El PP se enreda con la acogida de los niños y adolescentes que permanecen solos en Ceuta desde el pasado jueves. Después de dejar caer que se opondrían, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha matizado que sus comunidades “siempre van a cumplir la ley”: “El Gobierno, en el reparto anterior, excluyó por razones políticas a Catalunya y a País Vasco. El reparto, en caso de producirse, deberá ser justo, planificado y con el Gobierno asumiendo la responsabilidad de sus propios actos”, ha afirmado Ezcurra en una entrevista en Onda Cero.

Pese a lo señalado por Ezcurra, varios ejecutivos autonómicos en los que gobiernan en coalición con Vox han salido ya a anunciar su rechazo, como Aragón y Castilla y León. Desde el Ministerio de Juventud e Infancia aseguran que las comunidades no pueden negarse a acoger a una parte de los menores tras la última reforma de la Ley de Extranjería y manifiestan su tranquilidad.

La dirigente del PP se distancia así de las palabras del secretario general del partido, Miguel Tellado, que este martes dejaba caer su negativa y mezclaba los menores y los adultos: “El Gobierno es responsable de que, por donde han entrado, que vuelvan a salir”. Ezcurra ha priorizado, en cualquier caso, otros mecanismos que prevé la ley como “la reagrupación familiar o entregarlos a los servicios sociales de su país de origen”.

También se ha diferenciado de Tellado al distinguir el caso de los menores y no mezclarlo con la situación de los adultos: “Los mayores de edad tienen que salir y con los menores se tiene que decidir el recurso que más adecuado es para su situación”. “La filiación de estas personas es importantísima para la seguridad de estos menores cuya integridad también hay que proteger. Es fundamental para proteger a los menores que han llegado y a los que ya están en los centros”, ha añadido, a la par que ha criticado que se hable ya de la acogida cuando no se sabe la cifra total de niños y adolescentes que hay.

Los cuatro pactos de coalición autonómicos rubricados por PP y Vox recogen de forma expresa el compromiso a oponerse “por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales”. El párrafo es el mismo en los cuatro documentos. Está encabezado por la frase “No más menores extranjeros no acompañados (MENAS)” y luego incorpora lo siguiente: “Rechazo frontal a la política inmigratoria del Gobierno central y a la llegada de más inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad. El Gobierno [de cada comunidad] rechazará de forma expresa la política inmigratoria del Gobierno de Pedro Sánchez y se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”.

Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia han asegurado a elDiario.es que, tras la reforma de la Ley de Extranjería aprobada el año pasado —después de muchos meses de bloqueo y con el voto en contra de PP y Vox—, las comunidades gobernadas por la derecha no tienen la capacidad de negarse a acoger a los niños y adolescentes que les correspondan para aliviar la situación de Ceuta. Las autonomías sí pueden recurrir cada expediente, pero estas fuentes confían en que dichos recursos tan solo retrasen los traslados unos pocos días.

Las ONG exigen garantías contra la devolución de menores

“Los niños y niñas no acompañados en Ceuta no deberían afrontar un futuro incierto. La máxima prioridad en estos momentos es conseguir que estén en un lugar seguro y acompañados de personal formado para su atención y acogida”, dice a elDiario.es José María Vera, Director Ejecutivo de Unicef España. Al estar el sistema de protección saturado, prosigue Vera, se deberían activar de forma inmediata “los mecanismos de traslados contemplados en la Ley de Extranjería, para derivarlos a centros según sus necesidades y que garanticen una acogida de calidad y servicios esenciales”. “Como principio básico, se debe asumir la presunción de minoridad de ese niño y niña, evitando que menores solos estén en centros con adultos”, indica Vera.

Paralelamente, el responsable de Unicef España recuerda que se debe realizar un diagnóstico de “vulnerabilidades y de interés superior del menor de forma individualizada, con el objetivo de detectar cualquier situación de desprotección, como por ejemplo la trata de personas, identificar si los menores tienen alguna discapacidad, si son posibles demandantes de asilo y protección internacional, o si cuentan con referentes adultos cercanos a los que se pueda contactar”. “Y a lo largo de todo el proceso es muy importante escucharlos, conocer sus necesidades y expectativas”, apostilla.

ONG especializadas están manifestando su preocupación por los operativos de traslado de personas hacia la frontera con Marruecos para su retorno, incluyendo el uso de camiones. “En algunas de ellas pueden apreciarse personas de apariencia muy joven y, según testimonios e informaciones recabados sobre el terreno, habría indicios de presencia de niños, niñas y adolescentes”, alerta Save the Children, que señala que ha recibido información sobre casos particulares de menores que “habrían sido acompañados hasta la frontera”. La Cadena Ser informó este lunes de que un niño migrante de 12 años estuvo a punto de ser llevado a la frontera, pero la intervención de varios periodistas y un mando de la Legión impidió que fuera devuelto. Según el mismo medio, el menor caminaba desde la ciudad de Ceuta hacia la frontera “obligado por un legionario”, entre lágrimas y repitiendo la frase: “No, Marruecos, no. No, Marruecos, no”.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha dejado caer este martes el rechazo de su partido a la acogida en las comunidades donde gobiernan de los menores de edad que entraron en Ceuta desde Marruecos y que se encuentran solos en la ciudad autonóma. Preguntado por los periodistas de forma explícita por la atención de los niños y adolescentes, Tellado ha evitado responder y ha afirmado que la situación en Ceuta “no es una crisis migratoria, es una crisis de seguridad nacional”. “Lo que debe hacer [el Gobierno] es que aquellos inmigrantes que entraron de forma ilegal en la ciudad autónoma vuelvan por donde han venido y salgan por ese paso fronterizo que España y Marruecos han habilitado para que abandonen la ciudad”.

“Esto no tiene nada que ver con situaciones anteriores”, ha defendido Tellado. “El Gobierno de España, a través del Ministerio del Interior y también el de Defensa, tiene que garantizar la seguridad de la ciudad autónoma de Ceuta”, ha añadido. Aunque se le ha cuestionado por el caso concreto del traslado solidario de los menores, el dirigente popular ha respondido por la totalidad de las personas llegadas a la ciudad autónoma: “Esto no tiene nada que ver con una crisis migratoria. Ha entrado una avalancha de casi 80.000 personas a la ciudad autónoma, y el Gobierno es responsable de que, por donde han entrado, que vuelvan a salir”, ha dicho el secretario general del PP a los medios de comunicación.

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial de la formación, Alma Ezcurra, ha asegurado en una entrevista en La Sexta que van a “cumplir la ley” y “estar de lado de los ceutíes” pero que las comunidades autónomas del PP no van a asumir “las consecuencias de la irresponsabilidad del Gobierno”. Cuestionada por qué significa en ese caso cumplir la ley, que recoge un traslado solidario y obligatorio, ha respondido que es un “sistema nacional” y que es el Ejecutivo el que debe “hacerse cargo”.

A la vez que la comparecencia de Tellado se ha producido el anuncio por parte del Gobierno de la habilitación de una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a “la atención de los menores” que se encuentran en la ciudad autónoma. La portavoz del Ejecutivo y ministra de Seguridad Social y Migraciones ha apelado precisamente a la “responsabilidad” de las comunidades, la mayoría gobernadas por el PP y cuatro de ellas en coalición con la extrema derecha de Vox.

En marzo de 2025, el Consejo de Ministros aprobó la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que permitía la creación del sistema obligatorio de reparto de menores migrantes de aquellos territorios declarados en “contingencia migratoria”. Tras su aprobación, los primeros traslados se llevaron a cabo en septiembre de 2025. Casi un año después, el Gobierno ha tramitado 2.000 expedientes de niños y niñas desde Canarias, Ceuta y Melilla, según los datos proporcionados por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

El secretario general del PP ha aprovechado también su declaración ante los medios para exigir los ceses del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, por “no haber actuado” y porque “ninguno de los dos ha estado a la altura de las circunstancias”, cuando —dice Tellado— “tenían información” de lo que podía ocurrir en la ciudad autónoma. Ambos departamentos han protagonizado un choque en las últimas horas por el reparto de responsabilidades en la falta de anticipación a los movimientos que se produjeron en Marruecos los días previos a que cruzaran la frontera ceutí 60.000 personas

El presidente de Reformismo21, Pablo Vázquez, ha fallecido a los 60 años, según ha comunicado Alberto Núñez Feijóo a través de su perfil de X. Reformismo21 es una fundación vinculada al PP, que hasta 2023 recibió el nombre de Concordia y Libertad, partido al que está adscrita mediante un convenio.

Feijóo ha lamentado el fallecimiento del que ha sido presidente de la fundación hasta hoy en sus redes sociales: “Siento mucho tener que comunicar que ha fallecido Pablo Vázquez, presidente de Reformismo21”. “Era el corazón de la Fundación que con tantas ganas construimos y un hombre muy inteligente, enormemente trabajador y siempre bondadoso”, ha añadido el líder del PP.

La organización nació para dar “valor añadido a la política en general y al PP en particular”, y cuenta entre sus integrantes con los exministros Fátima Báñez, Ramón Escolano y Josep Piqué, así como con el entrenador Toni Nadal, actual director técnico deportivo de la 'Rafa Nadal Academy', entre otros. Pablo Vázquez impulsó Reformismo21 junto a Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular.

Por su parte, Pablo Vázquez había sido presidente de Renfe entre octubre de 2014 y diciembre de 2016, y presidente de INECO —empresa del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible— entre febrero de 2012 y octubre de 2014. Fue director gerente de Madrid Futuro, director ejecutivo de FEDEA y subsecretario de Sanidad, según informan en su propia página web. Vázquez estudió Derecho y era doctor en Economía por la Universidad Complutense. También estudió un postgrado en la Universidad de California en Berkeley. Como docente, impartió clases en la Universidad de Cantabria, CUNEF y en la Universidad Complutense de Madrid.

Luis Garicano, que fue eurodiputado con Ciudadanos entre julio de 2019 y septiembre de 2022, también ha lamentado la muerte de Vázquez en su perfil de X: “Estoy absolutamente destrozado por el fallecimiento de mi querido y admirado amigo Pablo Vázquez, director de Reformismo XXI”.

Garicano, economista que fue vicepresidente de Renovar Europa y del partido político europeo Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa, ha añadido en su mensaje en redes sociales que “Pablo era brillante y encantador, pero, sobre todo, absolutamente íntegro. Una persona buena de verdad. Estaba firmemente comprometido con hacer de España un país mejor, incluso cuando ese compromiso le suponía un importante coste personal”.

“Pablo tenía toda la vida por delante. Era una persona buena, íntegra y trabajadora. Tenía una mujer maravillosa y unos niños estupendos, todavía en edad escolar. Ha muerto una persona buena. Con la mayor tristeza posible, descansa en paz, queridísimo amigo”, se ha despedido Garicano en el extenso mensaje en `X´.

El Gobierno ha salvado el escudo anticrisis por la guerra en Irán, que prorroga las rebajas fiscales a los carburantes y despliega ayudas a los sectores más afectados como el campo o los transportistas, atando los votos de sus socios habituales y consigue un importante balón de óxigeno en el último Pleno del curso. Todo ello pese a la derrota prevista en los objetivos de estabilidad, el primer paso para los Presupuestos de 2027.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha encargado de defender el Real Decreto-Ley aprobado a finales de junio, cuando el conflicto parecía encarrilado hacia el fin de las hostilidades, y que incluía la desaparición progresiva de los alivios a los hogares en los carburantes. El 'número dos' del Ejecutivo ha reconocido la “volatilidad aumentada” del conflicto y ha puesto en valor el diseño “prudente” de las medidas, que incluye una cláusula de reactivación de las rebajas fiscales para una potencial –como así ha sucedido– reactivación de la guerra.

“La reactivación de los ataques en los últimos días nos recuerda que, pese a los grandes avances, nuestra dependencia energética exterior sigue teniendo costes elevados, sobre todo fuera del ámbito eléctrico”, ha señalado el ministro. Pero el Gobierno considera que las medidas están funcionando para “hacer frente a las consecuencias más inmediatas” de la guerra en los hogares y empresas y que, a pesar de que se subieron los tipos del IVA para articular el alivio fiscal a través del Impuesto especial sobre hidrocarburos, las rebajas siguen llegando.

El Real Decreto ha sido aprobado por 175 votos a favor, con la abstención del PP.

Los socios advierten que no es un “cheque en blanco”

El Ejecutivo ha ahormado una mayoría a su izquierda y a su derecha, con el apoyo muy crítico de partidos como Podemos o Unión del Pueblo Navarro (UPN). Así, el diputado morado Javier Sánchez Serna ha asegurado que no bloquearán la convalidación del decreto, pero ha sido muy crítico con las rebajas fiscales aprobadas. Ha insistido en que las petroleras “no necesitan más regalos” tras conocer los resultados de Repsol, conocidos este mismo jueves, que ha cuatriplicado sus beneficios por las subidas de los carburantes. “¿Son políticas de un Gobierno progresista o de izquierdas? Nosotros creemos que no”, ha subrayado.

Junts ha confirmado su apoyo al decreto aunque lo ha tachado de “insuficiente” y con “agravios”, al expirar la rebaja del IVA en la electricidad. “¿Saben cuánta gente tendrá un problema cuando abra la factura? Precisamente en uno de los momentos de máximo consumo eléctrico del año, y en medio de las olas de calor, ustedes suben el IVA del 10 al 21%, provocando sobrecoste en los ciudadanos”, ha dicho el neoconvergente Josep Maria Cruset.

ERC también ha avanzado su voto a favor, pero remarcando que no es un “cheque en blanco”, sino un “sí exigente”. “Vemos bien que protejan a consumidores vulnerables y que refuercen las medidas en renovables y energéticas. (...) Pero eliminar un impuesto no es suficiente si no aumentan luego otros”, ha aseverado la republicana Teresa Jordà.

Críticas incluso desde el socio de coalición del PSOE, Sumar, cuya diputada, Aina Vidal, ha criticado a Cuerpo que aún no se haya aprobado la reforma del registro horario impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz. “Cuando uno trabaja y no se le paga, es un robo, a la Seguridad Social y al trabajador”, ha dicho, reclamando al Gobierno ir más allá de resistir.

“¿Por qué no tributar las rentas per cápita, o que las familias tengan que pelear para que los niños enfermos puedan compatibilizar asistir de vez en cuando a clase? ¿Por qué no asumir que esta administración tiene unas deudas con el ingreso mínimo vital y fue un error de la administración? ¿Por qué no asegurar que el crecimiento llegue a las familias y trabajadores?”, se ha preguntado.

Por su parte, el PP, que no ha anunciado si votará a favor o en contra, ha acusado al Gobierno de subir los impuestos a las familias, ya que se sustituyen las rebajas en el IVA por alivios a través del tributo de hidrocarburos: “Ante una crisis energética no pueden ustedes subir los impuestos”, ha dicho el diputado popular Jaime de Olano.

Olano ha lanzado un duro mensaje al Ejecutivo, a quien ha acusado de ser “más corruptos que pésimos gestores” y de no hacer “políticas sociales”, sino “políticas socialistas donde la gente sufre y algún socialista se forra”.

Las medidas estarán en vigor hasta octubre

El decreto debatido este jueves articula una rebaja en el impuesto especial de hidrocarburos que desaparecerá de manera progresiva hasta octubre. Los cálculos del Gobierno pasan por que esta rebaja será de 20 céntimos por litro en julio; en agosto, de 15 céntimos por litro; en septiembre, de 10 céntimos; y en octubre se recortará hasta los 5 céntimos.

Además, el Gobierno incluyó una cláusula automática de reactivación de la rebaja, por la que se elevará hasta los 20 céntimos/litro si la inflación de los carburantes supera el 15%. También se aplicará a los precios de la electricidad y del gas natural, activándose en el caso de que se disparen en ese mismo porcentaje.

El Real Decreto-Ley también suprime progresivamente el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), más conocido como impuesto del 7% a la generación, sobre el que ya actuó en el primer paquete normativo para paliar el impacto de la guerra en Oriente Medio. Así, el tributo se reduce un 30% durante el tercer trimestre de 2026, un 40% durante el cuarto trimestre, un 50% durante todo 2027 –situándose en el tipo de gravamen en el 3,5%– y desaparece totalmente en 2028.

Asimismo, el Real Decreto-Ley incluye la prórroga en la prohibición del despido por razones vinculadas al conflicto en Oriente Medio, así como ayudas condicionadas a planes de movilidad sostenible para trabajadores.

