Mientras se iban sucediendo olas de calor que han dejado tras de sí incendios pavorosos por todo el Mediterráneo, y la comunidad científica redoblaba su preocupación por el comportamiento de los océanos, en España llegaba a su fin una campaña electoral desarrollada en formato vodevil. El debate trasladado por los medios de idiotización masiva, auténticos oligopolios al servicio de los intereses de las corporaciones propietarias, o sea, del gran capital, ha sido esperpéntico. Tanto, que en la recta final de la campaña las redes se han mimetizado a derecha e izquierda del espectro político, convirtiéndose en un auténtico festival del humor.

El silencio sobre el mayor de los problemas que afronta hoy la humanidad, la emergencia climático-ambiental, ha sido atronador. La crisis que mantiene en jaque la supervivencia de nuestra especie estaba presente en los programas electorales, donde es fácil comprobar la abismal diferencia que existe entre los partidos sobre la forma de encararla. Mientras que para algunos es el eje vertebrador del programa, otros niegan la mayor y proponen sacar a España del Acuerdo de París. Sin embargo, para el oligopolio mediático a sueldo, auténtico director de orquesta de la campaña, este fue un asunto sobre el que pasar de puntillitas. (Está ahí, sí, pero hay que hacer como si no estuviese…). 

Científicos de muchas disciplinas han propuesto llamar Antropoceno a la época geológica actual para dejar constancia de los impactos que el ser humano está dejando sobre el planeta. Inspirados en la Guía del Autoestopista Galáctico, en un post anterior sugerimos un nombre alternativo, Idioceno, para reflejar no sólo estos impactos sino el comportamiento extravagante de una especie, supuestamente inteligente, que parece emperrada en culminar un disparatado suicidio colectivo llegando al extremo de negar la evidencia científica. Pues bien, como si de una extraordinaria coincidencia cósmica se tratase, nos llegaban noticias de que se habría descubierto el lugar ideal para estudiar los marcadores clave que identifican el inicio del Antropoceno justo en el ecuador de un evento que ha resultado ser un indiscutible “marcador social” de que nos encontramos de lleno en el Idioceno: ¡la campaña electoral!

En un país que disfruta de una democracia plena según los diferentes índices de democracia, un país que tiene un peso específico nada desdeñable a nivel internacional, muy en particular en estos momentos de difícil equilibrio en Europa tal y como ha puesto de manifiesto la reciente salvación in extremis de la Ley de Restauración de la Naturaleza, el carácter carnavalesco de una campaña electoral que ha transcurrido entre comparsas y chirigotas cual orquesta del Titanic, mientras las evidencias de que nos acercamos al abismo nos siguen estallando una tras otra ante las narices, sólo puede ser explicado si aceptamos que vivimos en pleno Idioceno.

Las urnas han dejado tras de sí una situación compleja cuya resolución está lejos de ser clara. En el caso de que las elecciones tuviesen que repetirse en navidades nadie espera un comportamiento diferente de los medios de idiotización masiva, por más que la prensa independiente vuelva a poner todo su empeño en encarrilar la campaña por otros derroteros. Adormecida por el más que presumible hartazgo de los electores, volverá a girar sobre quién sabe qué nuevas gracietas idiocénicas, y mucho nos tememos que la emergencia climático-ambiental seguirá sin ser invitada a la gran fiesta de la democracia. 

La opción alternativa es que el bloque progresista consiga superar todos los escollos y pueda formar gobierno. Siendo lo que deseamos la inmensa mayoría de los progresistas, a nadie se le escapa que la legislatura será de una complejidad enorme. El Gobierno tendrá que vérselas con una oposición en “empate técnico” que, presumiblemente, continuará votando no a todo lo que se proponga, con los sempiternos poderes fácticos (y su oligopolio mediático), con una situación internacional que promete seguir complicándose, y dentro de un bloque tensionado por intereses particulares, lo que incluye las muy cansinas guerras fratricidas que caracterizan a la izquierda. Ante un panorama semejante no parece muy plausible que el Gobierno se lance a implementar una agenda para combatir la emergencia climático-ambiental que sea verdaderamente efectiva. Sólo sintiendo el respaldo masivo de la inmensa mayoría de la población el gobierno apostaría por adoptar medidas que sabemos que son tan radicales como imprescindibles para no seguir hundiéndonos en el abismo. 

Si algo ha quedado patente tras estas elecciones es la extrema necesidad de que los ciudadanos hagamos política callejera activa. Por política callejera no hay que entender una suerte de “guerrilla urbana”, sino todo lo contrario. La política callejera es la base sobre la que se construye una verdadera democracia participativa, y consiste en algo tan simple como llevar el debate político a los círculos más cercanos de los ciudadanos: familia, amigos, compañeros de trabajo, de aficiones, asociaciones vecinales… La extrema polarización en la que vivimos instalados ha convertido este debate casi en un imposible, una situación indeseable que nos lleva a preguntarnos si la democracia es factible en el Idioceno, duda que pone los pelos como escarpias pues, con todas sus imperfecciones, la democracia es un tesoro que todos deberíamos cuidar con mimo. 

Tal vez la emergencia climático-ambiental tenga una cara amable (ya se sabe que no hay yin sin yang, ni viceversa). Siendo como es el tema más crítico y urgente a debatir pues, literalmente, con él se nos va la vida, el diálogo puede encarrilarse utilizando una lógica científica aséptica trasladada a un lenguaje que sea comprensible por todos. Adicionalmente, emplear la política callejera para debatir la emergencia climático-ambiental nos permite utilizar un arma secreta muy poderosa: ¡la empatía! Discutas con quien discutas raro será que no tenga hijos, sobrinos, nietos… muchas personas a las que quiere. Por obstinado que sea el interlocutor, por empoderada que tenga la ignorancia a golpe de bulos y desinformaciones, en lugar de exasperarnos debemos aprender a reconducir las emociones recordando que sus necesidades son las mismas que las nuestras: legar un planeta habitable a sus descendientes. 

La ruptura total entre bloques escenificada por la clase política no deja de ser un reflejo de una sociedad fracturada, en la que dos tercios de la población parecerían querer arrojarse mutuamente por la ventana ante la aparente impasibilidad del tercio restante, que se abstiene. Hay que dar la vuelta a esta situación para tendernos la mano, única forma en la que conseguiremos salir del atolladero infernal en el que nos hemos metido. De la transversalidad de la crisis da buena cuenta que países como Italia y Grecia cuyos gobiernos no son, precisamente, de la izquierda radical, estén hoy pidiendo con desesperación un frente común para luchar contra los efectos del cambio climático. 

Todos los que somos conscientes de lo crítico del momento tenemos la obligación de comenzar a practicar la política callejera, una lucha dialéctica para combatir el empoderamiento de la ignorancia que desvirtúa la democracia hasta convertirla en un patético circo ambulante. Hay que concienciar sobre la emergencia climático-ambiental, y sobre la necesidad de que se implementen medidas urgentes, radicales y efectivas. Insistimos: nadie debe llamarse a engaño. Pase lo que pase, los políticos solo reaccionarán con la contundencia requerida cuando haya un auténtico clamor popular que lo demande, no una mayoría pírrica salida de las urnas. Y el tiempo apremia… 

Para comenzar esta política callejera partimos con una cierta ventaja: según un barómetro del CIS del pasado mes de marzo a los españoles les preocupa mucho (30,4%), o bastante (42,2%), el cambio climático, y consideran que la acción del ser humano influye mucho (56,4%) o bastante (30,2%) en el mismo. Sin embargo, preguntados por los problemas que existen en España, en orden de importancia, el cambio climático aparece ¡en el número 30! Es decir, aun admitiendo que el problema existe, y mostrando su preocupación, la gente sigue sin ser consciente de su urgencia. Este es nuestro punto de partida.

Con el espíritu de ayudar a la política callejera y animar a ponerla en práctica, en un próximo post vamos a ofrecer una guía detallada, pedagógica y con abundantes referencias para responder a los mantras clásicos de los negacionistas más pertinaces (“En verano siempre hace calor”, “En el pasado hizo mucho más calor que ahora”, “Las políticas verdes solo persiguen hundirnos económicamente”…). Un primer paso para comenzar a caminar todos juntos, en defensa de una salida democrática y justa a la crisis ambiental sin precedentes que se nos viene encima.

El propósito de la Ciencia con mayúsculas es explorar las fronteras del conocimiento para enriquecer nuestra comprensión de la complejidad del universo y, a la vez, proporcionar los conocimientos necesarios para enfrentar los retos principales de la humanidad. Es importante señalar, que cuando nos referimos al conocimiento científico, nos referimos al conocimiento extraído de la observación sistemática y la comprobación empírica y repetible de hipótesis refutables basadas en el conocimiento existente. Todo lo demás queda fuera de la noción de conocimiento científico, especialmente las especulaciones más o menos razonables que deben ser evaluadas y que, mientras tanto, no poseen la entidad de hechos comprobados. 

Para que la actividad científica sea realmente efectiva y capaz de afrontar esta enorme tarea, los científicos deben constituir un ecosistema de conocimiento tan amplio y diverso como sea posible, que incluya el mayor número posible de perspectivas distintas. Esto implica incorporar de manera saludable la gran diversidad de antecedentes geográficos, demográficos, temáticos y académicos de la gran población global de investigadores, garantizando que cubrimos la mayor parte posible de la variedad de fenómenos naturales a lo largo de diferentes niveles de organización y escalas de trabajo. También implica proporcionar espacios de reflexión y foros de discusión seguros e imparciales, que permitan la participación de investigadores procedentes de diferentes ambientes sociales y escuelas de conocimiento, incorporando así diferentes perspectivas. 

Además, para que los debates científicos y técnicos sean profundos y productivos, deben realizarse en términos cívicos, respetuosos e igualitarios, que proporcionen una discusión equilibrada entre personas que, desde sus diferentes perspectivas, buscan avanzar juntos en el conocimiento. Un primer paso para construir estos espacios es identificar cualquier sesgo que pueda afectar la práctica de la investigación, para después exponerlo y combatirlo, evitando que perturben la propia práctica de la investigación y que dificulten el debate imprescindible para su desarrollo. Huelga decir que esta es una tarea tan necesaria como interminable, ya que todos tenemos nuestros propios condicionantes y sesgos. Pero son precisamente las diferentes perspectivas de quienes provienen de condicionantes distintos las que nos permiten identificar los sesgos tanto de unos como de otros, así como los elementos comunes que permitirán formular hipótesis evaluables y, a la postre, teorías robustas.

Al igual que otros aspectos de la investigación científica, la ciencia de la biodiversidad se ve afectada por sesgos geográficos, demográficos y sociales generalizados que pueden tener, y han tenido, efectos importantes en nuestra comprensión de los procesos naturales. Por ejemplo, las interpretaciones iniciales de la teoría evolutiva basada en la selección natural propuesta por Darwin y Wallace tenían una influencia muy importante de la perspectiva maltusiana clásica sobre el crecimiento poblacional que estaba en boga en la Inglaterra de la segunda mitad del siglo XIX. Los postulados maltusianos de que la dinámica de poblaciones está impulsada por la competición por recursos limitados han tenido un impacto tremendo en nuestra percepción de los procesos ecológicos y evolutivos. La visión interesada del capitalismo sobre la selección natural pervierte la teoría evolutiva, convirtiéndola en una especie de excusa para justificar un individualismo salvaje y competitivo en las sociedades Curiosamente, el humano es uno de los mejores ejemplos de que las estrategias de grupo pueden ser enormemente exitosas. La visión patriarcal viene a emborronar aún más la cuestión evolutiva de partida. Hay numerosos ejemplos en los que se demuestra que esta visión no es correcta, ya que la coexistencia sin competir y la cooperación son tan frecuentes como la competición, si no lo son más. El énfasis tradicional en el principio de exclusión competitiva ha descuidado el papel de las interacciones mutualistas y las variaciones ambientales, poniendo el foco de selección en las comunidades locales en lugar de en las interacciones regionales, y obstaculizando así nuestra comprensión de la coexistencia entre múltiples especies que observamos repetidamente en todas, o casi todas, las comunidades ecológicas, y que raramente se estructuran simplemente por competición. Una vez roto este sesgo de percepción, los marcos teóricos que incorporan interacciones negativas y positivas entre especies en comunidades a lo largo del espacio geográfico están impulsando grandes avances en ecología de comunidades (ver por ejemplo aquí, aquí o aquí). 

La historia colonial del globo también ha tenido un fuerte impacto en el establecimiento de escuelas de pensamiento e instituciones de referencia. Incluso las proyecciones geográficas utilizadas tradicionalmente para los mapas globales centran la atención sobre las regiones templadas del hemisferio norte, desviando la atención hacia Europa y América del Norte, más de lo que realmente merecen en términos de superficie real, en comparación con las áreas tropicales. Como esto va acompañado de grandes diferencias en riqueza y, con ello, en presupuestos y cultura científica, nos encontramos que la investigación sobre las diferentes regiones del Sur Global, suele ser desarrollada por científicos de países ricos del Norte Global. Los investigadores de países ricos monopolizan, por ejemplo, las excavaciones paleontológicas y el estudio de los fósiles o la descripción sistemática de la biodiversidad actual de países más pobres, perpetuando una lógica colonial en el conocimiento sobre la naturaleza de estos países. Muchas veces, estos investigadores extranjeros usan una estrategia oportunista de “paracaidistas” para trabajar en regiones de menores ingresos, desarrollando colaboraciones efímeras con investigadores locales, o ninguna colaboración en absoluto, y dejando poca huella en su capacidad científica cuando se retiran después de explotar sus fuentes de conocimiento. 

En otros casos, los esfuerzos dedicados y las colaboraciones a largo plazo entre instituciones fomentan la presencia continua de investigadores de países de altos ingresos y el intercambio de profesionales y estudiantes, creando capacidad de investigación local - por ejemplo, a través de programas de posgrado. Sin embargo, incluso en regiones emblemáticas con un historial de colaboraciones a largo plazo como la Amazonia, los grandes proyectos siguen siendo liderados por investigadores del extranjero, haciendo oídos sordos al aumento de la capacidad de los científicos locales. Por todo ello, las colaboraciones internacionales de investigación no deben apuntar a traer investigadores con recursos a regiones donde los recursos son limitados, sino a capacitar a investigadores y desarrollar los recursos materiales de las instituciones locales en estas regiones, para que puedan desarrollar ciencia con estándares internacionales que incorpore también sus idiosincrasias y perspectivas locales. 

Como comentamos en un artículo anterior, las dinámicas de publicación científica determinan en buena medida el desarrollo de investigadores y grupos de investigación. Como no podía ser menos, el acceso a publicaciones de acceso abierto es uno de los mayores desafíos actuales para los científicos en países de bajos ingresos. Si bien les permite acceder a la bibliografía internacional sin más costes que una conexión a Internet, el coste de publicación de los artículos les impide presentar sus investigaciones en muchas revistas de prestigio internacional. La incipiente existencia de programas específicos para la exención de estas tarifas no alcanza a resolver este problema. Por ello, la capacidad de publicar en las mejores revistas sigue dependiendo en buena parte del presupuesto del que disfrutan los investigadores - un problema que se extiende también a los países con menor inversión en ciencia del propio Norte Global.

Los sesgos demográficos también afectan mucho a la práctica de la investigación. Las mujeres y las personas LGBTQ+ y/o racializadas son discriminadas consistentemente dentro de sus propias instituciones de trabajo y las comunidades científicas. Esta discriminación toma muchas formas, que incluyen desde la invisibilización y la falta de reconocimiento a su trabajo (ver aquí o aquí) a la marginación en redes de colaboración, la discriminación durante los procesos de evaluación y, en muchos casos extremos, diferentes tipos de acoso laboral y sexual (ver por ejemplo aquí y aquí). Este ambiente generalizado de discriminación permea hasta las revistas científicas, donde las investigaciones lideradas por mujeres reciben peores evaluaciones en las revisiones por pares y mayores tasas de rechazo, una tendencia que aumenta cuanto mayor es el factor de impacto de las revistas y con la proporción de hombres en los consejos editoriales, en los que las mujeres suelen estar infrarrepresentadas. 

Todos estos sesgos, desigualdades y prácticas discriminatorias dan como resultado un entorno no inclusivo que suprime la diversidad de enfoques y perspectivas que la comunidad científica que estudia la biodiversidad debería albergar. Factores como el aislamiento o directamente la distancia, el idioma, las obligaciones y los sesgos no evidentes crean una serie de barreras al intercambio de conocimientos, limitando el éxito académico de los grupos identitarios y minorías infrarrepresentadas en ciencia. Estas barreras se acumulan a lo largo de la carrera académica de las personas de estos colectivos, afectando a su desempeño científico “formal” y erosionando de forma acumulativa los indicadores usados para evaluar su excelencia y productividad científica (como la publicación de artículos en revistas internacionales). En cierto modo, los colectivos que están al mando han hecho las reglas del juego a su medida. Lo peor es que piden a toda la comunidad científica que compita en base a ellas.

Trabajar hacia la equidad en la comunidad científica requiere, por un lado, reducir la brecha de capacitación, profesional y financiera entre los investigadores del Sur Global y sus colaboradores de países de altos ingresos, y por otro crear un entorno de trabajo inclusivo desde el comienzo de la carrera de investigación en todos los países. No solo por una razón de justicia, sino también porque los efectos del colonialismo, el patriarcado, el supremacismo blanco, las diferencias económicas entre países, y la discriminación de determinados colectivos pueden contaminar, y a menudo lo hacen, nuestras percepciones - y, con ellas, la calidad de la investigación que aborda ámbitos tan dispares como la evolución, la medicina o el desarrollo de nuevos materiales. Y lo que es más preocupante, esos sesgos en la investigación científica jugaron un papel central en el desarrollo de percepciones sesgadas sobre la evolución humana o la propiedad de los recursos extractivos que excluyeron y oprimieron sistemáticamente a los pueblos originarios y colectivos racializados. 

Además, los ambientes inclusivos e igualitarios deben instaurarse y trabajarse en todos los ámbitos académicos. Esto implica crear ambientes inclusivos tanto en la oficina como en el laboratorio o durante el trabajo de campo, desde las primeras experiencias en la carrera investigadora a nivel de grado, y desarrollar de manera activa medidas específicas para ayudar a la integración de todas las personas sin distinción en todas las etapas de la carrera académica. Las necesidades de la vida son perentorias, han de ser resueltas, y los científicos y  científicas siempre vamos corriendo, resolviendo pequeños y grandes detalles de nuestra investigación. Desafortunadamente, nunca tenemos tiempo para estos debates tan necesarios. Sin embargo, no tiene el más mínimo sentido que una comunidad tan formada, tan culta y tan preparada, siga reproduciendo las peores lacras de una sociedad injusta. La Ciencia con mayúsculas, precisamente por su carácter objetivo, meditado y no sesgado, es respetuosa con todas las personas y culturas, pero implacable en su determinación de perseguir la verdad al margen de cualquier sesgo o dogma, y debe autoexigirse estar a la cabeza, y no a la cola, de los progresos sociales.

Las páginas oscuras de la historia de la ciencia y los sesgos que han producido deben exponerse y reconocerse públicamente, y darles la prioridad y el tratamiento que merecen. Cómo abordar y revertir sus efectos es una discusión pendiente que debe realizarse con calma, consideración, y desde la escucha mutua. Esta es la mejor estrategia para aprovechar todo el potencial real que una humanidad tan diversa puede aportar al desarrollo de la ciencia. Una ciencia realmente global para todas y todos, elaborada y construida desde múltiples perspectivas complementarias, generando un efecto multiplicativo y sinérgico que, además de alimentar el avance continuo del conocimiento, promueva una sociedad realmente igualitaria e inclusiva.

Este post ha sido escrito por Joaquín Hortal, Raquel Pérez Gómez, Silvia Pérez Espona, Luis Santamaría y Fernando Valladares

El 25 de diciembre del pasado año el telescopio espacial James Webb fue lanzado al espacio desde la Guayana Francesa a bordo de un cohete Ariane 5, llegando a su destino final el 24 de enero. Construido y operado por las agencias espaciales europea (ESA), americana (NASA) y canadiense (CSA), el James Webb es el nuevo miembro de la saga de telescopios espaciales que sigue la estela del Hubble y el Spitzer. Con un espejo compuesto por 18 segmentos y un diámetro de 6.5 metros, el James Webb cubrirá el rango del espectro de luz que va desde el visible hasta el infrarrojo medio con cuatro instrumentos a bordo, tanto en imagen como en espectroscopía. Entre los objetivos científicos de la misión destaca la exploración del “amanecer cósmico”, nombre poético con el que se evoca el momento en el que el universo se iluminó con la luz de las estrellas que nacían en las primeras proto-galaxias. 

Por todo el universo observamos nubes muy difusas de materia que apenas contienen un átomo por cada metro cúbico, formando el denominado medio intergaláctico. Sumergidas en este océano gaseoso encontramos a las galaxias, enormes conglomerados de materia alumbrados por las estrellas que contienen en su interior. Las galaxias son los objetos más grandes que existen en el universo a excepción de las estructuras que dibujan al agruparse entre sí, una auténtica “red cósmica” formada por grandes cúmulos, filamentos y vacíos que se conoce con el nombre de “la estructura a gran escala del universo”. Su estudio detallado resulta de enorme importancia para probar la validez de los modelos cosmológicos. 

Las galaxias están formadas por miles de millones de estrellas acompañadas por sus respectivas familias de planetas, satélites, asteroides y cometas, junto a nubes que contienen gas y pequeños aglomerados de partículas conocidos como polvo. Se encuentran así mismo rodeadas por un halo enorme de “materia oscura”, llamada así porque no podemos verla directamente al estar formada por partículas que no interaccionan con la luz. Sabemos no obstante de su existencia, aunque sea de manera indirecta, a través del efecto gravitacional que ejerce sobre la materia visible. 

Hay un amplio abanico de tipos de galaxias. Elípticas, con forma de balón de rugby y color rojizo. Espirales como la Vía Láctea, muy espectaculares a nivel visual con su bulbo central rojizo y el delgado disco azul donde se sitúan sus característicos brazos. Irregulares, con una forma poco definida, algo más pequeñas y de color azul. Junto a ellas encontramos las galaxias enanas, mucho más pequeñas y abundantes, desplegando una amplia variedad de formas y colores. Mientras que las galaxias normales pueden contener cientos de miles de millones de estrellas, las enanas apenas llegan a unos pocos miles de millones a lo sumo. El color de las galaxias es una propiedad muy interesante ya que nos indica si la galaxia está formando estrellas en la actualidad. Sabemos que cuanto más masiva es una estrella más caliente es su superficie, lo que hace que su color sea más azul, y también que vive menos tiempo al ser muy eficiente quemando el combustible que tiene en su interior. Como ejemplo, una estrella roja con el 25% de la masa solar puede llegar a vivir un billón de años, mientras que una azul que sea unas 25 veces más masiva que el Sol, “tan solo” vivirá unos 10 millones de años antes de explotar como supernova. Por tanto, el color azul de una galaxia nos estará indicando que ha habido formación estelar en una época muy reciente puesto que aún tiene muchas estrellas masivas de vida breve. 

Tan solo en el universo observable, se estima que habría alrededor de un billón de galaxias, un dato que el telescopio James Webb ayudará a precisar. ¿Cómo se formó esta multitud de galaxias en el universo temprano? ¿Qué factores han determinado la variedad de tamaños, formas y colores que observamos hoy en día? ¿Cómo se articula su evolución con la formación de las grandes estructuras?

Según el principio cosmológico, el universo es homogéneo e isótropo, algo que ha sido ampliamente corroborado por las observaciones. Para los astrónomos este hecho proporciona una enorme ventaja, pues se traduce en que aquello que estudiemos en una zona cualquiera del cielo será representativo de lo que está ocurriendo en todo el universo. Es evidente que esta uniformidad solo es cierta cuando observamos a muy gran escala; a escalas espaciales más pequeñas, cuando aumentamos la resolución, sí que hay inhomogeneidades. De hecho, de no ser así no habría lugar para la existencia de ningún tipo de estructura, es decir, no habría galaxias, ni estrellas, ni planetas, ni seres vivos como nosotros… ¡El universo sería un sitio extraordinariamente aburrido! 

Para encontrar el origen de estas irregularidades tenemos que remontarnos a los primeros instantes de vida del universo, al llamado “periodo inflacionario”. Durante un brevísimo instante de tiempo, muy cercano al “instante cero”, se liberó una enorme cantidad de energía que provocó una expansión del universo rapidísima, “inflacionaria”. En menos de una trillonésima de segundo, el universo pasó de tener el tamaño de un protón al de una pelota de tenis, lo que amplificó enormemente las pequeñísimas perturbaciones existentes producidas por las fluctuaciones cuánticas. Tras el periodo inflacionario las irregularidades continuaron creciendo a un ritmo mucho más lento, por el efecto combinado de la expansión y de la gravedad, hasta convertirse en los brotes de los que crecerán las estructuras que observamos en el universo actual.

El proceso de formación de las galaxias comenzó hace más de 13.000 millones de años, cuando el universo apenas tenía unos pocos cientos de años y era muchísimo más pequeño, denso y caliente de lo que es hoy. Debido a la atracción gravitacional, las zonas con mayor densidad habían ido creciendo por la acreción de materia circundante, hasta que alcanzaron las condiciones necesarias para arrancar la formación de estrellas. La dinámica del proceso de formación estelar es muy compleja; las grandes nubes de gas se fragmentan en nubes más pequeñas, que son de las que se forman las estrellas que suelen así nacer en grandes grupos. La formación de una estrella se produce por el colapso de una de estas nubes más pequeñas, debido a su autogravedad. La densidad y temperatura aumentan hasta que en el interior de la nube se alcanzan las condiciones necesarias para que comience la fusión de hidrógeno en helio, momento en el que podemos decir que la estrella “ha visto la luz”, y nunca mejor dicho. 

Con el nacimiento de aquella primera generación de estrellas, conocida como población III, hicieron acto de presencia en el universo las primeras proto-galaxias. La población III estelar se formó a partir de lo que se conoce como “material primordial”. Por aquella época tan solo existían átomos de hidrógeno, helio, litio, boro y berilio formados a partir de partículas elementales en un proceso que se conoce con el nombre de nucleosíntesis primordial, cuando el universo tenía unos 3 minutos de vida. Según los modelos teóricos, se cree que las estrellas de población III debieron ser enormes, varios cientos de veces más masivas que el Sol. Con una vida de apenas un par de millones de años, explotaron como supernovas espectaculares expulsando al gas circundante enormes cantidades de materiales químicos pesados que habían sido procesados en su interior. De este gas nacerían las estrellas de población II, que continuarán el proceso de enriquecimiento del medio, y posteriormente las de población I como nuestro Sol, muy ricas en elementos pesados.

Las explosiones de supernovas liberan enormes cantidades de energía que “barren” el material circundante, solapándose entre sí hasta provocar la formación de enormes vientos que fluyen de las galaxias. A este fenómeno hay que sumar los frecuentes procesos de fusión de unas proto-galaxias con otras, en una época en la que el universo era mucho más pequeño que el actual. De hecho, las teorías actuales indican que las galaxias se formaron en un proceso de tipo “abajo-arriba” ("bottom-up”), a lo largo de una compleja combinación de acreción de gases, formación estelar masiva y fusiones galácticas. El proceso global es tan extraordinariamente complejo que para comprenderlo es necesario recurrir a simulaciones numéricas que incorporan toda la enorme batería de fenómenos físicos a tener en cuenta: desde el modelo cosmológico que incluye el contenido de materia oscura –un componente esencial para reproducir la formación de las estructuras– hasta modelos que simulan la formación y evolución de las estrellas sin olvidar todos los complejos procesos (magneto)hidrodinámicos del gas. El resultado es un universo “simulado” con galaxias “simuladas”, que nos permite profundizar en todos los detalles y mecanismos físicos que entran en juego. Ni que decir tiene que, antes de extraer cualquier conclusión, hay que contrastar estas simulaciones con las observaciones del universo real para validar las distintas hipótesis que incorporan.

Esto es, precisamente, lo que nos ofrece el nuevo telescopio James Webb: la posibilidad de observar directamente la época en la que se formaron las galaxias para recabar una enorme cantidad de datos con los que contrastar los modelos teóricos. En este punto hay que recordar que el hecho de que la velocidad de la luz sea finita nos regala una auténtica máquina del tiempo: cuanto más lejos miramos, más ha tardado la luz en llegarnos. Como ejemplo, el Sol que vemos en este momento es el Sol que era hace 8 minutos y 20 segundos, justo lo que ha tardado su luz en viajar hasta la Tierra. Con telescopios de la potencia del James Webb podremos observar muy lejos, tanto que la luz habrá tardado más de 13.000 millones de años en llegarnos, proporcionándonos una imagen directa de lo que sucedió en aquella época. Hay un segundo detalle, no menos importante, que también debemos tener en cuenta. La expansión del universo hace que la luz se “estire” en su viaje, desplazando su longitud de onda a longitudes de onda más largas (el famoso corrimiento al rojo). Esto hace que los objetos muy lejanos sean muy tenues en luz visible, pues dicha luz se ha desplazado hacia el infrarrojo en su viaje. Por esta razón, los telescopios infrarrojos como el James Webb son ideales para estudiar las galaxias más lejanas del universo. Tal y como indica la ESA, si el Hubble Space Telescope ha sido capaz de llegar a la infancia de las galaxias, el James Webb nos mostrará cómo eran de bebés.  Un auténtico viaje en el tiempo que nos va a trasladar hasta el amanecer cósmico.

