El acceso al campamento de emergencia instalado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el embolsamiento de Loma Colmenar, en Ceuta, ha derivado este lunes en una situación violenta, después de que cientos de migrantes que llevaban horas esperando para entrar intentaran acceder al recinto de forma masiva. La Policía Nacional ha intervenido para contener la avalancha y ha realizado cargas, además de utilizar pelotas de goma, en unos incidentes que han dejado al menos a una persona herida.

Paralelamente, alrededor de 400 mujeres que permanecían en campamentos instalados en distintas barriadas de Ceuta han sido trasladadas hasta las instalaciones de la Hípica.

La tensión comenzó a crecer después de que durante la mañana se habilitara el acceso de un grupo de personas al interior del equipamiento de acogida de Loma Colmenar. La entrada provocó que quienes permanecían fuera, muchos de ellos después de haber pasado la noche en las inmediaciones, intentaran avanzar al mismo tiempo para conseguir un lugar dentro del campamento.

La concentración llevaba horas creciendo en los alrededores de la explanada. Eran miles, entre magrebíes y subsaharianos. Las personas migrantes ocupaban las aceras, durmiendo allí hasta la mañana, cerrando parte de los accesos, mientras esperaban la posibilidad de entrar en unas instalaciones que cuentan con una capacidad limitada. La situación terminó generando empujones y una avalancha en la que también se produjeron enfrentamientos entre algunos de los propios migrantes.

Ante la presión acumulada en los accesos, los agentes desplegados en la zona se vieron obligados a intervenir para impedir que el grupo irrumpiera en el recinto. La Policía realizó varias cargas y empleó material antidisturbios, entre ellos pelotas de goma, para contener a quienes intentaban avanzar hacia la entrada, desde la colina que da a las viviendas sociales de color verde que presiden la barriada.

Uno de los migrantes implicados en los incidentes terminó herido durante la intervención y tuvo que ser trasladado hasta el interior del campamento por otras personas, que lo introdujeron en brazos. El clima de conflicto se mantuvo durante buena parte de la mañana en los alrededores del embolsamiento, mientras los efectivos policiales trataban de mantener despejados los accesos.

Largas esperas y traslado de mujeres a la Hípica

El problema se ha agravado por la presencia continuada de personas en el exterior del recinto. Muchos de los migrantes que han acudido a Loma Colmenar pretenden acceder a los recursos habilitados por el Gobierno, pero la capacidad disponible no permite atender de una sola vez a todas las personas que se concentran en la zona.

La explanada se ha convertido así en un punto de espera permanente, con personas que llegan desde otros lugares de Ceuta y permanecen en los alrededores a la espera de que se produzcan nuevas entradas. El dispositivo policial ha tenido que controlar los accesos para evitar que la presión de la concentración termine provocando una nueva avalancha.

Los incidentes se producen además mientras continúan los trabajos para ampliar y habilitar nuevos espacios de acogida en la ciudad. El campamento de Loma Colmenar forma parte del dispositivo desplegado para atender a una parte de las personas que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva registrada a finales de julio.

Durante esta jornada también se ha producido el traslado de unas 400 mujeres que permanecían en los campamentos vecinales repartidos por diferentes barriadas. Estas mujeres han sido conducidas hasta la Hípica, otro de los espacios que se están utilizando para ampliar la capacidad de acogida ante la presión existente.

La operación pretende descongestionar los asentamientos improvisados que se han ido formando en distintos puntos de la ciudad y trasladar a parte de las personas que permanecen en la calle hacia instalaciones preparadas para su atención.

La imagen de un vecino con la cara ensangrentada y varios puntos de sutura en la nariz tras ser agredido por manifestantes, los contenedores quemados o miles de personas migrantes huyendo de la Playa del Trampolín ante la llegada de una protesta de cientos de locales decididos a destrozar sus tiendas de campaña. Son algunas de las escenas que deja el brote de violencia, especialmente virulento en las últimas 48 horas, en la ciudad autónoma de Ceuta. Quedadas para cortar suministros a los extranjeros, incluso para hacer batidas y sacarlos de los barrios haciendo uso de la fuerza se han hecho comunes en grupos de WhatsApp de las barriadas. En ellos proponen “llegar hasta la muerte”.

Ya al día siguiente de la entrada en Ceuta desde Marruecos de varias decenas de miles de migrantes aparecieron comportamientos violentos. Una manifestación bajo la premisa de “defender Ceuta” acabó en persecución por el centro de la localidad a los magrebíes que acababan de llegar. Algunos llegaron incluso a lanzarles piedras, teniendo que intervenir la Policía Nacional. El hostigamiento a los que cruzaron el Tarajal se repitió el 1 de agosto, con la ciudad aún repleta de personas y los comercios cerrados.

El regreso voluntario —aunque con la colaboración de Ejército y Policía Nacional— de la gran mayoría de quienes habían flanqueado la frontera a nado o directamente a pie por el espigón el 31 de julio parecía dar un pequeño respiro y las muestras de violencia en las calles desaparecieron, aunque por poco tiempo. El Gobierno central habló de vuelta a la normalidad, algo que crispó los ánimos de los vecinos, pues aún quedaban en Ceuta más de 10.000 personas de la entrada. Las Fuerzas Armadas fueron sacándolos del centro de la localidad, único espacio donde en el último mes los residentes han podido mantener una cierta rutina en su vida. Las personas del África subsahariana y unos cientos de magrebíes fueron a parar al campamento de la Playa del Trampolín.

Niños con madres y personas de Marruecos quedaron en los barrios de la periferia, repartidos sobre todo entre Sidi Embarek y Príncipe Felipe —donde los propios vecinos montaron espacios seguros para mujeres y niñas— y Hadú. Durante días la situación pareció no avanzar, con escenas de calles repletas de migrantes e imágenes de locales afirmando que sentían inseguridad. “No podemos salir a la calle”, repetían desde la calle numerosas personas entrevistadas en programas en directo, asociando delincuencia con la totalidad de los migrantes.

La promesa del Gobierno de retornar a todos sin excepción, un extremo que se sabía imposible legalmente porque muchos son solicitantes de asilo y otros son menores que no pueden ser repatriados salvo que su interés superior así lo aconseje, caló en el ideario de los vecinos, que esperaban una rápida vuelta a Marruecos de las personas que entraron por el Tarajal. La realidad demostró con el paso de los días que eso no sucedería y que la cosa iba para largo. El acuerdo entre administraciones para levantar cuatro nuevos emplazamientos donde acoger a una cifra inicial de 1.500 personas no llegó hasta el 17 de agosto. Casi un mes después de los hechos, el Gobierno constituyó un mando único dirigido por el ministro Ángel Víctor Torres. Él mismo apuntó este jueves en el Congreso que no podrá enviarse de vuelta a todos los migrantes y que desde luego la ley impide hacerlo de forma instantánea como pide el Gobierno local y la derecha nacional.

Entretanto, los mensajes de odio corren como la pólvora en redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) detectó durante las 48 horas posteriores a la llegada de los migrantes 9.590 mensajes de odio relacionadas con este episodio. Los comentarios de las publicaciones de medios de comunicación locales en páginas como Facebook también aparecen plagadas de insultos, tanto hacia las personas migrantes como hacia el Ejecutivo de España. En muchas ocasiones, también hacia el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, una de las principales dianas de los manifestantes, que suelen proferir insultos contra él en cada una de las protestas que acaban en la plaza de los Reyes, sede del organismo.

Tras la primera semana de crisis humanitaria, los representantes de las cuatro culturas con representación en Ceuta —cristianos, musulmanes, hindúes y judíos— convocaron una manifestación en la plaza de la Constitución en la que volvieron a evidenciarse comportamientos hostiles hacia medios de comunicación, insultos al Ejecutivo y hacia los migrantes. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, acabó subido al escenario y se dio un baño de masas, coreado por las alrededor de dos mil personas presentes.

Una escena que se ha repetido en muchas de las concentraciones, con los protestantes incluso acabando su recorrido en la casa del dirigente al grito de “presidente, presidente” o con el mandatario cantando “fuera invasores” junto a los vecinos delante de la Asamblea. Este miércoles, antes de acudir al Trampolín, donde las reyertas se multiplicaron, los vecinos acompañaron al líder local a su domicilio y le despidieron con abrazos, cuando minutos antes en una comparecencia había mostrado su apoyo público a las manifestaciones, pero pidiéndoles que evitaran la violencia.

Desde el domingo 9, la indignación de los vecinos fue en aumento ante la sensación de inacción por parte de las Administraciones. Mientras Vivas insistía en culpar al Gobierno central y Madrid empezaba a deslizar falta de colaboración por parte de la ciudad autónoma, los vecinos de la periferia estallaban, dando un ultimátum. Si el 18 de agosto no habían recibido respuesta por parte de los ejecutivos (central y local), cogerían a las personas alojadas en los campamentos de sus barriadas y las bajarían “al centro”.

Finalmente, el delegado del Gobierno trasladó a los afectados que habilitarían un espacio en el embolsamiento cerca de la frontera y otro en la Hípica para acoger a las personas de los asentamientos de Sidi Embarek, el Príncipe y también a quienes deambulaban por Loma Colmenar. Dando por buena la medida, los representantes de los barrios cargaron duramente contra la Ciudad por mantener, a su juicio una política de “dos Ceutas”, centro y periferia, que asociaban a un cierto racismo estructural.

La suma de dos hechos acabó por prender la mecha de las reyertas que desde el martes se viven cada tarde en Ceuta. El primero, que al final miles de migrantes del Trampolín fueran llevados a los campamentos, en vez de quienes estaban en los asentamientos de las barriadas; y el segundo, los comentarios de los residentes en la periferia sobre la actitud de quienes viven en la zona noble de la localidad. Cada vez que se filtraba la ubicación de un nuevo espacio para acoger a migrantes, los vecinos salían a la calle a protestar y la Delegación daba marcha atrás. Por su parte, en Loma Colmenar, las movilizaciones fueron diarias una vez vieron que quienes usaban las tiendas montadas por el Ministerio de Migraciones eran quienes hasta el momento habitaban el Trampolín.

Volvieron entonces los anuncios de manifestaciones masivas desde distintos puntos de la localidad, casi a la par que se anunciaba finalmente el mando único y aparecía filtrado el borrador del real decreto que recogía los espacios que podrían servir como punto de acogida para migrantes. Los había en casi toda la ciudad y escocían especialmente entre los vecinos los polideportivos y los cuarteles situados cerca de viviendas, así como la antigua Fábrica de Harinas. Cada barriada o cada dos, en caso de las más pequeñas, se juntaron en grupos de WhatsApp. Un canal por el que empezaron a correr los bulos, como el de un posible confinamiento, o muchos relacionados con supuestas acciones delictivas por parte de migrantes.

elDiario.es ha podido ver de primera mano el contenido de algunos de estos grupos en los que los participantes organizan directamente batidas para “cazar” migrantes y “sacarlos” de sus barrios. También planean en ellos el corte de suministros y distintas clases de acciones de boicot, incluso a establecimientos locales. De hecho, existe una lista de tiendas y bares marcados por vender productos a los extranjeros, darles agua o dejarles cargar el móvil a los que piden no se acuda. Aunque no todos los participantes son violentos. Algunos llaman a evitar lanzamientos de pintura o de huevos, algo que en los últimos dos días sí ha sucedido.

El martes, en una enorme manifestación que recorrió toda la localidad, varios periodistas fueron agredidos y migrantes hostigados. Días atrás, un cámara local también había sido golpeado por un protestante a la puerta del Ayuntamiento: “Pensé que eras un mena”, dijo para justificarse tras pegar al joven musulmán.

El miércoles y el jueves llegó el pico de violencia. Ayer varias personas más fueron agredidas, no solo periodistas. Un civil acabó con la nariz rota a manos de otro vecino y comentaba este jueves, con varios puntos de sutura en la cara, que teme salir a la calle, “no por los migrantes” sino por sus propios vecinos. La agitación fue en aumento desde que los manifestantes dejaron la plaza de los Reyes tras insistir en la devolución inmediata de los migrantes y en insultar al delegado y al Gobierno central. Se dirigieron hacia la playa del Trampolín y, por el camino, se enfrentaron a extranjeros, lanzaron huevos a un taxista musulmán y forzaron el cierre de un negocio que tenía en su terraza a algunas personas magrebíes.

Una vez en el arenero que ha servido de asentamiento desde el día posterior a la entrada, optaron por correr hacia los migrantes, que huyeron inmediatamente al ver llegar a la turba, y destrozaron sus tiendas de campaña y las estructuras creadas con palos a modo de techumbre improvisada. La Policía Nacional acabó por conducirlos fuera del lugar, pero muchos, ya con la cara tapada, continuaron sus batidas por las barriadas quemando contenedores.

Los momentos de tensión han vuelto este jueves con decenas de personas tratando de evitar que las personas que viven en el Trampolín pudieran recibir alimentos. El boicot al reparto de Cruz Roja no surtió efecto gracias a la intervención policial. Los protestantes optaron entonces por violentar a las personas allí asentadas y quemar sus pertenencias.

El Gobierno llama a la calma

Desde el Gobierno han intentado calmar las aguas tras los altercados dirigidos contra las personas que viven en la playa del Trampolín y también las detenciones de doce migrantes por participar presuntamente en una agresión que causó heridas a cuatro militares en la zona de Benzú. Primero lo ha hecho el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, asegurando ante el Congreso que el Estado “está volcado para devolver cuanto antes la normalidad a la ciudad autónoma de Ceuta” y llamando a evitar “cualquier discurso racista o xenófobo”. Luego ha sido el turno de Ángel Víctor Torres, que ha asumido el mando único de la gestión de la crisis en Ceuta, pidiendo a PP y Vox que se sumen “a un mensaje claro” de “no a la violencia” ante la escalada de la tensión en la ciudad autónoma.

Lejos de intentar calmar los ánimos, desde el PP han elevado el tono. El portavoz nacional del partido, Borja Sémper, ha pedido “no señalar a la gente” tras ser preguntado por la posibilidad de que los ciudadanos “se tomen la justicia por su mano” y “empeore” la situación. “Lo que nos preocupa es que la gente en Ceuta está desesperada. Lo que nos preocupa es que haya mucha gente que cree que el Estado no le está respondiendo, que cale la sensación de que las autoridades y que el servicio público, y, por lo tanto, el Estado, es incapaz de resolver las crisis que enfrentan. Esto es lo verdaderamente preocupante. No hay que señalar a la gente. Lo que hay que señalar es a quienes gobiernan”, ha respondido.

Sobre el ataque contra la agresión a cuatro militares, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha pronunciado en su cuenta de Twitter: “¿A qué espera el Gobierno? ¿A que haya una desgracia? O peor, ¿a aprovecharla políticamente?”. La dirigente popular Cuca Gamarra también ha desdeñado los llamamientos a la calma y ha asegurado que mientras a los vecinos “les piden paciencia” los que se están “tomando una cerveza en una terraza son los que invadieron su ciudad”. “Mucha paciencia han tenido. Se trata de que ustedes empiecen a actuar con responsabilidad”, ha espetado al ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

Las palabras del PP de este jueves llegan después de semanas en las que han intentado expandir mensajes deshumanizadores hacia las personas migrantes y señalar a todos los llegados a Ceuta, sin distinción, como potenciales delincuentes y portadores de enfermedades. También han pedido, desde el primer momento, que todos sean deportados, pese a que eso incumple la ley, que obliga a realizar un proceso garantista para los menores de edad y las personas solicitantes de asilo.

En el cementerio musulmán de Ceuta, ubicado en la escarpada ladera de la barriada de Sidi Embarek, un elevado número de tumbas carece de nombre. Un número las identifica. Y aunque algunas son de locales, muchas de ellas, cientos, miles incluso, las ocupan migrantes que perdieron la vida en el mar tratando de alcanzar suelo español, el de la ciudad autónoma, desde Marruecos. Hoy viernes, 18 personas fallecidas en la entrada a la localidad el 30 de julio, pasaron a engrosar la cuenta de los anónimos. Sus números van del 5412 al 5430.

Tras el rezo de poco antes de las seis, cinco voluntarios ya esperaban en el lugar. Habían levantado una hilera entera de tierra de unos veinte metros de ancho por unos dos de largo, para dar cobijo a los cadáveres que ya no podían permanecer en la morgue dado su avanzado estado de degradación. La vecina de una casa junto a la entrada del cementerio gritaba por la ventana: “¿De quién es esa moto y ese coche?”. Otro residente bajaba en camiseta de tirantes y en unos pantalones cortos ligeros a rayas. Finalmente, los propietarios retiraban los vehículos.

Ahí debía entrar el coche fúnebre. Antes llegó la consejera Nabila Benzina y el diputado y socio dela funeraria, Navil Rahal. También un motocarro conducido por un chaval joven, pero diestro al volante -a la vista de sus maniobras en poco espacio- que portaba en la parte trasera las camillas de lona donde luego reposarían los migrantes fallecidos.

Pasaban de las 17.20 horas, hora local, cuando los primeros restos mortales llegaron. “A la derecha están las piernas”, decía uno de los encargados de su traslado al abrir el maletero. Todos iban con trajes desechables, con mascarillas e incluso con máscaras de gas. Pesaban sobre los hombros de cuatro trabajadores los cuerpos de los fallecidos. También pesaba la atmósfera húmeda y muy cálida.

Quienes levantaron los cuerpos, luego se agruparon en torno a un imán, muy juntos rezaron: “Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar” (Alá es grande). Mirando hacia abajo, donde, sobre las camillas descansaban los cuatro primeros migrantes fallecidos y enterrados hoy. Tras ellos, al fondo, un vergel verde, distinto en morfología y colores al resto de la Ciudad, más árida. Una zona llena de árboles que tapan la barriada del Príncipe y que llegan hasta el país vecino, Marruecos, de donde llegaron quienes este viernes recibieron sepelio.

Tras la primera oración, las personas equipadas comenzaron a trasladar a los muertos a sus espacios, colocando uno por uno en su hueco. Mientras, cinco personas, de pie sobre la tierra excavada para crear las oquedades, seguían rezando. Cuando los cuatro ocupaban el lugar designado, tiraban sobre él un puñado de producto químico blanco. Y luego ponían ladrillos delgados y alargados para sellar la tumba. Finalmente, encima iría la tierra, y el número, grabado en piedra blanca.

La operación se repitió hasta que los 18 recibieron sepultura. De los más de cien cadáveres de migrantes que albergaba hasta hoy la morgue, solo seis han sido identificados -hay un séptimo cotejado, pero este falleció en el Hospital Universitario- y ninguno ha podido ser trasladado a Marruecos por la negativa del Gobierno del Reino alauita. Por tanto, cabe esperar que la escena de hoy se repita reiteradamente. Con más entierros de personas que perdieron la vida en la mar y que siguen sumando en la cuenta del cementerio de los anónimos.

Pasan unos minutos de las siete de la mañana cuando comienza un éxodo de miles de personas. Alrededor de 4.000 migrantes, entre los de origen magrebí y de países del África Subsahariana, reciben la orden de agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional de dejar la Playa del Trampolín. En ese pedacito de litoral próximo a las instalaciones del CETI se levantaba hasta la fecha un campamento improvisado en el que se han alojado desde su entrada a España entre el pasado 30 y 31 de julio. El miedo y la incertidumbre se hace patente al abandonarlo.

“No sabemos qué va a ser de nosotros ni dónde nos llevan”, grita nervioso Ahmed, uno de los últimos en irse poco antes de las diez. Algunos abandonan hasta las chanclas por la acera que está frente al arenero. Allí quedan las construcciones en caña, madera y plástico que montaron para tener un techo y protegerse de las altas temperaturas.

Allí también queda una silla. Es la misma en la que hasta hoy mismo ofrecía cortes de pelo Keriz, un chaval de 24 años de Fez que trabajaba como barbero en Tetuán, a escasos quince minutos de Ceuta. Como tantos, acudió a Castilllejos para cruzar a España a través del Tarajal el pasado 30 de julio. “Llevo más de 20 días viviendo aquí”, cuenta a elDiario.es señalando a la playa.

Cuenta que comía “una vez al día”, por la noche, aunque tampoco se queja. Sí le perturba la incertidumbre, teme que le acaben devolviendo a Marruecos. “No sé lo que va a pasar, pero cualquier cosa menos volver allí”, apostilla casi a modo de súplica. Justo se cruza uno de sus amigos del campamento improvisado, Hassan, que grita: “A Marruecos no, a Marruecos jamás”, mientras hace un gesto cruzando los brazos.

