La historia que voy a contar ocurrió hace mucho, mucho tiempo. La tenía olvidada, pero buscando un documento que necesitaba para unos trámites burocráticos, rescaté de un armario una caja con copias de algunos de mis primeros artículos, escritos y publicados a finales de los años setenta, justo cuando estaba a punto de terminar la carrera de periodismo.

Entre esas reliquias apareció una vieja revista en la que se anunciaba en portada, en EXCLUSIVA, una entrevista con Santiago Carrillo recién llegado a España del exilio. Corría el año 1977, el Partido Comunista de España (PCE) acababa de ser legalizado y, a pesar de que ya había un fuerte movimiento de aperturismo, los estertores del franquismo seguían resonando por todas partes.

Por casualidades de la vida, gracias a la mediación de un amigo, conseguí hacerle esa entrevista a Carrillo. No me lo acababa de creer. Me pareció un privilegio y una gran oportunidad conocer a una figura que ya se adivinaba crucial en la historia de España, y que después jugaría un importante –y controvertido– papel durante la llamada Transición.

Mi empeño era conocer al otro Carrillo, su faceta más personal y sus opiniones sobre temas que ya empezaban a estar en el debate público: desde la homosexualidad y la unión entre parejas del mismo sexo, las drogas, la prostitución y un largo etcétera

Quedamos una mañana en la calle Peligros, antigua sede del PCE, en pleno centro de Madrid. Yo no trabajaba en ningún medio pero tenía algunos contactos, entre ellos en alguna de las muchas agencias que proliferaban por aquel entonces. Carrillo me recibió en una habitación llena de pupitres como los de las escuelas de pueblo. Apareció con su sempiterno cigarrillo y una amplia sonrisa. A la cita acudió también un fotógrafo al que yo no conocía y del que creo recordar que se apellidaba Ros.

Grabé a Carrillo en la grabadora Sanyo que me ha acompañado durante décadas a lo largo de mi larga profesión. Incluso cuando aparecieron los móviles, yo seguía haciendo las entrevistas a los políticos con mi viejo aparato, lo que les hacía muchísima gracia.

Tampoco sé adónde fueron a parar aquellas cintas con tantos y tantos testimonios de diputados, senadores, concejales y diversos ministros/as de turno, dado que mi trayectoria profesional siempre ha estado ligada a la política y a la vida parlamentaria. Supongo que en aquellos momentos yo no era consciente de la importancia que podrían tener en el futuro algunas de aquellas opiniones y declaraciones, así que muchas de esas cintas se quedaron por ahí, en el limbo, en alguno de los traslados de casas que he sufrido. Por desgracia, entre ellas la de Carrillo, aunque no pierdo la esperanza de que aparezca algún día (¡como la revista!), en algún recóndito rincón de un garaje en donde almacenamos miles de cosas de nuestra primera casa.

Llegué con lógico nerviosismo a la cita. Me había preparado un largo cuestionario para tocar todos los temas habidos y por haber, no solo de política, con los que Carrillo se explayó. Mi empeño era conocer al otro Carrillo, su faceta más personal y sus opiniones sobre temas que ya empezaban a estar en el debate público: desde la homosexualidad y la unión entre parejas del mismo sexo, las drogas, la prostitución y un largo etcétera. Y por supuesto quería que me hablara de su famosa peluca. Carrillo accedió a contestar a todas y cada una de ellas. Ahora releyendo la entrevista me hacen gracia algunas, más que nada por estar formuladas de una manera muy primitiva y a veces bastante ingenua.

El intermediario

Tardé muchas horas en transcribir la cinta. Entonces no había ordenadores y mi máquina de escribir, una Lettera Olivetti –que todavía conservo– hizo el lento trabajo de pasar el texto a folios, con alguna errata que otra corregida con típex.

Cuando terminé el trabajo, llamé a mi amigo y él se encargó de ponerme en contacto con una persona que trabajaba para una agencia de noticias que, aunque sorprenda, tampoco recuerdo cómo se llamaba porque por entonces andaba yo por la vida demasiado despreocupada. Me fie del tipo que iba a hacer de intermediario y le entregué el texto. Del fotógrafo no supe nada más.

Para mi sorpresa la habían publicado en una revista llamada Clímax en cuya portada aparecía una exuberante mujer de grandes pechos

Pasó el tiempo y mi contacto me daba largas cuando lograba localizarle, que no era fácil. Yo casi perdí la esperanza de ver la entrevista publicada. Pero hete aquí que una buena mañana, al bajar a la calle y llegar al quiosco a comprar el periódico, ¡voilâ!. Allí estaba bien visible. ENTREVISTA EXCLUSIVA CON SANTIAGO CARRILLO. Para mi sorpresa la habían publicado en una revista llamada Climax en cuya portada aparecía una exuberante mujer de grandes pechos. Era la época del llamado 'destape' y muchas publicaciones utilizaban este tipo de fotos sumamente sexistas como gancho y reclamo para vender el producto. En ellas te podías encontrar artículos de conocidos políticos y de intelectuales “de reconocido prestigio” junto con un desplegable en páginas centrales de chicas en posturas sexys e insinuantes. Machismo en estado puro, vamos.

Mi corazón se aceleró. Estaba muy enfadada por el hecho de que nadie me hubiera avisado y también porque apareciera en una publicación de ese tipo. Pero la verdadera sorpresa llegó después, tras comprar y abrir la entrevista y comprobar que NO ESTABA FIRMADA. Me la habían robado. Subieron el texto con una breve entradilla, jactándose de que era la primera entrevista lograda “en exclusiva” con el líder del PCE tras regresar a España y legalizarse el PCE. Me entró ira e indignación. Llamé a mi amigo y dijo desconocer qué había pasado.

Era una época en que la profesión estaba muy masculinizada y quiero pensar que no les gustó nada que la primera entrevista con el líder del PCE, recién llegado a España, la fuera a firmar una mujer muy joven, sin apenas experiencia

Jamás logré por parte de la dirección de la revista una explicación ni conseguí que me reconocieran mis derechos. Tampoco las pocas fotos que metieron junto al texto iban firmadas. Habían tirado de hemeroteca para ilustrarla, con Carrillo rodeado de sus viejos camaradas del PCE, entre ellos Ramón Tamames, al que muchos años después también he entrevistado tras publicar en elDiario.es el contenido de su discurso de la moción de censura contra Pedro Sánchez que se prestó a protagonizar para Vox. Fue toda una exclusiva, como colofón a mi carrera, de la que me siento muy orgullosa.

De todo lo que ahora cuento de mi encuentro con Carrillo han pasado la friolera de 45 años. Dicen que el tiempo todo lo borra, sin embargo nunca olvidaré cómo me ningunearon, me ignoraron y me tomaron el pelo. No tengo ninguna duda de que fue por ser muy joven y mujer. Era una época en que la profesión estaba muy masculinizada y quiero pensar que no les gustó nada que la primera entrevista con el líder del PCE, recién llegado a España, la fuera a firmar una mujer muy joven, sin apenas experiencia y a la que nadie conocía. En fin… Atrás queda esta historia, pero la realidad es que esa “exclusiva” me la piratearon de la manera más infame y rastrera.

La asociación APADIS de San Sebastián de los Reyes, una Fundación que integra desde hace 45 años a más de un centenar de personas con discapacidad y a sus familiares, ya no podrá contar con los 36.000 euros que venía recibiendo del ayuntamiento para actividades deportivas desde el año 2012. El entonces alcalde, Manuel Ángel Fernández Mateo, del PP, firmó con el club deportivo de esta entidad el primer convenio de Deportes mientras aplaudía “el avance en inclusión, derechos, participación y recursos” de estas personas con discapacidad. Dicho convenio les abría la puerta a compartir las instalaciones públicas del municipio y a competir en igualdad de condiciones con el conjunto de clubes deportivos de la ciudad en la práctica de deportes como fútbol, natación y golf. “Es un convenio con D de deporte, no de discapacidad”, resaltó entonces el regidor.

Pero el nuevo equipo de gobierno, liderado desde 2023 por Lucía Fernández, también del PP, ha decidido sorpresivamente después de 12 años retirarles de la lista de los clubes que reciben esa ayuda, proponiendo renovar y englobar todo únicamente en una subvención y solo desde la concejalía de Asuntos Sociales y Personas con Discapacidad. Hasta ahora la entidad contaba con esa ayuda y con otra específica de 36.000 euros para el ámbito deportivo, que es la que dejará de percibir. Por ello, la retirada les parece “absurdo” y “una grave discriminación” a los responsables de la asociación, ya que, según lamentan, la decisión “va a dejar sin opciones de práctica deportiva” a todo el colectivo. Lo que más les indigna es que el de APADIS haya sido el único convenio que el PP no ha renovado y aprobado por la Junta de Gobierno.

Así lo denuncia a esta redacción el director gerente de la asociación, Miguel Ángel Jiménez, que además lamenta que con ello el ayuntamiento “pretende ahorrarse el último año, que la concejalía de Deportes había renovado y APADIS había aceptado”, como pueden probar documentalmente y ahora el consistorio niega. Jiménez lamenta también que este recorte y modificación del convenio se ejecutara “sin ninguna comunicación ni negociación previa y sin una simple llamada de teléfono a APADIS”.

Izquierda Independiente llevó la denuncia al pleno municipal

El grupo municipal Izquierda Independiente llevó la denuncia de la asociación al pasado pleno municipal en el que denunció públicamente lo que considera “un claro ataque a APADIS”. Para su portavoz, Juan Torres, se trata de “un nuevo castigo y represalia a la asociación”. “Hay que ser muy mala gente para atacar y retirar la ayuda para el deporte a las personas con discapacidad”, afirma, en declaraciones a elDiario.es. Pero lo que le parece aún peor es que “mientras este gobierno recorta en las personas con discapacidad intelectual por otro lado mejora las condiciones de otras entidades, como el club deportivo con el que está relacionado el propio concejal de Deportes”. A su juicio, “todo esto demuestra lo malos y rencorosos que son el PP”. “Hacen bueno el dicho de que 'otros vendrán que bueno te harán'. El nuevo equipo de gobierno municipal funciona igual que el anterior: a quien le lleve la contraria lo persiguen”, zanja el edil de la oposición.

La versión que ha dado la concejala de Personas con Discapacidad, María Ordóñez, es que “el último convenio con la concejalía de Deportes tenía vigencia hasta el 30 de junio de 2024” y que a partir de entonces “se firmó un nuevo convenio pero desde la Concejalía de Personas con Discapacidad, con el mismo objetivo y con la aprobación de la propia entidad”. APADIS reconoce que gracias a este convenio se realizaban los Campamentos de Verano dirigidos a niños y jóvenes del municipio con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo, “que ha sido uno de los proyectos de más arraigo, éxito y participación”. Sin embargo, considera que esto no exime al gobierno municipal de renovar la subvención para las prácticas deportivas de la asociación.

La concejala Ordóñez rechaza las argumentaciones de la asociación y acusa de “mentir” a Torres. “No sabemos si están nerviosos por el supuesto Juego de Tronos que tienen en torno al próximo líder de la formación o si siguen peleándose con el resto de partidos de ultraizquierda a ver quién dice la mayor barbaridad contra el PP. O todo a la vez”. “La verdad es esta”, insiste. “El último convenio de la concejalía de Deportes con APADIS tenía vigencia del 1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2024. A partir de entonces, y tras un acuerdo con la propia APADIS, se pasó a firmar el nuevo convenio a través de la concejalía de Personas con Discapacidad de este Ayuntamiento. Eso es lo que firmó APADIS”, sostiene.

“No solo eso, sino que se destinó la misma cuantía del anterior convenio establecido: 30.096,85 euros. Y a esta cantidad, se añadieron otros 6.000 euros. Es decir, que APADIS ha visto mejorado lo que cobra para el mismo fin. Y APADIS es una entidad dedicada a la discapacidad al margen de las diferentes acciones que desarrollen. Con los clubes deportivos se han firmado los nuevos convenios, no correspondiendo a APADIS su firma evidentemente, ya que actualmente la subvención de este Ayuntamiento se gestiona desde la concejalía de Personas con Discapacidad”.

La asociación cree que la explicación que da Ordóñez “está completamente alejada de la realidad” y “solo puede explicarse desde el desconocimiento o desde una narrativa a todas luces desconectada de los hechos”. “Ordóñez asegura que el Convenio con Deportes no está en vigor desde 2024, obviando u ocultando, por tanto, la adenda que se acordó por un año más, hasta 2025”. “Así consta en la documentación en poder de APADIS que fue confirmado desde la propia concejalía de Deportes”, sostiene Miguel Ángel Jiménez, que insiste en que se trata de “una grave discriminación” y “un grave ataque a los derechos de las personas con discapacidad”.

Recurren al Defensor del Pueblo y al Consejo Superior de Deportes

El colectivo no está dispuesto a rendirse. De momento, ha decidido recurrir al Consejo Superior de Deportes y al Defensor del Pueblo. Además, advierte de que “si el ayuntamiento no se aviene a reconsiderar esta situación y sigue negando siquiera la posibilidad de reunirse con la directiva, como se ha solicitado desde APADIS en reiteradas ocasiones”, se “reserva el derecho a emprender las acciones legales que en derecho le corresponda tomar y se precisen para exigir el cumplimiento de los derechos de las personas con Discapacidad”.

“Nuestra valoración es de tristeza, perplejidad e indefensión”, remarca Miguel Ángel Jiménez. “No entendemos cómo a estas alturas del siglo XXI y en contra de todos los predicamentos de la ONU, en tiempos de avances sociales, se retrocede en derechos de las personas con discapacidad condenándoles de nuevo”. “Tampoco sabemos por qué motivo les envían al cajón de los servicios sociales, para que no se muevan de su rincón, negándoles su categoría de deportistas”, añade.

Torres destaca el palmarés deportivo de estas personas con discapacidad en San Sebastián de los Reyes. “Sus deportistas y equipos han conseguido victorias y campeonatos a nivel supramunicipal, han sido campeones de España y son un referente para la integración de personas con discapacidad a través del deporte”.

Izquierda Independiente recuerda además que los equipos deportivos de APADIS “siempre han cumplido con todas las obligaciones y proyectos acordados con el ayuntamiento”.  “También han justificado sus actividades y fondos económicos a pesar de seguir retenidos por el ayuntamiento por el conflicto judicial que este mantiene con APADIS. Algo que la actual alcaldesa del PP prometió resolver cuando estaba en la oposición, pero que en la actualidad mantiene en el juzgado de Alcobendas”, zanja el portavoz del grupo opositor.

La portavoz adjunta de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Carla Toscano, ha vuelto este miércoles a acusar a la izquierda de “odiar” el Valle de los Caídos -ahora denominado Valle de Cuelgamuros- porque “odia la belleza”, negando que el monumento enclavado en el término madrileño de El Escorial sea “un monumento franquista”, ya que está “dedicado a los caídos de los dos bandos” de la Guerra Civil. Pero lo más sorprende es que Toscano ha mantenido que los presos que construyeron el mausoleo eran “voluntarios”, “presos que querían trabajar” por lo que recibían “el mismo salario que los obreros libres”. “Y prueba de ello es que la mayor amenaza que sufrían, si no cumplían con sus obligaciones, era la expulsión”. “Si fuera como Auschwitz, como ustedes dicen, la amenaza sería quedarse, no expulsarles”, ha espetado Toscano a Más Madrid y al PSOE.

La concejala de Vox ha defendido con énfasis en el pleno de Cibeles una proposición de su partido en la que piden a la Comunidad de Madrid que declare Bien de Interés Cultural el Valle. La iniciativa ha sido rechazada por todos los grupos, incluido el PP, a los que Toscano ha atacado por su “proverbial cobardía”. “Señores del Partido Popular, me parece vergonzoso que vayan a votar en contra”, les ha reprochado, para recordarles después que “la realidad es que la resolución del expediente de declaración de Bien de Interés Cultural del Valle de los Caídos depende de la señora Ayuso, que sí tiene competencias porque se ha demostrado que la titularidad del Valle no es de Patrimonio Nacional, sino que es de la Fundación de la Santa Cruz”. El concejal presidente de Centro, Carlos Segura, del PP, le ha corregido citando la Ley de Patrimonio Cultural regional y criticando que Vox sea en muchas ocasiones “el complemento de todas las salsas, sandía, verde por fuera y rojos, pero que muy rojos, por dentro” del Gobierno central.

Toscano ha apuntado luego contra Pedro Sánchez, sin nombrarlo: “Por eso quiero decir a los tibios, a algunos obispos que inexplicablemente callan, y me duele mucho decir esto, y a los ciudadanos en general, voten a quien voten, tengan fe o no, que si permitimos que un tirano reescriba la historia de España mañana escribirá la nuestra. Si permitimos que un tirano ataque unas creencias, mañana atacará las nuestras. Si permitimos que un tirano destruya la reconciliación por la que hemos vivido en paz más de 80 años las heridas abiertas de mañana no serán culpa suya, sino nuestra por habérselo permitido”, ha soltado. No contenta con lo dicho, ha proseguido para tachar al Gobierno de “talibán” que solo busca convertir el Valle en un “museo de propaganda socialcomunista”, demostrando además “odio a Dios” con la “expulsión vergonzosa del heroico prior de los benedictinos”. Un conjunto de cosas que Toscano ha considerado como una “lobotomía colectiva para inventar una nueva España sin raíces y sin fe”.

“Este gobierno talibán está dispuesto a todo, desde profanar tumbas a profanar monumentos, para intentar en vano curar un orgullo herido de perdedores de una guerra que no consiguen asumir que perdieron”, ha sentenciado.

Los grupos de la oposición la han puesto en su sitio. Soledad Murillo, del PSOE le ha reprochado que hable de “reconciliación” cuando hubo “hubo 18.000 republicanos que estuvieron con trabajos forzosos levantando ese monumento” y ha señalado que la cruz de Cuelgamuros lo que representa es “una tumba con trabajos forzosos en plena dictadura franquista”.

Eduardo Rubiño, en nombre de Más Madrid, ha criticado con indignación que Vox esté defendiendo un “altar del nacionalcatolicismo y del régimen sangriento nacido de un golpe de Estado” y ha acusado a la derecha de seguir “hundida en las raíces en la dictadura”. “Querer impedir que un monumento al terror como es el Valle de los Caídos viva para siempre desmemoriado, que no tenga la única significación posible que puede tener en una democracia, que es impedir que se vuelva a realizar unos hechos tan abominables como eso, es una condena para las generaciones venideras”, ha afirmado Rubiño, que no ha tenido duda a la hora de calificar la propuesta de Vox de “estúpida” y “fascista”.

