El regreso de los aranceles, la rivalidad entre Estados Unidos y China, la guerra en Oriente Medio y una economía cada vez más condicionada por la geopolítica dibujan un escenario de incertidumbre global. Kevin O’Rourke, historiador económico, investigador del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) en Francia, y profesor en Sciences Po, sostiene que no estamos simplemente ante una nueva fase de desglobalización, sino ante una etapa de “fragmentación geopolítica” que pone en cuestión las bases del orden económico internacional surgido tras el final de la Guerra Fría.

O'Rourke, de visita en Madrid invitado por la Fundación Ramón Areces y la Universidad Carlos III, advierte de que la volatilidad impulsada por Donald Trump, el debilitamiento de las reglas multilaterales y la formación de bloques rivales pueden dañar el crecimiento y agravar las tensiones internacionales. Frente a ese escenario, defiende que la Unión Europea debe abandonar cualquier sensación de impotencia, actuar con mayor autonomía política y estratégica y reforzar su mercado interior, su transición energética y su capacidad para defender sus propios intereses. “No tenemos alternativa”, resume en una entrevista con elDiario.es.

Entre la guerra con Irán, la invasión rusa de Ucrania, la rivalidad entre Estados Unidos y China y el regreso de los aranceles, ¿estamos entrando en una nueva era de desglobalización?

Lo que estamos viviendo es una etapa de fragmentación geopolítica. La globalización siempre ha estado profundamente condicionada por la geopolítica. La fase de globalización que hemos conocido surgió tras el final de la Guerra Fría y la apertura de China a la economía mundial. Por eso tiene sentido que el regreso de guerras frías y guerras abiertas nos empuje en la dirección contraria.

Donald Trump ha situado los aranceles en el centro de su agenda económica. ¿Es una estrategia eficaz o una receta con más costes que beneficios?

Al principio parecía funcionar, porque todo el mundo le tenía miedo. Ahora la gente se ha acostumbrado a él y ya no intimida de la misma manera. Además, el Tribunal Supremo ha declarado ilegales sus políticas arancelarias. Así que está perdiendo capacidad de presión a través de esas amenazas, y eso es una buena noticia.

¿Cómo debe comportarse Europa ante Trump?

Debemos preocuparnos cuando una gran potencia, y además un aliado tradicional profundamente entrelazado con nuestras economías, está gobernada por alguien así. Pero Europa no es pequeña y debe dejar de comportarse como si fuera importante. Muchos de nuestros países lo son individualmente, pero en conjunto somos tan grandes como Estados Unidos. Podemos defender nuestros intereses. El verdadero peligro sería convencernos de que somos impotentes. Eso sí sería una profecía autocumplida: nos debilitaríamos y entonces sí podrían intimidarnos.

¿Debe la Unión Europea actuar más claramente como bloque y como poder autónomo?

No tenemos alternativa. Dudo mucho que hoy muchos europeos crean que Trump acudiría automáticamente en nuestra ayuda si Rusia atacara Suecia o los Estados bálticos. Si las garantías de la OTAN ya no son seguras, Europa tiene que valerse por sí misma. Eso significa actuar unidos en política, seguridad y estrategia. Ya lo hacemos en comercio, donde somos potencialmente un bloque muy poderoso. Es el único camino realista.

¿Qué impacto tienen las declaraciones de Trump sobre los mercados y las expectativas?

Ha introducido una enorme volatilidad e incertidumbre en el sistema global. Hay incertidumbre sobre el precio del petróleo, la política comercial y la evolución geopolítica. Puede que no sepamos si los aranceles o la energía subirán o bajarán, pero sí sabemos que la incertidumbre en sí misma daña la inversión. Y eso perjudica el crecimiento, el empleo y la creación de puestos de trabajo.

Ya ha hecho un daño considerable a la economía mundial. Y, sumado a las tensiones en el Golfo, eso genera tanto un shock de demanda como un shock de oferta. En resumen: ha creado un gran problema.

¿La guerra con Irán es también una guerra económica?

Es, ante todo, una guerra política. Pero Irán intenta defenderse del único modo que puede: generando la mayor disrupción económica posible para forzar a Estados Unidos a retroceder. En ese sentido, sí se ha convertido también en una guerra económica.

Avanzamos hacia un mundo multipolar y eso puede ser peligroso. Los últimos grandes periodos multipolares fueron los años previos a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. Sabemos cómo terminaron.

El enfrentamiento entre Washington y Pekín ya no es solo comercial, también es tecnológico y estratégico. ¿Estamos ante una nueva Guerra Fría?

Creo que avanzamos hacia un mundo multipolar, no simplemente bipolar. No están solo Estados Unidos y China. También está Europa, que será cada vez más autónoma; India; y grandes actores en América Latina, el sudeste asiático e incluso, en el futuro, África.

Eso puede ser peligroso. Los últimos grandes periodos multipolares fueron los años previos a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. Sabemos cómo terminaron.

En este nuevo escenario, ¿la Unión Europea actúa como un actor geopolítico con voz propia?

No tanto como debería. Con demasiada frecuencia Europa es ignorada, considerada irrelevante o vista como hipócrita, especialmente por países de lo que antes se llamaba el Sur Global. Escuchan nuestro discurso sobre el derecho internacional, pero también observan cuando no lo aplicamos a nosotros mismos. Si Europa quiere ser tomada en serio, tiene que alinear sus actos con sus principios.

¿Cómo debería responder Bruselas al auge del proteccionismo?

Se puede debatir razonablemente si Europa debe responder con represalias a los aranceles de Trump. Pero lo que desde luego no debería hacer es premiar comportamientos ilegales.

Más allá de eso, la UE debe reforzar su mercado interior y ampliar alianzas. Pero también regular la tecnología y los sectores estratégicos de acuerdo con sus propios valores democráticos y sociales, sin dejarse intimidar por posibles represalias de Washington. Quizás esa sea la mejor respuesta: gobernarnos según nuestras propias prioridades.

El acuerdo entre la UE y Mercosur genera divisiones internas. ¿Es una oportunidad estratégica o llega demasiado tarde?

En conjunto, creo que probablemente es positivo, aunque más por razones geopolíticas que estrictamente económicas. Por supuesto, tiene costes políticos, especialmente por la oposición de determinados sectores agrícolas. Todo acuerdo comercial obliga a equilibrar beneficios económicos y resistencias internas. Aun así, mi valoración sería moderadamente favorable.

"España lidera la transición energética, Trump lo detesta y es estrátegico para la UE"

¿Qué papel puede jugar España en este contexto?

España puede seguir liderando la transición energética, algo que Trump claramente detesta. A largo plazo, eso es estratégicamente crucial para Europa, no solo por la crisis climática, sino porque reduce nuestra dependencia de los mercados energéticos internacionales, de Rusia, de Estados Unidos y del Golfo.

¿Qué opinión le merece la posición de Pedro Sánchez en estos conflictos?

Creo que expresó lo que piensan muchos europeos corrientes cuando condenó la guerra con Irán. En un momento en el que la respuesta europea fue fragmentada y confusa, ayudó a articular una posición alternativa. Lo ideal habría sido que el Consejo Europeo coordinara una respuesta común antes de que algunos líderes hablaran por su cuenta.

Mirando la historia económica, ¿cuál es el principal error que corremos el riesgo de repetir?

El mayor peligro es la fragmentación de la economía mundial en bloques políticos rivales, como ocurrió en los años treinta. Aquella fragmentación no solo reflejó las tensiones políticas de la época: también las agravó. Por eso siguen siendo tan importantes los principios básicos del sistema multilateral de comercio, especialmente la no discriminación. Europa debería liderar su defensa.

Los problemas de salud mental relacionados con el empleo siguen prácticamente fuera de las estadísticas oficiales según el análisis de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales presentado por Comisiones Obreras (CCOO). Tal y como apunta el informe, en 2025 se registraron en España más de 600.000 bajas laborales vinculadas a problemas psicológicos, pero solo 203 casos se reconocieron como de origen profesional.

Para el sindicato, es una “carencia del sistema” que los riesgos derivados del trabajo siguen sin reflejarse en la prevención ni en la protección de las personas trabajadoras. “Cuando se habla de absentismo, lo que se ignora sistemáticamente son las condiciones que hay detrás”, ha advertido el secretario general del sindicato, Unai Sordo.

El análisis, con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, también llama a no sacar conclusiones erroneas de la bajada general de accidentes laborales. Aunque en 2025 descendieron tanto los accidentes con baja como los mortales, CCOO considera que esa mejora no se explica por una prevención más eficaz en las empresas, sino por el tipo de empleo que se está creando y por una mayor estabilidad en la contratación.

Menos accidentes, pero no por una mejor prevención

Durante el año pasado se registraron 620.386 accidentes de trabajo con baja, un 1,9% menos que en 2024. Los accidentes mortales bajaron un 9,6%, hasta 735 fallecimientos, el dato más bajo del siglo tal y como destacó la organización.

Sin embargo, los responsables sindicales insistien en que esa evolución no significa que las empresas estén mejorando en prevención. Según el informe, entre 2019 y 2025 el empleo aumentó con más fuerza en sectores con menores índices de siniestralidad. “No están bajando los accidentes porque se hagan mejor las cosas, sino porque se crea más empleo en actividades con menos riesgo y porque hay menos rotación laboral”, resumió Sordo.

Además, añaden que la reducción de la temporalidad también habría ayudado a reducir accidentes. En 2025 se firmaron siete millones menos de contratos que en 2019, pese a que hay más personas asalariadas. Para CCOO, una mayor estabilidad permite acumular experiencia y conocer mejor los riesgos del puesto de trabajo.

La salud mental gana peso en el trabajo

Junto a la mejora en los datos generales, el sindicato ha alertado de otros problemas menos visibles. La digitalización, la presión en los ritmos de trabajo, los sistemas de control, los horarios imprevisibles o las dificultades para conciliar están afectando a la salud mental de muchas plantillas. “Desde hace 30 años el trabajo ha cambiado por completo y la prevención no se ha actualizado al mismo ritmo”, señaló el secretario confederal de Salud Laboral y Medioambiente, Mariano Sanz.

Sordo inisitió en que distintos estudios sitúan las condiciones laborales entre los factores que más influyen en la salud mental. Según los datos citados por el dirigente sindical, el 43% de los problemas de salud mental guardan relación con el trabajo, una proporción que sube al 49% en el caso de las mujeres.

Enfermedades profesionales invisibles

La denuncia de CCOO se extiende al conjunto de las enfermedades profesionales. En 2025 se comunicaron 30.713 casos, una cifra que el sindicato considera muy inferior a la real. La mayoría de los reconocimientos corresponden a trastornos musculoesqueléticos, mientras otras dolencias siguen pasando desapercibidas.

El ejemplo más claro para la organización es el cáncer laboral. En todo 2025 solo se notificaron 119 partes por esta causa y únicamente 35 acabaron en una baja. Frente a ello, CCOO maneja estimaciones de unas 16.000 personas enfermas y cerca de 6.000 muertes anuales por tumores de origen profesional. “Hay trabajadores que mueren por enfermedades causadas por su empleo y figuran en las estadísticas como si hubieran aparecido porque sí”, denunció Sordo.

Quién corre más riesgo en el trabajo

El informe también destaca que los accidentes laborales no afectan igual a toda la población trabajadora. Los trabajadores manuales multiplican por casi 500 la incidencia respecto a ocupaciones técnicas, un dato que Sanz resumió así: “La siniestralidad es una cuestión de clase”.

También persiste una diferencia por sexo. El 70% de los accidentes con baja y el 93% de los mortales afectan a hombres, concentrados en sectores masculinizados. En cambio, los accidentes in itinere, los que ocurren en los desplazamientos al trabajo, son mayoritariamente femeninos, con un 54% de los casos. El sindicato relaciona este dato con la carga de cuidados y la doble jornada.

La nacionalidad también influye. Según los datos expuestos por CCOO, las personas trabajadoras extranjeras registran tasas de accidente superiores a las de la población española, especialmente por su presencia en actividades de mayor riesgo y por una situación más vulnerable a la hora de reclamar medidas de seguridad.

“Incumplir las normas laborales sale gratis”

La construcción sigue siendo uno de los sectores más preocupantes tal y como plantea el análisis de las estadísticas. Sordo la definió como “un agujero negro” de la mortalidad laboral, al mantenerse una relación directa entre más actividad y más accidentes graves. A ello se suma el envejecimiento de la plantilla, que está aumentando problemas de salud como infartos o ictus.

Durante la comparecencia, CCOO reclamó al Gobierno que desbloquee la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y apruebe cuanto antes las normas pendientes sobre riesgos psicosociales y fenómenos climáticos extremos. Sanz advirtió de que muchas empresas siguen sin contar con protocolos frente a las altas temperaturas y criticó la falta de controles públicos. “Incumplir las normas laborales sale gratis”, afirmó.

El sindicato también pidió más Inspección de Trabajo, menos externalización de la prevención, un registro estatal de empresas y trabajadores expuestos a sustancias químicas y cambios en el sistema de mutuas para evitar conflictos de intereses en el reconocimiento de enfermedades profesionales. “Trabajar sí, pero enfermar no” concluye Mariano Sanz.

La guerra entre Estados Unidos e Irán, iniciada el pasado 28 de febrero, ha tensionado las bolsas de todo el mundo en medio de una fuerte crisis energética, provocada por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el encarecimiento del petróleo. La tregua anunciada este miércoles por Donald Trump ha impulsado una recuperación de los mercados tras semanas marcadas por caídas, volatilidad y miedo a una recesión global.

Los expertos coinciden en que la reacción de las bolsas refleja más un alivio puntual que un cambio de escenario. Sin embargo, advierten de que el conflicto y, sobre todo, la evolución del precio del petróleo seguirán condicionando la economía global. “La inestabilidad no terminará hasta que termine la guerra”, resume el economista israelí Joseph Zeira, profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén.

El petróleo como detonante de la crisis

Desde el inicio del conflicto, las bolsas han caído con fuerza en todo el mundo, como puede verse en el siguiente gráfico. El S&P 500 ha llegado a ceder más de un 7%, el Nasdaq cerca de un 10% y el Dow Jones alrededor de un 6%. Mientras en Europa el EuroStoxx bajó un 5% y en España el IBEX 35 registró en marzo su peor mes desde 2022, con una caída superior al 7%. En Asia, el impacto ha sido aún más severo, con el Nikkei japonés desplomándose más de un 13%. Y en el caso de la bolsa israelí, el TA-35 rozó el 9%.

Para los analistas, el principal canal de transmisión ha sido la energía. El encarecimiento del petróleo, impulsado por la tensión en el estrecho de Ormuz por donde transita cerca de una quinta parte del suministro mundial, ha actuado como un shock de oferta negativo sobre la economía global.

“El petróleo funciona como un impuesto indirecto: eleva los costes de producción y transporte, reduce márgenes empresariales y frena el crecimiento”, explica Manuel Pinto, analista de mercados en XTB. Este impacto se extiende más allá del crudo, afectando a cadenas industriales y materias primas estratégicas, desde fertilizantes hasta semiconductores, y reforzando las presiones inflacionistas.

Como consecuencia, el barril de Brent pasó de cotizar en torno a los 73 dólares a superar los 116, alimentando el riesgo de un escenario de bajo crecimiento con inflación elevada, añade.

¿Qué ha cambiado tras el alto al fuego?

El mercado ha reaccionado a cada anuncio de desescalada. En esta ocasión, el precio del Brent ha caído más de un 13%, situándose por debajo de los 100 dólares, mientras las bolsas han registrado subidas generalizadas.

