A principios de año el Centro de Investigaciones Sociológicas hizo públicos los datos de una encuesta de gran interés. Se trata del estudio 3501 sobre “relaciones sexuales y de pareja”. Se trata de un estudio muy relevante porque incluye preguntas de gran importancia para la vida, pero que suelen hacerse muy poco a menudo en las encuestas por ser delicadas, como la orientación sexual, el número de parejas que se han tenido o la percepción de la infidelidad.

Uno de los resultados que llama más la atención de este estudio es el porcentaje de personas jóvenes que se identifican como bisexuales (gráfico 1). Entre las personas de 40 años o más, apenas un 3% se ubican en esa categoría. En cambio, entre las cohortes más jóvenes, cuanto menor es la edad, mayor es la proporción de personas con esta orientación. De hecho, 1 de cada 5 personas de 25 años o menos se autodefine como bisexual.

El gráfico anterior, no obstante, oculta un aspecto clave. La relación entre juventud y orientación bisexual se debe casi exclusivamente a las mujeres (gráfico 2). De 40 años para abajo, el porcentaje de mujeres con esta orientación es mayor cuanto menor es la edad, e incluye a 4 de cada 10 mujeres entre las que tienen entre 18 y 21 años. Entre los hombres, en cambio, la proporción aumenta solo muy ligeramente, y no supera el 6 de cada 100 entre los más jóvenes. Es importante identificar que esta divergencia entre grupos de género desaparece entre las personas de mediana edad y mayores. Entre las personas que superan los 40, el porcentaje que se define como bisexual es pequeño en ambos grupos –no más del 4%--, y es bastante estable en relación con la edad.

Esta tendencia tan marcada en la identificación como bisexual no tiene un reflejo paralelo en la identificación como gay o lesbiana (gráfico 3). La proporción que se considera homosexual no es mayor entre los más jóvenes y, lo más crucial, no es mayor entre mujeres. De hecho, observamos que, para todos los grupos de edad, la proporción de hombres que se autoidentifican como gays es mayor que la de mujeres lesbianas. Asimismo, se puede observar que el porcentaje de personas que se identifican como gay o lesbiana es bastante limitado, no alcanza el 5% entre mujeres ni el 10% entre hombres.

El aumento tan fuerte y rápido entre las mujeres más jóvenes que se consideran bisexuales –sin cambio concomitante en la identificación como lesbiana- plantea preguntas muy relevantes, tanto sobre el origen de este cambio como a la hora de estudiar las consecuencias que puede tener para los vínculos sexoafectivos. Resolver estas preguntas con suficiente solvencia desborda con mucho el propósito de este artículo. En lo que resta me limitaré a enunciar una lista ni exhaustiva ni mutuamente excluyente de posibles explicaciones a este patrón empírico tan llamativo y aprovecharé también para explorar de manera muy preliminar una de estas explicaciones.

Un primer tipo de explicaciones pueden ser aquellas que ponen el foco no tanto en cambios en la orientación sexual de fondo sino en cómo esas preferencias se manifiestan en categorías identitarias. Podría ser, por ejemplo, que la orientación bisexual sea similar entre cohortes de edad, pero que solo las más jóvenes reflejen esa preferencia en términos identitarios. Esto, a su vez, podría ser porque identificarse como bisexual les resulta más aceptable socialmente que a las mujeres más mayores o porque han tenido más libertad para explorar y tener experiencias sexuales más diversas y eso cambia su autopercepción. También podría ocurrir que la categoría bisexual sea más aceptable socialmente que la de lesbiana y que, por tanto, actúe como categoría refugio para mujeres que en realidad se sienten mucho más atraídas por mujeres que por hombres. Ahora bien, eso podría ayudar a explicar el patrón del gráfico 2 solo si la percepción de bisexualidad como categoría refugio ocurre únicamente entre mujeres menores de 40 años.

Una segunda familia de explicaciones sería aquella que plantea que la orientación sexual de las mujeres más jóvenes es realmente distinta de las de mediana edad y mayores. Sobre esto pueden plantearse multitud de posibles argumentos. Aquí solo abordaré –y de manera superficial- uno de estos posibles argumentos. Este hipotetiza que el mejor desempeño educativo de las mujeres jóvenes en comparación con sus coetáneos varones, unido a la hipergamia en la selección de pareja, puede estar contribuyendo a un cambio de fondo en las preferencias sexuales. Así, mujeres que alcanzan un nivel educativo alto en mayor proporción que los varones y que prefieren emparejarse con personas de nivel sociocultural elevado encuentran muchas más mujeres “interesantes”.

¿En qué medida es esta hipótesis compatible con los datos mostrados anteriormente? La hipergamia en las mujeres -la preferencia por parejas de nivel socioeconómico alto- no es un fenómeno nuevo. Está documentado desde hace décadas[1]. Lo que es novedoso es la reversión en la brecha educativa de género. Si hace no tanto los hombres alcanzaban niveles educativos formales superiores a las mujeres, ahora ocurre lo contrario: Entre las cohortes más jóvenes, las mujeres superan a los hombres en resultados educativos y son mayoría en los estudios superiores.

Si la hipergamia en las mujeres se mantiene en un contexto en que ellas obtienen un mayor éxito educativo y cultural que los hombres, eso crea un problema de oferta de hombres atractivos, es decir, de hombres percibidos como buenos candidatos con los que formar pareja. En paralelo aumenta la proporción de mujeres con nivel educativo alto y plena autonomía económica. Una posible consecuencia de todo ello sería un cambio en la orientación sexual de las mujeres, con un menor interés por los hombres y una mayor disposición a formar parejas con otras mujeres.

Si esta hipótesis fuese cierta, deberíamos observar que la propensión a identificarse como bisexual es mayor entre mujeres con estudios superiores y/o de clases acomodadas, ya que sería este perfil de mujer el que tendría más dificultades para encontrar hombres de nivel socioeducativo igual o superior. Como evaluación preliminar de esta predicción empírica, los gráficos siguientes examinan si tener estudios superiores o declararse de clase media-alta o alta influye en la identificación como bisexual (gráficos 4 y 5).

Ambos gráficos muestran que no existe relación entre el nivel de estudios o la clase social subjetiva de las mujeres y su probabilidad de clasificarse como bisexuales. La variable clave sigue siendo la edad, pero entre mujeres jóvenes no hay diferencias entre aquellas con estudios superiores o sin ellos, ni tampoco en función de la clase social subjetiva. La asociación entre juventud y orientación sexual parece ser, pues, un fenómeno transversal.

Este análisis, en todo caso, es muy preliminar y no hace justicia a la importancia del fenómeno empírico que emerge del estudio del CIS. Futuras entradas en Piedras de Papel y trabajos científicos abordarán esta cuestión con mayor profundidad y, espero, con datos comparados entre países. En todo caso, permanezcan atentas/os porque se trata de un fenómeno fascinante y sin precedentes.

[1] Una referencia académica relevante es Lichter et al. (2020). “Mismatches in the Marriage Market”, Journal of Marriage and Family. https://doi.org/10.1111/jomf.12603

En los últimos dos años se está planteando un debate muy vivo acerca de si existe una divergencia creciente en las preferencias ideológicas entre hombres y mujeres. Sobre esta cuestión han llamado la atención medios de comunicación de primer nivel internacional como el Financial Times en dos artículos recientes.  En España también han aparecido varios artículos que abordan esta cuestión, incluyendo un análisis realizado por Ana Requena Aguilar en El Diario. El aspecto más llamativo que se ha puesto encima de la mesa se refiere a la asimetría en el patrón de voto de hombres y mujeres, particularmente entre los más jóvenes. Así, por ejemplo, en las últimas elecciones federales de Alemania se pudo comprobar cómo el partido más votado entre los hombres jóvenes era Alternativa por Alemania, de extrema derecha, mientras que las mujeres jóvenes optaban en mucha mayor medida por Die Linke, el partido más a la izquierda de todo el espectro ideológico.[3]

Patrones como este son intrigantes e invitan a un análisis más detallado. Sobre todo, para dilucidar si esta posible brecha ideológica en relación con el género es de nuevo cuño o si ya existía anteriormente. Dicho de otro modo, es preciso poner perspectiva temporal. 

Para ello, en este artículo presento cómo se han ubicado ideológicamente los hombres y las mujeres en España desde 1986 hasta hoy. Esto es posible gracias a los datos del barómetro mensual que realiza el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El barómetro incluye una pregunta sobre ubicación ideológica, medida en una escala izquierda derecha donde el 1 representa la posición más escorada a la izquierda y el 10 la posición más a la derecha. Asimismo, dispone de información sobre el sexo de la persona entrevistada y sobre su edad en el momento de hacer la entrevista. A partir de estos datos, el gráfico 1 muestra cómo ha evolucionado la ubicación media en la escala izquierda-derecha entre hombres y entre mujeres en los últimos cuarenta años.

Las tendencias que refleja este primer gráfico son reveladoras. El primer punto clave es que la relación entre las preferencias ideológicas de mujeres y hombres se ha revertido. Si en los años 80 y 90 las mujeres se ubicaban, en media, más a la derecha que los hombres, desde la pandemia esto ya no es así: hoy en día los hombres, en media, eligen posiciones más conservadoras que ellas. Esto se ha producido primero con un proceso hacia la convergencia que se inicia a mediados de los años 90 y que culmina hacia 2007, en el que la ubicación media de hombres y mujeres es prácticamente la misma. En la década siguiente, la autoubicación se mueve de la mano para ambos grupos. Es a partir de 2017, aproximadamente, cuando se abre una brecha en las preferencias. La ideología media de los hombres evoluciona hacia posiciones más conservadoras mientras que las preferencias de las mujeres se mantienen bastante estables. 

Una segunda consideración clave que se extrae de la evidencia del gráfico es la siguiente: Si hasta hace unos años las posiciones de hombres y mujeres evolucionaban más o menos en paralelo, esto ha dejado de ser así. Así, podemos ver que desde mediados de los ochenta hasta el año 2000 hubo una tendencia hacia la derecha de ambos grupos. Desde entonces y hasta 2006 (aproximadamente), hubo una corrección hacia la izquierda. En los cinco años siguientes se produjo una evolución clara hacia posiciones conservadoras. El proceso opuesto se produjo entre 2011 y 2016: una inclinación hacia posiciones más de izquierdas tanto entre mujeres como entre hombres. Lo novedoso es lo que se está produciendo en la última década: mientras que la posición de las mujeres se mantiene más o menos estable, los hombres han transitado hacia posiciones más hacia la derecha. Esta divergencia en las tendencias respectivas es lo que ha dado lugar a la brecha ideológica entre ambos grupos.

El tercer aspecto clave a tener en cuenta es que, a pesar de esta tendencia hacia posiciones conservadoras de los hombres, la ubicación media de ambos grupos es ligeramente de centro-izquierda. En una escala de 1 a 10, el centro viene representado por la posición 5,5. Así pues, el gráfico muestra cómo la ubicación media de ambos grupos es de centro-izquierda a lo largo de todo el periodo.

El gráfico anterior mostraba la evolución para el conjunto de hombres y mujeres, sin distinguir por edad. No obstante, en los debates recientes se plantea que la brecha ideológica pueda ser un fenómeno exclusivo de los jóvenes, no de personas de más edad. El gráfico 2 permite comprobar si este es el caso. Compara la ubicación ideológica media de hombres y mujeres a lo largo del tiempo, distinguiendo entre franjas de edad. Las franjas de edad definidas son: (a) 18-25 años, (b) 26-35 años, (c) 36-45, (d) 46-55, (e) 56-65 y (f) más de 65. Estos grupos, téngase en cuenta, reflejan la edad en el momento de realizar la entrevista.

Este gráfico ofrece algunas conclusiones claras. Refleja que ha surgido una brecha ideológica de género en los últimos años, pero que ésta se expresa principalmente entre las cohortes de menor edad. La brecha parece nítida entre los menos de 26 años, donde desde 2017 aproximadamente los hombres jóvenes se ubican cada vez en posiciones más a la derecha, mientras que las jóvenes se han mantenido aproximadamente estables. A una conclusión similar llegaba el editor de este blog, Luis Miller, en un artículo reciente, aunque en su caso argumentaba que entre mujeres había también un viraje desde la izquierda hacia el centro, algo que en este gráfico no aparece con claridad. 

La brecha de género en ideología también aparece, aunque en mucho menor grado, entre las personas que tienen de 26 a 35 y de 36 a 45. La brecha es inexistente, en cambio, entre personas de edad superior. En esas franjas lo que se observa es una convergencia entre hombres y mujeres que no se ha roto en los últimos años.

En conclusión, se está produciendo una brecha ideológica de género creciente. Esta brecha se expresa entre las generaciones más jóvenes, pero no entre las personas de mayor edad. ¿A qué se debe este cambio? ¿Por qué antes la ideología de hombres y mujeres evolucionaba más o menos en paralelo y esto ahora ya no ocurre así, sino que divergen (entre los jóvenes)? Existen múltiples posibles explicaciones. En un episodio reciente de un podcast, el profesor Pablo Simón ofrece algunas posibles explicaciones. En todo caso, se trata de una cuestión compleja que está siendo abordada desde varios ángulos en las ciencias sociales. Desde Piedras de Papel seguiremos indagando y trayendo análisis al respecto.

[1] Los artículos pueden consultarse aquí y aquí.

[2] Uno de estos textos está publicado en La Vanguardia y otro, aún más completo, en Público.

[3] Fuente: Al Jazeera.

La Comunidad de Madrid es un lugar de profundos contrastes. Por un lado, es la comunidad autónoma con una mayor renta per cápita de toda España, por encima de País Vasco, Navarra, y con amplio margen con Cataluña. Muestra, además, una gran pujanza, atrayendo capitales internacionales y residentes de gran poder adquisitivo. Según datos de la AIREF, la economía de la Comunidad de Madrid lleva creciendo por encima de la media española ininterrumpidamente desde el primer trimestre de 2022.

Cabe señalar también que la capacidad de atraer turistas alcanzó el año pasado máximos históricos, superando incluso los niveles pre-pandemia. El volumen de turismo en 2023 fue un tercio superior al de 2022 y esta tasa de aumento es mucho más elevada que la de CCAA como Andalucía, Baleares, o Cataluña, algunas de las más exitosas en este sector. En un sentido similar, la población de la ciudad de Madrid ha aumentado en más de 100 mil personas durante el año 2023, un aumento de casi un 4%. Al mismo tiempo abren cada poco tiempo nuevas universidades privadas en la región.

Por otro lado, la región está expuesta a tensiones importantes. Según fuentes del Ministerio de Sanidad mencionadas en un artículo de este medio de hace unos meses, el número de personas en lista de espera sanitaria ha aumentado en casi medio millón desde 2021, en particular el número de personas que esperan citas con un médico de primaria o especialista. Por su parte, la tasa de escolarización en centros públicos es la más baja del país, solo un 55%, mientras la escolarización en centros privados puros es la más alta (un 15%), según datos del Ministerio de Educación discutidos aquí. El coste de la vivienda es otro factor que introduce tensiones sociales y problemas de desigualdad crecientes: Según el portal Idealista, el precio medio del metro cuadrado de la vivienda en venta ha aumentado en 700 euros en apenas un año. Es decir, un piso de 100 m2 ha incrementado su precio, en media, en 70.000 euros en apenas 12 meses. En términos de alquiler, el precio del metro cuadrado ha aumentado un 15% en ese mismo periodo.

Pero ¿qué piensan los residentes en Madrid?, ¿qué percepción tienen de la situación? Para empezar a responder a esta pregunta podemos acudir al estudio del European Quality of Government. Se trata de un estudio gestionado por el Quality of Government Institute de la Universidad de Gotemburgo. Este estudio realiza una encuesta distribuida a muestras representativas de residentes de todas las regiones de los 27 países de la UE, y lo hace aproximadamente cada 3-4 años. En la Comunidad de Madrid, el número de personas entrevistadas es de al menos 600 en cada una de las rondas del estudio. La encuesta busca capturar las percepciones y las experiencias de la ciudadanía respecto a la calidad, la imparcialidad y la corrupción en tres áreas clave: sanidad, educación, y seguridad ciudadana. Para cada una de las dimensiones –calidad, imparcialidad y corrupción– el estudio proporciona un índice, donde 0 indica la media europea y valores positivos indican mejores percepciones. Asimismo, proporciona un índice global de calidad de gobierno percibida.

El gráfico 1 muestra la evolución del índice global de calidad de gobierno percibida entre los residentes de Madrid en comparación con el resto de las comunidades autónomas en el periodo 2010-2024. Como se puede ver a la derecha del gráfico, según el estudio más reciente (de principios de 2024), la percepción de calidad de gobierno en la Comunidad de Madrid es la segunda más alta de toda España, solo por detrás de Cantabria. El valor del índice global de calidad está, además, por encima de 0 lo cual implica que está por encima de la media de los 27 de la UE. En términos de tendencia, el índice global ha mejorado sustancialmente entre 2021 y 2024. Si en 2021 (o en 2017), la Comunidad de Madrid estaba por debajo de la media europea, ahora se encuentra entre el 40% de regiones con mejor puntuación.

Esta percepción global de calidad de gobierno, ¿cómo se expresa en las dimensiones más específicas que contempla el estudio, es decir, imparcialidad, corrupción, y calidad de servicios? El gráfico 2 aporta respuestas a esa pregunta. En primer lugar, muestra cómo la percepción en la Comunidad de Madrid ha mejorado claramente entre 2021 y 2024 para las tres dimensiones. Esto es particularmente cierto en relación con la imparcialidad y la corrupción percibidas. Efectivamente, las opiniones en el estudio más reciente son mucho más positivas que en las de 2021 y 2017. Incluso la percepción de calidad de los servicios, que ya eran relativamente positiva en estudios previos, ha mejorado en la última medición.

¿Cómo podemos explicar estos patrones? No es fácil hacerlo sin un análisis muy fino de los datos y sin realizar entrevistas cualitativas, lo cual excede el propósito de este post. No obstante, es posible señalar algunas cuestiones. Es importante precisar que las percepciones de la ciudadanía madrileña sobre imparcialidad y corrupción están medidas antes de que saltasen los escándalos como el de la pareja de Isabel Díaz Ayuso o el caso Koldo, ambos relacionados –al menos en parte– con la adquisición de material sanitario durante la pandemia.

