El nacimiento del primer hijo marca un punto de inflexión en las carreras hacia la dirección de las empresas, pero de forma muy distinta para hombres y mujeres. Tras convertirse en madres, ellas tienen, de media, un 26% menos de probabilidades de llegar a ocupar un puesto de CEO (chief executive officer, similar al consejero delegado) que antes de dar a luz. Entre los hombres, en cambio, esa probabilidad aumenta en torno a un 16%.

Es la principal conclusión de una investigación de la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos (NBER, por sus siglas en inglés), uno de los más reputados centros de estudios privados del mundo. El trabajo 'Do Children Derail Women from the CEO Track?', de los investigadores Santiago Campos-Rodríguez y David Neumark, analiza registros administrativos que permiten vincular información de empresas y trabajadores con datos del registro civil sobre matrimonios y nacimientos en Costa Rica. Son 1,9 millones de empleados, de los que cerca de 398.000 tuvieron su primer hijo durante el periodo estudiado, entre 2006 y 2019.

Los autores identifican el primer nacimiento como “un momento central en el que divergen las trayectorias ejecutivas de mujeres y hombres”. Para ellas, explican, la llegada del primer hijo va seguida de “una caída persistente en la probabilidad de ocupar un puesto de CEO”. Entre los hombres, en cambio, no observan una disminución comparable.

Ese 26% debe interpretarse como una reducción relativa, no como una pérdida de 26 puntos porcentuales. Es decir, para los expertos si antes del nacimiento una mujer tenía una determinada probabilidad de llegar a ser CEO, después del nacimiento esa probabilidad es, en promedio, un 26% menor que la que tenía el año anterior. El efecto, además, varía según el tamaño de la empresa: la reducción es del 32% en las pequeñas, del 25% en las medianas y del 17% en las grandes.

Para los hombres, el patrón es el contrario: su probabilidad de convertirse en CEO aumenta un 16% en las empresas pequeñas, un 12% en las medianas y un 51% en las grandes. En estas últimas, el incremento empieza a ser significativo a partir del segundo año después del nacimiento y alcanza aproximadamente un 36% por encima del nivel previo diez años después.

El nacimiento pesa más que el matrimonio

El estudio también analiza qué ocurre alrededor del primer matrimonio. Una boda está asociada con una mayor probabilidad de llegar a CEO entre los hombres, mientras que entre las mujeres los cambios son mucho más débiles y menos sistemáticos. En el caso del nacimiento, en cambio, aparece una caída persistente para ellas.

Al comparar matrimonio y nacimiento, los investigadores encuentran que la diferencia entre hombres y mujeres es mayor después de tener un hijo. En empresas de cualquier tamaño, la divergencia asociada al nacimiento es 1,97 veces la asociada al matrimonio: es decir, prácticamente el doble. En las empresas pequeñas, la relación sube a 3,08 veces, por lo que la divergencia tras el nacimiento es algo más del triple que la observada después del matrimonio.

¿Qué cambia después de tener un hijo?

Otro de los aspectos que analiza la investigación es cómo cambian el empleo y los ingresos dentro de los hogares. Después del nacimiento del primer hijo, el empleo de los hombres se reduce solo ligeramente, alrededor de un 1% o un 2%, mientras que el de las mujeres cae de forma mucho más marcada.

También disminuye la contribución de las mujeres a los ingresos del hogar. Sus ingresos laborales caen incluso cuando el análisis se limita a quienes continúan dentro del sector formal. Los autores hablan de “especialización dentro del hogar” para describir este proceso. Tras el nacimiento, los hombres pasan a tener un papel más importante como fuente de ingresos familiares, mientras las mujeres reducen su empleo, sus ingresos y su participación en los ingresos del hogar.

El documento encuentra una relación entre la aportación económica de cada miembro del hogar y sus posibilidades posteriores de llegar a CEO. Un aumento de diez puntos porcentuales en la proporción de los ingresos familiares aportados por una persona se asocia con un incremento de aproximadamente el 15% en su acceso posterior a la dirección entre las mujeres y del 8% entre los hombres.

Los investigadores consideran que esto ayuda a explicar la divergencia: después de formar una familia, “el papel dentro del hogar que está positivamente asociado con el acceso futuro a un puesto de CEO se vuelve más frecuente entre los hombres, pero menos frecuente entre las mujeres”.

El efecto es mayor entre las mujeres que aportaban menos ingresos

Por franjas de ingresos, entre las mujeres la caída posterior en el acceso a puestos de CEO se concentra en aquellas que aportaban menos de un tercio de las rentas familiares antes del nacimiento. Las mujeres con ganancias de más de dos tercios experimentan descensos mucho menores. Entre los hombres, los efectos positivos se concentran en quienes ya suponían más de dos tercios de los ingresos del hogar.

Para los autores, estos resultados son compatibles con que el nacimiento “refuerza una especialización dentro del hogar que ya existía previamente”. Es decir, las mujeres con trabajos precarios y peor remunerados en comparación son las que se alejan más de esos puestos directivos. Mientras que los hombres que ya eran los principales sustentadores parecen reforzar su vinculación con el trabajo remunerado.

El documento concluye que las personas que aportan una mayor proporción de los ingresos del hogar tienen más probabilidades de convertirse posteriormente en CEO. Al mismo tiempo, el nacimiento desplaza la posición económica en direcciones diferentes para hombres y mujeres.

Los autores no descartan otras explicaciones

Los investigadores plantean la especialización dentro del hogar como un mecanismo que ayuda a explicar sus resultados. Pero esta no es la única explicación posible. El estudio señala que sus resultados no descartan que la discriminación, las creencias de los empleadores, las diferencias en las preferencias profesionales o las diferencias en competitividad contribuyan a la brecha de género en los puestos de CEO.

También advierten de que el diseño permite estudiar los cambios en las trayectorias alrededor del momento del primer nacimiento, pero puede no recoger todos los efectos que se producen antes de ese momento. Por ejemplo, los autores plantean que una mujer que anticipe que la maternidad puede limitar su carrera hacia la dirección podría modificar antes del nacimiento sus decisiones sobre fertilidad, tipo de empleo, movilidad o inversión profesional.

Puede existir, por tanto, un efecto de selección: las mujeres con una mayor preferencia por las carreras hacia puestos de máxima responsabilidad podrían tener, desde el principio, una menor probabilidad de tener hijos. Por eso, el resultado debe leerse como una estimación del cambio en las trayectorias alrededor del nacimiento y no como una afirmación de que tener un hijo sea, por sí solo, la causa de que una mujer no llegue a CEO, defienden los autores.

El eclipse solar total del pasado 12 de agosto dejó algo más que miles de personas mirando al cielo e imágenes excepcionales. También tuvo un reflejo en el consumo de los turistas extranjeros que se vinieron a España a contemplar el fenómeno. Las compras presenciales realizadas por visitantes internacionales aumentaron un 13,8% interanual entre el 10 y el 16 de agosto. Casi tres puntos porcentuales más que en las dos semanas anteriores, según un análisis de BBVA Research a partir de los pagos con tarjetas foráneas en los terminales punto de venta (TPV) de la entidad.

El efecto fue especialmente intenso en los territorios donde el eclipse pudo observarse con mayor intensidad. En las provincias en las que la cobertura alcanzó el 100% en la mayor parte de su territorio, el gasto de los visitantes extranjeros se disparó un 25,7% respecto a la misma semana de 2025. El crecimiento fue 13,6 puntos superior al registrado la semana anterior y 18,5 puntos por encima del de dos semanas antes.

La relación entre la intensidad del fenómeno y el comportamiento del gasto también se aprecia en las provincias con una cobertura de entre el 99% y el 100%. Allí, las compras de extranjeros crecieron un 18,5% interanual, entre seis y siete puntos más que en los dos periodos anteriores. Aún así, el comportamiento, fue distinto entre los viajeros españoles y no se trasladó al turismo nacional.

El gasto se concentra donde el eclipse se vio mejor

El patrón de gasto cambió a medida que desminuía la visibilidad del eclipse en el territorio. En las provincias con una cobertura de entre el 95% y el 98%, el gasto de los visitantes aumentó un 11,9%, mientras que en aquellas donde la cobertura se situó entre el 80% y el 94% el incremento fue del 5,7%. En ambos casos, el crecimiento quedó por debajo del registrado en las dos semanas anteriores.

Para BBVA Research, este comportamiento apunta a un posible “efecto de sustitución entre destinos”: algunos viajeros extranjeros podrían haberse desplazado hacia las zonas desde las que el eclipse podía contemplarse mejor.

En los territorios donde la cobertura fue inferior al 80%, el gasto creció un 7,3% interanual, prácticamente en línea con la evolución de las dos semanas anteriores. El patrón sugiere así que el eclipse no impulsó por igual el consumo en todo el país, sino que concentró una parte del gasto turístico en los lugares con mejores condiciones para observarlo.

Soria fue, con diferencia, la provincia donde más aumentaron las compras de visitantes extranjeros durante la semana del eclipse, con un avance del 220,1% interanual. Le siguieron La Rioja, con un 106,2%; Asturias, con un 88,7%; Segovia, con un 83,1%; Teruel, con un 79%; León, con un 78,3%, y Zaragoza, con un 77,6%.

El salto también fue muy significativo respecto a la semana inmediatamente anterior. En Soria, el crecimiento del gasto se aceleró en 186 puntos porcentuales, mientras que en La Rioja lo hizo en 82 puntos. Guadalajara, con 66,2 puntos de aceleración; Teruel, con 64,9; Segovia, con 64,6; León, con 63,9, y Zaragoza, con 62,8, también registraron aumentos destacados.

Los turistas españoles no siguieron el mismo patrón

El fenómeno, sin embargo, no parece haber tenido un efecto equivalente sobre el turismo nacional. BBVA Research utiliza las compras presenciales realizadas por clientes de BBVA fuera de su provincia de residencia habitual como aproximación al gasto de los españoles cuando viajan dentro del país.

El análisis de BBVA dibuja así un efecto muy localizado: el eclipse parece haber funcionado como un atractivo adicional para los visitantes extranjeros y haber desplazado parte de su consumo hacia los territorios con mayor visibilidad del fenómeno, mientras que no se aprecia un efecto similar sobre los viajes y las compras de los residentes españoles.

En este caso, no se observa un impulso diferencial durante la semana del eclipse. De hecho, las compras presenciales descendieron en casi todos los grupos de provincias entre el 10 y el 16 de agosto frente al mismo periodo del año anterior.

Los datos, no obstante, deben interpretarse con cierta cautela por un efecto de calendario, tal y como advierte el informe. El 15 de agosto, festivo nacional, no generó en 2026 un puente como el del año anterior, lo que puede haber condicionado el volumen de desplazamientos y de gasto de los turistas españoles.

El colectivo de los autónomos afronta una paradoja: los accidentes de trabajo se reducen, pero los que terminan en muerte aumentan. Un total de 36 trabajadores por cuenta propia fallecieron durante los seis primeros meses de 2026 como consecuencia de un accidente laboral, siete personas más que en el mismo periodo del año anterior. El incremento es de casi el 25% y equivale a la muerte de un autónomo, aproximadamente, cada cinco días, alerta la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE).

El dato contrasta con la evolución del conjunto de accidentes laborales con baja. Entre enero y junio se registraron 13.358 accidentes entre trabajadores por cuenta propia, frente a los 13.688 del mismo periodo de 2025, un 2,4% menos, según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo.

“Que haya menos accidentes es una buena noticia, pero no podemos hablar de una evolución positiva mientras aumentan de esta manera las muertes porque detrás de estas cifras hay personas que salieron a trabajar y no volvieron a casa”, señala la secretaria general de la organización, María José Landaburu.

La construcción concentra casi la mitad de las muertes

La construcción es el sector que presenta una mayor exposición al riesgo entre los autónomos. En el primer semestre acumuló 3.809 accidentes durante la jornada laboral, de los que 75 fueron graves y 14 mortales.

El sector concentra alrededor del 31% de todos los accidentes en jornada registrados entre los trabajadores por cuenta propia, pero reúne 14 de las 32 muertes producidas durante la jornada laboral, casi el 44%.

La diferencia también se aprecia en el índice de incidencia. En el conjunto del trabajo autónomo se sitúa en 60,8 accidentes por cada 100.000 trabajadores con las contingencias profesionales cubiertas. En la construcción asciende hasta 155,1, más que duplicando el promedio.

El campo y la industria también presentan niveles de siniestralidad superiores al promedio, con índices de 122,8 y 103,8, respectivamente. En los servicios, en cambio, el indicador baja hasta 37 accidentes por cada 100.000 trabajadores.

“Hay actividades en las que estamos viendo una exposición al riesgo que exige una respuesta mucho más intensa”, sostiene Landaburu. La organización reclama que no se considere inevitable que trabajar en sectores como la construcción, el campo, el transporte o determinados oficios implique una mayor probabilidad de sufrir un accidente grave o mortal.

32 muertes durante la jornada y cuatro en desplazamientos

De los 13.358 accidentes con baja contabilizados en el primer semestre, 12.389 se produjeron durante la jornada laboral y otros 969 fueron accidentes in itinere.

Los accidentes ocurridos durante la jornada se saldaron con 12.087 casos leves, 270 graves y 32 accidentes mortales. El alza de las muertes durante la jornada laboral es del 28% respecto a los datos del primer trimestre de 2025.

A estos datos se suman 33 accidentes graves y cuatro fallecimientos durante los desplazamientos de ida o vuelta del trabajo ('in itinere').

La estadística refleja así una evolución desigual: disminuyen los accidentes en términos globales, pero aumenta la proporción de los que tienen consecuencias mortales.

Por comunidades autónomas, Andalucía concentra el mayor número de accidentes en jornada entre autónomos, con 2.262 casos, seguida de Cataluña (1.667), Comunitat Valenciana (1.461) y Comunidad de Madrid (1.127).

Más prevención para los autónomos

UATAE considera que los datos evidencian la necesidad de reforzar la prevención de riesgos laborales específicamente dirigida a los trabajadores por cuenta propia. Su situación, sostiene, presenta particularidades frente a la de quienes trabajan en empresas con estructuras preventivas más desarrolladas. En el primer semestre, fallecieron en accidentes de trabajo 322 personas asalariadas, un 3,6% menos en en el mismo periodo del año pasado.

“Durante demasiado tiempo se ha dado por hecho que el autónomo tenía que gestionar prácticamente en solitario también los riesgos de su actividad”, afirma Landaburu, que reclama que la prevención, el asesoramiento y las herramientas para trabajar con seguridad sean accesibles con independencia del tamaño del negocio.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una multa de un millón de euros a la empresa de alquiler de coches Avis por cobrar a sus clientes una tasa de entre 33,88 y 45 euros cuando recibían una sanción de tráfico durante el periodo de alquiler de uno de sus vehículos.

La sanción, dictada en el grado máximo previsto para este tipo de infracciones, considera que la compañía estaba cobrando a los consumidores por una gestión que está obligada a realizar por ley: comunicar a la Administración la identidad de la persona que conducía el vehículo cuando se cometió la infracción.

La resolución de Consumo considera abusiva esta cláusula porque impone al consumidor el coste de un trámite que corresponde realizar al titular del vehículo. En el caso de las empresas de alquiler, estas deben facilitar a la Administración los datos de la persona arrendataria o, en su caso, el contrato de alquiler para identificar al conductor responsable.

Según el Ministerio, repercutir ese coste al cliente supone establecer una carga económica desproporcionada y rompe el equilibrio del contrato en perjuicio de la persona consumidora. La resolución considera que la práctica vulnera varios artículos de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

La tasa, que Avis aplicaba bajo el concepto de «gastos de gestión de sanción administrativa», se cobraba además del importe de la propia multa de tráfico.

Avis ya había sido condenada por una cláusula similar

Consumo considera la infracción «muy grave» al apreciar una circunstancia agravante: la empresa habría persistido en una práctica que ya había sido declarada ilícita.

En concreto, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Vitoria-Gasteiz declaró abusiva esta cláusula en una sentencia de septiembre de 2020. El fallo anuló varias condiciones generales utilizadas por Avis, entre ellas la comisión por la gestión de multas, y ordenó a la compañía eliminarlas, dejar de aplicarlas en los contratos vigentes y no incorporarlas en el futuro.

El Ministerio dirigido por Pablo Bustinduy considera que esta resolución judicial previa justifica la aplicación del grado máximo de la sanción, que asciende a un millón de euros.

Una denuncia de una asociación de consumidores

El expediente se inició a raíz de una denuncia presentada por la Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca EKA/ACUV. La resolución agota la vía administrativa, aunque Avis todavía puede recurrir la sanción ante los tribunales.

Consumo señala que la obligación de identificar al conductor responsable está recogida en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y que, por tanto, no puede trasladarse al consumidor un coste adicional por cumplir con ese trámite.

Hay horas de trabajo que aparecen en la nómina, horas que figuran en el registro horario y horas que, sencillamente, parece que no existen. No porque no se hayan trabajado, sino porque nadie las apunta, no se consideran horas extraordinarias o resulta difícil demostrar que lo fueron.

En España se realizan cada semana 6,43 millones de horas extraordinarias. De ellas, 2,54 millones no se pagan ni se compensan con descanso, según un análisis del Gabinete Económico de CCOO elaborado a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Es el equivalente al empleo a jornada completa de unos 68.000 trabajadores.

El sindicato cifra en 436.000 las personas que realizan esas horas extraordinarias sin contraprestación, una media de 5,8 horas adicionales a la semana por trabajador afectado. Por lo que el 5% de la población asalariada hace horas extra cada semana, y de esas horas, el 40% no se pagan ni cotizan, pese a la obligación legal de registrar la jornada.

