Esta semana hemos empezado y acabado la serie Mare of Easttown (en la plataforma HBO), una serie protagonizada por Kate Winslet. La empecé a ver –sí, lo confieso– también atenta a la escena o escenas en las que supuestamente enseñaba barriga: una mujer de mi edad, increíblemente, con barriga. La cuestión es que no he visto esa barriga en ninguno de los 7 capítulos de la serie, quizá porque, cada una desde sus estándares, solo veía a una mujer de mediana edad con una figura de lo más corriente y que, en cuanto se arreglaba un poco para salir con alguna de sus citas, relucía.

También he visto y disfrutado muchísimo una serie en la que el personaje principal interpretado por Winslet es una inspectora de policía de un pueblo pequeño, en una comunidad en la que todos se conocen, para lo bueno y para lo malo. Esa inspectora es, además, una madre divorciada, con el corazón destrozado, que vive con una hija de 17 años, con su nieto y con su madre; sí, 4 generaciones en un hogar en el que conviven en un equilibrio precario, y no siempre por culpa de sus habitantes. La inspectora Mare Sheehan comparte sus penas con su mejor amiga, a la que conoce de toda la vida y que, según vamos descubriendo, tampoco tiene una vida precisamente fácil. Aparecen otras mujeres en la serie y a todas las une su condición de que son mujeres fuertes, trabajadoras, con unos contextos y experiencias vitales duros y complejos, pero que ninguna de ellas se esconde, sino que acarrean con sus circunstancias como pueden y que se dan apoyo las unas a las otras, también, como y cuando pueden. La serie se aleja totalmente de las series glamurosas de policías en las que ellas siempre salen perfectamente maquilladas, vestidas con modelitos supuestamente cómodos y, muy a menudo, con unos tacones con los que muchas no seríamos capaces ni de correr para coger el autobús.

Kate Winstlet no es la primera en adentrarse en un personaje del tipo descrito. Otras actrices que se han atrevido con este tipo de papeles son, por ejemplo, Frances McDormand o Emma Thompson. Sin embargo, muchos hombres protagonizan cada año series o películas policíacas, negras o de suspense haciendo gala, precisamente, de representar a tipos fuera de la norma, en todos los aspectos. La gran diferencia, sin embargo, es que con ellos no se hace noticia, ni titulares ni trending topics.

El pasado 31 de mayo, The New York Times publicaba una entrevista de Maureen Dowd a Kate Winslet en la que la actriz británica explicaba la dificultad del personaje, lo duro de su contexto, lo que trabajó para meterse en Mare de Easttown y, también, que el director de la serie le dijo que borraría un michelín que parece que sale en una escena de sexo en la que participa la actriz. Winslet le dijo que ni se le ocurriera borrarlo, cosa que el director respetó. También cuenta en la entrevista que en los carteles de promoción de la serie le habían borrado las patas de gallo y que los devolvió exigiendo que la imagen representara la realidad del personaje.

Una vez acabada la serie, para mi sorpresa, siguen los artículos en los que se califica a la actriz de vieja, gorda, demasiado natural, entre otros. En primer lugar, la señora Winslet representa un personaje que difícilmente encajaría con una mujer perfectamente teñida, pintada y arreglada. Pero, además, resulta insultante, odioso incluso, que caigamos en unos parámetros de belleza femenina que siguen cosificando los cuerpos de las actrices, por muy bellas, inteligentes y enormes profesionales que sean. Si una mujer de 45 años no puede mostrarse tal y como es porque puede contrariar el estereotipo de belleza, incluso en una serie en la que impera el cutrerío del contexto, ¿qué ha aprendido la industria audiovisual del #metoo? ¿Solo a no tocar el culo o exigir sexo a las actrices? En 1962, con 54 años, Bette Davis publicó un anuncio en un diario en el que se ofrecía para un trabajo estable en Hollywood y se presentaba como madre de tres hijos, divorciada, con 30 años de experiencia como actriz de cine. Han pasado casi 60 años y la promoción de una serie está haciendo que la actriz que representa al personaje protagonista, con 45 años, es vieja y gorda. Ahora visualicen a Kate Winslet. Nada más que decir.

En los últimos días todos hemos roto relaciones de forma más o menos ruidosa, más o menos explícita. Colegas, amigos e incluso familia. También esos grupos de Whatsapp de los que antes nos quejábamos porque no paraban de sonar, siempre activos, en la mayoría de los casos sin grandes intercambios de información útil. Pero lo cierto es que era gente con la que te relacionabas normalmente, con la que compartías, grupos en los que se y te felicitaba el cumpleaños de forma amistosa. Pues bien, también estas relaciones se han visto muy afectadas, algunas tocadas de muerte, por el procés.

Los ánimos se han exaltado, se han creado barricadas, trincheras intelectuales, mediáticas, amicales y familiares. Muchos ya no hablan, se lanzan acusaciones de ser esto o lo otro por apoyar esta o tal actuación. Y como no dejan de suceder cosas, la política mediática es así, en nuestro caso aquello de que después de la tormenta llega la calma no es algo por lo que hayamos tenido la suerte de pasar todavía.

Ahora bien, igual que se han roto relaciones, se han empezado otras, se han construido nuevos puentes con personas a las que conocíamos poco o nada pero a las que la sensación de incredulidad, de miedo, de soledad nos ha unido, creándose nuevas redes de complicidad, incluso, solidaridad intelectual y emocional. Desde hace unas semanas tengo la suerte de estar en un grupo de whatsapp de mujeres de muy distinta procedencia social, cultura, profesional e ideológica, a muchas de las que cuales no conocía de nada, que se ha convertido en una suerte de salvavidas emocional. Nuestras conversaciones se focalizan en los momentos que atravesamos en Catalunya que son los más duros que hemos vivido colectivamente las últimas décadas y cómo el proceso nos ha partido por la mitad, nos ha ido separando de personas a las que queríamos, respetábamos, admirábamos, etc. Y, lo peor, nos ha ido colocando en bandos, palabra que denota que hay un nosotros y un vosotros, un o conmigo y contra mi… un “a por ellos” en definitiva. Los bandos no admiten matices: para ser del club hay que mantenerse pura e incólume, no ceder ante las consignas de los otros.

Y las consignas tienen un problema y es que normalmente son grandes simplificaciones de realidades muy complejas y, por tanto, vacías de un contenido que permita argumentar. Pero son útiles para enfrentar a las personas, para colocarlas en sus bandos respectivos. Por ello, si se te ocurre salirte de la consigna, las cosas se complican sobremanera. Te conviertes en un sujeto extraño, desleal, incluso traidor, que ha defraudado las expectativas generadas. Expectativas que, además, cada cual ha construido sobre ti, escuchando solo una parte de tu discurso, las que les ha interesado. Los matices nos sitúan en una zona gris, en la que puede hacer mucho, mucho frío.

Sin embargo, los matices te permiten afirmar, por ejemplo, que el Partido Popular no ha sabido gestionar políticamente el creciente descontento en Catalunya con la forma en que el Estado gestionaba sus ganas de reafirmar su propia identidad política. Que el PSOE tiene un problema con la idea de unidad a la que protege como a una piedra sagrada, lo que le impide dar pasos hacia el verdadero reconocimiento de la pluralidad nacional que existe en España y que es buena, es enriquecedora y solo es peligrosa si se esconde y no se gestiona. Que Podemos ha hecho un flaco favor a una izquierda no independentista que ha visto que los partidos soberanistas se llevaban por delante las instituciones de autogobierno en Catalunya a las que el 155 ha dado un golpe durísimo, golpe que nos hubiéramos ahorrado si el President Puigdemont hubiera convocado elecciones cuando tuvo oportunidad. O que Ciudadanos, con su vociferante mano dura, para el golpe pero no soluciona los problemas de fondo. Hay que decir también que España, el Estado, tiene muchos defectos y que es muy mejorable, que tenemos un pacto constitucional que se hunde porque algunos lo tienen secuestrado y lo van a romper de tanto quererlo. Que algunos jueces no han entendido el contenido y alcance de la libertad de expresión, que sí incluye mensajes incómodos e hirientes. Pero que en España no hay presos políticos, y que los procesos judiciales se han abierto contra personas que han incumplido la ley porque los gobernantes, cualquiera, no pueden saltarse la ley porque esa es la base del Estado de derecho democrático. Igual cabe afirmar que no deberían estar en la cárcel, porque como cientos de jueces hacen en España cada día, hay alternativas a la prisión provisional que también mantienen a salvo el objeto del proceso.

Ahora bien, para ver los matices, hay que escuchar y estar dispuestos a admitir que nuestro interlocutor puede tener su parte de razón. Hay que olvidar las líneas rojas, quizá incluso hay que cambiar de interlocutores, y hay que dejar los cálculos electorales de lado. En fin, hay que respirar y , sobre todo, hay que dejar de tratar al otro como un enemigo.

Varios sectores políticos y sociales reclaman en los últimos días diálogo entre las instituciones de la Generalitat y el Gobierno del Estado. Diálogo para empezar a poner fin a un conflicto eminentemente político que ha llegado a sus máximas cotas de tensión en las últimas semanas, en los últimos días. 

Ahora bien, diálogo para qué y sobre qué. Creo que pese a lo bienintencionado de esta petición el alcance que les suponen los diferentes implicados puede no ser coincidente. Algunos lo utilizan como estrategia o táctica (para ganar tiempo, para ganarse simpatías, etc), otros lo ven como el reconocimiento de un igual, otros como la aceptación de un fracaso. Solo algunos creemos en el diálogo como la única salida a la situación que vivimos hoy en Catalunya. 

Debe partirse de que, efectivamente, son muchos los reproches que ambas partes pueden hacerse tanto desde el punto de vista jurídico como político, con más o menos fundamento. Citaré ahora solo algunos ejemplos. El Gobierno del Estado, muy especialmente bajo la presidencia de Mariano Rajoy, ha optado por una estrategia de relación con Catalunya basada en el ninguneo, una veces, e infravaloración, otras. Este rechazo sostenido en el tiempo se ha unido a una falta de comprensión de la dimensión política del deseo de celebrar un referéndum pactado y el aumento de los partidarios de la independencia en Catalunya. El Gobierno de Rajoy ha optado por no hacer política y limitarse a la respuesta jurídica del creciente malestar en Catalunya. Esta estrategia se enmarca, además, en una campaña de recentralización de competencias y poderes autonómicos de afectación a todas las Comunidades Autónomas, iniciada por Rajoy y su gabinete con la excusa de la crisis. El referéndum pactado ha sido ventilado una y otra vez con una máxima “no es que no quiera, es que no puedo” refiriéndose a los límites constitucionales para la celebración de dicho referéndum. Sin embargo, esta afirmación es, como mínimo, matizable. Una parte importante de la doctrina constitucionalista defiende que al amparo del art. 92 CE cabría celebrar un referéndum, o consulta, no vinculante en Catalunya en que podría preguntarse sobre su encaje en España. Por tanto, el Sr. Rajoy debería cambiar su eslogan y afirmar, de forma legítima, “no lo hago porque no quiero; no encaja en mi idea de España”. Dejaremos ahora de lado la injustificable e inútil actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil el 1 de octubre.  

En el otro lado tenemos a unas instituciones de la Generalitat comprometidas plenamente con la independencia y no tanto con el referéndum. Si la finalidad del Govern y de la mayoría Parlamentaria hubiera sido el referéndum, en sus programas no estaría la posibilidad de declarar, en última instancia, la independencia. Igualmente, el Pacto por el Referéndum, una iniciativa loable, no hubiera durado escasamente seis meses, además, bajo la amenaza constante de que, en cualquier caso, en Catalunya se celebraría un referéndum por la independencia en otoño de 2017. En la misma línea, la primera semana de septiembre no se hubiera aprobado una Ley del Referéndum para la autodeterminación de Catalunya que implicaba su independencia en caso de obtener más votos positivos que negativos, pese a que los representantes del 51% de los ciudadanos catalanes en el Parlament estaban en contra. Por último, el president Puigdemont esta semana no hubiera tenido que hacer una declaración (inexistente) de independencia que, además, suspendió en pocos minutos. Todo ello contraviniendo el ordenamiento jurídico constitucional. De nuevo, sin entrar a valorar la utilización de bienes y fondos públicos para la realización de un referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional y el abandono por los Mossos de sus funciones el día 1 de octubre. 