En segundo lugar, merece la pena examinar hasta qué punto las percepciones sobre calidad en los servicios son similares si se trata de la sanidad, la educación, o la seguridad ciudadana. Esto lo abordo en el siguiente gráfico 3. El gráfico muestra la puntuación media dada entre los residentes de cada comunidad autónoma a los servicios de sanidad, educación y policía. La puntuación mínima es un 1 y la máxima es un 10. Como puede reconocerse en el gráfico, los encuestados en Madrid tienen una opinión muy positiva de la calidad del servicio de policía y también de la situación de la sanidad, claramente por encima de la mayoría del resto de las comunidades autónomas. Esto no ocurre igualmente respecto a la educación, donde la puntuación media es más baja, aunque incluso en este caso no está por debajo de la mediana de las comunidades. Podemos así concluir que, en general, existe un grado de satisfacción entre moderado y alto respecto a la calidad de los servicios de salud, seguridad y educación.

Así pues, a pesar de que existen indicadores negativos respecto a los servicios públicos de educación y sanidad públicos de la Comunidad de Madrid, la ciudadanía sigue teniendo una opinión positiva sobre la situación de estos servicios –al menos en promedio–. Lo que sin duda ayuda a explicar por qué el Partido Popular lleva liderando los gobiernos regionales desde hace ya tres décadas. 

Existe un discurso social ampliamente difundido que sostiene que el cambio climático es una cosa que preocupa fundamentalmente a gente de ciudad, y especialmente a las personas de cierto nivel cultural de esas urbes. Según este argumento, serían los “progresistas de ciudad” los que tendrían una mayor sensibilidad a los llamados a tomar acción frente al cambio climático. Este discurso tiene una visión en general negativa de la población urbana sensible al calentamiento global. En su estructura discursiva contiene elementos populistas, pues plantea una dicotomía entre una élite urbana y un pueblo rural. Esa élite urbana, dice el argumento, es frívola y está alejada de la realidad, pues se trata de personas que tienen menos contacto directo con la naturaleza y con las supuestas consecuencias del cambio climático.

Hay algunas indicaciones que, efectivamente, sugieren que la sensibilidad por el cambio climático tal vez sea mayor entre las personas que viven en ciudades. Las prácticas de “consumo responsable” que evitan productos cárnicos, o el uso de envases de plástico -entre otras-, tienden a tener más visibilidad en las ciudades. Asimismo, los partidos ecologistas europeos suelen recibir una mayor tasa de apoyo electoral en distritos urbanos que en distritos rurales. Las protestas que reclaman medidas ambiciosas contra las emisiones de carbono -como Extinction Rebellion o Fridays for Future- suelen celebrarse en ciudades. Una de las líderes del segundo movimiento, Greta Thurnberg, nació en una ciudad -Estocolmo- y es hija de padres con profesiones claramente urbanas, como cantante de ópera y actor. Por último, las iniciativas que promueven limitar el uso del coche y el avión y favorecer otras modalidades como trenes, autobuses, o la bicicleta aparecen con mayor frecuencia en ciudades que en pueblos.

No obstante, se puede también plantear un argumento contrario al anterior. Podría ser que las personas que viven en zonas rurales sean las más receptivas a los mensajes que alertan del cambio climático. No en vano las consecuencias del calentamiento global son especialmente manifiestas en el campo, en las actividades agrícolas: olas de calor inusualmente tempranas que agostan las cosechas antes de tiempo, mayor número de eventos climáticos extremos como heladas o granizos a destiempo que arruinan los frutales, o sequías profundas como las que está padeciendo ahora el levante y el noreste de España. Esta mayor exposición a los efectos directos del cambio climático pudiera hacer que sean las personas más vinculadas al campo las que estén más alarmadas.

Para dilucidar si hay diferencias entre zonas urbanas y rurales en la percepción del cambio climático, acudo aquí a datos de opinión pública recogidos por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) desde 2022 hasta hoy. Esta institución viene incluyendo en la mayor parte de sus barómetros de opinión del periodo reciente una pregunta que reza así: “¿Diría Ud. que en estos momentos el cambio climático le preocupa mucho, bastante, poco o nada?”

Utilizando además información sobre el tamaño poblacional del municipio de cada persona entrevistada, he calculado la proporción de personas que declaran “mucha” y “poca” preocupación en cada uno de los barómetros, distinguiendo además entre personas entrevistadas que viven en municipios grandes -de más de 50 mil habitantes- y personas en municipios pequeños -de menos de 50 mil habitantes-. De este modo se puede ver si la distribución de respuestas a la pregunta es sistemáticamente diferente entre zonas urbanas y zonas rurales.

El gráfico 1, a continuación, muestra la evolución de la proporción de personas que declaran ‘mucha preocupación’ por el cambio climático, distinguiendo entre personas en zonas urbanas y rurales. La evolución temporal cubre el periodo entre noviembre de 2022 y abril de 2024. Como se puede observar, no hay diferencia reseñable en cómo ha evolucionado la preocupación por el cambio climático entre aquellos que viven en ciudades -línea azul claro- y aquellos que viven en localidades pequeñas -línea azul oscuro-. Ambas curvas parecen evolucionar solapadas durante todo el periodo[1], oscilando entre un 30% y un 43% de personas con mucha preocupación en ambos entornos.

Fuente: Barómetros del CIS. Estudios: 3384, 3388, 3390, 3395, 3398, 3420, 3423, 3427, 3431, 3435, 3441,3445 y 3450. El gráfico es de elaboración propia.

El siguiente gráfico, gráfico 2, muestra datos del mismo periodo, pero en este caso referidos a la proporción de personas con ‘poca preocupación’ por el calentamiento global. Aquí también la línea azul oscura indica la opinión de quienes residen en localidades pequeñas y la azul clara de quienes residen en ciudades. Nuevamente vemos que la trayectoria de ambas series de opinión corre bastante en paralelo. No aparece evidencia de una mayor preocupación en las ciudades. Más bien al contrario: las personas que viven en ciudades tienden a decir con mayor probabilidad que estás poco preocupadas. Así, mientras la proporción de personas poco preocupadas en las ciudades oscila entre un 12% y un 19%, en las localidades menos pobladas el rango se mueve entre un 11% y un 16%.

Fuente: Barómetros del CIS. Estudios: 3384, 3388, 3390, 3395, 3398, 3420, 3423, 3427, 3431, 3435, 3441,3445 y 3450. El gráfico es de elaboración propia.

Un elemento clave a tener en cuenta en estos datos de opinión es que no parece haber un efecto de las protestas del sector primario de los meses pasados con motivo -entre otros- de las regulaciones que el Green New Deal europeo pretendía establecer con el objeto de favorecer la biodiversidad y reducir las emisiones de carbono. Es cierto que puede haber habido un pequeño descenso en la proporción de personas ‘muy preocupadas’ desde enero -aproximadamente cuando iniciaron las protestas- hasta hoy, pero ese pequeño descenso no parece distinto entre ciudades y zonas rurales.

Hasta ahora hemos podido ver la evolución de la opinión pública sin distinguir entre hombres y mujeres. Si bien la tendencia agregada es similar entre ciudades y pequeñas localidades, podrían emerger diferencias una vez distinguimos en función del sexo de la persona entrevistada. El gráfico 3 plantea ese ejercicio exploratorio. La parte izquierda del gráfico muestra la proporción de hombres que declaran mucha preocupación, distinguiendo si residen en municipios de menos de 50 mil habitantes o de más. La parte derecha del gráfico hace lo propio, pero para las mujeres entrevistadas.

Fuente: Barómetros del CIS. Estudios: 3384, 3388, 3390, 3395, 3398, 3420, 3423, 3427, 3431, 3435, 3441,3445 y 3450. El gráfico es de elaboración propia.

El gráfico muestra que las mujeres tienden a estar más preocupadas por el calentamiento global que los hombres. Esto aparece así en todos los momentos temporales para los que hay datos. La proporción de mujeres muy preocupadas oscila entre un 33% y un 49%. Entre los hombres el rango va del 26% al 41%. Aun así, de nuevo encontramos que no hay diferencias sustanciales en función del municipio de residencia. Ni los hombres ni las mujeres de las ciudades muestran un preocupación sistemáticamente mayor que sus homólogos en localidades más pequeñas.

En conclusión, podemos observar cómo no hay ningún indicador que sugiera que en la población urbana haya una mayor preocupación por el cambio climático. Los niveles generales de preocupación son altos, pero no son menores entre las personas que viven en localidades pequeñas. Más bien al revés: La proporción de personas poco preocupadas es algo mayor en las ciudades. Asimismo, no se observa un efecto discernible de las protestas del campo contra la política agrícola europea. Finalmente, tampoco encontramos diferencias en función del tamaño poblacional una vez distinguimos las respuestas dadas por hombres y por mujeres, aunque éstas parecen más preocupadas que los hombres en ambos entornos.

La preocupación por el cambio climático no es, pues, exclusiva de los urbanitas. Ahora bien, puede que dicha preocupación -o la ausencia de ella- se manifieste de manera muy diferente. Si en las ciudades la preocupación se puede expresar por medio de protestas contra la inacción gubernamental en esta materia, o en cambios en los patrones de consumo y movilidad, en las localidades pequeñas se puede manifestar como demandas activas para que los gobiernos protejan al sector primario de los riesgos que comporta el cambio climático.

[1] La ausencia de diferencias significativas entre campo y ciudad se refleja también si tomamos como punto de corte otro nivel de población: 10 mil habitantes en lugar de 50 mil.

España es un país polarizado, donde cada vez más cuestiones culturales están politizadas. Sin embargo, parece que algunas preferencias gastronómicas aún no están influídas por la ideología de cada uno.

Tenemos “la política hasta en la sopa”. Efectivamente, vivimos tiempos de una amplia cobertura mediática, sobre todo de la actualidad política del día a día. Las declaraciones de unas y de otros, los gestos simbólicos, los relatos, todo ello amplificado y discutido en tertulias y otros programas, incluso de entretenimiento. Tal vez por eso las encuestas de opinión empiezan a capturar un aumento del cinismo y del cansancio de la población con la política.

Al mismo tiempo, se puede observar una tendencia hacia la politización de temas nuevos, especialmente los culturales. Si tradicionalmente el conflicto político en España se planteaba en términos económicos (impuestos, servicios públicos) o en términos de tensiones entre centro y periferia, ahora el debate político se ha extendido a muchas cuestiones del día a día: el tipo de medio de transporte que se utiliza, el tipo de ocio que se consume, los tipos de pareja que se forman, y tantas otras cuestiones de las que previamente no se discutía apenas, al no como temas de relevancia política.

La extensión del ámbito de batalla político plantea preguntas muy relevantes. Una de ellas, quizá no las más palpitante pero sí al menos una sugerente se refiere a la medida en que la creciente polarización cultural afecta a nuestros gustos gastronómicos. A continuación, voy a mostrar que esto no parece ser así, al menos para algunos platos fundamentales de la cocina española. Para ello, voy a emplear datos de un estudio reciente del Centro de Investigaciones Sociológicas (estudio 3419). Este estudio ha tenido bastante repercusión social, sobre todo porque incluye preguntas inéditas sobre la preferencia de la ciudadanía española acerca de la tortilla de patata, uno de los platos característicos de la gastronomía patria. De hecho, Toño Fraguas en este mismo periódico resumía algunos de los resultados del estudio.  

De los datos recopilados por el CIS se desprende que los gustos por la tortilla de patata no están politizados, al menos de momento. Si examinamos las preferencias por cómo cocinar la tortilla en función de la ideología de cada cual, vemos que los gustos no cambian según seamos de derechas o de izquierdas. El gráfico 1 muestra que la cebolla es un ingrediente fundamental para una amplia mayoría de personas, ya sean éstas de extrema izquierda o de extrema derecha. La preferencia por incluirla en la receta oscila entre un 66% y un 75%, y no se aprecia ninguna tendencia clara en función de la ideología.

La tortilla de patata también genera consenso político respecto a cómo cocinarla. Una mayoría de personas la prefieren poco hecha, sean cuales sean sus simpatías políticas. Así lo muestra el gráfico segundo. Observamos más variabilidad en función de la posición en la escala izquierda-derecha, pero no hay ninguna correlación entre posicionamiento ideológico y el gusto por una tortilla más o menos cuajada. De hecho, una persona muy de izquierdas, autoubicada en el 2 de la escala, tiene la misma probabilidad de preferir una tortilla poco hecha que una persona claramente inclinada a la derecha, en la posición 9 de la escala. Así pues, si se da una situación en que políticas/os de partidos ideológicamente opuestos deben sentarse a negociar, tendrán problemas a la hora de ponerse de acuerdo en casi cualquier cosa, pero no tendrán problemas en negociar una tortilla como refrigerio, aunque le pongan nombres diferentes (tortilla española, truita, tortilla de patacas, o patata tortilla).

Este consenso gastronómico no acaba ahí. El estudio del CIS pregunta también por la preferencia entre carne y pescado[1], y el acuerdo entre grupos ideológicos se mantiene. Como muestra el gráfico 3, la proporción de los que prefieren la carne al pescado es muy similar sea cual sea su autoubicación ideológica. La proporción oscila entre el 40% y el 50% tanto para los de izquierdas como los de derechas. Este consenso es quizá más sorprendente que el suscitado por la tortilla, ya que el consumo de carne y su impacto en el cambio climático es un debate que se ha politizado en los últimos años. Así ocurrió, por ejemplo, ante el posicionamiento del Ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la necesidad de consumir menos carne, lo cual generó una respuesta encendida de otros políticos y de intereses agropecuarios.

Donde tal vez exista una asociación entre ideología y opiniones gastronómicas sea en relación con el orgullo patriótico que genera la cultura culinaria española. En efecto, el estudio de opinión del CIS pregunta a las personas entrevistadas si consideran que la cocina española es la mejor del mundo. Una gran mayoría opina que sí, pero en este caso el entusiasmo parece estar algo más extendido entre aquellos que se consideran conservadores. Este entusiasmo aumenta casi 10 puntos porcentuales entre la izquierda y la derecha. En todo caso, esta asociación empírica es relativamente débil ya que incluso entre los de extrema izquierda, 3 de cada 4 creen que como la gastronomía española no hay ninguna.

[1] La pregunta del CIS dice exactamente: “¿Prefiere carnes o pescados en la gastronomía española?”

En estos momentos hay negociaciones en curso entre varias fuerzas a la izquierda del PSOE para un acuerdo electoral de candidatura única bajo el liderazgo de Yolanda Díaz. Es una negociación complicada por las diferencias ideológicas y discursivas entre los distintos componentes, las rencillas personales entre dirigentes destacados de los partidos, y la composición de las listas (quién va en puestos con probabilidad de salir elegida/o diputada/o). El argumento que se pone encima de la mesa para llamar al acuerdo es de naturaleza pragmática: con una candidatura única la izquierda puede obtener más escaños en el Congreso, con lo que podría disminuir la probabilidad de un gobierno de PP y Vox.

¿Pero es esto así? ¿“Sumar” sumaría para el conjunto de la izquierda? No es fácil responder a esta pregunta porque los resultados electorales del 23-J dependen de muchos factores. Las encuestas de estos días publicadas en distintos medios intentan dar algunas pistas. En este artículo yo adopto una estrategia alternativa. Utilizando los datos de las elecciones autonómicas de hace unos días, hago una proyección de escaños bajo distintos posibles escenarios. Las provincias en las que se celebraron elecciones autonómicas el pasado 28 de mayo eligen en conjunto a 167 diputadxs de los 350 que hay en el Congreso.

Para examinar mejor el impacto del acuerdo o no entre las izquierdas, tomo como punto de referencia los resultados de noviembre de 2019 en estas provincias. Estos resultados aparecen en la segunda columna de la tabla 1. Como se puede ver, el bloque de derecha (PP, Cs y VOX) obtuvo 85 diputadxs mientras que el bloque de izquierdas (PSOE, Unidas Podemos, Más País, Compromís) obtuvo entonces 77 escaños. ¿Cómo puede ser que se eligieran más diputadxs del bloque conservador si las elecciones las ganó la izquierda? Esto se debe a que el análisis no considera comunidades autónomas que eligen bastantes diputados y en las que el bloque de derecha tiene malos resultados, como Cataluña o el País Vasco, ya que en estas CCAA no hubo elecciones el pasado mes de mayo.

Examinemos ahora la proyección de escaños para el mes de julio bajo 5 escenarios hipotéticos:

1. Acuerdo de candidatura conjunta. En este escenario Sumar agrega todos los votos recibidos por las candidaturas autonómicas de Podemos, En Comú, IU, y las formaciones del Pacto del Turia (Más Madrid, Compromís, Chunta…).

2. Acuerdo de candidatura conjunta pero con desgaste. Uno de cada 5 votantes de formaciones a la izquierda del PSOE se queda en casa, en desacuerdo con la unidad, o desmotivados por el ruido y el conflicto entre partidos.

3. Acuerdo de candidatura conjunta con movilización. Cada 10 votantes del espacio de Sumar consiguen atraer a una persona de la abstención por la ilusión que genera que haya habido un acuerdo y la propia expectativa de mejores resultados.

4. Candidaturas separadas. Podemos y Sumar se presentan por separado. Aquí asumo que Podemos captura todos los votos de las candidaturas autonómicas en las que participaba. Este supuesto es optimista para Podemos porque en estas candidaturas participaba a menudo Izquierda Unida, que en julio irá en Sumar. Por su parte, asumo que Sumar captura los votos de las otras formaciones de izquierda: Más Madrid, Compromís, Chunta, Més, Drago, etcétera.

5. Candidaturas separadas con voto útil. Podemos y Sumar se presentan por separado pero debido a las malas perspectivas de Podemos en solitario, la mitad de su base electoral hace un voto útil en favor de Sumar.

La proyección de escaños en cada uno de estos escenarios aparece en la tabla 1.

Tabla 1. Resultados de noviembre de 2019 y proyecciones de escaños para 23-J bajo 5 escenarios hipotéticos.