La extrema derecha española despidió este lunes al papa Francisco con discreción, dejando a un lado las duras arremetidas que lanzó contra él desde que accedió a la jefatura del Estado del Vaticano y se hizo cargo de la Iglesia Católica. Poco después de conocerse el fallecimiento del pontífice, el líder de Vox, Santiago Abascal, optó por respetar el momento y se limitó a poner en su perfil de X un escueto mensaje de pésame, uniéndose a “las oraciones de millones de católicos por su alma” y un sencillo “descanse en paz”. Abascal se refirió al pontífice como “el papa Francisco”, enterrando el despectivo “ciudadano Bergoglio” con el que le calificó poco después de su llegada al Vaticano, una fórmula que intencionadamente asemejaba al tratamiento de “compañero” o “camarada” utilizado entre socialistas y comunistas.

En esos inicios pontificales, el presidente de Vox y otros dirigentes del ala más ultracatólica de la derecha no ahorraron duros comentarios sobre el papa, al que consideraban demasiado “liberal” en comparación con sus antecesores. Le acusaron de haber situado a la Iglesia en posiciones ideológicas muy cercanas a la izquierda por sus planteamientos tolerantes con los homosexuales autorizando a los sacerdotes a dar la bendición a parejas del mismo sexo, o por lanzar mensajes que tildaron de “populistas” hacia las clases más desfavorecidas socialmente, como lo hizo en defensa de los colectivos inmigrantes cuya “explotación” llegó a denunciar en alguna de sus homilías y entrevistas. “Nadie se escandaliza si doy mi bendición a un empresario que quizás explota a la gente y esto es un pecado gravísimo. Mientras se escandaliza si se lo doy a un homosexual… ¡Esto es hipocresía!”, declaró Bergoglio a una revista católica italiana.

En febrero de 2020, en una comparecencia en el Congreso en la que rechazó el ingreso mínimo vital que iba a aprobar el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, Abascal aseguró que dar luz verde ese subsidio iba a llevar a España “a la ruina” y al “paraíso comunista”. En ese mismo discurso el líder de Vox quiso dejar patente su discrepancia con el papa, que a través de una carta enviada esos días a los movimientos y organizaciones populares había apoyado dar un “salario universal” los trabajadores más humildes y sin derechos a los que la crisis del coronavirus había “golpeado doblemente”.

El líder de la extrema derecha dio entonces un consejo al “ciudadano Bergoglio” recomendándole que no se metiera en asuntos que a su juicio no le incumbían. “A Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César”, dijo. “Los políticos debemos hablar de cosas de la política y no sobre si hay que dar la comunión o no se debe dar. Yo respeto mucho la opinión del ciudadano Bergoglio, como las de cualquier otro ciudadano, pero no la comparto”, sentenció. Previamente, en diciembre 2019, uno de los dirigentes más polémicos de Vox, el ahora eurodiputado de este partido Hermann Tertsch, llegó a llamar “okupa” a Francisco. “Nadie pudo jamás creer que alguien podía hundir en el ridículo una institución como la que pasa ahora esta prueba indecible de la okupación por Bergoglio”, dijo, en un mensaje en X.

Este lunes el tono de los dirigentes de Vox era mucho más calmado. El portavoz nacional, José Antonio Fúster, en su habitual comparecencia de los lunes, se limitaba a decir que en Vox “se unían al sentimiento de dolor de cientos de millones de católicos en todo el mundo y también a las oraciones por el eterno descanso del alma del papa”. “Confiamos que en el próximo cónclave los cardenales unidos en torno a la fe y con una mirada responsable sobre los retos del mundo elija al mejor sucesor para ocupar el trono de San Pedro y la jefatura del Estado Vaticano”, manifestaba Fúster.

La reacción de los seguidores del partido de extrema derecha en las redes sociales fue de hecho de asombro ante tanta tibieza. Varios simpatizantes de la extrema derecha llegaron a subir a la red fotos de Francisco recibiendo en audiencia a dirigentes de regímenes comunistas latinoamericanos como el venezolano Nicolás Maduro, el boliviano Evo Morales, o el presidente cubano Fidel Castro y pidiendo, con ironía, “orar mucho por su alma”.

Al rechazo hacia Francisco y sus propuestas reformistas dentro de la Iglesia se han unido a lo largo de estos años destacados comunicadores de la derecha mediática, como Federico Jiménez Losantos, que se cebó contra su figura tildándole de “tráiler del anticristo”, ya que en su opinión era “solo tráiler” y “no llegaba a anticristo o Satán por falta de nivel intelectual, no de afán comunistoide, que le sobra”, espetó. Además, le tachó de “buen izquierdista” y le acusó de “odiar a España”. Este lunes, tras conocer el fallecimiento, Losantos se limitaba a decir que “ya está muerto”.

Otra de las voces críticas ha sido la de Julio Ariza, presidente del Grupo Intereconomía, que poco después de saber la noticia resumía el pontificado del papa como una mezcla de “confusión y misericordia”. O la del escritor Manuel Aguirado, que confesaba en X que “nunca” le echará de menos al ser “un papa que ha apoyado a la izquierda en su lucha por destruir el Cristianismo en Europa”, y “que ha apoyado la invasión Islámica, el mayor peligro del occidente cristiano”.

El doble discurso del PP

En el mismo PP no todos llegaron a comulgar con el pontífice aunque el primero en enviar sus condolencias este lunes ha sido Alberto Núñez Feijóo. En diciembre de 2021, la ahora secretaria general del partido, Cuca Gamarra, llegó a calificar de “comunista” al papa tras la audiencia que le dedicó Bergoglio a la vicepresidenta segunda del Gobierno Yolanda Díaz en el Vaticano, que su compañera y vicesecretaria de Comunicación del PP de Madrid, Maca Puentes, había tildado previamente de “cumbre comunista”. Poco después Gamarra borró el comentario que había subido a su cuenta de Twitter, ahora X. Los dirigentes populares consideraron ese encuentro como un “acto de propaganda” y una “gira” de “autopromoción” de la dirigente de Sumar.

La propia Isabel Díaz Ayuso, que al enterarse de la muerte de Francisco ha decretado tres días de luto en la Comunidad de Madrid por el fallecimiento del papa, tampoco se mordió la lengua en septiembre de 2021 después de conocer que en una carta que había enviado a México, justo en el aniversario de los 200 años de su independencia, el jefe del Vaticano había pedido perdón por los “pecados” y “por los errores del pasado” cometidos por la Iglesia en la colonización de México. Un gesto sin precedentes dentro la iglesia católica que ya había hecho el papa Francisco con los menores víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes, sancionando a altos cargos del clero y haciendo obligatoria la denuncia de dichos abusos.

“A mí me sorprende que un católico que habla español hable así a su vez de un legado como el nuestro, que fue llevar precisamente el español, y a través de las misiones, el catolicismo y, por tanto, la civilización y la libertad al continente americano. Es sorprendente”, dijo Ayuso, en declaraciones a los medios de comunicación desde Washington. La dirigente del PP había estado esos días defendiendo con ahínco el legado español durante la colonización de América, emprendiendo una cruzada contra el “indigenismo”, al que calificó ante los periodistas españoles que la acompañaban como “nuevo comunismo”. A sus críticas al papa se sumó de inmediato el entonces portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, que dijo que no entendía “muy bien qué hace un papa de nacionalidad argentina disculpándose en nombre de los demás”.

Algunos de los tertulianos de Jiménez Losantos tampoco dudaron en sentenciar en Libertad Digital: “Tenemos un papa tonto”. En otro ámbito, José María Aznar se lanzó igualmente contra Bergoglio y López Obrador, entonces presidente de México: “El indigenismo va contra España. Yo no voy a pedir perdón”, dejaba claro Aznar. 

La animadversión de la derecha y la ultraderecha hacia Jorge Bergoglio no se ha circunscrito solo a España. En Argentina, tierra natal del pontífice, el presidente, Javier Milei, declaró la guerra al que fue arzobispo de Buenos Aires nada más tomar posesión de su cargo. Aseguró que era “el hombre del diablo en la Tierra”, “el representante del maligno”, y le llegó a calificar de “imbécil”. Milei tuvo que tragarse poco después sus palabras y en su primera visita al Vaticano con motivo de la canonización de la primera santa argentina saludó y abrazó en Roma al Pontífice, reconciliándose definitivamente con él.

Este lunes, en un comunicado oficial, su gobierno enfatizaba que en 2013 Bergoglio se convirtió “en el primer argentino en llegar a liderar la Iglesia Católica y conducirla con entrega y amor desde el Vaticano”. El propio Milei se despedía del Papa destacando de él “su bondad y sabiduría”, reconociendo que fue “un honor” haber podido conocerlo.

Es viernes y en Madrid llueve a cántaros. Ramón Tamames aguarda en su despacho rodeado de montañas de papel que el profesor y economista, de 92 años, califica como “un caos ordenado”. En todas las mesas que se ven alrededor hay libros apilados, documentos, recortes de periódicos, entre ellos la esquela de su hijo, Moncho, fallecido hace justo un año, a los 55, víctima de un cáncer fulminante.

Moncho, que estaba muy unido a él, había acompañado a su padre hasta el Congreso el día de la moción de censura que defendió por encargo de Vox. En esta entrevista Tamames rememora aquel episodio, del que han pasado ya dos años. Cuando se le recuerda que elDiario.es adelantó en exclusiva su discurso pregunta, medio indignado “¿Quién fue el sinvergüenza que se hizo con el texto?”. Luego ríe y se muestra encantado de la popularidad que consiguió al protagonizar la moción contra Pedro Sánchez. Aclara que no lo hizo “en nombre de Vox”, sino del escritor “Fernando Sánchez Dragó”, su íntimo amigo muy cercano al partido de Abascal, que murió meses después de aquella sesión en el Congreso.

Pasado el tiempo, el economista y exdirigente del PCE, muestra ya cierto desencanto con Abascal por su complacencia con Donald Trump, del que, anticipa Tamames, intentará “quedarse con la Antártida”. “Quiere quedarse con Groenlandia, que son 2,2 millones de kilómetros cuadrados. Pero la Antártida son 14 millones”, advierte el economista desde su despacho, donde recibe a elDiario.es.

¿Cómo se encuentra?

Pues bien, con un pie delante y otro detrás y viviendo con interés la vida, el desarrollo de los acontecimientos. Me interesa mucho la ciencia, la tecnología y la astrofísica, especialmente la cosmología. Y en los ratos libres me dedico a escribir lo que quiero. Tengo a punto de publicar una novela o lo que sea, que se llama 'Pentágono, acta final'. Algunos dicen que es mi testamento literario, pero es un paso más en la vida. No es el testamento. El testamento llegará después.

Han pasado justo ahora dos años de la moción de censura que presentó Vox y que usted protagonizó ¿Qué reflexión hace ahora de aquello? ¿Le ha visto utilidad pasado el tiempo?

Sí, creo que tuvo una utilidad, enorme. Me siguen parando en la calle. Me siguen haciendo fotos. El otro día iba yo por el barrio de Las Letras (en el centro de Madrid) y había un coche de policía que me seguía en silencio. Yo iba solo y me paré y les pregunto: “¿Pasa algo, agentes? Y me dicen, 'No, nada, es que queremos hacernos una foto con usted'. Y se bajaron del coche. Nos hicimos la foto y tan contentos. Hasta un ecuatoriano de Guayaquil se paró y me dijo al verme, ”¡hombre, Don Ramón Tamames!“. Le pregunté cuánto tiempo llevaba en España. Me dijo que dos años y que le interesaba mucho la política española, que le gustaba lo que yo dije y que la moción estuvo muy bien.

Pero aparte de esa pequeña vanidad, ¿cómo lo vivió a nivel político?

No, no es la pequeña vanidad, es que fueron 12 millones de personas las que se enteraron y siguieron la sesión por la televisión. Eso es casi España entera, ¿comprendes? Y se cumplió mi objetivo, ya que tuve absoluta libertad para decir lo que dije y de proponer lo que propuse.

¿Sigue colaborando con Vox? ¿Es el partido que más le representa?

No, no colaboro con Vox prácticamente por una razón: que aquello no fue una colaboración. Aquello fue una oportunidad de hablar con la base de 52 diputados de Vox que me dieron voz en el Congreso. ¿A instancias de quién? De Fernando Sánchez Dragó. Fernando me embarcó en el tema. Nos conocemos desde el año 56. Estuvimos juntos en la cárcel unos cuantos meses y somos, éramos, muy amigos y me convenció. Los dos teníamos grandes planes, empezando por un curso de verano que íbamos a hacer en Santander, pero se vino todo abajo por su muerte. Murió a los 20 días de aquella moción. El entierro fue muy triste.

Le preguntaba si Vox es el partido que más le representa ahora mismo.

No, yo no represento ya a ningún partido. Es el partido que me proporcionó Fernando Sánchez Dragó como amigo, dándome la posibilidad y la oportunidad de dirigirme a los españoles. Tuve en cuenta un precedente, que a mí me impactó mucho, de Celso Furtado, un economista brasileño que en plena dictadura los militares le dijeron 'queremos que usted se dirija a la Nación diciendo lo que pasa y cómo estamos'. Y él les dijo, 'sí, pero voy a decir lo que yo pienso'. Y fue maravilloso. Pudo decir lo que quiso. Y eso me pasó a mí con estos.

¿Le molestó mucho que elDiario.es adelantase el contenido íntegro de aquella intervención?

¿Fueron ustedes? ¿Y quién fue el sinvergüenza que se hizo con el texto?

Eso será un secreto para siempre.

No. No me preocupó lo más mínimo. Me lo dijeron al entrar en la radio dos o tres días antes de celebrarse la moción, en nuestro programa 'La verdad desnuda'. Me dijeron 'han cogido el original y lo están publicando'. No pasó nada. Al contrario, casi fue bueno porque la gente estaba preparada oyendo lo que habían leído.

¿Se barajó en algún momento la posibilidad de retirar la moción?

No, en absoluto. Aunque la moción estuvo a punto de no hacerse por una entrevista muy dura en El País poniendo muy mal a Vox. Pero yo no representaba a Vox, yo representaba a Fernando Sánchez Dragó, que es el que me propuso para hacer ese tema. Yo creo que en este momento, todo hay que decirlo, el presidente de Vox, Santiago Abascal, mantuvo el tono y dijo que la moción se hacía porque estaba ya todo convenido.

¿Ha pensado alguna vez 'en qué momento dije que sí a aquello'?

No, no. ¿Al final sabes quién también me influyó? Amando de Miguel. Es amigo, era amigo mío. Murió también poco después. Me dijo: “Ramón, ve. Si algunos te dicen que tu prestigio, tu vaina, esto y lo otro, no hagas caso. Es envidia. Una oportunidad así no la va a tener nadie en España en lo que queda de siglo. Por lo menos en lo que llevamos de siglo”.

¿No se lo han reprochado otros amigos o antiguos colaboradores?

Una persona. Una persona me dijo que no debía ir y tal y cual. Y luego cuando lo hice dijo '¡Olé, torero!'.

¿Quién fue?

No te lo puedo decir tampoco.

¿Cómo ve la situación política dos años después de aquella moción? 

Peor todavía, muy extremista en el sentido de depender de delincuentes como el señor de Junts per Cataluña, el de Waterloo. ¿Cómo se llama? Puigdemont, ese, sí. Me parece lamentable que dependamos de ellos y que una persona tan poco significativa que tiene en el Congreso siete diputados, sea lo que le da la fuerza a este gobierno. Pero yo creo que este será el último gobierno Frankenstein. Sí, me gusta la palabra Frankenstein. Le tenía yo un cierto respeto como niño a Frankenstein y se lo perdí completamente.

El PP y también Vox siguen insistiendo en que hay motivos para otra moción de censura. Sin embargo, Vox no puede y Alberto Núñez Feijóo no se lanza a presentarla.

No se anima, no. Y yo creo que hace bien. Feijóo estuvo cenando aquí en casa con unos amigos de la academia. Fue un almuerzo muy interesante y ya entonces me dijo, 'no te presentes.' Y ahora, cuando sonó que se presentaba le dije que 'como padre putativo tuyo que soy, deseo que no te presentes porque no va a resultar'. La moción de censura superada como medio la hemos utilizado demasiado.

Eso se lo dijo usted a Feijóo.

Sí y me lo agradeció.

¿Hace cuánto de eso?

Pues hace seis meses, cuando empezó a sonar que iba a hacer una moción de censura.

O sea, que no se va a lanzar.

Yo creo que no se va a lanzar.

A usted le he oído defender en la radio la aplicación del artículo octavo de la Constitución. ¿Cree de verdad que el país está en una situación de emergencia como para que tengan que actuar las Fuerzas Armadas?

Yo no he propuesto que se aplique el artículo ocho de la Constitución, que, por cierto, nadie menciona porque tienen miedo. Porque, vamos a ver, ¿en qué Constitución ha visto usted las funciones de las Fuerzas Armadas, defender la integridad territorial del país, la independencia nacional y mantener el orden constitucional? Eso pone el artículo ocho y dice que se desarrollará con una ley, una ley constitucional. Eso no se ha desarrollado, pero es aplicable.

En una situación de emergencia en la que no estamos.

Yo diría que todavía no estamos en esa situación ni mucho menos. Está este gobierno Frankenstein que puede durar seis meses, ocho meses, un año, aunque no creo que se vaya a repetir. Pero si quisieran cambiar el modelo de Constitución sin pasar por la ley, por el título diez de reforma de la Constitución, ese artículo se podría aplicar.

Pero ese cambio de modelo nunca se lo ha planteado este Gobierno.

El 155 también está en la Constitución. Justamente una de las grandes cosas de la Constitución es que tiene sus cláusulas de escape y de defensa.

Precisamente una las grandes tensiones de la historia reciente de nuestro país sucedió tras la consulta en Catalunya, cuando se aplicó el 155 y el PSOE lo apoyó. ¿No cree que la convivencia es ahora mejor allí?

Eso depende, porque si usted escucha opiniones sobre Illa... Yo tengo una buena opinión de Illa. Cuando le nombraron presidente de la Generalidad (sic) le envié mi libro Estructura Económica de España. Me contestó con una carta, cosa que otros no habrían hecho, porque tiene buena educación para empezar y buen sentido de la seriedad. Pero mucha gente dice que trabaja por la independencia también.

No da señales de eso. Y según las encuestas el independentismo ahora está perdiendo fuelle.

Dicen que siguen las leyes contra el español, que continúan igual. Todavía no se le ha visto el cambio fundamental, aunque ha hecho cosas interesantes.

Usted es economista. ¿Cómo valora la gestión económica del Gobierno?

Bueno, nosotros tenemos un activo impresionante que es el turismo. El turismo es un 14% del PIB en un país desarrollado, el cuarto de la Comunidad Europea. No cabe duda de que la política de turismo se ha llevado razonablemente bien y hay grandes cadenas españolas y hay una tecnología, un buen funcionamiento. Eso funciona, no cabe duda. A la gente le gusta España.

Pero aparte del turismo, las cifras económicas son buenas, en general, aunque el PP y Vox pintan una situación catastrófica.