Los agentes se llevaron primero a las personas de origen subsahariano. Lo hicieron cuando el sol apenas se alzaba. Pronto formaron una larguísima fila que embocaba hasta la barriada de Benítez. Según fuentes del Ministerio de Migraciones, la idea es trasladarlos a los campamentos levantados en Loma Margarita y en el embolsamiento de Loma Colmenar, espacio habitualmente usado para repartir tickets a quienes quieren cruzar en coche la frontera hacia Marruecos.

Sin embargo, los migrantes decían no saberlo, lo que generó nerviosismo. Al ver acercarse las decenas de furgones policiales, algunos salieron corriendo, mientras la Guardia Civil les mostraba el camino hacia la gigantesca fila humana que desfilaba abandonando el Trampolín. Muchos se iban con los bártulos. Con bolsas con ropa y otros materiales. Otros sin nada, e incluso había quien se escondía con éxito entre arbustos situados a pie de playa.

Con la marcha del grueso del primer grupo comenzaron a llegar los operarios de la empresa municipal de limpieza para tratar de recuperar la normalidad en la playa.

Hacia las once quedaban únicamente formadas dos columnas de migrantes esperando a ser trasladadas. Una junto al agua, la otra en el lado contrario de la carretera. En la primera se encontraba Vincent, el menor huérfano que en días previos animaba a otros jóvenes actuando con la cara pintada a lo Charles Chaplin frente a la Jefatura de la Policía Nacional, haciendo más amena su espera para su filiación. Aún hoy, con el mismo maquillaje, mantenía buen espíritu en pleno traslado, cargado con bolsas con los disfraces que había usado en días previos.

Hamza, de 32 años, fue uno de los últimos en partir. “Espero que donde nos lleven podamos estar mejor”, comentaba una vez informado que su destino era un campamento organizado. Sin embargo, como Keriz y Hassan, rechazaba volver a Marruecos: “Necesito trabajar y comer”.

Atrás queda el campamento de la Playa del Trampolín. Un asentamiento formado una vez las Fuerzas de Seguridad condujeron y acordonaron en el lugar a los migrantes el 31 de julio. Desde entonces las personas allí asentadas construyeron cabañas e iniciaron incluso actividades económicas, como la citada barbería o un mercadillo de ropa, tabaco, comida y útiles varios.

Por la tarde, centenares de personas volvieron a la playa. Algunos para recoger sus cosas y otros con intención de qudarse. Sin embargo, la policía asegura a este medio que se irán trasladando a los centros habilitados.

Asociaciones humanitarias como Elín venían denunciando el mal estado en el que se encontraban las personas allí desplazadas. Hablaban de horas de espera para unos quesitos, dos piezas de bollería, una pieza de fruta y un zumo. Alimentos que, tal y como confirmaba este jueves Keriz, debían durarles “todo el día”.

No sabemos qué va a ser de nosotros ni dónde nos llevan

Ahmed

También generaba preocupación a las ONG la falta de higiene. Fuentes gubernamentales, incluida la ministra de Sanidad, Mónica García, señalaban en los últimos días la importancia de trasladar a campamentos correctamente equipados a las personas migrantes para que puedan ser atendidas por personal sanitario.

El próximo paso del Ejecutivo pasa por abrir el Centro de Atención Temporal a Emigrantes (CATE) en una nave del Tarajal. La idea es que opere a finales de mes y que sirva como espacio para filiar a todos los migrantes, tramitando sus expedientes de expulsión del país o de asilo, en caso de que así lo soliciten. El Gobierno local, en colaboración con el Estado, también espera habilitar en el mismo polígono varias instalaciones para acoger a los menores no acompañados, dado que los espacios abiertos hasta ahora ya se encuentran completos con más de 1.300 jóvenes instalados.

La consejera de Hacienda de Ceuta, Kissy Chandiramani, y el diputado no adscrito Mohammed Navil Rahal, exparlamentario del PSOE que rompió con su partido y posteriormente ha respaldado al Gobierno del PP de Juan Vivas, tendrán que declarar como investigados el próximo 22 de septiembre por la adjudicación de los mataderos portátiles de la Fiesta del Sacrificio. La causa judicial, impulsada por la Fundación Abogados Cristianos, examina posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos en un contrato de 2.313.131 euros adjudicado a Herederos de M. Jimena S.L., una empresa administrada por la esposa de Rahal. Ella también comparecerá, aunque en su caso como testigo.

La investigación judicial llega después de una trayectoria política de Rahal que ha tenido consecuencias directas en la aritmética de la Asamblea de Ceuta. El diputado abandonó el PSOE después de romper la disciplina de voto de su formación y pasó al grupo de los no adscritos. Desde entonces, sus apoyos han resultado relevantes para el Ejecutivo de Juan Vivas, incluido el respaldo a los presupuestos de la Ciudad, mientras empresas vinculadas a su entorno familiar han continuado recibiendo contratos de la Administración local.

De diputado del PSOE a apoyo parlamentario del PP

Rahal formaba parte del grupo socialista de la Asamblea junto a otros diputados que posteriormente también acabarían fuera de las filas del PSOE. A mediados de 2024, él y Fidda Mustafa se saltaron la disciplina de voto de su partido al apoyar una iniciativa del Gobierno de la Ciudad. Ambos fueron expulsados de la formación y pasaron a engrosar el grupo de los no adscritos.

La salida de Rahal del PSOE alteró el equilibrio político de una Asamblea en la que los diputados sin partido fueron ganando peso hasta convertirse en un grupo determinante para la aprobación de iniciativas del Ejecutivo. La ruptura se produjo además en un momento en el que el PP necesitaba apoyos para sacar adelante sus cuentas y otras decisiones relevantes de la legislatura.

Ese nuevo escenario tuvo una de sus expresiones más claras en la aprobación de los presupuestos para 2026. Rahal votó a favor de las cuentas del Gobierno de Juan Vivas y pasó así a formar parte de la mayoría parlamentaria que permitió al Ejecutivo popular sacarlas adelante. Entre las modificaciones introducidas durante la tramitación se encontraba precisamente el aumento de la partida destinada a los mataderos portátiles de la Fiesta del Sacrificio.

El proyecto inicial reservaba 377.180 euros para este servicio, pero una enmienda elevó la cantidad hasta 580.896 euros. El incremento adquirió relevancia por la relación existente entre el diputado y el entramado empresarial que venía prestando el servicio y por el hecho de que Rahal había respaldado las cuentas municipales en las que se produjo ese aumento.

Las relaciones contractuales del entorno del diputado con la Administración local ya habían generado críticas de sus antiguos compañeros socialistas, que llegaron a acusar al PP de “comprar voluntades” y a Rahal de transfuguismo. El Gobierno de Vivas ha defendido, por su parte, la legalidad de los contratos y el propio presidente de la Ciudad negó haber sido el artífice de la configuración de la actual mayoría de diputados no adscritos.

Contratos en la órbita familiar de Rahal

La empresa que ahora se encuentra en el centro de la investigación judicial, Herederos de M. Jimena S.L., está administrada por la esposa de Rahal. La sociedad resultó adjudicataria del contrato para instalar y gestionar los mataderos portátiles durante la Fiesta del Sacrificio por 578.282,75 euros anuales, hasta alcanzar los 2.313.131 euros durante los cuatro años de vigencia, impuestos incluidos. Los pliegos contemplan además una posible prórroga de un año.

No se trata, sin embargo, del primer contrato relacionado con los mataderos que recae en el entorno empresarial del diputado. Entre 2022 y 2025 el servicio fue prestado por R&B Sebta, una sociedad vinculada a su entorno familiar y de la que Rahal fue apoderado. Aquel contrato alcanzó aproximadamente 1,5 millones de euros, unos 375.000 euros por cada ejercicio.

A esas adjudicaciones se suman otros encargos de la Administración local a empresas relacionadas con la familia o el entorno empresarial del ex diputado socialista. Academia Rahal S.L., administrada por su hermano y en la que el propio parlamentario había figurado anteriormente como apoderado, recibió de la empresa pública Acemsa un contrato menor de 41.270 euros para la reconstrucción de un muro de contención.

También Quarry Urban Developments, administrada por la nuera del socio de Rahal en el negocio de los mataderos portátiles, acumuló cinco contratos menores de la Administración local entre 2024 y 2025 por un importe conjunto de 174.117 euros. Entre ellos figura uno para la adecuación de espacios de la barriada Príncipe Alfonso en materia de accesibilidad universal y salubridad.

No fue la oferta más barata, pero sí la ganadora

La nueva licitación elevó considerablemente la cuantía respecto al contrato anterior. La Ciudad planteó un servicio por 2,3 millones de euros durante cuatro años, con siete mataderos portátiles, dos más que en el periodo anterior al incorporarse nuevos emplazamientos en Benzú y Hadú a los de Pozo Rayo, Loma Colmenar, Príncipe Alfonso, Estación del Ferrocarril y Miramar.

La oferta más barata del procedimiento no fue la que acabó resultando adjudicataria. Global Rochis Group S.L. había planteado realizar el servicio por unos 370.800 euros anuales, pero la mesa de contratación consideró que podía encontrarse en situación de baja anormal. Tras analizar la justificación presentada, la propuesta fue descartada y el contrato acabó recayendo en Herederos de M. Jimena S.L., que había presentado una oferta de 578.282,75 euros al año.

La nueva cantidad guarda además relación con el incremento presupuestario producido durante la tramitación de las cuentas de la Ciudad. La partida pasó de 377.180 a 580.896 euros, una cifra muy próxima a la anualidad por la que finalmente se adjudicó el servicio. El contrato también supone un incremento respecto al anterior, aunque amplía de cinco a siete el número de mataderos y actualiza las condiciones económicas del servicio.

Es precisamente la combinación de estos elementos —la relación empresarial y familiar de la adjudicataria con Rahal, el respaldo del diputado a los presupuestos y el incremento de la partida— la que Abogados Cristianos incorporó a sus argumentos al acudir a los tribunales.

La supuesta participación de Chandiramani en el procedimiento

La investigación alcanza también a Kissy Chandiramani en su condición de responsable del área de Hacienda de la Ciudad. La consejera tendrá que declarar como investigada por la posible participación que se le atribuye en la tramitación relacionada con el contrato de los mataderos portátiles.

La popular ha defendido públicamente la actuación administrativa y ha mostrado su disposición a entregar al órgano judicial toda la documentación relativa al expediente. Preguntada por su citación, la consejera aseguró a elDiario.es que mantiene respeto hacia las decisiones judiciales y que colaborará con la investigación.

“Respeto a las resoluciones judiciales”, afirmó Chandiramani, antes de añadir que desde la Administración se aportará “el expediente completo”. La consejera precisó además que el procedimiento “no ha tenido ningún recurso en la vía administrativa”.

Así las cosas, la comparecencia de Chandiramani y Rahal está prevista para el 22 de septiembre. La esposa del diputado, administradora de Herederos de M. Jimena S.L., también tendrá que acudir al juzgado, aunque en su caso lo hará en calidad de testigo y no como investigada.

Una denuncia que parte de Abogados Cristianos

Abogados Cristianos presentó actuaciones judiciales contra la adjudicación al considerar que el procedimiento podía contener indicios de distintas irregularidades. La organización sostiene que podrían haberse cometido delitos de prevaricación administrativa y malversación, además de haber planteado inicialmente la existencia de posibles responsabilidades relacionadas con el tráfico de influencias.

Uno de los argumentos de la fundación está relacionado con la tramitación administrativa del contrato. Según su interpretación, la licitación se formalizó cuando permanecía pendiente un recurso cuya presentación implicaba la suspensión automática del procedimiento.

Abogados Cristianos también ha cuestionado la motivación de la adjudicación, determinados elementos económicos del procedimiento y posibles incumplimientos de normativa nacional y europea relacionada con el bienestar animal. Por ello, además de recurrir la adjudicación, solicitó que se adoptaran medidas cautelares sobre las contrataciones previstas para los siguientes ejercicios.

La fundación ha relacionado asimismo la adjudicación con la posición política de Rahal durante la aprobación de los presupuestos. Según sostiene, el voto del diputado fue decisivo para sacar adelante unas cuentas que incrementaron la partida destinada a los mataderos, mientras la empresa finalmente adjudicataria estaba administrada por su esposa.

Son precisamente esas circunstancias las que han acabado formando parte de las diligencias judiciales. La citación como investigados de Rahal y Chandiramani, sin embargo, no supone que los delitos denunciados hayan quedado acreditados ni que exista una condena, sino que ambos tendrán que comparecer ante el juzgado para dar cuenta de su eventual participación en los hechos que se investigan.

“En la vida hay amigos íntimos, amigos, conocidos, adversarios, enemigos, enemigos mortales y... compañeros de partido”. Citando al político conservador italiano Giulio Andreotti en su discurso, Miguel Ángel Pérez Triano tomó las riendas del Partido Socialista de Ceuta en un congreso celebrado en marzo de 2025. La formación local, acostumbrada a la convulsión con reiteradas refundaciones, daba inicio a una nueva etapa. Sus palabras parecían presagiar lo que vendría después. Disputas entre bandos, entre la vieja guardia que rodea al nuevo secretario general —y también delegado del Gobierno, además de futuro candidato a la presidencia de la ciudad autónoma— y la de los diputados que llegaron a la Asamblea en la etapa previa, la de Juan Gutiérrez, y que integraron la gestora que se hizo cargo de la transición hasta casi la primavera del pasado año.

El clima de calma tensa, con varios cargos electos abandonando las filas socialistas en plena legislatura y pasando a apoyar al PP, se mantuvo hasta que esta misma semana los diputados Melchor León y Sebastián Guerrero —quienes junto con Hanan Ahmed forman el actual grupo parlamentario del PSOE— optaron por cesar a todos los representantes que la Ejecutiva de la formación había colocado en los consejos de administración de las empresas municipales. Se colocaron ellos, León y Guerrero, en su lugar. Además, también cesaron a la asesora del grupo, Lucía Cerdeira, de histórica familia socialista, sustituyéndola por un hombre de confianza para ellos, Daniel López.

León optó poco después por pedir en redes sociales la dimisión de Miguel Ángel Pérez Triano como delegado del Gobierno en una publicación en la que también atacaba al presidente Pedro Sánchez.

El asunto ya ha sido trasladado a Ferraz, que en apenas un día hizo llegar una carta a los dos representantes. En ella les invitan a dar marcha atrás en los cambios realizados en los consejos de administración antes del próximo miércoles 19 de agosto. Fuentes próximas a Guerrero y León confirman que no tienen intención de retractarse. Justifican su decisión en que esta es la única manera de que el grupo parlamentario “vuelva a funcionar como debe y sea útil para la ciudadanía” y aseguran que los representantes nombrados por la Ejecutiva del PSOE ceutí eluden de manera habitual acudir a las reuniones y no se comunican abiertamente con los diputados. De esta manera, les es “imposible” llevar a cabo la labor de fiscalización de la acción del gobierno, que, entienden, les corresponde.

Un representante de la Ejecutiva del partido consultado por elDiario.es niega este extremo. “Nos hemos ausentado a cuatro de cuarenta”, asegura. Dice esta fuente que en los consejos de administración les entregan “150 expedientes con 24 horas de antelación” y, aun así, se esfuerzan “en leerlo y vigilar que el dinero se gasta de forma conveniente en las empresas municipales”.

El origen de la brecha

La brecha en el partido, sin embargo, va mucho más allá de la disputa formal respecto a los puestos en los consejos de administración de las empresas municipales. Según las fuentes consultadas, todo comienza con la creación de un núcleo crítico con la gestora que se encargó de administrar el PSOE de Ceuta tras la marcha de Juan Gutiérrez por incompatibilidad con su empleo en la empresa de limpieza municipal y entre acusaciones internas de corrupción.

Aquel núcleo crítico, liderado inicialmente por un histórico, Pablo Núñez, y apoyado por familias de amplia trayectoria en el partido —véanse los Miaja, Cerdeira o el propio Pérez Triano— acabó por forzar la convocatoria del XIII Congreso Regional del PSOE. Sebastián Guerrero, portavoz de los socialistas en el Pleno de la Asamblea, fue el primero en anunciar su candidatura a secretario general. Poco después hizo lo mismo Pérez Triano, elegido finalmente como líder del sector crítico a la gestora.

Las elecciones primarias estaban servidas. Sin embargo, pocos días antes de formalizar las candidaturas, según aseguran fuentes del entorno de Guerrero, un miembro arraigado de la agrupación, que ahora forma parte de la Ejecutiva de Pérez Triano, llamó al diputado para decirle que no podía presentarse: “Le dijo que no tenía pedigrí para optar a eso”. Varias fuentes socialistas confirman que este hecho sucedió y que junto a una polémica sobre la participación de Melchor León —su hombre fuerte en la candidatura— en la licitación del hotel municipal, a la que optó una empresa de la que había sido administradora su esposa, acabaron por frenar las aspiraciones de Guerrero.

Con Pérez Triano aupado a la secretaría general, el relato de las fuentes del grupo parlamentario socialista es que los desplantes comenzaron a sucederse. “La idea era crear una bicefalia dulce, sin peleas. Él se quedaba con la parte del partido y Guerrero y León con la Asamblea, manteniendo a los asesores que les eran afines”. Sin embargo, los primeros comentarios entre partes ya no auguraban buen entendimiento: “Le decía a Guerrero que le permitía estar en la Ejecutiva y que le hubiera ganado las primarias. Sin embargo, él puede estar en la ejecutiva como miembro nato por ser portavoz parlamentario”, argumenta un compañero.

El malestar escaló a cuenta de una visita del ministro Ángel Víctor Torres, que tras pasar varias horas hablando con el portavoz parlamentario, fue a cenar con los miembros de la Ejecutiva quedando excluido Guerrero: “Luego durante la cena se jactaron de haberle dejado fuera”, añade otra fuente socialista próxima al diputado, que también indica que nunca se reflejó su presencia en las actas de las reuniones del órgano gestor del partido, por lo que “a ojos de Madrid nunca estuvo allí”.

Ese supuesto rechazo también se hacía palpable, según el entorno de Guerrero, en que tardaran en meterle en el grupo del chat de la Ejecutiva “más de un año” y en que “se tuviera que enterar de lo que se hablaba ahí a través de otros compañeros”. Las decisiones y propuestas que luego Guerrero, León o Ahmed trasladaban al Pleno se gestaban directamente en la directiva de la agrupación local e incluso, afirman fuentes del grupo parlamentario, “la Ejecutiva trasladó al PP que quienes tenían potestad para negociar los presupuestos eran ellos, como interlocutores válidos, y no los diputados”.

El distanciamiento entre los dos PSOE de Ceuta se hacía cada vez más evidente. A Guerrero y León no les acababan de encajar las propuestas “naíf” que debían defender en sesión plenaria “sobre perros y gatos”, ironizan debido a las numerosas propuestas relacionadas con el bienestar animal que presentaron a instancias de la secretaria de Política Institucional de los socialistas ceutíes, Sandra López. A ella y a otros directivos de la formación con históricos militantes en sus familias, lo que los parlamentarios denominan “la vieja guardia”, achacan lo que a su parecer es un “funcionamiento poco democrático del PSOE”: “Han traído a jugar a los repetidores y así nos va”. De hecho, los parlamentarios díscolos opinan que “en las condiciones actuales, si se mantiene la candidatura que hay” no conseguirán “ni un solo diputado” en las próximas elecciones.

De esa creencia, aseguran, nace la idea que transmiten los diputados de “reflotar” el partido en estos próximos meses, “revirtiendo el desencanto que hay en la ciudad”. Para ello pretenden disponer de toda la información de los consejos de administración y de un asesor de confianza que les permita hacer una “política más cercana a lo que se necesita”.

Petición de dimisión de Pérez Triano

Para llegar ahí la brecha ha debido abrirse por completo y en plena crisis migratoria. León ha sido el más crítico, llegando a pedir la dimisión del delegado del Gobierno, Pérez Triano, y atacando a Pedro Sánchez por compartir una playlist de canciones mientras los problemas de gestión y atención humanitaria por la entrada de personas migrantes a Ceuta aún se hacen notar. Guerrero, más sutil, afeó en una carta dirigida a los medios la ausencia del secretario general socialista en los actos religiosos por la Virgen de África, celebrados apenas dos días después de la llegada de decenas de miles de personas desde Marruecos. Estas manifestaciones se sumaron a que tanto León como Guerrero apoyaran un comunicado institucional de la Junta de Portavoces de la Asamblea de Ceuta criticando la “inacción” del Gobierno central.