Hay algunos patrones estables que merece la pena destacar. En primer lugar, en todas las proyecciones el bloque de derechas conseguiría más escaños que el bloque de izquierdas en estas provincias, como ya hiciera en noviembre de 2019. Además, en tres de los cinco escenarios aumentaría de escaños. El PP es el partido que aumentaría más en representación. En segundo lugar, la fuerza del PSOE no parece depender de los resultados de Sumar y de Podemos: su proyección de escaños es muy estable. Esto es importante: una buena performance en escaños de las fuerzas a su izquierda no parece ir en detrimento del número de diputadxs del PSOE.

¿Cómo afectaría la conformación de candidaturas a la izquierda del PSOE sobre los resultados globales? Los mejores resultados para el bloque de izquierda se dan con una candidatura única, pero únicamente si el acuerdo es capaz de atraer al conjunto de ese electorado sin que una parte se desmovilice (escenarios 1 y 3). El escenario 3 –Sumar consigue sacar a una parte del electorado de la abstención- es el más positivo para el bloque de izquierdas: Incluso conseguiría que el bloque de derecha tuviera menos representantes que en noviembre de 2019. Pero, ojo, los peores resultados también se podrían dar con una candidatura conjunta si las peleas internas hacen que uno de cada cinco votantes de esa base electoral decide quedarse en casa: las opciones conservadoras subirían a 90 escaños y la izquierda se quedaría en 68.

Con candidaturas por separado, las opciones de Podemos son muy negativas. Solo tendría un escaño en total en estas provincias y eso solo si consigue evitar el voto útil a Sumar. Las opciones de Yolanda Díaz yendo por separado son menos malas: Parece tener un mejor suelo electoral: conseguiría 13 escaños en estos territorios incluso en el peor de los casos. Mirando al conjunto de la izquierda, la existencia de candidaturas por separado tampoco es buena opción en general, aunque podría ser ligeramente mejor que una candidatura única que fracase a la hora de aunar a todo el electorado a la izquierda del PSOE.

En conclusión, una candidatura unitaria puede mejorar las opciones de la izquierda en su conjunto, aumentando el número de escaños de Sumar sin perjudicar al PSOE. Pero la unidad en sí no es una garantía de éxito: La clave es la capacidad de *sumar* votantes entre todo el electorado de izquierda no socialista.

Nota: Los repartos de escaños en los distintos escenarios se basan en proyecciones a partir del reparto de votos en las últimas elecciones autonómicas. Por tanto, deben tomarse con la suficiente precaución.

En las últimas semanas estamos asistiendo a una multiplicación de noticias alarmantes sobre varios aspectos relacionados con el clima. La temperatura media del pasado mes de abril ha sido la más alta desde que existen registros en España, superando en 3 grados la media histórica. El verano pasado, además, fue el más caluroso en 31 de las 50 provincias desde que existen registros sistemáticos. Estas temperaturas inéditas no se refieren solo a España, sino que están afectando a toda Europa. La lluvia recogida también muestra una tendencia alarmante: El pasado mes de abril fue el más seco desde que existen registros. No hace falta más que salir al campo para comprobar la falta de verdor primaveral o lo duro que está el suelo por la falta de precipitaciones. Las consecuencias ya se empiezan a hacer sentir, con embalses en niveles muy reducidos y una menor productividad agrícola en muchos territorios. De hecho, la crisis de producción de mercancías agrícolas de exportación en Argentina está influyendo en la crisis inflacionista y cambiaria de ese país. 

La acumulación de tendencias meteorológicas extremas cada vez más frecuentes parece confirmar la existencia de un proceso de cambio climático acelerado. Para poder afrontarlo, es necesario disminuir sustancialmente las emisiones (y posiblemente la captura) de CO2. Este desafío requiere de medidas costosas. ¿Estamos los ciudadanos dispuestos a asumirlas?

En este texto no pretendo hacer un análisis exhaustivo de esta cuestión. Varios grupos de destacados científicos sociales están haciendo un trabajo excelente al respecto. Mi propósito es más modesto: Pretendo ofrecer algunos datos descriptivos sobre el grado de preocupación que tienen los ciudadanos respecto a esta cuestión. Para ello, voy a emplear datos de cinco barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas realizados entre noviembre de 2022 y marzo de 2023. En todos ellos, se pregunta a la persona entrevistada: “¿Diría Ud. que en estos momentos el cambio climático le preocupa mucho, bastante, poco o nada?”. Para simplificar el análisis, me centro en la proporción de personas que están muy preocupadas.

La evolución en los últimos meses

En primer lugar, muestro cómo ha evolucionado el grado de inquietud frente al cambio climático. Como se puede ver en el primer gráfico, la preocupación no solo no ha aumentado, sino que ha disminuido. Si el pasado noviembre un 42% de los participantes en el estudio declaraban tener “mucha preocupación”, este porcentaje ha bajado hasta el 30% en el barómetro de marzo.

Gráfico 1

¿Hay diferencias notables en la evolución de las actitudes en función del partido al que se votó en las últimas elecciones generales? El gráfico 2 ayuda a responder a esta pregunta. Los datos ofrecen dos claves muy interesantes. En primer lugar, el grado de sensibilidad con el cambio climático sigue un patrón esperable: cuanto más a la izquierda el partido al que se vota, mayor es la preocupación. Así, la mayor alarma se da entre votantes de Unidas Podemos y la mayor indiferencia entre partidarios de Vox. La segunda clave, no obstante, es que la tendencia es común: el grado de preocupación ha disminuido desde noviembre sea cual sea el partido votado. En la conclusión de este texto aventuro una posible explicación para esto.

Gráfico 2

¿Qué perfiles de personas tienden a estar más preocupadas?

Estos datos nos permiten también indagar en el perfil de las personas a quienes el cambio climático les alarma más. Una de las características que podría tener importancia es la edad. Al fin y al cabo, en la medida en que se espera que las consecuencias más duras del cambio climático se manifiesten de manera creciente en las próximas décadas, las personas jóvenes son las que están más expuestas a ellas. Siguiendo esta lógica, sería razonable pensar que los jóvenes son los que se sienten más inquietos por el cambio climático, sobre todo en comparación con las personas de edad avanzada.  ¿Se refleja eso en la opinión pública? El siguiente gráfico muestra la proporción de personas que declaran tener mucha preocupación, agrupadas en rangos de edad. Los datos provienen del último barómetro disponible del CIS, de marzo pasado.

Gráfico 3

Como puede observarse, las personas mayores no están más despreocupadas que las jóvenes. Más bien al contrario: Los niveles de mayor inquietud se dan entre las personas de 55 años en adelante. En esas edades, algo más de 1 de cada tres está muy preocupado. Entre los más jóvenes -los más expuestos a las consecuencias de las mutaciones climáticas y habitualmente considerados como los más proclive al activismo climático-, la proporción baja 4 puntos porcentuales en relación con los más mayores. Así pues, no existe una correspondencia entre costes a asumir en el futuro y grado de alarma a día de hoy.

Otro posible factor que podría influir en las actitudes frente a la amenaza climática es el nivel de estudios alcanzado. Es frecuente escuchar argumentos sobre cómo las personas con estudios más avanzados son capaces de razonamientos más sofisticados y eso les permite entender mejor lo que hay en juego con el cambio climático. Por eso, podrían ser más sensibles a los riesgos que entraña el aumento de las temperaturas y el ascenso en el número de fenómenos meteorológicos extremos. Para ver si esto es así, podemos observar también el grado de preocupación manifestado en relación con el cambio climático, ordenando a las personas entrevistadas en función de su nivel de estudio.

Como muestra el gráfico 4, no hay una correlación positiva entre nivel de estudios y preocupación con el cambio climático. Antes bien, vemos cómo son las personas “sin estudios” y con “estudios primarios” las más proclives a decir que tienen un alto grado de alarma respecto al cambio climático. Si la preocupación máxima entre los anteriores afecta a un 36% aproximadamente, esta proporción baja al 30% entre las personas con estudios superiores. Este descenso no es banal, pues representa una caída del 16% en términos relativos. Así pues, no parece cierto que las personas con más años de estudios formales sean las que pierden más el sueño con este desafío.

Gráfico 4

Finalmente, podemos comprobar si hay diferencias entre hombres y mujeres en la actitud frente al cambio climático. El gráfico siguiente ofrece evidencia interesante: el cambio climático parece ser un asunto mucho más inquietante entre mujeres que entre hombres: Si bien un tercio de ellas indica estar que “le preocupa mucho”, este sentimiento solo es compartido por un cuarto de los hombres.

Gráfico 5

Analizar de dónde emanan estas diferencias desborda el propósito de este texto. Aquí he presentado algunas pinceladas acerca de en qué punto se encuentra la opinión pública en relación con el cambio climático. Estos primeros análisis pueden dar lugar a indagar con mayor profundidad para averiguar las razones de estas tendencias y de estas diferencias entre grupos. Las preguntas que surgen son múltiples: ¿Disminuye la preocupación por el cambio climático durante los meses de invierno? ¿Las personas mayores o con estudios primarios tienen más preocupación porque hay una mayor proporción de personas que trabajan en el sector agrario? ¿Los hombres tenemos menos sensibilidad respecto de esta cuestión porque tenemos valores más materialistas? Por citar solo un puñado de posibles hipótesis. Desde este blog esperamos poder daros más claves en el futuro.

Hace no mucho, Sebastián Lavezzolo publicó una entrada en este blog para analizar las características de los votantes fieles de Ciudadanos. Aprovechando que se están celebrando estos días las primarias de esta formación política, publicamos ahora un pequeño análisis exploratorio de cuál de los dos liderazgos planteados –el de Inés Arrimadas o el de Edmundo Bal- tiene un planteamiento más cercano a la (menguada) base electoral del partido.

Antes de analizar los datos de opinión pública, es preciso delinear los contornos del debate de primarias. Edmundo Bal, portavoz de Cs en el Congreso, decidió presentarse a las primarias para dirigir el partido en sustitución de Inés Arrimadas. La todavía líder no se presenta a la reelección interna, pero dos personas de su corriente lo hacen en su lugar: Patricia Guasp y Adrián Vázquez. Por último, existe una tercera candidatura, “la base del cambio”, en principio sin posibilidades de victoria. Estas primarias se celebran en medio del proyecto en marcha de refundación del partido, motivado por los malos resultados electorales cosechados desde finales de 2019.

Las líneas de división entre la candidatura apoyada por Arrimadas y la encabezada por Bal se pueden resumir en las siguientes cuestiones. El primer conflicto se refiere a si Arrimadas debe seguir siendo la figura política más visible de Ciudadanos. La candidatura de Vázquez y Guasp apoyan esta opción. La de Edmundo Bal, por el contrario, defiende que para que la refundación del partido sea tal es imprescindible un cambio de liderazgo. La segunda falla de conflicto se refiere al posicionamiento ideológico y a la política de pactos. La candidatura oficialista mantiene que el Partido Popular debe ser el socio preferente y descarta pactos con el PSOE mientras Pedro Sánchez continúe como líder socialista. Bal y su lista defienden una vuelta al “centro, centro” y abren la posibilidad a pactos a izquierda y derecha. Una tercera línea de división es el peso de dirigentes que se han destacado por haberse curtido en la oposición al procés de independencia en Cataluña.

La candidatura que gane las primarias, ¿con qué base electoral del partido se va a encontrar? Para analizar esto, a continuación exploro algunos datos sobre las opiniones y las actitudes de las personas que votarían a Ciudadanos en unas próximas elecciones generales. Los datos utilizados proceden de barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Valoración de Inés Arrimadas

Dado que las primarias por el control del partido se dirimen principalmente entre una candidatura que apoya a la actual líder y otra que busca un cambio, resulta importante examinar qué opinión tienen los simpatizantes de Ciudadanos sobre su líder, Inés Arrimadas. El primer gráfico muestra la valoración media de Arrimadas, en una escala de 1 a 10, por parte de las personas dispuestas a votar a Ciudadanos en unas elecciones generales. El periodo analizado abarca desde marzo de 2020 a diciembre de 2022. Como se puede ver, la valoración general no es mala. En el último barómetro la valoración media es de un 6,2. La tendencia tampoco es negativa: Si bien la valoración de Arrimadas cayó bastante en 2020 y 2021 hasta un mínimo de 5,8, desde comienzos de año ha subido hasta consolidarse en niveles superiores al 6. 

Gráfico 1 Evolución de la valoración de Inés Arrimadas como líder política. Muestra: personas que votarían a Ciudadanos en unas hipotéticas elecciones generales. Fuente: barómetros del CIS.

Estos datos de valoración tampoco son para echar las campanas al vuelo, no obstante, si la comparamos con la de otros líderes de partido. Pedro Sánchez ha obtenido siempre una valoración media por encima del 7 entre votantes socialistas en el mismo periodo. La valoración de Alberto Núñez Feijóo entre los simpatizantes del PP también es superior a la de Arrimadas entre su “parroquia”. La valoración de la líder de Ciudadanos solo ha sido superior a la de Pablo Casado en su época de presidente del Partido Popular.

Autodefinición ideológica de los votantes de ciudadanos

Como señalaba más arriba, otra línea de conflicto entre las candidaturas se refiere a la política de pactos de Ciudadanos. ¿Qué opinión tienen sus votantes respecto a esta cuestión? ¿Prefieren mantener al Partido Popular como socio preferente o están abiertos a pactos con el Partido Socialista?

Lamentablemente no existen datos de opinión pública disponibles que aborden directamente esta cuestión. Lo que sí es posible, empero, es analizar con qué etiquetas ideológicas se autoidentifican los votantes de ciudadanos. A partir de esta autoubicación ideológica podemos tal vez extraer información respecto a qué tipo de alianzas prefieren los simpatizantes actuales del partido. El CIS plantea varias posibles etiquetas. Las más útiles para este propósito son las de conservador, democristiano, liberal, progresista, y socialdemócrata. Para facilitar la interpretación, el análisis combina las etiquetas “progresista” y “socialdemócrata” en una sola categoría, “centro-izquierda”, mientras agrupa las denominaciones de “conservador” y “democristiano” en la categoría “centro-derecha”. La etiqueta de liberal se mantiene aparte.

El siguiente gráfico muestra la evolución en la proporción de simpatizantes que se autoidentifican como liberales, de centro-izquierda y de centro-derecha desde principios de 2020 hasta hoy. Como se puede observar, hay un cambio importante en la composición de los votantes de Cs: Si a principios de 2020 casi un 30% de ellos se consideraban conservadores o democristianos (centro-derecha), para finales de 2022 esta proporción apenas llega al 10%. El reverso de esta moneda es el aumento claro del porcentaje de aquellos que se consideran progresistas o socialdemócratas (centro-izquierda): Ha pasado de poco más de 1 de cada 8 simpatizantes a más de 1 de cada 3. Por último, aquellos que se identifican como liberales siempre han representado una parte importante del electorado de ciudadanos, aunque parece haber aumentado algo: si en enero de 2020 los liberales representaban un 26%, en el último barómetro disponible esta proporción ha subido al 28%.

En resumen, este gráfico muestra cómo el electorado de Ciudadanos se ha escorado al centro-izquierda en los dos últimos años. Esto implica que, al menos en este aspecto, la candidatura de Edmundo Bal está más en línea con los simpatizantes de Cs, ya que su propuesta apuesta de manera más convencida por posibles pactos, siquiera puntuales, con partidos a la izquierda de Ciudadanos.

Gráfico 2 Evolución de la identificación ideológica de los votantes de ciudadanos. Periodo 2020-2022. Fuente: barómetros del CIS

El peso de la cuestión catalana

De Ciudadanos tal vez se puede afirmar que tiene dos facetas. Por un lado, está la vertiente más reformista y liberal, aquella cuya principal motivación es introducir cambios en el funcionamiento de las instituciones públicas y hacer reformas económicas, como por ejemplo en el mercado de trabajo o en la política impositiva. Por otro lado, encontramos la faceta de Ciudadanos como partido que surge como oposición al catalanismo político y, sobre todo, al movimiento independentista en Cataluña. Esta versión de Ciudadanos tiende a hacer más énfasis en la unidad de España y en el combate a los nacionalismos periféricos.

La candidatura cercana a Inés Arrimadas parece más comprometida con la segunda faceta. No en vano, Arrimadas fue líder de Ciudadanos en el Parlament de Catalunya durante cuatro años, consiguiendo los mejores resultados del partido en esta Comunidad. Asimismo, buena parte de los apoyos que la candidatura oficialista ha recibido provienen de Cataluña. Por eso, puede ser relevante saber qué proporción de los simpatizantes actuales de Cs residen en Cataluña. Es posible que este electorado sea el más interesado y receptivo a los mensajes antagonistas frente al nacionalismo catalán.

El siguiente gráfico muestra cómo ha evolucionado el porcentaje de simpatizantes de Ciudadanos que residen en Cataluña entre 2020 y la actualidad. Como se puede observar, no hay una tendencia clara. El porcentaje oscila alrededor del 10%. En los últimos barómetros se observa mucha más volatilidad, pero eso se debe en parte a que el número de simpatizantes se ha ido reduciendo, con lo que estimar la proporción de ellos que son catalanes tiene cada vez más incertidumbre estadística. En todo caso, la “dependencia” electoral de Cs respecto al electorado catalán no es alta. De hecho, Cataluña tiene más importancia como granero de votos para el PSOE o para Unidas-Podemos que para Ciudadanos.

Gráfico 3 Proporción de simpatizantes de Ciudadanos que residen en Cataluña. Periodo 2020-2022. Fuente: barómetros del CIS

El elefante en la habitación

Gane quien gane y sea cual sea la orientación futura que se le dé al partido, el desafío fundamental es común a todas las candidaturas: reactivar las expectativas electorales del partido para que sea viable en el futuro. Si no consigue recuperar apoyos va a tener dificultades para entrar en parlamentos autonómicos en las elecciones de mayo de este año. En las generales, por su parte, podría incluso tener dificultades para obtener diputados por las circunscripciones de Madrid o de Barcelona. Para mostrar la magnitud del desafío, esta entrada concluye con una gráfica que muestra la evolución del porcentaje de entrevistados en los barómetros del CIS que indican que votarían por Ciudadanos si se celebrasen elecciones al día siguiente. Como se puede ver, si bien a mediados de 2020 todavía un 7,5% de los entrevistados declaraban querer votar a Ciudadanos, este porcentaje se ha estabilizado desde hace meses en el 1%. Salvo que esta opción se revierta, la viabilidad del partido está seriamente comprometida.