En estos tiempos en los que en la sociedad predomina el utilitarismo subordinado al sistema económico, cabría preguntarse para qué sirve conocer los detalles del amanecer cósmico. La respuesta es tan simple como pertinente: por el placer de conocerlos. Sabemos que para afrontar con éxito la emergencia medioambiental hay que efectuar un viraje a nuestra forma de vida, que comienza por desenmascarar ese mito que identifica riqueza con dinero. Esto es algo que solo podremos lograr si aprendemos a revalorizar las relaciones humanas, el arte en todas sus diversas manifestaciones, la insondable belleza de la naturaleza y, por supuesto, el placer del conocimiento per se. Al fin y al cabo el éxito de los humanos como especie se debe a que, en el fondo, somos y seguiremos siendo exploradores de la bella y singular complejidad de nuestro universo.

Puedes seguir las novedades del James Webb en twitter: @NASAWebb, @ESA_Webb

El diálogo abierto entre la ciencia, la política y la sociedad civil es un asunto delicado y difícil, pero es de gran importancia para abordar los retos históricos a los que se enfrenta nuestra sociedad. La polémica comparecencia del reputado farmacólogo Joan-Ramón Laporte Roselló en el Congreso de los diputados el pasado 7 de febrero nos hizo volver a tomar conciencia de esta complejidad. Parte de la polémica se debe a falsear datos científicos y parte a un estilo sensacionalista y provocador. La dificultad para los expertos que tienen una responsabilidad particular en este diálogo público, consiste, sobre todo, en tener en cuenta factores que no se afrontan de la misma manera en la discusión académica entre científicos. Si se descuidan estos factores, aceleramos involuntariamente ciertos procesos que generan ignorancia en la sociedad y que, en última instancia, hacen imposible un debate crítico, ponderado y constructivo, algo que, en el mejor de los casos, podría conducir a la implementación de líneas de actuación relevantes a nivel político. En lugar de ello entramos en la lógica de la infodemia, los negacionismos y la conspiranoia, cuya presencia cada vez mayor en la sociedad provoca serios cambios en los patrones de racionalidad y sentido común en los espacios públicos. Las ideas pugnan por reproducirse y expandirse como un virus, y sabemos que al igual que una vacuna, las intervenciones preventivas antes de que tome fuerza un bulo son más eficaces que los desmentidos a posteriori. Cada vez conocemos más y mejor la psicología y la emocionalidad que acompañan el negacionismo, el escepticismo irracional y el origen de bulos y teorías conspiranoicas.

Es importante distinguir muy claramente el rechazo dogmático que presenta el negacionismo, del escepticismo y la actitud crítica característicos de la práctica científica. El negacionismo se define por el rechazo sistemático del consenso científico, con prácticas de argumentación ajenas a la ciencia. Para ello recurre a falsos expertos, a ideas conspiracionistas, a falacias lógicas (como la falacia de la evidencia incompleta, conocida como cherry picking), a la falsificación, descontextualización o selección discrecional de datos y análisis, y al fomento de expectativas infladas para desacreditar a los expertos. Especialmente difícil de rebatir es el negacionismo que se sustenta en teorías de la conspiración. Hay una retroalimentación entre los distintos negacionismos y las respectivas teorías conspiranoicas que hoy en día vienen a sumarse a un explosivo cóctel donde se mezclan con movimientos anticiencia o antivacunas, con pseudociencia, y también con ideologías políticas extremistas de diversa índole (xenófobas, autoritarias, machistas, etc.). 

Estadísticamente, estos movimientos abarcan a todos los grupos de población, independientemente de su nivel de formación. Al igual que en las bibliotecas encontramos diferentes tipos de literatura para cada público, los bulos también se ajustan a las preferencias de colectivos específicos. Así, la desinformación se nos presenta cada vez más disfrazada de ciencia, adornada con gráficos, tablas, porcentajes y referencias a estudios aislados o descontextualizados.

Los diferentes fenómenos de la infodemia son multifacéticos y se desarrollan en una dinámica compleja en la que interactúan factores psicológicos, tecnológicos, ideológicos y socioeconómicos. Están alimentados por una maquinaria de desinformación que emplea inteligencia humana y artificial (bots) de forma manipuladora para promover intereses económicos, políticos o ideológicos o simplemente para desestabilizar el sistema democrático. La meta de estos desinformadores consiste en romper el equilibrio entre tres factores que son fundamentales para el aprendizaje, la argumentación y la transferencia de conocimientos. La incertidumbre, la confianza y la responsabilidad son los tres componentes de lo que podemos llamar equilibrio ético-epistémico (epistémico es un principio de racionalidad aplicable al conocimiento y a la opinión fundada), factores clave para la comunicación, para el conocimiento y para la convivencia en la sociedad. Con más certeza es más fácil confiar, pero justo en tiempos de incertidumbre cuando es necesario actuar y tomar decisiones a partir de una base reducida de certezas y datos muy limitados, es importante mantener un alto nivel de confianza y promover actitudes responsables que generen confianza.

Esta perspectiva sistémica nos da una clave para entender mejor las complejas dinámicas que fomentan actitudes conspiranoicas y negacionistas. Debemos explorar los factores que aumentan la incertidumbre, socavan la confianza y debilitan el sentido de responsabilidad de los ciudadanos. A la inversa, la clave de las contramedidas es descubrir los factores que actúan en sentido contrario. Aquí hay una selección de factores que perturban este equilibrio:

La polarización afectiva e ideológica, fomentada por la mediación de la política y la conversión de políticos en estrategas de marketing. Este fenómeno afecta a las más diversas cuestiones que en circunstancias normales no tienen carga ideológica y provoca que las posiciones sostenidas sean cada vez más radicales e incomunicables. La polarización convierte posiciones en dogmas y elimina la capacidad de autocrítica. Así, reducimos nuestras identidades híbridas a identidades simples y petrificadas. Nos convertimos en personas dogmáticas que se dejan guiar fundamentalmente por sus impulsos y emociones, en lugar de por sus reflexiones. Estudios recientes afirman que en España la polarización afectiva se basa sobre todo en emociones negativas y se ha extendido a todos los ámbitos de la vida, hasta la relación con amigos, vecinos o familiares. Un gran éxito de los discursos de odio y desprecio.

La falta de una cultura deliberativa bien asentada que pudiera trasmitir valores epistémicos, ayudar a moderar la parcialidad, promover la transparencia y reforzar una cierta humildad epistémica. Tal cultura deliberativa podría quizás romper las burbujas en las que vivimos y contrarrestar la creciente polarización de la esfera pública. 

El diseño algorítmico de las plataformas digitales que, a través de cámaras de eco, filtros de burbuja y a base de perfiles psicográficos, refuerzan los sesgos cognitivos de los usuarios como el sesgo de grupo, el sesgo de confirmación o el sesgo de deseabilidad social. De esta manera, las redes sociales están redefiniendo la naturaleza del espacio público y la información contrastada de los medios de calidad está siendo desplazada por mensajes sensacionalistas que apelan a las emociones. Nadie de nosotros está libre de sesgos cognitivos. Ante problemas complejos y cuando tenemos que tomar decisiones rápidas, utilizamos atajos mentales para simplificar la vida diaria. En la filosofía y la psicología, los llamamos heurísticos. Estos sesgos que forman parte de nuestro bagaje cultural, crecen de forma exponencial en el ambiente de las redes sociales.

La mercantilización de la información, sobre todo en los medios digitales, pero también en el ámbito del periodismo tradicional. Esta va de la mano de la ya permanente propaganda electoral, que se limita a la difamación del adversario, usa todas las herramientas del populismo y produce un vaciamiento de los programas de gestión y gobierno. Los que no han caído en las estrategias polarizadoras responden con cinismo, frustración o el rechazo de la política en general, con lo que llamamos desafección democrática. 

El discurso relativista de la posverdad y del pensamiento posfáctico, que socava la diferencia entre verdad y mentira, entre conocimiento y opinión, sustentando una nueva retórica escéptica que produce duda desmesurada y desconfianza generalizada. Así fomenta la conspiranoia que crea sus propios sistemas de creencias basadas en la sospecha, formando realidades paralelas con hechos alternativos. Lo particular de estos sistemas de creencias es que no incluyen la posibilidad de corrección. Son infalibles porque la propia lógica de la conspiranoia las hace inmunes ante cualquier crítica o prueba en contra. Todo argumento en contra no hace nada más que confirmar la sospecha de conspiración, control y engaño.

Luego está el problema de una imagen errónea de la práctica científica, muy extendida en la sociedad, que convierte en debilidades las fortalezas que permiten sus avances. Nos estamos refiriendo a cosas como la adaptabilidad, la falibilidad y la revisión constante de datos, ideas y conclusiones. Los negacionistas se aprovechan de estas prácticas científicas haciendo de ellas una lectura errónea para mermar la confianza en la ciencia y erosionar más el concepto de verdad. Frente a ello, hay que subrayar que la ciencia no produce certezas absolutas, sino estados evolutivos de la investigación, certezas provisionales, sujetas a un permanente proceso de revisión, lo cual permite –y no es poco– un manejo riguroso de las incertidumbres. Todo conocimiento empírico es falible, y esta falibilidad es cardinal para la dinámica de las teorías científicas. Algo que no entienden o no quieren entender los negacionistas y quienes socavan la credibilidad de la ciencia.

Cada uno de estos factores requeriría, en realidad, una consideración propia. Sin embargo, identificarlos y concienciar de los peligros que entrañan puede ser un primer aporte para frenar ciertas tendencias dañinas en nuestras sociedades, dañinas tanto para la salud como para la democracia. Podemos hacer más de lo que pensamos. El primer paso para crear una sociedad más sostenible, justa e inclusiva, con mayor resiliencia frente a situaciones de crisis y menos susceptible a fenómenos como el negacionismo y la conspiranoia, consiste en reconocer nuestra vulnerabilidad e interdependencia y ser conscientes del peligro de la desinformación. 

A veces puede resultar tentador para los expertos transmitir preocupaciones de gran calado desde el punto de vista científico de forma tan sensacionalista como los bulos, luchar con los mismos medios que la industria de la desinformación. Pero por el mero hecho de utilizar la misma terminología, uno se convierte en un héroe y en una referencia científica de los negacionistas. Quizás haya sido este el mayor error del Dr. Laporte Roselló: olvidar que fuera del contexto de la discusión académica y el debate sobre la gestión farmacológica, algunas de sus afirmaciones iban a ser empleadas como arma arrojadiza contra las políticas de salud pública que han salvado tantas vidas. Tampoco ha ayudado el empleo de afirmaciones dudosas o directamente erróneas durante su discurso, un error que puede ser matizado durante la discusión con otros colegas más expertos en las áreas fuera de sus competencias en farmacología, pero que lanzadas durante una comparecencia pública utilizando el criterio de autoridad ante no expertos pueden contribuir (y de hecho han contribuido) a la propagación de bulos y dudas injustas sobre las decisiones tomadas en un contexto de incertidumbre.

Cuando se desvanece la confianza epistémica, cuando se desmorona la distinción entre verdad y mentira, conocimiento y opinión, hechos y ficción, desaparece también el mundo común en el que conviven personas con puntos de vista diferentes. Este desvanecimiento no hace desaparecer los peligros que amenazan a este mundo sino que, muy al contrario, los amplifica.

Una serie de opinadores y diversos medios han hecho crecer la polémica en las últimas semanas sobre las declaraciones del ministro de Consumo en una entrevista al diario británico The Guardian. Tras apoyar la sostenibilidad de la ganadería extensiva en varias regiones de España, Alberto Garzón se mostraba preocupado por el impacto ambiental de las macrogranjas y sus efectos sobre la salud humana. Las declaraciones del ministro, tanto las publicadas como las originales que pueden leerse aquí, coinciden con una valoración ampliamente reconocida: la sustitución de la ganadería extensiva por grandes explotaciones intensivas está empobreciendo el territorio, ambiental y socialmente. Una obviedad que comparten incluso grandes instituciones financieras como el BBVA.

La sustitución de la ganadería tradicional por grandes explotaciones es un proceso global que se está implantando rápidamente en España. La gravedad de sus impactos, tanto sobre el tejido social como sobre el medio ambiente, es tan contundente que la FAO (el organismo de la ONU para la Alimentación y la Agricultura) ha declarado el periodo 2019–2028 como el Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar. Pese a que la defensa de la agricultura extensiva frente a esta intensificación es parte de los tratados internacionales firmados por el Gobierno de España, y de las políticas que han aprobado gobiernos de distinto signo, la realidad es que se trata de un sector al alza, por lo que es una de las principales preocupaciones de los pequeños agricultores y ganaderos de la llamada España vacía. En este artículo repasamos la evidencia sobre el impacto de las  explotaciones de ganadería intensiva de gran tamaño (las llamadas ‘macrogranjas’) sobre nuestra salud alimentaria, el medio ambiente, la cohesión del territorio y el bienestar animal.

Los beneficios de la ganadería extensiva son múltiples en el contexto de los ciclos ecológicos. Si se manejan adecuadamente y con densidades adecuadas de ganado, los pastos extensivos pueden ser económicamente rentables mientras retienen suficiente carbono como para compensar las emisiones de metano del ganado. De hecho, la inclusión en la dieta de carne de ganadería extensiva procedente de productores locales puede incluso reducir las emisiones de carbono respecto a una dieta completamente vegetariana, dependiendo de las características del lugar y el tipo de aprovechamiento. Y lo mismo ocurre con la producción de leche cuando se realiza en régimen de semiestabulado típico de muchas áreas de la península, en el que las vacas tienen territorio para pastar, pero duermen en el establo donde se las ordeña (actualmente por medios mecánicos, claro). Es por ello que multitud de estudios en diferentes partes del globo muestran que para que la producción ganadera sea sostenible, las áreas dedicadas a uso intensivo deben ser limitadas a explotaciones pequeñas o pequeñas áreas de engorde por ejemplo.

En el caso de las grandes explotaciones porcinas, sus impactos incluyen emisiones masivas de nitratos, amoniaco y gases de efecto invernadero, además de problemas de bioseguridad (una revisión del tema aquí). Su progresiva implantación está llevando al aumento de las emisiones de amonio por encima de los límites permitidos por la normativa europea. En 2019, España fue el país que más excedió dichos límites (de los cuatro que aún lo hacen) y el tercer mayor emisor de la UE. Las emisiones de amonio contribuyen a la deposición ácida y a la eutrofización del medio, dañando bosques, cultivos, ríos y humedales, así como a la formación de aerosoles particulados, muy perjudiciales para la salud humana. 

Las macrogranjas también están asociadas al vertido de grandes cantidades de purines (una mezcla de residuos generados por las excretas líquidas y sólidas, agua utilizada en la limpieza de instalaciones y restos de alimentos), que causan aumentos desmesurados de nitratos en los acuíferos, cuya contaminación ha aumentado más del 50% en los últimos años hasta alcanzar casi el 25% de la superficie del país, lo que ha llevado a que la Comisión Europea denuncie a España ante la Corte Europea de Justicia  por el reiterado incumplimiento de la Directiva de Nitratos. Los purines y otros contaminantes procedentes de agricultura intensiva están detrás de desastres como la tragedia del Mar Menor.

En 2020 la agricultura fue responsable de más del 14% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España, de los que aproximadamente dos tercios corresponden a la ganadería, según un informe del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Cuando se examina su origen, el aumento actual de las emisiones de CO2 se debe principalmente a la gestión del estiércol - los purines - siempre según dicho informe. En un contexto de intensificación de la ganadería en España, resulta claro que este aumento de emisiones se debe a la proliferación de las explotaciones intensivas. A este impacto hay que asociar además sus emisiones indirectas, causadas por los cultivos intensivos necesarios para la elaboración del pienso y al consumo de energía para mantener y calentar las granjas, que podrían duplicar las emisiones directas. Además están las emisiones y los costes ambientales adicionales derivados del transporte de carne cuando esta se dedica a la exportación (ver más abajo), que en el caso del ganado porcino constituye más de la mitad de la producción española. Unas exportaciones asociadas a una burbuja de demanda generada por la peste porcina en China, que podrían estar empezando a bajar.

La pérdida de diversidad genética de los animales empleados en la ganadería actual merece especial consideración. En España tenemos numerosas razas de ganado autóctonas, de explotación extensiva y tradicional, de enorme valor agronómico. Estas razas muchas veces son sustituidas por razas peor adaptadas al medio, pero más productivas, que son las que se instalan en las macrogranjas. Desplazamos a animales que están tradicionalmente preparados para la explotación en nuestro territorio, utilizando grandes cantidades de energía para criar razas no autóctonas en condiciones artificiales.

En realidad, cuando se analizan diferentes factores de sostenibilidad y se tienen en cuenta todos los insumos y costes energéticos, desaparece la necesidad de un modelo basado en ganadería intensiva para asegurar un nivel adecuado de ingesta de proteínas en la población. Esto no quiere decir que haya que eliminar totalmente la carne de la dieta para asegurar su sostenibilidad: por ejemplo, la evaluación mediante modelado de diferentes escenarios de evolución de la dieta en Estados Unidos mostró que algunas dietas con un bajo consumo de productos animales son más sostenibles que las veganas. Además, el uso de pastos extensivos reduce significativamente las emisiones de carbono de la ganadería, contribuye al mantenimiento de dichos pastos y evita la degradación del suelo y el abandono del campo. No todo son problemas con la producción y el consumo de carne, siempre y cuando sea moderado y se apoye en un modelo extensivo de bajo impacto ambiental.

La ocupación de una parte significativa del territorio por ganadería extensiva (algo no tan remoto en España), acompañada por un consumo más moderado de carne en los países desarrollados puede permitir niveles suficientes de producción sostenible. Por todo ello, los estudios que tienen en cuenta las necesidades alimentarias, la estructura de la cabaña ganadera y los costes ambientales y económicos asociados, muestran que la estrategia de reducir el consumo de carne y potenciar la ganadería en extensivo permitiría alimentar de forma más sostenible a la población mundial. Esto, además, reduciría considerablemente el impacto ambiental del modelo alimentario actual. El consumo masivo de carne barata procedente de ganadería intensiva es insostenible. Y aunque un chuletón al punto sea imbatible para muchos de nosotros, todos sabemos que hay que consumir carnes rojas con mesura, y que comer chuletón todos los días no es saludable ni para las personas ni para el planeta.

Algunos políticos han insistido durante la polémica de estos días en la noción de que la carne de macrogranja no es de peor calidad que la producida en extensivo. Sin embargo, la carne de un animal que durante su crianza puede pasear, disfrutar del aire libre, la luz del sol y una dieta natural, sin tratamientos hormonales ni exceso de medicamentos y químicos, no es de la misma calidad que la de un animal que ha nacido y crecido dentro de un cubículo, atiborrado a antibióticos, estresado y alimentado con el pienso que salga más económico. De hecho, la evidencia científica es aplastante en este punto. La calidad de una carne, tanto en términos nutritivos como organolépticos (sabor, olor, textura…), depende en buena parte de lo que ese animal coma y de cómo ese animal viva. El pasto verde imprime un perfil graso a la carne y la leche completamente distinto al del ganado criado en una macrogranja, que se traduce en mejores cualidades nutritivas y en carnes más sabrosas y aromáticas. Esto ocurre también con el jamón serrano; por ello, el de mejor calidad es aquel obtenido de un animal que comió bellota al menos durante los últimos meses antes del sacrificio. Todos sabemos dónde se cría el buen cerdo ibérico.

Como hemos visto, la ganadería extensiva proporciona una gran cantidad de beneficios ambientales, sociales y económicos. Sin embargo, los cambios en el campo español durante la última década van en el sentido contrario. Por ejemplo, la inmensa mayoría de las exportaciones españolas de carne de cerdo, alrededor del 95%, se corresponde a carne de baja calidad (congelada, en forma de grasas, o despojos), no de los productos con más valor añadido como jamones o embutidos (ver aquí). Es decir, de carne barata, sostenida por explotaciones intensivas que acumulan animales en macrogranjas mientras ocupan buena parte del territorio con cultivos intensificados para alimentarlos, además de depender de piensos importados con una elevada huella de carbono. Debido a la alta ocupación del territorio y a la extensión de la contaminación que generan, los costes ambientales de este modelo intensificado son asumidos por toda la región en la que se encuentran las explotaciones, y degradan notablemente la salud y el modo de vida de quienes viven en su entorno directo. 

Esto genera una competición injusta por el uso del territorio que resulta imposible para la ganadería sostenible. Lejos de promover la riqueza y la cohesión social, la producción animal industrializada destruye el empleo, provocando una despoblación del medio rural y la pérdida de prácticas ganaderas tradicionales, así como una disminución en la diversidad de razas de ganado. Justo lo contrario que la agricultura familiar de pequeñas explotaciones, que proporciona más trabajo y de más calidad, además de cohesionar el territorio.

Entonces, ¿por qué se fomenta la ganadería intensiva? Probablemente porque permite el enriquecimiento de grandes productores que se benefician de las ganancias de un modelo productivo intensificado mientras externalizan sus costes ambientales y sociales. Generando un beneficio rápido para unos pocos, las macrogranjas no aportan ningún valor añadido ni al tejido productivo ni a la sociedad que vive en las regiones agrícolas.

El estado que entendemos como natural en los paisajes ibéricos no es el de ecosistemas prístinos que no han conocido la mano humana. Por el contrario, la agricultura extensiva lleva transformando el paisaje desde el Neolítico en buena parte de España. Durante los últimos cinco o seis mil años, las dinámicas ecológicas del paisaje y la ocupación del territorio han estado ligadas al uso y los movimientos del ganado, tanto en las dehesas como en pastizales de montaña o en combinación con cultivos de cereales en las zonas semiáridas. Todo esto ha convertido a la ganadería extensiva en un elemento vertebrador de los paisajes ibéricos. La intensificación y la aparición de macrogranjas es un proceso muy reciente, que no sólo está transformando el paisaje, sino también contribuyendo a la despoblación de gran parte de España. 

Por supuesto, detener la intensificación y encaminarnos a un modelo agrícola y ganadero más extensivo, moderno y productivo presenta muchos retos. Pero como hemos comentado, esto no tiene por qué conllevar problemas de abastecimiento de productos básicos para la alimentación de un número creciente de personas en el mundo. En realidad, como discuten los editores de la revista Nature Sustainability, el que esta producción sea insuficiente es posiblemente una percepción equivocada, asociada a un sistema de valores que a menudo prima la posesión por encima del uso. En los países desarrollados, donde producimos un gran excedente de comida, es necesario un cambio de valores en la selección de la dieta que debe ir acompañado de un cambio social. Las evidencias científicas que apoyan este cambio son muy claras. 

Para buena parte de la población europea, un continente que no es ajeno a la epidemia mundial de obesidad, no se trata de comer menos sino de comer mejor. Por eso, desde el punto de vista científico sorprende y enfada ver la contaminación informativa del debate sobre la carne, las macrogranjas y el sistema alimentario. Es particularmente irritante y nefasto que la desinformación interesada de unos y la falta de valor de otros tergiverse el sentido de unas declaraciones que se apoyan en la evidencia científica, y que coinciden con las reivindicaciones de los pequeños y medianos ganaderos y agricultores. Esta confusión interesada es especialmente grave por el valor que podría tener la ganadería extensiva para cohesionar la España rural. Los discursos de apoyo a la España vaciada que van acompañados de afirmaciones tan irresponsables como la de que “no existen las macrogranjas en España” son palabras vacías que se las lleva el viento. Infelizmente, negar la evidencia para apoyar un discurso interesado sale gratis e incluso da rédito político en la coyuntura política actual. 

Finalmente, en una sociedad avanzada como la nuestra no podemos dejar de lado las consideraciones éticas sobre un asunto que involucra la vida y la muerte de otros animales conscientes. Porque según todas las evidencias científicas, los animales son conscientes, y así lo estableció hace diez años la Declaración de Cambridge sobre la Conciencia. Los cerdos en particular se encuentran entre los animales no-humanos cognitiva y emocionalmente más complejos que existen, a un nivel similar al de perros, chimpancés o delfines. Tienen memoria y sentido del tiempo, son capaces de entender un lenguaje simbólico y la perspectiva de los otros, muestran empatía, tienen personalidades diferentes y juegan de forma creativa. Son tan parecidos a nosotros que acaba de realizarse con éxito el primer xenotrasplante de cerdo a humano. Sin embargo, la industrialización de la ganadería intensiva arranca de cuajo cualquier atisbo del derecho de los animales al bienestar, hacinados en espacios reducidos durante toda su corta y miserable existencia. Sometidos a una situación de maltrato los animales sienten dolor y miedo; sufren. Saberlo, y no hacer nada, nos convierte a todos en cómplices de un proceso de degradación moral insoportable. 

Por si todo lo anterior no fuera suficiente, las condiciones tan lamentables en las que se encuentran los animales en las macrogranjas llevan a un abuso de antibióticos y otras substancias (por mucho que estén regulados en la UE) que acaban en nuestro plato o en las aguas y suelos. De hecho, la ganadería intensiva tiene mucho que ver con la evolución de la resistencia a los antibióticos y el desarrollo de superbacterias, que promete ser un reto sanitario en las próximas décadas.

En definitiva, las macrogranjas producen carne de poca calidad, de animales sometidos a maltrato, vulneran las directrices europeas e internacionales de producción ganadera y las normativas medioambientales, además de empobrecer y despoblar los territorios. Las macrogranjas son perjudiciales para todos salvo para quienes se lucran con ellas. Si queremos evitar sus impactos negativos, si sus prácticas son dañinas e ilegales, no podemos abrir más. En todo caso hay que ir pensando en cerrarlas.

Aunque la comunidad científica demostró de manera contundente hace 20 años que el cambio climático actual es de origen antropogénico y que su magnitud pone en peligro nuestra forma de vida actual, algunos dirigentes políticos, sectores empresariales y otras partes interesadas siguen intentando negar esta realidad. Para ello, últimamente algunos se apoyan en la evidencia científica sobre la larga historia de cambios climáticos de la Tierra para minimizar la importancia de los cambios actuales, una afirmación falaz amplificada por los influencers y “líderes mediáticos” de ciertos sectores políticos. En este artículo revisamos el funcionamiento del Sistema Tierra y su larga historia de cambios, para luego explicar por qué el cambio climático actual es preocupante para la humanidad, haciendo énfasis en el papel que han tenido los galardonados con los premios Nobel de Física de 2021 en comprender las complejas dinámicas de las diferentes capas de la Tierra.

Nuestro pequeño planeta azul, la Tierra, es un complejo sistema autorregulado formado por una parte interna a altísimas temperaturas, el núcleo y el manto, sobre la que reposa una capa sólida muy fina, la corteza, en cuyas cuencas más profundas se acumulan grandes cantidades de agua formando mares y océanos, la hidrosfera. El interior de la Tierra se encuentra en un proceso muy lento de enfriamiento desde que se formó el planeta hace 4.500 millones de años. Por su parte la corteza tampoco ha dejado de cambiar: cada 300-400 millones de años los continentes se unen formando un único un supercontinente, para volver a fragmentarse a continuación. El nuevo volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma es un buen ejemplo del continuo dinamismo de la corteza terrestre en su interrelación con el manto. 

Envolviendo la parte sólida y líquida del planeta se encuentra la atmósfera, un auténtico escudo de protección sin el que la vida difícilmente podría haberse desarrollado. Nos protege del bombardeo de meteoritos y de la radiación solar más dañina con la inestimable ayuda del campo magnético, además de regular la temperatura a los niveles compatibles con la vida. Sin atmósfera, la temperatura media del planeta oscilaría entre 123oC durante el día y -233oC por la noche.

Todos los elementos que forman el sistema Tierra interaccionan entre ellos a través de multitud de procesos, manteniendo al planeta en un delicado y cambiante equilibrio que evoluciona constantemente. Sabemos que la Tierra joven era un auténtico infierno, una bola de fuego con miles de volcanes expulsando materiales y gases a una atmósfera irrespirable, que lentamente se ha ido enfriando. Este enfriamiento no ha sido gradual y constante: durante sus miles de millones de años de historia la Tierra ha sufrido periodos auténticamente gélidos en los que llegó a cubrirse por completo de nieve y hielo, y otros muy cálidos con temperaturas medias de hasta 8-10ºC por encima de la actual. Ya en épocas más recientes, desde hace algo más de dos millones y medio de años, se han sucedido episodios cíclicos de grandes glaciaciones con reducciones de temperatura a escala global, en los que buena parte de la superficie del hemisferio norte se cubrió de nieve. 

