Amargo estreno bursátil para la teleoperadora rumana Digi. La teleco se ha hundido este jueves un 8% sobre su precio de salida (5,6 euros), hasta cerrar en 5,15 euros por título, a pesar de haber debutado con subidas de hasta el 7% y superar los 6 euros por acción de la compañía. Se trata del peor lanzamiento al mercado desde la salida de Talgo, el 7 de mayo de 2015, cuando sus valores se desplomaron un 9,2%.

Por el momento, la empresa descarta que la salida a Bolsa suponga un cambio en su estrategia. El grupo ha colocado inicialmente un 20% del capital. Aunque mantiene abierta la posibilidad de sacar al mercado un 5% adicional en el plazo de “uno o dos años”, según ha indicado su consejero delegado en España Marius Vărzaru, en un encuentro con los medios celebrado en la Bolsa de Madrid pocas horas antes del toque de campana.

Valorada en 1.662 millones de euros, ha aprovechado su estreno en el parqué para reivindicar el modelo que le ha permitido convertirse en uno de los operadores que más crece en España. Una apuesta por el empleo propio, la inversión en infraestructuras y el crecimiento orgánico. “Es nuestro mejor activo”, ha afirmado el directivo.

Vărzaru ha asegurado que una de las grandes sorpresas del proceso de salida a Bolsa ha sido comprobar que los inversores comparten esa visión. “Siempre he pensado que el mundo inversor lo valoraba como pasivo laboral y, en este caso, claramente ha sido un activo”, ha añadido.

La operadora suma ya más de 11.700 empleados en España, frente a los apenas 200 con los que contaba en 2016. Antes de la pandemia tenía una plantilla de 1.200 trabajadores. “No se puede conseguir crear este tipo de volumen de empleo si no tienes una visión a muy largo plazo y un plan industrial claro”, ha defendido Vărzaru.

Una salida a Bolsa para financiar el crecimiento

El máximo responsable de Digi España ha insistido en que el objetivo del debut bursátil no ha sido lograr la mayor valoración posible. “Si hubiera sido por maximizar valoración, cuanto más tarde habríamos salido, más valor podríamos haber conseguido con la salida a Bolsa”, ha explicado. “Es más una decisión estratégica, un paso más que queremos dar para avanzar en nuestro plan estratégico aquí en España”.

La filial española del grupo rumano ha comenzado a cotizar bajo el ticker DIGIS con una valoración bursátil inicial de 1.662 millones de euros y un precio de salida de 5,6 euros por acción. La operación supone la colocación inicial del 17,3% del capital social, aunque podría elevarse hasta el 19,9% si se ejecuta íntegramente la opción de sobreasignación prevista durante los próximos 30 días.

En total, Digi Spain ha sacado al mercado 51,3 millones de acciones, de las que 26,8 millones corresponden a una ampliación de capital y 24,5 millones proceden de títulos vendidos por su matriz, Digi Romania. La compañía captará alrededor de 150 millones de euros para financiar su plan de inversiones en España, mientras que la matriz ingresará unos 137 millones por la venta de acciones ya existentes, cifra que podría alcanzar los 180 millones si se ejecuta íntegramente la opción de sobreasignación.

La matriz rumana no podrá vender nuevas acciones durante un periodo de 180 días naturales, mientras que sus altos directivos tendrán un compromiso de permanencia de 360 días.

Más de 50 inversores institucionales

La oferta se ha dirigido exclusivamente a inversores institucionales y ha despertado un interés superior al esperado por la compañía. Finalmente, más de 50 inversores han entrado en el capital de Digi, aunque durante el proceso centenares de fondos de inversión analizaron la operación.

La operación ha contado además con un compromiso vinculante de inversión de 100 millones de euros por parte de Global Portfolio Investments, vehículo inversor de Indumenta Pueri (uno de los principales accionistas de la antigua MásMóvil), que se ha convertido en el principal inversor ancla de la salida a Bolsa.

Vărzaru ha destacado que el respaldo recibido supone un “voto de confianza” al plan industrial diseñado para España y al modelo de crecimiento de la compañía. “Los inversores lo han visto igual que nosotros: que el empleo es el principal valor estratégico de la empresa”, ha señalado.

La compañía reconoce que le habría gustado abrir la colocación a los pequeños inversores. Sin embargo, ha optado por una oferta exclusivamente institucional para simplificar el proceso técnico del debut bursátil.

“Somos una empresa que se dedica al mundo residencial, tenemos millones de clientes que conocen la marca y nos habría gustado poder hacer una colocación minorista”, ha explicado el directivo. “Nuestro objetivo era primero conseguir una colocación con éxito”.

Una vez que Digi cotiza en el mercado, no existe ninguna restricción para que clientes, empleados o cualquier inversor particular pueda adquirir acciones.

Crecer hasta llegar a tres de cada cuatro hogares

Los recursos obtenidos con la ampliación de capital se destinarán principalmente a ampliar la red de fibra óptica hasta el hogar, acelerar el despliegue de la red móvil propia (combinada con acuerdos de compartición con otros operadores) y financiar futuras inversiones estratégicas.

Digi prevé ampliar su cobertura de fibra propia desde los actuales 14,2 millones de hogares hasta los 21 millones en 2030. Lo que supondrá alcanzar tres de cada cuatro hogares españoles. Además, proyecta desplegar hasta 10.000 antenas móviles propias para 2033 como parte de su estrategia para reducir progresivamente su dependencia de las redes de otros operadores.

“El grupo ha manifestado claramente que tiene interés de seguir siendo el socio que controla nuestra filial y que siga siendo líder del plan industrial a largo plazo”, ha señalado Vărzaru. “La salida a Bolsa supone un respaldo financiero al plan de negocio de la empresa, pero no cambia ni su modelo de negocio ni su plan industrial”.

El plan presentado a los inversores contempla seguir creciendo de forma orgánica. Aunque el consejero delegado ha reconocido que cotizar abre nuevas posibilidades para financiar eventuales operaciones corporativas en el futuro.

“Nosotros estamos proponiendo un plan industrial con un importante potencial de crecimiento a medio y largo plazo”, ha concluido. “Los inversores han entendido que el empleo, la inversión en red propia y nuestra forma de organizar el negocio son el principal valor estratégico de Digi”.

Exceltur mejora sus previsiones para el turismo español. La alianza, que agrupa a las principales empresas del sector, ha elevado del 2,5% al 2,7% su estimación de crecimiento del PIB turístico para 2026. Tras un segundo trimestre mejor de lo esperado que cerró con un crecimiento interanual del 3,4%, frente al 1,0% del primer trimestre y con la vista puesta en un verano que también prevé positivo. La organización sostiene que España está aprovechando su imagen de destino seguro y la incertidumbre en otros países del Mediterráneo para atraer más visitantes, aunque avisa de que el contexto sigue siendo volátil.

El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, Óscar Perelli, ha asegurado que el sector ha mostrado una “gran resiliencia” y que el turismo volverá a crecer por encima del conjunto de la economía española, ampliando de nuevo la brecha frente a la media del resto de sectores (+2,4%). Con esta revisión, la patronal calcula que el turismo aportará 228.396 millones de euros de valor añadido bruto, el 12,9% del PIB, un porcentaje superior al último dato del INE (12,6%, referido a 2024) y que supondría un incremento de 27.697 millones de euros desde entonces.

Un segundo trimestre por encima de las previsiones

Entre abril y junio, la llegada de turistas internacionales aumentó un 6,4%, las pernoctaciones crecieron un 5,7% y el gasto turístico se incrementó un 8,2%, según los datos presentados por Exceltur. Las empresas del sector registraron un aumento medio de las ventas del 4,2%. Mientras tanto, otros competidores del Mediterráneo sufrieron caídas notables: Turquía retrocedió un 3,8% y Chipre un 18,3%.

Perelli explicó que buena parte de este comportamiento responde a la fortaleza de España como destino turístico y al cambio de planes de viajeros que inicialmente iban a desplazarse a países afectados por la inestabilidad en Oriente Medio o a otros competidores del Mediterráneo.

Su informe, Valoración turística empresarial, prespectivas para verano y el conjunto de 2026, precisa que el conflicto en la zona ha llegado a afectar a un mercado que el año pasado recibió 181 millones de turistas, 47 millones de ellos procedentes de los grandes mercados emisores europeos. A esto se suma otro dato que la patronal subraya: los viajes de negocios a España han crecido un 23%, algo que Perelli vincula a la generalización del teletrabajo, que permite a profesionales no residentes combinar estancias laborales con pequeñas escapadas.

Perelli también destacó el impacto de los grandes eventos, un motor cada vez más determinante tanto para el turismo extranjero como para los viajes de los españoles. Citó la visita del Papa a España, cuyo efecto ya se refleja en los datos de junio, y los conciertos multitudinarios de artistas como Bad Bunny, además de citas deportivas y otras propuestas culturales. Según el vicepresidente ejecutivo, cada vez más gente organiza sus vacaciones alrededor de un concierto, un partido o una cita cultural concreta, una tendencia que Exceltur espera que se mantenga también este verano.

La demanda nacional también mejoró respecto al inicio del año. Las noches contratadas por viajeros españoles crecieron un 2,6%, mientras que su gasto aumentó un 8,3%. Exceltur detecta además una polarización en el comportamiento del turista español: crecen tanto los hoteles de mayor categoría (pernoctaciones en 4 y 5 estrellas, +3,6%) como las fórmulas más económicas apartamentos (+9%), viviendas de uso turístico (+9,2% hasta marzo) y turismo rural.

Por territorios, en el segundo trimestre lideraron el crecimiento de ventas Castilla-La Mancha (+11,6%), Extremadura (+9,3%), la Comunitat Valenciana (+9%), Cataluña (+8,6%) y Baleares (+5,2%), mientras que Canarias (+1,3%) mostró una moderación que Exceltur vincula a la consolidación de la conectividad aérea.

Más actividad, pero menos margen

El crecimiento de la demanda no se ha traducido en una mejora equivalente de la rentabilidad. Exceltur advirtió de que los costes están aumentando por encima de las ventas y reduciendo los márgenes empresariales.

Según la patronal, los carburantes se encarecieron un 6,9%, la energía un 5,9% y los suministros en torno a un 6%, unos incrementos que atribuye al conflicto en el Estrecho de Ormuz. Las compañías aéreas son las más afectadas, con un incremento de costes del 15,7% pese a las coberturas contratadas. En el transporte aéreo, el precio del queroseno sigue muy por encima de los niveles previos al conflicto en Oriente Medio.

El empleo crece y preocupa el absentismo

El turismo también mantuvo un fuerte ritmo de creación de empleo. En junio había 71.045 afiliados más que un año antes en las actividades turísticas (+3,1%), un ritmo superior al del resto de sectores (+2,8%), y el 89,6% de los nuevos contratos fueron indefinidos.

No obstante, Exceltur situa el absentismo entre los principales problemas del sector. Según sus cálculos, el 6,6% de las horas de trabajo previstas no llegaron a realizarse por esta causa, con un coste anual de 5.959 millones de euros el 2,6% de la facturación de las empresas turísticas y el 16% del coste total del sistema. Canarias presenta la tasa más elevada, con un 12,1% de las horas de trabajo afectadas.

Buenas perspectivas para el verano

La patronal espera que el verano mantenga la tendencia positiva, aunque con un ritmo de crecimiento más moderado que el registrado en primavera. Las empresas prevén incrementar sus ventas un 3,2%. Según la Encuesta de Confianza de Exceltur, el 54,5% de los empresarios espera aumentar sus ventas este verano, aunque el 90% considera que ese incremento será leve.

Exceltur anticipa una ligera desaceleración del turismo internacional, compensada por una mayor fortaleza de la demanda española. También espera un buen comportamiento de las actividades vinculadas al ocio (que pasarían de crecer un 3,2% a un 3,8%), las agencias de viaje (del 1,6% al 3,2%) y el transporte (del 3,9% al 4,3%), mientras que los hoteles moderarían su ritmo (del 4,8% al 2,9%).

Por territorios, las mejores previsiones para el verano corresponden a la Comunitat Valenciana (+12,5%), Madrid (+7,2%), Extremadura (+9,2%), Castilla-La Mancha (+7,9%), la Región de Murcia (+9,5%) y Cataluña (+5,9%), mientras que Baleares (+0,8%) y Canarias (+0,3%) repetirían cifras similares a las del verano de 2025, ya muy elevadas, y Andalucía anticipa un crecimiento más moderado (+1%).

El documento de perspectivas turísticas señala además un impasse regulatorio relevante: tras la derogación del registro único de viviendas de uso turístico que hasta mayo había reducido un 10% las plazas de VUT en las 25 principales ciudades españolas (-36.911 plazas), el sector queda con un vacío normativo pendiente de resolver.

Sin autocomplacencia

Pese a revisar al alza sus previsiones, Perelli pidió “evitar la autocomplacencia”. A su juicio, parte del crecimiento responde a factores coyunturales, como el desvío de turistas desde otros destinos afectados por la incertidumbre geopolítica.

Por ello, reclamó reforzar las infraestructuras de transporte, mejorar los servicios públicos en los destinos turísticos, contener el aumento de los costes empresariales y avanzar hacia un modelo de mayor valor añadido. Entre las medidas de corto plazo, Exceltur propone incluso activar una exención temporal de la regla europea ReFuelEU Aviation (que obliga a repostar el 90% del combustible en el aeropuerto de origen) y flexibilizar las obligaciones de consumo de SAF y del régimen europeo de comercio de derechos de emisión, si se mantiene el riesgo asociado al cierre del Estrecho de Ormuz.

También defendió mantener la lucha contra la oferta ilegal de viviendas turísticas, posponer nuevos impuestos o recargos turísticos. Citando expresamente las propuestas en Cataluña (y el recargo de Barcelona), País Vasco, Baleares, Asturias y Galicia y acelerar la incorporación de la inteligencia artificial al sector para mejorar la gestión y la experiencia de los viajeros.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha exigido este lunes al Gobierno que apruebe unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, que llevan prorrogados tres años. Lo ha hecho durante la Asamblea General de la patronal de pequeñas y medianas empresas Cepyme, mientas el Ejecutivo da luz verde al techo de gasto para las próximas cuentas públicas: 226.032 millones de euros, la cifra más alta de la historia.

“No tiene mucho sentido que la primera empresa española, que es el Estado, no tenga presupuestos desde hace tres años”, ha afirmado Garamendi ante los representantes de las organizaciones empresariales de pequeñas y medianas empresas. “En cualquier empresa, grande, mediana o pequeña, un directivo no aguantaría ni un asalto sin presentar los presupuestos”, ha añadido el empresario vasco.

En un contexto marcado por el debate sobre el techo de gasto y con las elecciones de la patronal en el horizonte, el próximo 1 de octubre, el dirigente empresarial ha advertido de que la economía necesita “confianza” y ha cuestionado que el país funcione con unas cuentas prorrogadas desde hace tres años. “Sin confianza es muy difícil que un empresario o una empresaria tire para adelante”, ha resumido.

Del “diálogo social” al “monólogo social”

Garamendi también ha cargado contra la relación del Gobierno con los agentes sociales, una de las principales reivindicaciones de la patronal durante los últimos meses. “Llevamos una temporada en la que ese diálogo social cada día lo vemos más lejano. Muchas veces lo defino como un monólogo social”, ha afirmado.

El dirigente empresarial ha denunciado que el Ministerio de Trabajo ha modificado la reforma laboral “61 veces” desde que se firmó el acuerdo, y ha criticado el paso de las leyes debatidas en el Parlamento a los decretos-ley y, después, a los reglamentos (que no pasan por el Congreso), como muestra de una “hiperregulación” creciente.

El presidente de CEOE ha reclamado reducir la presión fiscal sobre las empresas. Citando al Instituto de Estudios Económicos (IEE), ha situado esa presión en el 34% y ha denunciado que la economía sumergida alcanza el 24% en España, frente al 14-15% de la media europea.

A su vez, ha vuelto a defender que se eluda a las empresas del pago de las bajas entre el cuarto y el decimoquinto día, para que lo asuma la Seguridad Social, ante el aumento de las incapacidades de trabajadores por enfermedad. Garamendi ha destacado el mayor aumento de las bajas entre los menores de 35 años, con mayor concentración los viernes y los lunes.

Cepyme denuncia que las pymes no son escuchadas

La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, había abierto previamente la Asamblea General de la patronal con un discurso centrado en las dificultades que afrontan las pequeñas empresas y en la pérdida de peso de las pymes dentro del diálogo social. “El diálogo solo funciona cuando existe una voluntad real de escuchar, negociar y construir consensos”, ha sostenido.

De Miguel ha defendido que la obligación de la organización “no es agradar, sino representar con honestidad a las pequeñas y medianas empresas españolas”, y ha denunciado que muchas decisiones públicas se adoptan sin tener en cuenta la realidad de estos negocios. Cepyme anunció hace unos días su apoyo a Antonio Garamendi en las elecciones para liderar la CEOE

La dirigente empresarial reclamó menos burocracia, mayor seguridad jurídica y una regulación adaptada al tamaño de las empresas mediante la aplicación del principio europeo Think Small First, que plantea diseñar las normas pensando primero en las pequeñas empresas.