El Estado tiene razón en decir que la Generalitat hace tiempo que obvia e incumple el ordenamiento jurídico constitucional y la Generalitat tiene elementos para defender que el Gobierno del Estado ha obviado la naturaleza política del conflicto, agravándolo.  

Sin embargo, la recomposición de la situación solo pasa por el diálogo. Un diálogo entre las dos partes, entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de la Generalitat, en primer término. Ahora bien, sin olvidar todo lo acontecido, pero con la convicción de que la sociedad necesita políticos y política constructivos, hay que lograr salir del aparente punto sin retorno en el que nos encontramos. Puede que debamos asumir que el Gobierno central se niegue a aceptar la mediación pública por un tercero: el conflicto es político, no violento, y España es un Estado democrático, plenamente integrado en las estructuras internacionales, que cuenta con los instrumentos institucionales y políticos para abordar un dialogo con la Generalitat. Y no, esto so significa doblegarse ante los secesionistas, ni aceptar que España ha sido humillada. También deberemos asumir los recelos del Gobierno del Estado frente a la “astucia” de la Generalitat y que hablar para construir llevará su tiempo, no será cosa de unas semanas o un mes. 

En este diálogo el Estado tiene la oportunidad de demostrar que es capaz de reintegrar a sus ciudadanos en un pacto común de convivencia, en una Constitución común. Estamos en un Estado moderno y, por tanto, lo que debemos tratar de preservar es nuestro pacto constitucional, más allá de la nación o la bandera de cada cual. El diálogo es necesario para lograr que nuestro pacto fundacional se mantenga y salga fortalecido. La Constitución de 1978 necesita de reformas, algunas profundas, para recuperar su función integradora. En lo relativo al modelo territorial puede contribuir un referéndum previo, legal y pactado, en Catalunya en que se ofrezca a los catalanes algo más que quedarse o irse. Debe ofrecerse también a los catalanes un nuevo marco de convivencia en la que Catalunya se sienta cómoda, y que comparta un proyecto con otras 16 CCAA. Como punto de partido de un nuevo marco territorial, debe reconocerse de forma expresa a todas ellas, por fin, su naturaleza de entes políticamente autónomos, reconociendo además las especialidades de algunas de ellas.

En definitiva, el diálogo debe ayudarnos a calmar los ánimos en el corto plazo; a hablar de cual es el pacto de convivencia en que todos podamos sentirnos integrados,  en el medio plazo; y, como fin último de superación de la crisis constitucional en que estamos inmersos, a abordar la reforma constitucional previamente pactada entre todas las fuerzas políticas y sociales.

Los diputados y diputadas que representan la mayoría de escaños en el Parlamento de Catalunya, Junts pel Sí y las CUPS, han presentado en la Mesa del Parlament una Resolución que supone un choque frontal con las normas mínimas y esenciales de eso a lo que llamamos Estado de Derecho y por lo que llevamos construyendo en Europa desde hace más de dos siglos. Mucho se habla de la legitimidad estos días en contraposición a la legalidad, como si fueran realidades desligadas o desligables. Olvidan quienes hacen este planteamiento que la legitimidad de las mayorías, y de las minorías (la democracia debe protegerlas), de nada sirven si no es bajo un sistema jurídico determinado. Sino, cada mayoría, por coyuntural o eventual que fuera, podría imponerse siempre y en todo caso a las anteriores, independientemente de cual fuera su contenido o propósito. En nuestro caso, el sistema de referencia, las reglas del juego, viene dado por la Constitución de 1978 y el ordenamiento jurídico que la desarrolla, el ordenamiento de la Unión Europa y los compromisos internacionales por los que hemos decidido obligarnos. Prescindir de todo esto supone abrir una puerta a la incertidumbre jurídica, fuera de todo marco de referencia, en el que no hay reglas de juego prefijadas, lo que dota de inseguridad a toda conducta de las instituciones pero también a la ciudadanía. En definitiva, permite iniciar un camino fuera de la legalidad que sirve también a nuestros derechos, a su tutela, y a nuestra convivencia. Es cierto que urge cambiar, y no sólo cosméticamente, el pacto de convivencia que contiene la Constitución de 1978 y adaptarlo así a las nuevas exigencias de nuestra realidad política y social, también a la catalana. Pero no podemos permitir que eso se haga de cualquier forma porque supondrá el fracaso de todo el proceso, también el de aquellos que quieren la independencia, porque su legitimidad no será reconocida por nadie más que por ellos al hacer que salten por los aires todos las cautelas propias del Estado de derecho democrático que reconocemos como propio y que hemos coincidido en elesobre el todos deseamos construir nuestro pacto social.

En el otro lado, genera interrogantes la estrategia exclusivamente “jurídica” del gobierno estatal para hacer frente a un conflicto político de primera magnitud. Las dudas aparecen en relación con la eficacia que puedan tener las medidas que estas semanas se están proponiendo para acabar ya sea con la actitud beligerante aunque pacífica de las instituciones catalanas ya sea para acabar con la persona a la que hacen responsable de todos sus/nuestros males: el Sr. Artur Mas. En este último caso pareciera que, y perdónenme la expresión, “muerto el perro, muerta la rabia”.

En primer lugar se asume que la hoy propuesta de Resolución del Parlament será recurrida ante el Tribunal Constitucional en cuanto aquella adopte naturaleza de acto jurídico. La vía de recurso será la prevista en el artículo 161. 2 CE (utilizado en contadas ocasiones hasta tiempos recientes) por lo que la Resolución quedará inmediatamente suspendida. Es este un mecanismo que la Constitución brinda al Gobierno del Estado y que privilegia su posición respecto de la de los ejecutivos de las Comunidades Autónomas (sus razones tendría el Constituyente). Así las cosas la Resolución de marras quedará suspendida como mínimo durante 5 meses de forma automática y después tanto tiempo como el TC estime oportuno. A partir de aquí cabe preguntarse cuál será el alcance de las nuevas posibilidades de ejecución de sus propias sentencias que el Partido Popular ha otorgado al TC a través de una reforma exprés de su Ley Orgánica . Obviamente  primero debe dictarse la Sentencia respecto de la Resolución que puede suponer meses o años. Una vez que se haya dictado la sentencia, la aplicación de las medidas de ejecución afrontará una serie de problemas. En primer lugar, si la sentencia resolviera que la Resolución (o admisión de propuesta de resolución) es contraria a la Constitución y, por tanto, nula ¿qué cumplimiento podría exigirse si es un acto político? Y por tanto ¿a qué autoridad podría suspenderse por incumplimiento? Lo suyo sería inhabilitar, si fuera el caso, a la Presidenta del Parlament. Pero, ¡atención!, porque la lectura del nuevo articulado de la Ley Orgánica del TC parece dar a entender que es el propio Tribunal el que decide qué autoridad debe dar ejecución a su sentencia: ¿podría entonces decidir que fuera el futuro President (o Presidenta) de la Generalitat el que debiera cumplir la Sentencia? Lo cierto es que resulta un tanto extraño imaginar que se haga responsable del (difícil) incumplimiento de una resolución política del Parlament a la cabeza del Ejecutivo pero, según el tenor literal de la ley, podría darse.

En esta misma línea todos apuntan ya al art. 155 CE como una vía (esperemos que fuera en su caso la última y extraordinaria) para acabar con el conflicto catalán. Ahora bien, este artículo, al que algunos reconocen ventajas por su flexibilidad (así se expresaba Prof. Pérez Royo), es por su parquedad un precepto de difícil delimitación en su aplicación y en sus efectos. Y ello porque hasta la fecha nadie había pensado en serio en su aplicación (ni siquiera en las Aulas era un artículo al que se prestara atención). El art. 155 CE, como se deriva de  su redactado, está pensado para relaciones entre ejecutivos, el del Estado y el de las CCAA, y ello porque está configurado como un instrumento de control ante actuaciones materiales del Gobierno autonómico. El precepto constitucional dice que el gobierno central, previo requerimiento al ejecutivo autonómico, tras un procedimiento que necesita la mayoría absoluta en el Senado,  podrá adoptar “todas las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”. Por ello cuando se habla del art. 155 CE frente a una Resolución del Parlament se está obviando el carácter “intergubernamental” de este mecanismo de control; este no es un detalle menor porque no puede exigirse a un Presidente autonómico que “ordene” al Parlamento que cese en una determinada actividad dado que eso rompería con la lógica constitucional de la separación de poderes y la autonomía parlamentaria. Otro elemento a destacar que, pese a lo que empieza a ser una especie de mantra entre políticos y periodistas, el art. 155 CE no habla en ninguno de sus apartados de “suspensión” (tampoco de la autonomía por tanto). Otra cosa es que la doctrina (entre la que hay que destacar el trabajo del Prof. E. Vírgala) coincida en que, en último extremo sí cabría la suspensión de la autonomía y, por tanto, de todas sus instituciones. Por cierto, suspensión, que no anulación, ya que si no estaríamos ante una quiebra del art. 2 CE donde además de la unidad de España se reconoce la autonomía de sus territorios. Otro elemento, y no el último, que se obvia es que el art. 155 CE prevé la adopción de medidas temporales, duración que vendría determinada por el restablecimiento del interés general o por la finalización del incumplimiento “de las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan”. Mi duda es ¿sirve el 155 CE para acabar con las aspiraciones soberanitas (legítimas) de la mitad de la población? Creo que la respuesta es obvia: no.

En definitiva, mi perplejidad respecto de las actuaciones de la mayoría soberanista es creciente pero no lo es menos la incapacidad del gobierno del estado y de sus instituciones de buscar soluciones políticas a un conflicto que también lo es: político.

¿De qué hablamos cuando nos referimos al modelo federal?

Cuando hablamos de Estado Federal hacemos referencia a un determinado modelo de organización territorial en el que se produce una división vertical del poder político (además de la división horizontal clásica de 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial). Así, el Estado Federal es un modelo de organización territorial en el que existe un doble nivel de gobierno: esto significa que tanto el estado central o federación y los entes subestatales o estados federados se distribuyen el poder político (por tanto, no sólo administrativo), delimitando sus responsabilidades a través de las competencias y a través de mecanismos de coordinación, cooperación y resolución de conflictos.

¿Qué Estados son federales?

Hoy en día dentro de la etiqueta “Estado federal” se auto-incluyen estados cuyo nivel de distribución competencial es muy variado: desde estados como EEUU o Alemania, altamente descentralizados y con sistemas de relación entre Estado y estados federados muy sólidos o, Brasil, con unos niveles muchos menores de autonomía por parte de los estados federados. O incluso Suiza que se autodenomina confederal y responde a la estructura federal

¿Cabe afirmar que España es un Estado Federal?

Para algunos expertos España sí es federal, ya que consideran que se trata tan sólo de una cuestión de nombre; estos consideran que el estado autonómico sólo necesita una serie de reformas (por ejemplo, tener un Senado que realmente desarrolle su función de cámara de representación territorial).

Otro sector de expertos defiende, en cambio, que no se trata tan sólo de reformas estructurales del sistema, sino que lo que falta en nuestro estado de las autonomías y a todos los actores implicados es cultura federal. La cultura federal implica reconocer al otro como un actor legítimo en el reparto de poder político, siendo las relaciones de jerarquía excepcionales: a lo que solemos referirnos con la expresión alemana “budestreuere” o lealtad federal que debe ser bilateral. Existe todavía una gran desconfianza respecto de la capacidad de autogobierno de las CCAA. Podemos reformar la CE pero sin asumir la cultura federal (identidad nacional plural, delimitación clara de competencias y buenos y sólidos sistemas de cooperación) nada cambiará en el fondo.

