La tiktoker colombiana Leidy Tatiana Mafla-Martínez —conocida como Tatiana Martínez— fue detenida este lunes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) mientras realizaba una retransmisión en directo a través de la red social.

Martínez compartía vídeos en su perfil alertando a la comunidad latina de las zonas que frecuentaba el ICE (“el hielo”, como le denomina, por la traducción del acrónimo). En los fragmentos difundidos sobre su violento arresto, en los que los agentes sacan a la colombiana del asiento del pasajero del coche en el que se encontraba grabando, esta implora al ICE: “No me pueden tratar así, no soy una criminal”.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional celebró su detención en su perfil de X, alegando que la influencer es “una extranjera indocumentada de origen colombiano que fue condenada por conducir bajo la influencia del alcohol en Los Ángeles [California]”.

Asimismo, el DHS (por las iniciales en el idioma original) contrapone la actuación del actual presidente de Estados Unidos con la de su predecesor: “Martínez ingresó al país en 2022 y fue liberada por el gobierno de Biden. Bajo la presidencia de Trump y Kristi Noem [la responsable de Seguridad Nacional], si infringes la ley, afrontarás las consecuencias”.

Según recoge la revista estadounidense Newsweek —a la que cita el organismo en la publicación de X—, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, ha asegurado que Martínez fue arrestada por una condena previa por conducir bajo los efectos del alcohol.

Un perfil para dar a conocer los derechos de los migrantes

La tiktoker cuenta con más de 44.200 seguidores en la citada red social y acumula más de 134.400 'me gusta' en su perfil. Entre los vídeos compartidos por Tatiana Martínez (@tatianamartinez_02) se encuentran denuncias de arrestos a trabajadores inmigrantes mientras ejercían su oficio, así como alertas de los lugares en los que se llevan a cabo redadas por parte de los agente de detención del ICE.

Estos agentes de inmigración se han convertido en una especie de milicia para la agenda de la extrema derecha de Estados Unidos, rodeados de secretismo y, muchas veces, incluso enmasacarados. Así lo explica el periodista Ben Makuch en un análisis publicado en este periódico, en el que destaca el miedo infundado por la agencia political, que ha convertido en habituales las advertencias sobre los lugares en que se producen arrestos y el aspecto de vehículos camuflados.

“Muchas personas se preguntan: ¿es legal el mandato del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de ICE? Las respuestas a esta pregunta son variadas, y algunos aspectos se están debatiendo en los tribunales, pero, en teoría, la unión de una fuerza policial nacional con la policía local debería tener límites”, escribe Makuch.

De la reacción ante el ICE al despliegue de la Guardia Nacional

En la ciudad en que ha sido detenida Martínez, las redadas contra migrantes han sido reiteradas en los últimos meses. En junio, las protestas contra el ICE llevaron a Trump a enviar 2.000 soldados de la Guardia Nacional para aplacar las manifestaciones.

“Si el gobernador de California, Gavin Newscum [juego de palabras peyorativo que mezcla el apellido real ‘Newsom’ con scum (escoria)], y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, no pueden hacer su trabajo —y todo el mundo sabe que no pueden—, el Gobierno federal intervendrá y resolverá el problema de los disturbios y los saqueadores como debe resolverse”, llegó a publicar el presidente de EEUU en su red social.

Estas redadas se produjeron mientras el Gobierno de Trump intensificaba su promesa de llevar a cabo deportaciones masivas en todo el país. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó las operaciones como un intento de “sembrar el terror” en la segunda ciudad más grande de EEUU.

6.000 camiones de ayuda listos para ingresar a Gaza. La agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) ha vuelto a pedir a Israel que permita la entrada de los suministros que se necesitan urgentemente en el enclave palestino asediado por el Ejército de Benjamin Netanyahu, donde se propaga la hambruna, que se ha cobrado la vida de más de 100 personas, muchas de ellas niños.

El director de la agencia Philippe Lazzarini ha dicho este jueves que la organización tiene el equivalente a 6.000 camiones cargados de comida y suministros médicos en almacenes de Jordania y Egipto. Según la agencia, esta cantidad puede proporcionar alimentos a toda la población durante tres meses.

Según los últimos datos de la agencia de Naciones Unidas, uno de cada cinco niños sufre malnutrición en Ciudad de Gaza, y los casos aumentan cada día.

“Cuando la malnutrición infantil se dispara, los mecanismos de supervivencia fallan, el acceso a los alimentos y a la atención sanitaria desaparece y la hambruna comienza a extenderse silenciosamente”, ha dicho Lazzarini.

“La mayoría de los niños que atienden nuestros equipos están demacrados, débiles y corren un alto riesgo de morir si no reciben el tratamiento que necesitan urgentemente”, agrega. “Los padres están demasiado hambrientos para cuidar de sus hijos. Los que llegan a las clínicas de la UNRWA no tienen la energía, los alimentos ni los medios para seguir los consejos médicos”.

Lazzarini ha vuelto a pedir acceso a las organizaciones humanitarias para prestar asistencia “sin restricciones e ininterrumpida” a la población de Gaza.

 El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo este jueves en Tirana que su Gobierno comenzará a explorar la posibilidad de enviar a terceros países a los solicitantes de asilo rechazados para procesar allí sus trámites antes de su deportación.

“En su momento, podré darles más detalles al respecto”, declaró Starmer a los medios durante una visita a Albania, donde se reunió con su homólogo de ese país, Edi Rama.

“Lo que ahora queremos hacer, y estamos debatiendo, es establecer centros de retorno, donde una persona que ha pasado por el sistema del Reino Unido necesita ser repatriada. Debemos asegurarnos de que sea repatriada de forma efectiva, y lo haremos, si es posible, a través de estos centros”, explicó el jefe de Gobierno. No obstante, no quiso comentar qué países participarían en las conversaciones sobre esos centros.

El miércoles por la noche, el Times informó que Albania era una de las opciones preferidas de Reino Unido. Pero el primer ministro albanés sugirió, en rueda de prensa conjunta, que su país no estaba dispuesto a albergar esos centros. “Varios países nos han preguntado si estábamos abiertos a ello, y dijimos que no”, puntualizó Rama. Rama afirmó que no intentaría llegar a un acuerdo con el Reino Unido porque ya está involucrado en un proceso similar con Italia, que tiene dos centros de detención en su país para procesar a los solicitantes de asilo rechazados, y hasta el momento 40 personas han sido enviadas a dichas instalaciones a pesar de una serie de varapalos legales.

La organización Freedom from Torture ha advertido de que los centros de retorno de Starmer provocarían el mismo nivel de miedo entre las personas migrantes que la política del anterior gobierno conservador en Ruanda. Según el Independent, su directora, Natasha Tsangarides, dice que el plan tory “causó un daño inconmensurable a los supervivientes de la tortura, que vivían bajo el terror constante de ser enviados a un país que no conocían y donde corrían el riesgo de volver a ser perseguidos”. “Hoy, este anuncio inspirará niveles similares de temor entre quienes actualmente solicitan asilo en el Reino Unido”, agrega.

El jefe del Gobierno británico dio a conocer hace unos días nuevos planes para reducir la inmigración en Reino Unido, como un endurecimiento de los visados, después del revés sufrido por los laboristas en las recientes elecciones locales parciales celebradas en Inglaterra, en las que el partido de extrema derecha Reform, del líder Nigel Farage, fue el gran vencedor.

En Tirana, Starmer afirmó que el Reino Unido y Albania inician “el siguiente capítulo de la sólida relación entre nuestros países”. Esta visita brinda, dijo, la “oportunidad de ver de primera mano cómo nuestros dos países trabajan juntos en algunos de los mayores desafíos que afrontamos”, incluida la migración.

Abdulmajeed al Nimr tenía 59 años y cuatro hijos cuando fue ejecutado el pasado agosto en Arabia Saudí. La versión oficial que publicó la agencia de noticias estatal del país es que los cargos estaban relacionados con su supuesta unión a una célula terrorista afiliada a Al Qaeda. Sin embargo, varias ONG denunciaron que el objetivo era silenciar la disidencia política. En una muestra de falta de transparencia de las autoridades saudíes, Amnistía Internacional (AI) revisó documentos judiciales que reflejaron, al principio, su participación en protestas.

Arabia Saudí es uno de los tres países –junto a Irak e Irán– que están detrás del repunte de las ejecuciones por pena de muerte registradas en todo el mundo en 2024, según el informe anual de la organización especializada, publicado este martes. De acuerdo con las cifras recopiladas por AI, las ejecuciones alcanzaron el año pasado la cifra más alta desde 2015, con más de 1.500 personas ejecutadas. En concreto, se registraron 1.518 en 15 países, un incremento del 32% respecto de las 1.153 conocidas en 2023 y la cantidad más elevada desde la cifra“ excepcionalmente alta” de 2015, cuando la organización tuvo conocimiento de 1.634 ejecuciones.

Solo Arabia Saudí, Irán e Irak llevaron a cabo 1.380 ejecuciones, aproximadamente el 91% del total “violando derechos humanos y segando cruelmente vidas por cargos relacionados con drogas o terrorismo”, critica en una nota de prensa Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional. En este sentido, la organización recoge en su informe que, en algunos países de la región de Oriente Medio, las condenas a muerte se están usando para acallar a defensores de los derechos humanos, disidentes, manifestantes, oponentes políticos y minorías étnicas. “Quienes se atreven a cuestionar a las autoridades se exponen al más cruel de los castigos, especialmente en Irán y Arabia Saudí, donde la pena de muerte se usa para silenciar a quienes son lo bastante valientes para alzar la voz”, subraya Callamard.

La ONG pone el ejemplo de Irán, que sigue utilizando de la pena de muerte para castigar a personas por desafiar el poder durante las protestas del movimiento ‘Mujer, Vida y Libertad’ que sacudieron el país en 2022 tras la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini, una joven kurda que había sido arrestada por incumplir las normas que regulan el uso del hijab. AI recuerda los casos de dos personas ejecutadas en relación con ellas después de “juicios sin garantías y de ‘confesiones’ empañadas por la tortura”. En total, Irán ejecutó en 2024 a 972 personas, 119 más que el año anterior.

Así, en 2024, los cinco mayores verdugos del mundo fueron China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Yemen. Un año más el documento deja fuera, por falta de información pública oficial, los miles de personas que se cree han sido ejecutadas en el gigante asiático, que, según la ONG, siguió siendo el país “que llevó a cabo el mayor número de ejecuciones” en 2024. Tampoco incluye las cifras de otros lugares como Corea del Norte y Vietnam, donde se cree que se hace un amplio uso de la pena de muerte, ni las de Palestina y Siria, “debido a las crisis en curso”.

En comparación con 2023, también se registraron aumentos importantes de las ejecuciones en Egipto, Singapur y Yemen.

El informe se detiene en el incremento de las ejecuciones por delitos relacionados con las drogas –recoge un total de 637, más del 42% de las ejecuciones conocidas–. Al menos cuatro países —Arabia Saudí, China, Irán y Singapur— las llevaron a cabo, pese a que el derecho internacional “prohíbe el uso de la pena de muerte para castigar delitos que no se ajusten al criterio de ‘los más graves delitos’ (es decir, los que entrañan un homicidio intencional)”, denuncia AI, que cree que también Vietnam entra en este grupo. Callamard sostiene que imponer condenas a muerte por delitos relacionados con drogas “afecta de forma desproporcionada a personas de entornos desfavorecidos” y “no tiene ningún efecto demostrado en la reducción del tráfico de drogas”.

