Salvo para amantes de la geografía, no es de lo más habitual que consultemos mapas al detalle. Hoy en día, los navegadores GPS nos lo dan todo hecho en lo más esencial: desplazarnos, conocer distancias, ubicaciones y lugares de interés. Todos esos datos, al alcance de la mano en tiempo real, serían imposibles sin el papel de la cartografía, una ciencia, y también un arte, dedicada a la concepción, producción, análisis y difusión de mapas y representaciones gráficas de la superficie de la Tierra.

Castilla-La Mancha, una de las regiones más extensas de España, lleva tiempo trabajando en el conocimiento de su propio territorio. Se trata de una cuestión que ha adquirido mayor importancia en los últimos años con los efectos del cambio climático. Danas, inundaciones, calor extremo, incendios de sexta generación, entre otros muchos fenómenos, han obligado a mejorar las fórmulas tradicionales. Darles nuevas utilidades. Y ponerlas al servicio de la ciudadanía.

Por ese motivo, el Gobierno castellanomanchego ha puesto en marcha el Portal del Centro Cartográfico, una nueva plataforma que concentra en un único espacio la cartografía pública de la región y los principales proyectos estratégicos relacionados con el conocimiento y la gestión del territorio.

El director del Centro Cartográfico y secretario general de la Consejería de Fomento, Daniel Corredor, explica a este periódico que el portal es una herramienta digital diseñada para facilitar el acceso de ciudadanos, profesionales, empresas, investigadores y administraciones a toda la información geográfica pública que genera y gestiona la comunidad autónoma.

“La cartografía constituye una herramienta esencial para la planificación y gestión de numerosos servicios públicos, desde la construcción de infraestructuras y el planeamiento urbanístico hasta la gestión de emergencias, la protección medioambiental o la ordenación territorial”, detalla.

Su principal novedad ahora es que se convierte en la “puerta de entrada única” a toda la información relacionada con la cartografía pública de Castilla-La Mancha. De este modo, recursos que anteriormente estaban distribuidos en distintos espacios pasan a reunirse en una misma web, facilitando su localización y consulta.

Uno de los principales espacios de la nueva web es el Portal de Mapas, concebido como “la gran ventana geográfica” de Castilla-La Mancha y punto de acceso a los visores y herramientas cartográficas empleados tanto por profesionales como por la propia Administración regional.

Ahora bien, ¿es importante para la prevención de inundaciones e incendios? Daniel Corredor tiene que claro que es “esencial”. Afirma que la Dirección General de Protección Ciudadana, desde donde se activan las alertas por situaciones meteorológicas adversas, y el sistema contra incendios (Infocam), hacen un uso constante de estos datos para mejorar las políticas de prevención.

“Permite identificar cuáles son las zonas que pueden tener un potencial de afección por inundaciones e incendios. Tanto en lo ya construido, como en lo que no. Con ello, se pueden dar avisos para que los ayuntamientos sean conscientes de en qué zonas deben de ser más cautos a la hora de desarrollar planeamientos urbanísticos”.

Es importante saber la huella que ha dejado el fuego. Eso permite generar modelos predictivos de cómo va a comportarse un incendio en el futuro en una determinada zona

Un ejemplo es la identificación de aquellas instalaciones públicas en las que hay grandes confluencias de gente: espacios deportivos, centros educativos, sanitarios o incluso templos religiosos. Si están ubicados en esas zonas de inundabilidad o riesgo de incendio, se pueden tener “controlados” en caso de catástrofe.

En el ámbito concreto de los incendios, además de la prevención, la cartografía también puede ayudar a analizar “cómo se ha comportado el fuego”, cómo ha evolucionado en la masa forestal. “Es importante saber la huella que ha dejado el fuego. Eso permite generar modelos predictivos de cómo va a comportarse un incendio en el futuro en una determinada zona”.

Porque, además, esta ciencia también incluye la información geoespacial, que ayuda a los efectivos de extinción de incendios que están en primera línea de batalla. Esos datos facilitan coordinar los medios, para “no dejar ningún frente desprovisto de apoyo y para ir perimetrando y controlando”.

Al mismo tiempo, la información cartográfica recaba datos sobre las infraestructuras “sensibles” que haya en la zona con un incendio. Líneas de alta tensión, gasoductos, obras hidráulicas y la propia red de carreteras “para saber en qué tramos se pueden ver afectados y cortarse”.

Pueblos poco poblados pero con mucha extensión

Algunos núcleos de municipios poco poblados pero con mucha extensión geográfica también pueden ser “muy sensibles”. En estos casos, Corredor explica que si tienen desarrolladas herramientas o información geográfica sobre sus montes y sus bosques, una “foto fija” de su situación, pueden adoptar medidas de prevención como cortafuegos y adecuación de carreteras para estar preparados frente a inundaciones e incendios.

Este proyecto recién estrenado en Castilla-La Mancha está ligado a la futura Ley autonómica de Información Geográfica, que ya ha pasado su proceso de información pública. Su principal objetivo es garantizar la coordinación institucional, evitar la duplicidad de esfuerzos y asegurar que los datos espaciales sean precisos e interoperables.

Además, la norma regula aspectos estratégicos como la Infraestructura de Datos Espaciales, el registro de cartografía oficial y el acceso público a esta información como un servicio esencial. Finalmente, la propuesta legislativa busca modernizar la gestión territorial, integrando la herencia histórica de la región con los actuales avances en tecnología satelital y administración digital.

El borrador de la ley pone especial hincapié en que la información geográfica es una herramienta “imprescindible” para materias estrechamente vinculadas con la gestión y prevención de las catástrofes, señalando específicamente áreas como la protección civil, la gestión forestal, la gestión del agua y el medio ambiente.

Actualmente, las principales herramientas de Castilla-La Mancha para los planes de emergencia se basan en el uso de mapas y Sistemas de Información Geográfica (SIG): visores dinámicos, capas de datos espaciales y sistemas de alerta temprana tanto para la prevención como para la respuesta ante emergencias por incendios forestales e inundaciones.

El portal oficial del dispositivo Infocam cuenta con un mapa interactivo público que georreferencia en tiempo real la ubicación de incendios activos, controlados o extinguidos durante las últimas 48 horas, detallando el nivel de emergencia y los medios asignados.