Para contextualizar podéis leer este debate que hicimos hace unas semanas: DEBATE: ¿Es España un Estado Federal?

El pasado sábado fue publicada la Ley de consultas populares no refrendarias aprobada por el Parlament de Catalunya (106 diputados de 135 votaron a favor) y acto seguido el President Mas convocó la consulta derivada de dicha ley mediante un Decreto. A partir de aquí, el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha los mecanismos necesarios para impugnar tanto la Ley de consultas como el Decreto de convocatoria. Para ello, lo primero que hizo fue solicitar al Consejo de Estado un dictamen preceptivo, esto es, el gobierno está obligado a pedirlo, pero no es vinculante, el Gobierno no queda obligado por los argumentos de dicho órgano. El Consejo, reunido en sesión extraordinaria en domingo por primera vez en su historia democrática, dictó sendos dictámenes: uno respecto de la constitucionalidad de la ley y otro respecto de la constitucionalidad de la consulta. Básicamente, y resumiendo, el Consejo, por unanimidad, dictamina que la Ley es inconstitucional porque entre otras no regula una consulta no referendaria sino un referéndum, instrumento que sólo está en manos del Gobierno central y que, además, atribuye al President la capacidad de convocar una consulta respecto de la que, consecuentemente, no tiene competencia. Parecidos argumentos se aplican a la constitucionalidad de la consulta. Dicho lo cual debe advertirse que el Consejo de Estado es un órgano asesor del Gobierno del Estado pero no es un tribunal, ni ordinario ni constitucional. Esto es, la única institución que tiene la potestad para en su caso anular la consulta es el Tribunal Constitucional.

Ayer por la mañana, tras cumplir todas las formalidades, el Gobierno adoptó la decisión de presentar sendos recursos ante el Tribunal Constitucional: un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de consultas popular no refrendarias y una impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas prevista en el artículo 161.2 de la Constitución contra el Decreto de convocatoria. El recurso de inconstitucionalidad, si así lo decide el Gobierno, también puede ir acompañado de la invocación del art. 161. 2 CE lo que implica la suspensión automática de ley por el mismo acto en el que se admite el recurso. Esta potestad de provocar la suspensión de la norma sólo la tiene el Gobierno frente a las leyes autonómicas y no, en cambio, los Gobiernos autonómicos frente a las leyes estatales. De hecho, el año 2013, de los 21 recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno por motivos competenciales en 15 se invocó la suspensión de la ley autonómica. Y, como decía, cabía la posibilidad de interponer el recurso de inconstitucionalidad sin requerir la suspensión. En cuanto a la impugnación del Decreto de convocatoria, como se acaba de explicar, también el Gobierno ha decidido utilizar la vía de recurso que conlleva la suspensión. Hay que ser conscientes de que podría haber optado por no hacerlo y dirigir la impugnación a través de un conflicto positivo de competencias que no produce la suspensión automática del acto autonómico.

Las impugnaciones han obtenido en poquísimas horas (unas 7 horas) sendas providencias del Tribunal Constitucional que se ha reunido de forma urgente y extraordinariamente con el único objeto de decidir sobre la admisións de estos dos recursos. Providencias que, como era de esperar, han admitido a trámite los recursos que el Tribunal Constitucional entrará a conocer del fondo en las próximas semanas o meses. En todo caso, la admisión a trámite ha provocado la suspensión de “los arts. 3 a 39 y las disposiciones transitorias primera y segunda, y la disposición final primera, de la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y de otras formas de participación ciudadana”. Y, también, ha acordado “suspender el Decreto impugnado y sus Anexos (desde hoy, fecha de interposición del recurso, para las partes del proceso y desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado para los terceros), así como las restantes actuaciones de preparación para la convocatoria de dicha consulta o vinculadas a ella”.

En ambos casos, el Tribunal Constitucional cuenta desde hoy con 5 meses para decidir si levanta la suspensión o no de las normas impugnadas, plazo tras el cual puede, o bien mantener la suspensión, o levantarla.

En los próximos días la Generalitat podrá personarse para ofrecer sus alegaciones tanto sobre la suspensión como sobre el fondo del asunto. Debe tenerse en cuenta que la suspensión sólo afecta a la vigencia, a la eficacia de la norma impugnada, no a su validez. Esto es, podría darse el caso de que el Tribunal Constitucional resolviera finalmente diciendo que la ley y/o el decreto de convocatoria son constitucionales, que lo son parcialmente o, incluso, estableciendo cual es la interpretación de ambas normas para que se entiendan compatibles con el texto constitucional. La suspensión no presupone que las normas afectadas sean inconstitucionales.

Sin entrar ahora en problemas más enjundiosos, que los hay, de la jurisdiccionalización de este proceso, debe tenerse en cuenta que, en contra de lo que suele hacer, el Tribunal Constitucional en este asunto es muy preciso en la identificación de los contenidos normativos que quedan en suspenso, y lo es especialmente en relación con el Decreto de convocatoria respecto del que expresamente dice que se suspende su Anexo I. Esta precisión no es baladí porque en el art. 1 de este Anexo queda regulada la campaña institucional en favor de la realización de la consulta. Así pues, entramos en un nuevo escenario no explorado en el que, pese a las palabras del President Mas este fin de semana en diversos medios de comunicación afirmando que la campaña y la preparación de la consulta seguirían su camino, parece difícil que estas actividades puedan mantenerse sin violentar la providencia del TC.

Finalmente, respecto a los tiempos de resolución sobre el fondo, y como mero ejercicio especulativo, si tomamos como referencia -como viene siendo habitual en relación con todo el Procés- la ley de consultas aprobada por el Parlamento Vasco en 2008, publicada el 15 de julio, fue impugnada por el Gobierno de Zapatero inmediatamente, invocando el artículo de la Constitución que permite la suspensión automática de la norma autonómica, y el Pleno admitió y decretó la suspensión el día 17 de julio. En aquel caso, la consulta estaba convocada para el día 15 de septiembre y el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la ley el 11 de septiembre.

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La transformación que ha sufrido la celebración del 11 de septiembre, Diada Nacional de Catalunya, podría ser un buen termómetro de la situación en Catalunya. Mientras que en 1977, durante el proceso constituyente, el grito era “llibertat, amnistia i estatut d’autonomia”, hoy el grito mayoritario es el de “independència”.

El 9 de noviembre se acerca y el debate está cada vez más encendido. Se amontonan sobre la mesa dudas sobre distintas cuestiones enmarcadas en un proceso que, aunque así nos lo intentan hacer creer desde aquí y desde allá, no son ni blanco ni negro. Dudas que seguramente se verían resueltas a través de una proceso de negociación abierto, generoso y serio entre los gobiernos implicados.

¿Es la consulta legal? A menos de dos meses de la fecha fijada para la celebración de la consulta, sigue sin existir acuerdo sobre la compatibilidad de su convocatoria y celebración con la Constitución. En algunos sectores se defiende que no, en ningún caso, porque se trata de un referéndum y, por tanto, es imposible que se celebre sin la previa autorización del Gobierno central que es la instancia que constitucionalmente tiene potestad exclusiva para hacerlo. En esta negativa se acumulan varios argumentos que deben separarse y explicarse de forma autónoma.

Es cierto que el referéndum es una potestad exclusiva del Gobierno del Estado, según el art. 92 CE. Pero también es verdad que el Gobierno no cuenta con ningún mandato constitucional que le impida convocar un referéndum en Catalunya; de hecho, ni la Constitución ni la ley del Referéndum hacen referencia a esta posibilidad. Existe, cuanto menos, un vacío normativo al respecto.

Además, pese a lo que parece deducirse de las afirmaciones de algunas voces autorizadas, la Constitución no prohíbe que se pregunte a la ciudadanía (sea del Estado o de una Comunidad Autónoma) sobre la independencia de una de sus partes. Tampoco prohíbe que se le pregunte sobre la forma de gobierno, monarquía o república. Ni siquiera rohíbe que existan formaciones políticas que defiendan la independencia como, por ejemplo, de forma expresa ha hecho Esquerra en su ideario durante toda la democracia, ni que defiendan la República como forma de Gobierno, como hace Izquierda Unida en su programa. Y esto es porque la Constitución española, que no es de nadie o es de todos, no exige que se esté de acuerdo con ella. El nuestro, como recuerda el Tribunal Constitucional, no es un sistema de democracia militante por lo que la Constitución permite la oposición frontal y el deseo de su cambio, transformación, e incluso eliminación, siempre que se haga de forma no violenta, respetando los derechos fundamentales de los demás y a través de los cauces previstos para ello. Recuérdese que en la Constitución todo es reformable siguiendo los procedimientos previstos. En definitiva, ningún artículo de la Constitución impide al Gobierno convocar un referéndum en Catalunya sobre su potencial independencia.

Trasladando ahora la atención a Catalunya, la duda se cierne sobre si la consulta calendarizada para el día 9, y que tendrá cobertura legal en las próximas semanas tras la aprobación de la Ley de consultas por el Parlament, es conforme a la Constitución o no. Aquí entramos en otro debate, ¿la “consulta” propuesta es en realidad un referéndum encubierto? En este caso son más las dudas  generadas porque voces igualmente autorizadas (también dentro del Consell de Garantías Estatutàries) ofrecen argumentos jurídicos de peso, a veces discutibles pero razonables, para afirmar que la consulta, tanto por el alcance de la pregunta (¿está dentro del ámbito competencial propio?) como por el procedimiento y exigencias del proceso electoral que comporta, que son propios, parece de referéndum reservado al Estado. No debe olvidarse que el respeto escrupuloso del procedimiento electoral es la garantía de la igualdad en el ejercicio del derecho de participación y, por tanto, de su validez. En definitiva, existen dudas razonables que pueden llevar, en efecto, a que el Tribunal Constitucional, tras una potencial impugnación, suspenda la convocatoria que debe realizarse por Decreto del President Mas.

Ahora bien, todas estas dudas sobre la consulta, más o menos intensas, no esconden que en Catalunya existe una amplia parte de la ciudadanía que se ha creído o que ha creído que esta se iba a producir y que, potencialmente, sí podría llevar a la independencia de Catalunya.

En otro orden de cosas, también existen dudas sobre si este movimiento popular ha estado teledirigido por las élites políticas o si bien responde a un movimiento social que viene creciendo desde julio de 2010, tras la manifestación masiva de protesta contra la sentencia del TC sobre el Estatuto de Autonomía de Catalunya. Sea cual fuere el motor, lo cierto es que pese a lo que muchos vaticinaban, el suflé no ha bajado, sino más bien todo lo contrario, lo que se traduce en que cada vez más gente se ha ido sumando a la apuesta por la consulta y, quizá, a la de la independencia. En este contexto, ¿cuál es hoy en día la razón de fondo que mueve a la ciudadanía a acercarse a la posición a favor de la consulta? ¿Es un sentimiento eminentemente identitario o de defensa nacional el que mueve a estar personas? o ¿Es más bien una muestra de que la ciudadanía quiere ser escuchada, quiere participar activamente y quiere reaccionar ante la crisis política que vivimos? ¿Es la consulta un símbolo de resurgimiento de la voluntad participativa de una ciudadanía harta de ser acallada? Seguramente una suma de los dos. Lo que es seguro es que se equivoca y, por tanto, no entiende lo que está pasando en Catalunya, el que sigue creyendo que la consulta es sólo cosa de unos cuantos independentistas de toda la vida.