Salario mínimo, costes laborales y relevo generacional

La presidenta de Cepyme ha vuelto a cuestionar las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI). Ha explicado que su coste para la empresa asciende a “1.900 euros al mes”, sumando las cotizaciones y los impuestos, de los que el trabajador recibe unos 1.200 euros.

De Miguel ha criticado el incremento de los costes laborales en los últimos años, con especial impacto en las microempresas. La empresaria vallisoletana ha alertado de la desaparición de pequeñas sociedades, con unas “25.000 microempresas” de menos de tres trabajadores que han cerrado desde antes de la pandemia.

A esto se suma el reto del relevo generacional: la mitad de las pymes españolas están dirigidas por personas mayores de 50 años, y una de cada cinco por empresarios de más de 60. Persisten, además, dificultades para cubrir vacantes y encontrar trabajadores cualificados, ha afirmado la empresaria.

Proyección europea e internacional

Cepyme ha reforzado este año su presencia institucional fuera de España. Ángela de Miguel ha sido elegida vicepresidenta de SME United, organización que representa a 26 millones de pequeñas y medianas empresas europeas.

La organización se ha reunido con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y ha intervenido en dos ocasiones ante la Organización Internacional del Trabajo en defensa del diálogo social tripartito.

De Miguel ha destacado también un encuentro con el papa León XIV sobre la importancia del diálogo social. A lo largo del año, según ha explicado, Cepyme ha visitado 55 organizaciones territoriales y mantenido reuniones con más de 40 organizaciones sectoriales.

Entre las prioridades planteadas por Cepyme figuran: el impulso de la formación profesional dual, la digitalización de las pequeñas empresas y una respuesta al absentismo laboral, cuyo coste la organización sitúa en 33.000 millones de euros, con una tasa que dobla la media europea.

Los hogares que poseen dos o más viviendas en alquiler, tienen una renta mediana anual casi cuatro veces superior a la de quienes viven de alquiler. Además, su patrimonio neto puede llegar a multiplicar por 450 el de los inquilinos. Esta una de las principales conclusiones del informe elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en colaboración con el Instituto de Filosofía del CSIC (IFS-CSIC), a partir de los microdatos de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) del Banco de España.

El documento sostiene que la principal línea de desigualdad económica en España no pasa por la edad, sino por la posición que ocupa cada hogar en el mercado de la vivienda: si vive de alquiler, es propietario de su vivienda o, además, obtiene ingresos por alquilar inmuebles a terceros. El estudio titulado 'Renta, riqueza y régimen de tenencia' es el tercero de la serie 'Vivienda, Consumo y Desigualdad'. Está firmado por Javier Gil, investigador Ramón y Cajal del CSIC y autor del libro 'Generación inquilina'; Miguel García-Duch, doctor en Economía y profesor del Departamento de Economía Aplicada, Pública y Política de la facultad de Ciencias Políticas y Sociología en la UCM; Irene Lebrusán, asesora Científica del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y doctora en Sociología por la UCM; y Óscar Villas, técnico comercial y economista del Estado y vocal asesor en el gabinete técnico de la Secretaría General de Consumo y Juego.

Los inquilinos concentran las rentas más bajas

Los datos muestran una brecha entre quienes pagan un alquiler y quienes lo cobran. La renta mediana anual de los hogares inquilinos se sitúa en 21.335 euros. Entre los propietarios de la vivienda en la que residen asciende a 32.120 euros, un 51% más. Los hogares que alquilan una vivienda a terceros alcanzan una renta mediana de 50.959 euros (2,39 veces la de los inquilinos). En el caso de los multiarrendadores, con dos o más viviendas alquiladas, la cifra llega a 80.375 euros anuales, 3,77 veces superior.

La brecha no se detiene ahí: crece cuanto más viviendas se acumulan. Entre quienes alquilan dos viviendas, la renta mediana sube hasta los 74.808 euros; entre quienes alquilan tres, hasta los 83.898 euros; y entre los que tienen cuatro o más, supera los 213.000 euros anuales. Según el estudio, quienes obtienen ingresos del alquiler se encuentran entre los grupos con mayores niveles de renta, mientras que los hogares inquilinos concentran los ingresos más bajos.

Una brecha patrimonial mucho mayor

Las diferencias son todavía más acusadas cuando se analiza la riqueza acumulada. Los hogares que viven de alquiler cuentan con un patrimonio neto mediano de apenas 2.217 euros. Entre quienes son propietarios de su vivienda habitual la cifra asciende a 193.919 euros, lo que supone una riqueza casi 90 veces superior.

La distancia se dispara entre quienes, además de ser propietarios, alquilan una vivienda a terceros: su patrimonio mediano alcanza los 407.975 euros, 184 veces más que el de los inquilinos. Y entre los multiarrendadores con dos o tres viviendas la riqueza mediana ronda ya el millón de euros (972.189 euros y 1.069.029 euros, respectivamente), hasta superar los 1,5 millones (1.519.186 euros) entre quienes alquilan cuatro o más. En conjunto, los multiarrendadores acumulan una riqueza neta mediana de 996.826 euros, 450 veces superior a la de los hogares inquilinos.

El informe interpreta estos datos como una evidencia de que el mercado del alquiler canaliza recursos desde los hogares con menor capacidad económica hacia aquellos que ya acumulan más patrimonio: “El arrendamiento de viviendas es una actividad concentrada principalmente entre hogares con mayor patrimonio. Lejos de reducir las desigualdades, el sistema tiende a reforzarlas”, concluye el informe.

¿Qué divide más: la edad o la vivienda?

Uno de los hallazgos que más subraya el informe es que la brecha generacional, con tanto protagonismo en el debate público de los últimos años, resulta menos determinante que la posición en el mercado de la vivienda.

En términos de renta, las diferencias entre grupos de edad son moderadas: la renta mediana oscila entre los 19.651 euros de los mayores de 74 años y los 34.200 euros de quienes tienen entre 45 y 54. Apenas 14.549 euros de diferencia entre el extremo más bajo y el más alto. Los menores de 35 años, de hecho, no son el grupo con menor renta: su mediana (26.900 euros) es similar a la de quienes tienen entre 65 y 74 años (27.416 euros); son los mayores de 74 quienes registran la renta más baja de toda la distribución.

Donde sí aparece una brecha generacional relevante es en el patrimonio: los menores de 35 años tienen una riqueza neta mediana de 20.069 euros, frente a los 223.960 euros de quienes tienen entre 65 y 74 (el grupo con más patrimonio), es decir, una diferencia de unos 200.000 euros. Pero esa distancia, con ser importante, es muy inferior a la que separa a inquilinos de arrendadores, que oscila entre los 405.000 y los 994.000 euros según el número de viviendas en alquiler.

El propio informe lo resume así: “La desigualdad en España tiene menos que ver con cuántos años tienes y más con si pagas un alquiler, tienes una vivienda en propiedad, o si percibes ingresos procedentes del arrendamiento de viviendas”. Y añade, en sus conclusiones: “las personas jóvenes no tienen menos riqueza porque sean jóvenes, sino principalmente porque son inquilinas”.

Esa brecha de acceso a la propiedad se ha acelerado en la última década: en 2011, el 69,3% de los menores de 35 años era propietario de su vivienda; en 2022, ese porcentaje había caído hasta el 31,8%, un descenso de más de 37 puntos porcentuales en apenas once años. Entre los hogares de 35 a 44 años la caída también es notable (del 77,6% al 61,8%), mientras que entre los grupos de más edad el retroceso es mucho más moderado (los mayores de 74 años pasan del 87,9% al 84%).

Más concentración de la riqueza inmobiliaria

El estudio también identifica una creciente concentración de la riqueza residencial en muy pocas manos. En 2002, el 90% de los hogares acumulaba el 65,4% del patrimonio inmobiliario en vivienda; dos décadas después esa proporción había descendido hasta el 58,1%. En paralelo, el 10% más rico pasó de concentrar el 34,5% al 41,9% de toda la riqueza residencial. Dentro de ese 10%, la concentración se intensifica todavía más: el 5% de los hogares con más patrimonio acumula el 27,7% de toda la riqueza en vivienda, y el 1% más rico concentra, él solo, el 10,7%.

El índice de Gini de la riqueza en vivienda (que mide de 0 a 1 el grado de concentración) se mantuvo relativamente estable en torno a 0,50 entre 2005 y 2011, pero desde entonces ha subido con claridad: 0,544 en 2014, 0,589 en 2017 y 0,591 en 2022, el valor más alto de toda la serie histórica y un 18% por encima del nivel de 2005. La curva de Lorenz del informe (que representa gráficamente cómo se reparte la riqueza) confirma esa evolución: la de 2022 queda sistemáticamente por debajo de la de 2002, señal de que una parte cada vez más pequeña de los hogares concentra una porción cada vez mayor del patrimonio en vivienda.

Para los autores, esta evolución refleja que la revalorización de la vivienda ha beneficiado principalmente a quienes ya eran propietarios, especialmente desde la intensa subida de precios observada a partir de mediados de la década de 2010.

El alquiler reduce la capacidad de ahorrar

El informe también advierte de que el aumento de los precios del alquiler intensifica estas diferencias. Cuanto más elevada es la renta mensual que pagan los inquilinos, más recursos se transfieren hacia los propietarios y menor capacidad de ahorro tienen los hogares arrendatarios. Esa pérdida de capacidad económica dificulta posteriormente el acceso a una vivienda en propiedad y limita la acumulación de patrimonio por otras vías.

Los autores sostienen que la subida del precio de la vivienda y de los alquileres no es un fenómeno neutral desde el punto de vista económico, ya que amplía las diferencias entre quienes ya poseen activos inmobiliarios y quienes permanecen fuera del mercado de la propiedad.

En sus conclusiones, el informe es explícito sobre las implicaciones de política pública: la corrección de estas disfuncionalidades del mercado “a través de políticas de acceso, regulación del alquiler y fiscalidad sobre la propiedad u otras fórmulas”. No es solo una cuestión de equidad, sino “una condición necesaria para frenar una dinámica que, de seguir su curso, tenderá a profundizar las brechas existentes”.

Los niños y adolescentes están presentes en la actividad de prácticamente cualquier empresa: utilizan plataformas digitales, reciben publicidad, consumen productos, dependen de las condiciones laborales de sus familias o se ven afectados por las decisiones empresariales sobre el medioambiente. Sin embargo, siete de cada diez empresas españolas siguen sin tener en cuenta ese impacto en sus políticas. Esa es la principal conclusión del informe ‘Todas las empresas impactan en la infancia’, elaborado por UNICEF España junto al Centro de Innovación Social y Sostenibilidad de IE University.

El estudio analiza 75 empresas a través de 34 indicadores relacionados con los derechos de la infancia. Las compañías pertenecen a diez sectores representativos de la economía española y han sido elegidas por su capacidad de influencia.

El trabajo sitúa a los sectores de energía, consumo y salud como los que más han avanzado en la integración de esta perspectiva. Mientras que turismo y viajes, tecnología y gaming (sector de los videojuegos) y estética obtienen las peores puntuaciones. Según los investigadores, una de las razones es que los sectores más regulados o con una relación más directa con la infancia han incorporado antes mecanismos de protección específicos.

“Todas las empresas impactan en la infancia”, resumió durante la presentación del informe el director ejecutivo de UNICEF España, José María Vera. “El reto principal no es crear nuevas estructuras de gestión, sino evolucionar las actuales para que integren de forma explícita, transversal y medible los derechos de la infancia”, añadió.

Algoritmos que enganchan, publicidad y prevención

Más allá de las puntuaciones, el informe identifica las principales fortalezas y debilidades de cada sector. En tecnología y gaming, una de las principales preocupaciones es el diseño de plataformas y videojuegos pensados para maximizar el tiempo de uso. Los investigadores alertan de algoritmos concebidos para mantener a los usuarios conectados durante más tiempo y de una escasa evaluación de riesgos en funciones como los chats, donde menores pueden interactuar con adultos. Como contrapartida, destacan el buen cumplimiento de la normativa sobre privacidad y protección de datos.

En alimentación y consumo, muchas empresas impulsan campañas para fomentar hábitos saludables y algunas cuentan con catálogos de productos especialmente orientados a una alimentación sana. Sin embargo, el estudio detecta una contradicción: los productos menos saludables continúan situándose con frecuencia en los puntos de pago y a la altura de los niños, favoreciendo decisiones de compra impulsivas.

El sector de la estética recibe una de las peores valoraciones por sus estrategias de marketing. Los autores del informe muestran su preocupación por campañas que fomentan la adultificación infantil mediante la promoción de determinados productos o modelos estéticos.

En turismo, las empresas suelen disponer de protocolos para actuar cuando ya se ha producido una situación de riesgo, pero presentan importantes carencias en prevención y en la formación específica del personal sobre derechos de la infancia.

El estudio también detecta debilidades en el sector textil, donde muchas compañías cumplen la legislación local pero apenas ofrecen información sobre el control de las condiciones laborales en proveedores internacionales, y en el sector energético, donde, pese al avance en políticas ambientales, apenas existen referencias a medidas relacionadas con la pobreza energética o el apoyo a familias vulnerables.

Mucho más que evitar el trabajo infantil

El informe insiste en que integrar los derechos de la infancia va mucho más allá de impedir el trabajo infantil. También implica evaluar cómo afectan las decisiones empresariales a la conciliación familiar, la maternidad y la paternidad, la protección de trabajadores jóvenes, las condiciones de las comunidades proveedoras o el bienestar de niños y adolescentes como consumidores y usuarios.

En este sentido, UNICEF alerta de que el 76% de las empresas analizadas se limita al cumplimiento regulatorio básico en materia de conciliación y condiciones laborales familiares, mientras que el 93% no aporta evidencias de que supervise de forma efectiva las condiciones de trabajo en su cadena de suministro más allá de declaraciones generales de compromiso. Además, el 82% carece de mecanismos verificables para garantizar una publicidad y un marketing responsables dirigidos a menores.

Para José María Vera, las empresas tienen una oportunidad para convertir ese impacto inevitable en un impacto positivo. “La infancia debe ser considerada un grupo de interés, igual que otros colectivos cuyos riesgos ya forman parte de la estrategia empresarial”, defendió.

El entorno digital, uno de los grandes retos

Sobre las restricciones al acceso de menores a las redes sociales impulsadas por países como Australia o Reino Unido. UNICEF considera que limitar el acceso puede formar parte del debate, pero advierte de que una prohibición por sí sola no resolverá el problema. “Solo con una medida prohibicionista no va a cambiar nada”, afirmó el director ejecutivo de la organización, que defendió una estrategia más amplia basada en plataformas diseñadas pensando en la seguridad de los menores desde el inicio, una mejor verificación de edad, educación digital para familias y adolescentes y una mayor responsabilidad de las empresas tecnológicas.

El informe concluye con una batería de recomendaciones que pasan por reconocer a niños y adolescentes como un grupo de interés en la estrategia empresarial, medir el impacto de las decisiones sobre la infancia, incorporar la protección infantil desde el diseño de productos y servicios, desarrollar políticas de marketing responsables y escuchar de forma sistemática a niños y adolescentes en aquellas decisiones que les afectan.

Las recomendaciones

El informe concluye que las empresas tienen margen para convertir ese impacto inevitable sobre la infancia en una oportunidad de mejora. “Proteger a la infancia no consiste en aislarla, sino en diseñar productos, servicios y entornos que tengan en cuenta sus derechos desde el principio”, concluyó Vera.

Entre sus principales recomendaciones, figuran reconocer a niños y adolescentes como un grupo de interés específico. Incorporar indicadores para medir el impacto de las decisiones empresariales. Garantizar entornos digitales seguros desde el diseño de productos y servicios. Reforzar las políticas de protección frente a cualquier forma de violencia, adoptar prácticas responsables de marketing y publicidad y escuchar la opinión de la infancia en aquellos ámbitos donde las decisiones empresariales les afectan directamente.

Decathlon España cerró 2025 con un beneficio neto de 84 millones de euros. Un 17,4% más que un año antes, tras elevar un 8,1% sus ventas brutas (GMV) hasta los 2.342 millones de euros. El indicador de ventas brutas, incluye tanto las ventas directas de la empresa como las realizadas por terceros a través de su plataforma digital. Por otro lado, la compañía también mejoró su rentabilidad, con un resultado bruto de explotación (EBITDA) de 148 millones, un 29,6% superior al del ejercicio anterior.

La cifra de negocio neta (los ingresos propios de Decathlon) ascendió a 1.990 millones de euros, un 7,2% más que en 2024. Con estos resultados, España se mantiene como el segundo mercado del grupo. Solo por detrás de Francia, y aporta ya el 11,2% de las ventas netas globales de la multinacional. 0,3 puntos más que el año anterior. La compañía contribuyó también con 121,7 millones de euros en impuesto de sociedades y cotizaciones a la Seguridad Social.

El consejero delegado de Decathlon España, Borja Sánchez, matizó durante la presentación de resultados en Madrid que el repunte de 2025 “no responde a ningún factor excepcional”. A diferencia de 2024, ejercicio que se vio impulsado por la compra de parte de la red de tiendas del grupo Gatrón y por el fuerte volumen de inversión puesto en marcha entonces. Según explicó, el crecimiento actual, de entre el 7% y el 8%, es “orgánico” y la compañía aspira a mantenerlo en los próximos años.

