El PP compite con Vox y choca con el Gobierno por la acogida de menores de Ceuta con la excusa de la “seguridad nacional”

La acogida de los menores que accedieron irregularmente a Ceuta a finales de la semana pasada, que superan la capacidad de las instalaciones de la ciudad, amenaza con provocar un choque institucional de primer orden entre el Gobierno y las comunidades autónomas que preside el PP (11, además de Melilla y la propia Ceuta). A pesar de que el propio presidente ceutí, el popular Juan Jesús Vivas, ha pedido que se aceleren los trámites para descongestionar su sistema de acogida trasladando menores a otras comunidades, el secretario general de los populares, Miguel Tellado, dio este martes un portazo a esa posibilidad y exigió que todos los migrantes, niños y adolescentes incluidos, “vuelvan por donde han venido”.

El PP ya rechazó apoyar el año pasado la reforma de la Ley de Extranjería que planteó el Gobierno para, precisamente, que las comunidades estuvieran obligadas a aceptar el reparto de menores cuando una autonomía con sus servicios de acogida sobrepasados solicitara ayuda de otros territorios. Esa reforma, no obstante, terminó saliendo adelante con el voto clave de Junts. De ahí que en esta ocasión, sabedor de que las comunidades ya no tienen la opción de rechazar la acogida de una parte de los menores que ahora mismo están en Ceuta, Tellado haya tratado de cambiar el marco y este martes asegurase que la declarada la semana pasada no es una crisis migratoria, sino de “seguridad nacional”.

Las implicaciones de tratar en estos términos la entrada irregular de decenas de miles de personas en territorio ceutí la explicó el propio número dos del PP en sus declaraciones: a su juicio, en este caso no solo no cabe plantear el traslado de los menores a otras comunidades para darles cobijo, sino que lo que el Estado debe hacer es expulsar a todos los autores de la “invasión”, la palabra que, junto a “avalancha”, utilizó para definir la crisis. Niños y adolescentes incluidos, puesto que Tellado, preguntado expresamente por la acogida de menores, no hizo ninguna excepción. “Esto no tiene nada que ver con una crisis migratoria, esto es una crisis de seguridad nacional. Ha entrado una avalancha de casi 80.000 personas a la ciudad autónoma y el Gobierno es responsable de que, por donde han entrado, vuelvan a salir”, espetó el secretario general del PP.

Las declaraciones de Tellado chocan con las que hizo Vivas el lunes en una entrevista en El País, en la que el presidente ceutí se mostró partidario de “esgrimir el imperativo de la ley” que obliga a las comunidades a acoger a los menores cuando las instalaciones de otra autonomía estén desbordadas. “La ley la vamos a cumplir a rajatabla, porque además esto ya no es solamente legislación nacional, esto son directivas comunitarias y son convenciones internacionales que España tiene firmadas”, planteaba Vivas, que argumentaba, además, que Ceuta “no puede soportar” la cifra de niños y adolescentes que ahora mismo se acumulan en sus instalaciones.

Las propias autoridades de la ciudad cifraron este martes en torno al millar el número de menores extranjeros que se encuentran en Ceuta, aunque el portavoz del Gobierno municipal, Alejandro Ramírez, admitió que no podía “dar la cifra exacta, puesto que todavía hay muchos menores por diferentes barriadas y por las calles” de la ciudad. De hecho, la previsión es que el número siga aumentando a medida que se localice a los niños y chavales que todavía no han sido incorporados al sistema de protección. “La situación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) es totalmente de caos y de desborde, lo cual hace que la situación ahora mismo sea muy insostenible y muy complicada para la ciudad”, lamentó Ramírez.

Las comunidades, obligadas a aceptar el reparto

Al rechazo ya expresado por la dirección nacional del PP a acoger en las comunidades que gobierna a los menores hacinados en Ceuta se suma la presión ejercida por Vox, tanto a nivel estatal como en las comunidades en las que forma parte del gobierno junto a los populares: Extremadura, Castilla y León, Aragón y Andalucía. Este martes, tras el anuncio del Gobierno de que entregará 25 millones de euros a la ciudad autónoma para ampliar sus sobrepasados servicios, el líder del partido ultraderechista, Santiago Abascal, rechazó que “ni un euro de los españoles” se destine “a menas [el acrónimo de menores extranjeros no acompañados, que Vox usa de forma peyorativa], a ilegales, a invasores” o a “mafias del tráfico de personas”.