Tendencia al alza en EEUU

Estados Unidos sigue la constante tendencia al alza que mantiene desde el final de la pandemia de COVID-19 y ejecutó a 25 personas, una más que en 2023. “Aunque el aumento fue numéricamente mínimo, reflejó la implacable aplicación de la pena de muerte por parte de las autoridades estatales durante el año”, dice la ONG. Se trata de la segunda cifra anual más alta desde 2015 e igualó el total de 2018.

Cuatro estados reanudaron las ejecuciones, según el informe, que indica que el número de estados verdugo casi se duplicó en comparación con 2023 (de cinco a nueve). Alabama triplicó su total anual y llevó a cabo tres ejecuciones por asfixia con gas nitrógeno, “un método nuevo y cruel de ejecución utilizado por primera vez en el mundo” que ha sido condenado por expertos de la ONU porque puede equivaler a “trato cruel, inhumano o degradante, o incluso a tortura”.

Amnistía Internacional muestra su preocupación por las “deshumanizadoras declaraciones” del presidente Donald Trump, que dijo antes de regresar a la Casa Blanca que buscará la pena de muerte para “violadores violentos, asesinos y monstruos”. La ONG señala que estas palabras promueven “el falso discurso según el cual la pena de muerte tiene un efecto disuasorio especial contra la delincuencia”.

En 2024, el número de nuevas condenas a muerte impuestas por tribunales estadounidenses conocidas creció en una con respecto al año anterior, a 26, mientras que el número de personas condenadas a pena capital se redujo en 149, un descenso que, entre otras cosas, se debe a la conmutación por el presidente saliente, Joe Biden, de 37 condenas federales a muerte.

A nivel mundial, si se observan las nuevas condenas a muerte, la ONG registró 2.087 en 2024: un 14% menos respecto del total conocido de 2023, que a su vez fue el más alto desde 2018.

Dejar atrás la pena de muerte

A pesar del repunte de las ejecuciones, solo 15 países las han llevado a cabo, el número más bajo jamás registrado por segundo año consecutivo, señala el informe. Para la entidad especializada, este dato indica la tendencia a dejar atrás esta “pena cruel, inhumana y degradante”. “La pena de muerte es una práctica abominable que no tiene cabida en el mundo actual. Aunque el secretismo seguía rodeando el escrutinio en algunos países que consideramos responsables de miles de ejecuciones, es evidente que los Estados que mantienen la pena de muerte son una minoría aislada”, dice la secretaria general de Amnistía Internacional. 

El reverso de la moneda es que, en la actualidad, 113 países son totalmente abolicionistas y 145 han abolido la pena de muerte en la legislación o en la práctica, según los registros de AI. En este sentido, también recoge algunos hitos: “En 2024 entró en vigor en Zimbabue una ley que abolía la pena de muerte para delitos comunes. Por primera vez, más de dos tercios de los Estados miembros de la ONU votaron a favor de la décima resolución de la Asamblea General de la ONU sobre una moratoria del uso de la pena de muerte. Las reformas en materia de pena de muerte en Malasia también permitieron que el número de personas en riesgo de ejecución se redujera en más de 1.000”.

La organización también recuerda el caso de Rocky Myers, un hombre negro condenado a muerte en Alabama “a pesar de las graves deficiencias observadas en los procedimientos. Finalmente, fue indultado en febrero tras las peticiones de su familia, su equipo jurídico, un exjurado, activistas locales y la comunidad internacional. ”Cuando la gente da prioridad al trabajo de campaña para acabar con la pena de muerte, realmente funciona“, dice Callamard. ”A pesar de la minoría de dirigentes decididos a utilizar la pena de muerte como arma, las cosas están cambiando. Solo es cuestión de tiempo que el mundo esté libre de las tinieblas de los patíbulos“.

Farah (nombre ficticio) estaba inconsciente debido a un coma diabético cuando fue víctima de una violación. Dos meses después, descubrió que estaba embarazada. Ella acudió a un ginecólogo en busca de ayuda, pero se negó a practicarle un aborto, prohibido en Marruecos si no se considera imprescindible para proteger la vida o la salud de la embarazada. Farah trató de interrumpir ella misma su embarazo.

“Tomé toda clase de hierbas y bebedizos para abortar. Compré hierbas a un herborista, bebí las infusiones, tuve dolores insoportables y vomité. Sentí que se me desgarraban los intestinos, pero no aborté. Una vez fui a mi habitación, me desnudé, me metí un palo largo por la vagina y lo giré en todas direcciones, pero sólo conseguí hacerme una herida terrible y un dolor insoportable”, dice en un testimonio recogido por Amnistía Internacional (AI). “Durante más de cinco meses lo intenté todo, sin resultado. Hasta pensé en suicidarme”. Al final, Farah tuvo que llevar el embarazo a término, pese a las lesiones y la infección que sufría. También perdió el trabajo.

Farah es una de las mujeres que contaron a la organización que se habían quedado embarazadas tras ser violadas en Marruecos. Este martes, Amnistía Internacional ha lanzado un estudio pionero que alerta de que la penalización del aborto en el país vecino, incluso en los casos de embarazo resultante de una violación, tiene “efectos ruinosos” sobre los derechos de las mujeres y las niñas.

El estudio, titulado Mi vida está arruinada: La necesidad de despenalizar el aborto en Marruecos, critica la inaccesibilidad a servicios de salud sexual y reproductiva adecuados, lo que empuja a mujeres y niñas a optar por métodos clandestinos y riesgosos para terminar embarazos no deseados, incluso en casos de violación. Quienes intentan o consiguen abortar pueden enfrentarse a penas de seis meses a dos años de prisión, además de multas, y a una pena adicional de prisión con arreglo a las disposiciones que castigan las relaciones sexuales fuera del matrimonio, describe la ONG.

El informe, que se sustenta en entrevistas con 33 mujeres que intentaron abortar, expone que las restricciones legales no solo infringen los derechos humanos fundamentales, sino que también condenan a las mujeres a la marginación social y económica. Además, documenta casos extremos de mujeres que, desesperadas, han intentado suicidarse.

“Con frecuencia, las mujeres no tienen otra salida que buscar en secreto unos servicios de aborto no regulados, inseguros y normalmente caros. Nos contaron que han recurrido a múltiples métodos peligrosos, como uso indebido de fármacos, ingesta de mezclas químicas peligrosas y hasta violencia física, autoinfligida o de terceras personas”, dice la entidad.

Amnistía Internacional denuncia la respuesta deficiente de Marruecos ante la violencia de género, que perpetúa la impunidad y facilita la actuación de agresores sexuales. Las leyes que criminalizan las relaciones sexuales extramatrimoniales y el aborto intensifican la exclusión y el estigma que estas mujeres enfrentan, impactando negativamente en sus vidas, lamenta la ONG.

Amjad Yamin, subdirector regional de AI para Oriente Medio y Norte de África, condena las políticas marroquíes, afirmando que “ningún Estado debe imponer decisiones sobre el embarazo ni privar a mujeres y niñas de servicios esenciales de salud sexual y reproductiva”.

Entre 700 y 1.000 abortos clandestinos diarios

La organización exhorta a Marruecos, donde se estima que se realizan entre 700 y 1.000 abortos clandestinos diarios, a despenalizar el aborto y asegurar servicios integrales de salud sexual y reproductiva accesibles para todas.

En una conferencia de prensa en Rabat, Wafaa Agzul, encargada de Movilización de AI en Marruecos, ha anunciado este martes que el nuevo informe será el pilar de una campaña de tres años para defender la abolición de la penalización del aborto en el país.

La campaña busca también el establecimiento de servicios legales de aborto seguros y de calidad, así como fomentar un debate nacional sobre la interrupción voluntaria del embarazo y su importancia para las mujeres y los niños.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha mostrado este viernes su “profunda conmoción” por el descubrimiento de una fosa común con los cuerpos de al menos 65 personas migrantes en el suroeste de Libia. A la espera de la identificación de los cuerpos y de determinar las circunstancias de la muerte, se cree que estas personas murieron cuando eran trasladadas clandestinamente a través del desierto, según un comunicado de la organización.

La OIM dice que las autoridades libias “están investigando” las muertes y pide cooperación con “las agencias asociadas de la ONU para garantizar una exhumación, identificación y traslado digno de los restos de los migrantes fallecidos”.

“El precio de no hacer el trabajo necesario es evidente en el aumento de las muertes humanas y las condiciones aterradoras en las que se encuentran los migrantes”, ha declarado un portavoz de la OIM. Las organizaciones especializadas han exigido en reiteradas ocasiones la puesta en marcha de vías legales y seguras para evitar que estas personas se vean obligadas a poner en riesgo su vida en el intento de llegar a Europa, una petición que vuelve a repetir la OIM. “Sin rutas regulares que ofrezcan oportunidades para una migración regular, este tipo de tragedias seguirán siendo una característica a lo largo del camino”, declara la agencia de la ONU.

Según el Proyecto Migrantes Desaparecidos, en 2023 se registraron al menos 3.129 muertes y desapariciones en la ruta del Mediterráneo hacia Europa. Libia es actualmente el principal punto de partida hacia costas europeas por el Mediterráneo Central y país de tránsito en la ruta migratoria terrestre por el Sahel.

La OIM estima que unas 700.000 personas migrantes de unas 40 nacionalidades residen en Libia. El país ha sufrido más de una década de violenta inestabilidad desde el derrocamiento y asesinato en 2011 de Muamar Gadafi en un levantamiento respaldado por la OTAN.

En el país norteafricano, los migrantes se enfrentan a abusos sistemáticos y generalizados que incluyen tortura, detención arbitraria, trabajos forzados y violencia sexual. La Unión Europea ha apoyado y capacitado a la 'Guardia Costera libia', que devuelve a las personas detenidas en el mar a centros de detención y ha protagonizado numerosos encontronazos con las ONG de rescate que salvan vidas en el Mediterráneo.

Sin ir más lejos, Médicos Sin Fronteras ha denunciado que, el pasado 16 de marzo, uno de sus equipos acudió al rescate de 146 personas en apuros a bordo de una embarcación de madera en aguas internacionales y los guardacostas libios intentaron detener la operación, tratando de “abordar por la fuerza” una de las lanchas de rescate de MSF, amenazando “agresivamente” a los supervivientes y al personal y efectuando maniobras peligrosas.

El barco Geo Barents, de MSF, se encuentra parado en el puerto de Marina de Carrara y las autoridades italianas han dictado una orden de detención de 20 días contra la nave por un presunto incumplimiento de las instrucciones de la Guardia Costera libia y por “poner en riesgo” a los náufragos.

Cuando Hungría aprobó la polémica ley de propaganda anti-LGTBI en 2021, la escritora Dóra Papp se sintió pronto en el punto de mira: en varios de sus libros aparecen personajes secundarios homosexuales, bisexuales y pansexuales. El mayor distribuidor editorial del país tuvo que recategorizar tres libros de la novelista que en un principio se comercializaban como literatura juvenil: pasaron a la categoría de literatura de entretenimiento para adultos.

Según explica Papp, desde que la ley vio la luz, ha recibido amenazas en las redes sociales de forma nunca vista antes. Una persona le dijo que le escupiría durante una firma de libros. “Esto me ha dejado tocada. Después de tantos años asistiendo a firmas de libros en las que me encantaba conocer a los lectores, de pronto el miedo se instaló en mí, porque no sabía hasta qué punto tomarme en serio la amenaza”, dice en un testimonio recogido por Amnistía Internacional. La novelista remarca que la ley ha tenido un efecto intimidatorio en los nuevos escritores. “Me han hablado del miedo que tienen y de que, o bien no se atreven a terminar el libro en el que están trabajando, o bien temen publicar sus obras en Hungría”.