El Partido Popular ha solicitado la anulación de la instrucción que ha permitido conceder la nacionalidad española a descendientes de españoles exiliados, una medida conocida como ley de nietos. Alma Ezcurra, eurodiputada y vicesecretaria de Coordinación Social del PP, ha insistido esta mañana en rueda de prensa en que existen dudas sobre “las garantías del proceso de nacionalidades” y exige al gobierno de Pedro Sánchez que suspenda las inscripciones para conseguir este derecho hasta que “se aclaren estos criterios homogéneos que se han pedido”.

Ezcurra sostiene que el PP duda sobre estas garantías, tanto sobre el procedimiento para conseguir la nacionalidad como del “voto exterior” al que asocian esta medida. Por su parte, ha explicado que el Partido Popular intentará “incluir mayores garantías” en su tramitación. Además, el PP reclama “la nulidad de oficio de una instrucción, que es nula de pleno derecho” y esperan que “el Gobierno haga transparentes todos los datos de las nacionalidades que han sido concedidas.

Aunque la 'ley de nietos' incluida en la ley de Memoria Democrática lleva en vigor desde hace cuatro años y cuando se aprobó en el Congreso y en el Senado las distintas direcciones de los populares no mostraron un ápice de crítica a este aspecto, ahora Génova 13 quiere cercenar otro derecho: el que recoge la ley para dar la nacionalidad a los descendientes de los represaliados por el franquismo que tuvieron que marcharse al exilio. Sin ninguna prueba, a principios de este mes el PP empezó a hablar de un complot organizado por el Gobierno para amañar las próximas elecciones generales a través de esta 'ley de nietos' y Feijóo llegó a acusar al Ejecutivo de “fabricar votantes”.

En su disposición adicional octava la ley de memoria permitió que, entre octubre de 2022 y octubre de 2025, se pueda solicitar la nacionalidad española a “los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado” al pasaporte español. A fecha de 30 de abril de 2026, las solicitudes de nacionalización ascendían a 2.622.450, según una respuesta parlamentaria del Ministerio de la Presidencia y Justicia al PP. En esa misma fecha, el número de peticiones aprobadas ascendía a 557.709, según el mismo documento.

Una vez aprobada la Ley de Memoria Democrática, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública aprobó una instrucción en octubre de 2022 para desarrollar la disposición adicional octava y detallar la fórmula para que los descendientes de exiliados por el franquismo solicitaran la nacionalidad y los criterios para su concesión. Y precisamente ha sido esta instrucción en la que el PP ha centrado sus críticas, ya que los populares aseguran que ha servido para ampliar el derecho a solicitar la nacionalidad a todos los descendientes de españoles, se exiliaran sus antepasados por la represión franquista o no.

La realidad es que la instrucción que critican los populares sí hace una interpretación extensiva de la posibilidad de optar a la nacionalidad española, pero la sustenta con una explicación jurídica y no de carácter político. Según recoge ese texto, la Ley de Memoria Democrática de 2022 profundiza expresamente en el camino abierto en la primera Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Dicha norma ya permitía optar a la nacionalidad a “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español” —sin mencionar el exilio— y “a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

Más de tres años después de su aprobación

La instrucción considera que, si se entiende que la ley de 2022 tiene “por objeto ampliar los supuestos de opción” a optar a la nacionalidad española, “parece lógico entender que el legislador no ha querido excluir del ámbito de aplicación de esta ley” a quienes ya se les reconocía ese derecho en 2007, es decir, a todos los hijos de padre o madre español, y no solo a aquellos cuyo antepasado se hubiera exiliado. “De modo que, tanto los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles” no exiliados “como los nacidos fuera de España de padres o abuelos que por el exilio perdieron la nacionalidad española o renunciaron a ella” podrán optar a la nacionalidad, estableció el texto.

Esa es la interpretación que no comparte el PP, que no ha sido consciente de la profundidad de la llamada 'ley de nietos' hasta este mismo 2026, más de tres años después de su aprobación y cuando el plazo para pedir la nacionalización expiró hace meses.

La ultraderechista Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica presentó un recurso contencioso-administrativo contra la instrucción pidiendo su suspensión cautelar en diciembre de 2022. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid denegó la solicitud. Después se presentó una querella por prevaricación contra la autora de la instrucción, Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Pero fue archivada.

Vito Quiles acumula problemas con la Justicia. En el último mes, un juzgado dictó una orden de detención —ya levantada— contra él, algo que comunicó el propio Quiles a través de sus redes sociales. La Policía intentó localizarle en su lugar de trabajo, sin resultado, para ejecutar esta orden de detención, después de que no compareciera en una causa en la que se le investiga por un presunto delito contra el honor de un funcionario del Ministerio de Trabajo, del que dijo que era asesor de Yolanda Díaz y había salido de prisión gracias a ella. Finalmente, dos días después, la defensa del agitador ultra mandó un escrito de la defensa para informar de su intención de personarse en la causa y la magistrada le citó para el 20 de julio.

Esta no es la primera ocasión en la que la justicia intenta localizar a Quiles para notificarle la apertura de una causa. El año pasado, los funcionarios de un juzgado acudieron a la sede del pseudomedio para el que trabaja Quiles (EDATV) para entregarle la documentación de un caso abierto sobre él. En ese momento, los compañeros del medio donde presta sus servicios Vito Quiles le llamaron por teléfono: “Es contactado telefónicamente por sus compañeros y les manifiesta reiteradamente que no reciban documentación”.

Quiles ha estado involucrado en distintas causas que se le atribuyen por distintas razones, tanto penales como civiles, y el Congreso de los Diputados le ha suspendido su acreditación de prensa después de cometer dos infracciones graves del reglamento. Quiles grabó sin permiso y sin atender a su negativa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y, posteriormente, publicó estas imágenes “obtenidas ilícitamente” en sus redes sociales. El Congreso también justificó su decisión por el aumento de la agresividad que presentaba durante su actividad Quiles en los últimos meses. No obstante, la Policía tuvo que frenar su entrada en el Congreso a principios del mes de junio, después de que intentase acudir a un debate sobre libertad de expresión al que había sido invitado por Vox.

Facua denuncia a Quiles y a EDATV

La organización de consumidores Facua ha señalado a Vito Quiles esta misma semana por “su nuevo pseudomedio a nombre de una sociedad que no existe”. Desde la organización afirman que el negocio de Quiles, su empresa Combativos SL, solicita donaciones a través de su página web para la “producción de contenido libre y becas para jóvenes”, pero ese dinero no llega a una cuenta bancaria asociada al negocio de Quiles, sino a una personal. Además, dentro de la información del negocio que aparece en su página web, se indica que Combativos SL tiene como actividad principal el “comercio electrónico de productos relacionados con deportes de combate y artes marciales”.

Facua añadía que el negocio Combativos.com es propiedad de una empresa que no está dada de alta en el Registro Mercantil, y que en la web omiten el domicilio y el NIF de su propietario, con lo que vulnera “las leyes de servicios digitales y protección de datos”. Por ello, Facua ha denunciado a Quiles ante la Secretaría de Estado de Digitalización del Ministerio para la Transformación Digital y la Agencia Española de Protección de Datos.

Según detalla la organización de consumidores, como no se facilita la identidad real del propietario, su domicilio ni su NIF, creen que Vito Quiles estaría vulnerando el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico y el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Ya fue denunciado por el secretario general de Facua

No es la primera vez que Vito Quiles es señalado desde la organización de consumidores. Dos de las causas que tenía abiertas ante los tribunales surgieron a raíz de denuncias y querellas de Rubén Sánchez, el secretario general de Facua. Sánchez pedía nueve años de cárcel para el agitador de extrema derecha “por tres delitos continuados de calumnias con agravantes de odio ideológico”.

Rubén Sánchez acusó a Vito Quiles de difundir una lista de bulos sobre él “con conocimiento de su falsedad y temerario desprecio hacia la verdad”. Las acusaciones van desde ser un pederasta, encubrir abusos a menores, extorsionar, amenazar de muerte y defraudar subvenciones hasta desfalcar a Hacienda. Rubén Sánchez, además, mantiene también una causa contra Vito Quiles por la vía civil del derecho al honor.

Desde la defensa de Sánchez creen que estas calumnias “fueron cometidas en concurso con dos delitos de injurias con publicidad”. Por cada uno de estos delitos, piden 12.000 euros de multa, a razón de 20 euros diarios durante 20 meses. El abogado del secretario de la organización de consumidores, Francisco Tejado, solicitó también que Vito Quiles “sea inhabilitado para desarrollar cualquier actividad vinculada al supuesto ejercicio del periodismo durante el mismo periodo que la condena por las calumnias”. El denunciante pedía también una indemnización de 60.000 euros tanto a Vito Quiles como a EDATV, el pseudomedio para el que trabaja.

El abogado de Vito Quiles, Juan Gonzalo Ospina, anunció que recurriría y que intentaría alcanzar un acuerdo para no llegar a juicio. Sin embargo, la defensa del agitador ultra acusó públicamente a Sánchez de “subir el tono y la confrontación”, y Quiles le llamó “extorsionador”, “sinvergüenza” y “delincuente” en su cuenta de X. “Te prometo que haré todo lo posible para que acabes en la cárcel por dirigir un grupo de acoso en las redes sociales”, escribió Quiles.

Denuncia de la presidenta de Red Eléctrica

Otra causa abierta del agitador es la imputación que se conoció el pasado mes de febrero por difundir la dirección de la casa de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor. La justicia investiga a Vito Quiles por revelación de secretos y acoso a Corredor, después de publicar en sus redes sociales la ubicación de su domicilio y fotografías del mismo. Eso provocó que la presidenta de Red Eléctrica recibiera amenazas de usuarios de las redes sociales que llamaban a “quemarle la casa”, lo que le obligó a reforzar su seguridad y limitar sus salidas. Desde la defensa de Quiles consideraron que los hechos no tenían “relevancia penal” y reclamaron el archivo de las diligencias.

Una jueza citó a declarar a Vito Quiles al asumir esta causa, pero el agitador ultra no compareció a la primera citación y el juzgado intentó citarlo en varios domicilios, incluida la sede de Se Acabó La Fiesta. Al no localizarle, la jueza dictó un auto de búsqueda y citación, hasta que el juzgado logró contactar telefónicamente con su madre y fue citado a comparecer para recoger la citación “bajo apercibimiento de detención”.

Acusado de delitos de odio contra una mujer con discapacidad intelectual

El pasado mes de abril, la Fiscalía pidió a Vito Quiles dos años de prisión por delitos de odio y contra la integridad moral después de denigrar en una entrevista a pie de calle a una persona con una discapacidad intelectual del 75% durante unas protestas en Génova en 2024, frente a la sede del PP, “guiado por el ánimo de denigrar” a la mujer “por razón de su discapacidad y por las ideas políticas que le atribuía”.

La organización feminista Libres y Combativas fue la que impulsó la denuncia contra Vito Quiles, además de contra Javier Negre, director del medio para el que presta sus servicios. Las imágenes se difundieron en el propio canal de EDATV y en redes sociales. La asociación considera que fue “un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución en su modalidad de Lesión de la dignidad de las personas previsto y penado en el artículo 510.2.a) y 3 del Código Penal”, y que la situación de la mujer podía “ser advertida por cualquier persona que converse brevemente con ella”.

Imputado por estafa a Renfe

El pasado mes de mayo, Vito Quiles también fue denunciado por un presunto delito de estafa por viajar “de forma habitual y recurrente” a Madrid con un billete con destino a Albacete, a medio camino, para ahorrarse el precio completo del trayecto.

En la denuncia interpuesta por Renfe también le acusaban de utilizar “servicios exclusivos de clases superiores (denominadas confort) a los que obviamente tampoco tenía derecho, ocasionando con ello un directo perjuicio económico a la empresa por falta de abono de dichos costes”, y de mofarse de sus actitudes, además de animar a terceros a realizar las mismas estafas.

Causas archivadas por denuncias de Begoña Gómez y Sarah Santaolalla

Vito Quiles también ha sido denunciado por acoso en varias ocasiones por la periodista Sarah Santaolalla y la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Gómez denunció al agitador ultra por perseguirla a la salida de un bar en Las Rozas. El pasado mes de mayo, un juzgado archivó la causa dado que no se podían acreditar “hechos que posean relevancia penal” a la vista de las grabaciones disponibles.

“Podemos observar cómo efectivamente el denunciado se introduce dentro de un local público, con la clara intención de dirigirse a la denunciante, dirigiendo multitud de cuestiones sin esperar respuestas, pero la denunciante abandona el local de inmediato, y es doña Blanca María quien aparta al denunciado”, señalaba el auto.

Por su parte, la periodista Sarah Santaolalla denunció a Vito Quiles por una supuesta agresión física ocurrida en las inmediaciones del Senado el pasado mes de marzo. Tras analizar las pruebas presentadas, incluidas las grabaciones completas de las cámaras de seguridad, la jueza titular de dicho juzgado concluyó que no se apreciaba “agresión alguna por parte del investigado” y archivó el caso.

Denunciado por un funcionario del Ministerio de Trabajo

De la causa por la que fueron a buscarle en esta última ocasión se conoce que el querellante, un funcionario del Ministerio de Trabajo, denunció que Vito Quiles había difundido en redes sociales falsamente que salió “de la cárcel” gracias a la ministra y vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. El funcionario, que aseguró que trabajaba desde hace 41 años bajo gobiernos tanto del Partido Popular como del PSOE, razonó que este “bulo” dañaba “gravemente” su reputación personal y profesional en “una trayectoria intachable”, y tachó la información publicada por Quiles como “absolutamente falsa”. En esta información, el agitador le imputaba una serie de delitos por los que “habría entrado en prisión” y posteriormente habría sido puesto en libertad por la entonces vicepresidenta del Gobierno, que “lo encubrió y contrató” en el Ministerio.

Además, Vito Quiles difundió una fotografía del querellante y su nombre completo, lo que, según el funcionario, “incrementó exponencialmente el daño causado” al provocar “una persecución pública” después de recibir “insultos, vejaciones y amenazas” en redes sociales: “Cada visualización reproduce la lesión al honor de mi mandante, con riesgo cierto de nuevas difusiones, reproducciones o republicaciones”. Desde la defensa del funcionario del Ministerio de Trabajo, sostienen que Quiles ha cometido un delito continuado de calumnias al haber difundido públicamente “expresiones gravemente atentatorias contra la dignidad y reputación” del querellante, y le reclaman 50.000 euros.

Once semanas han pasado desde que las educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid comenzaron su huelga indefinida. El pasado 7 de abril las profesionales de las escuelas infantiles se reunieron por primera vez ante el Ministerio de Educación para exigir a las instituciones unas mejores condiciones laborales después de mucho tiempo viviendo jornadas imposibles. Las educadoras llevan desde entonces trabajando con servicios mínimos en las escuelas, mientras desde la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) organizan movilizaciones cada semana.

Un mes después de que comenzara la huelga indefinida en Madrid, las educadoras de todo el país se sumaron a las movilizaciones de las madrileñas, y comenzó una huelga general en el sector de 0 a 3 años en toda España. El pasado 6 de mayo, la PLEI, de la mano del sindicato CGT y con el apoyo de CCOO, dieron el gran salto a las movilizaciones a nivel estatal, donde exigían, principalmente, una bajada de las ratios de niños y niñas por aula, subida de los salarios (que rozan el SMI) y la implementación de la pareja educativa en las jornadas laborales. Dos semanas después, el 23 de mayo, educadoras de todo el país se reunieron para su primera manifestación conjunta en Madrid, a la que acudieron unas 15.000 personas. Una activista catalana recordaba que “es muy importante la unión en la lucha. Desde cada territorio, luchamos por lo mismo, la dignificación de la educación infantil”.

Las profesionales del 0-3 recuerdan que su trabajo no es cuidar, es educar, e insisten en que se debe reconocer un trabajo que creen que está infravalorado. La PLEI sostiene que su sector necesita “ratios europeas, reconocimiento profesional, salarios dignos, más recursos y personal especializado, la elaboración de un calendario escolar como tienen otras etapas educativas y, en general, un ciclo infantil universal, público, gratuito y de calidad”.

Las educadoras exigían el cese de las prórrogas de los contratos

Las educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid denuncian la pasividad de las instituciones, especialmente desde la autonomía que preside Isabel Díaz Ayuso y desde su Consejería de Educación, encabezada por Mercedes Zarzalejo, que no ofrecen soluciones a sus quejas. Las profesionales de las escuelas infantiles se han reunido en numerosas ocasiones frente a la Consejería para recordarle a Zarzalejo la situación en la que trabajan a diario las educadoras y lo que necesitan que se implemente para poder volver a las aulas. Desde la PLEI han exigido en más de una ocasión reunirse con la consejera de Educación, además de con el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. 