Tras todos estos acontecimientos llegó la decisión de cesar a la asesora de confianza de la Ejecutiva que hacía como intermediaria entre el partido y Guerrero y León. Un cargo con un salario de 3.700 euros que antes había ocupado Pérez Triano, cuando pidió una excedencia de su puesto como maestro para centrarse en la política. Fuentes próximas a los diputados opinan que preveía volver una vez tuviera que dejar la Delegación de Gobierno para presentarse a las elecciones, un extremo que ha sido negado tajantemente por una fuente de la dirección local del partido, que asegura que solo tendrá que abandonar su puesto en la Plaza de los Reyes cuarenta días antes de la votación: “No le da tiempo ni a pedir el paro”, ironiza este socialista.

Lo que sí reconoce es otro de los aspectos criticados por los parlamentarios díscolos, que negocian con la Ciudad que, en la próxima legislatura, de obtener el escaño, tenga un sueldo como portavoz y que cotice. “Esto lleva tiempo hablándose, ya lo habíamos pedido porque en todos los ayuntamientos es así. No es que sea para él, sino para los portavoces de todos los partidos”, zanja al respecto este militante afín al aparato.

Una “aventura” que podría acabar en sanciones

Fuentes de la dirección del PSOE de Ceuta consultadas para este artículo interpretan el movimiento de Melchor León y Sebastián Guerrero como algo que trasciende la disputa por los consejos de administración y apuntan directamente a una posible ruptura del partido. En el entorno de Pérez Triano consideran que los dos diputados han emprendido una “aventura” al margen de los órganos de dirección y que, especialmente en el caso de León, puede existir una estrategia encaminada a terminar construyendo una alternativa política con otras siglas. Una de las fuentes llega a mencionar la posibilidad de que el diputado pueda estar pensando en recuperar una marca de carácter localista que, según su versión, habría funcionado anteriormente en Ceuta. “Yo creo que Melchor está más tirado para adelante, que tiene un partido, uno localista que ha funcionado bien”, sostiene esta fuente, que menciona como posible referencia el nombre ‘Cien por Cien Ceuta’.

La misma fuente sitúa la actuación de los diputados en un momento especialmente delicado para el PSOE ceutí y considera que la crisis migratoria ha terminado agravando una fractura que ya venía de antes. Desde la dirección socialista reprochan a León que haya utilizado la situación para atacar directamente a Pérez Triano y Pedro Sánchez. En particular, afean que los diputados hayan optado por abrir además un conflicto interno que, a juicio de este sector del partido, contribuye a proyectar hacia el exterior una imagen de división. “Con lo que Ceuta tiene encima, con lo que hay que responder, que comiencen a jugar esta aventura y crear una crisis…”, considera la fuente, que interpreta que la dimensión nacional que ha adquirido la situación de la ciudad hace todavía menos comprensible, desde su perspectiva, la estrategia de los parlamentarios.

La dirección socialista también pone el acento en la intervención pública de León durante el fin de semana, cuando reclamó la dimisión de Pérez Triano y cuestionó al presidente del Gobierno. “Le ha faltado enseñar las cortinas”, ironiza esta fuente, que considera que el diputado ha aprovechado el foco mediático generado por la crisis para construir un discurso propio y distanciarse de la dirección. En el entorno del aparato socialista entienden sus intervenciones como parte de una estrategia de posicionamiento personal y de diferenciación respecto al PSOE oficial.

Pero uno de los asuntos que más preocupa a la dirección es la decisión de modificar la representación socialista en los consejos de administración de ocho empresas municipales. Las fuentes consultadas defienden que no se trata de puestos de carácter personal, sino de instrumentos para ejercer el control y seguimiento de la gestión de las sociedades públicas. “Las empresas no son de usted, son con el dinero de los ceutíes”, argumenta una de estas personas, que rechaza que la sustitución de los representantes pueda justificarse únicamente por la necesidad de disponer de información para la labor parlamentaria.

En este punto, las fuentes de la dirección también ponen en duda la conveniencia de concentrar en León y Guerrero la representación en los consejos y cuestionan las razones que, a su juicio, pueden estar detrás de una decisión que deja fuera a los miembros designados previamente por la Ejecutiva. Una de las personas consultadas introduce incluso dudas sobre la “honorabilidad” de determinadas actuaciones relacionadas con los órganos de administración y con la contratación pública, y vuelve sobre la polémica surgida durante la licitación del hotel municipal, en la que una empresa vinculada a la esposa de León llegó a participar en el procedimiento antes de que se produjera su retirada. Se trata de una cuestión que ya había generado controversia interna y que, según estas fuentes, forma parte del conjunto de circunstancias que han alimentado la desconfianza hacia el diputado dentro de la dirección.

Ferraz, entretanto, ya ha intervenido formalmente en el conflicto. La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE aprobó el pasado 14 de agosto una resolución en la que ordena suspender la ejecución de los acuerdos adoptados por el Grupo Socialista de Ceuta el día 13 respecto al cese y nombramiento de representantes en los consejos de administración. El documento mandata además a los diputados socialistas a realizar las actuaciones necesarias para impedir que esos acuerdos se ejecuten o, si ya se hubieran aplicado, revertirlos y recuperar la representación que existía antes de la reunión de dicha fecha. La dirección federal fija como día límite para acreditar el cumplimiento de esta resolución el miércoles 19 de agosto, mientras que establece hasta el 4 de septiembre para que las partes presenten ante Ferraz la documentación y los informes que consideren oportunos para resolver el conflicto.

La advertencia de Ferraz deja abierta además la posibilidad de que el enfrentamiento tenga consecuencias orgánicas si León y Guerrero mantienen su decisión. La resolución federal establece expresamente que el incumplimiento de lo ordenado “podría suponer” una vulneración de los Estatutos Federales y de su Reglamento de Desarrollo y “derivar en responsabilidades disciplinarias”. Miembros de la dirección consultadas por este medio admiten que, llegado ese escenario, el conflicto podría acabar en manos de los órganos disciplinarios del partido y desembocar en un expediente sancionador, aunque no dan por hecho cuál sería la consecuencia final. “Me he leído nueve artículos del estatuto que incumple”, sostiene una de las fuentes al referirse a la actuación de León, que apunta a que las consecuencias podrían ir desde medidas disciplinarias hasta una eventual expulsión, aunque esa decisión correspondería a los órganos competentes y no está adoptada.

La batalla interna entra así en una fase decisiva: León y Guerrero tienen hasta el miércoles para acatar la resolución de Ferraz y devolver los consejos a la situación anterior, mientras la dirección federal se reserva hasta principios de septiembre para estudiar el fondo de una crisis que amenaza con convertir la fractura interna del PSOE de Ceuta en una nueva ruptura política en una formación que cíclicamente salta por los aires.

Han pasado dos semanas desde que más de 80.000 personas entraran a Ceuta procedentes de Marruecos rodeando por el mar, o incluso a pie, el espigón del Tarajal y, a pocos metros de ese punto, frente al Mercadona de la barriada de Juan XXIII, decenas de jóvenes marroquíes se aglomeran esperando a poder comer algo. Algunos se sientan desesperados a la puerta de un par de edificios abandonados esperando a que alguien les dé dinero. Otro, Ahmed, de Chefchaouen, lleva un par de grandes cartones de embalaje de leche sobre los que dormir en “el campamento” en el que vive con otros compañeros migrantes muy lejos de allí, “en la zona del Sarchal”. Al otro extremo de la Bahía Sur.

Aunque se esperaba que el cementerio musulmán de Sidi Embarek, muy próximo a la zona por la que camina Ahmed, acogiera este jueves los primeros entierros de cuerpos no identificados de personas que fallecieron durante el cruce a la ciudad autónoma, los sepelios han sido suspendidos. Igual que el traslado de cuatro de los siete cadáveres ya identificados por ADN y huellas a Marruecos. Fuentes de la funeraria local explican que el país vecino lleva dos jornadas retrasando su salida sin dar explicación. “A pesar de contar con todos los trámites realizados no dejan entrar los restos en el país”, añade esta fuente.

Unas horas después, un grupo de vecinos recibía con insultos al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la puerta del Palacio de la Asamblea –lugar en el que el día previo había sucedido lo mismo a la llegada de la titular de Defensa, Margarita Robles—, en la zona centro de la ciudad, donde hasta este jueves se habían concentrado mayoritariamente las quejas vecinales a pesar de ser el área de la ciudad menos transitada por las personas migrantes.

Muchos siguen durmiendo al raso en el Polígono del Tarajal. Es el caso de Rayan, un joven de 18 años de Casablanca, que llegó el jueves 30 y se ha ido moviendo por la ciudad hasta que, según afirma, acabó siendo “arrinconado” allí por las Fuerzas de Seguridad. “Creo que me devolverán a Marruecos”, asume con tristeza, mientras aprecia cómo en las naves de la zona hay movimiento que indica que pronto serán utilizadas para acoger a otros migrantes.

Fuentes de la Delegación reconocen a este medio que una de las instalaciones de la zona industrial acogerá el Centro de Atención Temporal a Emigrantes (CATE). En él se realizará el triaje de “todas” las personas que permanecen en la localidad, incluidos los alrededor de 4.000 migrantes subsaharianos que residen en el entorno de la Playa del Trampolín. Los expedientes individualizados, apuntan estas fuentes, llevarán a su deportación o al reconocimiento del derecho a asilo político.

En cualquier caso, en el CATE solo podrán permanecer 72 horas. A partir de ahí, si cuentan con orden de expulsión del país, “deberían ir a un Centro de Internamiento, CIE, donde estarían privados de libertad un máximo de 60 días hasta que se pueda completar la repatriación”, añaden a elDiario.es fuentes informadas próximas al Gobierno central. Sin embargo, estas mismas señalan que, de momento, el Ejecutivo no se plantea crear un CIE —ni siquiera temporal— en la localidad.

Además de la nave para el CATE, el Gobierno local prepara en el mismo Polígono del Tarajal varias instalaciones para acoger a menores migrantes no acompañados, cuya tutela es competencia municipal. Fuentes oficiales del Gobierno local apuntan a que ahora mismo mantienen bajo su paraguas a unos 1.400 niños y adolescentes. A ellos hay que sumar alrededor de otros 300 que se encuentran en los dos colegios habilitados por el Ministerio de Infancia. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska elevó este jueves durante su comparecencia en Ceuta el número de menores tutelados hasta 1.898.

Una cifra que desborda con mucho los servicios de acogida de la ciudad, que apenas cuenta con tan solo 29 plazas de atención ordinaria y que ya llegó a contar con más de 700 chavales en su sistema antes de la entrada del 30 de julio. A pesar de haber ampliado más de 600 nuevas plazas en los últimos días —según información oficial trasladada a este medio— resulta evidente que muchos jóvenes siguen durmiendo por las calles y en los campamentos organizados en las barriadas de Sidi Embarek y Príncipe Alfonso.

Según el colectivo Save The Children, la cifra total de menores de edad no acompañados sin identificar en la localidad ronda los 4.000. Eso a pesar de que a inicios de esta semana Policía Nacional, municipal y Ejército consiguieron movilizar a centenares de pequeños que acudieron a las dependencias policiales para ser filiados. Entre ellos se encontraba el joven Vincent, de 16 años, huérfano y con un hermano menor, que, vestido del cómico Charles Chaplin, con la cara y bigote pintados y ataviado con un polo de la empresa de limpieza municipal, animaba con un número a los presentes.

Un halo de esperanza que contrasta con las imágenes de los campamentos vecinales del Príncipe Alfonso y Sidi Embarek. Allí los vecinos se han unido para dar un espacio seguro a mujeres y niñas, aunque también a los pequeños varones que llegaron a Ceuta con sus madres. Apoyados por la ONG Luna Blanca, que aporta comida y, en cierta medida, por la Consejería de Servicios Sociales que ha servido también materiales.

Sin embargo, la paciencia de quienes se encargan de ayudar a las personas migrantes en esta zona parece haber llegado a su límite. Este jueves el presidente de la Asociación de Vecinos de la Barriada de Sidi Embarek, Abdellah Mustafa, expresaba en una rueda de prensa su hartazgo por la demora de las administraciones en reubicar a quienes allí viven, en algunos casos, desde hace ya casi dos semanas.

El órdago del activista llegó hasta el punto de plantear bajar a estas personas “al centro” y que allí “se hicieran cargo”, entendiendo que es la periferia quien está haciéndose cargo de la acogida sin que las zonas más nobles padezcan el efecto de la sobrepoblación de la ciudad. Entre ellos, el riesgo de “infecciones” por la falta de medidas de higiene en los asentamientos temporales, de los que en días previos ya había hablado Mustafa, confirmándose esta misma semana un positivo por tuberculosis.

Poco después, elDiario.es pudo saber por fuentes cercanas al Gobierno central que el Ministerio de Infancia se había planteado trasladar “a las mujeres con niños pequeños” a la antigua Fábrica de Harinas de la barriada de Otero, espacio ofrecido por el Ministerio de Defensa, que es titular de casi dos tercios del suelo de Ceuta. Sin embargo, una manifestación de los vecinos acabó por enfriar esta posibilidad. Ahora, el Estado estudia nuevas ubicaciones.

La respuesta vecinal a la presencia de los llegados hace dos semanas, en muchos casos negativa, es el clima de cultivo para frecuentes bulos. Uno de los más sonados en los últimos días corrió como la pólvora por las aplicaciones de mensajería instantánea y apuntaba a que el Ejecutivo central confinaría la ciudad durante el fin de semana y sacaría a militares y policías a las calles para hacer batidas, expulsando a los migrantes hacia Marruecos. La Delegación del Gobierno se encargó de desmentirlo, pero la historia ya se había difundido por las calles. De hecho, desde entonces, se han producido nuevos regresos voluntarios de migrantes que fuentes internas de la Guardia Civil achacan precisamente a que estas personas hayan podido dar crédito a la mentira.

Los que sí permanecen en la ciudad son los originarios de países del África Subsahariana que llevan casi quince días acordonados en la Playa del Trampolín. Allí pasan el día como pueden. Se entretienen con un balón, o cortándose el pelo en una barbería improvisada en el mismo arenero. El problema: “el hambre”, tal y como reconocen los allí desplazados y denuncian organizaciones de derechos humanos.

Es el caso de Elin, asociación local que en los últimos días afeaba que el dispositivo para el reparto de comida cada vez comenzaba antes, obligando a las personas a permanecer durante varias horas, “hasta cuatro y cinco”, bajo el sol para recibir de Cruz Roja una bolsa con alimentos muy escasos. En concreto —según fotografías aportadas por los activistas—, con un zumo, una botella de agua, una fruta, un pan, dos quesitos y algo de bollería. Ración que debe durarles “para todo el día”.

El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) muy próximo a la playa del Trampolín también está saturado, dando servicio a más de 700 personas. En los alrededores, por el monte, también duermen más de un centenar esperando poder entrar a la instalación. La idea que traslada la Delegación del Gobierno es acelerar los traslados de los usuarios a la Península, pero la norma no permite que sean desplazados hasta que cumplan al menos un mes y un día en el recinto.

El Gobierno multiplica su presencia en Ceuta

Para combatir la sensación de abandono institucional que cunde en buena parte de la sociedad ceutí, el Gobierno ha multiplicado su presencia en la ciudad autónoma. Durante esta última semana han acudido los ministros de Exteriores, Infancia, Defensa e Interior, que han conocido de primera mano las demandas del presidente, Juan Jesús Vivas, y han recalcado el compromiso de que el Ejecutivo no cejará en el empeño de devolver a Ceuta su cotidianeidad previa al 30 de julio, ahora alterada.

Aunque hay quien en el Gobierno se precipitó a dar la crisis por zanjada con la devolución a Marruecos de la inmensa mayoría de los migrantes que cruzaron la frontera, el propio Ejecutivo se ha visto obligado a adaptar su mensaje a la realidad que afronta Ceuta, donde miles de personas sobreviven a duras penas en la calle con graves problemas aún para acceder a comida, agua o aseo. Y no solo se ha modulado el discurso, sino incluso los propios datos oficiales.

Ya desde hace días el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, apuntaba que las cifras aportadas por el Ministerio del Interior se quedaban muy cortas respecto a la información que manejaban en Ceuta. Hasta ahora, el Gobierno central hablaba de que fueron 72.000 las personas que cruzaron la frontera, de las cuales sólo 2.000 permanecían en Ceuta. El Ejecutivo ha actualizado esos datos y habla ya abiertamente de que fueron 80.000 las personas que entraron de manera irregular en territorio español y de que en Ceuta podrían quedar entre 5.000 y 8.000 personas.

En cualquier caso, el Gobierno intenta desechar la idea de colapso con datos oficiales en la mano. Desde el Ministerio de Sanidad, por ejemplo, se admitió el viernes pasado “una importante tensión” asistencial en los servicios sanitarios públicos de Ceuta, pero negó que la ciudad se encuentre desbordada. “El Hospital Universitario de Ceuta cuenta con 175 camas y ahora tiene una ocupación en torno al 63%”, señaló el secretario de estado, Javier Padilla, que explicó que el pico de atención se produjo entre el 30 y 31 de julio, tras la entrada de migrantes, con 1.149 asistencias sanitarias, pero que ahora las cifras han bajado a las 300 y 400 asistencias diarias.

La principal preocupación en este ámbito ahora es la “falta de salubridad” de las zonas donde se encuentran las personas migrantes, por lo que pide que todos los esfuerzos se centren en “prevenir el desarrollo de otros problemas de salud” mientras se resuelven la situación.

Amanece en Ceuta y en la pista polideportiva de la barriada de Sidi Embarek, antes usada por los niños de la zona para jugar al fútbol, despiertan centenares de mujeres y niñas migrantes, que van rápidamente a asearse en un biombo improvisado con mantas fuera de la instalación. Hacen sus necesidades en la zona de monte que hay al lado, observando la ladera de enfrente, donde se ubica en una gran pendiente el cementerio musulmán. Allí acabarán varios de los más de 80 cadáveres que ha dejado la tragedia de Ceuta del pasado 30 de julio en las costas españolas —en total son al menos 141 fallecidos—. Algunos, los que no logren ser identificados, solo tendrán un número sobre la lápida.

Entre las que sobrevivieron, no sin dificultades, está Fatna, de 21 años, natural de la localidad de Larache, al inicio de la costa atlántica marroquí. Cuando dan las once de la mañana levanta a su hijo de tres años. El pequeño padece parálisis cerebral y no puede andar, ni siquiera sostenerse. Tampoco habla. “He venido con él y por él. Está enfermo y necesito que le den tratamiento”, dice la madre, embarazada de seis meses.

Cruzó desde Castillejos —localidad fronteriza con el Reino alauita— “por el mar, no a pie bordeando el espigón”. Vino acompañada de su marido, también alojado en el campamento, y del pequeño, al que “la Guardia Civil tuvo que sacar del mar, salvándole la vida”.

Esto se organizó prácticamente desde el día más fuerte de la entrada. Empezaron a venir chicas buscando refugio, casa, incluso alquiler. Con los días se incrementó el número. Algunas cuentan que fueron amedrentadas, otras que las intentaron violar y, en algunos casos, que lo consiguieron

Abdeselam Mohahamed

Fatna pasó una semana en el Hospital Universitario de Ceuta y, cuando el pasado miércoles le dieron el alta, pasó “el día entero por la calle” hasta que alguien le informó de un campamento, montado por los propios vecinos, que daba cobijo a mujeres y niñas en la barriada de Sidi Embarek. Tras pasar varios días en el campamento improvisado, la joven ha sido acogida este domingo por la Asociación Cardijn, a través de Cáritas

Abdeselam Mohamed, presidente de la barriada, dice que hay “alrededor de doscientas personas” en el campamento entre mujeres, sus hijos y niñas menores de edad que duermen al raso de la pista de fútbol habilitada por los ceutíes de la zona. “Esto se organizó prácticamente desde el día más fuerte de la entrada. Empezaron a venir chicas buscando refugio, casa, incluso alquiler. Con los días se incrementó el número. Algunas cuentan que fueron amedrentadas, otras que las intentaron violar y, en algunos casos, que lo consiguieron”, lamenta el líder vecinal, uno de los activistas más conocidos de la localidad. La policía está investigando algunos casos de violaciones, según han informado varios medios citando a la delegación del Gobierno y fuentes sanitarias.

Además, Abdeselam denuncia que la situación es insostenible en lo sanitario: “Es un foco de insalubridad, al no tener baño, ni un lugar donde realmente las mujeres puedan asearse en condiciones, bajan al monte a hacer sus necesidades y están pillando infecciones”.