Un nuevo informe de Amnistía Internacional ahonda en la “profunda repercusión” de los efectos de la legislación –que limita la representación de las personas LGTBI en los centros educativos y en los medios de comunicación–, en la población perteneciente a este colectivo, “afianzando los estereotipos negativos y las actitudes discriminatorias y restringiendo el derecho a la libertad de expresión”. La ley, que salió adelante con los votos del partido gobernante Fidesz, del ultranacionalista Viktor Orbán, ha tenido en estos tres años un “efecto intimidatorio generalizado” en los medios de comunicación, la publicidad y la industria editorial “cuyas consecuencias han percibido ampliamente los grupos y las personas LGTBI+”, según el documento.

La ONG especializada denuncia un “ambiente de temor” y subraya que el miedo a las sanciones ha tenido un efecto intimidatorio que está frenando a la ciudadanía a la hora de impartir, buscar y recibir información sobre orientación sexual e identidad de género.

El acceso a información esencial y a otros contenidos relacionados con temas LGTBI es ahora más difícil, en especial para los más pequeños. Redactada de manera imprecisa, la legislación prohíbe “representar y promocionar” las “identidades de género y orientaciones sexuales diversas” en la educación pública, los medios o la publicidad, lo que genera miedo entre quienes trabajan en estos sectores, según la ONG. “Muchas personas y organizaciones han dejado de participar en el debate público y de difundir información sobre estas cuestiones por temor a procedimientos judiciales y a posibles campañas de desprestigio en los medios de comunicación afines al gobierno”.

Libros precintados y películas solo de noche

Como resultado, algunos medios de comunicación y librerías del país “se autocensuran con el fin de evitar sanciones penales”. La organización explica que aunque al principio la ley no se aplicó de forma generalizada, esto cambió a comienzos del año pasado, “cuando las autoridades empezaron a abrir cada vez más procedimientos judiciales contra librerías que vendían libros con personajes LGTBI”.

“Se podría incluir una advertencia en todos los libros infantiles que dijera que solo van dirigidos a los padres y todo seguiría igual. Pero, estos libros tienen que ir también cubiertos de una película de plástico y no se pueden vender cerca de los centros educativos. Por tanto, incluso las librerías y editoriales que respetan esta ley se quedan en un limbo y se enfrentan a sanciones”, explica Krisztián Nyáry, autor y director creativo de Líra Ltd. Como él, trabajadores del sector entrevistados para el informe expresan su preocupación por la forma en que las autoridades están interpretando la ley y la incertidumbre a la hora de cambiar su actividad comercial para evitar multas.

Otra consecuencia es que los programas de televisión y películas en los que aparecen personajes LGTBI solo se pueden emitir pasadas las 21:00 horas de la noche, indica Amnistía Internacional. “Como consecuencia, quienes dirigen estos medios han tenido que adaptar su programación y contenido en streaming para evitar posibles sanciones”, explica la entidad.

“Esta ley es inaceptable y discriminatoria y creo que en realidad ha introducido la censura —un nuevo tipo de censura— en los medios de comunicación”, dice Péter Kolosi, jefe de contenidos de la cadena comercial televisiva RTL. Su canal ha trasladado la hora de emisión de ciertos programas a franjas horarias más tardías y ni siquiera se plantea emitir cierto tipo de contenidos. Según explica, quienes redactan los guiones y dirigen los programas han tenido que hacer cambios en su trabajo para garantizar que cumplían la ley.

La legislación se ha traducido en acciones judiciales contra algunos proveedores de contenido y libreros, prosigue la ONG. “Una cadena de librerías tuvo que pagar multas por tener en la sección infantil libros acordes a cada edad en los que aparecían parejas del mismo sexo y se multó a otra librería por exponer un libro en el que figuraba un personaje transgénero sin indicar que era un ejemplar para personas adultas”. Escritores como Dóra Papp han tenido que reclasificar sus obras de literatura juvenil y ofrecerlas en la categoría de adultos.

“Esta ley no tiene cabida en Hungría”

Amnistía Internacional concluye que la ley restringe de forma indebida el derecho de las personas a la libertad de expresión de un modo que ni está previsto en la legislación ni es necesario o proporcionado. “No tiene ningún objetivo legítimo y, por tanto, es incompatible con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos”, dice la ONG.

“En el último decenio, el Gobierno húngaro y los medios de comunicación respaldados por el Estado han llevado a cabo una campaña contra los derechos de la población LGTBI utilizando una retórica centrada en estigmatizarla y señalando a quienes en la sociedad civil defienden la igualdad”, dice Eszter Mihály, responsable del área LGTBI de Amnistía Internacional Hungría.

Mihály sostiene que la ‘ley de propaganda’ es “ilegal y ha tenido repercusiones negativas de gran alcance sobre el derecho a la libertad de expresión de las personas mediante restricciones generalizadas en los medios de comunicación, la publicidad y las industrias editoriales, entre otros”. “Esta ley no tiene cabida en Hungría y está fomentando el aumento de la estigmatización y los estereotipos negativos de las personas LGTBI. Debe ser derogada de inmediato y deben tomarse medidas para reparar el daño que ha causado”.

El mecer de las olas del Mediterráneo, la tumba de miles de personas que intentaban llegar a Europa jugándose la vida en el mar. Una mujer saharaui ataviada con la tradicional melfa, una de tantas que resisten a la ocupación marroquí. Un hombre migrante subido a un árbol para coger ramas para hacer fuego en la frontera entre Grecia y Macedonia. Un recién nacido envuelto en mantas, bajo la luz tenue de un farol en un hospital de Burundi.

Todas estas instantáneas, y muchas más, tienen algo en común. Forman parte de la campaña Fotos por Palestina, puesta en marcha por más de 100 autores españoles y extranjeros con el objetivo de recaudar fondos para apoyar las actividades de la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) en Gaza, donde la ofensiva israelí ya se ha cobrado más de 21.000 muertos en menos de tres meses, el 70% de ellos mujeres y niños, según las autoridades palestinas.

“No nos resignamos a ser meras espectadoras de tanta violencia contra la población civil en Palestina”, dice el grupo de fotógrafas y fotoperiodistas de la Asociación Contamos el Mundo, que se encuentra detrás de la iniciativa. Les une, añaden, “la impotencia y la rabia ante tanta violencia y la voluntad de ayudar a las víctimas”.

Según explican, 'Fotos por Palestina' nació en respuesta a la catástrofe humanitaria en Gaza, siguiendo la estela de otras ideas similares en países como Reino Unido, Italia y Chile. Desde entonces, ha sido un trabajo “en equipo y contra reloj” para contactar con los autores y poner en marcha la web, donde pueden adquirirse las fotos impresas hasta el 27 de febrero.

Los palestinos son protagonistas de muchas de las fotografías aportadas por los autores. Es el caso de Galia, envuelta en lágrimas y rodeada de otras mujeres, sobre las que sobresale un retrato Yasser Arafat. Una bala israelí se cobró la vida de su hijo de 12 años por tirar piedras contra un puesto de control de Ramala, en Cisjordania, territorio en el que las fuerzas israelíes y los colonos han matado a 300 palestinos, entre ellos más de 70 niños, desde el 7 de octubre.

La imagen de Galia tiene casi 20 años, pero podría ser actual, como lo es otra tomada en noviembre de una persona encapuchada en una protesta cerca del punto de control militar de Beit El, en la entrada de la ciudad cisjordana. Lleva una honda, como David cuando derrotó a Goliat, según el mito bíblico que da título a la foto. En otra, el sol se pone en Gaza, y la luz dorada sobre el mar y las pequeñas embarcaciones crea un juego de sombras en la costa palestina.

La obra a la venta abarca desde la fotografía documental clásica y el fotoperiodismo hasta la fotografía artística. Más allá de Palestina, recoge también paisajes y momentos cotidianos en otras partes del mundo, como el juego de varios niños en el recreo en Bamako (Malí), una mañana en la vida de Adaeze, que carga en un cesto las verduras que ha cosechado de su huerto en Etiopía, el beso de dos castellers en la plaza Sant Jaume de Barcelona o la sencillez de la ropa tendida detrás de un arbol de membrillo.

Entre los más de 100 fotógrafos que están detrás de la lente de 'Fotos por Palestina' figuran Judith Prat, Cristina Garcia Rodero, Mireia Comas, Anna Surinyach, Hanna Jarzabek, Ofelia de Pablo, Ana Palacios, Chema Conesa, Clemente Bernad, Estela de Castro, Laia Abril, Navia, Santi Palacios, Sofia Moro, Ricard García Vilanova, Olmo Calvo, Maysun, entre otros.

Los fondos, destinados a MSF

Los beneficios de la iniciativa serán destinados por el colectivo RUIDO Photo al fondo de emergencias para Gaza de Médicos Sin Fronteras, que lleva 34 años operando en los territorios palestinos ocupados.

La organización humanitaria trabaja actualmente en tres hospitales en el sur de Gaza, adonde han huido decenas de miles de personas en un intento de refugiarse de los constantes bombardeos israelíes: el Nasser, el Hospital Europeo y el Indonesio de Rafah –donde también prestan apoyo en la clínica Al-Shaboura y en la maternidad Imarati–.

El sistema sanitario de Gaza está colapsado y los hospitales se han convertido en refugios improvisados de muchas familias. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 13 de los 36 hospitales de Gaza funcionan parcialmente: nueve en el sur y cuatro en el norte. En el norte, se enfrentan a problemas como la escasez de personal médico y la falta de combustible, alimentos y agua potable. En el sur, funcionan al triple de su capacidad, mientras afrontan también a una escasez crítica de suministros básicos y combustible.

Según la UNRWA, se calcula que 1,9 millones de personas en Gaza, o casi el 85% de la población, son desplazados internos. Entre ellas hay personas que se han visto obligadas a desplazarse varias veces, ya que las familias se ven obligadas a trasladarse repetidamente en busca de un refugio seguro, mientras que la falta de alimentos, artículos básicos de supervivencia e higiene agravan aún más las ya las difíciles condiciones de vida de estas personas.

El Ejército israelí ha amenazado con más destrucción en una guerra que, según dice, durará “muchos meses”, mientras promete aplastar a Hamás tras su ataque del 7 de octubre, en los que murieron unos 1.200 israelíes y extranjeros.

“Detrás de cada imagen hay un gesto solidario, y queremos dar, tanto a fotógrafas y fotógrafos, como a las personas que adquieran las imágenes, nuestro más sincero agradecimiento”, concluye el equipo de fotógrafas.

Desde hace más de una década, cuando se aproximan las fechas navideñas, Francesc Mateu i Hosta se hace una pregunta: “¿Dónde hubiera nacido Jesús si hubiera nacido este año?”. El activista y exdirector de Oxfam Intermón en Catalunya representa cada año el pesebre en alguno de esos lugares o sectores que han sufrido un año especialmente duro a sus espaldas. Empezó a hacerlo para tratar de explicar a sus hijos el “verdadero significado del belén”. Y en 2023 el niño Jesús nace en la bombardeada Franja de Gaza.

En 2009, cuando el excooperante buscaba implicar a sus hijos en las causas sociales, comenzó a recrear sus propios pesebres con muñecos de Playmobil. El primer belén fabricado por Francesc Mateu i Hosta se localizaba en un campo de refugiados, inspirado en los levantados en Tanzania después del genocidio de Ruanda. Desde entonces, Jesús ha nacido en la valla de Melilla, en Lesbos, en una cárcel o en una patera. Ha sido hijo de manteros, de 'Las Kellys' y de menores extranjeros no acompañados.