El mercado israelí ha liderado el repunte, con un avance acumulado cercano al 18% desde los mínimos recientes. Le sigue Japón, con repuntes en torno al 13%, mientras que Europa registra subidas más moderadas, cercanas al 2%. En España, el IBEX 35 acumula un avance del 4,6% en este mismo periodo.

Con la caída del precio del petróleo, las bolsas han reaccionado con fuerza. Según Pinto, este giro refleja un cambio de dinámica: las economías importadoras de energía, como Europa o Asia, son las más beneficiadas cuando baja el crudo, mientras que Estados Unidos pierde parte de su ventaja como exportador.

Aun así, el patrón se repite: subidas rápidas tras noticias positivas y caídas cuando no se confirman avances. El experto esloveno Rok Spruk lo resume así: “los mercados tratan estas noticias como impactos de corta duración, cuya relevancia depende de su credibilidad”.

Israel: mercados fuertes, economía débil

El caso de Israel se diferencia al resto, aunque la mayoría de mercados reaccionaron inicialmente con caídas, el TA-35 mostró fortaleza tras el inicio del conflicto, corrigió posteriormente con la escalada y ahora lidera el repunte con un 18%. Para Spruk, este comportamiento refleja la “resiliencia estructural” de la economía israelí, apoyada en sectores de alto valor añadido. Sin embargo, el diagnóstico macroeconómico es mucho más negativo.

“Desde octubre de 2023, la economía israelí está en una recesión severa”, advierte Joseph Zeira, quien señala que el PIB empresarial ha caído un 8% y la inversión cerca de un 20%. El desplome del turismo y el aumento del gasto militar, financiado en gran parte con deuda, agravan el deterioro. “La economía real no refleja la aparente estabilidad de los mercados financieros” defiende.

La política marca el paso

Durante todo el conflicto, la volatilidad ha estado estrechamente ligada a la evolución política. Cada declaración tenido un impacto en los mercados en una u otra dirección. Las palabras de Trump han actuado como catalizador, como apuntan los analistas, generando movimientos bruscos en función de las expectativas de escalada o desescalada. “Esto refuerza la idea de que los inversores están reaccionando más a expectativas que a cambios reales en la economía” sostienen.

Pinto apunta a un patrón recurrente: subidas impulsadas por el optimismo seguidas de correcciones ante la falta de confirmación. Desde una perspectiva académica, el experto en macroeconomía Spruk matiza este comportamiento: “Los mercados tratan las declaraciones políticas como shocks informativos de corta duración”, explica, señalando que su impacto depende de si se perciben como creíbles y viables.

Ganadores y perdedores

El conflicto ha dibujado un mapa de ganadores y perdedores. El sector energético ha sido el principal beneficiado durante la subida del petróleo. En España, Repsol destacó con fuertes alzas en marzo, mientras que a nivel internacional grandes petroleras estadounidenses como ExxonMobil y Chevron se vieron impulsadas por el encarecimiento del crudo.

El sector de defensa también reaccionó con fuerza al inicio del conflicto, con alzas en compañías estadounidenses como Northrop Grumman o General Dynamics, que llegaron a subir más de un 6% y algo más de un 1% a principios de marzo. Aunque parte de esas ganancias se corrigieron posteriormente con la desescalada. Lockheed Martin, por su parte, llegó a rozar máximos históricos: en torno a los 670 dólares y subidas superiores al 60%.

Uno de los casos más destacados es el de la israelí Elbit Systems, cuyas acciones han subido más de un 23% desde finales de febrero, impulsadas además por un récord en su cartera de pedidos superior a 28.000 millones de dólares.

En el sector tecnológico, las empresas vinculadas al ámbito militar fueron las primeras en registrar subidas iniciales. Palantir Technologies llegó a ganar casi un 6% en los primeros días y acumuló un alza del 12%. Sin embargo, el escenario cambió cuando Irán señaló como posibles objetivos a grandes tecnológicas como Apple, Microsoft, Google, Meta, IBM, Intel o Tesla, lo que provocó caídas generalizadas. Con el alto el fuego, el sector ha recuperado parte del terreno perdido.

Por el contrario, sectores como el turismo, la automoción han sido los más perjudicados, afectados por el aumento de costes y la incertidumbre global. Este comportamiento refuerza la idea de que el mercado ha reaccionado principalmente al impacto de la energía más que a un deterioro estructural del crecimiento global, tal y como señalan los expertos.

¿Shock temporal o riesgo estructural?

La gran incógnita es si el conflicto dejará una huella duradera en la economía global o si se trata de un episodio transitorio. Spruk considera que, por ahora, los mercados lo están valorando como un “shock extremo pero contenido”, es decir, un riesgo que se mantiene pero con baja probabilidad de alterar de forma permanente la arquitectura financiera global.

Pinto sostiene que el escenario base sigue siendo relativamente constructivo, pero subraya que este optimismo es frágil. Zeira, sin embargo, recuerda los límites de esta lectura desde los mercados: la economía real muestra un deterioro mucho más profundo que el que reflejan los índices bursátiles.

Los mercados han celebrado la tregua, pero continúan dependiendo de un equilibrio inestable, altamente condicionado por la evolución del petróleo y por decisiones políticas difíciles de anticipar.

Organizaciones sindicales como CCOO y UGT, que mantienen una presencia sólida entre trabajadores con trayectorias estables, están encontrando mayores dificultades para integrar a quienes se incorporan al mercado laboral y a quienes ocupan posiciones más vulnerables, apuntan las conclusiones del último estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recogidas por Funcas.

El dato que más inquieta a las grandes centrales no es tanto la caída sostenida de la afiliación como su reparto por edades. Entre los asalariados de 25 a 44 años, solo el 18% de quienes trabajan a tiempo completo está afiliado; entre los de 45 a 64 años, el porcentaje sube al 26%. La brecha se agranda entre los jóvenes con contratos parciales: apenas un 10% está sindicalizado.

De la rebeldía democrática a la normalización de los derechos

La afiliación sindical en España lleva más de dos décadas descendiendo. A comienzos de los 2000 rondaba el 15% de los asalariados; hoy se sitúa en el 12%-13%. Para Carlos Gutiérrez, secretario de Estudios y Discurso de CCOO, comparar la afiliación juvenil actual con la de la Transición es comparar “dos mundos laborales completamente distintos”. En los años setenta el país era demográficamente joven, con incorporación temprana al trabajo, muy masculina y un gran peso industrial.

Gutiérrez explica que las reivindicaciones laborales chocaban con un régimen autoritario, “afiliarse era un acto de rebeldía democrática”. Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, coincide. Durante la Transición, recuerda, había un anhelo profundo de libertad sindical. “Derechos que hoy parecen básicos —negociación colectiva, protección social, el propio Estatuto de los Trabajadores— costaron cárcel y vidas”, añade.

La conquista colectiva se ha convertido en suelo asumido. Hoy esos derechos forman parte del paisaje institucional y esa normalización tiene un efecto paradójico: reduce la percepción de urgencia. “Muchos jóvenes han crecido con esos derechos ya consolidados y no siempre identifican al sindicato como su origen”, señala Luján.

A ello se suma una particularidad del modelo nacional: no es necesario estar afiliado para beneficiarse de los convenios colectivos. Lo que reduce el incentivo formal a afiliarse y obliga a las organizaciones a redoblar esfuerzos de presencia y pedagogía. En comparación con otros países de la Europa occidental, el informe sitúa a España en una posición intermedia —similar a Alemania, Italia o Países Bajos—, lejos de los países nórdicos, donde la afiliación alcanza a dos tercios de los trabajadores.

Trabajar más tarde, trabajar peor

Gal·la Torres, recién graduada en Barcelona tras completar sus estudios universitarios —en el ámbito de las ciencias sociales—, se enfrenta ahora a sus primeros empleos. “La precariedad es una de las problemáticas comunes con las que nos enfrentamos cuando entramos al mundo laboral”, resume. A su parecer, su generación accede a trabajos marcados por contratos mal remunerados, la normalización de las horas extra y, en general, condiciones laborales poco favorables.

Samuel Albuquerque, que también acaba de finalizar su formación —en su caso, vinculada al ámbito de la empresa y la gestión— y da sus primeros pasos profesionales, añade otro ángulo al diagnóstico. “Gran parte del problema está en la poca instrucción que recibimos”, sostiene. A su juicio, durante la etapa educativa apenas se informa sobre el papel y la existencia de los sindicatos, su función en la defensa de los trabajadores o cómo pueden intervenir ante situaciones de abuso. 

El retraso en la incorporación al mercado laboral es otro elemento clave: se estudia más tiempo y se accede más tarde al mundo laboral. Y la afiliación, recuerdan los sindicatos, se produce sobre todo en los centros de trabajo. “Si te incorporas de forma tardía y además lo haces con contratos temporales, en sectores precarizados o en empresas pequeñas, el vínculo es mucho más frágil”, explica Gutiérrez.

La temporalidad no solo afectan a las condiciones laborales, sino también al sentimiento de pertenencia. Los datos respaldan esa idea: entre los mayores de 45 años, la brecha por tipo de jornada casi desaparece (24% de afiliación en parcial y 26% en completa). Entre los jóvenes, en cambio, la precariedad actúa como barrera de entrada. “Donde hay estabilidad y representación, el vínculo crece”, resume Luján.

Organizar colectivamente a trabajadores que rotan, encadenan contratos o compaginan empleo y estudios es más complejo. Gal·la lo expresa de forma directa: “Siento los sindicatos un poco lejanos, como si aún no estuviera asentada para afiliarme”. Una distancia que no nace necesariamente del rechazo, sino de la provisionalidad. Samuel tampoco se ha planteado afiliarse por ahora. “No lo descarto, pero todavía no me dedico a tiempo completo a mi profesión”, explica.

“Si sufro solo, no me sirve el sindicato”

Más allá de los factores estructurales, desde el ámbito sindical se señala un cambio cultural de fondo. “La juventud vive muchas veces sus problemas laborales de manera individual”, apunta un responsable sindical. “La precariedad se sufre en casa, con ansiedad, incluso con culpa. El reto es pasar de ese ‘yo que sufre’ a un ‘nosotros’ que organiza y politiza ese malestar”.

El joven en sus primeros pasos profesionales observa esa misma lógica en su entorno. “Aunque algunas cosas no nos gustan, las aceptamos”, reconoce Samuel. “Ese conformismo, unido al desconocimiento de los derechos laborales, actúa como freno a la sindicalización”.

A ello se suman prejuicios persistentes. “Escuchamos que [los sindicatos] ‘no sirven para nada’, que ‘solo están en grandes empresas’, que ‘están politizados’ o que ‘son cosa de gente mayor’”, explica la responsable de Juventud de CCOO en Extremadura. “Muchas veces esa percepción viene de fuera. Pero cuando alguien tiene un problema concreto y recibe apoyo colectivo, cambia radicalmente”.

La estigmatización también pesa. Desde el sindicato se habla de una “criminalización de la acción sindical” en un contexto de creciente crispación política que desincentiva implicarse. “Hay quien piensa: ‘No me meto en jaleos’. Ese miedo a exponerse influye”. En la misma línea, la estudiante Gal·la, lo resume así: “Deberíamos estar más motivados a sindicalizarnos y defender algo bastante compartido: que las condiciones laborales tienen que cambiar”.

Más que salario: proyecto de vida

Las preocupaciones de la juventud no se limitan al salario. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), España se situó a principios de 2026 en una tasa de paro juvenil del 25%, una de las más altas de la Unión Europea. La estudiante recién graduada defiende que: “No se trata solo de cobrar más, sino de poder imaginar un futuro digno”.

Desde el ámbito sindical, la responsable de Juventud de CCOO en Extremadura amplía el foco: el problema no es únicamente la precariedad, sino también la falta de oportunidades y la emigración juvenil. “Muchos jóvenes no saben si podrán quedarse, emanciparse o consolidar un proyecto de vida. El sindicalismo también tiene que dar respuesta a un modelo productivo que no ofrece certezas”, señala.

En ese contexto, cuestiones como la vivienda, la conciliación o la salud mental han ganado peso en el debate. Pero no son ámbitos aislados. “La vivienda depende del salario. La salud mental está atravesada por la precariedad. La conciliación tiene que ver con las jornadas”, explica la dirigente sindical. “El error es separar estas luchas cuando forman parte del mismo conflicto: cómo se reparten la riqueza y el tiempo de vida”.

Samuel pone el acento en otro aspecto: la comunicación. A su juicio, los sindicatos deberían revisar qué necesidades cubrían originalmente y recuperar la idea de comunidad, más allá del acompañamiento en conflictos individuales. “Hace falta reconstruir ese sentimiento de colectivo y aprovechar mejor las herramientas actuales para llegar a la gente joven”, plantea. Y añade una clave: “Hay que poner en valor lo que aporta la cohesión a la hora de defender a los trabajadores”.

Desde el sindicato insisten en que el cambio es ineludible. “Necesitamos más presencia en sectores precarios y emergentes, mayor apertura en la toma de decisiones y más pedagogía temprana sobre derechos laborales”, señala la responsable de Juventud. “El sindicalismo del futuro no puede hablar sobre la juventud; tiene que construirse con la juventud”, concluye.

Renovarse para no envejecer

Aunque el 66% de los asalariados españoles nunca se ha afiliado a un sindicato, según los datos recogidos por Funcas, los dirigentes rechazan la idea de un declive irreversible. “El sindicalismo confederal no está en riesgo de desaparecer”, afirma Gutiérrez. Pero reconoce que está en juego su modelo: uno de carácter sociopolítico, que no solo negocie salarios, sino que intervenga en debates como vivienda, sanidad o educación, frente a un sindicalismo más corporativo y fragmentado.

El desafío para los sindicatos es demostrar que, en este nuevo contexto, la organización colectiva sigue siendo útil para disputar el reparto del salario, del tiempo y del futuro. Gutiérrez apunta a la importancia de la representación descriptiva: “Si queremos conectar con la gente joven, tenemos que abrir espacios de responsabilidad a jóvenes, que hablen su idioma y compartan experiencias vitales”. Porque, como resume Nicolás Molina, “la juventud no solo quiere trabajar; quiere poder vivir con dignidad”.

La Semana Santa de 2026 llega marcada por la incertidumbre también en los cielos. La guerra en Oriente Próximo y la escalada de la tensión entre Estados Unidos e Israel contra Irán han alterado de nuevo el mapa mundial. Desde finales de febrero, varios países han cerrado parcial o totalmente su espacio aéreo, afectando vuelos internacionales hacia Oriente Medio, Asia y África, obligando a aerolíneas y pasajeros a adaptarse sobre la marcha.

La medida impacta en hubs estratégicos como Dubai, Doha o Abu Dabi: vuelos directos cancelados, escalas reprogramadas y trayectos más largos, lo que incrementa costes y riesgo de incidencias. Irán, Israel, Irak, Jordania, Qatar, Baréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Siria figuran entre los países con restricciones.

Los efectos se trasladan a los viajeros: retrasos, cancelaciones y modificaciones de última hora se han convertido en la norma. Según fuentes del sector, incluso rutas que no atraviesan zonas de conflicto pueden verse afectadas. “La aviación es global y está sujeta a factores geopolíticos que pueden cambiar de un día para otro”, explican.

¿Qué hacer si tu vuelo se ve afectado?

Tal y como han informado fuentes de buscadores de vuelos a este medio, si tu trayecto se ve alterado, lo primero es consultar el estado en la web o la aplicación oficial de la aerolínea. La información que proviene de terceros puede estar desactualizada y no reflejar las opciones de reubicación disponibles.

Es recomendable activar todas las notificaciones posibles, ya sea por correo electrónico, SMS o alertas de la app, ya que muchas veces los vuelos se reasignan automáticamente. No canceles tu reserva antes de conocer las alternativas que ofrece la aerolínea, porque hacerlo de forma prematura podría limitar tus derechos a reembolso o transporte alternativo.