En este escenario, ¿qué va a pasar si el día 9 de noviembre finalmente la consulta no se celebra? Más allá de cuestiones jurídicas y de “alta” política, estaremos ante una ciudadanía muy descontenta, con unos y/o con otros dependiendo de cual haya sido el referente para cada cual, y con una gran sentimiento de insatisfacción y de frustración. Los gobernantes no podrán escudarse en echar la culpa al de enfrente y, por tanto, deben ponerse a buscar soluciones ya mismo: elecciones, cambio de pregunta, postergación sine die pero con voluntad firme de negociar la celebración de un referéndum.

Contrasta, en todo caso, la voluntad firme de la ciudadanía de ser escuchada con las dudas sobre un proceso que corre el peligro de ser finalmente visto como una estrategia para tensionar posiciones y no para llegar a Ítaca ni para salvar a España.

1. La violencia de género o violencia machista contra las mujeres es una manifestación de la desigualdad existente entre aquellos y estas. Así ha sido reconocido por todos los foros internacionales de tutela de los derechos humanos (entre los más recientes el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica).

2. La violencia de género en el ámbito estatal se identifica con la violencia sobre una mujer causada por su pareja o expareja. Por tanto, se trata de una aproximación restrictiva a esta realidad. El contenido de este tipo de violencia en el ámbito internacional o, por ejemplo, catalán es más amplio, alcanzando cualquier violencia machista sobre las mujeres.

3. De la ley de protección integral, que marcó un antes y un después en la lucha contra lacra de la violencia machista contra las mujeres, se ha destacado especialmente su contenido penal. Sin embargo, como su nombre indica, es una norma que incorpora un espectro muy amplio de medidas que tratan de luchar de forma global contra este tipo de violencia. Otra cosa es que algunas no se hayan implementado por falta de recursos (humanos y económicos) o por falta de voluntad política.

4. Lo que diferencia a la violencia machista de otras violencias públicas o privadas es la razón que la mueve: una concepción de la mujer como ser subordinado al hombre. Así pues, la violencia machista no persigue cualquier violencia de un hombre frente a una mujer, sino aquella que viene motivada por una pretendida desigualdad entre ellos.

5. La violencia machista de género se produce muchas veces en el ámbito familiar pero, después de muchos años de lucha, se ha conseguido diferenciarla de otras violencias que también se producen en el ámbito familiar. Además, es transversal: no entiende ni de edades ni de clases ni de grupos sociales (ver datos).

6. Los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas sólo son la punta del iceberg de la violencia de género, puesto que esta también se manifiesta a través del maltrato físico (desde una bofetada a una paliza) o psíquico (desde un “¡calla!”, a la humillación constante).

7. En los últimos 11 años (datos hasta noviembre) han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas cerca de 700 mujeres según las cifras oficiales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Pese a estas cifras se estima que son todavía pocas las mujeres que deciden denunciar y romper con el círculo de terror y silencio que suele rodear a este tipo de violencia.

8. Las denuncias falsas existen, sí, pero son la absoluta excepción de los procesos iniciados por violencia de género. La Fiscalía General del Estado estima que la cifra en menos del 0,05%. Y, en todo caso, estas denuncias no justifican denostar una realidad, la violencia de género como manifestación de la desigualdad entre hombres y mujeres, y el correcto funcionamiento de su sistema de protección.

9. Es mucho el trabajo que realiza todo el aparato policial y judicial en la protección contra la violencia de género (y machista en general). Sin embargo, la formación y sensibilización de género de muchos de las personas involucradas en proteger a las mujeres que sufren esta violencia es todavía hoy insuficiente. No basta con leyes de género, sino que también debemos tender hacia una justicia de género.

10. El verdadero reto en la lucha contra la violencia de género, y la machista en general, es un cambio cultural que solo vendrá a través de una educación en igualdad que, a día de hoy, no se está prestando. La eliminación del currículo escolar de una asignatura como Educación para la Ciudadanía, en cuyos contenidos estaba incorporada la igualdad como regla de conducta transversal, no es más que una señal de que no ha llegado todavía el tiempo del cambio de una cultura todavía hoy machista.

Comparamos el marco legal actual con el proyecto presentado por el Gobierno

Las informaciones sobre el paradero del anteproyecto, ahora quizá ya proyecto, de ley de protección de la vida del concebido y de derechos de la embarazada son confusas. El texto que finalmente sea aprobado por el Consejo de Ministros parece que presentará cambios respecto del Anteproyecto presentado por Gallardón en diciembre de 2013. Sin embargo, y ante las dudas, desde Agenda Pública queremos contribuir a un mejor entendimiento de cuales son hoy los derechos de las mujeres en relación con el embarazo y una posible decisión de interrumpirlo y cuales serán, en cambio, si se aprobara el anteproyecto del Ministro tal cual lo conocemos.

Para ello hemos elaborado una tabla comparativa con los elementos definitorios de los dos sistemas: el vigente y el proyectado por el Ministro Gallardón. Respecto de los elementos penales, recomendamos consultar la tabla realizada por nuestro colaborador Joan Queralt.

Como se observará, y como venimos poniendo de manifiesto en este espacio desde hace tiempo, el retroceso en los derechos y capacidad de decisión de las las mujeres es patente.

Uno de los argumentos esgrimidos para restringir la actual legislación en materia de Interrupción Voluntaria del Embarazo es la de reducir el número de abortos en España. Sin embargo, de los datos que se ofrecen a continuación se desprende que, en contra de lo defendido por el Ministro de Justicia e impulsor de este texto, las legislaciones que impiden el acceso de las mujeres a abortar o bien reducen mucho las posibilidades de hacerlo o no cuentan con unos índices de abortos menores. Baste ahora con traer a la luz la Resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 2008 sobre el acceso al aborto legal y seguro y los informes (Doc. 11537 rev. y Doc. 11576) que lo acompañaron. Esta Resolución, aprobada por la Asamblea Parlamentaria, se fundamentaba en los siguientes hechos:

1) El aborto es legal en la gran mayoría de los 48 Estados del Consejo de Europa, aunque es muy variada su regulación. Las dos grandes opciones son el sistema de supuestos o bien el sistema de plazos, aunque también existen ordenamientos que optan por una combinación entre ambos (sería el caso de la ley española actual). Así, en la mayoría de Estados se permite el aborto libre hasta la semana número 12 de gestación, que puede ampliarse en algunos supuestos, incluyendo, por ejemplo, dificultades sociales, médicas o económicas. Las más restrictivas sólo permiten el aborto en caso de riesgo para la vida de la madre (por ejemplo, Polonia y Reino Unido). El único Estado en el que sigue prohibido el aborto en cualquier plazo y supuesto es Malta, o al menos esto es lo que dice la letra de la ley.

2) En Europa conviven los sistemas más avanzados en políticas de salud sexual y reproductiva de la mujer con sistemas con las tasas más altas de abortos del mundo.

3) En Europa en algunos países el aborto es legal, seguro, libre y accesible, mientras que en otro se obliga a las mujeres a abortar en clandestinidad y en condiciones que ponen en riesgo su salud incluso su vida.

4) Es generalizado el período de reflexión en Europa occidental y, por lo general, se exige el consentimiento de los padres para el aborto de las menores.

5) Los países con legislaciones más restrictivas tienen unos índices de mortalidad maternal más elevados debido a los abortos inseguros, realizados en clandestinidad y en condiciones poco salubres.

6) Las legislaciones más restrictivas provocan que las mujeres salgan a abortar a otros países, generando el llamado “turismo del aborto”, con los problemas para la salud de la mujer que esto puede provocar, y la desigualdad que se genera entre mujeres pudientes y no pudientes.

7) Las legislaciones más restrictivas que no permiten el acceso al aborto seguro conviven con abortos ilegales practicados en clínicas privadas, por ejemplo en Polonia, donde son tolerados por la iglesia y el Estado.

8) Las legislaciones más restrictivas que no permiten el acceso al aborto seguro incrementan la ratio de mortalidad de las mujeres embarazadas.

9) Las restricciones en el acceso al aborto seguro no disminuyen el número de abortos, pero sí las posibilidades y derechos de las mujeres.

10) Las legislaciones más restrictivas que no permiten legalmente o en la práctica el acceso al aborto seguro no hacen disminuir los números de abortos.

Como ponía de manifiesto la citada Resolución y los textos internacionales en la materia, el aborto no debe utilizarse como una política de planificación familiar y, evidentemente, hay que evitar los abortos no deseados y los embarazos no deseados. Como concluía la propia Resolución, una de las vías para evitar los embarazos y los abortos no deseados pasa por promover una educación sexual y reproductiva obligatoria, incorporada en el currículo escolar, y con una perspectiva de género.

Parece que el proyecto finalmente incorporará un nuevo supuesto: el de graves malformaciones del feto. Pues bien, ante ello, más datos: los abortos por este motivo rondan el 3% de las interrupciones voluntarias del embarazo que se producen en España, mientras que en el 91% se produce, en el plazo previsto por la ley, a petición de la mujer.

Así pues, vamos a una ley muy restrictiva que no acoge la primera causa de interrupción voluntaria del embarazo, la libre decisión de la mujer, y que, como demuestra la experiencia europea, no servirá para reducir los abortos.

Pasos para una reforma Constitucional

Felipe VI ha sido proclamado rey de España. No llega el nuevo monarca en un momento fácil para la política y la sociedad españolas. Como explicamos el nuevo Jefe del Estado si quiere consolidar su propia legitimidad deberá ganarse a la izquierda y a los jóvenes. Y, además, como instrumento para conseguir lo anterior, deberá impulsar, en la medida en que sus funciones constitucionales se lo permiten, la necesaria reforma constitucional. Sin entrar ahora en un análisis profundo de qué es lo que debe modificarse y en qué sentido, resulta hoy ya obvio que necesitamos de una actualización del pacto constituyente de 1978, fundamentado en un nueva concurrencia de legitimidades, y de una actualización de algunos de los aspectos esenciales de nuestro modelo de estado, entendido éste en sentido amplio.

Ahora, pues, debemos plantearnos cuándo y cómo se va a llevar a cabo esta reforma. Y para ello hay que tener en cuenta que los próximos hitos electorales (sin contar ahora lo que pueda suceder el día 9 de noviembre en Cataluña) son la primavera de 2015, en la que se celebrarán elecciones municipales y autonómicas (excepto las CCAA de régimen especial), y el otoño de 2015, en que deben celebrarse las elecciones generales. Cabe la posibilidad, como apuntan algunos analistas, de que esta últimas se hagan coincidir con las primeras. En todo caso, si las elecciones generales tienen lugar en otoño 2015 vendrán condicionadas por un primer semestre marcado por precampañas y campañas electorales. Los partidos deberían ser capaces de sobreponerse a sus intereses estrictamente electorales y, paralelamente a sus procesos, ponerse ya a trabajar en una hoja de ruta sobre tiempos y contenidos para la reforma de la Constitución.

Para ello, los responsables políticos y poderes del Estado potencialmente implicados en el impulso y favorecimiento del cambio, incluido aquí el monarca, deben tener en cuenta que el sistema de reforma previsto por la Constitución se caracteriza por dos elementos esenciales: a) todo es reformable siempre que se sigan los mecanismos constitucionalmente previstos, ya que no se prevén  materias vetadas a la reforma; b) existen 2 procedimientos de reforma distintos según la materia a la que se vaya a afectar con grados de dificultad muy diferenciados.

Si se opta por hacer una reforma no íntegra pero sí global de la Constitución, en la que quepa modificar elementos diversos de nuestro sistema político e institucional, parece que habrá que seguir el procedimiento agravado, no utilizado nunca hasta ahora. Recordemos que la Constitución de 1978 sólo ha sido reformada hasta la fecha en dos ocasiones (para su adecuación al Tratado de Maastricht en 1992 y para su adecuación al pacto de estabilidad de la Unión Europea) y se ha llevado a cabo por el mecanismo de reforma ordinario que requiere una mayoría de 3/5 en el Congreso y en Senado lo que significa, esencialmente, el acuerdo de los dos (hasta hoy) grandes grupos parlamentarios sin que se exija un referéndum final de ratificación. Esta sería también la vía a seguir si se optara por un proceso de reforma hecho por partes que, para evitar suspicacias y sospechas de modificaciones por la puerta de atrás deberían acabar, como permite la constitución, con un referéndum popular.