La historia que en 2023 Mateu i Bonet busca contar a sus hijos, y a quien le llegue, es la de una familia -María y José- que cruzó a la Franja de Gaza para visitar a unos amigos palestinos. Un día después de su entrada, comienza la guerra, por lo que el niño que esperaba María, en avanzado estado de gestación, nace bajo los bombardeos israelíes. A continuación, el texto íntegro del relato con el que el excooperante siempre acompaña sus pesebres.

“José y María han ido a la Franja de Gaza a visitar a unos amigos palestinos. Han tenido suerte y les han dejado cruzar la frontera. María está en un estado avanzado de gestación, pero como es solo un viaje relámpago y el encuentro es importante, valía la pena ir.

Se despertaron sobresaltados por las explosiones. El día anterior había ocurrido un ataque en territorio israelí y había muerto mucha gente. La frontera está cerrada para todos y ha empezado un bombardeo. En la Franja de Gaza no hay zonas seguras y todo el mundo tiene mucho miedo. Bombardean escuelas, hospitales y edificios enteros de viviendas.

Les dicen que abandonen la ciudad, que vayan hacia el sur, pero los primeros que lo han hecho han muerto en el camino por un ataque. Están atrapados con todos los habitantes de la Franja.

El día del parto se acerca y José y María siguen buscando refugio, comida y agua, pero cada vez es más difícil encontrarla porque Israel ha cortado todos los suministros. Por ahora es imposible volver a casa. Han caído bombas muy cerca, han muerto muchas personas, entre ellas un gran número de niños, pero ellos tenido suerte y solo tienen pequeñas heridas. Todas las casas a las que podían ir están destruidas. Los bombardeos son masivos e indiscriminados.

Con el sufrimiento de todas aquellas personas son conscientes de que para el Gobierno de Israel, ahora mismo, solo son un estorbo. Da igual si tienen sed o hambre, o si acaban de perder a las personas más queridas; ni siquiera si están gravemente enfermos o si mueren. No hay tregua. Son un número, o un daño colateral. Pero ni siquiera están seguros de eso. Son pobres y quizás ni siquiera son un número.

María nota dolores de parto y no saben dónde ir. A los temores del primer parto se añade la angustia de saber que nadie podrá ayudarles porque las bombas, los heridos y el miedo no dejan espacio para tener un parto en condiciones. Y menos para el parto de un enemigo, puesto que es su Gobierno el que está masacrando la población de la Franja de Gaza.

Oscurece y hace frío. Se cobijan entre escombros en un edificio hundido con un techo que milagrosamente se mantiene entero.

María se pone de parto y la noticia corre deprisa por los alrededores. Pese a saber que son judíos, aparecen sanitarias para ayudar. ¡Y agua! (que alguien debía de tener escondida). Y algo de comida, a pesar de que hace días que todo el mundo pasa hambre. Bajo los escombros y las bombas, todo el mundo vuelve a ser lo único que deberíamos ser siempre: personas.

En la madrugada ha nacido el niño. Milagrosamente han parado los bombardeos porque es Navidad. Los padres le ponen de nombre Jesús, que significa “el salvador”, ya que en medio de esta masacre de vidas humanas un niño acaba de nacer y ha sido el único capaz de hacer olvidar a todo el mundo de dónde está y qué es, para preocuparse sólo de quién es. Un niño que será la salvación y que trabajará para acabar con la guerra y la absurdidad de la violencia entre seres humanos“.

El 13 de diciembre de 2022, Basir, un hombre sudanés que fue devuelto a Marruecos durante la tragedia de Melilla, acudió a la embajada de España en Marruecos para solicitar asilo. Su caso es un intento de seguir los pasos legales que sugiere el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que defiende que los migrantes pueden pedir protección sin necesidad de acudir a vías irregulares como saltar la valla, algo que niegan ONG especializadas y el Defensor del Pueblo.

Seis meses después de empezar el trámite, la petición de Basir no ha recibido respuesta. Cada vez está más desesperado, como explica en una carta al presidente del Gobierno a la que ha tenido acceso elDiario.es. Ésta es la transcripción de la carta.

Al Excmo. Sr. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España:

Soy Basir, el refugiado sudanés que sobrevivió a la masacre de Melilla del 24 de junio del año pasado. Yo no elegí ser un refugiado, señor presidente. No fue por elección que dejé mi país y mi familia, a la que amo, sino porque soy víctima desde que era solo un niño de una guerra de tribus y de la discriminación religiosa que puso mi vida en peligro en Sudán.

Aquel día, el 24 de junio de 2022, sufrí una violencia inmerecida tanto por parte de la guardia fronteriza marroquí como de la española, fui golpeado brutalmente, maniatado como si fuera un criminal y amenazado. Fui expulsado desde suelo español de Melilla a Marruecos cuando lo único que quería era pedir asilo. Por suerte estoy vivo, porque esa violencia provocó la muerte de muchos refugiados sudaneses que también huían de la guerra en busca de un lugar seguro, un lugar para vivir y estar protegidos.

En diciembre de 2022, casi seis meses después de la masacre, solicité el inicio del procedimiento de protección internacional, con el apoyo de mis abogados de DEMOS, Estudio Legal de Derechos Humanos, pero a pesar de que mis abogados son españoles, ni siquiera a ellos se les permitió ingresar aquel día en su propia embajada y todos los trámites los tuvimos que hacer desde fuera, en la puerta de la delegación. En marzo de 2023, realicé una entrevista en la embajada de España en Rabat, nuevamente acompañado de mis abogados.

Desde entonces, he estado esperando la respuesta del embajador de España en Marruecos y del Ministerio del Interior, pero lamentablemente permanecen en silencio y yo continúo en Marruecos viviendo en la calle y huyendo todos los días de la misma violencia que ya vi con mis propios ojos y experimenté en mi propio cuerpo en Melilla.

Vivo con miedo y angustia, señor presidente.

Últimamente he visto muchas veces en las noticias que España es un país que ha acogido a miles de ucranianos que huían de la guerra, y me pregunto, señor presidente, ¿es mi color de piel lo que me impide recibir el mismo trato que las personas de Ucrania y otros países?

¿Por qué nuestro color de piel nos condena a los refugiados negros a ser tratados como personas sin derechos? ¿Por qué Europa no nos permite otra opción que no incluya poner en riesgo nuestras vidas? Yo jamás habría intentado saltar la valla si tuviera otra opción, señor presidente, pero por mi color de piel tampoco podría nunca obtener un visado para llegar de otra forma a un país seguro.

A pesar de todo, quiero tener esperanza, señor presidente, y confío en que usted pueda conseguir que su Gobierno acceda a mi petición y permita que me trasladen para solicitar asilo en España.

Agradezco a las personas que han estado velando por mi caso, especialmente a los periodistas y a mis abogados, así como a los miembros del Congreso que ya votaron varias veces en favor de que el Gobierno acceda a mi petición de protección internacional.

Seguiré luchando por mis derechos humanos y por los derechos de los demás refugiados hasta donde mis agotadas fuerzas me lo permitan, han sido 10 años buscando un lugar seguro en el mundo y el cansancio cada día es más insoportable. Solo pido ser tratado como un ser humano.

Quedo a la espera de su respuesta, señor presidente.

Atentamente.

Gracias.

Basir.

Las grabaciones de Salvamento Marítimo confirman que España delegó a Marruecos el rescate de la patera en la que murieron tres personas, entre ellas una niña, a pesar de las dudas mostradas por el piloto. El oficial enviado por el centro coordinador de Salvamento en Las Palmas insistía en que las aguas por las que navegaba la barca eran zona de búsqueda y rescate españolas, mientras que desde el centro insistían, erróneamente, en que eran aguas de competencia marroquí por lo que pedían que el país africano se hiciera cargo del rescate a pesar de que una embarcación de los equipos de auxilio españoles se encontraba a una hora de la neumática en peligro. Marruecos llegó 12 horas después.

Los audios, a los que ha tenido acceso la Cadena SER, confirman los hechos contados este viernes por elDiario.es. La ONG Caminando Fronteras avisó a las 16:15 horas a Salvamento Marítimo de que la barca neumática estaba en peligro con 61 personas a bordo. La asociación llevaba horas en contacto con los pasajeros a través de su servicio de alertas telefónicas. A las 19 horas, tras recibir una posición de la patera, la ONG envía las coordenadas a la institución española. 15 minutos después, Salvamento Marítimo activó la búsqueda, según las fuentes oficiales.

Salvamento Marítimo envió un avión a la zona, que comprobó que la barca y sus tripulantes estaban en aparente buen estado. Fue entonces cuando el piloto y el centro de coordinación discutieron a qué país pertenecían las aguas sobre las que navegaban, a 88 millas de Gran Canaria y a 40 del Sáhara Occidental ocupado. El piloto sostiene que España tiene autoridad sobre las mismas: “Esa posición está dentro la zona SAR (zona de búsqueda y salvamento) nuestra”. Pero el centro de coordinación considera que, por su cercanía a El Aaiún, es Marruecos quien se debe hacer cargo, un “criterio por proximidad geográfica”. Finalmente Salvamento da la orden al piloto de volver a la base y avisa a Marruecos para que se haga cargo del rescate. El centro pidió que se desvíe a la zona a un mercante, el Navios Azure, un portacontenedores con bandera de Islas Marshall y solicita que la embarcación de Salvamento Marítimo que estaba a una hora de navegación donde acababa de recuperar a otras 63 personas, no fuera a la zona sino que regresase a puerto.

Marruecos tardó en llegar a la zona doce horas, a la mañana siguiente, cuando ya se había producido el naufragio. Las fuerzas marroquíes encontraron el cuerpo sin vida de un hombre y rescataron a 24 personas. Salvamento Marítimo envía esa misma mañana un helicóptero y recupera el cuerpo sin vida de un menor, que es trasladado a Gran Canaria, dicen las mismas fuentes a elDiario.es. “No había rastro de supervivientes”.

En la búsqueda de la barca neumática, el avión de Salvamento Marítimo encontró otra barca similar en una posición cercana. Esa embarcación sí fue auxiliada por los equipos españoles, y rescataron a 63 migrantes. Sin embargo, el rescate de la otra lancha se dejó en manos de las autoridades marroquíes porque “Marruecos confirmó su coordinación y el envío de una patrullera” y “ya había un mercante a su lado”.

La fundadora de Caminando Fronteras, Helena Maleno, explica: “Cuando España sabe de la situación de riesgo de estas personas en la zona Canaria, presiona a Marruecos para hacer rescate, pero Marruecos, aunque acepta porque tiene interés en esas aguas, muchas veces no acude. Hoy está muy claro: el responsable de estas muertes es el Estado español”. La activista ha denunciado que el área marítima donde se ha producido el naufragio forma parte de la zona de búsqueda y rescate (SAR) bajo responsabilidad española, según la legislación internacional, pero Marruecos se atribuye la titularidad de las aguas del Sahara Occidental. Salvamento Marítimo defiende que se trata de “zona de responsabilidad compartida” de búsqueda y rescate pero, de forma oficial, no existe esta designación, dado que son aguas españolas.

En cualquier caso, la postura de Maleno es clara: “Tuvieron horas esta gente sin ninguna coordinación de rescate activa”.

La sala de lo civil del Tribunal Supremo ha estimado el recurso del activista José Palazón contra la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Málaga por vulnerar el derecho al honor del exconsejero de Bienestar Social de Melilla tras considerar que sus comentarios a raíz de la muerte de un menor migrante están protegidos por la libertad de expresión.