A diario se publica también un mapa temático a escala municipal del Índice de Propagación Potencial (IPP) de incendios forestales, que evalúa las condiciones meteorológicas y el estado de la vegetación para determinar el riesgo y la dificultad de extinción.

Asimsimo, la Cartografía de Zonas de Alto Riesgo (ZAR) está incluida en el Portal de Mapas regional, que determina qué municipios están obligados a redactar sus Planes de Actuación Municipal (PAMIF).

Por último, existe una zonificación ante el riesgo de inundaciones (PRICAM): el Servicio de Emergencias 112 y la Dirección General de Protección Ciudadana utilizan mapas de peligrosidad por inundación integrados con el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) para clasificar el riesgo municipal y coordinar las actuaciones.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha ido un paso más allá en sus críticas contra el Gobierno de Pedro Sánchez, con motivo de la crisis de Ceuta. Tras varios días en los que ha mantenido un discurso contra el racismo y la intolerancia al tiempo que también hablaba de “invasión”, hoy ha decidido arremeter de forma más dura contra el Ejecutivo central. Ha dicho que este último tiene que “espabilar” porque se puede convertir en la “segunda gran mentira de la democracia” como ocurrió con los atentados del 11 de marzo de 2004.

Con motivo de la desclasificación del material del Gobierno sobre esta cuestión, Page no ha dudado en interpretar que se trata de “uno de los grandes desastres de gestión” de la legislatura y que como Moncloa no apremie, la situación sería similar a la del mayor atentando terrorista en España. “La primera o segunda gran mentira”, ha dicho.

“Ya tuvimos una (mentira) muy clara cuando todo el pueblo español se convenció del tema de la guerra y de la autoría de los atentados del 11M. Eso es un ejemplo del libro”, ha afirmado el presidente castellanomanchego en una entrevista en Onda Cero. Es más, ha añadido que si Gobierno central no quiere que la gestión de Ceuta se convierta “en un chollazo enorme para la extrema derecha”, debe “darse prisa”, porque la imagen que se traslada de esta crisis es que está “en la fase en la que toda España se crea que la mentira se ha elevado a la categoría de dogma”.

Los informes desclasificados muestran la existencia de comunicaciones sobre el paulatino incremento de llegadas de personas a nado y de convocatorias en redes sociales para el día 30 de julio, pero no alertas sobre la magnitud de lo que finalmente se produjo, con la entrada de más de 70.000 personas. El día previo a los hechos, el CNI mantuvo una conversación por WhatsApp con el jefe del gabinete del delegado del Gobierno y con la UCE-3 de la Guardia Civil y envió una nota informativa a Marruecos sobre la convocatoria en redes para el día siguiente. Lo que sostiene el Ejecutivo es que esa conversación informal por mensajería instantánea en ningún caso puede equipararse a una alerta o a un informe de los servicios de inteligencia que nunca existió. “Un organismo que cree que al día siguiente va a producirse una entrada masiva no lo comunica por mensajería instantánea: lo eleva. Esa es su responsabilidad y su competencia”, valoraron este miércoles desde Moncloa.

Se estudiará “en las facultades de Ciencias Políticas”

“En las facultades de Ciencias Políticas se estudiará como es exactamente el ejemplo de lo que no hay que hacer, de cómo no abordar una crisis”, ha criticado.

En este punto, ha puesto un ejemplo de lo que él sí considera una buena gestión, la del excanciller alemán Gerhard Schröder, que se enfrentó a unas “inundaciones tremendas” en Alemania. “Se puso las botas katiuskas y se puso él mismo a sacar agua y a desescombrar y ganó las elecciones, le dio la vuelta a las encuestas y se puso al frente de la crisis”, ha relatado.

García-Page también ha señalado que “muchos” deben tener “grandes problemas de comprensión lectora” a la hora de leer los informes del CNI. De hecho, ha calificado al servicio de inteligencia como “uno de los mejores servicios de información que hay en el mundo”, citando también la labor de la Guardia Civil y la Policía Nacional y, aunque ha admitido que puede haber “errores”, ha apelado a cuidar la imagen de estas instituciones y velar por ellas.

Ha sido en este punto cuando ha reprochado al Gobierno su “dinámica de no tener culpa de nada”, que le lleva a “una dinámica un tanto esquizofrénica políticamente hablando”.

La realidad es que, desde el primer momento, todos visualizamos que el Gobierno tomaba nota de que había sido una invasión

Así, el presidente castellanomanchego se ha preguntado que si no hubo ningún tipo de informe, a “quién le tiene que pedir explicaciones el pueblo español”, para después señalar que si hubo informes “moderados”, la clave, a su juicio, es si “se hizo algo, mucho, o no se hizo nada”.

Sobre la posición del Gobierno respecto a Marruecos, Emiliano García-Page ha reconocido que Pedro Sánchez, en sus primeras palabras tras la crisis, se refirió a “una violación de la integridad territorial española de la frontera”, cuando Ceuta “solo tiene frontera con Marruecos”. “La realidad es que, desde el primer momento, todos visualizamos que el Gobierno tomaba nota de que había sido una invasión”, ha insistido.

Finalmente, ha resumido su posición frente a la gestión del Ejecutivo, considerando que “lo que es verdaderamente importante es que, o aciertas en el diagnóstico o tienes claro y asumes lo que ha pasado o es muy difícil prometer soluciones”.

Ya lo avanzó Emiliano García-Page: Castilla-La Mancha iba a salir “muy bien parada” en el último informe PISA, la principal prueba de desempeño educativo del mundo, elaborada por la OCDE. Y así lo reflejan los datos correspondientes a 2025. Esta comunidad autónoma es la única que mejora, frente a un desplome generalizado en todo el país marcado por las “dificultades” del alumnado con textos de más de 400 palabras por culpa de las pantallas.

El informe, de hecho, es demoledor. Todas las comunidades autónomas bajan en sus niveles educativos menos Castilla-La Mancha, que sube hasta 10 puntos en materias como Ciencias, marcando un nivel de 486, el más alto, lo que supone 10 puntos más que en el último estudio.

La cuestión es más relevante aún porque esta comunidad autónoma se encontraba en las últimas posiciones y debido a la debacle generalizada, ahora está entre las seis mejor situadas del país.

