La investigación de la Policía Nacional sobre una de las mayores redes de tráfico de hachís asentadas en Ceuta dibuja un entramado en el que la corrupción de agentes —principalmente de la Guardia Civil— aparece como una pieza estructural del negocio. Las conversaciones intervenidas revelan que los sobornos a miembros de las fuerzas de seguridad —tanto en Marruecos como en España— no solo facilitaban el paso de la droga, sino que resultaban imprescindible incluso para acceder a grandes partidas en origen. “Sin agentes pagados ni nos venden la droga”, llega a reconocer uno de los cabecillas.

En paralelo, la trama mantiene vínculos con figuras del narcotráfico internacional, como el conocido como ‘Messi del Hachís’, que, según relata un ex guardia civil implicado, llegó a regalar relojes de lujo —un Patek Philippe— tanto a él como al futbolista Sergio Ramos. Todo ello en una organización que operaba mediante lanchas, camiones y narcotúneles, incluido un segundo paso subterráneo en construcción tras el descubierto en el Tarajal. A lo largo de los casi 500 folios de investigación, hay una constante que se repite en distintos momentos, escenarios y conversaciones: la necesidad de “pagar” para que la droga circule.

Los investigadores detectan referencias explícitas a pagos de hasta 120.000 euros a agentes, descritos en las conversaciones como “los de las gorras”, a cambio de facilitar el tránsito de la mercancía. En otros momentos, los propios integrantes de la red atribuyen fracasos en operaciones a fallos en la cadena de sobornos. Tras la incautación de un cargamento de 15 toneladas en Almería —ocultos en patatas simuladas con plástico y escondidas en sacos dentro de un camión que venía de Nador—, uno de los líderes especula abiertamente con esa posibilidad: la droga no habría pasado porque el dinero no llegó a tiempo a quienes debían mirar hacia otro lado. La reacción inmediata no es replantear la logística, sino verificar si el pago se ejecutó correctamente.

Ese patrón se repite en múltiples conversaciones. La organización da por hecho que el paso de grandes cantidades de hachís depende de la compra de voluntades entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tanto es así que uno de los cabecillas admite que sin esos pagos previos ni siquiera los proveedores acceden a vender grandes cantidades de droga.

Construyendo el segundo narcotúnel

El otro eje fundamental de la investigación es el uso de infraestructuras subterráneas para introducir la droga en Ceuta. La organización ya había estado detrás primer narcotúnel descubierto en el polígono del Tarajal —conducto que reconocen haber detonado antes de que la Guardia Civil lo encontrara—, y lejos de abandonar esa vía, trabaja en la construcción de un segundo paso. Las conversaciones intervenidas sitúan a los cabecillas planificando la obra, hablando de materiales, mano de obra y de la necesidad de reducir la presión policial en la zona. En uno de los diálogos, un colaborador advierte de la presencia constante de la gendarmería marroquí en el entorno donde se ubicaría la entrada.

El propio líder de la red asume la responsabilidad directa sobre la infraestructura. En conversaciones anteriores ya había reivindicado la autoría del primer túnel, asegurando haber introducido toneladas de droga por esa vía. Ahora, el objetivo es consolidar una alternativa más discreta frente a las rutas marítimas, cada vez más expuestas.

La construcción del nuevo túnel se convierte en una prioridad operativa. Hablan de metros pendientes, de la necesidad de introducir a trabajadores de forma clandestina en Ceuta y de coordinar el reparto de funciones: uno se encargaría de la entrada de la droga y otro de su distribución en territorio español.

Exagentes, contactos y relaciones peligrosas

Dentro de ese entramado, la figura de un ex guardia civil resulta especialmente significativa. Ángel A.F., ya retirado, mantiene una relación directa con la organización, participando en operaciones y actuando como intermediario. Las conversaciones revelan que no solo facilita contactos dentro del Instituto Armado, sino que también participa en la compraventa de droga y en la gestión de información tras incautaciones. En un momento dado, el cabecilla recurre a él para averiguar qué ha fallado tras una intervención policial en Almería. Su papel va más allá de lo operativo. En una conversación con un conocido, relata un encuentro con una figura de primer nivel en el narcotráfico internacional: Abdellah El Haj Sadek El Menbri, conocido como el ‘Messi del Hachís’. Describe con detalle su casa, su colección de relojes y un episodio concreto en el que este le habría regalado un Patek Philippe.

El relato incluye una referencia llamativa: ese mismo narco habría hecho un regalo similar al futbolista Sergio Ramos en una noche de fiesta. La escena, narrada con naturalidad, muestra el nivel de relaciones en el que se movían algunos de los implicados. Días después, el ex agente aparece contando grandes cantidades de dinero en efectivo junto a otros individuos, con el objetivo de comprar décimos premiados de la Lotería de Navidad. Los investigadores interpretan esta práctica como un mecanismo para blanquear capitales.

Una logística sostenida sobre sobornos

La red dirigida por ‘Amandis’ —nombre de la empresa de la luz marroquí en la que trabajaba antaño el investigado— y ‘El Holandés’ operaba a gran escala. Movía toneladas de hachís desde Marruecos hacia España y Europa utilizando una combinación de rutas marítimas, terrestres y subterráneas, merced a la colaboración de narcos de la Costa del Sol y Galicia. En cada fase del proceso, la corrupción aparece como un elemento transversal. Desde la salida de la droga en origen hasta su distribución final, los implicados hablan de pagos, contactos y garantías. La existencia de agentes que no aceptan sobornos también forma parte de sus conversaciones, identificados como un riesgo añadido.

En uno de los diálogos, los cabecillas mencionan expresamente a un inspector de la UDYCO que, según dicen, no entra en la dinámica. La incertidumbre que genera la incorruptibilidad de algunos condiciona decisiones operativas, incluyendo la elección de rutas o el volumen de los cargamentos. La red busca constantemente minimizar riesgos dentro de un esquema en el que el soborno es la base.

A lo largo de la investigación, la Policía Nacional logra interceptar numerosos cargamentos: 600 kilos en Arcos Quebrados —gracias a un incendio en la casa de uno de los miembros de la red—, más de 400 en el Serrallo (ambos barrios de Ceuta), otros 650 en Écija o casi 500 en una furgoneta interceptada en Málaga. Los golpes policiales muestran las conversaciones grabadas, generan tensiones internas, sospechas de chivatazos y reajustes en la operativa. Sin embargo, la actividad no se detiene. Tras cada intervención, los miembros de la organización analizan qué ha fallado, reparten pérdidas y preparan nuevos envíos. En muchos casos, la primera hipótesis vuelve a ser la misma: si alguien no ha cobrado.

La red mantiene contactos en distintos puntos de España —Andalucía, Galicia, Madrid o Valencia— y en varios países europeos. También explora nuevas rutas y métodos, desde narcolanchas hasta túneles, pasando por vehículos con dobles fondos o convoyes con lanzaderas.

El volumen económico del negocio es elevado. Manejan cifras de cientos de miles de euros por operación y gastos millonarios en logística, combustible para las narcolanchas, que en ocasiones permanecen en la mar hasta quince días esperando a descargar o pagos a colaboradores.

Violencia, amenazas y control interno

El funcionamiento de la organización no se limita al tráfico de droga. Las conversaciones intervenidas reflejan un clima de presión constante, con amenazas hacia quienes consideran responsables de filtraciones. El nombre de Himad T.B., vinculado al descubrimiento del primer narcotúnel, aparece de forma recurrente. Los cabecillas lo señalan como “chivato” y llegan a plantear acciones violentas contra él, incluyendo la contratación de terceros para atacarlo.

Ese episodio evidencia el grado de control que intenta mantener la organización sobre su entorno y las consecuencias de romper la omertá.

Todo empezó moviendo un frigorífico. Detrás del electrodoméstico insonorizado, en una nave industrial del Tarajal, la Policía Nacional encontró la puerta de entrada a una de las infraestructuras más sofisticadas de la historia del narcotráfico en Ceuta: un narcotúnel con raíles, poleas y varios niveles diseñado para introducir toneladas de hachís en España sin contacto visual entre los implicados. El hallazgo forma parte de una operación que ha culminado con 27 detenidos —15 de ellos en prisión—, más de 17 toneladas de droga intervenida y la desarticulación de una organización con ramificaciones en Andalucía, Galicia y Marruecos.

La escena, descrita por los propios investigadores, tiene algo de arqueología criminal. Una nave aparentemente anodina, una cámara insonorizada y un frigorífico de grandes dimensiones que, tras ser desplazado “después de mucho esfuerzo”, dejaba al descubierto un acceso oculto. Lo que había debajo, a juicio de los investigadores, no era improvisación, sino ingeniería aplicada al narcotráfico.

Según la Policía, se trataba de una estructura “muy profesional, muy preparada, muy acondicionada”, en palabras de Antonio Martínez, jefe de la UDYCO central. Tenía tres niveles claramente definidos: un pozo de descenso, una cámara intermedia —la llamada “narcodespensa”— y una salida hacia Marruecos.

En ese espacio subterráneo, los fardos de hachís se movían mediante raíles, vagones, poleas y grúas. Un sistema diseñado para transportar grandes cargas sin necesidad de contacto directo entre quienes participaban en el alijo. La organización había instalado incluso bombas de achique para combatir el agua freática y sistemas de insonorización que permitían operar sin levantar sospechas en el exterior.

Las primeras mediciones apuntan a un descenso de unos 19 metros hasta la base del túnel, con una galería de aproximadamente 1,20 metros de alto por 80 centímetros de ancho. La longitud total sigue sin determinarse debido a la acumulación de agua, que ha obligado a emplear tecnología específica, incluido un dron submarino.

El “narcoarquitecto” y la doble dirección de la red que fue mutando

Detrás del conducto había una estructura de mando clara. Dos personas lideraban la organización: una desde Marruecos, considerada por los investigadores el “narcoarquitecto” y “patrón de los túneles” y otra en Ceuta, encargada de negociar los envíos y gestionar la distribución.

El primero, detenido el pasado 26 de marzo, ya estaba vinculado al túnel descubierto el año anterior. Su perfil sintetiza el salto cualitativo del narcotráfico en la zona: no solo coordinaba, sino que diseñaba y perfeccionaba las rutas.

“El principal investigado era el responsable del otro túnel intervenido el año pasado”, explicó Martínez, quien subrayó que la organización “introducía miles de kilos de hachís en Europa” y que su base operativa se apoyaba en este tipo de infraestructuras.

A esta conclusión llegaron tras más de un año de pesquisas. La investigación arrancó en febrero de 2025 y permitió detectar una organización con capacidad para mover grandes cantidades de droga hacia la península y otros puntos de Europa. En ese tiempo, el grupo criminal no se mantuvo estático, “mutó”.

Cuando las primeras incautaciones comenzaron a golpear su operativa, la red cambió de estrategia. “La organización entiende que tiene que cambiar de sistemas, deja el narcotúnel apartado durante un tiempo y empieza a colaborar con otras organizaciones”, señaló Martínez

Ese giro llevó a establecer conexiones con redes del Campo de Gibraltar —especializadas en el uso de embarcaciones de alta velocidad— y con grupos gallegos que utilizaban pesqueros para introducir la droga. El objetivo era mantener el flujo de estupefacientes pese a la presión policial.

La desarticulación acabó produciéndose por acumulación de golpes. Durante meses, los investigadores acumularon interceptaciones de cargamentos que permitieron poner en evidencia la red. Uno de los episodios fundamentales se produjo tras un incendio en una vivienda de la barriada ceutí del Príncipe, que permitió intervenir 510 kilos de hachís y vincular el inmueble con la organización. Posteriormente, el cuerpo incautó otros 432 kilos en la ciudad autónoma, en esa ocasión, en la zona de Cabrerizas Altas y un alijo de 15.000 kilos en Almería, transportado en un tráiler procedente de Nador.

A estos golpes se sumaron otras intervenciones, como 480 kilos en Málaga o los decomisos realizados en los registros finales, que incluyeron también cocaína. En total, más de 17 toneladas de droga han sido retiradas del circuito.

Un operativo técnico y a gran escala

El hallazgo del túnel requirió un despliegue técnico poco habitual. Según explicó Pedro Ferrer, jefe regional de operaciones en Ceuta, la investigación contó con “medios técnicos y tecnológicos de alta tecnología” y con el apoyo de la Unidad de Subsuelo de la Policía Nacional. La complejidad del terreno obligó a emplear herramientas específicas para analizar la estructura. “Se ha usado igualmente un dron de última generación submarino, puesto que el túnel estaba lleno de agua freática”, detalló el mando policial. Además, en la fase final participaron los Bomberos de Ceuta y el Regimiento de Ingenieros número 7 de la Comandancia General.

La explotación de la operación implicó a más de 250 agentes y se extendió por varias provincias: Ceuta, Cádiz, Málaga, Huelva y Pontevedra. En total, se realizaron 29 registros domiciliarios. El balance es significativo: 27 detenidos —15 de ellos en prisión—, 1,43 millones de euros en efectivo, 66 equipos de comunicación y 15 vehículos de lujo intervenidos.

La operación habla del papel de Ceuta como punto estratégico en las rutas del hachís hacia Europa. Su proximidad a Marruecos y su posición geográfica la convierten en un enclave logístico de primer orden a ojos de los investigadores. La existencia de infraestructuras como los túneles hallados recientemente, sumada a las conexiones con otras regiones, dibuja un mapa en el que, para Policía Nacional y Guardia Civil, la ciudad es un nodo dentro de una red más amplia.

La Asamblea de Ceuta celebró la pasada semana las dos primeras sesiones plenarias en las que los diputados no adscritos suman más que cualquiera de las formaciones de la oposición. El PP ocupa nueve asientos, los parlamentarios sin partido ya son seis, hay tres de Vox y PSOE y dos de los partidos locales MDyC y Ceuta Ya, que terminan de completar el colorido entramado político de la ciudad al que ahora se suma un grupo heterogéneo de expatriados por diversas razones que ha permitido al Ejecutivo popular aprobar los presupuestos.

Lo logró cuando la suma de no adscritos solo iba por cuatro –hace poco más de dos semanas que alcanzó los seis–: tres exediles del PSOE, Navil Rahal, Fidda Mustafa y Hikma Mohamed, y una de Vox, Teresa López –a la que a no mucho tardar se sumaría su ahora excompañero de siglas y otrora portavoz, Carlos Verdejo, que acaba de presentar una moción de censura contra el Gobierno–, que votaron a favor de las cuentas del Ejecutivo. El resto de la oposición lo hizo en contra.

Los presupuestos enmendados a última hora con casi medio centenar de modificaciones introducidas tras la aprobación inicial por el propio PP incluían en su primer borrador una partida de 377.180 euros, que fue ampliada vía enmienda a 580.896 euros, para los mataderos portátiles de la Fiesta del Sacrificio. Se trata de un servicio que desde 2022 presta la empresa R&B Sebta, de la que fue apoderado Rahal y que pertenece a su entorno familiar, con su esposa a la cabeza.

Esta vinculación en forma de adjudicaciones de contratos a firmas de su órbita cercana provocó que sus excompañeros socialistas acusaran al PP de compra de voluntades y al ahora diputado no adscrito de transfuguismo. A mediados de 2024, Rahal y Mustafa se saltaron la disciplina de voto del PSOE en la Asamblea apoyando una iniciativa del Gobierno. Ambos fueron expulsados de su partido y supusieron las primeras incorporaciones a la bancada de los no adscritos.

Para aquel entonces, la firma R&B Sebta ya había sido adjudicataria de tres contratos por parte de la Administración local, correspondientes al servicio de inhumación de finados (24.833 euros), el de captura de animales (25.615 euros) y el más cuantioso –y vigente en el momento de la ruptura del diputado con el PSOE– relativo a la gestión de los citados mataderos portátiles entre 2022 y 2025, por 1,5 millones de euros. Esto serían unos 375.000 euros anuales, más de 200.000 menos de la cuantía cerrada para 2026 tras la enmienda presupuestaria del propio PP y apoyada por el diputado.

Este miércoles, la Ciudad ha sacado además a concurso el servicio de los espacios móviles para sacrificio de animales, incrementando aún más la cuantía. El Ejecutivo ofrece 2,3 millones de euros por cuatro años, es decir, algo más de 575.000 euros por anualidad. Los pliegos exigen experiencia demostrable en los últimos tres años en actividades de similar naturaleza.

Otra sociedad que recibió encargos de la Ciudad, en concreto de la compañía pública del agua, Acemsa, fue Academia Rahal S.L., de la que es administrador el hermano del ex del PSOE, que en el pasado figuró como apoderado. En este caso, la firma obtuvo un contrato menor por 41.270 euros para reconstruir un muro de contención en febrero de 2024.

Además, la compañía Quarry Urban Developments, que administra la nuera del socio de Rahal en los mataderos portátiles, acumuló cinco adjudicaciones de contratos menores entre 2024 y 2025 por importe de 174.117 euros. Entre ellos, uno del pasado once de diciembre relativo a la adecuación de espacios en materia de accesibilidad universal y salubridad en la barriada Príncipe Alfonso.

Estas relaciones contractuales entre las partes –se entiende, las que ya se habían rubricado entonces– fueron defendidas como “legales” por el portavoz municipal y vicepresidente segundo de la Asamblea, Alejandro Ramírez (PP) en una comparecencia poco después de que Rahal dejara el PSOE.

Acusaciones de racismo

Otro voto clave para que el PP sacara adelante los presupuestos para 2026 fue el de Teresa López, exdiputada de Vox y tercera en unirse a los no adscritos, que actualmente se desempeña en el gabinete de comunicación del equipo de fútbol local –ahora en segunda división– y que es la entidad deportiva con subvención más elevada de todas las que financia la Ciudad Autónoma.