No, yo no soy catastrofista. Yo creo que España tiene mucha resistencia, aguanta lo que le echen. La economía en general va bien, pero por razones muy concretas. Como te he dicho, el turismo. El turismo es un ingreso brutal. Este año han sido 94 millones de personas y 160.000 millones de euros.

¿Se puede seguir gobernando con los presupuestos prorrogados?

Se puede seguir, pero no debería seguirse así. La Constitución fue muy laxa. La Constitución tenía que haber sido más concreta y haber obligado a gobernar con los presupuestos.

Si se convocaran al final elecciones generales, ¿cuál sería su fórmula preferida de Gobierno? ¿Una coalición de PP y Vox con Feijóo de presidente?

Hombre, yo creo que el país lo necesita. Necesita una temporada de más tranquilidad, de más construir, de menos separatistas por aquí y por allá. Yo empiezo a ver que en el País Vasco la cosa empieza a cambiar. Me parece que el cambio este de presidente del PNV, creo que va a ser bueno. A Aitor Esteban yo le veo bien. 

¿Entiende que Abascal se muestre tan comprensivo con Trump a la vista de las decisiones que está tomando y su política de aranceles que va a perjudicar a sectores importantes de la economía española?

Ortega y Gasset decía aquello de que la política es exagerar. Se exagera que tiene mucha importancia el desarrollo económico y se minimizan otras cosas. Pero si me preguntaba por Abascal, creo que es fruto de ese conservadurismo europeo que tiene puesto el ojo en que su partido vaya creciendo a pesar de todo y lo consigue, pero luego da marcha atrás también. O sea que no tiene una seguridad. Tiene que hacerse la foto con el artista de moda. Es una cosa tremenda. Precisamente ahora estoy escribiendo un artículo sobre eso.

¿Le inspira confianza Trump como presidente? 

Orden ejecutiva. Mandato presidencial. Estuve con un especialista en sistemas norteamericanos y anglosajones. La orden ejecutiva es una cosa terrible de fuerza. No hay que pasar por el Congreso. Y es el presidente el que decide. Y es tremenda la capacidad de cosas que [Trump] ha hecho ya, 46 órdenes ejecutivas, las que pone siempre que firma. No cabe duda de que tiene decisión, pero yo creo que se ha equivocado. Él podría haber sido el gran presidente de la historia, pasando del intento de mantener a Estados Unidos como hegemón, la hegemonía norteamericana, y pasar a un mundo multilateral con China, con Rusia, con la Unión Europea, con la India... Formar una tendencia multilateral, acabar con el siglo americano que empezó con el imperio español y terminó con las Torres Gemelas. El segundo siglo americano hegemónico es el que quiere mantener él. Yo creo que no va a poder y que esto del 'América first' se le va a volver en contra y que puede haber una recesión. Las acciones de la bolsa no han sido nada buenas. Por eso el empresariado no está. Y te hago una pregunta: ¿Por qué Trump, puestos a pedir, no ha pedido ya quedarse con la Antártida? Quiere quedarse con Groenlandia, que son 2.200.000 kilómetros cuadrados. La Antártida son 14 millones. Y no hay nadie, salvo que hay un tratado de Madrid que se firmó en Madrid precisamente hace muchos años, que no se puede dividir ni ser de nadie. Pero este hombre es capaz de decir 'me quedo también con la Antártida'.

¿Y su apoyo a Netanyahu?

Los judíos son un poder inmenso en Estados Unidos. En Estados Unidos hay 6 millones de judíos, son los que deciden, están en todas partes. Y eso lo decía ya el viejo Henry Ford, que lo acusaron de antisemita. Y lo decía mucha gente. Incluso Harvard. La Universidad de Harvard quiere frenar el semitismo y le van a quitar miles de millones de euros de subsidios. Terrible.

¿Lo que está haciendo Netanyahu con Palestina no es un genocidio?

Totalmente. Es decir, se puede decir que Hamás levantó la marcha de la cosa con los rehenes y demás, pero eso no justifica un genocidio. 60.000 llevan matado. ¿Pero qué es eso? Bueno, es un genocidio y parece mentira. Parece mentira que eso lo puedan apoyar jefes de Estado como Trump. Es genocidio.

En el próximo ciclo electoral, ¿prevé usted alguna participación?

Nunca se puede decir de esta agua no beberé. ¡Yo qué sé! La vida es muy, muy complicada y hay momentos en que surgen situaciones impresionantes. ¡Cómo disfrutaba Sánchez Dragó con la moción de censura! Yo creo que en un momento dado los de Vox dijeron 'hay que frenar un poco esto porque el Tamames se nos queda con el partido'. Nada más lejos de mi propósito que quedarme con Vox. Lo que sí me interesaba era que la gente se enterara de todo.

¿Se ve entonces en las listas de algún partido, aunque sea de forma simbólica?

Nunca digas de esta agua no beberé, pero de momento no tengo ninguna opción. No tengo ninguna. (Ríe mientras lo dice).

Llegó al Congreso a mediados de enero de 2024 sustituyendo a Carla Toscano, que dejó el acta de diputada por Madrid alegando que quería dedicarse en exclusiva a su labor de concejala del Ayuntamiento como número dos del portavoz municipal de Vox, Javier Ortega Smith. Rocío Aguirre Gil de Biedma (Madrid 1964), hermana de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, sorprende desde entonces por sus radicales intervenciones en la Cámara Baja acerca de los temas más variados. En los pocos meses que lleva ejerciendo el cargo, con el que ha debutado en política, ha arremetido contra la ley de paridad; ha afeado a los grupos de la izquierda que promuevan debates sobre la menopausia de las mujeres –“no tienen vergüenza”, les reprochó aquel día–; ha cargado contra la secretaria general del Injuve, a la que recordó que “ha venido de un país de fuera y la hemos acogido”, y se ha apuntado a las críticas más furibundas que habitualmente lanza Vox contra Pedro Sánchez y su Gobierno, al que compara con “la mafia siciliana”.

Rocío Aguirre se presentó a las elecciones generales de julio de 2023 como número ocho de la candidatura de Vox por Madrid, que encabezó Santiago Abascal. La formación de extrema derecha sufrió en aquella cita con las urnas un fuerte varapalo, pasando de 52 escaños a tan solo 33. La lista madrileña de Abascal fue una de las damnificadas. Y Aguirre, no salió elegida. Sin embargo, una concatenación de renuncias -primero la del portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, luego la del médico Juan Luis Steegmann, y finalmente la de Toscano- propiciaron que pudiera sentarse en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo.

El partido la nombró portavoz de la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género y como vocal de las comisiones de Igualdad y de Juventud e Infancia, cargos que dijo asumir “con un gran honor”. “Es un honor para mí servir a España y a los españoles, y poder defender la libertad en estos difíciles momentos. Me comprometo a representar con lealtad y valentía a todos nuestros votantes y quiero agradecer a Santi Abascal su confianza en mí. Solo queda Vox”, escribió en su perfil de Instagram.

Su trayectoria profesional no ha estado vinculada en absoluto a la política, hasta que en 2019, animada por familiares y amigos, se afilió a Vox en lugar de hacerlo al PP, partido al que ha representado al más alto nivel su hermana Esperanza Aguirre como ministra, presidenta de la Comunidad de Madrid, y todopoderosa líder del partido en ese feudo.

Según el currículo que la formación ultraderechista ha subido a su ficha, Rocío Aguirre Gil de Biedma es licenciada en Geografía e Historia y posee un Máster en Administración y Dirección de Empresas expedido por el Instituto de Empresa. Comenzó trabajando en la galería de arte Ansorena a la vez que terminaba sus estudios. En 1991, con 28 años, fundó junto a su hermana Piedad la Sala Caracol de Madrid, centro de difusión y promoción del flamenco. Dentro del mundo de la música, fue productora ejecutiva del magazine de 13 capítulos, “Tirititrán” que se emitió en La 2 de TVE. La ahora diputada de Vox se dedicó también a la organización de eventos deportivos, organizando la Feria Internacional de Golf, Madrid Golf, de 2006 a 2017 en IFEMA y la feria de bicicletas, Unibike, también en IFEMA de 2012 a 2017. En una intervención en La Sexta Noche, programa al que acudió el día de su estreno como invitada, aseguró: “A mí me cuesta contratar a gente porque hay muchas veces que la gente tiene un subsidio, que a lo mejor son 800 o 1.000 euros, y tú les estás ofreciendo un trabajo y resulta que prefieren no trabajar”. 

En 2015, la Real Federación de golf de Madrid le concedió la Medalla de Oro al Mérito en golf por su contribución a la difusión y promoción del deporte, en el que es también alumna aventajada, como su hermana Esperanza. En los últimos años, se ha dedicado a los negocios inmobiliarios en la firma que su hermana María fundó en 2005, Aguirre Home, una asesoría inmobiliaria con sede en Madrid.

En una de sus primeras intervenciones en el Pleno, en julio de 2024, tachó de “falta de respeto para las mujeres” el proyecto de ley de paridad entre mujeres y hombres, asegurando que dicha ley era “otro paso más del Gobierno de Sánchez para lograr su objetivo último, que es acabar con la democracia y los contrapesos que un estado de Derecho tiene para no caer en una dictadura”. “¿Qué merito tiene para una mujer que la elijan por unas cuotas?”, se preguntó.

Durante la primera sesión plenaria del 2025, en una iniciativa sobre la menopausia, su intervención también provocó perplejidad entre los diputados presentes. Rocío Aguirre acusó al Gobierno que no soluciona los problemas reales de los españoles, como la inflación, la precariedad laboral o el acceso a la vivienda, mientras consideraban importante debatir una iniciativa sobre la menopausia. “Cuando vi el orden del día del Pleno no me lo podía creer, pensé que era una broma”, arrancó. “¿Es el primer pleno de este año y uno de los temas que vamos a tratar de verdad es la menopausia? ¿Pero ustedes nos toman el pelo? ¿De verdad creen que la menopausia es un problema tan importante para los españoles como para tener que tratarlo en este Pleno? Si no fuera por el daño que hacen ustedes a España habría que tomárselo en broma, pero la verdad es que dan ganas de llorar”, prosiguió. “No tienen vergüenza”, remató.

Aguirre acusó al Gobierno de querer ejercer el “patriarcado” al decir “lo que se tiene o no qué hacer cuando llega esa etapa”, que comparó con la adolescencia, en la “que el cuerpo cambia” y opinó incluso que muchas mujeres siente que es “una etapa de mayor libertad y una de las mejores de su vida, y lo digo por experiencia propia”, afirmó.

Pero esa no ha sido su intervención más polémica. El pasado febrero, la diputada de Vox cuestionó el origen de Margarita Guerrero, directora general del Instituto de la Juventud, a la que Vox había solicitado su comparecencia en la Comisión de Infancia y Juventud del Congreso, después de que esta abordara la pregunta habitual que hacía David Broncano en La Revuelta a sus invitados sobre si se consideran “más racistas o machistas”. Guerrero argumentó esa afirmación recordando que en nuestro país existen “situaciones de racismo estructural”, tanto a nivel institucional como social, y señaló que “solo partiendo del reconocimiento de esto” se podía trabajar para resolverlo. Después de desgranar las estrategias en alianza con distintas asociaciones para trabajar contra los discursos de odio, aprovechó para recordar que el racismo y la xenofobia son los principales delitos de odio en España.

La parlamentaria de Vox tomó entonces la palabra para preguntar por las cuentas del Injuve y por una serie de gastos de etapas anteriores a la dirección de Guerrero y para confirmar lo que la propia directora del Injuve había dicho unos minutos antes: “Quienes agitan la bandera del miedo al diferente son aquellos que tienen un patriotismo frágil y que tienen una concepción desde hace muchos años de nuestro país que ya no existe”. Hasta aquí, bien. Pero en su segundo turno de palabra acusó a Guerrero de “insultar a todos los españoles llamándoles racistas”, algo que no era cierto, ya que Guerrero solo señaló que en España siguen existiendo “situaciones de racismo estructural” y que pensaba que ahora nuestro país es “más racista” que antes. Aguirre Gil de Biedma siguió: “Usted, que ha venido de un país de fuera, que la hemos acogido, debería retractarse por haber dicho que España es un país racista”. En su réplica, Margarita Guerrero avisó a la diputada de Vox: “Lo que les molesta a ustedes es que las personas migrantes en este país también tengan derechos”. Y aprovechó para defender que el Injuve siga trabajando por la ampliación de derechos “porque es la única forma de cohesionar la sociedad”. 

Aguirre se ha unido también a las furibundas críticas que suelen hacer sus compañeras antifeministas, contrarias a la ley de la violencia de género. En una comparecencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, la diputada de extrema derecha sentenció: “Pensaremos que el objetivo real de este pacto no es realmente erradicar la violencia, sino promover una agenda política que agite la lucha entre hombres y mujeres para dividir y enfrentar a los españoles y perseguir ideológicamente a los que pensamos diferente”. “Todos los españoles están pagando muchos impuestos para que el Gobierno se lo gaste en cosas que no sirven”, clamó.

La hermana de Esperanza Aguirre se ha apuntado además a los ataques desaforados que suelen lanzar los demás diputados de Vox al Gobierno. El pasado jueves, sin llegar más lejos, subió a su perfil de X una intervención de su compañero José María Figaredo en la que este acusaba en falso a la vicepresidenta y titular de Hacienda, María Jesús Montero, de “sadismo fiscal” por haber creado “hasta 97 impuestos o subidas fiscales similares”, incluso “el IRPF”, lo que dio pie a Aguirre para comparar al Gobierno con la mafia siciliana: “Son tan insaciables como la mafia siciliana sacando el dinero a los españoles”.

Los vecinos de Ciempozuelos están indignados. El paulatino deterioro que sufre desde hace años el único centro de salud que tiene esta localidad madrileña del sur de la Comunidad de Madrid se ha convertido en una auténtica pesadilla para muchos de sus 26.200 habitantes. “Lo que ocurre aquí no tiene nombre. Faltan médicos, no hay pediatras y los fines de semana te tienes que ir al ambulatorio de San Martín de la Vega, o, si es urgente, al hospital de Valdemoro. Todo es un desastre. Y la queja no es solo mía, se lo aseguro, es generalizada”. Habla José, un jubilado que padece diabetes y que narra las dificultades con las que se encuentra cada vez que necesita la medicación para su enfermedad. “Hace poco fui a recoger el material para inyectarme y siempre hay problemas de suministro. La enfermera me dijo que reutilizara las agujas que ya había usado, pero tengo un informe del endocrino que pone en letras bien grandes que bajo ningún concepto puedo hacer eso”. “Siempre tengo que esperar a que repongan el material. Al final me lo acaban dando, pero aquí no estamos para negociar con los médicos. Con la salud no se juega, la salud es un derecho”, sigue contando José.

Para abundar en la situación con la que se encuentran en el pueblo, cuenta que su hija puso hace poco una queja contra la directora del centro porque se negó a atender a su bebé de nueve meses alegando “que no era pediatra”. “Mi nieto llegó al centro con mucha fiebre y con dificultad para respirar. No había pediatra y esta señora, que es médico, le negó la asistencia. Le llevaron al hospital de Valdemoro en donde le diagnosticaron bronquiolitis”, explica, con enfado.

Beatriz, una trabajadora de 47 años con dos hijos de 19 y 13 años ha sufrido también más de una desagradable experiencia en el Centro de Salud. Según explica a esta redacción, a principios de año pidió una cita en el ambulatorio para su madre, de 75 años, para recoger los resultados de unos análisis que le habían hecho antes de las pasadas Navidades pero su doctora estaba de baja.

“Como no estaba la doctora, le dijeron que no podían darle los resultados, pero ante nuestras protestas, se los leyó otro médico. Además, como estaba hacía tiempo con un fuerte resfriado, al final la vio una enfermera que le diagnosticó que lo suyo estaba 'cronificado'. Poco después nos dicen que la doctora titular ya no iba a volver porque le habían dado plaza en otro centro que había pedido y que no iban a contratar a más médicos porque no tenían asignación. Así que seguimos sin médico, por lo que aún no le han hecho un estudio como dios manda”, dice Beatriz, que relata que ella misma se tuvo que desplazar al hospital de Valdemoro para que le curaran una herida aparentemente poco relevante, pero con la que estaba muy incómoda. “Si es algo maligno te puedes morir al demorarse tanto en el tiempo los diagnósticos”.

Un caso parecido sufrió su hija de 19 años. “Fuimos en fin de semana al centro, a urgencias, porque tenía cistitis y como la están tratando aquí en Ciempozuelos de su problema de riñón, queríamos que le recetaran un antibiótico. Pero nos dicen que no hay médico y que si queremos la receta fuéramos al centro de San Martín de la Vega. Pero yo ese día no tenía coche. En vista de nuestras protestas la enfermera le hizo un test para comprobar si tenía infección. Pero dijo que ella no podía recetarnos nada. Al final llamó a un médico que le firmó una receta on line”.

“La guinda a todo esto –sigue narrando Beatriz– es el caso de mi hijo, de 13 años. En la última revisión de los 12 años nos dijeron que le pasaban al régimen de adultos porque no tenían pediatras. Sin embargo, en el hospital de Valdemoro sigue en pediatría porque son considerados aún niños. ¿Con qué nos encontramos? Pues que al pasar al régimen de mayores está padeciendo las mismas dificultades que toda la familia para que le atiendan. De momento sabemos que se han ido dos médicos y otros se van a jubilar”. “Creo que esto se está pasando de madre. Ayuso lo está gestionando todo muy mal. Seguramente en muchos distritos de Madrid, como el de Centro, tendrá a todos contentos para que la voten”, dice con sorna esta vecina de Ciempozuelos.

Las quejas de José y Beatriz no son aisladas. Otros vecinos confirman que “tampoco hay coches para visitas a domicilio, vienen en un Uber”. “Yo he visto a la enfermera bajarse de uno con mis propios ojos”, dice Beatriz. Otra vecina llegó a contar en Facebook su caso y cómo al llegar al centro no había material para hacerle las curas en una herida y se tuvo que ir a comprar ella todo lo necesario. “Nos descuenta dinero de nuestra nómina para luego no tener prestaciones, recursos ni médicos”, lamenta. 

Los grupos municipales apoyan la preocupación vecinal

La situación ha causado una honda preocupación entre los principales grupos del ayuntamiento –excepto en el PP–. En el pleno municipal del 27 de febrero fue aprobada por mayoría absoluta una moción en defensa del centro de salud de Ciempozuelos. PSOE, Más Madrid, Ciudadanos por Ciempozuelos (CPCI) y Vox votaron a favor. El PP forzó su expulsión para no tener que votar tras señalar que “la atención primaria madrileña funciona de manera excelente”. También fue el único grupo municipal que no asistió a la concentración organizada días antes en la Plaza de la Constitución de la localidad para evidenciar el malestar por la situación.

