba en el programa 'Meet the press' de la cadena NBC News: preguntado por la entrevistadora sobre si el Gobierno cubano sería el próximo objetivo de la Administración Trump, el encargado de la 'diplomacia de las bombas' estadounidense admitió que “el Gobierno cubano es un gran problema”, aunque no quiso hablar sobre los “pasos futuros” que adoptará Washington respecto a ese “problema”.

“No es ningún misterio que no somos grandes admiradores del régimen cubano que, por cierto, es el que estaba sosteniendo a Maduro”, declaró Rubio el domingo, agregando que el aparato de seguridad del presidente venezolano estaba “completamente controlado por Cuba” y sus guardias personales eran cubanos y no venezolanos. De hecho, entre las decenas de fallecidos que ha dejado el asalto de EEUU hay más de 30 militares cubanos asesinados.

Guardias y petróleo cubanos

El canciller venezolano, Yván Gil, informó en un comunicado de que los cubanos asesinados desempeñaban “tareas de protección y defensa institucional” como parte de la “cooperación entre Estados soberanos”. Desde Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel señaló que los militares de su país “cumplían misiones” en Caracas a “solicitud de órganos homólogos de ese país” y el Ministerio de Interior cubano indicó en redes sociales que, entre los fallecidos, hay personal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de su departamento, donde ejercen también muchos militares, así como miembros de los servicios de Inteligencia, informa la Agencia EFE.

Cuba no es una amenaza existencial para EEUU, pero sí es una piedra en el zapato de Marco Rubio, que viene trabajando para tener a toda América Latina bajo control estadounidense

Jesús A. Núñez — Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH)

Hace un mes, el periódico The New York Times desvelaba que Maduro había reforzado su seguridad y se estaba apoyando en guardaespaldas y agentes de contrainteligencia cubanos ante el creciente temor a una intervención militar o una traición. Hasta ahora, ni Cuba ni Venezuela habían admitido que guardias cubanos estaban al servicio del presidente venezolano, aunque se sabe que La Habana paga los envíos de petróleo con servicios profesionales, como médicos, profesores y también personal militar, de seguridad personal e inteligencia.

Tras la salida de Maduro de escena y, por tanto, de un importante apoyo para Cuba, Trump consideró que, ante la mala situación económica en la isla, no sería necesaria una operación para acabar con el régimen cubano. “Cuba parece que está a punto de caer. No sé cómo van a poder mantenerse, no tienen ingresos. Recibían todos sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano”, afirmó el mandatario en declaraciones hechas a bordo del Air Force One el pasado domingo. “No creo que necesitemos ninguna acción”.

Según Jesús A. Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), esa va a ser la estrategia de EEUU para ahogar al régimen cubano: cortar el suministro de crudo desde Venezuela. “El régimen está recibiendo petróleo venezolano prácticamente gratis; si no lo recibe y, encima, tiene que comprarlo, será muy complicado porque no tiene recursos”. El economista y exmilitar considera que Cuba es el siguiente país en la lista de la Administración Trump, aunque no sea “una amenaza existencial para EEUU”, pero sí es “una piedra en el zapato de Marco Rubio, que viene trabajando en la línea de tener a toda América Latina bajo control estadounidense”.

El experto en conflictos dice a elDiario.es que los mensajes de la Administración Trump son claros y no hace falta interpretarlos. Con base en ellos, Colombia y Nicaragua parecen ser los objetivos más inmediatos, después de Venezuela y Cuba, ante una comunidad internacional que no hace nada para frenarlo. “¿Qué freno va a tener Trump, si ya ha dado estos pasos –que suponen violar el derecho internacional y su propia legislación– y ve que no hay consecuencias? ¿Por qué no va a acelerar [sus intervenciones en América Latina]?”, se pregunta A. Núñez.

¿Qué freno va a tener Trump, si ya ha dado estos pasos –que suponen violar el derecho internacional y su propia legislación– y ve que no hay consecuencias?