La última de estas glaciaciones finalizó hace tan solo 12.000 años, inaugurando una época relativamente estable con temperaturas medias óptimas para el desarrollo de la agricultura. La bonanza y estabilidad del clima de este período de tiempo, largo a escala humana pero muy corto a escala geológica, es lo que nos ha permitido el desarrollo cultural sin precedentes en que se basa nuestro modo de vida actual. Pese a la estabilidad que ha caracterizado al periodo actual, el holoceno no ha estado exento de cambios. Ha habido épocas cálidas que han traído fertilidad a los campos, como el llamado óptimo climático medieval que tuvo lugar entre los siglos IX al XIII, alternadas con otras mucho más frías como la pequeña edad de hielo (XIV al XIX), en las que se vivieron hambrunas terribles. Además de importantes cambios regionales, que han llevado a la actual desertificación de algunas de las áreas en las que se originó la agricultura, como el creciente fértil.

Son muchos y muy variados los factores que hacen evolucionar el clima de la Tierra, comenzando por la reconfiguración continuada de los continentes que eleva montañas, modifica el nivel de actividad volcánica y cambia las corrientes oceánicas. Estas últimas, en particular, son críticas para el clima. La hidrosfera juega un papel importantísimo como estabilizador de la temperatura gracias a su alta densidad y su capacidad calórica. Tampoco debemos olvidar a la criosfera, la superficie que se encuentra cubierta por hielos y nieve, por su papel decisivo en el efecto albedo y el nivel de los mares y océanos. 

La biosfera también ejerce una importantísima influencia sobre el clima. Junto a elementos inertes como las montañas y los volcanes, los animales y plantas somos parte del ciclo del carbono, incluyendo el CO2 y el metano (CH4), gases de efecto invernadero que tienen un papel esencial en la regulación del clima. En su ausencia, la temperatura media del planeta sería de unos gélidos -18ºC, nada que ver con los agradables 15ºC que disfrutamos. Otro ejemplo del papel regulador de la biosfera es el efecto de las plantas: pueden modular la temperatura, absorbiendo la luz o reflejándola a través del albedo. A su vez, la evapotranspiración es otro modo en que las plantas pueden contribuir a disipar el calor del ambiente. La forma en la que se distribuye la vegetación hace que en las latitudes altas predomine el efecto albedo mientras que en las bajas lo haga la evapotranspiración, contribuyendo de manera notoria a homogeneizar y suavizar el clima del planeta.

El Sol, la Luna, y el resto de los componentes del sistema solar también tienen influencia en el clima terrestre. La energía que nos llega del Sol no siempre es la misma. La luminosidad solar aumenta un 10% aproximadamente cada 1.000 millones de años, mientras que en períodos muchísimo más cortos hay variaciones debido a las manchas solares, que aparecen y desaparecen de su superficie en ciclos de 11 años. Por su parte, la atracción gravitatoria combinada que ejercen la Tierra, el Sol y la Luna sobre los océanos produce las mareas, un componente esencial de la dinámica de los océanos donde se genera la mayor parte del oxígeno que respiramos gracias a la actividad fotosintética del fitoplancton. Pero la importancia de la Luna no termina ahí: su atracción produce una deformación de la Tierra que ha ido ralentizando su rotación. Así, mientras que nuestros días son de 24 horas, los de los dinosaurios eran de 23. Sin la Luna, la Tierra rotaría muchísimo más rápidamente, con días de unas 8 horas de duración, y el clima sería tan inestable que una vida como la nuestra no habría podido evolucionar. 

En relación al resto de elementos del sistema solar hay que mencionar los ciclos de Milankovitch, provocados por el efecto combinado del tirón gravitacional que ejerce el conjunto de planetas sobre la Tierra, y que producen variaciones tanto en su órbita alrededor del Sol como en su eje de rotación. Y también al impacto de meteoritos, cuyas consecuencias comprobaron los pobres dinosaurios.

En definitiva, el clima de la Tierra está sometido a un complejo vaivén de múltiples factores tanto internos como externos, por lo que está, y ha estado siempre, en continuo cambio, lo que ha abierto la puerta a la evolución biológica. ¿Por qué entonces el actual calentamiento global se ha convertido en una crisis que preocupa a toda la comunidad científica? La respuesta es muy clara: por la cortísima escala de tiempo a la que se está produciendo.

El equilibrio de la Tierra se mantiene a través de un conjunto muy amplio de procesos de distinta naturaleza. Si se producen cambios bruscos a una escala de tiempo más rápida que la que corresponde a estos procesos, el equilibrio entre ellos se rompe, sacando al sistema de su estabilidad. Esto es justamente lo que está ocurriendo ahora: en unas pocas decenas de años la emisión descontrolada de gases de efecto invernadero de origen antropogénico, junto a otras actividades humanas de una irresponsabilidad supina como convertir los océanos en un vertedero de plásticos, están provocando una disrupción brusca del delicado equilibrio de nuestro planeta cuyas consecuencias pueden ser terribles.

Los gases de efecto invernadero generados por la intensa actividad humana de las últimas décadas provocan un incremento de la energía acumulada en la atmósfera y la hidrosfera, lo que altera su comportamiento de forma muchas veces impredecible. Antes de establecerse nuevos equilibrios climáticos que respondan a las nuevas circunstancias termodinámicas, se generan procesos caóticos y turbulentos, traducidos en eventos extremos que se dan cada vez con mayor frecuencia. Una manera simple de explicarlo es comparándolo con una olla al fuego. Mientras que a temperatura moderada las burbujas de ebullición son relativamente similares y aparecen de manera más o menos regular en los mismos sitios, cuando aumenta la temperatura estas burbujas se hacen mucho mayores y su aparición es mucho más impredecible. Este es el tipo de fenómeno físico que hay tras el aumento en la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos como lluvias torrenciales, tornados, huracanes, períodos de extrema sequía o nevadas en sitios donde son poco habituales. Episodios que ya estamos observando, que traen consigo enormes daños en las infraestructuras y en las cosechas.

Aunque el proceso en curso sea similar, el sistema Tierra es mucho más complejo que una simple olla llena de agua, y multitud de otros factores están acelerando el cambio en la dinámica atmosférica por medio de procesos de retroalimentación, como la descongelación del permafrost o la liberación del metano depositado en los fondos oceánicos que, al añadir toneladas adicionales de gases de efecto invernadero a la atmósfera, multiplicará exponencialmente el problema. 

Un efecto directo del calentamiento global es el aumento del nivel de los océanos por la descongelación de grandes masas de hielo de la criosfera, lo que va a dejar sumergidas bajo las aguas grandes extensiones de terreno densamente pobladas. Tenemos un ejemplo en el glaciar Thwaites de la Antártida, que lleva tres décadas descongelándose a una velocidad cada vez más rápida. En una reunión reciente de la Unión Geofísica Americana, un grupo de expertos ha alertado del alarmante resquebrajamiento que se observa en la plataforma de hielo a la entrada del glaciar. Esta plataforma hace de “dique de contención” al Thwaites, el cual, a su vez, hace de dique a otras grandes masas de hielo antárticas. La ruptura de la plataforma es un buen ejemplo de lo que significa “disrupción del equilibrio”: fenómenos que se alimentan unos a otros introduciendo cambios muy bruscos en el sistema. Para hacernos una idea, la descongelación total del Thwaites, que probablemente ocurra durante las próximas décadas, podría aumentar por sí sola el nivel de los océanos unos 65cm. 

Ocurra lo que ocurra, sabemos que, con el paso del tiempo, de “demasiado tiempo” para la escala humana, la Tierra recuperará su equilibrio y la vida volverá a florecer, aunque no sepamos en qué forma lo hará. Pero mientras tanto, el sufrimiento provocado será ingente. El premio nobel de este año era una clara advertencia de la academia sueca a los líderes mundiales de cara a la COP26 que se celebró en Glasgow en octubre de 2021. Dos meteorólogos, Syukuro Manabe y Klaus Hasselmann, han compartido el 50% del galardón por su amplia trayectoria en la elaboración de modelos climáticos complejos. Fueron además pioneros en advertir que el incremento de los niveles de CO2 en la atmósfera se está traduciendo en un aumento de la temperatura del planeta, sobre las bases de un mecanismo anticipado por Eunice Foote a mediados del siglo XIX.  Preguntado sobre el tema, el secretario General de la Real Academia de las Ciencias de Suecia que otorga los premios Nobel, Göran Hansson, contestó: “Lo que decimos es que la modelización del clima está sólidamente basada en la teoría física y en una física sólida. [...] El calentamiento global se apoya en una ciencia sólida. Ese es el mensaje”. 

En otras palabras, las conclusiones de la comunidad científica de que el cambio climático actual es de origen antropogénico y que su magnitud pone en peligro nuestra forma de vida actual se basan en evidencias contrastadas, no de algo “opinable” o en lo que “creer”, como insinúan algunos negacionistas cuya ignorancia, o cinismo extremo, los lleva a vociferar contra la “religión climática” dando la espalda con impudicia tanto al futuro de sus hijos como a su propio presente. Y la estrategia de desinformación de la que forman parte está funcionando: a pesar de la evidencia, las respuestas de los líderes mundiales en la cumbre de Glasgow han sido, de nuevo, decepcionantes. Los líderes mundiales continúan sus acrobacias dialécticas mientras el planeta baila peligrosamente sobre la cuerda floja. 

El funambulismo de los gobernantes, la superficialidad de los medios de comunicación, y la indiferencia de una parte de la población frente al cambio climático se suma a la descorazonadora respuesta que, como sociedad global, hemos dado a la pandemia, al permitir que la protección de la salud se supedite al beneficio económico y que la vacunación se articule de acuerdo a la capacidad adquisitiva de cada país. 2021 se despide con una película que ha levantado un auténtico aluvión de comentarios en las redes sociales: “¡No mires arriba!”. Esperemos que pase a la posteridad como una exagerada sátira mordaz, y no como una acertada película costumbrista. Ese será el deseo con el que comenzar 2022. 

Dos años de pandemia y seguimos llegando tarde para controlar cada nueva cada ola. Y no es que sean difíciles de anticipar: en España, las tres últimas olas están claramente ligadas a periodos vacacionales y con las actividades de estos periodos que favorecen los contagios (figura 1). Algo parecido podemos decir de las nuevas variantes, como delta y ómicron. Su aparición no puede considerarse una sorpresa, sino un suceso muy esperado dada la enorme dispersión del virus, con millones de infectados diarios y más de 280 millones de afectados por todo el planeta. Algo que ya discutíamos hace casi un año. Es esencial entender que, mientras sigamos permitiendo que haya números tan elevados de infecciones (que superan los 2 millones semanales desde octubre de 2020), seguirán apareciendo variantes que nos pondrán en un riesgo cada vez mayor y nos seguirán enfrentando a situaciones nuevas e impredecibles. Permitiéndolo, aceleramos la evolución de este y de cualquier virus o patógeno. 

Obviamente, no se puede anticipar cómo será el perfil genético de las variantes que surgirán en el futuro, ya que las mutaciones que las caracterizan se producen de forma aleatoria. Lo que sí podemos decir es que seguirán apareciendo, y que aquellas que se extiendan rápidamente hasta hacerse dominantes serán aquellas que tengan una mayor capacidad reproductiva, una mayor infecciosidad y una mayor capacidad de evadir nuestra respuesta inmune. Es decir, de reinfectar a personas que ya estaban inmunizadas sea por vacunación o por haber pasado la enfermedad. De hecho, la información disponible indica que la nueva variante ómicron, detectada hace menos de un mes, es mucho más infecciosa que las originales, duplica las tasas de contagio y la capacidad de evadir la vacuna de la variante delta y presenta un riesgo de reinfección cinco veces superior y una menor sensibilidad a las terapias con anticuerpos monoclonales que esta última variante. En la mayoría de países europeos, ómicron ha mostrado tasas de infección muy elevadas en poblaciones mayoritariamente vacunadas. En el Reino Unido, ómicron ha provocado ya las cifras de casos diarios más altas desde el origen de la pandemia. En algo más de un mes, ómicron ha llegado a protagonizar más del 75% de las infecciones en África, del 25% en Reino Unido y del 9,5% en España según el proyecto GISAID. En nuestro país, datos del Ministerio de Sanidad revelan que ómicron ha pasado en una sola semana de causar el 3,4% al 47% de las infecciones.

Aún no está claro si ómicron presenta una reducción significativa en su virulencia y letalidad, como todos deseamos. Es cierto que en Sudáfrica ha conllevado menor hospitalización y mortalidad que delta, pero antes de concluir que es una variante menos virulenta que las anteriores es necesario tener en cuenta la alta tasa de inmunización en la población de ese país. De hecho, un estudio más completo realizado en Dinamarca muestra que la infección por ómicron (1,2% de hospitalizaciones) es menos grave que la producida por las primeras variantes, pero no que la producida por delta (1,5% de hospitalizaciones). Aunque en promedio los síntomas son más suaves, hay que recordar de nuevo que la mayoría de los infectados estaban ya vacunados. Otro reciente estudio realizado en Inglaterra también concluye que no hay evidencia que sugiera que ómicron tenga una severidad mucho menor que la de la variante delta. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que una letalidad menor aplicada a una población infectada mucho mayor (como podría resultar de la mayor infecciosidad de esta variante) puede conducir fácilmente a una mayor mortalidad total, y desde luego, a la sobrecarga de nuestro sistema sanitario. Por no hablar de los efectos en países con bajas tasas de vacunación. Y hay que recordar que la mitad de la población mundial no está vacunada al completo.

Todo esto debería bastar para tener claro que la estrategia para doblegar la pandemia no puede reducirse a la vacunación voluntaria en países del primer mundo. Es imprescindible acompañarla de medidas que aseguren que: (i) la vacunación llegue a un porcentaje muy elevado de la población de cada país; (ii) la vacunación llegue a todos los países, abandonando la actual estrategia de ‘bunker’ cuya única virtud es asegurar el beneficio de las compañías que están comercializando las vacunas, capitalizando además el enorme esfuerzo de investigación realizado con medios y fondos públicos; (iii) tomar todas las medidas necesarias para mantener baja la incidencia mientras se consigue alcanzar la inmunidad de grupo a nivel global, especialmente mientras no se desarrollen terapias efectivas contra la infección. Por suerte, no contamos con una sola arma contra el virus: hay en desarrollo medicamentos que podrían reducir los síntomas más severos.

Las medidas adecuadas para mantener baja la incidencia no son ya un secreto para nadie: diagnósticos proactivos; trazados rápidos y cuarentenas eficaces; atención primaria reforzada, ágil y bien equipada; reducción de riesgo (mascarillas, ventilación) y distanciamiento flexible (restricción temporal de actividades con elevado riesgo de transmisión, como el ocio nocturno o los eventos de gran aforo) en base a umbrales claros sin  saltárselos a conveniencia, según los intereses del momento.

Lamentablemente lo que estamos viendo en esta sexta ola es todo lo contrario. Durante semanas, la dinámica en los países de nuestro entorno ha sido un claro aviso de la necesidad de restricciones. Y después de la irrupción de ómicron, mucho más infecciosa que las anteriores, la necesidad se ha vuelto imperativa. Pero a pesar del crecimiento explosivo del número de casos, algunos gobiernos regionales han vuelto a defender que hay que subordinar la racionalidad al economicismo a corto plazo. Lo urgente ha vuelto a ser salvar la hostelería y las ventas navideñas, aunque el resultado cause un daño irreparable a la sociedad y al resto de la economía. Los confinamientos que han tenido que decretar países tan poco proclives a hacerlo como Holanda, Austria o Alemania y el desmesurado impacto de la última ola en aquellos que no han aplicado apenas restricciones como el Reino Unido parece que no han servido de ejemplo para nuestros gobiernos. El hecho de que las olas de infección de estos cuatro países precedieran a la que se dio en España hace exactamente un año y hayan vuelto a hacerlo en el último mes evidencia la ausencia de proactividad política en el control de la pandemia.

Los argumentos que se están utilizando son tan pintorescos que revelan, sobre todo, que quienes toman las decisiones han dejado de escuchar a los expertos. Que la tasa de hospitalización en relación al número de infecciones sea más baja que en anteriores olas ofrece un ligero alivio. Un alivio insuficiente porque, aunque los hospitales no han colapsado (aún), sí lo ha hecho la capacidad de testado y de atención primaria, mermadas por los recortes ejecutados en cuanto salimos de la última ola.

La situación del testado es paradigmática: en lugar de reforzarlo, varias comunidades autónomas han abandonado todo propósito de universalizarlo a través de la sanidad pública y lo han dejado en manos de los ciudadanos siendo ellos los que deben financiarlo y realizar su primer diagnóstico mediante test comerciales. Con ello, se multiplican tanto los falsos negativos que llevan a nuevas infecciones como la proporción de casos no reportados, y, por tanto, minan la fiabilidad de las cifras oficiales.

El caso extremo es, una vez más, la Comunidad de Madrid, que ha anunciado que no hará el test de PCR a quienes den positivo en test comerciales de antígenos (aunque la AEMPS haya explicado claramente que estos últimos “no serán considerados para el diagnóstico de confirmación de infección activa ni en personas con síntomas ni en asintomáticos” sino como “casos sospechosos que deberán confirmarse en un centro sanitario”). Se pasa así de la obligación de confinarse tras una PCR positiva realizada con las garantías del sistema de salud a la recomendación de hacerlo tras un autotest en casa y una llamada a las saturadas líneas del sistema de atención de la Consejería de Salud. Un nuevo golpe a los médicos de atención primaria que, sin el apoyo de servicios de testado y trazado, van a tener que abandonar al resto de sus pacientes para atender a ciudadanos con síntomas leves y a trabajadores que han dado positivo y necesitan que les den un parte de baja. En lugar de aplicar un diseño racional que incluyera reforzar la atención primaria y liberar a los médicos de burocracia innecesaria, fortalecer el sistema sanitario en los barrios y mejorar el rastreo de contagios y la atención a distancia (para los asintomáticos y leves), dejando las urgencias hospitalarias solo para los casos severos, se han dilapidado recursos en acciones faraónicas como realizar cribados masivos que no contaban con seguimiento ninguno o construir grandes ‘hospitales de pandemias’ que nunca ha llegado a dar un servicio que justificara su elevado coste. Y las costuras de esta estrategia están empezando a saltar.

Tan solo en la quinta ola, considerada un ‘éxito de gestión’ en el lenguaje oficial, la decisión de retirar antes de tiempo las medidas de distanciamiento social sin esperar a alcanzar un porcentaje suficiente de vacunación causó más de 4.000 muertos, la mayoría evitables. Por no mencionar a todos los contagiados que, en números muy elevados, presentarán secuelas a largo plazo con consecuencias aún difíciles de valorar. Según un estudio reciente, más de la mitad de las personas no vacunadas diagnosticadas con COVID presentaron síntomas durante más de 6 meses (denominados ‘long Covid’) que afectaron a su bienestar, movilidad y salud, incluyendo trastornos neurológicos, pulmonares, cardiovasculares, dermatológicos, digestivos y de salud mental; un porcentaje que podría reducirse a la mitad en pacientes vacunados.

Actuar tarde sale muy caro, y no solo en vidas humanas. Se habla mucho del impacto de las restricciones en la hostelería y muy poco del enorme coste asociado a las hospitalizaciones, las bajas por enfermedad, los cierres duros que hubo que aplicar después y los confinamientos. El permitir que los que estén totalmente vacunados se salten la cuarentena a pesar de ser contactos con un positivo ha condenado a buena parte de la población no vacunada (en su gran mayoría niños) a pasar la Navidad confinados gracias a la transmisión en comidas de empresa y otros eventos prenavideños. Una política de restricciones razonables, sostenida en el tiempo, hubiese reducido estos costes frente a los provocados por los bandazos a los que nos estamos viendo sometidos.

Es difícil prever si los gobiernos central y autonómicos van a tomar medidas decisivas en los próximos días. El cortoplacismo electoral y económico de muchos de ellos, sumado a la estrategia de populismo simplón como el caso de Madrid (que va calando en otras comunidades autónomas), ha sumido al país en una extraña parálisis en la que la opinión de los expertos parece haber devenido irrelevante. La estrategia de fiarlo todo a las vacunas y al uso de mascarilla en interiores (sin fiscalizar su uso) y no hacer nada hasta después de Navidad puede resultar desastrosa, pero parece ya inevitable. Aunque los expertos concuerdan en que se necesitan medidas urgentes y severas, las recomendaciones avanzadas para la reunión de presidentes del pasado miércoles ya llegaban, en su mayor parte, varias semanas tarde. ¿De qué sirve ‘cancelar las comidas y cenas de empresa’ y ‘fomentar el teletrabajo’ después del 22 de diciembre, cuando todo el mundo se encamina a las reuniones familiares de navidad? ¿Y ‘garantizar la ventilación natural o mecánica’ en el interior de locales comerciales y hosteleros cuando es una medida que no se ha implementado seriamente en ningún momento? ¿Por qué esperar hasta ahora para limitar la hostelería en interiores, el ocio nocturno, el baile sin mascarilla en el interior de discotecas y las ‘citas multitudinarias’, cuando era claro que eran las vías principales de infección, especialmente en la semana previa a las vacaciones? ¿Por qué da miedo recomendar la limitación de número de personas y grupos de no convivientes en las reuniones familiares, cuando sabemos que va a ser la principal fuente de contagios en las próximas semanas y que va a facilitar el contacto de los más jóvenes, principal fuente de contagio actualmente, a los más mayores, el principal grupo de riesgo? Y sobre todo ¿cómo es posible que cada comunidad autónoma esté funcionando por su cuenta, hasta el punto de que los servicios de salud de varias de ellas dan consejos contradictorios y contraproducentes?

Si la propuesta era tardía e insuficiente, la ausencia completa de decisiones es completamente decepcionante. La ‘medida estrella’ anunciada, la reimposición (por decreto ley, en todo el país) del uso de mascarilla en exterior, sirve para poco más que para dar impresión de actividad y reforzar el teatro de la seguridad. Y, aparte de fiar todo al brindis al sol de ‘reforzar la atención primaria’, desde el Gobierno central ni se hace ni se espera mucho más. Ante la oposición frontal de algunos presidentes autonómicos, ninguna de las (tardías e insuficientes) propuestas parecen haberse aprobado, y se deja todo en manos de la gestión fragmentaria y titubeante (cuando no directamente negacionista) de la crisis que están haciendo la mayoría de las comunidades autónomas.

Los ciudadanos nos hemos quedado más solos que nunca, pero eso no quiere decir que no podamos cuidarnos y cuidar a los demás. Las medidas a tomar son ya conocidas, pero es importante recordarlas:

En este momento, y como han declarado explícitamente algunos de nuestros gobernantes, los ciudadanos dependemos más que nunca de nosotros mismos. Y nuestros sanitarios, que están agotados y vuelven a estar desbordados, necesitan más que nunca nuestra cooperación. Mientras esperamos mejoras definitivas en las vacunas y medicamentos, nos quedamos con el lema “Cuídate para que nos cuidemos todos”.

Vivimos rodeados de sistemas formados por un número ingente de elementos de naturalezas diversas que interaccionan entre ellos a través de una multitud de procesos físicos, químicos, biológicos, psicológicos y sociales. El estudio de estos sistemas se ha convertido en uno de los grandes retos científicos de nuestro siglo, una nueva forma de entender la naturaleza que trae de la mano un cambio de paradigma. El premio nobel de Física 2021, del que hablamos en un post anterior, es una prueba de la relevancia que la comprensión de estos sistemas complejos tiene para la ciencia. 

Tres grandes revoluciones han cambiado radicalmente la física a lo largo del siglo XX: la relatividad, la física cuántica y la ciencia de los sistemas complejos. Cada una de ellas ha traído de la mano de la mano un cambio de paradigma. La perspectiva de complejidad supone una revolución tanto epistemológica como ontológica, obligándonos a desplegar un nuevo lenguaje para dar relevancia a nociones tales como inestabilidad, bifurcaciones, fluctuaciones, turbulencias, desorden, imprevisibilidad, emergencia, autoorganización, resiliencia, cambio o evolución. La física clásica vinculaba conocimiento a certidumbre. Una visión contestada por Feynman al otorgar primacía a la duda no como una mancha en nuestra capacidad de conocer, sino como la esencia misma del conocimiento.  

El estudio de los sistemas complejos hunde sus raíces en la mecánica estadística, desarrollada en la segunda mitad del siglo XIX por Maxwell, Boltzmann y Gibbs para disponer de un método con el que estudiar los sistemas formados por muchas partículas. El objetivo era entender la relación entre el mundo microscópico de las partículas (de las que podemos medir propiedades individuales, como su posición y velocidad) y el mundo macroscópico de los sistemas, formados por muchas de estas partículas y caracterizados por propiedades, como la temperatura y la presión, que nacen de la interacción entre ellas. 

Tendría que pasar más de medio siglo para que la “complejidad” apareciera en escena de la mano de Lorenz, Mandelbrot, Prigogine, Gell-Mann y Parisi, entre otros. Estos investigadores centraron su atención en la dificultad de predecir el comportamiento de sistemas con muchas partículas que interaccionan entre sí de manera no-lineal. Lorenz, considerado como el padre de la teoría del caos, fue el primero que puso el foco en este tipo de dinámicas, en su intento por comprender por qué era tan complicado hacer una predicción meteorológica. En 1972 exponía el problema en una conferencia en el MIT, que tituló con una pregunta: “Previsibilidad. ¿Puede el aleteo de una mariposa en Brasil originar un tornado en Texas?”. Desde entonces, el llamado “efecto mariposa” se ha convertido en la metáfora clásica a la que todo el mundo recurre para explicar qué es una dinámica no-lineal. 

La complejidad tiene asociado a este concepto de no-linealidad otro concepto importante, el de umbral, o amplitud mínima de una perturbación a partir de la cual puede desencadenarse una auténtica avalancha de cambios que alteran radicalmente un sistema. Este fenómeno está muy ligado al concepto de estabilidad dinámica. La mayoría de los sistemas complejos no se mantienen en un punto de equilibrio fijo e imperturbable, sino en un “equilibrio inestable” entre varios “estados de equilibrio alternativos”, que acomodan su configuración a las fluctuaciones en las condiciones ambientales. Una alteración mínima de las interacciones causa solo pequeños reajustes, pero cuando esta alteración alcanza una determinada magnitud o tamaño (el mencionado umbral), los reajustes entre sus componentes son de tales dimensiones que pueden modificar sus interrelaciones y con ello el comportamiento de todo el sistema. Esto hace que a menudo la evolución de los sistemas no transcurra de forma “plácida”, a través de procesos continuos y graduales, tal y como son descritos por la física clásica, sino a golpe de reorganizaciones bruscas y saltos que transitan de un orden a otro a través de estados transitorios de desorden. El nuevo orden no es el final del camino pues, según propone Prigogine, tras la ruptura del orden pueden surgir regularidades que conduzcan al sistema a un nuevo orden de un nivel superior.

La evolución de los sistemas complejos se asemeja así a las transiciones de fase que vemos en la naturaleza: del huevo a la larva y, de esta, a la crisálida de donde saldrá la mariposa. Estos cambios de fase hacen extremadamente difícil revertir los cambios hasta la situación previa con lo que, en palabras de Prigogine, no permiten volver la flecha del tiempo hacia atrás en buena parte de los procesos naturales. La naturaleza irreversible de los procesos complejos que describió Prigogine permite analizar qué ha pasado, pero no permite predecir con exactitud si dichos cambios de fase van a ser similares o completamente diferentes en el futuro. Esta propiedad es sumamente importante para comprender por qué es tan difícil predecir la dinámica de la atmósfera terrestre dentro de la actual crisis climática, ya que estos “tipping-points”, o puntos de inflexión, pueden suponer un cambio radical en la dinámica atmosférica del planeta.

Además de la irreversibilidad, una de las características más fascinantes de los sistemas complejos viene de sus propiedades emergentes, anticipadas hace veinticinco siglos por Aristóteles con su famoso “el todo es mayor que las partes” que ha pasado a ser conocido como “holismo aristotélico”. Los sistemas complejos presentan comportamientos y propiedades que emergen de las propiedades e interacciones de sus componentes, pero no pueden reducirse exclusivamente a estas. El ambiente umbrío de un bosque, por ejemplo, no puede definirse por la suma de las sombras que arrojan los árboles que lo componen, sino que constituye una propiedad emergente fruto del aislamiento de la capa de aire superior y de la poca penetración del viento, la retención de humedad y la creación de corrientes térmicas en su interior, que escapan al mero efecto de parasol del dosel arbóreo. 