A mediados de marzo, un numeroso grupo de vecinos acudió a las puertas de la Asamblea de Madrid para protestar y exigir más recursos para la atención primaria del municipio, gobernado en las dos últimas legislaturas por el PSOE –a actual con mayoría absoluta–. Varios diputados del PSOE de Madrid encabezados por la portavoz, Mar Espinar, y de Más Madrid, salieron del Pleno para apoyarles y prometerles que trasmitirían sus reivindicaciones a los responsables de la sanidad madrileña.

Precisamente por esas mismas fechas se volvió a presentar en el Pleno municipal otra moción sobre el centro de salud a la que el PP presentó una enmienda en la que achacaba la culpa al ministerio de Sanidad de toda la situación y de la falta de médicos. La enmienda fue rechazada por el resto de los grupos mientras la moción salía finalmente adelante con el voto de todos los grupos, a excepción del PP que, en esta ocasión, se abstuvo y propició que no fuera tumbada.

Carta de la alcaldesa a Ayuso

La pelea que libra en primera línea la alcaldesa del municipio, Raquel Jimeno, del PSOE, para que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que dirige Fátima Matute ponga solución a todas esas carencias, la llevó hace ahora tres años a escribir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para explicarle por medio de un detallado informe, la caótica situación del centro de salud.

Ayuso le contestó poco después mostrando su comprensión y compartiendo su “preocupación”, achacando esa falta de médicos y de recursos a los efectos de la pandemia, que saturó el sistema, pero asegurando que desde la Consejería de Sanidad le había informado de que el centro de Ciempozuelos estaba “adecuadamente dimensionado en lo que a dotación de plantilla se refiere y de acuerdo a la demanda del servicio que presta a su población”. Ayuso, no obstante, se comprometía en su carta a “subsanar las molestias ocasionadas en la ciudadanía”, con el aumento “en un 11% de los efectivos de recursos humanos y dispositivos nuevos para mejorar la atención sanitaria”. “Promesas incumplidas”, lamenta Jimeno, que asegura que tres años después siguen igual o peor que entonces sin que la Consejera de Sanidad le haga el menor caso cuando intenta contarle sus quejas. “Han suprimido hasta los coches que utilizaban los médicos para visitas a domicilio. Dicen que suponen un sobrecoste”, corrobora a esta redacción.

Fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid aseguran a esta redacción que en la actualidad “hay un proceso de movilidad pactado con sindicatos desde el año 2017, que afecta a unos 1.000 profesionales que se mueven libremente dentro del sistema de primaria, eligiendo centros de salud, cambiando de ubicación etc.”. “Una vez tengamos la radiografía, finalizado el mes de marzo y el periodo de movilidad de estos profesionales, comprobaremos el estado de la situación de los centros de salud y cuáles tienen mayor carencia de personal y trataremos de equilibrar los mismos como hemos hecho en otras ocasiones”, añaden. También afirman que a partir de ahora “se hará todo lo posible por equilibrarlo y que la mayor parte de los centros de salud tengan el mayor número de profesionales”, mientras apuntan a los mismos argumentos que el PP, es decir, “que la falta de profesionales en el conjunto nacional del sistema de salud es habitual y una tónica constante”. Estas fuentes explican que “el pasado septiembre redujeron de 23 a tan solo dos centros de salud, los que tenían serios problemas de personal”. “Esperamos, una vez finalice el proceso de movilidad interno, poder recuperar cifras similares”, zanjan.

Visita del ministro Óscar López al municipio

Lo que más le ha chocado a la regidora de Ciempozuelos es que, tras meses de silencio, hace ahora más de 15 días recibió una llamada del Gabinete de Comunicación de Fátima Matute, directamente a su despacho, para interesarse por la visita que iba a realizar esa semana al municipio el secretario general del PSOE de Madrid y ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. Según relata la propia alcaldesa, lo que querían desde el departamento de Matute era advertirle de que el ministro no debía entrar dentro del centro de salud dado que no había informado previamente de su visita y había que cumplir “un protocolo”. Jimeno les aclaró que López no tenía pensado entrar al centro y lamentó que la llamada fuera exclusivamente para eso. Con todo, lo que más sorprendió a su equipo de Gobierno fue que al llegar a la calle en donde está ubicado el ambulatorio, había en la puerta un guardia de seguridad, algo inédito hasta entonces. “Suponemos que era para impedir el paso al recinto del ministro si es que lo intentaba, algo ridículo”, comentan fuentes del gabinete de la alcaldía, que explican con sorna que el vigilante “curiosamente desapareció nada más irse el ministro”. “No hay dinero para aumentar los recursos, pero sí para contratar a un guardia de seguridad”, lamentan estas mismas fuentes.

Sin embargo, desde la Consejería de Sanidad de la CAM aseguran que llamaron a la alcaldía porque “no sabían la intención que tenía el ministro” y simplemente quisieron “informar de que para cualquier visita a un centro institucional hay que pedir permiso, sobre todo en este caso si hay pacientes”. También restan importancia a que ese día hubiera un guardia de seguridad en la puerta porque “los hay en muchos otros centros de salud. Unas veces van y otras no. No hay que ver polémica política en eso en ningún momento”, zanjan.

En aquella ocasión, el ministro se comprometió a volver cada quince días al municipio para comprobar la evolución de los problemas en el centro de salud. Y así lo hizo la semana pasada, para charlar con los vecinos y recoger sus quejas. Pero esta vez no había guardia de seguridad en la puerta.

Vox no ha dejado de crecer en las encuestas en los últimos meses, pero la dirección del partido de extrema derecha está viendo aterrada cómo ese auge electoral empieza a peligrar debido al apoyo incondicional que Santiago Abascal brinda al presidente estadounidense, Donald Trump. El líder de Vox asistió a la toma de posesión del mandatario norteamericano rindiéndole pleitesía. Pero la decisión del dirigente republicano de imponer aranceles a todos los países del mundo y, en especial, a los de Unión Europea, desatando una guerra comercial sin precedentes, ha colocado a Abascal en una difícil situación. El líder de Vox no se atreve a criticar a Trump, pero se esfuerza en convencer a propios y extraños de que su partido no está a favor de esa política arancelaria que, aunque la ven “legítima”, perjudica los intereses de los sectores españoles que él más defiende: la agricultura y la ganadería.

Para salir de ese embrollo, el partido de extrema derecha ha emprendido una feroz campaña contra lo que llama “mentiras y bulos”, que achaca “a los que intentan destruir a Vox” entre los que incluye al PSOE y al PP y a “la prensa comprada por el Gobierno”. Este domingo Abascal puso en práctica esa estrategia. “Ya sé que no es responsabilidad suya [le dijo a una periodista, en València], pero esa pregunta sobre el apoyo de Vox a los aranceles es absurda”. “Aquí el mayor arancel que estamos padeciendo los españoles y los europeos es el sostenimiento de la casta corrupta de los políticos españoles y de los políticos de Bruselas. Aranceles es gastarse el dinero público en putas como han hecho los partidos que están en el Gobierno. Eso es el verdadero arancel”, apuntó el líder de Vox, que añadió: “Yo no voy a dar ni una sola explicación más sobre nuestra postura porque es muy clara y porque ya me he dado cuenta de que lo que se pretende es una manipulación absoluta de estas palabras, así que esto es todo lo que tengo que decir”.

El enfado de Santiago Abascal era patente ante una pregunta que le persigue desde hace semanas y sobre la que hace malabarismos para poder dar una contestación: ¿por qué Vox no critica sin tapujos y se muestra claramente en contra de la política arancelaria de Trump que perjudica los intereses de España?

Como la respuesta es difícil de trasladar a sus incondicionales, la dirección del partido de extrema derecha ha elaborado un argumentario que ha distribuido entre todos sus cargos, según adelantó El País. Consiste en liberar al presidente de los Estados Unidos de toda responsabilidad y apuntar contra el Gobierno de Pedro Sánchez y el “bipartidismo” de PSOE y PP, a los que Abascal culpa de haber “arrastrado a España a una guerra comercial suicida” pactada en Bruselas. “Ni Von der Leyen, ni Sánchez, ni Feijóo han defendido los intereses de los españoles. Nuestra economía compite en condiciones de desigualdad por la burocracia ideológica del bipartidismo”, sostenía la semana pasada el líder de Vox en un mensaje en su cuenta de X.

Abascal aprovechó la primera visita que hacía a València desde que ocurrió la tragedia de la DANA para montar un acto de desagravio e insistir en sus ataques al Gobierno y al PP, sin mencionar a Trump, al que no ha dejado de rendir absoluta pleitesía desde su toma de posesión, el 20 de enero. El líder de Vox carga contra el Gobierno de Sánchez por lo que considera un “sometimiento a China” y por “pagar” las bombas que lanza Rusia contra Ucrania al comprarle el “doble de gas del que le compraba antes de la guerra”.

En ese tira y afloja que se trae entre manos Abascal insiste en asegurar que Vox “jamás ha apoyado los aranceles contra España”, aunque tampoco los ha criticado delante de Trump, mientras se centra en acusar tanto a Sánchez como a Feijóo de ser “los paladines anti-Trump”. El líder de Vox incluso ha llegado a vaticinar que “la única que se iba a librar de los aranceles en Europa” iba a ser Giorgia Meloni [presidenta de Italia] “porque, en palabras del señor Trump, le cae bien”. Un vaticinio que no se ha cumplido, ya que Italia también ha sido víctima de la política impositiva del presidente norteamericano.

Es más, Abascal se ha llegado a ofrecer como intermediario entre España y EEUU. “Estamos absolutamente dispuestos a tener una interlocución con el Gobierno de Estados Unidos. Ya lo hemos hecho anteriormente y lo seguimos haciendo”, señaló este fin de semana en el acto valenciano. La teoría que mantiene el partido es que si Vox estuviera en un Gobierno se tendrían “las mejores herramientas” y “las mejores relaciones para poder hablar con la administración Trump y poder proteger los intereses de España”.

Este lunes, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, matizaba ese ofrecimiento mientras insistía en la teoría de que “nunca” han justificado los aranceles pese a que no es cierto puesto que hacía pocos días los había calificado como “legítimos”. “Hemos criticado siempre en Washington que no debía haber esos aranceles, hemos defendido siempre todo en beneficio de los españoles y lo que pedimos es negociar, pero negociar ¿quién?”, se preguntaba, mientras cargaba de nuevo contra el PSOE por sus casos de “corrupción”. “Un Gobierno decente iría a Washington a negociar”, sentenciaba después. Al ser preguntado sobre si realmente Abascal se va a ofrecer “por patriotismo” para mediar entre Trump y Sánchez para que no aplique a España esa política arancelaria, Fúster puso “un par de condiciones”. “La primera, la dimisión en bloque de este Gobierno corrupto y la convocatoria de elecciones”, señaló. “Con ese nuevo Gobierno se verá cómo con Vox mejora todo”, llegó a decir.

El portavoz de Vox se apuntaba después a los malabarismos puestos en práctica por otros dirigentes del partido y reconocía que “las decisiones del Ejecutivo de Estados Unidos pueden perjudicar a los españoles”.

Ese discurso había sido destrozado unos días antes por Jordi de la Fuente, el nuevo líder del sindicato afín a Vox, Solidaridad. En el acto de su presentación en Madrid, De la Fuente defendía con ardor la política arancelaria de Trump asegurando que “España y Europa deberían de hacer lo mismo” para proteger a sus trabajadores y a su sector industrial. “Estamos a favor de lo que dice el señor Donald Trump porque esas medidas proteccionistas son las que tendríamos que aplicar aquí para proteger nuestro mercado. Dejamos entrar productos birriosos, hechos con mano de obra esclava, que tiran los precios por el suelo, que destruyen nuestra industria en una absoluta competencia desleal y encima sin pasar ningún tipo de control, como las famosas frutas fecales de Marruecos”. Luego añadía: “En el siglo XXI postmoderno y 'woke', las ideologías han muerto. Trump no viene de la clase obrera, pero está defendiendo a la clase obrera”.

Poco después reculaba y ante el malestar generado en la cúpula de Vox, el sindicato matizaba sus declaraciones en X.

En el PP han aprovechado los complicados contorsionismos de Vox frente a Trump para arañar votos y retratar a Abascal entre los ganaderos y los agricultores, los sectores más afectados por la política arancelaria. Aunque la prioridad en Génova es aprobar los presupuestos en las comunidades donde necesitan el apoyo de Vox, Alberto Núñez Feijóo no va a dejar pasar la oportunidad para desgastar a su principal rival, pese a que lo va a necesitar para gobernar si gana las elecciones generales.

Las encuestas internas del PP apuntan a que la postura de Vox ante los aranceles puede dañar a los de Abascal después del repunte que lograron tras la DANA y la victoria de Trump. El propio Feijóo ha iniciado la ofensiva contra el líder de Vox, señalando que “nadie que se considere un patriota” puede relativizar el mal que causan los aranceles porque son “un ataque a la agricultura, la industria y, en definitiva, a la gente”. Otros cargos del PP seguían la senda marcada por su líder, como la secretaria general, Cuca Gamarra, que hace poco pedía a al líder de extrema derecha que deje de comportarse como un “mayordomo de poderosos extranjeros”, mientras criticaba que “aplauda bobaliconamente” el hecho de que se pongan tarifas del 25% a sectores estratégicos españoles.  

Santiago Abascal está dispuesto a rentabilizar electoralmente el acuerdo presupuestario que acaba de cerrar con Carlos Mazón, el presidente de la Comunitat Valenciana, con quien Vox pasó de gobernar conjuntamente al inicio de la legislatura a romper la coalición para, ahora, en su momento más difícil por su gestión de la DANA, darle oxígeno para que pueda continuar en el cargo. Pero además, la extrema derecha quiere utilizar ese acuerdo para presionar al partido de Alberto Núñez Feijóo en todas aquellas comunidades autónomas en las que gobierna exigiendo las mismas concesiones que en la Comunitat Valenciana para aprobar las cuentas de esos territorios.

Tratando de exprimir al máximo el acuerdo valenciano y consciente de la debilidad de sus antiguos socios y a la vez rivales en las urnas, la formación de extrema derecha ha organizado un gran acto el próximo domingo, 6 de abril, en la Feria de València donde el líder de Vox y diversos cargos del partido compartirán una paella con los afiliados y simpatizantes que deseen apuntarse. El acto no será gratis y costará a los mayores 25 euros y a los niños 15, según informa Vox en su propaganda, aunque aseguran que ese dinero estará destinado únicamente a poder pagar el catering.

Además de darse un baño de multitudes, Abascal podrá sacar de nuevo pecho y vender que ha logrado doblegar al PP para que acepte sus condiciones y haya presupuestos en la comunidad, muy necesarios para acometer la reconstrucción de los municipios afectados y ayudar a miles de familias que han sufrido los estragos de la DANA.

El partido de extrema derecha se ha jactado de que para poder sacar las cuentas adelante Mazón haya aceptado renunciar públicamente a las políticas sobre inmigración del Gobierno de Pedro Sánchez y al Pacto Verde “impuesto por el PP y el PSOE en Bruselas”, una condición que imponen también al resto de las comunidades en donde Vox es necesario y siguen en el aire los presupuestos, como Aragón, la Región Murcia, Illes Balears, Extremadura y Castilla y León, donde, sin embargo, el portavoz parlamentario, José Antonio Fúster, reconoció el pasado lunes que ve “muy complicado” poder emular el acuerdo cerrado en la Comunitat Valenciana.

“El PP está bastante desubicado”, aseguró el portavoz nacional, que insistió en que para lograr que apoyen las cuentas en esos otros lugares el PP tendría que hacer “una declaración expresa y contundente contra las políticas migratorias y el Pacto Verde” como hizo Mazón. “Es de sentido común”. “Mazón ha marcado el camino”, sentenció. Pese a todo, señaló que en Vox “no desesperan” y seguirán intentando que haya acuerdos.

La formación de Abascal quiere aprovechar el desplome del PP al que apuntan muchas encuestas, convencida de que los principales beneficiarios de esa situación serán ellos, al menos por la derecha. Los de Feijóo, sin embargo, ven en ese “pacto del Ventorro”, como lo ha calificado Pedro Sánchez, como la imperiosa necesidad de Abascal de superar el bache que ha atravesado Vox por el seguidismo hacia Donald Trump y su anuncio de imponer aranceles a los productos españoles.

La Comunitat Valenciana, que fue gobernada por la izquierda en las dos anteriores legislaturas, se ha convertido de nuevo en un nicho de votos muy codiciado tanto para la derecha como para la extrema derecha, que compiten por un electorado muy similar. El líder de Vox quiere estar preparado para asestar a Mazón una última estocada cuando llegue el momento y va a volcarse a partir de ahora con los valencianos para que se vea que su partido quiere poner todo el foco en la reconstrucción rentabilizando la pésima imagen que tiene el presidente autonómico entre los valencianos.

La última vez que se vio a Abascal por València –no fue a la 'zona cero' tras la catástrofe como sí hicieron Feijóo y Sánchez– fue durante la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de 2023. En abril de 2019, año del despegue de Vox, el partido de extrema derecha ya eligió el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de la capital valenciana para celebrar el acto central de las elecciones municipales y autonómicas. Vox entonces no contaba con representación en las instituciones valencianas y logró diez escaños. En 2023 subió a 13 y cerró un acuerdo con el PP, que logró alzarse con la primera plaza con 40 diputados, desbancando a la izquierda. También compartieron gobierno en el ayuntamiento.

Poco duró el idilio. En julio de 2024 Abascal dio la orden de salir de todos los Ejecutivos autonómicos, entre ellos el de la Comunitat Valenciana, con la excusa de que los de Feijóo habían aceptado acoger en esos territorios un cupo de migrantes menores no acompañados, una medida que el partido de extrema derecha rechaza de plano. Mazón no se lo pensó mucho y cesó al vicepresidente primero y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera, y a los otros consellers de Vox del Gobierno de la Generalitat, los de Justicia y Agricultura. En el ayuntamiento se mantuvo el gobierno aunque allí Vox ha sufrido una seria crisis que ha llevado a la dirección a fulminar a su portavoz y segundo teniente de alcalde en València, Juan Manuel Badenas, cuestionado por los contratos de publicidad de la fundación que preside. Pocos días después, la concejala Cecilia Herrero, pareja de Badenas, se daba de baja en el partido dejando al equipo de gobierno de la popular María José Catalá en minoría.

La tragedia de la DANA propició que las relaciones entre ambos partidos se fueron agriando poco a poco. En Vox no escatimaron críticas contra la gestión del jefe del Consell y su gran fichaje, el teniente general jubilado, Francisco José Gan Pampols. Poco después de asumir su cargo de vicepresidente, el portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, José María Llanos, le acusaba de “hacerle el juego” al Gobierno de Sánchez sobre el uso de los fondos europeos mientras cuestionaba la coordinación entre administraciones en la gestión posterior a la DANA. Después, advertía a Mazón de que podría tener “el enemigo en casa”, ya que Gan Pampols, a juicio de Llanos, había hecho algunas “declaraciones contradictorias” e incluso había “desautorizado” a la propia Generalitat.