En el resto de materias analizadas, esta región marca además otros dos datos históricos: un 454 en Lectura y un 466 en Matemáticas, en ambos casos también por encima de la media nacional:

Page atribuye la gran escalada de Castilla-La Mancha a 10 años de “inversiones educativas continuadas” que han permitido destinar, según ha afirmado, un 80 por ciento más por alumno, que en el año 2015. Según ha recalcado, el sistema educativo “no es una competencia más”, sino que es “lo que realmente puede cambiar las cosas y remover por completo los obstáculos sociales”.

En este sentido, ha razonado que en España “nadie se queda sin prestación educativa por la escasez del bolsillo de sus padres”, algo que “no se puede decir en muchos sitios en el mundo”.

Ha valorado asimismo, el hecho de haber “doblado” la plantilla de profesionales dedicados a la atención especializada para todos los chicos y chicas que requieren una atención de este tipo, antes de incidir en que la ciudadanía “tiene que valorar a qué van dedicados sus impuestos” ya que, según ha precisado, el 90 por ciento del presupuesto de Castilla-La Mancha se destina a sanidad, educación y servicios sociales.

Con carácter general, el análisis de los datos de PISA muestra que las comunidades autónomas que mejor rinden siguen siendo las del norte (Madrid, Asturias, Cantabria y Castilla y León copan las tres primeras plazas en las tres categorías), aunque todas estas han empeorado su rendimiento, y las más flojas son las del sur (Ceuta, Melilla, Andalucía y Canarias), que sin embargo se mantienen en puntuaciones similares a las de la anterior edición.

Valoraciones del Gobierno regional y sindicatos

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha celebrado estos datos, añadiendo que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma en la que el alumnado tiene una mejor valoración de su profesorado y presenta “el mejor clima escolar y el menor índice de acoso escolar entre las comunidades autónomas españolas”.

Aunque ha admitido que “queda mucho por hacer y queda mucho por trabajar”, ha querido poner de relieve que, por primera vez, Castilla-La Mancha se sitúa en unas posiciones “muy destacadas” en una evaluación PISA que, ha reconocido, a lo largo de estos años ha sido objeto de debate y de crítica hacia el sistema educativo de esta comunidad autónoma.

Para Fernando Villalba, representante del STE en Castilla-La Mancha, los resultados de Castilla-La Mancha son positivos en comparación con la media española, pero “no pueden llevarnos al conformismo. PISA debe servir para analizar qué está funcionando, pero también para detectar las dificultades que siguen presentes y garantizar a los centros los recursos necesarios para atenderlas”.

Por su parte, el presidente de CSIF-Educación Castilla-La Mancha, Juan Luis Martínez, argumenta que la comunidad autónoma estaba “muy mal” en el informe de 2022 y así sigue estándolo. “Lo que ocurre es que el descalabro ha sido tan grande en el conjunto de España que mediáticamente parece que Castilla-La Mancha ha salido bien parada, como si la región aguantara mejor que muchas otras cuando la realidad es que estábamos tan hundidos en 2022 que cualquier avance hay que tomarlo como positivo”, interpreta.

A ello añade que una mejora puntual en Ciencias no puede utilizarse para “ocultar los problemas estructurales”, ya que no se trata de quedar mejor o peor en un ranking, sino de “garantizar que todos nuestros alumnos adquieran las competencias necesarias para afrontar su futuro”.

Se acelera el proyecto de implantación del centro de datos de Meta en Talavera de la Reina. Tras varios retrasos, cambios en los expedientes administrativos sobre las necesidades de agua y el impacto ambiental, y algún que otro traspié en cuanto al reconocimiento de los titulares del suelo, los trámites para las operaciones de la empresa de Mark Zuckerberg que agrupa a Facebook, WhatsApp o Instagram, están ahora en manos del Ayuntamiento de la ciudad.

Zarza Networks, la empresa promotora y filial de Meta, ya ha formalizado y constituido una fianza de un millón de euros. Se trata de la garantía urbanística (vinculada a la monetización del 49% del aprovechamiento urbanístico de titularidad municipal) que está asociada a su tramitación como Proyecto de Singular Interés (PSI) en la comunidad autónoma.

De esta forma, se activa la fase final de tramitación administrativa y el inicio de las actuaciones técnicas sobre el terreno. Ahora, el siguiente paso es que la Dirección General de Planificación Territorial y Urbanismo del Gobierno regional emita la correspondiente certificación administrativa del proyecto.

Precisamente, Silvia López, la titular de este departamento, dependiente de la Consejería de Fomento, explica que tras la aprobación de la reparcelación, unida al pago de la fianza por parte de la empresa promotora, permite seguir dando “pasos decisivos” en la ordenación y desarrollo de los terrenos sobre los que se implantará el futuro campus del centro de datos,

Con esa certificación de la garantía, el Ejecutivo procederá a la inscripción en el Registro de la Propiedad de las parcelas resultantes que han sido aprobadas. Así quedaría jurídicamente definida la distribución y titularidad del suelo industrial en el Polígono Torrehierro de Talavera, donde se implantará el 'data center'.

Posteriormente, al haberse completado la ordenación regional, será el turno del Ayuntamiento. Meta debe presentar los proyectos de ejecución y construcción detallados ante la Corporación Local, que se encargará de tramitar de forma prioritaria (al ser un PSI) las correspondientes licencias de obras y actividad para iniciar la edificación.

El propio alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio (PP), sacó pecho recientemente de este proceso al afirmar que el Ayuntamiento será “más rápido” que el Gobierno castellanomanchego en este proceso. Pero tampoco habló de ninguna fecha concreta.

Lo que sí está claro es que cuando la promotora tenga las licencias correspondientes, las máquinas podrán comenzar los trabajos de acondicionamiento físico del terreno, canalizaciones y acometidas de suministros necesarios en las más de 190 hectáreas que ocupará el campus tecnológico. Después se iniciará la construcción por fases de los edificios principales que albergarán los servidores e infraestructura digital.

Meta ya detalló que tiene proyectado desarrollar este centro de datos de forma progresiva. Según el cronograma del plan de implantación, se dio un plazo máximo de hasta 10 años para la finalización y consolidación absoluta de la totalidad de las instalaciones.