Las propiedades emergentes es uno de los temas que más debates genera y está llamado a generar en los próximos años, al estar íntimamente conectado con multitud de preguntas que surgen en las intersecciones entre lo micro y lo macro, de las que aún desconocemos los detalles: ¿Cómo surge una molécula de un conjunto de átomos? ¿Cómo surge una célula de un conjunto de moléculas? ¿Cómo surge un organismo de todas sus distintas células? ¿Cómo surge un ecosistema a partir de un grupo de especies? ¿Cómo surge una sociedad a partir de un grupo de personas? Y, quizá, la más intrigante de todas: ¿Cómo surgen las ideas y las emociones a partir de un conjunto de neuronas?

Según explica George Ellis, de la mano de la complejidad emergen reglas de nivel superior que no estaban implícitas en el nivel inferior. Así, mientras que la física se ocupa de las interacciones entre partículas y las fuerzas que regulan estas interacciones, aguas arriba aparecen bacterias y amebas gobernadas por las reglas de la selección darwiniana. La física no dice nada sobre la selección darwiniana, sino que ha surgido un nuevo principio. Más allá de las propiedades físicas y químicas de la materia emerge algo nuevo y distinto, la vida, un sistema evolutivo que tiene sus propias reglas basadas en la transmisión selectiva de información genética, algo que no tiene significado en niveles inferiores. 

La autoorganización es otra característica esencial de los sistemas complejos. Los elementos que forman un sistema complejo son capaces de generar estructuras, patrones y comportamientos coherentes a partir, simplemente, de interacciones locales, es decir, sin requerir directivas centralizadas, sin que haya nada ni nadie que los coordine y los dirija. Las interrelaciones locales de los elementos de un nivel dan lugar a estructuras coherentes en un nivel superior, que pasan a regirse por sus propias reglas. Un ejemplo clásico de comportamientos globales coherentes a partir de interacciones locales son los hormigueros. Cada hormiga actúa guiándose por su entorno más cercano, a partir de las señales que recibe de las hormigas que tiene a su alrededor. Sin embargo, a nivel de hormiguero son capaces de hazañas tan increíbles como formar puentes entrelazando sus cuerpos para sortear obstáculos. Otros ejemplos de autoorganización, de una enorme belleza, son las bandadas de pájaros o los bancos de peces, que se las arreglan para permanecer juntos en formación a pesar de las condiciones adversas que van encontrando en su camino, el bellísimo vuelo impredecible de geometría existencial al que cantaba Franco Battiato. 

La máxima expresión de autoorganización la encontramos en la capacidad de adaptación que muestran algunos sistemas complejos. Las partes no sólo son capaces de “comunicarse” entre ellas para autoorganizarse de manera descentralizada, sino que tienen la habilidad de adaptarse a las condiciones cambiantes de su entorno por medio de sistemas de aprendizaje, lo que las hace ser resistentes ante el cambio y poder evolucionar.

Hoy sabemos que la naturaleza tiene una parte “accidental” que es irreducible, nacida de que el todo es mucho más que la simple suma de las partes, que hace que la naturaleza y la dinámica de los sistemas complejos no pueda separarse de su recorrido (o historia) previa. Pequeñas diferencias, fluctuaciones aparentemente insignificantes, pueden modelar en cualquier momento el sistema haciendo emerger nuevos patrones, reglas y comportamientos. Las leyes de la naturaleza se tornan fundamentalmente probabilísticas, pues expresan lo que es posible y no lo que es inevitable. Pero esto es algo que no debería desanimarnos: más bien al revés, esta nueva y más madura forma de contemplar la naturaleza no deja de ser un reconocimiento de sus posibilidades creativas.

La ciencia establece un diálogo con la naturaleza en su afán por desvelar sus secretos. Para que el diálogo siga siendo fructífero debe liberarse del pensamiento rígido que la caracterizó durante siglos, abriéndose a un mundo en continua construcción del cual participamos. La nueva perspectiva que nos ofrece la complejidad es un paso adelante de una ciencia que necesariamente se vuelve interdisciplinar, mientras transita hacia su madurez intelectual. Es un camino intermedio entre un mundo simple y aburrido, gobernado por leyes cuyo conocimiento lo hacían predecible, y otro mundo estrafalario, sin causalidad, donde nada podría ser descrito ni predicho. Este camino medio es el que nos permitirá, si aparcamos el pánico a no conocer con certeza las consecuencias de nuestras acciones, explorar la esencia de una naturaleza que existe en continua evolución creativa, de un universo del que no somos meros observadores, sino parte integrante.

Este año la academia sueca ha galardonado a tres investigadores con el Premio Nobel de Física por sus “contribuciones a nuestra comprensión de los sistemas físicos complejos”. Un sistema complejo (del latín “con” – completamente y “plexus” – entrelazado) es un conjunto grande de elementos que pueden tener naturalezas diversas y que interaccionan entre ellos a través de una multitud de procesos que los “entrelazan completamente”. Una definición en la que encajan muchísimos sistemas, desde las partículas de un gas (física) hasta las neuronas del cerebro (biología), un ecosistema (ecología) o un sistema económico (sociología y economía). 

Uno de los aspectos más fascinantes de los sistemas complejos es que, pese a su abundancia y a su extraordinaria diversidad, es posible identificar características y comportamientos genéricos con independencia de su naturaleza. Así, la llamada “ciencia de los sistemas complejos” nos proporciona un nueva forma de comprender los universos físicos, biológicos, ecológicos y sociales, según nos explican desde la Complex System Society. 

Una mitad del premio de este año es compartida entre Syukuro Manabe y Klaus Hasselmann, por la “modelización física del clima de la Tierra, la cuantificación de su variabilidad y la predicción fiable del calentamiento global”. Manabe fue uno de los primeros científicos en utilizar simulaciones numéricas para estudiar la atmósfera, desarrollando modelos que combinan los procesos atmosféricos con los oceánicos. Por su parte, Hasselmann ha contribuido de manera decisiva al estudio del cambio climático, demostrando que es posible distinguir entre la evolución del clima a largo plazo y las rápidas y caóticas oscilaciones a corto plazo (lo que conocemos como “el tiempo”). Ambos han sido pioneros en advertir que un incremento de los niveles de CO2 en la atmósfera se traduce en un aumento de la temperatura del planeta. Manabe describió los detalles del proceso, y Hasselmann comprobó que efectivamente está ocurriendo. 

La otra mitad del premio es para Giorgio Parisi “por el descubrimiento de la interacción entre el desorden y las fluctuaciones en los sistemas físicos, desde la escala atómica hasta la planetaria”. Giorgio Parisi es un verdadero hombre del renacimiento, que ha tratado multitud de temas durante su dilatada carrera científica en la Universidad de Roma La Sapienza, siempre desde la perspectiva de los sistemas complejos con la que abordó su trabajo en física de partículas. Sus primeras contribuciones destacadas provienen del campo de la cromodinámica cuántica. Junto a Guido Altarelli desarrolló las ecuaciones que describen cómo varía la probabilidad de encontrar quarks y gluones dentro de un protón al cambiar la energía. Sus descubrimientos en esta área han sido de relevancia en el estudio de la transición de fase que se produjo en el universo temprano cuando, al disminuir la temperatura, comenzaron a formarse protones y neutrones en aquella “sopa caliente” de partículas elementales que era el universo. 

A principios de los 80, Parisi se interesó por las propiedades de los llamados vidrios de spin. Se trata de materiales desordenados formados por partículas magnéticas y no magnéticas, que experimentan lo que en Física se conoce como “frustración”. Cada par de partículas trata de tener una configuración de mínima energía entre ellas, pero las características del sistema no se lo permiten por lo que se “frustran”. La forma más habitual de explicar qué es esto de la frustración es compararlo con una fiesta en la que todo el mundo tiene filias y fobias con el resto, es decir, hay gente que le cae bien, y gente que le cae mal. Como los gustos no son coincidentes resulta imposible formar grupos donde todo el mundo se encuentre a gusto, por lo que todos experimentan un cierto grado de frustración. Esto es lo que les ocurre a los vidrios de spin en presencia de un campo magnético, pues no todas las partículas consiguen alinearse con el resto de manera “satisfactoria”. Lo que se observa es que al poner a uno de estos sistemas en presencia de un campo magnético adopta un estado que es diferente al que adoptará en ciclos sucesivos de encendido y apagado del campo magnético. Hay una infinidad de estados a los que puede evolucionar el sistema, al igual que en la fiesta hay una multitud de configuraciones en las que los invitados pueden situarse en su intento por estar lo menos “frustrados” posible. 

Tratando de indagar en el comportamiento de estos sistemas, Parisi utilizó el llamado “truco de las réplicas”, que consiste en utilizar muchas copias del sistema que son diferentes unas de otras, pero que mantienen el mismo grado estadístico de desorden. Esto le permitió desarrollar una solución matemática que ni es intuitiva a nivel físico, ni tampoco era formal a nivel matemático. Una auténtica genialidad que fue consolidada en años posteriores por matemáticos, con la que pudo predecir la aparición de patrones en este tipo de sistemas. Concretamente descubrió que los múltiples estados a los que puede evolucionar el sistema satisfacen un tipo de simetría que sólo es perceptible cuando se compara la forma en la que se disponen los átomos individuales en diferentes escalas. Un descubrimiento merecedor de todo un Nobel. Según Federico Ricci-Tersenghi, antiguo alumno y colaborador de Parisi, “Abrió una vía para ver e interpretar fenómenos complejos que hasta entonces se habían pasado por alto”.

La solución de Parisi ha tenido un gran impacto en otras áreas del conocimiento al ser aplicada con éxito a temas tan diferentes como la neurociencia, la inteligencia artificial, o problemas muy variados en biología. Es así una demostración práctica de que los sistemas complejos comparten comportamientos y características con independencia de su naturaleza, lo que no deja de ser absolutamente fascinante. 

Giorgio Parisi es un polímata, un hombre renacentista, con trabajos relevantes en áreas muy dispares del conocimiento, cuyos intereses trascienden el ámbito de la física como demuestra su doctorado “honoris causa” en filosofía por la universidad de Urbino. Según sus colaboradores (por ejemplo en este podcast), de lo que más habla Parisi (al más puro estilo italiano) es de política italiana, futbol y comida, temas sobre los que escribe artículos de opinión en prensa generalista. Muy apreciado por sus estudiantes, que le recibieron con grandes aplausos tras la recepción del Nobel, no ha desaprovechado la oportunidad brindada por el galardón de ser portada en todos los medios de comunicación para recordar que “la investigación (en Italia) no cuenta con fondos suficientes y la situación ha empeorado en los últimos 10 a 15 años”, apuntillando que “la investigación es como un huerto, si crees que puedes regarlo cada dos semanas, las cosas irán mal”. Aquí debemos recordar que el % del PIB que dedica España a I+D es de 1,24, inferior al 1,45 que dedica Italia, del que se queja Parisi. 

En su discurso en la Cámara de Diputados italiana también lanzó un mensaje bastante contundente sobre la actual crisis medioambiental: “El Producto Interior Bruto de los países individuales es la base de las decisiones políticas, y la misión de los gobiernos parece ser la de aumentar el PIB tanto como sea posible, un objetivo que contrasta profundamente con la lucha contra el cambio climático (…) Si el PIB sigue siendo el centro de atención, nuestro futuro será sombrío”.

Hay tres límites que, en general, dificultan el avance del conocimiento. Dos de ellos se refieren a limitaciones por tamaño: la dificultad de analizar y comprender lo que es demasiado grande – por ejemplo, el universo – y lo que es demasiado pequeño – como son los virus o los neutrinos. Aunque se han conseguido grandes progresos en ambas direcciones con la inestimable ayuda de una tecnología en constante desarrollo, el reto del tamaño sigue siendo desafiante. El tercer límite al conocimiento es el de la complejidad; la tenemos delante de nuestras narices, podemos verla, pero resulta enormemente difícil de entenderla, interpretarla y poder simular su evolución futura. Los avances en matemáticas de la complejidad y en dinámicas no-lineales, junto a la aplicación de la bioinformática y los análisis de big data permiten realizar tareas de cálculo inaccesibles para el cerebro humano. Y sin embargo, seguimos rodeados de océanos de complejidad que limitan nuestra comprensión de la realidad. Contribuciones como las de Parisi ayudan a descorrer estos velos de desconocimiento, permitiéndonos un entendimiento más profundo e insospechado de la naturaleza.  

Con este galardón, la academia sueca incide en la importancia de abordar el estudio de los sistemas naturales desde la perspectiva de la complejidad, con mención expresa al que, sin lugar a dudas, es el problema más grave que afronta la humanidad en estos momentos: la crisis climática. En este post nos hemos centrado en el trabajo de Parisi, dejando para los siguientes el análisis del cambio de paradigma que supone la nueva perspectiva de complejidad, y sus implicaciones sobre nuestra visión de la Tierra y la actual crisis climática.

Madrid cuenta con una gran concentración de personal e infraestructuras de investigación: el 21% de las universidades y el 29% de los centros del CSIC del país, a pesar de contar solo con  el 14% de la población. La principal causa es el “efecto capital” en un sistema estatal muy centralizado. Sin embargo, tiene niveles de inversión e infraestructuras propias de I+D+i inferiores al de otras Comunidades debido a una apuesta poco decidida en este sector. Por ello, ni la gran masa crítica de investigadores y tecnólogos ni el gran volumen de inversión estatal y europea han servido para convertir a Madrid en una de las regiones clave del espacio europeo de investigación. 

En un artículo anterior propusimos tres líneas de trabajo para mejorar la gestión de infraestructuras y proyectos de I+D+i. Aquí abordamos uno de los grandes problemas de la I+D+i de España en general, y de Madrid en particular: las carencias en recursos humanos y la precariedad laboral de una buena parte de su personal laboral. 

Proponemos ahora cuatro conjuntos de medidas dirigidas para la mejora de las condiciones de trabajo de los y las académicas, investigadores, técnicas y administrativos relacionados con la I+D+i. El objetivo es introducir cambios estructurales profundos en las políticas científicas de la Comunidad de Madrid, que la conviertan en un destino realmente atractivo para que científicas y tecnólogos desarrollen sus carreras profesionales. Estas medidas son:

Acabar con la cultura de la temporalidad y el empleo precario en la investigación 

El primer paso es reconocer la acreditación en los diferentes niveles de profesorado como un motor en la carrera de todos los miembros de Personal Docente e Investigador (PDI) de las universidades públicas madrileñas. Hacerlo dotaría a las universidades de recursos y libertad para estabilizar a las profesionales contratadas que demuestren un desempeño adecuado y garantizar una adecuada progresión en la carrera académica. Esta medida es imprescindible para dotar a las universidades públicas madrileñas de una plantilla estable acorde a sus necesidades de docencia e investigación, revertiendo la 'uberización' de dichos puestos. En este momento, casi todas las universidades públicas madrileñas incumplen la normativa que prepara el Ministerio de Universidades en los criterios referidos a la temporalidad de docentes e investigadoras. 

Una parte de estos problemas se deben a la inoperancia de la Fundación para el Conocimiento Madri+d, que asumió en 2013 la ejecución de los procesos de evaluación antes realizados por la Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva (ACAP) de la CAM, pero que no ha desarrollado ninguna actividad tangible hasta la fecha. Mientras se termina de aclarar su papel en las evaluaciones de titulaciones y profesores, sería recomendable salir del impasse actual utilizando como base de la progresión profesional las acreditaciones a nivel nacional que proporcionan la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) para el PDI, y la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) para el personal investigador. Estas dos agencias públicas nacionales certifican que profesoras universitarias e investigadores tengan el nivel mínimo de docencia e investigación necesario para acceder a diferentes tipos de contratos en el caso del PDI, o contratos indefinidos mediante la certificación I3 en el caso de las investigadoras. 

Mantener contratados a profesores por debajo de la categoría que tienen acreditada a nivel nacional, realizando en la práctica las funciones de las categorías superiores que tienen reconocidas, equivale a subemplearlos. Por ello, la acreditación como Profesora Contratada Doctora o como Investigador I3 debería traducirse en su contratación indefinida, que el empleador debe cumplir en un tiempo razonable, nunca superior a dos años desde la acreditación y/o la entrada en la universidad u Organismo Público de Investigación (OPI). Y lo mismo debe ocurrir con la progresión profesional a los niveles superiores de la carrera profesional de PDI.

Implementar esta medida ayudaría a todas las universidades públicas madrileñas a cumplir los requisitos de calidad y estabilidad laboral del profesorado de la nueva ley. Además, fomentaría la excelencia investigadora y docente, al hacer depender la estabilización laboral y progresión en la carrera del cumplimiento de unos objetivos determinados, y no de meros criterios de antigüedad (como a veces ocurre ahora, especialmente en la carrera docente). Para ello, sería importante transformar las carreras docente e investigadora en un sistema justo y efectivo de tenure-track es decir, de contratos temporales que se consolidan automáticamente en fijos tras una evaluación exitosa del desempeño mediante una supervisión activa, exigente y transparente por la ACAP, la ANECA y/o la ANEP. 

Las nuevas leyes actualmente en desarrollo por los ministerios de Universidades y Ciencia e Innovación parecen seguir este camino. Aunque quedan bastantes dudas acerca del diseño inicial propuesto por ambos ministerios (ver por ejemplo aquí, aquí y aquí), esa estabilización obligatoria basada en una evaluación externa podría resolver buena parte de los problemas endémicos de precariedad de la carrera investigadora, asegurando a la vez que la progresión laboral esté basada en el desempeño adecuado de las funciones, como debe exigirse a todos los empleados públicos.

Fomentar la excelencia investigadora y docente, la transparencia y el garantismo en los procesos de evaluación 

El proceso necesario para alcanzar este objetivo debe comenzar por incrementar la financiación e implantar criterios de evaluación y procesos de revisión transparentes en las convocatorias de Atracción de Talento y de Proyectos de Investigación. Es imprescindible potenciar el programa de Atracción de Talento de la CAM, por el que se contratan jóvenes doctoras durante 3 o 4 años (en dos modalidades: “con experiencia” y “jóvenes”) y, sobre todo, fomentar la excelencia en sus procesos de selección. Esto requiere especial atención porque este programa de captación de talento, recientemente implantado por la CAM, ha sido criticado por falta de transparencia. 

De igual manera, sería imprescindible que tanto las facilidades a la progresión entre niveles profesionales como la concesión prioritaria de proyectos en convocatorias regionales, que actualmente otorga la CAM, estuvieran sometidas a una evaluación clara del desempeño previo de los beneficiarios. Al menos inicialmente, sería aconsejable realizar estas evaluaciones a través de la ANEP, cuyos servicios son utilizados rutinariamente por otras CCAA. Aunque la ANEP también necesita mejorar la transparencia y garantismo de sus evaluaciones, estas son actualmente más rigurosas y garantistas que las de las agencias madrileñas de evaluación. A más largo plazo se deberían introducir criterios adicionales de transparencia: evaluación en dos rondas con remisión de evaluaciones detalladas y opción para contestarlas –siguiendo el modelo de agencias como NSF (EEUU), NERC (Reino Unido) o FWF (Austria); control estricto del conflicto de intereses; limitaciones a la endogamia en la selección de evaluadoras; y cumplimiento real de los procesos de garantía (consideración real de las alegaciones por evaluadores independientes).

Aprovechar y respaldar candidatas y proyectos bien evaluados en convocatorias competitivas

Varias convocatorias altamente competitivas europeas y nacionales de I+D+i dejan sin financiar muchos proyectos e investigadores muy bien evaluados y con gran potencial de transformación, pero para los que no alcanza el presupuesto. Además, el retraso acumulado por concurrir a diferentes convocatorias, y reformular y reescribir esos proyectos en diferentes formatos implica una gran cantidad de tiempo de las investigadoras e investigadores que podría dedicarse a tareas más productivas. Por ello, proponemos líneas específicas de financiación para captar y retener estos investigadores y proyectos bien evaluados mediante un proceso de preselección rápida basado en las evaluaciones de las convocatorias europeas H2020 (ahora Horizonte Europa) como ERC, Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) y otros programas de Excellent Science, y nacionales como Plan Estatal de I+D+i, Juan de la Cierva y Ramón y Cajal. Financiar algunos de estos proyectos con fondos propios de la CAM atraería o retendría a científicos con buena proyección internacional, a la vez que incentivaría la captación de estos recursos competitivos en los que la probabilidad de éxito es siempre muy baja.

Para ello no sería necesario crear un nuevo programa específico de financiación, sino aumentar los recursos de las convocatorias ya existentes para que puedan incluir este tipo de proyectos, e implementar una vía de evaluación que permita una entrada ágil de solicitudes ya evaluadas en otras convocatorias.  En una primera fase, se haría una evaluación por áreas temáticas de los proyectos o convocatorias de personal basada en la puntuación obtenida en dichas convocatorias, en dos modalidades – proyectos y personal, otorgando un rango de presupuesto preliminar a cada solicitud. Una parte de ellos se podría proponer para financiar con menor presupuesto y duración, como proyectos exploratorios. En el caso de personal, proyectos ERC que hubieran llegado a la última fase de selección y suplentes de los primeros puestos de la convocatoria Ramón y Cajal recibirían un contrato similar o se incluirían en la modalidad “con experiencia” de atracción de talento y un proyecto de investigación, y MSCA que han recibido “seal of excellence” y suplentes Juan de la Cierva uno similar a la modalidad “jóvenes”. 

En una segunda fase, los proyectos preseleccionados presentarían un presupuesto y relación de objetivos específicos adaptados al del nivel de subvención preconcedido. Esto permitiría tanto retener talento en Madrid como atraerlo, así como financiar de manera continuada equipos excelentes que no consiguen acceder a financiación en áreas infrafinanciadas. Un presupuesto plurianual de estas convocatorias permitiría realizar ajustes en el caso de que determinados proyectos sean desestimados en esta segunda fase, o no se llegue a utilizar todo el presupuesto destinado a esta línea de financiación.

Incrementar la capacidad de los equipos humanos y el alcance de los proyectos de investigación realizados en Madrid

Crear una verdadera carrera de técnicas y gestores científicos de I+D+i puede tener un efecto transformador en la ciencia madrileña. Los técnicos de investigación son claves para realizar tareas esenciales y a menudo muy especializadas, mantener servicios comunes y gestionar los laboratorios. Una plantilla adecuada y estable de técnicas mejora tanto la productividad como la calidad de la ciencia que se produce, especialmente para los grupos de tamaño pequeño y mediano que componen el grueso de nuestro sistema de I+D+i. 

Actualmente, desarrollar una carrera profesional como técnico de I+D+i es extremadamente complicado, especialmente en las facultades de ciencias, porque el bajo nivel de financiación de los proyectos de investigación y el bloqueo administrativo a la contratación fija (más allá de las plazas de funcionaria, que salen con cuentagotas) dificultan mantener una plantilla estable en universidades y OPIs. Además, la mayoría de programas de contratación se dirigen a técnicas junior (en formación), lo que limita mucho la estabilización de técnicos con experiencia y niveles elevados de formación y especialización. Favorecer la estabilidad y la capacitación continua del personal técnico permitiría que estas contribuyeran de forma activa a: 1) la formación de estudiantes de grado y doctorandos; 2) la realización de tareas de gestión científico-técnica en los grupos de investigación, unidades de servicio y/o centros de investigación; y 3) la transferencia a la administración o a las empresas con base tecnológica. 

Por ello, proponemos ampliar la contratación de técnicos y gestoras de I+D+i más allá de los contratos de formación de garantía juvenil existentes actualmente, mediante una línea básica de contratación seguida de dos nuevas líneas de consolidación. La primera, similar a las ya existentes, incluiría la contratación por periodos cortos (hasta 3 años) para dar apoyo a proyectos financiados por administraciones (Plan Estatal, CAM, UE, fundaciones públicas). Las líneas de consolidación serían: 1) subprogramas de formación avanzada (similares a contratos de Personal Técnico de Apoyo) seguidos de contratos de consolidación sometidos a evaluación del desempeño; y 2) programas de formación continua, con acreditación de niveles de experiencia crecientes (también sometida a evaluación del desempeño), que posibiliten la progresión posterior a lo largo de la escala profesional. 

Hemos visto con frecuencia que la política de I+D+i institucional prefiere crear nuevos centros, comprar equipamientos o construir infraestructuras, a consolidar el capital humano. Esto es paradójico porque los edificios vacíos y los equipos infrautilizados no generan conocimiento ni patentes. Afianzar la carrera científica y técnica con criterios de calidad y con garantías laborales es crucial e insoslayable para retener el talento y lograr el posicionamiento que le corresponde a la Comunidad de Madrid en el contexto internacional de investigación e innovación. 

En resumen, es fundamental incrementar la financiación y mejorar el funcionamiento de la investigación pública. La creación de un ecosistema de innovación público-privada, objetivo repetido de nuestros dirigentes, solo será efectiva si incluye una apuesta decidida por la I+D pública. Es cierto que no podemos generar una ciencia de excelencia sin aumentar la magra inversión actual, entre las más bajas de Europa, y que la llegada de los fondos europeos es una gran oportunidad para ello. Pero, si no nos replanteamos a fondo el modelo de gestión y creación de capital humano que tiene que haber detrás, la inversión no dará sus frutos. Tenemos que pensar colectivamente si le vamos a dar o no prioridad a un modelo económico basado en el conocimiento, y no tanto en el ladrillo y el turismo.

La Comunidad de Madrid se jacta de ser el motor económico de España. Sin embargo, eso no se debe a su capacidad de generar y mantener actividades de gran valor añadido, sino simplemente a una gran concentración de instituciones públicas y de masa crítica empresarial (el efecto sede), así como a políticas de dumping fiscal que atraen capital y generan desigualdad a nivel nacional. 

El panorama en el ámbito de la investigación y la innovación es similar. A pesar de albergar sólo el 14% de la población del país, Madrid cuenta con seis universidades públicas y 12 privadas (el 21%), 35 de los 120 centros del CSIC (el 29%), una larga lista de Organismos Públicos de Investigación (OPIs), como el CNIO, el INIA, el CEDEX, el Instituto Carlos III o el CIEMAT, un sistema propio de gestión de la investigación (madri+d), y una red propia de siete centros de enfoque tecnológico, los IMDEA. Además de esta importante masa crítica, la Comunidad de Madrid presenta un nivel elevado de inversión en I+D+i (el segundo más alto del país en 2020 entre pública y privada). 

Sin embargo, el volumen de inversión en I+D+i del gobierno regional es limitado, el alcance y la implantación del sistema de gestión madri+d son reducidos, y la infraestructura propia de I+D+i está menos desarrollada que en otras Comunidades que han hecho una apuesta más decidida por la innovación, como Cataluña o el País Vasco. Además, la inversión propia está casi exclusivamente orientada a centros tecnológicos (como la red de institutos IMDEA) y a fomentar la participación empresarial. Esta política regional tiene unos resultados muy desiguales y que revelan muy poca eficiencia: Madrid cuenta con menos empresas innovadoras que otras CCAA y los IMDEA presentan un desempeño muy modesto comparado con otros institutos dedicados exclusivamente a la investigación, con la honrosa excepción del Instituto de Nanociencia, seleccionado como uno de los Centros de Excelencia Severo Ochoa. 

En resumen, la producción científica de Madrid es más elevada que la de otras CCAA gracias a que cuenta con una buena parte de la inversión estatal y una gran masa crítica, todo ello como consecuencia del efecto capital y de la herencia de un sistema estatal y un desarrollo muy centralizados. Pero las limitaciones y la falta de transparencia de sus estructuras de gestión y la debilidad de su ecosistema de I+D+i le impiden aprovechar el potencial y las sinergias que pueden conllevar la elevada acumulación de capital humano e infraestructuras de investigación. El foco, necesario pero excesivo, en la innovación empresarial impide aprovechar adecuadamente el valor añadido que proporciona, de forma demostrada, un vínculo más robusto y ágil entre la investigación fundamental y el desarrollo e innovación tecnológica e industrial. 

Somos conscientes de que en los dos años de legislatura que restan después de las elecciones convocadas es difícil hacer cambios estructurales profundos en las políticas científicas de la CAM. Sin embargo, la oportunidad que surge de la confluencia de financiación (sobre todo, los fondos que la UE va a dedicar a la reconstrucción post-pandémica) y flexibilización normativa (de consolidarse el desarrollo de los cambios legislativos que están siendo introducidos por el gobierno central para mejorar el marco laboral y dinamizar los programas de ciencia de base e innovación) podría ser el catalizador de reformas que Madrid necesita para situarse en la punta de lanza del nuevo modelo de desarrollo que nuestro país necesita.

Por ello, en una serie de dos artículos presentamos un resumen de medidas realistas que permitirían un cambio efectivo en el tejido de I+D+i de Madrid. En este primer artículo nos ocupamos de las políticas orientadas a la gestión de centros y al apoyo de líneas de investigación, mientras que en el segundo nos centraremos en la mejora de las condiciones de trabajo de los académicos, investigadores, técnicos y gestores  de I+D+i, de manera que Madrid sea un destino realmente atractivo para desarrollar las carreras profesionales dentro de un sector en el que prima la inestabilidad y la precariedad laboral. 