Las escuelas, en un primer momento, consiguieron reunirse con José Fernández Sánchez, delegado del Área de Gobierno de la Comunidad de Madrid, para solicitar el cese de las prórrogas de los contratos que gestionan las escuelas infantiles de la capital. El Gobierno de Ayuso justificó que estas prórrogas son “la continuidad de los proyectos educativos”, algo que para las educadoras es “bastante incoherente”, puesto que “instaurar un proyecto pedagógico en un centro educativo y evaluar su funcionamiento cada 3 o 5 años para, a continuación, volver a realizar una licitación y cambiar de empresa gestora de las escuelas, así como el proyecto educativo de la misma, carece del propio sentido que ustedes [la Comunidad de Madrid] argumentan para la continuidad del contrato en prórroga”.

Desde la Plataforma denunciaban que la consolidación de un proyecto educativo requiere “de una municipalización del servicio y de un acompañamiento pedagógico, que, con el presupuesto invertido para este primer ciclo de educación infantil, es imposible llevar a cabo”.

Las educadoras critican que el número de prórrogas de contratos de escuelas infantiles municipales que no habían sido formalizadas era indeterminado, pese a que el delegado del Área de Gobierno insistió en la reunión que mantuvieron el pasado 21 de abril en que “ya estaban todas formalizadas y tenían por tanto carácter irrevocable”. “Cosa que no es cierta”, replicaron las educadoras. Según la Plataforma, José Fernández Sánchez insistió en la “imposibilidad” de la paralización de estos contratos, y sostenían que la reunión “no fue satisfactoria, no se expuso ninguna posible solución a este conflicto justificando que el Ayuntamiento no tiene ningún tipo de relación laboral con las trabajadoras”.

Coaccionadas por las empresas al filtrar el Ayuntamiento sus datos

Las profesionales del 0-3 presentaron un recurso administrativo en contra de las prórrogas de los contratos de las empresas que gestionan las escuelas infantiles. Según las educadoras, el alcalde madrileño había aprobado las prórrogas de cerca de 40 contratos, “que condenaban a la precariedad más absoluta a los cientos de trabajadoras” del municipio de Madrid. “Las trabajadoras infantiles de las escuelas municipales deberían cobrar desde septiembre 1518 euros al mes, en vez del salario mínimo interprofesional (SMI). Almeida solo tenía que sacar pliegos nuevos, posteriores a junio de 2025, para que esa mejora salarial se hiciera efectiva”, denuncian las educadoras.

La presentación de este recurso supuso un episodio peor para algunas educadoras. Varias de las firmantes reconocían haber recibido coacciones por parte de las empresas encargadas de gestionar las escuelas infantiles en las que trabajan. Las educadoras denunciaron que el Ayuntamiento de Madrid había filtrado sus datos personales (nombre, apellidos y DNI) y que, aunque reconocen que las empresas tienen derecho a conocer la presentación de ese recurso, no lo tienen para saber quiénes lo habrían firmado.

Las educadoras exigieron que terminara “esta represión por parte de las empresas gestoras”. Sostenían que denunciar injusticias laborales de manera personal “no debe suponer amenazas, ni presiones” por parte de esas empresas, y explicaban que aplicarían “las medidas oportunas para hacer frente a la represión ejercida a las compañeras por el mero hecho de impugnar unas prórrogas que son una vergüenza”.

La Comunidad de Madrid ha “adelantado y acelerado” la firma de muchos contratos

Desde el sindicato CGT, denunciaban esta semana la publicación de numerosos acuerdos firmados entre la Consejería de Educación y muchos municipios, blindando los acuerdos monetarios del curso anterior. Según CGT, durante los primeros días de la huelga que comenzó el 7 de abril se firmaron muchos convenios “como aperitivo de la firma con todos los municipios de la Comunidad de Madrid que se han publicado durante mayo y junio”.

“En el BOCM se han comenzado a publicar en mayo, pero las firmas de dichas adendas comenzaron en abril pocos días después del inicio de la huelga”, explicaban desde el sindicato, y denuncian que la Comunidad “ha adelantado y acelerado mediante dichas enmiendas la firma durante la huelga indefinida”, mientras que en el curso anterior “se firmaron a finales de junio”.

CGT critica que, entre la Comunidad de Madrid y distintos Ayuntamientos, se han firmado “hasta un total de 87 adendas a fecha 20 de junio, anulando así la capacidad negociadora del comité de huelga con la administración en cuanto a ratios, pareja educativa o mejora de los salarios”. Estos convenios afectan también a los precios-plaza de las escuelas infantiles. Según detallaban, “dichas adendas contemplan el precio plaza niño/a en 1760 euros y la plaza en extensión en 1460 euros. El año 2025 el precio plaza fue de 1669 euros”.

Zarzalejo cedió a implantar la pareja educativa

Las educadoras se reunieron con la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, el pasado 21 de mayo. En esta reunión las profesionales del 0-3 consiguieron un avance en su lucha: la implementación de la pareja educativa en las escuelas de gestión directa e indirecta de la Comunidad de Madrid. Esta medida reduciría el número de niños por educadora en las aulas a partir del próximo curso en todas las escuelas infantiles. Además, la consejera se comprometió a paralizar las prórrogas de los pliegos. Sin embargo, según la Plataforma, insistieron para que Zarzalejo firmara sus compromisos, pero la consejera de Educación afirmaba “que no sabe quién conforma la plataforma, que no tiene capacidad legítima y no tiene claro con quién firmar los acuerdos”.

Zarzalejo en un principio insistió en que la huelga de profesoras surgía de un conflicto entre las trabajadoras y las empresas contratantes. Casi dos meses después, a principios de junio, calificó como “incomprensible” la huelga de las educadoras infantiles, y que únicamente buscaban “desviar la atención de otras cosas muy graves que están sucediendo” en España: “Resulta difícil comprender que organizaciones sindicales firmantes del acuerdo sectorial, actualmente vigente, anuncian ahora movilizaciones, reclamando la inmediata aplicación de medidas cuyo calendario de implantación fue acordado y suscrito por ellas mismas hace un año. Es una contradicción que merece cuando menos una reflexión”.

Rosa Marín, portavoz de la PLEI, consiguió defender la lucha de las educadoras en una Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid el pasado mes de mayo. Además, junto a otras compañeras, acudió a la tribuna de invitados del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, como iniciativa del grupo municipal de Más Madrid, de donde fueron expulsadas el 29 de abril. Miembros de algunos grupos municipales, como Rita Maestre o la concejala socialista María Caso, defendieron la lucha de las educadoras, que reaccionaron ante las palabras de José Sánchez Fernández, el cual definió la gestión de las peticiones de las 0-3 como “muy a lo sanchista”, por lo que fueron expulsadas del Pleno.

Familias y sindicatos apoyan las movilizaciones

Más de dos meses han pasado desde que comenzó la huelga en la capital. Durante este tiempo, las educadoras han conseguido también el apoyo de las familias. “Las familias están a full con nosotras. Al final piensan que nos quedamos con lo más valioso que tienen. La mayoría valoran nuestro trabajo y cuando se enteran de lo que cobramos, flipan”, recordaba Rosa Marín, portavoz de la Plataforma. Además, a finales de mayo, las familias madrileñas se concentraron ante la Consejería de Educación para exigir una reunión con Mercedes Zarzalejo. Las familias reconocían ser “parte de los afectados” por las malas condiciones en las que desarrollan su profesión las educadoras infantiles, e insistían en que los más pequeños “quieren volver a la escuela”. También criticaron la pasividad de las instituciones y pedían que “dejen de echar balones fuera” ante una situación educativa que “es insostenible”.

Las organizaciones sindicales con representación en el sector de Educación 0-3 de la Comunidad de Madrid (USO, CCOO, UGT, FSIE) se unieron también a la lucha de las educadoras infantiles para exigir mejoras en el sector cuando llevaban ocho semanas en huelga. Las educadoras y los sindicatos confesaron que la unión daba “más fuerza” a las movilizaciones.

De cara al próximo curso

“Seguiremos presionando e intentando que se quede resuelto antes de las vacaciones de verano y si no, pues seguiremos en septiembre”, reconocía la portavoz de la PLEI, Rosa Marín, hablando sobre la posibilidad de alargar la huelga durante el próximo curso. “Estamos cansadas porque además hace calor y es complicado, pero ahí seguimos”, sostiene.

Además, con la llegada del verano se han centrado en una nueva lucha: “Realizaremos la misma performance, pero sobre el calor que pasamos en las aulas en el mes de julio, que no entendemos por qué las criaturas tienen que ir a las escuelas”, reconoce Marín. Por ello, han convocado concentraciones en muchas ciudades de todo el país el jueves 18 de junio, para reclamar la reducción de las jornadas educativas durante las temporadas de calor. Las educadoras infantiles denuncian una “discriminación calendaria” que sufren los niños y las niñas de 0 a 3 años, “cuyas jornadas anuales llegan a alcanzar los 215 días frente a los 175 del resto de etapas educativas”.

Las educadoras infantiles madrileñas han denunciado la firma de cerca de 40 prórrogas de los contratos de las empresas que gestionan las escuelas infantiles de la capital. Según explican desde la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), “Almeida comenzó a firmar prórrogas que condenaban a la precariedad más absoluta a los cientos de trabajadoras de la red de escuelas municipales de Madrid”. Además, recuerdan que la existencia de unos nuevos pliegos para el próximo curso, en vez de la continuación de los vigentes hasta este verano, se traducirían en una mejora salarial a partir de septiembre para las educadoras infantiles que, según detalla la PLEI, ascendería a los 1518 euros al mes, en vez del SMI.

Cerca de veinte educadoras, junto a CGT, UGT y CCOO, firmaron el recurso que se presentó contra estas prórrogas. Según sostiene la PLEI, “desde el Ayuntamiento de Madrid no solo no han parado las prórrogas ya aprobadas a la fecha de presentación de los recursos, si no que han aprobado el gasto para otras 20 más”. La presentación de este recurso ha supuesto otra situación preocupante para las educadoras. Según han explicado en un comunicado, varias educadoras que firmaron el recurso “han sido coaccionadas” por las empresas que gestionan las escuelas donde trabajan. “Estas coacciones se han producido porque dichas empresas han tenido acceso a esta información facilitada por las Juntas de Distrito, concretamente, los datos personales de las trabajadoras firmantes”, reconoce la PLEI.

Las educadoras atacan al Ayuntamiento de Madrid por estos hechos: “Podría vulnerar la normativa en materia de protección de datos y los principios de buena fe, seguridad jurídica y tutela efectiva, en su vertiente de garantía de indemnidad”, desarrollan las educadoras. “Además, podría haber incurrido en desviación de poder, ya que estaría utilizando sus potestades -la tramitación de un recurso- para un fin distinto del previsto por el ordenamiento jurídico, facilitando colateralmente herramientas de presión laboral a una empresa privada, con graves consecuencias para los derechos laborales de las trabajadoras”, añaden.

Almeida promete “estudiar lo ocurrido”

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha prometido “estudiar” el reproche de las trabajadoras. “Lo que he pedido es a protección de datos del Ayuntamiento de Madrid, dado lo sensible del tema, que estudie la cuestión y que determine que es exactamente lo que ha pasado”, ha señalado en declaraciones a los medios desde el Palacio de Cibeles, añadiendo que investigarán lo sucedido a través de los “canales internos de protección de datos”. “Cada escuela depende de los distritos y queremos saber cuál ha sido el modo de actuación exacto desde el punto de vista de protección de datos para así ha habido cualquier irregularidad inmediatamente solventarla y en el caso de que no la haya habido que tengamos todos la tranquilidad de que se ha actuado correctamente”, ha concluido Almeida.

Sin embargo, las denunciantes sostienen que los datos personales de las trabajadoras que firmaron el recurso (nombre, apellidos y DNI) “se recaban en el marco de un procedimiento administrativo [un recurso de reposición]. La finalidad de esos datos es tramitar y resolver dicho recurso”. Las educadoras entienden que las empresas que gestionan las escuelas pueden conocer la presentación del recurso, por estar implicadas, “pero siempre protegiendo los datos de las trabajadoras que no son necesarios para el hecho vinculante y deberían haber sido anonimizadas antes de haber sido trasladados”.

Las educadoras describen esta situación como “hechos muy graves”, y exigen que termine “esta represión por parte de las empresas gestoras”. Desde la Plataforma recuerdan que denunciar injusticias laborales de manera personal “no debe suponer amenazas, ni presiones” por parte de esas empresas, y explican que aplicarán “las medidas oportunas para hacer frente a la represión ejercida a las compañeras por el mero hecho de impugnar unas prórrogas que son una vergüenza”.

Las movilizaciones de las educadoras continúan

Las escuelas siguen de huelga indefinida después de más de dos meses desde que comenzó. Ante las pocas soluciones que reciben por parte de las instituciones, las educadoras continúan sus movilizaciones, apoyadas también por las familias. Este miércoles, 17 de junio, la coordinadora de familias en defensa del 0-3 entregará en la Consejería de Educación 20.000 firmas en apoyo a la huelga durante la concentración semanal organizada por la Plataforma. Las familias demandan “la apertura inmediata de una negociación real y efectiva, una interlocución directa con las familias y un aumento de dotación de escuelas infantiles públicas que garantice que un elevado número de familias se quedan excluidas en las matriculaciones”.

Por otro lado, han convocado concentraciones en muchas ciudades de todo el país para este jueves 18 de junio, para reclamar la reducción de las jornadas educativas durante las temporadas de calor. Las educadoras infantiles denuncian una “discriminación calendaria” que sufren los niños y las niñas de 0 a 3 años, “cuyas jornadas anuales llegan a alcanzar los 215 días frente a los 175 del resto de etapas educativas”.

Las profesionales del 0-3 recuerdan que “estudios de neuroeducación alertan de que las jornadas escolares excesivas en pleno verano cronifican el estrés biológico en la primera infancia”. Por ello, exigen “una solución política real que obligue al Estado y a las comunidades a legislar de cara a las empresas (con reducciones de jornada estivales pagadas o permisos flexibles) en lugar de institucionalizar a los bebés durante 11 meses al año”. Ante esta situación, han convocado concentraciones bajo el lema “El descanso infantil no debería ser el precio por ir a trabajar” en muchas comunidades autónomas de toda España. En Madrid, se reunirán en la Puerta del Sol, este jueves 18 de junio, a las 19:00 horas.

Las educadoras infantiles madrileñas llevan casi dos meses en huelga indefinida, lo que ha animado a que el resto de profesionales del sector de todas las comunidades del país se sumen a su causa. Las educadoras de niños de 0 a 3 años se han concentrado en distintas ocasiones desde el día 7 de abril para exigir mejores condiciones laborales en un sector que sienten que no recibe la importancia que merece, siendo una etapa fundamental en la educación de los más pequeños y en su desarrollo como personas.

Ante las ratios elevadas, salarios bajos (que apenas superan el SMI), malas condiciones en las infraestructuras en las escuelas y el abandono que sienten por parte de las instituciones, además de la dificultad para acceder a puestos en este sector, muchas educadoras españolas deciden desplazarse a otros países europeos donde pueden desarrollar su carrera profesional. Dos países que reciben muchas educadoras españolas son Alemania e Irlanda.

Las educadoras buscan poder dedicarse al trabajo que les gusta y para el cual están cualificadas, y buscan refugio fuera de España para sentirse más realizadas y poder trabajar con salarios dignos y mejores métodos. Desde Helmeca, una empresa que se dedica a la contratación de educadoras en Alemania, insisten en que las profesionales del 0-3 “están agotadas emocionalmente debido a las altas ratios, la falta de reconocimiento profesional y la dificultad para aplicar metodologías pedagógicas más individualizadas. En España los peques están haciendo fichas en una silla, lo cual consideran que no es lo mejor para ellos”.

“No se sienten valoradas, y las que se quieren dedicar a ello trabajan en otras profesiones o buscan opciones en el extranjero”, explican desde la empresa a elDiario.es. La diferencia en las condiciones de trabajo es uno de los factores clave que explican por qué los educadores se van al extranjero a trabajar.

Alemania, un país con pareja educativa

Cada vez son más las educadoras españolas que deciden irse a Alemania para desarrollar su carrera profesional. La principal razón son las ratios: mientras que en España se dan casos de hasta 20 niños por cada educadora, en Alemania hay una ley exige una atención mucho más personalizada. Por ejemplo, para un grupo de 20 niños suele haber un mínimo de tres educadoras, según detallan desde la empresa alemana. La ley, en vigor desde 2013, garantiza que todo niño residente en el país tenga una plaza en una escuela infantil (Kinderkrippe) para que las madres puedan incorporarse antes al mercado laboral.