Volviendo al procedimiento agravado, este tiene tres grandes fases. La primera consiste en que el Congreso de los Diputados y el Senado deciden si debe llevarse a cabo la reforma de la Constitución, decisión que deberán tomar por 2/3 partes. A esta decisión se la denomina formalmente “principio de revisión” y, cabe entender que implica precisamente eso: acordar si se reforma la Constitución, seguramente, con un más o menos definido programa pero sin condicionarlo excesivamente.

A continuación se inicia la segunda fase del proceso de reforma: se disuelven las Cortes, se convocan unas elecciones y se constituyen unas nuevas Cortes. El nuevo Congreso y el nuevo Senado procederán a realizar una votación por mayoría simple (más síes que noes) para decidir si prosiguen con la reforma constitucional. Si es negativo, se finaliza el proceso de revisión. Si, en cambio, ambas Cámaras votan a favor, parece que será este el momento en que se inicia propiamente la reforma constitucional: elaboración de un proyecto, discusión y posterior votación. Será primero tramitado ante el Congreso y deberá aprobarse por una mayoría de 2/3. Después será enviado al Senado donde se repetirá la misma tramitación y votación. El texto saliente del Congreso y el Senado deberá ser sometido a referéndum de ratificación de la ciudadanía. Si el referéndum no prospera (esto es, salen más noes que síes) la Constitución no se alteraría y nos mantendríamos con el texto de 1978. Si en el referéndum ganan los síes frente a los noes, se dará por efectivamente reformado el texto Constitucional que pasará a publicarse en el Boletín Oficial del Estado.

Si se opta por una reforma global, que parecería lo más adecuado, los partidos tienen ahora una buen oportunidad para afrontar la reforma constitucional: a) aprovechando la actual legislatura para debatir entre ellos, y no sólo a puerta cerrada, sobre qué debe  reformarse y en qué sentido y, así, antes de disolver las Cortes y convocar elecciones, aprobar el principio de revisión; b) aprovechando para convertir las nuevas Cortes en unas Cortes constituyentes (constituidas) que llevan a cabo efectivamente una reforma pensada y debatida de la Constitución de 1978. Algunos colegas de disciplina pondrán el grito en el cielo al leer estas últimas líneas, pero se trata, simplemente, de facilitar el camino porque los obstáculos llegarán solos.

Evidentemente, es esencial pensar muy bien cómo se llevan a cabo estos debates, no solo bilaterales y no sólo partidistas, y como se canalizan sus resultados en las Cortes constituyentes (constituidas). Y resulta igualmente evidente que el debate de reforma constitucional supone iniciar debates paralelos que preparen los potenciales cambios institucionales que un nuevo texto constitucional seguramente implicará.

PASOS PARA LA REFORMA CONSTITUCIONAL

El proyecto de ley orgánica de abdicación del Rey Juan Carlos I superará la tramitación en el Congreso de los Diputados con una holgada mayoría absoluta. Esto supone que en los próximos días, una vez superado el trámite del Senado, será nombrado nuevo monarca Felipe VI de Borbón, Rey de España. Todo este proceso se ha llevado a cabo, como no podía ser de otra forma, siguiendo los procedimientos establecidos por la Constitución. Ahora bien, cabe preguntarse si aunque los pasos seguidos han sido formalmente adecuados, la tramitación podría haber sido realizada de otra forma siguiendo, igualmente, los márgenes constitucionalmente establecidos. Así ¿no podrían las Cortes haber ostentado mayor protagonismo en todo este proceso “abdicatorio”? Se ha afirmado que la abdicación es un acto personalísimo y que, por tanto, nada pueden hacer el Gobierno o las Cortes más que aceptarla. Aunque esta afirmación ha sido discutida, lo que es irrefutable es que las Cortes Generales representan al pueblo español, donde reside la soberanía, el poder del que derivan todos los poderes constituidos, también la Jefatura del Estado de la que es titular el Rey. Así, ¿las Cortes deberían haber consentido previamente? ¿podrían las Cortes haberse negado a aceptar la abdicación?

Si el Rey es poder del Estado, ¿no hubiera sido exigible que tuviera que hacer una suerte de rendición de cuentas ante las Cortes y que estas hubieran podido ejercer un control, si quiera a posteriori, de la labor realizada por el monarca durante estos 36 años? Algunos dirán que como el Rey no tiene poder político efectivo y que como todos sus actos deben ir refrendados por el Presidente del Gobierno o el Ministro del ramo para ser válidos tal fiscalización sería inútil. Es cierto que el acto del refrendo supone un traspaso de responsabilidad del Rey al refrendante porque, no olvidemos, el Rey es jurídicamente irresponsable de sus actos. Pero realmente ¿el Rey no tiene nada que explicarnos del desempeño de su función como Jefe del Estado? Y los diputados y diputadas, que no son sujetos refrendantes, ¿nada tiene que decir después de más de tres décadas de ejercicio de la más alta magistrautura del Estado?

Pese a lo que estos días se ha afirmado sin mayor problema, la forma de gobierno “monarquía parlamentaria” y la consecuencia de que el Jefe del Estado fuera el Monarca sí que fue discutida en el debate constituyente en 1978, y lo fue tanto en Comisión como en el Pleno. Otra cosa es que en su votación la mayoría aprobara esta configuración, pero se produjeron 9 votos en contra y 115 abstenciones. Lo mismo ocurrió, ya en el título de la Corona, respecto de la prevalencia del hombre sobre la mujer en el orden sucesorio: en el debate de Comisión se manifestaron las diferencias de unos y rechazo de otros respecto de esta posibilidad, debate que culminó en el Pleno con una mayoría suficiente para la aprobación de dicha preferencia pero que sumó 123 abstenciones y 15 votos negativos. En ambos ejemplos, las votaciones se celebraron después del debate parlamentario en un contexto político, por cierto, mucho más complejo, por inestable, que el que vivimos actualmente. Y ello porque, como bien sabían los constituyentes, las democracias constitucionales no sólo se rigen por el principio de la mayoría, sino que se defiende que las minorías puedan exponer sus puntos de vista. Tanto es así que es precisamente el debate y su publicidad lo que persigue el procedimiento legislativo. En un sistema parlamentario, como es el nuestro, de las Cortes se espera discusión y contraposición de visiones, posiciones y argumentos. Así pues, ¿por qué no se ha aprovechado esta oportunidad para poner en valor la función y posición institucional de la Jefatura del Estado?

Este escenario falto de actividad parlamentaria materialmente relevante viene provocado, en parte, por el “olvido” del legislador respecto del mandato también constitucional de aprobar una ley en la que queden recogidas “las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona”. La discusión y aprobación de esta ley hubiera sido una buena ocasión de validar la confianza de los representantes del pueblo en la figura del monarca como Jefe del Estado o de, como mínimo, exteriorizar sus posicionamientos al respecto. Y, evidentemente, una oportunidad de las Cortes de reforzar su posición en el proceso sucesorio.

Paralelamente, la representación del “ahora no toca” interpretada en las Cortes Generales se ha trasladado a la calle. El no debate se ha movido en la línea de las verdades absolutas, de los miedos ancestrales y de los datos vacuos. Algunos colegas han afirmado tajantemente que no se puede modificar la forma política, la monarquía parlamentaria, porque esto supondría modificar el pacto constituyente de 1978. A los estudiantes de primero de Derecho se les explica que la Constitución es el pacto de convivencia de una determinada comunidad política y que como tal puede ser modificada siguiendo los procesos por ella misma establecidos y que nuestra Norma Fundamental no fija límites materiales para su propia modificación, esto es, se puede modificar en todos sus contenidos. ¿Por qué en el plano teórico afirmamos tan rotundamente que nuestra Constitución puede modificarse y, en cambio, cuando “descendemos” a la realidad lo negamos tan tajantemente?

Como se comprobará todo ello ha llevado a que en 10 días el pueblo haya visto como las Cortes aceptaban la abdicación del Rey, fenómeno para muchos de nosotros desconocido hasta la fecha, sin que se haya producido ningún tipo de debate en el ámbito parlamentario sobre cómo ha funcionado la monarquía estos más de 30 años y cómo ha ejercido su función constitucional el monarca ni, por supuesto, sin que se haya permitido si quiera iniciar un espacio de discusión y diálogo riguroso sobre la oportunidad de cambiar el sistema de gobierno monárquico por uno republicano.

Sin embargo, son ya algunas las voces que afirman que la abdicación del Rey es el inicio del camino para la reforma constitucional acordada por los dos grandes partidos. Si es así, ¿para cuándo los debates? Si el calendario es el de las elecciones generales, los tiempos son muy escasos por lo que no es descabellado pensar que el “ahora no toca” seguirá reinando el proceso.

Nota de los editores: Somos plenamente conscientes que no se puede comparar el tiempo empleado en un proceso constitucional con la discusión de una Ley Orgánica. Nuestro objetivo ajuntando este esquema al texto ha sido el de poner de manifiesto la diferencia la magnitud del debate en un caso y en otro, a pesar de que obviamente se trata de dos procesos completamente distintos.

Nota de análisis de los editores de Agenda Pública

En poco más de tres semanas, tendrá lugar el mayor proceso electoral simultáneo del mundo. 500 millones ciudadanos de 28 países europeos podrán acudir a elegir sus representantes en el parlamento democráticamente electo más grande del planeta entre el 22 y el 25 de mayo. Solo la supera la elección a la Lok Sabha, la Cámara Baja de India, con un censo de 814 millones, aunque esta en realidad se trata un macroproceso formado por diversas fases cuya duración se prolonga durante cinco semanas.

Son muchas las críticas, y a menudo sólidamente fundamentadas, que se dirigen a la Unión Europea. Desde Agenda Pública nos hemos hecho eco –y nos seguiremos haciendo- de los argumentos teóricos y de los datos empíricos que sostienen esa perspectiva crítica hacia la democracia europea.

Sin embargo, todo ello solo puede entenderse desde la convicción de que la Unión Europea forma parte de una meta irrenunciable y de largo recorrido, la aspiración paneuropea que intuyó un austro-húngaro como Coudenhove-Kalergi, o el sueño europeo que solo un americano, como Jeremy Rifkin, podía valorar en toda su magnitud. Y también una realidad poliédrica, como nos recuerda Luuk van Middelaar en El paso hacia Europa, donde se admiten perspectivas casi opuestas sobre su significado y alcance: las que reivindican sus méritos y logros, las que alertan de sus límites e insuficiencias, e incluso las que manifiestan su escepticismo ante el proceso. Desde esa perspectiva plural, es necesario seguir explicando por qué Europa importa.

A menudo, observamos la UE como una realidad esencialmente económica, la Europa del 7-25-50, como nos recuerda J.I. Torreblanca: el 7% de la población mundial, el 25% de la producción, y el 50% del gasto social. Se trata de unas cifras que exigen un proyecto de sostenibilidad económica y social en un entorno cada vez más mundializado.

Pero la realidad socioeconómica europea no puede hacernos olvidar el gran logro de la UE tras medio siglo: la paz y la concordia entre tradicionales vecinos enemigos. No olviden estas cifras que nos recordaba Diego Beas: la Europa del 100-75-25. Hace 100 años del inicio de la Gran Guerra europea y 75 del estallido de la segunda gran guerra europea. Las dos cicatrices mundiales nacidas en Europa. Pero también hace 25 años de la caída del muro de Berlín, donde esas cicatrices empezaron a cerrarse. No estamos aún en condiciones de percibir todo el alcance de las repercusiones que tuvo el fin del telón de acero. La crisis de Ucrania solo puede entenderse en ese contexto, como nos han explicado Javier Morales y Rubén Ruiz.