Como también sucede en la cercana barriada del Príncipe Alfonso, donde la asociación de vecinos ha organizado otro campamento para mujeres, son los propios ciudadanos los que atienden las necesidades de los migrantes y se encargan de hacer turnos para garantizar la seguridad. “Unos pueden dos horas, otros diez, hacemos lo que podemos”, detalla el activista, que se ha puesto en contacto con la delegación del Gobierno y con la ciudad autónoma de Ceuta para que aporten soluciones lo antes posible.

“Hay que decir que la Consejería de Servicios Sociales ha hecho lo que ha podido poniéndonos unos grifos, pero es del todo insuficiente. De la Delegación no hemos obtenido respuesta. Nosotros pedimos reubicar a estas mujeres en un sitio donde puedan tener duchas y estar seguras”, abunda el líder vecinal, que agradece a su vez que la ONG Luna Blanca haya aportado comida “desde el minuto uno”.

Cuando aún falta un buen rato para la hora del almuerzo, cuatro jóvenes se entretienen con un estuche de maquillaje. Lo hacen sentadas sobre las alfombras usadas habitualmente para el rezo que cubren buena parte del suelo de la pista polideportiva. Hace mucho calor. Una de ellas es Nayima, de 20 años y natural de la localidad de Oued Lau, al sur de Tetuán, en la franja mediterránea del norte del país.

Allí vivía con sus padres, “pero son muy mayores y no trabajan, por lo que no podían mantener la casa”, relata. Entró a Ceuta en el momento de más trasiego y vivió escondida por los montes “sin comida” durante varios días y “huyendo de los militares” por miedo a que la devolvieran a Marruecos.

La Consejería de Servicios Sociales ha hecho lo que ha podido poniéndonos unos grifos, pero es del todo insuficiente. De la Delegación no hemos obtenido respuesta. Nosotros pedimos reubicar a estas mujeres en un sitio donde puedan tener duchas y estar seguras

Abdeselam Mohamed

Aún más se explaya una de sus acompañantes en la pista de Sidi Embarek. Una chica de pelo castaño rizado también se entretiene con los productos cosméticos que han podido conseguir. Se llama Aicha, tiene 22 años y es de Tetuán. “La gente no nos molestó tanto, pero los militares y la policía, sí. Además, no nos aceptaban los dirham en las pocas tiendas que había abiertas y durante varios días no conseguimos comer”, lamenta.

Sin embargo, no se arrepiente de haber dejado Marruecos. “Estaba trabajando en un restaurante como cajera y cuando escuché lo de la entrada me fui de allí dejando el empleo en el momento”, afirma, indicando que con el sueldo no le daba para vivir en condiciones.

Mientras hablan y hacen tiempo, los voluntarios baldean la zona de aseo improvisada, tratando de empujar los restos biológicos a un sumidero ubicado bajo los desbordados contenedores de basura. Enfrente de ellos hay una montaña de ropa donada por un vecino y en la zona que da al monte, varias mujeres cuelgan toallas en una cuerda para que sequen.

Imágenes que casan con la denuncia de este viernes de varias ONG, entre ellas la asociación Elin que, en una rueda de prensa celebrada en ese mismo punto, el campamento de Sidi Embarek, afeaba el “silencio institucional” y pedía que se pudieran habilitar instalaciones locales, como polideportivos, para sacar a las miles de personas que, estiman, aún duermen en la calle pasada más de una semana tras la “mayor crisis humanitaria de la historia contemporánea de la Ciudad”. El Gobierno ha habilitado esta semana un colegio para acoger a decenas de menores, pero aún quedan muchas personas en la calle.

Omar Bourras, un joven de 17 años de Beni Melal –cerca de Marrakech– fue uno de los miles de migrantes y refugiados que trataron de cruzar la frontera con Ceuta a finales de julio. Cruzó con cuatro compañeros de trabajo de Tetuán y ahora su hermano lo busca desesperado desde hace una semana. A Mohamed Bouzalmet, de 24 años y procedente de Tánger, intentó encontrarle su padre en Ceuta al día siguiente de la llegada de decenas de miles de personas a la localidad. Un intento infructuoso, según relata la familia a elDiario.es.

Desde este jueves opera en la ciudad autónoma una oficina encargada de atender a las familias de los desaparecidos que ya ha recibido 32 denuncias con información suficiente para trabajar y que mantiene 29 posibles correspondencias entre familiares y cadáveres recuperados del mar, explica a elDiario.es la Guardia Civil. En las últimas horas, además, los investigadores han logrado un primer resultado positivo mediante ADN, aunque todavía debe completarse el informe y ser validado oficialmente.

Al menos 141 personas han muerto en el intento de entrar a Ceuta entre Marruecos y España, según la ONG Caminando Fronteras, mientras que el Gobierno español ha cifrado en 75 las personas muertas en la costa ceutí. Caminando Fronteras explica a elDiario.es que las personas fallecidas no solo son de nacionalidad marroquí, sino que también las hay procedentes de Sudán, Eritrea, Guinea y Costa de Marfil. La ONG también está trabajando en la localización e identificación de fallecidos. “Estamos colaborando con las familias en las identificaciones”, señala a elDiario.es Helena Maleno, directora de la organización.

El funcionamiento de la oficina de la Guardia Civil, ubicada en la parte alta del área española de la frontera del Tarajal, cuenta con tres salas: una para las denuncias, otra para trabajadores del Instituto de Medicina Legal y una tercera con una amplia mesa donde agentes de la Guardia Civil, científicos y técnicos van avanzando con el trabajo de cotejo. Según detalla el comandante Mungía del Instituto Armado durante una visita al espacio, se trata de un dispositivo abierto a familiares, amigos o cualquier persona que pueda aportar información sobre alguien cuyo paradero se desconoce y que pueda haber cruzado a Ceuta el pasado jueves.

Sin embargo, el proceso se complica para los familiares al otro lado de la frontera, ya que, si no tienen visado, las autoridades no les permiten el acceso a Ceuta y, por tanto, a la oficina. En este caso, denuncian en Marruecos la desaparición y hacen llegar las fotos por correo o el ADN, huellas y otras informaciones relevantes a la gendarmería marroquí, que a su vez se la facilita a la Guardia Civil.

“Han activado el protocolo de sucesos con víctimas múltiples y es la primera vez que se hace en frontera. Este protocolo obliga a crear la oficina”, explica Maleno. “El tema es si hay víctimas de otros países o si hay personas marroquíes que no se pueden acercar hasta la oficina. Nosotros compartimos con las familias el mail habilitado por la oficina de la Guardia Civil, pero también enviamos dosieres completos en los que recogemos la documentación, datos e imágenes”, añade.

“Para las personas que no se pueden acercar a la oficina para hacer denuncia o que necesitan entregar pruebas de ADN, se deberían habilitar los consulados, los cuales pueden guardar perfectamente la cadena de custodia”, sostiene Maleno. “En el caso de [fallecidos o desaparcidos] del lado marroquí, las familias tienen más fácil podr ir a las morgues, pero también se está produciendo una criminalización de lo ocurrido y de las familias. Por otro lado, del lado marroquí también hay nacionales de países terceros y será muy complicado para las familias de Sudán, Eritrea y otros países con las que estamos en contacto”, explica.

En la oficina, los agentes españoles solicitan todos aquellos detalles que puedan ayudar a reconocer a una persona entre los cuerpos recuperados: fotografías, características físicas, tatuajes, operaciones, ropa, anillos o cualquier otro elemento distintivo. También intervienen profesionales del Instituto de Medicina Legal, así como psicólogos y trabajadores sociales, de modo que las personas que acuden puedan recibir apoyo además de aportar información para la identificación.

El agente de la Guardia Civil explica que, hasta el momento de la visita de este medio, se han recibido 32 denuncias que cuentan con una base suficiente para iniciar las comprobaciones. No todos los familiares o allegados que se han acercado disponen de datos que permitan avanzar de inmediato, por lo que el trabajo consiste también en reconstruir los vínculos y localizar a personas próximas a los desaparecidos que puedan aportar información adicional.

De esas denuncias han surgido 29 casos en los que existe una posibilidad de relacionar a un familiar con alguno de los cadáveres recuperados. No significa que haya 29 identificaciones confirmadas. Se trata, según precisa Mungía, de casos en los que existe una hipótesis de correspondencia que debe comprobarse mediante pruebas biológicas. Para ello, los familiares pueden donar muestras de ADN que posteriormente se cotejan con las obtenidas de los cuerpos.

Ese procedimiento ya ha dado su primer resultado positivo: durante la visita, el comandante recibe la información de que se ha producido la primera identificación mediante ADN, correspondiente a un familiar que había aportado una muestra. El resultado todavía no es oficial, ya que antes debe elaborarse el informe correspondiente y contar con la validación judicial, pero supone el primer avance de este tipo desde la puesta en marcha de la oficina.

El dato se suma a las identificaciones realizadas mediante huellas dactilares. El Instituto de Medicina Legal de Ceuta ha informado que dos de los cuerpos recuperados se han identificado por esta vía porque las personas fallecidas figuraban previamente registradas en España. En paralelo, las huellas del resto se están enviando a Marruecos para intentar obtener coincidencias.

Familias que siguen buscando al otro lado de la frontera

Entre quienes llevan días esperando noticias está el hermano de Omar Bourras. El joven había viajado hasta Tetuán por motivos laborales y acudió a Castillejos junto a cuatro compañeros. Dos de ellos, según cuenta su familia, fueron interceptados por las autoridades marroquíes y devueltos, mientras que del resto no han tenido noticias desde que se lanzaron al mar.

La familia llegó incluso hasta Ceuta en busca de información, pero se encontró con el caos de las primeras horas y con la ausencia de un registro capaz de cruzar los datos de quienes buscaban a sus familiares con los cuerpos que iban apareciendo. El hermano de Bourras cuenta entre lágrimas que han acudido a la Policía y han tratado de encontrar noticias en la ciudad autónoma sin conseguirlo.

Una situación similar vivió la familia de Mohamed Bouzalmet, aún desaparecido. Un amigo de la familia explica que Mohamed había acudido a Castillejos para intentar llegar a la ciudad autónoma y que, después de separarse de su acompañante en el mar, no habían vuelto a saber de él. Su padre cruzó a Ceuta el viernes para intentar localizarlo sin éxito.

Una mesa de trabajo para reconstruir quiénes son

En una de las salas de la oficina se concentra buena parte de ese trabajo. Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil, personal especializado y técnicos van cruzando fotografías, características físicas y otros datos con la información disponible sobre los fallecidos. La tarea se completa con las muestras biológicas recogidas a los cuerpos y las que pueden proporcionar sus familiares.

Mungía subraya que todos los datos son útiles para iniciar una búsqueda, incluso aquellos que a primera vista puedan parecer menores y podrían pasar por alto. Una fotografía reciente, una prenda que llevaba la persona antes de desaparecer, un tatuaje o una intervención quirúrgica pueden convertirse en elementos para establecer una primera correspondencia y decidir si es necesario avanzar hacia una identificación genética.

La Guardia Civil mantiene abierto un correo electrónico para recibir información de familiares que no pueden desplazarse hasta Ceuta. El delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, explica a elDiario.es que esta vía permite tramitar los datos de una manera “ágil y confidencial” y que el objetivo es poder facilitar información a quienes acrediten vínculos familiares con las personas buscadas. Si no tienen visado, las autoridades no pemiten la entrada a la oficina de los familiares que están al otro lado de la frontera.

La dificultad aumenta cuando los familiares se encuentran en Marruecos. Algunos allegados no pueden acceder a la oficina del Tarajal y otros casos llegan a través de amigos o conocidos que intentan poner en contacto a los investigadores con personas que permanecen al otro lado de la frontera. “Es un trabajo de ir rebuscando a ver si algún familiar casa”, explica el comandante, que señala que la Guardia Civil trata de localizar por teléfono a los parientes que puedan aportar muestras o información.

La identificación se ha convertido en una de las tareas más complejas después de que decenas de miles de personas intentaran llegar a Ceuta desde Marruecos. Muchos de quienes cruzaron lo hicieron sin documentación y algunos tampoco portaban consigo un teléfono móvil, lo que ha dificultado que las familias puedan saber si sus allegados lograron acceder a la ciudad, regresaron a Marruecos o permanecen desaparecidos.

La situación se ha agravado por el número de cuerpos recuperados en el mar. El Instituto de Medicina Legal informó el miércoles de que ya había recibido 80 cadáveres, de los cuales se habían practicado 79 autopsias. Dos personas fueron identificadas mediante huellas dactilares y otras seis se encontraban pendientes de confirmación mediante métodos biológicos, lo que eleva a ocho las posibles identificaciones en las que trabajaba el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, siempre pendientes de la validación del juzgado.

Sobre el capó de un coche aparcado delante de la iglesia católica de la barriada del Príncipe, en Ceuta, el pequeño Mohamed de 14 años escribe en un trozo de papel rectangular los nombres y edades de él y los dos amigos que le acompañan, Hicham y Fahmi. Se conocieron en Ceuta, tras cruzar desde la vecina localidad marroquí de Castillejos el pasado jueves, el día en el que entraron en la ciudad autónoma decenas de miles de migrantes. Ahora comparten también la esperanza de que ese registro extraoficial que lleva la asociación de vecinos del barrio pueda servir para que las autoridades locales —quienes tienen las competencias en materia de acogida de menores migrantes no acompañados— les ofrezcan algo de sustento y un lugar seguro donde dormir.

Así lo expresa en declaraciones a elDiario.es el presidente del colectivo vecinal, Ahmed Enfed-dal, que espera que los alrededor de 3.100 menores de edad que han anotado desde el martes (no es un documento oficial que garantice que todos los registrados sean menores) sean debidamente atendidos “de acuerdo con la normativa internacional”.

Tienen que atender en condiciones. No vale que abran una nave y los hacinen sin nada. Tiene que ser una acogida con todas las garantías. Queremos que se respeten sus derechos”

Ahmed Enfed-dal — presidente de la asociación de vecinos

“Solo ayer apuntamos a 2.672 y hoy llevaremos unos 500”, detalla el representante civil, que en todo caso explica que solo están pidiendo documentación “a los que dicen tener 17”. Aunque la mayoría no dispone de ella, señala.

Uno de ellos es Fahmi, el nuevo amigo del pequeño Mohamed. Se conocieron en la misma barriada del Príncipe horas después de conseguir cruzar bordeando el espigón del Tarajal. El más joven, de 14 años, es de Tetuán; su colega, ya al borde de la mayoría de edad, de Sidi Kacem, cerca de la capital, Rabat, y de Kenitra. Aun con orígenes distintos relatan una situación similar: “Nuestras familias no se podían hacer cargo de nosotros. No les llega”, cuenta Fahmi, mientras Mohamed asiente, añadiendo después que él, siendo hijo único, tiene “padres jóvenes y sin empleo”.

Ceuta atiende a fecha de este miércoles a un total de 1.017 menores extranjeros no acompañados, según han informado las autoridades de la ciudad autónoma. “La evolución registrada en las últimas semanas pone de manifiesto la magnitud de esta situación. El pasado 15 de julio la ciudad atendía a 213 menores, cifra que ascendió a 718 el día 28 de julio y que alcanza hoy los 1.017 menores”, ha señalado el Gobierno local en un comunicado. “Del total de menores atendidos, aproximadamente 750 ya habían accedido a Ceuta con anterioridad a las jornadas críticas del 30 y 31 de julio, lo que evidencia que el reciente incremento se produce sobre una situación que ya había desbordado ampliamente la capacidad ordinaria del sistema de acogida”.

En la jornada y media que la Asociación de Vecinos lleva apuntando a los jóvenes, sus representantes han escuchado todo tipo de relatos. “Me cuesta mucho hablar de esto, me pongo a llorar”, dice notablemente afectado el presidente del colectivo, Ahmed Enfed-dal, que consigue con cierta dificultad esbozar la historia de una de las muchas jóvenes que han decidido cruzar a Ceuta huyendo de situaciones familiares complicadas: “Una chiquilla nos contó que su padre es alcohólico, su madre padece una enfermedad mental y que la llevaron a una casa de una señora para servirle y vivir allí con ella, pero la maltrataban y por eso huyó a Ceuta”.

Tras llegar a la localidad, la mayoría de estos jóvenes de los que habla Enfed-dal han tenido que dormir en la calle y buscar comida en un contexto de cierre total de los negocios locales. “Están durmiendo a la intemperie, salvo algunos a los que les han podido ofrecer casa los vecinos, al menos un patio o un pequeño espacio donde estar”, agrega el representante vecinal. La propia asociación está intentando repartir alimentos, igual que el colectivo Luna Blanca, que en la tarde del miércoles ha habilitado una carpa con víveres en la barriada de Sidi Embarek.

Mientras tanto, la ciudad autónoma atiende, según explicó ayer el portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, a unos 1.000 menores. Lo hace con sus capacidades completamente sobrepasadas, pues solo cuenta con 29 plazas para los jóvenes. Con los centros llenos, el Ejecutivo local pretende habilitar de manera inmediata dos nuevas instalaciones, una en Loma Margarita y otra en el entorno portuario.

Por su parte, el Ministerio de Infancia —cuya titular, Sira Rego, visitará Ceuta el viernes para coordinar la acogida de niños y adolescentes— anunció este martes la adaptación y apertura de dos colegios de la localidad para ubicar allí a parte de los chavales. Sin embargo, para Enfed-dal, los recursos aún resultan insuficientes. “En esos colegios pueden caber 150 personas”, estima él, insistiendo en la responsabilidad de la ciudad autónoma: “Tienen que atender en condiciones. No vale que abran una nave y los hacinen sin nada. Tiene que ser una acogida con todas las garantías. Queremos que se respeten sus derechos”, zanja el presidente del colectivo vecinal.

Una chiquilla nos contó que su padre es alcohólico, su madre padece una enfermedad mental y que la llevaron a una casa de una señora para servirle y vivir allí con ella, pero la maltrataban y por eso huyó a Ceuta

Ahmed Enfed-dal — presidente de la asociación de vecinos

Con él coinciden las organizaciones humanitarias. Varias entidades de infancia y derechos humanos han trasladado al Gobierno su preocupación por la situación de los niños y adolescentes llegados a Ceuta desde Marruecos y han reclamado que todas las decisiones que les afecten se adopten atendiendo a su interés superior. En una carta dirigida a varios miembros del Ejecutivo y al delegado del Gobierno en Ceuta, piden garantizar su identificación, alojamiento seguro, alimentación y atención sanitaria, además de una evaluación individual de las circunstancias de cada menor para detectar posibles situaciones de vulnerabilidad.

Las organizaciones recuerdan que la protección debe garantizarse con independencia de la nacionalidad, la situación administrativa o la forma de entrada en España, y reclaman que se respete la presunción de minoría de edad cuando existan dudas. También advierten de que no pueden realizarse repatriaciones automáticas y que cualquier retorno debe contar con las garantías legales, incluida la escucha del menor, la asistencia jurídica y la valoración de sus circunstancias personales y familiares. En el caso de quienes soliciten protección internacional, subrayan que deben poder acceder al procedimiento de asilo y no ser repatriados mientras su situación no haya sido evaluada.

Ante la magnitud de la llegada de menores, las entidades reclaman habilitar todos los espacios necesarios y reforzar la coordinación entre administraciones, incluida la cooperación entre comunidades autónomas para facilitar traslados. También muestran especial preocupación por quienes continúan en las inmediaciones del CETI y en las playas, donde podría haber menores todavía sin identificar y otras personas especialmente vulnerables, y piden que reciban de inmediato agua, alimentos, asistencia sanitaria y protección.

Las organizaciones, entre las que se encuentran Save the Children, Fundación Raíces, Plataforma de Infancia y Asociación Elín, también trasladan sus condolencias por las más de 140 personas fallecidas durante la crisis —sumando los cuerpos aparecidos en aguas españolas y marroquíes— y recuerdan que la protección de la infancia no puede quedar condicionada por el contexto migratorio.

La acogida de los menores que accedieron irregularmente a Ceuta a finales de la semana pasada, que superan la capacidad de las instalaciones de la ciudad, amenaza con provocar un choque institucional de primer orden entre el Gobierno y las comunidades autónomas que preside el PP (11, además de Melilla y la propia Ceuta). A pesar de que el propio presidente ceutí, el popular Juan Jesús Vivas, ha pedido que se aceleren los trámites para descongestionar su sistema de acogida trasladando menores a otras comunidades, el secretario general de los populares, Miguel Tellado, dio este martes un portazo a esa posibilidad y exigió que todos los migrantes, niños y adolescentes incluidos, “vuelvan por donde han venido”.