La metodología de la enseñanza es un factor clave. En el sistema español, el modelo de fichas y niños sentados sigue muy presente. “El modelo alemán apuesta por el aprender jugando y metodologías innovadoras sin el uso de fichas”, explica Magdalena Uhländer, responsable de Reclutamiento y Relaciones Públicas de la empresa que contrata a las educadoras españolas en Alemania. Además, la preparación para las clases en España suele ser durante el tiempo libre de las educadoras infantiles. En Alemania, en cambio, las horas de planificación pedagógica están integradas dentro del horario laboral (normalmente unas tres horas semanales fuera del aula).

Sin embargo, Alemania sufre un déficit que se divide en dos grandes necesidades en la actualidad: infraestructuras y profesionales. Pese a la ley, existe escasez de personal cualificado y plazas en muchas regiones, lo que genera dificultades para conseguir plaza en centros públicos. Según la empresa alemana, faltan todavía más de 430.000 plazas para niños en las escuelas infantiles, y se necesita cubrir más de 308.800 vacantes de educadoras en los próximos cinco años. Y todo ello en un momento en el que Alemania está experimentando un gran cambio demográfico que se traduce en una demanda generalizada de profesionales en todos los sectores.

La forma de acceder a los puestos de educadora infantil en Alemania es diferente a la española. Las escuelas infantiles no cuentan con una bolsa de licenciados a la que recurrir cuando queda vacante un puesto de educadora, sino que las interesadas hacen una Formación Profesional (FP) dual en una escuela infantil determinada, donde luego son contratadas después de finalizar la formación de tres años: es decir, las escuelas deben formar a su propio personal.

“Es una cuestión de dignidad, de los niños y de las profesionales”

María García es subdirectora de una Kinderkrippe en Múnich. Según cuenta, aunque en Alemania sí se trabaja con pareja educativa, también cree que las ratios siguen siendo elevadas, pues “es un reto real para poder acompañar, observar y atender bien las necesidades e intereses de cada niño”. La educadora, que lleva trabajando fuera de España desde 2014, cree que en nuestro país se da incluso una situación peor, pero que el problema va más allá de las condiciones laborales: “Es una cuestión de dignidad, de los niños y de las profesionales”.

Desde Alemania, García está pendiente de la situación de las educadoras en España, que ha movilizado a las trabajadoras desde principios de abril: “Sigo de cerca las huelgas y las movilizaciones del sector en España y les doy todo mi apoyo. Lo que piden no es un capricho, es lo mínimo para poder ejercer esta profesión con responsabilidad”.

García encuentra tres grandes problemas en el sistema español, que deberían cambiar lo antes posible, cree, y cuya solución traería de vuelta a España a educadoras como ella: la ratio, el salario, y el reconocimiento social. “La educación infantil en España sigue siendo percibida como 'cuidado' y no como lo que es, educación en la etapa más decisiva del desarrollo humano. Mientras eso no cambie en la cabeza de quien legisla y en la del conjunto de la sociedad, las condiciones no cambiarán de verdad, y habrá educadoras que seguirán marchándose, o que se quedarán a costa de su salud física y mental”, defiende María.

Aunque las condiciones laborales en Alemania son mejores que en nuestro país, García reconoce que no fue tan sencillo abandonar España para empezar una nueva vida en otro lugar. Explica que fue un camino largo: “Aprender el idioma, validar mi formación, entender una cultura profesional y social muy diferente... No fue fácil, y sería deshonesto pintarlo de otro color. La vida aquí como extranjera tiene sus propias dificultades, y Alemania tampoco es el paraíso que a veces imaginamos desde España”. Sin embargo, sigue siendo más fácil para educadoras como María encontrar una estabilidad laboral en su sector: “En España no había futuro laboral visible para mí en educación infantil”.

“Por primera vez, ahorrar dejó de parecer algo imposible”. 

Ana Palacios llegó a Alemania hace ocho años para trabajar como auxiliar de grupo, y actualmente es subdirectora en una escuela infantil alemana. “Mi experiencia ha sido muy equilibrada entre lo que buscaba, lo que necesitaba y lo que sentía en el momento en el que decidí venir. Llegué con muchos conocimientos recién adquiridos y con una enorme motivación por ponerlos en práctica”, cuenta. “Al final, todo se resumió en algo muy bonito: enseñar toda la teoría que había estudiado mientras, al mismo tiempo, aprendía un nuevo idioma y una nueva cultura enseñando cada día”, añade.

Palacios experimentó una gran diferencia en las condiciones laborales que se dan en las escuelas infantiles alemanas: “Aquí existen horarios más dignos y una mayor posibilidad de conciliación. Las horas extras se pagan como corresponde y el sueldo es mucho más acorde al trabajo y la responsabilidad que desempeñamos. Por primera vez, ahorrar dejó de parecer algo imposible”. 

Palacios confiesa a elDiario.es que, para desear volver a España, necesitaría ver cambios en las condiciones que se dan en nuestro país: “Estabilidad, posibilidades de crecimiento personal y profesional, y la sensación de sentirse valorada, respetada y cuidada dentro del entorno laboral. Creo que sentirse reconocido en tu trabajo marca una gran diferencia en la calidad de vida de las personas”.

Las educadoras no conocen las dificultades en el mercado español

Según detallan desde Alemania, las educadoras infantiles no son conscientes de la dificultad que existe en el acceso a un puesto de trabajo en España cuando deciden comenzar sus estudios de enseñanza: “Los estudiantes de infantil eligen esta carrera por vocación, sin conocer realmente las dificultades estructurales del mercado laboral en el país”. Las educadoras piensan que opositar es la mejor o única opción. “Luego se dan cuenta de que conseguir una plaza es poco probable porque tienen preferencia interinos con mucha experiencia. Cuando aprueban, entran en bolsa y quedan a la espera de una lista. No hay suficientes plazas en España para la cantidad de educadores que se gradúan cada año”, añaden.

Las educadoras quieren trabajar con niños, porque es lo que les gusta y para lo que han estudiado, pero las oposiciones son imposibles en España y las condiciones laborales son insuficientes. Además, aquí estudian sobre métodos innovadores para aplicar en la enseñanza de los más pequeños, cosa que luego no se ve reflejada en sus jornadas de trabajo. “En Alemania y en otros países del norte es diferente, se usan metodologías más enfocadas en lo que necesitan los niños, métodos que implican el aprender mientras juegas y no existen las fichas”. 

Empresas como esta son las que más de cerca viven la migración de las educadoras españolas, que no lo hacen únicamente por el factor económico: “Es cierto que se cobra más en Alemania como educador y eso les da la posibilidad de poder vivir, pero también buscan realizarse como profesional. El sentirse valoradas, disponer de tiempo real para preparar actividades pedagógicas y trabajar en entornos con ratios más sostenibles. Poder vivir y no estar trabajando en algo que no es lo que realmente les realiza como profesionales”. 

Para trabajar como educadora en Alemania, las profesionales del 0-3 necesitan la titulación universitaria de educación infantil y/o grado superior de educación infantil, aunque cada comunidad autónoma alemana tiene sus propias normas, y tener un B2 de alemán. Muchas empresas de contratación ofrecen cursos de alemán a las educadoras infantiles para que puedan optar a las vacantes.

Los alemanes quieren trabajar con educadoras españolas

Las españolas escogen Alemania como destino para trabajar de su profesión y tener estabilidad laboral, mientras disfrutan de más vacaciones en comparación con España, lo cual atrae mucho a la hora de poder viajar o volver a casa para visitar a los familiares. Pero no son solo ellas las que quieren trabajar allí, sino que los alemanes también buscan contratar a educadoras españolas. De aquí salen muy bien formadas, con cuatro años de carrera universitaria o dos años de estudios superiores muy bien estructurados. Por otro lado, las españolas, culturalmente, “lo hacen por vocación, le ponen muchas ganas y corazón”, y eso lo saben más allá de nuestras fronteras.

Según explican desde la empresa alemana, “la cultura del trabajo en España es muy diferente a Alemania: En España el que tiene un trabajo tiene suerte y debería valorarlo. En Alemania, quien tiene un trabajador tiene suerte y debería valorarlo. Los educadores van con la mentalidad española, por lo que es más fácil tratar con ellos”. La formación en España es buena, salen profesionales muy cualificados y con ganas de trabajar, pero no se les permite hacerlo con dignidad. 

Irlanda: mejores salarios para precios más elevados

Otro país muy solicitado por las españolas es Irlanda. Andrea Vieira ha trabajado como educadora en Dublín y ha visto cómo España es el país que más está desplazándose a este lugar, pues es muy sencillo conseguir empleo: “No te piden un nivel de inglés súper alto porque son conscientes de que estamos con niños pequeños, que no tienen un lenguaje muy desarrollado, entonces con un nivel básico está bien”, explica Andrea. “Respecto a las familias, están súper contentas de que haya tanta diversidad, de que tengan profes españoles, de que nosotros también al final mejoramos el inglés con ellos y hablando con las familias…”, añade.

Los salarios de las educadoras en Irlanda son una de las razones que atraen a las profesionales infantiles españolas. “Obviamente, los salarios son más altos que aquí, porque se cobra mínimo unos 15 euros la hora, y yo creo que, las que más están cobrando ahora mismo, están en torno a 17-18 euros la hora. Es muchísimo más que aquí [en España], o sea, al final son como 2.200 euros al mes”, sostiene Andrea.

Emma Ruiz es profesora de educación primaria pero, como la gran mayoría de españolas licenciadas en esa carrera en nuestro país, encontró trabajo como educadora de 0-3 en Irlanda porque “ganas muchísimo más”. “Yo estoy ganando [en Irlanda], pues ponle que unos 1.000 euros más de lo que ganaría allí”, explica Emma, que justifica que en Irlanda, entre otras cosas, el coste de la vivienda es más elevado que en España. Sin embargo, Emma es una de las graduadas en otro ciclo que ha preferido dedicarse al 0-3 en Irlanda, porque las condiciones laborales permiten una vida digna.

Ratios más bajas y pareja educativa: “No sé cómo lo hacen aquí en España”

Las ratios de niños por educadora son también mejores allí. En las escuelas infantiles irlandesas, llamadas creches, las ratios “cambian muchísimo, porque es que aquí [en España] es como el doble. Para los bebés, que es a partir de los 8 meses más o menos, es un profe para cada 3 niños, luego para 1-3 años es un profe para cinco niños, creo, y luego de 2-3 es un profe para seis niños. Aquí es el doble, aquí un profe para los niños que tienen 2-3 creo que está como en 15 niños”, explica Andrea, que opina que “es una barbaridad, y a esas edades tienes que tener mil ojos. Yo lo veo la verdad algo alucinante, no sé cómo lo hacen aquí en España”. En nuestro país, las ratios para niños de hasta un año es de ocho bebés, de uno a dos años de hasta 13 niños, y de dos a tres años puede variar entre los 16 y los 20 niños por educadora.

Emma, por su parte, insiste en que “en cada clase hay dos personas siempre, o casi siempre”, aunque cree que las ratios en Irlanda siguen siendo abusivas, puesto que los bebés “no saben caminar, no saben comer, no saben limpiarse. Si uno se te caga, no puedes cambiarle a menos que alguien te cubra”. Es decir, que aunque las ratios sean más bajas que en España, siguen siendo mejorables para algunas educadoras, aunque cuenten con pareja educativa.

Mejores condiciones laborales y desarrollo profesional

En España, las educadoras infantiles están reclamando, además de mejores salarios y una bajada de las ratios, mejores condiciones laborales, equiparadas a las que se dan en otros ciclos educativos superiores como en educación primaria. Andrea Vieira describe el modelo educativo irlandés como uno que ofrece “más libertad”.

Según su experiencia, las empresas que gestionan las creches en Irlanda se implican mucho más en la calidad educativa de los más pequeños. “Hay una staff meeting (reunión de equipo) mensual donde se comentan puntos que mejorar o puntos en los que tú tengas dudas, o incluso al revés, te dan un feedback (retroalimentación) muy positivo y te apoyan”, explica Andrea. “Saben que todo lo que estás haciendo lo haces por el bien del niño, y aquí [en España] se ha perdido un poco ese punto de vista”.

Además, las gestiones burocráticas y la organización de las clases se realizan dentro del horario laboral, algo que en España están exigiendo las educadoras infantiles. “Yo tenía un profesor que venía a cubrirme mientras yo tranquilamente me iba a otra clase a hacerlo. Aquí [en España], o haces horas extra, o lo haces con los niños en mitad de clase, que es obviamente inviable”, describe Andrea, y añade que eso ayuda a que “el nivel de vida sea mejor, porque tú sales de tu trabajo y tienes vida”.

Vox vive un buen momento en cifras electorales y está cerca de cerrar un acuerdo en Castilla y León tras volver a entrar en un ejecutivo de coalición en Extremadura. Hacia ellos también mira con esperanza el PP en Andalucía para que el partido de Juanma Moreno pueda gobernar al no haber alcanzado la mayoría absoluta en las elecciones del 17 de mayo. Pero lo cierto es que, mientras tanto, el partido ultraderechista no puede celebrar también una buena situación interna: los críticos se están organizando para hablar de una “alternativa” y salen cada semana a cargar contra la dirección tras disputas como la expulsión de Ortega Smith o la destitución de José Ángel Antelo en Murcia.

Según Anna López, politóloga, “el PP está atrapado en un auténtico dilema del prisionero: necesita a Vox para gobernar, pero cada pacto lo fortalece simbólicamente”. Esta “relación tóxica” entre ambos partidos ha consolidado al partido de Abascal como tercera fuerza política en varias autonomías, pues “consigue marcar agenda incluso cuando internamente atraviesa uno de sus peores momentos”. La experta cree que Vox llegará a las generales “en posición de fortaleza”, después de los resultados en las últimas cuatro comunidades autónomas, y “por su capacidad de condicionar el debate público, la gobernabilidad y, por supuesto, campañas electorales con el monopolio de partido 'antiinmigración' y de verdadera oposición a Sánchez”.

Tercera fuerza en las cuatro últimas autonómicas

El partido de Santiago Abascal ha vuelto a ser la tercera fuerza política en Andalucía. Aunque no han obtenido los resultados que esperaban, Vox pudo celebrar durante la noche electoral un escaño más, 15 frente a los 14 que obtuvieron en 2022, que corresponde a un 13,82% de los votos andaluces —tres décimas más que hace cuatro años—. Al igual que en las otras tres autonomías que han celebrado sus elecciones estos últimos meses, Vox será la pieza clave para que el Partido Popular pueda gobernar, aunque en este caso Moreno Bonilla está solo a un escaño de la mayoría absoluta.

Vox se mantiene como tercera fuerza política también en Castilla y León, como ocurrió en las elecciones de 2022, aunque en esta ocasión ganaba un escaño (14 frente a los 13 que obtuvo hace cuatro años), al recibir un total de 233.757 votos de los castellanos y leoneses, pese a que no alcanzaron el 20% que pronosticaron algunos sondeos. “Se demuestra que, a pesar de los innumerables y constantes intentos, no hay techo para Vox”, afirmó el propio Abascal. La victoria del PP el 15 de marzo premió a los azules con dos escaños más que en 2022 (33 frente a 31 hace cuatro años), pero necesita el apoyo de Vox para formar gobierno.

En el resto de regiones donde se han convocado elecciones estos últimos meses, Vox también ha podido celebrar resultados y ser la tercera fuerza. En Aragón, duplicó sus escaños el pasado 8 de febrero (14 frente a los siete que consiguió en 2023). En Extremadura, el 21 de diciembre, casi triplicó los escaños obtenidos hace tres años (11 frente a los cuatro de 2023).

El hiperliderazgo de Santiago Abascal

La cuestión es cómo Vox consigue mejores resultados cuando no dejan de surgir escándalos relacionados con las tensiones entre sus propios miembros. Expertas apuntan a que los votantes de Vox no hacen distinción entre los mismos, sino que ven a Santiago Abascal como única imagen referente del partido, sin dar importancia al resto. “Vox es Abascal, una identificación total del líder con la marca”, explica Carmen Lumbierres, politóloga.

Lumbierres sostiene que Vox presenta a candidatos prácticamente desconocidos en sus elecciones autonómicas, como ocurrió en Extremadura con Óscar Fernández Calle o en Aragón con Alejandro Nolasco, que aunque ya era vicepresidente regional, “tampoco era un candidato que tuviera una gran percepción popular de apoyo, sino que da un poco igual quién está” mientras pertenezca al partido, afirma la experta.

