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La nueva Ley de Cooperación destinará un 0,7% del PIB a la ayuda al desarrollo en 2030

Un cooperante supervisa el envío de ayuda a Haití en agosto de 2021.

Europa Press

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España destinará el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) "en el horizonte de 2030" y dedicará un 10% de la misma a acción humanitaria, según recoge el anteproyecto de la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros.

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El texto también reconoce la cooperación descentralizada que llevan a cabo comunidades autónomas y entes locales como parte de la "acción Exterior del Estado" y prevé la sustitución del Fondo para la Promoción del Desarrollo por un nuevo Fondo Español para el Desarrollo Sostenible así como la elaboración de un nuevo Estatuto del Cooperante.

El Gobierno, que se ha fijado como meta que al término de la actual legislatura la Ayuda Oficial al Desarrollo represente el 0,5% de la RNB –en 2022 será del 0,28%–, fija en el anteproyecto de ley que España destinará el 0,7% de la RNB a la ayuda, "conforme a los criterios contables acordados en el seno de la OCDE, en el horizonte del año 2030".

Con ello, el objetivo será que para ese año se llegue a esa meta, pero podría ocurrir antes, aunque a tenor de los datos actuales parece complicado, o después de dicha fecha. El anteproyecto incide en la "corresponsabilidad" de todas las administraciones públicas para alcanzar esta meta, lo que incluye tanto al Gobierno como CCAA y entes locales.

Por otra parte, y como se había reclamado desde las ONG, el texto de la futura ley prevé que "en el horizonte de 2030, al menos el 10%" de la ayuda vaya destinada a acción humanitaria, entendiendo esta como las "acciones de asistencia y protección a las víctimas" de desastres tanto de carácter natural como provocados por el hombre y de la violencia y los conflictos armados.

Dicha acción humanitaria, aclara el texto, "puede ser llevada a cabo por las Administraciones públicas directamente o bien a través de organizaciones humanitarias imparciales, otras ONG, y organizaciones internacionales, en particular el sistema de Naciones Unidas".

Según ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, se trata de una "ley innovadora que va a situar a España en la vanguardia de los países que hacen cooperación al desarrollo".

Una cooperación más coordinada

Por otra parte, el Gobierno dice que el objetivo de la futura ley, que reemplazará la anterior de 1998, es "fortalecer el diseño institucional y la gobernanza, procurando una estructura más integrada y una actuación más coordinada, eficaz y transparente capaz de rendir cuentas".

En este sentido, se crea un nuevo Consejo Superior de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, que reemplaza y refuerza al anterior Consejo de Cooperación al Desarrollo. Dicho órgano "asegura la participación, deliberación y consulta con otros actores del sistema de la cooperación española, incluyendo los agentes sociales, las ONGD y de Derechos Humanos, las universidades, y otras instituciones y organismos de carácter privado y de la sociedad civil".

Asimismo, se establece una Comisión Interministerial de Coordinación de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y Solidaridad Global que servirá de "órgano de coordinación estratégica de los departamentos ministeriales con competencias en la cooperación para el desarrollo sostenible".

Nuevo fondo de cooperación financiera

Otro de los apartados clave de la futura ley será la transformación del Fondo para la Promoción del Desarrollo en el nuevo Fondo Español para el Desarrollo Sostenible, un fondo carente de personalidad jurídica y que funcionará como instrumento de cooperación financiera. Dicho fondo financiará proyectos y programas que contribuyan al desarrollo sostenible en países de renta baja o renta media-baja y media conforme a la clasificación del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE.

Este fondo financiará operaciones no reembolsables, las cuales "no estarán ligadas a la compra de bienes y servicios y a la contratación de obras con empresas españolas", y también brindará un apoyo financiero reembolsable bajo forma principalmente de "préstamos, créditos y líneas de crédito".

La gestión del nuevo fondo corresponderá a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional deberá remitir todos los años una memoria anual a las Cortes sobre las operaciones que se hayan financiado, mientras que Congreso y Senado deberán emitir "un dictamen que incluya las recomendaciones de los distintos grupos parlamentarios".

El Sahel, entre las prioridades

En cuanto a las prioridades geográficas de la cooperación española, "se otorgará atención preferente a las áreas que integran la vecindad geográfica y cultural en el norte de África, Oriente Próximo y África subsahariana, en particular a los países de África Occidental y Sahel, y de habla española y portuguesa, así como a los países de América Latina y el Caribe y en el marco iberoamericano". La novedad en este apartado es la inclusión como prioritarios de los países del Sahel.

El anteproyecto prevé la elaboración de un nuevo estatuto de la AECID, la cual "tendrá autonomía operativa y de gestión" y "participará activamente en la planificación estratégica de la cooperación española".

Asimismo, el texto estipula que "la política de recursos humanos de la AECID estará orientada a la atracción, retención, capacitación, especialización y promoción de personal, que tendrá derecho a una carrera profesional con oportunidades de movilidad entre territorio español y exterior". Esta era una de las grandes reivindicaciones del personal de la AECID, ya que quienes trabajaban en terreno no tenían opción de optar a puestos en la sede central y viceversa.

También se prevé la redacción de un nuevo Estatuto de las Personas Cooperantes "en el que se fijarán, entre otros aspectos, sus derechos y obligaciones, formación, oportunidades de carrera profesional, homologación de los servicios que prestan, modalidades de previsión social y régimen de incompatibilidades".

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