El problema tiene, además, una particularidad: no siempre se trata de empresas que carecen de registro horario. Desde 2019 todas las compañías están obligadas a registrar la jornada. La cuestión es si ese registro refleja realmente todo el tiempo trabajado y, sobre todo, si puede utilizarse después para demostrarlo.

Fichar no siempre significa demostrar cuánto se ha trabajado

La reforma de 2019 introdujo la obligación general de registrar la jornada, pero dejó sin determinar con suficiente precisión cómo debía hacerse ese registro para que resultara eficaz. Adrián Todolí Signes, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, señala que ese es uno de los problemas de fondo: “Muchas empresas no hacen un registro veraz ni tampoco lo hacen de tal manera en la que luego ese registro se pueda comprobar si es cierto”. A su juicio, la reforma “ayudó poco a reducir las horas extra” porque no fijó un sistema suficientemente eficaz para acreditar el tiempo efectivamente trabajado, y ni siquiera está resultando “una herramienta eficaz en materia probatoria”.

El problema, resume el profesor, es “¿cómo demuestras que has hecho esas horas extraordinarias?”. En trabajos con horario fijo, superar la jornada es relativamente fácil de identificar. Pero en empleos con horarios flexibles, jornadas distribuidas de forma irregular o trabajo realizado fuera del centro, delimitar qué es exactamente una hora extraordinaria se complica mucho más. Y después hay que demostrarlo.

Ana Belén Muñoz Ruiz, profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid, introduce un matiz: el registro horario sí ha mejorado la posición de los trabajadores. “La existencia de registro horario es clave para que el trabajador pueda reclamar las horas extras no pagadas”, señala. Pero esa protección no es automática. Cuando existe un horario fijo y no hay registro, el Tribunal Supremo exige que el trabajador aporte indicios suficientes de un exceso de jornada; solo entonces la carga de la prueba pasa a la empresa, y aun así el trabajador debe concretar qué horas reclama.

En los horarios no fijos la situación cambia: una sentencia del Tribunal Supremo de abril de 2026 establece que, cuando no existe registro, es el empleador quien debe acreditar cuál fue realmente la jornada realizada. Es precisamente la función que debería cumplir el registro. La consecuencia es paradójica: existe la obligación legal de registrar el tiempo de trabajo, pero el registro puede no bastar para acreditar todo lo que efectivamente se ha trabajado.

El propio Tribunal Supremo ha mostrado hasta qué punto puede pesar esa ausencia de registro. En una sentencia de abril de 2026 sobre el fallecimiento por infarto de una teletrabajadora, la empresa no pudo aportar un registro horario detallado que probara a qué hora había terminado su jornada. Ante esa falta de prueba, el tribunal concluyó que el episodio se produjo mientras la afectada seguía trabajando y calificó la muerte como accidente laboral.

El coste económico del trabajo que 'no existe'

Más allá de las horas que no aparecen en los registros, importa lo que deja de percibir el trabajador y lo que pierden las arcas públicas. CCOO calcula que el coste de esas horas no reconocidas asciende a 3.378 millones de euros anuales entre salarios, cotizaciones sociales e impuestos que dejan de ingresarse: una media de 7.696 euros anuales por persona afectada.

Por sectores, la educación concentra el mayor volumen de horas extra no pagadas, seguida de la industria manufacturera, las actividades profesionales, científicas y técnicas, la hostelería, el comercio y la Administración pública. En términos relativos (el porcentaje de trabajadores afectados dentro de cada sector) destacan las actividades financieras y de seguros, la propia educación, y la edición y producción de contenidos.

Para CCOO no es solo un problema de derechos laborales: la práctica “altera la competencia entre empresas”, porque quien no paga las horas trabajadas soporta costes inferiores a quien sí cumple la normativa. El sindicato reclama reforzar el control para acabar con lo que considera “una de las principales formas de abuso laboral”.

Educación, donde la hora extra ni siquiera se llama así

Educación es, según CCOO, el sector que concentra un mayor volumen de horas extraordinarias no remuneradas, y también está entre los que registran mayor porcentaje de trabajadores afectados. Pero en el profesorado no siempre existe conciencia de que ese tiempo adicional sean “horas extra”: preparar clases en casa, corregir exámenes por la noche, responder correos de familias o elaborar informes se vive, a menudo, como parte asumida del trabajo docente, aunque se haga fuera del horario formal.

Héctor Adsuar López, representante del profesorado de la enseñanza pública en el sindicato, describe una frontera especialmente difícil de trazar. El horario del profesorado se divide en horario lectivo directo con alumnado, horario complementario de permanencia (guardias, reuniones) y 7,5 horas semanales de horario no fijo o irregular para preparación, corrección y elaboración de informes.

Ese tiempo, sostiene, “no es suficiente para realizar todas las tareas necesarias con garantías” y obliga a trabajar más: calcula que el horario real del profesorado público se sitúa “como poco por encima de las 42 horas y llega a las 48”, frente a las 37,5 semanales que constituyen el máximo teórico en la función pública.

A los elevados ratios y el seguimiento individualizado de alumnos se suman tareas administrativas y funciones de coordinación que, según Adsuar, se han ido incorporando sin más recursos ni tiempo específico: “No existe un registro horario que cuantifique temporalmente todas esas tareas del profesorado fuera de su horario lectivo y complementario”.

Manuel Maldonado, profesor de Matemáticas en el colegio Sagrado Corazón, pone cifras a esa parte invisible: “Normalmente pueden ser de 10 a 15 horas semanales, pero en épocas de evaluaciones te puedes ir a 20 sin problemas”. Ahí se incluyen tareas como buscar y adaptar materiales, reprogramar clases según el ritmo de cada grupo, corregir exámenes o preparar contenidos para alumnos con adaptaciones curriculares; si además se ejerce de tutor, se suman las llamadas y correos con las familias.

“La accesibilidad que te da el correo electrónico ha multiplicado el número de contactos de las familias con el tutor”, apunta, y aplicado a una clase de 28 o 30 alumnos, el volumen se convierte en una carga considerable que en época de exámenes puede llevar a trabajar hasta altas horas de la noche o sacrificar el fin de semana. Aun así, Maldonado admite una cierta normalización de esa dedicación adicional en su profesión: “Uno ya ha de ser consciente de que una dedicación extra se ha de llevar a cabo”.

La percepción de Xavier Nalda, profesor de Física y Matemáticas de Bachillerato en el colegio Jesús María, es distinta, y por eso resulta reveladora. Nalda tiene un contrato de 30 horas semanales y no identifica como horas extraordinarias buena parte del trabajo que hace fuera de ese horario: “Yo tengo un contrato de 30 horas y cobro por estas 30 horas y ya está”.

Reconoce que prepara clases y corrige exámenes antes de entrar al colegio y algunos fines de semana, “por costumbre”, pero no cree que deba remunerarse: “No entiendo que eso sean horas extra”. A su juicio son tareas que históricamente han formado parte de la profesión docente y que cada profesor organiza como puede; sí coincide, eso sí, en señalar la burocracia (informes, adaptaciones, documentación) como uno de los grandes problemas del trabajo docente, por el tiempo que resta a la relación directa con los alumnos.

Entre ambas percepciones hay una frontera que explica buena parte de las llamadas horas extra invisibles: para unos, trabajar por la tarde o desde casa forma parte natural de la profesión; para otros, esas mismas tareas representan una sobrecarga de 10 a 15 horas semanales que debería contabilizarse.

La cuestión jurídica, sin embargo, no puede resolverse solo preguntando si el profesor cree que está haciendo horas extra: la pregunta relevante es si ese tiempo constituye trabajo efectivo, si forma parte de la jornada exigible, si supera los límites establecidos y si existe una manera objetiva de acreditarlo.

Un registro digital reforzado para intentar eliminar la zona gris

El Gobierno tiene previsto llevar en septiembre al Consejo de Ministros la reforma del registro horario, después del acuerdo entre los ministerios de Trabajo y Economía para salvar las objeciones planteadas por el Consejo de Estado. El organismo consultor había cuestionado que un real decreto pudiera imponer determinadas obligaciones, así como algunos aspectos del acceso a los datos.

La norma mantiene como líneas principales un registro completamente digital e interoperable y la posibilidad de facilitar el control del cumplimiento de la jornada a la Inspección de Trabajo, atacando así una de las debilidades del sistema actual: que el registro exista sobre el papel, pero no permita comprobar de forma fiable la jornada realmente realizada.

Ana Belén Muñoz Ruiz cree que una de las mejoras posibles pasa precisamente por que el registro digital gane protagonismo: “Ayudaría que se modificara la normativa del registro horario para que solo sea válido el registro digital”. Pero avisa de que registrar las horas puede no bastar para abordar todo el problema, porque hay sectores en los que la sobrecarga laboral no se traduce fácilmente en una sucesión de entradas y salidas.

Por eso plantea complementar el control horario con mecanismos que midan la carga de trabajo: en Educación, por ejemplo, no basta con contar cuánto tiempo permanece un docente en el centro si buena parte de sus tareas se hace en casa. “Esta perspectiva más amplia de la realidad lleva a que una sobrecarga laboral implique una mayor intensificación del trabajo”, explica.

La otra pieza: sanciones e Inspección de Trabajo

El profesor Todolí apunta a otro problema: los incentivos económicos para cumplir la norma. A su juicio, las sanciones actuales son insuficientes: “En muchos casos es más caro cumplir que incumplir y pagar la sanción”. Propone endurecerlas y, sobre todo, individualizarlas, siguiendo el modelo aplicado a los contratos temporales fraudulentos en la reforma laboral de 2021: que cada incumplimiento genere una sanción propia y no una única multa a la empresa por una práctica repetida.

Muñoz Ruiz coincide en la importancia de reforzar la actuación inspectora, aunque considera que las sanciones económicas actuales (el incumplimiento del registro se tipifica como infracción grave, según el artículo 7.5 de la LISOS) responden a una graduación razonable desde el principio de proporcionalidad.

Según la memoria anual de la Inspección de Trabajo de 2024, publicada en 2025, el tiempo de trabajo representa el 47,8% de las infracciones detectadas en materia de relaciones laborales. Las campañas específicas sobre horas extraordinarias han dado resultados importantes, señala la profesora, aunque sería útil dotar a la Inspección de más medios.

El problema de fondo no cabe entero en un reloj

Para un trabajador que quiera reclamar horas extraordinarias no abonadas, el tiempo también juega en contra: el plazo general para reclamar cantidades salariales es de un año. Ana Belén Muñoz Ruiz recomienda empezar, cuando sea posible, por las vías internas de la empresa y la representación de los trabajadores, acudir después a la Inspección de Trabajo y, si el problema persiste, plantear la reclamación judicial.

La cuestión es que muchos trabajadores no reclaman mientras la relación laboral es normal: “Con carácter general, el trabajador parece que decide reclamar las horas extras cuando la relación laboral ya está dañada y se va a producir una salida de la organización”. La existencia de representación sindical puede cambiar esa ecuación, especialmente en empresas con estructuras para vigilar el cumplimiento de la jornada.

Adsuar sostiene que, en el caso docente, la solución pasa por reducir ratios, aumentar plantillas, incorporar apoyos y especialistas y reducir la burocracia: una reducción formal de jornada, avisa, no resolverá nada si las tareas de cada docente siguen siendo las mismas. “Si no se incrementan las plantillas, cualquier reducción de jornada no será realmente efectiva y seguirán existiendo exceso horario y sobrecarga”, afirma.

Ese es el reto que la nueva regulación del registro horario tendrá que afrontar a partir de septiembre: conseguir que el tiempo de trabajo deje de depender de si alguien lo apunta, lo reconoce o considera que “forma parte de la profesión”.

Este medio ha intentado contactar en varias ocasiones con CEOE y Adecco para recabar su valoración sobre los datos de CCOO y la situación del registro horario, sin obtener respuesta. Desde ambas organizaciones se ha indicado que los contactos habituales se encuentran de vacaciones.

La Bolsa española va a récord por día y se afianza por encima de los 20.000 puntos. Tras superar por primera vez esa barrera, el principal índice de la Bolsa española ha vuelto a cerrar este miércoles en máximos históricos alcanzando una cifra de 20.057 puntos. Con un avance del 0,17%, ha consolidado un nivel que hasta hace apenas unas jornadas parecía inalcanzable. El selectivo prolonga así un rally que acumula más de un 40% de revalorización en el último año, impulsado por la banca, unos beneficios empresariales mejores de lo esperado y el renovado interés de los inversores por la renta variable europea.

La sesión estuvo marcada por las ganancias en Wall Street y por la continuidad del optimismo en los mercados pese a la incertidumbre geopolítica en Oriente Medio. El petróleo, que el martes se desplomó ante las expectativas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, rebotó ligeramente este miércoles, mientras el Ibex volvía a registrar nuevos máximos intradía y encadenaba otro cierre histórico.

El selectivo sigue en terreno desconocido: el récord certifica un cambio de ciclo para la Bolsa española. Tras casi dos décadas sin superar los máximos alcanzados antes de la crisis financiera, el índice no solo dejó atrás el techo de 2007 el pasado octubre, sino que apenas diez meses después ha conseguido instalarse por encima de una cota (los 20.000 puntos) que durante años pareció inalcanzable.

De la burbuja de 2007 al hundimiento de la pandemia

El repunte no es flor de un día: el índice acumula un rally superior al 41% en poco más de trece meses, desde los 14.000 puntos de hace un año hasta los máximos actuales. 2025 fue su mejor año en lo que va de siglo, con una revalorización del 49%, solo superada por el 54% de 1993. Y en lo que llevamos de 2026 (que arrancó en 17.307 puntos) el índice suma ya más de un 15%.

El 8 de noviembre de 2007 el Ibex marcó lo que durante casi dos décadas fue su máximo histórico de cierre, en 15.945,70 puntos, impulsado por el auge del crédito y del sector inmobiliario. Al día siguiente llegó a tocar un máximo intradía de 16.040,40 puntos, aunque esa sesión terminó cerrando a la baja. Apenas unos meses después comenzó un desplome que borró más de la mitad de su valor con la crisis de Lehman Brothers, la recesión y, posteriormente, la crisis de deuda de la eurozona.

Ese récord tardó casi dieciocho años en caer: no fue hasta el 27 de octubre de 2025 cuando el Ibex cerró por encima de los 15.945,70 puntos de 2007, en 16.000,2 puntos, y poco después dejó atrás también el máximo intradía de aquel noviembre. Desde entonces el índice no ha dejado de encadenar máximos, hasta llegar a los 20.000 puntos de esta semana.

Entremedias, la pandemia supuso otro golpe de enorme magnitud. En marzo de 2020, con el confinamiento global y la paralización de la actividad económica, el Ibex llegó a perder cerca del 40% de su valor en apenas unas semanas y cayó hasta los 6.107 puntos, su nivel más bajo desde 2012. Aunque la recuperación fue rápida en otros índices, el mercado español tardó más tiempo en recomponerse por el peso de sectores especialmente castigados, como el turismo, y por la debilidad de la banca en un entorno de tipos de interés negativos.

Precisamente ahí está una de las claves del momento actual para los expertos. “La combinación de beneficios empresariales sólidos, liderazgo de la banca y las infraestructuras, una valoración atractiva frente a otros mercados y la vuelta del capital internacional hacia Europa explica que el Ibex haya llegado ahora a los 20.000 puntos”, resume Javier Molina, analista de mercados de eToro.

El peso de la banca

Si hay un protagonista del rally bursátil de los últimos años es el sector financiero. La composición del Ibex, tradicionalmente criticada por su elevada dependencia de los bancos y su escasa presencia tecnológica, se ha convertido en esta ocasión en una ventaja.

“Durante casi una década la banca operó con tipos negativos que penalizaban enormemente su rentabilidad. Hoy el escenario es completamente distinto, con márgenes financieros mucho más elevados”, explica Manuel Pinto, analista de mercados de XTB.

Las sucesivas subidas de los tipos de interés del Banco Central Europeo desde 2022 dispararon el margen de intereses de las entidades financieras y permitieron encadenar beneficios récord. Como consecuencia, bancos como Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell o Unicaja han sido algunos de los grandes motores del índice.

Ese protagonismo, sin embargo, tiene una doble lectura. Que el sector financiero represente alrededor del 40% del Ibex ha impulsado al índice en este ciclo, pero también aumenta su dependencia de un único factor: la política monetaria del BCE.

“Hoy es una ventaja porque coincide con el ciclo, pero a largo plazo aumenta la dependencia del índice a un único sector y reduce su diversificación estructural”, advierte Molina.

Pinto coincide en ese diagnóstico. Considera que el principal riesgo es que un endurecimiento excesivo de la política monetaria termine frenando la demanda de crédito y, con ello, los beneficios de las entidades financieras.

Dentro de ese bloque bancario, además, conviene no tratarlo como un todo homogéneo, tal y como advierten los expertos. Los dos grandes bancos del Ibex , por ejemplo, están siguiendo estrategias de capital casi opuestas. Santander ha optado por crecer vía adquisiciones (como TSB o Webster Financial), mientras que BBVA ha priorizado devolver capital a sus accionistas mediante recompras y amortizaciones de acciones.

Más que una rotación hacia el ‘value’

El buen comportamiento del Ibex tampoco puede explicarse únicamente por el regreso del apetito de los inversores por sectores tradicionales frente a las grandes tecnológicas estadounidenses.

Los analistas coinciden en que la rotación internacional hacia compañías consideradas value (bancos, energía, industria o infraestructuras) ha favorecido especialmente al mercado español, pero subrayan que esa corriente se ha apoyado también en unos resultados empresariales sólidos.