El gran problema de la UE: el déficit democrático, que se ha hecho aún más complejo con la extensión comunitaria a casi todo el continente. Un déficit que amenaza la UE de convertirla en una seudodemocracia imperial. Aquella en la que grandes estructuras institucionales acaban sustituyendo la voluntad e los ciudadanos por complejas tramas de decisión y en la que la voz de los individuos se diluye ante poderes sin rostro mucho más eficaces.

Ciertamente, esta falta de voz en el proceso no es igual en todas partes. En el Eurobarómetro de noviembre de 2013 se observa cómo el 57% de los daneses considera que su voz es escuchada en la UE, por sólo un 18% de españoles que lo considera así. ¿Es la forma en la que se construye la voluntad nacional en su fase ascendente la que determina si la ciudadanía se siente más escuchada en la UE? ¿Existe el riesgo de que estalle un sentimiento de ‘impotencia democrática’ como algunos han identificado ya en países como España?

Por otro lado, la crisis financiera y las políticas de austeridad han intensificado la percepción de desconfianza en las instituciones europeas, y el descontento con sus resultados.

En este sentido, los resultados de los Eurobarómetros semestrales desde 2007 son tozudos: el porcentaje de europeos que confían en la UE cayó 26 puntos en cinco años, del 57% de mayo de 2007 al 31% del mismo mes de 2012. Al mismo tiempo, se ha deteriorado muchísimo la confianza que la ciudadanía tiene en sus respectivos gobiernos y la confianza en los gobiernos estatales descendió en estos cinco años del 41% (mayo de 2007) al 28% (mayo de 2012).

En este contexto de creciente desafección europea, la UE afronta un gran reto: superar la que aparece como la gran brecha del sueño europeo. La división norte/sur parece estar superando la vieja división este/oeste y, a su vez, absorbe dentro de sí misma otras brechas más sofisticadas (laborales, productivas, sociales, culturales…).

Como ha explicado nuestra editora Sonia Alonso, esta brecha se plasma en una creciente distancia en la insatisfacción con la democracia y en la confianza en partidos y gobiernos, en general, que se da entre las opiniones públicas del norte y el sur. Posiblemente este diferencial tiene que ver con la propia satisfacción de los ciudadanos con la calidad democrática en sus propios países, como sugiere un estudio de Pieterjan Desmet and Claes de Vreese.

Por otro lado, Sonia Alonso nos apunta que la evaluación de la justicia social en las democracias del Sur de Europa es alarmantemente negativa. Dos datos nos sirven para ilustrarlo: el 58,2% de los españoles considera que el gobierno está haciendo poco o nada para proteger a todos los ciudadanos contra la pobreza y el 59,7% considera que el gobierno está haciendo poco o nada para reducir la desigualdad de ingresos. En Portugal lo consideran el 69,2%.

En estas coordenadas tendrán lugar las elecciones del 22 al 25 de mayo en Europa. Las mayores elecciones del mundo.

Nota de análisis de los editores de Agenda Pública

La reforma del texto constitucional no servirá como herramienta –al menos no exclusivamente- para salir de la crisis económica, pero debe servir para superar la profunda crisis política de la que aquella trae causa. Y, evidentemente, la reforma de la Constitución no hará desaparecer de un día para otro nuestros problemas de legitimidad democrática, sobre todo, porque algunos de sus motivos no se deben a problemas de configuración jurídico-constitucional, sino a un problema de índole cultural. Sin embargo, la actualización de la Carta Magna ha de ser la hoja de ruta en la reconfiguración de nuestro modelo de convivencia.   

En 2006 el Consejo de Estado se pronunció sobre la modificación constitucional respecto de los cuatro elementos sobre los que el Gobierno de Rodríguez Zapatero le preguntó: la supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono, la recepción en la Constitución del proceso de construcción europea, la inclusión de la denominación de las Comunidades Autónomas y la reforma del Senado. Hoy resulta claro, sin embargo, que con el cambio de estas 4 cuestiones, de calados diversos, no es suficiente. Y ello, entre otras razones, porque estamos en un momento de renovación de legitimidades, en el que el originario acuerdo constituyente necesita ser revisado, no en su totalidad pero sí en algunos aspectos clave y, entre estos, parece que hay unanimidad en considerar que el prioritario es el modelo de organización territorial.

Y es más, como nos explicaba José María de Areilza, aunque no hubiera aparecido en escena Cataluña, sería igualmente necesario entrar a repensar nuestro modelo de descentralización política. Esto no significa negar los logros alcanzados durante estos años por la Constitución que configuró un sistema abierto que sirvió para dar cabida a las reivindicaciones legítimas de, sobre todo, Cataluña y País Vasco y poder, así, empezar la andadura democrática. Pero han pasado 30 años y el modelo de organización territorial prefigurado en la Constitución ha quedado, en unos casos, superado por la propia realidad jurídico-política y, en otros, se ha demostrado ineficaz para la resolución de determinados conflictos y/o aspiraciones de algunas Comunidades Autónomas. Son varios los aspectos que necesitan de replanteamiento (por ejemplo, el reconocimiento real de la plurinacionalidad del Estado, el sistema de listas de competencias, el sistema –inexistente-  de cooperación entre niveles de poder y, por supuesto, el Senado). Quizá una aproximación válida sería, como apuntaba Leopoldo Calvo Sotelo, ver cómo dar encaje en el (renovado) modelo de organización territorial los elementos del Estatuto de Cataluña, refrendado en 2006, declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional en 2010.

Ahora bien, nada de esto tendrá sentido si no se parte de un modelo de organización territorial compartido por todos, al menos en sus bases. Uno de los problemas que ha acarreado nuestro sistema autonómico ha sido que muchos, en la derecha y en la izquierda, no creían en un sistema descentralizado o, si se quiere, altamente descentralizado. Apostaron por la descentralización, si se nos permite, con la boca pequeña. Además, sectores importantes de la vida política y de la sociedad civil han seguido creyendo que la autonomía consistía en un poder cedido o delegado por el Estado (central) en favor de las Comunidades. Sin embargo, la autonomía política de las Comunidades no es consecuencia del ejercicio de delegación del Estado, sino que deriva directamente de nuestro texto constitucional. Esta última realidad jurídica ha sido obviada por muchos.

Ha llegado, pues, el momento de sentarse y plantear la discusión serena y rigurosa de cuál es el modelo de organización territorial del que queremos dotarnos. Esto nos lleva a uno de los puntos clave sobre la reforma constitucional, y que paradójicamente apenas se abordan en el debate público: el cuándo. ¿Qué condiciones han de darse para realizar un proceso de este tipo de la forma más serena y dialogada posible? Para los millones de ciudadanos que apuestan ya por una reforma, puede resultar muy frustrante reconocer que en el próximo año apenas se vislumbra un escenario favorable, debido a la larga serie de citas electorales que pueden culminar en las generales de 2015. Pero tampoco un exceso de realismo político debe servir de excusa para cimentar el inmovilismo y aplazar perpetuamente la reforma. La observación comparada nos señala que, en situaciones de minorías políticas (como sucede en Bélgica), los partidos aceptan entrar más fácilmente en un proceso consensuado de reforma. Y también nos dice que es importante el compromiso previo, en un programa electoral, de los partidos más convencidos, como sucedió con la ‘devolution’ de Tony Blair. ¿Significa todo ello que en 2016 estaremos quizá ante la gran ocasión? Desde aquí sólo podemos recordar que, como nos decía Alberto López Basaguren, “la política tiene que evitar el callejón sin salida”.

Hace unos días un artículo de Benito Arruñada se preguntaba si la culpa de la crisis política y económica que vive España no es solo de políticos e instituciones sino también de la sociedad. El artículo se hacía eco de una encuesta de la Fundación BBVA en la que aparecemos como los europeos más críticos con políticos e instituciones mientras somos los que menos nos molestamos en informarnos.

No obstante, otros datos que hemos publicado nos indican que la crisis ha aumentado el interés de los ciudadanos por la política. Si en 2006 eran un 43% los españoles que decían hablar o discutir sobre política al menos una vez por semana, hoy ese porcentaje se eleva hasta el 59%. En particular, se ha duplicado el porcentaje de ciudadanos entre 18 y 54 años que afirman hablar sobre política todos los días.

Este mayor interés por la política coincide con el hecho de que el 26,2% de los españoles considera que los políticos, los partidos y la política convencional son uno de los principales problemas de España. Esto nos podría suscitar dos preguntas a las que intentamos responder en esta nota.

¿Somos más críticos con la política como reacción a la crisis política y económica en que estamos inmersos? ¿O es que ha crecido nuestra información política, transformando nuestra cultura política, y ello nos está haciendo más exigentes con nuestra clase política?

En cuanto al primer interrogante, Diego Muro y Guillem Vidal se han preguntado si la corrupción sólo nos importa cuando la economía va mal. Parece que, cuando los ciudadanos nos vemos amenazados por circunstancias económicas adversas, somos más proclives a buscar culpables y nos mostramos menos tolerantes frente a la corrupción, percibida como un mal de las instituciones o de la ‘clase política’ que nos ha llevado a esta situación. En este sentido, los niveles de desempleo evolucionan de una forma muy similar a los cambios en la percepción de la corrupción, aunque esta elevada correlación no necesariamente significa que una sea consecuencia de lo otro.

De forma más optimista, el segundo interrogante estaría sugiriendo que la crítica ciudadana a los políticos sería el reflejo de un aumento del conocimiento sobre la política. Sin embargo, no hay que olvidar lo que nos recuerda nuestro editor Juan Rodríguez: más bien parece que la decepción de los ciudadanos puede ser el producto de la propia desinformación y alejamiento de la política. Así, se hace difícil pensar que el conocimiento sobre la política que tiene un país, y las preferencias políticas individuales resultantes, hayan podido cambiar mucho en pocos años. La ingeniería social de este tipo suele conllevar generaciones. La calidad democrática de la ciudadanía no se produce espontáneamente ni caprichosamente. En una encuesta de 2009 España ya estaba a la cola. Además, las circunstancias actuales pueden favorecer el desarrollo pero también pueden perjudicarlo. ¿Cómo?

Quienes saben menos de política suelen ser aquellos que disponen de menos recursos socioeconómicos. Quienes menos tienen son quienes menos participan, quienes saben menos del sistema político y, en consecuencia, se ven a sí mismos como ciudadanos menos eficaces e influyentes. Es obligatorio preguntarse, por tanto, en qué medida el hecho de que España sea ya, en estos momentos, el país más desigual de Europa puede afectar al conocimiento de la política por parte de capas importantes de la población y a su participación política. ¿La producción de desigualdad en el presente condicionará y perjudicará la democracia el futuro? Uno de los riesgos inminentes de este fenómeno perverso es que cada día más serán “unos pocos” los que puedan establecer la agenda política.

La crisis económica y las políticas de austeridad están afectando la inversión en educación. En este sentido, y como nos indica Máriam Martínez-Bascuñán, Martha Nussbaum nos alerta de una “crisis silenciosa” (“Sin fines de lucro”, Ed. Katz) que tiene que ver con el recorte del presupuesto asignado a la educación. Y con ello, la “erosión grave de las cualidades esenciales para la vida misma de la democracia”. En este sentido, nuestra editora Argelia Queralt alertaba del riesgo de que la nueva LOMCE debilitara el aprendizaje de los valores constitucionales en el itinerario curricular.

Otra derivada que debe centrar nuestra atención es la tendencia, en los medios de comunicación, a convertir la política en un tema morboso, conflictivo o incluso caricaturesco. Ante el crecimiento del interés por la política, los medios pueden tratar de satisfacer al público sacrificando la función de informar –y con ello, de formar- en aras del entretenimiento. Así, se han multiplicado los programas de infoentretenimiento, y a partir del análisis de Carol Galais podemos señalar que a más exposición a programas de información, más polarización de la audiencia.