Hasta 15 tiendas nuevas en 2026

Las ventas en tienda física crecieron un 8,6% en el ejercicio. La compañía cerró 2025 con 176 tiendas en España, tras cinco aperturas (Adeje, Valencia, Madrid, Murcia y Palma de Mallorca), la reapertura de su establecimiento de Alfafar (destruido por la dana), y una ampliación en Granada.

Para 2026, Decathlon se ha marcado un objetivo: abrir entre 14 y 15 tiendas, su mayor ritmo de expansión de los últimos años. Entre los proyectos figuran aperturas en Puigcerdà, tres tiendas en Barcelona, Granada, Fuerteventura, Aranjuez y, por fin, Pontevedra, ciudad en la que la compañía lleva intentando entrar desde hace 34 años. A ello se suman varios locales ligados a la compra de parte de la red de Intersport, operación pendiente de la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Sánchez explicó que el estudio de la CNMC se centra especialmente en Tenerife, donde Decathlon ya cuenta con varias tiendas y el paquete completo de Intersport podría generar problemas de competencia; la compañía espera una resolución “en los próximos días” y prevé tener que renunciar a parte de esas tiendas. Del acuerdo ya ha salido la apertura de la tienda Puigcerdà, y Fuerteventura está prevista la de en los próximos meses.

La compañía completará este año la modernización del 100% de su red comercial, tras renovar 83 tiendas en 2025 con una inversión de 40 millones de euros, que también sirvió para implantar la nueva imagen corporativa y desplegar etiquetas electrónicas en la totalidad de los establecimientos.

Ciclismo, 'running' y pádel, entre las categorías que más crecen

Decathlon señaló que el ciclismo, el running, el fútbol, el pádel y la natación son los deportes en los que está creciendo por encima del mercado, categorías donde ha concentrado buena parte de sus inversiones en producto y en los 70 espacios especializados abiertos dentro de sus tiendas durante el año.

La compañía aseguró que su estrategia pasa por reforzar la venta de material técnico frente a la moda deportiva: “Teníamos dos opciones: vender moda deportiva o producto deportivo, y nosotros nos decantamos por el producto”, resumió Sánchez. Decathlon comercializa ya más de 380.000 referencias entre sus 14 marcas propias y los productos de terceros disponibles en su Marketplace, tras el rediseño de su web a mediados de 2025.

Para reforzar esa apuesta por el producto técnico, la marca ha ampliado sus alianzas con federaciones y eventos como el balón oficial de la Europa League y la Conference League, o la patrocinadora de los torneos Premier Padel. Tambien cuentan con embajadores como Antoine Griezmann o el equipo ciclista Decathlon CMA CGM.

El negocio digital representó el 15,1% de las ventas durante 2025. Dentro de ese canal, el Marketplace creció un 45% respecto al ejercicio anterior. La compañía también duplicó su red de puntos de recogida, hasta superar los 30.000 en toda España, y amplió la entrega a domicilio en una hora a las ciudades donde dispone de tienda física.

Crece el negocio de segunda mano

Las actividades vinculadas a la economía circular aumentaron un 25% durante el ejercicio y ya representan el 3% de la facturación de la compañía en España. Dentro de ese negocio, el modelo “Segunda Vida”, centrado en la venta de artículos reacondicionados, creció un 50%. El modelo se centra en dos espacios especializados en bicicletas de gama media y alta abiertos en Rivas-Vaciamadrid y San Sebastián de los Reyes. Además de la ampliación del acuerdo con Wallapop para publicar automáticamente los productos de segunda mano del catálogo de Decathlon.

La compañía sumó 143 talleres de reparación en sus tiendas físicas, donde se repararon 575.000 artículos durante el año. En materia de sostenibilidad, Decathlon redujo un 9% sus emisiones absolutas de carbono y elevó al 53,2% el porcentaje de ventas de productos diseñados bajo criterios de ecodiseño, frente al 49,6% de 2024.

En paralelo, la compañía redujo el precio de más de 1.000 productos de su catálogo permanente, con una rebaja media cercana al 1%, frente a una inflación anual en torno al 2,6%. Sánchez explicó que el objetivo es “intentar mantener un impacto cero” de los precios en los productos fijos del catálogo, de forma que no reflejen la subida de la inflación a final de año, y avanzó que la compañía mantendrá esa misma política durante 2026.

Sobre el efecto del conflicto entre Israel e Irán sobre el transporte internacional de mercancías, Sánchez afirmó que el aumento de los costes logísticos no ha provocado problemas de abastecimiento. Especialmente gracias a la diversificación de la producción de la compañía en más de 40 países, lo que ha permitido garantizar la disponibilidad de producto de cara al verano.

Más de 11.000 empleados y subidas salariales pactadas

Decathlon cerró 2025 con una plantilla de 11.298 trabajadores en España, a los que dedicó más de 270.000 horas de formación. La compañía repartió más de 50 millones de euros entre sus empleados en concepto de primas, bonus, acciones y formación. A su vez, mantuvo las subidas salariales pactadas en su convenio colectivo que contempla incrementos del 5,5% en 2024, el 5% en 2025 y el 4% en 2026, hasta acumular una subida superior al 15% en tres años.

Según la compañía, el 89% de sus colaboradores afirma sentirse orgulloso de pertenecer a Decathlon. A través de su fundación, la empresa impactó el año pasado en la vida de 8.792 personas mediante nueve proyectos sociales.

Aurora Rodríguez tiene 22 años y ha crecido entre uniformes de trabajo, trajes regionales y el olor a tela de la tienda que su abuelo fundó en Murcia hace más de cuatro décadas. Pero cuando llegue la jubilación de sus fundadores, el negocio no tendrá heredero. “Da pena que la empresa no vaya a seguir después de que mi abuelo se muera, pero es que no es mi proyecto de vida”, dice Aurora con una honestidad que resume, mejor que cualquier estadística, el problema silencioso que atraviesa miles de negocios familiares en España.

Este no es un caso aislado, se estima que más de 1,1 millones de pymes familiares en España no tienen relevo generacional. De aquí a 2030, muchas más no encontrarán a nadie dispuesto a continuar. Según el Instituto de la Empresa Familiar (IEF), el 70% de las empresas familiares no pasa a la segunda generación y el 90% no llega a la tercera. Solo el 5% alcanza la cuarta. Y transcurridos 25 años desde su creación, más del 60% de las empresas ya ha dejado de existir, siendo el cierre —con un 38%— la causa más común. “Muchas empresas fracasan por la sucesión, no por el negocio”, concluye el documento de IEF.

El peso de lo que está en juego es enorme. Los datos de la asociación apuntan que las empresas familiares representan el 90% del tejido empresarial español, generan el 70% del empleo privado —más de 6,58 millones de puestos de trabajo— y contribuyen al 57% del PIB del sector privado. Cada cierre por falta de relevo no es solo una pérdida familiar: es una pérdida económica para el conjunto del país, alerta.

Un problema económico, demográfico y de prestigio

La Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) lanzó hace unos meses una advertencia a través de su informe 'Juventud emprendedora: posibilidades de relevo de negocios en el mundo rural': el relevo generacional debería ser una prioridad nacional. Al menos 11 provincias españolas están ya en riesgo estructural por la combinación de despoblación, envejecimiento y desaparición de empresas. Provincias como Zamora, Ourense, Lugo y Palencia han perdido hasta el 21% de su población en las últimas décadas.

Pero CEAJE es clara: “El problema no es solo demográfico, es también económico y de prestigio”, asegura su portavoz. La pérdida de población en zonas rurales va acompañada de un debilitamiento del tejido productivo, y detrás de la falta de relevo hay un cambio más profundo en la relación de las nuevas generaciones con determinados trabajos y territorios. Los oficios manuales, el comercio de barrio o el campo arrastran todavía un problema de imagen que las ayudas económicas no consiguen resolver por sí solas.

“El problema es que muchos empresarios confían en que la siguiente generación continuará con el legado, pero la tasa de supervivencia en las empresas que afrontan un relevo generacional es muy baja”, advierte Soly Sakal, fundador de la consultora Rhombus. Según sus datos, el 40% de las familias empresarias considera la sucesión un desafío crítico. Y el 70% de las empresas familiares no cuenta hoy con un plan de relevo generacional, según el informe 'Relevancia y supervivencia de la empresa familiar 2025', elaborado por el IEF junto a las compañías de KPMG y SAP.

Veronica garcia Castelo, presidenta de ADEFAM —la asociación de empresas familiares de la Comunidad de Madrid—, argumenta que “la mayoría de las empresas familiares no fracasan por el negocio en sí, sino porque el proceso de sucesión no se ha gestionado correctamente”. Su último estudio, 'La empresa familiar en la Comunidad de Madrid', revela que las empresas familiares representan el 93% de las compañías y generan el 59% del empleo privado. El 68% sigue activo una década después de su fundación, frente al 66% de las no familiares.

Sin embargo, apenas el 11% de las pequeñas empresas y autónomos cuenta con un plan de sucesión formalizado. “Bastante complicado es ya que una empresa sobreviva económicamente como para que cierre únicamente por el relevo generacional”, señala uno de los autores del estudio de ADEFAM. “El cierre de una empresa siempre es una mala noticia” añade.

¿Crisis de jóvenes o renovación de perfiles?

La pregunta no es solo si hay jóvenes dispuestos a tomar el relevo, sino qué tipo de relevo están dispuestos a hacer. Cada vez más, quienes asumen un negocio familiar no lo hacen para mantenerlo tal como estaba, sino para transformarlo. La generación Z aporta digitalización, sostenibilidad y nuevas formas de relación con clientes y empleados. Las fricciones aparecen cuando los ritmos de cambio entre generaciones son distintos.

“El relevo no consiste únicamente en conservar una empresa, sino también en transformarla para adaptarla a los nuevos tiempos sin perder su esencia”, señala Daniel Cifuentes de CEAJE. A esto se añade otra realidad: hay jóvenes que no rechazan el relevo por falta de interés, sino porque el negocio no es viable económicamente tal como está. En esos casos, la organización defiende ampliar el concepto hacia el relevo empresarial: permitir que otros emprendedores ajenos a la familia asuman proyectos con potencial antes de que desaparezcan.

Es la alternativa que baraja la propia familia de Aurora. “Lo quieren dar al trabajador”, explica ella. “Al ser una empresa muy pequeña, los trabajadores llevan muchos años y la conocen perfectamente. Aunque no sea la opción más rentable, sí que es la que más se ajusta a sus valores”. La venta queda descartada: “Es un legado que han construido como si fuera un hijo. Tú vas formándolo y dándole valores”.

La sucesión no se improvisa

No todas las historias terminan en cierre, un caso de éxito es la galardonada por ADEFAM como proyecto más innovador de una empresa familiar. IGT Microelectronics, empresa tecnológica con más de 40 años de historia y desarrolladora de la marca Ágora, es uno de los ejemplos de transición exitosa. “Lo complicado muchas veces no es una cosa u otra, sino saber diferenciar cuándo estás hablando como familia y cuándo estás hablando como empresa”, explica su CEO, Sergio Cámara.

La clave, en su caso, fue la anticipación: crearon un protocolo familiar en el momento de incorporación de la nueva generación, con normas, responsabilidades y un plan de sucesión pactado. “La generación fundadora fue dando espacio poco a poco mientras la nueva asumía responsabilidades reales. El cambio no se vivió como una ruptura, sino como una evolución”.

Para la presidenta García Molina, las empresas que logran el relevo comparten un patrón: anticipación, separación clara entre familia y empresa, profesionalización de la gestión y, sobre todo, entender la sucesión como un proceso de conversación continua, no como un nombramiento puntual. “Cuanto antes se empiece a hablar de la sucesión, mejor”, coincide Cámara. “Cuando estas conversaciones se posponen, normalmente se vuelven más difíciles”.

En la restauración, Cristina Oria, es otro caso de éxito. La fundadora de la empresa familiar gastronómica que lleva su nombre, cree que la continuidad pasa por profesionalizar las estructuras y construir proyectos capaces de ir más allá de sus fundadores. “Las marcas no pueden depender únicamente de una persona”, sostiene otra galardonada por Adefam. “Tienen que tener unos valores claros, una cultura muy definida y equipos capaces de mantener esa esencia”.

El campo, dónde el relevo no llega

Si hay un sector donde la crisis generacional resulta especialmente visible es el primario. En España, el censo agrario de 2020 ya mostraba que apenas el 9% de los jefes de explotación tiene menos de 40 años, tal y como se puede ver en el gráfico. Mientras que el 41% supera los 65. En la Unión Europea, el 57% de los agricultores supera los 55 años y la edad media se sitúa en los 57. Solo el 12% tiene menos de 40.

“En ninguna comarca española se alcanza que el 40% de los jefes de explotación sean menores de 45 años”, explica Alicia Martínez, secretaria de Relevo Generacional de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). Situación, ilustrada en la gráfica, y especialmente crítica en la ganadería extensiva, donde la dedicación es prácticamente total y la calidad de vida percibida, muy baja.

Las barreras son múltiples. Para quien no tiene vinculación familiar con el sector, el primer obstáculo es el acceso a la tierra. UPA lleva años reclamando bancos públicos de tierra y agua: “Un cultivo en regadío tiene una rentabilidad mucho mayor que uno en secano”. El Gobierno ha anunciado una orden ministerial para regularlos, con unas 17.000 explotaciones incluidas inicialmente. Pero la organización pide que tengan prioridad los menores de 40 años. Y los datos muestran el estancamiento: en 2024 había 4.025 solicitudes a la reserva nacional; en 2025, cayeron a 3.182. Esto a pesar de que la nueva PAC destina 220 millones de euros anuales al pago complementario para jóvenes agricultores, un 50% más que en el periodo anterior.

“Las políticas públicas actúan sobre síntomas y no sobre causas”, sostiene Pedro Piedras, director de la Escuela de Ingeniería Agrícola (INEA) de la Universidad Pontificia Comillas. “Las ayudas alivian necesidades inmediatas, pero no resuelven problemas estructurales como el acceso a la tierra, el coste de entrada o la incertidumbre económica”. Un 52% de las incorporaciones al sector, según UPA, se producen sin ningún tipo de ayuda pública.

Un sector tecnológico con imagen de otro siglo

La paradoja del campo es que vive uno de los procesos de modernización más acelerados de la economía mientras mantiene una imagen social anclada en el pasado. Sensores, inteligencia artificial, agricultura de precisión, análisis de datos y sistemas de geolocalización forman ya parte del trabajo agrario cotidiano. El sistema agroalimentario supone alrededor del 10% del PIB y del empleo en España, según el INE, y demanda cada vez más perfiles técnicos especializados.

“El trabajo agrícola y ganadero se sigue presentando como una actividad poco cualificada, cuando hoy hablamos de un sector altamente tecnificado”, explica Piedras. “A los jóvenes no les gusta verse como granjeros, sino como especialistas”. Cuando los estudiantes descubren que el sector agroindustrial se parece “más al mundo de la aeronáutica que al de los campesinos que segaban a hoz”, muchos empiezan a mirar con interés. El problema es que ese relato aún no ha llegado a la mayoría.

El mercado minorista de alimentos y bebidas de origen vegetal en España alcanzó los 546 millones de euros en 2025, un 7,7% más que el año anterior, mientras que el volumen de ventas creció un 6,6%, según el informe anual elaborado por The Good Food Institute (GFI) Europe a partir de datos de Circana y NIQ Homescan.

El crecimiento, sin embargo, no es uniforme. Mientras las bebidas vegetales ya forman parte de la cesta de la compra de casi la mitad de los hogares españoles, los productos, por ejemplo basados en soja, que buscan ser una alternativa a la proteína animal, a la carne, no crecen en tanta medida, en gran parte, por el precio: cuestan más del doble y sus ventas cayeron un 7% durante el último año.

Basta recorrer el pasillo de lácteos y bebidas vegetales de cualquier supermercado para comprobar cómo ha cambiado la oferta. Junto a la leche de vaca conviven productos con base en avena, soja o almendra, además de variedades “barista” para el café. Las alternativas vegetales han dejado de ser un producto de nicho y empiezan a consolidarse.

Las bebidas vegetales lideran el crecimiento

Las bebidas vegetales continúan siendo el principal motor de este segmento del mercado. Concentraron 355 millones de euros en ventas y ya representan el 10,4% del mercado minorista de este tipo de bebida. El 47,6% de los hogares las compró al menos una vez durante 2025, frente al 43,8% registrado en 2023. Además, los compradores habituales —quienes las adquieren al menos una vez al mes— pasaron del 16% al 18,2% en ese mismo periodo, según el citado estudio.

La evolución del mercado, sin embargo, no es homogénea. El yogur vegetal fue la categoría con mejor comportamiento en 2025. Sus ventas crecieron un 22,8% en volumen, hasta alcanzar los 118 millones de euros, impulsadas principalmente por productos de marca y de mayor valor añadido. Para GFI Europe, este comportamiento refleja que una parte de los consumidores empieza a priorizar factores como el sabor, la textura o la calidad nutricional.

