El Gobierno de Aragón rechazará el reparto de menores migrantes tras la crisis de Ceuta

El Gobierno de Aragón rechazó este martes un futuro reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados llegados de Ceuta entre las comunidades autónomas y anunció que utilizará “todos los instrumentos legales, jurídicos y políticos” a su alcance para oponerse a cualquier decisión que considere una vulneración de sus competencias o que comprometa la capacidad de sus servicios públicos.

El Ejecutivo autonómico sostiene que el Gobierno “vuelve a pretender resolver una crisis provocada por su fracaso en política migratoria mediante un reparto obligatorio de menores” y afirma que el presidente, Pedro Sánchez, “no puede perder el control de la frontera y repartir después su incompetencia entre las comunidades autónomas”.

Según el Gobierno de Aragón, la situación vivida en Ceuta, con la entrada de miles de migrantes desde Marruecos el pasado domingo día 30 de julio, “no es un problema que pueda resolverse repartiendo sus consecuencias entre las comunidades autónomas”, sino que constituye “una crisis migratoria y de seguridad nacional provocada por la falta de previsión y control del Gobierno de España”.

Fuentes del Ejecutivo aragonés aseguraron que la Comunidad “ya ha realizado un enorme esfuerzo” en la atención a menores migrantes y afirmaron que su sistema de protección de menores “ha estado por encima del 200 por ciento de su capacidad estructural”. Por ello, advirtieron de que no aceptará “nuevos repartos obligatorios ni decisiones unilaterales” que saturen sus servicios.

Asimismo, recordaron que el acuerdo de gobierno suscrito por el Partido Popular y Vox recoge el compromiso de oponerse a este tipo de medidas y defiende que corresponde al Ejecutivo central asumir la gestión de la política migratoria. En este sentido, sostuvieron que el Gobierno debe “controlar las fronteras, identificar correctamente a quienes han entrado, localizar a sus familias y promover la reunificación y el retorno seguro a sus países de origen”. “Quien ha generado el problema debe asumir su responsabilidad y resolverlo”, concluyeron desde la DGA