En 2018, el entonces consejero Daniel Ventura, del Partido Popular, interpuso una demanda de protección al honor contra Palazón, presidente de la Asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein) tras las declaraciones del activista en las redes sociales, a raíz de la muerte, en diciembre de 2017, de un menor tutelado por la Consejería de Bienestar Social de la ciudad autónoma, Mamadou Barry.

Entre otros comentarios, José Palazón escribió que Mamadou Barry, de 17 años, murió después de estar “20 días en coma” en el Hospital Comarcal de Melilla “tras una paliza en el Centro de Reforma” y criticó la actuación del exconsejero, con expresiones como “Venturilla” y afirmaciones de intento de ocultar lo sucedido.

En una primera instancia, en Melilla, el juez consideró que los comentarios estaban amparados por la libertad de expresión, pero Ventura recurrió esa primera sentencia y la sección séptima de la Audiencia Provincial de Málaga finalmente le dio la razón y condenó a Palazón el año pasado. El presidente de Prodein recurrió en 2022 al Tribunal Supremo, que ha fallado dejar sin efecto esta sentencia.

Prima la libertad de expresión

La sentencia del alto tribunal, a la que ha tenido acceso elDiario.es, concluye que prima la libertad de expresión de Palazón y señala que “lo que pretende” el activista “es transmitir su opinión crítica, en tono de denuncia, sobre lo que considera constituyen conductas vulneradoras de los derechos fundamentales de las personas con respecto al trato dado a menores inmigrantes por las administraciones públicas”.

“Buena muestra de ello, es que efectúa sus comentarios en relación a noticias previamente difundidas por medios de comunicación social (...) a las que hace, incluso, referencia como fuentes de información, o a la investigación que, sobre este suceso, se realizó por el Defensor del Pueblo”, dice el fallo. “El fin pretendido, congruente además con el objeto de la asociación que preside, es dar su parecer crítico sobre lo sucedido”. 

Según el Supremo, el recurso debe ser estimado porque se trata de hechos “de un indiscutible interés social, toda vez que versan sobre las circunstancias de la muerte de un menor inmigrante, tras una contención practicada en un centro de menores tutelado por el gobierno de la ciudad autónoma de Melilla, con traslado a un establecimiento hospitalario en que falleció días después”. Y señala que ante “una materia tan sensible como la relativa a los derechos humanos, y máxime si se trata de los correspondientes a menores de edad, el interés, que suscitaban los hechos objeto del proceso, era incuestionable”.

“Ha sido una demanda para perseguirnos”

El presidente de la ONG Prodein lleva más de 20 años denunciando las vulneraciones de derechos humanos cometidas en la frontera de Melilla y defendiendo los derechos de los menores migrantes.

En declaraciones a elDiario.es tras el fallo del Supremo, Palazón sostiene que la sentencia es importante en relación a la “persecución” que, denuncia, sufren los activistas que defienden los derechos humanos. “No ha sido nunca una demanda en defensa de su honor, sino una demanda más de tantas que se han puesto para perseguirnos, cazarnos, a los defensores de derechos humanos”.

“Es una vergüenza para el consejero que nunca haya abierto otra demanda por cualquiera de las 1.000 violaciones de derechos del niño que tuvieron lugar bajo su mandato, incluidas muertes. El Supremo deja a cada uno en su sitio finalmente: a Ventura, al sistema que gestionaba, a la Audiencia Provincial, a mí”, dice el activista. “Hay muchas personas y organizaciones que me están llamando para darme su apoyo y felicitarme. Me gustaría desde aquí darles las gracias a todos”.

El Congreso ha aprobado este jueves con una amplia mayoría la nueva Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, que promueve una reforma “profunda y amplia” que, entre otras cosas, establece que España destinará el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) a ayuda al desarrollo para 2030 y reconoce la figura del cooperante.

Una amplia mayoría de diputados han avalado las enmiendas introducidas en el Senado, donde el texto final salió adelante con el voto favorable del PP y el voto en contra de Vox.

La nueva norma, reclamada por el sector y que toma el relevo a la Ley de Cooperación Internacional de 1998, afecta a los pilares institucional, normativo y presupuestario del sistema de cooperación español, debilitado por los recortes durante una década. Busca adaptarse de manera “eficaz” a desafíos como la crisis climática o alimentaria, incluyendo los enfoques ecologistas, así como feministas, en sus intervenciones. La aprobación del texto abre un periodo en el que se tendrán que desarrollar las reformas que propone la ley.

Las principales novedades

La principal novedad de la nueva legislación es que prevé destinar, al menos, el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en el horizonte 2030, con objetivos intermedios fijados a través de los planes directores.

El Gobierno se ha marcado como objetivo alcanzar el 0,5% para el final de la actual legislatura, pero la previsión en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) es que en 2023 se alcance el 0,34%, aún alejado de ese compromiso.

La ley prevé asimismo que se destine el 10% de la AOD a acción humanitaria, la creación de un nuevo Fondo Español para el Desarrollo Sostenible (FEDES) y la elaboración de un nuevo Estatuto de las Personas Cooperantes. Estas dos últimas cuestiones, al igual que la prevista reforma de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), tendrán que hacerse a posteriori.

Asimismo, el texto sostiene que la llamada cooperación descentralizada –la que se hace desde las comunidades autónomas y entes locales y forales– “es una de las señas de identidad y fortalezas” de la Cooperación Española y “supone una importante contribución a un sistema de cooperación más democrático y a la buena gobernanza desde la complementariedad y la corresponsabilidad”. Dicha cooperación, se desarrollará según sus respectivos Estatutos de autonomía y leyes autonómicas como las líneas generales establecidas por sus asambleas legislativas o parlamentos“.

Entre sus principios consagra que la igualdad de género, “promovida desde un enfoque feminista” como “un elemento imprescindible, transversal y distintivo de la cooperación española para reducir las desigualdades entre mujeres y hombres, intensificar los esfuerzos para cerrar las brechas de género, combatir todas las formas de violencia y discriminación y fomentar el empoderamiento de las mujeres”.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha acudido al Congreso de los Diputados para presenciar la votación y ha intervenido para agradecer el respaldo de “todos los grupos que creen en la cooperación” y han hecho que la nueva ley sea una realidad.

Según explicó el ministro durante la tramitación parlamentaria, la nueva ley incorpora los acuerdos de París contra el cambio climático, que no preveía la anterior ley, al tiempo que “reconoce y dignifica” el trabajo, vocación y compromiso de los más de 2.600 cooperantes “que representan los mejores valores de España”.

El Gobierno había venido reclamando desde el inicio de la tramitación del texto el máximo consenso posible en torno a esta ley. En el Senado, el texto recabó 260 votos a favor y solo dos en contra. En la Cámara Baja, recibió 201 votos a favor –los de PSOE, Podemos y sus socios de legislatura–, 52 en contra y 92 abstenciones. Además del PP, también se abstuvieron Junts y tres diputados del Grupo Mixto.

Las ONG celebran la aprobación

Las ONG de desarrollo han celebrado la aprobación de la ley. “Valoramos positivamente que el proceso para su elaboración se haya abierto a la participación”, ha dicho la Coordinadora de ONGD, la plataforma estatal de organizaciones sociales y redes autonómicas dedicadas a la cooperación internacional. Según explica, los últimos dos años han sido de “intenso trabajo, de un rico diálogo con el Gobierno y los grupos políticos, en el que las propuestas de los distintos actores de la cooperación se han tenido en cuenta”.  

A su juicio, la nueva ley marca la senda que “deberá seguirse de ahora en adelante para sacar a esta política pública de una década de debilitamiento” y la aprobación puede suponer “una fecha de inflexión” y el inicio de una nueva etapa para la cooperación. “Durante años, España ejerció una cooperación muy por debajo de las necesidades de millones de personas afectadas por la pobreza y las desigualdades; una cooperación muy alejada de los proclamados valores de búsqueda de justicia global y equidad entre los pueblos; una cooperación que quedaba a la cola de Europa. la aprobación de esta ley debería darle hoy un cierre definitivo a esta etapa”.

“Se inicia ahora un periodo en el que llevar a la práctica las reformas que la ley propone. 2023 será un año de intenso trabajo en este sentido”, dice la Coordinadora de ONGD. En concreto, sostiene, “será el año de articular las reformas que apunta la ley: la reforma de la AECID y del actual Consejo de Cooperación, una revisión del Estatuto de las personas cooperantes que mejore sus condiciones de trabajo, una revisión de los requisitos burocráticos en las subvenciones con el fin de evitar procesos extremadamente complejos o un estatuto del nuevo Fondo Español para el Desarrollo Sostenible (FEDES) que logre que la cooperación financiera sea sostenible, responsables y efectiva”.

“El apoyo casi unánime a esta ley debe marcar la dirección a seguir. Como organizaciones de la sociedad civil, estaremos atentas y a disposición para que así sea”, concluye la Coordinadora de ONGD. 

Con información de agencias.

El buque vasco de rescate 'Aita Mari' podría enfrentarse a una multa de “entre 60.000 y 80.000 euros” en relación con “siete deficiencias” detectadas en el barco hace tres años en Italia, según informa el Ministerio de Transportes a elDiario.es. Según ha declarado la ONG Salvamento Marítimo Humanitario, responsables del buque, a EFE, todas las deficiencias fueron subsanadas y “la mayoría” de ellas estaban relacionadas con la documentación, sin afectar a la seguridad de la embarcación pero, casi tres años más tarde, las autoridades españolas han iniciado el procedimiento administrativo.

La Capitanía Marítima de Valencia comunicó este jueves a la ONG la apertura de expediente sancionador por un incidente en Italia en mayo de 2020. En ese momento, la Guardia Costera de Palermo (Sicilia) inspeccionó el buque y detectó “varias irregularidades de carácter técnico y operativo”, por lo que lo inmovilizaron. En aquel momento, la ONG señaló que las autoridades italianas inmovilizaron el barco “con una serie de requerimientos que no corresponden con el tipo de buque”. El barco estuvo 49 días bloqueado en Palermo.

“En 2020, Italia tenía un política muy clara de hacer inspecciones muy duras a los barcos de rescate”, dicen desde la ONG a elDiario.es, señalando que “eran inspecciones de carácter político”. “Desde entonces hemos vuelto a navegar y el barco está en perfectas condiciones”, añaden sobre las deficiencias mencionadas por el Ministerio.

Desde el Ministerio indican que “la sanción total puede oscilar, por antecedentes casi idénticos, entre 60.000/80.000 euros, que pueden reducirse en un 40% menos si el titular del buque reconoce y paga”. Este jueves, eitb, la radio televisión pública de Euskadi, informó de que la multa podría ascender a más de un millón de euros. Fuentes del Ministerio dicen que esto “no se ajusta a la realidad en absoluto ya que solo tiene en cuenta las cuantías máximas previstas en la ley”.

La ONG dice que presentarán alegaciones, para lo cual tienen un periodo de 10 días, y que esperan poder salir del puerto la próxima semana en la que sería su novena misión de rescate. Sobre la posible multa, dicen desconocer de cuánto podría llegar a ser la cuantía.

Tanto el PNV como EH Bildu han pedido en el Congreso de los Diputados al Gobierno de España que aclare la información y los motivos del inicio del procedimiento dos años y medio más tarde. También han pedido que se aclare “cómo podrían ser ciertos los hechos” cuando semanas antes el buque partió desde España tras una reparación y una inspección de las autoridades marítimas españolas.