Si ya estás en el aeropuerto, confirma siempre tu nuevo vuelo, las tarjetas de embarque y el destino final del equipaje antes de abandonar la terminal. Además, conviene documentar cada paso: guardar confirmaciones de reserva, mensajes de cancelación, tickets de gastos adicionales y cualquier comunicación de reubicación.

Si compraste el billete a través de un intermediario, primero revisa su sección de soporte y asegúrate de que la aerolínea tenga tus datos de contacto actualizados antes de solicitar cambios o reembolsos.

Derechos del pasajero ante cancelaciones

El momento clave llega cuando la aerolínea cancela un vuelo. En primer lugar, los pasajeros no están obligados a aceptar la primera alternativa ofrecida. César Díaz, abogado de la organización de consumidores CECU, recuerda que la normativa europea es clara: la aerolínea debe ofrecer transporte alternativo o el reembolso completo en un plazo de siete días, aunque “el pasajero decide qué opción acepta”.

El Reglamento europeo 261/2004 prevé compensaciones de 250 a 600 euros según la distancia del vuelo, pero no aplica en casos de fuerza mayor, como el cierre del espacio aéreo por conflicto. Díaz advierte que las aerolíneas a veces alegan fuerza mayor incluso cuando no siempre está justificada, obligando a los viajeros a reclamar.

Guerra y fuerza mayor: qué cubre y qué no

El cierre del espacio aéreo debido a un conflicto se considera una circunstancia extraordinaria, lo que implica que, aunque los pasajeros tienen derecho a un reembolso o a un vuelo alternativo, no pueden reclamar compensación económica adicional. “No hay derecho a indemnización, solo a la devolución del importe abonado”, explica el abogado de la organización de consumidores.

Aun así, las aerolíneas mantienen obligaciones básicas de asistencia: durante la espera deben proporcionar comida y bebida, ofrecer alojamiento cuando sea necesario, transporte entre el aeropuerto y el hotel, así como facilitar las comunicaciones a través de dos llamadas telefónicas o conexión a una red wifi.

Desde AENA recuerdan que la responsabilidad recae en la compañía aérea: los pasajeros deben tratar directamente con ella, ya que el aeropuerto solo actúa como intermediario. En caso de incumplimiento, los viajeros pueden asumir gastos de forma provisional y reclamarlos después, siempre que conserven los justificantes correspondientes.

Pasajeros que buscan alternativas

En periodos de alta demanda, como la Semana Santa, quedarse sin alternativa puede significar perder el viaje por completo. Por eso, cada vez más viajeros optan por adquirir un billete nuevo por su cuenta mientras esperan la resolución de la aerolínea sobre el vuelo original.

Díaz señala que esta decisión no implica renunciar a sus derechos: es posible solicitar el reembolso del billete cancelado y reclamar también la diferencia de coste del nuevo, así como otros perjuicios derivados, como noches de hotel no disfrutadas o actividades programadas que se pierden. Para acceder a estas compensaciones, los pasajeros deben documentar cuidadosamente todos los gastos y comunicaciones con la aerolínea.

Reclamar: más largo de lo que dicta la ley

Sobre el papel, la normativa protege al consumidor, pero en la práctica las aerolíneas no siempre cumplen los plazos. Díaz explica que “el reembolso debería hacerse en siete días, pero no se hace automáticamente”. Además, añade que “las aerolíneas alegan fuerza mayor para evitar pagar compensaciones”.

El procedimiento habitual pasa primero por reclamar ante la aerolínea. Si no hay respuesta en un mes, se puede acudir a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en casos de cancelaciones o retrasos. Sin embargo, otras reclamaciones, como daños adicionales, suelen acabar en los tribunales, lo que desincentiva a muchos usuarios.

Escalas que desaparecen y viajes en el aire

El impacto ya se nota en los planes de muchos viajeros. Marta González tenía previsto volar a Indonesia con escala en Doha a finales de mayo, pero su vuelo fue cancelado por Iberia hasta el 31 de mayo. “He solicitado el reembolso y estoy buscando otro destino”, cuenta.

La situación también ha alcanzado a viajes organizados de estudiantes. En un grupo de 19 jóvenes que planeaba volar a Tailandia, cinco han renunciado a última hora por la negativa de sus familias, preocupadas por las escalas en ciudades como Abu Dabi o Dubai. “Al final no voy porque mis padres no me dejan; les da miedo pasar por allí”, explica una de las afectadas.

La falta de alternativas asequibles —con rutas mucho más caras— y el abaratamiento de los vuelos habituales, menos demandados, reflejan la caída de la confianza de los usuarios, pese a que las aerolíneas insisten en que el espacio aéreo es seguro tras el cierre de la zona iraní.

“Muchos vuelos entre Europa y Asia dependen de escalas en Oriente Próximo. Cuando estas rutas se ven afectadas, las aerolíneas cancelan o redirigen operativa a otros destinos”, explican fuentes del sector. La prioridad, añaden, es garantizar la seguridad de los pasajeros, aunque algunas cancelaciones se producen incluso 48 horas antes del vuelo.

Cómo viajar en un escenario incierto

Viajar en 2026 significa convivir con la incertidumbre. En un periodo de alta movilidad, la fragilidad de la aviación puede traducirse en planes que cambian de un día para otro. Los expertos recomiendan tomar varias precauciones.

En primer lugar, evitar zonas de conflicto o con alertas oficiales, y consultar siempre las recomendaciones de embajadas y consulados antes de viajar. Los seguros de viaje pueden ser una red de seguridad adicional, ya que en muchos casos cubren retrasos prolongados, alojamiento, transporte alternativo o conexiones perdidas; pero conviene revisar con detalle las pólizas, porque normalmente no cubren actos de guerra ni cierres de espacio aéreo derivados de conflictos.

La preparación y la información se convierten así en la mejor defensa para no quedarse en tierra en una Semana Santa marcada por la volatilidad internacional.

En la película 'The Holiday', dos mujeres que no se conocen deciden intercambiar sus casas durante las vacaciones para empezar de cero. Lo que parecía una fantasía romántica protagonizada por Kate Winslet y Cameron Diaz se ha convertido, casi veinte años después, en una práctica cada vez más extendida entre quienes buscan viajar sin pagar alojamiento.

En España, el intercambio de viviendas, a través de plataformas como HomeExchange, Behomm o Homelink, entre otras, gana terreno en un contexto marcado por el encarecimiento de hoteles y apartamentos turísticos, un 8% en 2025 respecto a un año antes, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En el caso de HomeExchange, líder del sector, superan ya los 41.500 usuarios en el país —un 370% más que en 2021— y registraron más de 120.000 intercambios en 2025.

“En los últimos cinco años ha habido un punto de inflexión tras la pandemia”, explica Pilar Manrique, portavoz de la compañía. “El aumento de precios ha traído a muchas personas, pero lo que les engancha es la forma de viajar: más local, más tranquila y más conectada con el destino”.

Viajar sin pagar alojamiento (pero no gratis)

El funcionamiento es simple: los usuarios pagan una cuota anual —en torno a 175 euros— y pueden intercambiar su vivienda con otros miembros sin transacciones económicas directas. A cambio, la plataforma incluye verificación de perfiles, valoraciones tras cada intercambio y garantías frente a cancelaciones o daños.

Según la compañía, este sistema permite ahorrar entre un 35-40% del presupuesto total del viaje. Aunque, como matiza Manrique, “la motivación no sólo es económica, es emocional”. “Quieres descubrir otros lugares o hacerlo en familia y llegas a una casa donde tienes todo: desde recomendaciones hasta, en algunos casos, juguetes o bicicletas” explica.

El sistema se sostiene sobre una premisa básica: la confianza. A ese valor se suman el respeto —cuidar la vivienda ajena como propia— y la comunicación constante entre anfitriones e invitados.

Además, la mitad de los intercambios en España son domésticos y permiten descubrir barrios y destinos alejados de los circuitos habituales. “No solo viajas, intercambias vidas”, resume Manrique.

“Es un favorazo dejar tu casa a desconocidos”

María Pla, usuaria desde hace ocho años, ha realizado 78 intercambios. Empezó por una cuestión práctica: “Mi casa iba a estar vacía semanas alternas y pensé que podía aprovecharlo. A cambio podía viajar sin gastos de alojamiento”.

Su balance es claro: “La gente es muy respetuosa. Es un favorazo dejar tu casa a desconocidos, pero funciona”. Aunque reconoce algún incidente puntual, lo considera excepcional y resume el atractivo principal: “Me ha permitido viajar más de lo que puedo pagar”.

Francesc Puértolas, que empezó en 2023 y ya suma 94 intercambios, coincide: “Es una forma de viajar mucho más económica y más agradable. Estás en una casa con todos los servicios y con recomendaciones locales, no en el anonimato de un hotel”. En su caso, destaca la importancia de la comunicación entre usuarios.

Gemma Ramilians, con experiencia desde 2009, pone el acento en el componente social: “Este sistema se basa en la confianza. En algunos casos hemos acabado haciendo amigos. Incluso una familia con la que intercambiamos en Bali ha terminado comprando un apartamento en Girona”.

¿Economía colaborativa o modelo híbrido?

El intercambio de casas suele presentarse como un ejemplo de economía colaborativa, pero ese relato convive con una lectura más crítica. “El modelo es distinto al de Airbnb, pero no deja de ser un híbrido: la plataforma monetiza a través de suscripciones y sigue habiendo intermediación, lo que lo acerca a dinámicas de mercado”, explica Samer Hassan, profesor en la Universidad Complutense e investigador en Harvard.

Más allá de las grandes plataformas, también emergen comunidades más selectivas como Behomm, centrada en perfiles creativos y viviendas con un fuerte componente estético. Sus fundadores, Eva Caduch y Agustí Juste, defienden un modelo basado en comunidad cerrada: el acceso es por invitación o aprobación directa, lo que, aseguran, “evita registros anónimos y refuerza la confianza”.

Desde Behomm, reivindican el componente comunitario frente al económico: “Alquilar es ganar dinero; intercambiar es compartir y conocer gente”, señalan sus fundadores, que insisten en que el alquiler entre miembros está prohibido dentro de la plataforma.

Menos impacto… pero con matices

Aun así, el experto reconoce diferencias importantes respecto las plataformas tradicionales: su menor impacto sobre el mercado de la vivienda. “La lógica del alquiler turístico aquí se rompe bastante”, señala Samer Hassan, al no incentivar que los propietarios retiren viviendas del mercado residencial. Desde Behomm lo vinculan también con la sostenibilidad, al aprovechar viviendas ya existentes en lugar de generar nueva infraestructura turística.

Sin embargo, el experto introduce cautela: el perfil de usuario ya marca límites. En plataformas como HomeExchange, predominan las familias (40%) y las personas mayores de 46 años (61%), lo que apunta a cierta estabilidad residencial. En comunidades más selectivas como Behomm, ese perfil se mantiene —con un 55% de familias—, pero convive con estancias más largas, incluso de varios meses, ligadas al teletrabajo o a formas de vida más flexibles.

“Esto no es accesible para todo el mundo” advierte Hassan. “Requiere tener una vivienda —y preferiblemente en una zona atractiva—, lo que introduce un sesgo hacia clases medias y medias-altas”. A ello se suma el papel del algoritmo: “El ‘match’ no es tan neutral como parece; la plataforma decide qué casas ves” o que la mayoría de intercambios se produzcan en zonas tensionadas.

Una alternativa en construcción

El intercambio de casas crece, pero aún está lejos de sustituir al turismo tradicional. Para las plataformas, la clave está en la comunidad; para los usuarios, en el ahorro y la experiencia; y para los expertos, en su evolución futura. “Si se orienta a descentralizar el turismo y a salir de los centros urbanos, puede ser positivo. Pero si reproduce las lógicas del mercado, será más de lo mismo”, apunta Hassan.

Mientras tanto, en plena escalada de precios, cada vez más viajeros optan por una fórmula que, al menos por ahora, combina ahorro, comunidad y una forma distinta de entender el viaje. “Puede ser una alternativa interesante si mantiene esa lógica menos extractiva”, concluye.

La plantilla de BBVA Technology, compuesta por unas 3.800 personas repartidas entre Madrid, Barcelona y Bilbao, está llamada a secundar una huelga los próximos jueves 19 y viernes 20 de marzo para reclamar mejoras salariales. La convocatoria, impulsada por Comisiones Obreras (CCOO) como único sindicato que tiene representación en la empresa, coincide con la Junta General de Accionistas del grupo BBVA.

Se trata de la primera huelga en la historia de esta filial tecnológica del banco. Según explica a elDiario.es Julia Alba García, secretaria general de la sección sindical estatal (SSE), el conflicto llega tras el fracaso del acto de conciliación celebrado el pasado viernes en el SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje), que terminó sin acuerdo entre las partes. Por su parte, fuentes de BBVA aseguran a este medio que “por el momento no van a decir nada sobre la huelga”.

Entre las principales demandas del sindicato figuran: subidas salariales vinculadas al IPC para evitar pérdida de poder adquisitivo, la aplicación efectiva del incremento del 10% pactado para 2025-2027, la no absorción de trienios, para garantizar el reconocimiento de la antigüedad y un sistema estable que evite futuras pérdidas salariales. “El objetivo es que la plantilla deje de perder poder adquisitivo y recupere parte del mismo”, resume Alba.

Desde el sindicato recuerdan que BBVA Technology es clave en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad o desarrollo de plataformas digitales. “Sin este trabajo no habría transformación digital”, subrayan.

Salarios congelados pese a beneficios récord

El detonante de la huelga es la política salarial de la compañía. Según denuncia CCOO, hasta el 90% de la plantilla verá congelado su sueldo en 2026, en un contexto en el que el grupo cerró 2025 con 10.511 millones de euros de beneficios, encadenando varios ejercicios récord.

“El modelo tradicional ya dejaba fuera a cerca del 50% de la plantilla, pero este año, con la reducción del presupuesto, solo alrededor del 10% ha recibido subidas”, explica Julia Alba. Esto implica, en la práctica, que “cerca del 90% de los trabajadores tienen el salario congelado”.

El sindicato sostiene que esta dinámica ha provocado una pérdida acumulada de poder adquisitivo de entre el 20% y el 23,5% desde 2020. “Aunque el salario nominal no haya bajado, la capacidad de compra sí lo ha hecho”, subraya la representante sindical.

El sindicato también pone el foco en la brecha entre la plantilla y la cúpula. Denuncian que, mientras la mayoría de trabajadores tiene el salario congelado, se plantean subidas en la alta dirección. “Evidencia una desconexión clara entre la dirección y la realidad de los trabajadores”, sostiene Alba.

Críticas al modelo de “meritocracia” y fuga de talento

Uno de los puntos centrales del conflicto es el sistema de revisión salarial basado en evaluaciones de desempeño. Según CCOO, este modelo “clasifica a la plantilla en cuatro categorías con porcentajes cerrados”, lo que impide reconocer el rendimiento de todos los trabajadores.

“Siempre hay que encajar a los empleados en esos cupos”, explica Alba. En la práctica, un 10% es considerado “TOP” y recibe subidas, mientras que el resto queda fuera o con incrementos muy limitados. “Incluso personas con buen desempeño pueden quedarse sin mejoras salariales”, denuncia la representante de la plantilla.

Además, el sindicato critica que el sistema no está pactado con la representación de los trabajadores y puede modificarse unilateralmente.

La representantación de la plantilla advierte de que esta política salarial está teniendo consecuencias negativas: “El riesgo de fuga de talento ya es una realidad”. Según CCOO, algunos empleados están abandonando la empresa, en un contexto de incertidumbre marcado también por la evolución tecnológica.