Finalmente, en la era del Big Data, la fractura digital se sobrepone a las viejas fracturas. Según los datos del trabajo “Internet y participación política en España” (2010), a mayores niveles de estudios mayores niveles de utilización de Internet. Nuestras sociedades se hallan abrumadas ante una ingente cantidad de información. Pero seguirá siendo necesario disponer de un capital cultural, cívico y humanístico, para procesarlo, comprenderlo y digerirlo. Los estudios muestran que en España persiste un déficit de comprensión e interpretación de los acontecimientos que sólo es posible fomentar desde el ámbito educativo. De lo contrario, podemos convertirnos en meros consumidores pasivos de información preseleccionada. Y sin las herramientas y las actitudes precisas, informarse puede no significar formarse, sino conformarse con la realidad.

En 1914, Ortega y Gasset lanzaba la iniciativa de una Liga de Educación Política para superar la ‘vieja política’ que estaba lastrando la sociedad española. Cien años después no resulta menos perentoria una coalición similar formada por la escuela, los medios de comunicación públicos y privados, la red, el Parlamento y muchos otros foros de la sociedad civil.

Ricardo Hausmann se preguntaba hace unos días ¿por qué son democráticos los países ricos? La respuesta es que no es suficiente con una mano invisible que haga funcionar la economía. Es necesaria, además, una segunda mano invisible que genere la calidad necesaria dentro del sistema político para que las economías modernas funcionen. Esta segunda mano invisible requiere información suficiente, como nos recuerda Hausmann, para tomar decisiones mejores.

En esta misma línea, Andrés Ortega afirma en Recomponer la democracia que es necesario encontrar los incentivos necesarios para convencer a las élites políticas y económicas de acometer las reformas necesarias para superar una crisis, la política, que es condición para la recuperación económica.

Sin embargo, ¿se trata sólo de persuadir a quienes deciden formal e informalmente? ¿Y quién debe hacerlo? ¿Expertos, comunicadores, ciudadanos y actores interesados? Si existe realmente esa segunda mano invisible de la democracia, ¿responde a la voluntad del ciudadano? En el trasfondo de estos interrogantes, aparece el debate del papel de la ‘voz’ de aquellos que participan en el proceso democrático (instituciones, actores y simples ciudadanos). ‘Voz’ en el sentido de Hirschman, “un intento de cambiar un estado de cosas insatisfactorio”. La ‘voz’ de los que no están de acuerdo o piensan que las cosas se pueden hacer mejor.

Crece la intuición de que estamos ante un momento crucial en el que se define cómo se articulará la ‘voz’ de nuestras democracias en el futuro. Y, con ello, quién podrá expresarla.

Partiendo de la consideración del espacio público como un proceso a través del cual los problemas de la sociedad son discutidos, procesados y, finalmente, llevados a influir sobre la formación de la autoridad de la ley y de las políticas públicas, Mariam Martínez-Bascuñán asume que este espacio está en plena transformación debido a la generalización de las nuevas tecnologías. El resultado podría ser una emergente ‘democracia comunicativa’.

Un futuro no exento de riesgos. Si en la nota de la semana pasada señalábamos el riesgo creciente de que sean los “nuevos pocos” los que capturen el proceso político y que para ello inviertan recursos económicos en el establecimiento de la agenda política, hoy insistimos en una paradoja. Frente al riesgo de la aparición de una nueva elite transnacional, las redes sociales plantean un escenario contradictorio: eliminan las barreras a la libre circulación de la información y de ideas, pero también, paradójicamente, las imponen.

En este sentido, Cass R. Suntsein argumenta que en la web normalmente vemos aquello que nos gusta y nos gusta aquello que vemos, eludiendo la exposición a aquellas perspectivas que no compartimos. Este fenómeno que es el que ha permitido la emergencia de medios y blogs “de nicho”, en los que sólo podemos leer opiniones con las que estamos de acuerdo, no contribuye en absoluto al debate democrático. Como Lluís Bassets afirmaba en una conversación, lo que se produce es una fragmentación y una competencia de versiones de la realidad que viven las unas de espaldas a las otras.

Aunque ya no podemos hablar de tiranía de la mayoría, las nuevas minorías que se construyen en la red presentan los mismos peligros potenciales sobre los que alertaba Tocqueville: la imposición de una sutil censura, el debilitamiento de la independencia de juicio y la merma en la capacidad crítica de la sociedad.

Además, esta manera compartimentada de leer la realidad afecta a la propia esencia de la democracia ya que no sólo hay disenso sobre la interpretación de la realidad, como debe ser en una sociedad plural, sino que hay disenso sobre la propia realidad. El reto es, como apunta Bassets, si seremos capaces de organizar una comunidad política, una verdadera politeya, si ni tan sólo hay consenso alrededor de la realidad. ¿Cómo conseguir que la gente que vive en modelos paralelos mantenga principios comunes que hagan viable la supervivenvia del marco democrático? En último extremo, ¿cómo garantizar que la fragmentación de la opinión y del conocimiento no conduzca a la fragmentación de la voz de los ciudadanos, y con ello, del debilitamiento de los que se encuentran a priori más alejados del poder?

En nuestra opinión, reconstruyendo espacios de argumentación pública. ¿Cómo? Lejos del modelo clásico de filósofos-reyes, que parecen saber mejor que nadie lo que conviene al resto de la sociedad, hemos de avanzar hacia una convergencia de voces entre políticos, expertos y ciudadanos, en torno a un principio de calidad democrática: expertos y comunicadores que aportan datos (más o menos) objetivos (y sobre todo discutibles y falseables, alejados de las certezas dogmáticas), gobernantes que utilizan esos datos para tomar decisiones con criterio inclusivo y racional, y ciudadano que absorbe esa información, la discute, la contrasta (e incluso la retroalimenta) y la acaba utilizando para castigar o premiar a los gobernantes.

El futuro de la democracia de calidad, donde las instituciones respondan ante la ciudadanía, y el progreso económico y social se juegan en este debate sobre quién merece ser escuchado para que las decisiones que se tomen sean mejores. Y también de cómo saber escuchar.

“Es muy lamentable que parte de las élites económicas (en los países más afectados por la crisis) asuman tan poca responsabilidad por la deplorable situación actual”. Lo decía Angela Merkel hace unos meses en una entrevista en el diario El País.

La emergencia de una nueva élite, totalmente desconectada de las preocupaciones y dificultades de las clases medias, está provocando que, como ya señaló Colin Crouch, estemos entrando en una nueva fase posdemocrática en la que “poderosos intereses de minorías se han vuelto mucho más activos que la masa de gente común a la hora de lograr que el sistema político trabaje para ellos”. Andrés Ortega en ‘Recomponer la democracia’ sitúa a España en este punto de la evolución de la democracia.

Recientemente ha sido Oxfam la que, aprovechando el encuentro del World Economic Forum en Davos, ha querido denunciar que la mitad de la renta mundial está en manos del 1% más rico de la población.

Hay visiones contrapuestas sobre los efectos que para la democracia tiene la concentración en pocas manos del poder económico, político y social. Tim Harford en el Financial Times ha puesto en duda la metodología del informe de Oxfam y desde la academia ha sido Gregory Mankiw quien asegura en ‘Defending the One Percent’ que las desigualdades son un aspecto inevitable o incluso beneficioso para el progreso económico, y por lo tanto, los ricos deben luchar por ellas.

De quién consiga establecer la agenda setting en este debate se desprenderá si se produce o no una captura del proceso político por parte de unos pocos. Los “nuevos pocos” destinarán recursos a establecer la agenda pues, como dice Lawrence Katz y señaló Pau Marí-Klose en un artículo reciente, es en sociedades muy desiguales donde las élites económicas disfrutan de una capacidad excesiva para comprar voluntades y conseguir favores y contratos, utilizando mecanismos que distorsionan las dinámicas de mercado (cortejando a políticos, financiando sus campañas, incurriendo en prácticas oligocopolíticas y eludiendo la acción de los tribunales, etc.). Esto les permitiría optar por desconectarse completamente de los intereses de la sociedad y seguir apoyándose en la dinámica del crecimiento de las rentas del capital (en 2011, las rentas empresariales superaban por vez primera a las rentas salariales en España).

Cabe identificar algunas propuestas que mejorarían las opciones de la mayoría de la sociedad y situarían sus preocupaciones en el centro del debate.

En primer lugar, se debería producir un “empoderamiento” económico de la ciudadanía permitiendo que participe más en la economía. Esto implica situar la economía en el debate público y aumentar la pedagogía y la cultura económicas. Algunas voces reclaman, en esta línea, que la cuestión social no se puede dejar en manos de los economistas.

El economista Francesc Trillas ha señalado una debilidad española que no existe en Estados Unidos ni en Francia: nuestros economistas con más prestigio profesional académico a nivel internacional no son de izquierdas y, en este sentido, sería muy deseable que existieran plataformas de izquierda y centro-izquierda que tuvieran el prestigio público y profesional que se ha ganado, por ejemplo, Nada es Gratis, pero para eso no hay que renunciar jamás a la pretensión de construir mejor conocimiento científico.

En tercer lugar, cabe preguntarse si podremos conservar la igualdad social adquirida sin los actores que la promocionaron en el pasado siglo. Los partidos políticos y los sindicatos se han ido haciendo pequeños, tienen menos capacidad para vehicular las demandas sociales y ello coincide con un momento histórico de destrucción masiva de empleo y de aparición de lo que Guy Standing ha denominado “el precariado”. A ello tenemos que añadir que, a pesar de la rapidez y la utilidad de los medios sociales para organizar manifestaciones, estas tienen pocos resultados prácticos. Podemos saber un poco más de las protestas y manifestaciones en el mundo a partir del estudio World Protests 2006 - 2013 realizado por la Initiative for Policy Dialogue y la Fundación Friedrich Ebert.

Y, finalmente, la mayoría de la sociedad podrá situar sus preocupaciones en el centro del debate público si tiene voz. La salida de la crisis será política o no será y en este sentido para ser un país democráticamente maduro tenemos que “invertir” en infraestructuras de ideas y opinión. Para construir esta infraestructura necesitamos superar un viejo problema muy español: tenemos una clase dominante más que una clase dirigente.

Si observamos la evolución del debate político en los últimos años, podríamos tener la impresión de que se ha reavivado con la crisis y sus duras consecuencias. Pero no nos dejemos engañar: la política nos interesa hoy más que hace años, y hemos incrementado nuestra atención y nuestra exigencia hacia los políticos, pero seguimos hablando muy poco de políticas. Nuestro debate público sigue padeciendo la misma falta de calidad de los años de bonanza: la política vista como un juego de trincheras, como una discusión entre esencias ideológicas, una competición entre identidades partidistas, o, en una versión muy de moda, como una lucha entre el pueblo y ‘los de arriba’.

Desde nuestro punto de vista, a la perspectiva de fallo multiorgánico diagnosticada por Andrés Ortega en Recomponer la democracia, debemos añadir la idea de fracaso cognitivo, según Daniel Innerarity. Entendemos por tal el fracaso de la transferencia de conocimiento desde aquellos centros que la producen (universidades, think tanks, empresas privadas y otros actores sociales) a los centros de decisión (gobiernos) y a los ciudadanos que deben elegir a sus representantes para ubicarlos en esos centros de decisión.

Una observación rápida de portadas de diario o de tertulias radiofónicas de la última década nos demostraría que no supimos transformar un debate que siguió girando en torno a principios y a identidades de partido (si no directamente ideológicas). En estos años de reconversión política predominan las enmiendas a la totalidad (cambios de sistema, substitución de partidos, transformación radical de las normas de decisión y representación) más que debate sobre cirugía institucional de alta definición.

Este fallo cognitivo tiene formas muy concretas: las páginas de política y de economía suelen estar separadas en secciones estancas, nuestros debates tienen pocos números y nuestras reformas legales e institucionales apenas mencionan cómo evaluaremos antes el rendimiento de las existentes y de las futuras.