El PNV ha preguntado al Gobierno si la apertura del expediente “es consecuencia de alguna presión de las autoridades italianas” y si se está usando para retrasar la autorización de salida del buque, “que nos consta que se ha solicitado hace tiempo, y se estaba retrasando de manera injustificada”.

Por su parte, desde el Gobierno vasco han dicho “desconocer” los detalles y el procedimiento del expediente al Aita Mari y han mostrado su apoyo a la ONG. “Creemos que las instituciones públicas estamos para desbloquear conflictos y para apoyar iniciativas como esta […], que salvan vidas”, ha dicho Xabier Legarreta, director de Migración y Asilo del Gobierno Vasco. “Esperamos que pronto encuentre solución y que pueda salir lo antes posible en misión humanitaria”.

Desde el Ministerio de Transportes señalan que es “un procedimiento habitual”. “No es un hecho aislado ni premeditado. Es un procedimiento ordinario en cumplimiento de la normativa vigente”, indican.

La eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, ha señalado este viernes que hace varias semanas presentó una pregunta a la Comisión Europea respecto a este caso del Aita Mari y ha dicho que “la sanción planteada por Italia es de carácter político y con consecuencias tremendas”, ya que puede afectar “al resto de los buques”. “Estamos muy preocupados y esperando una respuesta”, ha dicho en un desayuno de Fórum Europa-Tribuna Euskadi.

“La política de devoluciones en caliente de España contribuyó a la muerte de migrantes en sus fronteras terrestres y marítimas”. Así de contundente arranca el apartado sobre España del informe anual de Human Rigths Watch (HRW), referido a 2022 y publicado este jueves, que presta atención a la tragedia del pasado 24 de junio, con decenas de migrantes muertos cuando intentaban saltar la valla de Melilla.

“En junio, al menos 23 personas murieron en la frontera entre España y Marruecos, en Melilla”, dice el informe, en su apartado sobre Marruecos: “El incidente se produjo cuando unas 2.000 personas –migrantes y solicitantes de asilo, muchos de ellos procedentes de Sudán, Sudán del Sur y Chad– intentaban entrar en España escalando las altas vallas metálicas que rodean Melilla, uno de los dos enclaves españoles en el norte de África”.

El informe recuerda que “vídeos y fotografías del incidente muestran a las fuerzas de seguridad marroquíes haciendo un uso excesivo de la fuerza, incluidas palizas, y a la Guardia Civil española lanzando gases lacrimógenos contra los hombres que se aferraban a las vallas. Los tribunales marroquíes condenaron a prisión a decenas de migrantes en relación con el incidente de junio por una serie de delitos, entre ellos tráfico de personas, entrada ilegal en Marruecos y violencia contra las fuerzas de seguridad”.

Según la entidad humanitaria, “Estados miembros de la UE, entre ellos Bulgaria, Croacia, Chipre, Grecia, Polonia y España, siguieron protagonizando devoluciones ilegales y violencia en sus fronteras”.

El informe recuerda que, según la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados, ACNUR, “al menos 25.389 personas habían llegado de forma irregular por mar a la península y a las Islas Canarias hasta finales de octubre de este año, mientras que 1.720 lo hicieron por tierra”. Y añade: “La falta de rutas seguras y legales siguió causando daños y muertes. Caminando Fronteras, un grupo de defensa de los derechos de los migrantes, calculó que en el primer semestre del año, 978 personas habían muerto en el mar al intentar cruzar en barco desde África a España, y que aproximadamente cuatro de cada cinco de las muertes se produjeron en la ruta del Atlántico”.

En relación a la tragedia del 24 de junio, HRW insiste en que “las imágenes mostraban cómo la policía marroquí golpeaba a las personas que escalaban la valla y cómo la policía española utilizaba gases lacrimógenos y colaboraba con sus homólogos marroquíes para devolver a las personas al otro lado de la frontera. Decenas de inmigrantes y fuerzas policiales de ambos lados de la frontera resultaron heridos. Las autoridades españolas confirmaron posteriormente que habían devuelto sumariamente a las personas a Marruecos. Periodistas de investigación publicaron en noviembre que un migrante había muerto en territorio español y que su cuerpo aún no había sido devuelto a su familia”.

En este sentido, la entidad humanitaria recuerda que ACNUR expresó en mayo pasado su preocupación “por el riesgo de tortura” de un “solicitante de asilo argelino de 32 años que había sido condenado por delitos penales en Argelia”. Preocupación que España desoyó y procedió a su deportación.

También en mayo, dice el informe, “el Defensor del Pueblo recordó a las autoridades que las personas procedentes de Marruecos tenían derecho a solicitar protección internacional en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla, del que estaban siendo expulsadas”.

El informe también incluye una sentencia de octubre del Tribunal Constitucional, “en un caso presentado por un hombre marroquí que llegó en patera a las Islas Canarias en noviembre de 2020 y al que las autoridades intentaron deportar al mes siguiente, criticó a la policía por no garantizar el acceso a un abogado de oficio a su llegada. El tribunal también llamó la atención sobre el reiterado incumplimiento por parte de la policía en este caso y en otros de garantizar una adecuada supervisión judicial de la detención migratoria”.

Por otro lado, como recuerda HRW, “a finales de octubre, España había concedido protección temporal a más de 150.000 personas que huían del conflicto en Ucrania”.

Pobreza

En relación con la pobreza, HRW recuerda que, según datos oficiales publicados en junio, “el 27,8% de la población estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2021”.

Este dato supone un ligero aumento respecto al año anterior, “lo que equivale a 397.000 personas más, según una importante organización no gubernamental de lucha contra la pobreza. Más de la mitad (54 %) de los hogares monoparentales, en su mayoría encabezados por mujeres, estaban en riesgo de pobreza”.

La entidad humanitaria reconoce que “los esfuerzos gubernamentales, incluidos los pagos de subvenciones y prestaciones sociales adicionales, para mitigar el impacto económico de la pandemia de Covid-19 pueden haber contribuido a frenar este aumento, ya que el porcentaje de la población en situación de privación social y material grave disminuyó marginalmente durante este periodo. Sin embargo, los datos oficiales de 2021 mostraron que muchos hogares ya se enfrentaban a un coste de vida cada vez mayor, ya que el porcentaje de hogares con dificultades para pagar la vivienda y la energía aumentó”.

“La pobreza aumentó durante el año al subir la inflación, lo que afectó especialmente los precios de los alimentos y la energía”, prosigue la ONG: “Los desalojos de inquilinos y titulares de hipotecas continuaron, a pesar de la prórroga de una moratoria relacionada con la pandemia para las personas que pudieran demostrar su vulnerabilidad socioeconómica. Miles de personas que viven en un asentamiento informal cerca de Madrid continuaron sin electricidad por tercer año consecutivo”.

Violencia de género

En su informe, HRW analiza “la tan esperada legislación sobre violación y consentimiento sexual”. Y afirma: “La nueva 'ley de solo el sí es sí' aclara que el consentimiento no puede deducirse de la pasividad, el silencio o por defecto, e intenta cerrar una laguna en la que la violación de menores podía juzgarse como un delito menor de 'abuso sexual' cuando no se probaban la violencia y la intimidación. Los activistas expresaron su preocupación por el hecho de que cierta reclasificación de delitos, en virtud de la nueva ley, disminuya las penas mínimas para algunos delitos sexuales, lo que también puede tener efectos retroactivos”.

La organización no gubernamental recupera cifras oficiales que muestran que “las denuncias ante las autoridades por violencia de género aumentaron durante el año anterior y los primeros cuatro meses de 2022. Las cifras también mostraban que las autoridades judiciales utilizaban a partir de 2021 nuevos poderes para suspender el derecho de visita en casos de sospecha de violencia doméstica”.

Sanidad

HRW recuerda que la CEDAW de la ONU sostuvo en julio que “las autoridades sanitarias españolas habían violado en 2012 los derechos de una mujer conocida como N.A.E. al obligarla a someterse a una inducción prematura del parto y a una cesárea sin su consentimiento, sometiéndola así a violencia obstétrica. El comité recomendó que el Estado reparara a NAE, garantizara un mejor enfoque del consentimiento libre, previo e informado en el contexto de la salud reproductiva, y un mayor respeto por los derechos de los pacientes al tramitar las denuncias en el sistema judicial. En mayo, el gobierno anunció un proyecto de ley que permitiría a las trabajadoras disfrutar de tres días de baja remunerada al mes por dolores menstruales intensos y proponía eliminar el periodo de espera de tres días para acceder al aborto y el requisito de los padres para que las jóvenes de 16 y 17 años pudieran acceder a él”.

En el informe también se recoge el espionaje ilegal con software de seguimiento, como Pegasus; así como un informe de marzo, “elaborado por dos organizaciones no gubernamentales y financiado por el Ministerio de Igualdad, que documentaba una discriminación generalizada por parte de agentes inmobiliarios y arrendadores privados basada en el origen racial, étnico o nacional. El mismo informe también reveló que las personas de origen racial o étnico minoritario constituían el 90 % de los habitantes de los asentamientos informales”.

Se llama Sara Khadem, tiene 25 años, ocupa el puesto 804 del mundo según la Federación Internacional de Ajedrez y ha aparecido sin velo en el Mundial que se disputa estos días en Kazajistán.

Medios internacionales y locales han publicado imágenes de la prometedora jugadora frente al tablero de ajedrez en el torneo internacional con la cabeza descubierta. Irán, que suma meses de protestas antigubernamentales, obliga a llevar el velo a todas las mujeres.

Según ha informado El País citando a dos fuentes próximas, Khadem residirá en España tras el Mundial que se celebra del 25 al 30 de diciembre en Almaty, consciente de que su seguridad corre peligro, recoge el diario, si regresa a Irán.

Vivirá junto a su marido, el documentalista Ardeshir Ahmadi, y su bebé en una ciudad española, cuyo nombre no quiere hacer público por motivos de seguridad, tras el torneo, según El País, cuyas fuentes informan de que la familia tiene un piso en propiedad en nuestro país, pero desconocen si la jugadora ha obtenido ya un permiso de residencia o si ha pedido o quiere pedir asilo.

Nacida en 1997, Sara Khadem, también conocida como Sarasadat Khademalsharieh, ostenta el título de Gran Maestra Femenina, el de mayor rango de ajedrez exclusivamente de mujeres.

En el perfil de Instagram de la ajedrecista, donde se ve cómo en anteriores ocasiones ha jugado con velo, no hay imágenes actualmente del campeonato internacional de Kazajstán. elDiario.es ha tratado de ponerse en contacto con ella, sin éxito.

La federación de ajedrez iraní ha calificado este miércoles de inesperada la decisión de la jugadora. El presidente de la Federación de Ajedrez de Irán, Hasan Tamini, ha dicho que “no esperaban” que se quitase el velo “porque había participado en torneos anteriores cumpliendo las leyes” del país, informa la agencia local iraní de noticias Fars y recoge la agencia EFE.

Tamini asimismo ha indicado que Khadem no ha asistido a través de la federación a ese campeonato, sino “de modo independiente” y sin velo.

Irán vive protestas antigubernamentales duramente reprimidas desde mediados de septiembre, tras la muerte bajo custodia policial de una joven kurda llamada Mahsa Amini, a la que habían detenido por llevar mal puesto el velo. Las mujeres han desempeñado un papel destacado en las protestas, quitándose y, en algunos casos, quemando pañuelos.