Elevar la presión para forzar una negociación

Pese al fracaso de la mediación en el SIMA, el sindicato no da por cerrada la vía del diálogo. “Creemos que existe margen”, señala Alba, recordando precedentes dentro del propio grupo en los que la presión sindical derivó en acuerdos. 

La elección de las fechas de la huelga no es casual. El paro coincide con la Junta de Accionistas, un momento estratégico para la entidad. “Coincidir con la junta incrementa la presión y da visibilidad al conflicto”, explica la secretaria general. También advierte de posibles efectos operativos: “Podría afectar a la capacidad de respuesta ante incidencias técnicas en un momento crítico”.

Desde el sindicato anticipan una participación significativa. Indican que más de 1.000 trabajadores manifestaron en una encuesta interna su intención de secundarla y 1.200 participaron en una reciente asamblea virtual. “Con estos datos, creemos que el seguimiento será elevado”, añade Alba.

Mientras tanto, la convocatoria sigue en pie y CCOO llama a la plantilla a secundar la huelga. “El mensaje es claro: detrás de los grandes beneficios hay miles de personas cuyo trabajo no puede seguir tratándose como un coste a recortar”, concluyen desde la organización sindical.

Las concentraciones se celebrarán de forma simultánea en distintas sedes. En Madrid, tendrá lugar el 19 de marzo a las 12.00 horas en el Paseo de Recoletos nº 10, en la sede de la Fundación BBVA. Ese mismo día y a la misma hora, la cita se desarrollará también en Barcelona, en Plaza Antoni Maura nº 6. Por su parte, en Bilbao, el acto se enmarca en el Día de la Junta General de Accionistas y se celebrará el 20 de marzo a las 11:30 horas en la Avenida Abandoibarra nº 4.

El pasado 1 de marzo se despidieron de Telefónica 2.700 trabajadores, la primera oleada de empleados que saldrán de la multinacional de telecomunicaciones en el ERE acordado con los sindicatos para un total de 5.800 trabajadores, entre sus diferentes filiales. Es el despido colectivo más numeroso de los últimos tiempos en España, que en el inicio de 2026 ha sumado un goteo de expedientes de extinción en varios sectores y empresas. El último, en Iberia, para 996 trabajadores, anunciado este jueves; el penúltimo en Glovo (750 despidos); y con especial incidencia en la industria, como en Tubos Reunidos (301). Ahora, todas las miradas se dirigen a la nueva guerra de Oriente Medio, de momento con una gran incertidumbre sobre su alcance y consecuencias.

A falta de datos oficiales, que todavía no se han publicado, elDiario.es ha recopilado en los dos primeros meses del año los datos de los despidos colectivos que han trascendido a la esfera pública. Las causas que figuran son las alegadas por las empresas, que no siempre coinciden con los motivos que denuncian los sindicatos.

En total, al menos hay 11.000 trabajadores afectados por estos ERE, un dato elevado en los últimos años –en los que España vive un contexto de fuerte crecimiento económico y de aumento del empleo a niveles récord– y que está muy marcado por el abultado expediente de Telefónica. 

Los despidos colectivos recogidos en la tabla responden a los problemas específicos de algunas empresas (como Castilian o Mediapro) así como de ciertos sectores, como la siderurgia (Tubos Reunidos, Metal Group). Además, otros ERE son fruto de decisiones estratégicas de las compañías, incluso cuando tienen una buena situación económica y con beneficios en sus cuentas, como puede ser el caso de Nestlé y Coca-Cola.

Así, el ERE de Telefónica, que la compañía ha enmarcado en su nuevo Plan de Restructuración para mejorar su “eficiencia” y ha contado con un acuerdo con la parte sindical, es el más numeroso.

Le sigue, en términos absolutos, el que acaba de anunciar Iberia. La aerolínea ya trabajaba con la idea del ERE, al que finalmente ha puesto cifra este jueves. La compañía ha planteado a los sindicatos un expediente de regulación de empleo voluntario para 996 trabajadores, que afectará a varios colectivos: 106 pilotos y 137 tripulantes de cabina, 305 operarios de mantenimiento, 243 de producción en tierra y 205 de las áreas corporativas. La dirección justifica la medida en la necesidad de renovar determinados perfiles, en el marco del proceso de transformación recogido en su Plan de Vuelo 2030.

Otro de los más numerosos es el de Glovo, para 750 repartidores. La multinacional anuncia un ERE menos de un año después de abandonar el modelo de riders autónomos, cercada por múltiples causas judiciales. El sindicato CCOO ya ha advertido que rechazará el despido colectivo, mientras denuncia además la existencia de un “ERE encubierto” en una lluvia de despidos individuales en los últimos meses. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha afirmado que no tolerará “ningún chantaje” de Glovo y ha anunciado que el Ministerio tomará “todas las medidas” que pueda en este ERE.

El cuarto de mayor volumen es el despido colectivo de Pepsico, que supondrá la salida de unas 400 personas de la multinacional por la externalización del servicio de distribución y que se ha saldado con un acuerdo con la parte trabajadora, para mejorar las condiciones de salida, especialmente de los trabajadores de avanzada edad.

Todavía en fase de negociación, y en pleno conflicto con los sindicatos, se encuentran los otros dos ERE más cuantiosos: el de la empresa de call center Majorel, con 329 salidas, que golpea especialmente a su centro de Salamanca y en el que los sindicatos denuncian una posible deslocalización de trabajo a países más baratos en mano de obra, y el de Tubos Reunidos, para 301 empleados en las fábricas de Amurrio (Álava) y Trapagaran (Bizkaia).

Este último contempla el cierre de la acería, medida que rechazan los sindicatos por considerar que deja la empresa en una situación crítica para el futuro, por lo que han anunciado una huelga indefinida y están pidiendo a las autoridades que medien para evitar estas salidas en una empresa que ha recibido en los últimos años “más de 112 millones de euros de financiación pública para garantizar su viabilidad hasta 2026”, denuncia el sindicato LAB.

La parte trabajadora también se opone al ERE anunciado por la empresa química Solvay, para 77 empleados de su fábrica de Torrelavega (Cantabria), tras recibir más de 30 millones de euros de dinero público en el PERTE de Descarbonización, denuncia CCOO.

Entre los ERE más significativos por su impacto proporcional figuran el de Metal Group, finalmente para la totalidad de su plantilla –de unas 180 personas– de las plantas de Lebario (Abadiño) y Legutio, en Euskadi, que echarán el cierre tras la marcha de su principal cliente, Volkswagen, que el año pasado optó por trasladar sus pedidos a China. En algunos casos, la afectación territorial es muy pronunciada, como los alrededor de 200 despidos en International Paper ante la clausura de las plantas de Valls y Montblanc (Tarragona), así como la de Griñón (Madrid).

También destacan por su peso relativo el ERE de AzkoNobel, que se ha saldado con el despido de 101 personas de la planta de El Prat de Llobregat (Barcelona) –la antigua Industrias Titan–, la mitad de la plantilla; el de Telefónica, con unas 5.800 salidas en España que suponen alrededor del 33% de los trabajadores de la multinacional; y el de Avatel, que alcanza a 290 trabajadores, un 24% del total.

Además, algunos despidos colectivos están anunciados, pero aún sin cifra ni ubicación de los centros de trabajo afectados por los despidos, lo que mantiene la incertidumbre sobre las plantillas. Por ejemplo, es el caso del ajuste global anunciado en octubre por Nestlé, que prevé 16.000 salidas (6% de su fuerza laboral), mayoritariamente en Europa, pero que todavía no ha sido concretado. O del ERE de XPO Logistics, del cual solo ha trascendido que podría alcanzar a a 21 de los 38 que tiene en España.

Entre los últimos despidos anunciados, sobresale el que afecta a 250 personas en Mediapro, de un total de 7.000 empleados, dentro de un plan de reestructuración del negocio tras perder el año pasado su principal contrato, el de la Liga española de fútbol.

ERE en tiempos de bonanza y con una nueva incertidumbre

Dada la falta de datos estadísticos publicados de 2026 por el momento, en los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) y en la patronal CEOE indican que no pueden valorar la magnitud de los despidos colectivos del arranque del año. Aunque, con los datos del cierre de 2025 y la percepción de los expedientes que han ido trascendiendo en los primeros dos meses de 2026, la sensación de los agentes sociales no es de alarma.

“Siempre teniendo en cuenta que cada persona en un ERE es algo que no desea nadie y que hay que lamentar, puesto que el interés de toda empresa siempre es poder aumentar su plantilla en la medida de lo posible”, precisan fuentes de la patronal CEOE.

Los sindicatos mayoritarios explican que este año están especialmente atentos a si la inteligencia artificial (IA) empieza a jugar un papel determinante en matera de despidos. Un temor a futuro por el momento, más allá de algunos primeros casos en España y a nivel internacional. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, destacaba hace poco “aún no se ven consecuencias en el mercado laboral ni las temidas oleadas de despidos” como consecuencia de la IA, aunque añadió que la institución estaría “extremadamente” atenta de aquí en adelante.

Sin embargo, el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, que ha desatado un nuevo conflicto armado en Oriente Medio, mantiene ahora a todos los actores económicos alerta, con una gran incertidumbre, sobre el propio desarrollo de la guerra y sus posibles consecuencias económicas, que pueden tener un gran impacto en el aumento de los costes energéticos y, como derivada, una nueva crisis inflacionista.

Los agentes sociales recuerdan que por el momento el contexto en España es de crecimiento económico y de auge del empleo, hasta niveles cercanos a récord histórico de casi 22 millones de cotizantes a la Seguridad Social. A cierre de 2025, hubo 41.200 trabajadores afectados por despidos colectivos, lo que supone un aumento respecto a los últimos ejercicios (37.372, en 2024), pero la mitad de los registrados durante la crisis financiera, en 2012, por ejemplo.

“Cuando la densidad es tan baja, un solo ERE puede alterar toda la estadística”, advierte Javier Pacheco, secretario de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, que recomienda partir de esta consideración antes de interpretar posibles aumentos, como el que resulta del gran expediente de Telefónica, o una especial incidencia territorial, por ejemplo ante el despido colectivo para casi 800 personas de Amazon en Barcelona a finales de 2025.

En UGT sí perciben “un aumento significativo” de los ERE en el sector industrial en este arranque de año, sostiene Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical del sindicato. Este sector es el que habitualmente concentra más número de expedientes, aunque en términos absolutos con frecuencia tengan una mayor afectación de trabajadores los despidos colectivos de los sectores de telecomunicaciones y de banca.

Además de los despidos colectivos, las empresas con problemas también acuden a la otra fórmula de regulación de empleo que se volvió muy popular durante la crisis por la pandemia de COVID: los ERTE. Como medida temporal, implican la suspensión de contratos o la reducción de la jornada de los trabajadores y en 2025 redujeron su número de afectados: 78.300 trabajadores alcanzados por suspensiones (frente a 143.000 en 2024) y 5.400 con reducciones de jornada (8.700 el año anterior).

“Es que estamos en una fase de creación de empleo”, recuerda Javier Pacheco, que considera que la verdadera prueba para saber si los ERTE aumentan su protagonismo frente a los ERE llegará cuando España tenga que enfrentarse a una crisis económica en el futuro. Por el momento, en el Ministerio de Trabajo destacan que sí están funcionando de manera rápida y eficaz para proteger empleos y empresas ante las catástrofes puntuales que ha afrontado el país en los últimos años, como la dana en Valencia.

De momento, hasta que se aclare la magnitud de la guerra en Oriente Medio, casi todas las miradas apuntan a EEUU e Irán. Como punto de partida, los sindicatos y patronal han pactado con Trabajo una mesa para monitorizar posibles efectos en la economía española y evaluar si es necesario tomar alguna medida de protección. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido en mandar un mensaje de “tranquilidad” y “confianza” en que el Gobierno desplegará medidas de apoyo y ayudas a empresas y trabajadores si son necesarias.

La Agencia Tributaria intensificará para 2026 el control sobre sectores considerados “especialmente expuestos al fraude fiscal”, entre ellos el inmobiliario, la construcción, el comercio electrónico y el negocio de los hidrocarburos. El refuerzo de la vigilancia forma parte de las directrices del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero publicadas este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según el documento, el Ministerio de Hacienda quiere “aprovechar el aumento de información financiera disponible” —procedente de bancos, plataformas digitales y sistemas de pago— para detectar rentas y patrimonios ocultos, así como para combatir la economía sumergida y el fraude fiscal en actividades empresariales.

La Agencia Tributaria también intensificará las actuaciones sobre multinacionales, grandes empresas y personas con patrimonios relevantes, además de vigilar el uso de estructuras societarias diseñadas para reducir artificialmente la factura fiscal.

Para detectar el fraude

Una de las principales novedades del plan es el uso intensivo de nueva información financiera. A los datos que ya recibe la Agencia Tributaria sobre pagos transfronterizos y sobre ventas realizadas en plataformas digitales —en el marco de la directiva europea DAC7— se sumarán nuevas declaraciones informativas del ámbito financiero.

Entre otros aspectos, Hacienda contará con información mensual sobre los cobros realizados con tarjeta por empresarios y profesionales, así como datos actualizados sobre la titularidad de cuentas bancarias. Con ello pretende detectar posibles ocultaciones de actividad económica, el uso de sociedades pantalla o tramas de fraude de IVA.

La Agencia Tributaria también reforzará el control sobre el uso de cuentas en entidades financieras digitales, los llamados neobancos, que pueden emplearse para ocultar rentas o patrimonios en el extranjero.

Foco en el mercado inmobiliario

Uno de los ámbitos prioritarios será el sector inmobiliario, en un contexto de reactivación del mercado tras años de menor actividad. Hacienda prevé reforzar las actuaciones de control y prevención del fraude en todas las fases del negocio: desde la promoción y la construcción hasta la comercialización, intermediación y alquiler de inmuebles.

La inspección prestará especial atención a riesgos habituales del sector, como la deducción improcedente de gastos financieros o la utilización abusiva de subcontratas. También se vigilará la correcta valoración de los inmuebles en las transmisiones, especialmente cuando intervengan entidades vinculadas o estructuras societarias complejas.

En el ámbito del alquiler, la Agencia Tributaria intensificará las comprobaciones sobre los rendimientos declarados, con especial atención a los arrendamientos gestionados a través de plataformas digitales y al mercado del alquiler turístico. El objetivo es detectar alquileres no declarados o fórmulas utilizadas para encubrir pisos turísticos como arrendamientos de temporada o de vivienda habitual.

Asimismo, Hacienda seguirá controlando el régimen fiscal de las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimi) y las ganancias patrimoniales obtenidas por no residentes con operaciones inmobiliarias en España.

Vigilancia reforzada en el sector de hidrocarburos

El plan también prevé intensificar las comprobaciones en el sector de los hidrocarburos, donde en los últimos años se han detectado importantes fraudes de IVA. Tras las medidas adoptadas recientemente, que según Hacienda han reducido significativamente estas prácticas, la Agencia Tributaria pretende evitar que el fraude se desplace a otras figuras del sistema fiscal.

Para ello se extremará la vigilancia sobre la operativa de los depósitos fiscales y se endurecerán las condiciones para ser titular de estas instalaciones, además de comprobar que los operadores inscritos en el Registro de Extractores de Depósitos Fiscales siguen cumpliendo los requisitos para permanecer en él.

Creadores de contenido: control del negocio digital

El comercio electrónico seguirá siendo otro de los objetivos prioritarios del plan. La Agencia Tributaria analizará posibles esquemas utilizados por empresas que aparentan estar establecidas en la Unión Europea para modificar su tributación en el IVA de las ventas realizadas a través de plataformas digitales.