La cuarta incorporación al grupo de los no amparados por siglas políticas llegó a finales del pasado mes de mayo. La socialista Hikma Mohamed ahondaba en la crisis parlamentaria del PSOE que se quedaba en la Asamblea con tan solo tres representantes. A la par, otro miembro de la dirección del partido presentaba su dimisión entre acusaciones de racismo, Mohamed Haidor.

Unos meses después, hace apenas tres semanas, con los presupuestos ya aprobados, Vox se veía también con tres diputados después de la decisión Carlos Verdejo de dar el salto al amplio grupo de los 'sin partido' tras meses apartado de sus compañeros. El que fuera durante años portavoz en la Asamblea de la ultraderecha llevaba meses acusando a su propia formación de haber perdido la identidad, llegando a deslizar en ruedas de prensa en solitario supuestos usos poco éticos de los fondos públicos que llegaban a la agrupación.

Aunque en varias ocasiones amenazó con difundir documentación, nunca llegó hacerlo. Mientras tanto, acumulaba expedientes sancionadores por parte de Vox. Finalmente, Verdejo dio el paso a los no adscritos un 28 de diciembre, definiéndose entonces a sí mismo como “antipolítico”, calificando la Asamblea de “circo” e ironizando sobre presentar una moción de censura contra el Gobierno de Juan Vivas. Al final cumplió esa determinación y llevó esta misma semana la propuesta ante la cámara para su debate en una sesión plenaria con fecha aún por fijar.

Casi a la vez que Verdejo dejaba Vox, salía de prisión –de manera provisional y tras pagar una fianza– el diputado del MDyC y funcionario de prisiones, Mohamed Ali Duas. Investigado por narcotráfico en el seno de la operación de la Audiencia Nacional en la que apareció un narcotúnel que conectaba Ceuta con Marruecos, dejó su partido al poco de llegar de vuelta a la ciudad autónoma. Este último, sin embargo, mantiene su acta de diputado, por lo que podría volver a los plenos próximamente.

Una reprobación salvada: “No soy el artífice”

La acción de los parlamentarios sin siglas volvió a notarse la pasada semana, en los plenos celebrados el martes y el miércoles, cuando, por ejemplo, el Ejecutivo se libró de la reprobación por su gestión en materia de salud mental, en parte, gracias a los votos de algunos de los seis diputados. Un efecto que podría repetirse de manera constante en lo que resta de legislatura, con unos presupuestos y medidas de calado aún por aprobar.

Preguntado por esta cuestión en la rueda de prensa de cierre de año, el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, se sacudió la responsabilidad. El líder local dejó la pelota en el tejado de los partidos de los que salieron los representantes ahora no adscritos y aseguró que sus contactos con ellos siempre se han enmarcado en la “legalidad” y ceñido “exclusivamente” a cuestiones políticas. “No soy el artífice”, zanjó, sobre la atípica situación en la que se encuentra la Asamblea ceutí.

Un vídeo de una supuesta agresión policial a un migrante recién llegado a Ceuta empezó a compartirse este domingo por Whatsapp entre los vecinos de la ciudad autónoma. Horas después de difusión de las imágenes, que muestran presuntamente a dos agentes de la Guardia Civil golpeando con una porra a un migrante que acababa de entrar a nado a la ciudad autónoma, el caso ha llegado a la Jefatura de la Policía Nacional de la ciudad. Después de que el autor del vídeo presentase una denuncia ante la Policía, el Instituto Armado ha identificado a los dos agentes implicados y ha anunciado la apertura de una investigación interna sobre los hechos.

Según fuentes del Instituto Armado, los hechos ocurrieron de madrugada en la zona ceutí de Benzú, en las inmediaciones de uno de los espigones que lindan con Marruecos, en la cara norte de la ciudad autónoma. Se trata de una de las vías habituales, junto con el Tarajal, para quienes intentan entrar de manera irregular a Ceuta desde el país vecino.

En la grabación se aprecia a dos personas que parecen golpear con una porra a un hombre, que está tirado en el suelo y llega incluso a levantar un brazo, en un aparente intento de defenderse. Su rápida difusión entre los vecinos de la ciudad autónoma, a través de las redes sociales y los servicios de mensajería, hizo que acabase en manos de la Guardia Civil. Esta mañana ha tomado declaración a los efectivos implicados. Según fuentes del Instituto Armado, se ha activado un procedimiento disciplinario.

Por su parte, la víctima, identificada poco después de que la denuncia fuera cursada, fue trasladado a las dependencias de la Guardia Civil, donde se le tomó declaración para a continuación ser trasladado a los servicios sanitarios para constatar que no sufriera lesiones. Según las fuentes del cuerpo, el hombre no presentaba lesiones.

Con todos los datos sobre la mesa, testimonios y grabaciones, la Guardia Civil asegura que está estudiando tomar medidas disciplinarias contra los dos presuntos implicados. El proceso podría ser relativamente rápido, según fuentes oficiales consultadas.

A la par, aunque previsiblemente con mayor lentitud, se moverá la vertiente judicial. La información ya está en manos del magistrado, quien decidirá en los próximos días si archiva el caso o continúa con la investigación, llegando incluso a vista oral.

“Lo que queremos es que no salpique a la imagen del cuerpo”, concluyen fuentes de la Guardia Civil, que han actuado con celeridad internamente ante los hechos y deberán aguardar a lo que se decida en el palacio de justicia y sus efectos sobre el prestigio de la institución.

El caso llega poco más de 24 horas después de que otro compañero del cuerpo destinado en la valla fronteriza sufriera una agresión por parte de un migrante que portaba un gancho durante un intento de entrada, según la Guardia Civil. El caso que provocó fuertes reacciones por parte de la derecha local, representada por el Partido Popular y Vox. Tras alcanzar la conformidad, el hombre ha logrado rebajar la pena de cárcel de tres a dos años por un delito de atentado contra agente de la autoridad con empleo de instrumento peligroso y otro leve de lesiones. Además, el hombre afronta ahora un expediente de expulsión del país.

Cuando cae la niebla sobre la Bahía Sur de Ceuta, a veces decenas y en ocasiones centenares de personas, mayoritariamente jóvenes –casi nunca por encima de los 25 años– se lanzan al agua desde Marruecos para alcanzar la costa española. Como cada agosto desde hace ya años, en las últimas semanas este fenómeno se ha intensificado ligeramente. No quieren la vida del país vecino, cuentan varios de los nadadores a este medio, relatando reiterados intentos de cruzar la frontera –algunos más de una decena– pasando entre tres y cuatro horas entre las gélidas corrientes para alcanzar un sueño.

En ocasiones es la propia Gendarmería Marroquí quien los frena antes de lograr abandonar la jurisdicción del Reino Alauita. En otras consiguen llegar a España, pero son devueltos por la Guardia Civil, “incluso siendo menores de edad” –extremo no avalado por la justicia, que hasta ahora está permitiendo retornos ‘en caliente’ de quienes superan los 18 y proceden de países con los que se ha firmado convenio–, aseguran dos de los preguntados por este medio. Eso no les desanima y lo vuelven a intentar una y otra vez hasta que lo logran.

Otros perecen antes de conseguir pisar el litoral ceutí. En lo que va de año ya han muerto 23. Sin ir más lejos, hasta cuatro cuerpos sin vida de jóvenes magrebíes han sido rescatados por la Policía Nacional en las costas de la ciudad autónoma en los últimos diez días. Normalmente ocurre cerca de playas repletas de bañistas, que viven con triste cotidianeidad estos sucesos.

Para aquellos que lo consiguen y al fin llegan a Ceuta su destino varía en función de edad y circunstancias. Al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) van los demandantes de asilo político, en su mayoría de origen subsahariano. Con una capacidad para 512 migrantes, fuentes internas de máxima solvencia aseguran que el espacio de acogida supera ahora mismo los 900 usuarios. Un dato que la Delegación del Gobierno niega, aunque tampoco facilita cifras a pesar de las reiteradas peticiones. Sin embargo, como se puede ver desde fuera del recinto, en su interior se han instalado varias carpas para acoger a quienes van llegando desde países africanos.

La situación no es mejor en los espacios habilitados para los menores de edad –casi al 100% marroquíes y siempre llegados a nado desde la cercana localidad fronteriza de Castillejos– que quedan bajo la tutela del Gobierno ceutí. “La situación es de colapso”, con 520 menores alojados en centros provisionales y de emergencia, cuya sobreocupación ya es del 500%.

“Quiero la vida en España, no la de Marruecos”

En el Centro San Antonio, que lleva la Fundación Cardijn, se encuentran Moussa, Saíd y Ayoub, tres de los muchachos que sin haber cumplido la mayoría de edad se arrojaron al mar en busca de un futuro mejor al otro lado del espigón del Tarajal. “Quiero la vida en España, no la de Marruecos”, dice el primero con contundencia. Para ello entrenó y viajó desde su ciudad natal, Chauen (Chefchaouen), hasta la comuna de Adeláu (Oued Laou), cercana a Tetuán, en la costa norte. Siguió su periplo hasta Castillejos (Fnideq) donde con el poco dinero que tenía pudo comprarse un traje de neopreno.

Ese mismo día se tiró al agua junto con dos compañeros. Lo intentaron hasta en tres ocasiones y finalmente él y otro joven llegaron a Ceuta después de luchar contra el frío y las corrientes durante cuatro horas.

Saíd, por su parte, ha crecido en Castillejos, la ciudad que linda con la ciudad autónoma, tocando España casi con la punta de los dedos, de hecho, llegó a saborearla hasta en tres ocasiones. Él consiguió sortear la valla durante la entrada masiva de inmigrantes de mayo de 2021 en la que el Gobierno cifró en más de 10.000 las personas que traspasaron la frontera de manera irregular. Unos 1.500 eran menores y entre ellos estaba él.

Explica que su propio padre fue a buscarlo para que volviese a Marruecos. Desde entonces lo intentó “diez veces más, aunque solo dos de ellas iba realmente preparado” con el equipamiento adecuado. Hasta en tres ocasiones la Guardia Civil lo devolvió a las autoridades marroquíes a pesar de que fuera menor de edad.

Justifica su empeño en que sus progenitores no viven juntos, tiene un hermano pequeño y su madre no trabaja, así que “no quedaba otra”. Con un diploma en cocina y hostelería le gustaría continuar por ese camino. De momento solo tiene “cosas buenas” que decir de su estancia en Ceuta.

Al igual que Moussa, Ayoub, se ha pasado la mitad de su corta vida trabajando junto a su familia. Afincado en Rincón (M’diq), iba a la obra con su padre “desde que tenía 12 o 13 años”, explica el muchacho, que parece mucho más joven que sus compañeros a pesar de que los tres han cumplido recientemente los dieciocho. Tras cinco intentos –tres fallidos al ser interceptado por la Gendarmería Marroquí y una devuelto ‘en caliente’ por la Guardia Civil– por fin está en España.

Cuando les preguntan si echan de menos su casa y a sus familias contestan al unísono con una sonrisa: “Claro que sí”. Son chavales despiertos, “más maduros que muchos chicos de su edad”, dice quien ya les conoce bien, la encargada del centro, Nayat Abdeselam. Buscan “estabilidad” y están dispuestos a aceptar cualquier empleo con tal de labrarse una carrera.

Sin embargo, ni Moussa, ni Ayoub, ni Saíd saben si su sueño podrá hacerse realidad y eso les pesa. Uno de ellos se atreve a decir que “es una decepción”. Su caso, el de todos ellos, es particular y muestra las complicaciones derivadas de un sistema burocrático poco garantista que los ha dejado en una suerte de limbo a la espera de conseguir la documentación que les daría el billete a la Península.

Lo detalla Abdeselam, una de las responsables del centro, con la que conviven desde hace ya algunos meses, quien intenta “que tengan un pelín de ambiente hogareño”, con comida casera –cuscús hecho por su propia madre– que disfrutan todos juntos a la mesa cada viernes. Los jóvenes, a pesar de llevar alguno de ellos ya un año en Ceuta, todavía no tienen la tarjeta de residencia que deberían obtener a los tres meses. Ha sido un fallo del sistema, y “el área de Menores se lava las manos”, lamenta.

Tenían la opción de recurrir, por supuesto, pero “es un gasto económico que no se pueden permitir” y, recalca, “tienen derecho a su documentación”. La otra opción es la de solicitar asilo, el clavo ardiendo al que se han agarrado. Sus planes, desde que se han visto obligados a regularizar su situación por esta vía que podría devenir en su traslado de vuelta a Marruecos, han cambiado drásticamente. “No quería, pero es lo que me queda”, señala Moussa, “esperar”.

Una esperanza entre la niebla

Como los chavales acogidos por la Asociación Cardjin, cuando la niebla apareció de forma intensa y continuada entre el 11 y el 16 de agosto en la Bahía Sur de Ceuta, cientos de nadadores buscaron su oportunidad de llegar a España. Pocos lo lograron, no superando el goteo de entradas las quince diarias en su pico máximo y quedando normalmente en un par por jornada.

Esta tendencia se relajó con las noches despejadas y el viento de Poniente, como ocurrió el lunes 18 de agosto, cuando este medio se acercó por primera vez a la playa del Tarajal. “Hoy no entra nadie, la gente pasa cuando hay niebla por la mañana, a las seis o a las siete de la madrugada”, comentaba entonces el dueño de un bar situado a pie de paso fronterizo.

No le faltaba razón, los ceutíes saben que los migrantes tienen en cuenta las condiciones climatológicas y que esperan a las noches cálidas, cuando se levanta la taró, un espeso vaho que cubre las costas. En aquella jornada apenas se produjeron intentos de cruce y los pocos que lo probaron fueron rápidamente disuadidos por la embarcación de la Gendarmería marroquí.

Las tentativas se mantuvieron a la baja hasta que llegó el sábado 23 de agosto. Cambió el viento a levante y llegó una intensa niebla a la bahía norte, que fue trasladándose poco a poco a la zona sur. Allí, en el arenal del Tarajal se vivía un ambiente festivo. Amplios grupos de personas permanecían a las diez de la noche en jaimas, con mesas y sillas plegables, celebrando un cumpleaños o pescando. Incluso había quien rezaba mirando al mar, con la valla que separa países a apenas diez metros.

Entre los presentes, el dueño del chiringuito playero, que ya cerraba las puertas, acompañado de un trabajador, mientras por la otra acera se disponía a cruzar hacia Marruecos una familia con dos niñas que llevan globos de personajes Disney. “Cuando llegan a la playa los nadadores todo el mundo les graba con el móvil”, explicaban ambos, coincidiendo en relatar los métodos de la Benemérita a la hora de atajar los pases: “La Guardia Civil, con la lancha, les va dando vueltas. Saben que van a pasar por aquí y les hacen cansarse esquivándolos”.

Eso resulta, según cuentan, en que los nadadores cada vez opten por rutas más largas y peligrosas, intentando alcanzar playas mucho más alejadas que la del Tarajal, la primera en cercanía a Marruecos. “Es una ruina, luchan y luchan”, contaban con tristeza. Esta sensación que comparten los hosteleros de la zona la confirman los propios hechos.

Ese mismo sábado por la mañana y ante la antena mirada de una repleta playa del Chorrillo -una de las más céntricas y concurridas de Ceuta-, dos jóvenes eran interceptados por la Guardia Civil cuando ya habían alcanzado la costa.

Casi doce horas después, la patrullera de la Benemérita se movía sin parar. Yendo hacia mar adentro, volviendo constantemente a la costa marroquí, casi a la altura de la localidad de Rincón y retornando pegada por Castillejos; y así en repetidas ocasiones. En la playa fronteriza nadie se inmuta. Los que pescan, siguen pescando. El grupo del cumpleaños sopla las velas y canta el cumpleaños feliz. Dos adolescentes que integran el grupo -uno de los muchos que sigue a pie de costa a medianoche- se acercan al espigón. Se sientan y ponen música. Cantan primero en árabe y luego pasan a encender un altavoz y entonar en castellano.

Todo pasa ante la mirada, en la lejanía, del vigilante de la empresa municipal Amgevicesa, al que de forma cíclica le toca supervisar el Tarajal. “Las entradas se producen habitualmente cuando hay niebla, cuando se vuelve muy densa. Me ha tocado ver a gente llegar, sobre todo chavales”, detalla el trabajador, que tiene claro el perfil de quienes alcanzan suelo español: “Te diría que nunca he visto a un tío de cuarenta (años). Son menores sobre todo y chavales de hasta 25”, agrega.

Él estuvo presente cuando los intentos se multiplicaron, entre el 11 y el 16 de agosto. “Entraban dos o tres por noche, por lo menos aquí. Lo que pasa es que ahora cada vez se van más allá”, incide, fortaleciendo el argumentario del propietario del bar, quien también apuntaba a rutas cada vez más largas para esquivar el control, que esa noche, a pesar de los numerosos intentos, nadie -al menos que se sepa- consiguió burlar.

Aporta el vigilante varios detalles interesantes. Cuenta que algunos nadadores van bien preparados, “con aletas y neopreno”, otros, sin embargo, apenas llevan “un flotador tipo ‘donut’”. A su llegada, exhaustos y muchas veces muertos de frío, la gente les suele echar una mano, “con toallas o agua” y automáticamente “salen corriendo hacia arriba”, en dirección a la barriada más próxima, la del Príncipe, que colinda con el centro de La Esperanza, en el que la Ciudad acoge a buena parte de los menores no acompañados que están bajo su tutela. “A veces hay otros chavales aquí que les están esperando ya”, concluye, dejando entrever que algunos vienen a España cuentan con información previa, quizás porque “se lo haya dicho algún primo o amigo”.