Gráfico 4 Intención de voto directa a Ciudadanos. 2020-2022. Fuente: Barómetros del CIS.

Esta entrada es una continuación de la publicada hace dos semanas con el mismo título. Si no tuviste oportunidad de leerla, puedes acceder a ella es este enlace. En esa entrada hago un primer análisis de la opinión pública sobre si el feminismo (o al menos algunas de sus corrientes) es percibido como una amenaza para los hombres y su identidad. El análisis se basa en datos de encuesta de cuatro países: España, Francia, Suecia, y Estados Unidos. Mostré que la proporción de personas que consideran el feminismo como una amenaza es bastante elevada en general, especialmente en Francia y en España, aunque algo menos en Estados Unidos y Suecia. Una cuestión clave que también emergía con fuerza es que la percepción de que el feminismo puede ser una amenaza no es exclusiva de los hombres. En España, más de un 40% de las mujeres están de acuerdo con que el feminismo amenaza a los hombres y a su identidad.

El análisis que presento hoy complementa el anterior de dos maneras. Primero, examina el perfil sociológico de las personas que perciben el feminismo como un movimiento amenazante para la identidad masculina. En concreto, evalúo la relación entre la edad o el nivel educativo de las personas y su opinión sobre el feminismo. Segundo, analizo también el perfil ideológico y partidista de las personas que tienen una visión del feminismo como movimiento antagonista contra los hombres.

Como nota técnica, los datos proceden de una encuesta realizada en septiembre del año pasado en los cuatro países mencionados anteriormente. La encuesta se enmarca dentro de un proyecto de investigación financiado por la Agencia Estatal de Investigación (proyecto CSO2017-89847-P) y que tiene a Luis Ramiro, profesor titular de la UNED, como investigador principal. El cuestionario fue diseñado tanto por Luis Ramiro, como por Sebastián Lavezzolo (UC3M) y por mí mismo. En el cuestionario incluimos varias preguntas para observar si las personas entrevistadas tienen “cultural anxiety”, es decir, si perciben amenaza ante los cambios culturales que viven las sociedades desarrolladas. Una de estas preguntas se refiere al feminismo. El enunciado de esta pregunta fue el siguiente:

“¿Cuál es tu grado de acuerdo con la frase “Algunas corrientes del feminismo son una amenaza para los hombres y su identidad“?

Las respuestas a esta pregunta se expresaban utilizando una escala de 0 a 10 donde significa “no estoy en absoluto de acuerdo” y 10 “estoy totalmente de acuerdo”.

Para facilitar la interpretación de los datos, consideramos que aquellas personas cuya respuesta está entre el 0 y el 4 no consideran el feminismo como amenaza, mientras las que dan una respuesta entre el 6 y el 10 sí perciben esa amenaza.[1] El Gráfico 1 presenta la proporción de personas que perciben el feminismo como amenaza en función de su edad, y dividiendo la muestra entre mujeres y hombres. Los datos indican que la edad funciona de manera muy diferente entre hombres y mujeres. En el caso de ellas, el patrón es muy claro: Cuanto mayor la edad, más probabilidad de pensar que algunas corrientes del feminismo amenazan a los hombres y su identidad. Solo un 20% de las mujeres de 18 a 24 están de acuerdo con esa afirmación. Esa proporción sube a algo más del 50% para las entrevistadas de 35 a 44 años y alcanza el máximo del 70% para mujeres con 55 años o más. La divergencia de opinión entre las más jóvenes y las más mayores, pues, es mayúscula: ¡50 puntos porcentuales!

Entre los hombres entrevistados se encuentran diferencias en función de su edad, pero no son ni mucho menos tan marcadas. El menor porcentaje de acuerdo se da entre los hombres más jóvenes, pero incluso en este caso el porcentaje supera el 40%. Este porcentaje alcanza su máximo (62%) entre los hombres de 35-44 y se estabiliza alrededor de 58% para entrevistados de 45 años o más.

Estos datos plantean (al menos) dos preguntas muy relevantes. ¿Por qué la edad influye en las opiniones sobre el feminismo de manera mucho más clara entre las mujeres que entre los hombres? En segundo lugar, si bien son las mujeres de más edad las más propensas a ver el feminismo como un movimiento que ataca a los hombres y su identidad, en el caso de los hombres esto se da entre los de mediana edad (35-44) y no entre los más mayores. ¿Por qué es esto así?

Gráfico 1 Percepción del feminismo como amenaza para los hombres y su identidad. Por sexo y por grupos de edad.

Pasemos ahora a la relación entre el nivel educativo alcanzado y la opinión sobre el feminismo. El Gráfico 2 muestra este análisis. Como podemos ver, existe una relación clara entre nivel educativo las mujeres entrevistadas y su percepción sobre el feminismo. Más de la mitad de las entrevistadas con estudios primarios o inferiores (un 55%) cree que hay vertientes del feminismo que amenazan a los hombres y su identidad. Esta proporción disminuye de manera progresiva conforme aumenta el nivel de los estudios alcanzados. Así, entre las mujeres con un grado universitario, el porcentaje cae al 40%, y entre aquellas que tienen un título de posgrado, la proporción es aún menor, un 36%.

Para los hombres, en cambio, no se da en absoluto esta relación entre nivel educativo y evaluación del feminismo. La percepción ­del mismo como amenaza no solo no disminuye con la educación, sino que más bien podría incluso aumentar. Así, mientras un 50% de los hombres con estudios primarios están de acuerdo con la afirmación de que “algunas corrientes del feminismo son una amenaza para los hombres y su identidad”, ese porcentaje aumenta al 57% entre entrevistados con título de secundaria y se mantiene estable entre hombres con estudios universitarios. Estos resultados, de nuevo, plantean cuestiones de gran calado: ¿Por qué las mujeres con nivel educativo alto tienen una visión más generosa hacia el feminismo, pero no así los hombres con nivel educativo similar? ¿Por qué los hombres con mayor estatus educativo perciben una mayor amenaza en el feminismo que los de menor estatus educativo?

Gráfico 2. Percepción del feminismo como amenaza para los hombres y su identidad. Por nivel educativo máximo alcanzado y sexo de la persona entrevistada.

¿Y cuál es la relación entre la ideología o la preferencia partidista de las personas y su visión sobre el feminismo? Los dos siguientes gráficos nos dan algunas claves. El Gráfico 3 muestra la opinión sobre el feminismo en función de la ideología de la persona entrevistada. Como puede verse, aquí la relación entre ideología y percepción funciona de manera parecida para mujeres y para hombres. Cuanto más conservadora la ideología, mayor es el grado de acuerdo con la idea de que ciertas corrientes del feminismo suponen una amenaza para los hombres. Así, solo un 21% de las mujeres de izquierdas y un 31% de los hombres de esta ideología perciben una amenaza. Entre las personas de centro, los porcentajes son mucho más altos: un 50% de mujeres y un 65% de los hombres. Por último, la percepción del feminismo como una amenaza es muy amplia entre las personas de derecha. El acuerdo alcanza el 71% de las mujeres y el 89% de los hombres. Observamos claramente pues cómo existe una correlación muy importante entre ideología y opinión sobre el feminismo. Eso puede explicar, en parte, que el feminismo y sus reivindicaciones estén tan politizados y generen respuestas políticas tan viscerales en estos últimos tiempos.

Gráfico 3. Percepción del feminismo como amenaza para los hombres y su identidad. Por ideología y sexo de la persona entrevistada.

Para concluir el análisis, presento las opiniones sobre el feminismo en función del partido al que la persona entrevistada votaría si hubiera elecciones al día siguiente. Esta información aparece en el Gráfico 4. Podemos ver cómo la percepción del feminismo como amenaza aumenta cuanto más a la derecha si sitúa el partido, y esto ocurre claramente tanto para hombres como para mujeres. Así, apenas un 25% de los partidarios de Unidas Podemos y otras opciones de izquierda[2] están de acuerdo con que el feminismo amenace a los hombres y a su identidad. En cambio, esa opinión es compartida por un 81% de las votantes de VOX y por un 92% de los hombres que apoyan a este partido.

Además de la fuerte correlación entre ubicación del partido y opinión de sus votantes sobre el feminismo, cabe señalar varios puntos interesantes. Primero, hay más acuerdo entre hombres y mujeres que votan a partidos de izquierda que entre hombres y mujeres que apoyan a partidos del centro-derecha en adelante. Así, la diferencia entre hombres y mujeres que votan a Podemos y otras opciones cercanas es muy pequeña: solo 4 puntos porcentuales (25% de mujeres y 29% de hombres). Para el PSOE, la diferencia es aún menor, solo 2 puntos porcentuales (29% de mujeres y 31% de hombres). Para los partidos de derecha y de extrema derecha, la diferencia es superior: 12 puntos porcentuales para el PP (70% de mujeres y 82% de hombres) y 11 puntos para VOX (81% de mujeres y 92% de hombres). La mayor divergencia se da en el electorado de ciudadanos. Mientras que solo una minoría de mujeres cercanas a Cs consideran el feminismo como amenaza (44%), la proporción aumenta nada más y nada menos que a tres de cada cuatro hombres próximos a Cs.

Otro punto relevante es que hay mayor acuerdo sobre esta cuestión entre los partidarios de las izquierdas que entre los que apoyan a opciones conservadoras. Centrémonos por ejemplo en los hombres: Entre los que votan a Unidas Podemos y los que votan al PSOE apenas hay diferencias de opinión: perciben amenaza solo un 29% de los primeros y un 31% de los segundos. Las diferencias son sustancialmente mayores entre quienes apoyan a los partidos a la derecha del espectro: Hay 10 puntos porcentuales de diferencia entre los hombres que votan PP y los que votan VOX, un 82% y un 92%, respectivamente.

Gráfico 4. Percepción del feminismo como amenaza para los hombres y su identidad. Por partido al que se votaría y sexo de la persona entrevistada.

En conclusión, los análisis de la opinión pública española nos dan varias indicaciones relevantes. En primer lugar, la percepción de que ciertas corrientes del feminismo son una amenaza para los hombres está muy extendida en nuestra sociedad. Especialmente entre los hombres, pero no sólo. Como mostraba en el post de hace dos semanas, un 40% de las mujeres entrevistadas también comparten esa opinión. En segundo lugar, hoy muestro cómo existe una relación fuerte entre la opinión sobre el feminismo y la edad o el nivel educativo, pero, y esto es clave, sólo entre las mujeres. La percepción de los hombres sobre el feminismo como amenaza es más transversal. Cambia menos en base a la educación o la edad. En tercer lugar, existe una correlación clara entre la ideología y el partidismo de las personas y su evaluación de la relación entre el feminismo y la identidad masculina.

Estos datos dejan muchas preguntas abiertas y sugieren cuestiones muy relevantes, tanto para el debate social como para la investigación académica. Estamos todxs convidadxs a estas tareas. Del resultado de ellas depende mucho de cómo sea la vida social en los próximos años.

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[1] En este grupo se incluyen menciones a “Podemos”, “Unidas Podemos”, “En Comú – Podem”, “Izquierda Unida”, “Más País”, o “Compromís”.

[2] Los que se ubican en el 5 consideramos que no tienen una opinión definida y los excluimos del análisis.

En los últimos años el movimiento feminista ha logrado importantes avances. No solo en el campo legislativo sino también en su capacidad de poner en la agenda política temas que hasta entonces habían estado orillados. Por poner solo unos ejemplos, en los últimos años, se ha llamado la atención sobre la multitud de comportamientos del día a día que podemos considerar como micromachismos. El movimiento Metoo, a su vez, ha puesto de manifiesto lo extendido del abuso de las mujeres y de sus cuerpos por parte de hombres con poder. En relación con eso y tras episodios tan traumáticos como el de La Manada, se ha subrayado el derecho a llegar a casa “sanas y salvas”. En este mismo blog publicamos hace un año una entrada sobre esta cuestión. En América Latina, por su parte, se ha logrado la legalización del aborto en países como Argentina y Chile (aunque en este caso solo bajo tres supuestos).

Estos avances, además, han ocurrido en un contexto en el que el movimiento feminista ha demostrado una amplia capacidad de movilización popular. En América Latina con las movilizaciones en favor de la despenalización del aborto, en España con las manifestaciones del 8M, o en Estados Unidos con la Women’s March, una de las mayores movilizaciones ciudadanas desde la guerra de Vietnam.

Estos mismos avances, no obstante, pueden estar generando una respuesta de rechazo, una reacción a la contra. El profundo cambio cultural experimentado por países como España puede estar dando lugar a que una parte de la sociedad se sienta atacada en sus valores y en su identidad. En los últimos años, se ha extendido socialmente un discurso claramente antagonista hacia el feminismo, con acusaciones como la de “feminazi”. Según Google Trends, este término empezó a utilizarse de manera habitual solo a partir de 2014 (enlace).

Para analizar hasta qué punto existe una reacción social ante el feminismo o al menos ante algunas de sus expresiones, voy a explotar los datos de una encuesta que diseñamos tres investigadores en ciencias sociales, Luis Ramiro (UNED), Sebastián Lavezzolo (Carlos III) y yo mismo. La encuesta fue realizada en septiembre del año pasado en cuatro países desarrollados: Estados Unidos de América, Suecia, Francia, y España.[1] En el cuestionario incluimos varias preguntas para observar si las personas entrevistadas tienen “cultural anxiety”, es decir, si perciben amenaza ante los cambios culturales que viven las sociedades desarrolladas. Una de estas preguntas se refiere al feminismo. Concretamente, el enunciado de esta pregunta fue el siguiente:

“¿Cuál es tu grado de acuerdo con la frase “Algunas corrientes del feminismo son una amenaza para los hombres y su identidad“?

Las respuestas a esta pregunta se expresaban utilizando una escala de 0 a 10 donde significa “no estoy en absoluto de acuerdo” y 10 “estoy totalmente de acuerdo”.

El gráfico 1 muestra la distribución de respuestas a esta pregunta para los 4 países. Cuanto mayor es la respuesta dada, mayor es la percepción de que existen corrientes en el feminismo que son una amenaza para la identidad masculina. Como puede observarse, en tres de los países, Suecia, España y Estados Unidos, la respuesta más frecuente es el 0. Es decir, la opinión de que el feminismo no es una amenaza en absoluto es la más extendida. Ahora, si bien el 0 es la respuesta más frecuente en estos tres países, encontramos que muchas de las personas entrevistadas declaran respuestas entre el 5 y el 10. Es decir, que están al menos moderadamente de acuerdo con la idea de que el feminismo -o algunas variantes del mismo- puede ser una amenaza para los hombres y su identidad. Francia, por su parte, es el país que presenta una mayor reacción cultural frente al feminismo. Para empezar, es el único país de los cuatro en que la respuesta “no estoy en absoluto de acuerdo” no es la más frecuente. Más aún, la cantidad de personas que muestran un grado de acuerdo entre moderado y fuerte con la idea de que algunos feminismos son una amenaza es muy alta: dos tercios de las personas entrevistadas dieron respuestas entre el 5 y el 10.

Para simplificar la interpretación, el gráfico 2 muestra la proporción de personas en cada país que están de acuerdo que hay corrientes del feminismo que son una amenaza cultural para los hombres. Para ello he dividido las muestras de cada país en dos grupos: Respuestas de 6 o más se consideran como apoyo a la idea de que existe una amenaza a los hombres y su identidad. Respuestas de 4 o menos, se consideran como desacuerdo con la existencia de una amenaza. La respuesta intermedia, el 5, se excluye de este análisis porque puede ser refugio de personas que no tienen una opinión claramente definida.

En la comparación entre países, Suecia es donde existe una percepción menor de amenaza cultural hacia los hombres: Un 61% considera que no hay amenaza. Francia es el caso opuesto: un 59% está de acuerdo con que (algunas variantes del) feminismo son una amenaza para la identidad masculina. Estados Unidos y España están en posiciones intermedias, aunque Estados Unidos parece más receptivo a esas corrientes del feminismo. El rechazo en EEUU es del 47%, mientras que en España es de un 50%.

Es probable que esta percepción de ciertas corrientes del feminismo como amenaza no sea homogénea entre grupos sociales. Para comprobar si esto es así, he examinado si el patrón de opiniones varía sustancialmente en función del sexo de la persona o de su edad. En aras de simplificar el análisis, me he centrado únicamente en el caso de España.

Una cuestión clave es si las opiniones acerca de si el feminismo -o algunas de sus corrientes- difieren sustancialmente entre hombres y mujeres. El gráfico 3 ayuda a responder a esta pregunta. Muestra la proporción de hombres y mujeres en España que perciben algunas variantes del feminismo como amenaza cultural hacia los hombres. Esta proporción es mayor entre hombres, lo cual es esperable dado que la pregunta se refiere a amenaza a “los hombres y su identidad”. Esta diferencia, concretamente, es de 15 puntos porcentuales. Ahora bien, resulta llamativo que la proporción de mujeres que piensan que hay variantes del feminismo que son una amenaza para la identidad de los hombres es sustancial: un 43% de las entrevistadas opinan así.

La edad de las personas podría influir en su opinión sobre el feminismo y de su relación con la identidad masculina. No en vano, el cuestionamiento de los estereotipos de género tradicionales está más asentado entre las generaciones más jóvenes. Asimismo, la percepción de amenaza cultural suele darse con mayor fuerza entre cohortes de más edad, cuya identidad está más formada y puede resultar menos flexible.

Para examinar este punto, el gráfico 4 indica la proporción de personas que consideran que algunos feminismos son una amenaza para los hombres en función del grupo de edad en el que se encuentran. Como puede observarse en la imagen, los grupos con menos resistencias al feminismo son los más jóvenes la franja de 18 a 24 años. Solo perciben una amenaza el 28%. La percepción de amenaza sube en la siguiente franja (25-34) y alcanza su máximo entre los que tienen de 35 a 44 años, donde alcanza el 57%. A partir de ahí baja ligeramente en las siguientes cohortes. Así, para los mayores de 55 años la tasa de percepción de amenaza cultural es de un 51%. Este patrón es, pues, sorprendente: no son las personas de más edad las que tienen una visión más negativa de las nuevas expresiones del feminismo, sino personas a caballo entre la juventud y la mediana edad. 