Dentro de la gestión de centros y proyectos, proponemos tres conjuntos de medidas orientadas a los siguientes objetivos:

Aprovechar las sinergias potenciales entre centros de investigación, departamentos universitarios y empresas 

El primer paso, a corto plazo, sería mejorar el programa de proyectos sinérgicos de la Comunidad de Madrid y enfocarlo en facilitar la creación de redes transversales realmente funcionales sobre líneas de investigación prioritarias para Madrid. El programa actual de proyectos sinérgicos tiene un alcance muy limitado y requeriría una planificación estratégica, mucha mayor dotación, una reducción de la carga burocrática y una evaluación eficaz del desempeño. Para aprovechar la gran cantidad de sinergias potenciales entre diferentes grupos de investigación de la CAM, además, sería importante reorientar la misión de algunos IMDEA y ciertas secciones de madri+d, enfocándolos en la creación de redes intersectoriales y público-privadas, dotándoles de financiación para desarrollar las actividades de knowledge broking (reuniones, talleres y proyectos exploratorios) necesarias, y con un presupuesto estructural para contratar personal administrativo que facilite la captación y gestión de proyectos internacionales. 

En este contexto, los IMDEA fueron una interesante apuesta de la CAM para situarse en el panorama científico internacional, que por desgracia ha tenido resultados desiguales. Parte de las sombras que oscurecen el funcionamiento de estos centros se debe a que su organización y gestión no se implementó a partir de procesos transparentes de selección de investigadores o gestores científicos de excelencia, por lo que la mayor parte de ellos son dirigidos por los investigadores que han sido más eficaces para llegar a los tomadores de decisiones, un rol que en Madrid está a menudo supeditado al perfil político. Reenfocar parte de su funcionamiento a la formación de redes efectivas de trabajo entre diferentes centros de I+D+i (universidades y OPIs) dentro y fuera de Madrid redundaría en una mejora de sus estructuras de gestión, sobre todo si estuviera acompañada de una renovación de sus órganos de gobierno. Este tipo de instituciones deberían, además, ampliar el abanico de eventos de transferencia del conocimiento y divulgación de la ciencia que desarrollan. Una fórmula clásica es, por ejemplo, la organización de seminarios internacionales, impartidos en inglés, en los que invitar a grandes referentes en cada campo y en los que puedan participar, además de investigadores de distintos países, docentes, doctores y doctorandos de los centros madrileños.

Mejorar la actividad científica existente favoreciendo el uso compartido de equipamiento y la colaboración entre grupos

Un primer paso, a corto plazo, sería facilitar el uso compartido de grandes equipos e instalaciones. Para conseguirlo, proponemos constituir una “agencia” o “consorcio regional” para el uso compartido de equipos, a partir de la Red de Laboratorios e Infraestructuras ya existente. La ciencia de excelencia requiere del uso creciente de tecnología y técnicas cada vez más complejas, que exceden rápidamente las capacidades de un solo grupo de trabajo. Esta agencia o consorcio contaría con personal de administración propio, y mantendría una base de datos de equipamientos disponibles a la que los investigadores puedan acceder para realizar y completar sus experimentos de forma rápida, transparente y competitiva. Además, podría actuar como un aglutinador de instalaciones compartidas en un único consorcio regional, lo que permitiría adquirir y mantener instalaciones o equipos muy costosos y utilizarlos de manera compartida, independientemente de que éstos se emplazaran en Universidades, OPIs, o IMDEAs. Además de potenciar la capacidad técnica, esta medida fomentaría la creación de redes entre los distintos equipos de investigación, favoreciendo la cooperación entre grupos, la multidisciplinariedad y las sinergias entre éstos. Esta cooperación entre grupos de I+D+i permitiría gestionar misiones de investigación multidisciplinares y construir ecosistemas de colaboración público-privada en áreas de interés prioritario para la CAM, financiadas con subvenciones (no préstamos) sometidas a rendición estricta de cuentas en base a resultados, financiación y gestión compartida de patentes, implicando una incubadora de empresas para su desarrollo.

Flexibilizar y racionalizar la ejecución del gasto mediante la eliminación de barreras burocráticas 

Para avanzar en este objetivo que deriva de un control excesivo del gasto y bloquea el desarrollo de la investigación pública, la transferencia de resultados y el desarrollo de patentes, un primer paso sería la creación de una empresa pública de gestión de I+D en la que participen universidades y OPIs. Esta propuesta trasciende el límite temporal de la legislatura regional que queda; sin embargo, sentar sus bases tendría un gran potencial de transformación. Una de las limitaciones más importantes de la I+D+i pública en España en general y en Madrid en particular es la poca capacidad de gestionar y retener dentro del sector público tanto sus servicios técnicos como sus productos en forma de patentes o transferencia de tecnología. Esto obliga a muchos grupos a externalizar tareas técnicas complejas, como la secuenciación genética, enviándolas muchas veces a empresas de otros países que ofrecen precios más competitivos. Muchos centros madrileños tienen capacidad de ofrecer estos servicios especializados, pero la legislación fomenta que tengan que hacerlo mediante la creación de empresas de tipo spin-off en las que la administración pública no puede ostentar más allá de un porcentaje minoritario. Lo mismo ocurre con la explotación de las patentes generadas por organismos públicos, que habitualmente se realiza por spin-offs, empresas co-desarrolladoras, o compañías no involucradas en su desarrollo.  

La creación de una empresa pública (que puede visualizarse como una “super spin-off”) permitiría tanto gestionar dichas patentes como ofrecer servicios especializados a instituciones públicas y agentes privados También permitiría otorgar valor añadido a los servicios realizados mediante la cooperación con distintos grupos de investigación y fomentaría la creación de empleo de calidad. Además, en combinación con el consorcio propuesto anteriormente, esta empresa pública permitiría crear o atraer grandes infraestructuras y grupos de referencia internacional, que se aprovecharían de las sinergias generadas por el ecosistema diverso y de gran tamaño de ciencia e innovación que existente en Madrid. 

Una empresa pública de este tipo permitiría enfrentarse rápida y ágilmente a circunstancias de emergencia como las derivadas de la pandemia de COVID-19, movilizando recursos de gran parte del sistema de I+D+i de manera coordinada para tareas urgentes o coyunturales. Tal ha sido el caso, por ejemplo, del desarrollo de vacunas para la COVID-19, que ha sido mucho más lento que en otras regiones de nuestro entorno debido a las enormes debilidades de nuestro sistema de I+D+i. Sería útil, además, para acciones de interés social que requieran un elevado grado de especialización técnica e innovación, como el uso forense (por ejemplo, el análisis genético de muestras biológicas procedentes de fosas comunes en cumplimiento de las leyes de memoria histórica), el diagnóstico médico, la seguridad alimentaria o las pruebas de parentesco. Disponer de este recurso público no solo permitiría nivel más adecuado de aprovechamiento social del sistema de ciencia e innovación, sino que permitiría equilibrar las arcas públicas y la reinversión en mejores servicios para los ciudadanos al recuperar una fracción mayor de la inversión a través de los beneficios económicos de este aprovechamiento. 

Algunas de estas medidas propuestas requieren un esfuerzo presupuestario considerable, algo inevitable tras décadas de desinversión en los servicios públicos de la CAM. Otras, sin embargo, solo necesitan de la voluntad de las administraciones para agilizar sus normas, mejorar sus procedimientos y reducir la sobrecarga burocrática que actualmente asfixia la ejecución del magro presupuesto disponible. Asegurarse de que el gasto se asigna y justifica en base al desempeño es también algo que requiere tan solo voluntad política. Presentamos esta primera relación de medidas con la esperanza de que trasciendan a las ideologías y lleguen a inspirar al gobierno que sea elegido el próximo 4 de mayo. Eso es, al fin y al cabo, lo que de verdad importa.

Los rayos son un fenómeno meteorológico relativamente común: cada año tienen lugar en el mundo 16 millones de tormentas con rayos, que causan 1.400 millones de rayos anuales, equivalentes a 44 por segundo. Cuando interfieren con las densas poblaciones humanas, pueden tener efectos devastadores. Por eso los humanos tomamos precauciones hace tiempo, y la normativa obliga a la instalación de estructuras de protección (pararrayos) en edificios e infraestructuras eléctricas. Aun así, las actividades individuales crean situaciones de riesgo – que, solo en EEUU, acaban causando alrededor de 100 heridos al año, de los que uno de cada cinco muere. 20 muertes anuales en una población de 328 millones equivalen a una muerte por cada 16 millones de habitantes, lo que hace de los rayos una de las causas de mortalidad menos frecuentes de cuantas nos afectan. Globalmente, la probabilidad de que “te parta un rayo” es muy pequeña, es menor a uno entre tres millones. Muchas de esas muertes pueden evitarse tomando algunas medidas sencillas, y de hecho, su aplicación ha hecho descender el número de muertes causadas por rayos más de tres cuartas partes desde 1995.

Imaginemos, sin embargo, que en un corto periodo de tiempo tuvieran lugar varias muertes por caída de rayos, y que estas muertes recibieran gran atención mediática. Imaginemos además que los gobiernos, ignorando por completo la racionalidad de las decisiones técnicas, prohibieran a toda la población salir a la calle en momentos de tormenta, paralizando su vida cotidiana y sometiendo a muchos (por ejemplo, enfermos que requirieran atención médica) a riesgos innecesarios, a pesar de que las probabilidades reales de que alguien más muera por un rayo son bajísimas. Pues bien, algo así está ocurriendo en España y Europa con la vacuna de AstraZeneca (ahora rebautizada como Vaxzevria) o la de Janssen, también compuesta por un vector viral inocuo. Y el problema no es que no entendamos bien cómo y por qué se forma un coágulo a partir de una vacuna. El problema es que lo que realmente no entendemos es el significado de una probabilidad muy, muy baja. Estamos confundiendo todo el tiempo riesgo con gravedad, el debate social y político no progresa, las decisiones son contradictorias y los cambios de opinión sobre la seguridad de la vacuna son constantes. El debate está muy influido por un fuerte sesgo de novedad y por la dificultad humana para asimilar una probabilidad inferior a un caso entre cien o entre mil.

Repasemos los números. Actualmente, la letalidad de la COVID-19 es del 0.8-1.0% en España. Esto quiere decir que aproximadamente una de cada cien personas que contraen el virus acaba muriendo. Es una tasa escalofriante pero muy baja, en comparación con las letalidades cercanas al 7% que se pudieron observar en la primera ola de la pandemia. Esta tasa aparentemente baja no ha evitado que hayamos superado ya las 76.000 muertes en nuestro país, y eso con tan solo 3,4 millones de casos confirmados (el 7.2% de la población) y con unas medias de prevención muy restrictivas (salvo en algunas regiones particularmente negligentes, como Madrid). Si la pandemia se detuviera en este momento, habría muerto ya el 1.6 por mil de la población española.

La insensibilización creciente que hemos sufrido a lo largo de la pandemia, combinada con la nula atención que han prestado los medios a las historias personales de los enfermos, el drama de los fallecidos y el dolor sus familias, y al sufrimiento diario de todos aquellos que han quedado con graves secuelas, han hecho que no prestemos a la cifra total de fallecidos la atención que se merece. 76.000 fallecidos equivalen a la muerte de la población completa de alguna de nuestras ocho capitales de provincia más pequeñas (como Ciudad Real, Ávila o Segovia). Repartidos en solo trece meses, representan una mortalidad de casi 6.000 muertos al mes, 200 muertos diarios: más que si cada día hubiera habido un accidente como el de Spanair en Madrid, tantos como si cada día se repitiera el atentado del 11M en Atocha, más que si cada semana se repitieran todos los asesinatos cometidos por ETA en sus 43 años de actividad terrorista. Mencionar estas cifras permite hacernos una idea de la poca percepción y conciencia que tenemos del impacto real de la pandemia en nuestro país.

Parte del problema se debe a los esfuerzos de nuestras instituciones por ocultar los muertos. Por ejemplo, la página oficial del Ministerio de Sanidad sobre la situación actual de la pandemia destaca el número de afectados y el avance de la vacunación, pero evita proporcionar el número de muertos – y lo mismo hace la página oficial sobre COVID-19 del ISCIII. No obstante, la responsabilidad principal es de nuestros representantes públicos y de los medios de comunicación. Sea debido a lo doloroso de la situación o a criterios de estrategia política, tanto unos como otros han recurrido continuamente a la negación, a las metáforas bélicas, o a los titulares efectistas, y han faltado a su obligación de reportar los números exactos y reconocer el drama personal y social que hay detrás de ellos.

Bien, a pesar de las cortinas de humo y la confusión tenemos unos números bastante claros sobre el número actual de afectados y fallecidos. Pero ¿qué números podemos esperar si la vacunación se retrasara, o dejara de funcionar por completo? Recordemos: 76.000 muertes con 3,4 millones de casos confirmados representan una letalidad media del 2.2%, aunque la mejora de los tratamientos (combinada, probablemente, con una mayor detección de casos) ha reducido esa letalidad actual al 0.8-1%. Por desgracia y para nuestra desgracia, la mayor parte de la población no ha sido expuesta aún al virus ni ha desarrollado, por tanto, inmunidad. Las sucesivas olas del pandemia han dejado claro que las medidas de control han ralentizado su expansión, dando un tiempo precioso a científicos y profesionales médicos para desarrollar vacunas y tratamientos, pero no van a detenerla. Por tanto, el escenario más probable, en ausencia de vacunas, es que acabe afectando a toda la población. Siendo muy optimistas podemos asumir que, cuando se alcancen tasas de infección cercanas al 70%, la inmunidad de grupo acabará deteniendo las nuevas infecciones (algo razonable cuando ocurre inmunización artificial rápida mediante campañas intensas de vacunación, pero mucho menos probable cuando el proceso es ‘natural’, ya que el virus tiene mucho más tiempo para desarrollar variantes que evadan al sistema inmune). Eso implicaría una mortalidad mínima del 0.56% - un muerto por cada 200 personas, hasta llegar a superar los 265.000 muertos en nuestro país. Y todo esto, sin contar con nuevas variantes más infecciosas y/o letales del SARS-CoV-2, algo que cada vez parece más difícil evitar.

El abandono de una de las vacunas disponibles, o su restricción a ciertos grupos de edad, tendría un impacto mucho más limitado. Probablemente, cause tan solo retrasos de unos pocos meses en el plan de vacunación de nuestro país, un plan que no está destacando precisamente por su celeridad. La perspectiva no es, aun así, alentadora. Una sencilla extrapolación de las tasas de infección y fallecimientos mensuales arroja un diferencial muy elevado de enfermos graves y fallecidos. Durante los últimos 13 meses, hemos tenido en promedio un cuarto de millón de casos confirmados mensuales, y las ‘olas’ de infecciones han sido cada vez mayores. Eso ha causado, en promedio, más de 5.800 muertos mensuales (122 muertos por millón). Por tanto, un retraso de entre uno y tres meses (un escenario bastante conservador del retraso debido al cese o a las reticencias en la aplicación de la vacuna de AstraZeneca o la de Janssen) causará, probablemente, entre 6.000 y 18.000 muertes evitables. Todo esto, si se mantienen las restricciones de circulación y distanciamiento social actuales: en caso de relajarse estas, como está planteando ya el gobierno, el escenario sería considerablemente peor.

Hay que añadir además el efecto de confusión que genera una información desbordante en detalles técnicos y sobre la que falta perspectiva temporal y estadística. Es imprescindible entender bien los niveles de mortalidad que puede causar la vacunación y por qué no se detectaron en los ensayos clínicos previos a su autorización. La discusión se centra, en este momento, en la aparición de varios casos de trombosis venosa, de los que algunos fallecieron. De acuerdo al reciente comunicado de la Agencia Europea del Medicamento, esta reacción se detectó en 86 casos (62 de trombosis cerebral, 24 de trombosis esplácnica) reportados hasta el 22/3/21 en la base de datos europea de presuntas reacciones adversas (EudraVigilance), de los que 18 (un 21%) fallecieron. Estos casos provienen principalmente de la UE y del Reino Unido, donde han recibido la vacuna unos 25 millones de personas. La mayoría de los casos tuvieron lugar en mujeres de menos de 60 años y ocurrieron durante las dos semanas siguientes a la primera dosis de la vacuna. Estos datos indican una tasa de afección de 3.4 por millón y una mortalidad de 0.7 por millón. Estos valores de mortalidad y afectación son tan bajos que no pudieron ser detectables en los ensayos previos, realizados en poblaciones de decenas de miles de individuos. Una vez más estamos enfrentados a números muy, muy pequeños. Para poner las cifras en contexto, la trombosis venosa esplácnica tiene una incidencia estimada de 500 casos por millón (lo que es probablemente una infraestima, dado que su detección es a menudo incidental); y la trombosis venosa cerebral tiene una incidencia, en adultos, de 3-4 casos por millón en series de autopsia y 10 veces mayor en series clínicas, aunque es especialmente frecuente en mujeres de 20 a 35 años, asociada al embarazo o puerperio y al uso de anticonceptivos orales.

Una reacción similar (trombocitopenia inmune severa) ha sido, además, reportada en el Sistema de Registro de Reacciones Adversas a la Vacuna (VAERS, en inglés) para al menos 36 personas de los 31 millones vacunados con Moderna y Pfizer-BioNTech en EEUU. De confirmarse estos números, indicarían una incidencia similar (1.16 casos por millón) en estos dos tipos de vacuna a los de la polémica AstraZeneca; aunque con una letalidad mucho menos (tan solo se ha reportado una muerte), que aún no sabemos si responde a una reacción menos virulenta, o con mejor diagnóstico y tratamiento en estos últimos. Y, en los últimos días, el CDC y la FDA han recomendado una pausa en el uso de la vacuna de Janssen tras reportar 6 casos similares (trombosis venosa cerebral con trombocitopenia) en 6.8 millones de vacunados – una probabilidad de 0.88 casos por millón que, de nuevo, se acerca a las reportadas para las otras vacunas. Como en el caso de AstraZeneca, estos casos tuvieron lugar en mujeres entr 18 y 48 años y ocurriern 6-13 días tras la vacunación.

La Asociación Europea del Medicamento ha concluido de forma clara que, incluso en el peor escenario posible, es decir, en el de que se confirmara una relación de causalidad directa entre vacunación y trombos, y esta no estuviera determinada por factores de riesgo previos, los beneficios de la vacunación superan con creces a los riesgos. En primer lugar, porque la incidencia de este tipo de trombos es muy inferior a la incidencia global en la población. Pero, sobre todo, porque incluso en el peor de los escenarios, las trombosis causarían menos de 1 fallecimiento por millón de vacunados, pero prevendrían 5.600 fallecimientos por COVID por millón de vacunados). Un fallecimiento frente a evitar cinco mil seiscientos. Incluso si el retraso causado por el abandono de esta vacuna sobre el plan de vacunación de nuestro país fuera de solo un par de meses, causaría más de 100 muertos por millón adicionales, es decir, causaría 100 veces más de los muertos que se quieren evitar retirando la vacuna.

De igual manera, un estudio de la Universidad de Cambridge ha concluido que una persona de 60 años tiene entre 70 y 638 veces más probabilidades de ingresar en la UCI por no vacunarse que de sufrir un trombo por la vacuna de AstraZeneca, en una ventana de riesgo de tan solo 16 semanas. Tan solo en uno de los grupos de edad (el más joven, de 20 a 29 años) y en un escenario de bajo riesgo (incidencia de 2 por 10.000, que se ha observado raramente desde setiembre en España, y prácticamente nunca en regiones como Madrid) superan los riesgos a los beneficios.

Esto no quiere decir que no deba hacerse nada. En estos momentos, se está trabajando intensamente en identificar los factores de riesgo, las pruebas diagnósticas específicas para detectar esta reacción y los tratamientos (p.ej., con globulina inmune intravenosa) para este tipo de afección. Los casos de trombosis tuvieron rasgos muy específicos, al ocurrir en combinación con bajos niveles de plaquetas (y, a veces, hemorragias), que apuntan a un mecanismo causal: una respuesta autoinmune similar a la desarrollada raramente por pacientes tratados con heparina (trombocitopenia inducida por heparina, HIT en inglés). Como ya ha ocurrido con el propio COVID-19, la mejora del diagnóstico y tratamiento que este trabajo va a producir mejorará probablemente la prognosis de los individuos que desarrollen esta reacción en el futuro. Es cierto que, dado que el principal grupo de riesgo identificado hasta la fecha son las mujeres de menos de 60 años y que los principales grupos de riesgo entre los afectados por la COVID-19 son precisamente los varones y los/las mayores de 50-60 años, podemos esperar que las autoridades sanitarias reajusten las campañas de vacunación para administrar otros tipos de vacunas a las primeras. Otras decisiones, como la de interrumpir la vacunación de las personas que ya han recibido una dosis, parecen, sobre la evidencia disponible, totalmente injustificadas. Al fin y al cabo, completar su pauta de vacunación con otra vacuna diferente no deja de ser un experimento aún más arriesgado, del que no se conocen ni los efectos secundarios ni la eficiencia que podría tener.

La trayectoria errática en las decisiones individuales, nacionales e internacionales que hemos visto en los últimos meses sobre la vacuna de AstraZeneca (si vacunarse o no, si comprar más dosis o arrinconarlas hasta nueva orden en una nevera, si aplicarlas a los mayores o a los jóvenes), revelan que el nudo gordiano en la vacunación masiva de la población no está en entender los mecanismos de los trombos ni los detalles de los efectos secundarios de la vacuna. Ni siquiera en las bondades o los precios de mercado de cada vacuna. El nudo gordiano es tomar decisiones basadas en una evaluación responsable y transparente de los riesgos y las probabilidades numéricas asociadas, aunque éstas sean tan bajas que pocas personas puedan entenderlas y valorarlas intuitivamente.

La ciencia española permanece desde hace años en un punto muerto como resultado de la decadencia inducida por males crónicos como la ausencia de una inversión suficiente y estable, el anquilosamiento y la burocratización de una estructura de gestión cada vez más ineficiente, la incapacidad para catalizar una verdadera asociación entre los sectores público y privado, y la contribución testimonial de las empresas al gasto total de I+D+i del país. A pesar de estas limitaciones, el sistema científico español mantiene a duras penas un honroso desempeño global, apoyado en el elevado nivel científico, la motivación incombustible y el sacrificio personal de los investigadores y académicos. 

La crisis del Covid-19 ha puesto en evidencia tanto las carencias sistémicas como la fortaleza que puede sacar, reinventándose, el personal científico y técnico. Se ha hecho mucho y muy rápido, con grandes esfuerzos de gestión creativa (para sortear los sempiternos obstáculos burocráticos) y de coordinación científica (para aprovechar la creciente interdisciplinariedad de nuestros investigadores), aunque también han aflorado las largas sombras que lastran la capacidad global del sistema. Los grandes avances alcanzados en muy poco tiempo en aspectos tan variopintos como el desarrollo de vacunas, la detección del virus en el ambiente, o los programas de modelado espacial del riesgo de contagios, se han obtenido forzando al sistema de I+D+i a dar respuestas rápidas en ausencia de un tejido previo suficientemente sólido. En esta situación de estrés el sistema científico ha alcanzado rápidamente sus límites, evidenciando una vez más las serias dificultades para el desarrollo de productos y aplicaciones prácticas a partir de las innovaciones propias que tenemos en este país. 

El emperador de la ciencia española ha demostrado estar tan desnudo y sin traje como los emperadores de los sistemas de salud y de cuidados a personas dependientes.

Por eso, la comunidad científica española y la sociedad en su conjunto esperaba con ansiedad un cambio de rumbo decidido. Un cambio que habría sido posible con la puesta en marcha de un auténtico plan de choque para recuperar la I+D+i (un plan anunciado este jueves por cierto), la delineación de la nueva Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 en el Ministerio de Ciencia e Innovación, y el nuevo Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) que desarrolla el Ministerio de Universidades. 

Sin embargo, el plan de choque, anunciado a bombo y platillo, tiene una financiación tan magra que solo invita al desánimo: 1.056 millones de euros (M€), en un país que vio descender su inversión en I+D+i hasta 1.880 M€ anuales entre 2008 y 2014, y que en 2018 apenas alcanzaba a igualar el gasto de 2008. Aunque es cierto que el diagnóstico ofrecido por el preámbulo del Plan de Choque para la Ciencia y la Innovación es sumamente esperanzador, los fondos dedicados a financiarlo se limitan a un mero aumento del 0.085% del PIB. Una cifra muy poco ambiciosa y muy alejada de la necesaria para reflotar la ciencia de un país cuya intensidad de gasto (el 1.24%) está a años luz del objetivo comunitario de alcanzar un 2% en 2020. Mil millones de euros de inversión de urgencia, no sostenida en el tiempo, para paliar una emergencia excepcional tras una década larga de desinversión anual cercana al doble de esa misma cantidad, sin contar con la descapitalización de infraestructuras, equipamientos y personal que ha supuesto esa década de penurias. Unas cantidades que palidecen por ejemplo en una comparación directa con los 3750 millones de euros destinados al Plan Impulso para subsidiar la compra de automóviles.

Es cierto que el documento del plan de choque presenta algunos diagnósticos e ideas esperanzadoras. Pero se queda muy corto en el eje principal que es la transformación de la estructura del sistema científico. Y eso a pesar de las propuestas claras de reforma que se repiten a lo largo de multitud de foros de discusión sobre la ciencia española, y que han puesto sobre la mesa del Ministerio de Ciencia e Innovación informes como el del Grupo de Trabajo Multidisciplinar sobre Cambios en el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es por lo tanto muy preocupante el desinterés del plan de choque por el peor lastre de la I+D+i española: los obstáculos burocráticos a la ejecución del gasto, que llevan más de una década convirtiendo los presupuestos en papel mojado - y que ni siquiera reciben una mención fugaz en la introducción del documento. Estos obstáculos ya eran desmedidos e inmanejables antes de 2008, pero se multiplicaron entonces siguiendo la oleada de recortes, cuando los cuerpos administrativos de ministerios, universidades y OPIs articularon un discurso que, buscando proteger sus prerrogativas, criminalizaba a los ejecutores del gasto - animados por unos gobiernos (regionales y central) que descubrieron enseguida que era mucho más sencillo y aséptico limitarse a impedir o dificultar muchísimo la ejecución de los presupuestos que recortar más estos presupuestos, y los resultados de cara a las arcas del Estado eran los mismos: ahorro.

La distribución de gastos del plan de choque también arroja luces y sombras. Por un lado, una quinta parte de esa cantidad (215,3 millones de euros) se dirige a reforzar rápidamente la investigación biomédica y en salud pública, algo que parece lógico en el actual contexto de urgencia. Además, se limita la inversión en créditos a empresas a tan solo un tercio del presupuesto total. Esta partida ha demostrado ser la más propensa a las trampas contables, tanto por su falta de ejecución (que redujo la ejecución presupuestaria a mínimos históricos de forma directamente proporcional a la cantidad adjudicada a este gasto en los presupuestos) como por la laxitud de su seguimiento científico-técnico y contable (mucho más relajado y proclive al fraude que el de la subvenciones directas) y por la relajada exigencia de devoluciones (que no se ejecutaban al declararse la empresa solicitante en quiebra). Pero, por otro lado, la distribución de partidas no parece seguir ningún esquema racional reconocible, y combina partidas excesivamente magras para temáticas urgentes y caras, con partidas inexplicablemente específicas que parecen derivar directamente de cesiones a lobbies o grupos de presión o interés particulares, o que hace pensar incluso en la existencia de partidas económicas ya comprometidas previamente. 

Estas partidas contrastan con el pequeño aumento en la financiación de investigación a través del presupuesto para proyectos del Plan Nacional de I+D+i. O con el ligero aumento destinado a recursos humanos y “atracción de talento”, algo especialmente sangrante en la semana en que se han publicado los resultados de las convocatorias nacionales de contratos para doctores Juan de la Cierva, Torres Quevedo y Ramón y Cajal, con tasas de éxito inferiores al 15% a pesar de la indudable calidad de los candidatos y candidatas que se presentan todos los años. Con el presupuesto asignado, la tasa de éxito del programa estrella Ramón y Cajal, que busca atraer a investigadores experimentados para que formen sus propios grupos de investigación, no llegará a doblar la paupérrima tasa de éxito actual de menos del 10%. Sobre todo si realmente se está pensando en un plan de choque que retenga al menos la gran base de científicos de primer nivel que estarían dispuestos a formar parte del sistema científico español con el estímulo de una carrera profesional clara y estable, y niveles adecuados de financiación. 

Si el plan de choque desanima por su magra inversión, los borradores de la estrategia de I+D+I y del estatuto del PDI (Personal Docente e Investigador) que han circulado los ministerios correspondientes representan un jarro de agua fría para quienes aún confiaban en la posibilidad de implementar un sistema científico que responda a las necesidades de cambio de modelo productivo y social del país. El borrador de la Estrategia de Ciencia, Tecnología e Innovación es completamente insuficiente y decepcionante, mientras que el del Estatuto del PDI no viene a solucionar ningún problema real ni afronta siquiera los más acuciantes de la universidad española.