Jesús A. Núñez — Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH)

Gustavo Petro, el segundo enemigo

Después de capturar a Maduro, Trump volvió a arremeter contra su otro enemigo del sur, el presidente colombiano, Gustavo Petro. En la rueda de prensa desde Florida volvió a acusar sin pruebas a Petro de estar detrás del tráfico de cocaína: “Entonces será mejor que vigile su culo”, advirtió. Al día siguiente, Trump calificó al jefe de Estado colombiano como un “hombre enfermo”. Uno al que, además, “le gusta producir cocaína y venderla a los Estados Unidos. Y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo”, dijo a bordo del Air Force One. 

A esas declaraciones, Petro contestó este lunes a través de su cuenta de X: “Aunque no he sido militar, sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar una arma más desde el pacto de paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”. “No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aún pago con mi sueldo”, agregó el mandatario colombiano.

La lucha contra el narcotráfico ha sido el eje central de la confrontación verbal entre los dos países que mantuvieron durante décadas una alianza estratégica sin apenas fisuras. El gigante del norte es el gran socio comercial de Colombia y Bogotá ha sido, a su vez, fundamental en la estrategia de seguridad del Pentágono en América Latina.

Petro, lejos de replegarse frente a la gran potencia mundial, ha convertido la coyuntura en una herramienta política y ha devuelto los mensajes insultantes, calificando a Trump de “monstruo”. Sin embargo, la analista y experta en relaciones internacionales Sandra Borda advierte de que, a cinco meses de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, el mandatario de izquierdas carece de margen de maniobra para ir más allá de esas subidas de tono.

En cuanto a la actitud de Trump, Borda explica: “La amenaza del uso de la fuerza contra Colombia es parte de la estrategia de control de la región. Y aunque suene obvio recordarlo, es una forma de tutelaje selectiva e ideológica que [EEUU] aplica para todos los países”.

La experta dice a elDiario.es que no hay explicación coherente para justificar el indulto que Trump otorgó al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años por narcotráfico. Aún menos sí, al mismo tiempo, captura y encarcela a Maduro por delitos paralelos. Dentro de ese marco de doble rasero, que Borda cataloga como una 'nueva doctrina Monroe', se desenvuelve la pugna ideológica en el continente.

“Es su forma de lidiar con los países de la región. Lo hizo en Argentina, en México y en Brasil. Su forma de intervención en los procesos políticos y electorales se apoya en el uso de las amenazas y el uso de la fuerza como método de control de los Gobiernos que le resultan adversos en materia ideológica”, concluye la analista. 

La amenaza del uso de la fuerza contra Colombia es parte de la estrategia de control de la región

Sandra Borda — Analista y experta en relaciones internacionales

Una de cal y otra de arena para México

Después del ataque ilegal a Venezuela, Trump volvió a apuntar contra México y su presidenta, Claudia Sheinbaum, a la que acusó de tener “miedo” de confrontar al narco. “Me agrada Claudia Sheinbaum, es una excelente persona. Nos encantaría que México lo hiciera; son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente los cárteles gobiernan México”, aseguró ante los medios.

No es la primera vez que Trump lanza a Sheinbaum advertencias directas: “Hay que hacer algo con México”. Y la respuesta de la presidenta ha sido firme y ha rechazado cualquier injerencia extranjera. También ha recordado que la lucha contra el crimen organizado es una responsabilidad del Estado mexicano, no una condición impuesta desde el exterior. “México no es un protectorado ni un patio trasero de nadie”, declaró. 

Este lunes, Sheinbaum indicó que México coopera con el Gobierno de Trump contra el narcotráfico “incluso por razones humanitarias”, pero insistió en que la violencia tiene entre sus causas “la entrada ilegal de armas de alto poder desde Estados Unidos hacia México, así como el grave problema del consumo de drogas en el país vecino”.

La relación entre los dos vecinos ha estado marcada por una tensa ambivalencia. Si, por un lado, Trump ha insistido en que le “agrada” Sheinbaum, por otro, la acusa de ser permisiva. Ese doble discurso —elogio personal seguido de amenazas políticas— ha marcado el tono con otros líderes latinoamericanos.

Sheinbaum, a quien analistas de medios estadounidenses como The New York Times han reconocido su tacto a la hora de gestionar las relaciones con la Casa Blanca, ha llamado a respetar la soberanía de los países y a resolver los conflictos por la vía diplomática y no con amenazas de fuerza. Este lunes, la mandataria se ha referido a la posibilidad de que EEUU intervenga en su país como en Venezuela: “Yo no creo en la invasión, no creo en ni siquiera que sea algo que ellos lo estén tomando muy en serio”. 

El investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México Juan Cruz Olmedo recuerda que la relación entre México y EEUU es, con diferencia, la más estrecha en la región. Por ello, cualquier tensión se mueve como una onda sísmica en ambas direcciones. En el caso mexicano, las primeras repercusiones serían económicas: entre el 80 y el 90% de sus exportaciones van a EEUU. 

Luego vienen los asuntos humanitarios y de seguridad; el tráfico de drogas y la migración. México se ha convertido en un corredor ineludible de tránsito para migrantes de Centroamérica o Sudamérica en su camino hacia el norte. Este último es un factor de presión enorme, apunta Cruz Olmedo, que ha sido utilizado como moneda de cambio dentro de la política migratoria bilateral.

La estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido mantener la cabeza fría, evitar las provocaciones y no caer en peleas discursivas. Aunque detrás de esa postura tranquila haya cedido en varios terrenos clave

Juan Cruz Olmedo — Investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México 

El cóctel entre comercio, narcotráfico y migración se halla en la médula de los roces entre Trump y Sheinbaum. El experto recuerda que el menú de presiones de la Casa Blanca ha abarcado desde la imposición de nuevos aranceles a las importaciones mexicanas, pasando por el uso de su poderío militar o nuevas sanciones migratorias unilaterales.

“Frente a esa incertidumbre, la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido mantener la cabeza fría, evitar las provocaciones y no caer en peleas discursivas. Aunque detrás de esa postura tranquila haya cedido en varios terrenos clave, como la política de seguridad y la migración, donde ha endurecido el control en la frontera sur y ha aumentado la cooperación con EEUU en extradiciones y combate al narcotráfico”.

Los aliados de Trump hacen frente común

Algunos gobiernos de Latinoamérica se han mostrado a favor del ataque ilegal de EEUU contra Venezuela y no han mostrado su preocupación por que Washington intervenga en otros países de la región por su cercanía ideológica a Trump.

Desde Argentina, el Gobierno ultraderechista de Javier Milei respaldó el ataque de una potencia global como EEUU a un país del continente americano, abandonando así los principios rectores de la política exterior de Argentina: la autodeterminación de los pueblos y la no intervención en los asuntos internos de otros Estados.

El alineamiento de Milei con Trump –cuya Administración dio un auxilio financiero-político en medio de la campaña para las elecciones legislativas argentinas– empieza a tener consecuencias en el terreno. En una entrevista con el canal de televisión LN+, Milei dio por cierto que Maduro “tiene como fuente de ingresos el narcotráfico del Cártel de los Soles”, una organización de cuya existencia dudan los expertos, y afirmó que en su lugar debería asumir la presidencia Edmundo González Urrutia, a quien definió como “el verdadero presidente”.

Argentina se sumó a la postura de varios países dentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que bloquearon un comunicado conjunto de condena por el ataque de Washington a Venezuela, que había impulsado Colombia, país que ostenta la presidencia del organismo. Paraguay, Bolivia, Ecuador, El Salvador y Panamá, gobernados por la derecha, se pronunciaron a favor de la acción ilegal de EEUU.

Además, el Gobierno argentino prepara una cumbre de líderes de derecha al estilo Grupo de Lima para el primer semestre del año en Buenos Aires: “Será una ofrenda de Milei a Trump, para demostrarle que puede ser su representante en la región y que él también tiene algo para aportar en el altar de Washington”, escribió Jorge Liotti, editorialista de La Nación, diario conservador argentino.

Antes del pasado fin de semana, Milei aseguró a la cadena CNN en español que su Gobierno avanza en la conformación de un bloque de países de ultraderecha, integrado por diez miembros que están dispuestos a “abrazar las ideas de la libertad y plantarse frente al cáncer del socialismo”.

Desde Chile –y en contraste con la postura del todavía presidente Gabriel Boric–, el presidente electo, el ultracatólico José Antonio Kast, celebró la detención de Nicolás Maduro como “una gran noticia para la región”.

