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Francia recuperará la regulación de los precios de alquiler tras una fuerte subida

Los límites a la subida de precios establecidos por el anterior gobierno socialista fueron suspendidos por los tribunales tras dos años de vigencia

Desde entonces se ha producido un "importante alza" de los precios del alquiler en la capital francesa, según un estudio de la asociación de consumidores CLCV

El Gobierno de Macron se dispone a recuperar los índices de precios en septiembre con la "ley Elan", pero de un modo mucho menos ambicioso

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Foto promocional de un alquiler de AirBnb en Francia

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Los precios del alquiler de vivienda en París han sufrido una "importante subida" desde que un tribunal anuló la 'Ley Alur', cuya medida estrella era el establecimiento de precios de referencia, según un  reciente informe de la asociación de consumidores francesa CLCV.

París es una de las ciudades más caras del mundo para vivir de alquiler. Se trata de la cuarta ciudad más onerosa, según un informe del Deutsche Bank Market Research citado por Business Insider, que cifra en unos 2.100 euros mensuales el precio de un piso de dos dormitorios. La ciudad acumuló subidas de precios de un 50% entre 2005 y 2015, explica el concejal de vivienda de París, Ian Brossat.

Fue en aquel año, 2015, cuando el gobierno socialista de François Hollande decidió tomar cartas en el asunto y aprobar la 'Ley Alur' para favorecer una bajada de los precios. La medida estrella de esa ley era la regulación de precios, que entró en vigor en París en agosto de 2015 y en Lille en febrero de 2017. Esta regulación establecía anualmente un precio de referencia para el metro cuadrado. El propietario no puede superarlo por encima de un 20% ni bajarlo por debajo de un 30%.

Desde que la 'Ley Alur' se comenzó a aplicar en la capital y hasta su anulación en 2017 (ahora es indicativa, pero no obligatoria), los precios se moderaron hasta no subir ni siquiera lo que la inflación. Por ejemplo, entre 2016 y 2017 los alquileres en París subieron un 0,4%, por debajo del 0,6% de la inflación, explica Jaime Palomera, del Sindicat de Llogaters. Afirma que París está perdiendo su clase media. En Lille no dio tiempo a que hiciera efecto. 

La 'Ley Alur' recibió muchas críticas por parte de economistas y profesionales inmobiliarios, que le reprochaban que desanimaba a la inversión y a la construcción. Finalmente, en 2017 fue anulada por la Corte Administrativa de París con el argumento de que tenía que haberse aplicado en todas las áreas administrativas de París, no solo en la central. Sin embargo, el nuevo Ejecutivo de Emmanuel Macron prepara una nueva norma inmobiliaria, la 'Ley Elan', que permitirá recuperar los índices de precios obligatorios, aunque en términos mucho menos ambiciosos, explica Palomera. Esta ley ha sido muy criticada porque además de reducir las opciones de regular los precios, abre la puerta a la venta de viviendas de protección oficial.

No obstante, la alcaldía de París, de la socialista Anne Hidalgo, ya ha anunciado su disposición a que los precios de referencia vuelvan a entrar en vigor desde el otoño con el argumento de la Ley Elan.

Irene Escorihuela, del Observatorio DESC, recalca que en el caso de Barcelona existe un índice de precios de referencia parecido, pero es solo informativo a diferencia del que establecía la 'Ley Alur' cuando estaba en vigor. Otra de las grandes discrepancias que destaca es que en Francia el objetivo es que un 25% de la vivienda sea pública, mientras que en España no llega al 1,5% del total. 

Análisis de 1.000 viviendas 

En el estudio, CLCV estudia el caso de 1.000 inmuebles en París para concluir que se está dando un alza "importante" de los precios. "Hemos visto subidas de hasta 1.530 euros al año, incluso de 450 euros al mes, es decir, 5.400 euros al año", explica Jean-Yves Mano, presidente de CLCV. "Cada vez más las clases medias son obligadas a dejar París: los estudiantes, las personas que viven solas, los que tienen mayores dificultades financieras", explica en France Info

Según el informe, solo seis mese después de la anulación de la 'Ley Alur' "la tendencia que habíamos observado en nuestras encuestas anteriores se revirtió por completo". Si la tasa de anuncios compatibles con los precios máximos era del 61% en 2017, ahora es solo del 48%. En promedio, cuando el alquiler excede el máximo permitido, es alrededor de 128 euros por mes, o 1.536 euros año. Solo el 39% de los anuncios ofrecidos de palabra por un arrendador habría respetado el marco (frente al 44% en 2017). Pero la disminución es aún mayor cuando un intermediario inmobiliario interviene, ya que la tasa de cumplimiento ha pasado del 77% en 2017 al 57% en 2018.

Críticas al modelo de precios de alquiler regulados

Fernando Encinar, jefe de estudios de idealista, critica el modelo de alquiler regulado. A su juicio, la 'Ley Elan' que se está discutiendo en Francia "supondrá de nuevo caer en los mismos errores que con la 'Ley Alur' en lo que respecta a la limitación de precios". Según asegura, esta limitación "no consiguió que los precios se frenaran en París más allá de lo que lo hicieron en el resto de ciudades francesas en las que no se aplicaba la ley, y por contra generó una gran variedad de picarescas entre propietarios e inquilinos".

"Sobre todo tuvo un efecto terrible, no contemplado por los legisladores: el mercado de alquiler en la ciudad de París se "jibarizó", perdiendo 12.000 viviendas (el 15% del total) en alquiler que estaban disponibles antes de la entrada en vigor de la ley y que los dueños decidieron sacar del mercado", afirma.

En este sentido, señala que algunos informes destacan la fuerte subida de precios vivida por la ciudad una vez se ha derogado la 'Ley Alur', "pero probablemente este incremento sea consecuencia de la reducción de la oferta más que de la falta de legislación". En cuanto a la posibilidad de que un índice de precios parecido se acabe aplicando en España, considera que "en caso de que se hiciera del mismo modo que en París, el resultado sería muy parecido: reducción muy significativa de la oferta para una demanda creciente, lo que conllevaría una mayor dificultad para acceder a la vivienda en alquiler y florecería un mercado negro tóxico para los inquilinos".

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