Particularmente preocupante es la forma de abordar el problema de la contratación y evaluación con consecuencias del personal de la universidad y OPIs. Es cierto que el plan de choque presenta una novedad significativa en este sentido, con la promesa de creación de una figura de contratos de tenure-track que permitan la estabilización a medio plazo de los investigadores, siempre que superen una serie de evaluaciones periódicas de su desempeño. Esta idea de contratos que llevan a la estabilización ya estaba presente en los contratos Ramón y Cajal, mediante las ayudas a la contratación de investigadores que superaran la evaluación I3. Y también se realiza de facto en muchas universidades españolas mediante la concatenación de contratos de Profesor/a Ayudante Doctor (por tiempo definido) y Profesor/a Contratado Doctor (indefinido). En ambos casos, la estabilización depende de convocatorias abiertas, que tergiversan el sentido de los concursos públicos, a la vez que crean inseguridad jurídica en la progresión de la carrera profesional. Esto crea un serie de vicios que se convierten en los principales lastres del sistema, como la endogamia crónica, la maraña de obstáculos presupuestarios y burocráticos que impiden la atracción de talento internacional, y el crecimiento de la brecha entre los “excelentes” (a quienes se ofrece todo), los “estabilizados” (a quienes no se ofrecen medios para trabajar pero no se les exige que los busquen) y los “precarios” (a quienes se mantiene como fuerza productiva en condiciones poco menos que infames). 

Desgraciadamente, en lugar de abordar estos problemas, la redacción actual del estatuto del PDI y de la estrategia española de Ciencia, Tecnología e Innovación se proponen reforzarlos - en nombre de una “exigencia de responsabilidades” que, aparentemente, sólo puede ejercerse sobre el personal contratado. Esto podría haberse solucionado mediante un sistema claro y coherente de tenure-track y evaluaciones continuas, llevadas a cabo de manera externa a la Universidad. Sin embargo, esta medida no aparece en el borrador de Estatuto del PDI. En este borrador sí que se regula el estatus del Profesor/a Asociado (profesionales de otros ámbitos que dan un número reducido de clases en la universidad) y se elimina de facto la figura de Ayudante Doctor. Pero en lugar de crear un sistema de tenure-track para el profesorado universitario (que recordemos que también tienen la investigación entre sus funciones básicas), la redacción actual del estatuto se limita a crear una carrera de contratados indefinidos equivalente a la actual que incluye las categorías de funcionarios de Profesor/a Titular y Catedrática/o de Universidad. Y aunque prima que en los concursos y oposiciones el jurado esté compuesto por más miembros externos a la universidad que internos, deja en las universidades (y sus departamentos) la potestad de regular dichos concursos. 

Si el sistema administrativo y judicial no ha sido capaz de garantizar la limpieza de los procesos selectivos bajo el sistema altamente regulado de oposiciones, imaginen lo que va a ser con sistemas de contratación mucho más relajados y menos transparentes. Y si tampoco ha conseguido controlar el nepotismo y el abuso de autoridad, imaginen cuando catedráticos vitalicios reinen sobre profesores e investigadores que dependen de ellos para renovar sus contratos. Los borradores abandonan toda pretensión de combatir la endogamia, de implementar un control estricto de la limpieza en los procesos de acceso a la función pública, y de introducir una evaluación plurianual de la productividad y calidad de los investigadores funcionarios que tenga consecuencias sobre las promociones, los salarios - y, en caso necesario y con las necesarias garantías, el despido. Sistemas así funcionan ya en democracias consolidadas, como por ejemplo en los Países Bajos, por lo que no son ninguna utopía. Sea el gobierno de izquierdas o de derechas, aquí parece que todo se soluciona con la varita mágica de la desfuncionarización.

Una carrera científica que funcione de verdad, atraiga talento y evite la endogamia en el sistema científico y universitario español debe incluir tanto evaluaciones externas periódicas, como categorías profesionales equivalentes para investigadores y docentes, de manera que se facilite tanto la equidad salarial como la movilidad transversal entre instituciones académicas, ya a sean investigadores de OPIs o PDI de universidades. Además, debe afrontar el estatus y la progresión profesional de los técnicos de investigación y tecnólogos, proporcionando niveles semejantes y la posibilidad de avanzar en la carrera en función de sus logros y aportes a la investigación. Dicha homogeneización debe definirse además para todos los estadios de la carrera investigadora, desde los contratos predoctorales hasta catedráticas y profesoras de investigación, y extenderse a contratos ofrecidos por cualquier administración o entidad pública, con la posible salvedad de suplementos para trabajadores de centros radicados en las ciudades o regiones con el coste de vida más elevado.

Finalmente, de los tres documentos que analizamos tan sólo el borrador del Estatuto del PDI contempla medidas específicas para disminuir la brecha de género. La progresión de las mujeres en la carrera investigadora es mucho más difícil que la de los hombres, pasándose de porcentajes de entre el 60 y el 50% de mujeres con contratos predoctorales al 40% en los contratos Ramón y Cajal o en el personal investigador del CSIC, y de poco más del 25% de Profesoras de Investigación en esta institución. Es difícil evaluar qué medidas pueden funcionar mejor para paliar esta brecha persistente en nuestro sistema científico, pero limitar el abordaje de este problema en la Estrategia de Ciencia 2021-2027 a su inclusión dentro de un eje estratégico (el 14) que busca promover el espíritu crítico sobre diferentes problemas sociales no parece una apuesta decidida por paliar este problema. Como tampoco lo es no incluir ninguna medida para paliar el impacto que ha tenido el confinamiento en el rendimiento de investigadoras/es con niños pequeños y/o a cargo de personas dependientes.

Vista la evidencia, parece claro que la pandemia no ha servido para dar a la ciencia el valor que se merece. Pese a compartir el diagnóstico que hemos delineado en este artículo, ni la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 ni el Estatuto del Personal Docente e Investigador afrontan en profundidad y con el necesario rigor los problemas estructurales de nuestro sistema de ciencia, innovación y universidades. Los planes y reformas propuestos son profundamente decepcionantes, ya que no inciden de manera significativa en las tres grandes carencias del sistema español de I+D+i: la mala gestión del propio sistema, su nula capacidad de atraer y retener talento mediante empleo de calidad, y la endémica falta de financiación. Aunque las cantidades que es necesario invertir para dar un vuelco a nuestro sistema de I+D+i son irrisorias comparadas con la inversión en el resto de partidas presupuestarias, podría ser hasta comprensible que la financiación se resintiera durante la crisis económica post-Covid en la que estamos entrando. Pero lo que nos parece inexcusable es la ausencia de medidas decididas para desencallar la gestión de la ciencia, para estructurar la carrera científica y para poner coto por fin a la endogamia. Es inexcusable porque tan sólo requieren voluntad política y conocimiento del sistema, no financiación extra o adicional. Sin ellas nos quedamos una vez más con una profunda y descorazonadora sensación de tiempo perdido. Y eso es muy difícil de explicar, y muy difícil de digerir por un colectivo cada vez más desanimado y exhausto. El presunto plan de choque es triste, decepcionante y terriblemente inexplicable.

“Texto elaborado por Joaquín Hortal, Fernando Valladares, Adrián Escudero y Luis Santamaría.”

Aturdidos por las medidas que trae consigo el estado de alarma y buscando un hueco para poder hacer ejercicio (más imprescindible que nunca para mantener un cierto equilibrio existencial) mientras apoyamos la escolarización en casa, teletrabajamos y tratamos de mantenernos informados, no podemos dejar de alucinar con un escenario nuevo e increíble. En general, estas semanas las decisiones políticas de nuestro Gobierno se están basando en información científica. Nos frotamos los ojos. ¿Qué pasa? Certificar que algo así está ocurriendo nos asusta: ¡cómo será el monstruo al que nos enfrentamos, si han tenido que llamar a la ciencia!

La llamada ha sido respondida por cientos de científicas y científicos, dispuestos (cómo siempre) a dar lo que saben donde se les necesita. Aun sin alcanzar los niveles de riesgo, cansancio y heroicidad de nuestro personal sanitario y de seguridad, se puede visualizar a los investigadores trabajando en esta crisis como el profesor chiflado: desarrapados, greñas despeinadas, barba de muchos días, sorbiendo un café mientras empujan un carrito con sus PCRs y sus últimos kits de extracción de RNAs, ajustando modelos predictivos de contagio, buscando financiación para contratar nuevos cerebros y manos que completen sus grupos de trabjo, tratando de acabar una investigación de alto impacto social y económico en tiempo récord, y estando atentos a divulgarla en tiempo casi real.

Hablamos de virólogas, microbiólogos e inmunólogas, esos personajes entre misteriosos y cinematográficos, con sus trajes de astronauta y aparatosas escafandras, que trabajan con esos “bichos” invisibles que dan tos y fiebre. También de epidemiólogos, que exploran la dinámica de poblaciones que resulta de las interacciones entre los patógenos y sus hospedantes. De especialistas en modelización, que estudian la evolución de estas relaciones para hacer predicciones de futuro. De bioquímicos, que desarrollan fármacos para mitigar su impacto. Y de muchos otros especialistas, que aportan su grano de arena a algo tan complejo como la propagación de un virus que está poniendo en jaque a los servicios de salud de todo el planeta.

Esta pequeña legión de investigadores prepara el contraataque mientras centenares de miles de sanitarios luchan contra los estragos del virus, y las fuerzas de seguridad y los trabajadores de los supermercados hacen su trabajo clave limitando el avance del contagio. Los rapidísimos progresos científicos reciben toda la atención de una ciudadanía involucrada, que ahora comparte en WhatsApp y redes sociales modelos de crecimiento logístico y diferentes escenarios de contagio, y debate sobre la mejor manera de ganar inmunidad de grupo, el riesgo de que mute el virus o la probabilidad de conseguir una vacuna lo antes posible. Proliferan los expertos que tienen claro cuándo se tendrían que haber iniciado las medidas de confinamiento, cómo hay que organizar y distribuir el material médico, qué tratamientos son más efectivos contra el virus y cuántos tests habría que estar haciendo. Si no fuera tan grave la situación, sería para que tuviéramos una mascletà de concurso, ciencia de la mano de los que toman las decisiones.

Sin embargo, mientras la sociedad afronta esta lucha titánica, es importante recordar que no lo hace con todas las herramientas de las que podría disponer un estado como el nuestro. Ni para la defensa, debido a los recortes en sanidad, ni para el contraataque. No hace mucho, podíamos ver a esos mismos investigadores aburridos de protestar, de pedir un nivel de financiación digno y constante, de rogar que la diáspora científica junior tan competitiva y cuya formación hemos financiado entre todos pueda retornar; de repetir que un país serio no puede maltratar a la ciencia, a los profesionales que la hacen, a la gente que forman. Desde esta columna de Ciencia Crítica nos hemos desgañitado en cada artículo pidiendo recursos, mejora de condiciones, reconocimiento de esa gente. Pero las prioridades eran otras.

El declive de la inversión en investigación en Españaha sido constante durante más de una década. Tras unos años de crecimiento insuficiente pero más o menos continuo, la crisis del 2008 nos abrió una vía de agua que no se ha querido cerrar, cuando pensábamos que por fin algo estaba cambiando y se estaba estimulando el tejido científico del país. Nuestra productividad se ha mantenido como una particular versión de la 'deuda de extinción'que permite producir con una eficiencia que deja perplejos a nuestros colegas de fuera, sabedores de la escasez de fondos y las paupérrimas condiciones de trabajo – pero que durará solo hasta que terminemos de exprimir datos antiguos, apaguemos el ordenador y el juego acabe. Game over.

Estamos cerca de ese final. En el sistema nacional de investigación español casi no entran jóvenes investigadoras, ni técnicos, ni gestoras, ni administrativos. Los centros decaen, languidecen, y desaparecen. La escasez e hiperburocratización que se impusieron (y no se retiraron) al amparo de una inadecuada e inoportuna austeridad siguen haciendo imposible la gestión de los pocos proyectos de investigación competitivos que las investigadoras e investigadores aún consiguen. Muchos y muchas, hastiados de una situación que parece nunca levantar cabeza, abandonan la investigación. Grupos enteros de altísimo nivel, agotados de lidiar con un sistema científico precario y obsoleto, se acaban trasladando en bloque a otros países (por ejemplo el deOscar Marín al King’s College de Londres en 2014 y tantos otros)

Los políticos, esos que pilotan la nave, y la sociedad en general, nos miran ahora a los científicos con urgencia y nos piden soluciones. Pero las investigadoras no tenemos medios para asumir la responsabilidad de evitar el colapso del sistema sanitario y garantizar el bienestar de la ciudadanía. Luchamos por apoyar los esfuerzos de los que están en primera línea aportando lo que sabemos hacer: generar conocimiento y buscar soluciones a partir de él. Pero no nos engañemos: la solución que la ciencia podría aportar no se puede conseguir con esta urgencia. Tendremos soluciones y propuestas, pero ni estarán disponibles tan rápido como sería posible, ni serán tan robustas como podrían serlo si tuviéramos un sistema de I+D+i realmente consolidado. El tejido científico se construye, se entrena y madura a largo plazo, con esos recursos que entonces parecen un lujo y ahora, en mitad de la emergencia, se están liberando con urgencia y precipitación.

Quizás nos preguntamos por qué Corea del Sur ha abordado con éxito la crisis del coronavirus, cómo han desarrollado un plan radicalmente innovador y eficiente. No es baladí recordar que su inversión en ciencia supera el 4 % de su PIB, mientras que la nuestra aspira a llegar a menos de la tercera parte y se apunta a un difuso 'futuro próximo'. Aún más cercano es el caso de Alemania, con una inversión en investigación a la cabeza de Europa (cerca del 3%) y cuya inversión aumentó, en lugar de disminuir, durante la 'austeridad' post-2008. No nos sorprendamos de que estos dos países hayan podido asumir el peso del diagnóstico precoz del coronavirus con pruebas masivas, poniendo todo su tejido técnico y científico en acción. En este país, que carecemos de un tejido así, nos ha costado semanas desarrollar tanto la infraestructura como los protocolos analíticos para hacer los test rápidos de manera masiva.

Dejadnos acabar esta vez con un grito. La única forma de enfrentarnos con éxito a esta crisis y a otros cisnes negros que, con frecuencia creciente, vendrán en el futuro es Con Más Ciencia, y eso sólo puede suceder si se incrementa y se reestructura radicalmente su financiación y gestión. Es simple. Es crudo. No hay milagros gratis y urgentes para este tipo de crisis. Ni siquiera para una personal sanitario, de seguridad y científico comprometido y austero, curtido en la infinita trinchera en que se ha convertido el servicio público en nuestro país.

Tras once días de confinamiento, empieza a aplanarse la curva, pero probablemente no lo suficiente para evitar el colapso del sistema sanitario, especialmente en Madrid. Para poder valorar correctamente la situación es importante comprender bien los distintos escenarios y las distintas curvas de la evolución del coronavirus en nuestro país.

Hace tan solo dos semanas, el Gobierno decretó duras medidas de distanciamiento social dirigidas a combatir la epidemia de coronavirus que asola ya a medio planeta, y que ataca con especial crudeza a nuestro país. Este cambio total e inmediato en nuestras vidas tiene como objetivo principal lo que los especialistas denominan 'flatten the curve', es decir, aplanar la curva de crecimiento de los contagios.

Aplanar la curva de crecimiento del virus se ha convertido en un mantra que nos han repetido hasta la saciedad, y que repetimos continuamente en nuestras conversaciones telefónicas y en redes sociales. Sin embargo, muchas de las curvas que vemos son difíciles de comprender sin una formación matemática adecuada, ya que derivan de modelos y ajustes numéricos complejos. Este hecho, sumado al énfasis que la mayoría de los medios ponen en el aumento del número absoluto de casos positivos y de fallecidos (que siguen creciendo cada día) puede hacernos creer que este gran esfuerzo colectivo está siendo en vano. Pero la realidad es, dentro de la gravedad, diferente y algo menos terrible, ya se empiezan a notar los primeros efectos de las medidas de distanciamiento social, aunque hay que redoblar nuestros esfuerzos porque estos efectos son todavía pequeños, debido a los largos plazos de incubación y al alto riesgo de contagio del coronavirus.

Vamos a explicar, utilizando un análisis muy sencillo, cómo funcionan estas curvas, y cómo se pueden usar para ver tanto los logros conseguidos, como los retos a los que aún nos enfrentamos. Estos análisis no pretenden sustituir a los modelos epidemiológicos oficiales, mucho más complejos, desarrollados por especialistas (como este o este). Pero creemos que tienen una virtud didáctica, es decir, son una buena herramienta para entender la naturaleza de los problemas a los que nos enfrentamos en esta crisis. Y tienen, además, la virtud de que cualquiera puede corroborarlos o rebatirlos a partir de los datos disponibles y actualizados que se pueden consultar fácilmente en la web de organismos oficiales y medios de comunicación. Nosotros los hemos obtenido de aquí, aquí y aquí.

Al interpretar estos datos hay que tener en cuenta que los números de afectados totales están basados en la capacidad de detectar el virus que hemos tenido desde el inicio de la crisis. Esta capacidad está limitada por las máquinas de PCR disponibles tanto en el sistema de salud como en las universidades y centros de investigación que las han aportado –muy reducidas, por cierto–, tras una década de recortes en sanidad e investigación, y muy pocas si comparamos con países como Alemania o Corea del Sur (cuyo esfuerzo de detección queremos alcanzar).

Las cifras totales de infectados son, con toda seguridad, mucho mayores, por lo que el número de positivos va a elevarse considerablemente cuando aumente la capacidad de detección mediante el uso masivo de los test rápidos que estarán disponibles a partir de esta semana. Por lo tanto, en los próximos días podemos esperar un repunte del número total de casos que no se debe a una mayor tasa de crecimiento de los contagios, sino a que se está pudiendo analizar a más personas. Debido a estos cambios en el diagnóstico, el número de fallecidos puede ser un indicador más consistente del impacto del virus a lo largo de la crisis que el simple número de casos activos (casos confirmados que necesitan atención médica, no han recibido el alta ni cuentan como fallecidos). Presentamos ambos tipos de datos en las curvas que mostramos aquí.

Como se puede ver en el gráfico de casos activos en España, en los primeros días las medidas de distanciamiento social tan solo estaban retrasando el crecimiento de la curva. Aunque la tasa esperada de crecimiento del número de casos activos se reduce a casi la mitad, la curva continúa siguiendo una tendencia exponencial, con un incremento continuo y cada vez más acelerado que se ve en las proyecciones con línea discontinua en las gráficas, una línea con forma de media U. En esos momentos, el efecto de las medidas solo retrasaba alrededor de una semana el crecimiento del número de casos hasta alcanzar niveles potencialmente críticos para nuestro sistema de salud. Tenía, eso sí, la doble virtud de que contribuía a salvar vidas y a ganar tiempo para buscar otras soluciones. A partir de las proyecciones de crecimiento exponencial, podemos estimar que esas medidas ya salvaron, en tan solo la primera semana, cerca de 30.000 contagios (ver primera gráfica) y 1.500 vidas (ver segunda gráfica). Esta es la primera buena noticia: al menos se han salvado 1.500 vidas. En estos tiempos necesitamos buenas noticias y esta no se acaba de escuchar alto y claro.

Sin embargo, a partir del sábado 21 de marzo, la tasa observada de crecimiento de contagios y casos activos ha ido descendiendo cada día. Eso indica que la curva no solo se está retrasando, sino que también se está aplanando. Un proceso de crecimiento exponencial en el que la tasa va decreciendo en el tiempo da lugar a lo que se conoce como una curva logística. Este tipo de curva, en forma sigmoidea o de S, sí tiene lo que realmente buscamos: una zona de crecimiento que se va haciendo estable (sostenido, no creciente) hasta empezar a hacerse decreciente (menor cada día) en las proyecciones hacia el futuro. Es decir, si todo siguiera así, la tasa de expansión del virus podría en unos días no sólo ralentizarse, sino llegar a frenarse: la curva se estaría por fin aplanando realmente. Aquí, pues, la segunda buena noticia: se está logrando comenzar a aplanar la curva en España.

Utilizando lo que se denomina un ajuste logístico, podemos empezar a calcular cuánto tardará en saturarse la curva, esto es, en alcanzar su máximo. ¡Ojo! Una extrapolación de este tipo tiene mucha incertidumbre, y es arriesgado confiar ciegamente en los detalles que contiene, y más en este momento donde aun hay pocos datos, pocos días que muestran el cambio de tendencia. Sin embargo, sí que es útil para entender tanto lo que podemos estar consiguiendo con estas medidas de confinamiento, como lo que podemos llegar a esperar si las medidas se mantienen en el futuro.

Si todo sigue con esta tendencia, el número de casos detectados tocaría su máximo (llamado asíntota) en unas 3-5 semanas, y se situaría cerca de 175.000 infectados totales: cuatro veces más de los que llevamos ahora. Y, como apunta la proyección en línea continua de la gráfica, el número de casos en activo llegaría en su punto álgido a unos 140.000 casos: casi seis veces más de los actuales.

Con los datos de que disponemos no es posible saber cuántos de esos casos van a necesitar atención en UCIs, pero si la proporción de los que requieren hospitalización se mantiene cerca del 15% como hasta ahora (aunque este porcentaje está por fortuna también bajando), podríamos llegar a necesitar alrededor de 20.000 camas de UCI con ventilación asistida en toda España (siempre según estas proyecciones sencillas). Esto es seis veces más que los actuales. Si ese número es excesivo para nuestro sistema sanitario, el Gobierno tendrá que declarar medidas de aislamiento aún más severas, además de reforzar más aún el sistema sanitario. Eso depende, críticamente, de lo que pase en los próximos días.

Según las estimas más sencillas y conservadoras, el número de muertes (segundo gráfico) llegaría a su tope en torno a las 39.000, casi diez veces más las actuales. Es un precio enorme, y una perspectiva difícil de encajar, que involucrará un enorme sufrimiento para muchas familias. Pero son muchísimas menos que las que habría en ausencia del confinamiento decretado el día 13 de marzo. Y son también muchas menos que las predichas con las tasas de crecimiento que vimos en los cinco primeros días de confinamiento, menos restrictivo que el actual, y que involucraban un coste realmente atroz, de centenares de miles de muertos. Esto muestra otra buena noticia: el confinamiento funciona.

A día de hoy, el confinamiento ha salvado posiblemente más de 40.000 vidas. Un logro colectivo del que podemos estar muy orgullosos.

En el caso de la Comunidad de Madrid, donde se concentran casi la mitad de los casos de España (tercera gráfica), la reducción en la tasa de crecimiento del número de casos es menos patente, y las oscilaciones temporales mayores que para el conjunto de España. De mantenerse la reducción progresiva que se observaba hasta hace dos días, la curva logística redice una saturación en cerca de 27.000 casos, de los que unos 22.000 serían casos activos. Por desgracia, la proporción de casos severos y críticos (que requieren hospitalización y UCI) es mucho mayor que la media nacional, por lo que una reducción como la observada probablemente sobrepase la capacidad del sistema de salud madrileño, con picos de más de 18.000 hospitalizados, de los que entre 1.850 y 2.600 requerirían ingreso en UCI (asumiendo las tasas de hospitalización e ingreso en UCI reportadas esta semana). Incluso contando con los enormes esfuerzos actuales para incrementar las plazas de UCI (pasando de 650 a 1500 camas en muy poco tiempo), la tensión a la que se verá previsiblemente sometido el sistema de salud de la Comunidad de Madrid requerirá medidas adicionales para evitar que se supere dentro de poco su capacidad.

Por desgracia, en los últimos dos días se está observando un repunte en las tasas de crecimiento del número de casos (de las que solo incluimos la de ayer, dado que aún no hay cifras definitivas para hoy). El motivo principal ha sido el incremento en varias comunidades como Madrid, País Vasco, Andalucía, Comunidad Valenciana y Catalunya. Este repunte podría estar relacionado con la movilidad observada durante el fin de semana: el tiempo de incubación de la enfermedad es de cinco días (la mediana es 5,1 días) así que las infecciones del fin de semana empiezan a reflejarse el miércoles, pero es una de las varias explicaciones plausibles. También podría estar relacionado con el mayor esfuerzo de testado que se ha empezado a hacer, que podría estar incrementando la tasa de detección - como sugiere la mayor inercia del número de fallecidos (cuarta gráfica), aunque también hay que recordar que éste número responde a las infecciones ocurridas hace 2-3 semanas, además de a eventos de corto plazo como la saturación hospitalaria. La evaluación de este efecto es realmente urgente e importante, porque si el aumento del número de casos activos en las comunidades más saturadas, como la de Madrid, refleja una tendencia real y no se debe a un aumento del número de tests, sería realmente urgente tomar medidas de confinamiento y refuerzo adicionales.

Pero el caso más preocupante es Catalunya, donde el aumento de casos parece reflejar una tendencia a largo plazo diferente de lo visto en otras zonas y en el conjunto de España. En Catalunya, las medidas de distanciamiento social no han tenido el efecto esperado y no ha producido un retraso importante en la curva, de forma que el crecimiento del número de casos apenas empieza a frenarse (quinta gráfica) y el crecimiento del número de fallecidos aun es exponencial (sexta gráfica). Con los datos actuales, Catalunya se enfrenta a un máximo de cerca de 35.000 casos totales, lo que causaría en una situación de urgencia similar a la de Madrid. Si la tendencia no cambia muy pronto, será imprescindible aumentar los esfuerzos para averiguar el motivo de esta diferencia con el resto de comunidades y contenerla lo antes posible.

A nuestro mensaje moderadamente positivo hay que añadir, por tanto, no solo una nota de precaución por su simplicidad y carácter preliminar, sino también un aviso: en la Comunidad de Madrid (y, probablemente, en otras comunidades muy afectadas como Cataluña y el País Vasco) hay que hacer más esfuerzos. Las medidas no están resultando tan efectivas como sería necesario. Por un lado, como están enfatizando grupos de trabajo centrados en el modelado de la diseminación del Covid19 bajo diferentes escenarios de gestión, es probable que en esas comunidades haya que introducir medidas de restricción total de la movilidad. Por otro lado, es imprescindible redoblar esfuerzos para reforzar la capacidad del sistema sanitario, imprescindibles en cualquier caso para evitar un desenlace aún más dramático.

Por suerte, organismos públicos, empresas y ciudadanos se están volcando para ayudar contra la epidemia. Fábricas de coches que reconvierten su línea de producción para fabricar mascarillas; fábricas de cosméticos centradas en producir gel hidroalcohólico y distribuirlo gratis; fábricas de vaqueros, unidades del ejército, diseñadoras de moda y ciudadanas particulares haciendo mascarillas; universidades e individuos particulares usando impresoras 3D para hacer ventiladores o máscaras. Toda ayuda es poca en este momento en el que es necesario enfocar todos los esfuerzos del país en detener el avance de la pandemia y salvar la vida de los enfermos más críticos.

Un mensaje final para los que lean las muchas noticias y mensajes que insisten en buscar culpables, de uno u otro lado: se puede ver que por la naturaleza de estos procesos –en los que un individuo infecta a varios que a su vez infectan a varios, amplificando de forma muy rápida cualquier pequeño cambio– diferencias mínimas en las estimas (especialmente las iniciales, basadas en un número muy bajo de casos) tienen consecuencias enormes en períodos de tiempo muy cortos. Esto es igual, por cierto, en muchos procesos económicos. Y genera un elevado nivel de incertidumbre que hace enormemente difícil tomar decisiones (ver por ejemplo la gráfica de Madrid). Estar al mando (sea de un país, una comunidad autónoma, un ayuntamiento o incluso un “simple” hospital) en estos tiempos es, por tanto, durísimo y tiene un mérito enorme. Un mérito que hay que reconocer, ayudando en todo lo que podamos.

Ya llegará el momento de preguntarse qué podríamos haber hecho mejor, y aprender constructivamente de lo que, a posteriori, veremos que han sido errores. Recordando, esperemos, que hay que prepararse para solucionar las crisis mucho antes de que nos exploten en las manos.

Nuestro análisis es muy simple en sus premisas, y por lo tanto tiene un alcance limitado. Por eso no pretende sustituir a los modelos de los epidemiólogos, y debe usarse sólo para comprender qué está pasando y qué podemos esperar en el futuro en líneas muy generales. Por lo tanto, las extrapolaciones que hacemos no están exentas de riesgos y errores, y aunque sean adecuadas para mostrar tendencias aproximadas, es probable que los números que muestran estas predicciones fallen. Ojalá la realidad sea mejor.

Pero tan importante es ser cauto como destacar los logros colectivos. Principalmente de quienes, con gran esfuerzo y no poco riesgo, están velando por nuestra salud, seguridad y abastecimiento. Pero también de quienes, con gran esfuerzo humano y económico, están cumpliendo con su parte: hoy más que nunca, #quedateencasa. Es lo mejor que puedes hacer, y está funcionando.