El horizonte final, en 2030

En realidad, se trata de una flexibilidad temporal que permite a la empresa ir poniendo en marcha algunos módulos de centros de datos de manera escalonada en función de la demanda global de sus servicios. El horizonte final es que sus operaciones globales funcionen a pleno rendimiento en 2030.

Meta prevé una inversión estimada en torno a los 750 millones de euros en este proyecto, que incluso podría superar los 1.000 millones según el desarrollo definitivo de las instalaciones.

En términos de empleo, hasta ahora el Gobierno de Castilla-La Mancha ha sostenido que generará 250 puestos de trabajo directos estables y de alta cualificación profesional en su fase operativa, apoyando un total de 780 empleos anuales en la región al sumar la cadena de suministro y el consumo inducido.

Asimismo, durante los años previstos para el desarrollo por fases de las obras, se requerirá una media de cientos de trabajadores de la construcción en el emplazamiento.

Además, el Plan de Singular Interés (PSI) también prevé recuperar los corredores ecológicos de los arroyos Zarzueleja y Cervines para crear un gran parque fluvial público de entre 50 y 60 hectáreas para el disfrute recreativo de los vecinos de la pedanía de Gamonal y de toda la comarca, además, de la urbanización de los accesos a esta última y la reserva de suelo necesaria para la futura ampliación de su cementerio municipal.

En su estudio de impacto ambiental detalla que habrá “cero contaminación lumínica” y estima un consumo directo de agua de 0,2 hectómetros cúbicos al año gracias al uso de refrigeración por aire seco,.

Esta segunda fase de la implantación del 'data center' de Meta en Talavera se produce mientras el Gobierno prepara una normativa para endurecer los requisitos de funcionamiento de este tipo de infraestructuras.

Los Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Economía, Comercio y Empresa, y Transformación Digital y Función Pública, van a iniciar el trámite de audiencia pública, por la vía de urgencia, del proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a estos centros.

El Gobierno quiere proyectos sostenibles y con 'carné europeo'

El objetivo, explican fuentes gubernamentales, es que sean “sostenibles, eficientes y soberanos”, y avanzar en su desarrollo ordenado de forma que cumplan los estándares europeos de eficiencia hídrica y energética más exigentes. Entre las obligaciones está que respalden con nueva generación renovable, cada hora de funcionamiento, el 80% de su consumo energético.

Entre otros muchos objetivos, estudian exigir ‘carné europeo’. Es decir, que deba operarlos una entidad establecida en la UE para mantener los datos relativos a la operación de la infraestructura en territorio comunitario y adoptar medidas frente a los accesos de autoridades de terceros países no amparados por el Derecho europeo.

La empresa Zarza Networks S.L. que va a operar en Talavera de la Reina está establecida en Madrid, según figura en el Registro Mercantil. Y su filial, Meta, está establecida legalmente en la Unión Europea. Aunque la matriz global es una multinacional estadounidense con sede central en California, todas sus operaciones, servicios y el tratamiento de datos de los usuarios dentro de la UE se gestionan a través de su filial europea oficial: Meta Platforms Ireland Limited, con sede en Dublín.

Siempre se declara “moderado” y católico, y a pesar de considerarse “tan español como cualquiera”, rechaza un modelo de “español único”. José Pablo Sabrido, de 72 años, además de teólogo, es un político de raza, aunque ha adquirido mayor notoriedad y visibilidad en su cargo como delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, al que llegó incluso después de jubilarse.

Pero antes, fue la mano derecha de Milagros Tolón cuando era alcaldesa de Toledo. Como vicealcalde socialista de la ciudad, su trayectoria en la Administración pública y sus responsabilidades como la portavocía y las áreas de Hacienda, Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento, le abrieron el camino para sustituir a Tolón en la Delegación del Gobierno cuando esta última fue nombrada ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Natural de El Casar de Escalona, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y ejerció la abogacía entre 1978 y 1984. Es funcionario de carrera del Cuerpo Superior de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Además de sus cargos municipales, también fue director del gabinete de Francisco Pardo, actual director general de la Policía, cuando fue secretario de Estado de Defensa y presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha.

¿Qué opina sobre la gestión que ha hecho el Gobierno de la crisis migratoria en Ceuta?

En primer lugar quiero expresar mi solidaridad con el pueblo ceutí y mi agradecimiento y reconocimiento al trabajo que están realizando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Dicho esto, se trata una cuestión compleja y dar una respuesta simple a situaciones complejas es propio de los populismos. Es evidente que cualquier solución que se dé a corto plazo siempre resulta insuficiente. Cuando hay una situación de angustia, el tiempo se hace eterno. La percepción que tenemos cuando padecemos estas situaciones es muy difícil abordarla con seriedad. Es decir, en el sentido de que el ciudadano tiene esa sensación, tiene derecho a tenerla y tiene derecho a exigir que se resuelvan pronto los problemas.

¿Hubiera sido mejorable en el caso de Ceuta?

Yo no soy un fanático para decir que es lo mejor que se ha podido hacer. Todas las cuestiones son mejorables. No sé si alguien lo haría mejor o no. Todo es mejorable. Pero creo que el proceso se ha llevado con orden, con coordinación y lo que espero es que las soluciones sean las que esperan los ciudadanos de Ceuta. Desde luego, la prudencia en una cuestión compleja y este gobierno también es prudente.

A raíz de ello ha surgido un debate en torno a la “españolidad” de Ceuta y de si apoyar a unos u otros es ser más o menos español…

Yo me siento orgulloso de ser español. Creo que Ceuta es España y no tolero que nadie se sienta más español que yo. Y también reconozco que no soy más español que nadie. Los españoles somos todos iguales. Evidentemente, cada uno podemos pensar de distinta manera. Lo que yo rechazo absolutamente es un modelo de español único. Rechazo que alguien quiera imponer que España o ser español es lo que él quiere que sea. En Ceuta, en Melilla, en Madrid, en Toledo y en cualquier sitio de España.

Principalmente, las críticas a Pedro Sánchez se han derivado de que haya estado de vacaciones. Es su derecho, pero ¿qué opina al respecto?