“Vox es un modelo de partido neoautoritario que está basado en la figura de un líder carismático”, explica la politóloga. Un modelo que recuerda al de otros líderes actuales, como por ejemplo, Meloni en Italia o Trump en Estados Unidos. “Da igual, porque el 'trumpismo' es Trump, cuando muera Trump morirá el 'trumpismo'”, compara Lumbierres, que apunta a que ha ocurrido lo mismo en otros países como la derrota de Orbán en Hungría: “No es un partido como conocemos, un partido con estructura, territorio, con ramificaciones importantes, sino que es un partido que simplemente sirve como plataforma para un candidato”.

Abascal cesará a quien le haga sombra porque no quiere empañar ese liderazgo. A Vox no se lo valora por actuaciones como al resto de los partidos democráticos, ni en sus estrategias, ni en su financiación

Carmen Lumbierres — Politóloga

Abascal siempre será la figura destacable del partido, y “quien le haga sombra, pues encima lo cesará, porque no quiere empañar ese liderazgo”, insiste la experta. Lumbierres considera que este modelo de liderazgo es propio de otros regímenes “que no son democráticos y que están basados en un liderazgo de culto al líder”. “No es un partido democrático, no pretende serlo, ni se le valora por actuaciones como al resto de los partidos democráticos, ni en sus estrategias, ni en su financiación”, añade.

Sin embargo, esto ocurre también con otros partidos del panorama nacional. Aunque lejos de comparar, según explica la experta, “el Partido Socialista es Pedro Sánchez” para los votantes españoles, “como en su momento en Podemos lo fue Pablo Iglesias, que estaba en las papeletas para que la gente no se confundiera. ¿Quién sabía qué candidato de tu provincia era el de Podemos? No lo sabía nadie”. Es un modelo de hiperliderazgo que se está dando en muchas democracias occidentales.

Este aspecto, en Vox, se une a otros “rasgos autoritarios y antidemocráticos, que no tienen nada que ver con el funcionamiento binario de los partidos”, explica la experta. Los votantes del partido de Santiago Abascal, además, piensan que “todos [los políticos] son iguales: antipolítica”. “Todo lo que suene a rencillas de dentro de los partidos, les parece que son como ganas de molestar”.

Una estrategia electoral reactiva a las crisis

Esto se traduce en una estrategia electoral reactiva por parte de Vox. Un partido que se hace eco de crisis políticas, sociales y sanitarias, como el nacionalismo catalán o el COVID-19, cuando Vox aprovechó para despegar. “Vox es un movimiento solo reactivo. Él [Santiago Abascal] no va a proponer nada, él solo quiere aprovecharse de las crisis en general y desestabilizar el sistema democrático, porque ellos no están jugando a una alternancia del poder, como lo conocemos hasta este momento, sino que ellos quieren, como en Hungría, desmontar el sistema desde dentro”, describe la politóloga Carmen Lumbierres.

Otras situaciones de desequilibro que funcionan como motor de Vox son las crisis económicas o los casos de corrupción en otros partidos nacionales, como el juicio contra la operación Kitchen o el caso Mascarillas. Entonces, los votantes piensan: “No nos gusta lo que hay establecido”. “Y si tú haces una crítica total, una enmienda total a lo que no te gusta, también haces una enmienda a cómo funcionan los partidos políticos. Siguen fatal valorados en el CIS como problema: no como antes, que aparecían como el primer problema de los españoles, pero siguen apareciendo”, desarrolla la experta. Así, hay votantes españoles que buscan una figura que esté, al igual que ellos, enfadado con todos los problemas que les perturban, y desentenderse del bipartidismo al que están acostumbrados, creyendo que es la manera de solucionarlos. Estos electores están cada vez más enfadados y recurren al blanco fácil —Abascal— en las urnas, pensando que será el único en “salvar España”, refugiado en su patriotismo.

Un líder fuerte que sea la representación de toda la ideología de su partido, donde “el único que tira, literalmente, es él. Y de tirar, pues se los ha ido cargando”, como sostiene Lumbierres, al igual que ha ocurrido con Javier Ortega Smith o José Ángel Antelo. El propio Espinosa de los Monteros también cargó contra Vox en redes sociales a raíz de forzar la salida de Antelo: “Ya se están cargando a otro de los mejores candidatos del partido”.

“Es un partido caudillista, ni más ni menos. Entonces, por eso no pasa ningún tipo de factura. Yo creo que lo único que le está pasando factura es la situación internacional de Trump”, añade la experta. La situación con el presidente de Estados Unidos es delicada, precisamente ahora, con la guerra en Oriente Medio, ya que Donald Trump está perdiendo los apoyos europeos, mientras Santiago Abascal es de los pocos que lo mantiene.

Anna López, politóloga y autora del libro La extrema derecha en Europa, también ve en Vox una “nacionalización del debate” donde el partido ultra evita entrar en cuestiones territoriales o de gestión autonómica “y convierte cualquier elección en un plebiscito sobre inmigración, Sánchez o seguridad cultural. Ahí tiene prácticamente el monopolio del discurso antiinmigración”.

Falta de un discurso persuasivo alternativo

Carme Ferré-Pavía, directora del Departamento de Medios, Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de Barcelona, explica que el ascenso de la ultraderecha en España es algo que tiene “muy preocupados” a los expertos. Cree que este auge es la respuesta a una “falta de alternativas a un discurso tan simplista, repetitivo y manipulador” de Vox, un discurso desde la izquierda que sea “alternativo, unificado, que tenga las mismas características persuasivas, que sea directo, que sea sencillo y que sobre todo sea valiente en acercarse y en gestionar lo que realmente le preocupa a la población”, defiende.

La experta sostiene que partidos como Vox ponen voz a temas que parte de la población considera problemas importantes, como la migración, y se pregunta “¿por qué aquí la izquierda en general, sea independentista o no, sea nacionalista o no, o sea una izquierda más suave, progresista de ámbito estatal, por qué no aborda esa preocupación?”. “Yo creo que eso no se entiende sin una cierta connivencia con los poderes económicos, a los que les interesa la mano de obra barata porque no tiene, por decirlo así, la manera de colocar papeles. Porque si no, yo no entiendo esa falta de acercamiento a los problemas reales”, opina la experta.

Ferré-Pavía considera que otros problemas que preocupan a algunas fuerzas más conservadoras, por ejemplo en el caso de Junts, son “la delincuencia reincidente o los problemas de la gente a la que le ocupan la casa cuando no son grandes tenedores. Problemas que tocan la piel y el estómago de la gente”. Otro problema, según la experta, que sí aborda la extrema derecha es la extensión del uso de ciertos velos en mujeres que tapan casi por completo la cara.

La politóloga Anna López también sostiene que las crisis internas en Vox no se traducen en menos resultados electorales al “monopolizar un eje emocional del debate público”: “Aunque haya expulsiones, guerras internas o desgaste organizativo, su electorado hoy vota más una identidad política que unas siglas cohesionadas”.

El discurso de Vox insiste en lo que parecen algunas preocupaciones de los españoles: “Preocuparte por la libertad de las mujeres. Preocuparte por las ocupaciones de propiedad de gente que no es rica, que no es gran tenedora. Preocuparte por la multirreincidencia de gente que viene aquí a robar o que no viene de ningún lado y está aquí robando insistentemente y no pasa nada. Preocuparte por una gestión de la migración ordenada, respetando el asilo, respetando la ayuda humanitaria, pero gestionándolo mejor”, sostiene Ferré-Pavía. “Hay que contrarrestar con un discurso que hable de manera sencilla de los problemas reales de la gente”, añade.

Abascal como “líder autonómico” absoluto

La figura de líder de Santiago Abascal se ha intensificado durante las campañas electorales de Andalucía, Extremadura, Aragón y Castilla y León. El líder de Vox acompañó a sus candidatos regionales durante una gira autonómica que parecía el tour personal de Abascal. Poca importancia pareció darse a Óscar Fernández Calle, Alejandro Nolasco y Carlos Pollán en los mítines y actos de campaña del partido ultra durante las visitas del presidente de Vox.

Fue el claro ejemplo de la estrategia de hiperliderazgo en Vox. Fotos con sus “fans”, carteles con su cara y declaraciones a la prensa donde únicamente cargaba contra el presidente del Gobierno fueron algunos de los aspectos que caracterizaron lo que parecían las giras personales de Santiago Abascal. La experta Anna López califica la estrategia electoral como una campaña “muy eficaz”: “Presencia constante de Abascal en territorio, actos en pueblos pequeños y ciudades medias, dos o tres intervenciones diarias en medios y una estrategia digital muy agresiva. Han entendido que la campaña contemporánea se libra tanto en TikTok, Telegram o X como en la calle”. Y no son campañas cortas, hablamos “de aproximadamente 23 días de media”.

Un ejemplo fueron las elecciones autonómicas de Castilla y León, donde Abascal invisibilizó a su compañero y candidato regional Carlos Pollán. Ambos recorrieron distintas localidades como un show para los seguidores del líder de Vox. Abascal opacaba a Pollán en los mítines —“olas de sentido común”, como los llama él mismo— y en los encuentros con los medios. El candidato se limitó a posar con él, tomar un rato la palabra en los mítines o bailar cuando se canturreaban los clásicos insultos a Pedro Sánchez.

Críticos y excargos de Vox habían organizado una reunión para el próximo 13 de junio en Madrid, con la que pretendían analizar la situación y diseñar la “construcción de una alternativa” a la formación, ya que creen que Vox ha decidido cambiar su rumbo “alineándose con posiciones totalitarias” y “purgando su mejor capital humano”. Pero la reunión, que iba a estar encabezada por Alejo Vidal-Quadras, fundador de Vox en 2014, ha sido pospuesta, sin conocerse aún motivos ni una fecha nueva en la que se vaya a realizar. Solo se ha confirmado que la posposición de esta reunión ha sido a propuesta del mismo Alejo Vidal-Quadras.

Los críticos de Vox insistieron en que “doce años después la situación en España es crítica bajo la presidencia de Sánchez y Vox ha cambiado su rumbo alineándose con posiciones totalitarias, purgando su mejor capital humano, situándose al servicio de intereses espurios y haciendo del PP su enemigo a batir”, y decidieron promover la Declaración de Barajas.

La declaración de Barajas es un documento que aprobaron en un cónclave el pasado 22 de febrero de 2025, por un centenar de cargos y excargos de Vox críticos con la dirección del partido, en el que mostraban su descontento con las decisiones que se estaban tomando en Vox. Según los miembros de Vox que apoyaron la Declaración de Barajas, los cambios que está habiendo dentro del partido pone a España ante el “serio riesgo” de que Pedro Sánchez pueda seguir en su cargo como presidente del Gobierno después de unas futuras elecciones en 2027.

En su momento, desde este grupo sostenían que eran muchos “quienes seguimos apostando por los valores del Manifiesto Fundacional de Vox y no nos resignamos a contemplar su deriva perjudicial para los intereses de España”.

Miembros de Vox pierden la confianza en el partido

Son varios los miembros de Vox que están perdiendo la confianza en la dirección de su propio partido, debido al cambio de rumbo que, según señalan, han tomado desde dentro. Durante el pasado mes de marzo, varios exdirigentes y críticos de Vox, como Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega Smith, solicitaron, a través de un manifiesto, la celebración de un congreso abierto a todos los afiliados, con la intención de tener un “debate abierto sobre su liderazgo”.

En una web no oficial de Vox, publicaron el manifiesto donde exigían la realización de este congreso extraordinario “con plazos suficientes y reglas claras” que sirva para hacer “una revisión completa de la arquitectura interna del partido”. Miembros como Ortega Smith y Espinosa de los Monteros querían tener “debate abierto sobre liderazgo, organización, orientación política y estrategia de gobierno”. Todo ello sin tratar de “imponer una candidatura alternativa”.

“La lealtad política es a las ideas, no a las personas”, insistían desde el grupo de críticos de Vox, que señalaban a la dirección del partido, a quienes reclamaban “una explicación política seria” sobre los cambios de orientación de los últimos años y un “contraste abierto sobre su sentido, su alcance y su compatibilidad con las ideas fundacionales del proyecto”. Los críticos de Vox sostenían que “la concentración extrema del poder y la eliminación de los controles internos han tenido consecuencias visibles” en el partido.

Todos los miembros de Vox que quisieran participar podían hacerlo a través de un formulario que publicaron junto al manifiesto. Además, según los estatutos del partido, las reuniones extraordinarias habrán de convocarse por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), cuando lo acuerde el propio CEN o a petición escrita de al menos el 20% de los afiliados de pleno derecho, que en su solicitud deberán indicar el orden del día propuesto.

Además de Javier Ortega Smith e Iván Espinosa de los Monteros, se unieron a esta solicitud el concejal madrileño y primer presidente del partido, Ignacio Ansaldo, o el exvicepresidente primero, Víctor González Coello de Portugal, entre otros.

La salida de dirigentes de Vox alienta la crisis interna

Esta solicitud llegaba después de que se anunciara la expulsión definitiva de Javier Ortega Smith del partido. Ortega Smith fue portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid. Desde su partido consideraron que había cometido una “infracción muy grave” tras frustrar su relevo en la portavocía de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, lo que provocó que fuera expedientado por desobediencia y suspendido de la militancia. Aunque el que fue portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid intentó continuar al frente del grupo municipal hasta el final del mandato -en mayo de 2027-, fue finalmente expulsado del partido a mediados del mes de abril de este año.

Por otro lado, Iván Espinosa de los Monteros, con el carnet de afiliado número cinco en Vox -justo después de Santiago Abascal-, anunciaba a finales de marzo que su partido le había comunicado la apertura de un expediente de expulsión de Vox. Según Espinosa de los Monteros, esto se le comunicó dos horas y media después de que Juan Manuel Moreno Bonilla convocase las elecciones de Andalucía el lunes.

Espinosa de los Monteros es uno de los más críticos con este nuevo rumbo que dicen que ha tomado Vox, después de haber abandonado la dirección del partido en 2023. El que fue portavoz de Vox en el Congreso aseguraba que ahora la formación “busca que nadie sea reconocible” y que sea un “partido-marca en que solo un líder aparezca en todas las elecciones como único candidato”, haciendo alusión al presidente de Vox, Santiago Abascal.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha charlado con Santiago Abascal sobre su carrera profesional, su visión de España y la regularización de migrantes aprobada por el Gobierno el pasado mes de abril, donde ambos están de acuerdo en que hay que “habrá que derogar inmediatamente”, y que califican como una estrategia de Pedro Sánchez para “tener un voto comprado”: “Tenemos que estar preparados para que Sánchez haga cualquier cosa para mantenerse en el poder, para alargar la convocatoria de elecciones, para alterar el censo electoral con nacionalizaciones masivas y fraudulentas”, ha expresado Abascal.

La imputación de Zapatero por organización criminal, falsedad y tráfico de influencias en el caso Plus Ultra no ha tardado en salir en la conversación publicada por The Objective. Ambos han insistido en que “ya son muchas presunciones de inocencia juntas”, haciendo referencia a “la de Zapatero, la de Koldo, la de Ávalos, la de Cerdán, la de la mujer de Sánchez, la del hermano de Sánchez, pero además la de los jueces y los policías y los guardias civiles”. Por su parte, Santiago Abascal sostenía en la entrevista que en Gobierno de Pedro Sánchez “es cada vez más peligroso” y que la imputación de Zapatero “no debilita al Gobierno, sino que radicaliza a Pedro Sánchez y le convierte en mucho más peligroso para los españoles”. El líder de Vox cree que para luchar contra Sánchez deben “trabajar en los tribunales presentando denuncias, trabajar con movilizaciones sociales como la de este fin de semana y por supuesto en los parlamentos haciendo una oposición absolutamente férrea a este Gobierno”.

Esperanza Aguirre preguntaba al líder de Vox si la imputación de Zapatero serviría para que Sánchez convoque elecciones. “No, yo creo que Sánchez está absolutamente atornillado al poder. Sabe que perder el poder le sitúa el banquillo de los acusados”, respondía Santiago Abascal. Sobre la imputación del expresidente del Gobierno, Abascal cree que “esto debe desgastar a cualquier alternativa política”, pero que “muchos votantes socialistas dan por descontada esa corrupción. Entonces, tenemos que estar preparados para que Sánchez haga cualquier cosa para mantenerse en el poder”. De cara a unas futuras elecciones generales, Santiago Abascal reflexiona sobra que una estrategia: “No se pueden afrontar las elecciones con los errores del año 23, dándolas por ganadas ni demonizando alguna de las fuerzas políticas que se presenta”, explica el líder de Vox, que está de acuerdo con Esperanza Aguirre en que “hay que demonizar a Bildu, a los que roban y pactan con Bildu”.