De pronto, algo se mueve en el agua, una especie de flotador o pequeña barca se deja entrever. Es tan solo una sombra que contrasta con el reflejo de las luces del paseo marítimo de Castillejos. La patrullera se acerca y los migrantes retornan entonces a la costa sin alcanzar España. Pocos minutos después una luz muy potente enfoca al agua.

Pasa un rato, y con la medianoche se incrementan las detecciones. La lancha arrincona a varios migrantes a la salida de la ciudad alauita y los lleva hacia un coche de policía aparcado en la carretera que lleva a la frontera.

Pocos minutos después, la embarcación, ya relativamente alejada de la costa, apaga las luces. En la cubierta encienden linternas y para cuando vuelven a poner las rotativas, ya se dirigen otra vez al litoral para devolver a un nuevo grupo de nadadores.

La operación se repite a la una y media de la madrugada, cuando la niebla asoma al otro lado de la ciudad, por el Monte Hacho, donde la fortaleza militar parece flotar en el aire. La playa sigue repleta de gente, las celebraciones continúan, los pescadores arrojan pan al agua y se ve a los peces saltar con claridad.

Así, con cierta normalidad, llegan las cuatro de la madrugada. Ahí la taró se hace más presente. Entonces, la embarcación de la Guardia Civil cruza desde el otro extremo de la bahía a toda velocidad. Sin necesidad de montarlos en cubierta, consigue disuadir a un grupo nutrido de migrantes y vuelve a alta mar, para regresar al rato, subir, esa vez sí, a varios jóvenes sobre la lancha y regresarlos al suelo del Reino Alauita. Así llegan las siete de la madrugada, empieza a amanecer y concluye una intensa noche de actividad cuyos resultados se verán en las jornadas siguientes.

Los que no lo logran

A los dos días apareció el primer cadáver que se puede asociar a aquella noche de intentos reiterados. Y en solo una semana, dos más. Historias de las que poco se puede contar, las de los cuerpos que flotan devueltos por la marea en las playas de Ceuta. Hallazgos frecuentes y preocupantes. Entre enero y agosto se han registrado más de una veintena de fallecimientos debido a las travesías marítimas en condiciones peligrosas. La situación refleja no solo una crisis migratoria aguda, sino también una emergencia humanitaria.

Resulta difícil saber con precisión su procedencia y el tiempo que llevaban a la deriva, las autoridades tratan de buscar en los cuerpos señales que ayuden a identificar los cadáveres. El color del neopreno, la camiseta que llevaban debajo, si iban con aletas. Cualquier dato es relevante y las familias, desde Marruecos, publican sus fotos en redes sociales para poder saber si han logrado el pase o si han sido víctimas del mar.

El último apareció este miércoles 27 de agosto, aparentemente un menor, cuyo cuerpo estaba enredado en la Almadraba. Dos días antes se repetía la escena en la playa del Chorrillo, en las redes antimedusas, donde la Guardia Civil rescataba el cuerpo de otro joven que no pudo luchar contra las corrientes.

El CETI, lleno y envuelto en polémica

Los que sí han logrado llegar a Ceuta, sea por vía marítima, como ocurre en el caso de los jóvenes marroquíes o sobrepasando el vallado terrestre, método más frecuente entre los migrantes subsaharianos, acaban alojados en los espacios de acogida locales, que ahora mismo superan ampliamente sus capacidades.

Ejemplo de ello es el Centro Temporal de Estancia de Inmigrantes (CETI) donde según fuentes internas conocedoras de la situación, ya hay más de novecientos usuarios. Eso son cuatrocientas más de las que en teoría puede albergar, lo que ha obligado a instalar varias carpas claramente visibles desde el exterior.

A pesar de la evidencia, la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma viene negando la situación en ocasiones y rechazando facilitar datos sobre el número de residentes, en otras. Todo en un contexto de polémica marcado por las críticas a la gestión del gerente del centro, Antonio Bautista, a quien una enfermera que trabaja en el CETI y sufrió una agresión sexual por parte de un usuario acusó de intentar tapar el caso, disuadiéndola de denunciar.

Al final el suceso acabó en los juzgados y resultó en condena para el acusado, natural de Guinea, que tuvo que abandonar el centro y estuvo durante unos días en una pensión pagada por el propio Bautista. La gestión del director está siendo investigada por el Gobierno central, que tiene sobre la mesa además una serie de quejas de trabajadores del centro, quienes acusan al director de excesiva permisividad con los migrantes y de trato inadecuado a los empleados.

Esta coyuntura se extiende a los centros de menores. Allí “la situación es de colapso”, tal y como repetía esta misma semana por enésima vez el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, quien ponía los datos sobre la mesa y recordaba que no es nada nuevo, sino que el sistema de acogida lleva ya un año sobresaturado.

Son 520 menores los tutelados por la Ciudad actualmente en centros provisionales y de emergencia. “Estamos hablando de una sobreocupación del 500%”, reclamaba el martes, día en el que el Gobierno de España aprobaba un Real Decreto que fija la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes no acompañados en Ceuta en 27 plazas, una cifra mínima que sitúa a la ciudad autónoma en el centro de la discusión sobre los traslados a la Península.

Tras tres jornadas de vista oral, el juicio por prevaricación administrativa contra la exdelegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, y la que fuera vicepresidenta de la Ciudad, Mabel Deu, ha quedado esta semana visto para sentencia. A lo largo de la sesión, más de una decena de testigos desmenuzaron lo ocurrido entre la entrada de migrantes en la ciudad autónoma el 17 de mayo de 2021 y la orden judicial que frenó las deportaciones de menores el 16 de agosto de ese mismo año. Durante esos tres meses las comunicaciones entre el Ejecutivo nacional y el local acabaron en la devolución de 55 menores no acompañados a Marruecos sin aplicar la Ley de Extranjería, acción que acabaría siendo considerada ilegal por el Tribunal Supremo en enero de 2024.

Los testigos coincidieron durante las sesiones en la sala de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz desplazada en Ceuta en que la idea partió de las conversaciones entre los responsables de la ciudad y los del Ministerio del Interior, con la colaboración de la jefa de gabinete de la vicepresidenta de Carmen Calvo, Isabel Valldecabres. Entre ellos se decidió recurrir al acuerdo marco firmado entre España y Marruecos en 2007 como vía para la devolución de los menores, algo que incluía una serie de garantías que, sin embargo, no se cumplieron.

El citado tratado refleja en su propia formulación que las repatriaciones de los jóvenes deben realizarse dando siempre cumplimiento a la legislación nacional e internacional, es decir, tanto a la Ley de Extranjería como a la del Menor. Esto hubiera implicado la necesidad de abrir expedientes individualizados a cada joven, con una entrevista personal, localizando a sus progenitores, valorando su vulnerabilidad y ofreciéndoles asistencia letrada, entre otra serie de cuestiones que, a juicio del Supremo, no se produjeron.

Por contra, los menores a devolver acabaron en una lista elaborada por la Consejería de Presidencia de Ceuta en la que se reflejaba el orden de deportación con un único criterio: la edad, empezando por los mayores. Justo los que encabezaban la relación de nombres fueron los primeros trasladados desde el pabellón Santa Amelia hasta la frontera marroquí, donde la Gendarmería los recogió, siendo finalmente entregados a las autoridades del Reino Alauita. Un proceso que se repitió durante tres días, el 13, 14 y 15 de agosto de 2021, hasta que el 16 varios de los chavales que iban a ser deportados presentaron en la frontera un papel en el que solicitaban el Aleas Corpus, una protección recogida en la Constitución Española contra detenciones ilegales. Desde entonces las entregas de jóvenes se detuvieron, completándose únicamente 55 de las 145 previstas según los documentos del Gobierno local.

Primeras comunicaciones con Madrid

Según lo expuesto en el juicio, la interlocución entre el Ejecutivo Central y la Ciudad Autónoma comenzó coincidiendo con crisis fronteriza vivida en mayo de 2021. “Entre 12.000 y 15.000 personas invadieron la localidad. Fue uno de los episodios más terribles de la historia de Ceuta”, subrayó en su declaración la vicepresidenta y acusada, Mabel Deu. Fue más allá el jefe de gabinete de la ex delegada del Gobierno, Javier Hernández, quien aseguró que tanto la Administración local, como la representación de la nacional en el enclave norteafricano entendían que aquellos acontecimientos se interpretaron como una suerte de “marcha verde”: “Solo les faltó subirse a la puerta del Ayuntamiento y de la Delegación y poner la bandera de Marruecos”, llegó a decir en su declaración ante el tribunal.

En ese contexto, que para los dos citados anteriormente y también para Mateos, era de “emergencia” y “excepcionalidad”, Calvo ofreció en una conferencia sectorial celebrada el 19 de mayo a Isabel Valldecabres, su jefa de gabinete, como enlace entre administraciones para facilitar a Ceuta lo que necesitase. “Tuvimos muchas conversaciones (con Deu), no tanto sobre el procedimiento, sino de ayuda a la Ciudad Autónoma ante la situación insostenible producida de un día para otro”, comentó la mano derecha de la vicepresidenta nacional. Como ejemplo, se refirió a que “si necesitaban espacios, hablaba con Defensa para que la UME (Unidad Militar de Emergencias) instalara tiendas de campañas o pedía asistencia médica al Ingesa”. “Todo para poder sobrellevar una situación muy angustiosa para ella y para la delegada de Gobierno”, recapituló.

Pero algo sí hablaron del procedimiento, ya que, tal y como expuso la acusación pública en la vista oral, consta una conversación por WhatsApp entre Valldecabres y Deu en la que la primera le dice a la segunda: “Marruecos dice que tienen que volver, si solicitáis la devolución podremos doblarle la mano a la Fiscalía”. La por entonces jefa de gabinete de Calvo justificó sus palabras en la supuesta presión que los padres de los menores estaban ejerciendo para su retorno, en que los jóvenes “habían sido engañados” para pasar a Ceuta y en que la Fiscalía se mostraba reticente a todo lo que no fuera la aplicación de la Ley de Extranjería.

Se deduce entonces de lo expuesto por Valldecabres y Deu en la sala de la Audiencia Provincial que la opción de aplicar el tratado de 2007 entre España y Marruecos surge de las conversaciones entre ambas y “de la reunión mantenida en Ceuta con Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska”: “Se entendió que era una agresión, un episodio muy difícil y las palabras del presidente fueron en el sentido de que todos, menores y mayores, abandonarían el país”, relató la vicepresidenta de la Ciudad.

Algo que concuerda con lo expuesto ante los magistrados ceutíes por Hernández, jefe de gabinete en aquel momento de la delegada Mateos, sobre el atajo posteriormente tomado para devolver a los menores. “Nos lo dice el secretario de Estado, que es juez, previa orden del ministro del Interior, que es juez, y por voluntad del presidente del Gobierno, que dijo que todos iban a salir”.

El Gobierno local lo pide

Pocas dudas quedaron después de las tres sesiones de la vista oral de que fue la Ciudad Autónoma, con firma de Mabel Deu, quien solicitó la aplicación del tratado con Marruecos como vía para repatriar a los jóvenes migrantes no acompañados. Así lo reconoció la propia vicepresidenta, que explicó cómo coincidiendo con la pandemia ya había solicitado al Gobierno Central esta opción, recibiendo “la callada por respuesta”.

En esta ocasión, alentada por lo hablado con Sánchez y Grande-Marlaska durante su visita a Ceuta y con Valldecabres, la mano derecha del presidente del Gobierno de Ceuta, remitió el 24 de mayo un escrito a la Delegación del Gobierno, que luego esta enviaría a Interior pidiendo de nuevo recurrir al acuerdo marco entre países.

El motivo de recurrir a este Ministerio y no al de Derechos Sociales y Agenda 2030 -competente en cuestiones de menores- fue según todos los actores implicados, que por aquel entonces el departamento de Grande-Marlaska era el único que mantenía interlocución con Marruecos: “Las relaciones estaban rotas”, subrayaron tanto el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, como Deu y Mateos, además de los cargos de la delegación que también acudieron como testigos.

Uno de ellos, Ismael Kasrou, secretario general de la institución, quien se encargaba de recibir y trasladar las comunicaciones, dio una explicación ante los magistrados sobre por qué no se planteó acudir a la reunificación familiar que contempla la Ley de Extranjería: “Era una vía muerta. Siempre que lo intentamos y solicitamos a Marruecos que localizara a los padres para hacer el proceso, nunca recibimos respuesta”.

Interior da luz verde

Y así llegó el mes de agosto. El problema seguía enquistado y, en ese contexto, según afirmó Deu durante la vista oral, recibió petición “de Delegación e Interior” para que “volviera a solicitar por escrito la aplicación del acuerdo marco”. Así lo hizo el día 10 del citado mes, recibiendo respuesta en la misma jornada.

La contestación, sin firma ni sello, procedía, tal y como reconocieron todos los implicados -incluido el propio órgano remisor- de la Secretaría de Estado de Seguridad. En esta “comunicación” -matiz introducido por Rafael Pérez, que negó que fuera una orden al carecer su departamento de competencias en menores- se instaba al Gobierno local y a la Delegación a poner en marcha el proceso de repatriación aplicando el acuerdo marco. Eso sí, con un matiz importante: “respetando la legalidad vigente de Extranjería y menores”. Esto obligaba a individualizar cada caso, entrevistar a los menores preguntándoles por su voluntad de abandonar o no el país, examinar su estado de salud y localizar a sus padres, además de ofrecerles asistencia letrada, entre otra serie de cuestiones.

El Ejecutivo Central en la Ciudad, sin embargo, reconoció no haber realizado “ninguna consulta legal”. Para Mateos el escrito de Interior era una exhortación a actuar de forma inmediata: “El escrito del Ministerio decía, ‘hay que hacer esto’. También que se había comunicado a Fiscalía. Nunca pensé que iba a prevaricar”, subrayó.

Misma idea mantenían sus compañeros de delegación, Hernández y sobre todo Kasrou: “Lo que era una certeza es que la vía de la Ley de Extranjería no había funcionado nunca y el día 11 de agosto había la expectativa de una cosa novedosa, de un protocolo en el que los encorsetamientos de la Ley se pudieran reducir, en vez de hacerlo súper largo, hacerlo de manera sumarísima”, interpretó el secretario de la Delegación

Alerta de Derechos Sociales y del Área de Menores de Ceuta

Deu también interpretó de forma similar la comunicación recibida desde la Secretaría de Estado de Seguridad, aunque en su caso, sí trasladó el correo electrónico recibido a la responsable del Área de Menores dependiente de su consejería, Toñi Palomo. Esta, tal y como reconocieron ambas, le advirtió sobre cómo debía hacerse el proceso: “Me respondió mandándome el articulado de la Ley de Extranjería. Yo entendía que estábamos en otra cosa distinta y contesté a la Secretaría de Estado preguntando cómo iba a ser el proceso, cuándo se iba a llevar a cabo y solicité un cronograma”, explicó la exvicepresidenta al tribunal, reconociendo que no recibió respuesta. “No se respondió porque no era competencia nuestra”, diría luego Rafael Pérez, cuyo testimonio fue solicitado sorpresivamente en la última jornada del juicio.

“Eso es prevaricación”

Palomo ya tenía claro entonces, el 10 de agosto, que no cabía alternativa a la individualización de los casos y al respeto a la normativa. Y así lo advirtió nuevamente el día 11, en una reunión en la frontera con Marruecos convocada por la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, que no acudió personalmente tras dar positivo en coronavirus. Al encuentro sí fueron Deu, Kasrou, Hernández, el jefe de la UCRIF, el segundo de la Policía Nacional y representantes marroquíes “nunca identificados”, a excepción de uno, el jefe de gabinete de la localidad de Rincón, según reconoció el propio secretario general de la Delegación.

Las dos acusadas, Hernández y Kasrou, justificaron que el encuentro en la divisoria entre países tenía como objetivo dar cumplimiento al “mandato” de Interior, es decir, cerciorarse de que el Reino alauita ponía los medios necesarios para garantizar la tutela de los menores, atender su estado de salud y reunirlos con sus padres. Pues bien, para todos ellos, la exhibición del país vecino fue “apabullante”: “Acudieron con autobuses y personal sanitario”, coincidieron todos, que se dieron por convencidos de la voluntad de su interlocutor, “que estaba dispuesto a llevarse ese mismo día a los jóvenes”.

No lo vio así Palomo, quien abandonó la reunión tras pedir a las supuestas autoridades alauitas que llevaran a los progenitores a Ceuta para comprobar que en efecto eran padres de los niños y estos querían volver con ellos: “Había unos autobuses y una señora con bata blanca de limpiadora o de guardería”, apostilló Palomo durante su declaración en el juicio. Poco después, preocupada por lo que iba a suceder, llamó por teléfono a Hernández y a Kasrou, advirtiéndoles de que “eso era prevaricación”.

Las alarmas no solo saltaron a nivel local. También lo hicieron en el seno del propio Gobierno nacional, justo en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el competente en materia de menores. Así lo revelaron interviniendo por videollamada en la vista Ignacio Álvarez, entonces secretario de Estado de Derechos Sociales, y Violeta Assiego, exdirectora general de Derechos de la Infancia. En un comunicado firmado por ambos y remitido el 13 de agosto de 2021 -justo el día en que se iniciaron las devoluciones- al secretario de Estado de Seguridad y al Ministerio del Interior manifestaron su preocupación “ante el posible incumplimiento de la Ley de Extranjería con la repatriación de menores en Ceuta”. Pérez les respondió entonces que “todo se estaba haciendo de acuerdo a la legalidad”.

Seguidamente, el 14 de agosto también informaron a Deu “que todo indicaba un incumplimiento de la legalidad”. Esta les señaló que “lo estaba haciendo según las indicaciones del Ministerio del Interior y la Delegación”. De todo ello, infiere Álvarez, que las directivas partían de la cartera de Fernando Grande-Marlaska: “De mis conversaciones con el secretario de Estado se deduce que de Interior emanaban las decisiones”. Es más, subrayó que Pérez “sabía de lo que estábamos hablando cuando le preguntaba” y le remitía “en parte a la Delegación del Gobierno”, asegurando que “el acuerdo se ajustaba a la legalidad vigente”.