Por supuesto, el fallo cognitivo (no pudimos hacerlo mejor porque no sabemos suficiente) es sólo un vector que explica nuestra situación, que se une con otros: el debilitamiento del Estado ante las reglas de la globalización, las dinámicas perversas de instituciones políticas ineficientes, y errores concretos de políticas públicas equivocadas o mal diseñadas.

¿Dónde podríamos situar las causas de este fallo cognoscitivo? Aunque quizá dispersos y faltos de una coherencia global, existen algunos debates en curso sobre esta cuestión.

Por un lado, hay un debate centrado en el ‘quién’ debe transmitir o divulgar el conocimiento: ¿es que los expertos, los científicos sociales hablan poco porque su espacio está ocupado por voces menos autorizadas? Para unos, se trata de una terreno en el que deberían haber más politólogos y científicos sociales. Para otros, el problema viene más bien de las carencias que los académicos sociales tienen para transmitir su conocimiento en comparación con otros tipos de escritores más dotados. Es decir, quién merece ser escuchado.

También hay un problema referente a la educación cívica de la ciudadanía. Los medios han trasladado una ciencia entendida como verdades que eran dadas a conocer a la opinión pública sin apenas posibilidad de ser rebatidas. Que ello haya sido así, y se haya concebido la existencia de un ciudadano como receptor pasivo, ha provocado un debate menos informado y que genera una ciudadanía menos exigente hacia la política.

Hay un segundo debate que hace más referencia al ‘qué’: abordamos la discusión sobre cómo debería gobernarse nuestra sociedad mediante posiciones demasiado normativas, basadas en principios ideológicos (a veces demasiado alejados de la realidad concreta, a veces demasiado poco contrastados con los hechos). Este problema posee diversas fuentes. Es cierto que a veces la academia no ayuda mucho a situar el debate sobre las cuestiones esenciales, al producir investigaciones irrelevantes para los ciudadanos interesados y, peor, para los propios gobernantes. Pero sobre todo, estamos pendientes de que los profesionales de la información trasladen a sus textos de análisis la ingente cantidad de datos que ya están disponibles. No se trata sólo de cómo ha cambiado el negocio del periodismo y de la información.

Esta situación se refleja en lagunas preocupantes. Existe una falta de cultura de la evaluación de nuestras políticas públicas. Y esto nos hace perder oportunidades. Un ejemplo son los debates sobre la manera en que recibimos las periódicas evaluaciones de ratings y rankings como PISA, que a menudo se leen como la clasificación de la Liga de fútbol. ¿Cuánto nos ha ayudado a mejorar nuestras políticas educativas evaluaciones internacionales de este tipo?

Algunos dicen que el futuro de las políticas públicas pasa por los datos. Dos tensiones se apuntan en ese horizonte: tendremos muchos más datos para tomar decisiones (aunque la política deberá resolver sobre qué serán esos datos y a quién pertenecerán) al tiempo que necesitaremos una visión de conjunto para saber cómo utilizarlos y seleccionarlos. A la espera de ese escenario, cabrá preguntarse hasta qué punto podremos resolver el fallo multiorgánico de la política española sin superar el fallo cognitivo que la ha acompañado.

Como señala Ortega en Recomponer la democracia, para salir del ‘fallo multiorgánico’ de la política española es necesario ‘reanimar las instituciones’. Esto significa atemperar lo que él denomina ‘ejecutivitis’, es decir la sobredimensión que tiene el gobierno central en la política española.

Y dentro del ejecutivo, el presidente del gobierno, ya de por sí muy fuerte según nuestro ordenamiento, ha tendido a ganar peso y protagonismo. Es lo que Fabbrini ha llamado el ascenso del príncipe democrático.

Ello se explica por la tendencia a la personalización del poder gubernamental o, como algunos lo denominan, a la presidencialización de la política, una tendencia que se ha visto auspiciada por los cambios en la estructura de la comunicación, por la internacionalización de la política protagonizada precisamente por jefes de Estado y de gobierno y por la erosión de las fracturas tradicionales que han conducido, hasta hace muy poco, a la convergencia ideológica de los grandes partidos.

Estas circunstancias han transcurrido en paralelo al proceso de descentralización política y mientras que en el escalón estatal se configuraba un sistema de partidos de tendencia bipartidista en el que se ha impuesto una lógica mayoritaria, a pesar de que ha habido gobiernos minoritarios, en el ámbito autonómico y local los gobiernos de coalición son habituales y como consecuencia se han impuesto dinámicas más consensuales.

La ‘ejecutivitis’ es pues una disfunción que surge de una tensión entre dos inercias políticas que se dan en el subsuelo del esquema institucional establecido en la Constitución. Durante décadas hemos tendido a ser un ‘sistema mayoritario’, siguiendo la terminología del politólogo Arendt Lijphart, causa de la centralidad del gobierno respecto al parlamento y por los efectos mayoritarios del sistema proporcional, pero nuestra estructura de poder general, de producción de políticas y de gasto ha ido acomodándose a una descentralización que exigen más cooperación entre poderes y entre niveles de gobierno y más consensualismo.

Esta bifurcación entre personalización del poder (que también se ha dado en la gran mayoría de los gobiernos autonómicos), por un lado, y la división territorial de la toma de decisiones y de gasto público, por otro, se ha demostrado perversa. La simultaneidad de estos fenómenos ha dado lugar a notables tensiones, hasta el punto que hoy nos encontramos ante un gobierno central macrocefálico que aspira a una mayor centralización y ante una realidad territorial diversa que tira hacia sí y que en algunos casos opta claramente por la secesión.

Y aunque ninguna de estas opciones tiene cabida en el diseño institucional actual si tenemos en cuenta que todos los sondeos recientes apuntan a que el escenario parlamentario en España va a estar más fragmentado y que no va a haber un partido mayoritario, se dibujan tres grandes escenarios.

El continuismo parece poco viable ya que se enfrenta por un lado a un riesgo evidente de colapso funcional y por otro al colapso político por los embates que suponen el secesionismo, la pérdida de apoyo a la autonomía por parte de la población y los amagos de renuncia al autogobierno por parte de algunas autonomías que prefieren perder competencias antes que asumir los retos de ejercerlas eficazmente.

La recentralización, a pesar de ser la opción que se deduce del proyecto del gobierno central y de que cuenta con el apoyo de UPyD y de una parte del PSOE, es poco plausible no sólo porque iría en contra del alabado principio de subsidiariedad sino porque la propia institucionalización del sistema autonómico ha creado los incentivos para su propia supervivencia. ¿Estará dispuesta la elite política autonómica a hacerse el harakiri y aparecer como la responsable del colapso económico español?

En cambio, una federalización completa del sistema que implicase la incorporación de las autonomías a la gobernación podría proporcionar a la vez más autonomía y más unión. Y ello debería significar resucitar el Senado del estado vegetativo en el que se encuentra actualmente, lo que podría conducir a un reequilibrio de poder entre el parlamento y el gobierno. Es decir, más autonomía y más unión al mismo tiempo. ¿La cuadratura del círculo? En cualquier caso, no requiere tanta imaginación como la mayoría de escenarios apocalípticos o rupturistas que ahora se están planteando.

Nota de Análisis de los editores de Agenda Pública

Se extiende una percepción negativa hacia los partidos por el supuesto debilitamiento de su papel en las dos principales funciones que desempeñan en las democracias parlamentarias: motor de participación política y provisión de cargos públicos representativos y de calidad.

Esta última función está siendo muy cuestionada en España por todos aquellos que sostienen que España tiene un problema de elites de mala calidad, excesivamente politizados y poco preparados técnicamente. No obstante, como sostenía nuestro editor Juan Rodríguez, este juicio tiene mucho que ver, de entrada, con un problema de falsas expectativas. Sin que ello omita los potenciales problemas de incentivos perversos que pueden provocar, en ocasiones, una verdadera mala selección de políticos por parte de los partidos, a tenor de lo que señalaba Pablo Simón.

La resolución de esta cuestión pasa, según Tony Wright, por afrontar el otro problema: la debilidad de los partidos como mecanismos de participación política, que permita la reconexión entre ciudadanos y políticos.

Para recuperar la preeminencia como mecanismo para la expresión de la opinión política y la representación, Andrés Ortega apunta en su libro Recomponer la democracia que los partidos deben adaptarse en sus estructuras internas y en su actuación externa e interna. Ampliar las medidas de participación interna, potenciar primarias, hacer más porosa la formación de sus propuestas…

Pero, ¿hasta qué punto los problemas de conexión social son la consecuencia de disfunciones internas de los partidos? ¿Realmente la ciudadanía no participa más en los partidos porque conoce sus limitaciones internas? En definitiva, ¿más democracia interna favorecerá una reconexión entre partidos y ciudadanos?

¿Y si no fuera así, como apunta inquietantemente Richard Katz en su reciente libro colectivo? Si lo que en realidad estuviera sucediendo es que el declive de la conexión de los partidos con la sociedad, y su posible impacto sobre la selección de los políticos, se debiera a cambios sociales y culturales de fondo (nuevas formas de socialización y participación, ciudadanos con implicación más esporádica y más calculada, menos aptos para el compromiso estable que exige un partido, con medios de comunicación que permiten la relación directa entre líderes y votantes, relegando el papel de los abnegados militantes, etc.), quizá las reformas internas en los partidos hacia mayor democracia e inclusividad tendrían un efecto muy limitado.

Esto nos lleva a plantearnos algunos escenarios de futuro para los partidos a medio plazo.

Existe siempre la posibilidad de pensar que quizá el potencial de adaptación de los partidos es mucho mayor de lo que muchos individuos creen. Que todo cambie para que todo siga igual es siempre el primer escenario racional, especialmente el de aquellos que están al frente de los aparatos de partidos.

En el otro extremo, se encuentran aquellos que propugnan una democracia sin partidos, o al menos una democracia donde los partidos deberían compartir sus funciones de representación, expresión y selección de cargos con otros actores (movimientos sociales, grupos de presión) y otros métodos (elección directa, quizá incluso selección por lotería, como apunta Jorge San Miguel rememorando el método de sorteo ateniense). Quizá el olfato realista haga desconfiar a muchos de este escenario.

Si hacemos casos del entusiasmo de aquellos que propugnan reformas institucionales internas para abrir los partidos, como hacen + Democracia o Por una nueva ley de partidos, la mayor regulación externa de los partidos y las medidas de mayor democracia interna nos conducirían a un escenario de partidos participativos, mucho más atractivos para aquellos ciudadanos que hoy prefieren otros foros u otras formas de participación, más directas y reactivas. No obstante, no deberíamos olvidar el escepticismo antes mencionado de Richard Katz, así como el hecho de que España se encuentra hoy entre los países con mayor regulación de los partidos, en la línea del modelo alemán.

Queda un último escenario: los partidos sin miembros, que mantienen sus funciones de movilización y de selección de elites, auspiciadas en una democracia donde la competición electoral se bifurca de otros ámbitos de expresión. De hecho, ese parece ser el escenario que señala la continua pérdida de militantes en Europa, sin que ello detenga el funcionamiento de la democracia ni siquiera el de los propios partidos.

A favor de este último escenario, existen dos tendencias irrefrenable: muchísimos ciudadanos insatisfechos con los partidos actuales siguen creando nuevos partidos (más 1.000 nuevos partidos registrados en España en los últimos 10 años en España) como estrategia para cambiar la política, pero muchos de ellos partidos pequeños, de ámbito local o regional, que funcionan sin apenas estructuras, incluso cuando consiguen acceder a instituciones de gobierno.

Quizá lo único que haga falta para normalizar este último escenario, posiblemente el más realista, es que los partidos actuales pierdan el complejo de inferioridad que arrastran: es cierto que han cometido errores, que son imperfectos, que hay vías para mejorarlos, pero siguen siendo imprescindibles para el funcionamiento de la democracia representativa.

[Nota de Análisis de los Editores de Agenda Pública]