Si no recuerdo mal, el presidente del Gobierno, el primer día de la crisis, ya estuvo en Ceuta. Además, estar en un sitio o en otro no supone que no estés siguiendo y actuando de la manera que es conveniente. Pero yo, como decía, creo que durante todo el periodo que está durando la crisis de Ceuta —y digo que está durando porque sigue sin resolverse— el Gobierno con Pedro Sánchez a la cabeza ha estado pendiente de dar las soluciones. Lo que pasa es que las soluciones son distintas en cada momento. En el primer momento, fue resolver el inicio de la crisis migratoria y la salida. Y eso se hizo en dos o tres días. Después se ha tenido que ir dando respuesta a la situación de los migrantes que permanecieron y permanecen aún en la ciudad de Ceuta. Y eso no se resuelve de un día para otro.

Porque, más allá, como digo, de discursos populistas, la realidad es como es. Y, aparte de respetar la dignidad de las personas, hay que cumplir con la ley. Y este Gobierno está comprometido con la dignidad y la igualdad de las personas y, por supuesto, con el cumplimiento de la ley española y europea.

¿Qué le parece el hecho de que Emiliano García-Page haya mostrado su solidaridad con Ceuta, pero el Gobierno castellanomanchego se haya negado a acoger a menores migrantes?

Yo creo que cuando el presidente Page muestra su solidaridad con Ceuta no es más que un español más de los 45 millones de españoles que somos solidarios con Ceuta. Él no es más solidario con Ceuta que el resto. Lo expresa y yo se lo agradezco. Yo también soy solidario con Ceuta. Y en cuanto a la recepción de menores, estoy seguro de dos cosas: la primera, que Castilla-La Mancha cumplirá con la obligación legal que tiene y, la segunda, que será solidaria.

La Consejería de Bienestar Social dijo que no había plazas y que el sistema castellanomanchego “no lo soportaría”.

A pesar de lo que dijera, estoy convencido de que respetará la legalidad, como no puede ser de otra manera, y que Castilla-La Mancha será solidaria.

¿Cree entonces que habrá acogida entonces en esta comunidad autónoma?

No me cabe la menor duda.

Es indudable que el inicio del curso político ha llegado con fuerza y con mucha polémica. ¿Es la hora de convocar elecciones generales?

Las elecciones serán cuando, según la Constitución, lo decida el presidente del Gobierno. Tiene que tener dos objetivos: cumplir su programa y seguir gobernando en beneficio de todos los españoles. En eso le aplaudo. Desde luego, no participo de la opinión de los que creen que se deben adelantar las elecciones solo con el objetivo de que haya un cambio de Gobierno. Eso no lo acabo de entender porque, desde mi punto de vista, será un Gobierno regresivo en los derechos sociales y económicos de España. Con lo cual, si los que abogan por un cambio de Gobierno es para que haya otro de derecha y extrema derecha, yo lo rechazo. Yo lucharé democráticamente y con respeto absolutamente a todo el mundo para que siga habiendo un Gobierno progresista en España

Ya se habló de un adelanto “técnico” de las elecciones generales. ¿Podríamos hablar del arranque de 2027 como una posibilidad?

La gente habla ya de muchas fechas, que si marzo, que si julio… En cualquier caso, me gusta ser prudente y me guío solo por un referente: serán cuando diga el presidente del Gobierno.

Queremos creer y creemos que Emiliano García-Page representa el socialismo dentro de esta comunidad autónoma. Sin embargo, ciertamente, muchas de sus comparecencias parecen evidenciar lo contrario

¿Qué opina de la polémica y tensa relación que han mantenido durante todos estos años entre Emiliano García-Page y Pedro Sánchez?

Es verdad que, para nosotros, para los socialistas en general y para los socialistas de Castilla-La Mancha en particular, es una situación compleja. Queremos creer y creemos que Emiliano García-Page representa el socialismo dentro de esta comunidad autónoma. Sin embargo, ciertamente, muchas de sus comparecencias parecen evidenciar lo contrario.

Yo soy de los que creen que el bienestar de los españoles, con carácter general, depende de las políticas del Gobierno de España. Es decir, de la legislación laboral, las pensiones, los salarios mínimos, la política económica, las relaciones internacionales. Todo eso lo determina el Gobierno. A eso es a lo que debemos aspirar los socialistas, y a llevar todo ello a las comunidades autónomas. Lo que me resulta complicado entender es que podemos llevar a cabo políticas socialistas en las autonomías si hubiera un Gobierno, que ojalá no lo haya, de derecha y extrema derecha gobernando España. En ese caso, yo no auguro políticas sociales.

Nos hemos ido un poco de la pregunta anterior. ¿Qué opina en concreto, entonces, de esa tensa relación entre ambos?

Sí, me estoy refiriendo al fondo de la política. Es evidente que en el año 2016 y 2017 el presidente Page no compartía el liderazgo de Pedro Sánchez. Y algunos no esperaban que Pedro Sánchez gobernara en 2018 y mucho menos que ganara dos veces más las elecciones. Pero es que además creo que la alternativa a Pedro Sánchez está lejos dentro del Partido Socialista, por lo menos hasta 2030, y ahí no está Emiliano García-Page. Creo además que él tampoco quiere estar esa hipotética alternativa.

Una de esas tensiones entre el Gobierno de Page y el de Pedro Sánchez está en la nueva financiación autonómica. El primero la rechaza al considerar que la propuesta estatal está pactada con ERC y que solo beneficia a Catalunya. ¿Usted considera que es la propuesta adecuada para las particularidades de Castilla-La Mancha?

Esto merece varios análisis. Es evidente que cualquier documento o propuesta requiere un trabajo previo, una discusión. Ese trabajo se llevó a cabo con ERC, que es un aliado del Gobierno desde 2023. Hay gente que hubiera preferido que no se hubiera pactado con este partido y que hubiera habido un gobierno de extrema derecha. Pero eso no sucedió y el hecho de que se haya negociado así no elimina la negociación con el resto de comunidades. Es decir, el mal no puede estar en el origen. El mal habrá que verlo en si en el acuerdo es mejorable o no. Cuando uno tiene socios, pacta y cuando lo hace, el pacto en sí no es malo.

Aquí vuelvo a lo de antes: nadie es más español que nadie. Yo estoy convencido de que nadie quiere más a España que el presidente Sánchez. Puede haber gente a la que le guste presumir de ser más español por no pactar con ERC, que dicho sea de paso, son españoles. Los independentistas, los republicanos, los monárquicos, todo el mundo cabe en la Constitución. Yo soy católico y español. Pero si pacto algo con los musulmanes, es que necesito pactar con los musulmanes, que también pueden ser españoles.