“La rotación internacional ha actuado como catalizador, pero difícilmente habría tenido el mismo impacto si las compañías españolas no estuvieran presentando unos resultados sólidos”, sostiene Pinto.

El crecimiento económico de España, más intenso de lo previsto, el buen comportamiento del empleo, el turismo y el consumo han reforzado los beneficios de buena parte de las cotizadas. A ello se suma la mejora de las perspectivas para compañías ligadas a infraestructuras y energía, favorecidas por el aumento de la inversión en centros de datos y electrificación.

Un índice con fortalezas… y carencias

Paradójicamente, una de las debilidades históricas del Ibex se ha convertido en una de sus fortalezas. Durante años el mercado español fue visto como un índice con poca exposición a tecnología y excesivamente concentrado en banca, energía, infraestructuras y turismo.

En el contexto actual esa composición juega a su favor porque son precisamente esos sectores los que están captando buena parte de los flujos internacionales. Sin embargo, ambos analistas coinciden en que el mercado español mantiene una asignatura pendiente: la escasa presencia de grandes compañías tecnológicas, de software, inteligencia artificial, ciberseguridad o biotecnología.

“El tejido empresarial español sigue muy orientado hacia banca, energía, infraestructuras, turismo y servicios, sectores de enorme calidad pero con un perfil de crecimiento diferente al de las grandes tecnológicas internacionales”, apunta Pinto.

Con un matiz: Inditex, la segunda mayor cotizada del selectivo tras Santander, pesa por sí sola alrededor del 15% de la capitalización total del Ibex. Aunque pertenece al sector textil y no al tecnológico, su modelo de 'fast fashion' y sus márgenes (comparables a los de firmas de lujo) la sitúan más cerca del perfil de crecimiento que del resto del índice, y matizan algo la imagen de un Ibex compuesto solo por sectores cíclicos más tradicionales.

Un récord… ¿y ahora qué?

Desde un punto de vista financiero, superar los 20.000 puntos no cambia el valor de las empresas. Pero sí tiene un fuerte componente psicológico. Las cifras redondas suelen atraer la atención de inversores y gestores y aumentan la visibilidad internacional de la Bolsa española.

Los analistas rechazan, sin embargo, que el mercado esté inmerso en una burbuja. “No hablaría de euforia. A diferencia de otros episodios históricos, la subida ha venido acompañada de un crecimiento muy sólido de los beneficios empresariales”, afirma Pinto. Molina también considera que los 20.000 puntos reflejan “una mejora real del mercado”, aunque recuerda que, tras un rally tan intenso, conviene distinguir entre fortaleza y complacencia.

La incógnita ahora es si el Ibex será capaz de consolidarse por encima de esa cota o si el nivel acabará funcionando como un techo psicológico tras las fuertes subidas de los dos últimos años.

Los dos analistas coinciden en que el comportamiento del mercado seguirá dependiendo de los beneficios empresariales y, sobre todo, de la banca, el gran motor del índice desde el inicio del ciclo de subidas de tipos del BCE. Pero también creen que el margen para seguir escalando es ahora más estrecho.

Pinto prevé una segunda mitad del año “mucho más selectiva”. Considera que mantener cotizaciones claramente por encima de los 20.000 puntos exigirá una mejora adicional de los beneficios, especialmente en el sector financiero, mientras que otros sectores como las infraestructuras, el turismo o las utilities podrían ganar protagonismo si la banca pierde impulso.

Molina comparte esa cautela. Aunque considera que el récord refleja una mejora real del mercado español, advierte de que los inversores deberán vigilar la evolución de los resultados empresariales, la política monetaria y el crecimiento económico europeo. El consenso entre ambos es que el gran reto ya no era alcanzar los 20.000 puntos, sino demostrar que existen fundamentos suficientes para permanecer en ellos.

El informe semanal del tiempo de pantalla se ha convertido en una pequeña bofetada de realidad para millones de usuarios. Cuatro horas diarias. Seis. Ocho. En algunos casos, cifras que rivalizan con una jornada laboral completa. Lo que hace apenas unos años era invisible hoy aparece resumido cada domingo en una notificación del móvil, alimentando una creciente preocupación por cuánto tiempo dedicamos a deslizar el dedo sobre la pantalla.

Según el informe Digital 2025, elaborado por We Are Social y Meltwater, los españoles pasan de media más de cinco horas al día conectados a internet desde cualquier dispositivo. Mientras que el smartphone concentra buena parte de ese consumo digital. La preocupación por el tiempo de pantalla ha dejado de ser un debate restringido a adolescentes y familias para convertirse en un problema transversal que afecta a estudiantes, trabajadores y adultos que buscan recuperar su capacidad de concentración.

No es que hayamos descubierto de repente que usamos demasiado el teléfono. Lo que ha cambiado es que ahora podemos medirlo. Y, sobre todo, compararlo con el tiempo que dedicamos a dormir, trabajar o relacionarnos con otras personas. Como ocurre con casi cualquier problema contemporáneo, el mercado ya ha encontrado una oportunidad de negocio: vendernos herramientas para utilizar menos las herramientas que ya hemos comprado.

La industria que quiere que mires menos la pantalla

La desconexión digital empeora respecto al año pasado: la falta de desconexión crece 16,6 puntos, frente al 65 % registrado en 2025. Según el Estudio de Bienestar y Salud Laboral en España 2026, elaborado por Edenred, más del 80 % de españoles son incapaces de desconectar del trabajo y 1 de cada 5 sigue conectado incluso en vacaciones.

Aplicaciones como Opal, Forest u One Sec prometen ayudar a resistir la tentación de abrir Instagram o TikTok. Otras convierten el autocontrol en una competición entre amigos. Incluso han aparecido smartphones diseñados específicamente para ser menos atractivos que un smartphone convencional.

La paradoja es evidente: combatir la tecnología con más tecnología. “Ahora que existe más visibilidad sobre el tiempo de uso del móvil, hay mucha más gente preocupada por reducirlo. Por eso también hay espacio para este tipo de aplicaciones”, explica Dani Martínez, fundador de Phoneless, una aplicación española que busca reducir el uso del teléfono a través de dinámicas sociales.

Martínez considera que la mayoría de las apps existentes plantean una batalla individual entre el usuario y el móvil que suele acabar perdiendo el primero. “Los teléfonos están específicamente creados para reclamar nuestra atención. Muchas veces esa lucha individual no acaba funcionando”, sostiene.

Su propuesta es diferente: convertir la desconexión en una actividad colectiva. Los usuarios pueden compartir su tiempo de pantalla con amigos, crear retos conjuntos, establecer rankings o señalar cuáles son sus aplicaciones más problemáticas, las que denominan “doom apps”. “Se basa en el concepto de social accountability. Igual que es más fácil ir al gimnasio cuando has quedado con alguien, creemos que ocurre lo mismo con los hábitos digitales”, explica.

Del bloqueo de aplicaciones al móvil “minimalista”

Si las aplicaciones ponen obstáculos al uso compulsivo del móvil, los llamados dumb phones o móviles minimalistas directamente eliminan la tentación. Es el caso de Balance Phone, una empresa que comercializa smartphones basados en dispositivos Samsung modificados con un sistema operativo propio que bloquea automáticamente redes sociales, juegos, apuestas, pornografía, plataformas de streaming y otras aplicaciones consideradas adictivas.

Sus cifras reflejan el crecimiento del sector: más de 11.000 usuarios repartidos en más de 50 países y más de dos millones de horas de pantalla ahorradas, según datos facilitados por la compañía. Su sistema operativo, además, no puede desinstalarse fácilmente, una decisión que responde precisamente a una de las principales críticas que reciben las aplicaciones tradicionales: basta con desactivarlas cuando aparece la tentación.

“Sí existe una adicción al móvil. Balance Phone nace precisamente de una experiencia personal”, afirma Albert, fundador y CEO de la empresa. “En dos años hemos visto cómo el mercado se ha expandido significativamente. Al principio eran personas interesadas en su salud digital o familias que lo regalaban como primer móvil a sus hijos. Ahora vemos perfiles muy variados”.

La filosofía del dispositivo es sencilla: conservar las herramientas útiles del smartphone y eliminar todo aquello diseñado para capturar nuestra atención. “Las aplicaciones de bloqueo dependen de la fuerza de voluntad del usuario. Balance Phone no. Es un diseño minimalista que elimina los elementos que te mantienen enganchado a la pantalla”, defiende.

¿Estamos ante una adicción o ante una obsesión por medirlo todo?

Sin embargo, no todos los expertos consideran adecuado hablar de adicción al móvil en términos clínicos. “Las dos cosas conviven: existe una mayor conciencia social sobre el uso de la tecnología, pero tenemos que diferenciar muy bien entre uso, abuso y adicción”, explica Javier Feliz, director de operaciones y psicólogo criminalista del programa terapéutico Desconect@, especializado en adolescentes con uso problemático de las nuevas tecnologías.

Feliz insiste en que el tiempo de pantalla, por sí solo, no permite determinar si existe un problema: “No es cuestión de medir cuántas horas utiliza una persona el móvil. Puedes trabajar siete horas con él y no ocurre nada. Lo importante es qué consecuencias tiene ese uso”.

En su práctica clínica analizan factores como la pérdida de control, la ansiedad, el abandono de actividades sociales o deportivas, las mentiras relacionadas con el uso del dispositivo o los síntomas de abstinencia. “El móvil nunca es el problema. Es una consecuencia de algo que está pasando”, afirma: “Detrás solemos encontrar ansiedad, depresión, autoestima baja, dificultades sociales o problemas familiares”.

Una visión similar comparte la escritora y activista Marta G. Franco, autora de Las redes son nuestras, quien recuerda que ni siquiera existe unanimidad científica sobre el concepto de adicción al móvil. “Sabemos que las aplicaciones están diseñadas para que pasemos el máximo tiempo posible en ellas, pero no estamos hablando necesariamente de un fenómeno análogo a las adicciones tradicionales”, explica.

La paradoja del tecnosolucionismo

El auge de las aplicaciones de bienestar digital responde, en opinión de Franco, a una lógica cultural mucho más profunda: la idea de que cualquier problema puede solucionarse mediante otra tecnología.

“Estamos dentro de una ideología que piensa que cada problema que tenemos se puede solucionar con una aplicación diseñada específicamente para ello”, señala. “Es lógico que aparezcan estas herramientas cuando cada vez más personas perciben que existe un problema con el uso del móvil”.

El problema, advierte, es que muchas de estas soluciones siguen operando dentro del mismo ecosistema digital que pretenden combatir. “Las apps que te obligan a esperar unos segundos antes de abrir Instagram o resolver una operación matemática no te están sacando realmente de ese modelo. Simplemente, están poniendo un parche encima”, sostiene.

Desde Desconect@ utilizan un planteamiento parecido. Para Javier Feliz, las aplicaciones pueden ser útiles como herramienta conductual, pero nunca sustituyen un trabajo más profundo sobre los hábitos digitales. “La muleta digital puede ayudar, pero no resolverá el problema por sí sola”, afirma. “Hay que preguntarse qué hay detrás: aspectos emocionales, familiares o sociales que explican esa necesidad de estar conectado”.

¿Funcionan realmente?

La respuesta corta para las fuentes consultadas es “sí, pero con matices”. Las aplicaciones de bloqueo pueden reducir el tiempo de uso, igual que los móviles minimalistas eliminan muchas de las distracciones más habituales. “El problema es que ninguna herramienta tecnológica garantiza un cambio permanente si no va acompañada de nuevas rutinas” tal y como defienden los expertos.

Incluso Albert, desde Balance Phone, reconoce que el éxito de este nuevo mercado es inseparable del diseño adictivo de las plataformas digitales actuales. “Las grandes tecnológicas no se preocupan por el bienestar de los consumidores. Su modelo de negocio depende precisamente de captar nuestra atención”.

“El objetivo debe ser que la persona deje de necesitarlas”, sostiene Javier Feliz. “Las barreras tecnológicas pueden ser un buen punto de partida, pero no pueden sustituir el aprendizaje del autocontrol”.

Martínez, fundador de Phoneless, comparte parcialmente esta idea y define su aplicación como una herramienta de transición. “La solución final probablemente sería dejar el móvil o utilizar uno mucho más limitado, pero la sociedad no está todavía en ese punto”, explica.

La visión del sector es pragmática: “pocas personas están dispuestas a renunciar completamente al smartphone, por lo que resulta necesario ofrecer soluciones intermedias que faciliten el proceso”.

Cuando Carmen Olmedo decidió dejar un empleo estable en la industria farmacéutica para crear Menoara tenía 51 años. No estaba en paro ni buscaba una salida desesperada. Había detectado un vacío: la escasez de soluciones específicas para la menopausia. “Si iba a dar el paso, mejor hacerlo desde una posición de fortaleza que esperar a que las circunstancias decidieran por mí”, recuerda.

Su caso rompe con el perfil más habitual del emprendimiento sénior en España. Porque, aunque el imaginario colectivo asocia al emprendedor con alguien joven, dispuesto a asumir riesgos y a crecer deprisa, la realidad es bastante distinta cuando se superan los 55 años. Ahí, emprender suele ser menos una aventura que una estrategia para seguir trabajando.

Así lo refleja el informe 'El emprendimiento sénior en España', elaborado por el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre junto al Observatorio del Emprendimiento de España. El estudio concluye que el 9,9% de los españoles mayores de 55 años desarrolla alguna actividad emprendedora. Son menos que en otros grupos de edad, pero cuando crean una empresa la mantienen con más éxito: su tasa de abandono es del 1,2%, frente al 4,5% de quienes tienen entre 50 y 54 años y el 4,1% de los menores de 50.

La explicación, según Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigación Ageingnomics, está en algo menos llamativo que la innovación tecnológica pero igual de determinante: la experiencia. “Cuando un sénior se decide a emprender tiene mucho más claro el camino a seguir. La experiencia profesional, el conocimiento acumulado y una red de contactos consolidada ayudan a reducir errores”, explica.

El emprendimiento como alternativa al edadismo

Los datos del informe dibujan una paradoja. España envejece y el colectivo sénior representa ya más de un tercio de la población, pero el mercado laboral sigue expulsando a quienes superan cierta edad. Desde 2008 el paro entre mayores de 55 años prácticamente se ha duplicado y ya supera las 500.000 personas. Además, seis de cada diez desempleados sénior llevan más de un año buscando trabajo tal y como señala el documento.

Ese contexto explica por qué el 57% de los emprendedores entre 55 y 64 años reconoce que montó su negocio simplemente para “ganarse la vida”. Entre quienes ya han consolidado su empresa, el porcentaje alcanza el 65%.

“Lo que dicen estos datos es que las empresas no están contratando, en muchos casos por una mera cuestión de edad, a personas que todavía quieren seguir activas”, resume Fernández Palacios. Aunque matiza que no todo el emprendimiento sénior nace de la necesidad. “También hay un porcentaje importante que emprende para aprovechar oportunidades de negocio o continuar una tradición familiar. No todo el emprendimiento sénior es forzado”.

Olmedo pertenece precisamente a ese segundo grupo. “La chispa llegó cuando empecé a vivir en primera persona la perimenopausia y me di cuenta de lo poco atendida que estaba esta etapa. Vi que podía aportar desde mi conocimiento y experiencia”, explica.

El miedo no desaparece, pero cambia

Emprender a los 25 y hacerlo a los 55 implica riesgos diferentes. Mientras los más jóvenes suelen preocuparse por encontrar financiación o validar una idea, quienes se acercan a la jubilación añaden otra pregunta: ¿y si sale mal?

El informe revela que solo un tercio de los emprendedores sénior considera fácil poner en marcha un negocio y que el miedo al fracaso sigue presente, especialmente por el posible impacto económico sobre la jubilación.

“Claro que sentí miedo”, admite Olmedo. “Dejaba atrás una situación estable y no sabes si el mercado responderá. Pero contar con programas de acompañamiento, mentores y una red de apoyo ayuda muchísimo. Y cuando lo piensas con calma, todavía te quedan más de quince años de vida activa. Son demasiados para vivirlos desde el miedo”.

Paradójicamente, esa prudencia parece convertirse después en una ventaja. El estudio muestra que el 82% de los emprendedores sénior cree disponer de los conocimientos y habilidades necesarias para sacar adelante su proyecto, un porcentaje muy superior al de otros grupos.

La experiencia también enseña a crecer más despacio

Sergi Rosés tenía ya más de cuarenta años cuando, junto a dos amigos de toda la vida, decidió convertir en empresa lo que había empezado casi como un pasatiempo: electrificar embarcaciones tradicionales. Hoy Electric Inside Boats desarrolla barcos eléctricos alimentados por energía solar y participa en la transformación de la náutica sostenible.

Rosés también identifica una diferencia clara entre emprender joven y hacerlo después de décadas de trayectoria. “Cuando eres joven quieres crecer muy deprisa. Con el tiempo aprendes a validar antes el producto, a no crear estructuras innecesarias y a equivocarte menos”, explica. “Ahora priorizamos hacer solo los proyectos que realmente tienen sentido. Eso también forma parte de la experiencia”.

Su empresa nació sin la presión de tener que generar ingresos inmediatos. Los tres socios mantuvieron sus trabajos mientras el mercado maduraba. “Si hubiéramos necesitado vivir de esto desde el primer día, la empresa ya no existiría”.

Esa ausencia de urgencia económica permite otra característica que el informe también detecta: los emprendedores sénior priorizan más el impacto social y ambiental que el crecimiento acelerado. Siete de cada diez empresas consolidadas lideradas por mayores de 55 años sitúan ese propósito entre sus prioridades.