También se intensificará la verificación de la tributación de los creadores de contenido en redes sociales, incluyendo el análisis de su residencia fiscal.

En paralelo, se reforzará el control sobre contribuyentes que hayan operado con criptomonedas y no hayan declarado las rentas o ganancias derivadas de su tenencia o transmisión. Para ello se utilizarán herramientas de análisis y trazabilidad basadas en tecnología blockchain.

Economía sumergida y facturación irregular

El plan contempla además nuevas actuaciones para combatir la economía sumergida. La Agencia Tributaria seguirá realizando visitas a negocios para comprobar su situación censal y fiscal, con especial atención a los establecimientos que no admiten pagos con tarjeta.

Asimismo, se intensificará la detección de entramados de facturación irregular mediante herramientas informáticas capaces de identificar toda la cadena de defraudación. Estas redes suelen basarse en sociedades sin actividad real que emiten facturas falsas para permitir deducciones indebidas de IVA o inflar gastos ficticios.

Más asistencia al contribuyente

Junto al refuerzo del control, el plan incluye mejoras en la asistencia al contribuyente. Hacienda ampliará el uso de herramientas digitales como “Censos Web”, que permiten gestionar trámites relacionados con el inicio o modificación de actividades económicas.

Además, se reforzará la atención presencial y telefónica mediante la incorporación de personal específico y la implantación de un sistema de cita en el mismo día, siempre que haya disponibilidad.

En materia de pagos, los contribuyentes podrán abonar deudas tributarias con tarjeta también en las oficinas de la Agencia Tributaria y por teléfono, sumándose a opciones ya disponibles como el cargo en cuenta o el pago mediante Bizum a través de la sede electrónica o la aplicación móvil.

El Gobierno insiste en que habrá Presupuestos Generales del Estado (PGE) en esta legislatura y que se elevarán las inversiones en materia de Defensa al 2,1% del producto interior bruto (PIB) sin recortar, para ello, partidas de gasto social. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha comparecido este miércoles en el Senado para dar cuenta del aumento de gasto militar y se ha comprometido a que estas partidas se incrementarán sin perjuicio de adoptar medidas para aliviar las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

La 'número dos' del Gobierno ha defendido la “intención clara” de elevar este año el gasto en Defensa al 2,1% del PIB, unos 1.700 millones más, tal y como comprometió el Ejecutivo en la Cumbre de Washington de la OTAN, pero lejos del 3,5% o el 5% que exigen con dureza desde la Casa Blanca, bajo amenazas de embargos. Un aumento que se acompañará de “medidas de urgencia” que se adopten, en los sucesivos Consejos de Ministros, para paliar las subidas de precios a cuenta del conflicto bélico, como avanzó el presidente Pedro Sánchez en una entrevista en elDiario.es.

En este sentido, Montero ha abierto la puerta a pedir que la Comisión Europea active la 'cláusula de escape' de las reglas fiscales para impedir que gasto en defensa y en partidas sociales “compitan” en el marco del Presupuesto, obligando a recortarlas para elevar los desembolsos militares. Sobre las Cuentas Públicas ha insistido en que las van a presentar, aunque ha evitado plazos, cuando solo quedan veinte días para que termine el primer trimestre que la propia vicepresidenta se marcó como límite a finales del año pasado.

“Si la situación se complica, seguiremos insistiendo en la desactivación de las reglas fiscales. Entre otras razones, porque el Gobierno de España pondrá en marcha un paquete de medidas para paliar las consecuencias de la guerra, no de Pedro Sánchez”, ha dicho, con el último mensaje dirigido al PP.

“Sé lo que hubiera hecho el PP con la guerra en Irán”

La vicepresidenta ha mantenido un bronco desencuentro con los responsables populares y el grueso de la sesión, planteada para hablar del gasto en Defensa, se ha desarrollado con el conflicto bélico en Irán de fondo y con una fecha marcada en rojo en el calendario: el aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004, que se cobraron 193 vidas.

Montero ha acusado al PP de estar “despistado” y confundidos con su postura en relación con la guerra en Irán. “Yo sé lo que hubieran hecho”, ha dicho la vicepresidenta. “Hoy tenemos el aniversario de las consecuencias de lo que hicieron. (...) Lo hicieron con la guerra de Irak. Cambia una consonante”, ha aseverado Montero.

La también 'número dos' del PSOE ha recriminado a los populares unas declaraciones que hizo su líder, Alberto Núñez Feijóo, la pasada semana, en las que justificaba el ataque ilegal de Estados Unidos e Israel a Irán por el objetivo de derrocar al régimen de los ayatolás. “El derecho internacional es lo que permite garantizar y proteger los derechos humanos; no es una dicotomía en la que haya que escoger uno u otro ni se puede dar prioridad a uno sobre el otro”, ha dicho en su primera intervención.

“¿Cómo pueden hacer ver que a veces hay que sacrificar el orden internacional en pro de los derechos humanos, que es la posición que ha defendido el PP? ¿Pero qué es para ustedes el orden internacional, sino la garantía jurídica del respeto a los derechos humanos? ¿O es que vamos a darle pie al sálvese quien pueda, a la ley del más fuerte, o a que cada uno invada un país cuando le venga en gana porque le guste o no le guste el régimen que gobierna?”, ha alegado.

Junts reitera su rechazo a la financiación autonómica

Sobre las consecuencias de la guerra, Montero ha insistido en que monitorizan la evolución de los precios energéticos y ha contrapuesto la actuación del Gobierno actual con lo que hicieron Ejecutivos del PP. “¿Qué haría el Partido Popular? ¿Qué hubiera hecho en la pandemia? ¿Qué hubiera hecho en la guerra de Ucrania? ¿Qué haría en la guerra de Irán? ¡Recortes! Es lo que hizo siempre, siempre. Nunca auxilió a otras administraciones territoriales. ¡Jamás!”, ha lanzado.

La determinación de la titular de Hacienda –que en pocas semanas tendrá que abandonar el Gobierno para encabezar la candidatura del PSOE a la Junta de Andalucía– a presentar unas cuentas y a seguir gobernando choca con las posiciones de algunos de sus socios habituales. Singularmente, por el gasto en Defensa, el objeto de la comparecencia. Pero también por la propuesta del Ejecutivo para reformar la financiación autonómica, que Hacienda quería cerrar este mes, pero que ha contado con la negativa frontal de Junts.

Los neoconvergentes han reiterado el rechazo de su formación a la reforma planteada por Montero al considerar que la mejora prevista —unos 4.700 millones de euros adicionales— está muy lejos de corregir el déficit fiscal que sufre Catalunya. Su representante, Joan Baptista, ha defendido que Catalunya recauda en torno al 19% del total de impuestos del Estado pero recibe un retorno en inversiones de entre el 9% y el 10%. Según sus datos, el déficit fiscal de los ciudadanos catalanes superó los 21.000 millones de euros en 2022, lo que equivalía al 8,2% del PIB catalán, una cifra que —aseguró— nunca baja de los 20.000 millones anuales y que convierte a Catalunya en “la región de Europa que más recursos transfiere a otras administraciones”.

Montero ha reprochado a la formación independentista su negativa a negociar el nuevo sistema y ha invitado al portavoz de Junts a “reconsiderar su postura”. La ministra, además, ha sostenido que el debate sobre financiación no debe plantearse en términos de confrontación territorial y que el Gobierno ya ha alcanzado acuerdos con Esquerra Republicana que ha valorado como “buenos no solo para Catalunya, sino para el conjunto de España”.

La presencia de mujeres en los consejos de administración de las grandes empresas españolas está más cerca de alcanzar la paridad. El último informe elaborado por Atrevia y IESE Business School sitúa en el 42% el peso femenino en los consejos del Ibex 35, dos años antes de que venza el plazo legal para cumplir el mínimo del 40% que fija la normativa aprobada en 2024.

Durante la presentación del XIV Informe de Mujeres en los Consejos de Administración, la consejera delegada de ATREVIA, Asunción Soriano, subrayó que “la empresa española ha hecho un recorrido muy significativo en los últimos años y el Ibex ya se ha adelantado al cumplimiento de la ley”. Según detalló, 187 de los 446 puestos en los consejos del selectivo están ocupados por mujeres.

Soriano subrayó que el salto no es solo consecuencia de la regulación: “Ha sido un proceso bastante natural. Las empresas quieren a los mejores perfiles, a las personas mejor formadas y con más experiencia. Y hoy hay muchas mujeres con trayectorias sólidas en alta dirección que están perfectamente preparadas para ocupar estos puestos”.

En cifras, 187 de los 446 asientos en los consejos del selectivo están ocupados por mujeres. En 2002 apenas representaban el 2%; en 2015, el 15%; en 2020, el 25%. “Hemos incrementado un 253% el peso de las mujeres en los consejos. Es un cambio muy relevante en poco más de una década”, destacó.

El techo se desplaza hacia la alta dirección

El contraste aparece al analizar los comités ejecutivos. La profesora del IESE y coautora del estudio, Nuria Chinchilla, advirtió de que “la presencia femenina avanza, pero sigue lejos de la paridad”. En el Ibex, las mujeres ocupan el 23,5% de los puestos en la alta dirección, apenas unas décimas más que el año anterior.

“Estamos prácticamente en la mitad de lo que ya hemos conseguido en los consejos. Aquí es donde tenemos todavía el gran recorrido pendiente”, señaló Chinchilla. Solo 10 de las 115 empresas analizadas alcanzan el 40% de mujeres en sus comités de dirección y siete no cuentan con ninguna mujer en ese nivel.

Para Soriano, este desfase demuestra que “el techo de cristal no ha desaparecido, se ha desplazado”. Mientras los consejos —impulsados por recomendaciones de buen gobierno y ahora por obligación legal— han acelerado su transformación, la primera línea ejecutiva evoluciona con mayor lentitud.

Consejos más equilibrados y más pequeños

El informe también detecta que muchas compañías han reducido el tamaño de sus consejos siguiendo las recomendaciones de buen gobierno. En esa reconfiguración, la mayoría de las salidas han correspondido a consejeros hombres, lo que ha contribuido a equilibrar la composición.

“El objetivo no es una batalla de números, sino normalizar la presencia femenina”, explicó Soriano. De hecho, 15 empresas ya cuentan con más del 50% de mujeres en sus consejos. “Eso demuestra que no se trata de cuotas forzadas, sino de una búsqueda de talento. Cuando miras el mercado, encuentras mujeres con la formación y la experiencia necesarias”, añadió.

Chinchilla coincidió en que la diversidad aporta valor a la gobernanza empresarial. “Los órganos de gobierno más diversos toman decisiones más ricas y con más matices. No es una cuestión simbólica, es una cuestión de calidad”, afirmó.

Diversidad de género, perfiles similares

Pese al avance, el estudio apunta a cierta homogeneidad en el perfil de las consejeras. El 82% procede de economía o derecho y la mayoría ronda los 60 años. “La consejera tipo es una mujer española con trayectoria directiva consolidada y formación económica”, detalló Chinchilla.

Para Soriano, esto refleja también la lógica del sistema: “La mejor manera de llegar a un consejo es hacer una buena carrera directiva. Es un recorrido orgánico”. No obstante, ambas expertas reconocen que ampliar la diversidad disciplinar y acelerar el acceso femenino a la alta dirección serán los próximos retos.

En comparación con el resto de Europa, España se sitúa entre los cinco países con mayor presencia femenina en consejos de administración. “Es un logro colectivo del tejido empresarial y de la sociedad”, concluyó Soriano.

El balance es claro: la paridad en los órganos de supervisión está cerca de consolidarse y lo ha hecho, según las autoras, de forma progresiva y natural. Pero la igualdad plena en el núcleo del poder ejecutivo sigue pendiente. El siguiente paso será que esa meta del 40% no se quede en los consejos y llegue también a los despachos donde se toman las decisiones del día a día.

Las subidas del precio del petróleo en los mercados internacionales han comenzado a reflejarse ya en los paneles y a trasladarse al surtidor 48 horas después del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán. A media mañana de este lunes, el incremento es moderado —en torno a cinco céntimos por litro en algunas estaciones—, pero suficiente para reactivar viejos reflejos entre algunos conductores: adelantar el repostaje ante el temor de mayores alzas.

La ofensiva militar conjunta lanzada este fin de semana por Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán, que ha generado explosiones en Teherán y otras ciudades iraníes y una escalada de las tensiones regionales, está teniendo ya efectos indirectos en los mercados energéticos globales y, por consiguiente, en el bolsillo de los conductores. 

En una estación de servicio de Repsol en el dentro de Madrid, su encargada confirma que el precio ya ha aumentado y “puede llegar a subir más”, admite. “Hemos detectado que ha incrementado la gente que ha venido a repostar”. Aunque introduce un matiz: el efecto fin de mes también puede influir en ese repunte puntual de clientes que aprovechan para llenar el depósito.

A unos metros, en una gasolinera de Shell, el diagnóstico es similar: los precios han empezado a subir, pero sin movimientos bruscos. Lo que sí ha cambiado es la reacción. “Antes, cuando había rumores de subidas, la gente venía corriendo. Ahora no tanto”, explican desde la estación. La incertidumbre energética ya no genera el mismo efecto llamada que en anteriores crisis, indican en esta gasolinera.

Entre la prevención y la resignación

A pie de surtidor, las opiniones de las personas usuarias se dividen entre quienes intentan anticiparse y quienes han asumido que las variaciones de precios forman parte de la rutina. 

“Yo he venido hoy precisamente por eso”, cuenta Javier, repartidor. “Trabajo con la furgoneta y cinco céntimos parecen poco, pero al final del mes se nota”. María, que reposta gasolina 95, sigue una lógica similar: “Si escucho que va a subir, lleno el depósito aunque esté a la mitad. Prefiero prevenir”.

Otros conductores relativizan el impacto. “Es el pan de cada día”, resume Antonio, jubilado. “Sube, baja… pero nunca vuelve a lo que estaba hace años”. Esta es una denuncia habitual de los clientes, que critican que las alzas de precios en los mercados financieros se trasladan muy rápido al surtidor, pero no ven la misma agilidad cuando se moderan los precios.

Por su parte, Laura asegura que no puede planificar en función de cada variación: “Reposto cuando lo necesito. No puedo estar pendiente de si mañana sube dos o tres céntimos”.

Esa mezcla de cautela y resignación se repite en los clientes de varias estaciones consultadas. Los ajustes son por ahora contenidos y dependen de la evolución del conflicto internacional y de su repercusión en el precio del crudo en los próximos días. Si el petróleo mantiene la tendencia alcista, el traslado al surtidor continuará, reconocen los dependientes de las gasolineras.

De momento, todas las miradas apuntan al estrecho de Ormuz, un punto clave para el suministro del petróleo a nivel mundial y cuyo cierre efectivo puede suponer un grave problema para las principales economías desarrolladas.

Las perchas de muchas tiendas pequeñas se han llenado de prendas sacadas de otra época: cazadoras vaqueras desgastadas, camisas estampadas de los noventa o jerséis con etiquetas que ya no existen. Lo que durante décadas fue territorio de un nicho alternativo, se ha convertido en una escena habitual en barrios de Madrid o Barcelona, entre otras grandes ciudades, donde cada vez más jóvenes entran en tiendas de segunda mano en busca de algo que no encontrarán en un centro comercial.

El crecimiento del consumo de ropa vintage entre la Generación Z no es solo una cuestión estética. Detrás conviven factores económicos, inquietudes ambientales y una cierta fatiga frente al modelo de consumo acelerado de la moda rápida. En paralelo, pequeñas tiendas y proyectos locales encuentran en este cambio una oportunidad —y también nuevos desafíos— en un mercado cada vez más competitivo que, tal y como señala el informe de Oxford Economics, en 2023 generó más de 9.200 empleos.