Por su parte, Assiego, en contacto con Palomo y con las ONG sobre el terreno, rememoró el desasosiego que sufrió porque las devoluciones no respetasen las garantías establecidas por norma. “Lo conversábamos con Palomo y creíamos que podíamos establecer vías para la reagrupación familiar pero dentro de los márgenes de la Ley de Protección a la Infancia y la de Extranjería. Recuerdo mucha preocupación no solo de Palomo sino también por las organizaciones, UNICEF y Save the Children. Había mucha inquietud. Llevábamos trabajando desde mayo, cuando hubo la entrada masiva, en poder posibilitar cualquier ayuda a la ciudad de Ceuta”.

Entre las garantías que creía que podían estar incumpliendo, citó Assiego, se encontraban las “entrevistas individualizadas”, especialmente por la celeridad con la que se había actuado. “Que se estuviera haciendo de una manera tan inmediata nos tenía sobrecogidos”, concluyó.

La lista

Quedó fuera de toda discusión durante el juicio que el día 12 la Ciudad remitiera a Delegación y a la Fundación Samu el listado de menores a repatriar. Supuestamente, según Deu, tras haber cribado y dejado en el pabellón Santa Amelia a aquellos menores considerados “no vulnerables”. Una visión que no comparte Palomo y de la que dudan en la propia Fundación Samu -muy crítica con el procedimiento- y las organizaciones pro derechos humanos personadas en la causa, la Red Española de la Inmigración y el colectivo La Escola.

Sea como fuere el día 13 de agosto la propia vicepresidenta de la Ciudad, junto a Víctor Manuel Ríos, director general de Emergencias, se personó en el polideportivo donde estaban alojados los chavales, el Santa Amelia. Lo hicieron acompañados de la Policía Nacional, la Local, Protección Civil y del Parque Móvil, llevando además un microbús en el que se desplazó a quince de los 145 menores que aparecían en el listado. “Se hizo en estas cantidades porque Marruecos pidió que no fueran todos de golpe para tener tiempo para localizar a los padres”, subrayó la delegada Mateos, que participó del proceso sin acudir al lugar, remitiendo un escrito para que se abriera la frontera y activando al cuerpo policial bajo su mando.

En ese punto las versiones se contradicen. Dos responsables de la Fundación Samu, que no creen que a los jóvenes se les hicieran las entrevistas preceptivas, aseguran que los menores se mostraron confusos y desesperados. Gritando, “llegando a autolesionarse” y en muchos casos “huyendo” por la “desconfianza que este proceso les generó”. Frente a estos testimonios, el completamente opuesto de Deu, quien considera que las fugas “siempre se producían, incluso más con anterioridad” y que descarta que los jóvenes mostraran descontento alguno, más bien lo contrario.

A medias entre los dos extremos, lo expuesto por Ríos, quien afirmó que “no hubo que atender a ninguno de los repatriados”, descartando “crisis de ansiedad”, pero sí escuchó “voces altas” en el interior del Santa Amelia: “No creo que fuesen de alegría, igual no querían volver (…) como la despedida de un campamento, no era”, puntualizó.

La supuesta identificación

Una vez identificados -aunque en ocasiones sin éxito tal y como se demostró con devoluciones erróneas que le constan a la Fiscalía-, los afectados eran introducidos en el pequeño autobús y llevados a la frontera. Así se hizo los días 13, 14, 15 y 16 de agosto, consiguiendo deportar a 55 personas. Allí, las autoridades locales se los entregaban al jefe de fronteras de la Policía Nacional, quien también intervino en la vista oral, detallando cuál fue la forma de actuar una vez en la divisoria entre países.

“Cada niño era el que era, no tenían DNI marroquí. Venía ya con su identidad comprobada del centro de menores por las autoridades competentes. Los marroquíes cogían su nombre y apellidos, les preguntaban de qué barrio eran, que quién era su padre y su madre…”, comenzó explicando, indicando que había “unas mesas y unas sillas e iban pasándolos de cinco en cinco para hacerles una entrevista personal” en un tono de cordialidad.

Luego los llevaban a su lado de la frontera, “comprobaban los datos en los ordenadores” y ya regresaban un momento antes de partir definitivamente. Supuestamente, según Mateos y Deu, los niños eran acogidos en un centro de la localidad de Río Martín (Martil), hasta poder ser llevados con sus progenitores.

Este mecanismo se mantuvo durante tres jornadas sin incidente alguno, según el agente de la Policía: “Ninguno dijo nunca que no quería ser devuelto. Solo hubo incidencia porque alguno se había dejado el móvil en el centro de menores y tuvieron que traérselo”, contó el jefe de fronteras. Sí ocurrió, en virtud de la declaración de Ríos, que la Gendarmería marroquí detectara que varios jóvenes eran en realidad mayores de edad: “En ese caso nos dejaban llevar a alguno más hasta completar el cupo de quince”, concretó.

El cese de las devoluciones

Finalmente, el día 16 de agosto, varios de los adolescentes que iban a ser devueltos presentaron, con el apoyo de la Fundación Raíces y la Coordinadora de Barrios, un recurso de habeas corpus, una protección ante la detención ilegal recogida en la Constitución Española. Por ese motivo, el Comité de los Derechos del Niño interesó el cese de las repatriaciones y comenzó la investigación que luego determinaría que no se cumplió con el procedimiento legal para las devoluciones, declarándolas ilegales y abriéndose causa en Ceuta contra Mateos y Deu como supuestas autoras de un delito de prevaricación administrativa.

El juicio quedó visto para sentencia este jueves y durante su transcurso, Lourdes Reyzábal, de la Fundación Raíces y Rafael Cid, abogado del colectivo Gentium, subrayaron que se llegó a entregar a Marruecos a jóvenes que ya habían solicitado asistencia letrada antes de su deportación.

Este martes arrancó el juicio sobre la operación de devolución ilegal de menores migrantes a Marruecos en 2021. Tras una instrucción de cuatro años, la exdelegada del Gobierno en la ciudad, Salvadora Mateos, y la que fuera vicepresidenta local, Mabel Deu, son las únicas acusadas por un suspuesto delito de prevaricación administrativa al devolver a 55 menores marroquíes a su país en agosto de 2021 sin realizar los procedimientos administrativos preceptivos y, por tanto, de forma ilegal, según el Tribunal Supremo. Mucho se ha hablado sobre el origen de la orden que activó el dispotivo, un email sin firmar procedente del Ministerio del Interior. Sobre ello, el primero de los testigos, que entonces trabajaba en la Delegación del Gobierno en Ceuta, ha señalado de manera directa la responsabilidad del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska.

“Nos lo dice el secretario de Estado, que es juez; previa orden del ministro del Interior, que es juez y por voluntad del presidente del Gobierno que dijo que todos iban a salir”, sostuvo este martes el entonces jefe de gabinete de la exdelegada del Gobierno, Juan Hernández. “Hay una orden del ministerio que pasa por Delegación y Policía hasta que llega a la frontera. Es una orden jerárquica”, indica.

Los hechos que juzga la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz desplazada en Ceuta se remontan a la entrada de migrantes que vivió la localidad en mayo de 2021. Entonces miles de personas procedentes de Marruecos y países subsaharianos sortearon la valla y se adentraron en la localidad, en la que se desplegó a militares y policías para tratar de frenarles. Meses después, en agosto de ese mismo año, el Gobierno central y el regional impulsaron una operación para devolver a los menores sin cumplir con los requisitos exigidos en la normativa española.

Esgrimiendo un acuerdo hispano-marroquí de repatriación -que tampoco cumplía-, las autoridades locales, siempre rodeadas de los representantes del Gobierno de España en la ciudad, llegaron a enviar al país vecino a hasta 55 chavales que no alcanzaban la mayoría de edad; y se pretendía seguir este procedimiento con hasta 145 personas, algunas sin identificar, según lo expuesto este martes en sala por los testigos.

El primero de testigos que ha pasado por el juzgado, jefe de gabinete de la exdelegada del Gobierno, Juan Hernández, fue el único que este martes defendió a las dos acusadas. De hecho, achacó al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y a sus superiores jerárquicos, el ministro Fernando Grande-Marlaska y el presidente Pedro Sánchez, la orden de repatriar a los menores, entendiendo que serían ellos en todo caso los que hubieran incurrido en el delito de prevaricación.

Por su parte, el resto de testigos, relataron lo que a su juicio fue una flagrante violación de los derechos de los menores, que no llegaron a ser entrevistados individualmente, ni recibieron mayoritariamente asistencia letrada, atención a su estado de salud o preocupación sobre su situación familiar, como establece la legislación española. Así lo expusieron Toñi Palomo, responsable del Área de Menores de la Administración Local; Marta Ojeda y Nieves Lainez, ambas de la Fundación Samu, que gestionaba los centros de acogida y Lourdes Reyzábal, de la Fundación Raíces, quienes relataron lo que a su juicio fue una flagrante violación de los derechos de los jóvenes, que no llegaron a ser entrevistados individualmente, ni recibieron mayoritariamente asistencia letrada, atención a su estado de salud o preocupación sobre su situación familiar.

Palomo, funcionaria clave en el área de menores local que se opuso en todo momento a la devolución, insistió en que trató de advertir tanto a la Ciudad como a la Delegación de que no podían saltarse los procedimientos legales obligatorios y que, de hacerlo, como finalmente ocurrió, incurrirían en “prevaricación”. Ojeda, Lainez y Reyzábal, por su parte, dieron testimonio del “caos” que se provocó en las jornadas en las que se produjeron las devoluciones, los días 13, 14 y 15 de agosto. Coincidiendo además en que fue Deu quien facilitó el listado con los nombres y el orden en el que tenían que entregar a los menores a Marruecos. “Los chavales no entendían nada, hubo fugas y autolesiones”, subrayaron, recalcando además la situación de “vulnerabilidad” en la que muchos de ellos se encontraban.

Señalamientos a Interior

A preguntas del fiscal, Hernández defendió el operativo como respuesta a lo que la Delegación del Gobierno entendió, según sus palabras, como una “invasión”, una “especie de marcha verde” para la que impulsaron una respuesta a una supuesta situación de “excepcionalidad”. El operativo se activó, recalcó, partiendo del escrito -sin sello ni firma- recibido en la Delegación de parte del secretario de Estado de Seguridad y tras “una llamada posterior” en los mismos términos. En concreto, según Hernández, el Ejecutivo local pidió “acuerdo marco firmado entre España y Marruecos en 2007”, entendiendo que este avalaba la devolución de los adolescentes tal y como se ejecutó, pero este pacto incluía unas garantías que no fueron cumplidas: siempre debe atender a lo establecido por la normativa nacional, que obliga a cumplir un procedimiento individualizado y contar con la Fiscalía, algo que no ocurrió.

Cuando el documento remitido presuntamente por Interior llegó a manos de la consejera Deu el 10 de agosto de 2021, esta consultó con Palomo, que advirtió entonces por escrito que el pacto entre países no era aplicable y que la normativa española e internacional en materia de menores no se podía vulnerar. “Le dije lo que había que hacer para cumplir con la legislación internacional, el acuerdo contemplaba en el capítulo cuatro un mes de plazo para informar de la situación, Marruecos tenía tres meses para contestar y se tenía que crear una comisión de seguimiento. Yo intenté plantearle que era necesario el procedimiento, aunque se podían agilizar algunas cosas”, reveló ante el tribunal Palomo este martes.

Deu, según las palabras de la responsable de Menores de Ceuta, contestó al Gobierno de España sin emplear literalmente el escrito que esta le había remitido e incluso emplazó a su subordinada a acudir a una reunión “convocada por la Delegación” en la frontera con Marruecos. “Le pedí que no me llevara porque no lo compartía, pero ella quiso que fuera como persona de confianza”, contó Palomo seguidamente.

La reunión en la frontera

Pero su deseo no fue atendido y en el encuentro celebrado el 11 de agosto en la divisoria entre países estuvieron tanto ella como Deu; el secretario de la Delegación, Ismael Kasrou; el jefe de la UCRIF; el segundo de la Policía Nacional; un representante marroquí; y el jefe de gabinete, Hernández. Este defendió este martes que el motivo de aquella reunión no era otro que asegurarse de que el país vecino cumplía con lo marcado en el pacto, es decir, con disponer de los medios necesarios para devolver de forma segura a los migrantes con sus familias.

A su juicio, eso se cumplió. “Mostraron un apabullante despliegue”, señaló ante los magistrados, contando incluso que el Gobierno del Reino alauita estaba preparado ese mismo día para llevarse a los jóvenes, algo que sí se evidencia en la presencia de numerosos autobuses. También había según Hernández “personal sanitario” e incluso se había preparado un “centro de acogida” para que los chavales vivieran hasta que pudieran ser entregados a sus allegados. No coincide en esto la Fiscalía, que considera que debió valorarse cada caso de forma individual, preguntando a los jóvenes por su situación y su voluntad de regresar a casa.

Misma postura defendida por Palomo, que exhortó -siempre según su testimonio- a los representantes políticos a seguir los procedimientos: “Ismael (Kasrou) dijo que había tres autobuses en la frontera marroquí, les dije que no podíamos hacer eso. Pasamos el jefe de gabinete y yo los primeros por la frontera y allí había una señora con una bata blanca de limpiadora o de guardería. No había autoridades, ni mesa, no nos sentamos, ni firmamos un papel, no hablaban español”, detalló la responsable del Área de Menores del Gobierno ceutí, que acabó enfrascada en una discusión con el representante marroquí, al que pidió que llevara a Ceuta a las familias de los jóvenes para comprobar su filiación y el deseo de ambas partes por reunirse, recibiendo respuesta negativa.

Aunque Palomo abandonó molesta el lugar, dejando allí al resto de participantes en la reunión, volvió a llamar por teléfono a Kasrou y a Hernández, avisándoles en esta llamada que de proseguir con sus acciones estarían “prevaricando”.

Adolescentes solos y confusos

La decisión estaba ya tomada y el 12 de agosto, tal y como explicaron las trabajadoras de la Fundación Samu -encargada de los centros de acogida- la Ciudad les remitió un listado con 145 nombres que serían enviados de manera escalonada, de mayor a menor edad a Marruecos. Así lo afirmaron Ojeda y Lainez, que además se encontraban en el lugar cuando en la jornada del 13 los representantes del Ejecutivo local y policías se personaron a la puerta del polideportivo donde estaban los chavales. Lo hicieron llevando ya autobuses en los que luego serían montados camino de la frontera los nombres que ese día tocaban según el mencionado listado.

Aunque Palomo había tratado de ordenar a las trabajadoras del Samu que no dejaran ir a nadie “sin procedimiento”, estas indican que nada pudieron hacer al indicarles Deu y sus acompañantes que se trataba de un acuerdo entre países y que debían proceder. Reconocieron, además, que muchos de los menores se encontraban en “mal estado físico” y que la ONG ‘Save The Children’, a quien se había encargado realizar entrevistas personales a los adolescentes, no daba abasto y, por tanto, no había podido llegar a hablar individualmente con los afectados por el proceso de deportación.

“Fue un caos. Una avalancha en la que era imposible contenerlos, con gritos, llantos... Desesperación pura y dura, menores autolesionándose... Desconcierto, temor… Al recordarlo se me eriza la piel”, contó Ojeda sobre la relación de los menores, que “no se querían mover” por no “entender lo que pasaba”.

En esa línea se pronunció también Lainez, que habló de la falta de confianza que a partir de entonces manifestaron los jóvenes. Muchos se fugaron, hasta quinientos, calculan y otros, unos ochenta según Lourdes Reyzábal, de la Fundación Raíces, solicitaron asistencia letrada; a pesar de esto, algunos fueron enviados de vuelta a Marruecos hasta que el 16 de agosto se produjo la orden de detener las salidas.

“Todo Ceuta sabe lo que pasa en el puerto”. La frase de uno de los detenidos en el contexto de la Operación Hades señala directamente a la connivencia de agentes de la Guardia Civil con las tramas de narcotráfico radicadas en la ciudad autónoma. Una decena de agentes aparecen como sospechosos a lo largo del extenso sumario de la causa, la mayoría con el teléfono pinchado. Cuatro de ellos han sido detenidos por recibir presuntamente pagos de entre 70.000 y 120.000 euros a cambio de hacer la vista gorda con los semirremolques cargados de droga que pasaban el control de la estación marítima de la localidad sin ser revisados.

Dos organizaciones criminales compartían según las investigaciones del Servicio de Asuntos Internos (SAI) una red de seguridad en el puerto ceutí, integrada por efectivos de la Compañía Fiscal y de Fronteras y de Aduanas que aseguraban el paso de grandes cantidades de la sustancia estupefaciente. Esta había sido traída previamente de Marruecos a través de la frontera del Tarajal y de un narcotúnel encontrado en febrero de este año —cuando ya se habían producido los arrestos— en una nave ubicada a pocos metros de la valla que separa España de su país vecino.

De las vigilancias realizadas por los investigadores se desprende que la droga permanecía pocas horas en la citada área industrial y pasaba después a otra nave situada en el puerto. Según los atestados, todo con la colaboración de empresas de transporte, congelados y hasta una conocida cadena de supermercados. El día señalado por los agentes corruptos, cuando a estos les tocaba trabajar juntos, las organizaciones cargaban la sustancia estupefaciente en semirremolques y cruzaban el puerto sin ser apenas revisados. Los vehículos, que según la investigación fueron vistos anteriormente en un hangar de Mairena del Alcor (Sevilla), contaban con dobles fondos para ocultar la mercancía ilícita.

