Sánchez y los presidentes autonómicos discuten nuevas restricciones acuciados por la subida de ingresos hospitalarios

Pedro Sánchez, durante una conferencia de presidentes semipresencial desde el Senado.

“Vacunación y mascarilla”. Esa ha sido durante semanas la receta del Gobierno ante la sexta ola del coronavirus, que, tras un crecimiento paulatino, ha explotado en los últimos días por la irrupción de la variante ómicron. La fórmula ya no basta tras la sobrecarga evidenciada en la Atención Primaria y la escalada de presión en los hospitales. Pedro Sánchez, a instancias de Iñigo Urkullu, decidió a última hora del viernes convocar a los presidentes autonómicos, pero Moncloa ha evitado hacer una propuesta concreta pública antes de que ellos se pronuncien.

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Y, en las últimas horas, lo han ido haciendo con criterios muy dispares: Catalunya quiere el toque de queda, aunque muchas comunidades lo rechazan y se han quedado en pedir la vuelta de las mascarillas en el exterior e incluso en rechazar nuevas medidas, como Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid o el nuevo consejero de Salud de Castilla y León.  

“Existe un riesgo cierto y real que exige que intensifiquemos nuestras acciones”, afirmó Sánchez en una comparecencia sin preguntas el sábado en Barcelona ante el escenario que se estaba generando. El presidente abogaba por “evaluar nuevas medidas que podamos poner en marcha a lo largo de las próximas semanas”.

Pero el Gobierno ha evitado dar pistas sobre cuáles pueden ser esas decisiones consciente del hartazgo de los ciudadanos tras casi dos años de pandemia. Las restricciones son impopulares y acarrean un coste político. El último documento con medidas que les ha llegado a las comunidades autónomas es un informe de la Ponencia de Alertas sobre “la implementación urgente de medidas para el control de la situación epidemiológica” acordado el 17 de diciembre, sobre el que todo apunta que irá la discusión.

Las propuestas provienen del trabajo de los técnicos del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas y entienden que “a la intensificación de la estrategia vacunal deben añadirse otras medidas no farmacológicas para el control de la transmisión”, según el borrador que ha llegado a las consejerías autonómicas y que podría ser modificado. Es decir, hace falta algo más que vacunas. Incluye reducciones de aforo para la hostelería y el ocio nocturno, adelanto del horario de cierre e, incluso, la suspensión de actividad en interiores de restaurantes y de los locales de noche en los niveles más altos de alerta. También prevé restricciones en eventos multitudinarios y reuniones sociales además de recomendar el teletrabajo para los escenarios con mayor incidencia.

La cita de Sánchez y los presidentes de las comunidades autónomas llega en un momento en el que los hospitales de España están conteniendo la respiración. Lo admite el propio documento de medidas remitido a las comunidades. El “aumento muy importante” de la incidencia “en todo el territorio nacional” empieza a tener repercusiones en los ingresos hospitalarios. También en la Atención Primaria, que no puede atender los casos COVID ni “su actividad habitual” de “manera adecuada”, y en las unidades de Salud Pública, con dificultades para “la detección precoz, el seguimiento de casos y la identificación de contactos”.

Algunos hospitales ya apuntan niveles preocupantes de ocupación en las camas y en las UCI; y en otros, todavía con datos menos graves, ya asoma el temor de que lo que está pasando en el norte se replicará en cuestión de semanas en todo el territorio. En las últimas tres semanas, los ingresos por COVID-19 han ascendido de 3.780 el 29 de noviembre a 7.634 el 21 de diciembre. Se han duplicado en 21 días. Con las camas UCI ha sucedido lo mismo: si había 673 ocupadas a finales de noviembre, la cifra ha ascendido a 1.472.



La cogobernanza

Al acabar en mayo el último estado de alarma, tan costoso de sacar adelante para el Gobierno, y ante los varapalos del Tribunal Constitucional al encaje jurídico que Moncloa le dio a la lucha contra la pandemia, el Ejecutivo optó por dejar en manos de las comunidades autónomas la respuesta una vez que el ritmo de vacunación alcanzó la velocidad de crucero. La denominada cogobernanza.

“Las comunidades tienen las herramientas sanitarias y jurídicas a su alcance para hacer frente a la pandemia”, repiten en Moncloa. ¿Y para qué se convoca a la conferencia de presidentes? “El planteamiento que el Gobierno lleva a esta Conferencia de Presidentes es el trabajo colaborativo, conjunto, de escucha y de compartir la decisión. Las decisiones que surjan serán compartidas deseando el acuerdo en su máxima expresión pero atendiendo a una realidad que es nuestro país como Estado autonómico con competencias muy delegadas en materia sanitaria”, respondió la portavoz, Isabel Rodríguez. La intención es que sean los presidentes autonómicos los que pongan sobre la mesa las iniciativas para hacer frente a la sexta ola, que es la primera que se afronta con la mayor parte de la población vacunada y sin restricciones.