Pese a todo, la formación de Abascal no llegó a apretar del todo la soga y en febrero no apoyó la dimisión de Mazón pedida por Compromís en el parlamento regional en una caótica sesión en la que la extrema derecha logró que la votación fuera secreta, telemática, y sin pantalla.

Con esta calculada estrategia Abascal solo busca beneficiarse del evidente desgaste que sigue sufriendo Mazón, convencido de que Vox fagocitará gran parte de sus votos en el futuro. Quizá mucho antes de lo que le gustaría al propio PP. Todo dependerá de la investigación judicial abierta sobre la riada que segó la vida de 225 personas y provocó la desaparición de otras tres en esa comunidad.

El Ayuntamiento de Madrid ha vivido este martes un nuevo Pleno marcado por la bronca entre el equipo del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y el principal partido de la oposición, al que se ha unido también el PSOE. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre y los concejales de su grupo han exhibido durante la sesión de control al alcalde camisetas negras con los 7.291 ancianos fallecidos en las residencias de la capital durante la pandemia tras el “protocolo de la vergüenza”, mientras su homóloga del PSOE, Reyes Maroto, y su grupo lucían chapas con el lema 'Verdad, dignidad y justicia'.

El gesto ha indignado al alcalde, José Luis Martínez- Almeida, que se ha encarado con ambas portavoces: “A ustedes les sobran camisetas y chapas pero les faltan los votos que nosotros tenemos”, les ha espetado.

A Maestre, cuya pregunta en realidad versaba sobre el balance en políticas sociales del Ayuntamiento, le ha preguntado “cuántas vidas se hubieran salvado en España si la izquierda no se hubiera empeñado en ir a la manifestación del 8 de marzo” y si las ministras del Gobierno de Sánchez “en vez de llevar guantes hubieran advertido a las mujeres que no fueran a esa manifestación”. “¿Cuántas vidas se hubieran salvado en España si el señor Sánchez hubiera cerrado el aeropuerto de Barajas?”, ha proseguido, omitiendo que a esa manifestación del 8 de marzo también asistió una delegación del PP, el partido de Almeida. El regidor ha acusado luego a la oposición de ofrecer cifras “falsas” sobre el número de fallecidos en esas residencias y de “mentir” solo con el fin de “retorcer el dolor de las víctimas”.

Maestre ha advertido a Almeida que “ninguna pataleta” les iba a hacer olvidar a “los ancianos fallecidos de forma indigna” y le ha recriminado “la cháchara interminable” que suele emplear para “vender lo bien que va Madrid”. La portavoz de Más Madrid ha acusado al alcalde de estar más interesado en impulsar negocios privados, en acudir “a premios y saraos” mientras hace “muy poca calle” y dedica escasas horas a hacer “política municipal de verdad”.

Por su parte Maroto, cuya pregunta se centraba también en otro asunto distinto, la negativa del PP a aplicar allí en donde gobiernan la ley estatal de Vivienda, ha acusado a Almeida de haberse convertido en “una marioneta de su jefa” [Ayuso], y de ser “un vendedor de poca monta de bulos y mentiras”. “Dedica tanto tiempo a crispar y a insultar que no se preocupa por los verdaderos problemas de los madrileños”, le ha dicho la portavoz socialista. Almeida ha respondido, airado, que “la trayectoria política” de la exministra “se puede resumir con cuatro palabras: incompetencia, indecencia, ridículo, y corrupción”, mientras volvía a pedirle que “dimita” por sus vínculos e intercambio de mensajes con el comisionista Aldama. Almeida de paso le ha pedido también pida además “perdón” por asegurar que a los ancianos les “asesinaron”, lo que le ha valido de una querella.

El PP rechaza otorgar “medallas al mérito profesional” a la Policía Municipal

El ambiente entre los concejales de la oposición y los del PP ha ido enrareciéndose, hasta el punto de que el presidente, Borja Fanjul, se ha visto obligado a llamar al orden a varios diputados del PSOE y Más Madrid y también a los del PP, aunque en menos ocasiones.

Pese a ello, el Pleno ha proseguido con la misma tensión dado que Más Madrid llevaba otra propuesta para que el Ayuntamiento aprobara la entrega de medallas al mérito profesional a todos los policías municipales que hicieron las inspecciones en las residencias de Madrid durante la pandemia, encontrándose con el silencio de sus superiores. Según ha defendido el concejal de este grupo, Miguel Montejo, “su trabajo desde hoy en este pleno debe de dejar de ser clandestino y ser reconocido como un mérito especial por lo arriesgado de su misión y por enaltecer la imagen del Cuerpo”

Pero la vicealcaldesa, Inmaculada Sanz, se ha revuelto contra el portavoz del grupo de Rita Maestre al que le ha dicho que era “revelador” que ahora vengan a pedir ese reconocimiento al Cuerpo “mientras toda su aportación a la Policía Municipal ha sido desprestigiarla, insultarla y humillarla” para que “no pudieran hacer su función”. “Si lo hacen ahora solo es para poder continuar con su podrida campaña de infamias contra el PP”, ha sostenido. A Maroto le ha recriminado que el calificar de “asesinatos” las muertes de esos mayores “solo ha dejado al desnudo su estrategia y su política carroñera”. “Hasta aquí hemos llegado, no les vamos a tolerar ni una más. Ponen de excusa las residencia para tapar su corrupción, su negligencia e incompetencia”, les ha advertido Sanz.

Montejo a su vez ha acusado al PP de convertir los debates municipales “en un circo con su mayoría absolutista”. “¡Ya está bien, hombre!”, ha exclamado, para insistir después en que no solo “dejaron morir indignamente a los ancianos” sino que ahora “no quieren reconocer el esfuerzo de las personas que describieron el horror de las residencias”. La propuesta de Más Madrid no ha salido adelante al rechazarla el PP.

El PP también tumba el traslado del cantón de limpieza de Montacarmelo

Otro de los puntos que ha alimentado la bronca municipal ha sido la ubicación del cantón de limpieza que el Gobierno de Almeida quiere mantener en el barrio madrileño de Montecarmelo. Ha sido cuando el Pleno debatía dos propuestas distintas de la oposición, una de Vox y otra conjunta de Más Madrid y PSOE, para que dicho cantón sea reubicado en otro lugar. Vox pide trasladarlo a Las Tablas y los dos grupos de izquierdas exigen que sea reubicado “en una zona alejada de zonas escolares y viviendas”.

Vecinos y representantes de varias asociaciones del noroeste de la capital, y también trabajadores municipales del Servicio de Limpieza de Urgencia (SELUR) han protagonizado diferentes protestas. El descontento se ha escenificado primero frente a la explanada de enfrente al Palacio de Cibeles y después desde la tribuna de invitados del Pleno, al que han accedido varios de ellos. Por un lado, los vecinos han vuelto a reclamar la reubicación del parque de limpieza, y, por otro, trabajadores del SELUR han defendido su labor y la necesidad de este tipo de instalaciones.

La bronca cruzada entre ambos grupos de invitados ha provocado que el presidente del Pleno, Borja Fanjul, haya tenido que amenazarles en varias ocasiones con desalojarles y expulsarles del Pleno, lo que al final ha terminado ejecutando. 

PP y Vox llevan años alentando el miedo a la ocupación de viviendas, sobre todo en Madrid, donde el propio alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha decidido acuñar ahora también el término “inquiokupación” para referirse a lo que toda la vida se ha conocido como “morosidad”, es decir, el impago del alquiler por parte de los inquilinos de un inmueble. Pese a que las leyes contemplan como delito esas situaciones y protegen a los arrendatarios, ambos partidos no paran de inocular ese temor entre la población, que convive con una invasión de cuñas publicitarias en radios y televisiones de empresas que prometen “seguridad” a los propietarios.

Ni la Comunidad de Madrid ni el ayuntamiento ofrecen cifras oficiales sobre esas supuestas okupaciones o “inquiokupaciones” y ante la consulta de elDiario.es remiten la Delegación del Gobierno en Madrid, que a su vez detalla el balance de criminalidad del cuarto trimestre del año 2024 elaborado por el Ministerio de Interior, que apunta a un notable descenso de esas ilegalidades.

Según pudo constatar la Policía Nacional, en 2024 hubo la mitad de ocupaciones de viviendas que en 2023. “El número de ocupaciones lleva dos años cayendo y afecta al 0,057% de las viviendas en España. Son 15.289 inmuebles en 2024 en toda España sobre un parque de 26,6 millones de casas. El fenómeno afecta a 5,7 personas por cada 10.000 habitantes”, sentencia el citado balance que se presentó en febrero.

En la ciudad de Madrid y “las poblaciones más habitadas” de la Comunidad –apunta el informe–, en 2024 se mantenían 894 viviendas ocupadas de un parque de viviendas que supera las 2.800.000. En 2023 la cifra alcanzaba las 1.825. “Cada ocupación representa un drama y dispone de toda la atención del Gobierno de España y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, otra cosa es la exageración para sacar réditos políticos y/o económicos. Como gestores debemos ser rigurosos y en la región ha habido la mitad de ocupaciones que se registraron en 2023”, señaló el delegado del Gobierno, Francisco Martín en la presentación del balance el mes pasado. También pidió “no generar alarma social ni jugar con el miedo de las personas”.

Además, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la tasa de sentencias de desahucios vinculados a incumplimientos de contratos de alquiler por cada 100.000 habitantes ha descendido en Madrid, reduciéndose un 11,3% en el tercer trimestre de 2023 y un 6,3% en el mismo periodo de 2024. 

La extrema derecha es la que más empeño ha puesto en alertar sobre las okupaciones de viviendas vacías con el fin de extender la idea de que si los ciudadanos se ausentan de sus viviendas incluso solo por unas horas al volver pueden encontrarse con la desagradable sorpresa de que hay “okupas” en su casa y teniéndose que quedar en la calle porque “la ley no les ampara”. Además, desde Vox hace tiempo que se lleva señalando a los “inmigrantes ilegales” como principales causantes de las okupaciones, agitando de nuevo la xenofobia contra este colectivo.

En vísperas de las pasadas elecciones municipales y autonómicas, el portavoz de Vox en el ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, plantó cara a un grupo de okupas que se habían adueñado de una vivienda en la localidad madrileña de Majadahonda y les aseguró a gritos que si lograban gobernar, iría con la Policía Municipal a desalojarles del edificio. Almeida tachó esta y otras actitudes del dirigente de Vox de “matoniles”. “Los problemas no se solucionan con vídeos de machote, esa no es una actitud compatible con el decoro que debe mantener un representante de un grupo municipal”, dijo el regidor madrileño.

También el PP se ha unido a esa campaña. En los últimos meses, es bastante habitual escuchar al propio alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ofrecer alarmantes cifras –que nunca concreta– referidas a la capital. A principios de año, el Ayuntamiento de Madrid incluso lanzó una campaña de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) acuñando el término “inquiokupación” para dar publicidad al programa ReViVa dirigido a la recuperación de viviendas vacías. En los carteles, marquesinas, paneles luminosos y pantallas distribuidos por toda la ciudad se declaraba la guerra a esas usurpaciones prometiendo “tolerancia cero” contra ellas.

Las razones que dieron entonces desde EMVS a Somos Madrid sobre el uso de ese término fueron precisamente que tenían “constatado que una de las principales causas por la que muchos madrileños prefieren tener una vivienda vacía sin alquilar es porque les da miedo la indefensión y la inseguridad jurídica que genera la legislación vigente que protege a los inquilinos que no pagan”. La apreciación no es correcta porque aunque el proceso puede resultar largo al final los tribunales suelen condenar a los morosos al pago de las rentas atrasadas, con intereses y, en ocasiones, hasta a indemnizar a la víctima.

También Ayuso se ha unido esa campaña del miedo a las “okupaciones”. El pasado mes de febrero aprovechó un acto sobre el Plan Vive para arremeter también contra las feministas –a las que se refirió como “las de las pancartas de género”–, a las que recriminó que se olviden de “las mujeres que están solas porque son viudas o no tienen hijos y les ocupan sus viviendas”.

La sobredimensionada preocupación por estos casos por parte de la derecha y la ultraderecha no cesa y se prolonga desde hace años. En octubre de 2019 ya llevó al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y al Ayuntamiento de Madrid a constituir la llamada “Mesa de la Vivienda y la Okupación”, que mantuvo una primera reunión sobre el asunto con la fiscal provincial y la juez decana de Madrid, tras la cual se les remitió a los alcaldes de la comunidad un protocolo de actuación.

Poco después, el ayuntamiento de la capital impulsó a finales de 2021 la primera oficina antiokupación, dependiente del Área de Coordinación Territorial con el apoyo del Área de Seguridad, comprometiéndose también a trazar “un mapa de puntos calientes” y a ofrecer “información sobre los procedimientos para defenderse de la usurpación”. El ayuntamiento no ha ofrecido a esta redacción datos de su trabajo a lo largo de estos años.

También la Comunidad de Madrid puso en marcha la página web CECOM-112 OCUPACIÓN, una plataforma implantada en el Centro de Coordinación Municipal en la que se ofrece un teléfono gratuito de ayuda y asesoramiento jurídico a los ciudadanos de la región afectados por casos “de usurpación de viviendas o víctimas de un allanamiento de morada”. La plataforma advierte de que “la ocupación no consentida de viviendas constituye un delito penal”, explicando que hay dos procedimientos para revertir el problema: la vía civil en el que desde la interposición de la demanda hasta el lanzamiento de la vivienda puede pasar un año; o la vía penal que puede alargarse hasta un año y medio.

Ese mismo mes Ayuso lamentaba en una sesión de control al Gobierno que “lo que la izquierda llama bulos tiene cara, ojos y una vida detrás”, relatando varios casos que les habían llegado, entre ellos el mismo que contó durante el acto del Plan Vive: el de una mujer de 82 años y su marido, de Fuenlabrada, que sufrieron una “inquiokupación” en un piso de su propiedad por parte de los inquilinos, que dejaron de abonar las mensualidades, lo que provocó, según narró Ayuso, que el hombre sufriera un gran estrés y “acabara falleciendo”.

En una entrevista en la Cadena Ser realizada en mayo de 2023, la presidenta regional afirmó que la ocupación “se había multiplicado por toda España” y que a través de los canales abiertos en la región les había “llegado” en “muchas ocasiones” casos de señoras que se iban de vacaciones o al pueblo y que, cuando volvían, les habían “quitado” la casa.

Precisamente, esta semana el Congreso debatía y aprobaba la tramitación de una ley antiocupación promovida por Junts, socios del Gobierno de Sánchez, que persigue agilizar los desahucios y desalojar 'okupas' en un plazo de 48 horas. Lo que llamó más la atención fue que la propuesta contara con el apoyo de PP, Vox, PNV y también del PSOE, pese a que los socialistas siempre se han mostrado muy críticos con el discurso de las derechas en este asunto.

Para justificar su decisión, el portavoz de este grupo, Pedro Hita, adelantó en su intervención que el marco jurídico “es susceptible de mejora” y anunció que añadirán enmiendas al texto de los independentistas porque sostienen que “los datos no corroboran” la situación de alarma que los de Puigdemont también denuncian. Hita recordó que tanto el delito de allanamiento de morada como el de usurpación de vivienda ya están castigados por el Código Penal y conllevan penas de hasta cuatro y dos años de cárcel respectivamente.

El exdirigente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha fichado por Utamed, una universidad privada andaluza que fue aprobada con polémica porque la empresa matriz que estaba detrás del proyecto, Medac, estuvo ligada al ex consejero andaluz de Educación ya fallecido, Javier Imbroda, colocado en ese puesto por Ciudadanos. A pesar de esa vinculación, el político no se inhibió en 2022 cuando la Junta de Andalucía acordó el inicio de tramitación del anteproyecto de ley de reconocimiento del centro educativo. 

Tras su marcha de la política, Rivera reapareció en marzo de 2021 para dirigir el nuevo Instituto de Liderazgo y Formación Política en el Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, y dependiente de la Comunidad de Madrid. 

En este proyecto, impartían clases “reconocidos profesionales de primer nivel de los distintos ámbitos de la comunicación, la televisión, la radio, las artes escénicas, el bel canto, las redes sociales, los gabinetes de comunicación y los entornos empresariales y directivos”, según la promoción que lanzó entonces el Instituto. Por sus aulas pasaron algunos de sus excompañeros de partido como Juan Carlos Girauta, Toni Cantó, Francisco Carrillo o Fernando de Páramo, y el actor y director teatral Albert Boadella, dentro de un amplio elenco de profesores.

En febrero dejó el instituto que tenía en Madrid

La experiencia docente en el Centro Cardenal Cisneros ha durado poco más de tres años. Hace unas semanas, el propio Rivera anunciaba en sus redes sociales que había “comunicado a la dirección del centro” su “voluntad de poner fin a esta magnífica etapa”. “Hoy cerramos este capítulo con profundo agradecimiento a quienes han hecho posible esta aventura”, apuntaba, a la vez que aclaraba que “en unos días” contaría “novedades” de su nuevo proyecto académico. Desde el centro educativo adscrito a la Complutense hacen un balance positivo del trabajo del exdiputado, fuentes oficiales sostienen que “dirigió con acierto” el instituto.

Esta semana, el exdirigente de Ciudadanos ha despejado la incógnita. Se llevará a Utamed a gran parte de la plantilla que trabajó con él en su etapa en el centro de la UCM, para dirigir el área de Liderazgo, Comunicación y Oratoria, donde estará al frente de dos másteres. Según la información disponible en la web del centro educativo, la docencia arrancará en octubre y contará con la participación de perfiles como Páramo o Cantó en el claustro. Además, en los programas dirigidos por Rivera también impartirá clase otro exmiembro de Ciudadanos, como José Manuel Villegas, así como el economista Daniel Lacalle.

Para anunciar su fichaje por este centro educativo, Rivera ha sido entrevistado en el canal de YouTube de la universidad. En esa conversación, ha explicado que hay “dos motivos” por los que ha decidido sumarse a este proyecto: la novedad de la iniciativa y su carácter tecnológico, ya que se trata de un modelo online enfocado a atraer también a estudiantes latinos. “No hay cosa que me apasione más que poner proyectos en marcha y verlos volar”, ha explicado, a la vez que lanzaba un dardo a la universidad pública, señalando que “ha vivido de espaldas” a las empresas y a la empleabilidad.