El PP ya rechazó apoyar el año pasado la reforma de la Ley de Extranjería que planteó el Gobierno para, precisamente, que las comunidades estuvieran obligadas a aceptar el reparto de menores cuando una autonomía con sus servicios de acogida sobrepasados solicitara ayuda de otros territorios. Esa reforma, no obstante, terminó saliendo adelante con el voto clave de Junts. De ahí que en esta ocasión, sabedor de que las comunidades ya no tienen la opción de rechazar la acogida de una parte de los menores que ahora mismo están en Ceuta, Tellado haya tratado de cambiar el marco y este martes asegurase que la declarada la semana pasada no es una crisis migratoria, sino de “seguridad nacional”.

Las implicaciones de tratar en estos términos la entrada irregular de decenas de miles de personas en territorio ceutí la explicó el propio número dos del PP en sus declaraciones: a su juicio, en este caso no solo no cabe plantear el traslado de los menores a otras comunidades para darles cobijo, sino que lo que el Estado debe hacer es expulsar a todos los autores de la “invasión”, la palabra que, junto a “avalancha”, utilizó para definir la crisis. Niños y adolescentes incluidos, puesto que Tellado, preguntado expresamente por la acogida de menores, no hizo ninguna excepción. “Esto no tiene nada que ver con una crisis migratoria, esto es una crisis de seguridad nacional. Ha entrado una avalancha de casi 80.000 personas a la ciudad autónoma y el Gobierno es responsable de que, por donde han entrado, vuelvan a salir”, espetó el secretario general del PP.

Las declaraciones de Tellado chocan con las que hizo Vivas el lunes en una entrevista en El País, en la que el presidente ceutí se mostró partidario de “esgrimir el imperativo de la ley” que obliga a las comunidades a acoger a los menores cuando las instalaciones de otra autonomía estén desbordadas. “La ley la vamos a cumplir a rajatabla, porque además esto ya no es solamente legislación nacional, esto son directivas comunitarias y son convenciones internacionales que España tiene firmadas”, planteaba Vivas, que argumentaba, además, que Ceuta “no puede soportar” la cifra de niños y adolescentes que ahora mismo se acumulan en sus instalaciones.

Las propias autoridades de la ciudad cifraron este martes en torno al millar el número de menores extranjeros que se encuentran en Ceuta, aunque el portavoz del Gobierno municipal, Alejandro Ramírez, admitió que no podía “dar la cifra exacta, puesto que todavía hay muchos menores por diferentes barriadas y por las calles” de la ciudad. De hecho, la previsión es que el número siga aumentando a medida que se localice a los niños y chavales que todavía no han sido incorporados al sistema de protección. “La situación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) es totalmente de caos y de desborde, lo cual hace que la situación ahora mismo sea muy insostenible y muy complicada para la ciudad”, lamentó Ramírez.

Las comunidades, obligadas a aceptar el reparto

Al rechazo ya expresado por la dirección nacional del PP a acoger en las comunidades que gobierna a los menores hacinados en Ceuta se suma la presión ejercida por Vox, tanto a nivel estatal como en las comunidades en las que forma parte del gobierno junto a los populares: Extremadura, Castilla y León, Aragón y Andalucía. Este martes, tras el anuncio del Gobierno de que entregará 25 millones de euros a la ciudad autónoma para ampliar sus sobrepasados servicios, el líder del partido ultraderechista, Santiago Abascal, rechazó que “ni un euro de los españoles” se destine “a menas [el acrónimo de menores extranjeros no acompañados, que Vox usa de forma peyorativa], a ilegales, a invasores” o a “mafias del tráfico de personas”.

En la misma línea, la cuenta de X de la formación aseguró que “los falsos menas” deben ser “deportados” y “los niños” han de ser enviados “a casa con sus padres”. Y esa ha sido una de las ideas fuerza de Vox en los acuerdos que ha suscrito con el PP en los últimos meses para gobernar en coalición en cuatro comunidades. El pacto firmado entre ambos partidos en Andalucía expresaba un “rechazo frontal” a la llegada de “más menores extranjeros no acompañados” y estipulaba la “supresión total” de subvenciones a ONG que, según el texto, “favorezcan la inmigración ilegal”. Y los acuerdos de Castilla y León, Aragón y Extremadura eran prácticamente idénticos: en ellos, PP y Vox se comprometían a oponerse “por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”.

No obstante, fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia se muestran tranquilas porque aseguran que, tras la reforma de la Ley de Extranjería aprobada el año pasado —después de muchos meses de bloqueo y con el voto en contra de PP y Vox—, las comunidades gobernadas por la derecha no tienen la capacidad de negarse a acoger a los niños y adolescentes que les correspondan para aliviar la situación de Ceuta. Las autonomías sí pueden recurrir cada expediente, pero estas fuentes confían en que dichos recursos tan solo retrasen los traslados unos pocos días. “Tellado puede negar si quiere que hay oxígeno en el aire que respiramos, pero las comunidades del PP tienen que cumplir la ley”, ironizan en respuesta a las declaraciones del dirigente.

Así lo asume, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, una de las que más ha criticado el sistema de gestión solidaria entre autonomías. Este martes su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, denunció que “Sánchez” vaya a “mandar” a la región sin “consultar” un grupo de “inmigrantes en situación ilegal”, y sostuvo sin prueba alguna que esa decisión “retrae dinero, servicios públicos, convivencia y seguridad”. Precisamente Ayuso se encuentra estos días en el centro de la polémica por la compra de un ático de lujo por parte de la Comunidad de Madrid que su Gobierno se ha visto obligado a poner en venta.

Lo cierto es que el número de menores que terminarán en el sistema de acogida de la Comunidad de Madrid —así como en el del resto de territorios— es, por ahora, una incógnita, apuntan fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia. Según explican estas fuentes, eso se debe al procedimiento “individualizado” que se seguirá con los niños y adolescentes que se encuentran en el sistema de acogida de Ceuta. Dicho proceso establece que los servicios ceutíes deberán celebrar una entrevista con cada menor para determinar su situación: si se puede verificar que tienen familia —en Marruecos o en España— que les esté reclamando, se habilitarán las vías para enviarlo con ella, y tan solo si eso no ocurre se buscará acogida al niño en las instalaciones de alguna de las ONG que colaboran con las administraciones o, en su caso, en el sistema de acogida de otra comunidad.

Por tanto, hasta que se realicen esas entrevistas y se decida el destino de cada menor no se podrá concretar cuántos serán acogidos en cada comunidad. En este momento, la única cifra que se puede utilizar como referencia es la de capacidad mínima de los servicios de acogida que debe cumplir cada autonomía, que el Gobierno concretó hace unos meses. Según la última reforma legal, Andalucía es la comunidad que más menores debería poder atender sin ver su sistema sobrepasado (3.009), seguida de Catalunya (2.829), Madrid (2.471) y Comunitat Valenciana (1.903).

Un sistema ya previamente desbordado

La gestión de la acogida de los menores migrantes en Ceuta ya se enfrentaba a dificultades antes de la entrada de decenas de miles de personas de hace unos días y, según recalcó este martes el portavoz del ejecutivo municipal, la ciudad llevaba semanas advirtiendo de que los recursos estaban nuevamente al límite. Ahora, después de la llegada de decenas de miles de personas desde Marruecos, el área municipal necesita ampliar de forma urgente los espacios disponibles. Frente a los cerca de 1.000 menores que se encuentran ahora mismo amparados por el sistema de acogida ceutí, el Gobierno central cifró en 29 el número de plazas que debía tener como mínimo Ceuta para acoger a los menores migrantes no acompañados cuando, en marzo de 2025, aprobó el decreto que dio base legal al reparto de los jóvenes por las distintas comunidades para desahogar los sistemas de acogida de Canarias, Ceuta y Melilla.

El Ejecutivo autonómico trabaja ya en la habilitación de dos naves para poder acoger a parte de los menores que siguen fuera de los recursos de protección. Una de ellas se encuentra en Loma Margarita y la otra en algún punto del entorno portuario, según detalló el portavoz, que señaló que ambas instalaciones requieren actuaciones de acondicionamiento antes de poder ser utilizadas. La estimación técnica que maneja la ciudad es que estos dos espacios puedan ofrecer capacidad para unas 500 personas, una cifra que permitiría aliviar parcialmente la situación, pero que no resolvería por sí sola el desafío humanitario.

Mientras tanto, los servicios municipales y policiales continúan localizando a menores que permanecen en las calles. Una vez encontrados, son trasladados a los recursos habilitados y comienza el proceso previo a su incorporación al sistema de protección, que incluye su identificación y las actuaciones necesarias para determinar su edad.

Las dificultades para la acogida de los jóvenes se suman a la saturación que, según detalló el portavoz, todavía existe en el CETI y a las dificultades que persisten en distintos puntos de la ciudad después de la entrada de la semana pasada. La petición al Estado incluye tanto instalaciones como medios materiales y económicos que permitan asumir la tutela de los menores —competencia de la ciudad— mientras se reorganiza el sistema de protección.

Las ONG exigen garantías contra la devolución de menores

“Los niños y niñas no acompañados en Ceuta no deberían afrontar un futuro incierto. La máxima prioridad en estos momentos es conseguir que estén en un lugar seguro y acompañados de personal formado para su atención y acogida”, dice a elDiario.es José María Vera, Director Ejecutivo de Unicef España. Al estar el sistema de protección saturado, prosigue Vera, se deberían activar de forma inmediata “los mecanismos de traslados contemplados en la Ley de Extranjería, para derivarlos a centros según sus necesidades y que garanticen una acogida de calidad y servicios esenciales”. “Como principio básico, se debe asumir la presunción de minoridad de ese niño y niña, evitando que menores solos estén en centros con adultos”, indica Vera.

Paralelamente, el responsable de Unicef España recuerda que se debe realizar un diagnóstico de “vulnerabilidades y de interés superior del menor de forma individualizada, con el objetivo de detectar cualquier situación de desprotección, como por ejemplo la trata de personas, identificar si los menores tienen alguna discapacidad, si son posibles demandantes de asilo y protección internacional, o si cuentan con referentes adultos cercanos a los que se pueda contactar”. “Y a lo largo de todo el proceso es muy importante escucharlos, conocer sus necesidades y expectativas”, apostilla.

ONG especializadas están manifestando su preocupación por los operativos de traslado de personas hacia la frontera con Marruecos para su retorno, incluyendo el uso de camiones. “En algunas de ellas pueden apreciarse personas de apariencia muy joven y, según testimonios e informaciones recabados sobre el terreno, habría indicios de presencia de niños, niñas y adolescentes”, alerta Save the Children, que señala que ha recibido información sobre casos particulares de menores que “habrían sido acompañados hasta la frontera”. La Cadena Ser informó este lunes de que un niño migrante de 12 años estuvo a punto de ser llevado a la frontera, pero la intervención de varios periodistas y un mando de la Legión impidió que fuera devuelto. Según el mismo medio, el menor caminaba desde la ciudad de Ceuta hacia la frontera “obligado por un legionario”, entre lágrimas y repitiendo la frase: “No, Marruecos, no. No, Marruecos, no”.

La organización especializada en infancia ha indicado que ha enviado una carta al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa para “solicitar garantías de protección para todos los menores que puedan verse afectados por estos operativos”. “Celebramos que se estén habilitando recursos para atender a los niños y niñas que han llegado a Ceuta, pero nos preocupa especialmente que pueda haber menores entre las personas trasladadas hacia la frontera. Antes de cualquier retorno es imprescindible identificar a cada niño y niña y evaluar individualmente su situación, garantizando siempre su interés superior”, dice Jennifer Zuppiroli, especialista en migraciones de Save the Children, que recuerda “que cualquier eventual repatriación de un niño, niñas, adolescente y joven debe realizarse mediante el procedimiento específico previsto por la legislación española, con una evaluación individualizada y atendiendo a su interés superior”.

No obstante, el Gobierno ha negado que se estén produciendo deportaciones forzosas. Este martes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, rechazó que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hayan podido devolver a menores de edad a Marruecos en contra de su voluntad, y argumentó que “en España se respetan los derechos fundamentales de los menores, evidentemente, como personas vulnerables, pero también de los mayores”.

Unos gritos interrumpen la tranquilidad del té en el pequeño cafetín que se encuentra junto a la frontera del Tarajal. Vienen de uno de los camiones en los que el Ejército lleva a migrantes que han entrado en los últimos días a Ceuta de vuelta a la zona limítrofe. Varios bañistas se asoman al paseo a mirar, los militares los bajan y estos cruzan la frontera por su propio pie. La situación se repite pocos minutos después: otra vez gritos y un vehículo de la típica tonalidad verde camuflaje que llega de nuevo al paso hacia el país fronterizo. Los migrantes que van dentro son dirigidos de regreso al lugar por el que cruzaron en los últimos días.

Las Fuerzas Armadas desplegadas en las calles de Ceuta han transportado de vuelta a la frontera del Tarajal a centenares de personas magrebíes en la mañana de este lunes, según ha informado la agencia Europa Press. Centenares de migrantes continúan en la carretera de Benítez, que conduce al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y en la carretera de la pedanía de Benzú, próxima a la otra frontera de la ciudad autónoma con Marruecos, la de Beliones.

Las unidades de Regulares y de La Legión del Ejército de Tierra se han dirigido este lunes a la pedanía de Benzú, donde han retenido a un grupo de más de 50 migrantes. A las 12.00 horas, han llegado a la zona dos furgones militares donde han metido al medio centenar de personas, a las que han dirigido hacia la frontera del Tarajal, para que retornen a Marruecos por su propio pie.

“Una actuación mucho más insistente, dura y contundente”

Este domingo por la noche, la Cadena SER informaba también de que, en la playa ceutí de Benítez, efectivos del Ejército español estuvieron interceptando a jóvenes migrantes para su devolución a Marruecos, trasladándolos en camiones militares hasta la frontera del Tarajal, donde estaban siendo entregados a las autoridades del país vecino. Según el mismo medio, se vieron un total de cuatro vehículos.

La asociación Elin de Ceuta ha dado la voz de alarma sobre estas prácticas, publicando una serie de vídeos en las redes sociales en los que denunciaron “devoluciones forzosas”. “Vinieron camiones de los militares y se llevaron a los marroquíes que voluntariamente quisieron montarse. Los marroquíes que no quisieron montarse salieron corriendo hacia la ciudad, porque la única alternativa que le daban los militares era volver o volver: les decían que si esperaban más, la vuelta sería peor”, confirma a elDiario.es el portavoz de la organización local, Ramsés Mohamed.

“Los retornos que se están dando ahora claramente no son voluntarios”, remarca Mohamed, quien relató también a la Cadena Ser que la idea de los militares en el episodio de este domingo era deportar a todos, también a los procedentes de países de África Subsahariana, y trajeron camiones para ello. Entonces, varias personas saltaron de estos para escapar. El portavoz de Elin indicó al mismo medio que, tras recibir las indicaciones de los militares algunas personas saltaron al mar y otras esperaron en las piedras con la esperanza de que no llegaran hasta ellas, una situación que el activista tildó de “dramática”.

La delegación de Gobierno en Ceuta asegura a elDiario.es que “no se están produciendo devoluciones, porque no se puede devolver”. Agregan que lo que hacen los miembros de las Fuerzas Armadas es lo mismo que hicieron “desde un inicio”, cuando el jueves comenzaron a mostrar el camino de regreso a quienes llegaban a la playa. “La gente que llega no conoce la ciudad y si se quieren ir pues les dirigen”, insisten fuentes oficiales de la delegación, que recalcan que quienes cruzan a territorio marroquí lo hacen por su propio pie y sin ser acompañados ni por agentes ni por soldados.

“Obligar no se puede obligar a nadie”, insisten también fuentes de la Guardia Civil consultadas por este medio –desde Defensa dicen que se limitan a cumplir órdenes del Instituto Armado–. El gabinete de la Guardia Civil en Ceuta sí reconoce que los militares están diciendo a las personas migrantes que lo mejor es que se marchen. “Les dicen que aquí no van a hacer nada y aceptan irse. Sin embargo, cuando están llegando a la frontera, se lo replantean y saltan del camión”, justifica un portavoz –un vídeo que circula en redes sociales parece mostrar a un joven bajando de una camioneta en marcha–.

En su visita a Ceuta, Pedro Sánchez habló de una “labor de información” por parte de las fuerzas de seguridad y también remarcó el carácter “voluntario” del retorno de decenas de miles de personas a Marruecos.

Muchos migrantes contaron en su camino de regreso por la mañana del viernes que volvían por las duras condiciones que encontraron a su llegada junto a decenas de miles de personas el día anterior, mientras en la ciudad autónoma se observaban dispositivos incitando a los recién llegados a volver por donde han venido.

“No es fácil saber lo que pasa en la frontera. Sí resulta evidente que en los últimos días se ha desplegado una actuación de la Policía y el Ejército mucho más insistente, dura y contundente para incentivar la salida sobre todo de adultos”, dice a elDiario.es José Miguel Morales, de Sur Acoge. “No accedemos al espacio formal de frontera porque está supercontrolado y nuestros equipos están muy centrados en atender situaciones de vulnerabilidad extrema que nos encontramos por zonas de la ciudad”.

“Abstenerse de realizar expulsiones colectivas”

“La Policía y la Guardia Civil nos pararon. Devolvían a todos hasta Marruecos. Nos golpeaban con porras”, asegura un chico en un testimonio recogido por el colectivo No name Kitchen en un vídeo publicado este domingo. La organización también ha denunciado que se han utilizado vehículos blindados y unidades militares para “devolver por la fuerza a la mitad” de las personas que habían cruzado la frontera en los últimos días. “El despliegue de estos aparatos de seguridad fronteriza y fuerzas represivas envió un claro mensaje político: en lugar de priorizar la protección de las personas (incluidos niños y familias), el Estado respondió con disuasión, militarización y expulsiones colectivas”, señala la ONG.

Las entidades especializadas han exigido que el procedimiento de devolución de las personas que llegaron la ciudad autónoma se desarrolle con garantías, atendiendo a las personas de manera individualizada para garantizar el derecho de asilo y otras situaciones de vulnerabilidad.

“Las autoridades españolas y marroquíes deben garantizar el acceso al sistema de asilo a quienes lo soliciten, abstenerse de realizar expulsiones colectivas, que siempre son ilegales, proporcionar asistencia humanitaria urgente a quienes la necesiten y defender sus derechos humanos, independientemente de su modo de llegada, sin discriminación”, recuerda en un comunicado este lunes Amnistía Internacional.

En declaraciones a elDiario.es, el portavoz de Elín añade que en la playa situada bajo el CETI hay muchas personas con “un alto perfil de solicitantes de protección internacional, que proceden de contextos bélicos de violencia y guerra”. “Hablamos de gente de Yemen, Sudán o Mali, que requieren unas garantías, unos trámites y una serie de protecciones dentro del marco de la de los convenios internacionales de los que España es parte. Se están vulnerando sistemáticamente los derechos humanos de estas personas”.

Más de 200 migrantes, muchos de ellos de origen subsahariano, se encuentran retenidos por el Ejército y la Policía Nacional en la playa del Trampolín, a escasos metros del CETI. El objetivo de los cuerpos de seguridad es que los migrantes no se desplacen al centro, a las barriadas de la ciudad o al centro de acogida, saturados con más de 1.000 residentes pese a sus 512 plazas.

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha cifrado a primera de este lunes en una entrevista concedida a 'Telecinco' que eran “entre 3.000 y 5.000” los migrantes que continúan en la ciudad tras la entrada del pasado jueves. A mediodía, el delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez Triano, ha rebajado a mediodía esa cifra a 2.500, según ha actualizado en 'TVE'. El consejero de Presidencia y Gobernación del Gobierno citado, Alberto Gaitan, ha informado además en la Cadena SER de que son más de 800 los menores extranjeros no acompañados acogidos en estos momentos por la ciudad.

Mariama observa el mar desde la playa del Trampolín, a unos metros del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta. Tiene 28 años, nació en un pequeño pueblo cercano a Kaolack, en Senegal, y dejó allí a su hijo de seis años al cuidado de su madre. Llegar hasta la frontera española le llevó un año de viaje atravesando Mauritania y Marruecos. “Fue muy duro, tuve que pedir dinero y trabajar por el camino de lo que fuera”, relata mientras espera, como cientos de personas más, una oportunidad para entrar en el centro.

Apenas sabe nadar, pero eso no le impidió alcanzar Ceuta el pasado jueves junto a decenas de miles de personas. “Por suerte coincidió mi llegada con esta apertura de la frontera. No tuve problema en entrar casi todo el tiempo caminando”, explica. Con la ayuda de un flotador, superó los dos espigones antes de pisar territorio español.