España, como todos los países de su entorno y prácticamente el mundo entero, se afana en contener la transmisión del coronavirus. El motivo ha sido explicado tanto que es difícil que no lo conozcan ya todos. Investigadores, divulgadores, redes sociales y medios de comunicación detallan de forma lo más accesible posible por qué, aunque no se consiga contener la pandemia, es esencial retrasar la ola de infecciones para que el (moderado) porcentaje de casos que necesitan atención hospitalaria no desborde la capacidad de los sistemas de salud, disparando la mortalidad.

Es esta una crisis llena de incertidumbres, en la que resulta difícil tomar decisiones a pesar de contar con el apoyo de expertos epidemiólogos. Sin embargo, hay una serie de precedentes que indican claramente qué elementos fueron esenciales para que la tasa de mortalidad de epidemias similares se disparara o fuera controlada. El primero: asegurarse de que autoridades y medios sean honestos, trasparentes y se apoyen en la evidencia científica – tanto la preexistente como la que se va generando en tiempo real. Y el segundo: aplicar el principio de precaución, evitando arriesgarse a tomar medidas que, de basarse en las premisas equivocadas, puedan tener efectos devastadores o irreversibles.

La gran mayoría de los gobiernos europeos y asiáticos están implementando medidas de distanciamiento social que van desde la suspensión de eventos públicos al cierre de colegios, parques y locales de ocio, así como el confinamiento en los hogares. Los modelos de transmisión del coronavirus indican que las restricciones del tráfico de personas entre regiones, imprescindibles para limitar la expansión geográfica del virus, necesitan combinarse con una reducción drástica del contagio intracomunitario para ralentizar el avance del virus a la vez que la población se inmuniza. Esta estrategia ha sido particularmente exitosa en los países que han adoptado medidas drásticas de forma muy temprana, como Singapur, Hong Kong y Corea del Sur. Todo ello, claro está, con un elevado coste económico y social que hace que la decisión de cuándo iniciarlas y finalizarlas sea particularmente compleja.

Hay, sin embargo, un gobierno que ha decidido tomar un enfoque muy diferente. El gobierno del Reino Unido, presidido por Boris Johnson, ha defendido durante semanas que es mejor no actuar para contener la infección y permitir que esta se extienda a la mayor parte de la población. Para justificar esa decisión ante sus conciudadanos, ha aplicado una racionalización más cercana a la propaganda política que a la evidencia científica: argumenta que, una vez esté infectado el 60% de la población, el resto estará protegido por la llamada “inmunidad de grupo” (herd inmunity en inglés). Un concepto que se aplica a las vacunas (que, mediante fragmentos inactivos de virus, permiten ganar inmunidad a la población) pero que resulta temerario extrapolar al avance de un virus activo y aún muy desconocido. Apoyándose en este concepto y en simulaciones epidemiológicas que no han sido hechas públicas (a pesar de haberlo reclamado reiteradamente la comunidad científica), tanto el primer ministro como los comunicadores de su gobierno empezaron a preparar a la población para que asumieran parte del coste que se avecina: la pérdida de seres queridos, principalmente aquellos que pertenecen a grupos de riesgo (personas mayores, inmunodeprimidas, con afecciones respiratorias o cardíacas – y aquellos con menos recursos).

Las implicaciones de esta estrategia pueden ser devastadoras. Como han explicado expertos y medios de comunicación británicos, alcanzar un 60% de infectados de forma incontrolada tendrá, probablemente, un coste desproporcionado en vidas humanas. Según la epidemióloga Seema Jasmin, el Reino Unido podría llegar a tener 39.6 millones de infectados que, guiándonos por los datos disponibles hasta la fecha, resultaría en un 13.8% (alrededor de 5.5 millones) de hospitalizados con complicaciones severas, de los que 1.86 millones (un 4.7%) serán enfermos críticos y más de 270.000 (un 0.7%) morirán. Una mortalidad claramente inaceptable, incluso ignorando los efectos a largo plazo sobre los enfermos críticos que sobrevivan y el efecto que la sobresaturación del sistema sanitario tendrá sobre la supervivencia de quienes tienen otras dolencias graves.

Estos cálculos, aunque brutales, pueden considerarse optimistas si nos guiamos por las tasas de letalidad (case fatality rates) obtenidas en los países en los que ya ha habido varios miles de infectados, que son muy superiores al 0.7%. Esa tasa coincide con la observada en China fuera de la región de Wuhan, epicentro de la epidemia, donde la mortalidad fue ocho veces superior (5.8%); y con la observada en los momentos más tardíos de la epidemia (posteriores al 1 de febrero), que llegó a alcanzar una mortalidad 25 veces superior (17.3%) en los momentos iniciales (1-10 de enero). De ser aplicable la tasa de mortalidad global (estimada en un 2.3% por el mismo estudio del CCDC del que Seema Jasmin tomó las proporciones de infecciones graves y críticas anteriores), la mortalidad en el Reino Unido podría acercarse al millón de personas. Una estima más razonable para un sistema de salud europeo podría ser la mortalidad actual en Italia y España. Si es así, las noticias son igualmente preocupantes: debido a factores como la elevada edad de su población (el 23% de sus habitantes tienen 65 años o más) y la elevada concentración geográfica de los casos (con la consiguiente sobrecarga del sistema de salud), la tasa de mortalidad en Italia es sensiblementesuperior a la media global (estimada por la WHO en un 3.4%). Con todas estas cifras, la mortalidad esperable en el Reino Unido podría estar más cerca del millón largo que de los cientos de miles de personas.

Todo esto, sin tener en cuenta el efecto que podría tener el colapso del sistema de salud causado por las elevadas tasas de trasmisión del virus asociadas a una estrategia de “dejar hacer” hasta que se establezca inmunidad de grupo. Tras años de recortes por los gobiernos conservadores previos y el actual, el sistema de salud británico, que cuenta con aprox. “78.000 médicos de cabecera, 111.000 doctores (HCHS doctors) y 300.000 enfermeras/matronas, reconoce hace tiempo que carece de personal suficiente y se satura anualmente cuando tiene que atender a los casos habituales de gripe estacional – cuyo número es, debido a la resistencia ya presente en la población y a la vacunación, muy inferior a los casos esperables de coronavirus, y tan solo resulta en decenas de miles de hospitalizaciones y una media de 600 muertos por año (aunque puede llegar a superar los 10.000, como ocurrió en la pandemia de 2008-2009). La perspectiva de atender varios millones de hospitalizaciones por complicaciones severas del coronavirus, que incluirían entre uno y dos millones de enfermos críticos, resultará de forma muy probable en el filtrado y rechazo de muchos de esos casos. Ante esa atención deficiente no es difícil imaginar que las personas mayores, los pacientes más graves y aquellos con condiciones previas mostrarán tasas de mortalidad superiores a los de Corea del Sur o incluso al promedio global, para acercarse e incluso superar los de Italia o Wuhan. De hecho, los médicos del NHS reconocen que, preparándose para la posibilidad de que el número de pacientes sobrepase a sus capacidades, están estableciendo procedimientos para determinar qué pacientes tendrán acceso a sus infraestructuras críticas (como camas o respiradores) y quienes lo verán denegado, priorizando a aquellos con mayor probabilidad de sobrevivir, tal y como está ocurriendo ya en Italia debido al retraso en la toma de medidas drásticas de contención. Y esto sin tener en cuenta el impacto en la salud de los trabajadores del sistema sanitario, cuya infección progresiva mermará aún más la capacidad de acción del sistema sanitario.

Los defensores de la estrategia del gobierno de Boris Johnson argumentan que ésta se basa en una visión a largo plazo, y acusan a las estrategias de distanciamiento social de cortoplacistas. Su argumento se basa en tres factores. En primer lugar, en la posibilidad de que la tasa de mortalidad sea mucho menor a las estimas actuales, al haber una proporción muy elevada de infecciones que no llegan a detectarse. Esta es una posibilidad real, porque tanto en China como en los países donde ya hay un número elevado de casos detectados (como Irán, Italia o España), el precio y disponibilidad de los tests hacen que no lleguen a comprobarse mediante análisis la gran mayoría de los casos con síntomas compatibles con coronavirus – sino tan solo aquellos con síntomas graves que precisan de hospitalización o los pertenecientes a grupos de riesgo. Sin embargo, los datos de Corea del Sur, donde la disponibilidad de un sistema de salud público y gratuito y la experiencia de epidemias anteriores ha permitido que se realice un esfuerzo analítico sin parangón en otros países (casi 250.000 individuos), sugieren que la tasa real de fatalidad difícilmente será muy inferior al 0.6%.

En segundo lugar, la estrategia se basa en la premisa de que todos los afectados desarrollarán inmunidad duradera al virus y no sufrirán, por tanto, reinfecciones. Esta premisa puede parecer razonable basándose en la experiencia con virus similares, pero no hay evidencia clara de que se vaya a cumplir (otros coronavirus que circulan regularmente en humanos causando resfirados comunes, OC43 and HKU1, provocan inmunidad de duración inferior a un año). De hecho, se han detectado varios casos de reinfecciones de pacientes tras ser dados de alta, aunque no se ha podido descartar que se tratara de remanentes de la infección anterior (pequeños núcleos durmientes de infección) que se reactivaron tras el alta. La ausencia de inmunidad a medio-largo plazo en la totalidad o parte de la población sería problemática en los países que apuestan por contener temporalmente la infección, pero resultaría desastrosa con el enfoque británico – ya que, además de asumir los brutales costes de una infección rápida, no se alcanzaría la inmunidad de grupo.

En tercer lugar, la estrategia de tolerar tasas altas de infección para construir inmunidad de grupo tiene como objetivo principal prevenir un repunte estacional del virus, cuando pase el verano y las condiciones vuelvan a adecuadas para proliferación. Como en las premisas anteriores, no hay ninguna evidencia de que esto vaya a ser así. Aunque otros coronavirus muestran picos estacionales en invierno, cuando el descenso en temperatura y humedad favorece su transmisión, también hay estudios que predicen que podrá proliferar en cualquier momento del año.

Todo esto quiere decir que la estrategia británica es una arriesgada apuesta que, de salir mal, tendrá un coste desproporcionado. Es posible que las incertidumbres mencionadas jueguen a favor del pueblo británico, y una improbable pero no imposible combinación de moderada tasa de infección, baja mortalidad y una inmunidad adquirida generalizada resulten en un número de hospitalizaciones abarcable por el sistema de salud, y en niveles de mortalidad aceptables para una epidemia de este tipo. Pero no dejan de ser premisas extremadamente optimistas cuyo uso no parece prudente. El riesgo, en caso contrario, es tan elevado que el principio de precaución más elemental debería hacerlo inasumible. De fallar su apuesta, el Reino Unido no solo se enfrentará a un número elevadísimo de enfermos graves, a los que un sistema de salud inhumano aplicará protocolos que elegirán quien recibe tratamiento y quien es enviado a casa a morir. También se convertirá en un foco ingente de la pandemia global, que pondrá en peligro las estrategias de contención y tratamiento extendido en el tiempo de los países circundantes, lo que les obligará a someter al Reino Unido a un bloqueo completo a la circulación de bienes y personas. El impacto de todo esto en la economía, que representaba el interés prioritario de quienes han diseñado esta estrategia, será sin duda mucho mayor que el de las medidas de contención que se resisten a aplicar.

El enfoque del gobierno británico busca también anticiparse a una posible mutación del virus que, como ocurrió con la gripe española, lo haga mucho más letal, con efectos potencialmente devastadores. Si se alcanzara inmunidad de grupo antes de que la mutación ocurra, estaríamos ya protegidos frente a esa posibilidad. Pero este planteamiento ignora el hecho de que la probabilidad de dicha mutación aumenta rápidamente con el número de infectados por el virus. Una vez más, resulta más sensato ralentizar la expansión del virus, dando tiempo al desarrollo de potenciales vacunas, nuevos medicamentos y terapias, y al refuerzo de nuestro sistema de salud. El hecho de que la extensión sin control de la primera oleada de gripe española no sirviera para proteger a la población de la nueva y letal variedad que apareció después proporciona un ejemplo ilustrativo de los riesgos de esta apuesta.

Para apuntalar esta estrategia, han utilizado otro concepto tomado de la literatura científica pero de validez muy dudosa para esta situación – argumentando que iniciar de forma temprana las medidas de distanciamiento social reduciría su eficacia al causar “fatiga cognitiva” de la población. Este controvertido concepto, cuya carga de evidencia tampoco ha sido hecha pública, es la aportación de Behavioural Insights Team, una compañía privada de científicos del comportamiento que asesora al gobierno, y ha sido cuestionada ampliamente en una carta abierta escrita por 229 científicos de universidades británicas.

Algunos analistas han señalado ya que la estrategia del gobierno británico no es “dejar hacer”, como han defendido sus máximos representantes, y que la tormenta desatada debe achacarse a una pésima estrategia de comunicación. Argumentan, de hecho, que el plan de acción contra el coronavirus no incluye ninguna referencia a la inmunidad de grupo. Haya sido la “inmunidad de grupo” una estrategia de acción o solo de comunicación, parece claro que ha sido diseñada y aceptada por unos políticos que no solo carecen de educación científica, sino que desconfían del consenso científico y prefieren seleccionar aquellos expertos cuya opinión coincide con sus prejuicios. Algo que, por cierto, también han defendido algunos en España, reclamando “liderazgo político” frente al “parapeto” de la ciencia. Preocupado exclusivamente por el efecto que las medidas de contención puedan tener sobre la economía, el gobierno de Johnson no ha tenido problemas en pedir a sus ciudadanos que asuman un nivel de sufrimiento que podría resultar desproporcionado. Para ello, han apelado a evidencia científica que no han hecho pública y han secuestrado conceptos inaplicables a esta situación actual, convirtiéndolos en un mero eslogan político. El apoyo de unos tabloides que ya han demostrado no tener escrúpulos en mentir a sus lectores y el recurso al sentimiento de superioridad frente a los países del sur han formado, por desgracia, parte esencial de esta campaña negacionista. Como ocurrió en los momentos iniciales de la crisis en otros países, hay muchos ciudadanos que están dispuestos a aceptar cualquier mentira que coincida con sus deseos.

Por suerte, Boris Johnson ha empezado ya a reconsiderar esta estrategia. Como ya le ha ocurrido a Donald Trump, en cuanto ha empezado a revelarse la escala del problema la presión del establishment económico y la amenaza de un más que probable aislamiento impuesto desde el exteriorhan acabado obligándole a rectificar e introducir las tan necesarias medidas de distanciamiento social. Como evidencia del desgobierno que caracteriza las acciones de Boris Johnson, este lunes 16 de Marzo estaba dando un giro de 180 grados a su estrategia, introduciendo medidas moderadas de distanciamiento social (recomendando el teletrabajo, no ir a los pubs y abandonar los planes de viaje). Los problemas de comunicación revelan ahora sus consecuencias: después de semanas de defender lo contrario, la introducción de esta medidas está siendo “atacada brutalmente” por la industria hostelera y del ocio.

Por desgracia, para cuando este golpe de timón haya surtido efecto se habrá perdido un tiempo precioso, que involucrará un coste innecesario en vidas humanas, dinero y sufrimiento a la población más allá de las fronteras del Reino Unido. Como si no bastara con el Brexit…

La carrera científica es una carrera de obstáculos para cualquiera, pero especialmente para las mujeres. La cuestión no es cómo tan pocas mujeres consiguen encontrar un lugar profesional en la ciencia, sino cómo esas pocas lo han conseguido pese a las enormes dificultades que han tenido que afrontar. Las mujeres que lo consiguen lo hacen porque son con frecuencia mejores que sus equivalentes masculinos, y, probablemente, porque han trabajado más horas y han hecho más sacrificios que ellos al tener que combinar lo profesional con lo personal. Pero nadie tendría que verse obligado a elegir entre la vida personal y el trabajo, y las mujeres investigadoras son sometidas a esta disyuntiva todo el tiempo. De hecho, la principal queja de las mujeres en ciencia es una y otra vez la absoluta falta de conciliación entre la vida laboral y familiar. Todo parece hecho a medida para dejarlas atrás.

Las cifras muestran que hay pocas mujeres en ciencia y hay varias circunstancias que lo explican y comienzan desde la más tierna infancia. Las niñas con sólo 6 años se sienten menos brillantes y más incapaces de destacar en los campos de la ciencia y la tecnología. Según apunta el informe PISA, los padres tienen menos expectativas puestas en ellas e incluso se ha demostrado que los docentes las evalúan peor en las asignaturas científicas y técnicas. A esto se suma el llamado efecto Matilda, que no es más que la invisibilización de la labor de las mujeres científicas a lo largo de la historia, y que hace que las niñas carezcan de referentes relevantes en los que buscar inspiración.

Los gobiernos se obsesionan con alimentar las vocaciones de las niñas: dar charlas en los institutos, ir a los colegios a hablar de ciencia, mostrar la labor de científicas ignoradas por la historia, etc… El presidente Sánchez anunció el pasado año una medida para favorecer que las jóvenes accedieran a los STEM (estudios universitarios científico-tecnológicos): ofrecer el primer año de carrera gratuito. Pero ¿para qué? Las estadísticas demuestran que las chicas que quieren estudiar ciencias no tienen grandes problemas para acceder a estudios superiores, y más desde que existen becas; no es una cuestión monetaria. El problema es encontrar salidas laborales a las carreras científicas, no entradas. ¿De qué sirve que haya más jóvenes que estudian carreras técnicas si una vez terminada una licenciatura o un doctorado ya no hay trabajo para ellas? Las chicas jóvenes miran con lupa qué trabajo les va a permitir hacer una carrera profesional compatible con la vida, ninguna quiere una que les robe su juventud, sus energías y sus ilusiones para no llegar finalmente a nada. Y lo que ven las jóvenes y no tan jóvenes es que aunque se licencien con nota y se doctoren cum laude, nunca es suficiente. Los trabajos estables y de calidad son para sus compañeros varones.

¿Pero es solamente por su menor presencia en las carreras más técnicas que las mujeres están infrarrepresentadas en el sistema científico? ¿Cambiaría la situación en caso de que hubiera más mujeres que estudiaran dichas carreras? El hecho es que ya hay otras carreras científicas en las que las mujeres son mayoría de licenciadas y tienen mejores expedientes académicos. Sin embargo estadísticas del CSIC demuestran, año tras año, que llegado un cierto nivel profesional, concretamente a partir del período postdoctoral, las mujeres van desapareciendo (y abandonando) y los hombres copan la mayoría de puestos de responsabilidad. Se genera lo que las especialistas llaman un gráfico de tijera, que el resto de mortales conocemos como techo de cristal: no acceden por ser mujeres, sin más. Y no es una exageración; un conocido estudio realizado en Princeton y publicado en la prestigiosa revista PNAS demostró que el mismo currículo es evaluado muy inferiormente por el simple hecho de llevar nombre de mujer; es conocido como el caso Jennifer y John. Otros estudios similares concluyeron exactamente lo mismo. Desafortunadamente, las mujeres que evalúan se comportan igual que sus compañeros varones y no parecen muy dispuestas a dar oportunidades.

Alimentar vocaciones en las niñas es, por tanto, puro postureo: si luego les vamos a negar un trabajo y a la hora de la verdad las mujeres se quedan fuera de la carrera científica u ocupan lugares secundarios dentro de ella, no vamos a convencerlas de que la ciencia es un campo profesional con futuro, más aún si los referentes de éxito continúan siendo figuras masculinas. Estas políticas resultarían alentadoras si se hiciera un esfuerzo paralelo en promover políticas de empleo que no discriminen mujeres, en particular su acceso a altos cargos. Si las niñas ven que, con idénticos estudios, papá es científico y mamá es técnico de laboratorio, tendrán la sensación de que como científicas no van a llegar muy lejos.

Hay campos técnicos especialmente adversos para las mujeres. Comentaba una estudiante de ingeniería en la Universidad Politécnica de Madrid que su profesor les espetó directamente en sus narices que esa carrera no es para mujeres y que ella no iba a aprobar su asignatura. Esos exabruptos machistas son el día a día de las mujeres en la universidad. Algunas lo aguantarán todo por su vocación y seguirán adelante; a otras les parecerá que claramente no merece la pena el triple esfuerzo y la humillación. Pero además de esas situaciones claramente discriminatorias, hay todo un rango de situaciones difíciles de clasificar que van tejiendo una red casi invisible a las cual las niñas y las mujeres se van enfrentando al largo de su vida. No hay más que comprobar cómo las mujeres se ven abocadas a menudo a cubrir los roles más administrativos o relacionados con la enseñanza porque se considera que son buenas secretarias, organizadoras o maestras. Por ejemplo, en las reuniones es mucho más común que una mujer (no importa el cargo) sea la que toma notas.

Este tipo de situaciones de desigualdad sistémica son probablemente las que alimentan el síndrome del impostor que, aunque no es exclusivo de ellas, se comporta como una plaga entre las mujeres: frente a la aparente seguridad, la frecuente soberbia y la competitividad masculina (los hombres, al contrario que las mujeres, tienden a exagerar sus capacidades, e incluso a ocultar sus inseguridades) la mujer se siente inferior, siente que no merece el lugar que ocupa. Este es un punto central: ¿no sería la ciencia de mejor calidad si todos los científicos tuvieran mayor capacidad de auto-crítica?, ¿si fueran capaces de revisar sus datos una y otra vez, para llegar a conclusiones con parsimonia y contemplando todas las posibilidades? Aparentemente estas son características más femeninas que masculinas. Entonces, no estaría de más que adaptáramos las formas de evaluación de la ciencia para que estas actitudes, y las personas que las incorporan, fueran bien evaluadas.

¿Por qué no dejamos de echarle la culpa a las niñas de que no se interesen por la ciencia? ¿Por qué no se deja de acusar a las mujeres científicas de que no se esfuerzan lo suficiente, o de que no tienen bastante vocación? ¿Por qué no empezamos a preguntarles a los responsables de las instituciones cómo es que las mujeres presentan mejores expedientes académicos que sus compañeros masculinos y sin embargo no acceden con igualdad a los puestos relevantes? ¿Por qué no empezamos a pedir explicaciones de por qué tener familia destruye la carrera profesional de las mujeres mientras que impulsa la de los hombres? Los científicos somos muy sensibles a las evidencias; pero a veces estas evidencias no se quieren ver. Si no, ya habría una política de cuotas y de conciliación eficiente para la carrera científica.

No parece que en general los hombres en la academia, y siempre hay excepciones para todo, estén haciendo grandes esfuerzos por cambiar todo esto. Francamente, están imbuidos en su dinámica de alta competición, y una dinámica así no da para pensar en nada más que en “sálvese quien pueda”. Quieran o no, los identifiquen o no, los hombres gozan de ciertos privilegios por el simple hecho de ser hombres. A las mujeres les resulta difícil acceder a la competición académica y además cuando compiten sus esfuerzos no se reconocen fácilmente. Las instituciones no se han dignado todavía a reconocer el mérito de tantas científicas olvidadas. Entre losNobel ignorados hay flagrantes olvidos de mujeres. La academia sueca no le va a conceder a Rosalind Franklin, por ejemplo, el Nobel que merece, ni siquiera a título póstumo.

Es de una gran hipocresía insistir en crear vocaciones en las niñas y animar a las jóvenes a estudiar carreras de ciencias. Es un engaño estimular a las jóvenes licenciadas a iniciar una carrera profesional en la ciencia, o a las doctoras a viajar por el mundo para completar su formación, cuando al final no van a entrar en los mejores puestos. A pesar de todo, muchas mujeres harán el esfuerzo, esa es la enorme dimensión de su vocación.

Que haya algunas mujeres que consigan un puesto relevante en el mundo académico, bien sea comportándose igual que los hombres, o por su enorme sacrificio, o por un afortunado golpe de suerte, o por su extraordinario talento… solo demuestra que las mujeres tienen que poner mucho más de sí mismas que sus compañeros para llegar al mismo sitio. Son tantas las barreras y tan grueso el techo de cristal que una gran parte de las mujeres que entran en ciencia se rinde y el sistema se perpetúa. El sistema es patriarcal y tóxico, no nos sorprendamos entonces de sus resultados. Tendremos que aplicar fórmulas distintas si queremos que el producto cambie; no podemos ni debemos perder la esperanza. Como decía Einstein: “Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes”.

“…it was the spring of hope, it was the winter of despair,

we had everything before us, we had nothing before us,

we were all going direct to Heaven, we were all going direct the other way ...“

Apertura de Historia de Dos Ciudades (Charles Dickens, 1859)

En nuestroartículo de la semana pasada resumíamos sucintamente los brutales ataques y recortes que ha sufrido la ciencia y la educación superior desde la llegada del Gobierno Bolsonaro a Brasil. Sin embargo, no todo son sombras en este tiempo oscuro. Como expresa muy bien la referencia a la “filosofía de los opuestos” de Heráclito con la que abre Dickens su “Historia de dos Ciudades”, tenemos más claridad –aunque no necesariamente más bienestar o beneficio– cuando estamos expuestos a grandes contrastes, cuando nos asomamos aterrados al peor de los mundos. De manera similar a los éxitos electorales de Trump, el Brexit o Vox, el Gobierno de Bolsonaro ha sacado a la luz lo peor de la sociedad brasileña, legitimando y exponiendo la actitud egoísta y depredadora, las opiniones absurdas y los prejuicios dogmáticos de muchas personas cuya ignorancia permanecía oculta bajo un conveniente silencio. Actitudes y opiniones a las que no somos ajenos en nuestro país y que también amenazan con colarse en nuestras instituciones.

La exposición pública de personas y actitudes contrarias a la realidad permite entender la dimensión de los problemas culturales y educativos, e incluso de civismo, de la sociedad brasileña. Es particularmente grave el alarmante aumento de los casos de racismo, homofobia, feminicidio, asesinato de líderes indígenas y sociales, y la desmesurada agresividad contra quien es u opina diferente. En el caso particular de la ciencia, esta crisis moral ha puesto en evidencia el grado preocupante de implantación de algunas falacias anticientíficas en la población brasileña. No se trata tan solo de que las iglesias evangélicas brasileñas hablen abiertamente de creacionismo, una negación fundamental de los principios básicos de la biología cuyo afianzamiento social parecía pequeño y anecdótico, especialmente tras la aceptación de la evolución darwiniana para explicar el origen del hombre por parte del Vaticano. Ahora sabemos que el 7% de los brasileños cree que la Tierra es plana, algo que nadie se imaginaba hace tan sólo dos años. Recordemos que la astronomía helenística de Eratóstenes estableció la esfericidad de la Tierra como un dato físico ya en el siglo III a. C., un hecho que se corroboró de forma práctica gracias a la expedición de circunnavegación del mundo de Magallanes y Elcano (1519−1523).

Desgraciadamente, el sector más reaccionario del gobierno Bolsonaro no solo promueve el negacionismo y la pseudociencia a través de noticias falsas por las redes sociales. El propio Ministerio de Educación y Cultura promueve el “revisionismo histórico” de Olavo de Carvalho y sus seguidores. El último capítulo de la crisis institucional en este ministerio tuvo lugar hace muy poco, con ladesignación de Benedito Aguiar como presidente de la agencia de apoyo a la investigación y estudios de postgrado más importante de Brasil (CAPES). Benedito Aguiar, exrector de la Universidad Presbiteriana Mackenzie, es un ingeniero eléctrico de confesión evangelista, y ferviente defensor de la enseñanza de la “teoría” del diseño inteligente (una versión pseudocientífica del creacionismo) al mismo nivel o por encima del de la teoría evolutiva. Literalmente, han puesto a un lobo supersticioso y agresivamente ignorante a cuidar de la investigación y formación avanzada que hacen los corderos.

Quizás sea pecar de optimistas, pero es posible que ser consciente de todos estos problemas pueda ser parte del inicio del “mejor de los tiempos”. Parafraseando al Arte de la Guerra de Sun Tzu, o de la interpretación que de él hacen Rage Against the Machine, conocer a tu enemigo es el principio para derrotarlo. Y ver las orejas al lobo también proporciona una motivación muy importante para plantarle cara y enseñarle los dientes, una actitud que puede no ser natural entre la apacible comunidad académica, pero que quizás sea el único camino para escapar a un futuro distópico. Un buen ejemplo de este cambio de paradigma en la reactividad social de los científicos lo ha dado la fuerte reacción de la comunidad académica contra el nombramiento de Benedito Aguiar, que ha generado una gran exposición mediática del problema de la enseñanza del creacionismo en la prensa no especializada.

Después de un año de gobierno ultraconservador ya hay pequeños logros interesantes y esperanzadores. Existen algunos movimientos que demuestran que muchos brasileños entienden la época oscura en la que se adentra su país y están dispuestos a luchar contra lo absurdo. En términos políticos y sociales, algunas (aunque pocas) acciones del Congreso Nacional y el Poder Judicial han contrarrestado la agenda ultra del gobierno de Bolsonaro. Esto demuestra que a pesar de su cooperación en el golpe de estado contra Dilma Rousseff –como reconoció el propio presidente Temer, estas instituciones todavía merecen algo de confianza. Y por lo tanto, Brasil continúa siendo un Estado razonablemente democrático, o al menos esperamos que continúe siéndolo hasta las próximas elecciones.