Primera universidad online andaluza

Utamed fue la primera universidad online autorizada en Andalucía. Este proyecto comenzó con polémica ya que estaba promovida por el Grupo Vocento y el Instituto de Formación Profesional Medac, una institución vinculada al entonces consejero de Educación, Javier Imbroda, de Ciudadanos, hasta poco antes de su llegada a la Junta, en enero de 2019. Imbroda, que falleció en 2022, esgrimió en varias ocasiones que en 2018, “sin saber si sería diputado o consejero”, se había desvinculado de Medac. La empresa fue adquirida por el fondo de inversiones norteamericano Kohlberg Kravis Roberts (KKR) por 200 millones de euros. 

En la referencia oficial del Consejo de Gobierno que se hizo al tramitar la creación de la universidad solo se apuntaba a que la impulsora del proyecto era Sapere Aude Arco Mediterráneo SL, sin hacer mención alguna a Medac. Sin embargo, poco después de anunciarse la autorización de la universidad, Utamed resaltó en un comunicado que el nuevo centro estaba “promovido por Grupo Medac, líder en estudios de Formación Profesional en España, en el que actualmente cursan estudios más de 100.000 alumnos”.

Este proyecto educativo fue autorizada por el gobierno andaluz pese a que hasta tres informes lo desaconsejaron, como publicó este medio, entre ellos, los emitidos por el Ministerio y los rectores andaluces. Aun así, fue aprobado definitivamente el septiembre de 2023 por el pleno del Parlamento andaluz con los votos favorables del PP y Vox. 

Superadas todas las complicaciones, Utamed pretende impartir 14 titulaciones: seis grados, siete másteres y un título de doctorado. Las disciplinas a cursar están relacionadas con las nuevas tecnologías, Marketing Digital, Derecho, Educación, Emprendimiento e Innovación, entre otras. A todo ello se unirá a partir de octubre un nuevo máster de Liderazgo, Comunicación y Oratoria, el que dirigirá el exlíder de Ciudadanos.

elDiario.es ha intentado recabar la versión de Rivera y de Utamed para este artículo, sin haber recibido respuesta por el momento.

Vox ha despejado el camino para apoyar en Valencia los presupuestos regionales de Carlos Mazón, pese a que el partido reconoce que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha gestionado pésimamente la DANA. “Vamos a desbloquear la mesa de negociación de los presupuestos y vamos a ir al rescate de los valencianos, que es lo que más nos importa”, ha afirmado este lunes en rueda de prensa el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que ha sido el encargado de desvelar las duras exigencias que va a poner la formación de extrema derecha encima de la mesa para apoyar las cuentas regionales y salvar a Mazón del complicado momento por el que atraviesa.

Y una de esas exigencias va a estar centrada en la inmigración y en no aceptar en la Comunidad Valenciana el reparto de menores no acompañados. También en la “eliminación de cualquier tipo de subvención a cualquier organización no gubernamental que destina el dinero de los valencianos a inmigrantes ilegales” y en buscar “una fórmula para incorporar una serie de pruebas científicas para demostrar que aquellos que dicen que son menores, no lo son ” y, por lo tanto, “deben retornar con sus padres y con sus familias a sus lugares de origen”. Junto a esto Garriga ha adelantado que no consentirán que se destine “ni un solo euro a chorradas ideológicas” por lo que se tendrán que eliminar también todas las partidas que tenga que ver con la Agenda 2030 y el Pacto Verde cerrado en Bruselas. Además, ha anunciado que se impulsará la Ley de Concordia y “se suprimirá el dinero para las mamarrachadas de la ley de memoria histórica”. Igualmente se tendrán que “revisar todas las ayudas y subvenciones a sindicatos y a todos los chiringuitos ideológicos” así como “el gasto público en organismo de la administración” porque es “un dinero mal destinado” que tiene que ir a ayudar a la reconstrucción de Valencia. Otra de las medidas que plantearán al PP se centra en “recortar” las partidas para el fomento de la lengua valenciana. “Vamos a lanzar a la papelera de la historia la basura ideológica que han propiciado PP y PSOE”, ha resumido Garriga.

El desbloqueo de las negociaciones con el PP ha sido posible después de que presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, haya reconocido públicamente que se entrega por completo al discurso de Vox para salvarse. El jefe del Consell, asediado política y judicialmente por su gestión de la DANA, para poder seguir en el cargo, no ha tenido reparos en asumir los postulados de la ultraderecha tanto en la política migratoria como contra las medidas climáticas que contiene el llamado Pacto Verde.

“Nos alegramos mucho de que Mazón reconozca que Vox tenía razón. Sus declaraciones van en la dirección correcta”, ha señalado Garriga en consonancia con lo expresado pocas horas antes en su perfil de X por Santiago Abascal.  “Vamos a actuar con responsabilidad en la mesa [de negociación] para reconstruir Valencia juntos y demostrar que cuando hay voluntad se puede cambiar el rumbo de las tonterías de las políticas del PP y PSOE”, ha sentenciado el secretario general de Vox, que ha vuelto a vincular la inmigración con la inseguridad en las calles, alertando de las consecuencias. “Hay que dejar de fomentan la inmigración ilegal masiva y descontrolada que genera el incremento de la inseguridad en muchísimos de nuestros barrios y de nuestras ciudades, algo que Vox lleva mucho tiempo denunciando”, ha señalado, recordando los recientes acontecimiento en Salt.

La Asociación SOS Desaparecidos ha anunciado este viernes acciones legales coordinadas, en representación de varias familias afectadas, contra diferentes administraciones públicas que intervinieron en los trágicos acontecimientos ocurridos durante la DANA de octubre de 2024, y que dejó más de 200 víctimas mortales en las provincias de Valencia y Albacete. Aunque estas acciones legales no van dirigidas contra ninguna persona en particular, los representantes de la asociación han señalado como principales responsables de la tragedia al propio Carlos Mazón, al que esperan que la jueza de Catarroja, en la que han depositado toda su confianza, llame a declarar; y también a Emilio Argüeso, secretario autonómico de Emergencias, entre otros.

“Vamos a ir a por todas. Todo lo ocurrido causa dolor y es una vergüenza”, ha afirmado en una rueda de prensa en Madrid Joaquín Amils, presidente de la Asociación, que ofrece asesoramiento y asistencia jurídica gratuita a más de 140 familiares de 70 víctimas mortales de la DANA.

Según han informado en rueda de prensa miembros de la directiva de la asociación, junto con su equipo técnico y jurídico –encabezado por el abogado Juan Manuel Medina–, el próximo lunes presentarán en el jugado de Letur (Albacete), en donde murieron seis personas, “querellas por homicidios imprudentes” que irán dirigidas a reclamar responsabilidades penales por la “nefasta gestión” que realizaron durante aquellos días las autoridades que tenían competencias. Además se personarán como acusación particular ante el juzgado de Catarroja, cuya jueza investiga los hechos.

Al acto han asistidos familiares de desaparecidos y afectados por las riadas. Algunos no han podido evitar romper a llorar al tomar la palabra, como una mujer que perdió a su marido y a su hijo, que con la voz entrecortada ha asegurado que “ya no cree en los políticos”.

Rosa y Encarna, que han hablado como portavoces de estas familias “con el corazón y desde la rabia”, han sido más contundentes y le han pedido directamente a Mazón que “salga de su zona de confort y dimita”. “No, todo no vale, Mazón no debía durar en su cargo dos años más, hasta el 13 de julio, que acaba la legislatura. Dimite, pide perdón y sal por la puerta de la vergüenza”, le han exigido. “Si los valencianos te pusimos ahí, también podemos quitarte. Mazón dimisión”, ha clamado Encarna, mientras enseñaba la camiseta en la que ha reproducido la cara de su hermano fallecido en Cheste (Valencia) en la DANA.

“La lucha ha comenzado después de meses de trabajo”, ha dicho el presidente de la Asociación, Joaquin Amils, que ha sido el primero en intervenir. “El 29 de octubre tiene que marcar un antes y un después para la sociedad española y la valenciana”, ha añadido.

Según ha relatado, fue el 17 de noviembre, casi un mes después de la tragedia, cuando decidieron emprender acciones legales “contra todos aquellos que cometieron errores”, que derivaron en lo que consideran “posibles homicidios imprudentes”. “Desde ese momento tuvimos claro que teníamos el deber de hacer justicia”. “Vamos a defender la verdad y la justicia”, ha sentenciado Amils. 

Tras él ha tomado la palabra el perito de la causa, Chema Gil, que no ha dudado en afirmar que todos los afectados en las riadas “fueron abandonados por las administraciones públicas”. Gil ha explicado las dificultades con las que se han encontrado para realizar su trabajo. “Nos hemos encontrado con la opacidad más absoluta y la omertá de las administraciones locales y de la Generalitat Valenciana”. También ha denunciado que han comprobado que pese a que los ayuntamientos tienen la obligación de tener un servicio profesional técnico, “no lo tenían y estuvieron inoperantes” durante esos días claves.

“La Generalitat ha protagonizado un desastre y una chapuza. Ha demostrado tal nivel de desidia vergonzoso. Muchas de esas muertes se deberían haber evitado”, ha lamentado el perito. Según ha opinado, “a las 8 de la mañana había motivos suficientes para haber lanzado la alerta” pero esta, sin embargo, “se mandó a los ocho de la noche”. “La ley obliga al presidente de la Generalitat a asumir todas las competencias ante la emergencia”, pero “no lo hizo”, ha recordado. “Ni Ventorro (el restaurante donde Mazón asegura que comió) ni ninguna excusa, el presidente de la Generalitat tenía la obligación de estar en el CECOPI”, ha afirmado Gil, que ha remarcado que el examen pericial que han realizado demuestra un relato de los hechos demoledor y la cantidad de información que ya existía desde muy temprano ese día 29. “Pero la Generalitat dice que hubo un silencio. No lo hubo”, ha dicho.

A juicio de los representantes de la Asociación “el Gobierno de la Comunidad Valenciana dejó abandonadas a muchas familias y con su desidia dejó que muchas personas murieran”. Por eso lamentan que “nadie esté asumiendo responsabilidades”. “De esto debemos aprender lecciones para aplicar en el futuro”, han pedido

Las medidas anunciadas incluyen la personación como acusación particular ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 3 de Catarroja, en el que exigirán la responsabilidad penal y civil por los fallecimientos ocurridos. También presentarán un informe pericial detallando todas las negligencias y fallos en la gestión que hubo por parte de las administraciones públicas en Valencia. Y solicitarán también la práctica de diligencias de instrucción para esclarecer los hechos.

Por la tarde, según informa Alberto Pozas, el grupo de familiares presentes en la rueda de prensa acudió a la sede del PP, en la madrileña calle de Génova, portando carteles con fotos de varios de los fallecidos y una pancarta en la que se podía leer: “Nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia. Asesinos”. La Policia Nacional apareció poco despues y les obligó a cambiarse de acera.

El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida se ha alineado con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y sigue manteniendo cinco años después de la pandemia del coronavirus que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “mintió y ocultó” datos sobre las cifras reales de fallecidos en España y le causa de realizar una gestión “negligente e ilegal”. Así lo ha mantenido este jueves la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, durante la rueda de prensa que ha ofrecido al término de la reunión del Consejo de Gobierno municipal. Todo ello el mismo día en que RTVE ha decidido emitir el documental '7.291' sobre los fallecidos en las residencias de la capital y los “protocolos de la vergüenza”, que ha sido vetado en Telemadrid y muy criticado por el gobierno regional y por todo el PP.

“El Gobierno de España tuvo una gestión que fue profundamente negligente y además ilegal”, ha asegurado Sanz, que ha añadido que eso no lo dice ella sino “los tribunales que les anularon los estados de alarma que sistemáticamente fueron aprobando”. Además ha insistido en que “lamentablemente se tomaron medidas muy tarde en España” dando lugar al fallecimiento de “más de 130.000 personas en esa pandemia”. Pese a dar esa cifra, Sanz ha añadido que “todavía no sabemos el número real de muertos” porque el comité de crisis “mintió y ocultó” esos datos para que los españoles no supieran lo que ocurrió.

La vicealcaldesa de Madrid ha acusado a reglón seguido a los grupos de la oposición municipal y al Gobierno de Sánchez de querer ahora “reescribir la historia” y ha defendido el papel durante el Covid de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, especialmente del de Madrid: “Tuvimos que tomar distintas decisiones en las peores circunstancias posibles. En Madrid se tomaron muchas decisiones incluso mucho antes que el Gobierno de España que no quiso hacerlo cuando desde aquí se estaba demandando medidas como el cierre del aeropuerto de Barajas, o paralizar la manifestación feministas en la que hubo ministros y ministras del gobierno diciendo que el machismo mata más que el Covid y frases de ese estilo”, ha continuado Sanz. “Ahora ya sabemos a ciencia cierta que aquello fue exactamente un infectódromo”, ha añadido después, asegurando también que “el Gobierno no puede dar lecciones a nadie” y ni puede seguir “retorciendo el dolor de las personas que sufrieron mucho no solo en Madrid, sino en toda España”. “Creo que el Gobierno de España tiene mucho interés en tapar lo que ocurrió realmente y en reescribir la historia que la gente no va a olvidar”, ha remarcado.

Al ser preguntada si ella o alguien del Gobierno municipal piensa ver el documental de RTVE esta noche, ha soslayado la pregunta y ha afirmado que no sabe quién lo verá “a título personal”, pero ha hecho una recomendación a los responsables del ente público: “Yo le diría a Televisión Española que por decencia al menos esta noche cuando vaya a emitir ese documental haga una comparativa también de lo que ocurrió en otras comunidades autónomas y de las personas que allí fallecieron”. También ha pedido a los españoles que opten mejor por ver “el documental de la Comunidad de Madrid que dice cosas muy importantes, muy ciertas y muy veraces de lo que ocurrió en esa fecha”.

Ayer, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, acusaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de “negar la realidad de las víctimas de la pandemia” del coronavirus. “Es dramático, terrible e inmoral”, dijo.

López reaccionaba así, desde los pasillos del Congreso, a la declaración institucional realizada por la presidenta regional con motivo del este quinto aniversario del confinamiento de 2020 en la que defendía su gestión. En un comunicado, el gobierno de la Comunidad madrileña rebajó a 4.100 el número de personas mayores fallecidas en residencias y tachó de “invento” la cifra de 7.291 que ofreció en su momento el que fuera consejero de Políticas Sociales de su gobierno, Alberto Reyero, de Ciudadanos, que terminó dimitiendo y enfrentado a Ayuso.

Vox se ha quedado solo defendiendo la teoría de la conspiración sobre los atentados yihadistas del 11 de marzo de 2004 cuando acaban de cumplirse 21 años de la masacre en la que fueron asesinadas 192 personas y resultaron heridas más de 2.000. En 2007, la Audiencia Nacional confirmó la autoría islamista del ataque que hizo estallar múltiples bombas en varias estaciones del tren de cercanías de Madrid, condenó a 22 personas y descartó cualquier participación de ETA. Fue el Gobierno de José María Aznar el que mantuvo la autoría etarra durante los días siguientes del ataque y dirigentes del PP así como medios de la derecha trataron de mantener viva esa teoría durante años, únicamente con el fin de atacar al PSOE y a la izquierda. Pero en el 21 aniversario solo Vox ha tratado de desacreditar la verdad juzgada.

La formación de extrema derecha que preside Santiago Abascal volvía este martes a la carga con una campaña en redes sociales alimentando la duda y exigiendo “saber toda la verdad”, pese a que hace 18 años quedara acreditado judicialmente que fue obra de comandos yihadistas de Al Qaeda. “Como todos los años, estamos del lado de las víctimas que piden saber toda la verdad sobre el peor atentado terrorista de nuestra Historia. Memoria, dignidad y justicia para todas las víctimas del terrorismo”, exigían en X los dirigentes de Vox. La encargada de recalcar esas dudas fue la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, que en una comparecencia en el Congreso lamentaba que los “delitos hayan prescrito” y que “las principales pruebas, como los vagones, estén destruidas”. “Por desgracia, 21 años después, todavía no se conoce quién fue el autor intelectual de esos atentados”, sostuvo Millán.

Pero Millán no se quedó ahí y dirigió sus dardos contra el expresidente del Gobierno y dirigente del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, asegurando que su victoria, “propiciada”, según Vox, “gracias al atentado”, después “fulminó la reconciliación entre españoles, amparó las alas que se le dieron al separatismo golpista e incluyó a ETA en las instituciones para humillación de las víctimas del terrorismo”. Tras “solidarizarse” con las familias de las víctimas, Millán sentencio: “No hay mayor traición que no hacerles justicia y nosotros desde aquí queremos saber todo lo que ocurrió ese 11 de marzo”.  

A esa misma teoría se apuntaba también en X el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith. “Las víctimas y sus familias merecen respuestas y el reconocimiento que nunca debe faltar. España merece saber la verdad, de una vez por todas”, afirmaba.

Los actos conmemorativos del atentado celebrados este martes reflejaron también la división que persiste entre los partidos, el Gobierno central, y las propias asociaciones de víctimas. Como viene siendo habitual, en Madrid hubo tres actos presididos por Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que acudió a todos: el que organizaba la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, en el que no hubo discursos; un segundo en la estación Atocha-Cercanías in memoriam de las víctimas en el que se realizó una ofrenda floral, organizado por la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo y las organizaciones sindicales UGT y CCOO; y un tercero en el Bosque del Recuerdo, del parque del Retiro, para conmemorar el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, organizado por la AVT.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que la víspera no había recibido una convocatoria formal por parte del Gobierno de Ayuso para asistir al acto de la Puerta del Sol, se presentó por su cuenta. Martín aseguró a los periodistas que una decisión de “exclusión como esa, de división, se retrata sola”, pero evitó entrar de lleno en la polémica. “Hoy nos hemos reunido todos en la Puerta del Sol, digo todos. Hemos venido a la Puerta del Sol para rendir respeto, rendir respeto y acompañar a las víctimas de la mayor tragedia que ha sufrido nuestra región”, afirmó. El alcalde de Madrid, sin embargo, lanzó su pulla y justificó su exclusión asegurando que el Delegado del Gobierno de Sánchez ha sido declarado 'persona non grata' en las instituciones madrileñas porque “insulta y ofende gravemente” a la región y a la capital. “No rompe relaciones institucionales el que quiere mantenerlas, sino el que insulta”. “No cabe confundir la Delegación del Gobierno con una persona que ataca sistemáticamente a Madrid”, aclaró luego.

Mientras Vox se mantiene en sus trece de que no se conoce “la verdad” del 11M, el PP, capitaneado ahora por Alberto Núñez Feijóo, ha terminado asumiendo el lamentable error que cometió el Gobierno de José María Aznar cuando sucedieron los hechos. Aquel Ejecutivo sostuvo que detrás de la masacre estaba ETA, pese a que pocas horas después del atentado las numerosas pruebas recogidas por la Policía Nacional y el propio Ministerio del Interior –dirigido entonces por Ángel Acebes– ya apuntaban en la dirección de comandos yihadistas. Finalmente, la sentencia de la Audiencia Nacional descartó en todo momento cualquier vinculación del ataque con la banda terrorista vasca.    