Gracias a las pesquisas pudieron realizarse tres incautaciones. Las dos primeras, en junio y diciembre de 2023, superaron las cinco toneladas. Y la última, este enero, de 1.337 kilogramos. Sin embargo, la confesión de uno de los cabecillas confirmó que hasta la primera aprehensión, una de las tramas realizaba un pase exitoso al mes. Tónica que había logrado mantener durante un extenso periodo de tiempo.

El primer entramado

Este investigado, que se dedicaba a la exportación de tabaco de cachimba, por lo que viajaba frecuentemente a Marruecos, se sitúa a la cabeza del grupo criminal que aparece antes cronológicamente en las investigaciones. Según sus propias palabras, compartía las decisiones con el dueño de una agencia de viajes —al que se le encontró una pistola sin licencia en su domicilio— y con un tercero ahora fugado de la justicia, que sería el enlace con el propietario de la mercancía, un célebre narco marroquí que aparece frecuentemente en operaciones similares en Ceuta.

También con capacidad de decisión dentro de la organización, un primer camionero que era el encargado de pagar a los guardias civiles del puerto, en concreto a R.G.V (alias ‘Calambre), mecánico de la Compañía Fiscal y de Fronteras. Este repartía luego el dinero con sus compañeros A.A.A., R.A.C.P. (alias ‘Fanta’) y R.A.P., también detenidos, a los que cohesionaba para facilitar la acción de los narcos.

Como enlaces entre los presuntos líderes aparece un dúo constantemente retratado en las escuchas realizadas por la Guardia Civil, que había colocado un micrófono en el vehículo de uno de ellos. Dos varones con antecedentes por delitos varios —incluyendo contra la salud pública, conspiración para homicidio o tenencia ilícita de armas— que se dedicaban a labores de vigilancia y coordinación.

Los semirremolques los preparaba un mecánico sevillano en una nave de Mairena del Alcor, con la ayuda directa en este caso de al menos otras dos personas, una detenida y otra en busca y captura. Por último, un conocido transportista local era el encargado de llevar el camión ‘preñado’ —término coloquial que utilizaban para la introducción de hachís en su interior—hacia la provincia de Málaga, donde se produjo la primera incautación, el día 27 de junio de 2023.

Para esa operación, la Guardia Civil desplegó un control de carretera ficticio, para evitar que los supuestos implicados sospecharan de la investigación a la que estaban siendo sometidos. Esta maniobra permitió además comprobar la connivencia de varios agentes que estaban de servicio en el Puerto de Ceuta en la jornada de autos.

Tras aquel golpe, la organización cambió de método y en diciembre trató de pasar tres toneladas de hachís ocultas en el camión que traslada los animales muertos de Ceuta a la Península. Un método que creían infalible. “Nunca lo revisan”, decían los implicados, sabedores de que la localidad norteafricana carece de medios para abrir con seguridad un vehículo que por su contenido supone un importante riesgo biológico y que también carece de escáner. Además, este sistema permitía que no fuera necesario pagar a los guardias del puerto.

Lo que no esperaban es que uno de los agentes bajo sospecha a lo largo del sumario recibiría un chivatazo y lo comunicaría a sus superiores. Al camión ya lo estaban esperando en el momento del embarque y aunque no pudo ser abierto en Ceuta, solo permitieron que pasara hacia Algeciras para ser escaneado allí, donde encontraron el alijo.

Los agentes, nexo de unión entre tramas

Esta organización no volvería a operar, a pesar de intentar organizar un nuevo pase sin éxito, y la actividad quedó en manos de un segundo entramado, que tenía como nexo común con el anterior el uso del narcotúnel —descubierto después de las detenciones— y la connivencia de muchos de los mismos agentes que empleaba la primera agrupación criminal.

Especialmente señalado a lo largo del sumario, el ‘Calambre’ trataba con ambas tramas, reuniéndose con sus miembros según evidencian las vigilancias realizadas por Asuntos Internos. También sería el encargado de recibir el dinero y repartirlo con los otros compañeros compinchados.

Otro de los detenidos, A.A.A., agente destinado en la Aduana portuaria, fue también identificado en numerosos encuentros con otros investigados y señalado en conversaciones telefónicas. A estos hay que sumar hasta otros ocho agentes, seis de ellos nunca detenidos, pero sí ampliamente mencionados a lo largo del sumario por sus presuntas relaciones con las organizaciones.

El cártel de la familia de un diputado y funcionario de prisiones

Tanto ‘Calambre’ como A.A.A. cooperaban supuestamente con esta segunda agrupación criminal cuya actividad llegó a conocimiento de Asuntos Internos en mayo de 2024 gracias a una conversación escuchada en un pub de la provincia de Cádiz. En ella, el supuesto cabecilla del entramado presumía de estar en capacidad de introducir hachís desde Marruecos a Ceuta y después de poder pasarlo a Algeciras a través del puerto gracias a una serie de agentes sobornados. Solo le faltaba disponer de camión y conductor para ejecutar la operativa.

En ese punto, los investigadores decidieron infiltrar a dos efectivos. El agente encubierto ‘Noray’, que sería encargado de ofrecer a la trama los servicios de ‘Génova’, el segundo infiltrado, quien dispondría de un semirremolque de una empresa ya conocida por la organización para realizar el pase. Luego se incorporaría un tercero, ‘Mástil’, para conducir el camión cargado de droga.

Durante seis meses, ambos encubiertos participaron en las reuniones del cártel y descubrieron que estaba integrado por el diputado en la Asamblea de Ceuta y funcionario de prisiones, Mohamed Mohamed Ali Duas, del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), una formación localista que le ha suspendido de militancia, aunque él no ha entregado aún su acta. También por su hermano, transportista y teórico líder del grupo, que compartía atribuciones con un corredor de seguros muy amigo del agente A.A.A.

También colaboraban en la organización el sobrino del representante político y otras tres personas que fueron vistas en la carga y descarga del camión aprehendido el 30 de enero con 1.337 kilos de hachís en una nave de Villanueva del Trabuco. El semirremolque había llegado a las instalaciones la noche previa conducido por uno de los infiltrados. Hasta seis agentes encubiertos y presuntos narcos durmieron juntos en el mismo polígono industrial a la espera de vender la mercancía a un cliente francés el día de los arrestos.

Los miembros de este cártel fueron los primeros en caer como parte de la Operación Hades, que tuvo semanas después una segunda ronda de detenciones, elevando la cuenta de arrestados por encima de la docena. También aparecería en el mes de febrero, en concreto el día 19, un narcotúnel ubicado en el polígono de Alborán de Ceuta, cuya existencia fue revelada a la Guardia Civil por uno de los investigados, el exportador de tabaco. Actualmente, el hombre al que se achaca su construcción y uso se encuentra en busca y captura.

Un billete de 20 dírhams para señalar a los corruptos

La preparación del último traslado de droga, el que el 30 de enero acabó por explotar la operación, contó en su transcurso con un suceso singular. El agente encubierto ‘Noray’ exigió a la organización —que no solo le pidió el camión, sino que ejecutara los dobles fondos en su interior— que se practicara una prueba de seguridad para garantizar la fidelidad de los guardias civiles del puerto. Una maniobra que sirvió en realidad para poder identificarlos.

Manifestó el infiltrado esta exigencia a la trama en una reunión en un restaurante de Cádiz, cortando entonces un billete a la mitad y entregándoselo al corredor de seguros, quien debería dárselo a sus contactos policiales en la estación marítima. La idea era que el mismo ‘Noray’ o ‘Mástil’, el encubierto encargado de conducir el camión con la droga, pasaran días antes por el control de seguridad del puerto. En ese momento, los guardias corruptos entregarían de vuelta la mitad del billete, que debía coincidir con la otra en posesión del grupo criminal, para confirmar así su visto bueno a las condiciones planteadas. Por la prueba de seguridad el diputado Ali Duas, encargado siempre de los pagos a la Guardia Civil, abonó 10.000 euros. Por dejar pasar la carga, 120.000.

Así lo hicieron y fue ‘Mástil’ quien tras llegar a Ceuta con el semirremolque que luego se usaría en el pase, atravesó de vuelta el puerto con un coche sin la ITV en regla, deteniéndole ‘Calambre’. Este hizo como que revisaba el vehículo, dejando en el interior la mitad de un billete de dirhams —moneda de Marruecos—, un movimiento que confirmó así la existencia de connivencia policial con los narcos en el embarcadero ceutí.

El Gobierno de Ceuta (PP), alejado del argumentario de Génova, ha celebrado en la última semana la aprobación de la modificación de la Ley de Extranjería que permitirá reubicar a menores migrantes en situaciones de emergencia como la que vive la ciudad autónoma. El portavoz del Ejecutivo local, Alejandro Ramírez, ha mostrado su rechazo a una posible desobediencia por parte de algunos gobiernos autonómicos liderados por su misma formación: “La ley es la ley y está para cumplirla”, ha dicho el representante ceutí preguntado por elDiario.es sobre si mantienen una postura favorable a la modificación normativa que el PSOE y sus socios de investidura han sacado adelante en el Congreso. “Como ya hemos dicho en más de una ocasión el Grupo Popular de Ceuta está de acuerdo con este Real Decreto”, ha subrayado.

El PP ceutí se posiciona así de nuevo en contra de los postulados de Génova, con un planteamiento más próximo a los socialistas locales y a la Delegación del Gobierno en la ciudad. El secretario general del PSOE de Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, y la máxima representante del Ejecutivo nacional en la localidad, Cristina Pérez, han afeado el voto en contra a la iniciativa por parte de los populares en el Congreso, especialmente el del diputado ceutí Javier Celaya, del que esperaban una abstención en la votación de la reforma legislativa.

Hace más de un año que la llegada de menores procedentes principalmente de Marruecos se incrementó hasta sobrepasar en más de un 400% las capacidades de la localidad, que tiene las competencias en materia de tutela. Se juntaron varios factores, principalmente la meteorología, con lluvia y niebla, que facilita las tentativas de llegada por vía marítima.

Durante meses se buscó un acuerdo para repartir a los menores desde aquellos territorios que vivan una emergencia humanitaria en relación a la acogida de estos chavales, como la que vive Ceuta y Canarias. En el caso de la primera, la Administración local ha llegado a tener más de 600 niños y adolescentes bajo su amparo, pese a tener una capacidad en tormo a 80 plazas. El entendimiento entre regiones no fue posible en sucesivas conferencias sectoriales y el PP -tanto nacional como sus respectivos gobiernos autonómicos- negó su apoyo a la reforma de la Ley de Extranjería. El presidente de Ceuta, Juan Vivas, pidió en sucesivas ocasiones una solución “estructural” y “equitativa”, que permitiese los traslados por territorios.

Ahora, después del acuerdo con Junts y la convalidación de la reforma por parte del Congreso de los Diputados, el PP de Ceuta no esconde sus valoraciones positivas de la medida. Sin embargo, la oposición de sus compañeros de siglas en el resto de España puede complicar las cosas, a la vista de que varias comunidades autónomas tienen previsto presentar recurso de inconstitucionalidad contra el cambio normativo. “Poco podemos hacer. Cada uno está en su derecho de utilizar los mecanismos que considere oportunos”, comenzó apuntando el portavoz local, que luego desaconsejó que se acuda a la vía judicial “en un tema tan sensible”. El portavoz del Gobierno local incidió en que todos los ejecutivos autonómicos deben cumplir con lo establecido en la norma porque “la ley está para cumplirla”. Además, Ramírez ha deslizado que el reglamento que prepara el Ministerio de Infancia debería blindar el seguimiento de la norma por parte de las comunidades.

La Ciudad Autónoma mira a la sectorial prevista para el próximo 28 de abril, con la expectativa de que, en caso de no haber un acuerdo para el reparto, se proceda de inmediato a la aplicación de la norma modificada. Esto llevaría, según las previsiones locales, a que salgan de Ceuta 400 de los 480 jóvenes que ahora mismo se encuentran en suelo norteafricano. Las autoridades ceutíes esperan que al menos algunos de ellos puedan hacerlo antes de verano.

Aunque tras la reforma legislativa aún no se haya pronunciado personalmente, Juan Vivas, presidente de la Ciudad, ha mantenido siempre una postura clara: “Desde el primer momento, de manera inequívoca, reiterada, insistente y ante distintas instancias, el Gobierno de la Ciudad ha defendido, y sigue defendiendo, dicha reforma”, señaló, por ejemplo, el pasado 23 de diciembre, en un discurso que mostraba su clara oposición a las tesis del PP a nivel nacional. Para Vivas, . Porque se trata, la acogida de menores es “un asunto de todos y de un fenómeno estructural que debe de resolverse entre todos y a través de soluciones estables y duraderas en el tiempo”.

El líder local ha reconocido ese choque de posturas, que suele ser visto como un “verso libre” dentro del PP, presumiendo en sus discursos de “anteponer los intereses de Ceuta y España” a los de cualquier sigla. Estas diferencias se han hecho más patentes a medida que se acentuaba el debate sobre la reubicación de menores y alcanzó su punto álgido de tensión el día en que se anunció el pacto entre PSOE y Junts que desbloqueaba la reforma de la Ley de Extranjería. 

En esa jornada, mientras Alberto Núñez Feijóo tachaba de “xenófobo” y “racista” el pacto para distribuir a niños y adolescentes por las distintas regiones del país, el Gobierno ceutí, encabezado por Vivas, enviaba un comunicado a los medios celebrando la medida destinada a acabar con la saturación de los espacios de tutela de la ciudad. Hasta entonces, el presidente ceutí presionó durante meses a Génova para que aceptara negociar con el Ejecutivo de Pedro Sánchez una vía de salida para los jóvenes que llegaban a Ceuta.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso de la Administración del Estado contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº2 de Ceuta, que consideraba ilegales las devoluciones de inmigrantes 'en caliente' cuando estos llegan a nado, tal y como se viene haciendo por norma en la ciudad autónoma con las personas que alcanzan aguas españolas.

El órgano rechaza en la resolución –emitida el lunes 24 y a la que ha tenido acceso este medio— que se pueda repatriar a los migrantes sin realizar el procedimiento administrativo preceptivo, en cualquier supuesto que no sea el del “salto a la valla”, es decir, si no se flanquean fronteras físicas o elementos fronterizos.

Los argumentos de los abogados recurrentes planteaban que, si bien en el mar no hay un impedimento físico o un puesto que marque la divisoria, esta existe, y por lo tanto, debe interpretarse ese apartado de la Ley Orgánica de manera “extensiva”. Este planteamiento no tiene cabida, sin embargo, para el TSJA, que con su decisión pone en jaque el sistema empleado por la Guardia Civil —por orden del Gobierno central— a diario en Ceuta. La resolución aún no es firme, pues cabe recurso de casación ante la misma sala en plazo de 30 días. 

Entretanto, el mandato de reingresar a los vecinos de Marruecos de manera inmediata en su país, sin atención individualizada ni asistencia letrada se mantiene constante desde hace más de dos años, en virtud del acuerdo vigente entre Rabat y Madrid. Varias de estas repatriaciones han acabado en los tribunales y el pasado 4 de septiembre el Juzgado Contencioso Administrativo Nº2 de Ceuta emitió un fallo favorable a los intereses de una persona detenida cuando trataba de llegar a nado a suelo ceutí por la Bahía Sur, el 14 de noviembre de 2023. 

En la sentencia, el magistrado aceptó buena parte del razonamiento de la representación legal del afectado —ejercida solidariamente por tres asociaciones, la Coordinadora de Barrios, No Name Kitchen y el Servicio Jesuita a Migrantes—, haciendo valer los procedimientos que establece la Ley de Extranjería. Esta obliga a que haya un trámite administrativo, un intérprete presente y a que el inmigrante pueda disponer de asistencia letrada. 

Asimismo, el juez rechazó que la disposición adicional de la Ley Orgánica que contempla saltarse estos pasos únicamente en las localidades de Ceuta y Melilla tenga aplicación cuando la entrada se produce a nado, ya que específicamente se define para “restablecer inmediatamente la legalidad transgredida por el intento por parte de las personas extranjeras de cruzar irregularmente esa concreta frontera terrestre”.

Pasados varios meses, el lunes de esta semana, el TSJA ha sostenido la misma postura que el juez ceutí, y de paso ha condenado a abonar las costas del proceso judicial a la Administración Pública, que presentó recurso de apelación. El Alto Tribunal andaluz no compra las tesis de la Abogacía del Estado, que entiende que aunque no haya un puesto fronterizo en el mar o un muro físico que separe Marruecos de España en la costa, la frontera existe y, por ende, la disposición adicional de la Ley Orgánica debe aplicarse. “Quien pretende entrar a nado, no supera, ni intenta hacerlo, ningún elemento de contención fronterizo”, subraya el Tribunal en su fallo.

Es de esperar, como ha continuado sucediendo tras la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo Nº2 del septiembre pasado, que se mantenga la orden del Ejecutivo a la Guardia Civil en lo referente a repatriaciones inmediatas de marroquíes hasta que la sentencia sea firme. 

En las últimas semanas, el ritmo de entrada de inmigrantes a Ceuta se ha mantenido en los parámetros habituales, con casos aislados prácticamente a diario y picos máximos de entre diez y veinte llegadas en una única jornada; ya lejos de la fuerte presión vivida durante la práctica totalidad de 2024, que saturó los recursos de acogida.

Tanto el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) que depende del Estado y en el que se quedan adultos procedentes de Argelia o países subsaharianos, como los centros de menores dependientes de la propia Ciudad Autónoma, en los que se tutela a los menores no acompañados —casi el 100% son marroquíes— permanecieron muy por encima de sus capacidades durante varios meses. 