Las mujeres siguen partiendo desde más atrás

La edad no afecta igual a hombres y mujeres. El estudio muestra que el 9,1% de los hombres mayores de 55 años dirige empresas consolidadas, frente al 5% de las mujeres.

Para Olmedo, la explicación empieza mucho antes de los cincuenta. “Muchas mujeres de mi generación seguimos gestionando casa, hijos y cuidados familiares. A eso se suma que socialmente no se percibe igual a un hombre maduro que a una mujer madura. A ellos la edad les aporta autoridad; a nosotras muchas veces nos resta credibilidad”, sostiene.

Fernández Palacios coincide en el diagnóstico. La brecha responde, dice, a décadas de menor participación femenina en el mercado laboral y a una distribución desigual de los cuidados, que sigue limitando las posibilidades de muchas mujeres para desarrollar una carrera profesional o emprender.

Las ideas también se jubilan

No todos los proyectos llegan a convertirse en empresa. Antonio García, piloto jubilado, lleva años imaginando soluciones para facilitar la movilidad de las personas mayores en los campos de golf. Diseñó un carrito eléctrico capaz de transportar al jugador en las cuestas y circular después como carro convencional.

Llegó a invertir dinero en prototipos y buscó fabricantes interesados. Nunca encontró el apoyo necesario. “No soy empresario; soy prescriptor. Yo quería crear algo útil, no montar un negocio”, resume. Reconoce que el desánimo de su entorno familiar también influyó. “Si hubiera encontrado un socio que supiera de marketing, de finanzas y hubiera tenido apoyo familiar, quizá habría sido distinto”.

Su historia ilustra otra realidad menos visible del emprendimiento sénior: muchas buenas ideas nunca llegan al mercado, no tanto por falta de creatividad como por ausencia de redes, acompañamiento o perfiles complementarios.

Un talento desaprovechado

El informe también detecta asignaturas pendientes. La innovación tecnológica disminuye con la edad y solo uno de cada diez proyectos recientes presenta un grado medio-alto de innovación. Sin embargo, la mayoría de emprendedores sénior reconoce el potencial de herramientas como la inteligencia artificial para mejorar la productividad, aunque reclama más formación.

Fernández Palacios cree que las administraciones todavía tienen margen para actuar. Entre las medidas prioritarias propone facilitar la compatibilidad entre pensión y trabajo mediante fórmulas como la jubilación activa, además de reforzar incentivos específicos para quienes emprenden en la última etapa de su vida laboral.

Porque, sostiene, el problema ya no es demográfico sino económico. “El talento sénior es un activo estratégico. Si vivimos más años, con mejor salud y capacidad para seguir trabajando, desaprovechar toda esa experiencia es una pérdida para toda la sociedad”.

Mientras tanto, Olmedo lanza un mensaje a quienes siguen dudando si ya es demasiado tarde. “Lo peor que puede pasar es descubrir que tu idea no funciona. Lo mejor es darte cuenta de que todo lo aprendido durante años tiene mucho más valor del que pensabas”.

El Congreso ha avalado este jueves el Real Decreto-Ley que permitía la jubilación parcial anticipada del personal laboral de las Administraciones públicas con los votos en contra de Vox, Junts y Podemos, cuyos cuatro diputados se han sumado a las derechas porque la norma no abordaba la situación de los interinos en el sector público. El PP finalmente se ha abstenido y ha permitido la convalidación.

La norma incluye dos medidas fundamentales. Por un lado, adapta la legislación para hacer efectiva la jubilación parcial anticipada del personal laboral de todas las Administraciones públicas, una reivindicación histórica de las organizaciones sindicales. Y, por otro, actualiza el complemento de residencia que perciben los empleados públicos destinados en las Illes Balears.

El ministro de Función Pública, Óscar López, ha reclamado el apoyo de los grupos “por encima de colores políticos”, al considerar que se trata de una medida que “mejora la vida de mucha gente y no empeora la de nadie”. “Si un empleado del sector privado puede acudir a la jubilación parcial anticipada, ¿por qué no iba a hacerlo un trabajador de la Administración pública?”, ha defendido el ministro desde la tribuna del Congreso.

Cómo era la jubilación parcial prevista

La norma fija que el personal laboral podrá acceder a la jubilación parcial anticipada siempre que se formalice simultáneamente un contrato de relevo. Entre los requisitos figuran haber cotizado al menos 33 años, contar con una antigüedad mínima de seis años en el puesto y solicitarla hasta tres años antes de la edad ordinaria de jubilación.

La reducción de jornada puede situarse entre el 25% y el 75%, percibiendo el trabajador un salario proporcional por el tiempo trabajado y la parte correspondiente de la pensión por las horas dejadas de desempeñar.

Apoyos y críticas de los grupos parlamentarios

En el debate parlamentario, Ione Belarra cargó contra el Gobierno por mantener una situación de “abuso de temporalidad”. La dirigente de Podemos acusó al Ejecutivo de incumplir las exigencias de la justicia europea y reclamó la “fijeza ya” para el personal interino, al considerar insuficientes los procesos de estabilización e indemnización. Belarra advirtió de que su formación solo apoyará una reforma del empleo público si antes se resuelve el problema de la temporalidad, pese a mostrarse favorable a medidas como el complemento de insularidad o la futura reforma de la función pública.

Las críticas más duras llegaron desde Junts per Catalunya. Su portavoz, Josep Pagès, denunció el “uso perverso” que, a su juicio, hace el Gobierno de la figura del real decreto-ley para sacar adelante iniciativas legislativas sin una mayoría parlamentaria estable. Aunque reconoció la necesidad de corregir el vacío legal sobre la jubilación parcial del personal laboral del sector público, cuestionó que el Ejecutivo considere urgente esta medida mientras mantiene sin resolver otros problemas del empleo público, como la situación de los trabajadores interinos.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular Ángel Ibáñez calificó el decreto como una “avería normativa” y criticó la forma “atropellada” de legislar del Gobierno. Los populares sostuvieron que la función pública necesita una estrategia mucho más amplia de relevo generacional y reprocharon al Ejecutivo que actúe cuando los problemas ya se han desbordado, en lugar de acometer una reforma integral del empleo público. Finalmente, han optado por la abstención.

Esquerra Republicana anunció su apoyo al decreto al considerar que cumple los acuerdos alcanzados con los sindicatos. Su portavoz, Pilar Vallugera, defendió las mejoras laborales en el empleo público y rechazó plantearlas como un conflicto entre trabajadores. También la portavoz de Coalición Canaria Cristina Valido, respaldó la norma, que calificó de “necesaria y de justicia” para facilitar el relevo generacional y una transición ordenada hacia la jubilación parcial.

EH Bildu también apoyó el decreto. Oskar Matute destacó que el contrato de relevo dignifica el final de la vida laboral y favorece la incorporación de nuevos empleados en condiciones estables. Asimismo, respaldó la actualización del complemento de residencia en Baleares y rechazó enfrentar las reivindicaciones de distintos colectivos del sector público.

El complemento de insularidad en Baleares

La propuesta incrementa estas indemnizaciones un 100% en Mallorca y más de un 300% en el resto del archipiélago, con carácter retroactivo desde el 1 de julio. El Ejecutivo calculaba que más de 11.000 empleados públicos se beneficiarían de esta mejora, equiparando las compensaciones económicas a las existentes en Canarias.

Durante su intervención, el ministro López puso como ejemplo que una inspectora de Trabajo del grupo A1 en Mallorca pasaría de percibir 115 euros mensuales a más de 214 euros por este concepto, mientras que un administrativo del SEPE del grupo C1 destinado en Menorca vería incrementado el complemento desde los 101 euros actuales hasta más de 405 euros.

No hace falta entrar en una tienda. Ni buscar un producto. Ni siquiera tener intención de comprar. Basta con abrir TikTok. Entre un vídeo de recetas, otro de humor y otro de un perro haciendo trucos, aparece una joven enseñando un sérum facial. Habla de los ingredientes, enseña la textura y responde a comentarios de otros usuarios. En la esquina inferior hay un pequeño carrito naranja. Con dos pulsaciones se puede comprar el producto sin salir de la aplicación. Eso es TikTok Shop.

La red social ya no solo quiere que los usuarios permanezcan el mayor tiempo posible viendo vídeos, también quiere que compren mientras los ven. La herramienta aterrizó en España hace poco más de un año. Según datos facilitados por TikTok, a partir de la consultora NielsenIQ, ya cuenta con más de 21.000 vendedores locales, ocupa el puesto 16 entre los comercios electrónicos del país y se ha convertido en el séptimo mayor vendedor online de productos de belleza.

TikTok llama a este modelo Discovery Commerce. La idea es sencilla: la compra deja de ser una búsqueda y pasa a ser un descubrimiento. Pero detrás de este modelo, existe un ecosistema donde conviven marcas, creadores, agencias, algoritmos, publicidad integrada, comisiones por venta y un marco legal que todavía genera dudas.

Comprar sin buscar

La diferencia entre TikTok Shop respecto Amazon, Shein, Temu o cualquier otra tienda online es el punto de partida. En un comercio electrónico tradicional el usuario entra porque quiere comprar. En TikTok ocurre al revés: la compra aparece mientras el usuario está entreteniéndose. Los productos se muestran integrados entre el contenido habitual del feed. A veces llegan a través de un vídeo. Otras, mediante una retransmisión en directo. En ambos casos, el objetivo es el mismo, que el usuario no tenga que abandonar la aplicación para completar la compra.

La propia compañía resume la lógica del modelo. “TikTok Shop se basa en el descubrimiento a través del contenido, lo que permite a los usuarios ver los productos en detalle, hacer preguntas y recibir respuestas en tiempo real, así como conocer las experiencias de otros compradores antes de decidirse a comprar”, explican fuentes de TikTok Shop. Formatos como el LIVE Shopping, defiende la compañía, “recuperan esa cercanía que antes caracterizaba a las tiendas físicas, pero con la posibilidad de llegar a millones de personas a la vez”.

Las cifras muestran que el modelo está funcionando, especialmente para pequeñas empresas. La compañía sostiene que el 88% de los usuarios afirma haberse sentido inspirado para comprar productos de pequeñas empresas tras descubrirlas en la plataforma y que el 81% de las pymes asegura haber llegado a nuevos clientes gracias a TikTok.

Del influencer al vendedor

TikTok Shop también ha cambiado el papel de muchos creadores. Ya no solo generan contenido, ahora venden. El sistema funciona mediante afiliación. Las marcas ofrecen comisiones por cada producto vendido y los creadores deciden si participan en la campaña. Cuando un usuario compra a través del enlace incluido en un vídeo, el creador recibe un porcentaje de esa venta. “En TikTok Shop no cobramos por publicar un vídeo. Cobramos cuando conseguimos vender”, resume Ruth Garlejo, creadora de contenido especializada en la plataforma (@ladyrebel_ugc, 3.000 seguidores).

Joan, con 32.000 seguidores en @impalahshop y más de un millón de “me gusta” acumulados, dejó su trabajo como productor musical para dedicarse por completo a la plataforma cuatro meses después de empezar. Su cuenta se mueve en un catálogo más amplio de productos de consumo, seleccionado según lo que, dice, le convence tras probarlo. “Empecé sin demasiadas expectativas y cuatro meses después dejé mi trabajo”, admite.

Ambos coinciden en que reciben los productos antes de recomendarlos y aseguran que rechazan promocionar aquellos que consideran de mala calidad. “La credibilidad es lo único que tenemos”, confiesa Joan.

Sin embargo, el funcionamiento no siempre es igual para todos. Ainhoa Llamas (@tipsss4youu_, 35.000 seguidores) y su pareja, Santiago García, llevan un año en la plataforma y hacen un balance más crítico. “La plataforma aún no es perfecta. Están constantemente haciendo cambios y no cuentan bien las comisiones”, resume Llamas. “Tampoco te dan mucho soporte. Si tienes algún problema, se ponen todos a una, pero nadie consigue nada”. Santi, por su parte, apunta a un problema de diseño de fondo: “Hacen falta creadores dentro de los que hacen la aplicación, para que nos puedan entender más”.

Trabajar para el algoritmo

El éxito en TikTok Shop depende menos de un único vídeo viral que de la capacidad para mantenerse visible, y eso tiene un coste en horas. Ruth Garlejo reconoce que un solo vídeo suele generar pocas ventas: “Si publico quince vídeos durante una semana sobre un mismo producto, vendo mucho más”. Ainhoa Llamas cuenta que ella y Santi analizan cada día qué publicaciones funcionan mejor. Si un formato vende, vuelven a grabarlo desde otros ángulos o responden comentarios para “que se vuelva a reviralizar”. Joan sube entre cuatro y cinco vídeos diarios y reconoce que conoce a creadores que suben “25 o más”.

Nadie de la plataforma exige ese ritmo por escrito. Pero el especialista en publicidad digital consultado para este reportaje, señala la trampa de esa aparente libertad: “La plataforma no obliga a publicar veinte vídeos, pero el algoritmo sí incentiva producir mucho contenido”. Es la lógica de la economía de plataformas o gig economy aplicada al contenido: sin contrato laboral, sin salario fijo y sin garantías. Bajo la premisa de que se trabaja “desde casa” y “cuando uno quiere”, pero condicionado en la práctica por un algoritmo que decide cuánto hay que producir para poder facturar.

Ninguno de los creadores entrevistados para este reportaje habló abiertamente de ansiedad o desgaste asociado a las rachas bajas de ventas. Pero sí describen, todos, una rutina de análisis y producción diaria que empieza a parecerse más a un turno de trabajo que a una afición monetizada. El propio especialista lo resume con una imagen que sirve para todo el ecosistema: “Es bastante el salvaje oeste, sobre todo con marcas más pequeñas o perfiles no muy profesionales”.

La belleza sin barreras

Si hay una categoría que resume el éxito de TikTok Shop es la belleza. Perfumes, maquillaje y productos de cuidado de la piel concentran parte de su crecimiento. Según datos internos de TikTok, las sesiones de LIVE Shopping dedicadas a belleza crecieron un 173% en los últimos seis meses. De media los vendedores de esta categoría obtienen el 65% de sus ingresos mediante vídeos cortos y directos. Marcas como Arganour, The Body Shop o 3INA destacan que TikTok Shop ya se ha convertido en un canal estratégico para captar nuevos clientes.

Pero el mismo formato que dispara las ventas es el que más dificulta controlar qué se promete y a quién llega. Los creadores entrevistados para este reportaje aseguran que intentan explicar para quién está pensado cada producto y evitar promesas exageradas. Joan afirma que, cuando promociona cosmética, suele especificar que está dirigida a personas mayores de 30 años. Ruth Garlejo defiende que ella habla de ingredientes y de su experiencia personal, “no de resultados garantizados”: “Nunca aseguro que te vas a poner esto y te vas a ver bien”.

El propio Joan reconoce, sin embargo, que ese cuidado no es la norma en la plataforma: “Hay gente que utiliza IA y promociona productos de forma exagerada o falsa. En mi opinión eso no debería permitirse, ya que engaña a la gente”. Ainhoa Llamas añade que las normas sobre qué se puede decir de un producto y, por extensión, a quién y cómo se le habla de sus efectos, cambian sin previo aviso y sin que quede claro dónde está el límite. “Antes se podía decir la palabra ”barriga“, pero ahora, si la dices, según cómo, te quitan el vídeo. Le pides explicaciones y tampoco te dejan claro qué se puede decir y qué no. Vamos siempre sorteando”, resume.

Desde TikTok se remiten a los límites de acceso: “TikTok Shop está disponible únicamente para personas mayores de 18 años”, señalan fuentes de la compañía que aseguran que la pestaña de la tienda “está oculta para los menores” y que estos usuarios “tampoco pueden ver contenidos que contengan enlaces de productos o fichas de productos de TikTok Shop en ninguna otra sección de la aplicación”. Pero eso no impide que consuma, como cualquier otro usuario, el vídeo de una creadora hablando de un sérum antiedad o de una rutina “que le ha cambiado la piel”, sin que ese contenido esté necesariamente etiquetado como no apto para su edad.

Las marcas venden más, pero también pierden parte del control

Ese mismo experto, que pide no ser identificado con su nombre porque trabaja con marcas que están en TikTok Shop, señala otra consecuencia del modelo. Hasta ahora, las marcas controlaban prácticamente todo el proceso publicitario: el mensaje, las imágenes y quién hablaba de sus productos. En TikTok Shop ese control se diluye. Decenas o cientos de creadores pueden recomendar simultáneamente un mismo producto y no todos lo hacen igual.

“Los intereses no siempre coinciden”, argumenta. “La marca quiere vender, pero también proteger su imagen. Muchos creadores solo quieren vender”. Un creador puede recomendar una crema durante una semana y, pocos días después, empezar a promocionar otra marca porque ofrece una comisión más alta o una campaña más atractiva, incluso comparándola con la que antes elogiaba.

Según el especialista, algunas empresas aceptan esa pérdida de control porque las ventas compensan el riesgo reputacional. Otras intentan seleccionar cuidadosamente qué perfiles pueden promocionar sus productos y les facilitan guías de comunicación para mantener cierta coherencia. Aunque eso reduce el volumen de contenido que consiguen generar. Desde TikTok recuerdan que los vendedores pueden elegir con qué creadores trabajan y que existen normas para garantizar que el producto promocionado coincida con el realmente vendido.

¿Publicidad o recomendación?

Algunas marcas envían únicamente un pequeño documento con información básica, pero otras remiten guiones completos indicando qué decir, qué planos grabar y qué mensajes destacar. Cuando eso ocurre, lo que el espectador percibe como la opinión espontánea de una persona que ha probado un producto es, en realidad, un mensaje redactado de antemano por la marca y ejecutado por el creador como intérprete.