Pese a ello la Fundación FAES, que preside Aznar, seguía insistiendo el año pasado en un comunicado que “nunca jamás llegó a manos del Gobierno ningún documento oficial que descartase definitivamente la autoría etarra y afirmara sin titubeos la responsabilidad yihadista”. “Ni callamos hechos ciertos, ni aceptamos mentiras reiteradas”, sentenciaba el texto. La dirección del PP se apresuró entonces a cerrar filas con Aznar y a atacar al PSOE, que criticó el comunicado. La secretaria general del partido, Cuca Gamarra, aseguró que no era “el día” para “atacar a quien en aquel momento estaba al frente del Gobierno de España”, ni “a todos aquellos que tuvieron que afrontar esos días”.

Ahora, el partido de Alberto Núñez Feijóo, pese a haber admitido la realidad de los hechos, sigue resistiéndose a decir públicamente que los atentados del 11M fueron perpetrados por terroristas yihadistas. Tanto Ayuso como Almeida se limitan a calificar el 11M como “el mayor atentado de la historia de España”, mientras lanzan sentidos reconocimientos a las víctimas, sus familiares, los servicios de emergencias, el personal sanitario y a todos los ciudadanos que las auxiliaron de una forma u otra. Así lo hicieron el año pasado en sus discursos durante los homenajes por el anterior aniversario. Este año, en el acto en la Puerta del Sol ninguno de ellos tomó la palabra.

Vox se enfrenta a nuevas sospechas de financiación ilegal justo cuando la formación que preside Santiago Abascal afronta otra oleada de expulsiones, bajas y dimisiones, que han propiciado la creación por primera vez en su historia de una corriente crítica organizada que intenta plantar cara a la dirección de la extrema derecha. Solo unas horas después de que la concejala del Ayuntamiento de València Cecilia Herrero, se diera de baja del partido engrosando una larga lista de desertores en los últimos años, este lunes se conoció que la Fiscalía Anticorrupción investiga si Vox ha utilizado sus puestos callejeros para disfrazar algún tipo de financiación ilegal, principalmente durante las campañas electorales.

Las diligencias de investigación abiertas parten de una denuncia presentada por el PSOE en la que se aportan fotografías de las casetas del partido en la que aparecen “huchas” o “cajas de caudales”, con ingresos anónimos que están prohibidos por la ley de financiación de partidos.

Hace ya casi seis años, el 27 de mayo de 2019, elDiario.es publicó en exclusiva que el departamento de tesorería de Vox envió un correo electrónico a los responsables de contabilidad de las distintas agrupaciones del país con instrucciones precisas y la palabra “URGENTE” en el asunto, con la orden de “regularizar de manera urgente todo el dinero” obtenido “por merchandising”. “Los ingresos han de realizarse tal y como se recaudaron, cantidades inferiores a 299 euros, indicando la fecha de recaudación”, pedían, ya que con un ingreso de menos de 300 euros no es obligatorio presentar su trazabilidad. Con esta instrucción interna, el partido evitaba dar datos concretos de sus ingresos.

No es la primera vez que el partido se tiene que enfrentar a sospechas sobre financiación irregular. La formación de extrema derecha ya fue acusada de haber recibido fondos de la resistencia iraní para financiar su campaña de las elecciones europeas de 2014 en las que el cabeza de lista fue Alejo Vidal-Quadras. El propio candidato reconoció ese apoyo económico de los opositores iraníes y aseguró que Abascal lo sabía, “estaba encantado y le parecía bien”.

Abascal llegó a admitir públicamente solo haber recibido “donaciones que pueden ser de personas extranjeras”. Pero, según defendió, las cuentas de Vox son “absolutamente legales, son auditadas por una empresa privada y depositadas en el Tribunal de Cuentas” y, por lo tanto, en el partido estaban “absolutamente tranquilos con esa cuestión”. Pero en julio del año pasado el Pleno del Tribunal de Cuentas acordó imponer al partido de Abascal dos sanciones "por infracciones muy graves" en aplicación del artículo 17.2 de la ley sobre Financiación de los Partidos Políticos, por “haber recibido o aceptado donaciones finalistas en la fiscalización de las cuentas anuales de los ejercicios 2018-2019”. En total, Vox tuvo que pagar una multa de 233.324,22 euros por recaudar fondos prohibidos por ley para financiar la querella interpuesta contra el expresident de la Generalitat Quim Torra y para pagar la fianza de Borja, un joven condenado a dos años de cárcel por el homicidio de un atracador al que se enfrentó cuando este huía tras robar el bolso a una mujer en Fuengirola (Málaga).

A todo ello hay que añadir las sospechas en torno a los siete millones de euros traspasados a la fundación Disenso que preside Abascal, una operación desvelada también por elDiario.es. En plena polémica por este asunto se supo que Juan José Aizcorbe, gerente y cerebro económico del partido, había renunciado al cargo. Lo hizo un día después de que la dirección de Vox se viera obligada a enviar una carta a los militantes para tratar de tranquilizarles sobre el citado informe del Tribunal de Cuentas que alertaba también de “falta de control” en las entradas y salidas de dinero en Vox.

Además, el Tribunal de Cuentas sacó a la luz la existencia de facturas por importe de 516.670 euros solo en el ejercicio de 2019 al “proveedor que gestiona los servicios de comunicación” de Vox. Tras revisar las facturas giradas por esta empresa, el órgano fiscalizador afirmaba que las mismas “indican conceptos de carácter genérico” y recomendaba al partido que “sería conveniente que recogiesen un mayor detalle sobre las unidades facturadas, la naturaleza de los servicios prestados y las fechas de prestación de los mismos, habida cuenta del elevado importe facturado”.

En septiembre de ese mismo año Vox también se negó a aclarar qué entidad bancaria les concedió en 2023 más de nueve millones en créditos para sufragar, entre otros asuntos, sus campañas electorales, tal y como el propio partido admitió en las cuentas de ese año, publicadas en su web. Al ser preguntado por ello, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, sostuvo que el partido no tenía por qué dar esos datos a ningún periodista porque solo los da “a quien los tiene que saber, que es el Tribunal de Cuentas”. “Todo está fiscalizado, visado y aprobado”, remachó.

La dirección de Vox terminó reconociendo haber pedido un préstamo de algo más de nueve millones para financiar las campañas de las elecciones municipales y generales de 2023 al banco húngaro MBH, que tiene como mayor accionista al Gobierno de Viktor Orbán –presidente del grupo Patriots que han creado en Europa y en el que está ahora Vox–, dado que en España no conseguían financiación. “Podemos confirmar que Vox ha pedido préstamos a bancos extranjeros después de que numerosos bancos españoles, entidades que prestan dinero a Partido Popular y PSOE, hayan rechazado prestar dinero a Vox. Tenemos un listado de casi 25 entidades bancarias que prestan dinero a PP y PSOE y que lo deniegan a Vox”, afirmaron entonces desde la formación liderada por Santiago Abascal.

Estos hechos fueron incluidos también en la denuncia que los socialistas presentaron el pasado mes de diciembre ante la Fiscalía tras haber hecho un análisis “exhaustivo” de las finanzas de la formación de extrema derecha. En su escrito, el PSOE asevera que Vox habría tratado de ocultar en su contabilidad ese dinero que “infringiría nuevamente la normativa de financiación”.

Una “campaña” contra Vox

Ahora, la reacción de Vox ante la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de abrir una investigación de sus cuentas ha sido calcada a las anteriores. En su comparecencia habitual de los lunes, el portavoz nacional, José Antonio Fúster, ha achacado la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción a una campaña orquestada por el PSOE pero también por el PP. “Iniciamos la semana con una nueva oleada de persecución a Vox”, afirmaba nada más iniciar la rueda de prensa, para dirigir después sus dardos contra el “triángulo formado entre Génova, Ferraz y Sol”, sedes del PP, del PSOE y del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

“Las cuentas de Vox son claras y transparentes, está todo en la contabilidad, auditado y presentado ante el Tribunal de Cuentas. No tenemos empresas corruptas ni hemos robado un euro los españoles”, prosiguió el portavoz de Vox, que acusó al PSOE de estar “podridos de corrupción”. Fúster amenazaba después con “llevar a los tribunales” a todo aquel que sostenga que se han financiado ilegalmente, mientras aseguraba que ellos son “los únicos que denuncian un sistema para esquilmar a los españoles y financiar las actividades corruptas de otros partidos políticos”. “No vamos a desviarnos ni un solo milímetro de nuestro objetivo que es sacar a Sánchez de la Moncloa”, zanjaba, echando de nuevo balones fuera sobre lo que ya parece ser todo un clamor.

El fulminante cese sin indemnización de cerca de una treintena de trabajadores del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (Summa 112) llevado a cabo por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a finales del mes de agosto, además de generar estupor y gran indignación en muchos de los compañeros de los afectados, dejó al descubierto el lento deterioro de este servicio de urgencias, que siempre ha gozado de un gran prestigio y que es fundamental para salvar vidas.

Como publicó elDiario.es, este despido masivo de profesionales con más de 20 años de experiencia, que se justificó alegando la “amortización de sus plazas”, provocó que la oposición de izquierdas se interesara por el caso y llamara a comparecer en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid al responsable de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud, Miguel Ángel Rodríguez Roiloa.

El diputado del PSOE Daniel Rubio consideró estos ceses como “la historia de un maltrato continuado en el tiempo” y “una falta de consideración y de respeto” hacia los profesionales de estos servicios de emergencias. Rubio recordó que desde hace tiempo “el 97% de la plantilla del Summa 112 ha tenido que estar o ha estado en fraude de ley y por eso hubo que hacer un proceso de estabilización”. Además, reprochó al representante de la Comunidad de Madrid la utilización de la baremación de estos profesionales para otras tareas, “a conveniencia, cuando les ha parecido bien”.

Alfredo (nombre supuesto), uno de los trabajadores cesados que tiene tres juicios pendientes por denuncias contra el Servicio Madrileño de la Salud (Sermas), se indigna con la situación en la que se han visto de buenas a primeras tras más de dos décadas en el servicio. “Te has dejado ahí la vida y de repente te encuentras con una situación caótica, sin poder afrontar los gastos de tu casa”, lamenta. Pero a diferencia de otros compañeros suyos él reconoce que es “un afortunado” porque aprobó la oposición y está a la espera de ocupar una plaza “si no falla en el reconocimiento médico”. 

Gabriel, que es conductor, teme volver a enfrentarse con la “sobresaturación de trabajo” y con los mismos problemas que tenía el servicio antes de su cese. “Solo quieren recortar. Nos quitaron coches de refuerzos médicos y de enfermeras aunque ahora no sé como estará la situación. Espero que haya mejorado”, dice, esperanzado.

Las quejas de estos profesionales por las condiciones de trabajo que soportan y las denuncias llevadas a cabo por parte de algunos usuarios de este servicio motivaron que en esta ocasión fuera Más Madrid el grupo que moviera ficha y llamara a comparecer en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid al director gerente del Summa, Pedro Muñoz Sahagún.

Subcontratas y privatización del servicio

Durante la sesión, que tuvo lugar el 17 de febrero, la diputada de Más Madrid, Marta Carmona, denunció que el Summa funciona desde hace tiempo “bajo mínimos de personal” mientras en ocasiones se ve además “obligado a responder con sus recursos a avisos de intervención domiciliaria que deberían haber sido atendidos en Atención Primaria”. Carmona recordó la precaria situación que sufre también el Summa por culpa de la subcontratación del servicio de ambulancias básicas de traslado que está llevando a cabo el Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso y “de la paulatina privatización” de todo el sistema de salud del que se está viendo favorecido el grupo hospitalario Quirón donde trabaja la pareja de la presidenta regional, Alberto González Amador.

Carmona cree que el problema de la infradotación de las plantillas “es tanto propia del Summa como en los sectores externalizados, las ambulancias de soporte vital básico, que dependen de dos empresas que también explotan a sus trabajadores que con su sobreesfuerzo son los que hacen de cortafuegos de las malas decisiones de gestión de cara a los pacientes. El problema es que todo tiene un límite”, abunda la diputada.

Esa carencia principalmente de médicos fue reconocida en su comparecencia por el director gerente. El representante del Gobierno regional del PP, sin embargo, achacó el problema a “la escasez que existe en el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS)” y “a una falta de planificación estructural del Ministerio de Sanidad”, que dirige Mónica García, “en lo que respecta a la formación y distribución de profesionales médicos”.

El Summa 112 cuenta actualmente con 1.960 profesionales entre personal sanitario y no sanitario, que en 2024 se vieron sometidos a una enorme sobrecarga de trabajo, ya que, según explicó Muñoz Sahagún, atendieron un total de 1.120.016 llamadas a través del Centro Coordinador de Urgencias (CCU), con una media de 3.069 llamadas diarias –lo que equivale a una cada 28 segundos–.

Según desveló, el servicio movilizó 542.528 recursos asistenciales –es decir, una activación cada 58 segundos–, lo que supuso que los profesionales del Summa 112 asistieran ese mismo año a 484.482 pacientes, de los cuales 21.203 correspondieron al Centro de Urgencias Extrahospitalarias (CUE) de El Molar, también gestionado por este servicio. Además, activaron 2.611 alertas por Código Ictus, 1.245 por Infarto y 59 por sepsis. Asimismo atendieron más de 2.124 paradas cardiorrespiratorias, 10.402 accidentes de tráfico y un total de 4.342 urgencias o emergencias en las que se sospechó de posible violencia contra la mujer“, se explayó el gerente.

Un servicio que requiere inmediatez

“El Summa 112 es una institución clave dentro del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid. Su actividad asistencial refleja el enorme esfuerzo y compromiso de nuestros profesionales para garantizar una atención de calidad, eficiente y accesible a todos los ciudadanos”, aseguró el director gerente, algo que ni la portavoz de Sanidad de Más Madrid ni su homólogo del PSOE, Carlos Moreno Vinués, pusieron en duda durante sus respectivas intervenciones.

Pero lo que sí denunciaron fue ese paulatino deterioro del servicio, que, como recordó Moreno Vinués, “requiere de inmediatez ante situaciones de emergencia como el código ictus o infartos”. Sin embargo, lamentó que esa saturación que sufre el Summa haya derivado en el “deterioro en los tiempos de respuesta ante este tipo de patologías”. Por su parte, Carmona destacó el alto índice de bajas en el servicio “como consecuencia de una situación de recarga laboral de sus profesionales”.

Uno de los muchos casos que ponen en evidencia el deterioro del sistema es el de una señora de 83 años con un marcapasos recién colocado que sufrió una bradicardia de 48,5 pulsaciones por minuto. La mujer llamó al servicio de urgencias y le pasaron con un profesional de Atención Primaria que tras evaluar su caso pidió a las dos de la tarde una ambulancia de soporte vital básico urgente para trasladarla a un centro hospitalario. Según ha podido certificar esta redacción, a las seis de la tarde la directora del centro reclamó de nuevo la ambulancia porque no había llegado y al final la paciente se tuvo que ir al hospital Clínico San Carlos por sus propios medios, en el coche de su hijo. 

El director gerente, sin embargo, recalcó en su intervención que el número de reclamaciones supone un 0,027% en transporte sanitario urgente y un 0,095% en transporte sanitario no urgente. “El índice de satisfacción en el Summa 112 es de un 90% - 91%”, zanjó

La realidad es que el episodio de esta mujer de 83 años no es un caso aislado. El pasado mes de enero, Javier, un hombre de 40 años, sufrió el de una luxación del globo ocular en su domicilio de Fuenlabrada. Su pareja, Estefanía, pese a ser enfermera entró en “pánico absoluto” y llamó al 112 mientras le dejó tumbado para evitar males mayores. “Jamás había tratado un caso similar y no me atrevía a hacer nada”. Pero pasados 10 minutos de espera, muy preocupada, le hizo ella misma la primera cura de urgencia, mientras se mantuvo a la espera al teléfono con la esperanza de poder hablar con un médico para le diera pautas de actuación y saber si podía mover a Javier o si convenía mantenerle tumbado y quieto.

“Lo que yo pedía era, principalmente, que me dijesen cómo debía continuar el proceso de actuación”, relata a elDiario.es. La mujer esperó pacientemente al otro lado de la línea a que la dieran instrucciones, pero pasó el tiempo y nada. “Solo oigo la musiquita y la voz que me indica que no cuelgue que enseguida seré atendida”, cuenta. Cerca de una hora después, decidió llamar también por el móvil de su pareja al servicio de urgencias, sin colgar la otra línea. Tuvo suerte y al narrar su situación le dijeron que le pasaban con un médico. Solo entonces colgó la otra llamada.

“La doctora que me atiende me dice: 'Bonita, llévale al hospital de Fuenlabrada'”. Pero allí le dijeron que no había oftalmólogo de guardia y le recomendaron ir al hospital 12 de Octubre o al de Móstoles y es a este último al que se dirigieron por cercanía. Allí a Javier le hicieron un TAC y las pruebas pertinentes. Los profesionales que le atendieron dijeron a Estefanía que el ojo se había salvado y que su pareja recuperaría la vista gracias a su rápida actuación.

El Summa admite “una gran carga asistencial” tras una queja

Estefanía puso una reclamación por escrito contra el 112 a través del apartado “Atención al Usuario” de la página del Servicio de Salud, que es donde se centralizan todas las quejas. Diez días después recibió una carta de respuesta del Summa 112 en la que le pedían “disculpas por la impresión negativa de la asistencia recibida”, mientras lamentaron que esta no fuera “la esperada”.

Tras reconocer que el servicio sufre de “una gran carga asistencial”, aseguraron que “en estos últimos días, ha habido un pico de llamadas, tanto al teléfono 112 como al 061, que, en momentos, ha desbordado la capacidad de los reguladores del Centro de Coordinador, para poder dar respuesta en tiempo adecuado y deseado”. Situación que aseguraban que estaban “analizando para adecuar, de una forma dinámica, los recursos, tanto técnicos como de profesionales, a los picos de demanda asistencial”.

Lo que le molestó a Estefanía fue que en la carta “dieran a entender” que “colgó el teléfono”. La versión del Summa es que “salvo contingencias técnicas en la comunicación, las llamadas en ningún momento son cortadas, y que siempre y en todos los casos, finalmente, son atendidos por un médico”. “Entendemos que esto a veces o no lo explicamos bien, o por el momento emocional de ustedes no lo entienden bien, pero da lugar a que ustedes cuelguen la llamada”, le explicaron, para recomendarle después que “aun entendiendo la ansiedad del momento, les podemos asegurar firmemente y les aconsejamos, que, en la medida de lo posible, cuando solicitan ayuda al 112 o al 061, nunca cuelguen la llamada, pues, de lo que les hemos expuesto, entenderán, que lo único que se consigue con ello, es retrasar aún más la asistencia”.