En la misma línea, la cuenta de X de la formación aseguró que “los falsos menas” deben ser “deportados” y “los niños” han de ser enviados “a casa con sus padres”. Y esa ha sido una de las ideas fuerza de Vox en los acuerdos que ha suscrito con el PP en los últimos meses para gobernar en coalición en cuatro comunidades. El pacto firmado entre ambos partidos en Andalucía expresaba un “rechazo frontal” a la llegada de “más menores extranjeros no acompañados” y estipulaba la “supresión total” de subvenciones a ONG que, según el texto, “favorezcan la inmigración ilegal”. Y los acuerdos de Castilla y León, Aragón y Extremadura eran prácticamente idénticos: en ellos, PP y Vox se comprometían a oponerse “por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”.

No obstante, fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia se muestran tranquilas porque aseguran que, tras la reforma de la Ley de Extranjería aprobada el año pasado —después de muchos meses de bloqueo y con el voto en contra de PP y Vox—, las comunidades gobernadas por la derecha no tienen la capacidad de negarse a acoger a los niños y adolescentes que les correspondan para aliviar la situación de Ceuta. Las autonomías sí pueden recurrir cada expediente, pero estas fuentes confían en que dichos recursos tan solo retrasen los traslados unos pocos días. “Tellado puede negar si quiere que hay oxígeno en el aire que respiramos, pero las comunidades del PP tienen que cumplir la ley”, ironizan en respuesta a las declaraciones del dirigente.

Así lo asume, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, una de las que más ha criticado el sistema de gestión solidaria entre autonomías. Este martes su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, denunció que “Sánchez” vaya a “mandar” a la región sin “consultar” un grupo de “inmigrantes en situación ilegal”, y sostuvo sin prueba alguna que esa decisión “retrae dinero, servicios públicos, convivencia y seguridad”. Precisamente Ayuso se encuentra estos días en el centro de la polémica por la compra de un ático de lujo por parte de la Comunidad de Madrid que su Gobierno se ha visto obligado a poner en venta.

Lo cierto es que el número de menores que terminarán en el sistema de acogida de la Comunidad de Madrid —así como en el del resto de territorios— es, por ahora, una incógnita, apuntan fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia. Según explican estas fuentes, eso se debe al procedimiento “individualizado” que se seguirá con los niños y adolescentes que se encuentran en el sistema de acogida de Ceuta. Dicho proceso establece que los servicios ceutíes deberán celebrar una entrevista con cada menor para determinar su situación: si se puede verificar que tienen familia —en Marruecos o en España— que les esté reclamando, se habilitarán las vías para enviarlo con ella, y tan solo si eso no ocurre se buscará acogida al niño en las instalaciones de alguna de las ONG que colaboran con las administraciones o, en su caso, en el sistema de acogida de otra comunidad.

Por tanto, hasta que se realicen esas entrevistas y se decida el destino de cada menor no se podrá concretar cuántos serán acogidos en cada comunidad. En este momento, la única cifra que se puede utilizar como referencia es la de capacidad mínima de los servicios de acogida que debe cumplir cada autonomía, que el Gobierno concretó hace unos meses. Según la última reforma legal, Andalucía es la comunidad que más menores debería poder atender sin ver su sistema sobrepasado (3.009), seguida de Catalunya (2.829), Madrid (2.471) y Comunitat Valenciana (1.903).

Un sistema ya previamente desbordado

La gestión de la acogida de los menores migrantes en Ceuta ya se enfrentaba a dificultades antes de la entrada de decenas de miles de personas de hace unos días y, según recalcó este martes el portavoz del ejecutivo municipal, la ciudad llevaba semanas advirtiendo de que los recursos estaban nuevamente al límite. Ahora, después de la llegada de decenas de miles de personas desde Marruecos, el área municipal necesita ampliar de forma urgente los espacios disponibles. Frente a los cerca de 1.000 menores que se encuentran ahora mismo amparados por el sistema de acogida ceutí, el Gobierno central cifró en 29 el número de plazas que debía tener como mínimo Ceuta para acoger a los menores migrantes no acompañados cuando, en marzo de 2025, aprobó el decreto que dio base legal al reparto de los jóvenes por las distintas comunidades para desahogar los sistemas de acogida de Canarias, Ceuta y Melilla.