De vuelta a la regularización de migrantes, Abascal insistía en que “tenemos un Gobierno que está trayendo muchos problemas a los españoles en el orden económico, que miente sobre las cifras económicas del país, que oculta que los españoles nos hemos empobrecido y además promueve una invasión migratoria llamando a toda África y toda América que vengan”. El presidente del partido ultra sostiene que “el país hay que reordenarlo” y que “hay que ir a las elecciones ofreciendo con claridad los programas políticos y no demonizando al de al lado, aquel con el que tienes que pactar y no dando las elecciones por ganadas”.

Aguirre ha comparado la regularización de migrantes impulsada por el actual Gobierno con otras que se realizaron durante las legislaturas de Aznar o Zapatero, pero justifica las decisiones de los dos expresidentes: “Yo lo defiendo, porque si un señor tiene un trabajo aquí, pues me parece muy bien que se le conceda la residencia, no la nacionalidad”.

El ámbito internacional

La que fue presidenta de la Comunidad de Madrid por el PP cree que “es bastante positivo las los acuerdos que se están haciendo en algunas comunidades autónomas” Vox junto al Partido Popular, tras las elecciones autonómicas que se han celebrado estos últimos meses en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. “Sé que hay gentes de mi partido que dicen que quieren gobernar en solitario, me parece estupendo. Yo siempre he querido gobernar en solitario y lo he conseguido, pero hay veces que no se consigue”, explica Aguirre.

Ambos han criticado “el intervencionismo que nace fundamentalmente en las instituciones europeas y que ha sido obra de dos grandes partidos”. Santiago Abascal tiene “esperanza”: “No estamos condenados porque en el Parlamento Europeo ya hay una mayoría alternativa a los acuerdos Partido Popular-Partido Socialista. Es posible el acuerdo del Partido Popular si quiere cambiar de socio, tanto con Patriots, que es el tercer partido de Europa, que lo presido yo, como con conservadores y reformistas de Georgia Meloni. Eso ya conforma una mayoría parlamentaria”. Sin embargo, ambos sostienen que Pedro Sánchez “tiene apoyo internacional de lo peor de cada casa”.

En Europa, Esperanza Aguirre ve “imprescindible que el Partido Popular deje de unirse a los socialistas y a los verdes para hacer ese tipo de regulaciones absurdas que yo, como ganadera y agricultora consorte me tienen absolutamente indignada. Y estoy muy contenta porque Dolors Montserrat creo que opina como yo”. “Opina como tú, pero no sé si vota como queremos”, ha bromeado como respuesta Abascal.

Después de hacer un repaso por la vida de Santiago Abascal y coincidir ambos en desear la salida de Pedro Sánchez del Gobierno, el líder de Vox ha querido mandar unas palabras a sus votantes: “Un mensaje a los españoles en general de esperanza, de que las cosas se pueden cambiar, de que podemos lograr deshacernos de este Gobierno mafioso, pero también un mensaje de alerta. Las elecciones no están ganadas”.

La manifestación convocada por la Sociedad Civil Española y apoyada por Vox y el PP con el lema “prioridad nacional” ha reunido a votantes de extrema derecha esta mañana en las calles de Madrid, en una marcha que ha comenzado en Colón y ha finalizado en Moncloa, donde se han vivido algunos momentos de tensión entre algunos asistentes y la Policía cuando han cortado la A-6 y han intentado llevar la protesta a las puertas de la sede de la Presidencia. Según Delegación de Gobierno, se han producido tres detenciones y siete agentes han resultado heridos.

“Pedro Sánchez, hijo de puta” ha sido el grito más escuchado durante el recorrido, que acompañaban con peticiones de expulsión del presidente del Gobierno, y carteles que cargaban contra José Luis Rodríguez Zapatero, que comparecerá ante el juez José Luis Calama el próximo 2 de junio, y pedían su entrada en la cárcel.

Santiago Abascal ha estado presente durante la concentración, y se ha sumado a exigir la entrada de Zapatero en prisión provisional. Además, desde Vox piden que Pedro Sánchez y todo el Consejo de Ministros en funciones durante el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021 declaren como testigos en la Audiencia Nacional.

El presidente de Vox sostiene que este tipo de movilizaciones son “necesarias” debido a que la “prioridad nacional” es “la expulsión de Sánchez del poder”, además de que seguirán apoyando las concentraciones contra el presidente del Gobierno “sin ningún tipo de ambages”.

“Ya no queda nadie en el entorno de Pedro Sánchez que no esté acusado de gravísimos delitos”, ha declarado Santiago Abascal desde la plaza de Colón de Madrid. El líder de Vox cree que España está “secuestrada por una mafia corrupta que está empobreciendo a los españoles”.

Desde Vox consideran que hay “motivos suficientes” para que el expresidente Zapatero entre en prisión, como insistió el viernes el eurodiputado y coordinador jurídico de Vox, Jorge Buxadé. Algunos de los manifestantes defendían que “incluso Donald Trump (presidente de los Estados Unidos) está como loco por agarrar a Zapatero”.

La manifestación de este sábado ha reunido a votantes de Vox que cargaban banderas de España, además de banderas con la Cruz de Borgoña e incluso franquistas incostitucionales. Durante la marcha, entre gritos repetitivos que cargaban contra Sánchez y su Gobierno, también se han escuchado ataques contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que han calificado como “payasa”, pese a que el Partido Popular ha apoyado la propia manifestación de esta mañana. Algunas personas gritaban: “Dónde están, no se ven los barones del PP”.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, presente en la manifestación esta mañana ha señalado a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insistiendo en que es “inaudito” que la ministra haya retado a su partido a presentar una moción de censura “contra su propio Gobierno”. García ha insistido en que “en este momento” el Partido Popular no utilizará este instrumento constitucional para no “regalar una victoria” a Pedro Sánchez. La portavoz del PP en el Senado ha estado acompañada, entre otros, por el portavoz adjunto en el Congreso, Jaime de Olano, y el diputado por Navarra Sergio Sayas. García ha sostenido que su intención y la de su partido era apoyar a los españoles que piden la dimisión de Pedro Sánchez.

“Una amplia representación del PP ha venido a acompañar a quienes libremente vienen a defender que hay que sacar a España de la ciénaga de la corrupción”, ha declarado esta mañana Alicia García, y sostiene que el presidente del Gobierno “tiene miedo”, porque sabe que “el tiempo se le acaba”aunque quiera “aferrarse al poder”. “Debe saber que la democracia, el Estado de Derecho y los españoles son más fuertes que él”, ha añadido la portavoz del PP.

No se ha visto, en cambio, al líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo esta mañana en la manifestación por la “prioridad nacional”, pese a que su partido apoyaba la concentración. Alicia García ha justificado que Feijóo debía estar hoy presente en el Congreso del PP de Baleares donde se ha reelegido con el 99,93% de los votos como presidenta a Marga Prohens.

En la manifestación también han estado presentes el líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) José Luis Alvise Pérez; al empresario y exdiputado de Ciudadanos ahora afín a Vox Marcos de Quinto y a Víctor de Aldama. El exdirigente del partido Javier Ortega Smith, que aunque fue expulsado de Vox mantiene su escaño en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, Alejo Vidal-Quadras y la asociación sionista Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) también han acudido.

Las expresiones xenófobas y racistas no han tardado en aparecer: “España cristiana y no musulmana”, “reasignación si no comen jamón” o “ayudas sociales para los nacionales” han sido algunos de los gritos que se han escuchado en la manifestación por la “prioridad nacional”, incluso se han escuchado clásicos versionados: “Bote, bote, musulmán el que no bote”. También se reclamaba a Santiago Abascal como nuevo presidente del Gobierno.

Los manifestantes han repetido los insultos hacia Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero y el PSOE: “Es un puticlub, no una sede”, “Zapatero al talego” o “Partido Socialista, putero y golpista” han sido algunas de las ideas que han gritado durante la concentración de esta mañana en Madrid. A la llegada a Moncloa, manifestantes recibían a la marcha con carteles en los que se podía leer “Detengamos a Sánchez”. Los carteles también cargaban contra el presidente del Ejecutivo por “la DANA, Adamuz, el gran apagón”, y definían a los socialistas como “cobardes”.

Al final de la marcha, la tensión ha aumentado cuando la Policía ha impedido a los manifestantes que continuaran caminando para llevar la protesta a las puertas del Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno. Varias decenas de manifestantes que habían llegado hasta el Arco de la Victoria en Moncloa han cortado la A-6 y han intentado rebasar los límites de la convocatoria para trasladar sus protestas y consignas directamente a las puertas de la también residencia de Sánchez.

Las educadoras infantiles madrileñas se han concentrado esta mañana frente al ayuntamiento de Madrid tres semanas después de comenzar su huelga indefinida. Esta semana, exigieron al alcalde José Luis Martínez-Almeida una reunión para poder exigirle personalmente la paralización de las prórrogas de los contratos de las empresas que trabajan con estas escuelas infantiles, después de haberse reunido con el delegado del Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández Sánchez, sin haber recibido soluciones. Fernández Sánchez explicó a la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) que las prórrogas de esos contratos ya “estaban todas formalizadas y tenían por tanto carácter irrevocable”, “cosa que no era cierta”, porque, según denuncian desde la PLEI, las autorizaciones de gastos para ello se realizaron incluso después de la reunión que mantuvieron con el delegado.

La lluvia y el día gris no han paralizado a las educadoras ni sus vestimentas amarillas. Mientras decenas de ellas, además de otras trabajadoras de escuelas infantiles y familias se han reunido frente al ayuntamiento, algunas pertenecientes a la PLEI han entrado a presenciar el Pleno municipal que se celebraba esta misma mañana del 29 de abril. En el exterior, pancartas donde se leía “0-3 no llega a fin de mes”, “No guardamos, educamos” o “No es vocación, es explotación”. En el interior, no solo las educadoras vestían camisetas amarillas, sino que miembros de la Asamblea, como Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, entre otros muchos, se han sumado a la causa con su atuendo.

Educadoras infantiles expulsadas del Pleno

Las educadoras fueron invitadas a la tribuna por miembros de la oposición municipal, en una jornada en la que se debatiría esa paralización de las prórrogas de los contratos que exigen, y las mejores condiciones laborales por las que llevan en huelga indefinida desde el pasado 7 de abril. La proposición defendida por la concejala socialista María Caso incluía también bajada de las ratios de niños por educadora y subida de salarios, con el fin de equipararse con los de las educadoras de otros ciclos. A día de hoy, algunas educadoras reciben mensualmente 1221 euros, lejos de los 1518 euros que corresponderían según convenio.

Durante su intervención, miembros de la Asamblea como Rita Maestre han defendido la lucha de las trabajadoras, mientras que José Fernández Sánchez ha querido “desmontar la proposición”, insistiendo en que “lo que proponen es imposible, y lo saben. Es ilegal en sus propios plazos. Por cierto, muy a lo sanchista. ¿Para qué presupuestos?”. Ante las palabras del delegado, las educadoras han reaccionado: “¡Sí se puede!”. Poco después, la Presidencia de la mesa solicitó la intervención de seguridad y las trabajadoras fueron desalojadas. “Esto es intolerable” ha dicho el presidente del Pleno, Borja Fanjul, “y que los grupos de la oposición estén aplaudiendo, les vuelve a retratar”. Nervioso, Fanjul ha llamado al orden incluso al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, durante la expulsión.

“Nos han escuchado un rato; han tardado en echarnos”, ha declarado una de las invitadas a la tribuna. A la salida, las compañeras las recibían con más cánticos, silbatos y cacerolas. “Vamos a aguantar. Hay que subir el tono de la presión”, insistían las portavoces del PLEI, que no se van a rendir hasta que consigan soluciones.

Después de tres semanas en huelga indefinida y concentrándose en distintos puntos de la capital, las educadoras confiesan estar agotadas al no estar consiguiendo respuestas por parte de las instituciones. “Pasamos más tiempo con los niños de la escuela que con nuestros propios hijos”, explicaba una de las presentes, que lamenta estar viviendo una situación como esta en un trabajo que es vocacional: “Podría estar trabajando de administrativa, cobrando más y con menos problemas, pero esta es mi vocación. Lo único que pedimos es poder ejercerla con dignidad”.

Agotadas física y emocionalmente

Las educadoras explican que se turnan para cubrir los servicios mínimos establecidos por ley durante las huelgas, y que esto está poniendo aún más en tensión la situación con las familias, que apoyaban la causa, pero empiezan a notar más nerviosos a unos niños que no quieren ir a la escuela, tras pasar tantas horas al día en unos centros que no funcionan como deberían. “Si antes era difícil atender a tantos niños, ahora lo es todavía más”, subrayan las educadoras.

Están agotadas física y emocionalmente, más aún desde que observan la poca transparencia institucional y cómo el Gobierno madrileño gira la cara. “Cada día somos menos en las concentraciones porque la gente está agotada, también mentalmente”, lamenta una de las presentes. Algunas familias han acudido con sus carritos y los más pequeños para apoyarlas. “Estamos al cuidado diario de sus hijos. Lo que pedimos afecta a la calidad educativa y al bienestar de los niños”, defiende una educadora.

Las trabajadoras de las escuelas infantiles de la capital no entienden que ni el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ni la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comparta su visión ni empatice con ellas, cuando se trata de la educación de los niños en una etapa fundamental de sus vidas. “Que pongan cámaras en las aulas Almeida y Ayuso, para que vean lo que vivimos cada día”, decía una de las compañeras, que enseñaba las marcas de los mordiscos en el brazo provocadas por un niño con necesidades especiales durante una jornada laboral. “En el mismo momento tengo que recoger una mierda, que evitar que dos niños se peguen y otra se escape por la puerta, más vigilar a todos los demás que gritan y perturban la tranquilidad de dos niños con TEA”, añade, “he tenido que poner pestillos”.

Las educadoras infantiles tienen claro que no es el momento de bajar la intensidad de las concentraciones y seguirán insistiendo a las instituciones competentes que la situación cambie. Esta misma tarde se concentran en la Puerta del Sol para reclamar estas mejoras y paralizar las prórrogas de estos contratos.

Después de tres semanas en huelga indefinida, las educadoras infantiles siguen exigiendo a las instituciones mejoras en sus condiciones laborales. Las educadoras de niños de entre 0 y 3 años quieren reunirse con el alcalde de Madrid, José Luís Martínez-Almeida, para trasladarle su malestar de cara a la inexistencia de soluciones que han recibido por parte del Gobierno municipal para mejorar la situación precaria en la que trabajan a diario. Esta semana, la Plataforma de Escuelas Infantiles, junto con el sindicato CGT, se han dirigido a Almeida y al delegado del Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández Sánchez, además de a todos los concejales presidentes de los distritos madrileños, para solicitar el cese de las prórrogas de los contratos que gestionan las escuelas infantiles de la capital.

Las educadoras, que llevan en huelga indefinida desde el pasado 7 de abril, y se han concentrado en varias ocasiones frente a distintos puntos institucionales de la ciudad —como el Ministerio de Educación, la Consejería de Educación o en la Plaza de Callao—, recuerdan haberse reunido con José Fernández Sánchez la semana pasada, donde exigieron al delegado del Área de Gobierno la paralización de estos contratos. Desde la Plataforma explican que la justificación de estas prórrogas es “la continuidad de los proyectos educativos”, algo que para las educadoras es “bastante incoherente”, puesto que “instaurar un proyecto pedagógico en un centro educativo y evaluar su funcionamiento cada 3 o 5 años para, a continuación, volver a realizar una licitación y cambiar de empresa gestora de las escuelas, así como el proyecto educativo de la misma, carece del propio sentido que ustedes argumentan para la continuidad del contrato en prórroga”.

Muchas prórrogas se firmaron tras la reunión

Desde la Plataforma denuncian que la consolidación de un proyecto educativo requiere “de una municipalización del servicio y de un acompañamiento pedagógico, que, con el presupuesto invertido para este primer ciclo de educación infantil, es imposible llevar a cabo”. Las educadoras critican que a día de hoy existe un número indeterminado de prórrogas de contratos de escuelas infantiles municipales que no han sido formalizadas, pese a que el delegado del Área de Gobierno insistió en la reunion que mantuvieron el pasado 21 de abril en que “ya estaban todas formalizadas y tenían por tanto carácter irrevocable”. “Cosa que no es cierta”, replican las educadoras.