En el extremo contrario se sitúan los productos que buscan ser una alternativa a la carne. Sus ventas en volumen descendieron un 7% y su cuota de mercado se situó en el 0,4% de este tipo de proteínas envasadas. El principal obstáculo sigue siendo el precio. El kilo de este tipo de proteínas vegetales cuesta de media 15,40 euros, frente a los 7,44 euros de la carne animal. Es un sobreprecio del 107%, muy superior al de mercados como Francia, donde ronda el 25%.

Aun así, el interés por estos productos se mantiene. Casi uno de cada cinco hogares compró estos productos vegetales al menos una vez durante 2025. Además, el tofu y el seitán, con un precio medio de 6,80 euros por kilo, incrementaron sus ventas un 8,6%, una evolución que apunta a la sensibilidad del consumidor al precio.

Una encuesta europea realizada en 2023 ya mostraba esa tendencia. El 41% de los consumidores españoles identificaba el precio como el principal freno para incorporar más alimentos y bebidas vegetales a su dieta.

Un consumidor más exigente

El informe también detecta un cambio en el perfil del comprador. Tras varios años de crecimiento impulsado principalmente por la marca blanca, en 2025 las marcas de fabricante recuperaron terreno en categorías como las bebidas y los yogures vegetales.

Para GFI Europe, este cambio refleja un consumidor que empieza a valorar otros factores además del precio. El sabor, la innovación y el perfil nutricional ganan peso en la decisión de compra. Más allá, incluso, de alérgenos o intolerantes a las bebidas o productos de origen animal.

“Los consumidores buscan cada vez más opciones alineadas con la salud y la sostenibilidad, pero también valoran el sabor, la asequibilidad y la conveniencia. Las categorías que mejor responden a esas expectativas son precisamente las que más crecen, mientras que el precio sigue siendo una de las principales barreras para ampliar su adopción”, explica Carlos Campillos, responsable regional de GFI Europe para España y Portugal.

El comportamiento de algunas categorías apunta en esa dirección. Las bebidas vegetales tipo 'barista', diseñadas para café y bebidas calientes, siguieron creciendo pese a costar un 64% más por litro que las variedades lácteas. También aumentó un 36% el volumen de ventas de las bebidas de almendra entre 2023 y 2025, una de las opciones con mayor precio dentro de la categoría, mientras la soja perdió cuota de mercado.

Campillos señala que parte del éxito de los productos denominados 'plant-based' reside en su normalización progresiva. “Ahora es habitual encontrarse bebidas de soja o avena en cualquier bar de pueblo, y eso es un gran logro”, afirma.

Otro factor determinante, según el responsable, es el posicionamiento en el lineal del supermercado: mientras que las grandes compañías pueden permitirse adquirir secciones enteras para sus referencias, los productos vegetales suelen proceder de empresas de menor tamaño, lo que dificulta su visibilidad en el punto de venta. Una excepción son las bebidas vegetales, que sí han logrado integrarse de forma consolidada en la distribución convencional.

Un mercado con potencial de crecimiento

Más allá de la evolución del consumo, el sector mira al largo plazo. Un análisis citado por GFI Europe estima que el mercado español de proteínas alternativas podría alcanzar un valor de 6.700 millones de euros en 2040 y generar hasta 34.000 empleos.

La mayor parte de ese crecimiento correspondería a los alimentos de origen vegetal, un mercado ya consolidado y mucho más desarrollado que otras tecnologías como la fermentación o las proteínas alternativas a la carne animal, que todavía se encuentran en fases más tempranas de desarrollo.

Campillos sostiene que España reúne las condiciones para convertirse en uno de los referentes europeos del sector gracias a su capacidad agrícola, científica e industrial. Cree que las bebidas vegetales “ya forman parte de la cesta de la compra habitual de millones de hogares españoles”, indica. Aún así, defiende que el reto es que las administraciones y la industria inviertan para que otras alternativas puedan competir también en precio, accesibilidad y experiencia de consumo.

El Gobierno prevé aportar entre 600 y 800 millones de euros a una de las tres gigafactorías de Inteligencia Artificial (IA) de gran escala que la Unión Europea (UE) quiere desplegar en el continente. Así lo ha trasladado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en un encuentro informal con periodistas en el marco del South Summit, celebrado en Madrid.

La financiación pública se canalizará a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) y el proyecto deberá pasar por el Consejo de Ministros para aprobarse. El Estado tendrá una participación minoritaria en el consorcio público-privado, tal y como exige Bruselas para este tipo de infraestructuras estratégicas.

López ha situado esta iniciativa en el centro de la estrategia de soberanía digital y desarrollo del ecosistema de Inteligencia Artificial en España. La fecha para convocatoria europea se espera entre finales de junio y principios de julio, aunque el ministro admite que el calendario podría deslizarse ligeramente hacia julio.

España, en la “liga grande”

La Comisión Europea (CE) diseña dos categorías de gigafactorías: las de gran tamaño, de las que prevé tres en todo el continente, y las de menor escala. España aspira a una de las grandes. “Estoy convencido de eso”, ha afirmado López.

El ministro ha explicado que Bruselas fue ajustando el diseño de la convocatoria sobre la marcha, al comprobar que algunos países no alcanzaban el tamaño inicialmente previsto. Eso llevó a crear dos grupos. En la principal convocatoria, según su criterio, habrá tres gigafactorías, y España aspira a una de ellas.

La convocatoria europea se esperaba para finales de junio o principios de julio, aunque el propio ministro ha reconocido que el calendario apunta más a julio. La Comisión ha ido retrasando los plazos mientras termina de definir las condiciones, entre ellas precisamente la división en dos ligas.

El consorcio español deberá constituirse y recibir el visto bueno del Consejo de Ministros antes de presentar la candidatura a Bruselas. La inversión conjunta total podría superar los 4.000 millones de euros, según estimaciones del Gobierno.

Madrid y Cataluña se perfilan como sedes del proyecto

Las ubicaciones previstas se sitúan en Madrid y Cataluña, aunque el ministro no ha detallado la composición del consorcio ni el reparto de participaciones. “En breve habrá buenas noticias”, ha prometido.

Una de las empresas que se ha postulado para participar es Telefónica. Su director de Finanzas y Desarrollo Corporativo, Juan Azcue, avanzó durante la presentación de resultados del primer trimestre que la compañía prevé una participación de entre el 10% y el 15% del consorcio.

López ha subrayado que el objetivo de la gigafactoría no es dar más capacidad a empresas tecnológicas estadounidenses que ya tienen una inversión “brutal” en infraestructura de nube propia en España. El fin, ha dicho, es democratizar el acceso a la IA para las empresas europeas que nunca podrán costear su propia supercomputación.

El contrato de ciberseguridad, “resuelto”

El ministro Óscar López también ha comentado la suspensión del contrato de ciberseguridad del Estado, adjudicado a Telefónica.

Ha negado que exista ningún problema de financiación. “Ha sido una cuestión técnica, burocrática, administrativa de la mesa de adjudicación y está resuelta. Nada más”, ha zanjado.

Un paquete de pan de molde, casi cinco euros. Una pizza congelada, el doble que la convencional. Pasta, harina, cerveza o galletas multiplican su precio cuando llevan una etiqueta concreta: 'sin gluten'. Para miles de familias españolas, la celiaquía implica pagar cada mes una especie de impuesto invisible simplemente para poder comer. Precisamente, este 27 de mayo es el Día Nacional del Celíaco, que busca visibilizar esta enfermedad.

Según el Informe de Precios 2026 de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE), una persona celíaca soporta un sobrecoste medio de 996,37 euros anuales en la cesta de la compra respecto a un consumidor convencional. Son unos 83 euros más al mes, 20 euros más a la semana.

Aunque el dato se ha reducido alrededor de un 30% desde 2009, la brecha apenas se ha movido en los últimos tres años. “La celiaquía es una enfermedad para ricos”, resume Roberto Espina, director de la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten de Madrid. “Las familias que tienen recursos pueden asumirlo. Las que no, lo tienen mucho más difícil” añade.

Para quienes dependen médicamente de estos productos, la paradoja es evidente. El mercado no deja de crecer, pero llega en un contexto de inflación alimentaria y encarecimiento de la cesta básica. “Somos celíacos, no millonarios”, resume Ángela Reyes, diagnosticada desde pequeña. “No tiene sentido que un paquete de pan cueste tanto. Es pan, no un producto de lujo”.

Pan, pasta y harina: la compra básica se dispara

Nunca hubo tantos productos 'gluten free' en supermercados, restaurantes y cadenas de comida rápida. Las grandes marcas han ampliado catálogo y el 'sin gluten' se ha convertido en un negocio rentable impulsado no solo por personas diagnosticadas, sino también por consumidores atraídos por tendencias de bienestar y alimentación saludable. Aun así, la cesta de la compra sigue siendo significativamente más cara.

El mayor golpe está en los productos básicos. El informe de FACE, tras analizar 21 categorías de productos, muestra dónde se concentra la brecha. Como se puede ver en la tabla: una barra de pan sin gluten cuesta 1,29 euros por cada 100 gramos, frente a los 0,25 euros del pan convencional, más de cinco veces más. La harina de repostería cuadruplica su precio (0,45 frente a 0,11 euros por 100 gramos). Las galletas también se multiplican por más de tres (1,06 frente a 0,31 euros). Los macarrones, por más del doble.

El pan rallado y la harina de panificación encabezan, junto al pan de barra, la lista de los productos con mayor disparidad de precios. Son, precisamente, los alimentos más básicos de la despensa. “Las harinas pueden llegar a costar ocho o diez veces más y en panes o productos de bollería hablamos fácilmente de cinco o seis veces más”, explica el director de Celíacos y Sensibles al Gluten.

Ángela Reyes, con la enfermedad, recuerda una infancia en la que encontrar productos sin gluten era casi imposible. “Había muy pocas opciones y tenías que ir a herbolarios o tiendas especializadas”, cuenta. Con los años, la oferta ha mejorado pero el precio sigue siendo un problema. “Cuando me independicé entendí realmente lo que costaba ser celíaca”, explica. “Vas al supermercado y ves que un paquete de pan cuesta cinco veces más. No es un producto excepcional, es pan”.

La celiaquía también cambia la relación con el entorno social. Reyes cuenta que muchas veces lleva sus propios productos a cenas con amigos para evitar que el resto tenga que asumir el sobrecoste. “Me da apuro que los demás tengan que pagar productos sin gluten por mí o dividir el coste entre todas”, admite. “Hay situaciones en las que he llegado a saltarme la dieta por vergüenza”.

¿Por qué el 'sin gluten' sigue siendo tan caro?

El sector justifica el sobreprecio por varios factores estructurales. El principal es la materia prima. “La harina de trigo es baratísima”, explica el director Roberto Espina. “No hay ningún producto competitivo en precio frente a ella”. Las alternativas sin gluten, como las harinas de arroz o maíz, son más caras. Además, requieren mezclas específicas y aditivos para conseguir texturas similares al trigo que encarecen aún más el producto final.

A eso se suma que la producción debe hacerse por separado para evitar contaminación cruzada, con certificaciones específicas y lotes mucho más pequeños. Los expertos explican que una fábrica puede producir 100 panes convencionales por cada uno que produce sin gluten. Menos volumen significa más coste unitario, y como estos productos también rotan menos en el lineal y caducan antes, el precio sigue subiendo.

Pero las asociaciones y consumidores señalan que no todo se explica por costes técnicos. El auge del mercado healthy (saludable) ha convertido parte del sin gluten en una categoría premium. “Hay empresas que intentan competir y ajustar precios”, dice Espina. “Otras que aprovechan el tirón comercial”. El informe de FACE lo señala sin ambigüedad: algunos fabricantes utilizan la creciente demanda para encarecer sus precios por posicionamiento comercial.

En 2025 se produjo un cambio fiscal que en teoría debería haber abaratado el pan sin gluten: el IVA pasó del 10% al 4%, equiparándolo al pan convencional. Pero el informe de FACE constata que la reducción apenas se ha trasladado al precio final. La causa es técnica y administrativa: el pan sin gluten no está incluido en la definición legal de 'pan común' que recoge la Norma de Calidad del Pan del Ministerio de Agricultura.

Al no estar reconocido como tal, los fabricantes enfrentan inseguridad jurídica a la hora de aplicar la bonificación, lo que impide que llegue de forma estructural al consumidor. El informe concluye que la falta de coordinación entre los Ministerios de Hacienda y Agricultura genera ineficiencias y riesgos legales para la industria que acaban encareciendo el producto para el consumidor, y que las rebajas fiscales temporales son insuficientes si no existe una armonización normativa que reconozca el pan sin gluten como un bien de primera necesidad.

El boom del negocio 'gluten free'

El mercado sin gluten lleva años creciendo en España. Supermercados como Mercadona, Carrefour o Lidl han ampliado referencias. Cadenas de restauración como Goiko, Grosso Napoletano, Ginos o La Tagliatella han incorporado opciones adaptadas o incluso abierto locales a parte para asegurar un especio libre de contaminación.

Aún así, desde el sector apuntan que el perfil del consumidor ha cambiado: ya no son solo se dirigen a personas diagnosticadas. Muchos compran sin gluten por bienestar, digestión o percepción de salud. Por ejemplo, la empresa Herbolario Navarro, cadena de alimentación ecológica, ha incrementado un 28% las ventas de productos sin gluten en el primer trimestre de 2026 respecto al año anterior. Pese a todo, sin un problema detrás y un verdadero diagnóstico, hay pocas o ninguna razón que justifique que deba seguirse una dieta sin gluten, apuntan los dietistas.

Su IV Barómetro, elaborado a partir de más de 400 encuestas, revela que tres de cada cuatro consumidores compran este tipo de productos de forma habitual. De ellos, solo el 28% tiene diagnóstico de celiaquía; el 38% declara tener sensibilidad o intolerancia al gluten, y un 17% sospecha que el gluten le perjudica aunque no tiene diagnóstico.

Esa expansión ha tenido un doble efecto para los expertos. Por un lado, ha aumentado la competencia y la oferta. Por otro, ha contribuido a banalizar la enfermedad. “A veces se trata como una moda y para un celíaco no es una elección”, explica Espina. “No hay excepciones ni atajos. La persona diagnosticada tiene que hacer una dieta estricta de por vida”.

La Asociación de Celíacos de Madrid realiza cada año catas ciegas comprando productos en restaurantes que ofrecen opciones sin gluten para analizarlos. “El año pasado compramos alrededor de 100 productos”, explican. “No encontramos trazas en ninguno. Los restaurantes, en general, lo hacen bien. El problema suele ser el error humano puntual, no los procedimientos”.

El Congreso aprobó ayudas… Pero siguen paralizadas

España sigue lejos de otros países europeos como Italia, Portugal, Bélgica o Francia, donde existen ayudas directas o deducciones fiscales para compensar parte del sobrecoste alimentario. La presión de asociaciones y consumidores llevó al Congreso a aprobar en octubre de 2025 una Proposición de Ley para crear un Registro Estatal de Pacientes con Enfermedad Celíaca y establecer ayudas económicas de hasta 600 euros anuales vía IRPF. La iniciativa salió adelante con el apoyo del 97% de la cámara, apenas seis abstenciones.

Casi un año después, la ley sigue bloqueada. “La proposición se aprobó y desde entonces prácticamente no se ha movido”, critica el vicepresidente de la FACE y presidente de la Asociación de Celiácos de la Rioja (ACERI) Álvaro Manzanos. Su propio Informe de Precios reconoce que no ha podido computar ningún beneficio derivado de esta deducción, citando expresamente “la actual falta de implementación y la inexistencia de una fecha de entrada en vigor definitiva”. También apunta que persiste “una notable incertidumbre sobre los requisitos técnicos y los criterios de acceso”.

Su vicepresidente señala una barrera para la gente más necesitada en el diseño de la medida. Al canalizarse como impuesto negativo en la declaración de la renta, excluye de facto a quienes no estén obligados a declarar, como jóvenes estudiantes o personas de bajos ingresos, que son precisamente quienes más dificultades tienen para asumir el sobrecoste.

España es uno de los países europeos con mayor integración del' sin gluten' en restauración y mayor conocimiento social de la enfermedad, pero también uno de los pocos que no ofrece ayudas estatales relevantes. “Los políticos nos escuchan, pero no nos atienden”, resume el director de la asociación madrileña de celíacos.

Ante la parálisis legislativa, FACE ha dado un paso más: ha solicitado al Tribunal Supremo que intervenga para garantizar los derechos del colectivo celíaco ante lo que la federación califica de “discriminación económica que afecta directamente al derecho a la salud”.

Las principales asociaciones de consumidores señalan que la nueva reforma regulatoria europea amenaza con debilitar los derechos de los pasajeros. La Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) y la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN) alertan de que Bruselas estudia reducir las compensaciones por retrasos y cancelaciones. Mientras que, con el foco puesto en Volotea, la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) denuncia el sistema de la compañía para subir el precio de los billetes, una vez comprados, en función del coste del combustible.