El Ejecutivo autonómico trabaja ya en la habilitación de dos naves para poder acoger a parte de los menores que siguen fuera de los recursos de protección. Una de ellas se encuentra en Loma Margarita y la otra en algún punto del entorno portuario, según detalló el portavoz, que señaló que ambas instalaciones requieren actuaciones de acondicionamiento antes de poder ser utilizadas. La estimación técnica que maneja la ciudad es que estos dos espacios puedan ofrecer capacidad para unas 500 personas, una cifra que permitiría aliviar parcialmente la situación, pero que no resolvería por sí sola el desafío humanitario.

Mientras tanto, los servicios municipales y policiales continúan localizando a menores que permanecen en las calles. Una vez encontrados, son trasladados a los recursos habilitados y comienza el proceso previo a su incorporación al sistema de protección, que incluye su identificación y las actuaciones necesarias para determinar su edad.

Las dificultades para la acogida de los jóvenes se suman a la saturación que, según detalló el portavoz, todavía existe en el CETI y a las dificultades que persisten en distintos puntos de la ciudad después de la entrada de la semana pasada. La petición al Estado incluye tanto instalaciones como medios materiales y económicos que permitan asumir la tutela de los menores —competencia de la ciudad— mientras se reorganiza el sistema de protección.

Las ONG exigen garantías contra la devolución de menores

“Los niños y niñas no acompañados en Ceuta no deberían afrontar un futuro incierto. La máxima prioridad en estos momentos es conseguir que estén en un lugar seguro y acompañados de personal formado para su atención y acogida”, dice a elDiario.es José María Vera, Director Ejecutivo de Unicef España. Al estar el sistema de protección saturado, prosigue Vera, se deberían activar de forma inmediata “los mecanismos de traslados contemplados en la Ley de Extranjería, para derivarlos a centros según sus necesidades y que garanticen una acogida de calidad y servicios esenciales”. “Como principio básico, se debe asumir la presunción de minoridad de ese niño y niña, evitando que menores solos estén en centros con adultos”, indica Vera.

Paralelamente, el responsable de Unicef España recuerda que se debe realizar un diagnóstico de “vulnerabilidades y de interés superior del menor de forma individualizada, con el objetivo de detectar cualquier situación de desprotección, como por ejemplo la trata de personas, identificar si los menores tienen alguna discapacidad, si son posibles demandantes de asilo y protección internacional, o si cuentan con referentes adultos cercanos a los que se pueda contactar”. “Y a lo largo de todo el proceso es muy importante escucharlos, conocer sus necesidades y expectativas”, apostilla.

ONG especializadas están manifestando su preocupación por los operativos de traslado de personas hacia la frontera con Marruecos para su retorno, incluyendo el uso de camiones. “En algunas de ellas pueden apreciarse personas de apariencia muy joven y, según testimonios e informaciones recabados sobre el terreno, habría indicios de presencia de niños, niñas y adolescentes”, alerta Save the Children, que señala que ha recibido información sobre casos particulares de menores que “habrían sido acompañados hasta la frontera”. La Cadena Ser informó este lunes de que un niño migrante de 12 años estuvo a punto de ser llevado a la frontera, pero la intervención de varios periodistas y un mando de la Legión impidió que fuera devuelto. Según el mismo medio, el menor caminaba desde la ciudad de Ceuta hacia la frontera “obligado por un legionario”, entre lágrimas y repitiendo la frase: “No, Marruecos, no. No, Marruecos, no”.

La organización especializada en infancia ha indicado que ha enviado una carta al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa para “solicitar garantías de protección para todos los menores que puedan verse afectados por estos operativos”. “Celebramos que se estén habilitando recursos para atender a los niños y niñas que han llegado a Ceuta, pero nos preocupa especialmente que pueda haber menores entre las personas trasladadas hacia la frontera. Antes de cualquier retorno es imprescindible identificar a cada niño y niña y evaluar individualmente su situación, garantizando siempre su interés superior”, dice Jennifer Zuppiroli, especialista en migraciones de Save the Children, que recuerda “que cualquier eventual repatriación de un niño, niñas, adolescente y joven debe realizarse mediante el procedimiento específico previsto por la legislación española, con una evaluación individualizada y atendiendo a su interés superior”.

No obstante, el Gobierno ha negado que se estén produciendo deportaciones forzosas. Este martes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, rechazó que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hayan podido devolver a menores de edad a Marruecos en contra de su voluntad, y argumentó que “en España se respetan los derechos fundamentales de los menores, evidentemente, como personas vulnerables, pero también de los mayores”.