Un público joven que compra menos… y busca más

Pablo, empleado de una tienda de chaquetas de segunda mano en la calle Corredera Baja de San Pablo, en el barrio madrileño de Malasaña, observa un cambio en el consumidor. “Quienes entran en estos comercios son cada vez más jóvenes y lo hacen con una actitud distinta. No buscan hacer la compra del mes, sino explorar: miran, rebuscan, prueban y vuelven a mirar”, afirma.

Buscan precios accesibles, pero también la autenticidad de prendas que consideran únicas y a las que atribuyen una segunda vida. Parte del auge lo interpretan como reacción al encarecimiento percibido en cadenas del grupo Inditex —propietario de enseñas como Zara— y al modelo de producción intensiva popularizado por compañías como Shein. Al mismo tiempo, advierten de que el vintage ya no es necesariamente barato: la demanda creciente ha dado lugar a un mercado con lógica propia.

Desde la cadena de moda sostenible Humana observan el mismo fenómeno. Su director de Proyectos y Relaciones Externas, Rafael Mas, explica que si antes de 2020 los menores de 25 años representaban alrededor del 10% de su clientela, hoy alcanzan el 20%. A su juicio, la segunda mano se percibe cada vez más como “una alternativa sostenible y asequible”, pero también como una forma de expresar identidad, ya que vestir prendas reutilizadas puede transmitir “cierta rebeldía e individualidad”.

Vestir como forma de identidad

La expansión de la ropa vintage refleja una manera de entender la moda menos centrada en la novedad constante y más en la durabilidad, la singularidad o la coherencia personal. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) subrayan que el atractivo de este mercado combina ahorro económico y menor impacto ambiental, mientras que en Humana constatan que cada vez más clientes —especialmente jóvenes— buscan prendas singulares y se acercan a la moda desde una dimensión emocional, en parte como reacción a la uniformidad de la moda rápida.

Marta Biech, estudiante de Comunicación de las Organizaciones en la Universidad Autónoma de Barcelona, explica que empezó a comprar ropa de segunda mano porque sentía que “la ropa de antes tenía mucha más personalidad”, algo que —dice— le ha ayudado a encontrar un estilo propio.

Para Iakes Pérez de Lazarraga, estudiante de Administración y Dirección de Empresas en Mondragon Unibertsitatea, el cambio ha sido progresivo: reducir compras en grandes cadenas y construir una relación más consciente con la ropa. Hoy, asegura, el 90% de su armario procede de plataformas o tiendas de segunda mano. “Prefiero comprarme cuatro camisetas de segunda mano por el precio que me compraría una nueva”, resume.

El valor de lo local y la experiencia de compra

Más allá del producto, quienes frecuentan estas tiendas destacan el trato directo, la conversación con quienes gestionan el negocio y la sensación de apoyar proyectos independientes. “El trato es más personal y siento que apoyo a un negocio local”, dice Marta. “Pagas un poco por la experiencia y están mucho más comprometidos con el proyecto”, añade Iakes.

El auge del vintage también puede leerse como una búsqueda de comunidad frente a un consumo cada vez más digitalizado. Algunos consumidores describen estos espacios como lugares donde comprar se desacelera. “Es casi un arte encontrar algo”, comenta una clienta habitual. “Hay días que encuentras una joya y otros no, esa es precisamente la gracia” aclara.

En Humana reconocen que las redes sociales actúan como amplificador. TikTok, Instagram o Pinterest funcionan como escaparates donde descubrir tiendas y combinaciones que luego se trasladan a la búsqueda física. Marta reconoce que encuentra inspiración online, mientras que Iakes explica que sigue perfiles especializados y adapta las ideas a su presupuesto.

La segunda mano se consolida en los datos

Las percepciones del sector coinciden con las cifras. Una encuesta reciente de la OCU indica que el 75% de los españoles entre 18 y 64 años compró al menos un producto de segunda mano en el último año, con un gasto medio de 167 euros. La ropa y el calzado lideran las búsquedas, muchas de ellas a través de plataformas digitales como Vinted o Wallapop.

Según explica Mas, las motivaciones suelen combinar factores económicos y valores ambientales: en un contexto de inflación, el acceso a prendas de calidad a menor precio convive con el deseo de reducir el impacto ambiental y alejarse del consumo acelerado. Además, recuerda que en organizaciones como la suya existe un componente social, ya que los ingresos financian proyectos de cooperación y acción social.

Desde el análisis de mercado, Jaime Diez, de Worldpanel by Numerator, para los consumidores importan las variables “precio, sostenibilidad y tendencias”. Según explica, los datos muestran que casi la mitad de los consumidores lo percibe como una forma de ahorrar y más de seis de cada diez como una manera de cuidar el medio ambiente, especialmente entre los jóvenes.

Además, matiza que aunque la preocupación climática está presente en el discurso juvenil, “cuando se pregunta si están dispuestos a pagar más por prendas sostenibles no son el grupo que más destaca”. Iakes reconoce esa ambivalencia: “A veces me siento un poco culpable cuando compro en ese tipo de tiendas, aunque intento compensarlo comprando menos y eligiendo mejor”.

Entre tendencia y cambio cultural

El debate sobre si el fenómeno es pasajero o estructural sigue abierto. “Creo que empezó como una moda, pero poco a poco se está convirtiendo en un cambio real”, reflexiona Marta. El crecimiento también trae tensiones: subida de precios, profesionalización de la reventa o riesgo de perder el carácter alternativo. “Ahora hay muchas más tiendas, pero esto siempre ha existido y siempre existirá”, apunta Iakes.

De cara al futuro, el analista de Worldpanel considera que más que competencia directa, se debería hablar de convivencia. “Los consumidores alternamos entre comprar segunda mano y otros segmentos” añade. También explica que la tendencia parece consolidarse a medida que más consumidores incorporan la segunda mano como una opción habitual —no solo por precio, sino como parte de una manera distinta de relacionarse con la ropa— en un escenario donde comprar menos, elegir mejor y alargar la vida útil de las prendas empieza a formar parte de la conversación cotidiana.

En los últimos años, los algoritmos han pasado de ser herramientas invisibles a convertirse en árbitros cotidianos de decisiones que afectan al día a día: desde hacer un examen a pasar un control adicional en el aeropuerto. Pero cuando algo sale mal, cuando un sistema automatizado discrimina, niega un servicio o trata datos sin garantías, empieza un recorrido que los expertos describen como un laberinto.

Un avance del informe de Political Watch, presentado bajo el paraguas de IA ciudadana —una plataforma integrada por 19 organizaciones que trabajan por los derechos humanos en el entorno digital—, concluye que quienes sufren daños por sistemas de inteligencia artificial se enfrentan a normas fragmentadas, autoridades con competencias difusas y procedimientos que no garantizan su reparación.

El informe, que analiza qué ocurre cuando un sistema automatizado vulnera derechos, mapea por primera vez las vías de reclamación existentes y señala los puntos en los que el proceso se atasca. Tal y como apunta la portavoz de Political Watch y representante de IA ciudadana, Celia Zafra, “el problema no es ciencia ficción”. Se trata de la primera fase de un trabajo que busca diagnosticar los obstáculos actuales antes de proponer soluciones, explica.

Un sistema pensado para supervisar, no para reparar

Cuando una persona se ve perjudicada por un algoritmo, esta tiene derecho a reclamar. Pero en la práctica, según el documento adelantado, hacerlo implica recorrer un entramado institucional y legal complejo en el que no existe una “ventanilla clara” a la que acudir.

El análisis revisa el marco internacional, europeo y español aplicable y concluye que, pese a la abundancia de normas, la regulación resulta fragmentada. “Una misma vulneración algorítmica puede quedar cubierta por varias normas a la vez o, por el contrario, no encajar plenamente en ninguna” explica Zafra.

Según el informe, el diseño institucional actual prioriza el cumplimiento regulatorio por parte de empresas y administraciones, pero no siempre ofrece mecanismos efectivos para reparar a quienes sufren el daño. “Está pensado más para regular el mercado que para reparar a quien sufre el daño”, añade.

Detectar que el daño y falta de indemnizaciones

Desde la parte técnica, la investigadora Mireia Orra subraya que el primer obstáculo aparece incluso antes de iniciar cualquier reclamación: identificar que el perjuicio proviene de un sistema de inteligencia artificial. “Es muy difícil para una persona que no se dedica a temas de tecnología detectar de dónde proviene el daño”, apunta.

El informe recoge que la aplicación de tecnología afecta a derechos fundamentales que ya cuentan con garantías —como el derecho a no ser discriminado—, pero no siempre está claro si la persona afectada debe acudir a una autoridad de protección de datos, a una inspección sectorial o a ambas vías, lo que genera incertidumbre.

Otro de los puntos críticos, según la investigadora, es la fase de resolución. Las autoridades pueden determinar que se ha vulnerado un derecho y sancionar a la entidad responsable, pero no tienen potestad para fijar indemnizaciones, lo que obliga a iniciar nuevos procedimientos para reclamar compensaciones.

El informe advierte además de la dificultad para cuantificar daños como los derivados de vulneraciones de protección de datos, un terreno en el que no existen criterios claros y en los que “habrá un dilema para establecer una indemnización”, señala Orra.

También se documentan casos en los que entidades sancionadas continúan utilizando sistemas cuestionados, lo que —según el diagnóstico— evidencia que no siempre se corrigen los efectos de estas tecnologías. Como es el caso de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) que pese a ser multada por utilizar reconocimiento facial en los exámenes, sigue utilizando ese sistema.

Plazos de prescripción y falta de coordinación

El informe subraya que es necesario revisar cómo funcionan los procedimientos, porque el plazo para reclamar puede agotarse mientras la autoridad aún está resolviendo el caso. Esto puede dejar a las personas afectadas sin opción de pedir una compensación incluso cuando se reconoce una vulneración. Como ejemplo, cita la sanción a Aena por el uso de reconocimiento facial en sus aeropuertos sin garantías adecuadas, donde el trámite del expediente no interrumpió el plazo de prescripción, por lo que ningún usuario ha sido indemnizado por ello.

El documento también identifica problemas de coordinación entre organismos, ya que al menos tres autoridades pueden recibir reclamaciones —como la Agencia Española de Protección de Datos, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o la autoridad competente en inteligencia artificial—. Cada una de las distintas autoridades con criterios propios, lo que puede provocar conflictos sobre quién debe tramitar una reclamación.

Orra concluye que “tenemos derechos digitales sobre el papel, pero no tenemos una ventanilla clara donde una persona pueda decir que un sistema de IA le ha perjudicado”.

Lo que compran los hogares españoles no es lo mismo hoy que hace 70 años. Tampoco lo es la forma en la que el Instituto Nacional de Estadística (INE) mide ese consumo para calcular la inflación. La llamada cesta de la compra del Índice de Precios de Consumo (IPC) —el conjunto de bienes y servicios que sirve de referencia para saber cuánto suben o bajan los precios— ha ido cambiando con el paso del tiempo para adaptarse a nuevos hábitos, tecnologías y formas de vida.

El INE ha arrancado el año con un cambio relevante en su metodología. En la actualización de 2025, se ha introducido una nueva clasificación de productos. Esto ha obligado a crear nuevas categorías y a ajustar otras que ya no reflejaban el consumo real de los hogares. El resultado: salen productos como la corbata o el DVD y entran otros como el aguacate, las plataformas digitales o los servicios médicos especializados.

Qué entra y qué sale según la época

El producto final es una cesta que pasa de 462 productos en la base 2021 a 487 en la base 2025, una ampliación que busca afinar mejor la medición del coste de la vida. Así, en alimentación entran productos como los aguacates o los arándanos, cada vez más habituales en los carros de la compra. En bebidas aparecen referencias como los refrescos de té o la cerveza con limón. En los servicios médicos se incorpora, por ejemplo, la radiografía. Al mismo tiempo, desaparecen artículos que han perdido peso en el gasto cotidiano, como la corbata o el pañuelo.

Mirar atrás permite entender mejor estos cambios. En la base 2021, por ejemplo, se incorporaron las mascarillas higiénicas —impensables unos años antes a raíz de la pandemia— y la suscripción a periódicos online. Al mismo tiempo, se eliminaron productos tecnológicos ya obsoletos, como el reproductor portátil, el CD o el DVD. En total, el IPC base 2021 pasó a tener 955 artículos, combinando recogida tradicional y datos de escáner, frente a los 977 de la base anterior.

En la base 2016, los protagonistas fueron los servicios de vídeo y música en streaming, los juegos de azar online o el café en monodosis. Salieron, en cambio, productos como el brandy, la videocámara o el DVD grabable. En 2011, la cesta dio entrada a discos duros portátiles, notebooks y tablets, mientras desaparecían el CD grabable o el alquiler de películas. También se incorporaron nuevos servicios de estética, como la depilación láser, y paramédicos, como el logopeda.

Si se retrocede aún más, en la base 2006 se ajustaron incluso productos tan tradicionales como la carne: la ternera y el añojo sustituyeron a la carne de vaca, cuyo consumo había caído. Entraron productos dietéticos, infantiles y servicios sanitarios como la fisioterapia o determinadas operaciones médicas. En 2001, uno de los símbolos del cambio fue la desaparición de la máquina de escribir y la entrada de la comida preparada.

Un reflejo del consumo medio

Para la economista senior de Funcas, Mª Jesús Fernández, este proceso de actualización es fundamental para mantener la representatividad del índice. “Los cambios en la composición de la cesta pueden ser un buen reflejo de los cambios sociales”, explica. A su juicio, la revisión periódica —que se realiza cada cinco años— es una frecuencia “suficiente para que siga representando al ciudadano medio”.

Medir ese consumo real no siempre es sencillo. Algunos servicios son cada vez más difíciles de capturar con un único precio de referencia. No existe hoy una tarifa estándar para la telefonía —cada cliente paga una distinta según su contrato— y algo parecido ocurre con los billetes de avión o con la electricidad, cuyos importes pueden variar notablemente. Aun así, según Fernández, el diseño del IPC permite aproximarse con bastante fidelidad al patrón de consumo medio.

Ahora bien, el IPC es una media. “Cada grupo social —según su nivel de renta, su edad o si tiene hijos o no— tiene en realidad su propio IPC”, matiza. Cuando se encarecen con fuerza los alimentos, los hogares de menor renta suelen notar más la inflación porque destinan una mayor proporción de su presupuesto a esa partida. En cambio, si suben con intensidad los servicios turísticos o el ocio, el impacto tiende a sentirse más en los hogares de mayor renta. Con todo, a largo plazo las diferencias no suelen ser muy acusadas.

De 181 artículos a casi 500

El IPC no se calcula al azar. Cada producto o servicio que entra en la cesta tiene un peso concreto en función de lo que gastan las familias en él. Según explica el propio INE en su metodología, la evolución de la cesta puede observarse oficialmente a nivel de grandes grupos de consumo. Para analizar con mayor detalle qué gana o pierde peso, es necesario comparar las ponderaciones de las distintas subclases año a año.

Si se mira la evolución histórica, se aprecia cómo la cesta ha ido ampliándose y sofisticándose. En 1958 incluía 181 artículos. Una década después superaba los 250 y, a mediados de los años setenta, rondaba los 400. A principios de los noventa alcanzaba los 471 productos. Desde entonces, el número se ha mantenido cerca del medio millar, con ajustes en cada revisión. Con la base 2021, la cesta pasó a contar con 462 productos de recogida tradicional —aunque el total del IPC era mayor al incorporar datos de escáner—. Con la base 2025, la cifra asciende a 487.