En el caso de los espacios para quienes no alcanzan la mayoría de edad, la sobreocupación sigue siendo importante, cuadriplicando el límite establecido. Sin embargo, tras aprobarse hace nueve días en el Congreso la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, el Gobierno local espera que en un horizonte cercano dejen la localidad más de 300 de los 400 menores que están bajo su responsabilidad. “A nosotros este acuerdo nos soluciona el problema”, han venido reiterando representantes políticos locales —del Partido Popular— en sucesivas comparecencias durante los últimos días. 

Cuando Juan Gutiérrez anunció su dimisión como secretario general del PSOE de Ceuta el 12 de abril del pasado año los socialistas volvieron a sumirse en su histórico bucle de descomposición y reestructuración. Casi doce meses después el camino parece aclararse. Miguel Ángel Pérez Triano (Ceuta, 1983) será elegido el próximo 29 de marzo nuevo líder del partido en la ciudad autónoma al finalmente no concurrir ninguna otra candidatura.

El que fuera secretario general de las Juventudes Socialistas años atrás y pieza importante en una de las numerosas reconstrucciones internas –como la que encabezó un por entonces bisoño José Antonio Carracao– promete recuperar la vida orgánica de la formación acercándola a la militancia y promover un modelo de ciudad que, de una vez por todas, acabe con la hegemonía de Juan Vivas (PP), extendida ya por un cuarto de siglo. 

La misión parece harto complicada y comienza por arreglar los desaguisados internos que dejó la salida de Gutiérrez, una figura “de pisar la calle”, como dice él, que durante su etapa consiguió elevar de manera extraordinaria el número de militantes, hasta duplicarlos, logrando además un resultado decente en los comicios autonómicos, con seis diputados, uno menos que en las votaciones de cuatro años antes.  

Durante la campaña sus propios compañeros ya habían comenzado a sembrar la semilla de su futura división. Algunos de los ahora diputados en la cámara local tramaban en las sombras contra Gutiérrez. Señalaban a rumores sobre su pasado profesional –nunca confirmados–, a su cargo en la empresa concesionaria del mayor contrato –en términos económicos– de la Ciudad, el de limpieza viaria, y también a su puesto directivo en el sindicato UGT. Las acusaciones de corrupción más tarde llegarían a Ferraz y, mezcladas con la municipalización del servicio de aseo viario, acabaron por forzar su salida. 

Gutiérrez –ya cuestionado durante la carrera electoral, por ejemplo, por no confrontar a Vivas en debate y sobre todo por la forma en la que ejecutó esa decisión o por plantear un gobierno de coalición al PP– pretendía que sus compañeros diputados socialistas se abstuvieran en la votación plenaria relativa al cambio de gestión de la limpieza. No fue así. Cuatro de sus cinco camaradas de siglas votaron a favor, poniéndole entre la espada y la pared. Le quedaba elegir. Subrogarse a la sociedad municipal y mantener su empleo o continuar en la Asamblea. 

Con su marcha, el partido quedó bajo control de una gestora nombrada por la delegada del Gobierno, Cristina Pérez –también por entonces secretaria de organización– y encabezada por Melchor León, al que acompañaban Sebastián Guerrero, Samia Abdelkader, Gonzalo Sanz, Hikma Mohamed, Sumaya Ahmed y Pepe Simón. 

El vacío orgánico en el PSOE ceutí dejó la unidad parlamentaria del grupo seriamente tocada. Esto cristalizó en otro golpe a la línea de flotación socialista. Y es que si bien la formación viene apoyando en lo que va de legislatura de forma más o menos regular al gobierno del PP de Vivas –no en vano León ostenta una de las vicepresidencias de la Asamblea–, esto no siempre es así y cuando el pasado 15 de mayo los populares presentaron un expediente de modificación de crédito en el Pleno la idea era rechazar la propuesta. Sin embargo, Navil Rahal y Fidda Mustafa dieron su voto favorable entre acusaciones al Ejecutivo de compra de voluntades. 

Las opciones socialistas en la Asamblea quedaron tocadas al perder a dos de sus activos pasando a no adscritos. Esto, sumado a las frecuentes ausencias en el plenario de algunos de sus representantes, dejó básicamente sobre los hombros de Sebastián Guerrero la representación de la formación a nivel parlamentario en un contexto cada vez más complejo, también a nivel interno. 

Un nuevo cisma se venía tiempo cocinando en el seno del PSOE. El enfado de un sector crítico, encabezado por nombres de las familias históricas socialistas de Ceuta, véanse Pablo Núñez o Raquel Miaja, hizo público su descontento con el proceder de la gestora en un acto en el que se anunció que presentarían candidatura al congreso regional. Por entonces, parecía que sería Núñez quien encabezara al grupo, aunque finalmente no fue así. 

Entretanto, el congreso regional se seguía demorando, en gran medida por los tiempos de Ferraz. Se esperaba que la propia delegada del Gobierno, Cristina Pérez, cercana a León y a Sebastián Guerrero, diera un paso adelante y optara a la secretaría general. Tampoco sucedió, y aunque se barajó el nombre de su jefe de gabinete, Gonzalo Sanz, fue el portavoz parlamentario, Guerrero, quien amparado por su trabajo manteniendo vivos a los socialistas en la Asamblea decidió postularse. 

No fue hasta hace pocos días cuando surgió otro nombre, el que finalmente ha aglutinado a casi todos, al menos en apariencia. El de Miguel Ángel Pérez Triano, antiguo líder de Juventudes y un nombre que, según numerosas fuentes consultadas, es visto con buenos ojos por una mayoría de los socialistas ceutíes, a priori incluso por la propia Pérez. Apegado a los estatutos, a quién tiene que decidir qué y cómo, lanzó su candidatura consiguiendo rápidamente los apoyos necesarios. 

Triano, sin oposición 

La confrontación en primarias con Guerrero estaba servida, pero el portavoz parlamentario optó por sentarse con Triano para evitar agrandar fracturas en la formación. En esas jornadas frenéticas, a pocos días de que se cerrara el plazo para suscribir las precandidaturas, una polémica de corte personal azotó a Melchor León, compañero de Guerrero tanto en la gestora como en la asamblea y uno de los llamados a figurar entre los hombres fuertes en su postulación. Una empresa a nombre de su mujer –aunque vendida según él antes de que se abrieran los sobres– concurrió a la licitación del hotel municipal que en próximas fechas va a pasar a manos privadas. El problema, que el propio León formaba parte de la mesa de contratación. 

Guerrero y Triano alcanzaron rápidamente un acuerdo. El primero continuará siendo “una pieza clave en este periodo” –se entiende hasta que acabe la actual legislatura, pues ya se rumorea que su futuro podría estar en la Delegación del Gobierno– como portavoz parlamentario y el segundo será nombrado secretario general el próximo 29 de marzo. 

En este mes el partido pretende empezar a controlar ya la acción del grupo en la Asamblea, pues aunque el próximo líder socialista no haya llegado a manifestarlo, entre la militancia no se han visto con buenos ojos ciertos apoyos a medidas del PP, como la que tiene que ver con recortar los impuestos a empresas de la construcción o la relativa a subir el recibo de la basura. 

La ‘era Triano’ estará marcada por la recuperación de nombres asociados a otras etapas del socialismo ceutí, según él mismo ha avanzado, y por su voluntad de consolidar el poder de los órganos internos del partido. Otra reconstrucción más en la historia de la formación que tiene como objetivo final recuperar el Gobierno de Ceuta, que no ostenta desde 1991. 

Un castillo de naipes derribado entre personalismos y el GIL

No fue hasta 1983 cuando el PSOE logró su primera victoria electoral en Ceuta y ya entonces, a tenor de lo sucedido, se adivinaban los problemas que sufriría el partido en el futuro. Con Francisco Fráiz a la cabeza obtuvieron 12 escaños y un 42,4% de los votos. Las disputas internas no tardaron en llegar. Cuatro diputados se rebelaron vía moción de censura y dejaron fuera de juego a Fráiz, situando a la cabeza a Aurelio Puyas, cuñado del actual presidente, Juan Vivas. 

De aquel lío surgió la fundación del PSPC (Partido Socialista del Pueblo de Ceuta) con Alejandro Curiel a la cabeza y a su lado figuras como Juan Luis Aróstegui y Ramón del Valle-Inclán Moreda. El PSOE ya no volvió a ser el mismo, aunque con Fructuoso Miaja –cuya descendiente Raquel Miaja está en el equipo de Triano– como candidato logró imponerse en las elecciones de 1987, consiguiendo ocho diputados que sumó inicialmente a los de Ceuta Unida, de Rafael Montero. En plena legislatura cambió, sin embargo, de apoyos, aliándose con el PSPC –que realmente llevó la batuta del Gobierno– y con el CDS de José Luis Chaves. 

El afloramiento de partidos localistas de corte personal continuó en 1991, cuando el PSOE dejó el poder para no volver a retomarlo nunca más hasta día de hoy, aunque sí fue apoyo clave para otros Ejecutivos. Francisco Fráiz regresó al ruedo con su propia creación, el Progreso y Futuro de Ceuta (PFC) y obtuvo 11 diputados, apoyándose en Ceuta Unida y en el propio PSOE. Condenado por el Tribunal Supremo por prevaricación, Fráiz se vio obligado a dimitir, pasando el mando a otro ex socialista y ahora reintegrado en el partido, Basilio Fernández. 

Entre el maremágnum de la izquierda, en 1995 emergió el PP, que ganó las elecciones con nueve escaños que no le alcanzaron para llegar a la presidencia. Fernández logró continuar al frente de la Asamblea gracias a sus seis diputados, a los cuatro de Ceuta Unida y a los tres del PSOE. Pero un volantazo en julio de 1996 llevó a Basilio Fernández a romper con sus socios. Decidió pactar con el PP y acabó expulsado del partido y de vuelta al PSOE. Como alcalde quedó el cuestionado Jesús Fortes. 

Los siguientes comicios estuvieron marcados irremediablemente por el desembarco en el enclave norteafricano del partido de Jesús Gil y Gil, que antes había obtenido la alcaldía en Marbella y en Estepona. El GIL logró doce asientos en la Asamblea, dejando al PP con ocho, al PDSC con tres y al PSOE en unos marginales dos, que, sin embargo, acabaron siendo esenciales en el devenir de la ciudad y marcando el futuro del partido hasta el día de hoy. 

Con la gobernabilidad encallada, el socialista Alberto Núñez –padre del anteriormente citado Pablo Núñez, que lideró al sector crítico socialista en los últimos meses– apostaba por no apoyar a nadie en la presidencia. Ferraz no aprobó esa postura y envió a Ceuta a Ramón Jáuregui, por entonces secretario de organización, ordenando apoyar al PP junto al PDSC y provocando a la sazón la dimisión de Núñez. 

El GIL no se quedó de brazos cruzados y sin pudor trató de comprar voluntades para hacerse con el Gobierno. Lo intentó primero con un policía nacional que de aquella era líder de las Juventudes Socialistas y que acabó como diputado posteriormente. Fue el propio Jesús Gil quien le llamó personalmente ofreciéndole, supuestamente, una sustanciosa cantidad económica sin conseguir finalmente convencerle. Fortes (PP) logró así mantenerse como presidente y el PSOE quedó destrozado internamente. 

La presidencia del líder popular duró tan solo dos meses. En agosto de 1999 el GIL presentó una moción de censura con la firma de la diputada socialista Susana Bermúdez, a la que mantuvieron escondida en la Costa del Sol tras recibir, siempre supuestamente, algún tipo de compensación. Gobernaron hasta que en febrero de 2001, Aida Piedra, amante del alcalde del GIL, Antonio Sampietro, y la única que no había firmado una moción de censura en toda la Asamblea –y, por tanto, la única que aún podía hacerlo– le dio la espalda y la suscribió; haciendo a Juan Vivas presidente por primera vez. 

El rodillo del PP y la ausencia de liderazgo

Los de Jesús Gil se desintegraron rápidamente mientras se formaba la polémica del islote de Perejil y el PP integraba a los principales activos del partido del populista marbellí para lograr una rotunda victoria en los comicios de 2003, obteniendo 19 diputados. El PSOE quedó como tercera fuerza política, con dos asientos que ocupaban Sergio Moreno y Toñi Palomo. Esta última sería el azote del ejecutivo de Vivas entre 2005 y 2007, denunciando corrupción a través de una supuesta red clientelar nutrida de fondos europeos, en una etapa, la de José María Aznar en Moncloa, que concedía a Ceuta la compensación del IPSI y la bonificación del 50% sobre las cuotas de la seguridad social. 

Palomo se estrelló, sin embargo, ante el elevado gasto en publicidad del Gobierno local –varios millones de euros anuales– y encontró escaso apoyo en el interior del partido, que apenas crecía en militantes en esa época. Todo ello condujo a que Vivas volviera a lograr 19 diputados; el PSOE, solo dos. La misma noche electoral, sin el escrutinio aún cerrado, Palomo compareció y anunció su dimisión como secretaria general y avanzó que no retiraría su acta. Moreno, su compañero en la Asamblea, anticipó que seguiría el mismo camino. 

Esta precipitada renuncia sumió en el caos en 2007 a los socialistas ceutíes. Como número tres y primera opción para liderar al partido, apareció en escena Alicia Cordente, trabajadora de Cruz Roja que se veía en el brete de tener que perder su sueldo sí entraba a la Asamblea. En el cuatro Gonzalo Sanz, que no lo veía claro y entre ambos dejaron la representación parlamentaria del PSOE en manos de los discretos Inmaculada Rodríguez y Ahmed Idris. 

El partido acabó en aquel momento en una larguísima gestora que desembocó en un impensable acuerdo histórico construido en foros privados por Javier Martínez, quien había logrado poner de acuerdo al anteriormente mencionado Basilio Fernández –por entonces secretario general de UGT–, a Gonzalo Sanz, a Salvadora Mateos y a otros conocidos socialistas, seduciendo además a líderes de otras formaciones localistas con importante implantación como Juan Luis Aróstegui y a Mohamed Ali. Todos ellos mostraron su disposición a integrarse en el partido para llegar a los siguientes comicios, los de 2011, con una candidatura unitaria de la izquierda local bajo el amparo de un nuevo secretario general. 

La concordia fue breve. A Palomo y a la vieja guardia no les gustó ese movimiento, poniéndose en contacto con Ferraz, que volvió a intervenir –como cuando lo hiciera Jáuregui en la irrupción del GIL– disolviendo la federación, cesando a la gestora y dejando el partido disuelto en manos de Salvador de la Encina. Esta sacudida de importantes dimensiones dejó al aparato socialista en busca de nuevo candidato y lo encontró en José Antonio Carracao, por entonces secretario general de las Juventudes Socialistas en Ceuta e hijo de Pepe Carracao, histórico senador por Cádiz. 

Este en principio renegó de aceptar el trato. Se mostraba reacio porque se pretendía dejar fuera de la refundación a catorce personas, las que habían estado preparando una candidatura de la mano de Javier Martínez, que en principio podrían liderar a Gonzalo Sanz o Antonio Gil. Además de esos tres, la lista incluía a la esposa de Sanz, a Salvadora Mateos, a Antonio Gil o a José Luis León entre otros. 

Finalmente, se organizó un congreso de refundación y en él, además de excluir del censo a los citados, se permitió votar a las Juventudes Socialistas, a pesar de que la mayoría no eran afiliados al partido. En el hotel donde se celebraba la votación se formó una importante trifulca, con varios de los catorce expulsados encarándose con Salvador de la Encina, con Carracao –padre e hijo– y hasta con las Juventudes Socialistas. 

Ese día, el que será nuevo secretario general socialista, Miguel Ángel Pérez Triano, votó por José Antonio Carracao, que salió de aquella jornada con el partido quebrado. Al tiempo consiguió reconstruirlo y legitimarse con un congreso ajustado a la norma, llamando además a los expulsados para tratar de recuperarlos. 

En las elecciones de 2011 el PSOE logró subir un diputado, de dos a tres, aunque la unión de Aróstegui y Mohamed Ali en Caballas superó a los socialistas con cuatro y el PP continuó ganando con dieciocho asientos en la Asamblea. Cuatro años después Carracao incrementó la cuenta en otro diputado merced a una buena comunicación política, pero acabó por dejarlo, dando paso a un congreso en el que Manuel Hernández se impuso por un estrechísimo margen -ni diez votos- a Pablo Núñez, hijo del histórico Alberto Núñez. 

Hernández fue cediendo poder progresivamente a Juan Gutiérrez, quien duplicó los afiliados al PSOE ceutí –muchos procedentes de la empresa de limpieza en la que trabajaba y en la que ejercía fuerte actividad sindical– y entretanto logró un notable resultado en las elecciones de 2019, subiendo a siete diputados y haciendo que el PP perdiera la mayoría absoluta. También, por primera vez en 20 años, obtuvieron una victoria electoral en las Elecciones Generales de abril. En este resultado tuvo gran mérito la acción de Gutiérrez, que acabaría sucediendo de forma pactada a Hernández, iniciando así el último ciclo socialista hasta la actualidad.

Desde que en la madrugada del pasado 31 de enero la Unidad de Asuntos Internos detuviera al diputado de la Asamblea de Ceuta Mohamed Ali Duas (MDyC) y junto a él, a su hermano, su sobrino, a dos agentes de la propia Benemérita y a otras cuatro personas más por supuestos delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal, la ciudad autónoma no ha vuelto a ser la misma. La lucha contra el narcotráfico se ha recrudecido. Desde aquel día y hasta este miércoles otras 21 personas han sido arrestadas en relación con el tráfico de estupefacientes en el enclave español en el norte de África, a raíz de tres investigaciones distintas; una impulsada por un juzgado local –a denominada ‘ATAM-Macetero’– otra vinculada a la UDYCO y la que en el día de ayer –amparada por la Audiencia nacional– dio con el hallazgo más sorprendente: un narcotúnel oculto en una nave de mármoles en desuso del Polígono del Tarajal, que presumiblemente servía para introducir hachís en España desde Marruecos. 