Las federaciones españolas de consumo sostienen que las nuevas normativas beneficiarían a las compañías aéreas y trasladarían más costes e incertidumbre a los viajeros. Entre las medidas que critican, figuran recargos de hasta 14 euros aplicados después de la compra del billete, menos indemnizaciones por retrasos y más facilidades para que las aerolíneas eviten pagar compensaciones.

El cambio de normativa llega en un momento de presión sobre el sector aéreo por el aumento de costes operativos entre la guerra de Irán y el crecimiento de viajeros tras la recuperación del turismo a nivel europeo. Las asociaciones insisten en que las compañías están aprovechando este contexto para impulsar nuevas tarifas y limitar derechos ya consolidados.

FACUA denuncia el recargo “ilegal” de Volotea

Consumidores en Acción ha acusado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de “inacción” ante el nuevo mecanismo de Volotea para modificar el precio de billetes ya comprados según evolucione el precio del combustible. La asociación considera abusiva la cláusula de la compañía llamada “compromiso de viaje justo”. Introducida el pasado marzo, permite aplicar un recargo de hasta 14 euros siete días antes del vuelo si el barril de Brent supera determinados niveles

Según FACUA, esta práctica vulnera la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios porque impide conocer el precio final del billete en el momento de la compra. Además, sostiene que altera unilateralmente las condiciones del contrato.

La organización recuerda también que la Comisión Europea (CE) ya ha advertido a las aerolíneas de que no pueden encarecer billetes ya comprados alegando la crisis energética o la subida del queroseno. Bruselas ha pedido “calma” al sector y asegura que el suministro de combustible está garantizado para los próximos meses.

La federación también cuestiona la supuesta simetría del sistema diseñado por Volotea, que contempla descuentos si baja el precio del petróleo. La asociación cree que la aerolínea podría retirar el mecanismo antes de aplicar esas rebajas y mantenerlo solo cuando el combustible esté caro. “La medida puede convertirse en un sistema para aumentar márgenes de beneficio sin transparencia suficiente”, señalan desde la organización, que pide a Consumo abrir un expediente sancionador y advertir públicamente a los viajeros.

Bruselas estudia reducir las compensaciones por retrasos

Junto a otras 32 organizaciones europeas, CECU y ASUFIN participan en una campaña coordinada por a patronal europea de consumidores (BEUC) contra la reforma del Reglamento 261 sobre derechos de los pasajeros aéreos que negocian las instituciones comunitarias.

Las asociaciones consideran que la propuesta de la Comisión Europea supondría “un recorte masivo” de los derechos actuales. Según denuncian, más del 60% de los pasajeros que hoy tienen derecho a indemnización por retrasos dejarían de cobrar compensaciones. Actualmente, los viajeros pueden reclamar cuando el retraso supera las tres horas. La reforma elevaría ese umbral a cuatro o incluso seis horas, dependiendo de la distancia del vuelo.

Además, las indemnizaciones podrían reducirse de forma significativa. La compensación mínima pasaría de 250 euros a 83 euros, según las organizaciones. Las asociaciones alertan de que estos cambios reducirían el incentivo para que las aerolíneas mantengan la puntualidad. Recuerdan además que el sistema actual ha contribuido a reducir los grandes retrasos y las incidencias prolongadas en vuelos de corta distancia.

Más excepciones para las aerolíneas

Las organizaciones también critican la ampliación de las llamadas “circunstancias extraordinarias”, que permitirían a las compañías evitar el pago de compensaciones en más casos. Entre los cambios que rechazan, figura la posibilidad de cancelar vuelos con solo 48 horas de antelación (frente a los 14 días actuales) sin la obligación de indemnizar al pasajero.

A ello se suman prácticas que las asociaciones consideran “abusivas” y que seguirían permitidas. Como el cobro por el equipaje de mano, los suplementos para sentar juntos a menores o personas dependientes y las cláusulas “no show”, que anulan el resto del billete si el pasajero no utiliza uno de los tramos contratados.

CECU y ASUFIN reclaman que la reforma vaya en sentido contrario y refuerce la protección de los viajeros mediante sistemas automáticos de compensación. También piden una mayor transparencia tarifaria y sanciones más duras contra las prácticas abusivas. “Lo que se está planteando es un recorte directo de derechos ya consolidados”, afirma David Sánchez, director de CECU. En la misma línea se pronuncia Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, que advierte de que el cambio “consolidaría un desequilibrio contractual entre aerolíneas y consumidores”.

Las organizaciones temen que, con el argumento de garantizar la viabilidad del sector aéreo, la Unión Europea termine trasladando más costes e incertidumbre a los pasajeros. Todo ello en un mercado donde las tarifas adicionales y los conflictos por compensaciones se han convertido en una fuente creciente de ingresos y litigios para las compañías.

La guerra en Oriente Medio va a influir en las vacaciones de este próximo verano, sobre todo en nuestros cielos. No tanto por las cancelaciones masivas, que el sector descarta por ahora, sino por el clima de incertidumbre que rodea a los viajes internacionales. El conflicto ha disparado el precio del queroseno, ha obligado a cerrar espacios aéreos y ha alterado rutas entre Europa y Oriente Medio. Y eso empieza a influir en las decisiones de los viajeros españoles.

El efecto más visible es un cambio de preferencias. Crece el interés por destinos cercanos y percibidos como “seguros”. Portugal, Grecia, Suiza o Islandia ganan terreno, mientras muchos turistas optan por reducir distancias, evitar escalas largas o, directamente, quedarse en España. La tendencia coincide con una subida sostenida de los precios hoteleros y con un verano que el sector afronta con prudencia.

Las consultas relacionadas con vuelos y derechos de pasajeros han aumentado un 18% en los últimos dos meses, según datos de Reclamador.es. Al principio, las dudas estaban centradas en la seguridad aérea y en las cancelaciones inmediatas. Ahora, la preocupación es otra: qué puede pasar este verano.

Más dudas sobre vuelos y cancelaciones

Muchos viajeros temen cambios de última hora, escalas alteradas o incluso cancelaciones por el aumento del coste del combustible. Desde la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) reconocen que el contexto geopolítico está presionando al sector. “El precio del queroseno se ha incrementado más del doble”, explica un portavoz de esta asociación empresarial. 

Fuentes de ALA indican que la mayoría de compañías europeas tienen contratos de cobertura que les permiten amortiguar parte de la subida. “Las aerolíneas continúan monitorizando la evolución de la situación de forma constante de cara a la temporada de verano”, señalan.

Las conexiones entre España y Oriente Medio sí han sufrido un golpe directo. Entre marzo y abril, el tráfico aéreo entre ambos territorios cayó un 64,7% respecto al año anterior, según datos de Aena. Eso supone más de 426.000 pasajeros menos desde el inicio del conflicto. Las rutas más afectadas son las operadas por compañías como Emirates, Qatar Airways o Etihad.

Aun así, el impacto global sobre el turismo español es limitado. Los vuelos con origen o destino en las zonas afectadas por el conflicto representan alrededor del 1% del tráfico total en España. Y el sector cree que parte de esa demanda se está redirigiendo hacia otros destinos europeos.

Desde la empresa especializada en movilidad y turismo VB Group, aseguran que no están viendo una caída generalizada de la demanda, sino un cambio en el comportamiento del viajero. “El interés por viajar sigue ahí, pero el cliente está comparando más, valorando mejor el destino, revisando condiciones y tomando la decisión con más prudencia”, explica Jorge Espinós, director general de la compañía.

Más Portugal y Grecia, menos destinos lejanos

Los datos de la plataforma de viajes Evaneos apuntan a un cambio claro en las preferencias de los viajeros españoles. Suiza es el destino cuya demanda más crece este verano: se cuadruplica respecto al año pasado. Grecia y Letonia duplican el interés recibido desde España.

Portugal aumenta un 65%, por ejemplo; e Islandia, un 40%. En cambio, otros destinos europeos pierden atractivo. Montenegro registra una caída del 93% en la demanda. También retroceden Lituania, Escocia o Estonia, según esta plataforma.

Esta firma vincula este movimiento a una mayor búsqueda de cercanía y estabilidad. Viajes más cortos. Menos escalas. Menos incertidumbre. Según el experto en turismo Espinós, el viajero busca ahora “seguridad en precio, flexibilidad, conectividad y estabilidad” antes de cerrar una reserva. “No significa que el cliente no quiera viajar, sino que quiere hacerlo con más control”, resume.

Ese cambio también se está trasladando al turismo corporativo y a los viajes de empresa. Belén Salgueiro, directora de Simmer Events y MICE, explica que las compañías están revisando cada vez más rutas, escalas, proveedores y planes alternativos antes de aprobar desplazamientos. “La prioridad es que el viaje o el evento se pueda realizar con garantías”, señala.

Según Salgueiro, no se está produciendo una reubicación masiva de eventos fuera de Oriente Medio, pero sí una mayor prudencia y una apuesta creciente por destinos europeos con conectividad directa y estabilidad. “España, Portugal, Italia, Francia o Grecia están bien posicionados porque ofrecen una solución más sencilla de defender internamente cuando el contexto geopolítico genera dudas”, apunta.

Vuelos más baratos, hoteles más caros

La evolución de los precios añade otra paradoja al verano turístico. Según el INE, los vuelos internacionales desde España se abarataron un 19% en abril respecto al mismo mes del año anterior. También bajaron los paquetes turísticos.

Pero el alojamiento continúa encareciéndose, aunque con diferencias según el segmento. Los datos hoteleros del INE muestran que el ingreso medio por habitación disponible (RevPAR), uno de los principales indicadores del sector, alcanzó los 75 euros en marzo, un 3,8% más que hace un año.

Por categorías, el RevPAR de los hoteles de cinco estrellas, que mide el ingreso por habitación disponible, se situó en 182,6 euros frente a los 167,2 registrado en marzo de 2025. En cambio, en los hoteles de tres estrellas la evolución es mucho más moderada y se mantiene en torno a los 56 euros por habitación disponible.

También aumentan los precios de campings, centros vacacionales y albergues. El Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) subió un 1,5% en marzo respecto al mismo mes de 2025, mientras que el Índice de Precios de Campings (IPAC) aumentó un 6,9% y el Índice de Precios de Turismo Rural (IPTR), un 0,9%, según los datos publicados por el INE.

Desde Randstad, Víctor Jofre, responsable de cuentas estratégicas del sector hostelería, considera que este desequilibrio entre transporte y alojamiento está consolidando el giro hacia el turismo de proximidad. “El destino nacional ya no es un plan B, sino la opción más inteligente y rentable para muchos consumidores”, asegura.

Jofre explica que el viajero español está priorizando el presupuesto global del viaje y la certidumbre logística por encima del precio puntual del billete aéreo. “Aunque el abaratamiento de los vuelos dinamiza ciertos nichos, el grueso del mercado prioriza la calidad de la experiencia y el control del gasto total”, señala.

También observa un aumento de las reservas anticipadas y un cambio en la forma de organizar las vacaciones. “El viajero ya no espera a ver qué queda disponible. Prefiere asegurar su descanso y su bolsillo antes de que suban los precios”, apunta.

El teletrabajo, además, está favoreciendo escapadas más cortas y repartidas a lo largo del verano, en lugar de concentrar todas las vacaciones en agosto. “El viaje se ha convertido en un bien emocional que el consumidor ya no recorta, sino que optimiza”, resume.

¿Puede una aerolínea cancelar un vuelo por el precio del combustible?

La duda empieza a aparecer entre muchos pasajeros. Y ahí entran en juego los derechos de los consumidores. Desde Reclamador.es recuerdan que no todas las cancelaciones se consideran fuerza mayor. Si un vuelo se suspende por motivos de seguridad o por cierre del espacio aéreo, la aerolínea puede quedar exenta de compensar económicamente al pasajero.

En cambio, si la cancelación responde a motivos puramente económicos, el escenario es diferente. “Los costes operativos son un riesgo empresarial, no una circunstancia extraordinaria”, explica María Carrión, responsable de atención al cliente de Reclamador.es.

En esos casos, el pasajero podría reclamar indemnizaciones de hasta 600 euros si la cancelación se comunica con menos de dos semanas de antelación. ALA recuerda, no obstante, que la Comisión Europea sí contempla determinados problemas de suministro derivados de la guerra como circunstancias extraordinarias.

Las últimas previsiones macroeconómicas de la Comisión Europea señalan que el debilitamiento de la actividad turística será uno de los principales riesgos para la economía europea en los próximos meses. Bruselas advierte de que el aumento de los costes de viaje y las alteraciones del transporte internacional podrían afectar especialmente a los flujos turísticos de larga distancia.

La Comisión también alerta que prolongar la incertidumbre geopolítica podría deteriorar la confianza de consumidores y empresas. Así, prevén un comportamiento más prudente tanto en el gasto de los hogares como en la inversión privada. Un escenario que ya se refleja en el turismo español.

El sector mantiene previsiones récord

Pese a la incertidumbre, las aerolíneas mantienen el optimismo. ALA asegura que este verano habrá más de un 5% de asientos programados respecto al año pasado. Los aeropuertos españoles rozan ya los 94 millones de pasajeros en lo que va de año, un 3,3% más que en 2025.

El mensaje a los viajeros por parte del sector es claro: hay que reservar cuanto antes. “El sector está trabajando para garantizar la operativa y minimizar cualquier afectación a los pasajeros”, insisten desde la patronal aérea.

Porque, aunque el turismo encara el verano con cifras récord, la sensación de fondo es distinta. Más cautela. Más incertidumbre. Y unas vacaciones cada vez más condicionadas por lo que ocurre fuera de Europa.

En cinco años, el matcha ha pasado de ser un producto casi desconocido en España a convertirse en uno de los símbolos del nuevo consumo aspiracional. Lo que antes era un ingrediente asociado a la ceremonia del té japonesa, hoy se cuela en cafeterías, lineales de supermercados e incluso bebidas listas para llevar. Al mismo tiempo, su éxito está elevando la presión de la demanda internacional sobre Japón, su principal productor, tensionando precios y suministro.

Los datos sugieren que no se trata de una moda pasajera. Según cifras de la tecnológica Square, las ventas de matcha en cafeterías españolas crecieron un 50,3% interanual en diciembre de 2025, alcanzando una cuota de mercado del 10%, el doble que en 2023. La plataforma vincula este crecimiento al auge de las cafeterías de especialidad, pero también al impacto de plataformas como TikTok o Instagram, donde se ha convertido en un producto viral.

Más que una alternativa al café

El matcha es un té verde en polvo originario de Japón. A diferencia de otras infusiones, no se prepara filtrando la hoja, sino consumiéndola entera. Esto explica su mayor concentración de compuestos activos. “No son productos comparables”, explican desde Matcha & Co. “No estás pagando por otro té verde, sino por una forma completamente distinta de consumirlo”.

Frente al café, que produce un pico rápido de energía, el matcha combina cafeína con L-teanina, un aminoácido que modula su absorción. El resultado es una energía más sostenida y menos nerviosa, una de las claves de su popularidad. “Muchas personas llegan buscando una alternativa al café que encaje mejor con su ritmo diario”, señalan desde la compañía española.

Sin embargo, la calidad marca un matiz decisivo. A diferencia del café, donde incluso un producto mediocre mantiene su efecto estimulante, en el matcha el origen, la molienda y la conservación condicionan tanto el sabor como sus propiedades. “Un buen matcha se reconoce por el color, el aroma y la textura; uno de baja calidad es más apagado, más áspero y menos funcional”, explican.

De producto a categoría de negocio

El consumo de la bebida verde en España, con un precio medio de 4,5 euros, ha originado un nuevo tejido empresarial. Cadenas generalistas como Starbucks, Santa Gloria o Rodilla han incorporado el matcha a sus cartas, consolidando su entrada en el consumo masivo. En paralelo, han surgido cafeterías y marcas especializadas con sus propias propuestas.

En el caso de Noor Coffee, nacida en 2024 y con nueve locales en Barcelona, el matcha representa alrededor del 40% de las ventas. “Entendimos que no era solo una bebida, sino un concepto ligado al bienestar y al ritual”, explica su CEO, Sergi Vila. La introducción de sabores como combinaciones con fruta ha llegado a duplicar sus ventas.

Al mismo tiempo, proliferan nuevos negocios como Kisori Matcha, que ha construido su crecimiento en torno a redes sociales y creadores de contenido. En apenas ocho meses, la empresa valenciana ha registrado un crecimiento mensual del 50% en comercio digital y prevé superar el millón de euros de facturación en 2026.

Cuando los fundadores de Matcha & Co lanzaron su marca en 2018, “el matcha era prácticamente desconocido para el gran público en España”, recuerdan. Hoy, la empresa supera los 500.000 clientes en Europa y acumula más de 40 millones de euros de facturación, en paralelo a la expansión de la categoría.

Entre el beneficio y el relato

El éxito del matcha no se explica solo por sus propiedades, sino por el imaginario que lo rodea: bienestar, calma y consumo consciente. En ese proceso, las redes sociales han actuado como catalizador.

“Las redes generan descubrimiento, pero el negocio se construye con la experiencia: sabor, calidad y conexión con el cliente”, resume el CEO de Noor Coffee. Desde Matcha & Co coinciden en que la clave ha sido la pedagogía: recetas, formas de preparación o comparativas con el café que ayudan a crear comunidad.