Entre las acciones más destacables de la comunidad científica está la actitud y coraje de Ricardo Galvão, ex director del INPE y profesor de la Universidad de São Paulo (USP), por su defensa de los datos científicos que muestran el alarmante problema de la quema en el Amazonas frente a las presiones del presidente Bolsonaro y su ministro de Medio Ambiente, Ricardo Sales. Su denuncia le ha valido la nominación como uno de los científicos más importantes de 2019 por Nature, pero también sudestitución y reemplazo por D.P. Damião, un militar especializado en aeronáutica que, podemos estar seguros, no discrepará con el gobierno en su ninguneo de la escala y efectos de la deforestación en el Amazonas.

También se ha establecido una serie de movimientos en defensa de las universidades y la educación en todo Brasil desde principios de 2019. Los profesores, estudiantes e investigadores han salido a las calles y están utilizando las redes sociales y otros medios para mostrar los resultados de su trabajo de investigación, concienciando a la sociedad de la importancia de la ciencia y la universidad pública. Al mismo tiempo, las principales sociedades científicas de Brasil, especialmente la Academia Brasileña de Ciencias (ABC) y la Sociedad Brasileña para el Avance de la Ciencia (SBPC), han hecho una importante campaña de sensibilización y presión en el Congreso Nacional, en un intento de garantizar los recursos financieros necesarios para finalizar 2019 y frenar los recortes presupuestarios previstos para 2020 (ver por ejemplo aquí y aquí). Aun es pronto para saber cuánto éxito va a tener esta estrategia de presión sobre el poder legislativo, pero es de esperar que la movilización y el compromiso sigan creciendo si los recortes no remiten.

En resumen, tras el “invierno de desesperación” de un año negro de recortes, acoso y ataques directos por parte de las fuerzas ultraconservadoras en el poder, la comunidad científica brasileña no solo está en alerta, sino que es plenamente consciente de su precaria situación, y se está empezando a organizar. Se ha roto la visión idealizada, ingenua y, quizás, autocomplaciente de que la sociedad brasileña entendía el papel de la ciencia y la tecnología, incluso sin conocer los detalles de lo que se hace en la Universidad en la vida cotidiana. Este año ha arrojado un auténtico jarro de agua fría que ha permitido ver claramente que hay fuerzas muy poderosas trabajando y cultivando la ignorancia de la población brasileña. Lamentablemente, esas fuerzas no sólo se extienden al calor de las supersticiones evangelistas por América de norte a sur; también hacen estragos en Europa, al calor de supersticiones similares, provocando el auge de partidos populistas y el resurgir de idearios anticientíficos que creíamos ya ampliamente superados.

Es el momento de tomar lo mejor de la tradición científica de observación de la realidad y reflexión acerca de los procesos subyacentes y utilizar los ataques a la ciencia brasileña para comprender mejor la naturaleza y extensión real de las amenazas que se ciernen sobre el sistema científico y el librepensamiento en todos los países afectados por este nuevo auge de la ultraderecha anticientífica. Es tiempo de reivindicar, frente al nacionalismo de la ignorancia, el internacionalismo del conocimiento y la cultura. Frente al objetivo del Gobierno Bolsonaro de desmantelar el sistema de investigación y educación superior, es necesario que los científicos brasileños tomen con fuerza la iniciativa frente a la sociedad, planteando cómo se podrían mejorar las instituciones académicas del Brasil. Para ello, es imprescindible aprovechar el efecto indirecto que estos ataques están teniendo sobre los científicos y docentes: la creación entre ellos de un mayor sentido de unión y pertenencia a un elemento esencial para la sociedad moderna que ahora está súbitamente en peligro. También cabe preguntarse críticamente si la universidad está cumpliendo con su tarea de mejorar continuamente tanto la investigación que realiza como la educación superior que imparte, o puede mejorar su desempeño.

Frente a los escándalos crecientes que involucran a Bolsonaro y sus ministros en escándalos de corrupción 'sin complejos', es necesario trabajar para que, en 2020, la primavera caiga del lado de la esperanza.

La ciencia brasileña se encuentra en uno de sus peores momentos. Las posiciones frecuentemente incomprensibles del presidente Bolsonaro auguraban cambios drásticos en 2019 . El gobierno ultraconservador ha mostrado una capacidad inesperada de infligir grandes daños al sistema científico y académico del país, y de infligirlos en muy poco tiempo y en muchas áreas diferentes. Sería tedioso enumerar todas las declaraciones, decisiones y políticas reaccionarias del primer año del gobierno de Bolsonaro, pero presentaremos una síntesis de sus acciones sobre los servicios públicos de investigación en general, y en concreto sobre aspectos relacionados con el sistema de universidades públicas federales, la financiación de la investigación y la formación de postgrado. Una síntesis que nos permitirá observar los paralelismos con las políticas de otros gobiernos neoconservadores como los de Trump, Orban o Putin, y las que promueve en nuestro país el tándem Abascal-Casado.

La política neoliberal del gobierno de Bolsonaro, reforzada por sus correligionarios en los gobiernos de cerca de la mitad de los estados brasileños, afecta directamente a los funcionarios públicos de varias maneras. En primer lugar, hay una campaña activa de desmoralización y acoso contra los servidores públicos en todas las esferas de la administración pública. Esta campaña utiliza datos parciales, engañosos e incluso falsos para difundir que hay demasiados servidores públicos y que estos tienen salarios muy elevados, presentándolos como un grupo de privilegiados con bajo rendimiento profesional que hacen que el sistema público sea extremadamente ineficiente, llevando al colapso de las cuentas públicas.

Esta campaña está siendo utilizada por el gobierno brasileño para legitimar ante la sociedad la suspensión de nuevos concursos públicos, recortar los derechos y beneficios de los funcionarios en activo, y desmoralizarlos hasta el punto de conseguir que renuncien a defender sus derechos, a ejercer la libertad de cátedra o a replicar con evidencias a la cascada continuada de 'fake news' y pseudoverdades. Aunque en Brasil los funcionarios públicos están mejor pagados que en España –en relación al salario medio de cada país-, estas afirmaciones son, en la forma en la que se presentan, abiertamente falsas.

Tras estos ataques hay una discusión económica y social más profunda sobre el gasto público y el tamaño del estado, cuál es la cantidad idónea de servidores públicos y cuál debe ser su eficiencia. Esta podría ser una discusión importante para la economía brasileña, en la que el análisis del funcionamiento de las administraciones federales y estatales en el pasado y en la actualidad por economistas, sociólogos y politólogos permitiría identificar qué tramo dentro del gradiente de incremento del gasto público conduciría a un mayor desarrollo y bienestar de la población de manera más eficiente.

Teóricamente, quizás sea posible que una sociedad ideal formada por ciudadanos altamente preparados y que se rijan por un elevado código moral pueda controlar la codicia inherente al capitalismo y funcionar de manera eficiente con un estado de pequeño tamaño, bajos impuestos y poco control macroeconómico. Sin embargo, Brasil tiene todavía una estructura económica claramente postcolonial, muy dependiente del sector primario y organizado alrededor de un puñado de grandes propietarios, unas clases medias acomodadas relativamente pequeñas, grandes sectores de la población con bajos niveles educativos y rentas bajas, e importantes bolsas de pobreza. No olvidemos que el gran logro de los gobiernos de Lula da Silva fue elevar por encima del umbral de la pobreza a alrededor de 30 millones de brasileños.

Pero el gobierno Bolsonaro no está planteando un debate acerca de cuál sería la configuración más adecuada de un estado federal que controle los vaivenes del mercado y garantice la justicia social teniendo en cuenta las particularidades de Brasil dentro de los límites de una economía global fundamentalmente capitalista. En lugar de afrontar esta discusión de manera seria y profunda, a partir de información y análisis comparativos honestos, el núcleo duro del gobierno ultraconservador brasileño ha puesto su empeño en una campaña sistemática de ataques y desmoralización de los funcionarios públicos.

La universidad pública en general, y el sistema federal de educación superior en particular, han sufrido una sucesión de feroces recortes desde el comienzo del gobierno de Bolsonaro. Este sistema público ya arrastraba una situación de precariedad creciente, con recortes y suspensión del salario de profesores que comenzaron durante los gobiernos progresistas de Dilma Rouseff, y que dieron lugar a grandes movilizaciones. Esa precarización dio paso, con la llegada de Bolsonaro, a una política de desmantelamiento planificado, ejecutado desde el propio Ministerio de Educación, al que pertenecen las universidades federales y del que dependen sus presupuestos. Estos ataques están afectando directamente al funcionamiento de las universidades, con recortes y paralización de recursos básicos en gastos como energía, agua, limpieza, seguridad, transporte, etc. Pero también afectan indirectamente a sus profesores y alumnos a través de una intensa campaña de difamación.

Los ataques se intensificaron aún más con la toma de posesión del nuevo ministro de educación en abril de 2019. Abraham Weintraub, un economista proveniente del sector financiero y conocido por su afición a los tweets incendiarios, comenzó su mandato con un recorte del 30% de los recursos destinados a las universidades federales – que, según él, promueven la “balburdia” (alboroto, confusión) en sus campus. Su campaña de difamación alcanzó el punto álgido (hasta la fecha) a final de 2019, cuando declaró en la televisión y redes sociales que las universidades federales tienen extensas plantaciones de marihuana y laboratorios de química involucrados en la producción de drogas – una afirmación que reiteró en una audiencia pública en el Congreso Nacional y que le ha hecho acreedor de demandas por parte la Asociación de Directores de las Instituciones Federales de Educación Superior y otras instituciones.

Los ataques del ministro Weintraub buscan criminalizar la fuerte respuesta de la comunidad educativa ante la sucesión de brutales recortes (especialmente la reducción del 42% del presupuesto del ministerio, el más bajo de los últimos 14 años ya antes de aplicarle ese recorte), que representaban las primeras grandes movilizaciones contra el gobierno de Bolsonaro. El carácter autoritario del ministro quedó claro cuando, el 30 de mayo, alentó denuncias contra “los profesores, funcionarios, alumnos, padres y responsables que divulgaran y promocionaran protestas dentro de escuelas y facultades”. Lejos de corregirle o llamarle al orden, el propio presidente Bolsonaro calificó como “idiotas útiles” a los manifestantes dos semanas después, durante una visita a EE.UU.

El objetivo último es, según sus propias declaraciones, reducir el gasto público y desmantelar el sistema federal de educación superior. Según el ministro, el sistema de universidades federales es “costoso e ineficiente”. Eso a pesar de su elevada calidad, sobre todo en comparación con el sistema privado de educación superior brasileño, y su hegemonía en la práctica en términos de la investigación científica que se realiza en Brasil. De hecho, la investigación científica en el país y la capacitación de recursos humanos altamente cualificados a nivel de master y doctorado se realiza casi exclusivamente en universidades públicas.

¿Cómo propone el gobierno mantener el nivel formativo e investigador del país con menos de la mitad de los recursos públicos destinados a financiarlos? La solución del gobierno de Bolsonaro ha sido el programa Future-up, dedicado a “...promover una mayor autonomía financiera en las universidades e institutos federales, por medio del incentivo a la captación de recursos propios y al emprendimiento”. Un programa que muchos expertos consideran mal enfocado, y que ha sido fuertemente criticado por la gran mayoría de la comunidad académica. Es interesante señalar los paralelismos con la política de I+D+i de los gobiernos de Rajoy, con Wert al frente del Ministerio de Educación: los ambiciosos objetivos de sustituir la inversión pública por inversión privada entre 2013 y 2020 se quedaron en nada, y los fuertes recortes en la primera no solo no fueron compensados por la segunda, sino que la arrastraron a descensos aún más pronunciados – dejando al sistema científico en la situación de colapso actual.

Mientras tanto, las iniciativas científicas a largo plazo se priorizan exclusivamente en función de los intereses geopolíticos o macroeconómicos del país, como ha ocurrido con la reciente renovación de la financiación para la nueva base Antártica brasileña. Subyacente tanto a estas prioridades como a los ataques descritos hay un fuerte componente ideológico liderado por el “gurú” intelectual del gobierno de Bolsonaro, Olavo de Carvalho. De Carvalho ha declarado, por ejemplo, que la ultraderecha ha logrado el poder en Brasil, “pero no domina la estructura cultural”, por lo que el siguiente paso del proceso debe ser “conquistar las universidades y el pensamiento”, lograr la “hegemonía cultural” y “acabar” con la “dictadura mediática” dominada por la izquierda.

Y la cosa no acaba aquí. En paralelo al desmantelamiento y la persecución de las universidades, el gobierno de Bolsonaro está atacando también a las principales instituciones de apoyo a la investigación en Brasil – especialmente CNPq y CAPES, que se ocupan de financiar, respectivamente, la investigación y la formación de postgrado. De nuevo, mediante fuertes recortes económicos y paralizando ejecuciones presupuestarias y de becas que afectan a miles de estudiantes. Y, lo que es todavía más preocupante, introduciendo una serie de medidas, como las repetidas amenazas de fusión entre CNPq y CAPES, que no persiguen ninguna mejora de gestión y sólo buscan desmantelar la estructura actual, reducir el presupuesto total de investigación y, en definitiva, promover la inestabilidad y la falta de confianza en el sistema. La contestación a estas reformas ha llevado a la destitución de Anderson Correia como presidente de CAPES tras un año de mandato. Pero en lugar de enmendar la plana, el ministro Weintraub ha colocado al frente de la institución a Aguiar Neto, un rector evangélico defensor de la enseñanza del creacionismo en lugar de la teoría evolutiva.

Esta situación está llevando a una gran cantidad de académicos brasileños a tomar el camino del exilio para continuar con su investigación, con la esperanza de que sea un paréntesis temporal hasta que la situación mejore con un nuevo gobierno. Aunque enraizada en las carencias históricas del sistema académico y de I+D del país, en la crisis económica de los últimos años y en un lustro de recortes presupuestarios a la investigación, el primer año del gobierno Bolsonaro podría estar disparado esta fuga de cerebros. Una vez más, las analogías con las peores fases de la crisis del sistema español de I+D son espeluznantes. La fuga de cerebros en nuestro país (que ha bajado de ritmo en la actualidad pero que no ha llegado a desaparecer ni mucho menos) llenó de titulares y preocupación a la comunidad científica internacional y a la sociedad española en su conjunto.

Si juntamos este panorama con los constantes ataques negacionistas de la evidencia científica del gobierno Bolsonaro en temas como salud, sexualidad, cambio climático o conservación de la naturaleza, el panorama actual de la ciencia y la educación superior en Brasil es desolador. Tan sólo en el ámbito del gobierno federal, la comunidad académica sufre el acoso prácticamente continuo de los ministros de Economía, Educación, Relaciones Exteriores, Medio Ambiente, Agricultura, y Mujer, Familia y Derechos Humanos, al que se suma el propio Presidente de la República. Un ensañamiento con la ciencia y la cultura que solo amaina puntualmente con la sustitución del secretario de cultura por sus claras tendencias pro-nazis. No es difícil imaginar que el camino de ideologización cultural que iniciaría la imposición del pin parental en las comunidades gobernadas por las políticas de Vox en nuestro país desemboque en el fomento de ideas contrarias a la evidencia científica.

Dentro de esta coyuntura, el papel del Ministro de Ciencia y Tecnología (+ Innovación y Comunicación), el exastronauta Marcos Pontes, resulta contradictorio. Por un lado, no participa en el juego del acoso, las noticias falsas y las declaraciones absurdas; por otro, sin embargo, resulta difícil entender cómo alguien con un mínimo de conocimiento científico puede convivir con semejantes compañeros en el Consejo de Ministros. Algunas fuentes sugieren que el sistema de I+D brasileño aún no se ha derrumbado por completo porque el ministro ha sido capaz de defender la importancia de la ciencia y la tecnología a puerta cerrada. Sin embargo, y a falta de más datos, casos como el de la destitución de Ricardo Galvão como director del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) por divulgar datos sobre la deforestación en la Amazonia, colocando un militar en su lugar, indican que las políticas dictadas por el ministro Pontes van a seguir las líneas fundamentales de sus compañeros del gobierno, alejándose de la gestión basada en datos y evidencias.

La crisis económica de Brasil que comenzó en 2015 se ha utilizado para justificar la demonización del servicio público y el acoso y derribo de las instituciones académicas a través de recortes presupuestarios de universidades y agencias de financiación de la investigación. Sin embargo, las actuaciones y declaraciones del gobierno de Bolsonaro dejan claro que tan sólo una pequeña parte de los problemas que está experimentando la ciencia brasileña se deben al ciclo económico desfavorable. El problema más grave al que se enfrenta es la adopción, por parte del gobierno brasileño, de una visión claramente ultraconservadora, anticuada, anticientífica y antieducativa. Una visión incompatible con la educación y la ciencia modernas, que acabará lastrando gravemente tanto el desarrollo económico y social de Brasil como el bienestar de su población.

*Este artículo se ha desarrollado a partir de las ideas de un post publicado el 27 de Diciembre de 2019 por José Alexandre F. Diniz-Filho en su blog “Ciência, Universidade e outras ideias” (https://www.blogalexdiniz.com/)

Es algo bien aceptado que los alimentos se asimilan de forma distinta por cada individuo, y que esa asimilación diferente depende, al menos en parte, de los genes de cada uno. Esto es precisamente lo que estudia la nutrigenética. Lo mismo ocurre con los distintos fármacos, cuya eficiencia depende de nuestras variantes genéticas individuales y propias, tal como estudia la farmacogenética. En esta idea está el origen de la llamada “dieta del ADN”, que, a diferencia de la dieta proteica o la dieta de las manzanas, no consiste en comer mucho ADN. El nombre no es muy afortunado, porque todos los seres vivos estamos llenos de ADN y no podemos separar esta molécula del resto de nutrientes en los alimentos; esta dieta no implica por tanto ningún aporte extra de ADN. La mal llamada “dieta del ADN” presume de utilizar la nutrigenética para predecir cómo vamos a responder a los distintos nutrientes y elementos de nuestra comida partiendo del estudio de nuestra genética particular. Con esa información, nos aconsejan la dieta más adecuada para perder peso o para mantenernos en forma, nos descubre intolerancias alimentarias y nos aproxima, en resumen, a una presunta dieta ideal. La “dieta del ADN” no es un proceso, es un producto: una compañía ofrece un test genético con el que diseña una “dieta personalizada”.

Cuando buscamos un servicio de test genético para nuestra dieta, encontramos algunas cosas que despiertan sospecha. Una muy llamativa es que las compañías no especifican los detalles del método de análisis (genotipado) que utilizan; en su mayoría, no especifican cuántas ni qué variantes del ADN consideran para conformar el consejo genético y engloban los factores analizados en paquetes como “metabolismo de las grasas” o “necesidades particulares de nutrientes”. El resto entra, se supone, dentro del secreto comercial. Cada compañía diseña su test o su particular interpretación de un mismo test. Es importante destacar que las decisiones sobre los genes analizados y las variantes del ADN consideradas no proceden, en su amplia mayoría, del conocimiento generado por investigaciones propias, sino del conocimiento científico producido en instituciones públicas y financiadas con fondos públicos.

La nutrigenética funciona, esto nadie puede dudarlo. Un buen ejemplo es la enfermedad celíaca. Ciertas variantes de los genes del conocido como complejo mayor de histocompatibilidad HLA-DQ provocan esta enfermedad. La celiaquía consiste en la intolerancia inmunológica al gluten, lo cual altera la absorción de vitaminas, minerales y muchos nutrientes contenidos en los alimentos, con nefastas consecuencias para la salud. La celiaquía trastorna significativamente la dieta y la vida de sus portadores, puede presentar distintos grados e incluso pasar temporalmente desapercibida, pero es relativamente sencilla de determinar genéticamente, como hace la sanidad pública.

La nutrigenética tiene un desafío difícil de resolver con la diabetes. Un importante factor de riesgo genético para la diabetes tipo I se encuentra, de nuevo, en el complejo de histocompatibilidad, principalmente en el gen HLA-DR: las variantes 3 y 4 nos hacen propensos, mientras que la variable 2 nos protege contra la enfermedad; estas variantes se combinan dos a dos generando múltiples combinaciones. Los genes HLA-DR se encuentran además influenciados positiva y negativamente por las variantes genéticas de los genes HLA-DQ que, como hemos mencionado, se relacionan con la aparición de la celiaquía. Con esta interacción, la ecuación empieza a complicarse, ya que incluye demasiadas incógnitas. Determinar genéticamente la presencia de diabetes tipo I no es posible, se puede calcular una probabilidad o un factor de riesgo, pero la aparición de diabetes tipo I depende mucho del ambiente y los hábitos alimenticios y no sólo de la genética. De hecho, incluso en caso de gemelos idénticos, puede ocurrir que uno desarrolle diabetes y el otro no. En el caso de la diabetes tipo II, se complica todo aún más, ya que puede estar originada por variaciones en genes muy distintos, con un resultado muy similar, por lo que su diagnóstico genético no es viable en la práctica.

La investigación médica de calidad pone de manifiesto que lo que la nutrigenética puede resolver hoy en día es mucho menos de lo que se anuncia por sectores interesados en hacer de ella un negocio. Para contribuir a entender cómo la genética afecta a la capacidad de las personas de perder peso, el proyecto DIETFITS, que arrancó en 2017, se impuso un objetivo muy ambicioso: estudiar la capacidad de distintos grupos genéticos de perder peso con una dieta baja en grasas o baja en hidratos de carbono. Los participantes fueron agrupados con criterios genéticos y para determinar el genotipo de cada participante se utilizó un sistema comercial (UK Biobank Axiom® Array) que analiza de una vez 820.967 posiciones variables conocidas en el ADN humano, cubriendo desde los genes HLA hasta marcadores de ascendencia neandertal. A distintos “grupos genéticos” se les asignaron distintas dietas para analizar si respondían de forma diferente a ellas. Se realizó un control exhaustivo de cada uno de los 609 participantes. Variables metabólicas, bioquímicas y fisiológicas se determinaron junto a la dieta y la actividad física y se reunió una cantidad masiva de datos. El estudio se anunció a bombo y platillo en la literatura científica de impacto. Un año después, en 2018, se publicaron en importantes revistas los primeros resultados, que fueron negativos: los genotipos analizados hasta el momento no resultaron tener la respuesta esperada a las dietas ensayadas. Nos imaginamos a los analistas de datos volviéndose locos para poder interpretar toda esa información, poder encontrar los factores y las interacciones que influyen en estos caracteres tan complejos, buscando las componentes genéticas principales que pudieran explicar por qué un individuo tiene un metabolismo tan diferente a otro. Parece que este objetivo no es posible sencillamente porque la mayoría de las variantes genéticas tienen un efecto pequeño. Es decir, hay una variabilidad genética en la población que explica una parte de la variabilidad fisiológica y metabólica entre las personas, pero no tenemos conocimientos suficientes ni herramientas disponibles para poder interpretar de forma correcta cómo interacciona esta variabilidad genética con el ambiente.

Nos guste o no, las particularidades metabólicas de las personas no son fáciles de determinar desde la genética. La mayoría de los caracteres o rasgos que definen a un ser vivo son continuos (como la altura o el peso, en oposición al factor Rh de la sangre que solo puede tomar dos valores, positivo o negativo, según esté o no presente una proteína en los glóbulos rojos) pero sobre todo son poligénicos, es decir, el valor del rasgo depende de la combinación de variantes en muchos genes. A lo que se suma el efecto del ambiente (alimentación, actividad física, etc…), que contribuye a enmascarar esa variabilidad genética heredada. La hipótesis de los factores múltiples de Bateson y Yule, uno de los teoremas clásicos de la genética cuantitativa, predice que los caracteres poligénicos son controlados por infinidad de genes, cada uno con un efecto muy pequeño sobre el carácter. La hipótesis de Bateson y Yule explica cómo se comportan y heredan estos caracteres y por qué es tan complicado dar con las variantes genéticas concretas responsables de aspectos complejos como nuestro peso, nuestra capacidad de adelgazar, de digerir grasas y tantos aspectos de nuestra salud en general.

Una rara excepción de un gen con efecto considerable en un rasgo poligénico importante aquí como la obesidad, es AMY1. Se ha descubierto que este gen favorece el metabolismo de los carbohidratos: las personas con más copias de AMY1 queman azúcares de forma más eficiente; los individuos con pocas copias de este gen presentan tendencia a desarrollar obesidad. El distinto número de copias del gen AMY1 se asocia también con un tipo concreto de flora intestinal, lo que introduce un nivel de complejidad extra para la comprensión y gestión de estos fenómenos. Este es uno de los pocos ejemplos de un gen candidato a ser tenido en cuenta por el sistema público de salud: su efecto es considerable y está apoyado por una sólida evidencia científica. Sin embargo, AMY1 no es el único responsable de la quema de azúcares, ni de la ganancia de peso, el carácter es mucho más complejo y nuestro conocimiento es aún fragmentario, aunque prometedor.

En resumen, dado el limitado conocimiento que aún tenemos sobre el funcionamiento de la mayoría de genes en el organismo y sobre el significado de las variantes genéticas presentes en el ADN humano, salvo casos muy contados, no sirve aún de mucho saber si portamos esta o aquella variante en nuestro genoma. Especialmente si consideramos las múltiples, complejas y poco conocidas interacciones entre todas esas variantes entre sí y con el ambiente. Más allá de un puñado de genes de efecto bien definido, parece dudoso que sea posible a día de hoy diseñar una dieta ideal efectiva basada en la nutrigenética.

Pero ya que es un negocio, revisemos los precios de la nutrigenética. Veamos si lo barato sale caro (porque no sirve) o si hay algún número que nos haga reflexionar. Si los análisis genéticos que realizan las compañías fueran tan reveladores y útiles para nuestra salud, por un precio que ronda los 150€, el sistema público podría incorporarlos fácilmente en su rutina. El diagnóstico genético para la celiaquía tiene un coste aproximado en el mercado de 100-150€; es una prueba estándar para determinar la variante genética de uno o dos genes HLA. Aquí ya surge un primer desencuentro ya que analizar uno o dos genes costarían lo mismo que toda una “batería” de genes como se ofrece en estos tests nutrigenéticos. El “bajo precio” de las pruebas genéticas masivas que nos ofrecen las milagrosas “dietas del ADN” solo pude explicarse si las compañías utilizan un test comercial a un precio negociado con el proveedor. Es más que posible que distintas compañías que ofertan sus servicios de “dieta del ADN” utilicen test comerciales muy similares entre ellas (¿quién podría estudiar más de 820.967 variantes genéticas como en el ambicioso proyecto DIETFITS que explicábamos antes sin un abultado presupuesto de investigación?) y lo que nos ofrecen realmente es su interpretación particular de unos resultados crípticos sobre los que elaborar su consejo genético nutricional personalizado. Esta interpretación se basará, en el mejor de los casos, en el conocimiento válido que ya tenemos sobre 20-30 genes (el genoma humano consta de más de 20.000) como por ejemplo AMY1, CYP1A2, FTO, PPARG, FABP2, ADRB2, BDNF, TCF7L2, IRS1, CRY2, MTNR1B, o los complejos HLA y APOE; y el resto se basará realmente en especulaciones mejor o peor fundamentadas. Con el mismo test, otra compañía dedicada a las genealogías nos dirá si tenemos un porcentaje alto de origen normando o norteafricano.

Lo importante con la nutrigenética es saber en qué consiste el servicio que pagamos, si nos proveen de un diagnóstico preciso sobre cómo es nuestro metabolismo y la mejor forma de abordar nuestra dieta, y si nos proporcionan también el resultado neto de nuestro test genético, que podríamos consultar después con otros especialistas. En el caso de proporcionarnos el resultado neto del test genético, podríamos no solo consultarlo con nuestro médico o compararlo por ejemplo con la base de datos Biobank-UK, sino que estaríamos contribuyendo con nuestros resultados compartidos a generar la base de nuevo conocimiento útil y podríamos beneficiarnos de ello cuando vaya emergiendo nueva información sobre otros genes. Pero si esto no es así, si no nos van a dar los datos netos de nuestro test genético, es importante preguntarse qué van a hacer estas compañías con toda esa información que aún no saben interpretar y, sobre todo, es importante preguntarse a quién pertenece.

Como no deja de ser sorprendente un precio tan reducido para un análisis tan complejo, el escepticismo invita a pensar no sólo que el consejo final no va a ser tan personalizado como se promete, sino que el objetivo último pueda ser obtener de esas pruebas beneficios mayores, de otro tipo, basados tanto en nuestra información genética como en la que proporcionemos sobre nuestros hábitos a la hora de hacer el test. Aunque esto pueda caer en el campo de la elucubración, recuerda bastante a aquella máxima de los piratas informáticos: “cuando un producto es gratis, el producto eres tú”. Los 100-300€ podrían, incluso, ser solo un cebo.