La libertad creativa convive con la distinción entre recomendación y publicidad. Los creadores hacen una distinción parecida. “No nos pagan por hablar bien del producto. Nos pagan si alguien compra”, afirma Joan. Ruth Garlejo cuenta que, cuando un producto no le convence, también lo dice en sus vídeos: “Me llegó un conjunto de ropa que encogió al lavarlo. Lo enseñé y dije que yo no lo compraría”.

La frontera entre ambas cosas resulta cada vez menos evidente. Cuando un creador añade un enlace de TikTok Shop, la plataforma incorpora automáticamente un distintivo de “Comisión pagada”. TikTok sostiene que, a diferencia de un anuncio pagado directamente por el anunciante, el contenido de afiliados “es creado por un usuario que puede recibir una comisión u otro incentivo si alguien compra un producto a través de su contenido”.

Fiscalidad y regulación: una zona gris

El modelo ya ha topado con límites legales en otros mercados: en Indonesia, uno de los mayores fuera de Estados Unidos, el Gobierno prohibió en octubre de 2023 las transacciones directas dentro de redes sociales para proteger a los pequeños comercios locales. Obligando a TikTok a cerrar temporalmente su tienda y, meses después, a integrarla en la plataforma de comercio electrónico Tokopedia (de la que TikTok adquirió una participación mayoritaria) para poder seguir operando. Países como Malasia, Tailandia o Vietnam han estudiado desde entonces medidas similares de separación entre contenido y comercio.

En España, los creadores entrevistados describen una plataforma en constante cambio, con reglas que se actualizan “con más de 30 días de antelación”, según fuentes de TikTok. Aunque los tres creadores consultados aseguran haberse enterado de esos cambios a través de agencias o por su cuenta, y no por una comunicación directa.

Ainhoa Llamas resume la sensación con la que conviven a diario: “resulta difícil saber exactamente por qué un vídeo ha sido sancionado”. Joan, por su parte, reclama más protección frente al robo de contenido y denuncia que algunos estafadores reutilizan sus vídeos virales para redirigir a compradores hacia tiendas fraudulentas fuera de la plataforma. Una práctica que, según cifras de la propia compañía, resuelve en menos de dos horas en el 96,2% de los casos, aunque para el creador afectado el daño reputacional ya está hecho.

Amargo estreno bursátil para la teleoperadora rumana Digi. La teleco se ha hundido este jueves un 8% sobre su precio de salida (5,6 euros), hasta cerrar en 5,15 euros por título, a pesar de haber debutado con subidas de hasta el 7% y superar los 6 euros por acción de la compañía. Se trata del peor lanzamiento al mercado desde la salida de Talgo, el 7 de mayo de 2015, cuando sus valores se desplomaron un 9,2%.

Por el momento, la empresa descarta que la salida a Bolsa suponga un cambio en su estrategia. El grupo ha colocado inicialmente un 20% del capital. Aunque mantiene abierta la posibilidad de sacar al mercado un 5% adicional en el plazo de “uno o dos años”, según ha indicado su consejero delegado en España Marius Vărzaru, en un encuentro con los medios celebrado en la Bolsa de Madrid pocas horas antes del toque de campana.

Valorada en 1.662 millones de euros, ha aprovechado su estreno en el parqué para reivindicar el modelo que le ha permitido convertirse en uno de los operadores que más crece en España. Una apuesta por el empleo propio, la inversión en infraestructuras y el crecimiento orgánico. “Es nuestro mejor activo”, ha afirmado el directivo.

Vărzaru ha asegurado que una de las grandes sorpresas del proceso de salida a Bolsa ha sido comprobar que los inversores comparten esa visión. “Siempre he pensado que el mundo inversor lo valoraba como pasivo laboral y, en este caso, claramente ha sido un activo”, ha añadido.

La operadora suma ya más de 11.700 empleados en España, frente a los apenas 200 con los que contaba en 2016. Antes de la pandemia tenía una plantilla de 1.200 trabajadores. “No se puede conseguir crear este tipo de volumen de empleo si no tienes una visión a muy largo plazo y un plan industrial claro”, ha defendido Vărzaru.

Una salida a Bolsa para financiar el crecimiento

El máximo responsable de Digi España ha insistido en que el objetivo del debut bursátil no ha sido lograr la mayor valoración posible. “Si hubiera sido por maximizar valoración, cuanto más tarde habríamos salido, más valor podríamos haber conseguido con la salida a Bolsa”, ha explicado. “Es más una decisión estratégica, un paso más que queremos dar para avanzar en nuestro plan estratégico aquí en España”.

La filial española del grupo rumano ha comenzado a cotizar bajo el ticker DIGIS con una valoración bursátil inicial de 1.662 millones de euros y un precio de salida de 5,6 euros por acción. La operación supone la colocación inicial del 17,3% del capital social, aunque podría elevarse hasta el 19,9% si se ejecuta íntegramente la opción de sobreasignación prevista durante los próximos 30 días.

En total, Digi Spain ha sacado al mercado 51,3 millones de acciones, de las que 26,8 millones corresponden a una ampliación de capital y 24,5 millones proceden de títulos vendidos por su matriz, Digi Romania. La compañía captará alrededor de 150 millones de euros para financiar su plan de inversiones en España, mientras que la matriz ingresará unos 137 millones por la venta de acciones ya existentes, cifra que podría alcanzar los 180 millones si se ejecuta íntegramente la opción de sobreasignación.

La matriz rumana no podrá vender nuevas acciones durante un periodo de 180 días naturales, mientras que sus altos directivos tendrán un compromiso de permanencia de 360 días.

Más de 50 inversores institucionales

La oferta se ha dirigido exclusivamente a inversores institucionales y ha despertado un interés superior al esperado por la compañía. Finalmente, más de 50 inversores han entrado en el capital de Digi, aunque durante el proceso centenares de fondos de inversión analizaron la operación.

La operación ha contado además con un compromiso vinculante de inversión de 100 millones de euros por parte de Global Portfolio Investments, vehículo inversor de Indumenta Pueri (uno de los principales accionistas de la antigua MásMóvil), que se ha convertido en el principal inversor ancla de la salida a Bolsa.

Vărzaru ha destacado que el respaldo recibido supone un “voto de confianza” al plan industrial diseñado para España y al modelo de crecimiento de la compañía. “Los inversores lo han visto igual que nosotros: que el empleo es el principal valor estratégico de la empresa”, ha señalado.

La compañía reconoce que le habría gustado abrir la colocación a los pequeños inversores. Sin embargo, ha optado por una oferta exclusivamente institucional para simplificar el proceso técnico del debut bursátil.

“Somos una empresa que se dedica al mundo residencial, tenemos millones de clientes que conocen la marca y nos habría gustado poder hacer una colocación minorista”, ha explicado el directivo. “Nuestro objetivo era primero conseguir una colocación con éxito”.

Una vez que Digi cotiza en el mercado, no existe ninguna restricción para que clientes, empleados o cualquier inversor particular pueda adquirir acciones.

Crecer hasta llegar a tres de cada cuatro hogares

Los recursos obtenidos con la ampliación de capital se destinarán principalmente a ampliar la red de fibra óptica hasta el hogar, acelerar el despliegue de la red móvil propia (combinada con acuerdos de compartición con otros operadores) y financiar futuras inversiones estratégicas.

Digi prevé ampliar su cobertura de fibra propia desde los actuales 14,2 millones de hogares hasta los 21 millones en 2030. Lo que supondrá alcanzar tres de cada cuatro hogares españoles. Además, proyecta desplegar hasta 10.000 antenas móviles propias para 2033 como parte de su estrategia para reducir progresivamente su dependencia de las redes de otros operadores.

“El grupo ha manifestado claramente que tiene interés de seguir siendo el socio que controla nuestra filial y que siga siendo líder del plan industrial a largo plazo”, ha señalado Vărzaru. “La salida a Bolsa supone un respaldo financiero al plan de negocio de la empresa, pero no cambia ni su modelo de negocio ni su plan industrial”.

El plan presentado a los inversores contempla seguir creciendo de forma orgánica. Aunque el consejero delegado ha reconocido que cotizar abre nuevas posibilidades para financiar eventuales operaciones corporativas en el futuro.

“Nosotros estamos proponiendo un plan industrial con un importante potencial de crecimiento a medio y largo plazo”, ha concluido. “Los inversores han entendido que el empleo, la inversión en red propia y nuestra forma de organizar el negocio son el principal valor estratégico de Digi”.

Exceltur mejora sus previsiones para el turismo español. La alianza, que agrupa a las principales empresas del sector, ha elevado del 2,5% al 2,7% su estimación de crecimiento del PIB turístico para 2026. Tras un segundo trimestre mejor de lo esperado que cerró con un crecimiento interanual del 3,4%, frente al 1,0% del primer trimestre y con la vista puesta en un verano que también prevé positivo. La organización sostiene que España está aprovechando su imagen de destino seguro y la incertidumbre en otros países del Mediterráneo para atraer más visitantes, aunque avisa de que el contexto sigue siendo volátil.

El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, Óscar Perelli, ha asegurado que el sector ha mostrado una “gran resiliencia” y que el turismo volverá a crecer por encima del conjunto de la economía española, ampliando de nuevo la brecha frente a la media del resto de sectores (+2,4%). Con esta revisión, la patronal calcula que el turismo aportará 228.396 millones de euros de valor añadido bruto, el 12,9% del PIB, un porcentaje superior al último dato del INE (12,6%, referido a 2024) y que supondría un incremento de 27.697 millones de euros desde entonces.

Un segundo trimestre por encima de las previsiones

Entre abril y junio, la llegada de turistas internacionales aumentó un 6,4%, las pernoctaciones crecieron un 5,7% y el gasto turístico se incrementó un 8,2%, según los datos presentados por Exceltur. Las empresas del sector registraron un aumento medio de las ventas del 4,2%. Mientras tanto, otros competidores del Mediterráneo sufrieron caídas notables: Turquía retrocedió un 3,8% y Chipre un 18,3%.

Perelli explicó que buena parte de este comportamiento responde a la fortaleza de España como destino turístico y al cambio de planes de viajeros que inicialmente iban a desplazarse a países afectados por la inestabilidad en Oriente Medio o a otros competidores del Mediterráneo.

Su informe, Valoración turística empresarial, prespectivas para verano y el conjunto de 2026, precisa que el conflicto en la zona ha llegado a afectar a un mercado que el año pasado recibió 181 millones de turistas, 47 millones de ellos procedentes de los grandes mercados emisores europeos. A esto se suma otro dato que la patronal subraya: los viajes de negocios a España han crecido un 23%, algo que Perelli vincula a la generalización del teletrabajo, que permite a profesionales no residentes combinar estancias laborales con pequeñas escapadas.

Perelli también destacó el impacto de los grandes eventos, un motor cada vez más determinante tanto para el turismo extranjero como para los viajes de los españoles. Citó la visita del Papa a España, cuyo efecto ya se refleja en los datos de junio, y los conciertos multitudinarios de artistas como Bad Bunny, además de citas deportivas y otras propuestas culturales. Según el vicepresidente ejecutivo, cada vez más gente organiza sus vacaciones alrededor de un concierto, un partido o una cita cultural concreta, una tendencia que Exceltur espera que se mantenga también este verano.

La demanda nacional también mejoró respecto al inicio del año. Las noches contratadas por viajeros españoles crecieron un 2,6%, mientras que su gasto aumentó un 8,3%. Exceltur detecta además una polarización en el comportamiento del turista español: crecen tanto los hoteles de mayor categoría (pernoctaciones en 4 y 5 estrellas, +3,6%) como las fórmulas más económicas apartamentos (+9%), viviendas de uso turístico (+9,2% hasta marzo) y turismo rural.

Por territorios, en el segundo trimestre lideraron el crecimiento de ventas Castilla-La Mancha (+11,6%), Extremadura (+9,3%), la Comunitat Valenciana (+9%), Cataluña (+8,6%) y Baleares (+5,2%), mientras que Canarias (+1,3%) mostró una moderación que Exceltur vincula a la consolidación de la conectividad aérea.

Más actividad, pero menos margen

El crecimiento de la demanda no se ha traducido en una mejora equivalente de la rentabilidad. Exceltur advirtió de que los costes están aumentando por encima de las ventas y reduciendo los márgenes empresariales.

Según la patronal, los carburantes se encarecieron un 6,9%, la energía un 5,9% y los suministros en torno a un 6%, unos incrementos que atribuye al conflicto en el Estrecho de Ormuz. Las compañías aéreas son las más afectadas, con un incremento de costes del 15,7% pese a las coberturas contratadas. En el transporte aéreo, el precio del queroseno sigue muy por encima de los niveles previos al conflicto en Oriente Medio.

El empleo crece y preocupa el absentismo

El turismo también mantuvo un fuerte ritmo de creación de empleo. En junio había 71.045 afiliados más que un año antes en las actividades turísticas (+3,1%), un ritmo superior al del resto de sectores (+2,8%), y el 89,6% de los nuevos contratos fueron indefinidos.

No obstante, Exceltur situa el absentismo entre los principales problemas del sector. Según sus cálculos, el 6,6% de las horas de trabajo previstas no llegaron a realizarse por esta causa, con un coste anual de 5.959 millones de euros el 2,6% de la facturación de las empresas turísticas y el 16% del coste total del sistema. Canarias presenta la tasa más elevada, con un 12,1% de las horas de trabajo afectadas.

Buenas perspectivas para el verano

La patronal espera que el verano mantenga la tendencia positiva, aunque con un ritmo de crecimiento más moderado que el registrado en primavera. Las empresas prevén incrementar sus ventas un 3,2%. Según la Encuesta de Confianza de Exceltur, el 54,5% de los empresarios espera aumentar sus ventas este verano, aunque el 90% considera que ese incremento será leve.

Exceltur anticipa una ligera desaceleración del turismo internacional, compensada por una mayor fortaleza de la demanda española. También espera un buen comportamiento de las actividades vinculadas al ocio (que pasarían de crecer un 3,2% a un 3,8%), las agencias de viaje (del 1,6% al 3,2%) y el transporte (del 3,9% al 4,3%), mientras que los hoteles moderarían su ritmo (del 4,8% al 2,9%).

Por territorios, las mejores previsiones para el verano corresponden a la Comunitat Valenciana (+12,5%), Madrid (+7,2%), Extremadura (+9,2%), Castilla-La Mancha (+7,9%), la Región de Murcia (+9,5%) y Cataluña (+5,9%), mientras que Baleares (+0,8%) y Canarias (+0,3%) repetirían cifras similares a las del verano de 2025, ya muy elevadas, y Andalucía anticipa un crecimiento más moderado (+1%).

El documento de perspectivas turísticas señala además un impasse regulatorio relevante: tras la derogación del registro único de viviendas de uso turístico que hasta mayo había reducido un 10% las plazas de VUT en las 25 principales ciudades españolas (-36.911 plazas), el sector queda con un vacío normativo pendiente de resolver.

Sin autocomplacencia

Pese a revisar al alza sus previsiones, Perelli pidió “evitar la autocomplacencia”. A su juicio, parte del crecimiento responde a factores coyunturales, como el desvío de turistas desde otros destinos afectados por la incertidumbre geopolítica.

Por ello, reclamó reforzar las infraestructuras de transporte, mejorar los servicios públicos en los destinos turísticos, contener el aumento de los costes empresariales y avanzar hacia un modelo de mayor valor añadido. Entre las medidas de corto plazo, Exceltur propone incluso activar una exención temporal de la regla europea ReFuelEU Aviation (que obliga a repostar el 90% del combustible en el aeropuerto de origen) y flexibilizar las obligaciones de consumo de SAF y del régimen europeo de comercio de derechos de emisión, si se mantiene el riesgo asociado al cierre del Estrecho de Ormuz.

También defendió mantener la lucha contra la oferta ilegal de viviendas turísticas, posponer nuevos impuestos o recargos turísticos. Citando expresamente las propuestas en Cataluña (y el recargo de Barcelona), País Vasco, Baleares, Asturias y Galicia y acelerar la incorporación de la inteligencia artificial al sector para mejorar la gestión y la experiencia de los viajeros.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha exigido este lunes al Gobierno que apruebe unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, que llevan prorrogados tres años. Lo ha hecho durante la Asamblea General de la patronal de pequeñas y medianas empresas Cepyme, mientas el Ejecutivo da luz verde al techo de gasto para las próximas cuentas públicas: 226.032 millones de euros, la cifra más alta de la historia.

“No tiene mucho sentido que la primera empresa española, que es el Estado, no tenga presupuestos desde hace tres años”, ha afirmado Garamendi ante los representantes de las organizaciones empresariales de pequeñas y medianas empresas. “En cualquier empresa, grande, mediana o pequeña, un directivo no aguantaría ni un asalto sin presentar los presupuestos”, ha añadido el empresario vasco.

En un contexto marcado por el debate sobre el techo de gasto y con las elecciones de la patronal en el horizonte, el próximo 1 de octubre, el dirigente empresarial ha advertido de que la economía necesita “confianza” y ha cuestionado que el país funcione con unas cuentas prorrogadas desde hace tres años. “Sin confianza es muy difícil que un empresario o una empresaria tire para adelante”, ha resumido.

Del “diálogo social” al “monólogo social”

Garamendi también ha cargado contra la relación del Gobierno con los agentes sociales, una de las principales reivindicaciones de la patronal durante los últimos meses. “Llevamos una temporada en la que ese diálogo social cada día lo vemos más lejano. Muchas veces lo defino como un monólogo social”, ha afirmado.