Entonces, ¿cuál considera que es el origen del problema?

Desde luego no es porque no se pactara con la izquierda. Decir eso me parece pobre. La financiación autonómica tiene muchas ramificaciones. Por una parte, aborda la acumulación de deudas de las comunidades autónomas, que para Castilla-La Mancha supone 4.900 millones de euros. Luego, tal y como está entendida, en estos años de Gobierno socialista, las comunidades autónomas han recibido en financiación autonómica 300.000 millones más, de los cuales más de 12.500 millones han sido para Castilla-La Mancha, para sanidad, bienestar social y educación. En total, el Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado 1.248 millones de euros más que con el sistema de Mariano Rajoy. ¿Se puede o debe negociar querer más? Lo entiendo. Lo que no entiendo es que se diga que no a la propuesta solo porque se ha pactado con ERC.

Recientemente, hubo polémica por unas declaraciones suyas sobre el trasvase Tajo-Segura, un caballo de batalla ya histórico en Castilla-La Mancha. Ahora lo esencial es el cambio de las reglas de explotación de ese acueducto para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo y respetar los caudales ecológicos del Tajo. ¿Estarán listas esas nuevas normas antes de que termine la legislatura?

Las nuevas reglas de explotación son para aclarar puntos del Plan Hidrológico del Tajo para el periodo 2022-2027. Y ese proyecto, aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez, fue aplaudido por Castilla-La Mancha, aunque ahora no se dice tanto. Esto quiere decir, primero, que el Gobierno de España ha aprobado un plan hidrológico que es bueno para esta comunidad autónoma, que el Gobierno de Castilla-La Mancha lo aprueba y que parte de ese plan hidrológico se está cumpliendo. Cuando no se cumplen los caudales ecológicos, a mí también me molesta muchísimo, entre otras cosas, porque yo soy de un equipo que luchó por esos caudales y que recurrió el Plan Hidrológico del Partido Popular del periodo 2016-2021 y que ganamos en los tribunales.

El trasvase Tajo-Segura tiene que tener fin y el Gobierno de Pedro Sánchez es el que más ha hecho en materia de agua por Castilla-La Mancha

Pero el trasvase sigue y sigue…

El trasvase tiene que tener fin y el Gobierno de Pedro Sánchez es el que más ha hecho en materia de agua por Castilla-La Mancha, y eso hay que reconocerlo. En este punto, me interesa mucho transcribir casi literalmente las palabras de Emiliano García-Page cuando dijo: “Estoy de acuerdo en el fondo y en la forma con lo que está disponiendo el Gobierno de España, y solo es una cuestión de plazos”. Esperamos que esos plazos sean los más breves posibles, pero no generemos más polémicas porque estamos esencialmente de acuerdo.

Al ver cómo transcurre el río Tajo a su paso por Toledo, no parece que esos caudales ecológicos se estén cumpliendo. Por eso insisto: ¿esas nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura no tendrían que estar ya aprobadas?

Cuando han bajado esos caudales, yo, personalmente, he llamado a la Confederación Hidrográfica del Tajo interesándome por ello. Y aunque esto a lo mejor no es muy prudente decirlo, me decían que muchas veces el paso del agua por las centrales hidroeléctricas y por los propios regantes hace complejo regular exactamente el caudal. Yo opino que si es complejo el reglamento del caudal, mejor que sea por exceso, no por defecto.

En materia de vivienda, ¿cómo valora el Plan de Acción por la Vivienda del Gobierno de Castilla-La Mancha? ¿No cree que Castilla-La Mancha debería dotarse ya de una Ley de Vivienda propia como la que prometió Page en 2015 y que incluso llegó a redactarse?

La vivienda es un tema muy serio. A todos los españoles nos preocupa muchísimo y, especialmente, a los jóvenes. También es complejo y las soluciones no son sencillas. Pero cuando miro cuál es la situación de la vivienda de hace 30 años y la comparo con la de hoy, la cuestión es alarmante. Alguien está robando a los jóvenes años de su vida. Hace 30 años te comprabas una casa con tu salario de cuatro años. Hoy, esa misma vivienda y con un puesto de trabajo similar, cuesta mucho más.

Dicho esto, conviene recordar que la vivienda es una competencia exclusiva de todas las comunidades autónomas según todos los estatutos. El Estatuto de Castilla-La Mancha así lo refleja literalmente. Luego las comunidades autónomas tienen que justificar qué es lo que han hecho en esta materia. Me da la impresión de que a todos nos gusta vender lo bueno y, cuando hay algo que no sabemos cómo vender porque no lo hemos hecho, miramos al Estado.

Pero el Estado también puede y debe hacer.

Claro, y ante un problema real, ha buscado soluciones con el Plan Estatal de Vivienda, y 7.000 millones de euros, promoviendo construcción de viviendas para alquiler asequible, y aprobando una ley que no sé por qué las comunidades autónomas no quieren aplicar, cuando tienen esas competencias exclusivas. Solo puede ser para echar la culpa del problema al Gobierno, cuando es el que pone el dinero y los medios.

¿Incluye en ese lote de comunidades a Castilla-La Mancha?

Creo que Castilla-La Mancha tiene la voluntad de sumarse y de dar solución a este problema. No puede ser de otra manera. Hay que facilitar a los ciudadanos que puedan acceder a la vivienda. Yo espero que la política de vivienda dé resultados y que los jóvenes puedan adquirir una vivienda en un plazo lo más breve posible. Desde luego, es un empeño del Gobierno de España al que espero que se sumen todas las comunidades autónomas.

A veces me duele que nos convirtamos en tertulianos de programas que tienen como objetivo que Pedro Sánchez no sea presidente de Gobierno

Volviendo al calendario electoral, Page todavía no ha dicho oficialmente que sea candidato en las autonómicas de 2027, aunque muchos ya lo dan por sentado. ¿Cree que hay una estrategia o que debería clarificarlo ya?