Consenso imposible

Lo cierto es que las comunidades llevan semanas resistiéndose a hacer uso de sus competencias para poner en marcha medidas más severas y han fiado el control de la pandemia al pasaporte COVID; mientras el Ministerio de Sanidad se ha aferrado a las terceras dosis para contener el estallido de contagios y ha encontrado en la inyección de refuerzo una vía para evitar un choque con los territorios. Los intentos por aprobar documentos de consenso para guiar restricciones han sido en vano. El último semáforo COVID, que mide en qué nivel de riesgo está cada territorio, se aprobó hace un mes sin medidas concretas y la Ponencia de Alertas ha alumbrado varios informes con limitaciones –uno de ellos específico sobre Navidad– que han terminado cayendo en saco roto. Hasta este último, el que se pone sobre la mesa de los presidentes autonómicos con los contagios desbocados. La sexta ola ha marcado el récord diario de casos con los 49.823 notificados este martes.

Tanto el Gobierno como las comunidades han asegurado que nada tiene que ver la situación actual con la de hace un año, cuando no había llegado la vacuna. España tenía por estas fechas de 2020 una incidencia de 224 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días, 11.431 pacientes ingresados y, de ellos, 1.944 en Cuidados Intensivos. La tasa de contagios es hoy superior a aquella, pero el impacto hospitalario es bastante menor: con una incidencia de 609 casos, hay 7.501 ingresados y 1.442 en UCI.

A partir de ahí, los posicionamientos respecto a las medidas son muy dispares. Catalunya es la que ha reaccionado con más firmeza al pedir a la Justicia el toque de queda y prohibir los encuentros de más de diez personas. En el lado opuesto al Govern, Isabel Díaz Ayuso apuesta por no hacer nada. “Consideramos que debemos seguir con las mismas políticas. Precaución, vacunación masiva y sin cierres ni más prohibiciones”, expresó en Twitter la presidenta madrileña.

Varios jefes de ejecutivos autonómicos de distinto signo político lo que han reclamado es que haya uniformidad en la respuesta. “Que no haya ninguna autonomía que se las salte”, advirtió el cántabro, Miguel Ángel Revilla. “Estamos cometiendo los mismos errores que hace un año y son 17 formas de afrontar la navidad diferentes, mucho más cuando no hay limitación de movimientos. De poco sirve que en la Región de Murcia pongamos unas restricciones y en Alicante, Albacete o en Almería otras distintas. Lo mínimo que se exige es hacer lo mismo que en el resto de países de Europa, que haya un criterio único”, afirmó el murciano, Fernando López Miras (PP), en El programa de Ana Rosa. “El panorama marca una necesidad de confluir hacia decisiones comunes y podemos mejorar unificando criterios”, aseguró el aragonés, Javier Lambán (PSOE). 

Pero no hay un criterio uniforme sobre qué medidas llevar a cabo. La opción preferida está siendo el pasaporte COVID para acceder a los establecimientos de ocio, cinco presidentes autonómicos han planteado la recuperación de la mascarilla obligatoria en exteriores y algunas, como Canarias, optan por limitar el número de personas en las reuniones sociales. 

La estrategia de lucha contra la pandemia tiene desde el lunes un problema añadido: la campaña electoral en Castilla y León. Después del éxito de Ayuso con el lema “libertad” y una apuesta por mantener la mayor normalidad prepandémica posible, el nuevo consejero de Salud, Alejandro Vázquez, que sustituye a la expulsada de Ciudadanos que ha gestionado los dos años de pandemia, aboga por no incluir nuevas medidas para que los castellanos y leoneses “sean dueños de sus vidas”. 

A este contexto de dificultades para el consenso se suma un factor inesperado que está acelerando la curva de contagios: la variante ómicron, que ya se ha detectado en el 47% de las PCR secuenciadas en España. El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) ya advirtió hace unos días de que los hospitales debían prepararse para una explosión de contagios. Y aquí, en España, el primer escalón del sistema, la Atención Primaria, ya da graves síntomas de sobrecarga ante la rápida escalada de casos. La incidencia acumulada subió 100 puntos de golpe durante el fin de semana hasta los 609 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Las semanas que vienen no parece que vayan a contribuir a amortiguar la situación por la mayor movilidad de la población por Navidad y el aumento de las interacciones sociales, según los profesionales consultados.

“Estamos aquí otra vez y estamos asustados. Hay que tomar medidas teniendo en cuenta lo rápido que va ómicron, las fiestas navideñas, la bajada de la guardia y que sabemos que con la vacunación completa no estamos del todo protegidos”, asegura la neumóloga Sarai Quirós, de la unidad de semicríticos del hospital de Basurto (Euskadi) y miembro de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). El último informe sobre la eficacia de las vacunas que publica el Ministerio de Sanidad constata una “disminución progresiva de la efectividad frente a la infección en los grupos de 79 a 40 años”. “En todos los grupos la protección frente a eventos más graves es más alta y estable en el tiempo que frente a infección”, puntualiza el documento.