“Yo no colgué. Estuve más de 53 minutos por reloj esperando a que alguien me atendiera por la primera línea. Luego llamé por otra y al lograr ya hablar con un médico fue cuando corté la otra llamada”, protesta Estefanía, que después de todo el susto pasado ha decidido pasar página y no ir más allá.

“Muchos médicos y enfermeras prefieren irse a otras comunidades”

Esta saturación del servicio la ratifica Marcos, nombre ficticio de uno de los profesionales del Summa 112 con varios años de experiencia que prefiere guardar el anonimato por temor a represalias. A su juicio, estas emergencias prestan “un gran servicio” y están integradas por “grandes profesionales”, pero “viven de las rentas”. “Lo están destruyendo poco a poco”, sentencia.

Marcos asegura que en el caso concreto del Summa se trabaja con “recursos mínimos”, lo que perjudica en la atención a los usuarios. “Los dispositivos no están completos. Falta personal, sobre todo médicos y enfermeras porque muchos se han ido a trabajar fuera de Madrid a otras Comunidades en donde encuentran mejores condiciones de trabajo”. “Es curioso –señala este profesional– que la Comunidad de Madrid que tiene muchos reclamos para muchas cosas, que tiene hospitales muy grandes y un servicio de emergencias tan potente, cada vez sea la autonomía menos preferida por los profesionales para quedarse”. Según cuenta, “en Madrid se paga poco y se trabaja mucho y mal. El mayor desaliento es dedicar mucho esfuerzo a algo que por estar mal gestionado, al final no sale bien”, dice. “Ese castigo es el que provoca que los profesionales se vayan”. Además, denuncia que “los retenes son horas extras que no se pagan. Con el mismo sueldo tienes que hacer alguna guardia extra lo que supone una forma bajada de sueldo encubierta”.

“La Comunidad de Madrid ha decidido privatizar todas las asistencias sanitarias y han empezado por la Atención Primaria, que vive una situación cada vez más precaria. Lo que no se puede atender en Primaria se deriva al resto de servicios de asistencia y al primero que le llega es al Summa y luego, por extensión, a las emergencias de hospitales. Y cuando estas se saturan, pues luego ya afecta también a los niveles más especializados de los hospitales, aumentando las listas de espera. Ese es, a mi juicio, el mayor problema de nuestro sistema”, explica este mismo profesional. Por eso le pide a Ayuso que “sea sincera”. “Si quiere cargarse el sistema público y regalárselo a la Quirón, que lo diga y lo hacemos ordenadamente”, ironiza.

Julia –nombre también ficticio de una médica madrileña de Atención Primaria–, confirma lo dicho por Luis. “El principal problema es la escasa preocupación de la Administración en cuanto a la asistencia en el primer nivel como es la Atención Primaria. Actualmente contamos con unos medios muy escasos en cuanto a personal, y estamos siempre pendientes de un hilo y en la cuerda floja en cuanto a recursos”. “El desbarate de las ambulancias es tremendo. No se puede confiar en el transporte de un paciente, que ante esa inseguridad se enfadan con nosotros, que somos la cara visible de todo eso y no sabemos qué decirles”. “La subcontratación a empresas externas ha empeorado mucho la calidad del servicio. Hay muchos menos dispositivos disponibles y lo que antes era una hora o dos horas de espera para recoger a un paciente ahora estamos ya en el doble o el triple de tiempo”, explica Julia.

A Ayuso le dice que “si de verdad se preocupa por la salud de los madrileños, que visite los centro de Atención Primaria”. “Que vea en las condiciones en las que trabajamos”.

Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez da pasos para proteger a los colectivos LGTBI, con la entrada en vigor de un protocolo de actuación que evite la discriminación de las personas trans en el ámbito laboral, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rema hacia atrás y en estos dos años de mandato ha acometido una ofensiva en toda la regla contra estos grupos, con recortes legales, eliminación de ayudas y desmantelamiento de organismos que amparaban sus derechos.

El partido de Santiago Abascal, sin embargo, quiere más y ha exigido al PP en varios parlamentos autonómicos –incluida la Asamblea de Madrid– que apoye la derogación de las normas regionales que protegen a estos colectivos.

Aunque los conservadores han rechazado llegar a tanto, en Madrid, el PP de Ayuso votaba el pasado 13 de febrero en contra de una iniciativa impulsada por Más Madrid que pretendía que las terapias de conversión para personas del colectivo LGTBIQ+ sean delito. Ayuso se unía así a Vox en el pleno de la Asamblea de Madrid para rechazar la Proposición no de Ley (PNL) argumentando que con esta medida los partidos progresistas pretenden atacar a la Iglesia, después de que la Asociación Española contra las Terapias de Conversión denunciase que siete diócesis siguen acogiendo estas prácticas.

Ahora, cuando se está a punto de cumplir dos años de la victoria por mayoría absoluta del PP tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid, la asociación para la equiparación social y legal de personas LGTBI+ migrantes y refugiadas, Arcópoli, ha querido recordar todos los recortes que ha ejecutado el Gobierno regional madrileño que preside Ayuso, a la que en un comunicado que han hecho público estos días le preguntan: “¿Por qué quiere arrebatarnos nuestros derechos?”; “¿Por qué ha decidido colocar al colectivo LGTBI+ en el punto de mira?”, y “¿Qué hemos hecho nosotros para merecer tanto desprecio?”.

Según relatan, “en los últimos años, la Comunidad de Madrid ha sido testigo de una serie de acciones políticas e institucionales que han generado una creciente preocupación entre las organizaciones defensoras de los derechos LGTBI+”. “Estas medidas, lideradas por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, y la diputada y portavoz de la Comisión de Familia y Asuntos Sociales, Mónica Lavín, parecen apuntar a una sistemática erosión de los derechos y protecciones del colectivo LGTBI+, con un énfasis particular en la comunidad trans”, lamentaban después. “¿Por qué estas tres mujeres nos odian tanto?, ”¿por qué tanto ensañamiento?“, se preguntan.

Lo cierto es que a lo largo de estos dos años la presidenta regional madrileña se ha dedicado a modificar leyes y a eliminar organismo que protegían y amparaban los derechos de los colectivos trans y LGTBI. El primer paso que dio la dirigente del PP fue la modificación de las Leyes de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, aprobadas en 2016 por el Gobierno de su antecesora, Cristina Cifuentes. Lo advirtió antes de las elecciones de aquel año ya que el primer intento para derogarla, planteado por Vox, no fructificó al decaer la iniciativa. “Tendrá que ser el PP en la siguiente legislatura quien elimine esta ley y la modifique por una más sensata”, advirtió entonces Ayuso. Dicho y hecho. En noviembre de 2023 su grupo presentó en la Asamblea de Madrid dos proposiciones de ley para reformar ambas normas.

La reforma se aprobó en diciembre. Según el preámbulo del nuevo texto la nueva normativa buscaba corregir aspectos que, a juicio del gobierno de Ayuso, “podían conculcar derechos como la libertad de expresión y de prensa, así como la presunción de inocencia”. En la ley trans, se eliminó el concepto “identidad de género”, se marcó que los menores deberán pasar por un examen de pediatras antes de recibir tratamiento y se explicitó que la atención psicológica o las valoraciones psiquiátricas no serán muestra de discriminación. En educación se eliminaron los contenidos relativos a las personas trans de los currículos.

El Gobierno de Ayuso aprovechó para eliminar también otros artículos como el que conminaba a las instituciones a visibilizar al colectivo LGTBI+ con campañas, pero también la celebración del 17 de mayo (Día internacional contra la LGTBIfobia) y la obligación de instalar la bandera arcoíris en las sedes de la Asamblea y de la Comunidad ese día. Tampoco se pusieron nunca en marcha la creación del Centro de Documentación y de Memoria Histórica LGTBI ni el Consejo LGTBI de la Comunidad de Madrid. El colectivo se vio igualmente privado de adecuar en Madrid su documentación autonómica (tarjeta sanitaria, carné de la biblioteca, tarjeta de transporte etc.…) a su identidad de género teniéndose que acoger a la ley estatal. La proposición de ley mantuvo la prohibición de las terapias de conversión excepto en el caso de las personas trans.

En Vox aseguraron que era “un gran día” a pesar de que su partido quería ir más lejos aún. La histórica activista LGTBI y diputada de Más Madrid, Carla Antonelli, fue muy dura con la bancada del PP a los que acusó de “vivir en la indigencia moral de cualquier empatía”. Antonelli aseguró que Ayuso “consuma un acto de cobardes, miserables y malas personas por la puerta de atrás”. “A escondidas se lleva adelante la aberración de la señora Ayuso”, sentenció. El Gobierno central llevó ante el Constitucional varios artículos derogados alegando que invadían “competencias estatales” y recogían normas “claramente regresivas, que limitan derechos de los ciudadanos” y la ley quedó en suspensión cautelar. El tribunal también admitió a trámite un recurso similar pero presentado por el Defensor del Pueblo.

Pero Ayuso maquilló el texto para sortear el veto del alto tribunal y volvió a llevar los recortes al Pleno de la Cámara regional que le dio el visto bueno en octubre de 2024 tras pedir su tramitación en lectura única por la vía de urgencia. Tanto la COGAM como Arcópoli consideraron que estas modificaciones representaban un “grave retroceso en materia de derechos humanos y una grave discriminación legal hacia las personas LGBTI+, y ”un giro propio de la ultraderecha más reaccionaria, un eco de aquellos que niegan la diversidad y pretenden imponer un modelo único y excluyente de sociedad“.

Otra de las decisiones del Gobierno de Ayuso que ha denunciado Arcópoli es la eliminación de subvenciones específicas para el colectivo LGTBI+. “En 2024, el gobierno de la Comunidad de Madrid decidió suprimir las convocatorias de subvenciones destinadas específicamente a organizaciones LGTBI+”, recuerdan. Esta medida fue justificada por el gobierno regional argumentando “una reestructuración y racionalización de los recursos públicos”. Sin embargo, lamentan los colectivos, “esta decisión ha generado un recorte financiero en proyectos tan necesarios como el Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia afectando directamente a la comunidad LGTBI+ en la región”.

A todo eso hay que sumar la supresión de la Subdirección General de Igualdad LGTBI del organigrama de su Gobierno. Ayuso aprovechó la reestructuración en la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales realizada en diciembre de 2024, para llevarse por delante ese departamento que velaba por la protección de personas LGTBIQ+. La maniobra normativa del Ejecutivo autonómico de Ayuso pasó por sustituir la Dirección General de Igualdad por la nueva Dirección General de la Mujer, mientras las competencias de Subdirección pasaban a la Subdirección General de Integración Social.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, afirmó entonces que “no se había dejado de asumir ninguna competencia” tras esta eliminación. No obstante, entidades como Arcópoli y COGAM manifestaron su preocupación, considerando esa acción como un “alarmante retroceso” en la protección y promoción de los derechos LGTBI+ en la comunidad.

Desde estos colectivos consideraron que “la existencia de instituciones que aborden las desigualdades y garanticen el respeto a los derechos humanos” eran “fundamentales”. Por ese motivo instaron al gobierno regional a que reconsiderara la medida, “reafirmando su compromiso con la igualdad y la diversidad”.

En el comunicado que hizo público Arcópoli la semana pasada reflexionan sobre “las motivaciones” que puede haber detrás de estas acciones del gobierno regional madrileño. “Algunos analistas sugieren que podrían estar influenciadas por corrientes ideológicas ultraconservadoras que buscan revertir avances en derechos sociales obtenidos en décadas recientes. Otros apuntan a posibles estrategias políticas para satisfacer a sectores específicos del electorado que se oponen a las políticas de igualdad y diversidad”, apuntan. 

La asociación vuelve a hacer un llamamiento a las autoridades regionales “para que reconsideren estas decisiones y trabajen en pro de una sociedad inclusiva, donde los derechos de todas las personas sean respetados y protegidos, sin importar su orientación sexual o identidad de género”. “No pedimos privilegios, solo igualdad. No exigimos favores, solo respeto”, zanjan en su comunicado.

El seguidismo incondicional de Santiago Abascal a las decisiones que está tomando Donald Trump en política exterior y su falta de empatía hacia cualquier discrepancia interna han logrado abrir serias grietas en Vox, un partido acostumbrado a rendir culto al líder. A Abascal no solo le está creciendo una corriente crítica interna, sino que está viendo cómo algunos de sus más fieles colaboradores se están atreviendo a llevarle la contraria, criticando sin tapujos a su idolatrado presidente de EEUU.

El martes el general de brigada de Infantería, retirado, Agustín Rosety, uno de los fichajes estrella de Abascal para las elecciones de 2019 –en las que el partido de extrema derecha consiguió entrar por primera vez en el Congreso–, anunció a sus más allegados que abandonaba Vox precisamente por no estar de acuerdo con el rumbo de la política internacional que había adoptado la dirección. El militar llevaba días lanzando duras críticas en la red social X a Abascal por el seguidismo a Trump en todas sus decisiones pese a ser contrarias a lo que el partido había defendido hasta entonces. Muchas de esas ideas chocan incluso con la defensa de los intereses de España, como es el caso de la imposición de aranceles que va a entrar en vigor.

Rosety aseguró que Abascal se había convertido en el “lamebotas de Trump” tras alinearse este con Putin en la guerra de Ucrania, país al que su antecesor, Joe Biden, regó con millones para que pudiera defenderse de la invasión rusa. “Ser un patriota no es ser un lamebotas de Trump y aplaudir acríticamente todo lo que dice y hace”, le soltó el militar, que sufrió por ello numerosos insultos y ataques de cuentas de X afines a Vox, mientras otros compañeros de filas le respaldaban y lamentaban su marcha, e incluso le despedían con honores. Entre estos últimos estuvo el exdiputado Víctor González Coello de Portugal, que fue el que alertó de su baja , dando a entender que estaba de acuerdo con el militar. También lo apoyaron parlamentarios depurados como Víctor Sánchez del Real y Rubén Mansó.

Como Rosety, otros dirigentes de la formación de extrema derecha se han atrevido estos días a manifestar su desacuerdo con algunas manifestaciones y posicionamientos del presidente estadounidense, pese a tener de él una alta consideración como político. Eurodiputados como Hermann Tertsch o Juan Carlos Girauta han alzado la voz contra Trump por llamar “dictador” al presidente ucraniano Volodimir Zelenski. En un post que luego intentó matizar, Tertsch aseguró que ese ataque a Zelenski era “el primer gran borrón del presidente Trump” y una “innecesaria diatriba” contra el presidente ucraniano.

Su compañero Girauta se apresuró a respaldar el mensaje de Tertsch, asegurando además que quienes “pierdan de vista” que Putin “es el agresor” y el “pueblo ucraniano, el agredido”, se “equivocarán”.

El último en sacar los pies del tiesto ha sido Javier Ortega Smith, actual portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, que fue uno de los fundadores del partido. El diputado y concejal madrileño, que ya en anteriores ocasiones no ha ocultado su malestar con la cúpula del partido de la que él fue vicepresidente, concedió este miércoles una entrevista a Onda Madrid en la que reconoció que se ha “sentido traicionado y engañado por Vox” en diferentes momentos. El dirigente madrileño se desmarcó después de la línea que ha impuesto Abascal de adoración a todo lo que hace Trump. “Si Trump decide imponerle a España unos aranceles que hacen daño a la economía, no podemos estar de acuerdo; si decide darle la espalda a un país europeo como es Ucrania, repartir sus fronteras y llegar a supuestos acuerdos de paz sin tener en cuenta a la nación agredida, no podemos estar de acuerdo”. Para que nadie pensara que se había cambiado de bando Ortega Smith aclaró que seguía en contra del “globalismo woke”, pero insistiendo en que “no se deben comprar todas las políticas de Trump”, ni se debe “perder la libertad para criticar lo que perjudique a España”.

Mientras tanto, desde la dirección nacional tuvieron que salir al paso para negar tajantemente que el partido se haya entregado a Putin, como también les acusan la Fundación FAES de José María Aznar y el PP. El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, cargó el pasado lunes tanto contra la fundación como contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por acusarles de estar “respaldando” al presidente ruso. FAES acababa de publicar un comunicado en el que criticaba a Vox tras la participación de Abascal en la convención trumpista en Washington asegurando que se había sumado a la “quinta columna del Putin club”. El texto también criticaba la adhesión de Vox a una “Internacional nacionalista” al respaldar políticas como los aranceles contra productos españoles. Por su parte, Feijóo reprochó a Abascal que le diga a Trump “a todo que sí”. A juicio del gallego, se pueden defender los intereses de España y mantener una postura “equilibrada” en las relaciones internacionales “sin caer en la ”sumisión“, como cree que hace Vox.

Fúster quiso insistir. “Es falso que Vox se ha entregado a Putin, fuimos los primeros en denunciar la invasión inmoral e ilegítima de Rusia a Ucrania”, protestó, desde la sede del partido. “Los que han abandonado a Ucrania son PP y PSOE, que le dieron poder a Putin para invadir a Ucrania a base de comprarle gas”, añadió, mientras Abascal seguía pavoneándose de su reciente viaje a Washington en donde asistió a la cumbre trumpista de extrema derecha. En ella, además de entrevistarse y lograr una foto con el magnate Elon Musk para buscar su apoyo -y posiblemente también su futura financiación para sus campañas-, Abascal se cuidó mucho de pronunciarse en contra del mandatario estadounidense, al que venera e idolatra. Más aún después de que le mencionara en su discurso para agradecerle su trabajo en España pese a no supo pronunciar bien su apellido y le llamó “Santiago Obescal”.

A todo esto hay que unir el descontento interno que hay contra la dirección nacional por las últimas expulsiones de cargos que han osado reclamar “más democracia interna” y la vuelta “los principios fundacionales de Vox”. Ese descontento, que sigue creciendo, se ha traducido en la articulación de un movimiento crítico cuyos promotores se dieron cita el pasado fin de semana en un hotel de Madrid. 

Los congregados firmaron un manifiesto –la Declaración de Barajas– que han adjuntado a una carta enviada el pasado martes a Abascal en la que le piden una reunión para exponerles sus quejas porque creen que hay un grupo de dirigentes que, con su complacencia, “han secuestrado al partido”. En la carta, le exigen la “refundación” de Vox así como que rinda cuentas por algunas de sus más recientes decisiones, como romper los acuerdos de gobierno con el PP. Además, creen que el partido debe recuperar las primarias para elegir a todos sus cargos y a los cabezas de lista de todas las elecciones que la dirección de Vox suprimió definitivamente en 2020 por medio de cambios estatutarios.

Los críticos también reprochan a Abascal que haya impulsado en el Parlamento Europeo el grupo Patriots con el húngaro Viktor Orbán, que se ha declarado afín a Putin, en lugar de permanecer en ECR, el partido de los reformistas y conservadores que lidera Giorgia Meloni, otro de los motivos que llevaron al militar Rosety a abandonar Vox.