Las trabajadoras y educadoras de las escuelas infantiles madrileñas subrayan que en las juntas de Gobierno celebradas después del comienzo de la huelga indefinida -el pasado 7 de abril-, se ha autorizado por parte de las juntas municipales correspondientes “el gasto para varias de esas prórrogas asociadas a contratos que terminan su periodo inicial de ejecución el próximo agosto”. Las mismas explican que esta decisión es “un paso previo siempre a la firma por parte de las empresas del acuerdo vinculante legalmente de dicha prórroga”.

Sin embargo, desde la Plataforma denuncian que estas autorizaciones de gastos se han realizado incluso después de la reunión que mantuvieron con el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández Sánchez -el pasado 21 de abril-, donde expusieron su solicitud de paralizar estas prórrogas y donde se les informó de su “imposibilidad”, además de que “ni siquiera habían contado todavía con la aprobación del gasto en junta de Gobierno, trámite indispensable con carácter obligatorio en importes similares”, explican las educadoras infantiles. Un ejemplo, recuerdan, es el de las escuelas infantiles de Carabanchel, donde se acordó el gasto después de la mencionada reunión. Las mismas detallan que esta reunión “no fue satisfactoria, no se expuso ninguna posible solución a este conflicto justificando que el Ayuntamiento no tiene ningún tipo de relación laboral con las trabajadoras”.

La PLEI denuncia una falta de transparencia institucional

Las educadoras infantiles califican esta gestión como una “falta de transparencia”, la cual “se suma a la falta de voluntad política que ha llevado al Gobierno municipal a condenar a las educadoras infantiles a ganar durante el próximo curso 1221 euros en lugar de los 1518 a los que tienen derecho”. Además, recuerdan que lo que exigen a las instituciones no es nuevo. Ya el día 5 de abril de 2025 se realizó una petición formal por parte de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles donde solicitaban el cese de estos contratos, para recibir mejores salarios -como reciben las educadoras de otros ciclos, como las de 3 a 6 años-, y mejores condiciones laborales.

Las mismas critican que las instituciones han tenido mucho tiempo para redactar nuevos pliegos, sin solución, “condenando a esta precariedad a las trabajadoras de forma consciente y deliberada”, además de no poner en valor la educación de la primera infancia.

Las educadoras solicitan reunirse con Almeida

Por todo ello, desde la Plataforma de Escuelas Infantiles solicitan al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, una reunión para pedir personalmente la paralización de las prórrogas que todavía no son efectivas, y que “no se formalice ninguna prórroga más de las que ya cuentan con la autorización por parte de la Junta de Gobierno, hasta que no se resuelva el conflicto colectivo que tiene en curso con las trabajadoras de las empresas que gestionan sus escuelas infantiles”.

Además, exigen que se resuelvan todos los contratos que hayan sido prorrogados, “aunque suponga económicamente un perjuicio puntual para el Ayuntamiento de Madrid, que estamos seguras, será capaz de reorganizar sus partidas económicas” porque, según explican, “hay justificación legal para poder llevar a cabo esta resolución de contratos”. Las educadoras infantiles insisten en que ninguna de estas prórrogas ha comenzado ya “y por lo tanto se pueden sacar nuevas licitaciones por vía urgente”. También exigen la inspección del servicio de las empresas gestoras y amonestar a las que correspondan por no cumplir los contratos.

Desde la Plataforma rechazan esta firma de prórrogas que les condena “a casi dos años y medio más de precariedad y sustraen 4000 euros anuales de incremento salarial a los que tenemos el derecho, sostenido por nuestro trabajo cotidiano, y defendido por las compañeras huelguistas y por la ciudadanía de Madrid, que nos apoya”. Además, recuerdan que el trabajo de las educadoras es un servicio público y que tanto ellas como las familias y los más pequeños saldrán beneficiados de estas medidas que solicitan.

Esta semana, las educadoras infantiles se concentrarán frente al Palacio de Cibeles el miércoles a las 8:45 horas, y a las 18:00 horas en la Puerta del Sol; el jueves, se reunirán frente a la Consejería de Educación a las 12:00 horas. El viernes, además, acudirán a la manifestación del 1 de mayo en Marqués de Vadillo a partir de las 11:00 horas.

Miguel Ángel García Martín ha criticado este miércoles la aprobación de la regularización de migrantes después del Consejo de Gobierno celebrado esta mañana en la Comunidad de Madrid, y ha explicado que “los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid están trabajando en la presentación de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo para oponerse a la entrada en vigor de esta regularización masiva”.

El portavoz del Gobierno regional ha insistido en que esta inciativa, aporbada este martes, “afecta gravemente a la presentacion de los servicios públicos, sin articular mecanismo ninguno ni de financiación ni de provisión de medios” y que la presentarán también por “contravenir la normativade la Unión Europea”.

Desde la Comunidad de Madrid niegan conocer las cifras de las personas que se beneficiarán de esta regularización, debido a que “el Gobierno no sabe y no contesta” y “no explica a las comunidades autónomas ni a los ayuntamientos” esta información. García Martín se ha referido a la aprobación de esta regularización como “una medida irresponsable que ha tomado un Gobierno que ya tenía un caos en la política migratoria”.

“No vamos a colaborar con esta política del caos que ha implantado el Gobierno de Pedro Sánchez”, ha insistido el portavoz regional, que se ha dirigido a Elma Saiz, portavoz del Gobierno: “poco le puedo decir, que se quede tranquila”, recordando, de nuevo, que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso “no va a colaborar” y no aplicará ninguna nueva medida para amoldarse a los cambios de esta nueva regularización, ni para facilitar támites a los nuevos beneficiarios.

Miguel Ángel García Martín ha atacado al presidente del Gobierno por “poner el modo avión”, haciendo referencia a su viaje oficial esta semana a China, “y como regalo nos ha dejado en España una regularización masiva de inmigrantes sin saber a cuántas personas puede afectar”. El portavoz del ejecutivo regional ha calificado la situación como un “caos en la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, que veníamos denunciando desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que más se agrava y se agudiza con una regularización masiva, y que se va a traducir en un riesgo de convivencia de nuestro país, en un desguace de los servicios públicos y un efecto llamada. Y por tanto, más negocio para las mafias que ya sitúan a nuestro país como uno de los paraísos de la inmigración irregular”.

El portavoz regional también ha cargado contra el ministro de Justicia, Féliz Bolaños, a raíz de las críticas de éste al juez Peinado después de su decisión de procesar a la mujer del presidente del Gobierno: “Bolaños pone la trituradora en marcha para volver a atacar y tratar de interferir en la independencia del poder judicial, sin pudor y valiéndose de su cargo de ministro de Justicia”. García Martín ha añadido que el mismo Bolaños, “que debería ser el principal valedor de la independencia del poder judicial y debería estar trabajando para dotar de más y mejores medios a la justicia, se ha convertido en el azote de la justicia cuando las decisiones de jueces y de magistrados no son del gusto del Gobierno o de la familia del presidente”.

Las declaraciones del portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid llegan dos días después de que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, también cuestionara al Constitucional por el juicio del exfiscal general del Estado.

Isabel Díaz Ayuso ha criticado esta mañana al Gobierno durante su intervención en un foro económico, insistiendo en que la situación política actual “hace polvo” al país y a su “credibilidad”, concretamente a los empresarios y las empresas. “Ver a un ministro de Justicia desprestigiando a un juez, a un fiscal general del Estado condenado haciendo lo mismo con los magistrados del Tribunal Supremo es algo que nunca se ha visto en una democracia, que tiene que atraer y dar confianza, y que tiene que decirle a los inversores que no va a cambiar las reglas del juego a mitad de partida”, ha criticado la presidenta de la Comunidad de Madrid. Recordaba así las palabras de Félix Bolaños, ministro de Justicia, que este lunes cargaba contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de procesar a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.

“Ver que salen de las cárceles los que han cometido los delitos más graves, que son aquellos que atentan contra la libertad y la vida, que se indulta a responsables de los peores casos que se han visto en España, que han secado por ejemplo las inciativas en regiones prósperas como Andalucia con los EREs, o los responsables del procés que han dinamitado la convivencia de todos...”, ha declarado Isabel Díaz Ayuso, “o ver que uno decide que no va a los requerimientos del juez, que no atiende a ellos, que el juez es simplemente un elemento a destruir y a desprestigiar en tiempo real, y que hay que, a su vez, juzgar a través de prensa o a través de políticos.. Esto es algo que nunca se ha visto en España, no puede ser”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha añadido que esta situación está “haciendo daño a nuestras empresas” y empresarios, ya que son estos los que “están empezando a sufrir ese deterioro reputacional, por ejemplo en Estados Unidos, después de tantos años de duro trabajo allí”. Ayuso cree que las grandes compañias americanas, “nos dicen testimonios españoles”, subraya la presidenta autonómica, “empiezan a alejarse de ellos y niegan colaboración con los nuestros, en foros y en encuentros”. Isabel Díaz Ayuso también ha pedido durante su intervención “que nada destroce” el trabajo de los empresarios, “y menos por culpa de la politica”.

Ayuso ha insistido en que, desde su Gobierno, defienden “todas las alianzas, especialmente aquellas con aquellos países donde hay elecciones que encima son libres, derechos laborales, participación ciudadana… Es decir, sobre todo en el marco occidental y libre”.

Estas declaraciones se han dado solo un día después de que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, también cargara contra los jueces, concretamente contra el Tribunal Constitucional, que juzga al ex fiscal general del Estado.

Poco más tarde, Rodríguez seguía tuiteando: “Un tercio de España está podrida. Apoya a Sánchez, Begoña, Ábalos, hermano de Sánchez, Cerdán, putas, corrupción, macarras, muertos porque se lo llevan…. Manipulación en RTVE, compra de medios de comunicación, compra de activistas… Un tercio de España está podrida”.

Estas declaraciones coincidieron este lunes con la solicitud del ex fiscal general del Estado al TC de anular la sentencia del Tribunal Supremo que lo condenó por la filtración de la confesión del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude fiscal. Además, el jefe de gabinete de Ayuso tendrá que declarar como investigado el próximo 6 de mayo por haber difundido en marzo de 2024 los nombres y apellidos de dos periodistas de El País que escribían sobre Alberto González Amador. Ambos fueron identificados en el domicilio de la presidenta de la Comunidad de Madrid y su pareja.

Este martes 7 de abril ha dado el pistoletazo de salida a la huelga indefinida en las escuelas infantiles madrileñas. Las trabajadoras de los centros educativos de niños de 0 a 3 años se han organizado para denunciar el abandono institucional que sufren en este sector, además de para exigir una mejora de condiciones laborales lo antes posible. Las profesoras reclaman una bajada de las ratios, salarios dignos y mayor inversión en las escuelas, siguiendo el modelo de otros niveles educativos, como el segundo ciclo (de 3 a 6 años).

Además de comenzar hoy con la huelga indefinida, trabajadoras de escuelas infantiles y familias se han concentrado esta mañana frente al Ministerio de Educación para ser escuchadas por las instituciones, a las que culpan de las malas condiciones en las que desarrollan sus jornadas. La huelga y las movilizaciones han sido convocadas por la Plataforma Laboral de las Escuelas Infantiles (PLEI), y apoyadas por el sindicato CGT. Además, CCOO también han estado presentes en la concentración de la calle Alcalá. Otra cara conocida que ha participado en la protesta ha sido la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. En general, todo tipo de perfiles se han agrupado esta mañana en defensa de las trabajadoras del sector 0-3, desde las profesoras más jóvenes a las más ancianas, padres, madres e incluso niños pequeños.

Las propias manifestantes frente al Ministerio han aplaudido el resultado de la convocatoria, que ha recibido la asistencia de cientos de trabajadoras de las escuelas infantiles, además de madres y padres, muchos de ellos con sus hijos pequeños. “Nos ha sorprendido que cada vez se une más gente al movimiento porque cada vez se entera más gente”, asegura una de las asistentes, que explica que se trata de una reivindicación a nivel estatal, pero es en Madrid donde se dan las peores condiciones laborales en este sector, ya que en otras comunidades “se están movilizando y ya se han conseguido cosas”.

Esta mañana, las de Madrid tenían mucha motivación para conseguir sus objetivos. Rosa Marín, portavoz de la PLEI, ha recordado que, durante el resto de días que se reúnan (miércoles a las 12:00 horas frente a la Consejería de Educación y jueves a las 18:00 horas en la Plaza de Callao) “no hay que perder las fuerzas hasta que tengamos compromisos y papeles firmados. Tenemos que seguir a tope. Hay que secundar la huelga lo máximo posible y venir a las concentraciones”.

Según las trabajadoras, la capital acoge las escuelas que viven la situación más delicada. En Madrid, se dan las peores ratios de toda España, aseguran, además de recibir poca inversión, lo que se traduce en infraestructuras deplorables, poco material y pocas manos para dar a los más pequeños un espacio seguro, limpio y con buena educación.

Las personas se han agrupado esta mañana frente al Ministerio de Educación para denunciar que no han recibido ninguna solución por parte de las instituciones, pese a haber hablado con ellas en numerosas ocasiones: “Hemos hablado con todos los grupos parlamentarios, tanto en el Congreso como en la Asamblea de Madrid. Nos han atendido amablemente, pero sin ninguna respuesta. Las palmaditas en la espalda no nos sirven para nada”, defiende una de las asistentes.

Sin embargo, según sostienen las trabajadoras, lo que reclaman a los políticos no es algo nuevo: “Lo que nos sirve es que el decreto 18/2008 lo revisen de una vez. Es un decreto del 2008, de cuando estaba el Gobierno de Esperanza Aguirre, que nos subió las ratios, cuando había otro decreto, en el cual eran las ratios mucho más bajas. Ya lo hemos tenido. Estamos pidiendo una cosa que ya ha existido. Lo que pasa es que se derogó para peores condiciones”.

No solo exigen unas mejores condiciones para ellas, sino también para los más pequeños, pues denuncian que estas malas circunstancias en las que trabajan a diario se traduce en poca atención y cuidado a los niños y niñas: “Se creen que el niño es un trozo de carne al que no hay que cuidar hasta los tres años, pero no es así. Es un ser con necesidades de comunicación, afectivas y de aprendizaje continuo. Es el andamiaje psicológico de toda la vida de una persona”.

Así se leía esta mañana en las pancartas frente al Ministerio de Educación. “Dos manos no sostienen veinte criaturas”, “sin condiciones dignas no existe educación de calidad”, “mi vocación no paga mis facturas”. Entre los cánticos, se podía escuchar, entre otros gritos: “No guardamos, educamos” o “no es vocación, es explotación”, acompañados de sonidos de cacerolas y silbatos.

Las educadoras infantiles también denuncian la poca visibilidad que reciben frente al resto de etapas educativas, pese a las grandes capacidades y esfuerzo que requiere su sector: “Hacemos lo mismo que cualquier profesor de otra etapa educativa, pero con más carga, porque también asumimos la higiene, la alimentación y el sueño”, explica una de las asistentes, “y no podemos hacer nuestro trabajo como queremos, pese a la formación que tenemos. Es una etapa muy específica que requiere una preparación muy concreta”.

Para garantizar el derecho a huelga, se han establecido servicios mínimos en las escuelas infantiles, que han sido criticados por UGT al considerarlos abusivos. Rosa Marín, portavoz de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, ha explicado que desde el PLEI han realizado un escrito al Defensor del Pueblo para conseguir alternativas y “garantizar que el 50% de los trabajadores pueda ejercer su derecho a huelga”. Una de las manifestantes exponía que “todos los servicios mínimos son abusivos. En muchas escuelas solo pueden hacer huelga tres o cuatro personas, lo que nos deja prácticamente con las mismas ratios de siempre”.

No obstante, en la concentración, además de profesoras, limpiadoras o cocineras de las escuelas infantiles, también han participado las familias, que apoyan las movilizaciones, ya que “quieren que a sus hijos se les dé una calidad educativa que merecen. Ni más ni menos, la que merecen”. Muchas trabajadoras o familias no han podido asistir esta mañana: “Se puede apoyar más, pero ya ha habido mucha gente que se ha sumado. En mi escuela han ido muy pocos niños hoy, y también hemos visto familias aquí, en la concentración, incluso con sus hijos”, insiste una de las asistentes, que señala familias con carritos y niños a sus hombros, con cascos para proteger a los más pequeños del ruido.

Las profesoras de las escuelas infantiles (de 0 a 3 años) de la Comunidad de Madrid comienzan este martes 7 de abril una huelga indefinida con la que quieren denunciar la falta de atención institucional y exigir mejoras en sus condiciones laborales. Desde la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) defienden que quieren dignificar un sector que se siente abandonado por la nueva ley de educación, que no incluía ninguna mejora en las escuelas de niños de 0 a 3. La plataforma exige, principalmente, una reducción de las ratios que establecen la cantidad de niños y niñas por profesora, y unas condiciones que se asemejen a las que se regularon para el resto de etapas educativas en la LOMLOE.