Este conjunto de datos de opinión pública sobre el feminismo y sobre la amenaza a la identidad masculina son llamativos. Muestran cómo un porcentaje elevado de las sociedades de varios países desarrollados perciben que hay al menos algunas expresiones del movimiento feminista que suponen una amenaza para los hombres y su identidad. Este porcentaje llega al 50% entre las personas encuestadas en España, y supone un 43% entre las propias mujeres que participaron en la encuesta. No se trata pues de pequeñas minorías.

Este patrón de opinión pública plantea un desafío. Muestra cómo existe una importante polarización social respecto a los valores culturales y, especialmente, respecto a los roles de género y al lugar de hombres y mujeres en la sociedad. Partidos como Vox, por ejemplo, han interpretado que esta polarización les beneficia y que debe movilizarse y activarse políticamente. Dados los porcentajes de rechazo que al menos parte del feminismo cosecha en la sociedad, Vox puede haber encontrado un caladero de votos notable. Por su parte, el que un 32% de la muestra en España se posicione en el 0, es decir, en la postura más favorable y abierta frente al feminismo, puede motivar a que la izquierda esté también interesada en mantener la movilización de esta cuestión.

Un aspecto que apunta al optimismo es la relación entre la edad y las opiniones frente al feminismo. Entre las cohortes más jóvenes el rechazo es mucho menor. En la medida en que esta mayor aceptación de los nuevos roles de género sea una cuestión de socialización que no se diluya con la edad, podríamos observar que con el paso del tiempo el cambio cultural se consolide o que al menos pueda dar lugar a debates públicos sosegados. 

[1] Esta encuesta fue financiada a cargo del Proyecto I+D+I del Ministerio de Ciencia, Educación y Universidades (CSO2017-89847-P), liderado por Luis Ramiro (UNED) como Investigador Principal.

“Si alguna vez me siento derrotado…” comienza una de las estrofas de la canción más exitosa de Pablo Milanés, titulada “Yolanda”. Esa misma frase podría representar las motivaciones por las cuales Pablo Iglesias renunció hace unos meses al liderazgo de Unidas Podemos y a no presentarse como candidato a la presidencia del gobierno en las siguientes elecciones generales. Como bien señalaba Lluís Orriols hace unos meses en una entrada de piedras de papel, la figura de Pablo Iglesias estaba muy desgastada. Estaba mal valorado por los votantes potenciales de izquierda y era percibido como muy radical. En el mismo anuncio de su renuncia, Pablo Iglesias propuso que la ministra de trabajo, Yolanda Díaz, tomase el relevo como candidata de Unidas Podemos.

El objeto de este post es evaluar, pasados unos meses, el efecto que ha tenido la asunción del liderazgo electoral por parte de Yolanda Díaz en las perspectivas de la izquierda en unas futuras elecciones generales. En el breve espacio de tiempo en el que Pablo Iglesias no está… ¿han mejorado las expectativas? ¿Hay acaso un efecto Yolanda? Para responder a estas preguntas vamos a utilizar los datos de los barómetros mensuales del Centro de Investigaciones Sociológicas, recogidos entre diciembre de 2019 -el primero tras las últimas elecciones generales- y noviembre de 2021 -el último disponible-.

Un primer examen puede ser el cambio en la valoración del liderazgo entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz. Efectivamente, los barómetros del CIS piden a los entrevistados evaluar a los principales líderes políticos entre el 1 y el 10. En el siguiente gráfico muestro la valoración media que reciben Pablo Iglesias y Yolanda Díaz como líderes entre diciembre de 2019 y noviembre de 2021. En morado, aparecen las valoraciones de Pablo Iglesias y en rojo las de Yolanda Díaz. La línea de puntos vertical indica el momento (marzo de 2021) en que Pablo Iglesias dimite como vicepresidente y cede el testigo a Yolanda Díaz.

Gráfico 1. Evolución de la valoración de Pablo Iglesias y de Yolanda Díaz.

Este gráfico muestra un cambio sustancial en la valoración del liderazgo con el reemplazo de Pablo Iglesias por Yolanda Díaz. Como puede observarse, las valoraciones de Pablo Iglesias durante este periodo eran negativas, oscilando entre un 3 y un 3,5. Además, la tendencia era a la baja, sobre todo desde abril de 2020. En cambio, Yolanda Díaz recibe valoraciones mucho más positivas. Están todas cerca del aprobado, oscilando entre el 4,5 y el 5. Es, ahora mismo, la líder política mejor valorada de acuerdo con las encuestas. En los meses que han pasado de junio a noviembre, además, esta valoración positiva se ha mantenido muy estable. Es decir, asumir el liderazgo de una opción política no ha desgastado su imagen, al menos de momento.

Una buena imagen entre el electorado no tiene por qué trasladarse en un mayor apoyo electoral. Para comprobar qué impacto ha tenido el cambio de liderazgo en las preferencias electorales, podemos observar la evolución de la intención de voto a Unidas Podemos en los barómetros del CIS. Este centro pregunta “Suponiendo que mañana se celebrasen nuevamente elecciones generales, es decir, al Parlamento español, ¿a qué partido votaría Ud.?”. En el siguiente gráfico presento cómo ha evolucionado el porcentaje de personas que declaran tener la intención de votar a Unidas Podemos. Como la respuesta a la pregunta es espontánea, el porcentaje que considero incluye a las personas que dicen que votarían a “Podemos”, “Unidas Podemos”, “Izquierda Unida”, o “En Comú Podem”. De nuevo, la línea vertical indica el momento del relevo en el liderazgo electoral de Unidas Podemos.

Gráfico 2. Intención directa de voto a Unidas Podemos, antes y después de la asunción del liderazgo electoral por parte de Yolanda Díaz.

Este gráfico muestra un cambio de tendencia marcado en la intención de voto a Unidas Podemos tras la elección de Yolanda Díaz como cabeza electoral. Tras las elecciones de noviembre de 2019, la intención de voto a Unidas Podemos subió, pero con el inicio de la pandemia empezó a bajar rápidamente y no se detuvo hasta la renuncia de Pablo Iglesias. Si la intención directa de voto en febrero de 2020 era de un 11%, para marzo de 2021 no superaba el 7%. A partir de entonces, cuando Yolanda Díaz pasa a ser cabeza de cartel, el apoyo ha ido aumentando de manera casi monotónica, hasta alcanzar un 10,5% en el último barómetro (noviembre 2021). Así pues, en términos de apoyo declarado, existe un “Efecto Yolanda.”

La cuestión natural que sigue a la anterior es si ese “Efecto Yolanda” ha tenido repercusiones en las expectativas electorales del principal socio de la coalición de gobierno, el PSOE. Para ello, la gráfica siguiente muestra la evolución de la intención directa de voto para el Partido Socialista entre diciembre de 2019 y noviembre del 2021, de nuevo marcando con una línea vertical el momento en el que se produce el relevo entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz.

Gráfico 3. Intención directa de voto al PSOE entre diciembre de 2019 y noviembre de 2021.

El gráfico no indica claramente que el liderazgo de Yolanda Díaz haya empeorado las expectativas electorales del PSOE. Este partido mantenía una alta intención directa de voto hasta julio de 2020, desde entonces y hasta diciembre de 2020 baja precipitosamente, cayendo de un 25% a un 19%. En los meses siguientes sube de nuevo, aunque no recupera su nivel previo. ¿Cómo ha afectado el relevo en Unidas Podemos? No hay un patrón definido aún. Lo que parece es que la subida de la intención de voto a Unidas Podemos no se corresponde con una bajada en paralelo del PSOE. Su intención de voto parece haberse estabilizado, aunque en niveles bajos para este partido.

Hasta ahora he mostrado qué impacto ha tenido la ascensión de Yolanda Díaz sobre la intención de voto a Unidas Podemos y al PSOE. Ahora bien, uno de los debates más importantes encima de la mesa es el tipo de candidatura que presentará Yolanda Díaz. Como ella misma indica, parece que su intención es presentar una candidatura que vaya más allá de las siglas de Unidas Podemos. Una opción transversal que movilice a la izquierda fuera del ámbito del PSOE.

Un aspecto clave a examinar es pues si Yolanda Díaz como cabeza de cartel electoral refuerza las posibilidades electorales del espacio de lo que antes se llamaba la “izquierda transformadora”. Para ello, el siguiente gráfico muestra cómo ha evolucionado el porcentaje de personas encuestadas que declara cercanía por partidos generalmente considerados a la izquierda del PSOE y que podrían formar parte de la coalición electoral que liderase Yolanda Díaz. Concretamente, he considerado a Unidas Podemos, En Comú-Podem, Izquierda Unida, y Más País.

Gráfico 4. Evolución del porcentaje de personas cercanas a los partidos a la izquierda del PSOE (Podemos, IU, En Comú-Podem, Más País).

La tendencia mostrada en el gráfico es muy clara. El grado de cercanía a este espacio político estaba en franca decadencia desde enero de 2020. Si entonces recibía la simpatía de un 14% de la muestra, este apoyo se había estancado en el 10,5% desde diciembre de 2020 a marzo de 2021. Con la renuncia de Pablo Iglesias y la propuesta de Yolanda Díaz como porta-estandarte electoral, se ha producido un salto notable en la simpatía que recibe el espacio político que Yolanda pretende liderar. Ha pasado de un 10% a oscilar de manera estable en niveles cercanos al 15%, un aumento de más de un 40%. Pas mal que dirían los franceses. Parece pues, que Yolanda Díaz podría ser capaz de encabezar ese espacio y sacarlo de la depresión y nostalgia en el que estaba instalado desde hacía tiempo.

Ciertamente, el proyecto electoral de Yolanda Díaz plantea dilemas para los partidos concernidos, pues posiblemente requiera que esas formaciones pierdan visibilidad de sus siglas y de las señas de identidad que distinguen unos proyectos políticos de otros. Pero el caramelo de unos buenos resultados electorales puede hacer que acepten. No olvidemos, además, que el sistema electoral español penaliza muy gravemente a aquellos partidos de ámbito nacional que caen por debajo del 15% de los votos (aproximadamente). Si el espacio de izquierdas al margen del PSOE quiere tener capacidad de influencia en el próximo parlamento y contribuir a evitar una mayoría absoluta del Partido Popular y VOX, quizá la candidatura que plantea Yolanda Díaz sea la mejor opción. Así pues, los partidos de izquierda tal vez tengan que entonar esta frase de otra canción de Pablo Milanés: “La prefiero compartida, […] no es perfecta, mas se acerca a lo que yo simplemente soñé.”

Las comunidades autónomas españolas han tenido un papel fundamental a la hora de hacer frente a la pandemia de SARS-CoV-19. Si bien parte de las normas aplicadas han partido del gobierno central, las administraciones regionales han asumido una responsabilidad crucial tanto en la administración de los servicios de salud, en la gestión de servicios de rastreo y salud pública, en aspectos regulatorios como los horarios de apertura y los toques de queda, y en la organización de la vacunación masiva. Este rol ha sido desempeñado por estas administraciones bajo un nivel alto de presión por lo mucho que la pandemia pone en juego en términos de salud, de actividad económica, y del funcionamiento de los servicios públicos en general. Las decisiones adoptadas por las CCAA, además, han puesto de manifiesto distintas estrategias y preferencias a la hora de abordar los retos: Unas comunidades han sido más cautas que otras en relación con el dilema entre controlar la epidemia y mantener la actividad económica. Unas han tenido servicios de rastreo más eficaces que otras, y también se han optado por alternativas diferentes en la implementación de la estrategia de vacunación, como por ejemplo entre la apuesta por centros de salud como eje o por grandes infraestructuras (públicas o privadas) para la administración de las vacunas.

La responsabilidad asumida por la CCAA ha avivado el debate de si las administraciones regionales funcionan mejor en unos territorios que en otros. Responder a esta pregunta es un desafío enorme. Por un lado, mirando al funcionamiento de las administraciones en sí es muy complejo encontrar indicadores que sean plenamente comparables entre ellas y que sean capaces de resumir el desempeño general de la administración. Por otro lado, mirar a los resultados es tentador –crecimiento económico, resultados educativos, esperanza de vida--, pero estas mediciones responden a multitud de factores, muchos de los cuales están fuera del alcance de las administraciones.

Por eso tiene especial valor el proyecto European Quality of Government de la Universidad de Gotemburgo en Suecia.[1] Este proyecto ha reunido información sobre la calidad del gobierno en las regiones de los 27 países de la Unión Europea. Lo ha hecho ya en 4 oleadas, realizadas en 2010, 2013, 2017, y 2020. El objeto de este proyecto es medir tres dimensiones clave: (1) el grado de imparcialidad de las administraciones, (2) su grado de corrupción, y (3) la calidad de los servicios. Cada uno de estos indicadores se mide en relación con tres áreas clave: salud, educación, y seguridad ciudadana. Estos indicadores se obtienen al administrar una encuesta a la población general de estas regiones en la que se pregunta por las percepciones individuales respecto al funcionamiento de las administraciones públicas en las regiones respectivas. A partir las percepciones ciudadanas respecto de estos tres indicadores, se genera un índice general de calidad de gobierno en cada territorio, el EQI Index. Hace unas semanas, nuestro compañero Victor Lapuente presentó los primeros resultados de la encuesta realizada en 2020.[2] En este post me voy a centrar en aspectos que resaltan la divergencia en la percepción del funcionamiento de las administraciones públicas entre personas de unas CCAA y otras.

El Gráfico 1 aporta el valor del índice global de calidad de gobierno (EQI) para cada una de las comunidades autónomas españolas según los datos de 2020. En el eje horizontal tenemos las CCAA y el vertical el percentil que ocupa cada comunidad entre el conjunto de las regiones de la Unión Europea. Por ejemplo, un percentil de 60 indica que es Comunidad Autónoma tiene un índice de calidad de gobierno mejor que el 60% de las regiones europeas. Así, cuanto mayor sea el percentil, mejor es el desempeño relativo de las administraciones de una región dentro del contexto europeo. Como podemos ver, en España, hay regiones en las que el índice de calidad del gobierno es bajo. En Cataluña y Andalucía, por ejemplo, las percepciones son muy negativas y sitúan a estas regiones por debajo del percentil 30. Eso quiere decir que más de dos tercios de las regiones europeas tienen un índice de calidad de gobierno mayor que el de Cataluña o el de Andalucía. Por el contrario, el País Vasco recibe un nivel del índice EQI bastante positivo. Su percentil supera el 75, lo cual quiere decir que Euskadi se encuentra entre el 25% de las regiones europeas con mejor desempeño.

Así pues, existe una gran variación de valoración de las administraciones entre unas CCAA y otras. Los ciudadanos de Cataluña valoran tan mal a las administraciones públicas que eso sitúa su índice entre el 25% de las peores regiones de Europa. El País Vasco o La Rioja, en el otro extremo, son regiones donde los ciudadanos están mucho más satisfechos, y así el índice las sitúa entre el tercio de regiones de la UE con mejores valoraciones. Esta variación tan alta dentro de un mismo país es llamativa, y no tiene apenas parangón en otros países europeos.

Así lo muestra el Gráfico 2, que examina cuánto varía el índice de calidad de gobierno entre unas regiones y otras para cada uno de los países del estudio.[3] Este es un gráfico de caja, que muestra por un lado el valor mediano de calidad de gobierno en cada país --la línea horizontal dentro de la “caja”— y cuánto se alejan las regiones de ese valor central –los límites superior e inferior de la caja y las líneas verticales que les siguen, los llamados “bigotes”--. Cuanto más achatada la caja y cortos los bigotes, eso quiere decir que las regiones de un país se parecen más entre sí en calidad de gobierno. El caso español está marcado con rojo.

Como se puede ver, en algunos países como Portugal (“POR” en el gráfico), la variación en el índice de calidad es muy reducida. En cambio, en países como Italia y España, ésta es muy pronunciada. Que exista una divergencia tan grande en percepciones de calidad de las administraciones de un mismo país plantea cuestiones urgentes y relevantes. Una de ellas es si estas divergencias han sido siempre tan elevadas y si las CCAA con un mejor desempeño tienden a ser las mismas en los sucesivos estudios.

El último gráfico, gráfico 3, ayuda a responder a ambas preguntas. Podemos ver el índice de calidad de gobierno para cada una de las CCAA en las cuatro ediciones del estudio de la Universidad de Gotemburgo. Se puede observar que la divergencia entre comunidades ha aumentado con el tiempo: era bastante más reducida en 2010 que en 2020. Las puntuaciones mínimas de entonces son ahora aún más bajas y, por su parte, las puntuaciones máximas de entonces son ahora aún más altas.

El segundo punto clave es que las CCAA mejor puntuadas en 2010 también lo son en 2020. El País Vasco tenía el mejor índice en 2010 y lo sigue teniendo hoy día, mientras que Cataluña era el farolillo rojo de la distribución entonces y lo sigue siendo. Más aún, la divergencia creciente ha hecho que la distancia en valoración de las administraciones entre ambas regiones haya aumentado considerablemente. Para analizar esta divergencia persistente -y en aumento- el Quality of Government Institute de la Universidad de Gotemburgo está preparando un estudio cualitativo.

[1] Los datos actualizados y la documentación completa de este proyecto pueden descargarse aquí: https://www.gu.se/en/quality-government/qog-data/data-downloads/european-quality-of-government-index

[2] https://www.eldiario.es/piedrasdepapel/calidad-gobierno-autonomias_132_8036280.html

[3] Aquellos países con una única región, como por ejemplo Malta, han sido eliminados del gráfico porque, por definición, no hay variación inter-regional.

[4] Charron, Nicolas, Victor Lapuente y Monica Bauhr. 2021. “Sub-national Quality of Government in EU Member States.” Quality of Government Institute Working Paper Series

España envió el viernes de la semana pasada su plan de gasto de su parte del fondo europeo de recuperación (Next Generation EU). A lo largo de los próximos cinco años, España espera recibir 140.000 millones de euros, la mitad de los cuales serán transferencias directas sin implicaciones sobre la deuda pública. España plantea dedicar la mayor parte de estos recursos a la transición ecológica, a la modernización digital, y a la investigación. Se trata pues de cantidades ingentes de dinero con potencial para transformar la estructura económica española. La clave es que este dinero sea bien empleado por las administraciones públicas.