Apenas quedan rastros del flujo de personas migrantes que llenó las calles de Ceuta hace apenas unos días. De las cerca de 50.000 que cruzaron la frontera durante la entrada del jueves, la inmensa mayoría ha regresado entre el viernes y este domingo. El Gobierno español insiste en el “carácter voluntario” de estos retornos y muchos contaron en su camino de regreso que volvían por las duras condiciones que encontraron a su llegada. Pero se han observado dispositivos policiales incitando a los recién llegados a volver a la frontera y las organizaciones sociales locales se mantienen vigilantes. Es el caso de la Asociación Elin, que este mismo domingo por la mañana denunciaba en sus redes sociales que cuatro jóvenes sudaneses “se han librado in extremis de la devolución” a Marruecos tras “insistir” a un grupo de militares “que querían pedir asilo”.

Por la tarde, la ONG también daba la voz de alarma de que efectivos habían llegado a la playa bajo el CETI con “autobuses para deportar a las personas” que se encontraban allí, algunas de las cuales se lanzaron al agua para evitarlo, según han relatado en su cuenta de Instagram. Las entidades especializadas han exigido en los últimos días que el procedimiento de devolución de las personas que llegaron la ciudad autónoma se desarrolle con garantías, atendiendo a las personas de manera individualizada para garantizar el derecho de asilo y otras situaciones de vulnerabilidad.

“Todo el mundo quiere entrar a la vez”

En torno al CETI, de poco más de 500 plazas, este domingo por la tarde permanecían cientos de personas de países de África Subsahariana sin sitio donde dormir y decenas de menores continúan escondiéndose por distintos puntos de la ciudad mientras esperan una oportunidad para entrar en el sistema de protección.

La playa del Trampolín ya no presenta las imágenes de miles de personas que dejaban hace unos días. Ahora predominan pequeños grupos de hombres y mujeres procedentes del África subsahariana que descansan sobre cartones, se asean en el mar y esperan noticias de posibles traslados o de una plaza dentro del CETI. La Policía Nacional mantiene un dispositivo permanente en la zona, mientras otros enclaves que llegaron a concentrar a miles de personas marroquíes, como Benítez, han recuperado prácticamente la normalidad.

Mariama duerme allí al lado, al raso en el monte. Se lava en el mar y trata de acceder al recinto a la hora de las comidas. “Nos intentan dejar entrar a comer, pero todo el mundo quiere entrar a la vez y se forman avalanchas”, argumenta mientras describe unas escenas que reflejan la saturación del centro, que tras la entrada acoge a alrededor de 880 residentes. La llegada de cientos de personas subsaharianas terminó por abarrotar unas instalaciones donde siguen entrando grupos de forma escalonada para recibir comida o cubrir necesidades básicas.

Ese sistema de acceso parcial ha generado momentos de tensión. Un representante sindical del centro recuerda que la Policía Nacional intervino hace apenas dos noches después de que cientos de personas trataran de acceder de forma simultánea al recinto. “La situación está desbordada a unos niveles máximos. Fuera del centro hay cientos”, afirma el representante de los trabajadores. Según indica, una decena de vigilantes hacen turnos mientras unos 1.700 y 2.000 migrantes esperan fuera. “Quieres meter a cien para comer, pero quieren entrar todos porque obviamente tienen hambre. Ahí es cuando se arma todo”, apostilla.

Las imágenes de los alrededores del centro siguen mostrando una larga hilera de tiendas improvisadas, mantas y grupos que esperan bajo los árboles o junto a la playa. La saturación es visible incluso desde el exterior y las propias administraciones admiten que harán falta semanas para recuperar una situación mínimamente estable.

La Asociación Elín ha denunciado la “deshumanización, desatención sistémica y pasividad institucional” que sufren los migrantes que continúan en Ceuta. “La pasividad de las instituciones ante esta crisis humanitaria no es solo una negligencia, es una decisión política que condena a seres humanos a una vulnerabilidad extrema y a un desamparo absoluto que hiere nuestra conciencia colectiva”, ha compartido la organización humanitaria en un comunicado.

Elín pide implementar inmediatamente “protocolos de atención humanitaria reales y eficaces que garanticen alimentación, descanso digno y asistencia sanitaria integral para cada persona”, así como habilitar “espacios de acogida que sean verdaderos lugares de dignidad, dotados de recursos suficientes para que nadie, bajo ninguna circunstancia, se vea abocado a la intemperie”. “Exigimos que los gobiernos movilicen sin demora los recursos necesarios”, han sintetizado.

Aguantar y llegar a la Península

A pocos metros de Mariama descansa Amadou. Tiene 22 años y salió de Mali cuando apenas tenía 20, poco después de perder a su padre. “No teníamos casi para comer ni medicinas para tratar su enfermedad”, lamenta el joven, natural de Nampala, muy cerca de la frontera con Mauritania.

Durante meses valoró intentar la ruta atlántica hacia Canarias desde Tánger, pero terminó descartándola. “Era muy caro y a un conocido nuestro le habían estafado”, explica. Lo sucedido en la frontera el jueves cambió todos sus planes. “Quedarme en mi país no era una posibilidad”, subraya. Su objetivo ahora pasa por permanecer en Ceuta el tiempo suficiente para ser trasladado a la Península. “Quiero trabajar en lo que sea”, añade, convencido de que allí podrá comenzar una nueva vida.

La Delegación del Gobierno trabaja ya en la planificación de futuros traslados, aunque distintas fuentes recuerdan que los procedimientos administrativos para las personas acogidas en el CETI suelen exigir un periodo mínimo de permanencia –un mes y un día– y dependen también de la situación administrativa y de la protección internacional que solicite cada migrante.

Cientos de menores dispersos

La otra gran preocupación continúa siendo la situación de los menores. Mientras decenas han ido siendo derivados a recursos extraordinarios habilitados por la Ciudad Autónoma, como centros de fundaciones, otros muchos siguen en parques, descampados o barriadas por miedo de ser localizados.

Abdelaziz y Halim tienen 16 y 17 años. Hablan muy poco español y pasan los días escondidos junto a otros adolescentes marroquíes. “Estamos durmiendo ocultándonos donde podemos, en la calle. Traíamos algo de dinero para comprar comida, pero estamos pasando hambre”, relata uno de ellos. Su intención no es permanecer indefinidamente fuera del sistema de protección: esperan que la situación se estabilice antes de acudir al Área de Menores para solicitar acogida.

Las propias fuentes de la Ciudad Autónoma reconocen que resulta imposible ofrecer todavía un balance preciso. El jueves manejaban una cifra cercana a los 800 menores tutelados, frente a los alrededor de 180 que constituían la ocupación habitual apenas diez días antes. Desde entonces, las derivaciones entre distintos recursos extraordinarios y los continuos movimientos de adolescentes han impedido elaborar un censo fiable.

Responsables autonómicos aseguran que los equipos han centrado todos sus esfuerzos en sacar de la calle a los menores localizados e ir distribuyéndolos entre los distintos dispositivos habilitados de urgencia. El recuento definitivo no comenzará hasta que la situación se estabilice y todos los recursos extraordinarios completen su ocupación.

El flujo de entradas se ha reducido prácticamente a cero y la mayoría de quienes protagonizaron la entrada del jueves ya han regresado a Marruecos. La Delegación del Gobierno sigue buscando espacios para gestionar el elevado número de fallecidos recuperados del mar y ha habilitado instalaciones del antiguo Hospital Militar como apoyo al Instituto de Medicina Forense.

Las necesidades inmediatas pasan por garantizar agua, alimentos y atención básica a quienes continúan durmiendo en el entorno del CETI, así como avanzar en las identificaciones de víctimas, la gestión de los menores y la búsqueda de soluciones para centenares de personas que siguen esperando una oportunidad para abandonar Ceuta rumbo a la Península.

En una pequeña barriada de las afueras de Tánger, la familia de Mohamed Bouzalmet no puede contener los nervios. Se enteraron de que el joven, de 24 años, había tratado de cruzar a Ceuta desde la vecina localidad marroquí de Castillejos el pasado jueves, cuando un amigo con el que había emprendido el trayecto a nado se puso en contacto desde el hospital de la ciudad autónoma.

La reacción de su padre fue acudir al lugar el viernes y cruzar la frontera con España para tratar de buscarle, sin éxito. “Es un caos, pasó mucha gente y no hay información suficiente”, cuenta también desesperado un amigo de la familia, que habla algo de español y relata a elDiario.es la situación.

Su pesar lo comparten muchas personas en el lado marroquí de la frontera. Seres queridos que se fueron –avisando o no a los suyos de que partían para nadar hacia Ceuta– y no se han puesto en contacto con sus familias y amigos. La angustia se agrava a medida que aumenta el número de cuerpos sin vida localizados en el agua, pero muchos allegados se aferran a la esperanza de que no tengan teléfono móvil, algo común entre los migrantes que han cruzado en estos días desde Marruecos de forma irregular.

Miembros de la Guardia Civil –en concreto de la unidad subacuática, los GEAS–, junto a otros del Servicio Marítimo llevan toda la semana peinando las aguas de la bahía sur en busca de cuerpos. Su actividad se intensificó desde el jueves, momento en el que las decenas de miles de personas migrantes –en su mayoría jóvenes, pero también familias y menores– flanquearon el perímetro fronterizo a través del litoral. El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, ha asegurado en rueda de prensa este domingo que el último dato oficial de fallecidos en el intento de entrada es de 72, mientras que fuentes funerarias señalan que el número de víctimas que han llevado ya a sus instalaciones se eleva a 79. Otros recuentos elevan las vidas perdidas en la tragedia a 90, según informa la Cadena Ser, que ha hablado con un hombre, Mohamed, que asegura que “vio hasta cinco o seis personas morir frente a los militares” y cuenta que las víctimas fallecieron porque había mucha gente en el agua.

Fuentes de la Guardia Civil dicen a elDiario.es que muchos se ahogaron en los picos de mayor trasiego, “cuando se produjo una avalancha de personas tratando de subir desde el agua, por las piedras, al último espigón que ya da acceso a suelo español”. La marea arrastró “muchos de los cuerpos a la orilla”. Otros, indican compañeros de quienes se encargan de sacarlos del agua, acaban saliendo a flote. Los restantes, como siete que aparecieron este mismo sábado, son localizados por los GEAS en labores de buceo.

Pero, además de buscar fallecidos, esta unidad también ha ayudado a colocar este sábado un entramado de boyas de 500 metros que sirven como añadido al espigón, con el objetivo de ejercer de barrera para evitar nuevas entradas. Las organizaciones especializadas temen que la pretensión de este nuevo elemento sea retomar las devoluciones en caliente de quienes intentan acceder a nado tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que puso fin a esta práctica en el mar, hasta entonces sistemáticas.

“Solo esperamos que aparezcan pronto”

Mientras la nueva barrera anaranjada comenzaba a vislumbrarse desde la localidad marroquí Castillejos, un grupo de mujeres se encontraba a escasos metros del control policial para intentar obtener algo de información o, en un golpe de suerte, localizar a sus hijos, cuyo paradero desconocían. Una lloraba desconsoladamente, mientras que otra, más contenida, iba recogiendo sus lágrimas en un pañuelo. “No sabemos dónde están. Solo esperamos que aparezcan pronto”, decía una de ellas a un policía. Decenas de jóvenes continuaban pasando frente a las mujeres, que no podían evitar preguntarles cuántos quedaban por llegar desde Ceuta. “Somos muchos. Ahora llegarán, si Dios quiere, señora”, respondió uno de ellos.

Buscaba una vida mejor y que con su trabajo en Tánger no le llegaba para que su entorno saliera adelante

El representante de la familia de Mohamed Bouzalmat, desaparecido

Por el momento, el ritmo de llegadas a Ceuta se ha detenido, pero la familia de Mohamed Bouzalmat sabe que él lo intentó. El representante de sus allegados, un amigo cercano, asume que “buscaba una vida mejor y que con su trabajo en Tánger no le llegaba para que su entorno saliera adelante”. Por eso, según relata el hombre, acudió junto a su amigo a Castillejos: “En la mar separaron sus trayectorias. El acompañante casi se ahoga, pero lo rescataron y en está en el hospital. De Mohamed no sabemos nada”.

El pequeño Imram Saidi, de 14 años, fue identificado por su hermana en la playa del Tarajal, gracias a imágenes de vídeo de un medio de comunicación. “Un niño muy tranquilo, que sueña con ser futbolista”, explica, y que acudió con compañeros de la escuela de su localidad natal, de Alcazarseguir –a medio camino entre Tánger y Ceuta– a cruzar por mar hacia la ciudad autónoma.

Las grabaciones daban esperanza a la familia y el feliz regreso se consumó esta misma tarde, cuando pasadas las 17:00 su hermana se comunicaba con este medio para confirmar que el pequeño Saidi se había puesto en contacto con ella al volver a entrar en Castillejos, como parte de los más de 40.000 migrantes que el Gobierno indica que han regresado a Marruecos.

El hermano de Omar Bourras sigue esperando. Su hermano es un chico de 17 años natural de Beni Melal, ya muy cerca de Marrakech, que vivía por su empleo en Tetuán. Su familia cuenta que acudió a Castillejos junto a cuatro compañeros de trabajo: Marouana Achik, Anas Jnaini, Othmane Chouki y Al Alaoui, todos de 18 años.

El hermano del joven desaparecido cuenta que a los dos últimos “los interceptó la autoridad marroquí y fueron devueltos” y, después, se pusieron en contacto con ellos para contarle lo sucedido. “El resto entraron en el mar y no supieron nada más de ellos”, cuenta entre lágrimas el hermano, que aún no pierde la esperanza. “La familia está muy triste, fuimos a la policía e incluso a Ceuta y no hemos encontrado ninguna noticia”, comenta.

“Hay muchos muertos en el mar”

El caos que describen lo reconocen fuentes policiales, quienes explican que la mayoría de las personas migrantes no llevaban consigo documentación, algo que también ocurre con los cadáveres que permanecen en la funeraria a la espera de identificación. Las mismas fuentes indican que se está valorando la posibilidad de crear una oficina que se dedique a recibir las llamadas y visitas in situ de las familias que creen que algunos de sus allegados desaparecidos pudieron intentar el cruce, pero este extremo aún no ha sido confirmado oficialmente por la Delegación del Gobierno.

Muchos de los que entraron y ahora regresan ni siquiera cuentan con un teléfono con el que comunicarse, o en caso de contar con un móvil, no han sido capaces de hacerse con una tarjeta SIM debido al cierre de los establecimientos de la ciudad autónoma durante este viernes, algo que da esperanza a quienes aún esperan noticias al otro lado de la frontera.

Es el caso del hermano de Mohamed El Kafhali, otro joven de 17 años que anunció en casa su intención de intentar pasar a España junto a Mohamed Ben Ayad, un amigo de su misma edad, de la provincia de Chefchauoen. Se agarra a la posibilidad de que hayan vuelto a Castillejos y estén incomunicados. “Esperamos encontrarlos”, alcanza a decir en castellano.

Quienes buscan a niños y adolescentes pueden ponerse en contacto directamente con el teléfono del Área de Menores de la ciudad, que facilita información directa sobre quienes están bajo su tutela. Además, tanto para mayores como para menores, la Guardia Civil aconseja denunciar la desaparición en dependencias policiales de Ceuta, de cualquier otra localidad española, o incluso en los países de origen. Es recomendable además aportar muestras de ADN de allegados muy próximos.

La ONG Caminando Fronteras ha pedido que se garanticen los procedimientos que permitan la búsqueda y la identificación a las familias que intentan localizar a los suyos. Asimismo, demanda que se pueda ofrecer un “enterramiento digno a las víctimas y que sus familias puedan despedirse de ellos en base a sus creencias y su religión” y reclama que se tengan en cuenta las circunstancias “de vulnerabilidad de las familias para garantizar sus derechos y los de las víctimas”.

Al caer la noche este sábado en Castillejos, mientras algunos chavales continuaban intentando echarse al agua, no quedaban ya barcos marroquíes surcando el litoral de este lado de la frontera. Un agente, señalando la costa, dijo a elDiario.es: “Hay muchos muertos en el mar”.

Hamido está descalzo y echado en un banco en Ceuta. “Estoy derrotado, hermano”, dice el hombre de 34 años, que explica que siempre se ha ganado la vida “pintando coches” en la localidad de Larache, en Marruecos. De allí partió su hermano, que ahora vive en Barcelona, hace apenas cuatro años. Allí teme, también, volver pronto.

“Tendría que poder ayudar a mi madre, que está viuda. Aguantar y buscar un trabajo aquí, pero está siendo muy duro”, agrega, señalando las tiendas vacías del centro de la ciudad autónoma, que como en casi toda la localidad, permanecen cerradas, sin dar opción a nadie de comprar alimentos. Hamido llegó “hacia las 15:00” de este jueves, cuando decenas de miles de personas entraron de manera irregular en Ceuta en una jornada tras la que también se han localizado 57 cuerpos sin vida en la costa.

El hombre explica que, tras entrar, se fue “directo al CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes)”, donde se encontró un espacio repleto en su interior y también fuera. Fuentes del centro apuntan que acogen ahora mismo a 880 personas. Pero la estampa exterior invita a pensar que aún quedan unos cientos de los casi 1.000 que llegaron a rodear el espacio de acogida, según señalaban en pasadas jornadas los sindicatos con representación allí.

Este viernes por la mañana, miles de personas enfilaban la frontera para regresar de nuevo a Marruecos, según pudo comprobar elDiario.es en la zona. El Gobierno asegura que 48.300 de las más de 50.000 personas que entraron ya han vuelto al país vecino. Entre ellos estaba Hamza, que volvió por la mañana con cuatro amigos. Todos son de Rincón, la siguiente localidad marroquí más próxima después de Castillejos. “Así no se puede estar, amigo”, añadía el pequeño Mohamed, de solo 14 años, que cuenta que soñaba con emular al jugador de fútbol Lamine Yamal. En el centro de la ciudad, policías se acercaban a los grupos de chavales incitándoles a volver e indicándoles la dirección de la frontera, un factor que, según los propios migrantes, también les ha llevado a recorrer el camino de vuelta a casa.

Mientras tanto, en las calles aún llenas de Ceuta se respira cansancio por la falta de techo, alimentos y agua. Algunas fuentes consultadas por este medio perciben una suerte de “estrategia de desgaste por parte de las administraciones” para “el rápido retorno voluntario”. Pero, aún exhaustos, muchos migrantes permanecen en toda la localidad.

“Conozco gente que ha dormido en portales”

Hambriento y cansado, Hamido mira a la noche con cierta preocupación. “He pensado en acercarme a la frontera, a alguno de los barrios y quedarme por allí. Conozco gente que ha dormido en portales”, añade, confesando que le ronda la cabeza regresar como los muchos que ya lo han hecho este viernes, apenas 24 horas después de entrar. Algo similar a lo que, horas antes, había vivido Hamza: “He dormido en la calle como un perro”.

Hamido cree que, en cualquier caso, acabarán por repatriarlo. Una idea que ha reiterado en su visita Pedro Sánchez, que ha dejado clara la intención de retornar a las personas migrantes a la mayor brevedad posible, agilizando los expedientes. Esta información llegó pronto a los propios afectados, uno de ellos, Rachid, esperaba a la puerta del CETI a que bajara el calor para ir a buscar algo de comida. Allí llegó este jueves por la tarde, juntándose con dos conocidos que habían entrado antes desde Castillejos. “Nos quieren echar”, alcanza a decir a pesar de no hablar un castellano fluido. “Todavía espero que me puedan llevar a la Península”, añadía.

Organizaciones especializadas recuerdan el deber de proporcionar garantías en los procedimientos de devolución y la necesidad de atender las necesidades de cada una para respetar el derecho de asilo. “Entendemos que eventualmente se acuerde la devolución, pero eso debe pasar por un procedimiento de devolución con garantías”, indica a elDiario.es Patuca Fernández, abogada de la Coordinadora de Barrios. “Lo que hay que hacer es cumplir el proceso de la Ley de Extranjería”.

Una ciudad autónoma saturada

El pico de llegadas ha saturado la pequeña ciudad fronteriza, de apenas 84.000 habitantes. “Estamos ante una crisis humanitaria y parece lógico que las capacidades se hayan desbordado. Exigimos que se aplique la ley con todas las garantías”, dice Fernández, que abunda en los factores al otro lado de la frontera. “Es un problema de relaciones bilaterales no tanto de España con Marruecos, sino con la Unión Europea. Esto tiene mucho que ver con la política de externalización de fronteras. Europa le ha dejado la llave a Marruecos y luego no te puedes extrañar de lo que pase”, zanja la abogada.