El dirigente empresarial ha denunciado que el Ministerio de Trabajo ha modificado la reforma laboral “61 veces” desde que se firmó el acuerdo, y ha criticado el paso de las leyes debatidas en el Parlamento a los decretos-ley y, después, a los reglamentos (que no pasan por el Congreso), como muestra de una “hiperregulación” creciente.

El presidente de CEOE ha reclamado reducir la presión fiscal sobre las empresas. Citando al Instituto de Estudios Económicos (IEE), ha situado esa presión en el 34% y ha denunciado que la economía sumergida alcanza el 24% en España, frente al 14-15% de la media europea.

A su vez, ha vuelto a defender que se eluda a las empresas del pago de las bajas entre el cuarto y el decimoquinto día, para que lo asuma la Seguridad Social, ante el aumento de las incapacidades de trabajadores por enfermedad. Garamendi ha destacado el mayor aumento de las bajas entre los menores de 35 años, con mayor concentración los viernes y los lunes.

Cepyme denuncia que las pymes no son escuchadas

La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, había abierto previamente la Asamblea General de la patronal con un discurso centrado en las dificultades que afrontan las pequeñas empresas y en la pérdida de peso de las pymes dentro del diálogo social. “El diálogo solo funciona cuando existe una voluntad real de escuchar, negociar y construir consensos”, ha sostenido.

De Miguel ha defendido que la obligación de la organización “no es agradar, sino representar con honestidad a las pequeñas y medianas empresas españolas”, y ha denunciado que muchas decisiones públicas se adoptan sin tener en cuenta la realidad de estos negocios. Cepyme anunció hace unos días su apoyo a Antonio Garamendi en las elecciones para liderar la CEOE

La dirigente empresarial reclamó menos burocracia, mayor seguridad jurídica y una regulación adaptada al tamaño de las empresas mediante la aplicación del principio europeo Think Small First, que plantea diseñar las normas pensando primero en las pequeñas empresas.

Salario mínimo, costes laborales y relevo generacional

La presidenta de Cepyme ha vuelto a cuestionar las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI). Ha explicado que su coste para la empresa asciende a “1.900 euros al mes”, sumando las cotizaciones y los impuestos, de los que el trabajador recibe unos 1.200 euros.

De Miguel ha criticado el incremento de los costes laborales en los últimos años, con especial impacto en las microempresas. La empresaria vallisoletana ha alertado de la desaparición de pequeñas sociedades, con unas “25.000 microempresas” de menos de tres trabajadores que han cerrado desde antes de la pandemia.

A esto se suma el reto del relevo generacional: la mitad de las pymes españolas están dirigidas por personas mayores de 50 años, y una de cada cinco por empresarios de más de 60. Persisten, además, dificultades para cubrir vacantes y encontrar trabajadores cualificados, ha afirmado la empresaria.

Proyección europea e internacional

Cepyme ha reforzado este año su presencia institucional fuera de España. Ángela de Miguel ha sido elegida vicepresidenta de SME United, organización que representa a 26 millones de pequeñas y medianas empresas europeas.

La organización se ha reunido con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y ha intervenido en dos ocasiones ante la Organización Internacional del Trabajo en defensa del diálogo social tripartito.

De Miguel ha destacado también un encuentro con el papa León XIV sobre la importancia del diálogo social. A lo largo del año, según ha explicado, Cepyme ha visitado 55 organizaciones territoriales y mantenido reuniones con más de 40 organizaciones sectoriales.

Entre las prioridades planteadas por Cepyme figuran: el impulso de la formación profesional dual, la digitalización de las pequeñas empresas y una respuesta al absentismo laboral, cuyo coste la organización sitúa en 33.000 millones de euros, con una tasa que dobla la media europea.

Los hogares que poseen dos o más viviendas en alquiler, tienen una renta mediana anual casi cuatro veces superior a la de quienes viven de alquiler. Además, su patrimonio neto puede llegar a multiplicar por 450 el de los inquilinos. Esta una de las principales conclusiones del informe elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en colaboración con el Instituto de Filosofía del CSIC (IFS-CSIC), a partir de los microdatos de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) del Banco de España.

El documento sostiene que la principal línea de desigualdad económica en España no pasa por la edad, sino por la posición que ocupa cada hogar en el mercado de la vivienda: si vive de alquiler, es propietario de su vivienda o, además, obtiene ingresos por alquilar inmuebles a terceros. El estudio titulado 'Renta, riqueza y régimen de tenencia' es el tercero de la serie 'Vivienda, Consumo y Desigualdad'. Está firmado por Javier Gil, investigador Ramón y Cajal del CSIC y autor del libro 'Generación inquilina'; Miguel García-Duch, doctor en Economía y profesor del Departamento de Economía Aplicada, Pública y Política de la facultad de Ciencias Políticas y Sociología en la UCM; Irene Lebrusán, asesora Científica del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y doctora en Sociología por la UCM; y Óscar Villas, técnico comercial y economista del Estado y vocal asesor en el gabinete técnico de la Secretaría General de Consumo y Juego.

Los inquilinos concentran las rentas más bajas

Los datos muestran una brecha entre quienes pagan un alquiler y quienes lo cobran. La renta mediana anual de los hogares inquilinos se sitúa en 21.335 euros. Entre los propietarios de la vivienda en la que residen asciende a 32.120 euros, un 51% más. Los hogares que alquilan una vivienda a terceros alcanzan una renta mediana de 50.959 euros (2,39 veces la de los inquilinos). En el caso de los multiarrendadores, con dos o más viviendas alquiladas, la cifra llega a 80.375 euros anuales, 3,77 veces superior.

La brecha no se detiene ahí: crece cuanto más viviendas se acumulan. Entre quienes alquilan dos viviendas, la renta mediana sube hasta los 74.808 euros; entre quienes alquilan tres, hasta los 83.898 euros; y entre los que tienen cuatro o más, supera los 213.000 euros anuales. Según el estudio, quienes obtienen ingresos del alquiler se encuentran entre los grupos con mayores niveles de renta, mientras que los hogares inquilinos concentran los ingresos más bajos.

Una brecha patrimonial mucho mayor

Las diferencias son todavía más acusadas cuando se analiza la riqueza acumulada. Los hogares que viven de alquiler cuentan con un patrimonio neto mediano de apenas 2.217 euros. Entre quienes son propietarios de su vivienda habitual la cifra asciende a 193.919 euros, lo que supone una riqueza casi 90 veces superior.

La distancia se dispara entre quienes, además de ser propietarios, alquilan una vivienda a terceros: su patrimonio mediano alcanza los 407.975 euros, 184 veces más que el de los inquilinos. Y entre los multiarrendadores con dos o tres viviendas la riqueza mediana ronda ya el millón de euros (972.189 euros y 1.069.029 euros, respectivamente), hasta superar los 1,5 millones (1.519.186 euros) entre quienes alquilan cuatro o más. En conjunto, los multiarrendadores acumulan una riqueza neta mediana de 996.826 euros, 450 veces superior a la de los hogares inquilinos.

El informe interpreta estos datos como una evidencia de que el mercado del alquiler canaliza recursos desde los hogares con menor capacidad económica hacia aquellos que ya acumulan más patrimonio: “El arrendamiento de viviendas es una actividad concentrada principalmente entre hogares con mayor patrimonio. Lejos de reducir las desigualdades, el sistema tiende a reforzarlas”, concluye el informe.

¿Qué divide más: la edad o la vivienda?

Uno de los hallazgos que más subraya el informe es que la brecha generacional, con tanto protagonismo en el debate público de los últimos años, resulta menos determinante que la posición en el mercado de la vivienda.

En términos de renta, las diferencias entre grupos de edad son moderadas: la renta mediana oscila entre los 19.651 euros de los mayores de 74 años y los 34.200 euros de quienes tienen entre 45 y 54. Apenas 14.549 euros de diferencia entre el extremo más bajo y el más alto. Los menores de 35 años, de hecho, no son el grupo con menor renta: su mediana (26.900 euros) es similar a la de quienes tienen entre 65 y 74 años (27.416 euros); son los mayores de 74 quienes registran la renta más baja de toda la distribución.

Donde sí aparece una brecha generacional relevante es en el patrimonio: los menores de 35 años tienen una riqueza neta mediana de 20.069 euros, frente a los 223.960 euros de quienes tienen entre 65 y 74 (el grupo con más patrimonio), es decir, una diferencia de unos 200.000 euros. Pero esa distancia, con ser importante, es muy inferior a la que separa a inquilinos de arrendadores, que oscila entre los 405.000 y los 994.000 euros según el número de viviendas en alquiler.

El propio informe lo resume así: “La desigualdad en España tiene menos que ver con cuántos años tienes y más con si pagas un alquiler, tienes una vivienda en propiedad, o si percibes ingresos procedentes del arrendamiento de viviendas”. Y añade, en sus conclusiones: “las personas jóvenes no tienen menos riqueza porque sean jóvenes, sino principalmente porque son inquilinas”.

Esa brecha de acceso a la propiedad se ha acelerado en la última década: en 2011, el 69,3% de los menores de 35 años era propietario de su vivienda; en 2022, ese porcentaje había caído hasta el 31,8%, un descenso de más de 37 puntos porcentuales en apenas once años. Entre los hogares de 35 a 44 años la caída también es notable (del 77,6% al 61,8%), mientras que entre los grupos de más edad el retroceso es mucho más moderado (los mayores de 74 años pasan del 87,9% al 84%).

Más concentración de la riqueza inmobiliaria

El estudio también identifica una creciente concentración de la riqueza residencial en muy pocas manos. En 2002, el 90% de los hogares acumulaba el 65,4% del patrimonio inmobiliario en vivienda; dos décadas después esa proporción había descendido hasta el 58,1%. En paralelo, el 10% más rico pasó de concentrar el 34,5% al 41,9% de toda la riqueza residencial. Dentro de ese 10%, la concentración se intensifica todavía más: el 5% de los hogares con más patrimonio acumula el 27,7% de toda la riqueza en vivienda, y el 1% más rico concentra, él solo, el 10,7%.

El índice de Gini de la riqueza en vivienda (que mide de 0 a 1 el grado de concentración) se mantuvo relativamente estable en torno a 0,50 entre 2005 y 2011, pero desde entonces ha subido con claridad: 0,544 en 2014, 0,589 en 2017 y 0,591 en 2022, el valor más alto de toda la serie histórica y un 18% por encima del nivel de 2005. La curva de Lorenz del informe (que representa gráficamente cómo se reparte la riqueza) confirma esa evolución: la de 2022 queda sistemáticamente por debajo de la de 2002, señal de que una parte cada vez más pequeña de los hogares concentra una porción cada vez mayor del patrimonio en vivienda.

Para los autores, esta evolución refleja que la revalorización de la vivienda ha beneficiado principalmente a quienes ya eran propietarios, especialmente desde la intensa subida de precios observada a partir de mediados de la década de 2010.

El alquiler reduce la capacidad de ahorrar

El informe también advierte de que el aumento de los precios del alquiler intensifica estas diferencias. Cuanto más elevada es la renta mensual que pagan los inquilinos, más recursos se transfieren hacia los propietarios y menor capacidad de ahorro tienen los hogares arrendatarios. Esa pérdida de capacidad económica dificulta posteriormente el acceso a una vivienda en propiedad y limita la acumulación de patrimonio por otras vías.

Los autores sostienen que la subida del precio de la vivienda y de los alquileres no es un fenómeno neutral desde el punto de vista económico, ya que amplía las diferencias entre quienes ya poseen activos inmobiliarios y quienes permanecen fuera del mercado de la propiedad.

En sus conclusiones, el informe es explícito sobre las implicaciones de política pública: la corrección de estas disfuncionalidades del mercado “a través de políticas de acceso, regulación del alquiler y fiscalidad sobre la propiedad u otras fórmulas”. No es solo una cuestión de equidad, sino “una condición necesaria para frenar una dinámica que, de seguir su curso, tenderá a profundizar las brechas existentes”.

Los niños y adolescentes están presentes en la actividad de prácticamente cualquier empresa: utilizan plataformas digitales, reciben publicidad, consumen productos, dependen de las condiciones laborales de sus familias o se ven afectados por las decisiones empresariales sobre el medioambiente. Sin embargo, siete de cada diez empresas españolas siguen sin tener en cuenta ese impacto en sus políticas. Esa es la principal conclusión del informe ‘Todas las empresas impactan en la infancia’, elaborado por UNICEF España junto al Centro de Innovación Social y Sostenibilidad de IE University.

El estudio analiza 75 empresas a través de 34 indicadores relacionados con los derechos de la infancia. Las compañías pertenecen a diez sectores representativos de la economía española y han sido elegidas por su capacidad de influencia.

El trabajo sitúa a los sectores de energía, consumo y salud como los que más han avanzado en la integración de esta perspectiva. Mientras que turismo y viajes, tecnología y gaming (sector de los videojuegos) y estética obtienen las peores puntuaciones. Según los investigadores, una de las razones es que los sectores más regulados o con una relación más directa con la infancia han incorporado antes mecanismos de protección específicos.

“Todas las empresas impactan en la infancia”, resumió durante la presentación del informe el director ejecutivo de UNICEF España, José María Vera. “El reto principal no es crear nuevas estructuras de gestión, sino evolucionar las actuales para que integren de forma explícita, transversal y medible los derechos de la infancia”, añadió.

Algoritmos que enganchan, publicidad y prevención

Más allá de las puntuaciones, el informe identifica las principales fortalezas y debilidades de cada sector. En tecnología y gaming, una de las principales preocupaciones es el diseño de plataformas y videojuegos pensados para maximizar el tiempo de uso. Los investigadores alertan de algoritmos concebidos para mantener a los usuarios conectados durante más tiempo y de una escasa evaluación de riesgos en funciones como los chats, donde menores pueden interactuar con adultos. Como contrapartida, destacan el buen cumplimiento de la normativa sobre privacidad y protección de datos.

En alimentación y consumo, muchas empresas impulsan campañas para fomentar hábitos saludables y algunas cuentan con catálogos de productos especialmente orientados a una alimentación sana. Sin embargo, el estudio detecta una contradicción: los productos menos saludables continúan situándose con frecuencia en los puntos de pago y a la altura de los niños, favoreciendo decisiones de compra impulsivas.

El sector de la estética recibe una de las peores valoraciones por sus estrategias de marketing. Los autores del informe muestran su preocupación por campañas que fomentan la adultificación infantil mediante la promoción de determinados productos o modelos estéticos.

En turismo, las empresas suelen disponer de protocolos para actuar cuando ya se ha producido una situación de riesgo, pero presentan importantes carencias en prevención y en la formación específica del personal sobre derechos de la infancia.

El estudio también detecta debilidades en el sector textil, donde muchas compañías cumplen la legislación local pero apenas ofrecen información sobre el control de las condiciones laborales en proveedores internacionales, y en el sector energético, donde, pese al avance en políticas ambientales, apenas existen referencias a medidas relacionadas con la pobreza energética o el apoyo a familias vulnerables.

Mucho más que evitar el trabajo infantil

El informe insiste en que integrar los derechos de la infancia va mucho más allá de impedir el trabajo infantil. También implica evaluar cómo afectan las decisiones empresariales a la conciliación familiar, la maternidad y la paternidad, la protección de trabajadores jóvenes, las condiciones de las comunidades proveedoras o el bienestar de niños y adolescentes como consumidores y usuarios.

En este sentido, UNICEF alerta de que el 76% de las empresas analizadas se limita al cumplimiento regulatorio básico en materia de conciliación y condiciones laborales familiares, mientras que el 93% no aporta evidencias de que supervise de forma efectiva las condiciones de trabajo en su cadena de suministro más allá de declaraciones generales de compromiso. Además, el 82% carece de mecanismos verificables para garantizar una publicidad y un marketing responsables dirigidos a menores.

Para José María Vera, las empresas tienen una oportunidad para convertir ese impacto inevitable en un impacto positivo. “La infancia debe ser considerada un grupo de interés, igual que otros colectivos cuyos riesgos ya forman parte de la estrategia empresarial”, defendió.

El entorno digital, uno de los grandes retos

Sobre las restricciones al acceso de menores a las redes sociales impulsadas por países como Australia o Reino Unido. UNICEF considera que limitar el acceso puede formar parte del debate, pero advierte de que una prohibición por sí sola no resolverá el problema. “Solo con una medida prohibicionista no va a cambiar nada”, afirmó el director ejecutivo de la organización, que defendió una estrategia más amplia basada en plataformas diseñadas pensando en la seguridad de los menores desde el inicio, una mejor verificación de edad, educación digital para familias y adolescentes y una mayor responsabilidad de las empresas tecnológicas.

El informe concluye con una batería de recomendaciones que pasan por reconocer a niños y adolescentes como un grupo de interés en la estrategia empresarial, medir el impacto de las decisiones sobre la infancia, incorporar la protección infantil desde el diseño de productos y servicios, desarrollar políticas de marketing responsables y escuchar de forma sistemática a niños y adolescentes en aquellas decisiones que les afectan.

Las recomendaciones

El informe concluye que las empresas tienen margen para convertir ese impacto inevitable sobre la infancia en una oportunidad de mejora. “Proteger a la infancia no consiste en aislarla, sino en diseñar productos, servicios y entornos que tengan en cuenta sus derechos desde el principio”, concluyó Vera.

Entre sus principales recomendaciones, figuran reconocer a niños y adolescentes como un grupo de interés específico. Incorporar indicadores para medir el impacto de las decisiones empresariales. Garantizar entornos digitales seguros desde el diseño de productos y servicios. Reforzar las políticas de protección frente a cualquier forma de violencia, adoptar prácticas responsables de marketing y publicidad y escuchar la opinión de la infancia en aquellos ámbitos donde las decisiones empresariales les afectan directamente.