No en vano, esta misma “lluvia” de dinero también puede ser un caldo de cultivo para las irregularidades en el gasto y para la corrupción. La literatura sobre los recursos naturales, por ejemplo, muestra que el incremento repentino de los recursos de una administración pública –por el aumento del precio de los recursos, por ejemplo– incrementa la corrupción.[1] Esto parece ocurrir con cualquier aumento súbito de fondos, aunque éstos no provengan de los recursos naturales.[2] Es por tanto un momento clave para que tanto las administraciones públicas españolas como la sociedad civil activen la vigilancia para minimizar la corrupción en el empleo de estos ingentes recursos europeos que tanto bien podrían hacer.

Existe un consenso académico en que una de las estrategias claves para reducir la corrupción y el fraude es mejorar los mecanismos de detección de las irregularidades y que, cuando éstas se detecten, haya instrumentos de castigo que sean disuasorios. En la medida en que esto sea así, incluso agentes políticos que busquen enriquecerse de la política decidirán que no merece la pena implicarse en irregularidades por la alta probabilidad de ser descubiertos y penalizados.

El cuello de botella clave para aplicar esta estrategia es la falta de datos fiables de corrupción, sobre todo a nivel micro. Por su propia naturaleza clandestina, la corrupción es muy difícil de identificar. Instituciones como Transparencia Internacional o el Banco Mundial producen datos comparados de corrupción, pero son a nivel muy agregado y se basan en percepciones que pueden estar sesgadas por diferencias culturales entre países. Por su parte, las instituciones de vigilancia nacionales –tribunales de cuentas, agencias anti-corrupción, la justicia penal– tienen medios limitados para auditar a las administraciones y cuando descubren irregularidades a menudo el perjuicio está ya consumado.

 La disponibilidad creciente de datos masivos, especialmente en lo que se refiere a contratación pública, abre la puerta a paliar este problema. La razón es que permite desarrollar indicadores a nivel muy micro de “riesgos de corrupción”, es decir, de situaciones en las que la probabilidad de que haya abuso es mayor. Para ello se puede utilizar información muy desagregada sobre cada contrato público y sobre los agentes que participan. Por ejemplo, la asociación Civio ha examinado miles de contratos de las administraciones públicas y ha identificado muchas instancias donde se trocea un contrato para poder adjudicar cada contrato individual a dedo.[3] Aunque el fraccionamiento de contratos no es prueba definitiva de corrupción, si que es una “red flag” que nos indica que la probabilidad de que haya habido abuso es más alta.

 Veamos aquí un ejemplo concreto de cómo se pueden utilizar datos muy desagregados de contratación pública para poder identificar riesgos de corrupción y de fraude. Vamos a emplear los datos del Plan E (2009-2010), un programa del gobierno central que transfería cantidades importantes a los ayuntamientos para que realizaran obras públicas y reactivaran la economía, afectada por el derrumbe financiero de 2008. Este plan fue pionero al poner a disposición del público datos muy desgranados para cada contrato. Para para poder detectar posibles casos de fraude podemos fijarnos en el uso estratégico de la figura del contrato menor. En 2009, cuando el presupuesto no excedía de 50.000 euros, era posible utilizar ese tipo de contrato y asignar la obra “a dedo”.

 El gráfico siguiente muestra el número de contratos que se licitaron alrededor de esa cifra. La línea discontinua indica el umbral de 50.000 euros a partir del cual ya no se podía adjudicar el contrato a dedo. Como podemos observar, hay una “sobreabundancia” de casos concentrados justo por debajo del umbral. Y muy pocos casos justo por encima. Dicho de otra manera, en un número extraordinario de casos se licitaron contratos por valor de aproximadamente 49.900 euros y cantidades parecidas para así evitar tener que utilizar un procedimiento más transparente –aunque también más farragoso–. Esto puede ser una “señal de alarma” de que puede haber habido fraude.

Gráfico 1. Número de contratos públicos según cifra del contrato.

Una vez se han identificado casos sospechosos de corrupción, es posible aplicar algoritmos predictivos de machine learning para poder hallar qué tipo de contratos, de contratistas, y de instituciones son más proclives al fraude. Estas predicciones pueden y deben guiar la actuación de las instituciones de control como los Tribunales de Cuentas o las fiscalías anticorrupción, así como a organizaciones de la sociedad civiles que realizan funciones de vigilancia (watchdog organizations). Predecir aquellos casos en los que es más probable que se produzcan irregularidades permite a estas agencias intervenir de manera temprana incluso antes de que la corrupción se produzca y haya un daño social y un enriquecimiento ilícito. Asimismo, estas actuaciones rápidas podrían tener un efecto disuasorio sobre los potenciales corruptos, con lo que la frecuencia y gravedad de la corrupción podría disminuir.

El uso más sofisticado y ambicioso de datos masivos de contratación pública para predecir corrupción lo ha realizado un grupo de economistas y politólogos, muchos de ellos basados en la Universidad del Rosario en Colombia. En un primer estudio,[4] utilizaron información de la Contraloría General de la República –equivalente a nuestro Tribunal de Cuentas– y de la Cámara de Comercio para identificar casos de corrupción e irregularidades. A continuación, emplearon datos masivos sobre contratación pública e información sobre las propias administraciones a través de algoritmos de machine learning para así predecir la corrupción. Este estudio demuestra que estos algoritmos tienen una alta capacidad predictiva: Hay pocos “falsos negativos”, es decir, casos que el algoritmo clasifique como de bajo riesgo de corrupción pero en los que en realidad ésta sí se produzca. Un segundo estudio ha demostrado la potencialidad de estos algoritmos para predecir la existencia de irregularidades con mucha rapidez: utilizando el procedimiento anterior, han sido capaces de predecir con bastante fiabilidad qué municipios iban a emplear de manera irregular los fondos que el gobierno habilitó para combatir la primera oleada de la pandemia.[5] En el trabajo más reciente, este grupo de investigadores demuestra que esta estrategia puede ser empleada más allá de Colombia, pues lo aplican con éxito en Brasil.[6]

Es factible emplear este enfoque de predicción de la corrupción para el caso de España. En primer lugar, existen ya repositorios de datos masivos de contratación pública de fuentes como la Plataforma de Contratación del Sector Público y portales similares a nivel autonómico y local. Como indicadores de irregularidades y fraude, se podría utilizar los informes del Tribunal de Cuentas y la información disponible de la Fiscalía General del Estado. Con esta información, y empleando algoritmos predictivos, sería posible identificar los factores institucionales, los contextos específicos, y las modalidades de contratación que predisponen a la corrupción.

Una vez hallados estos factores, sería posible anticipar con cierta fiabilidad qué tipos de usos de los Fondos Europeos de Recuperación están más en riesgo de abuso y fraude. Con la colaboración de las agencias de control y de la sociedad civil activa –asociaciones como CIVIO, mencionada antes– sería posible intervenir para prevenir estas posibles corruptelas. Es verdad que los actores con intereses espurios podrían adaptarse y cambiar de patrón de comportamiento, pero una de las grandes ventajas de los algoritmos predictivos es que se pueden actualizar constantemente. En definitiva, estamos ante unas herramientas con un amplio potencial que podrían (y deberían) ser desplegadas ahora que como país tenemos tanto en juego. 

[1] Stanislao Maldonado. 2010. Resource Windfall and Corruption: Evidence from a Natural Experiment in Peru.

[2] Fernanda Brollo et al. 2013. The Political Resource Curse. American Economic Review 103(5): 1759–1796.

[3] Más información puede encontrarse aquí

[4] Jorge Gallego, Gonzalo Rivero, y Juan Martínez. 2020. Preventing rather than punishing: An early warning model of malfeasance in public procurement. International Journal of Forecasting.

[5] Jorge Gallego et al. 2021. Corruption in the Times of Pandemia. Manuscrito

[6] Emanuele Colonnelli et al. 2021. What Predicts Corruption?  Manuscrito

A raíz de la marcha de Salvador Illa del Ministerio de Sanidad y de la necesidad de reemplazarlo en el contexto de la pandemia, el debate público ha vuelto a poner su mirada sobre la idoneidad de los perfiles de los ministros y ministras para ocupar un cargo en el Ejecutivo. Es decir, sobre si su formación y experiencia son las más adecuadas para dirigir una cartera de gobierno.

¿Debería el Ministerio de Sanidad estar pilotado por un médico de reconocido prestigio? ¿Un exitoso empresario del campo sería un buen Ministro de Agricultura? ¿La cartera de Economía debería recaer en manos de algún reputado economista? Es frecuente que este tipo de preguntas emerjan ante la formación o remodelación de un nuevo gobierno. Dicho planteamiento puede analizarse en dos planos diferentes, uno atendiendo a la reacción inmediata, intuitiva, aunque cargada de argumentos rudimentarios (¡quién si no va a saber más que un médico sobre salud pública!), y otro prestando atención a la corrientes de fondo en las que navega. Transitemos de momento por esta segunda vía.

El debate sobre qué tipo de perfil debería tener un miembro del Gobierno, o en nuestro caso concreto, quién debería ocupar la cartera de Sanidad en medio de una pandemia, entronca con una discusión profunda que va más allá del contexto del COVID-19 y que versa sobre la crisis de las democracias representativas. El debate apunta a cuál debería ser el papel de los expertos en la democracia de partidos, pues estos últimos, independientemente de color que sean, decepcionan con mucha frecuencia al no poder conjugar del todo su función de representación (atender a las demandas de los votantes) con la de responsabilidad (conseguir buenos resultados en el largo plazo en base a los intereses de los votantes pero articulándolos con demandas de otros actores –mercados, organismos internacionales, etc.-), todo esto en contextos de híper-interdependencia global y alta incertidumbre.

La respuesta tecnocrática (el gobierno de los expertos) se ha defendido como una de las posibles alternativas al papel de los partidos. ¿Deberían los expertos tener capacidad ejecutiva por encima de los ministros o estar subordinados a estos informándoles en el diseño de políticas públicas y apoyándolos en la toma de decisiones? Sobre este asunto hemos reflexionado hace poco en este mismo blog (véase aquí).

Dejando al margen la cuestión central, pero sin abandonar un aspecto importante del debate, en este post queremos compartir unos resultados producto de una reciente encuesta experimental realizada dentro de un proyecto más amplio sobre el estudio de las preferencias y las actitudes de los españoles hacia los expertos (financiada por el proyecto CSO2017-89847-P del Plan Nacional de I+D+i). En la encuesta empleamos un diseño llamado “conjoint experiment” en donde básicamente presentamos a una muestra de 2000 personas en España dos perfiles de candidatos para ocupar el Mando Único en caso de declaración del estado de alarma. Como sabemos, este órgano es el encargado de liderar la respuesta a la pandemia y de coordinar las actuaciones entre diferentes niveles de gobiernos. A los encuestados se les proporciona información sobre el género, la edad, el lugar de nacimiento, el tipo (si es político o experto), el partido político al que pertenece en caso de ser político, y el área de trabajo en la que los candidatos han realizado su profesión (en nuestro experimento solo ofrecemos dos opciones: sanidad o economía). El orden y el valor que adoptan todos estos atributos (si es hombre o mujer, por ejemplo) se presentan de manera aleatoria, generando varios perfiles diferentes entre los cuales los participantes eligen uno de los dos candidatos en una serie de cinco votaciones. La generación de datos en base a la aleatorización de los atributos nos permite evaluar a posteriori de forma rigurosa qué atributos han tenido más peso en la elección del Mando Único.

El principal resultado de este ejercicio es que ser experto es la característica que más condiciona la elección del candidato. Cuando el candidato para ocupar el Mando Único es experto en vez de político la probabilidad de que este sea elegido aumenta considerablemente (cerca del 40%).[1] Pero (¡atención!), este resultado se da independientemente del tipo de trabajo en el que el experto desarrolle su trabajo, puesto que cuando analizamos la interacción de los atributos, el área de trabajo del experto no ejerce una influencia estadísticamente significativa sobre la elección del candidato.

Para ahondar en este último aspecto, es decir, para comprender cómo condiciona el tipo de experiencia profesional en la influencia que tiene la cualidad de ser experto frente a ser político, hemos complementado el ejercicio anterior con un experimento de viñeta o experimento de marco (framing experiment). Este consiste en analizar cómo diferentes formas de presentar la crisis del COVID-19 (si como una crisis exclusivamente sanitaria o como una crisis sanitaria pero con importantísimas consecuencias económicas) puede desencadenar diferentes opiniones entre los encuestados acerca de la idoneidad de los perfiles de los candidatos para ocupar el cargo de Mando Único. Este condicionante, como es lógico, se introduce antes de pedirles a los encuestados que elijan entre los diferentes perfiles y la asignación de marco o frame para cada uno de ellos (el que enfatiza la crisis sanitaria, el que enfatiza la crisis económica o el grupo de control) se realiza de manera aleatoria.

De forma resumida, los resultados encontrados nos dicen los siguiente: como antes, los expertos siguen siendo preferidos a los políticos, pero cuando presentamos la crisis de la COVID-19 subrayando exclusivamente sus aspectos sanitarios los ciudadanos prefieren con claridad expertos en salud pública que a expertos en economía. La probabilidad de que un perfil de experto-sanitario sea elegido es de 76% frente a un 58% en el caso de un perfil de experto-economista. Este resultado parece casi una obviedad y seguramente se ajuste a lo intuido por muchos lectores. A fin de cuentas el coronavirus representa una crisis sanitaria de primer orden. No obstante, resulta sorprendente la debilidad de dicha preferencia (la de sanitarios sobre economistas) en el momento que analizamos lo que sucede cuando la crisis de la COVID-19 se presenta como una crisis también económica. La probabilidad de que un perfil de experto-sanitario sea elegido para dirigir la respuesta a la pandemia es prácticamente igual a la del perfil de un experto-economista. De hecho, la del segundo es mayor que la del primero (66% y 69% respectivamente), lo cual significa que el tipo de experto pasa a ser irrelevante desde el punto de vista estadístico.

Estas evidencias señalan tres cuestiones. La primera, la considerable extensión de la preferencia por expertos en cargos ejecutivos, como se ha señalado en anteriores investigaciones. La segunda, que la preferencia por el tipo específico de experto es manipulable. La tercera, y relacionada con esta última, que esa maleabilidad de la preferencia por expertos está muy condicionada por cómo se presente ante los ciudadanos la cuestión política a gestionar. En este último terreno creemos conveniente que quienes proponen ciertos debates públicos sean conscientes de las implicaciones de usar argumentos potencialmente populares pero excesivamente rudimentarios. Ese uso de un argumento tecnocrático, elitista, antipartidista, antipolítico, puede generar sin duda simpatías pero también dinámicas que debiliten la democracia representativa. 

[1] Este hallazgo es coherente con otro resultado que también hemos presentado en este mismo blog sobre preferencias tecnocráticas durante la pandemia (véase aquí).

Hace aproximadamente un año llegaban las primeras noticias de un brote de una extraña neumonía en Wuhan, una provincia china de la que pocos habíamos oído hablar. Según pasaron las semanas, las noticias cada vez eran más preocupantes: confinamiento estricto en China, casos en aumento y en expansión global. En este contexto de alarma, sabíamos muy poco sobre la amenaza a la que nos enfrentábamos. Todo eran incógnitas: ¿Cómo se transmite el virus? ¿Cuál es la tasa de mortalidad? ¿Cuándo habrá una vacuna? En la búsqueda apremiante por obtener respuestas, el mundo acudió a los expertos: virólogas, epidemiólogas, médicos de salud pública. Ante nuestro desconocimiento, quisimos que su saber especializado, acumulado por décadas de formación, pudiera guiarnos como sociedades.

La necesidad de expertos era particularmente evidente ante los dilemas a los que se enfrentaban los gobiernos. ¿Qué tipo de medidas tomar para frenar el avance del virus? ¿Es necesario adoptar un confinamiento estricto? ¿Cómo conjugar el combate del virus con la protección de la economía? En estas primeras semanas los expertos al frente de las comisiones de asesoramiento a los gobiernos se convirtieron en nombres familiares. Anthony Fauci en Estados Unidos, Neil Ferguson en el Reino Unido, o Fernando Simón en España. Eso sí, sus recomendaciones no eran unánimes. Mientras que en China, Italia, o España los científicos proponían frenar la curva de manera vigorosa. En Suecia o en el Reino Unido entendían que la mejor opción era no establecer grandes restricciones y así avanzar hacia la inmunidad de rebaño. Según se empezaron a notar los terribles efectos de la pandemia sobre la actividad económica, al debate se incorporaron también economistas. En resumen, en tiempos de incertidumbre, el saber experto parecería ser un atributo en alza.

Sin embargo, es precisamente en este contexto cuando las teorías de la conspiración han tenido un mayor eco. Su principal elemento en común es un cuestionamiento de los mensajes de los profesionales especializados: (a) se ha sostenido que el virus había sido manufacturado por un laboratorio chino, (b) se ha dicho que Bill Gates está detrás del virus para hacerse rico con las vacunas, o (c) se ha cuestionado la utilidad de las mascarillas. Al éxito de estas teorías ha contribuido el amparo político que han recibido desde dirigentes y partidos muy importantes a nivel global como Trump o Bolsonaro.

En este contexto que combina dependencia del saber experto con cuestionamiento sin precedentes de ese mismo conocimiento, los autores de este post hemos estudiado cómo ha afectado la pandemia en la percepción sobre el rol de los expertos. Para ello, hemos realizado dos encuestas, una antes de la pandemia -marzo 2019- y otra en pleno desarrollo de la misma -mayo de 2020-. Las mismas 1.200 personas respondieron a las dos encuestas (financiadas por el proyecto de I+D+i CSO2017-89847-P del Plan Nacional de Investigación), con lo cual podemos comparar cómo han evolucionado sus opiniones. En ambos cuestionarios incluimos una batería completa de preguntas sobre actitudes tecnocráticas. Estas preguntas están tomadas prestadas de la publicación reciente de Eri Bertsou y Daniele Caramani.