Muchos de los recién llegados son menores. Brian, de Tetuán y 16 años de edad, llora sentado en el borde de una fuente donde otros migrantes aprovechan para asearse, en pleno centro de la ciudad. Solo, “con mucha hambre y sed”, lamenta no encontrar nada abierto. Preguntado por si se arrepiente de haber venido a España, asegura que de saber las condiciones a las que se sometería, durmiendo en la calle y sin cubrir sus necesidades básicas, no lo hubiera hecho.

Sin embargo, en su relato trasluce, como en el de muchos otros, el compromiso por ayudar a su familia, “de siete personas” y que solo se sostiene con el salario de su padre, quien se dedica “a vender piezas de coches”. No ha acudido a los servicios de tutela de la Ciudad Autónoma, quien tiene las competencias y por ende la obligación de garantizar la atención a los menores. “No quiero ir porque temo que me devuelvan”, contesta, sin titubear.

“No me extraña que diga eso”, señala la abogada Patuca Fernández al ser informada sobre el caso. “Tiene su lógica porque es lo que ocurría, esta tensión con el acceso al sistema de acogida con los niños y niñas ocurre siempre. La situación es muy inestable”, resume, considerando que lo razonable sería que la ciudad preparara un sistema de acogida suficiente, “ingresen o no ingresen los niños y dotarles de seguridad jurídica de que no van a devolverles sin garantías”.

Sin embargo, tanto el presidente Juan Vivas como una fuente del propio sistema de menores consultada por este medio, dan por hecho que los pequeños no serán acogidos porque la capacidad ya está “ampliamente excedida” con los algo más de 700 que ahora mismo se encuentran bajo la tutela de la ciudad. Algo que choca con el planteamiento de Fernández, que es el que marca la ley, y que indica que deben ser atendidos, cubriendo sus necesidades hasta que cada caso se valore de forma individualizada.

Miles de personas que entraron a Ceuta en las últimas horas están empezando a regresar a Marruecos por el espigón fronterizo, según ha podido comprobar elDiario.es. Aunque han continuado entrando migrantes a la ciudad autónoma este viernes, la afluencia se ha ido reduciendo a primera hora de esta mañana.

Este viernes por la mañana, cientos de jóvenes marroquíes retornaban a través de la frontera del Tarajal horas después de la entrada de decenas de miles personas migrantes en Ceuta desde el país vecino. “Estamos como animales, no hay comida, ni agua”, dice a este medio Hamza, un chaval de apenas 17 años que vuelve hacia el punto por el que llegó 20 horas antes. El Gobierno asegura que más de 48.300 migrantes han retornado ya a Marruecos de los aproximadamente 50.000 que calcula que han entrado de forma irregular a la ciudad autónoma. El número de cuerpos sin vida en la frontera ha seguido subiendo: según ha confirmado fuentes policiales a EFE, son ya 57 los cadáveres recuperados en la costa.

Los centros de menores de la ciudad autónoma están llenos desde hace tiempo y, además, los jóvenes expresan temor a acudir a los recursos municipales por miedo a que los reingresen en su país contra su voluntad. “Uno de mis hermanos está en España y me dijo que esperara un tiempo a acudir al centro, que ahora somos muchos y nos llevan de vuelta”, apunta entre llantos Brian, de 16 años y natural de Tetuán.

Él se debate en todo caso entre la vuelta a casa por el hambre, la sed y la falta de perspectivas o la estoica resistencia en busca de un sueño. “He dormido en la calle como un perro, moviéndome entre la playa y las aceras porque la Policía nos andaba persiguiendo”, relata en inglés el chaval, que ya ha superado los estudios obligatorios y encaraba los exámenes de selectividad en su país el próximo año.

Sin embargo, no quiere. Tiene una familia numerosa y cree que debe aportar. “Cualquier cosa es mejor que Marruecos”, finaliza mientras escribe un WhatsApp a su madre en busca de consejo.

No todos resisten el hecho de no tener espacio de alojamiento, comida, agua y encontrarse todos los establecimientos de la ciudad cerrados, inutilizando la posesión de dinero. Cientos salieron ya esta madrugada. Según explican fuentes policiales, un gran grupo, el primero en retornar al país vecino, tuvo que esperar a que el Gobierno marroquí autorizara de nuevo su regreso.

Esta mañana el flujo ya era constante. Una larga fila se dirigía por la costa hacia el Tarajal llenando aproximadamente dos kilómetros de acera por el litoral. Una vez en el espacio limítrofe, entraban por el flanco izquierdo, el que normalmente ocupa la Guardia Civil y que ahora se destina al paso de quienes han perdido la esperanza.

Entre ellos está Hamza, que va con otros cuatro amigos. Todos son de Rincón, la siguiente localidad más próxima a Ceuta después de Castillejos. Llaman y esperan que alguien les venga a recoger al otro lado de la frontera. “Así no se puede estar, amigo”, añade el pequeño Mohamed, de solo 14 años, que cuenta que soñaba con emular al jugador de fútbol Lamine Yamal.

Las salidas de la ciudad autónoma se están produciendo a un ritmo alto y se espera que en las próximas horas regresen más a Marruecos. En el centro de la ciudad, algunos policías se acercaban a los grupos de chavales incitándoles a volver e indicándoles la dirección de la frontera, un factor que, según los propios migrantes, también les ha llevado a recorrer el camino de vuelta a casa.

Muad llega tan exhausto como eufórico. Tan solo lleva un bañador y una funda de brazo en la que guarda el móvil y algo de dinero. En cuanto recupera el aliento, el joven de 25 años exclama: “Gracias a Alá por todo”. Es una de las miles de personas, la mayoría hombres jóvenes, pero también mujeres y niños, que han logrado acceder este jueves a Ceuta, en lo que es la mayor entrada irregular desde Marruecos desde la crisis diplomática con el país vecino en 2021.

Según indican a elDiario.es fuentes oficiales del Gobierno local, este jueves han llegado más de 50.000 personas. Muchas han conseguido alcanzar el espigón del Tarajal y la alambrada sin que se apreciara un dispositivo policial que impidiera su avance. Al mismo tiempo, otras se lanzaron al mar con la intención de acceder bordeando la línea fronteriza. Se han recuperado los cuerpos de 57 personas que supuestamente intentaban entrar a nado.

Hasta el momento, el mensaje que ha transmitido el Gobierno durante el día es de “colaboración” con Marruecos, que Interior ha tachado de “ejemplar”. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viajarán este viernes a Ceuta. El Gobierno ha anunciado que desplegará al Ejército para “reforzar a la Guardia Civil en el ejercicio de sus competencias y aquellas que puedan resultar necesarias para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta”.

“Entramos para aprovechar la vida, para trabajar”

Natural de la vecina Castillejos, Muad cuenta que alcanzó Ceuta en una hora de trayecto a nado. Transmite ilusión tras pisar suelo español. “Ahora entramos a Ceuta para aprovechar la vida, para trabajar, para ayudar a nuestros padres. Venimos para ayudar a nuestros padres. Allí en Marruecos no hay nada”, dice el joven. Poco después entra Hassan, aún más joven. Cuenta que lo que quiere es un empleo. “No sé de qué, pero quiero trabajar… tener un buen trabajo”, dice.

Quienes buscan entrar en la ciudad autónoma suelen iniciar la travesía a unos 500 metros de la instalación fronteriza marroquí. Para ello, bajan desde la carretera que da al paso limítrofe, por una ladera de piedra. Luego nadan atravesando el doble vallado, con un espacio de playa, que aún pertenece al lado marroquí, para a continuación superar el primer espigón, cruzando a continuación la playa que la Guardia Civil tiene en sus dominios dentro de la parte española del recinto y finalmente bordeando el espigón que da a la playa del Tarajal.

Ese complejo y largo recorrido, plagado de cámaras de calor que detectan a los migrantes, suele llevar entre dos y cuatro horas. Sin embargo, durante la afluencia de este jueves, quienes se arrojaban al mar lo hacían en un punto de la carretera mucho más cercano a la frontera de lo habitual, pasando además considerablemente más pegados a la costa de lo normal, cuando no directamente caminando sobre el espigón.

Dejé a mis dos hijos con mi madre en Larache y me tiré al agua. No tenía nada, así espero poder mandarles dinero

Amina — 38 años

Una vez en Ceuta, Hassam cuenta que espera a “la Guardia Civil” para que le digan qué hacer: “Yo quiero ir al CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes)”, subraya, pero el espacio de acogida, de poco más de 500 plazas, ya no daba abasto antes de la entrada de este jueves.

En los últimos diez días, se estimaban unas 1.500 llegadas a la ciudad autónoma. En la otra punta de Ceuta, mientras comenzaba la afluencia de personas, Amina descansaba en el centro de San Antonio, de la Fundación Cardjn, que acoge a jóvenes que acaban de cumplir la mayoría de edad y también a quienes llegan con complicaciones físicas derivadas de la diabetes y de otras enfermedades crónicas comunes.

“Dejé a mis dos hijos con mi madre en Larache (Marruecos) y me tiré al agua”, contaba a este medio con la ayuda de una traductora la mujer de 38 años. “No tenía nada, así espero poder mandarles dinero”, relata esta mujer, que viéndose viuda, desempleada y “sin acceso a ninguna ayuda” en Marruecos, optó por dejar atrás a sus seres queridos, a quienes planea ahora ayudar en la distancia.

Muchas de las personas que han entrado este jueves han pasado por la comisaría Policía Nacional, siguiente parada de los recién llegados al Tarajal, que acuden allí para ser filiados y posteriormente derivados a algún recurso de acogida, antes de un hipotético traslado a la Península, que de cumplir con el protocolo habitual, se demoraría varios meses.

De las dependencias policiales salían hacia la frontera números efectivos pasada la 13:00 de la tarde. Llegados a la zona fronteriza, procedieron a cortar los accesos, rotondas y caminos que daban a las barriadas cercanas y finalmente a tratar de contener para que quienes entraban por el espigón no pudieran avanzar. Algunos agentes hicieron uso de la porra contra quienes salían del Tarajal, tal y como ha quedado recogido en varios vídeos.

Posteriormente, las entradas de migrantes han continuado al mismo ritmo pasadas las 18:00 horas. Mientras, los que caminaban por el centro de la localidad acabaron siendo hostigados por manifestantes que llegaron a lanzarles piedras y tuvieron que ser interceptados por la Policía Nacional, según ha presenciado este medio.

El recuerdo de mayo de 2021

El único precedente de un volumen similar de entradas irregulares en la ciudad autónoma es la que se produjo en mayo de 2021 en plena crisis con Marruecos. Entonces llegaron a la localidad más de 12.000 personas, tanto marroquíes –la nacionalidad mayoritaria en esta ocasión– como de países subsaharianos y Argelia. La estampa fue similar, con el CETI lleno, los servicios de atención a menores no acompañados –de competencia municipal– también saturados, falta de alimentos y servicios sanitarios al límite. Todas estas circunstancias vuelven a repetirse, según han advertido en diversos comunicados los sindicatos representados en el Centro de Estancia y en el Sistema Público de Salud.

La organización Sur Acoge ha vuelto a reclamar que los recursos de acogida de la ciudad autónoma “se dimensionen” para responder con garantías a situaciones como la actual. “La Federación insiste en que el Estado y la Ciudad Autónoma deben contar con plazas suficientes para atender con dignidad a las personas que llegan, especialmente a niños, niñas y adolescentes sin referentes familiares”, dice.

Ante el repunte de llegadas, organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han pedido medidas como una “derivación rápida” hacia la península. Pero en un escueto comunicado, Interior ha anunciado, sin dar más detalles, que España y Marruecos han “acordado reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a estos flujos y se han comprometido a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente en Ceuta”.

Las ONG especializadas son contrarias a los procedimientos acelerados, que pueden impedir, por ejemplo, la detección adecuada de personas en situación de vulnerabilidad o que necesiten protección internacional. En 2021, España negoció con Marruecos la repatriación de sus nacionales en cuestión de dos meses. La mayoría fueron saliendo paulatinamente desde las naves industriales en las que los habían acogido. En el caso de personas de otras nacionalidades se optó por su traslado a la Península, aunque este proceso se demoró hasta octubre de aquel año.

En 2021, el pacto entre España y Marruecos también fue aplicado en agosto, meses después, a los menores de edad. Al menos 55 niños fueron llevados de vuelta al país vecino en una acción que el Tribunal Supremo consideró ilegal. La Audiencia Provincial de Cádiz también estimó que la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos y la vicepresidenta ceutí, Mabel Deu, prevaricaron al saltarse el procedimiento y no hacer valer el interés superior del menor.

El fin de las devoluciones en caliente por mar

Entretanto, las autoridades habían continuado las devoluciones en caliente de los migrantes nada más ser interceptados saltando la valla, llegando a nado a las playas de la Bahía sur de la ciudad o en plena travesía marítima a través de los límites entre países. La Guardia Civil y la Policía realizaban estas devoluciones sin ocultarlas, tanto de día como de noche.

Según reconocían los agentes y la Delegación del Gobierno local, la orden consistía en expulsar inmediatamente a todas las personas interceptadas, salvo aquellas que aparentaban ser menores, sin atención individualizada ni asistencia letrada. Sin embargo, tanto un tribunal andaluz, como recientemente el Supremo, han confirmado la ilegalidad de las devoluciones instantáneas de quienes llegan a nado y empujó a las fuerzas de seguridad a dejar de aplicar esta práctica hasta entonces sistemática.

Las organizaciones de derechos humanos han rechazado que lo sucedido este jueves responda a un supuesto 'efecto llamada' provocado por la reciente sentencia del Tribunal Supremo, como se asegura desde algunos sectores. “La evolución de los acontecimientos, con intentos de acceso tanto por vía marítima como terrestre, apunta a una realidad mucho más compleja”, ha dicho Sur Acoge. Entre los factores que las ONG han mencionado detrás del repunte de llegadas a la ciudad autónoma en los últimos días está el periodo estival y la situación favorable del mar.

“No se les pueden brindar las necesidades mínimas”

Antes del episodio vivido este jueves, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, había calificado de “emergencia nacional” la situación que sufre la ciudad autónoma en los últimos días y había pedido “un mando único”. El Gobierno dejó pronto claro que la activación de este mecanismo no es posible. “Forma parte de la normativa estatal de protección civil, que no contempla los flujos migratorios como un riesgo del Sistema Nacional de Protección Civil ni establece planes especiales, directrices básicas o instrumentos específicos de protección civil para su gestión”, dijeron fuentes de Moncloa.

Nayat Abselam, de la Fundación Cardjn, lamentaba esta misma mañana en declaraciones a este medio la situación por la que atraviesa la ciudad y las malas condiciones en las que se encuentran los recién llegados. “En los centros de menores la saturación es total. No se les pueden brindar las necesidades mínimas que tienen”, advertía la mujer, que gestiona el centro de acogida de San Antonio, donde ahora mismo se encuentran por encima de sus capacidades, atendiendo a personas “especialmente vulnerables”. “Tenemos personas enfermas, con diabetes y con algunas lesiones”, explicaba la activista. “La solución es muy compleja”, sentenciaba.

El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) ya albergaba a 1.700 personas este miércoles, antes de la entrada de este jueves. 1.000 de ellos, según trabajadores del propio espacio, se encontraban viviendo en la calle: “No son condiciones aceptables ni para ellos ni para los trabajadores”, apuntaban, advirtiendo de que la plantilla queda “muy corta” para el contexto presente. “No hay más espacio de acogida y el problema es cuando tampoco haya comida”, agregaban responsables de la Policía Nacional consultados por este medio.

Es de esperar, según apuntan fuentes internas del Ejecutivo local, que en las próximas horas Ciudad y Delegación acuerden habilitar naves, polideportivos e incluso campos de fútbol en zonas periféricas como alojamiento temporal para las miles de personas que alcanzaron Ceuta este jueves.

Miles de personas migrantes han accedido a la ciudad de Ceuta en torno al mediodía este jueves desde Marruecos, según ha podido comprobar elDiario.es. Los agentes de antidisturbios de la Policía Nacional se han desplegado en la frontera del Tarajal para contener la entrada, que se produce después de la llegada de entre 1.500 y 2.000 personas en los últimos diez días. A lo largo de la tarde de este jueves, la Guardia Civil ha identificado a siete personas fallecidas en el agua.

Alrededor de 1.000 personas asomaban poco antes de la 13:00 horas de la tarde por el espigón del Tarajal, según pudo comprobar este medio. Muchos han llegado a suelo ceutí simplemente a pie, reduciendo la habitual travesía a nado de entre dos y cuatro horas a apenas media. No hay cifras oficiales de cuántas personas han logrado pisar suelo español –la asociación profesional de la Guardia Civil las ha cifrado en 5.000–.

Cientos de personas han conseguido alcanzar el espigón y la alambrada sin que se apreciara un dispositivo policial que impidiera su avance. Al mismo tiempo, otras se lanzaron al mar con la intención de acceder a Ceuta bordeando la línea fronteriza, mientras otros grupos caminaban en paralelo a la alambrada en dirección de la valla española.

Antes, cientos de personas que habían entrado a nado en las primeras horas de la mañana a la localidad desde la vecina ciudad marroquí de Castillejos a la ciudad autónoma han salido a la carrera del recinto donde les atendía la Guardia Civil en la frontera, donde no estaban retenidos.

Los agentes atendían y organizaban a los migrantes recién llegados –una reciente sentencia del Tribunal Supremo puso fin a las polémicas devoluciones en caliente por mar, una práctica que antes era sistemática entre denuncias de las organizaciones de derechos humanos–. En algunos casos optaban por marchar rápido en dirección a las próximas barriadas del Príncipe o Juan XXIII o hacia el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes.

Hasta el momento, el Gobierno central ha asegurado que el país vecino “está cooperando de manera leal y permanente con España y colaborando estrechamente para afrontar esta situación”. Fuentes diplomáticas de la embajada de Marruecos en Madrid han trasladado a Europa Press que los recientes intentos de entrada irregular a la ciudad autónoma “no responden, en modo alguno, a una voluntad de las autoridades marroquíes de favorecer la inmigración irregular” y aseguran que la colaboración es “ejemplar”. En la misma línea se ha expresado el Ministerio del Interior, que indica que Fernando Grande-Marlaska ha permanecido en “contacto permanente” con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit. Grande-Marlaska se desplazará a Ceuta mañana, a primera hora, para seguir la evolución de la situación.

En la ciudad autónoma, cientos de flotadores abandonados en el mar dan cuenta de las llegadas: los nadadores suelen partir con neopreno, flotador y aletas, dejando a su llegada a España el equipo en el camino. La Guardia Civil trata de auxiliar a quienes llegan, pero no da abasto. Mientras, los recién llegados, en su mayoría jóvenes marroquíes, se encuentran en centros de acogida sobrepasados, tanto de menores, como de mayores de edad. Lo mismo ocurre con las dependencias de la Policía Nacional, donde se realizan las filiaciones de los migrantes para registrarlos y poder ofrecerles atención y un futuro traslado a la Península.

Ante el repunte de llegadas, organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han pedido medidas como una “derivación rápida” hacia la península. Pero en un escueto comunicado, Interior ha anunciado, sin dar más detalles, que España y Marruecos han “acordado reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a estos flujos y se han comprometido a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente en Ceuta”.

Las ONG especializadas suelen ser contrarias a los procedimientos acelerados, que pueden impedir, por ejemplo, la detección adecuada de personas en situación de vulnerabilidad o que necesiten protección internacional. El director de CEAR, Mauricio Valiente, ha asegurado que lo anunciado por Interior es “mala solución”, ya que “Marruecos no es un país seguro”, según ha dicho en declaraciones a EFE. “La colaboración no puede traducirse en una entrega sin atender las circunstancias de cada persona”, afima Valiente. El procedimiento reglado para las personas que ya están en territorio español, recuerda, pasa por la toma de datos y ofrecerle la opción de pedir asilo. En caso afirmativo, la persona no puede ser retornada a su país hasta que se resuelva esta petición y, en caso negativo, se ha de abrir un expediente de retorno con la asistencia de un abogado, que después tiene que ser resuelto y, si es posible, ejecutado.

Sur Acoge ha expresado en un comunicado “una especial preocupación por la situación de la infancia y recuerda que, con independencia de las circunstancias que hayan motivado su llegada, todos los menores deben recibir una protección escrupulosa conforme a la legislación española y a los tratados internacionales”. “En este sentido, recuerda los precedentes judiciales derivados de la crisis de 2021 y reclama que cualquier actuación respete plenamente los protocolos de protección”, agrega en un comunicado. En agosto de aquel año, varios menores de edad fueron devueltos por la administración en una acción que el Tribunal Supremo consideró ilegal.