Este espacio industrial –venido a menos desde que se cortara el fenómeno del porteo– centraba años atrás de manera poco controlada la actividad económica de la ciudad por situarse justo en la divisoria con el país vecino. En él se plantaron este miércoles a primera hora de la mañana agentes de unidades centrales de la Guardia Civil (UCO, Jefatura de Información, Servicio de Asuntos Internos, Unidad de Reconocimiento de Subsuelo y el GAR), así como de la Zona de Andalucía y de la propia Comandancia de Ceuta, poniendo patas arriba el área del polígono que más actividad conserva aún, la más elevada de los tres niveles que la componen. “Nos dio un vuelco al corazón”, comentaba uno de los trabajadores de la zona, que hoy jueves recuperaba parcialmente la normalidad. 

La conmoción aún se hacía patente pasadas 24 horas. Los agentes habían encontrado en territorio español un espacio excavado con gran precisión, de 12 metros de profundidad, unos cincuenta de longitud con varias galerías de cuarenta por sesenta centímetros que iban variando sus dimensiones a lo largo del recorrido. La galería se da por hecho desemboca a través de una o varias salidas en el Reino Alauita.

“Se veía venir que podían llegar a hacer algo así”, aseguraba durante la mañana el propietario de una tienda de mantas con sede próxima al lugar del hallazgo, que como el resto de consultados evitaba dar su nombre ante la manifiesta incomodidad que ha generado la situación en la zona. Con su postura coincidía también el líder local de Vox, Juan Sergio Redondo, que en un comunicado llegaba a afirmar que “el Tarajal tiene que tener más túneles que el metro de Madrid”. 

Otros, por contra, hablaban de “sorpresa” y se limitaban a continuar con su rutina laboral en negocios de venta al por mayor de bebidas o de neumáticos, a pocos metros de donde los agentes custodiaban celosamente la nave de la marmolería donde apareció el conducto. Una precaria construcción que desde bien pronto en la mañana se encargaban de apuntalar efectivos de bomberos como paso previo a su exploración a fondo. 

Es la tercera vez en pocas semanas que la ‘Operación Hades’, la que lidera el Juzgado Número 3 de la Audiencia Nacional, centra su mirada en Ceuta. Meses atrás, el hallazgo de tres toneladas de hachís ocultas en el doble fondo de un camión señalaron a la ciudad autónoma, sembrando la sospecha de que agentes de la Guardia Civil pudieran estar colaborando activamente con las organizaciones criminales al dejar pasar por el control del ferry a Algeciras los coches en los que iba la droga. Flotaba una segunda cuestión en el aire, cómo había podido traspasar la droga la frontera con Marruecos. 

Tras las primeras detenciones, las pruebas recabadas acabaron indicando a los investigadores la existencia de un espacio oculto a través del que los estupefacientes llegaban a suelo español desde el lado marroquí del Tarajal sin ser detectados. 

Y ahí estaba la respuesta: era un túnel excavado discretamente en una de las naves donde antaño se acumulaban las mercancías cuya compraventa suponía uno de los principales sustentos de las familias de la ciudad. A pocos metros, unos niños de la colindante barriada del Príncipe jugaban al fútbol esta mañana ajenos a todo. Un acto rutinario tan para ellos, como ya empiezan a parecerlo las detenciones, las redadas o las incautaciones de dinero y droga. 

Esos sucesos que se entremezclan con la otra vertiente de la vida ceutí, una ciudad de funcionarios, en la que vía rebajas fiscales se ha conseguido atraer a empresas tecnológicas o sectores como el del juego online y donde recientemente se ha completado la primera expedición mercantil a Marruecos a través de la tan ansiada aduana comercial del Tarajal, a escasos metros de donde se ha hallado el narcotúnel. 

Un hito a nivel institucional y económico que se consumó el pasado jueves, justo en la jornada en la que la Policía Nacional aprehendía a 11 personas –incluido un guardia civil– por su supuesta implicación en delitos contra la salud pública. Otro claro ejemplo de la dos caras de la vida en la frontera sur de Europa.

La primera expedición comercial entre Ceuta y Marruecos ha conseguido completarse con éxito este martes tras dos intentos fallidos previos, en los que un camión con productos de higiene fue rechazado en la frontera por el país vecino. Esta vez, los productos de automóvil que llevaba el mismo vehículo sí pasaron. Un hito histórico que supone la apertura de un espacio de tránsito de mercancías ampliamente reclamado por los empresarios locales.  

Este martes era uno de esos clásicos ddías en los que la ciudad de Ceuta estaba agitada. Cuando aún no había salido el sol, Policía Nacional y Guardia Civil ya se habían desplegado por más de una decena de puntos de la localidad para detener a alrededor de veinte personas, incluido un miembro de la Benemérita, en el marco de una macrooperación antidroga que acabó de un plumazo con varias organizaciones criminales dedicadas al tráfico de hachís. 

Entonces la ciudad aún permanecía ajena a lo que estaba por venir, un nuevo intento de abrir la tan deseada aduana comercial que permita el tránsito constante e ilimitado de mercancías entre Ceuta y Marruecos. 

Camino al Tarajal, en los taxis se comentaba la operación policial y no dejaban de verse furgones y coches del cuerpo nacional en todo el trayecto, saliendo incluso de forma coordinada de sus dependencias. Estas escenas contrastaban con la tranquilidad absoluta en la frontera. Sin medios de comunicación, sin colas, sin los jaleos habituales de un paso caliente. 

No eran ni las diez de la mañana y la delegada del Gobierno, Cristina Pérez, y miembros de su equipo, como el recién nombrado jefe de gabinete, Gonzalo Sanz, ya esperaban en el lugar. Dentro de las instalaciones, preparando una operativa muy compleja por cuestiones “administrativas”, a las que ya había aludido días atrás la representante del Estado en Ceuta. 

El Ministerio de Exteriores, avanzaba entonces Pérez, no ha capitaneado en esta ocasión parte del proceso, al entender que las cuestiones diplomáticas entre países estaban zanjadas, el ‘nudo gordiano’ a deshacer se centraba ahora en el papeleo. Puros “problemas de andar por casa”, documentos “que hay que actualizar” y trámites “que se escapan al control político” al tener que “ir limándose sobre la marcha”. 

“Estamos con los pre-trámites”, aludía una fuente cercana al proceso a eso de las doce de la tarde. Mientras, la vida seguía fluyendo. Alguien pedía una cerveza en el pequeño bar de tablones de madera que se encuentra sobre la playa que comparte nombre con el paso fronterizo. “Ya no tenemos, está el Ramadán a la vuelta de la esquina. Hay que parar”, comentaba el dueño. En su lugar escogían los clientes pequeños bocadillos de atún con queso fresco o de chóped de pavo con manchego. También se bebía mucho café y algún té.

Del frío de las primeras horas, marcadas por unas nubes un tanto oscuras, se pasó al cálido mediodía. El sol calentaba las cabezas de quienes esperaban a pasar hacia el Reino Alauita, o de los que pretendían realizar trámites en la Frontera. Un chaval de tez oscura y auriculares grandes de un blanco impoluto pululaba con un ritmo danzarín, aguardando a un colega que rato después salía, papeles en mano, de las instalaciones para coger un taxi. Pasaba por el vial de la rotonda también un agente de la Benemérita, que sacaba un sobre para alguien, a riesgo de casi torcerse el tobillo en uno de los baches de la carretera. Era ya la una y no había ni rastro de la furgoneta. El tercer intento, tras los dos fallidos de primeros y mediados de enero, parecía ir a quedarse en nada. 

Sin embargo, los movimientos se aceleraron. El personal de la Delegación del Gobierno comenzó a hacerse visible en el exterior, teléfono en mano, intentando acabar de solucionar todo para poder, aunque fuera, optar a dejar el paso comercial abierto en este martes loco. A las tres menos diez llegó el aviso. “Viene para acá”.

Tardó cuarenta minutos, pero a paso firme y seguro, el mismo camión –el único de las características que exige Marruecos que hay en toda Ceuta– de la firma Vivera Atlántica y que ya había sido usado en las dos pruebas fallidas, enfiló la recta por la carretera nacional hacia la frontera. Esta vez no llevaba papel higiénico, sino productos para automóvil de la firma Rodaco. En el tramo español del Tarajal esperaban por él varios miembros de la Delegación, que le entregaron papeles al conductor, ultimando con él los últimos detalles hasta su incursión, ya casi a las cuatro de la tarde, en la cola de vehículos que aguardaban para entrar en Marruecos. 

La espera fue larga, pero a las siete y media fuentes implicadas en la expedición comercial se mostraban optimistas, cerrando los últimos detalles y, finalmente, a las ocho, el camión salió de la zona fronteriza para ir a la zona logística de Altos Castillejos, donde se realizaron los últimos trámites. Con ello se dio por completado por primera vez en la historia un pase de mercancías entre la ciudad autónoma y el país vecino. En apariencia, a falta de confirmación oficial, se trata de la apertura de la Aduana Comercial, un anhelo de los empresarios locales, que deberá comprobarse eficaz en los próximos días. Por el momento parece que pasará como mucho un vehículo diario, para progresivamente incrementarse el tránsito, según lo informado por el Gobierno de la nación.

Pudo haber sido el inicio del tránsito de mercancías con Marruecos a través de la frontera del Tarajal, pero volvió a quedar en intento fallido. La tan ansiada aduana comercial de Ceuta tendrá que esperar después de rechazar la autoridad marroquí el mismo camión con idéntica carga -productos de aseo- al que ya diera la vuelta el pasado miércoles. Un resultado similar al de la ciudad de Melilla, donde el transporte que hoy trataba de cruzar con nuevos productos tampoco ha sido autorizado, tras el espejismo de ayer, cuando sí se dio luz verde a la exportación. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores hablan de complicaciones “burocráticas” que están “avanzando en resolver” en un proceso tildado de “irreversible”.

Tras el éxito del espacio aduanero este miércoles en Melilla, cuando un vehículo con electrodomésticos consiguió sortear la frontera de Beni Enzar, en la otra ciudad autónoma se esperaba con altas expectativas la intentona de este jueves. Un secreto a voces a pesar de la opacidad informativa de la Delegación del Gobierno local. Se repetía la misma operativa que hace una semana y un día. Camión de la firma Vivera Atlántica cargado con papel higiénico y otros productos de aseo de Almacenes Bentolila.

La hora se adelantó, y después de dar un primer rodeo hacia el Polígono del Tarajal, el furgón enfiló la carretera nacional hacia la frontera poco después de las once y cuarto. Tras ser detenida un momento por agentes de la Guardia Civil atravesó rápidamente la zona española. Quedaba lo más complicado, que Marruecos aceptara la entrada de la mercancía en su suelo.

Al final, hacia las dos de la tarde se frustraron las esperanzas de abrir este mismo jueves la aduana comercial. El camión regresaba como llegó, al igual que el miércoles de la semana previa. “Hoy se ha dado un paso más dentro de esta primera fase para la normalización en el tráfico de mercancías por la frontera, lo que incluye múltiples operaciones previas. Se siguen resolviendo los problemas técnicos, dentro del ambiento de la colaboración mutua, y continuamos avanzando”, detallan fuentes de Exteriores, que consideran “irreversible” el proceso de apertura del despacho aduanero con el Reino Alauita.

La idea ahora es celebrar en próximas fechas una nueva Reunión de Alto Nivel (RAN) con representantes de ambos países que sirva para terminar de pulir los puntos de fricción entre Gobiernos. Se desprende en cualquier caso de la versión del Estado español que las pruebas continuarán repitiéndose hasta que, al fin, el mecanismo de tránsito de mercancías quede abierto de forma definitiva.

Por el momento tampoco se han aclarado las condiciones que lo regirán. Es decir, si habrá limitaciones a la entrada y salida de determinados productos o en qué volumen se permitirá importación y exportación.

Más de tres años de negociaciones no han servido para conseguir que dos pequeños camiones, uno con electrodomésticos y otro con productos de higiene, atravesaran las fronteras españolas de Ceuta y Melilla en dirección a Marruecos esta última semana. La supuesta apertura de la aduana comercial en las ciudades autónomas norteafricanas mantiene en vilo a sus habitantes, especialmente a empresarios y políticos, molestos por las hipotéticas restricciones que pueda imponer el Ejecutivo marroquí y por la “opacidad” con la que el Gobierno español está tratando la cuestión.

Por el momento, Moncloa no ha llegado a aclarar si el paso abortado de los dos vehículos hacia el país vecino respondía a la entrada en funcionamiento del tan esperado espacio de tránsito de mercancías o era simplemente una nueva prueba como las ya realizadas en años previos.

Los hechos se precipitaron a finales de la pasada semana cuando la Delegación del Gobierno en Melilla empezó a contactar con empresarios anunciándoles la inminente apertura de la aduana. Ya en esos primeros instantes comenzaron a surgir voces preocupadas –incluidas las de colectivos empresariales y la del propio presidente de esa localidad, Juan José Imbroda–, por las condiciones en las que se abriría el paso, que parece incluirán importantes limitaciones en los productos que Marruecos permitirá llegar a su suelo.

Todo desembocó en el intento de que dos furgonetas atravesaran las fronteras del Beni Enzar (Melilla) y El Tarajal (Ceuta) el miércoles. Las trabas por parte de Marruecos fueron constantes. Primero, obligando a mover las cargas a otros vehículos de tipología distinta y después frenando durante horas los transportes en sus aduanas para finalmente darles la vuelta sin llegar siquiera a revisar lo que contenían en su interior.

Lo ocurrido es un duro golpe a las pretensiones españolas y a los anhelos de quienes viven en las ciudades autónomas, que no ha encontrado prácticamente explicaciones por parte de las respectivas delegaciones del Gobierno, a pesar de que las titulares de ambas, Sabrina Moh y Cristina Pérez, estuvieron presentes durante la jornada de marras en los dos pasos fronterizos.

“Es el Ministerio de Asuntos Exteriores quien confirmará oficialmente la apertura de esa aduana comercial. Hoy (por el miércoles) ha cruzado un camión con productos de higiene personal. No podemos asegurar si mañana habrá otra expedición comercial o no. Estos asuntos se gestionan entre Madrid y Rabat”, alcanzaron a señalar fuentes de la representación del Central en Ceuta a este medio antes de que se produjera el rechazo de las mercancías en la frontera marroquí.

Exteriores habla de “cuestiones técnicas”

A partir de ahí, el único miembro del Ejecutivo nacional que se ha pronunciado al respecto ha sido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y no así en ningún caso José Luis Albares, titular de Exteriores, de quien se esperaba una explicación detallada sobre las condiciones de la nueva aduana. “Lo que dejo claro es que el grado de cooperación y colaboración hispano-marroquí es manifiestamente importante, relevante y de la máxima lealtad y fiabilidad”, señaló el representante de Interior, quien achacó a “cuestiones técnicas que deben resolverse” el hecho de que los dos camiones fueran devueltos por el Reino Alauita.

Lo ocurrido este miércoles y la perspectiva de importantes restricciones en las aduanas de las ciudades autónomas preocupa especialmente al sector empresarial, que lleva años sufriendo los efectos de la ausencia de un canal de tránsito de productos con el país vecino. Si la pasada semana ya alzaba la voz la patronal melillense, la ceutí se ha pronunciado en las últimas horas en declaraciones a elDiario.es. “A nosotros no nos han informado de nada, nos pusimos en contacto con la Delegación y nos dijeron que cuando se produzca la apertura nos avisarían”, afea Arantxa Campos, dirigente de la Confederación Española de Empresarios (CEOE) en Ceuta.

Los empresarios entienden que la normativa que rija en los nuevos despachos de mercancías debe “ser la de cualquier otra frontera del mundo” y, en ese sentido, dicen no entender que “España esté preparando una normativa específica para la aduana de Ceuta o que Marruecos la imponga tanto en Ceuta como en Melilla”. Campos advierte de que el desarrollo de una regulación particular debe conllevar necesariamente un procedimiento en el que los empresarios puedan tomar parte “haciendo alegaciones”. A la vista de que “no se ha abierto” ninguna actuación que así lo indique, la patronal se mantiene en que la norma será igual que la que impera en el resto de aduanas.

Con todo, Campos se mantiene cautelosa y alude a la “falta de seguridad jurídica” respecto a los procedimientos que implican al país vecino. “Vemos el régimen de viajeros, cuyo uso está legislado y regulado en todas partes y que aquí en Ceuta no se aplica”, argumenta.

La “opacidad” de la que se quejan los representantes locales de la CEOE casa con el hecho de que solo dos empresarios fueran conocedores de que un camión con productos de higiene iba a tratar de cruzar a Marruecos este miércoles. Así lo han confirmado a este medio fuentes de una de las firmas, Vivera Atlántica, la que prestó el vehículo después de que el Gobierno Alauita considerara que las furgonetas en las que iba a hacerse no cumplían con los requisitos.

El PP pide “transparencia”

No solo los empresarios parecen molestos con el modo en que el Ejecutivo nacional está llevando la puesta en marcha de la aduana ceutí y la reapertura de la de Melilla. El diputado del PP Javier Celaya pidió este jueves “claridad y transparencia al PSOE sobre las negociaciones que se están llevando a cabo con Marruecos”. Habla el representante popular de “confusión total” en lo que rodea a las aduanas y considera que “la prosperidad de Ceuta no puede depender de Rabat”.

A ese mismo argumentario se ha acogido la administración local, también en manos del PP. Los consejeros Nicola Cecchi y Alejandro Ramírez se pronunciaron en los últimos días asegurando que “el futuro económico de la localidad no puede depender de la aduana comercial” y pidieron cautela hasta conocer las condiciones que tendrá el paso de productos entre países para después hacer un análisis a mayores, “escuchando a todas las voces implicadas”.