Cada una de las 10 preguntas de la batería se presenta como una afirmación ante la cual el entrevistado debe indicar su grado de acuerdo, donde el mayor desacuerdo se mide como un 0 y el mayor acuerdo como un 10. Esta batería busca capturar las tres dimensiones de la preferencia a que los expertos tomen decisiones: elitismo, apoyo a decisiones basadas en el conocimiento y el anti-partidismo. La batería de preguntas es la siguiente:

Elitismo

Apoyo a decisiones basadas en el conocimiento

Anti-partidismo

Para analizar el cambio de opiniones producido por la pandemia, hemos tomado la diferencia entre las opiniones dadas en mayo de 2020 y las opiniones emitidas un año antes. El gráfico siguiente muestra la media de estas diferencias para cada una de las preguntas de la batería.

Como podemos ver, con la pandemia ha aumentado en términos generales el grado de apoyo al rol de los expertos. La mayor parte de las diferencias son positivas, es decir, hay mayor apoyo a las afirmaciones de corte tecnocrático en mayo de 2020 que en marzo de 2019. En los casos en los que la media de apoyo ha bajado, lo ha hecho en muy pequeña medida y podemos decir que estadísticamente esa bajada no es significativa.

En concreto, del conjunto de preguntas, ¿Cuáles son las actitudes que más se han reforzado con la pandemia? Como podemos ver, son las preguntas 4-7. Esas cuatro afirmaciones reflejan la dimensión de apoyo a que las decisiones estén basadas en el conocimiento (expertise en inglés). El grado de apoyo a esas afirmaciones ha aumentado notablemente y de manera estadísticamente significativa. La magnitud de ese aumento es de 0.4, 0.7, 0.3, y 0.4, respectivamente. Pueden parecer cambios menores, pero reflejan el 17%, 29%, 17% y 18% de la desviación estándar de la respuesta en cada caso. Por lo tanto, podemos decir que con la pandemia se ha acentuado la preferencia de los ciudadanos por que los expertos estén involucrados en la toma de decisiones.

En conclusión, en un contexto que conjuga dependencia del saber profesional y experto con cuestionamiento de los argumentos científicos sin precedentes en los tiempos recientes, vemos que el resultado neto en la opinión pública española es muy claro: Los ciudadanos han redoblado su confianza en que las decisiones se basen en el conocimiento de los expertos.

La pandemia del coronavirus no ha sido amable con las ciudades. Especialmente con aquellas de más densidad. En los primeros compases de la expansión del SARS-CoV-2 observamos cómo éste se transmitía con especial rapidez y crudeza en grandes concentraciones urbanas como Wuhan, Milán, Madrid o Nueva York. Más cercano en el tiempo y en el espacio, el gobierno regional de Madrid acaba de implantar medidas de confinamiento selectivo en algunos de los barrios y municipios de la Comunidad con mayor concentración de población. Estas medidas, además de estigmatizar estos núcleos, afectan desproporcionadamente a personas de rentas más bajas. Por estas razones, parece extenderse la percepción de que la ciudad compacta, densa, es un lugar particularmente vulnerable a las pandemias (a ésta y a las que pudieran venir en el futuro). 

En este post argumentamos que las zonas urbanas compactas no solo pueden ser capaces de combatir eficazmente la transmisión del virus sino, además, de asegurar niveles superiores de equidad social y de salud medioambiental. Eso sí, el modelo compacto debe ser retocado para lograr estos objetivos.

Uno de los efectos colaterales de la pandemia de la COVID-19 ha sido avivar un debate de largo recorrido dentro del urbanismo, sobre el modelo de desarrollo compacto vs el modelo disperso. Este debate clásico se enfoca en las ventajas que ofrece un modelo sobre el otro: el uso eficiente del suelo, generando desarrollo urbano compacto vs la dispersión territorial.

En la situación actual, el modelo disperso resulta atractivo. Promociona la baja densidad residencial, la segregación de usos entre zonas residenciales y comerciales, y el transporte privado. De este modo, puede verse como un modelo de menor riesgo en el contexto de la pandemia: se utiliza menos el transporte público, las viviendas suelen ser más grandes y tiende a haber más zonas verdes -con lo que los confinamientos pueden ser más llevaderos-. De hecho, en las zonas suburbanas de ciudades como Nueva York o Madrid se han registrado en los últimos meses aumentos en las ventas de casas ilustrando el éxodo de personas hacia las afueras (aquí y aquí).

El modelo compacto, por su parte, apuesta por la densidad, lo cual es percibido por sectores de la sociedad como un riesgo epidemiológico. Sin embargo, para poder entender la relación que existe entre enfermedades infecciosas y el espacio urbano compacto —relación poco estudiada— es importante hacer dos aclaraciones.

Primero, las ventajas de la densidad: ésta es una condición para provisión de infraestructura básica, incluyendo alternativas de tránsito, vivienda, saneamiento y el acceso a comodidades y una variedad de servicios: comercio, espacios públicos, parques, instituciones culturales, etc. La densidad permite la diversidad de comercios, restaurantes y otras actividades como servicios de salud especializados. Con la densidad se permite el acceso/movilidad de personas con menores emisiones de carbono, lo cual es también muy importante para la salud. Además, aunque es cierto que la densidad conlleva contacto cercano de las personas y eso puede generar brotes para la propagación del virus, las ciudades, al mismo tiempo, ofrecen la oferta de contar con la infraestructura especializada y la capacidad de responder ante la crisis, contrarrestando de tal forma el impacto del virus.

Segundo, es clave diferenciar el modelo de desarrollo compacto, por un lado, y los factores estructurales de las sociedades, por otro. En efecto, las dinámicas del contagio también tienen que ver con las formas que las personas están expuestas a éste —lo cual está relacionado al tipo de ocupación laboral, forma de desplazamiento, lugar de trabajo, acceso a espacios abiertos, etc. Un estudio empírico reciente sobre el impacto del virus en la densidad de población en EEUU muestra que el tamaño de la población de un área urbana da lugar a mayores tasas de infección y mortalidad, pero no así la densidad. Es decir, comparando dos áreas urbanas de la misma población, digamos 8 millones de habitantes, aquella con un desarrollo urbano más compacto no sufre una mayor incidencia del COVID que aquella con un diseño urbano disperso. Los autores lo explican de la siguiente forma: dado que las metrópolis son centros que atraen turismo, negocios y gente en general de otras partes del mundo, son lugares de contagio. Ahora bien, los lugares con un modelo de desarrollo denso, en general, cuentan con un mejor y mayor acceso a servicios de salud especializados y de calidad.

Más allá del debate, el momento actual nos llama a reflexionar sobre las formas de mejorar el espacio urbano para poder sortear mejor ésta y otras crisis de igual importancia (como la crisis de desigualdad urbana existente). Las expresiones a favor del modelo compacto se han enfocado en la importancia de la mejora del diseño espacial para las ciudades —como agrandar espacios abiertos para reducir el tráfico en parques urbanos, repensar los balcones, incluir más espacios abiertos en el diseño de edificios, etc. Pero la discusión del modelo urbano compacto debe ampliarse para enfatizar la falta de equidad del modelo. Por ejemplo, los análisis hechos hasta ahora muestran que, en Madrid o Nueva York, las zonas con mayores casos de COVID-19 son lugares donde la gente tiene menos acceso a sistemas alternativos de tránsito (como bicicletas, o acceso caminando), tienen menor acceso a áreas de recreo como parques, etc., menores posibilidades de trabajar remotamente, menores niveles de ingreso y concentran altas proporciones de inmigrantes y minorías raciales.    

El modelo compacto debe por tanto mejorarse con vistas a la inclusión: espacios urbanos abiertos para todos, frecuencia del transporte urbano para reducir aglomeraciones, vivienda con ventilación natural a bajos costos —y no reservada para apartamentos de lujo— etc. Varias iniciativas están ahora encima de la mesa. En París, la alcaldesa Anne Hidalgo ha puesto en marcha la “ciudad 15 minutos”: con el objeto de asegurar en todos los barrios el acceso a servicios, ocio, y trabajo a menos de 15 minutos sin uso del coche. Muchas ciudades, como Bogotá, Oakland y Nueva York han reaccionado a la pandemia ampliando sustancialmente el espacio para peatones y para la movilidad en bicicleta.

España debe también aprovechar esta coyuntura para enfocar sus ciudades en esta dirección. Para ello, cuenta con un aliado importante: los 140 mil millones de euros en fondos anticrisis de la Unión Europea, que están orientados, entre otros objetivos, a la inversión en transporte público y en la mejora de la resiliencia social. Es una oportunidad inmejorable que no se debe dejar pasar.

Protestas en barrios acomodados de Madrid, críticas parlamentarias muy severas, y un desgaste importante en la popularidad del Gobierno. El debate público en España, desde el comienzo de la crisis de la COVID-19, ha tendido a atribuir los resultados de la epidemia a la incompetencia del Gobierno central, sin observar lo que estaba haciendo el resto de los países europeos en esos momentos; algo fundamental para poder analizar el problema en su complejidad. En este artículo argumentamos que la gestión de la crisis en España, esto es, la falta de previsión, las medidas de distanciamiento social y las medidas de socorro económico, son, en esencia, similares a lo ocurrido en los demás países europeos. España, al menos en este caso, is not too different.

Veamos, por ejemplo, lo que ocurría en Europa una semana antes de que saltaran todas las alarmas por el coronavirus. El 3 de marzo, Alemania colocaba deuda a intereses negativos, mientras su población se escandalizaba por la presencia de un dron en el aeropuerto de Fráncfort. En el Reino Unido, los británicos cuchicheaban sobre la participación de Meghan y Harry en la entrega de unos premios deportivos, días antes de que abandonasen la familia real. En España, ese 3 de marzo, los periódicos exprimían la rivalidad entre Irene Montero y Carmen Calvo, y el Partido Popular pedía explicaciones sobre el encuentro entre José Luis Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela. Sólo Italia lanzaba gritos de auxilio, con 79 muertos por coronavirus, cierre de escuelas, cancelación de eventos deportivos en abierto y cálculos pesimistas sobre el impacto de la crisis sanitaria en la economía. Así pues, a pesar de que la alerta por el SARS-CoV-2 ya había aparecido en enero, la llegada del coronavirus a Europa encontró a casi todos los gobiernos confiados y desprevenidos. La súbita aceleración y gravedad de la pandemia condujeron a todos ellos a adoptar decisiones repentinas.

A continuación presentamos un breve análisis cronológico de la reacción ante la pandemia en Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y España. Este análisis muestra que todos los países terminaron tomando decisiones similares de distanciamiento social, refuerzo sanitario y políticas de choque económico. Asimismo, muestra que la improvisación terminó siendo un modus operandi casi inevitable para todos los países, incluso para Alemania, que se había preparado para una crisis más leve.

Tranquilos, todo está bajo control

Entre el 3 y el 7 de marzo, Alemania consolidaba una estrategia de prevención que luego demostraría ser exitosa, realizando tests masivos y aislando a las personas infectadas. Francia y España mostraban cierta inacción, limitándose a atender las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual mantenía todavía una percepción de “riesgo muy alto” del virus pero no de pandemia y, según la agencia EFE, “consideraba que cerrar espacios públicos y cancelar eventos multitudinarios contribuía a generar una percepción de riesgo superior al real”. Reino Unido, por su parte, abogaba por mantener la actividad normal en el país, confiando en la estrategia de la inmunidad de rebaño.

Esto está aumentando muy rápido, ¿Qué hacemos?

La situación cambió drásticamente el fin de semana del 7-8 de marzo, cuando los casos empezaron a crecer exponencialmente en toda Europa. Según la OMS, los casos confirmados y las muertes estaban en Italia en 7.400 y 366, respectivamente; en Alemania en 902 casos y ningún fallecido; en Francia en 1.100 infectados y 19 decesos; en Reino Unido, 277 y 2 víctimas mortales; y en España 374 y 5 fallecidos (a la hora de interpretar estas cifras es preciso tener en cuenta que están condicionadas, claro está, por el número de test realizados y la contabilización que cada país hacía de las muertes, ver datos aquí).

Los gobiernos de toda Europa empezaron a intuir la gravedad de la situación. Sin embargo, empujados seguramente por cálculos políticos y económicos, apenas adoptaron medidas preventivas parciales, principalmente restricciones de acceso a residencias, hospitales y cárceles, manteniendo, sin embargo, los eventos de afluencia masiva. Así, en Alemania se celebraron las manifestaciones del 8M y partidos de la Bundesliga como el Borussia Mönchengladbach-Borussia Dortmund, en un estadio con capacidad para 80.000 personas a 10 km de Heinsberg, epicentro de la pandemia en el país. En Francia se mantuvo la liga de fútbol, las manifestaciones del 8M e, incluso, el campeonato olímpico de natación artística. En España, como es bien sabido, se mantuvieron los partidos de La Liga, las manifestaciones del 8M, o el acto de Vox en Vistalegre. Así pues, España no fue el único país del entorno que celebró manifestaciones y actos masivos en esas fechas.

No era una ola, sino un tsunami

En los siguientes días empezaron a precipitarse las medidas de distanciamiento social radical, de refuerzo sanitario y a aprobarse medidas económicas de choque, todas ellas ciertamente similares entre países. Así, entre el 10 y el 14 de marzo, Francia, Bélgica, España, Portugal e incluso Alemania, tomaron las mismas medidas de alejamiento social: cerrando escuelas, museos, parques y cancelando eventos públicos. El 11 de marzo la OMS declaró la pandemia mundial. Y entre el 14 y el 18 de marzo se declaró, en todos los países, el estado de emergencia, limitando la actividad de los países a labores esenciales (Italia ya lo había hecho el 12 de marzo). La excepción seguía siendo el Reino Unido que, alardeando de superioridad científica, recomendó un distanciamiento social no obligatorio, aunque tuvo que adoptar la misma estrategia que los demás pocos días después.

Igualmente, todos los países buscaron reforzar la capacidad de sus sistemas sanitarios. Ahora bien, aquí encontramos diferencias estructurales entre los países, tanto en capacidad sanitaria de base como en margen de gasto fiscal. Así, uno de los indicadores básicos de fortaleza de los sistemas sanitarios es el número de camas por cada mil habitantes. Según la OCDE, destacan Alemania y Francia con 8 y 5,9 camas (ver datos). En segunda división están Italia, España y Reino Unido, con un ratio de 3,2, 2,9 y 2,5 camas, respectivamente. Por su parte, el gasto en sanidad de estos países es en Alemania de 5.056 dólares per cápita, en Francia de 4.141, en Reino Unido de 3.138, en Italia de 2.544 y en España de 2.341 (ver datos). A pesar de estas diferencias, todos los países realizaron fuertes inversiones en este ámbito. Parte de este esfuerzo consistió en aumentar el número de pruebas realizadas. Aquí encontramos diferencias notables en Europa. Destaca la baja tasa de tests de Francia y Reino Unido, frente a los esfuerzos del resto de los países. Según ourworldindata.org, a finales de abril, Italia tenía una tasa de 32,7 tests por cada 1.000 habitantes; Alemania 29,1; España 28,9; Reino Unido 13,3; y Francia 11,1.

Finalmente, todos los países promulgaron leyes de choque económico. Las cifras son difíciles de calcular, por las constantes revisiones que han hecho todos los gobiernos, pero todas ellas muestran cantidades de gran calado. Así, según EFE, Alemania comprometió una inversión por valor de 156.000 millones de euros y garantías por 600.000 millones, un 22% de su PIB. Francia aprobó una inversión de 100.000 millones y garantías por 300.000. España aprobó una inversión de 200.000 millones, 20% del PIB, porcentaje muy similar al de Alemania. Reino Unido ofreció garantías por valor de 360.000 millones. Italia comprometió ayudas de 75.000 millones y garantías por 400.000 millones. Todos los países coinciden en ofrecer ayudas a los autónomos y pymes (posponiendo pagos de impuestos, servicios y cotizaciones) y préstamos a empresas.

Conclusión

Los acontecimientos relatados dejan entrever que todos los países terminaron tomando medidas de distanciamiento social, refuerzo sanitario y medidas de choque económicas muy similares. Asimismo muestran que la magnitud de la crisis y la falta de preparación obligaron a todos los países, no sólo a España, a actuar de forma improvisada. Incluso a Alemania, que habiendo destacado por una exitosa estrategia de prevención de la que todos deberíamos aprender, tuvo que tomar medidas drásticas y repentinas. Una mirada amplia, más allá de la frontera, es fundamental para dimensionar la magnitud del problema al que se enfrentaron los gobiernos, así como para entender que la gestión de la pandemia del SARS-CoV-2 no puede analizarse sólo en clave nacional.

Aunque la evidencia empírica no es inequívoca y los efectos estimados del impacto de los apartamentos turísticos sobre el precio del alquiler son modestos, puede merecer la pena una política de regulación ambiciosa de las viviendas de uso turístico.

El precio de los alquileres en las grandes ciudades españolas está alcanzando máximos históricos. De acuerdo con el portal inmobiliario Fotocasa, el precio medio del metro cuadrado en alquiler alcanza ya un nivel superior al experimentado durante la burbuja de los años 2000[1]. Si bien los alquileres en ciudades como Madrid o Barcelona ya no aumentan tan rápido como hace dos años, los precios alcanzados son ya tan altos que, según datos del Consejo de la Juventud, una pareja de ingresos medios que dedique un 30% de sus ingresos al alquiler solo puede acceder a vivienda en 13 de los 128 barrios de la ciudad de Madrid.[2] En el resto del país, además, el crecimiento del precio de los alquileres ni siquiera ha empezado a frenarse.

Ante este escenario, se está abriendo un debate público sobre cómo afrontar la carestía del acceso a la vivienda. El acuerdo de gobierno entre el PSOE y Podemos, por ejemplo, incluye esta cuestión en su punto dos (enlace). En términos generales, hay dos tipos de propuestas encima de la mesa:

El control de precios de alquiler es una de las principales propuestas de Podemos. Esta propuesta ha ganado fuerza ante las iniciativas aprobadas en Berlín y París[3]. En el primer caso se trata de una congelación de precios. En el segundo, los alquileres no deben superar un índice medio de precios por metro cuadrado calculado anualmente.