Decathlon España cerró 2025 con un beneficio neto de 84 millones de euros. Un 17,4% más que un año antes, tras elevar un 8,1% sus ventas brutas (GMV) hasta los 2.342 millones de euros. El indicador de ventas brutas, incluye tanto las ventas directas de la empresa como las realizadas por terceros a través de su plataforma digital. Por otro lado, la compañía también mejoró su rentabilidad, con un resultado bruto de explotación (EBITDA) de 148 millones, un 29,6% superior al del ejercicio anterior.

La cifra de negocio neta (los ingresos propios de Decathlon) ascendió a 1.990 millones de euros, un 7,2% más que en 2024. Con estos resultados, España se mantiene como el segundo mercado del grupo. Solo por detrás de Francia, y aporta ya el 11,2% de las ventas netas globales de la multinacional. 0,3 puntos más que el año anterior. La compañía contribuyó también con 121,7 millones de euros en impuesto de sociedades y cotizaciones a la Seguridad Social.

El consejero delegado de Decathlon España, Borja Sánchez, matizó durante la presentación de resultados en Madrid que el repunte de 2025 “no responde a ningún factor excepcional”. A diferencia de 2024, ejercicio que se vio impulsado por la compra de parte de la red de tiendas del grupo Gatrón y por el fuerte volumen de inversión puesto en marcha entonces. Según explicó, el crecimiento actual, de entre el 7% y el 8%, es “orgánico” y la compañía aspira a mantenerlo en los próximos años.

Hasta 15 tiendas nuevas en 2026

Las ventas en tienda física crecieron un 8,6% en el ejercicio. La compañía cerró 2025 con 176 tiendas en España, tras cinco aperturas (Adeje, Valencia, Madrid, Murcia y Palma de Mallorca), la reapertura de su establecimiento de Alfafar (destruido por la dana), y una ampliación en Granada.

Para 2026, Decathlon se ha marcado un objetivo: abrir entre 14 y 15 tiendas, su mayor ritmo de expansión de los últimos años. Entre los proyectos figuran aperturas en Puigcerdà, tres tiendas en Barcelona, Granada, Fuerteventura, Aranjuez y, por fin, Pontevedra, ciudad en la que la compañía lleva intentando entrar desde hace 34 años. A ello se suman varios locales ligados a la compra de parte de la red de Intersport, operación pendiente de la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Sánchez explicó que el estudio de la CNMC se centra especialmente en Tenerife, donde Decathlon ya cuenta con varias tiendas y el paquete completo de Intersport podría generar problemas de competencia; la compañía espera una resolución “en los próximos días” y prevé tener que renunciar a parte de esas tiendas. Del acuerdo ya ha salido la apertura de la tienda Puigcerdà, y Fuerteventura está prevista la de en los próximos meses.

La compañía completará este año la modernización del 100% de su red comercial, tras renovar 83 tiendas en 2025 con una inversión de 40 millones de euros, que también sirvió para implantar la nueva imagen corporativa y desplegar etiquetas electrónicas en la totalidad de los establecimientos.

Ciclismo, 'running' y pádel, entre las categorías que más crecen

Decathlon señaló que el ciclismo, el running, el fútbol, el pádel y la natación son los deportes en los que está creciendo por encima del mercado, categorías donde ha concentrado buena parte de sus inversiones en producto y en los 70 espacios especializados abiertos dentro de sus tiendas durante el año.

La compañía aseguró que su estrategia pasa por reforzar la venta de material técnico frente a la moda deportiva: “Teníamos dos opciones: vender moda deportiva o producto deportivo, y nosotros nos decantamos por el producto”, resumió Sánchez. Decathlon comercializa ya más de 380.000 referencias entre sus 14 marcas propias y los productos de terceros disponibles en su Marketplace, tras el rediseño de su web a mediados de 2025.

Para reforzar esa apuesta por el producto técnico, la marca ha ampliado sus alianzas con federaciones y eventos como el balón oficial de la Europa League y la Conference League, o la patrocinadora de los torneos Premier Padel. Tambien cuentan con embajadores como Antoine Griezmann o el equipo ciclista Decathlon CMA CGM.

El negocio digital representó el 15,1% de las ventas durante 2025. Dentro de ese canal, el Marketplace creció un 45% respecto al ejercicio anterior. La compañía también duplicó su red de puntos de recogida, hasta superar los 30.000 en toda España, y amplió la entrega a domicilio en una hora a las ciudades donde dispone de tienda física.

Crece el negocio de segunda mano

Las actividades vinculadas a la economía circular aumentaron un 25% durante el ejercicio y ya representan el 3% de la facturación de la compañía en España. Dentro de ese negocio, el modelo “Segunda Vida”, centrado en la venta de artículos reacondicionados, creció un 50%. El modelo se centra en dos espacios especializados en bicicletas de gama media y alta abiertos en Rivas-Vaciamadrid y San Sebastián de los Reyes. Además de la ampliación del acuerdo con Wallapop para publicar automáticamente los productos de segunda mano del catálogo de Decathlon.

La compañía sumó 143 talleres de reparación en sus tiendas físicas, donde se repararon 575.000 artículos durante el año. En materia de sostenibilidad, Decathlon redujo un 9% sus emisiones absolutas de carbono y elevó al 53,2% el porcentaje de ventas de productos diseñados bajo criterios de ecodiseño, frente al 49,6% de 2024.

En paralelo, la compañía redujo el precio de más de 1.000 productos de su catálogo permanente, con una rebaja media cercana al 1%, frente a una inflación anual en torno al 2,6%. Sánchez explicó que el objetivo es “intentar mantener un impacto cero” de los precios en los productos fijos del catálogo, de forma que no reflejen la subida de la inflación a final de año, y avanzó que la compañía mantendrá esa misma política durante 2026.

Sobre el efecto del conflicto entre Israel e Irán sobre el transporte internacional de mercancías, Sánchez afirmó que el aumento de los costes logísticos no ha provocado problemas de abastecimiento. Especialmente gracias a la diversificación de la producción de la compañía en más de 40 países, lo que ha permitido garantizar la disponibilidad de producto de cara al verano.

Más de 11.000 empleados y subidas salariales pactadas

Decathlon cerró 2025 con una plantilla de 11.298 trabajadores en España, a los que dedicó más de 270.000 horas de formación. La compañía repartió más de 50 millones de euros entre sus empleados en concepto de primas, bonus, acciones y formación. A su vez, mantuvo las subidas salariales pactadas en su convenio colectivo que contempla incrementos del 5,5% en 2024, el 5% en 2025 y el 4% en 2026, hasta acumular una subida superior al 15% en tres años.

Según la compañía, el 89% de sus colaboradores afirma sentirse orgulloso de pertenecer a Decathlon. A través de su fundación, la empresa impactó el año pasado en la vida de 8.792 personas mediante nueve proyectos sociales.

Aurora Rodríguez tiene 22 años y ha crecido entre uniformes de trabajo, trajes regionales y el olor a tela de la tienda que su abuelo fundó en Murcia hace más de cuatro décadas. Pero cuando llegue la jubilación de sus fundadores, el negocio no tendrá heredero. “Da pena que la empresa no vaya a seguir después de que mi abuelo se muera, pero es que no es mi proyecto de vida”, dice Aurora con una honestidad que resume, mejor que cualquier estadística, el problema silencioso que atraviesa miles de negocios familiares en España.

Este no es un caso aislado, se estima que más de 1,1 millones de pymes familiares en España no tienen relevo generacional. De aquí a 2030, muchas más no encontrarán a nadie dispuesto a continuar. Según el Instituto de la Empresa Familiar (IEF), el 70% de las empresas familiares no pasa a la segunda generación y el 90% no llega a la tercera. Solo el 5% alcanza la cuarta. Y transcurridos 25 años desde su creación, más del 60% de las empresas ya ha dejado de existir, siendo el cierre —con un 38%— la causa más común. “Muchas empresas fracasan por la sucesión, no por el negocio”, concluye el documento de IEF.

El peso de lo que está en juego es enorme. Los datos de la asociación apuntan que las empresas familiares representan el 90% del tejido empresarial español, generan el 70% del empleo privado —más de 6,58 millones de puestos de trabajo— y contribuyen al 57% del PIB del sector privado. Cada cierre por falta de relevo no es solo una pérdida familiar: es una pérdida económica para el conjunto del país, alerta.

Un problema económico, demográfico y de prestigio

La Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) lanzó hace unos meses una advertencia a través de su informe 'Juventud emprendedora: posibilidades de relevo de negocios en el mundo rural': el relevo generacional debería ser una prioridad nacional. Al menos 11 provincias españolas están ya en riesgo estructural por la combinación de despoblación, envejecimiento y desaparición de empresas. Provincias como Zamora, Ourense, Lugo y Palencia han perdido hasta el 21% de su población en las últimas décadas.

Pero CEAJE es clara: “El problema no es solo demográfico, es también económico y de prestigio”, asegura su portavoz. La pérdida de población en zonas rurales va acompañada de un debilitamiento del tejido productivo, y detrás de la falta de relevo hay un cambio más profundo en la relación de las nuevas generaciones con determinados trabajos y territorios. Los oficios manuales, el comercio de barrio o el campo arrastran todavía un problema de imagen que las ayudas económicas no consiguen resolver por sí solas.

“El problema es que muchos empresarios confían en que la siguiente generación continuará con el legado, pero la tasa de supervivencia en las empresas que afrontan un relevo generacional es muy baja”, advierte Soly Sakal, fundador de la consultora Rhombus. Según sus datos, el 40% de las familias empresarias considera la sucesión un desafío crítico. Y el 70% de las empresas familiares no cuenta hoy con un plan de relevo generacional, según el informe 'Relevancia y supervivencia de la empresa familiar 2025', elaborado por el IEF junto a las compañías de KPMG y SAP.

Veronica garcia Castelo, presidenta de ADEFAM —la asociación de empresas familiares de la Comunidad de Madrid—, argumenta que “la mayoría de las empresas familiares no fracasan por el negocio en sí, sino porque el proceso de sucesión no se ha gestionado correctamente”. Su último estudio, 'La empresa familiar en la Comunidad de Madrid', revela que las empresas familiares representan el 93% de las compañías y generan el 59% del empleo privado. El 68% sigue activo una década después de su fundación, frente al 66% de las no familiares.

Sin embargo, apenas el 11% de las pequeñas empresas y autónomos cuenta con un plan de sucesión formalizado. “Bastante complicado es ya que una empresa sobreviva económicamente como para que cierre únicamente por el relevo generacional”, señala uno de los autores del estudio de ADEFAM. “El cierre de una empresa siempre es una mala noticia” añade.

¿Crisis de jóvenes o renovación de perfiles?

La pregunta no es solo si hay jóvenes dispuestos a tomar el relevo, sino qué tipo de relevo están dispuestos a hacer. Cada vez más, quienes asumen un negocio familiar no lo hacen para mantenerlo tal como estaba, sino para transformarlo. La generación Z aporta digitalización, sostenibilidad y nuevas formas de relación con clientes y empleados. Las fricciones aparecen cuando los ritmos de cambio entre generaciones son distintos.

“El relevo no consiste únicamente en conservar una empresa, sino también en transformarla para adaptarla a los nuevos tiempos sin perder su esencia”, señala Daniel Cifuentes de CEAJE. A esto se añade otra realidad: hay jóvenes que no rechazan el relevo por falta de interés, sino porque el negocio no es viable económicamente tal como está. En esos casos, la organización defiende ampliar el concepto hacia el relevo empresarial: permitir que otros emprendedores ajenos a la familia asuman proyectos con potencial antes de que desaparezcan.

Es la alternativa que baraja la propia familia de Aurora. “Lo quieren dar al trabajador”, explica ella. “Al ser una empresa muy pequeña, los trabajadores llevan muchos años y la conocen perfectamente. Aunque no sea la opción más rentable, sí que es la que más se ajusta a sus valores”. La venta queda descartada: “Es un legado que han construido como si fuera un hijo. Tú vas formándolo y dándole valores”.

La sucesión no se improvisa

No todas las historias terminan en cierre, un caso de éxito es la galardonada por ADEFAM como proyecto más innovador de una empresa familiar. IGT Microelectronics, empresa tecnológica con más de 40 años de historia y desarrolladora de la marca Ágora, es uno de los ejemplos de transición exitosa. “Lo complicado muchas veces no es una cosa u otra, sino saber diferenciar cuándo estás hablando como familia y cuándo estás hablando como empresa”, explica su CEO, Sergio Cámara.

La clave, en su caso, fue la anticipación: crearon un protocolo familiar en el momento de incorporación de la nueva generación, con normas, responsabilidades y un plan de sucesión pactado. “La generación fundadora fue dando espacio poco a poco mientras la nueva asumía responsabilidades reales. El cambio no se vivió como una ruptura, sino como una evolución”.

Para la presidenta García Molina, las empresas que logran el relevo comparten un patrón: anticipación, separación clara entre familia y empresa, profesionalización de la gestión y, sobre todo, entender la sucesión como un proceso de conversación continua, no como un nombramiento puntual. “Cuanto antes se empiece a hablar de la sucesión, mejor”, coincide Cámara. “Cuando estas conversaciones se posponen, normalmente se vuelven más difíciles”.

En la restauración, Cristina Oria, es otro caso de éxito. La fundadora de la empresa familiar gastronómica que lleva su nombre, cree que la continuidad pasa por profesionalizar las estructuras y construir proyectos capaces de ir más allá de sus fundadores. “Las marcas no pueden depender únicamente de una persona”, sostiene otra galardonada por Adefam. “Tienen que tener unos valores claros, una cultura muy definida y equipos capaces de mantener esa esencia”.

El campo, dónde el relevo no llega

Si hay un sector donde la crisis generacional resulta especialmente visible es el primario. En España, el censo agrario de 2020 ya mostraba que apenas el 9% de los jefes de explotación tiene menos de 40 años, tal y como se puede ver en el gráfico. Mientras que el 41% supera los 65. En la Unión Europea, el 57% de los agricultores supera los 55 años y la edad media se sitúa en los 57. Solo el 12% tiene menos de 40.

“En ninguna comarca española se alcanza que el 40% de los jefes de explotación sean menores de 45 años”, explica Alicia Martínez, secretaria de Relevo Generacional de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). Situación, ilustrada en la gráfica, y especialmente crítica en la ganadería extensiva, donde la dedicación es prácticamente total y la calidad de vida percibida, muy baja.

Las barreras son múltiples. Para quien no tiene vinculación familiar con el sector, el primer obstáculo es el acceso a la tierra. UPA lleva años reclamando bancos públicos de tierra y agua: “Un cultivo en regadío tiene una rentabilidad mucho mayor que uno en secano”. El Gobierno ha anunciado una orden ministerial para regularlos, con unas 17.000 explotaciones incluidas inicialmente. Pero la organización pide que tengan prioridad los menores de 40 años. Y los datos muestran el estancamiento: en 2024 había 4.025 solicitudes a la reserva nacional; en 2025, cayeron a 3.182. Esto a pesar de que la nueva PAC destina 220 millones de euros anuales al pago complementario para jóvenes agricultores, un 50% más que en el periodo anterior.

“Las políticas públicas actúan sobre síntomas y no sobre causas”, sostiene Pedro Piedras, director de la Escuela de Ingeniería Agrícola (INEA) de la Universidad Pontificia Comillas. “Las ayudas alivian necesidades inmediatas, pero no resuelven problemas estructurales como el acceso a la tierra, el coste de entrada o la incertidumbre económica”. Un 52% de las incorporaciones al sector, según UPA, se producen sin ningún tipo de ayuda pública.

Un sector tecnológico con imagen de otro siglo

La paradoja del campo es que vive uno de los procesos de modernización más acelerados de la economía mientras mantiene una imagen social anclada en el pasado. Sensores, inteligencia artificial, agricultura de precisión, análisis de datos y sistemas de geolocalización forman ya parte del trabajo agrario cotidiano. El sistema agroalimentario supone alrededor del 10% del PIB y del empleo en España, según el INE, y demanda cada vez más perfiles técnicos especializados.

“El trabajo agrícola y ganadero se sigue presentando como una actividad poco cualificada, cuando hoy hablamos de un sector altamente tecnificado”, explica Piedras. “A los jóvenes no les gusta verse como granjeros, sino como especialistas”. Cuando los estudiantes descubren que el sector agroindustrial se parece “más al mundo de la aeronáutica que al de los campesinos que segaban a hoz”, muchos empiezan a mirar con interés. El problema es que ese relato aún no ha llegado a la mayoría.

El mercado minorista de alimentos y bebidas de origen vegetal en España alcanzó los 546 millones de euros en 2025, un 7,7% más que el año anterior, mientras que el volumen de ventas creció un 6,6%, según el informe anual elaborado por The Good Food Institute (GFI) Europe a partir de datos de Circana y NIQ Homescan.

El crecimiento, sin embargo, no es uniforme. Mientras las bebidas vegetales ya forman parte de la cesta de la compra de casi la mitad de los hogares españoles, los productos, por ejemplo basados en soja, que buscan ser una alternativa a la proteína animal, a la carne, no crecen en tanta medida, en gran parte, por el precio: cuestan más del doble y sus ventas cayeron un 7% durante el último año.

Basta recorrer el pasillo de lácteos y bebidas vegetales de cualquier supermercado para comprobar cómo ha cambiado la oferta. Junto a la leche de vaca conviven productos con base en avena, soja o almendra, además de variedades “barista” para el café. Las alternativas vegetales han dejado de ser un producto de nicho y empiezan a consolidarse.