Desde que comenzaron las protestas, varias deportistas iraníes se han presentado sin el velo en competiciones en otros países, como fue el caso de Elnaz Rekabí, escaladora que escaló sin velo el pasado mes de octubre. Sin embargo, luego reiteró que no fue intencionadamente.

Cuatro personas han muerto este miércoles al volcar una pequeña embarcación en el canal de la Mancha, entre Reino Unido y Francia, según ha informado el Gobierno británico en un comunicado.

Las autoridades británicas y francesas han llevado a cabo una operación de búsqueda y rescate frente a la costa de Kent tras recibir una llamada de socorro alrededor de las 3:00 a.m. del miércoles.

“A las 03:05 (hora local) de [este miércoles], las autoridades fueron alertadas de un incidente en el canal de la Mancha relacionado con una pequeña embarcación de inmigrantes en apuros”, ha dicho un portavoz del Gobierno en un comunicado, según informa The Guardian. “Tras una operación coordinada de búsqueda y rescate dirigida por los guardacostas de Su Majestad, lamentamos que se hayan confirmado cuatro muertes como resultado de este incidente, las investigaciones están en curso y proporcionaremos más información a su debido tiempo”.

Fuentes gubernamentales han dicho al medio británico que podría haber más víctimas. Previamente, The Guardian y la BBC informaron de que 43 personas habían sido rescatadas, más de 30 de las aguas del canal.

La tragedia ha desatado un amplio operativo de búsqueda y rescate, en el que han participado guardacostas británicos, la Marina del Reino Unido, la fuerza de fronteras y la Policía del condado de Kent, según ha precisado la Agencia Marítima y de Guardacostas. A las aguas del canal han acudido además buques procedentes de las localidades inglesas de Dungeness, Hastings y Ramsgate, y dos helicópteros del servicio de guardacostas.

Las autoridades francesas han enviado un helicóptero desde el norte de Francia, así como una patrullera de los guardacostas franceses para ayudar a los guardacostas de Kent, además de un buque de reconocimiento hidrográfico de la marina francesa que ha participado en la operación.

Según The Guardian, se cree que los pasajeros del barco son refugiados que intentan llegar a Reino Unido. “Que alguien haga este viaje con estas temperaturas demuestra lo desesperada que está la gente”, ha dicho el director de apoyo a los refugiados de la Cruz Roja Británica, Alex Fraser. “Nadie pone su vida en peligro de esta manera a menos que sienta que no tiene otra opción, y hasta que no tengamos rutas seguras más accesibles para que las personas soliciten asilo, existe el peligro de que veamos más incidentes de este tipo”.

La ministra de Interior británica, la ultraconservadora Suella Braverman –que ha mantenido una dura retórica antiinmigración–, ha dicho que ha hablado con su homólogo francés, Gérald Darmanin. “No es cierto que nuestra capacidad sea ilimitada, ya estamos gastando millones en hoteles todos los días. La gente no necesita pedir asilo si ya está en un país seguro, es vital, literalmente vital, que acabemos con los cruces ilegales en el canal”, ha defendido en el Parlamento.

En noviembre del año pasado, al menos 27 migrantes murieron intentando cruzar el canal de la Mancha, en el naufragio más mortífero desde que hay registros. Según la BBC, más de 40.000 personas han cruzado el canal en pequeñas embarcaciones en 2022, la cifra más alta desde que se comenzaron a recopilar en 2018. Las ONG han pedido reiteradamente que se abran rutas seguras para que los solicitantes de asilo puedan ir a Reino Unido sin echarse al mar.

Nueva legislación

La tragedia se produce solo un día después de que el primer ministro británico conservador, Rishi Sunak, anunciara en la Cámara de los Comunes un nuevo plan con el que busca atajar la migración irregular a este país. Anunció el establecimiento de una “nueva unidad operacional de embarcaciones pequeñas”, dedicada a erradicar los cruces por el canal.

Sunak ha dicho que el Gobierno presentará una nueva legislación “para dejar claro, sin ambigüedades, que si alguien viene a Reino Unido ilegalmente, no debe poder permanecer” en Reino Unido. El primer ministro dijo que quien entre de manera irregular al país será detenido y devuelto “rápidamente a su país de origen o a un país seguro, donde se estudiará su solicitud de asilo”. Una vez expulsada, según dijo, esa persona “no debería tener derecho a volver a entrar al país” o a pedir la solicitud de asentamiento o asilo.

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha expresado su preocupación por las medidas anunciadas por Reino Unido para combatir la inmigración ilegal que llega especialmente a través del canal de la Mancha, asegurando que suponen un “alejamiento de esa loable tradición humanitaria”.

“La propuesta anunciada de detener primero a los solicitantes de asilo y luego devolverlos a sus países de origen o trasladarlos a un tercer país equivaldría a denegar el acceso al sistema de asilo del Reino Unido a quienes llegan de forma irregular”, dijo en un comunicado la alta comisionada auxiliar para la protección de Acnur. Esto, dijo, podría causar el retorno de refugiados a países inseguros, violando la convención internacional para este colectivo de 1951.

“Limitar el acceso a las solicitudes de asilo a quienes llegan a través de rutas consideradas seguras y legales” contradice, según Acnur, los principios básicos de solidaridad internacional y responsabilidad de la convención de 1951. Proporcionar protección y acogida a las personas que huyen de la guerra y la persecución sigue siendo la piedra angular del sistema internacional de los refugiados. La agencia también ha manifestado en repetidas ocasiones su “profunda preocupación” por el acuerdo de Reino Unido con Ruanda, que a sus ojos vulnera el derecho internacional.

La exregatista y emprendedora social británica Ellen MacArthur, que trabaja con su fundación para promover la economía más sostenible, ha sido galardonada este jueves con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional.

El presidente del jurado, el exministro Gustavo Suárez Pertierra, ha hecho público este mediodía en Oviedo el fallo del premio, al que optaban una treintena de candidaturas de 14 nacionalidades.

El jurado ha considerado a MacArthur “un referente en la lucha para una mejor utilización de los recursos naturales y por acelerar la transición hacia la llamada economía circular”. Con su fundación, la galardonada trabaja “para cambiar el actual paradigma de producción y consumo mediante un aprovechamiento de los recursos basado en la reducción, la reutilización y el reciclaje de materiales de forma sostenible”.

“Su capacidad de promover alianzas con gobiernos, empresas, instituciones científicas y sociedad civil ha contribuido a forjar el primer gran acuerdo internacional que será jurídicamente vinculante contra la contaminación por plásticos”, se lee en el acta del jurado, que también ha valorado, su labor para “fomentar un cambio en la cultura de producción y consumo responsable en la industria textil, entre otros de sus grandes compromisos”.

Este galardón está destinado a distinguir la labor de “desarrollo y fomento de la salud pública, de universalidad de la educación, de la protección y defensa del medio ambiente y del avance económico, cultural y social de los pueblos”, según recogen los estatutos de la Fundación Princesa de Asturias.

Del mar a la lucha por una economía más sostenible

Nacida en Whatstandwell (Inglaterra) en 1976, Ellen MacArthur fue regatista profesional. En 2005, hizo historia al completar la vuelta al mundo en solitario más rápida hecha por ningún navegante. Cinco año después, creó la fundación que lleva su nombre.

“Tras pasar 71 días sola en el mar, confrontada con el impresionante poder y la deslumbrante belleza de la naturaleza, Ellen empezó a reflexionar sobre la fragilidad de los sistemas que hemos construido”, se lee en la web de su fundación. “Su barco era su mundo y su supervivencia dependía por completo de la escasa comida, el combustible y otros suministros que había llevado consigo. Se dio cuenta de que nuestra economía global no es diferente: depende completamente de los recursos finitos que extraemos, utilizamos y luego desechamos”.

Cuando regresó, “comenzó un nuevo viaje para aprender a entender cómo funciona nuestra economía”. “Se dio cuenta de que las soluciones a nuestros mayores problemas no sólo residen en la forma en que fabricamos energía, sino también en la forma en que utilizamos los materiales. Todo lo que utilizamos tiene un suministro limitado, desde los metales preciosos de nuestros ordenadores y teléfonos hasta la arena del cemento utilizado para construir edificios”. El sistema en el que vivimos, sostiene, “es fundamentalmente defectuoso”. 

MacArthur y su fundación defienden que hay que transformar el modelo económico “extractivo y desechable” en uno basado en los principios de una economía circular, “una economía diseñada para mantener los materiales en uso, eliminar los desechos y regenerar los sistemas naturales”.

Nueva edición de los Princesa de Asturias

El año pasado, el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional recayó sobre la ONG Campaign for Female Education (CAMFED) en reconocimiento a su lucha contra la desigualdad y la pobreza y por su trabajo para facilitar el acceso de millones de niñas a la educación y el empoderamiento de mujeres jóvenes en el África subsahariana.

En ediciones anteriores han sido distinguidos con este galardón, entre otros, la Hispanic Society of America (HSA), la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCC) y el Acuerdo de París; Wikipedia; la Fundación Fulbright; la sociedad Max Planck; Cruz Roja y Media Luna Roja; Al Gore; la Fundación Bill y Melinda Gates; Helmut Kohl; Mario Soares; Isaac Rabin y Yaser Arafat, o Frederick De Klerk y Nelson Mandela.

El de Cooperación Internacional es el sexto de los ocho galardones que convoca anualmente la Fundación Princesa de Asturias en fallarse. En esta XLII edición se han concedido ya el de las Artes, a la cantaora Carmen Linares y a la bailaora y coreógrafa María Pagés; el de Comunicación y Humanidades, al periodista polaco Adam Michnik; el de Ciencias Sociales, al arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma; el de los Deportes, a la Fundación y el Equipo Olímpico de Refugiados del COI, y el de las Artes, al dramaturgo Juan Mayorga.

Cada Premio Princesa de Asturias está dotado con una escultura de Joan Miró – símbolo representativo del galardón−, un diploma acreditativo, una insignia y la cantidad en metálico de 50.000 euros.

Desde el inicio de la invasión rusa, más de cinco millones de personas han huido de la guerra de Ucrania. Entre ellas están quienes prepararon la maleta nada más escuchar las primeras explosiones en la madrugada del 24 de febrero, pero también quienes esperaron hasta creérselo del todo. Están quienes pasaron días atrapados en filas kilométrica de coches, y quienes decidieron abandonar su vehículo y caminar a pie. O aquellos que aguantaron y aguantaron hasta que no pudieron más. La cifra, según estima el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), supone el mayor flujo de refugiados de los últimos 75 años.

“Han dejado atrás sus hogares y familias. Muchos harían cualquier cosa, y algunos incluso se arriesgan a volver, para ver a sus seres queridos. Pero cada nuevo ataque hace añicos sus esperanzas. Solo el fin de la guerra puede allanar el camino para reconstruir sus vidas”, dice Filippo Grandi, el alto comisionado.

En total, el número de personas que han dejado su hogar por los combates en Ucrania, donde antes de la guerra vivían 44 millones de personas, supera ya los 12 millones. Al menos 7,1 millones se han desplazado dentro de las fronteras del país, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Polonia, principal puerta de salida

El flujo de refugiados se ha ralentizado –solo en los primeros 15 días salieron 2,5 millones de personas–, pero no llega a detenerse. La mayor parte de desplazados que han optado por abandonar Ucrania lo han hecho a través de Polonia, por donde han pasado más de 2,8 millones de personas y cuya población se ha volcado para acogerles. Le sigue Rumanía (757.047), Hungría (471.080), Moldavia (426.964), Eslovaquia (342.813) y Bielorrusia (23.759), así como Rusia (549.805).