Bueno, yo no voy a marcar ni a cuestionar sus tiempos y creo que él es buen estratega. Lo que él decida yo lo respeto. Lo que sí que le puedo asegurar es mi absoluta lealtad con el candidato socialista de las elecciones autonómicas, locales y nacionales. Que no quepa la menor duda de eso y creo que en ello deberían estar todos socialistas. A veces me duele que nos convirtamos en tertulianos de programas que tienen como objetivo que Pedro Sánchez no sea presidente de Gobierno.

En cuanto a las elecciones municipales de Toledo, usted viene del ámbito municipal, ¿quién será el candidato o candidata del PSOE?

No sé todavía quién será, pero sea quien sea, con absoluta seguridad será el alcalde o alcaldesa de Toledo después de mayo de 2027. Lo digo porque creo sinceramente que hay mujeres y hombres del PSOE toledano que están plenamente capacitados para ello. Defiendo la gestión que realicé bajo el mando de Milagros Tolón, porque es la que ha permitido al actual equipo de Gobierno (de PP y Vox) mantenerse con políticas anteriores.

Ya que la menciona, ¿Milagros Tolón puede volver a ser candidata?

Es una política de raza y que tiene un gran perfil para lo que ella quiera, pero yo creo que en este momento ella está en ser una magnífica ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes. Por ejemplo, en el caso de la crisis de Ceuta, está realizando una gran labor.

Finalmente, ¿cómo vislumbra su propio futuro político?

Primero de todo, quiero decir que estoy muy agradecido a muchas personas con las que he tenido el honor de poder trabajar y que me han dejado mucha libertad. He trabajado en muchos ámbitos y siempre lo he hecho de la mejor manera que he podido. Sobre todo, como vicealcalde de Toledo a las órdenes de Milagros Tolón. Ha sido un honor, pero mi futuro yo creo que ya me lo marca la edad (risas).

A tan solo cinco días de que comience el curso escolar, pero con el profesorado y los trabajadores y trabajadoras ya iniciando el periodo lectivo en los centros educativos, la historia de los pasados meses de mayo y junio se repite. Los despachos, las aulas y los patios se abren en medio de un domo de calor extremo que afecta a buena parte del país y muy especialmente a Castilla-La Mancha, en aviso amarillo y naranja por temperaturas máximas de hasta 41 grados en Toledo y Ciudad Real.

Lo mismo sucedió en las últimas semanas del pasado curso escolar. Entonces las asociaciones de madres y padres (AMPA), el profesorado y los sindicatos se movilizaron durante casi un mes para pedir soluciones por las altas temperaturas en las aulas tanto de colegios como de institutos. Hubo mareos, lipotimias y diferentes afecciones a la salud que provocaron un final de curso con protestas y malestar social.

Ahora, el curso arranca de nuevo con una situación calcada en cuanto a temperaturas extremas. Para el 8 de septiembre, día de inicio de las clases, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé 39 grados de máxima en la ciudad de Toledo.

El cambio climático no perdona y así lo ha denunciado el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STE) de Castilla-La Mancha. Sus responsables de Acción Sindical, Gonzalo Ballesteros y Pedro Viejobueno, así lo han vuelto a poner sobre la mesa.

Y junto con ello han hecho pública una novedad de gran relevancia: la Inspección de Trabajo ha interpuesto dos sanciones a la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha en materia de seguridad y salud laboral por no haber planificado medidas preventivas contra el calor y por permitir que en los centros educativos se hayan superado los 27 grados, el límite máximo de temperatura que establece la normativa de riesgos laborales para trabajos sedentarios.

Estas infracciones tan solo implican, por ahora, un expediente administrativo y no conllevan ninguna multa económica, pero son una “llamada de atención” a la Administración autonómica ante la carencia de medidas viables para afrontar un fenómeno que STE lleva años denunciando. De hecho, fue este sindicato quien denunció ya en noviembre de 2025 esta situación ante la Inspección de Trabajo.

Ahora, el informe, al que ha tenido acceso este periódico, impone estas dos infracciones después de una evaluación de riesgos por “estrés térmico” y mediciones de temperatura en hasta nueve centros educativos: el CEIP Juan de Padilla, el IES Alfonso X El Sabio, el CEIP Garcilaso de la Vega, el IES Juanelo Turriano, el CEIP Gómez Manrique, el CEIP Rosa Parks y el CEE Ciudad de Toledo, todos ellos en la capital castellanomanchega. A ellos se unen mediciones en el IES Josefina Aldecoa de Illescas.

Estas infracciones vienen a “dar la razón” a una situación que el STE lleva años denunciando: las altas temperaturas suponen un riesgo para la salud del alumnado y de los trabajadores de los centros educativos. Sostienen que sigue así su denuncia de una “escuela de calor” que se repite curso tras curso.

Gonzalo Ballesteros detalla que el propio sindicato ha hecho mediciones de temperatura en los dos últimos años en diez centros educativos de la provincia de Toledo, con datos que después han presentado a los Comités de Salud Laboral, precisamente los órganos donde han exigido soluciones de manera continua.

“Visto que lo único que conseguimos es que las administraciones discutieran entre ellas sobre a quién le competía abordar este problema, decidimos en noviembre de 2025 denunciar la situación ante la Inspección de Trabajo por vulneración de las condiciones laborales de los trabajadores”, explica. Y después, se sumaron a las denuncias de las AMPA y a sus concentraciones.

¿Cuánto tiempo tiene que pasar o qué desgracia tiene que suceder para que la Consejería asuma sus competencias y vele por la salud del alumnado y del profesorado?

Ante la previsión de que el curso comience como acabó, con “aulas asfixiantes”, los representantes del STE se preguntan: “¿Cuánto tiempo tiene que pasar o qué desgracia tiene que suceder para que la Consejería asuma sus competencias y vele por la salud del alumnado y del profesorado? ¿Sobre todo ahora que ya tienen dos infracciones por parte de la Inspección de Trabajo donde se les pide que adopten medidas?”

Gonzalo Ballesteros ha recordado que el Real Decreto 486/1997 establece los límites de temperatura máxima y mínima permitidos en los lugares de trabajo cerrados. Según refiere, el empleador, que en este caso sería la Consejería de Educación, debe adoptar las medidas necesarias para que “no haya riesgos para la salud de los trabajadores” y adoptar medidas para que la temperatura no supere los 27 grados.