Las bebidas vegetales lideran el crecimiento

Las bebidas vegetales continúan siendo el principal motor de este segmento del mercado. Concentraron 355 millones de euros en ventas y ya representan el 10,4% del mercado minorista de este tipo de bebida. El 47,6% de los hogares las compró al menos una vez durante 2025, frente al 43,8% registrado en 2023. Además, los compradores habituales —quienes las adquieren al menos una vez al mes— pasaron del 16% al 18,2% en ese mismo periodo, según el citado estudio.

La evolución del mercado, sin embargo, no es homogénea. El yogur vegetal fue la categoría con mejor comportamiento en 2025. Sus ventas crecieron un 22,8% en volumen, hasta alcanzar los 118 millones de euros, impulsadas principalmente por productos de marca y de mayor valor añadido. Para GFI Europe, este comportamiento refleja que una parte de los consumidores empieza a priorizar factores como el sabor, la textura o la calidad nutricional.

En el extremo contrario se sitúan los productos que buscan ser una alternativa a la carne. Sus ventas en volumen descendieron un 7% y su cuota de mercado se situó en el 0,4% de este tipo de proteínas envasadas. El principal obstáculo sigue siendo el precio. El kilo de este tipo de proteínas vegetales cuesta de media 15,40 euros, frente a los 7,44 euros de la carne animal. Es un sobreprecio del 107%, muy superior al de mercados como Francia, donde ronda el 25%.

Aun así, el interés por estos productos se mantiene. Casi uno de cada cinco hogares compró estos productos vegetales al menos una vez durante 2025. Además, el tofu y el seitán, con un precio medio de 6,80 euros por kilo, incrementaron sus ventas un 8,6%, una evolución que apunta a la sensibilidad del consumidor al precio.

Una encuesta europea realizada en 2023 ya mostraba esa tendencia. El 41% de los consumidores españoles identificaba el precio como el principal freno para incorporar más alimentos y bebidas vegetales a su dieta.

Un consumidor más exigente

El informe también detecta un cambio en el perfil del comprador. Tras varios años de crecimiento impulsado principalmente por la marca blanca, en 2025 las marcas de fabricante recuperaron terreno en categorías como las bebidas y los yogures vegetales.

Para GFI Europe, este cambio refleja un consumidor que empieza a valorar otros factores además del precio. El sabor, la innovación y el perfil nutricional ganan peso en la decisión de compra. Más allá, incluso, de alérgenos o intolerantes a las bebidas o productos de origen animal.

“Los consumidores buscan cada vez más opciones alineadas con la salud y la sostenibilidad, pero también valoran el sabor, la asequibilidad y la conveniencia. Las categorías que mejor responden a esas expectativas son precisamente las que más crecen, mientras que el precio sigue siendo una de las principales barreras para ampliar su adopción”, explica Carlos Campillos, responsable regional de GFI Europe para España y Portugal.

El comportamiento de algunas categorías apunta en esa dirección. Las bebidas vegetales tipo 'barista', diseñadas para café y bebidas calientes, siguieron creciendo pese a costar un 64% más por litro que las variedades lácteas. También aumentó un 36% el volumen de ventas de las bebidas de almendra entre 2023 y 2025, una de las opciones con mayor precio dentro de la categoría, mientras la soja perdió cuota de mercado.

Campillos señala que parte del éxito de los productos denominados 'plant-based' reside en su normalización progresiva. “Ahora es habitual encontrarse bebidas de soja o avena en cualquier bar de pueblo, y eso es un gran logro”, afirma.

Otro factor determinante, según el responsable, es el posicionamiento en el lineal del supermercado: mientras que las grandes compañías pueden permitirse adquirir secciones enteras para sus referencias, los productos vegetales suelen proceder de empresas de menor tamaño, lo que dificulta su visibilidad en el punto de venta. Una excepción son las bebidas vegetales, que sí han logrado integrarse de forma consolidada en la distribución convencional.

Un mercado con potencial de crecimiento

Más allá de la evolución del consumo, el sector mira al largo plazo. Un análisis citado por GFI Europe estima que el mercado español de proteínas alternativas podría alcanzar un valor de 6.700 millones de euros en 2040 y generar hasta 34.000 empleos.

La mayor parte de ese crecimiento correspondería a los alimentos de origen vegetal, un mercado ya consolidado y mucho más desarrollado que otras tecnologías como la fermentación o las proteínas alternativas a la carne animal, que todavía se encuentran en fases más tempranas de desarrollo.

Campillos sostiene que España reúne las condiciones para convertirse en uno de los referentes europeos del sector gracias a su capacidad agrícola, científica e industrial. Cree que las bebidas vegetales “ya forman parte de la cesta de la compra habitual de millones de hogares españoles”, indica. Aún así, defiende que el reto es que las administraciones y la industria inviertan para que otras alternativas puedan competir también en precio, accesibilidad y experiencia de consumo.

El Gobierno prevé aportar entre 600 y 800 millones de euros a una de las tres gigafactorías de Inteligencia Artificial (IA) de gran escala que la Unión Europea (UE) quiere desplegar en el continente. Así lo ha trasladado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en un encuentro informal con periodistas en el marco del South Summit, celebrado en Madrid.

La financiación pública se canalizará a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) y el proyecto deberá pasar por el Consejo de Ministros para aprobarse. El Estado tendrá una participación minoritaria en el consorcio público-privado, tal y como exige Bruselas para este tipo de infraestructuras estratégicas.

López ha situado esta iniciativa en el centro de la estrategia de soberanía digital y desarrollo del ecosistema de Inteligencia Artificial en España. La fecha para convocatoria europea se espera entre finales de junio y principios de julio, aunque el ministro admite que el calendario podría deslizarse ligeramente hacia julio.

España, en la “liga grande”

La Comisión Europea (CE) diseña dos categorías de gigafactorías: las de gran tamaño, de las que prevé tres en todo el continente, y las de menor escala. España aspira a una de las grandes. “Estoy convencido de eso”, ha afirmado López.

El ministro ha explicado que Bruselas fue ajustando el diseño de la convocatoria sobre la marcha, al comprobar que algunos países no alcanzaban el tamaño inicialmente previsto. Eso llevó a crear dos grupos. En la principal convocatoria, según su criterio, habrá tres gigafactorías, y España aspira a una de ellas.

La convocatoria europea se esperaba para finales de junio o principios de julio, aunque el propio ministro ha reconocido que el calendario apunta más a julio. La Comisión ha ido retrasando los plazos mientras termina de definir las condiciones, entre ellas precisamente la división en dos ligas.

El consorcio español deberá constituirse y recibir el visto bueno del Consejo de Ministros antes de presentar la candidatura a Bruselas. La inversión conjunta total podría superar los 4.000 millones de euros, según estimaciones del Gobierno.

Madrid y Cataluña se perfilan como sedes del proyecto

Las ubicaciones previstas se sitúan en Madrid y Cataluña, aunque el ministro no ha detallado la composición del consorcio ni el reparto de participaciones. “En breve habrá buenas noticias”, ha prometido.

Una de las empresas que se ha postulado para participar es Telefónica. Su director de Finanzas y Desarrollo Corporativo, Juan Azcue, avanzó durante la presentación de resultados del primer trimestre que la compañía prevé una participación de entre el 10% y el 15% del consorcio.

López ha subrayado que el objetivo de la gigafactoría no es dar más capacidad a empresas tecnológicas estadounidenses que ya tienen una inversión “brutal” en infraestructura de nube propia en España. El fin, ha dicho, es democratizar el acceso a la IA para las empresas europeas que nunca podrán costear su propia supercomputación.

El contrato de ciberseguridad, “resuelto”

El ministro Óscar López también ha comentado la suspensión del contrato de ciberseguridad del Estado, adjudicado a Telefónica.

Ha negado que exista ningún problema de financiación. “Ha sido una cuestión técnica, burocrática, administrativa de la mesa de adjudicación y está resuelta. Nada más”, ha zanjado.

Un paquete de pan de molde, casi cinco euros. Una pizza congelada, el doble que la convencional. Pasta, harina, cerveza o galletas multiplican su precio cuando llevan una etiqueta concreta: 'sin gluten'. Para miles de familias españolas, la celiaquía implica pagar cada mes una especie de impuesto invisible simplemente para poder comer. Precisamente, este 27 de mayo es el Día Nacional del Celíaco, que busca visibilizar esta enfermedad.

Según el Informe de Precios 2026 de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE), una persona celíaca soporta un sobrecoste medio de 996,37 euros anuales en la cesta de la compra respecto a un consumidor convencional. Son unos 83 euros más al mes, 20 euros más a la semana.

Aunque el dato se ha reducido alrededor de un 30% desde 2009, la brecha apenas se ha movido en los últimos tres años. “La celiaquía es una enfermedad para ricos”, resume Roberto Espina, director de la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten de Madrid. “Las familias que tienen recursos pueden asumirlo. Las que no, lo tienen mucho más difícil” añade.

Para quienes dependen médicamente de estos productos, la paradoja es evidente. El mercado no deja de crecer, pero llega en un contexto de inflación alimentaria y encarecimiento de la cesta básica. “Somos celíacos, no millonarios”, resume Ángela Reyes, diagnosticada desde pequeña. “No tiene sentido que un paquete de pan cueste tanto. Es pan, no un producto de lujo”.

Pan, pasta y harina: la compra básica se dispara

Nunca hubo tantos productos 'gluten free' en supermercados, restaurantes y cadenas de comida rápida. Las grandes marcas han ampliado catálogo y el 'sin gluten' se ha convertido en un negocio rentable impulsado no solo por personas diagnosticadas, sino también por consumidores atraídos por tendencias de bienestar y alimentación saludable. Aun así, la cesta de la compra sigue siendo significativamente más cara.

El mayor golpe está en los productos básicos. El informe de FACE, tras analizar 21 categorías de productos, muestra dónde se concentra la brecha. Como se puede ver en la tabla: una barra de pan sin gluten cuesta 1,29 euros por cada 100 gramos, frente a los 0,25 euros del pan convencional, más de cinco veces más. La harina de repostería cuadruplica su precio (0,45 frente a 0,11 euros por 100 gramos). Las galletas también se multiplican por más de tres (1,06 frente a 0,31 euros). Los macarrones, por más del doble.

El pan rallado y la harina de panificación encabezan, junto al pan de barra, la lista de los productos con mayor disparidad de precios. Son, precisamente, los alimentos más básicos de la despensa. “Las harinas pueden llegar a costar ocho o diez veces más y en panes o productos de bollería hablamos fácilmente de cinco o seis veces más”, explica el director de Celíacos y Sensibles al Gluten.

Ángela Reyes, con la enfermedad, recuerda una infancia en la que encontrar productos sin gluten era casi imposible. “Había muy pocas opciones y tenías que ir a herbolarios o tiendas especializadas”, cuenta. Con los años, la oferta ha mejorado pero el precio sigue siendo un problema. “Cuando me independicé entendí realmente lo que costaba ser celíaca”, explica. “Vas al supermercado y ves que un paquete de pan cuesta cinco veces más. No es un producto excepcional, es pan”.

La celiaquía también cambia la relación con el entorno social. Reyes cuenta que muchas veces lleva sus propios productos a cenas con amigos para evitar que el resto tenga que asumir el sobrecoste. “Me da apuro que los demás tengan que pagar productos sin gluten por mí o dividir el coste entre todas”, admite. “Hay situaciones en las que he llegado a saltarme la dieta por vergüenza”.

¿Por qué el 'sin gluten' sigue siendo tan caro?

El sector justifica el sobreprecio por varios factores estructurales. El principal es la materia prima. “La harina de trigo es baratísima”, explica el director Roberto Espina. “No hay ningún producto competitivo en precio frente a ella”. Las alternativas sin gluten, como las harinas de arroz o maíz, son más caras. Además, requieren mezclas específicas y aditivos para conseguir texturas similares al trigo que encarecen aún más el producto final.

A eso se suma que la producción debe hacerse por separado para evitar contaminación cruzada, con certificaciones específicas y lotes mucho más pequeños. Los expertos explican que una fábrica puede producir 100 panes convencionales por cada uno que produce sin gluten. Menos volumen significa más coste unitario, y como estos productos también rotan menos en el lineal y caducan antes, el precio sigue subiendo.

Pero las asociaciones y consumidores señalan que no todo se explica por costes técnicos. El auge del mercado healthy (saludable) ha convertido parte del sin gluten en una categoría premium. “Hay empresas que intentan competir y ajustar precios”, dice Espina. “Otras que aprovechan el tirón comercial”. El informe de FACE lo señala sin ambigüedad: algunos fabricantes utilizan la creciente demanda para encarecer sus precios por posicionamiento comercial.

En 2025 se produjo un cambio fiscal que en teoría debería haber abaratado el pan sin gluten: el IVA pasó del 10% al 4%, equiparándolo al pan convencional. Pero el informe de FACE constata que la reducción apenas se ha trasladado al precio final. La causa es técnica y administrativa: el pan sin gluten no está incluido en la definición legal de 'pan común' que recoge la Norma de Calidad del Pan del Ministerio de Agricultura.

Al no estar reconocido como tal, los fabricantes enfrentan inseguridad jurídica a la hora de aplicar la bonificación, lo que impide que llegue de forma estructural al consumidor. El informe concluye que la falta de coordinación entre los Ministerios de Hacienda y Agricultura genera ineficiencias y riesgos legales para la industria que acaban encareciendo el producto para el consumidor, y que las rebajas fiscales temporales son insuficientes si no existe una armonización normativa que reconozca el pan sin gluten como un bien de primera necesidad.

El boom del negocio 'gluten free'

El mercado sin gluten lleva años creciendo en España. Supermercados como Mercadona, Carrefour o Lidl han ampliado referencias. Cadenas de restauración como Goiko, Grosso Napoletano, Ginos o La Tagliatella han incorporado opciones adaptadas o incluso abierto locales a parte para asegurar un especio libre de contaminación.

Aún así, desde el sector apuntan que el perfil del consumidor ha cambiado: ya no son solo se dirigen a personas diagnosticadas. Muchos compran sin gluten por bienestar, digestión o percepción de salud. Por ejemplo, la empresa Herbolario Navarro, cadena de alimentación ecológica, ha incrementado un 28% las ventas de productos sin gluten en el primer trimestre de 2026 respecto al año anterior. Pese a todo, sin un problema detrás y un verdadero diagnóstico, hay pocas o ninguna razón que justifique que deba seguirse una dieta sin gluten, apuntan los dietistas.

Su IV Barómetro, elaborado a partir de más de 400 encuestas, revela que tres de cada cuatro consumidores compran este tipo de productos de forma habitual. De ellos, solo el 28% tiene diagnóstico de celiaquía; el 38% declara tener sensibilidad o intolerancia al gluten, y un 17% sospecha que el gluten le perjudica aunque no tiene diagnóstico.

Esa expansión ha tenido un doble efecto para los expertos. Por un lado, ha aumentado la competencia y la oferta. Por otro, ha contribuido a banalizar la enfermedad. “A veces se trata como una moda y para un celíaco no es una elección”, explica Espina. “No hay excepciones ni atajos. La persona diagnosticada tiene que hacer una dieta estricta de por vida”.

La Asociación de Celíacos de Madrid realiza cada año catas ciegas comprando productos en restaurantes que ofrecen opciones sin gluten para analizarlos. “El año pasado compramos alrededor de 100 productos”, explican. “No encontramos trazas en ninguno. Los restaurantes, en general, lo hacen bien. El problema suele ser el error humano puntual, no los procedimientos”.

El Congreso aprobó ayudas… Pero siguen paralizadas

España sigue lejos de otros países europeos como Italia, Portugal, Bélgica o Francia, donde existen ayudas directas o deducciones fiscales para compensar parte del sobrecoste alimentario. La presión de asociaciones y consumidores llevó al Congreso a aprobar en octubre de 2025 una Proposición de Ley para crear un Registro Estatal de Pacientes con Enfermedad Celíaca y establecer ayudas económicas de hasta 600 euros anuales vía IRPF. La iniciativa salió adelante con el apoyo del 97% de la cámara, apenas seis abstenciones.

Casi un año después, la ley sigue bloqueada. “La proposición se aprobó y desde entonces prácticamente no se ha movido”, critica el vicepresidente de la FACE y presidente de la Asociación de Celiácos de la Rioja (ACERI) Álvaro Manzanos. Su propio Informe de Precios reconoce que no ha podido computar ningún beneficio derivado de esta deducción, citando expresamente “la actual falta de implementación y la inexistencia de una fecha de entrada en vigor definitiva”. También apunta que persiste “una notable incertidumbre sobre los requisitos técnicos y los criterios de acceso”.

Su vicepresidente señala una barrera para la gente más necesitada en el diseño de la medida. Al canalizarse como impuesto negativo en la declaración de la renta, excluye de facto a quienes no estén obligados a declarar, como jóvenes estudiantes o personas de bajos ingresos, que son precisamente quienes más dificultades tienen para asumir el sobrecoste.

España es uno de los países europeos con mayor integración del' sin gluten' en restauración y mayor conocimiento social de la enfermedad, pero también uno de los pocos que no ofrece ayudas estatales relevantes. “Los políticos nos escuchan, pero no nos atienden”, resume el director de la asociación madrileña de celíacos.

Ante la parálisis legislativa, FACE ha dado un paso más: ha solicitado al Tribunal Supremo que intervenga para garantizar los derechos del colectivo celíaco ante lo que la federación califica de “discriminación económica que afecta directamente al derecho a la salud”.