El perfil del consumidor también ha cambiado. “En 2018 era un cliente de nicho, vinculado a la cultura japonesa o la nutrición. Hoy es mucho más amplio: desde quien quiere sustituir el café hasta quien busca incorporar un hábito de bienestar”, apuntan. En Noor Coffee detectan un público joven, con una fuerte presencia femenina que llega por curiosidad o por su presencia en redes.

Pero ese mismo escaparate ha generado distorsiones. Verónica Hegar, cofundadora de la tienda de té de origen TESUKO, advierte de que “mucha gente lo conoce por el color o por TikTok, pero no entiende que detrás hay un producto agrícola, con origen, cosecha y calidad muy distintas”. En su opinión, “el consumidor está comprando mucho matcha, pero todavía poco matcha de verdad”.

En datos, el té en polvo representa ya el 58% del total exportado, lo que evidencia el peso creciente del matcha frente al té en hoja. La experta en cultura japonesa Marina Salas advierte de otro efecto del boom global: el fraude. “Se está detectando la introducción de té verde común molido comercializado en Occidente como si fuera matcha”, afirma.

Japón, presión internacional y precios al alza

El crecimiento global del producto tiene consecuencias en Japón, su principal productor. Según datos de comercio exterior, en 2024 se exportaron 8.798 toneladas de té verde —incluido matcha—, un 16,1% más que el año anterior y 2,5 veces más que hace una década. El valor alcanzó los 36.400 millones de yenes (unos 197.000 millones de euros), impulsado tanto por la demanda internacional como por la depreciación de la moneda japonesa.

Este crecimiento está tensionando el mercado. “El impacto ha sido muy importante, especialmente en calidades altas”, señalan desde TESUKO, donde estiman subidas que pueden oscilar entre el 20% y el 100% según el producto.

Desde Matcha & Co coinciden en que “la subida en origen ha afectado a todo el sector”, aunque aseguran haber intentado absorber parte del incremento para no trasladarlo completamente al consumidor.

En Japón “la demanda supera en algunos momentos a la propia producción del té matcha de calidad”, dice la divulgadora de estudios japoneses Marina Salas. Algo que han agravado las malas cosechas, el envejecimiento y la falta de relevo generacional en el campo nipón. Frente a ello, el país mantiene una política “proteccionista” orientada a evitar una ruptura del mercado interno.

Aunque no se habla todavía de una escasez estructural, sí de tensiones puntuales en determinadas cosechas. “La demanda global crece más rápido que la capacidad agrícola”, advierten desde TESUKO, que subraya que el matcha de calidad “no se puede fabricar de un año para otro”.

De la taza a la cultura popular

El matcha ha dejado de ser solo una bebida para convertirse en un ingrediente transversal integrado en smoothies, postres, helados, repostería e incluso cosmética. También se ha adaptado al gusto contemporáneo con combinaciones de leches vegetales y sabores, especialmente en versiones frías como el iced latte.

Desde Tea Shop, con décadas de experiencia en el sector, sitúan este fenómeno dentro de una tendencia más amplia en la que ingredientes tradicionales se reinventan en nuevos formatos de consumo. “Su sabor, sus propiedades y su versatilidad permiten innovar y generar nuevos rituales de bienestar”, señalan.

Sin embargo, esta expansión también plantea riesgos. “Innovar es positivo si mantiene el sentido del producto. El problema es cuando queda reducido a un color bonito tapado por azúcar o siropes”, advierten desde Matcha & Co. La tensión entre autenticidad y popularización es uno de los debates centrales del sector.

La divulgadora Salas considera que este debate también existe en Japón. Desde el sector agroalimentario ven con recelo el uso del verde en repostería o bebidas alejadas de su dimensión tradicional. “Que un matcha de máxima calidad se use para hacer un bizcocho no se termina de entender”, confiesa. Aun así, sostiene que el gobierno japonés entiende productos como el matcha, el sushi o incluso el anime como una herramienta de soft power para proyectar su cultura al exterior.

El futuro del matcha apunta a un modelo dual, en el que convivirán ambos segmentos: uno más accesible y otro premium centrado en origen y calidad. Para Noor Coffee, la popularización es una señal positiva. “La competencia eleva el nivel y beneficia a quienes aportan valor”, defiende su CEO.

De producto exótico a categoría reconocible en menos de una década, el del matcha es un salto poco habitual en el sector alimentario. Y todo apunta a que su crecimiento aún no ha tocado techo.

El negocio del fitness en España alcanzó en 2025 un volumen de 3.235 millones de euros, según el primer informe anual del sector elaborado por la Fundación España Activa en colaboración con Deloitte. El estudio calcula que hay 5.806 centros privados que cuentan ya con más de 8 millones de usuarios, de los cuales 7 pagan cuota periódica.

Según sus conclusiones, el sector vive un momento “extraordinario” y enmarca las cifras en un contexto de crecimiento sostenido, impulsado por el auge del llamado “wellness”, actividades relacionadas con el bienestar físico y mental, y por una mayor conexión entre deporte y salud.

El documento sitúa la tasa de penetración, que mide qué parte de la población utiliza este tipo de centros de forma habitual, en el 16,5% entre la población mayor de 15 años. Esto significa que aproximadamente uno de cada seis españoles en esa franja de edad está inscrito en un gimnasio.

En este escenario, el 88% de los operadores prevé que el negocio seguirá creciendo de cara al 2026. “España está ya al nivel de los grandes países europeos en términos de penetración, como Alemania o Reino Unido, y muy cerca de Estados Unidos”, señala Rafael Cecilio, presidente de Dreamfit. “Hace 15 o 20 años, en un grupo de jóvenes, el raro era el que iba al gimnasio. Hoy ocurre lo contrario: el raro es el que no va”, añade.

Más centros y mayor concentración geográfica

El estudio apunta que España cuenta con un total de 9.480 centros deportivos si se incluyen instalaciones municipales y otros espacios especializados, más allá de los gimnasios privados. La oferta, sin embargo, está muy concentrada en pocas zonas: Madrid, Cataluña y Andalucía reúnen más de la mitad de los centros y más del 55% de los abonados.

Este crecimiento convive con una tendencia a la concentración empresarial. “El sector avanza hacia un proceso de concentración. Aunque hay muchos centros independientes, la mayoría de los abonados se concentra en cadenas, y esa tendencia va a continuar”, apunta Cecilio. “Probablemente la realidad esté algo distorsionada por la diferencia entre grandes ciudades y la España menos poblada”.

Desde el punto de vista operativo, el crecimiento también se nota en el día a día de los centros. “Los datos encajan con lo que vemos en el día a día: los centros están llenos. Puede haber diferencias entre operadores, pero la sensación general es de alta ocupación”, afirma Frédéric Conquet, director general de Fitness Park España. “El crecimiento es constante. Prácticamente cada mes hay anuncios de cadenas que siguen expandiéndose, lo que indica que el mercado todavía tiene recorrido”.

Más práctica deportiva y cambio de hábitos

El informe también recoge un aumento generalizado de la práctica deportiva en la población. El 87% de los españoles afirma realizar ejercicio de forma habitual, una cifra superior a la media europea, situada en el 64%.

Este hábito está presente en todas las edades. Entre los mayores de 55 años, el 84% hace ejercicio de forma regular. El porcentaje sube al 86% en la Generación X, al 89% en los millennials y al 93% en la Generación Z. En cuanto al género, el 91% de los hombres y el 84% de las mujeres afirma practicar deporte de forma habitual.

“El crecimiento del sector tiene varias explicaciones. La primera es que se trata de una industria que prácticamente no tiene detractores: todo lo que genera está asociado a beneficios para la salud y el bienestar”, señala Ángel García Balcones, consejero delegado de Body Factory. “A eso se suma una presencia constante en medios y redes sociales. Influencers, creadores de contenido y plataformas digitales contribuyen a difundir una imagen positiva del fitness”.

Según García Balcones, también influye el crecimiento de la población y el cambio generacional. “España ha aumentado su población en los últimos años y eso, con los niveles actuales de penetración, se traduce directamente en más usuarios potenciales. Además, se están incorporando nuevas generaciones. Ya no hablamos solo de millennials o generación Z, sino también de jóvenes de 14 o 15 años que van al gimnasio después del colegio”.

Expansión, inversión y nuevos modelos

De cara a los próximos años, el informe identifica varias líneas de desarrollo, entre ellas el aumento del número de usuarios, la personalización de los servicios, el uso de tecnología y una mayor conexión entre deporte y prevención de la salud.

“El sector está en una fase clara de expansión. La mitad de los operadores plantea abrir nuevos centros en los próximos años y una parte muy relevante también quiere mejorar los existentes”, apunta Puente. “Hay una inversión constante tanto en nuevas aperturas como en renovación de instalaciones”.

Este crecimiento también está cambiando los modelos de negocio. “Durante años se hablaba de segmentos muy definidos, low cost, concesional, premium, pero ahora esa línea se está difuminando. Los operadores se adaptan a la demanda y los formatos son cada vez más híbridos”, añade.

En esa línea, Conquet subraya la importancia de diferenciarse. “Uno de los riesgos es que todos los operadores tiendan a hacer lo mismo. La diferenciación va a ser clave, especialmente en aspectos como el talento, el servicio o la experiencia del usuario”. También apunta a nuevas estrategias: “Algunas compañías están probando nuevos modelos en ciudades medianas, con periodos de test de alrededor de 18 meses, para validar formatos antes de escalarlos”.

Fiscalidad, precios y retos del sector

El documento y los expertos coinciden en señalar varios retos estructurales para el sector, especialmente la fiscalidad, los precios y la relación con el sistema sanitario.

“Si se analizan los datos a nivel macro, el fitness representa alrededor del 16% del impacto económico dentro del ecosistema deportivo. Pero hay otra forma de verlo: aproximadamente un tercio de las personas que hacen actividad física lo hacen en centros fitness”, explica José Hernández, consejero delegado de Grupo Solventia. “Con ese nivel de penetración, las estrategias basadas exclusivamente en la guerra de precios no tienen sentido”.

Hernández advierte además sobre la fiscalidad del sector: “Actualmente el fitness tributa con un IVA del 21%, lo que supone tratarlo como un bien de lujo, cuando en realidad cumple una función vinculada a la salud pública”. En este sentido, defiende una mayor integración con el sistema sanitario: “El papel del ejercicio físico en la prevención sanitaria es cada vez más evidente”.

En paralelo, algunos operadores creen que los precios tendrán que ajustarse. “Es razonable pensar que el sector tendrá que ajustar precios. El valor que se ofrece es superior al precio que se está cobrando actualmente”, señala Cecilio.

Un sector en crecimiento con margen por desarrollar

Los expertos coinciden en que el sector vive una fase de expansión, aunque con retos por delante. “Estamos probablemente en el mejor momento de la historia del fitness en España, pero no necesariamente va a ser siempre así. La competencia va a aumentar y puede haber cierta saturación en algunos mercados”, concluye Cecilio.

En conjunto, el sector apunta a un crecimiento sostenido impulsado por cambios en los hábitos de la población, nuevas generaciones más activas y una mayor relación entre deporte y salud. “Estamos en una fase de fuerte crecimiento, pero con retos claros por delante: desde la fiscalidad hasta la profesionalización del sector o su integración en el sistema sanitario. El margen de desarrollo sigue siendo amplio, aunque el contexto competitivo será cada vez más exigente”, resumen las fuentes del sector.

El 26 de marzo de 2025, apenas un mes antes del mayor apagón en la historia reciente de España, la Comisión Europea lanzó una recomendación que pasó relativamente desapercibida hasta que la realidad la puso a prueba: cada ciudadano debería contar con un kit de supervivencia para 72 horas ante posibles emergencias.

No era una obligación ni una orden, sino una sugerencia dentro de su Estrategia de Alerta y Previsión. La idea era simple: estar preparados ante cualquier incidencia que interrumpa servicios básicos como la electricidad, las comunicaciones o el suministro de agua.

El contenido estaba definido en lo esencial: agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, linternas, radios que funcionen sin electricidad, baterías externas, dinero en efectivo y documentación importante protegida.

El Ejecutivo comunitario también insistió en otra idea clave. No basta con comprar el kit, hay que mantenerlo y revisarlo. En España no existe todavía una guía oficial equivalente, a diferencia de lo que ocurre en países como Suecia, Finlandia o Francia.

El apagón que lo cambió todo

Un mes después de esa recomendación de Bruselas, el 28 de abril de 2025 a las 12:30 horas, la península ibérica se quedó sin suministro eléctrico y sufrió el mayor apagón de su historia reciente. Hace un año, millones de personas se quedaron sin luz, sin conexión y, en muchos casos, sin información durante horas.

Ese pico también tuvo su reflejo en internet. Las búsquedas en Google de “kit de supervivencia” y términos relacionados se multiplicaron en los días posteriores al apagón, tal como muestra el gráfico adjunto, marcando un máximo histórico que luego iría descendiendo drásticamente con el paso de los meses.

El gráfico de búsquedas en Google ilustra bien esta evolución: un ascenso abrupto tras el apagón y una caída progresiva posterior. No hasta el punto de volver al inicio, pero sí lo suficiente como para confirmar que el fenómeno fue, en gran medida, coyuntural. Kike Aganzo, portavoz del comparador de precios idealo.es, resume el fenómeno: “Se observa un doble comportamiento: picos muy intensos en momentos concretos, pero también un interés sostenido que indica un consumidor más planificado”.

Un nuevo nicho comercial

En su momento, la reacción fue inmediata. Según datos de Idealo, las búsquedas de productos relacionados con emergencias se dispararon en cuestión de horas: generadores eléctricos (un 639%), hornillos de camping gas (con un repunte del 547%), placas fotovoltaicas (400%), estaciones de energía portátiles (375%) y radios (205%).

A partir de entonces, comenzó a tomar forma un nuevo ecosistema comercial. Tiendas online y físicas empezaron a ofrecer kits de supervivencia ya preparados, empaquetando en una sola compra los productos recomendados por la Comisión Europea.

Al mismo tiempo, muchos consumidores optaron por crear sus propios kits comprando artículos por separado. El propio Idealo detecta que, más allá del pico inicial, el interés se ha mantenido en niveles más altos que antes del apagón: las búsquedas de linternas crecieron un 278,6% entre julio de 2025 y enero de 2026; las de hornillos, un 247,7% y las de radios, más de un 100%.

Ferreterías: entre la curiosidad y el impulso

En el comercio de proximidad, el fenómeno se percibe con matices. Varias ferreterías consultadas coinciden en que ha habido más interés, pero sin llegar a un cambio estructural. “Sí que hemos notado algo más de movimiento en ese tipo de productos, sobre todo linternas, pilas y garrafas de agua. No es una locura, pero sí más que otros años”, explican desde un establecimiento. “También hay más gente preguntando, aunque luego no siempre compran”.

Otros negocios apuntan a una estabilidad general: “No hemos visto un cambio especialmente significativo. Sí hay picos puntuales cuando aparecen noticias sobre apagones, pero la demanda se mantiene bastante estable”. En algunos casos, la percepción es más clara: “En los últimos meses, hemos vendido más radios a pilas, linternas potentes y baterías externas. Mucha gente viene preguntando directamente por ‘cosas por si pasa algo”.

Y hay quien lo resume como un comportamiento cíclico: “Cuando se habla en medios de posibles cortes de luz o crisis, se disparan las ventas durante unos días. Luego vuelve a la normalidad. Es más reactivo que constante”.

El papel del miedo en el consumo

Desde la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) llaman a contextualizar este fenómeno. “En contextos de incertidumbre, es habitual que surjan productos que apelan a la seguridad y al control, pero es importante evitar el alarmismo”, señalan.

La organización subraya que España cuenta con un sistema eléctrico robusto y que no existen recomendaciones oficiales que justifiquen la compra generalizada de estos kits. Por ello, recomiendan informarse a través de fuentes oficiales y evitar decisiones impulsivas. “La mejor protección del consumidor pasa por información veraz, transparencia y responsabilidad por parte de las empresas, no por alimentar narrativas de riesgo desproporcionadas”, añaden.

Un año después, el 'boom' de este tipo de kits muestra signos claros de enfriamiento. Según Idealo, el pico de búsquedas tras el apagón se replicó en otros países europeos donde opera el comparador, lo que apunta a una reacción muy vinculada al impacto concreto del corte eléctrico en la península.

Al mismo tiempo, el mercado ha evolucionado más por la tecnología que por la urgencia. “Lo que sí hemos visto es productos cada vez más preparados para funcionar sin electricidad”, explican desde Idealo, con ejemplos como radios solares con dinamo o estaciones de energía portátiles más asequibles, algunas por debajo de los 250 euros. Es decir, más que kits cerrados, lo que gana terreno son soluciones individuales adaptables a distintos usos, desde emergencias hasta el camping o las caravanas.

Los precios, además, se han mantenido relativamente estables, con variaciones leves: radios (+2,3%), hornillos (+1,9%) o incluso descensos en linternas (-7,3%), según Idealo.