Más que una simple expansión numérica, estos cambios reflejan una transformación del patrón de consumo: más variedad, mayor especialización y un peso creciente de los servicios. La entrada este año del aguacate y el arándano y la salida de artículos como las corbatas o los pañuelos —según la última nota de prensa del INE— ilustran, según Fernández, esa adaptación constante a los hábitos reales de la población. “No sabría decir si falta algún componente importante por recoger”, señala, aunque en términos generales considera que el IPC “está bien diseñado”.

Ponderaciones

Para entender realmente cómo ha cambiado el consumo no basta con mirar qué productos entran o salen de la cesta. Lo decisivo es el peso que tiene cada gran grupo en el IPC, es decir, cuánto influye en el resultado final de la inflación.

Según la metodología del INE, la evolución oficial de la cesta se presenta a nivel de grupo. Si se comparan las bases desde mediados de los años 2000, se observa un desplazamiento progresivo del peso desde los bienes tradicionales hacia los servicios.

Durante años, los alimentos fueron el grupo con mayor peso en el índice, reflejo de un presupuesto familiar más centrado en el hogar. En las bases más recientes, ese protagonismo lo comparten —e incluso lo superan— los restaurantes y los servicios de alojamiento. La vivienda, apartado que incluye el alquiler de la vivienda habitual y los gastos asociados a su uso, como la electricidad, el gas, el agua, la recogida de basuras o el alcantarillado, mantiene una posición estructural y gana relevancia en el largo plazo. En paralelo, la sanidad y el cuidado personal aumentan su peso.

Este incremento, como apunta la economista de Funcas, no solo responde a la incorporación de nuevos servicios médicos especializados, sino también al envejecimiento de la población y a una mayor disposición de los hogares a destinar recursos a la prevención y al bienestar.

Frente a estos avances, partidas como vestido y calzado o incluso la alimentación pierden peso relativo. No necesariamente porque se consuman menos en términos absolutos, sino porque otros capítulos crecen con mayor intensidad. En conjunto, la evolución de las ponderaciones dibuja una transformación profunda del modelo de consumo: de una economía doméstica centrada en bienes básicos a otra en la que pesan cada vez más los servicios, el ocio, la vivienda y el cuidado personal.

Uber ha puesto en marcha este martes ‘Mujeres Conductoras’ en España, un nuevo servicio que permite a las mujeres usuarias solicitar viajes exclusivamente con conductoras y, a la inversa, que las conductoras puedan priorizar pasajeras. La funcionalidad está disponible desde hoy en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y Mallorca, y mantiene el mismo precio que UberX, el producto estándar de la compañía.

El lanzamiento coincide en el tiempo con una nueva sacudida judicial a Uber en Estados Unidos. La semana pasada, un jurado federal de Phoenix condenó a la empresa a pagar 8,5 millones de dólares a Jaylynn Dean, una usuaria que denunció haber sido violada por un conductor de la plataforma en 2023, según informó The New York Times. El fallo, considerado un caso piloto, abre la puerta a miles de demandas similares pendientes en el país por presuntos fallos sistémicos en las políticas de seguridad de la compañía.

Desde Uber niegan a ElDiario.es cualquier relación entre ambos hechos. La empresa asegura que el lanzamiento de Mujeres Conductoras no responde a la detección de denuncias ni a un aumento de agresiones contra mujeres en España. “No hemos detectado casos graves en el mercado español”, sostienen fuentes de la compañía, que enmarcan la iniciativa como una respuesta a una demanda recurrente de usuarias y conductoras.

Mujeres conductoras: en crecimiento, pero aún minoría

Según los datos facilitados por Uber, las mujeres representan actualmente el 8% del total de personas que conducen a través de la plataforma en España, una cifra que triplica la media de la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África en español, según sus siglas en inglés), situada por debajo del 3%. La mitad de estas conductoras se concentra en Madrid, seguida de ciudades como Sevilla y Valencia. En el último año, el número de mujeres conductoras ha crecido un 40%, y en los últimos cinco años se ha duplicado de forma sostenida.

La directora general de Uber en España, Lola Vilas, defendió durante la presentación que las mujeres “valoran especialmente la posibilidad de elegir con quién viajan y a quién llevan”, una preferencia que, según la empresa, ha sido clave en el diseño del nuevo servicio. Las conductoras podrán activar o desactivar la opción de viajar solo con pasajeras según la zona, el horario o el tipo de trayecto, mientras que las usuarias podrán seleccionar esta modalidad al solicitar un viaje.

“No hemos detectado casos graves en España”

Durante el acto, varias conductoras subrayaron que la medida puede mejorar su sensación de seguridad, especialmente en turnos nocturnos y fines de semana. “Cuando conduzco de noche prefiero recoger a mujeres, me siento más segura”, explicó una de ellas. Otras destacaron que la opción les permite adaptar su trabajo a contextos concretos, como determinadas zonas o franjas horarias.

Aunque Uber insiste en que no existe una relación de causa y efecto con el caso estadounidense, el lanzamiento se produce en un momento de creciente escrutinio sobre la seguridad de las plataformas de transporte. En el fallo recogido por The New York Times, el jurado rechazó el argumento de Uber de que no es responsable de la conducta de sus conductores por considerarlos autónomos, una tesis que podría marcar el rumbo de miles de litigios similares en Estados Unidos.

En España, la compañía mantiene que no ha identificado incidentes graves comparables, pero reconoce que el reto pasa por atraer a más mujeres a un sector altamente masculinizado y por ofrecer herramientas que mejoren su experiencia en la plataforma, tanto como pasajeras como al volante.

Vehículos autónomos para 2026

Además del anuncio del nuevo servicio, la compañía aprovechó el acto para adelantar la llegada de vehículos autónomos a España en 2026, aunque sin concretar aún su despliegue. La compañía aseguró que los usuarios podrán seleccionar este tipo de vehículo a través de la aplicación cuando el servicio esté disponible, pero evitó detallar cómo será la operativa, en qué condiciones circularán o qué socios tecnológicos participarán, remitiéndose a un trabajo previo con las administraciones públicas y a futuras comunicaciones.

Junto a este anuncio, Uber puso el acento en su crecimiento en el país, destacando la expansión geográfica de la plataforma —de siete ciudades en 2022 a 18 en la actualidad, además de Andorra— y la ampliación de su cartera de servicios, desde vehículos eléctricos hasta transporte adaptado o la integración del taxi. Sin embargo, la empresa volvió a esquivar la presentación de datos financieros en España y no ofreció cifras sobre ingresos, facturación o rentabilidad, limitándose a subrayar el aumento del uso de la plataforma y del número de conductores activos.

Primer día de huelga en el sector ferroviario tras los graves accidentes de tren de Adamuz (Córdoba) y de Gelida (Barcelona), que han dejado 47 víctimas mortales, entre ellas tres maquinistas y un trabajador de la cafetería. “Hay bastante seguimiento”, dice un maquinista de Catalunya, una de las zonas donde más movilización y consternación hay, según varias fuentes sindicales, donde este lunes no se ha logrado garantizar los servicios mínimos, lo que alarga los problemas en la red de Rodalies.

“Está teniendo mucho seguimiento sobre todo en País Vasco y Catalunya, aunque aún es pronto para hablar de porcentajes, ya que hay muchos turnos con horarios distintos”, indican fuentes de UGT a este medio. En CGT indican que se darán los primeros datos de seguimiento de los paros a media mañana.

La huelga pretende reclamar más seguridad y más mantenimiento de la red ferroviaria, para lo que los sindicatos reclaman un refuerzo de medios, tanto materiales como de personal.

En la estación de Sol, de Cercanías en el centro de Madrid, no hay información de los próximos trenes en las pantallas de entrada. “Es porque ahora no hay ninguno, cuando faltan unos 7 minutos van saliendo”, dice una trabajadora de atención al público.

Por megafonía, se recuerda la situación de huelga en todo el sector ferroviario para los días 9, 10 y 11 de febrero y se recomienda a los pasajeros que “planifiquen” sus trayectos por la reducción de trenes, ya que hay más de mil trenes anulados por los paros. También que busquen medios de transporte alternativos. Según la trabajadora de atención al público, este lunes “se ha notado bastante menos afluencia de pasajeros”.

Desde primera hora de la mañana, en la estación de Atocha de la capital, trabajadores en huelga donde han informado a los viajeros sobre los motivos del paro. “Como en cualquier jornada de huelga, hemos venido temprano, sobre las seis y media, para repartir panfletos y explicar las reivindicaciones”, explica Bartolomé Muñoz, miembro del Comité General de Empresa del Grupo Renfe por CCOO, que destaca una acogida “bastante buena” por parte de los usuarios, algunos de los cuales se han acercado incluso a pedir más información.

Muñoz subraya que la huelga no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para visibilizar demandas “históricas” del sector, como el aumento del tráfico ferroviario tras la liberalización, sin un refuerzo proporcional del mantenimiento, o la falta de protocolos claros y coordinados ante fenómenos climáticos extremos cada vez más frecuentes, como el que acontecía en el momento del siniestro de Gelida, que se llevó la vida de un maquinista e hirió de gravedad a otros compañeros.

Problemas en los servicios mínimos en Catalunya

La huelga de trabajadores ferroviarios, que comenzó a las doce de la noche, avanza sin incidentes reseñables, indica la agencia EFE. Salvo en Catalunya, donde sí ha habido problemas en algunos trenes de servicios mínimos.

“La empresa dio tarde los servicios mínimos, por lo que mucha gente no se ha presentado a trabajar por ese motivo. No tienen carta de servicios mínimos”, afirma un maquinista de la red de Rodalies. Fuentes de UGT también denuncian que se entregaron los servicios mínimos “fuera de la jornada laboral”.

El maquinista de Rodalies denuncia que la tardanza “solo tiene dos explicaciones: lo hacen aposta o son muy torpes, porque la orden de servicios mínimos estaba dictada el miércoles”, sostiene. “Aquí en Catalunya está habiendo seguimiento”, añade el conductor de tren, que sostiene que es la mayor huelga que recuerda “desde 2021”.

De manera general, fuentes sindicales indican que los servicios mínimos y la huelga está transcurriendo con normalidad en el resto del país. En la estación de Atocha, en Madrid, a las 11.15 horas, desde megafonía informaban que se limitaban las entradas a las instalaciones por “motivos de seguridad”.

La huelga ha generado escenas de confusión entre algunos usuarios que llegaban a la estación sin conocer el alcance del paro. Trabajadores de Renfe se han encargado de informarles directamente sobre la situación, mientras que por megafonía se recomendaba utilizar medios de transporte alternativos. Por motivos de seguridad, también se ha procedido a limitar el acceso a la estación. Entre los viajeros, hay quienes han perdido citas médicas o han llegado tarde al trabajo, aunque la mayoría muestra comprensión ante la protesta. Pese al enfado puntual de algunos usuarios, el ambiente general ha sido de entendimiento hacia las reivindicaciones de la plantilla.

Entre el enfado y la comprensión, las movilizaciones dibujan un clima de opiniones cruzadas que los trabajadores asumen desde primera línea. Reconocen el trastorno que el paro supone para quienes dependen del tren para ir a trabajar, pero defienden que se trata de “un mal de un día” para corregir un problema estructural enquistado desde hace años.

Como cara visible del conflicto, relatan episodios de insultos lanzados al pasar, que atribuyen al momento de tensión, junto a muestras de apoyo y empatía de otros usuarios. Un respaldo que agradecen especialmente porque, subrayan, las reivindicaciones no son solo laborales, sino también una defensa del derecho de la ciudadanía a un ferrocarril público que funcione como debería.

Nueva reunión con Transportes este lunes

Este lunes, la mirada está puesta en la nueva reunión que mantendrán a las 11 de la mañana el Ministerio de Transportes y los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT y el de maquinistas Semaf), por si hubiera un acercamiento. Se trata de la cuarta reunión, tras las tres mantenidas la semana pasada, sin acuerdo.

Fuentes de CCOO reconocen contactos previos con la administración y las empresas, pero consideran que las propuestas siguen siendo “insuficientes”, lo que ha llevado a la convocatoria del paro, que —insisten— se desarrolla desde la profesionalidad de las plantillas, con la seguridad y el estado de la infraestructura nuevamente en el centro del debate.

Se prevé que el ministro, Óscar Puente, que se encuentra de viaje, no sea el que acuda en esta ocasión al encuentro en representación del Gobierno, según indican fuentes sindicales a EFE.

La movilización ha obligado a cancelar la circulación de cientos de trenes de alta velocidad y larga y media distancia entre este lunes y el próximo miércoles 11 de febrero, así como reducir la frecuencia de los servicios de cercanías.

Aunque es un paro que está muy focalizado a los maquinistas, la huelga está convocada para todos los trabajadores de Renfe y de Adif, por distintas organizaciones de trabajadores ferroviarios.

“La convocatoria afecta a más de 34.000 personas trabajadoras entre empresas públicas y privadas del sector”, calculan en CGT. “Así, están llamadas a secundar la huelga 13.000 personas en Adif, 15.000 en Renfe, 450 en Iryo, 400 en Ouigo, 1.500 en Serveo y cerca de 4.000 en Logirail, además de personal de otras operadoras y empresas auxiliares”, informan desde la organización.

“El tren no se vende, el tren se defiende”

Los trabajadores se han concentrado junto a la estación de Atocha para reclamar las mejoras en la inversión ferroviaria y en su seguridad. Arturo Vega, responsable de Csif, destaca que el paro está teniendo un seguimiento amplio y que se están respetando los servicios mínimos. “La gente ha secundado la huelga y está convencida de que es el momento de luchar para mejorar el ferrocarril”, afirma. Vega reconoce el malestar que la convocatoria puede generar entre los usuarios —“yo mismo soy usuario diario del tren”, ha asegurado—, pero apela a la comprensión y subraya que la protesta busca corregir problemas arrastrados durante años, especialmente en Cercanías y Media Distancia, que afecta a la falta de puntualidad y el deterioro del servicio.

En cuanto a las negociaciones previas, señala que no se desconvocará la huelga sin un plan firme y compromisos verificables por parte del Ministerio, tras experiencias anteriores en las que los acuerdos no se cumplieron. “Hoy estamos aquí todos los sindicatos porque los ferroviarios siempre hemos estado orgullosos del servicio público que prestamos. Ese deterioro nos duele y creemos que solo unidos podemos dar un paso adelante para recuperar el tren que teníamos”.

El seguimiento del primer día de huelga también ha sido valorado de forma positiva por UGT. Luis Ángel Polvorino, responsable del sindicato en los talleres de Madrid, señala que la convocatoria ha contado con un amplio respaldo en todos los ámbitos del sector, desde conducción y personal comercial hasta ingeniería, mantenimiento y oficinas. Polvorino subraya que la protesta no tiene un carácter salarial, sino que está centrada en la seguridad del servicio ferroviario, y defiende la necesidad de internalizar aquellas cargas de trabajo que inciden directamente en ella, especialmente los procesos de mantenimiento de infraestructuras y material rodante actualmente externalizados.

A su juicio, estas tareas no pueden quedar en manos de empresas que priorizan la rentabilidad sobre la seguridad. En cuanto a la percepción social, sostiene que la huelga se hace “precisamente por los usuarios”, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y recuperar la confianza ciudadana en el ferrocarril como transporte público. Por último, destaca la importancia de visibilizar el conflicto para exigir a responsables empresariales y políticos que dejen de tratar el ferrocarril como un “instrumento de confrontación” y lo sitúen de nuevo como un servicio público estratégico al servicio de la ciudadanía.