Mientras, la ciudad de Ceuta respira preocupada. Dueños de negocios locales llevan años recalcando la importancia que tendría para ellos la apertura de la aduana. En ella ven la esperanza de que la ciudad recupere el pulso que perdió cuando se frenó el caótico sistema de porteo, que alimentaba una ciudad llena de bazares y de naves en el polígono fronterizo donde se comerciaba sin mayor regulación con mercancías de todo tipo. De momento, solo les queda la espera, hasta que bien el ministro de Asuntos Exteriores u otro representante del Gobierno de España acabe de aclarar qué será de la gran promesa que a día de hoy siguen siendo las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla.

La crisis interna en el seno de Vox Ceuta tomó cuerpo este martes después de que quien fuera portavoz y cara visible de la formación deslizase que durante la anterior legislatura un uso opaco de las cuentas del partido. El polémico Carlos Verdejo, todavía diputado y parte del grupo parlamentario en este mandato, aunque ya no afiliado, ofreció una comparecencia ante los medios de comunicación en la que cargó duramente contra el actual líder de la formación en la ciudad autónoma, Juan Sergio Redondo, a quien vino a ligar con “comportamientos propios de un chiringuito”. 

El ex portavoz había presentado su baja como afiliado días atrás y se sentó en la sala de prensa de la Asamblea dispuesto a explicar en profundidad las luchas surgidas en el seno de la organización. Iba acompañado de una abultada carpeta en la que dijo tener parte de las cuentas del partido: “Si Redondo quiere las hago públicas esta misma mañana”, amenazó el diputado, quién admitió haber firmado algunas y conocer su contenido únicamente por lo que le ha facilitado la Intervención municipal. 

“No creo que haya nada ilegal. Si tuviera algún indicio de que eso ocurre así, me voy al juzgado. Creo que esas cuentas no son éticas”, aseguró seguidamente sobre algunas de las “prácticas” y “comportamientos organizados” dentro del partido con los que no está de acuerdo y que “no han cesado pese a que se ha intentado”.

En esta línea, cuestiona que puedan existir gastos de hasta 2.500 euros sin justificación y defiende que él siempre ha abogado por la total transparencia. “Las bases por las que se tiene que justificar este dinero son una vergüenza, porque permiten con facilidad ocultar pagos y realidades por debajo de los 2.500 euros a todos”, reveló, antes de disculparse por no haber sido consciente con anterioridad de ello. 

Y si bien ha indicado que “se omiten detalles muy importantes de conocer”, el miembro de Vox ha querido dejar claro que “jamás” ha accedido a la cuenta bancaria del partido ni ha tenido siquiera las claves para operar de ella. 

“Nunca es tarde, como acostumbro, para pedir papeles, como he hecho con infinidad de chiringuitos”, ha sostenido, antes de asociar al líder del partido en Ceuta y a algunas de sus personas de confianza con comportamientos “propios de un chiringuito”. Con todo, Verdejo evitó extender el calificativo al partido o al grupo parlamentario. 

El “boicot” del equipo y los apoyos en la sombra

Para él se ha producido una suerte de “boicot” contra su figura y contra otros miembros del partido en la Ciudad, cuyo origen está en las voluntades de Juan Sergio Redondo. Un sabotaje en el que habrían participado las asesoras personales del presidente del grupo, la responsable de comunicación, Virginia Saura, la de afiliación, Romina Reyes, y el coordinador del Grupo Parlamentario y también asesor de la formación, David Romero, siempre “siguiendo a rajatabla” los designios de Redondo.

Como ejemplos, se ha referido al rechazo de una de sus propuestas en Pleno y el olvido de otra para finalmente encontrarse con un nuevo protocolo que “aparece misteriosamente” y por el cuál no puede presentar su tercera idea por estar “fuera de plazo”. Del mismo modo, ha indicado, que se le “han ocultado peticiones de entrevistas”. 

Desavenencias que ya se perfilaban entre rumores desde que tras las elecciones recurriese a las redes sociales para publicar que la pérdida de su portavocía, que le había llevado a protagonizar llamativos titulares en medios de comunicación, no había sido un cambio voluntario. Mucho menos consensuado. 

Hace escasos días volvía a recurrir a su perfil personal para llevar la contraria a Redondo a colación de una nota de prensa del partido en la que el presidente achacaba la responsabilidad de los problemas de convivencia entre vecinos y menores extranjeros no acompañados a la jefa del área de menores, la ex secretaria del PSOE Toñi Palomo. 

Resultó que, tal y como parecía, la comunicación entre Redondo y Verdejo no fluía desde hacía tiempo. El ex portavoz no ha tenido reparos en señalar cómo hace ya más de dos meses que recibió un mensaje de su presidente para solicitarse que se “abstuviera” de mandarle correos electrónicos o WhatsApps. Un aviso que le ha retado a publicar. 

Como colofón, ha deslizado que no solo no está aislado en el Grupo Parlamentario, sino que cuenta con apoyos a nivel nacional y ha citado a Santiago Abascal con aquella famosa frase de “a las personas que cambian sus principios, que las echen a la hoguera”, para reafirmarse en que “Vox se queda a la izquierda de Carlos Verdejo”.

Yolanda Bel, secretaria general del Partido Popular de Ceuta, ha presentado por sorpresa su dimisión en una comparecencia en la tarde de este martes. En ella ha estado acompañada por el presidente regional, Juan Vivas, quien ha dicho no compartir la decisión, que ésta aseguró hasta en una decena de ocasiones tomar por motivos personales: “No le busquen mayor doblez, que no la van a encontrar”, apostilló dirigiéndose a los medios de comunicación. 

Bel llevaba en el cargo doce años. Ya hace nueve, en 2015, había dejado sus responsabilidades en el Gobierno de la Ciudad, manteniendo únicamente sus funciones orgánicas en el partido. Meses atrás, según recordó en su intervención de despedida, ya había sembrado dudas sobre su continuidad al frente del PP ceutí. Ahora su marcha se ha consumado debido a “motivos personales” que requieren de su “atención y dedicación”. 

Vivas no escatimó en elogios hacia su figura, dijo respetar la decisión y confió en que solo se trate de un “hasta luego”, algo que, aunque no de forma directa, pareció descartar Bel, mostrándose segura de que en el partido, “el que más afiliados tiene en la ciudad, hay mucha gente preparada” para asumir el reto. 

El presidente autonómico reconoció seguidamente que ya tiene “una idea en la cabeza”, pero rechazó avanzarla. “Si es posible, esta misma semana lo comunicaremos tras la reunión preceptiva del Comité”, zanjó

El Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Ceuta considera que el método de la devolución en caliente -que actualmente se aplica a ciudadanos marroquíes que entran ilegalmente en la ciudad- no puede emplearse en el caso de los migrantes que llegan a nado a las ciudades autónomas. Una sentencia del pasado cuatro de septiembre a la que ha tenido acceso elDiario.es apunta de forma clara que solo se puede repatriar de forma inmediata cuando la persona implicada trate de flanquear “vallas, muros o barreras”, esto es “en el perímetro fronterizo o sus alrededores”. Contra la decisión del juez cabe recurso de apelación y, en tanto no sea firme, la Guardia Civil tiene previsto mantener las entregas inmediatas a Marruecos.

Además de la sentencia anteriormente citada, de hace apenas dos semanas, otra del mes de enero rubricada por el mismo magistrado, Antonio Severo Castro, ya entraba a valorar esta cuestión. Sin embargo, en aquel caso, la resolución se centra en el hecho de que al recurrente no se le realizó el expediente administrativo de devolución que es preceptivo. Todo ello a pesar de ser interceptado en el Sarchal en compañía de otros siete migrantes, dos de ellos marroquíes mayores de edad con los que sí se siguieron los trámites.

Mucho más clara queda la postura del juez en el reciente fallo del pasado 4 de septiembre, que se refiere a la devolución inmediata de una persona que fue detenida el catorce de noviembre de 2023 cuando buscaba llegar a nado a suelo ceutí por la Bahía Sur. Considera el juez que el “rechazo en la frontera” que contempla la Ley Orgánica para situaciones conocidas como “salto de valla” y, por tanto, su fin es “restablecer inmediatamente la legalidad transgredida por el intento por parte de las personas extranjeras de cruzar irregularmente esa concreta frontera terrestre”.

Este fallo llega en un contexto complejo, de fuerte presión migratoria al otro lado de la línea fronteriza de Ceuta. Allí, en la localidad de Castillejos, numerosos grupos de personas con diversos orígenes -procedentes de países subsaharianos, de Argelia, pero también del propio reino alauita- tratan de cruzar hacia España desde el domingo, tras un llamamiento en redes sociales. Por el momento la Policía marroquí ha conseguido repeler todos los intentos generando una batalla campal con centenares de detenidos. A la par, un dispositivo reforzado de la Guardia Civil sigue desplegado en el Tarajal para hacer frente a cualquier contingencia, sin haber tenido que intervenir, por ahora.

Las ONG celebran las sentencias, pero la Guardia Civil seguirá devolviendo

La decisión del juzgado ceutí pone en jaque la actual política de devoluciones en caliente -en ambas ciudades autónomas-, estimando los dos recursos mencionados con anterioridad. Sin embargo, según confirman a este medio fuentes oficiales de la Guardia Civil, el sistema actual -que en Ceuta y Melilla rechaza de forma inmediata a todos los ciudadanos marroquíes mayores de edad interceptados intentando el pase irregular- se mantendrá “hasta que la resolución sea firme”.

Por su parte, las tres asociaciones que han representado a los afectados en ambos casos, Coordinadora de Barrios, No Name Kitchen y el Servicio Jesuita a Migrantes, han celebrado el fallo del Contencioso, recordando que “el control de fronteras es una responsabilidad del estado que debe ejercerse con pleno respeto a los derechos humanos”.

En este sentido, Javier Baeza, presidente de la Coordinadora de Barrios, ha puesto de relieve su preocupación por que cada vez sean “más frecuentes” las prácticas dirigidas “a cercenar derechos de las personas migrantes”. “Esta sentencia es un paso fundamental para la lucha por los derechos humanos”, agrega Francesca Fusaro, de No Name Kitchen, quien acusa a las autoridades de “poner en riesgo la vida de miles de personas en el mar”.

Fuerte presión migratoria: la Ciudad ve “malintención”

Este martes se suma al tablero de la cuestión migratoria otro actor, la Administración local, preocupada especialmente por la sobreocupación de sus espacios de tutela para menores y por las convocatorias de tentativas de pases masivos a través de redes sociales.

A pesar de que la tensión en la frontera se ha quedado en el lado marroquí, los intentos de pase han comenzado a perturbar al portavoz del gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Alejandro Ramírez, quien ha asegurado en la mañana de este martes que el llamamiento efectuado en redes sociales “no es espontáneo”, sino que responde a una “cierta malintención”.

Si bien ha calificado como “bastante contundente” la respuesta tanto de Marruecos como de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado español ante los intentos de traspasar el perímetro fronterizo, Ramírez considera “que esto que está ocurriendo al final es un intento de generar un clima en el de tensión, de confrontación, de buscar una perturbación del orden”.

Desconoce, ha admitido, quién está detrás de los vídeos y mensajes que a través de redes sociales invitan a los marroquíes -especialmente a los más jóvenes- a tratar de alcanzar suelo español, pero tiene fe en que los servicios de inteligencia de sendos países puedan dilucidar esta cuestión.

Sobre la posibilidad de un nuevo movimiento de personas dispuestas a cruzar la frontera de manera ilegal convocado supuestamente para el 30 de este mismo mes, el portavoz del Gobierno ceutí espera que el despliegue de seguridad sea, como mínimo, “similar” al del pasado día 15, cuando se logró contener a cientos de magrebíes y subsaharianos antes de que lograses penetrar en el perímetro.

Mientras tanto, la cuestión de los menores y su reubicación en otras comunidades sigue sobre la mesa. El Ejecutivo ha admitido estar con la soga al cuello debido a la sobresaturación de sus centros de acogida, en los que los jóvenes quintuplican su aforo, lo que “pone en riesgo la sostenibilidad financiera” de la Ciudad.

La administración ponía como fecha límite el final de este mes para poder mantener su atención en condiciones óptimas; ahora, a menos de dos semanas de alcanzar ese plazo y sin un plan económico claro para reconducir la situación -entre las opciones barajadas está una reordenación de recursos o un expediente de condición de crédito - los ceutíes solo pueden esperar que el Gobierno Central atienda su petición de auxilio. “Estamos convencidos de que va a responder no solo desde el punto de vista presupuestario, sino también intercediendo con las comunidades para llevar a cabo un reparto”, ha valorado.

Un llamamiento a través de redes sociales a la entrada coordinada de miles de personas a Ceuta ponía este domingo en alerta a la fronteriza ciudad autónoma. Pero no a toda. Sus vecinos mantenían rutinas y calma mientras cientos de personas se arremolinaban en el lado marroquí, en la localidad de Castillejos, enfrentándose a un fuerte despliegue policial que consiguió frenar todas las intentonas.

Ninguna persona logró entrar en Ceuta y los agentes españoles, reforzados en número y medios ante el aviso, no tuvieron que intervenir, según fuentes del Instituto Armado. Se mantuvieron alerta y cerraron la frontera de manera intermitente el Tarajal cuando algún grupo se aproximaba al vallado. “Hemos vivido casos similares con subsaharianos, pero esta vez había de todo”, apuntan los que estuvieron allí, haciendo referencia a la presencia también de numerosos marroquíes y argelinos, muchos de ellos menores de edad.

La amenaza virtual se concretó en varias tentativas de pase, que los miembros de la Guardia Civil no se atreven a enumerar. “Hubo mucha presión, pero el lado marroquí actuó y consiguieron salvar la papeleta. Las situaciones se dieron tanto por la mañana, como por la tarde y por supuesto de noche”, explican las fuentes consultadas por elDiario.es.

El resultado: cero entradas consumadas, pero un importante desgaste de medios, compensado por el refuerzo enviado por el Gobierno central. Un despliegue que se mantendrá, como es habitual, “hasta que se calme la situación”-

“Contamos con miembros de la GRS (Agrupación de Reserva y Seguridad), embarcaciones y helicóptero. Eso nos ha permitido ir cubriendo las necesidades”, añaden los agentes, que atestiguan que desde la salida del sol hasta las diez de la mañana de este lunes no se habían producido nuevos intentos. Sin embargo, pocos minutos antes de las once las fuerzas marroquíes habrían interceptado a un pequeño grupo de bañistas tratando de pasar a través del espigón.

Coincide en esa versión -la de un parón en las tentativas- la Delegación del Gobierno, representada durante todo el domingo en el puesto fronterizo por su titular, Cristina Pérez, quien a su vez mantuvo contacto “permanente con Madrid” para valorar medidas en función de cómo se desarrollara la jornada.

Ceuta únicamente se vio afectada por cierres intermitentes del Tarajal, una pequeña molestia añadida -ya que “no duraron más de diez minutos”- para quienes pretendían cruzar en cualquiera de los sentidos, máxime coincidiendo con la vuelta de vacaciones de mediados de septiembre.

En las calles de la localidad se respiraba normalidad, tanto durante el domingo, como en la mañana de este lunes, dejando una ciudad a dos velocidades. Calma tensa en la divisoria con el país vecino, rutina en barriadas y centro, donde nadie vio alterada su vida -condicionada de por sí permanentemente por la problemática fronteriza-, acudiendo a supermercados y establecimientos hosteleros como de costumbre.

En esa Ceuta tranquila también vivieron los agentes de la Policía Nacional. Fuentes del cuerpo explican que se mantuvieron atentos por si se necesitaba de su intervención, pero destacan que ese escenario estuvo lejos de suceder: “Teníamos preparados los posibles despliegues en caso de salto, pero todo ha pasado allí, en Marruecos, y mayoritariamente lejos del puesto fronterizo. De momento no nos ha afectado”.

En contraposición, la localidad de Castillejos se convirtió en epicentro de una batalla campal entre policía y candidatos a la inmigración, alentados por mensajes virales que calan especialmente entre los más jóvenes. Disturbios, violencia y trágicas imágenes de madres persiguiendo a sus hijos hasta el agua para evitar el peligroso trayecto a nado a través del espigón copaban las portadas de los medios locales y las retinas de los marroquíes en las últimas horas.

Los menores

Muchos de quienes intentaron llegar a Ceuta este fin de semana eran menores. Según la ciudad autónoma, la mayoría de niños y adolescentes que ya han llegado tienen estudios. Llegan aprovechando las noches de niebla para despistar a las autoridades que guardan la frontera o las convocatorias masivas para ejecutarlo. La de ayer fue una de ellas.

Con 25 nuevas llegadas en el mes de septiembre, según han confirmado fuentes del gobierno de la Ciudad Autónoma, Ceuta cuenta en este momento con 523 niños y jóvenes migrantes no acompañados acogidos, un 496% por encima de su límite.En Ceuta, el Gobierno local trata de “no dar publicidad” a los traslados de los jóvenes migrantes a la península para evitar generar una suerte de “efecto llamada”.

El aumento de llegadas de menores en Ceuta se ha producido de manera paulatina desde principios de año y se ha disparado en agosto con la llegada de 318 menores más. La saturación de los centros de acogida imposibilita garantizar una correcta atención a los menores, según reconocen desde la propia área de menores.

Desde enero a mediados de septiembre han sido 785 los migrantes que, sin superar los 18 años, han cruzado de manera ilegal a Ceuta. El dato contrasta poderosamente con los 196 -589 menos- que lograron el pase en 2023, triplicándose de este modo la cifra de ingresos.