Aunque las cifras pintan mal en todas las comunidades, Euskadi y Catalunya están siendo los territorios más sensibles por el momento a la sexta ola. Ambos ya tienen una de cada cuatro de sus UCI con casos COVID, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, lo que las sitúa en riesgo extremo en este indicador. Otras siete comunidades (Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Navarra y La Rioja) tienen copadas más del 15% de sus camas de Cuidados Intensivos (riesgo alto) con contagiados cuyo estado se ha agravado. 

Euskadi, por ejemplo, ha tenido un ascenso de casos nunca visto hasta ahora y tiene más camas ocupadas (439) que hace un año (400). En UCI el número es casi el mismo, 100 frente a 98 en la misma fecha de 2020, pero la subida ha sido muy rápida: del 45% en dos semanas. En Catalunya, se ha sobrepasado los 300 ingresados en UCI –el día de Navidad de 2020 se registraron 333– y los modelos prevén que el crecimiento sea exponencial: hasta 700 para la semana de Reyes, según los datos que maneja el jefe del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Vall D’Hebron (Barcelona), Ricard Ferrer. “El año pasado entramos en las fiestas sin vacunar pero en una situación favorable que las interacciones empeoraron. Ahora el miedo es que empezamos la Navidad con una circulación altísima”, señala en conversación con elDiario.es. 

Al contrario de lo que se pueda pensar, el médico advierte, como uno de sus miedos, que resulta hoy más complicado tener el apoyo de otras unidades para ampliar las UCI –la llamada elasticidad– porque “están llenas” de pacientes de otras patologías. Una enfermera del hospital de Txagorritxu (Vitoria), al que ya están trasladando pacientes de Guipúzcoa porque no pueden atenderlos en la UCI, asegura en este sentido que hay que tener en cuenta “el reverso” de las olas. “Estamos viendo a pacientes descompensados que llegan al hospital muy pasados de vuelta porque no los han visto en Primaria y han tenido largas esperas en Especializada”. 

¿Cómo se explica el alto nivel de ocupación si el 80% de la población está vacunada? Los epidemiólogos consultados explican que la “proporción” de infectados que termina muy enferma es pequeña. Pero si el volumen de contagios está disparado, “el número absoluto” de ingresados “puede ser importante” y “tensionar el sistema”, explica Óscar Zurriaga, vicepresidente de la Sociedad Española de Epidemiología, para ilustrar por qué otra vez podríamos estar expuestos a problemas de saturación hospitalaria. “La menor gravedad y letalidad de ómicron se puede neutralizar por la mucha mayor transmisibilidad. Aunque el porcentaje de gravedad sea menor, tienes muchos casos graves también”, agrega el número dos de la Asociación Madrileña de Salud Pública (AMASAP), Javier Segura. 

María Cruz Martín Delgado, jefa de Servicio de Medicina Intensiva en el Hospital de Torrejón de Madrid, lamenta que “da la sensación de que está todo controlado hasta que deja de estarlo” y acusa falta de planificación. “Euskadi, Catalunya o Navarra ya tienen datos malos de hospitalización y en otras no tanto pero podemos estar en una mala situación en un futuro próximo. Porque ha ocurrido en otras olas: lo que pasa en el norte luego se extiende. Esperamos no tener que llegar a suspender tratamientos”, indica. “Si solo se reacciona con los números, llevamos dos semanas de retraso porque lo que hoy se ve en contagios, se verá en el hospital con ese decalaje”, abunda la doctora Quirós desde Euskadi.

Todos los profesionales con los que se ha puesto en contacto elDiario.es coinciden en que entre los pacientes que terminan enfermando de gravedad por el virus hay muchos no vacunados, pero también un porcentaje importante de inmunizados –“un 60% vs. 40%”, según Martín Delgado– con patologías previas de base o una mayor edad. “Aunque estamos empezando a ver a algunos pacientes sin enfermedades anteriores”, puntualiza. Ferrer, jefe de Intensivos del Vall D’Hebron, también ha visto algún caso de “no tan mayores”, en torno a 60, sin problemas de base, pero que no han “recibido la dosis de refuerzo”. “En la última hora del verano no veíamos este tipo de perfil”, añade. La tercera dosis ya está aprobada en España para todos los mayores de 40 años, los sanitarios, las personas inmunodeprimidas y todas las que fueron vacunadas con pauta completa de Astrazeneca, como los docentes, y el Gobierno insiste en la importancia de recibirla para potenciar la inmunidad.

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