Las joyas han ocupado un lugar recurrente en los cajones de las familias que han podido permitírselo: alianzas que no se usaban, cadenas heredadas, relojes de oro asociados a una biografía. Hoy, muchas de esas piezas están saliendo de casa. El motivo no es solo la necesidad económica. El fuerte encarecimiento del oro en los últimos años, a pesar de la reciente volatilidad, ha transformado objetos cargados de simbolismo en activos financieros; y las casas de compra-venta de metales preciosos en un discreto termómetro social.

El oro ha vivido una revalorización histórica. Según explica el secretario general del Gremio de Joyeros, Plateros y Relojeros de Madrid, Armando Rodríguez, el metal precioso ha llegado a subir cerca de un 70% desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, mientras que la plata ha rozado el 200%, a pesar de que en las últimas jornadas ambos han vivido vaivenes. “La subida responde a razones geopolíticas, a los conflictos internacionales y a la inestabilidad económica”, señala Rodríguez. A ello se suman las compras masivas de oro por parte de los bancos centrales y las expectativas de recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal.

Frente a la volatilidad financiera y la pérdida de atractivo de otros activos tradicionales, el oro ha vuelto a ocupar un lugar central como valor refugio. “La incertidumbre es decisiva. La sociedad aprecia el oro como un valor seguro que a largo plazo se revaloriza y que, en circunstancias puntuales como las actuales, ofrece una revalorización inmediata y muy importante”, añade Rodríguez.

Del recuerdo al activo

El cambio de paradigma se refleja en el mercado físico. El analista de mercados para España y Latinoamérica en eToro, Javier Molina, subraya que el oro ya no se percibe solo como un refugio para momentos de crisis aguda, sino que “pasa a entenderse como un activo de preservación de valor estructural”. Además, concluye que eso altera el perfil de quienes acuden a casas de cambio, joyerías o establecimientos de compraventa de metales preciosos.

“Ya no se trata únicamente de personas que venden por una necesidad puntual”, apunta Molina. “Hay ahorradores y familias que monetizan patrimonio acumulado, inversores que realizan rotaciones tras años de subidas y perfiles patrimoniales que utilizan el oro como puente de liquidez dentro de una estrategia más amplia”. El foco, añade, se desplaza del objeto al activo: la joya deja de valorarse por su carga emocional y se mide cada vez más por su contenido en metal.

Esta lógica financiera convive, sin embargo, con trayectorias vitales muy distintas. Alberto Parra, controlador aéreo en Barcelona, vendió uno de los relojes de oro heredados de su padre. “Tenía un enorme valor emotivo, pero era imposible de llevar estéticamente”, cuenta. Decidió venderlo y comprar otro que pudiera usar. “Sé que he hecho un poco de trampa: no es el reloj de mi padre, pero a la vez sí lo es”. Para Parra, las joyas han perdido peso como instrumento económico, pero mantienen su dimensión emocional: “Antes eran una forma de traspasar riqueza familiar; ahora son más símbolos de recuerdo”.

Desde el sector insisten en que el aumento del precio ha convertido joyas guardadas durante años en una oportunidad financiera. “Las casas de compraventa funcionan como un termómetro social silencioso”, apuntan fuentes del gremio: reflejan tanto la presión económica como los cambios culturales en la relación con el patrimonio.

Vender sin urgencia (y también con ella)

El auge del precio del oro ha ampliado los motivos para vender. En las casas de compraventa coinciden perfiles muy distintos: personas mayores que liquidan joyas heredadas, jóvenes que no sienten apego por piezas familiares, compradores que adelantan decisiones ante la expectativa de nuevas subidas y, también, personas que buscan liquidez inmediata para afrontar gastos urgentes.

Irene Delafuente, estudiante de Derecho en la Universidad de Valladolid, vendió parte de la colección de joyas de su abuela materna. “Algunas piezas tenían un recuerdo sentimental, pero la mayoría no tenían un significado personal profundo”, explica. La decisión no fue difícil: conservaron las joyas más especiales y vendieron el resto. “Antes, las joyas estaban pensadas para pasar de generación en generación porque eran un bien valioso que no todo el mundo podía permitirse. Hoy hay joyas de todo tipo y a precios mucho más accesibles y ya no se valoran igual”, reflexiona.

Aunque el componente de urgencia sigue presente en algunos casos. Antonia García, auxiliar de enfermería, vendió las joyas que habían pertenecido a su suegra. “Significaban un recuerdo para mis hijos de sus abuelos fallecidos. Sí que me costó, pero necesitábamos el dinero”, explica. El importe obtenido se destinó a la formación de sus tres hijos, una decisión que, reconoce, tuvo un fuerte coste emocional. “Me costó deshacerme de ellas. Hoy en día espero que mis nietos sientan el mismo apego por las mías y que no las vendan si no es por una gran necesidad, ya que son un recuerdo de su abuela”.

Su testimonio muestra que la venta de joyas no responde siempre a una lógica financiera ni a una estrategia patrimonial. En muchos casos es una decisión atravesada por la necesidad y por la carga simbólica de objetos que funcionan como vínculo entre generaciones. Frente a quienes venden por oportunidad, también están quienes lo hacen como último recurso, aunque intenten preservar el significado de lo que se pierde.

Un termómetro del cambio generacional

El fenómeno se produce en un contexto de encarecimiento generalizado. Según datos publicados por elDiario.es, las joyas fueron uno de los productos que más subieron de precio en 2025, con incrementos superiores al 30%. Para Armando Rodríguez, sin embargo, el valor simbólico no ha desaparecido. “La joya forma parte de la cultura de los pueblos. A ese valor se añade ahora su consideración como una inversión segura y como un legado que no se consume con el uso”, sostiene. El desacuerdo no es tanto sobre la existencia del símbolo como sobre su centralidad.

Ahí emerge con fuerza el factor generacional. Donde antes había dote, ahorro familiar y transmisión, hoy hay liquidez, valor de mercado y desapego. Guardar o vender ya no es una decisión moral, sino práctica. Para muchas personas jóvenes, vender joyas heredadas no significa romper con el pasado, sino reinterpretarlo.

El oro vuelve a brillar, pero no exactamente por las mismas razones que antes. En un entorno de incertidumbre prolongada, deuda elevada y confianza erosionada en los equilibrios financieros tradicionales, las joyas salen del cajón y entran en la báscula. No siempre por necesidad. A menudo, simplemente porque ahora pesan más como activo que como recuerdo.

Trabajadores de Adif y Renfe y sus representantes sindicales se han manifestado este martes ante el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para reclamar responsabilidades y una mejor gestión ferroviaria tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Rodalies.

Diego Martín Fernández, secretario general del sindicato de maquinistas Semaf, ha reclamado cambios inmediatos en la gestión del sector ferroviario y un giro en las políticas de inversión para garantizar la calidad y seguridad del servicio. Ha subrayado que los profesionales del ferrocarril llevan años denunciando deficiencias que viven “a diario” y que afectan directamente tanto a los trabajadores como a los viajeros. También ha recalcado la necesidad de priorizar la inversión en mantenimiento de las infraestructuras, frente a la construcción de nuevas líneas, una estrategia que, ha asegurado, ha predominado en los últimos años.

El representante de los maquinistas ha afirmado que el sector ha reportado, de forma reiterada, deficiencias en la red ferroviaria, También, que los sindicatos ferroviarios están unidos de cara a la convocatoria de huelga prevista para el 9, 10 y 11 de febrero.

Respecto a los accidentes recientes, Martín ha evitado adelantar conclusiones y ha señalado que será la investigación técnica y judicial la que determine responsabilidades. No obstante, ha recalcado que no debería ser necesario que se produzcan sucesos graves para que se atiendan las advertencias de los profesionales. Entre las principales urgencias que perciben, ha destacado el mantenimiento de las infraestructuras, especialmente en Rodalies, y la adopción de protocolos eficaces frente a fenómenos meteorológicos adversos, para evitar limitaciones de servicio, riesgos o accidentes.

Francisco Cárdenas Pons, responsable de UGT en el Grupo Renfe en Catalunya, ha defendido la movilización frente al Ministerio como un acto previo a la convocatoria de tres días de huelga, con el objetivo de forzar una reacción del Gobierno ante el deterioro del sistema ferroviario. Según ha explicado, tras años de advertencias ignoradas, la situación ha llegado a un punto crítico. Cárdenas denuncia que la ciudadanía ha pasado de percibir que “todo estaba perfecto” a asumir que “todo está mal”, y sostiene que es el momento de actuar “de forma radical” para cambiar una situación que ha calificado como insostenible.

El representante de UGT ha señalado la falta de inversión en Rodalies. Ha asegurado que una parte muy significativa de las incidencias ferroviarias se concentran en este territorio y lo atribuye a que, aunque las inversiones se presupuestaban, solo se ejecutaba entre el 25% y el 40% año tras año, lo que ha provocado una degradación progresiva de la infraestructura. También ha exigido al Ministerio que presente un plan real y a varios años vista para revertir la situación, ejecutando íntegramente las inversiones previstas.

Por su parte, Carlos Moreno, secretario de organización del Sindicato de Circulación Ferroviario en el Comité de Empresa de Adif, también ha hecho énfasis en que la concentración ante el Ministerio responde a los recientes accidentes y a la necesidad de cambiar el modelo ferroviario actual, especialmente en lo relativo al mantenimiento de las infraestructuras. Desde su sindicato denuncian sobrecarga de trabajo y falta de personal en los Centros de Regulación de Circulación, una situación que aseguran que se arrastra desde hace años. También reclaman un análisis del impacto que ha tenido la entrada de nuevos operadores en la red ferroviaria y exigen mejor formación del personal y límites claros a la externalización de tareas. Moreno ha asegurado que, aunque no cuestionan la seguridad del sistema, el aumento de tráfico ferroviario hace imprescindible reforzar y mejorar el mantenimiento, y confía en que estas movilizaciones sirvan para que el Ministerio impulse cambios estructurales en el sector.

“No puede funcionar a base de parches”

Arturo Vega, responsable nacional de CSIF en Renfe, ha señalado que su sindicato reclama la actualización de los protocolos de seguridad, un mayor esfuerzo inversor en el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias y el fin de las externalizaciones en los talleres, al considerar que afectan directamente a la seguridad de los trenes. También exige la modernización de los talleres, tanto en equipamiento como en instalaciones. Ante la respuesta del Ministerio, al que pide compromisos firmes y acuerdos que se cumplan, ha recordado que los pactos anteriores no se han ejecutado. En el contexto de los recientes accidentes, ha defendido la movilización como una forma de reclamar la recuperación de un ferrocarril de referencia, seguro, puntual y de calidad, y ha valorado positivamente la unidad sindical para exigir un plan de inversión real para el sector.

Pepa Páez, responsable del Sector Ferroviario de CCOO ha defendido ante el Ministerio de Transportes la necesidad de un cambio profundo en el modelo ferroviario, tras los recientes accidentes, que el sindicato considera que deben marcar “un antes y un después” y no pueden tratarse como “un incidente puntual”.

CCOO ha advertido contra la “normalización de incidencias constantes, retrasos, averías o cancelaciones” y ha denunciado que el ferrocarril “no puede funcionar a base de parches”. El sindicato sostiene que los problemas actuales no tienen su origen en las plantillas, sino en “decisiones políticas y de gestión que no están a la altura de un servicio ferroviario moderno”.

CCOO ha querido trasladar un mensaje tanto a la ciudadanía como a los usuarios, afirmando que “los ferroviarios y las ferroviarias no somos el problema, la plantilla no es el problema”, y subrayando que son los trabajadores quienes “sostienen el sistema incluso cuando faltan la planificación, la coordinación y la inversión”. CCOO ha insistido en que, aunque el ferrocarril es un medio seguro “gracias a la profesionalidad de quienes estamos detrás del sistema”, existe un problema claro de “inversión insuficiente, planificación deficiente y mantenimiento que no responde a las necesidades reales”. El sindicato ha exigido al Ministerio “diálogo real, medidas estructurales y respeto a las plantillas” y ha advertido de que, si no hay respuestas, “seguiremos movilizándonos” en defensa de “un ferrocarril público, seguro y al servicio de la ciudadanía”.

Varias organizaciones de pensionistas se han concentrado este viernes frente a la sede del Partido Popular, en la calle Génova de Madrid, para protestar contra el voto en contra de la formación al decreto ómnibus, que incluía, entre otras medidas, la revalorización de las pensiones públicas. Esta subida, así como el conocido como 'escudo social', decayó este martes en el Congreso, por el 'no' de PP, Vox y Junts.

La convocatoria ha sido impulsada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), la Coordinadora General de Pensionistas de Madrid y la Plataforma de Pensionistas de Móstoles, que consideran que la caída del decreto, que afecta a más de diez millones de pensionistas, supone un ataque directo al llamado “escudo social”.

“Los pensionistas estamos hoy aquí ante la sede del Partido Popular porque está practicando terrorismo social al congelar la subida de las pensiones de más de diez millones de personas”, ha afirmado Leopoldo Pelayo, portavoz de la Coordinadora General de Pensionistas de Madrid. Pelayo ha recordado las políticas aplicadas durante anteriores gobiernos del PP, denunciando la revalorización del 0,25%, la aplicación del factor de sostenibilidad y el uso del fondo de reserva de la Seguridad Social. “Un partido con estas características no puede gobernar el país”, ha sostenido.

Sin reunión con el PP y consignas contra el bloqueo

Desde las organizaciones convocantes acusan al principal partido de la oposición de actuar por motivos electorales. “Queremos manifestarnos delante del mayor partido de la oposición, que con su voto en contra ha tumbado la subida de las pensiones públicas y medidas sociales que afectan a millones de personas”, ha explicado Damián Rodríguez, portavoz estatal de COESPE. Según Rodríguez, la decisión responde “a la presión de la ultraderecha y a una deriva antisocial que afecta a la mayoría de la ciudadanía”.

Durante la concentración, las personas asistentes corearon consignas como “Queremos el ómnibus completo” y han reclamado una reunión con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, o con algún responsable de la formación. Tres representantes de las organizaciones intentaron acceder a la sede, pero finalmente no fueron recibidos por ningún dirigente del partido, según han denunciado los convocantes.

Manifestación estatal el 23 de febrero

La protesta de este viernes es la primera de una serie de movilizaciones previstas para el mes de febrero. Las organizaciones de pensionistas han anunciado una jornada de movilización general en todo el Estado el próximo 23 de febrero, si antes del día 20 no se desbloquea la situación parlamentaria. “Si el bloqueo continúa, saldremos a la calle en todo el país”, ha advertido Pelayo.

El PP había garantizado al Gobierno su apoyo al incremento de las pensiones si el Ejecutivo dejaba al margen otras medidas del 'escudo social', como la prórroga de los descuentos en la factura eléctrica para consumidores vulnerables, la prohibición de cortes de suministro o la moratoria antidesahucios que, según las entidades de vivienda había salvado a entre 60.000 y 70.000 familias de un lanzamiento.

Desde la Plataforma de Pensionistas de Móstoles, Carmen, una de sus representantes, ha subrayado que la reivindicación no se limita únicamente a las pensiones. “Defendemos el conjunto de medidas del decreto ómnibus: ayudas al transporte, al gas, a la luz y a las personas en situación de precariedad. Luchamos por pensiones dignas, pero también por una vida digna y por una redistribución justa de la riqueza”, ha señalado.

Las organizaciones han insistido en que la movilización social será “la única vía” para revertir el bloqueo y garantizar la revalorización de las pensiones y el mantenimiento del escudo social. “Hay que seguir en la calle”, han concluido. Este miércoles, colectivos por la vivienda ya habían protestado ante la sede de Junts en Barcelona, por su rechazo a la moratoria antidesahucios y también ante el Congreso, donde reclamaron una prórroga obligatoria de los alquileres.