El control de precios, no obstante, es muy criticado desde economistas liberales con el argumento de que cualquier precio máximo establecido que esté por debajo del precio de mercado real genera incentivos para pagos en negro por encima del precio máximo. Defienden que cualquier propuesta que no tenga en cuenta los equilibrios de oferta y demanda está condenada al fracaso. Así pues, el enfoque liberal propone la desregulación para fomentar la construcción de viviendas y así absorber el aumento de demanda. El problema de esta estrategia, sugieren sus contrarios, es que la construcción de vivienda no necesariamente aumenta la oferta de alquiler porque la nueva vivienda puede dedicarse a la especulación.

Una tercera posibilidad consiste en combinar una regulación pública ambiciosa con una actuación sobre la oferta de vivienda. Se trataría de restringir los permisos a los apartamentos turísticos para fomentar que, en su lugar, se dediquen al mercado de alquiler a largo plazo. Esta propuesta se basa en el siguiente supuesto: Los precios de alquiler no han aumentado solo porque haya aumentado la demanda sino también porque la oferta se ha reducido ante la pujanza de plataformas como AirBnB o Booking.com que han retirado vivienda del mercado de alquiler hacia el sector turístico.

¿Ha sido esto así? A continuación vamos a examinar si existe correlación entre la subida de alquileres y el incremento de la oferta de pisos turísticos.

En primer lugar, podemos contrastar si las tendencias temporales coinciden. En efecto, los datos indican que el incremento de la actividad de apartamentos turísticos coincide temporalmente con el despegue de los precios de alquiler. Así, los precios de alquiler en Madrid empezaron a aumentar rápidamente en 2014.[4] Es precisamente ese año cuando la plataforma AirBnB empezó a tener una actividad relevante en la ciudad, como indica el gráfico siguiente. Esta tendencia se ve también reflejada en los datos de InsideAirBnB.com. De acuerdo con esta plataforma, mientras que el número de viviendas ofertadas AirBnB en Madrid era de 7.800 en 2015, para finales de 2019 la oferta era de 20.540, un aumento de más del 150%.

Actividad en AirBnB Madrid desde 2012 a 2017. Fuente: Hostyapp Airbnb management software. El eje vertical la actividad de los huéspedes de Airbnb en cada mes.

En segundo lugar, examinamos el conjunto de ciudades españolas para comprobar cómo existe una correlación positiva entre la proporción de anuncios en AirBnB por cada 10.000 habitantes y el aumento del precio de alquiler entre 2015 y 2018. Este gráfico creado por Raúl Sánchez y Ana Ordaz de eldiario.es así lo demuestra:

Anuncios de AirBnB y aumentos del precio de alquiler. Fuente: “¿Cuántas viviendas de tu barrio están en Airbnb?”

Parece pues claro que el surgimiento de las viviendas de uso turístico y el incremento del precio de alquiler han ido de la mano. Eso no implica, sin embargo, que un fenómeno sea la causa del otro. Como dice el adagio académico: “una correlación no implica necesariamente causalidad”. Dado esto, para poder identificar el efecto causal que tienen los apartamentos turísticos sobre los precios de alquiler se han realizado ya varios estudios académicos. Como suele ser habitual, no hay un consenso claro en la respuesta. Aquí van algunos ejemplos:

La diferencia entre estos dos estudios es fundamentalmente de orden metodológico: Mientras que el estudio de Barcelona explota la evolución de AirBnB y del alquiler en los barrios a lo largo del tiempo, el estudio de Madrid centra su atención en cómo los precios del alquiler se contagian de unos barrios a otros. En cuanto a Estados Unidos, dos estudios -uno referido al conjunto del país y otro a la ciudad de Los Ángeles (enlace; enlace)- encuentran que la presencia de AirBnb sí contribuye a aumentar los precios de alquiler.

En conclusión, aunque la evidencia empírica no es inequívoca y los efectos estimados del impacto de los apartamentos turísticos sobre el precio del alquiler son modestos, puede merecer la pena una política de regulación ambiciosa de las viviendas de uso turístico. Además de su posible efecto positivo sobre la oferta de alquiler y los precios, lo que demuestran todos los estudios es que la mayor parte de las viviendas en plataformas como AirBnB no se utilizan para el home-sharing sino como alojamientos turísticos permanentes cuasi-permanentes. Como actividad comercial, por tanto, debe ser regulada para limitar las externalidades negativas que ésta puede generar. Recientemente ciudades como Nueva York (enlace) o Ámsterdam (enlace) han introducido normas que limitan el uso de viviendas con fines de alojamiento turístico. En los próximos años podemos evaluar el impacto que estas medidas han tenido en el mercado del alquiler.

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[1] Fuente: https://www.fotocasa.es/blog/alquiler/el-precio-del-alquiler-alcanza-el-precio-maximo-a-cierre-de-2019/

[2] Fuente: https://elpais.com/ccaa/2020/01/23/madrid/1579775634_989854.html

[3] Fuente: https://www.eldiario.es/economia/regulacion-contratos-alquiler-Paris-importante_0_795821045.html

[4] El portal inmobiliario Idealista presenta datos en este enlace

Dos mil quinientos alcaldes no reciben ninguna retribución. El salario depende de la población, y la mayoría tienen sueldos modestos

Los alcaldes del PNV, los que más ganan. Los de IU + Confluencias, los que menos entre los partidos de ámbito nacional

“¡Vecinos de Villar del Río! Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación…”

Esta frase es una de las más recordadas de nuestro clásico patrio Bienvenido Mister Marshall. Como es de sobra conocido, el alcalde (Pepe Isbert) repite este mensaje en bucle, pero lo que es explicación, no da ninguna.

Hoy en día es posible, no obstante, acceder a una cantidad significativa de información sobre los gobiernos locales en España. Entre otras cuestiones, es posible comprobar cuáles son las retribuciones que perciben los alcaldes y concejales de su municipio. Están disponibles en el llamado Espacio ISPA. La información disponible cubre el periodo entre 2013 y 2017 y en las próximas semanas debería hacerse pública la información referida a 2018. El origen de la disponibilidad de estos datos está en la obligación que impuso el Decreto-Ley 20/2012 de que las CCAA y las corporaciones locales remitiesen información detallada al Ministerio sobre gastos de personal.

Gracias a estos datos podemos ofrecer algunos resultados sobre la distribución de sueldos de los alcaldes en España: cuánto es el salario medio, cómo varía en función de la población, si hay diferencias de salario entre partidos, y si la aparición de nuevos partidos ha supuesto una variación significativa en las retribuciones que perciben.

¿Cuál es el salario medio de los/las alcaldes/as?

De acuerdo con los datos más recientes que están disponibles -los de 2017-, la retribución total media es de 12.581,26 euros brutos. Es preciso tener en cuenta que esta media está calculada a partir de los datos proporcionados por 6.580 municipios. Faltan los datos de Navarra y los de otros 1.200 municipios que no han cumplido con la obligación de informar al Ministerio -entre ellos el Ayuntamiento de Barcelona-. Esta media, además, incluye todos los municipios -2.542- en los que el alcalde no recibe ningún tipo de retribución. Si excluimos estos casos, de entre los alcaldes que reciben remuneración, la cantidad media es de 20.501 euros brutos. El gráfico siguiente da información de la distribución de las cantidades percibidas:

Como puede observarse, un número muy alto de alcaldes no percibe salario o éste es bastante bajo. ¿A qué se debe eso? La razón fundamental reside en que existen límites legales a lo que puede percibir un alcalde o alcaldesa. El siguiente apartado da más detalles sobre este punto.

¿El salario depende de la población?

Efectivamente. La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local de 2013 ha fijado salarios máximos en función de la población empadronada en el municipio. La referencia que se toma es el salario de un secretario de Estado y el límite concreto se fija en cada ley anual de Presupuestos Generales del Estado. La tabla de retribuciones máxima es la siguiente:

Para los municipios con población menor a 1.000 habitantes la ley establece que la alcaldesa no podrá tener dedicación exclusiva. Por eso los regidores de tantos municipios carecen de retribuciones.

En todo caso, esta tabla establece un salario máximo, pero las corporaciones municipales tienen la libertad de asignarse cualquier retribución inferior a ese límite.

¿Hay diferencias de salario entre partidos políticos?

Para responder a esta pregunta podemos comparar el salario medio que perciben los regidores de los principales partidos en España. Los datos del Ministerio de Política Territorial no son idóneos porque agrupan a todos los alcaldes de confluencias cercanas a Podemos en la categoría “otros” junto con otras candidaturas independientes sin ideología clara. Por eso voy a utilizar la fuente de datos que proporciona el portal Transparentia, dependiente de la agencia Newtral. Los datos de Transparentia incluyen un número menor de municipios (4.715), pero codifican las confluencias cercanas a Podemos al margen de la categoría “otros”.

Dado que las retribuciones máximas que pueden asignarse a sí mismas las corporaciones municipales dependen de la población de la localidad, es preciso comparar los sueldos medios para distintos rangos de población. Un primer botón de muestra es la retribución media para cada uno de los partidos en ayuntamientos pequeños, entre 1.000 y 5.000 habitantes. La siguiente tabla muestra las medias:

Como puede observarse, en estos municipios pequeños no hay diferencias sustanciales en el nivel retributivo que se asignan los alcaldes de los principales partidos de ámbito español: Partido Popular, PSOE, IU más confluencias cercanas a Podemos, o Ciudadanos. Los salarios medios de los principales partidos soberanistas catalanes (PDeCAT y ERC) también son de nivel parecido. Lo que llama la atención es cómo para municipios de este tamaño los sueldos medios de los alcaldes del PNV y de EH Bildu son claramente superiores. Así, si el sueldo medio de un alcalde del Partido Popular es de 21.000 euros aproximadamente, para el PNV la retribución media asciende a 37.500 y para EH Bildu, a 33.000.

El panorama cambia si nos centramos en localidades de tamaño medio. El siguiente gráfico muestra las retribuciones medias de las alcaldesas para cada uno de los partidos en municipios entre 20.000 y 50.000 residentes.

Para estos municipios de tamaño mediano la retribución media más alta sigue correspondiendo a alcaldes del PNV. No obstante, ya aparecen diferencias sustanciales entre los partidos de ámbito español: El salario medio más alto corresponde a Ciudadanos (unos 56.000 euros) mientras que el más reducido es el de regidores de IU y de confluencias de izquierda (unos 33.000 euros). Una posible explicación a los salarios de IU y confluencias es que muchas de estas últimas prometieron reducir los sueldos de los cargos electos.

Por último, podemos comprobar cuáles son los niveles retributivos que se han asignado las corporaciones en grandes municipios, aquellos de más de 150.000 habitantes. El siguiente gráfico muestra esta información. Nótese cómo algunos partidos no están incluidos aquí, ya sea porque no disponen de ningún alcalde/sa en poblaciones de esta tamaño o, si lo tienen, este municipio no está incluido en la base de datos de Transparentia.

Lo que observamos para municipios de gran población es que los alcaldes del PNV siguen siendo los que mayores sueldos reciben. El siguiente partido cuyos miembros son más generosos a la hora de asignarse sueldos son los alcaldes del PDeCAT. Los más moderados, de nuevo, son los regidores de confluencias de izquierda. Por su parte, la diferencia de salario medio entre alcaldes del PSOE y del PP no es mayúscula, aunque en todo caso es “favorable” al Partido Socialista.

¿De qué partido son los/as alcaldes/as más cumplidores/as?

Otro indicador que se puede examinar es si los municipios han cumplido o no con su obligación de informar al Ministerio de Política Territorial sobre las retribuciones que la corporación municipal ha asignado a concejales y alcalde. De acuerdo con los datos del último ISPA, referidos a 2017, mil cuatrocientos municipios faltaron a su compromiso de comunicar esta información. De todos los municipios que están obligados a informar al Ministerio, esto supone un porcentaje de incumplimiento de casi el 18%.

¿Existen diferencias entre partidos en la tasa de incumplimiento con esta obligación?

En este caso, los datos provienen de nuevo del Espacio ISPA del Ministerio de Polítical Territorial. Lamentablemente, no es posible distinguir la tasa de incumplimiento de los regidores de Esquerra Republicana, porque el Ministerio agrupa a los alcaldes que se presentaron con la candidatura “ERC-Sobiranistes” dentro del cajón de sastre de “coaliciones electorales”.

Para los partidos de los que se disponen datos vemos que el partido cuyos alcaldes son más “cumplidores” es Ciudadanos -solo 5 de sus 83 alcaldes faltan a esta obligación-. Entre los demás partidos de ámbito español las diferencias no son demasiado sustanciales: la tasa de incumplimiento del PP es del 14% mientras que la de IU es del 20%.

Es interesante que, en un contexto político actual en el que existen llamados a la desobediencia institucional por parte de partidos nacionalistas catalanes, los alcaldes del PDeCAT son incluso más cumplidores que los del Partido Popular. El Partido Nacionalista Vasco tampoco se distingue por colaborar en menor medida con el ministerio. La única excepción notable es Bildu: solo una minoría de los municipios en los que gobiernan colabora con el ministerio (54 municipios de 115).

En un contexto de crecimiento de la población mundial, de migración a las ciudades, y de cambio climático en marcha es imprescindible acertar con el modelo urbanístico que debe promoverse de cara al futuro

La distribución del espacio en las ciudades tiene consecuencias fundamentales para la calidad de vida de sus habitantes. Define la posibilidad de acceso a servicios básicos como los alimentos, la salud, y el ocio. Modula la viabilidad de los distintos modos de transporte y con ello estructura las interacciones entre habitantes, la movilidad entre el trabajo y el hogar, y el acceso a oportunidades educativas. Por estas y otras razones, el diseño urbano de una ciudad tiene un impacto notable en los patrones de desigualdad y en la salud medioambiental de los ciudadanos.

En un contexto de crecimiento de la población mundial, de migración a las ciudades, y de cambio climático en marcha es imprescindible acertar con el modelo urbanístico que debe promoverse de cara al futuro. En este sentido, el modelo urbano predominante en Estados Unidos es un modelo fallido, en especial en aquellas ciudades fuera del corredor noreste (Boston, Nueva York, Washington). Se trata de ciudades de desarrollo comparativamente reciente, como Los Ángeles, Phoenix, Atlanta, o Houston. El urbanismo de estas ciudades se explica, en buena medida, porque experimentaron su desarrollo más notable cuando el automóvil ya se había convertido en un bien de consumo de masas (enlace).

Este modelo se caracteriza por la baja densidad de población, la organización del espacio alrededor del automóvil, y la falta de áreas de uso mixto (enlace). Esto tiene varias consecuencias fundamentales: se crean zonas puramente residenciales y de baja densidad, con lo que el transporte público a esas zonas deja de ser sostenible (enlace). La ausencia de transporte colectivo junto al uso exclusivamente residencial hace que muchos servicios comerciales básicos como farmacias, supermercados, o restaurantes no sean accesibles salvo por automóvil. Un ejemplo de este tipo de desarrollo urbanístico se muestra en la siguiente fotografía. Como se puede observar, se trata de un barrio exclusivamente residencial, donde el transporte privado domina y no hay acceso fácil a pie ni por transporte público a mercados, peluquerías, o centros de salud, por poner algunos ejemplos.

Este tipo de urbanismo de baja densidad y de separación entre zonas residenciales y comerciales es más proclive a generar segregación, dificulta la movilidad social[1], fomenta la obesidad[2], y contribuye en mayor medida al efecto invernadero. Dados estos efectos negativos, varias ciudades de Estados Unidos están promocionando nuevos proyectos de transporte público, como tranvías (enlace) o trenes ligeros (enlace). Sin embargo, el problema heredado de la baja densidad urbana hace difícil que muchos de estos proyectos sean sostenibles (enlace).

En comparación con Estados Unidos, el espacio urbano en buena parte de Europa tiene un diseño más beneficioso. La estructura urbana básica de muchas ciudades europeas es muy antigua, anterior al desarrollo del transporte por automóvil, con lo que tiende a favorecer densidades de población más altas (enlace). Además, dado que este urbanismo enraizó cuando la mayor parte de los desplazamientos se hacían a pie, muchas zonas son de uso mixto, es decir, combinan usos residenciales, comerciales, y de ocio en el mismo espacio. Las dos siguientes fotografías reflejan este uso mixto: en un mismo espacio conviven viviendas con bajos comerciales de varios tipos, que atraen habitantes que se desplazan a pie. Este tipo de urbanismo favorece la sociabilidad, hace más sostenible el transporte público, y ayuda a limitar las emisiones de efecto invernadero.

El modelo europeo de ciudad, no obstante, se enfrenta ahora mismo a un desafío importante. Muchas ciudades europeas están experimentando simultáneamente una crisis de oferta y de demanda de vivienda. La población urbana sigue aumentando, cada vez más concentrada en grandes ciudades, a costa de zonas rurales pero también de ciudades medianas. Al mismo tiempo, la especulación, el turismo masivo y las plataformas como AirBnb están reduciendo la oferta de vivienda. De este modo, se produce un aumento notable de los precios de alquileres y compra-ventas de vivienda que hace que muchos de los barrios con mejor diseño urbano pasen a ser inasequibles para muchos ciudadanos. Eso puede observarse en ciudades como Amsterdam, París, Barcelona, Madrid, o Berlín (enlace). El incremento del coste de la vivienda expulsa a población fuera de los centros de las ciudades, a zonas urbanizadas más recientemente, sin las restricciones que se dieron en los centros.

Esta mayor flexibilidad en las zonas de desarrollo actual plantea la necesidad de acertar con el modelo a seguir. En muchas zonas suburbanas de Madrid, por ejemplo, se siguió el modelo estadounidense de baja densidad y de separación drástica entre zonas comerciales y zonas residenciales. Eso se puede observar en municipios como Majadahonda, Las Rozas, o Pozuelo de Alarcón. De construcción más reciente, barrios como Las Tablas (véase foto más abajo), presentan mayor densidad, pero no han hecho mucho énfasis en la combinación de usos mixtos y tienden a hacer a sus habitantes bastante dependientes del vehículo privado. Por esta razón, debemos aprender las mejores lecciones de nuestro patrimonio urbanístico y fomentar un urbanismo sostenible y sano. Nos jugamos mucho en ello.

[1] Ewing et al. 2016. “Does Urban Sprawl Hold Down Upward Mobility?” Landscape and Urban Planning 148: 80-88.

[2] Garden et al. 2009. “Impact of Urban Sprawl on Overweight, Obesity, and Physical Activity in Sidney, Australia” Journal of Urban Health 86(1): 19-30.