Estas cifras, actualizadas por Acnur cada día, corresponde al número de personas que han cruzado sus fronteras desde Ucrania, pero miles de refugiados no han permanecido en los países vecinos sino que han continuado su trayecto a otros Estados de la UE. Las cifras, sin embargo, son inciertas, debido a que la mayoría de movimientos migratorios se están realizando de forma espontánea, impulsados es muchos casos por las redes familiares.

Iryna es una de las mujeres que tomó la decisión de salir del país por Polonia el mismo 24 de febrero. “A las cinco de la madrugada escuché los sonidos de las bombas, cogí las cosas muy rápido, como en 20 minutos, cogí el coche con mi madre y mi hijo y salimos hacia la frontera. Hicimos una parada para comprar más cosas: agua, comida y gasolina. Había muchísimos coches. Tardamos más de un día en conseguirlo. En la frontera esperamos alrededor de cinco horas, parados, en el coche”, detalló la mujer , a elDiario.es. La refugiada agradece la generosidad del pueblo polaco: “Nada más cruzar nos vinieron a preguntar si necesitábamos algo. Nos dieron agua, comida y medicinas para mi madre. La gente está siendo muy amable y cariñosa con nosotras”.

“Había noticias sobre la posible guerra desde hacía meses, pero nosotros no nos lo creíamos, confiamos en que vivíamos en un país democrático, que no era posible… Nunca lo vimos. Ahora estamos aquí. Miro al pasado y veo que, unos días atrás, había ido con mi hijo al cine. Pienso en lo importante que es vivir tus días simples, tu rutina, en tu país. He perdido todas mis cosas. He perdido mi hogar. He perdido mi perfume, mis libros, mi ropa… Es lo menos importante, pero todo se ha ido”, decía la mujer.

En un almacén de venta al por mayor de Korczowa (Polonia), se acumulan los camastros. Hay cientos de refugiados, en un enjambre creciente. Entre ellos está Elena. cuando la guerra estalló, tenía pendiente una intervención por el cáncer que padece. “Quizás puedan operar en Alemania”, especula su hermana. Su hijo, de 27 años, se ha quedado atrás para combatir.

En Moldavia, Dimitri y Tamara, de 85 años, contaban a finales de marzo a elDiario.es lo difícil que había sido salir de Ucrania tras aguantar más de un mes de guerra. “Apenas dormíamos nada, por miedo. La alarma sonaba, íbamos a nuestro sótano, pero al ser una casa baja, nos daba miedo que cualquier cohete llegase a nosotros...”, decía Tamara, con pronunciadas ojeras, poco después de haber bajado de un minibus tras atravesar el paso fronterizo de Palanca, que separa el sur de Ucrania del pequeño país vecino.

Más de 65.000 en España

Tras el acuerdo alcanzado por la UE, los Estados miembros empiezan a activar en sus países la directiva de protección temporal que garantiza la acogida automática en suelo comunitario de quienes escapan del ataque ruso. El acuerdo consiste en dar protección durante un año (prorrogable hasta tres) a ciudadanos ucranianos y su familia. A los residentes de terceros países de larga duración en Ucrania se les podrá aplicar la directiva de protección temporal automáticamente o conceder un estatus adecuado o equivalente recogido en la legislación nacional del país de acogida.

España fue uno de los principales países en aprobar el sistema para regularizar la situación de los refugiados de la guerra de Ucrania. En su aplicación de la directiva europea, el Gobierno decidió asegurar también la protección a otras personas que no quedaban amparadas en la normativa comunitaria: los residentes extranjeros en Ucrania –cualquiera que sea la duración de su permiso de residencia–, así como los ucranianos que residían sin papeles en España antes del inicio de la invasión rusa.

Desde la activación del sistema para otorgar la protección temporal en España, 65.056 desplazados de Ucrania han conseguido ya los papeles, según Interior, aunque se estima que la cifra de refugiados ucranianos en el país es mucho mayor. El dato incluye tanto las personas huidas del país en guerra desde el 24 de febrero, como los ucranianos que vivían en el país sin papeles y han regularizado su situación. Las redes familiares son fundamentales para la selección del país de destino en los flujos migratorios. Y, según los datos de Eurostat, España es el cuarto país europeo con mayor número de residentes ucranianos, solo detrás de Polonia, Italia y República Checa. 

Las comunidades autónomas donde más permisos se han concedido son Madrid (13.095), Catalunya (12.118), la Comunitat Valenciana (11.241) y Andalucía (9.463). El Ministerio de Inclusión ha abierto cuatro centros de referencia para los desplazados de Ucrania, ubicados en Madrid, Alicante, Málaga y Barcelona, donde los ucranianos pueden documentarse, ser acogidos o derivados a otro centro de la red estatal.

Madrid, Alicante, Málaga y Barcelona son las provincias con mayor número de solicitudes de protección temporal concedidas. También destacan Murcia, con 2.657 peticiones aprobadas, Valencia (2.625), Islas Baleares (1.868) y Girona (1.685).

Los padres de Yulia se encuentran dentro de esas cifras. Ellos fueron de los primeros en conseguir su permiso de residencia, aunque tuvieron que esperar en el interior del centro de Pozuelo de Alarcón durante siete horas. Su madre y su padre, de 62 años, llegaron a España a principios de marzo, tras pasar varios días escondidos en refugios de Kiev, protegiéndose de los bombardeos durante más de una semana. “Estuvieron muchos días en los sótanos, sin dormir... querían quedarse pero, al ver que la situación no se soluciona, han tomado la decisión”, relata mientras espera la salida de sus familiares. Aquí estaba su hija para recibirlos.

No era la primera vez que huían: “Ya tuvieron que hacerlo de Donesk, tras el inicio de las protestas y el conflicto en la región. ”Allí dejaron su negocio, una copistería, y tuvieron que empezar de cero en Kiev. Pensábamos que allí estarían seguros. Este año habían abierto de nuevo un 'copy-center'... Y ahora tienen que empezar de cero, otra vez. Han salido con una bolsa“. Ya tienen los papeles y ambos viven en la vivienda de su hija, que ahora le da vueltas a la cabeza para buscar una manera de costear todos sus gastos, ahora que han pasado de ser dos a cuatro en casa.

Durante los días 8 y 9 de septiembre de 2020, varios incendios arrasaron el campo de migrantes de Moria, donde cerca de 13.000 personas malvivían hacinadas en condiciones deplorables. Un año después de las promesas de la Unión Europea y de las autoridades griegas de un “nuevo comienzo” en materia de migración, miles personas siguen viviendo en tiendas de campaña frente al mar en Kara Tepe, mientras el prometido campamento en el centro de la isla sigue sin llegar.

Médicos sin Fronteras (MSF) denuncia que los líderes europeos y griegos siguen vulnerando los derechos de los solicitantes de asilo y de los migrantes que buscan seguridad en Europa, mientras su plan de construir campos parecidos a prisiones en las cinco islas del Egeo septentrional sigue avanzado.

“En Grecia, el futuro parece más distópico que nunca, quienes logran cruzar el mar siguen viviendo en campos miserables en las islas griegas. Es una trágica ironía que mientras el mundo observa los últimos acontecimientos en Afganistán, la UE y Grecia estén inaugurando un nuevo centro similar a una prisión para atrapar a los refugiados en la isla de Samos. Esta es la mejor demostración de la crueldad de las políticas migratorias de la UE”, dice Konstantinos Psykakos, coordinador General de MSF en Grecia.

Según MSF, sus pacientes siguen dando cuenta del deterioro de su salud, tanto física como mental, causado por los procesos de asilo arbitrarios y acelerados, el miedo a la deportación y las precarias condiciones bajo las que viven. 

“No hay diferencia entre el antiguo campamento de Moria y el de Kara Tepe. Los procedimientos son los mismos. Es el mismo sistema. Como persona enferma, siento que voy de mal en peor día a día. El Parlamento Europeo, la Unión Europea, saben lo que está pasando en este campo vergonzoso”, dice Ali, un superviviente de tortura en Siria que ha estado en Lesbos durante un año y seis meses, según el testimonio difundido por MSF.

Los niños atendidos en clínicas de MSF en Lesbos, a menudo presentan comportamientos regresivos, como agresión, retraimiento e incontinencia urinaria, o retrasos en el desarrollo cognitivo, emocional y social, según la organización. 

Cerca de la mitad de los pacientes de MSF, tanto pediátricos como adultos, padecen síntomas de transtorno de estrés postraumático y de transtorno depresivo.

“Nuestra salud mental no es buena. En este momento, no sé si podemos ser reconocidos como solicitantes de asilo o si seremos rechazados otra vez”, afirma Mariam, madre de una niña de dos años de Afganistán y que ya lleva dos años en Lesbos. “Hasta ahora, mi hija nunca ha estado en un parque. Tenemos problemas para conseguir permiso para salir del campo. Mi pequeña tiende a tener comportamientos agresivos por lo que ha presenciado aquí. No le gusta jugar, reír, hablar o jugar con muñecos”.

Sin nuevo campamento

El nuevo campamento que prometieron las autoridades griegas, y que debía abrirse antes del invierno, ni siquiera ha comenzado a construirse, según informa AFP. Mientras tanto, las autoridades han cerrado dos proyectos que proporcionaban alojamiento a los migrantes vulnerables en la isla.

Todavía en el campo provisional, los miles de refugiados se enfrentan a un segundo invierno en lo que se dice que son condiciones mejoradas, pero en un lugar que ya se ha inundado anteriormente y donde los refugiados pueden esperar dos años o más para que se tramiten las solicitudes de asilo.

El incendio fue provocado, según las autoridades, en protesta por las restricciones sanitarias para hacer frente a la pandemia. Los seis jóvenes afganos encarcelados entre cinco y 10 años a principios de este año por provocar el incendio insisten en que fueron acusados falsamente. 

“Nadie debería tener que pasar el invierno en tiendas de campaña”, dijo Michelle Girard, enviada de la agencia de la ONU para los refugiados en Grecia, a AFP. “Tiendas después de un incendio, sí, pero ¿un año después?”.

Girard cuenta que, aunque el lugar ha mejorado desde el incendio, los parches no son suficientes y que “no es una solución duradera”. Los funcionarios griegos, por otro lado, dicen que cientos de personas han sido trasladadas al continente para aliviar el hacinamiento. 

Grecia ha sido acusada de devolver en caliente a los refugiados y migrantes en el Egeo que tratan de seguir llegando a sus islas desde Turquía. El primer ministro Kyriakos Mitsotakis, cuya partido Nueva Democracia tomó el poder en las elecciones anticipadas del 7 de julio de 2019 y desbancó a la Izquierda Radical SYRIZA, ha adoptado una línea más dura en el tratamiento de los refugiados y los migrantes.

Los funcionarios griegos dicen que el país “nunca más será la puerta de entrada a Europa”, pero los grupos de derechos humanos y los activistas aseguran que el gobierno está siendo demasiado duro y que viola las leyes de la UE sobre el tratamiento de los solicitantes de asilo.

La UE se comprometió a destinar 276 millones de euros para que Grecia construyera instalaciones de acogida en las cinco islas del Egeo -Lesbos, Leros, Kos, Samos y Quíos-, pero las ONGs se quejan de que la Comisión Europea, encargada del despliegue, no ha hecho suficiente.

Además, tras el incendio, las autoridades griegas no han proporcionado a los residentes del campamento provisional un acceso adecuado y seguro al agua, el saneamiento, los suministros para la gestión de la higiene menstrual y la atención sanitaria, según denuncia el informe anual sobre Grecia de Human Rights Watch.