Este jueves los flujos migratorios, que ya habían repuntado los últimos diez días –cuando se contabilizaban alrededor de 2.000 entradas– se han incrementado notablemente. Las unidades a cargo del control fronterizo en Ceuta han recuperado del agua los cuerpos sin vida de diez personas en las últimas 24 horas. A lo largo de la tarde de este jueves, la Guardia Civil ha identificado a siete personas fallecidas en el agua. En la mañana, fue Salvamento Marítimo el que encontró otro cuerpo sin vida. Y en la tarde del miércoles se localizaron otros dos. Ya son 38 los extranjeros localizados muertos en aguas ceutíes en el intento de cruzar a nado desde Marruecos en lo que va de año.

El recuerdo de 2021, cuando más de 12.000 personas entraron de manera irregular desde Marruecos durante la crisis diplomática hispano-marroquí, planea sobre Ceuta. Desde el Ministerio de Exteriores han desvinculado la situación vivida este jueves del viaje de Pedro Sánchez a Argelia el pasado 20 de julio, país con el que Rabat mantiene un enfrentamiento histórico. “La relación con Marruecos es excelente y en nada se ve afectada por las buenas relaciones con Argelia”, han indicado a Europa Press fuentes del departamento liderado por José Manuel Albares, que también han señalado que la coordinación en migración, así como con “otros temas” es “muy intensa”. Este intento de llegar a España coincide con la celebración del país del 27 aniversario de entronización del rey Mohamed VI, quien ofrece una recepción en M'diq (Rincón), a unos 20 kilómetros de Castillejos.

El presidente de Ceuta reclama la “emergencia nacional”

La organización Sur Acoge considera ha pedido que los recursos de acogida de la ciudad autónoma “se dimensionen” para responder con garantías a situaciones como la actual. “La Federación insiste en que el Estado y la Ciudad Autónoma deben contar con plazas suficientes para atender con dignidad a las personas que llegan, especialmente a niños, niñas y adolescentes sin referentes familiares”, dice.

“Sur Acoge considera también que lo sucedido desmiente que las llegadas respondan a un supuesto 'efecto llamada' provocado por la reciente sentencia del Tribunal Supremo. La evolución de los acontecimientos, con intentos de acceso tanto por vía marítima como terrestre, apunta a una realidad mucho más compleja”, añade la ONG.

Antes del episodio vivido este jueves, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, había calificado de “emergencia nacional” la situación que sufre la ciudad autónoma en los últimos días. En declaraciones a 'Onda Cero', recogidas por Europa Press, Vivas ha indicado que “la presión migratoria sobre Ceuta es una constante”, singularizada por “el hecho de ser la única frontera terrestre y marítima junto con Melilla que tiene España y Europa en África”. No obstante, considera que está habiendo “picos de especial intensidad” que han convertido a la situación sobre Ceuta en “emergencia nacional”.

“Hay que abordarlo desde esa perspectiva, como una emergencia nacional a través de una acción decidida, enérgica, proporcional, contundente, inmediata y que esté coordinada a través de un mando único”, ha subrayado, para añadir después que en la última semana “han entrado 1.500 personas”, lo que “significa el equivalente casi al 2% de toda la población de Ceuta”.

Fuentes de Moncloa señalan que la declaración de emergencia de interés nacional “forma parte de la normativa estatal de protección civil, que no contempla los flujos migratorios como un riesgo del Sistema Nacional de Protección Civil ni establece planes especiales, directrices básicas o instrumentos específicos de protección civil para su gestión”. “No es posible, por lo tanto, la activación de este mecanismo, como ha solicitado el presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Jesús Vivas”, dicen las mismas fuentes.

Varias sombras parecen chapotear en alta mar. En el oscuro horizonte de la noche ceutí se distinguen algunas cabezas que se desplazan desde la costa marroquí hacia la ciudad española, rodeando uno de los espigones que separan Marruecos de Ceuta. En la orilla, un dispositivo policial los espera, mientras varias lanchas rastrean las aguas. Cuando los migrantes se acercan, los agentes los detienen y los trasladan hasta la frontera, donde se les pierde el rastro.

Esta escena se repite con frecuencia en la frontera del Tarajal durante muchas madrugadas en Ceuta. La Guardia Civil y la Policía realizaban estas devoluciones sin ocultarlas, tanto de día como de noche. Según reconocían los agentes y la Delegación del Gobierno local, la orden consistía en expulsar a todas las personas interceptadas, salvo aquellas que aparentaban ser menores. Era una práctica sistemática. Hasta esta semana, cuando una sentencia del Tribunal Supremo ha confirmado su ilegalidad y ha empujado a las fuerzas de seguridad a dejar de aplicarla.

La resolución del Tribunal Supremo interpreta que la Ley de Extranjería no permite las “devoluciones en caliente” a los migrantes interceptados en alta mar cuando intentan acceder a nado a Ceuta y Melilla. En el fallo, los jueces de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo han dado la razón a un ciudadano argelino que fue devuelto a Marruecos en noviembre de 2024, junto a otras dos personas, cuando intentaban alcanzar la costa de Ceuta. El denunciante fue apoyado jurídicamente por las organizaciones Coordinadora de Barrios, No Name Kitchen y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM).

Un juzgado de Ceuta y, posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ya habían fallado a favor del demandante aunque no accedieron a indemnizarlo. Las dos instancias entendían que quien entra por mar a nado “no supera un elemento de contención fronterizo” por lo que no se le podía aplicar la vía excepcional recogida en la Ley de Extranjería (a través de la normativa de Seguridad Ciudadana). El Supremo ha rechazado el recurso de la Abogacía del Estado y da la razón a las dos instancias inferiores.

Fuentes oficiales del Instituto Armado en Ceuta aseguran que, tras la sentencia del Supremo, los agentes de la frontera han dejado de realizar estas devoluciones a la espera de recibir órdenes por parte del Ministerio del Interior. “Siempre se ha aplicado el convenio [bilateral con Marruecos]. Ahora mismo, tal como está, no se puede devolver; el Supremo ha dicho claramente que no podemos hacerlo. Hasta que no haya una modificación de la ley orgánica tendremos que aceptarlo, darles sus derechos y aplicar la ley”, apostilla la misma fuente.

Las ONG alertaban desde hace años del carácter ilegal de las devoluciones en caliente. En 2014, el Gobierno de Mariano Rajoy intentó regular los retornos automáticos en Ceuta y Melilla, a través de una disposición adicional incluida en la Ley de Seguridad Ciudadana. Dicha norma, también muy cuestionada por juristas y organizaciones sociales, decía permitir la entrega inmediata a Marruecos de migrantes que entrasen irregularmente en las ciudades autónomas a través del salto de las vallas fronterizas, es decir, por vía terrestre.

La medida fue tachada de ilegal en un primer momento por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, una segunda sentencia aceptó el recurso con el que el Gobierno de Pedro Sánchez defendió estas prácticas y Estrasburgo acabó avalando este tipo de retornos por tierra en Ceuta y Melilla.

Aunque la disposición adicional de la Seguridad Ciudadana no mencionaba que las devoluciones en caliente (llamadas 'rechazos en frontera' en la normativa) pudiesen ejecutarse sobre los migrantes que llegan vía marítima, la Delegación del Gobierno en Ceuta y la Guardia Civil defendían otro tipo de interpretación. La orden era clara: los agentes fronterizos no solo debían retornar a quienes saltaban las alambradas, también a las personas que las rodeaban a nado. En distintos picos de llegadas a la ciudad, elDiario.es preguntó por la base legal de estas prácticas sistemáticas y la Delegación del Ejecutivo se amparaba en la figura del “rechazo en frontera”.

Bajo esa interpretación que rechaza la Justicia, las patrulleras del Instituto Armado recogían del agua a nadadores procedentes de las costas marroquíes -tanto en zona entre vallas como en aguas claramente ceutíes- y, subidos en el barco con bandera española, les trasladaban a la playa donde eran conducidos a la frontera para ser entregados a Marruecos. La decisión del Supremo acaba con esta forma de proceder o, al menos, con los intentos de disfrazarla de legalidad.

La Delegación del Gobierno también defendía las devoluciones marítimas a través de un acuerdo de retorno de Marruecos que, sin embargo, exige la identificación previa y solo afecta a personas marroquíes. Se trata un pacto similar al utilizado por Ejecutivo central y el local para justificar la expulsión de menores practicada en agosto de 2021, defendida por Interior, por la que acabaron condenadas por prevaricación la entonces delegada del Gobierno en la ciudad y la exvicepresidenta de Ceuta.

Desde entonces, los agentes de Ceuta dejaron de devolver en caliente a menores a plena luz del día. A su vez, las autoridades dejaron de justificarlas: solo aplicarían estas prácticas, decían, para retornar a los adultos. En la práctica, sin embargo, la falta de procedimiento complica conocer la edad o los riesgos que supone la devolución de los jóvenes cuya minoría de edad no es evidente. Sin un procedimiento, si no hay una identificación personalizada, no se puede garantizar que no haya adolescentes de menos de 18 años entre los retornados más jóvenes.

Supuestamente, la Delegación del Gobierno solía asegurar que solo se devolvían a los marroquíes, pero el caso resuelto por el Supremo (de un argelino) evidencia que no siempre es así.

Ahora qué

La resolución del Alto Tribunal obliga ahora a tramitar estas entradas mediante el procedimiento ordinario de devolución previsto en la Ley de Extranjería, con todas las garantías administrativas asociadas. Eso supone que las personas interceptadas en el mar ya no pueden ser entregadas directamente a Marruecos sin expediente, asistencia letrada y posibilidad de solicitar protección internacional.

La decisión ha despertado la inquietud entre algunos agentes encargados del control fronterizo marítimo en Ceuta , contactados por elDiario.es. Fuentes oficiales de la Guardia Civil explican que, por el momento, han frenado estas actuaciones y se encuentran a la espera de las indicaciones que lleguen desde la Dirección General. “Ahora mismo están los superiores hablando con Madrid, no sabemos cómo nos va a afectar, estamos a la espera de que nos digan qué tenemos que hacer”, traslada una fuente oficial consultada por elDiario.es.

Omar (nombre ficticio) es una de las decenas de miles de personas devueltas en caliente tras llegar a nado a Ceuta. En julio de 2024, el marroquí se lanzó al mar desde la costa marroquí de Castillejos, pero una patrullera de la Guardia Civil lo interceptó mientras nadaba y, tras dejarlo en la frontera, los agentes lo devolvieron a Marruecos, según explicó el hombre a elDiario.es. Un año antes, la Guardia Civil le frenó a su llegada a tierra y, una vez en el otro lado de la frontera, las autoridades marroquíes le subieron en un autobús con más jóvenes que, como él, lo habían intentado y habían fracasado. Lo mandaron a Casablanca cuando él llevaba años viviendo en el norte de Marruecos.

En agosto de 2024, Omar logró nadar de nuevo hasta la ciudad española. Se lanzó al mar a las seis de la mañana y salió del agua en torno a las 13 horas. El recorrido fue mayor y el riesgo también. El marroquí trató de adentrarse todo lo posible en alta mar para evitar la detección por parte de los agentes españoles. “Nadé hacia alta mar, lejos, muy para arriba porque ahí no hay radares y es más difícil que nos detecten. Desde ahí nadé en dirección a Ceuta. Y, cuando parecía que había menos control, fui bajando hacia la costa”, dijo entonces. Cuando salió del mar, la playa ya estaba llena de bañistas. Omar se hizo pasar por un ceutí más pasando la mañana en la playa y, gracias a la ayuda de un taxista que se apiadó de él, logró alejarse de la zona fronteriza para evitar el tipo de devolusciones que ahora el Supremo ha prohibido.

Las ONG Coordinadora de Barrios, No Name Kitchen y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) han celebrado la sentencia. En una nota, recogida por Efe, las tres entidades sociales sostienen que la postura del Alto Tribunal coincide con la interpretación jurídica que han defendido durante todo el proceso respecto a que a los migrantes que tratan de alcanzar la costa española a nado no pueden ser objeto del rechazo en frontera, sino que “su situación debe tramitarse mediante un procedimiento de devolución con todas las garantías legales”.

“Solo podemos hacer de taxistas”

Entre los agentes consultados creen que el cese de las devoluciones en caliente puede generar un aumento de los intentos de entrada a nado por Ceuta, que suelen aumentar cada verano. “En cuanto se enteren en Marruecos tenemos barcas llenas aquí. El único freno que hay es que la Marina marroquí los pare allí. Solo podemos hacer de taxistas, cogerlos en el mar y llevarlos a la orilla”, se queja un guardia civil consultado por elDiario.es bajo condición de anonimato.

Algunos agentes fronterizos consultados por este medio defienden la modificación de la normativa para extender el rechazo en frontera también a las entradas por mar. “La línea de contención habría que hacerla extensiva al mar. Habrá que modificar la disposición adicional décima de la ley y hacerla aplicable a entradas por tierra, mar y aire”, opina un miembro del Instituto Armado en la ciudad autónoma.

La investigación de la Policía Nacional sobre una de las mayores redes de tráfico de hachís asentadas en Ceuta dibuja un entramado en el que la corrupción de agentes —principalmente de la Guardia Civil— aparece como una pieza estructural del negocio. Las conversaciones intervenidas revelan que los sobornos a miembros de las fuerzas de seguridad —tanto en Marruecos como en España— no solo facilitaban el paso de la droga, sino que resultaban imprescindible incluso para acceder a grandes partidas en origen. “Sin agentes pagados ni nos venden la droga”, llega a reconocer uno de los cabecillas.

En paralelo, la trama mantiene vínculos con figuras del narcotráfico internacional, como el conocido como ‘Messi del Hachís’, que, según relata un ex guardia civil implicado, llegó a regalar relojes de lujo —un Patek Philippe— tanto a él como al futbolista Sergio Ramos. Todo ello en una organización que operaba mediante lanchas, camiones y narcotúneles, incluido un segundo paso subterráneo en construcción tras el descubierto en el Tarajal. A lo largo de los casi 500 folios de investigación, hay una constante que se repite en distintos momentos, escenarios y conversaciones: la necesidad de “pagar” para que la droga circule.

Los investigadores detectan referencias explícitas a pagos de hasta 120.000 euros a agentes, descritos en las conversaciones como “los de las gorras”, a cambio de facilitar el tránsito de la mercancía. En otros momentos, los propios integrantes de la red atribuyen fracasos en operaciones a fallos en la cadena de sobornos. Tras la incautación de un cargamento de 15 toneladas en Almería —ocultos en patatas simuladas con plástico y escondidas en sacos dentro de un camión que venía de Nador—, uno de los líderes especula abiertamente con esa posibilidad: la droga no habría pasado porque el dinero no llegó a tiempo a quienes debían mirar hacia otro lado. La reacción inmediata no es replantear la logística, sino verificar si el pago se ejecutó correctamente.

Ese patrón se repite en múltiples conversaciones. La organización da por hecho que el paso de grandes cantidades de hachís depende de la compra de voluntades entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tanto es así que uno de los cabecillas admite que sin esos pagos previos ni siquiera los proveedores acceden a vender grandes cantidades de droga.

Construyendo el segundo narcotúnel

El otro eje fundamental de la investigación es el uso de infraestructuras subterráneas para introducir la droga en Ceuta. La organización ya había estado detrás primer narcotúnel descubierto en el polígono del Tarajal —conducto que reconocen haber detonado antes de que la Guardia Civil lo encontrara—, y lejos de abandonar esa vía, trabaja en la construcción de un segundo paso. Las conversaciones intervenidas sitúan a los cabecillas planificando la obra, hablando de materiales, mano de obra y de la necesidad de reducir la presión policial en la zona. En uno de los diálogos, un colaborador advierte de la presencia constante de la gendarmería marroquí en el entorno donde se ubicaría la entrada.

El propio líder de la red asume la responsabilidad directa sobre la infraestructura. En conversaciones anteriores ya había reivindicado la autoría del primer túnel, asegurando haber introducido toneladas de droga por esa vía. Ahora, el objetivo es consolidar una alternativa más discreta frente a las rutas marítimas, cada vez más expuestas.

La construcción del nuevo túnel se convierte en una prioridad operativa. Hablan de metros pendientes, de la necesidad de introducir a trabajadores de forma clandestina en Ceuta y de coordinar el reparto de funciones: uno se encargaría de la entrada de la droga y otro de su distribución en territorio español.

Exagentes, contactos y relaciones peligrosas

Dentro de ese entramado, la figura de un ex guardia civil resulta especialmente significativa. Ángel A.F., ya retirado, mantiene una relación directa con la organización, participando en operaciones y actuando como intermediario. Las conversaciones revelan que no solo facilita contactos dentro del Instituto Armado, sino que también participa en la compraventa de droga y en la gestión de información tras incautaciones. En un momento dado, el cabecilla recurre a él para averiguar qué ha fallado tras una intervención policial en Almería. Su papel va más allá de lo operativo. En una conversación con un conocido, relata un encuentro con una figura de primer nivel en el narcotráfico internacional: Abdellah El Haj Sadek El Menbri, conocido como el ‘Messi del Hachís’. Describe con detalle su casa, su colección de relojes y un episodio concreto en el que este le habría regalado un Patek Philippe.

El relato incluye una referencia llamativa: ese mismo narco habría hecho un regalo similar al futbolista Sergio Ramos en una noche de fiesta. La escena, narrada con naturalidad, muestra el nivel de relaciones en el que se movían algunos de los implicados. Días después, el ex agente aparece contando grandes cantidades de dinero en efectivo junto a otros individuos, con el objetivo de comprar décimos premiados de la Lotería de Navidad. Los investigadores interpretan esta práctica como un mecanismo para blanquear capitales.

Una logística sostenida sobre sobornos

La red dirigida por ‘Amandis’ —nombre de la empresa de la luz marroquí en la que trabajaba antaño el investigado— y ‘El Holandés’ operaba a gran escala. Movía toneladas de hachís desde Marruecos hacia España y Europa utilizando una combinación de rutas marítimas, terrestres y subterráneas, merced a la colaboración de narcos de la Costa del Sol y Galicia. En cada fase del proceso, la corrupción aparece como un elemento transversal. Desde la salida de la droga en origen hasta su distribución final, los implicados hablan de pagos, contactos y garantías. La existencia de agentes que no aceptan sobornos también forma parte de sus conversaciones, identificados como un riesgo añadido.

En uno de los diálogos, los cabecillas mencionan expresamente a un inspector de la UDYCO que, según dicen, no entra en la dinámica. La incertidumbre que genera la incorruptibilidad de algunos condiciona decisiones operativas, incluyendo la elección de rutas o el volumen de los cargamentos. La red busca constantemente minimizar riesgos dentro de un esquema en el que el soborno es la base.

A lo largo de la investigación, la Policía Nacional logra interceptar numerosos cargamentos: 600 kilos en Arcos Quebrados —gracias a un incendio en la casa de uno de los miembros de la red—, más de 400 en el Serrallo (ambos barrios de Ceuta), otros 650 en Écija o casi 500 en una furgoneta interceptada en Málaga. Los golpes policiales muestran las conversaciones grabadas, generan tensiones internas, sospechas de chivatazos y reajustes en la operativa. Sin embargo, la actividad no se detiene. Tras cada intervención, los miembros de la organización analizan qué ha fallado, reparten pérdidas y preparan nuevos envíos. En muchos casos, la primera hipótesis vuelve a ser la misma: si alguien no ha cobrado.

La red mantiene contactos en distintos puntos de España —Andalucía, Galicia, Madrid o Valencia— y en varios países europeos. También explora nuevas rutas y métodos, desde narcolanchas hasta túneles, pasando por vehículos con dobles fondos o convoyes con lanzaderas.

El volumen económico del negocio es elevado. Manejan cifras de cientos de miles de euros por operación y gastos millonarios en logística, combustible para las narcolanchas, que en ocasiones permanecen en la mar hasta quince días esperando a descargar o pagos a colaboradores.

Violencia, amenazas y control interno

El funcionamiento de la organización no se limita al tráfico de droga. Las conversaciones intervenidas reflejan un clima de presión constante, con amenazas hacia quienes consideran responsables de filtraciones. El nombre de Himad T.B., vinculado al descubrimiento del primer narcotúnel, aparece de forma recurrente. Los cabecillas lo señalan como “chivato” y llegan a plantear acciones violentas contra él, incluyendo la contratación de terceros para atacarlo.

Ese episodio evidencia el grado de control que intenta mantener la organización sobre su entorno y las consecuencias de romper la omertá.