Rosa Marín, portavoz de la PLEI, explicaba en una conversación con elDiario.es que las movilizaciones empezaron “cuando el Gobierno de Pedro Sánchez anunció la nueva ley educativa a las puertas de una escuela infantil”. Marín pensó que esta ley incluiría modificaciones para este sector, y se sorprendió cuando “simplemente lo dejaron en la gratuidad de las familias”.

Desde la Plataforma defienden que el malestar de las profesoras del 0-3 no es algo nuevo, pero “ya empieza a ser insostenible”. Las profesoras llevan ya tres años organizándose desde todas las comunidades autónomas, recogiendo las quejas de todas las compañeras, para conseguir legislar estas mejores condiciones laborales a nivel estatal. Marín, además, reconoce que incluso presentaron una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados.

Las educadoras más organizadas, según explican desde la PLEI, son las de la capital. Saldrán a las calles desde este martes 7 de abril, donde reclamarán, además, la implementación de la pareja educativa como recurso de organización pedagógica, la atención temprana dentro del sistema educativo, salarios que se asemejen a los de los educadores del segundo ciclo (de 3 a 6 años), mejoras en las instalaciones educativas (calefacción, goteras, sombra en los patios...), mayor descanso para los niños durante el calendario escolar, mayores inversiones y, en general, una mejor calidad para los más pequeños durante su estancia en las escuelas.

Las trabajadoras del PLEI denunciaban que, en la capital, se creó la Red Pública de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Madrid, que prometía mejoras como subida de salarios e implementación de la pareja educativa, pero que “actualmente nada de eso existe, se lo han cargado”.

Un conflicto de las trabajadoras con las instituciones públicas

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, aseguraba el pasado viernes 27 de marzo que la huelga de profesoras surgía de un conflicto entre las trabajadoras y las empresas contratantes. Zarzalejo confiaba en que todo se resolvería mediante negociaciones entre ambas partes antes de recurrir a la huelga indefinida que comienza este martes. “Lo que nos corresponde en estas situaciones es garantizar los servicios mínimos en todas esas escuelas infantiles para que las familias puedan seguir llevando a los niños a las escuelas y no tengan ningún tipo de perjuicio”, añadió la consejera.

Desde la Plataforma Laboral de Educación Infantil subrayan que Mercedes Zarzalejo “está muy equivocada”. “Este conflicto es de las trabajadoras con las instituciones públicas”, explica Rosa Marín a elDiario.es. Rosa añade que estas instituciones “son las responsables de dotar de medios, de recursos y de dignidad al 0-3, y ya es hora de que se dejen de pasar la pelota de unos a otros y que hagan su trabajo”. Frente a los escasos recursos que reciben las escuelas en esta etapa educativa, Marín sostiene que “las empresas no pueden más”. A través de un comunicado de la PLEI, insisten en que las profesoras viven un “marco de precariedad impuesto por las instituciones públicas, a través de su falta de responsabilidad e inversión”.

Rosa lo tiene claro: “El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad en el Ayuntamiento de Madrid, José Fernández Sánchez, ni nos recibe. Es como si la cosa no fuera con él. Es el que gestiona las escuelas del Ayuntamiento. Este conflicto va contra el Ministerio. No intenten desvirtuar con que vamos contra la patronal ni contra las empresas. No. Es que queremos más financiación y queremos normativas, inspecciones y queremos de verdad poder ejercer nuestro trabajo en condiciones dignas”.

La PLEI recuerda que las reivindicaciones van dirigidas a la Comunidad de Madrid, “por el mantenimiento de una financiación insuficiente que asfixia a los centros y condena al personal a salarios que rozan el mínimo profesional”; al Ayuntamiento de Madrid, “por la falta de una apuesta decidida que blinde la calidad educativa por encima del ahorro presupuestario y de igual manera que el Ayuntamiento condena al personal a salarios muy precarios”; y a los agentes institucionales, “por perpetuar un modelo que trata la etapa 0-3 como un servicio de 'guardería' o conciliación laboral, en lugar de reconocer su valor pedagógico fundamental. Sin ser capaces de regular a nivel estatal la calidad educativa que se le ofrece a la primera infancia”.

Por su parte, el PSOE registró el pasado 18 de febrero una proposición no de ley “para reforzar y blindar con una reforma de la actual normativa estatal el primer ciclo de educación infantil (0-3 años)”, que pretendía que “se garantizaran estándares homogéneos de ratios, equidad territorial y que las aulas cuenten con dos educadores para garantizar una atención a los menores de manera más individualizada”. La Plataforma Estatal de Escuelas fue la encargada de esta iniciativa, que fue apoyada por Sumar y Podemos, y que reconocía que “el sistema público no ha desarrollado un marco estatal sólido que garantice condiciones educativas homogéneas. La financiación insuficiente o la proliferación de modelos de gestión externalizada han provocado una situación de precariedad estructural en el sector”.

La portavoz de la Plataforma recuerda que las concentraciones comenzarán este mismo martes a las 12.00 horas frente al Ministerio de Educación; los miércoles a las 12.00 horas se agruparán frente de la Consejería de Educación, y los jueves a las 18.00 horas, “para las compas que no puedan ejercer su derecho a huelga y que económicamente no puedan”, se reunirán en la Plaza de Callao. Marín defiende que “es un sector muy feminizado, y con el salario mínimo interprofesional es muy difícil sostener una huelga indefinida”. “Estamos muy motivadas”, explica la portavoz, que insiste en que van a ejercer toda la presión que puedan para resolver el conflicto y conseguir “compromisos por parte de la Administración de unos cambios tangibles en breve”.

“Nos dejamos el salario, la salud, pero somos felices”

Las escuelas infantiles trabajan con distintos modelos de gestión (gestión directa e indirecta, tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid), por lo que no todas tienen las mismas condiciones laborales, algo que la PLEI define como “segregador”. Sin embargo, la gran mayoría de escuelas son gestionadas de forma indirecta, es decir, por una empresa privada que accede a ello a través de unos pliegos de condiciones que marca la administración pública.

La baja inversión para las escuelas infantiles ha hecho que muchas profesoras tengan que aportar dinero de su bolsillo para financiar material y recursos que les permitan continuar con sus jornadas y con un pleno desarrollo escolar para los niños de 0 a 3 años. “Nos dejamos el salario, la salud, pero somos felices. Generalmente, en la dotación que llega, no hay dinero suficiente”, explica Rosa Marín en la misma conversación telefónica. Según la portavoz, en las escuelas que reciben la gestión directa de las instituciones públicas, el material está obsoleto y tienen que recurrir a carros propios para transportarlo entre aulas. En las escuelas de gestión indirecta, la Comunidad “no desglosa un presupuesto para material, entonces depende de la empresa, de la buena voluntad que tenga”.

Las madres y padres también apoyan la huelga que empieza este martes 7 de abril. “Las familias están a full con nosotras. Al final piensan que nos quedamos con lo más valioso que tienen. La mayoría valoran nuestro trabajo y cuando se enteran de lo que cobramos, flipan”, recuerda Marín, que sostiene que gran parte de la sociedad “no sabe lo mal valoradas y lo precarias que estamos a nivel laboral”. La portavoz de la PLEI defiende que lo difícil es gestionar una huelga indefinida para quedarse con los niños en casa y apoyar: “Es complicado. Para eso están los servicios mínimos y ellas (las familias) nos apoyarán poniendo quejas y ayudándonos en todo lo que podamos. Eso lo tenemos claro”.

Un sector feminizado

El ratio de niños por profesora es una de las razones principales que animaron a las educadoras a movilizarse, y reclaman una cantidad “acorde a las necesidades de la primera infancia” (tres bebés, cinco niños de 1-2 años y seis niños de 2-3 años), que coinciden con las que establece la Unión Europea. Rosa Marín insiste en que las profesoras de educación infantil viven sus jornadas “con mucho agobio, con mucho estrés”, y que estas condiciones acaban incluso repercutiendo en su salud. Muchas educadoras sufren de hernias discales, problemas de hombros y tendinitis en relación a las grandes cargas y posturas, además de diferentes virus, que en muchas ocasiones les obligan a recurrir a bajas médicas, lo que conlleva a la sobrecarga de trabajo de otras compañeras. En España, se dan las mayores ratios de Europa, lo que se traduce en menor atención individualizada a los más pequeños.

Desde la Plataforma sostienen que no se trata solo de un problema de infraestructuras y material, sino de la educación de los niños y niñas en una etapa vital de su desarrollo: “El problema de todo es la privatización y la externalización de los servicios. Tú no puedes dar un servicio de calidad con una infrafinanciación, que es lo que pretenden. Si hablamos de tornillos vale, pero es que estamos hablando de criaturas”. En un comunicado de la PLEI, aseguran que “la excelencia educativa que tanto prometen solo es posible si se respeta a quienes la hacen realidad cada día en el aula”.

La Plataforma Laboral de Educación Infantil explicó que un 97,4% de las trabajadoras de las escuelas infantiles son mujeres. La organización cree que los sectores dedicados al cuidado siempre han estado enfocados a las mujeres, y estos trabajos más feminizados, ¿por qué deberían tener mejores salarios, si siempre se dedicaron a ello de manera desinteresada? Marín cree que la profesionalización total de los sectores más femeninos queda lejos aún de su reconocimiento social, como ocurre con la limpieza, la cocina, el cuidado de mayores, la enfermería, etc., donde las mujeres trabajan en condiciones laborales muy deficientes, con salarios bajos.

Los casos de represión contra el derecho a protesta que se dieron en movilizaciones españolas durante el año 2025 han ascendido un 66,7% con respecto al año 2024. De entre todas las movilizaciones, una cuarta parte de las intervenciones se produjeron durante protestas en solidaridad con Palestina (90 casos), seguidas de vivienda y okupación (67 casos) y antifascismo (61 casos). Son datos que recoge el informe anual de la plataforma Defender a quien defiende, defensora de los derechos humanos y que cada año estudia la situación del derecho a la protesta en el Estado español de forma cuantitativa y cualitativa.

El informe, presentado este jueves por Bernat Aragó (de la asociación NOVACT), Cèlia Carbonell (de la asociación Irídia), Gabriela López Neyra (psicóloga del Centro Sira) e Ibán Vazquez (de BDS Madrid), recoge que la represión se intensifica cada año y lo hace de manera más visible y más sistemática —a más protesta y movilización popular, más represión—. En total, según los datos que ha podido conseguir la plataforma Defender a quien defiende, en 2025 se dieron un total de 380 casos, 1.956 vulneraciones y 1.771 personas afectadas en contexto de protesta.

Tipos de vulneraciones del derecho a protesta

La organización diferencia entre tres tipos de datos. Los casos, según detalla la plataforma, hacen referencia a los episodios concretos vinculados “a una protesta o situación relacionada con el ejercicio del derecho a la protesta” (por ejemplo, una manifestación, un desalojo). Las vulneraciones son intervenciones concretas realizadas “por una autoridad pública o por un actor privado que afecta o restringe el ejercicio de alguno de los derechos que conforman el derecho a la protesta”. Por ejemplo, una carga policial, una detención, una multa administrativa o la apertura de un procedimiento judicial. Y las personas afectadas “se contabilizan por caso y por vulneración”, es decir, una persona identificada y detenida es una persona contabilizada; en cambio, “si se produce una carga policial desproporcionada contra un grupo de personas, pero no se reporta ninguna persona herida, contará como una sola persona”. Si una persona resulta afectada en distintos casos, se contabiliza en cada uno de ellos en los datos de la plataforma.

También se distinguen distintos tipos de vulneraciones. El estudio indica que en 2025 adquieren mayor peso las vulneraciones contra la integridad física y moral (147 casos con 419 personas afectadas) y las detenciones (76 casos con 324 personas afectadas), lo que se traduce en más de una tercera parte de las vulneraciones detectadas, mientras que en 2024 fueron más comunes lss identificaciones y sanciones administrativas (más del 50 % del total de casos registrados). El informe recoge distintos tipos de intervenciones contra el derecho a protesta: multa, identificación, ataques a la integridad física y moral (agresiones, uso desproporcionado de la fuerza, cargas, registros y cacheos, golpes no reglamentarios, amenazas, insultos, coacciones o vejaciones), detención, infiltración (presencia encubierta de agentes de paisano en manifestaciones o actividades en espacios sociales), represión judicial, censura, retención, burorrepresión (obstáculos administrativos, trabas burocráticas o exigencias desproporcionadas que dificultan la organización y participación en movilizaciones), policía sin identificar y otros.

Un cuarto de las retenciones fueron en protestas por Palestina

Las retenciones durante las protestas en solidaridad con Palestina fueron las más recurrentes (el 24,7 % de los casos), y han aumentado casi un 65 % frente al año anterior, sobre todo en casos de ataque a la integridad física y moral. Estos casos de represión se dieorn principalmente en tres acontecimientos del año 2025: el boicot a la celebración de La Vuelta Ciclista entre los meses de agosto y septiembre, las protestas por el secuestro de los activistas de la Global Sumud Flotilla, y la huelga general por Palestina el día 15 de octubre del mismo año. Durante La Vuelta Ciclista en Madrid, la Red de Observación de vulneraciones en contexto de protesta de Madrid registró más de una veintena de manifestantes heridos, “de los cuales cuatro referían heridas graves en cargas desproporcionales ocasionadas por la Policía Nacional”, según el informe de Defender a quien defiende.

Estas intervenciones fueron ejercidas en su mayoría por los cuerpos policiales (54,5%), donde los Mossos d’Esquadra son responsables de un 25,8% de los casos, y la Policía Nacional de un 22,6%. “Este patrón refuerza la tendencia observada en años anteriores, donde las fuerzas policiales representan el principal actor en la represión de la protesta”, explican desde Defender a quien defiende.

Por otro lado, las instituciones públicas y judiciales son responsables del 26,3 % de los casos (111), y el 19,2 % de las vulneraciones documentadas son de actores privados, que entran en juego en protestas como las de vivienda, con la intervención de empresas de desocupación como Desokupa.

El informe también distingue un análisis territorial de los casos, donde se aprecia que Catalunya es la comunidad autónoma donde más casos se han registrado en 2025 (194 de los 380), seguido de Madrid (61 casos) y la Comunidad Valenciana, donde, además de protestas en solidaridad con Palestina, la vivienda y movilizaciones antifascistas, se produjeron muchos episodios vinculados a las protestas por la gestión de la DANA.

El recuento no corresponde a la totalidad de casos existentes pues, según explican en su informe, “en el Estado español no existe ningún mecanismo oficial de recuento o sistematización de vulneraciones del derecho a la protesta”, por lo que la recopilación de estos datos se ha conseguido mediante “observación directa por parte de redes de monitoreo en el terreno, testimonios y documentación aportada por personas afectadas, así como el seguimiento sistemático de medios de comunicación y redes sociales de movimientos sociales”. Defender a quien defiende explican que esta información es “una radiografía basada en los casos detectados y documentados por la plataforma, sin posibilidad de contraste con datos institucionales equivalentes. El volumen real de afectaciones es necesariamente superior”.

Diez años de la Ley Mordaza

El informe de Defender a quien defiende de 2025 coincide con el décimo año desde la aprobación de la Ley Mordaza (Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana) en España, que entró en vigor en julio de 2015. Esta ley ha supuesto el aumento y endurecimiento de las sanciones en los espacios públicos, principalmente en manifestaciones, y que limitan los derechos de los ciudadanos (libertad de expresión y protesta). Desde la plataforma apuntan que “no se debería haber aprobado nunca” y aseguran que fomenta malas prácticas con el material policial.

Este aumento de malas prácticas se ha podido apreciar en el incremento del uso de gases pimienta, pelotas de goma, bastones policiales, proyectiles de foam y otros materiales antidisturbios. La organización afirma que hay casos en los que los cuerpos los utilizan sin seguir los protocolos establecidos para ello, llegando incluso a provocar en activistas fracturas óseas en brazos, piernas y costillas. La plataforma denuncia que en numerosas ocasiones el uso de este material está “injustificado” y exigen la prohibición de los gases y los proyectiles.

De la misma forma, desde Defender a quien defiende critican las nuevas técnicas de control y vigilancia de la ciudadanía en el espacio público, como cámaras de seguridad, cámaras térmicas y de reconocimiento facial, y defienden que “solo una sociedad informada, que comprende los riesgos reales y se reconone como sujeto político en el espacio público, puede resistir la normalización de la vigilancia y movilizarse para construir alternativas democráticas y justas”.