Desde CECU, la organización insiste en que, en España, “no hay recomendaciones oficiales que justifiquen la compra de estos kits de forma generalizada” y ponen el foco en no convertir la prevención en un mercado basado en el miedo.

El resultado es un segmento de negocio que no ha desaparecido, pero sí ha perdido intensidad. El kit de supervivencia ha pasado de ser una compra urgente a una opción más reflexiva, en un punto intermedio entre la prevención razonable y el impulso motivado por el miedo. Queda, eso sí, una huella: más conocimiento, más oferta y una cierta conciencia de vulnerabilidad. Lo suficiente para sostener un negocio, pero no para mantener el boom.

Las aerolíneas encaran la siguiente temporada turística con optimismo. La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) prevé un verano récord en España, con casi 260 millones de asientos programados entre abril y octubre de 2026, lo que supone un 5,7% más que en las mismas fechas del año pasado. El sector considera que, pese al contexto geopolítico y al encarecimiento del combustible, “no existe riesgo de desabastecimiento en los aeropuertos españoles”.

El presidente de ALA, Javier Gándara, ha presentado este martes las perspectivas del sector y ha defendido que España mantiene una posición “relativamente mejor” que otros países europeos por su capacidad de refino y por su menor dependencia del crudo procedente de Oriente Próximo.

El combustible es la principal amenaza

El principal foco de preocupación del sector no está en la demanda, sino en el combustible. La guerra en Oriente Próximo ha disparado el precio del queroseno de aviación, que según ALA se ha duplicado respecto a los niveles previos al conflicto, pasando de unos 700 dólares por tonelada métrica a entre 1.400 y 1.500 dólares.

“El combustible representa cerca de un tercio de los costes de una aerolínea”, ha recordado Gándara. No obstante, ha matizado que las grandes compañías operan con coberturas financieras que les permiten tener asegurado entre el 70% y el 80% del consumo de este verano a precios anteriores a la escalada.

Eso reduce el impacto inmediato sobre las cuentas de resultados y también sobre el precio de los billetes, aunque la patronal admite que dependerá de la evolución de la demanda y de la capacidad de las familias para asumir nuevas subidas.

Sin riesgo de escasez en España

Pese a la tensión internacional, ALA descarta problemas de suministro en España. Según los datos aportados por la asociación, solo el 11,4% del crudo que llega a las refinerías españolas procede de la zona del conflicto y entre el 80% y el 85% del queroseno consumido en los aeropuertos nacionales se produce en España.

La situación contrasta con otros países europeos más dependientes de la importación de productos refinados. Además, las petroleras están reforzando la producción y revisando sus planes de mantenimiento para garantizar el abastecimiento durante los meses de mayor tráfico.

Mejor comprar antes

Preguntado por el posible efecto sobre los precios, el presidente de ALA evitó hacer pronósticos cerrados, pero reiteró la recomendación habitual del sector: comprar con la mayor antelación posible.

“Si ya sabes que vas a viajar este verano, cuanto antes compres el billete, mejor”, resumió Gándara. La combinación de alta demanda, incertidumbre geopolítica y costes al alza anticipa una campaña intensa para las aerolíneas, que esperan volver a batir récords en España.

Más vuelos y más pasajeros

La patronal del sector aéreo en España también hace balance de la última temporada de invierno, en la que se operaron 1.029.000 vuelos comerciales, un 2,3% más interanual, en los que viajaron más de 140 millones de pasajeros, un 3,7% más que el invierno anterior.

El crecimiento, sin embargo, no fue homogéneo. Mientras el tráfico doméstico cayó un 1,3%, hasta 43,8 millones de viajeros, el segmento internacional volvió a tirar del mercado: el tráfico intraeuropeo creció un 5,3% y el intercontinental un 10,6%, superando los 15 millones de pasajeros.

Para el presidente de ALA, estos datos consolidan un cambio de tendencia tras la pandemia: el mercado nacional lideró la recuperación inicial, pero ahora vuelve a ser el tráfico internacional el principal motor del sector.

Madrid, Barcelona y Alicante tiran de la oferta

Entre los principales aeropuertos, ALA destaca los aumentos previstos en Madrid y Barcelona, con un 8% y un 7,6% más de asientos, respectivamente. También sobresale Alicante, con una subida del 14,1%, impulsada por la fuerte demanda turística hacia la costa mediterránea.

Por comunidades autónomas, Andalucía lidera el crecimiento con un alza del 9,8%, Baleares suma un 2,6% y Canarias registra una caída del 2,5% frente a un verano anterior que ya fue de máximos históricos.

La patronal insiste en que se trata de capacidad programada, no de tráfico definitivo: las compañías podrán ajustar rutas y frecuencias en función de la demanda y de la evolución de los costes.

El regreso de los aranceles, la rivalidad entre Estados Unidos y China, la guerra en Oriente Medio y una economía cada vez más condicionada por la geopolítica dibujan un escenario de incertidumbre global. Kevin O’Rourke, historiador económico, investigador del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) en Francia, y profesor en Sciences Po, sostiene que no estamos simplemente ante una nueva fase de desglobalización, sino ante una etapa de “fragmentación geopolítica” que pone en cuestión las bases del orden económico internacional surgido tras el final de la Guerra Fría.

O'Rourke, de visita en Madrid invitado por la Fundación Ramón Areces y la Universidad Carlos III, advierte de que la volatilidad impulsada por Donald Trump, el debilitamiento de las reglas multilaterales y la formación de bloques rivales pueden dañar el crecimiento y agravar las tensiones internacionales. Frente a ese escenario, defiende que la Unión Europea debe abandonar cualquier sensación de impotencia, actuar con mayor autonomía política y estratégica y reforzar su mercado interior, su transición energética y su capacidad para defender sus propios intereses. “No tenemos alternativa”, resume en una entrevista con elDiario.es.

Entre la guerra con Irán, la invasión rusa de Ucrania, la rivalidad entre Estados Unidos y China y el regreso de los aranceles, ¿estamos entrando en una nueva era de desglobalización?

Lo que estamos viviendo es una etapa de fragmentación geopolítica. La globalización siempre ha estado profundamente condicionada por la geopolítica. La fase de globalización que hemos conocido surgió tras el final de la Guerra Fría y la apertura de China a la economía mundial. Por eso tiene sentido que el regreso de guerras frías y guerras abiertas nos empuje en la dirección contraria.

Donald Trump ha situado los aranceles en el centro de su agenda económica. ¿Es una estrategia eficaz o una receta con más costes que beneficios?

Al principio parecía funcionar, porque todo el mundo le tenía miedo. Ahora la gente se ha acostumbrado a él y ya no intimida de la misma manera. Además, el Tribunal Supremo ha declarado ilegales sus políticas arancelarias. Así que está perdiendo capacidad de presión a través de esas amenazas, y eso es una buena noticia.

¿Cómo debe comportarse Europa ante Trump?

Debemos preocuparnos cuando una gran potencia, y además un aliado tradicional profundamente entrelazado con nuestras economías, está gobernada por alguien así. Pero Europa no es pequeña y debe dejar de comportarse como si fuera importante. Muchos de nuestros países lo son individualmente, pero en conjunto somos tan grandes como Estados Unidos. Podemos defender nuestros intereses. El verdadero peligro sería convencernos de que somos impotentes. Eso sí sería una profecía autocumplida: nos debilitaríamos y entonces sí podrían intimidarnos.

¿Debe la Unión Europea actuar más claramente como bloque y como poder autónomo?

No tenemos alternativa. Dudo mucho que hoy muchos europeos crean que Trump acudiría automáticamente en nuestra ayuda si Rusia atacara Suecia o los Estados bálticos. Si las garantías de la OTAN ya no son seguras, Europa tiene que valerse por sí misma. Eso significa actuar unidos en política, seguridad y estrategia. Ya lo hacemos en comercio, donde somos potencialmente un bloque muy poderoso. Es el único camino realista.

¿Qué impacto tienen las declaraciones de Trump sobre los mercados y las expectativas?

Ha introducido una enorme volatilidad e incertidumbre en el sistema global. Hay incertidumbre sobre el precio del petróleo, la política comercial y la evolución geopolítica. Puede que no sepamos si los aranceles o la energía subirán o bajarán, pero sí sabemos que la incertidumbre en sí misma daña la inversión. Y eso perjudica el crecimiento, el empleo y la creación de puestos de trabajo.

Ya ha hecho un daño considerable a la economía mundial. Y, sumado a las tensiones en el Golfo, eso genera tanto un shock de demanda como un shock de oferta. En resumen: ha creado un gran problema.

¿La guerra con Irán es también una guerra económica?

Es, ante todo, una guerra política. Pero Irán intenta defenderse del único modo que puede: generando la mayor disrupción económica posible para forzar a Estados Unidos a retroceder. En ese sentido, sí se ha convertido también en una guerra económica.

Avanzamos hacia un mundo multipolar y eso puede ser peligroso. Los últimos grandes periodos multipolares fueron los años previos a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. Sabemos cómo terminaron.

El enfrentamiento entre Washington y Pekín ya no es solo comercial, también es tecnológico y estratégico. ¿Estamos ante una nueva Guerra Fría?

Creo que avanzamos hacia un mundo multipolar, no simplemente bipolar. No están solo Estados Unidos y China. También está Europa, que será cada vez más autónoma; India; y grandes actores en América Latina, el sudeste asiático e incluso, en el futuro, África.

Eso puede ser peligroso. Los últimos grandes periodos multipolares fueron los años previos a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. Sabemos cómo terminaron.

En este nuevo escenario, ¿la Unión Europea actúa como un actor geopolítico con voz propia?

No tanto como debería. Con demasiada frecuencia Europa es ignorada, considerada irrelevante o vista como hipócrita, especialmente por países de lo que antes se llamaba el Sur Global. Escuchan nuestro discurso sobre el derecho internacional, pero también observan cuando no lo aplicamos a nosotros mismos. Si Europa quiere ser tomada en serio, tiene que alinear sus actos con sus principios.

¿Cómo debería responder Bruselas al auge del proteccionismo?

Se puede debatir razonablemente si Europa debe responder con represalias a los aranceles de Trump. Pero lo que desde luego no debería hacer es premiar comportamientos ilegales.

Más allá de eso, la UE debe reforzar su mercado interior y ampliar alianzas. Pero también regular la tecnología y los sectores estratégicos de acuerdo con sus propios valores democráticos y sociales, sin dejarse intimidar por posibles represalias de Washington. Quizás esa sea la mejor respuesta: gobernarnos según nuestras propias prioridades.

El acuerdo entre la UE y Mercosur genera divisiones internas. ¿Es una oportunidad estratégica o llega demasiado tarde?

En conjunto, creo que probablemente es positivo, aunque más por razones geopolíticas que estrictamente económicas. Por supuesto, tiene costes políticos, especialmente por la oposición de determinados sectores agrícolas. Todo acuerdo comercial obliga a equilibrar beneficios económicos y resistencias internas. Aun así, mi valoración sería moderadamente favorable.

"España lidera la transición energética, Trump lo detesta y es estrátegico para la UE"

¿Qué papel puede jugar España en este contexto?

España puede seguir liderando la transición energética, algo que Trump claramente detesta. A largo plazo, eso es estratégicamente crucial para Europa, no solo por la crisis climática, sino porque reduce nuestra dependencia de los mercados energéticos internacionales, de Rusia, de Estados Unidos y del Golfo.

¿Qué opinión le merece la posición de Pedro Sánchez en estos conflictos?

Creo que expresó lo que piensan muchos europeos corrientes cuando condenó la guerra con Irán. En un momento en el que la respuesta europea fue fragmentada y confusa, ayudó a articular una posición alternativa. Lo ideal habría sido que el Consejo Europeo coordinara una respuesta común antes de que algunos líderes hablaran por su cuenta.

Mirando la historia económica, ¿cuál es el principal error que corremos el riesgo de repetir?

El mayor peligro es la fragmentación de la economía mundial en bloques políticos rivales, como ocurrió en los años treinta. Aquella fragmentación no solo reflejó las tensiones políticas de la época: también las agravó. Por eso siguen siendo tan importantes los principios básicos del sistema multilateral de comercio, especialmente la no discriminación. Europa debería liderar su defensa.

Los problemas de salud mental relacionados con el empleo siguen prácticamente fuera de las estadísticas oficiales según el análisis de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales presentado por Comisiones Obreras (CCOO). Tal y como apunta el informe, en 2025 se registraron en España más de 600.000 bajas laborales vinculadas a problemas psicológicos, pero solo 203 casos se reconocieron como de origen profesional.

Para el sindicato, es una “carencia del sistema” que los riesgos derivados del trabajo siguen sin reflejarse en la prevención ni en la protección de las personas trabajadoras. “Cuando se habla de absentismo, lo que se ignora sistemáticamente son las condiciones que hay detrás”, ha advertido el secretario general del sindicato, Unai Sordo.

El análisis, con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, también llama a no sacar conclusiones erroneas de la bajada general de accidentes laborales. Aunque en 2025 descendieron tanto los accidentes con baja como los mortales, CCOO considera que esa mejora no se explica por una prevención más eficaz en las empresas, sino por el tipo de empleo que se está creando y por una mayor estabilidad en la contratación.

Menos accidentes, pero no por una mejor prevención

Durante el año pasado se registraron 620.386 accidentes de trabajo con baja, un 1,9% menos que en 2024. Los accidentes mortales bajaron un 9,6%, hasta 735 fallecimientos, el dato más bajo del siglo tal y como destacó la organización.

Sin embargo, los responsables sindicales insistien en que esa evolución no significa que las empresas estén mejorando en prevención. Según el informe, entre 2019 y 2025 el empleo aumentó con más fuerza en sectores con menores índices de siniestralidad. “No están bajando los accidentes porque se hagan mejor las cosas, sino porque se crea más empleo en actividades con menos riesgo y porque hay menos rotación laboral”, resumió Sordo.

Además, añaden que la reducción de la temporalidad también habría ayudado a reducir accidentes. En 2025 se firmaron siete millones menos de contratos que en 2019, pese a que hay más personas asalariadas. Para CCOO, una mayor estabilidad permite acumular experiencia y conocer mejor los riesgos del puesto de trabajo.

La salud mental gana peso en el trabajo

Junto a la mejora en los datos generales, el sindicato ha alertado de otros problemas menos visibles. La digitalización, la presión en los ritmos de trabajo, los sistemas de control, los horarios imprevisibles o las dificultades para conciliar están afectando a la salud mental de muchas plantillas. “Desde hace 30 años el trabajo ha cambiado por completo y la prevención no se ha actualizado al mismo ritmo”, señaló el secretario confederal de Salud Laboral y Medioambiente, Mariano Sanz.

Sordo inisitió en que distintos estudios sitúan las condiciones laborales entre los factores que más influyen en la salud mental. Según los datos citados por el dirigente sindical, el 43% de los problemas de salud mental guardan relación con el trabajo, una proporción que sube al 49% en el caso de las mujeres.

Enfermedades profesionales invisibles

La denuncia de CCOO se extiende al conjunto de las enfermedades profesionales. En 2025 se comunicaron 30.713 casos, una cifra que el sindicato considera muy inferior a la real. La mayoría de los reconocimientos corresponden a trastornos musculoesqueléticos, mientras otras dolencias siguen pasando desapercibidas.

El ejemplo más claro para la organización es el cáncer laboral. En todo 2025 solo se notificaron 119 partes por esta causa y únicamente 35 acabaron en una baja. Frente a ello, CCOO maneja estimaciones de unas 16.000 personas enfermas y cerca de 6.000 muertes anuales por tumores de origen profesional. “Hay trabajadores que mueren por enfermedades causadas por su empleo y figuran en las estadísticas como si hubieran aparecido porque sí”, denunció Sordo.

Quién corre más riesgo en el trabajo

El informe también destaca que los accidentes laborales no afectan igual a toda la población trabajadora. Los trabajadores manuales multiplican por casi 500 la incidencia respecto a ocupaciones técnicas, un dato que Sanz resumió así: “La siniestralidad es una cuestión de clase”.

También persiste una diferencia por sexo. El 70% de los accidentes con baja y el 93% de los mortales afectan a hombres, concentrados en sectores masculinizados. En cambio, los accidentes in itinere, los que ocurren en los desplazamientos al trabajo, son mayoritariamente femeninos, con un 54% de los casos. El sindicato relaciona este dato con la carga de cuidados y la doble jornada.

La nacionalidad también influye. Según los datos expuestos por CCOO, las personas trabajadoras extranjeras registran tasas de accidente superiores a las de la población española, especialmente por su presencia en actividades de mayor riesgo y por una situación más vulnerable a la hora de reclamar medidas de seguridad.

“Incumplir las normas laborales sale gratis”

La construcción sigue siendo uno de los sectores más preocupantes tal y como plantea el análisis de las estadísticas. Sordo la definió como “un agujero negro” de la mortalidad laboral, al mantenerse una relación directa entre más actividad y más accidentes graves. A ello se suma el envejecimiento de la plantilla, que está aumentando problemas de salud como infartos o ictus.