El ultraderechista chileno afirmó que “los Gobiernos de América Latina deben asegurar que todo el aparato del régimen [chavista] abandone el poder y rinda cuentas”. Kast asumirá la Presidencia el 11 de marzo: ya ha viajado a Argentina y Ecuador y visitará este miércoles Perú en aras de “la coordinación regional” del bloque ultra. El mandatario peruano, José Jerí, cerró las puertas de Perú a venezolanos vinculados al Gobierno de Maduro, en línea con lo que hizo el Ejecutivo de Milei.

El 12 de marzo de este año en la marcha a favor de los jubilados todo fue gases lacrimógenos, palos y balas de goma. Un cartucho de gas lacrimógeno impactó en la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo. La violencia policial estaba amparada en el protocolo “antipiquetes” del Ministerio de Seguridad. Hasta ahora. Frente al reclamo de varias organizaciones, un juez argentino ha declarado nulo ese protocolo que dejó 1400 heridos en dos años de Gobierno de Javier Milei.

El juez federal Martín Cormick falló en contra de la Resolución 943/23 del Ministerio de Seguridad que la entonces ministra Patricia Bullrich puso en marcha en diciembre de 2023. El protocolo establece que cualquier manifestación que interrumpa el tránsito constituye un delito en flagrancia, lo que habilita a las fuerzas policiales a intervenir.

Entre los argumentos enumerados en la resolución judicial, el magistrado remarcó las garantías para la libre protesta que emanan de la Constitución. “Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.

En su escrito, Cormick cuestionó la definición del “impedimento al tránsito” enunciada en el manual represivo, ya que según éste cualquier acto que disminuya el tránsito de una arteria vehicular era considerada un delito susceptible de ser sancionado. En tanto, según el juez, la protesta social implica necesariamente cierto grado de afectación a la circulación.

“El protocolo es ilegal”

El fallo de Cormick llegó tras la presentación de un amparo colectivo impulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otras organizaciones que vienen impugnando el marco represivo del Gobierno. Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, señala a elDiario.es que el juez entendió que el Ministerio de Seguridad se excedió en sus facultades y que el protocolo no es legal. “El Ministerio sacó una resolución ilegal por fuera de sus competencias para restringir al máximo posible el derecho a la protesta. Ha sido bajo una forma muy arbitraria, pasando por encima del Congreso y del Poder Judicial, y con un objetivo político claro de mostrar que se podía contener las protesta mediante el uso del protocolo y con un amedrentamiento muy claro a quienes estaban dispuestos a salir a protestar”.

El saldo del protocolo de Bullrich, la ahora senadora del partido gobernante La Libertad Avanza, alcanza a 1.400 manifestantes heridos desde que se implementó. Según datos registrados por el CELS, se contabilizaron en estos dos años exactamente 1.399 heridos: hubo 750 en 2024 y 649 este año.

Litvachky explica cuál es el panorama que se abre con el fallo. “La nulidad del protocolo es aplicable a todo el país porque es un caso colectivo, no individual. En los términos en los que el juez está diciendo que el protocolo es ilegal y que iría en contra de la Constitución también, entendemos que por más que el Ministerio apele, el protocolo va a quedar suspendido”.

El Gobierno apelará

El Gobierno de Milei ya anunció que apelará la decisión judicial. Así lo comunicó la ministra Alejandra Monteoliva, exmano derecha de Bullrich en el Ministerio de Seguridad y su sucesora. En un mensaje difundido en la red social X, Monteoliva sostuvo que “sin protocolo no hay orden, hay caos”, y afirmó que el fallo representa un avance de sectores que, según su visión, “no quieren paz ni orden en la Argentina”.

La sentencia se conoce una semana después de que fuera confirmado el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero por el grave ataque que recibió el fotógrafo Pablo Grillo en marzo de este año. En un fallo unánime, un tribunal confirmó el procesamiento del gendarme por lesiones gravísimas y por abuso de armas reiterado en otras cinco oportunidades. El caso de Grillo, joven que aún se recupera tras varias cirugías, ha sido emblemático: expuso la violencia policial en las marchas de los jubilados de cada miércoles, cuando el protocolo antipiquetes se utilizó contra jubilados, periodistas y reporteros gráficos.