Durante la comparecencia, CCOO reclamó al Gobierno que desbloquee la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y apruebe cuanto antes las normas pendientes sobre riesgos psicosociales y fenómenos climáticos extremos. Sanz advirtió de que muchas empresas siguen sin contar con protocolos frente a las altas temperaturas y criticó la falta de controles públicos. “Incumplir las normas laborales sale gratis”, afirmó.

El sindicato también pidió más Inspección de Trabajo, menos externalización de la prevención, un registro estatal de empresas y trabajadores expuestos a sustancias químicas y cambios en el sistema de mutuas para evitar conflictos de intereses en el reconocimiento de enfermedades profesionales. “Trabajar sí, pero enfermar no” concluye Mariano Sanz.

La guerra entre Estados Unidos e Irán, iniciada el pasado 28 de febrero, ha tensionado las bolsas de todo el mundo en medio de una fuerte crisis energética, provocada por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el encarecimiento del petróleo. La tregua anunciada este miércoles por Donald Trump ha impulsado una recuperación de los mercados tras semanas marcadas por caídas, volatilidad y miedo a una recesión global.

Los expertos coinciden en que la reacción de las bolsas refleja más un alivio puntual que un cambio de escenario. Sin embargo, advierten de que el conflicto y, sobre todo, la evolución del precio del petróleo seguirán condicionando la economía global. “La inestabilidad no terminará hasta que termine la guerra”, resume el economista israelí Joseph Zeira, profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén.

El petróleo como detonante de la crisis

Desde el inicio del conflicto, las bolsas han caído con fuerza en todo el mundo, como puede verse en el siguiente gráfico. El S&P 500 ha llegado a ceder más de un 7%, el Nasdaq cerca de un 10% y el Dow Jones alrededor de un 6%. Mientras en Europa el EuroStoxx bajó un 5% y en España el IBEX 35 registró en marzo su peor mes desde 2022, con una caída superior al 7%. En Asia, el impacto ha sido aún más severo, con el Nikkei japonés desplomándose más de un 13%. Y en el caso de la bolsa israelí, el TA-35 rozó el 9%.

Para los analistas, el principal canal de transmisión ha sido la energía. El encarecimiento del petróleo, impulsado por la tensión en el estrecho de Ormuz por donde transita cerca de una quinta parte del suministro mundial, ha actuado como un shock de oferta negativo sobre la economía global.

“El petróleo funciona como un impuesto indirecto: eleva los costes de producción y transporte, reduce márgenes empresariales y frena el crecimiento”, explica Manuel Pinto, analista de mercados en XTB. Este impacto se extiende más allá del crudo, afectando a cadenas industriales y materias primas estratégicas, desde fertilizantes hasta semiconductores, y reforzando las presiones inflacionistas.

Como consecuencia, el barril de Brent pasó de cotizar en torno a los 73 dólares a superar los 116, alimentando el riesgo de un escenario de bajo crecimiento con inflación elevada, añade.

¿Qué ha cambiado tras el alto al fuego?

El mercado ha reaccionado a cada anuncio de desescalada. En esta ocasión, el precio del Brent ha caído más de un 13%, situándose por debajo de los 100 dólares, mientras las bolsas han registrado subidas generalizadas.

El mercado israelí ha liderado el repunte, con un avance acumulado cercano al 18% desde los mínimos recientes. Le sigue Japón, con repuntes en torno al 13%, mientras que Europa registra subidas más moderadas, cercanas al 2%. En España, el IBEX 35 acumula un avance del 4,6% en este mismo periodo.

Con la caída del precio del petróleo, las bolsas han reaccionado con fuerza. Según Pinto, este giro refleja un cambio de dinámica: las economías importadoras de energía, como Europa o Asia, son las más beneficiadas cuando baja el crudo, mientras que Estados Unidos pierde parte de su ventaja como exportador.

Aun así, el patrón se repite: subidas rápidas tras noticias positivas y caídas cuando no se confirman avances. El experto esloveno Rok Spruk lo resume así: “los mercados tratan estas noticias como impactos de corta duración, cuya relevancia depende de su credibilidad”.

Israel: mercados fuertes, economía débil

El caso de Israel se diferencia al resto, aunque la mayoría de mercados reaccionaron inicialmente con caídas, el TA-35 mostró fortaleza tras el inicio del conflicto, corrigió posteriormente con la escalada y ahora lidera el repunte con un 18%. Para Spruk, este comportamiento refleja la “resiliencia estructural” de la economía israelí, apoyada en sectores de alto valor añadido. Sin embargo, el diagnóstico macroeconómico es mucho más negativo.

“Desde octubre de 2023, la economía israelí está en una recesión severa”, advierte Joseph Zeira, quien señala que el PIB empresarial ha caído un 8% y la inversión cerca de un 20%. El desplome del turismo y el aumento del gasto militar, financiado en gran parte con deuda, agravan el deterioro. “La economía real no refleja la aparente estabilidad de los mercados financieros” defiende.

La política marca el paso

Durante todo el conflicto, la volatilidad ha estado estrechamente ligada a la evolución política. Cada declaración tenido un impacto en los mercados en una u otra dirección. Las palabras de Trump han actuado como catalizador, como apuntan los analistas, generando movimientos bruscos en función de las expectativas de escalada o desescalada. “Esto refuerza la idea de que los inversores están reaccionando más a expectativas que a cambios reales en la economía” sostienen.

Pinto apunta a un patrón recurrente: subidas impulsadas por el optimismo seguidas de correcciones ante la falta de confirmación. Desde una perspectiva académica, el experto en macroeconomía Spruk matiza este comportamiento: “Los mercados tratan las declaraciones políticas como shocks informativos de corta duración”, explica, señalando que su impacto depende de si se perciben como creíbles y viables.

Ganadores y perdedores

El conflicto ha dibujado un mapa de ganadores y perdedores. El sector energético ha sido el principal beneficiado durante la subida del petróleo. En España, Repsol destacó con fuertes alzas en marzo, mientras que a nivel internacional grandes petroleras estadounidenses como ExxonMobil y Chevron se vieron impulsadas por el encarecimiento del crudo.

El sector de defensa también reaccionó con fuerza al inicio del conflicto, con alzas en compañías estadounidenses como Northrop Grumman o General Dynamics, que llegaron a subir más de un 6% y algo más de un 1% a principios de marzo. Aunque parte de esas ganancias se corrigieron posteriormente con la desescalada. Lockheed Martin, por su parte, llegó a rozar máximos históricos: en torno a los 670 dólares y subidas superiores al 60%.

Uno de los casos más destacados es el de la israelí Elbit Systems, cuyas acciones han subido más de un 23% desde finales de febrero, impulsadas además por un récord en su cartera de pedidos superior a 28.000 millones de dólares.

En el sector tecnológico, las empresas vinculadas al ámbito militar fueron las primeras en registrar subidas iniciales. Palantir Technologies llegó a ganar casi un 6% en los primeros días y acumuló un alza del 12%. Sin embargo, el escenario cambió cuando Irán señaló como posibles objetivos a grandes tecnológicas como Apple, Microsoft, Google, Meta, IBM, Intel o Tesla, lo que provocó caídas generalizadas. Con el alto el fuego, el sector ha recuperado parte del terreno perdido.

Por el contrario, sectores como el turismo, la automoción han sido los más perjudicados, afectados por el aumento de costes y la incertidumbre global. Este comportamiento refuerza la idea de que el mercado ha reaccionado principalmente al impacto de la energía más que a un deterioro estructural del crecimiento global, tal y como señalan los expertos.

¿Shock temporal o riesgo estructural?

La gran incógnita es si el conflicto dejará una huella duradera en la economía global o si se trata de un episodio transitorio. Spruk considera que, por ahora, los mercados lo están valorando como un “shock extremo pero contenido”, es decir, un riesgo que se mantiene pero con baja probabilidad de alterar de forma permanente la arquitectura financiera global.

Pinto sostiene que el escenario base sigue siendo relativamente constructivo, pero subraya que este optimismo es frágil. Zeira, sin embargo, recuerda los límites de esta lectura desde los mercados: la economía real muestra un deterioro mucho más profundo que el que reflejan los índices bursátiles.

Los mercados han celebrado la tregua, pero continúan dependiendo de un equilibrio inestable, altamente condicionado por la evolución del petróleo y por decisiones políticas difíciles de anticipar.

Organizaciones sindicales como CCOO y UGT, que mantienen una presencia sólida entre trabajadores con trayectorias estables, están encontrando mayores dificultades para integrar a quienes se incorporan al mercado laboral y a quienes ocupan posiciones más vulnerables, apuntan las conclusiones del último estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recogidas por Funcas.

El dato que más inquieta a las grandes centrales no es tanto la caída sostenida de la afiliación como su reparto por edades. Entre los asalariados de 25 a 44 años, solo el 18% de quienes trabajan a tiempo completo está afiliado; entre los de 45 a 64 años, el porcentaje sube al 26%. La brecha se agranda entre los jóvenes con contratos parciales: apenas un 10% está sindicalizado.

De la rebeldía democrática a la normalización de los derechos

La afiliación sindical en España lleva más de dos décadas descendiendo. A comienzos de los 2000 rondaba el 15% de los asalariados; hoy se sitúa en el 12%-13%. Para Carlos Gutiérrez, secretario de Estudios y Discurso de CCOO, comparar la afiliación juvenil actual con la de la Transición es comparar “dos mundos laborales completamente distintos”. En los años setenta el país era demográficamente joven, con incorporación temprana al trabajo, muy masculina y un gran peso industrial.

Gutiérrez explica que las reivindicaciones laborales chocaban con un régimen autoritario, “afiliarse era un acto de rebeldía democrática”. Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, coincide. Durante la Transición, recuerda, había un anhelo profundo de libertad sindical. “Derechos que hoy parecen básicos —negociación colectiva, protección social, el propio Estatuto de los Trabajadores— costaron cárcel y vidas”, añade.

La conquista colectiva se ha convertido en suelo asumido. Hoy esos derechos forman parte del paisaje institucional y esa normalización tiene un efecto paradójico: reduce la percepción de urgencia. “Muchos jóvenes han crecido con esos derechos ya consolidados y no siempre identifican al sindicato como su origen”, señala Luján.

A ello se suma una particularidad del modelo nacional: no es necesario estar afiliado para beneficiarse de los convenios colectivos. Lo que reduce el incentivo formal a afiliarse y obliga a las organizaciones a redoblar esfuerzos de presencia y pedagogía. En comparación con otros países de la Europa occidental, el informe sitúa a España en una posición intermedia —similar a Alemania, Italia o Países Bajos—, lejos de los países nórdicos, donde la afiliación alcanza a dos tercios de los trabajadores.

Trabajar más tarde, trabajar peor

Gal·la Torres, recién graduada en Barcelona tras completar sus estudios universitarios —en el ámbito de las ciencias sociales—, se enfrenta ahora a sus primeros empleos. “La precariedad es una de las problemáticas comunes con las que nos enfrentamos cuando entramos al mundo laboral”, resume. A su parecer, su generación accede a trabajos marcados por contratos mal remunerados, la normalización de las horas extra y, en general, condiciones laborales poco favorables.

Samuel Albuquerque, que también acaba de finalizar su formación —en su caso, vinculada al ámbito de la empresa y la gestión— y da sus primeros pasos profesionales, añade otro ángulo al diagnóstico. “Gran parte del problema está en la poca instrucción que recibimos”, sostiene. A su juicio, durante la etapa educativa apenas se informa sobre el papel y la existencia de los sindicatos, su función en la defensa de los trabajadores o cómo pueden intervenir ante situaciones de abuso. 

El retraso en la incorporación al mercado laboral es otro elemento clave: se estudia más tiempo y se accede más tarde al mundo laboral. Y la afiliación, recuerdan los sindicatos, se produce sobre todo en los centros de trabajo. “Si te incorporas de forma tardía y además lo haces con contratos temporales, en sectores precarizados o en empresas pequeñas, el vínculo es mucho más frágil”, explica Gutiérrez.

La temporalidad no solo afectan a las condiciones laborales, sino también al sentimiento de pertenencia. Los datos respaldan esa idea: entre los mayores de 45 años, la brecha por tipo de jornada casi desaparece (24% de afiliación en parcial y 26% en completa). Entre los jóvenes, en cambio, la precariedad actúa como barrera de entrada. “Donde hay estabilidad y representación, el vínculo crece”, resume Luján.

Organizar colectivamente a trabajadores que rotan, encadenan contratos o compaginan empleo y estudios es más complejo. Gal·la lo expresa de forma directa: “Siento los sindicatos un poco lejanos, como si aún no estuviera asentada para afiliarme”. Una distancia que no nace necesariamente del rechazo, sino de la provisionalidad. Samuel tampoco se ha planteado afiliarse por ahora. “No lo descarto, pero todavía no me dedico a tiempo completo a mi profesión”, explica.

“Si sufro solo, no me sirve el sindicato”

Más allá de los factores estructurales, desde el ámbito sindical se señala un cambio cultural de fondo. “La juventud vive muchas veces sus problemas laborales de manera individual”, apunta un responsable sindical. “La precariedad se sufre en casa, con ansiedad, incluso con culpa. El reto es pasar de ese ‘yo que sufre’ a un ‘nosotros’ que organiza y politiza ese malestar”.

El joven en sus primeros pasos profesionales observa esa misma lógica en su entorno. “Aunque algunas cosas no nos gustan, las aceptamos”, reconoce Samuel. “Ese conformismo, unido al desconocimiento de los derechos laborales, actúa como freno a la sindicalización”.

A ello se suman prejuicios persistentes. “Escuchamos que [los sindicatos] ‘no sirven para nada’, que ‘solo están en grandes empresas’, que ‘están politizados’ o que ‘son cosa de gente mayor’”, explica la responsable de Juventud de CCOO en Extremadura. “Muchas veces esa percepción viene de fuera. Pero cuando alguien tiene un problema concreto y recibe apoyo colectivo, cambia radicalmente”.

La estigmatización también pesa. Desde el sindicato se habla de una “criminalización de la acción sindical” en un contexto de creciente crispación política que desincentiva implicarse. “Hay quien piensa: ‘No me meto en jaleos’. Ese miedo a exponerse influye”. En la misma línea, la estudiante Gal·la, lo resume así: “Deberíamos estar más motivados a sindicalizarnos y defender algo bastante compartido: que las condiciones laborales tienen que cambiar”.

Más que salario: proyecto de vida

Las preocupaciones de la juventud no se limitan al salario. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), España se situó a principios de 2026 en una tasa de paro juvenil del 25%, una de las más altas de la Unión Europea. La estudiante recién graduada defiende que: “No se trata solo de cobrar más, sino de poder imaginar un futuro digno”.

Desde el ámbito sindical, la responsable de Juventud de CCOO en Extremadura amplía el foco: el problema no es únicamente la precariedad, sino también la falta de oportunidades y la emigración juvenil. “Muchos jóvenes no saben si podrán quedarse, emanciparse o consolidar un proyecto de vida. El sindicalismo también tiene que dar respuesta a un modelo productivo que no ofrece certezas”, señala.

En ese contexto, cuestiones como la vivienda, la conciliación o la salud mental han ganado peso en el debate. Pero no son ámbitos aislados. “La vivienda depende del salario. La salud mental está atravesada por la precariedad. La conciliación tiene que ver con las jornadas”, explica la dirigente sindical. “El error es separar estas luchas cuando forman parte del mismo conflicto: cómo se reparten la riqueza y el tiempo de vida”.

Samuel pone el acento en otro aspecto: la comunicación. A su juicio, los sindicatos deberían revisar qué necesidades cubrían originalmente y recuperar la idea de comunidad, más allá del acompañamiento en conflictos individuales. “Hace falta reconstruir ese sentimiento de colectivo y aprovechar mejor las herramientas actuales para llegar a la gente joven”, plantea. Y añade una clave: “Hay que poner en valor lo que aporta la cohesión a la hora de defender a los trabajadores”.

Desde el sindicato insisten en que el cambio es ineludible. “Necesitamos más presencia en sectores precarios y emergentes, mayor apertura en la toma de decisiones y más pedagogía temprana sobre derechos laborales”, señala la responsable de Juventud. “El sindicalismo del futuro no puede hablar sobre la juventud; tiene que construirse con la juventud”, concluye.

Renovarse para no envejecer

Aunque el 66% de los asalariados españoles nunca se ha afiliado a un sindicato, según los datos recogidos por Funcas, los dirigentes rechazan la idea de un declive irreversible. “El sindicalismo confederal no está en riesgo de desaparecer”, afirma Gutiérrez. Pero reconoce que está en juego su modelo: uno de carácter sociopolítico, que no solo negocie salarios, sino que intervenga en debates como vivienda, sanidad o educación, frente a un sindicalismo más corporativo y fragmentado.

El desafío para los sindicatos es demostrar que, en este nuevo contexto, la organización colectiva sigue siendo útil para disputar el reparto del salario, del tiempo y del futuro. Gutiérrez apunta a la importancia de la representación descriptiva: “Si queremos conectar con la gente joven, tenemos que abrir espacios de responsabilidad a jóvenes, que hablen su idioma y compartan experiencias vitales”. Porque, como resume Nicolás Molina, “la juventud no solo quiere trabajar; quiere poder vivir con dignidad”.