El informe de la Inspección de Trabajo constata, según los datos recabados de los mencionados centros, una temperatura media de 30,2 grados. El sindicato pone el acento en el hecho de que en días con temperaturas exteriores de 41 grados, que ya superan el umbral de impacto para la salud, en algunos centros educativos la media ha llegado a rondar entre los 33 y los 35 grados, y que de todas las mediciones aportadas en el documento, solamente un aula estaba por debajo de la horquilla de la normativa, con 26 grados.

El decreto “no se cumple”

“La Inspección ha constatado que el decreto no se cumple, que no existen medidas preventivas y que no hay ningún plan por parte de la Junta de Castilla-La Mancha. Son los trabajadores quienes tienen que improvisar medidas para que no haya sustos ni desgracias”.

A ello suman el hecho de que tampoco se informe adecuadamente a los trabajadores de los riesgos para su salud que suponen estas altas temperaturas. “Y lo que es peor, cuando pedimos explicaciones, la Consejería no sabe cuantificar cuántos centros están climatizados o no, y tampoco se ha facilitado esa información a la Inspección de Trabajo”.

También destaca el hecho de que ese informe apunte igualmente a un alto nivel de concentración de dióxido de carbono “por encima de lo permitido”. Esto se debe a que los centros afectados por temperaturas extremas evitan abrir las ventanas para que no entre el calor.

Visto este informe demoledor, ya no hay debate. Ahora la pregunta es cómo y cuándo va el Gobierno a adoptar una solución viable

“Visto este informe demoledor, ya no hay debate. Ahora la pregunta es cómo y cuándo va el Gobierno a adoptar una solución viable. De algo tienen que valer las luchas, las reclamaciones de las familias, los gritos del alumnado y este informe de la Inspección. Ya no es una cuestión de convencer a nadie. Deben hacer algo ya”, recalca Ballesteros.

En el STE son conscientes de que las soluciones a corto plazo son difíciles porque requieren de una partida presupuestaria importante. Por eso, han decidido dar de plazo a la Consejería el curso que ahora empieza para presentar un plan integral “fiable y viable”.

Piden que en el mismo se contemplen tres medidas: que los centros educativos no superen en su interior los 27 grados de temperatura, que los patios escolares cuenten con refugios climáticos y de manera inmediata, por ser “lo menos costoso”, que se apruebe un protocolo de actuación urgente para que el profesorado sepa cómo actuar “cuando el alumnado está en un aula a 32 grados”. “No puede llegar mayo sin ese protocolo claro”, han alertado.

De momento, este sindicato no prevé movilizaciones en el arranque del curso. “No queremos tensionar”, afirman, pero no descartan que, si en mayo, no existe el mencionado protocolo ni una planificación al respecto, se retomen las concentraciones e incluso acudir a los tribunales.

Además, afirman que las infracciones que ha interpuesto la Inspección de Trabajo requieren de una contestación por parte de la Administración autonómica y que, de no ser así, el sindicato seguirá interponiendo denuncias para que finalmente haya multas por “no cumplir con la normativa”.

“Todo esto es un aviso. Ahora tenemos que ver qué van a hacer. Nuestra postura es aportar e intentar solucionar, pero si la Administración sigue respondiendo, jugando con los datos y poniendo ejemplos de centros educativos de la sierra de Cuenca o de Albacete, donde no necesitan estas medidas, no descartamos volver a la lucha”.

A finales del pasado mes de julio, el consejero de Educación, Amador Pastor, avanzó que el Gobierno regional había comenzado a aprobar las primeras “resoluciones parciales” para afrontar nuevos gastos para la climatización de los centros educativos. Según dijo, es la tercera convocatoria de lo que ha denominado su Plan de Climatización, mediante la cual se actuará en total en 174 espacios por 3,25 millones de euros.

A finales del pasado curso educativo hasta 16 AMPA de Toledo protagonizaron una sonora concentración exigiendo medidas para evitar clases en las aulas a 30 grados. Amagaron, además, con nuevas protestas a partir de septiembre si no se ponen soluciones sobre la mesa.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que si se confirma la información relativa al informe de la Policía que atribuiría a Marruecos la crisis migratoria en Ceuta, “tiene que tener evidentes consecuencias en todos los órdenes”.

Page se ha referido así al hecho de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, haya enviado una carta al director general de la Policía, Francisco Pardo, exigiéndole que le verifique “a la mayor brevedad” el informe en el que se atribuiría a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes la entrada masiva de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

“Realmente me hago la pregunta de si ha tenido que ser una jueza la que pida un informe sobre lo que pasó” y “si nadie más había pedido o planteado a la Policía Nacional o a nuestros servicios de inteligencia que informaran”, ha apuntado García-Page.

A su juicio, todo lo publicado sobre esta cuestión “es relevante”: Hasta que “no sepamos exactamente todo lo que pasó y todo lo que no pasó, francamente no podremos darle arreglo”.

Francisco Pardo, de Bono a Grande-Marlaska

Se da la circunstancia de que el director general de la Policía, Francisco Pardo, es albaceteño y ha realizado buena parte de su trayectoria política en Castilla-La Mancha.

Antes de su desembarco en el Gobierno central, rue asesor y jefe de Gabinete de la Consejería de Agricultura y director general de Relaciones Institucionales de la Junta de Castilla-La Mancha, con José Bono de presidente.

Entre 1999 y 2004 también fue director de Gabinete, secretario general, y consejero de la Presidencia de Castilla-La Mancha. En 2004, Pardo fue nombrado secretario de Estado de Defensa, convirtiéndose en el número dos de Bono cuando fue ministro de esta cartera.

Se mantuvo en ese cargo hasta 2007, año en el que fue elegido diputado autonómico y, posteriormente, presidente en las Cortes de Castilla-La Mancha. En 2018, ya con Pedro Sánchez en La Moncloa, Grande-Marlaska lo nombró director general de la Policía.

Prosigue la batalla de los vecinos y vecinas de la pedanía de Torre Uchea, perteneciente a Hellín (Albacete), para frenar el proyecto de una macrogranja de terneros a menos de medio kilómetro de sus casas. Apuntan ahora que un informe de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de la ciudad recoge “numerosas deficiencias técnicas”, entre ellas que la propia pedanía no aparece mencionada y solo incluye a Nava de Campana como la zona habitada más cercana.

Agrupados bajo la Asociación en Defensa de la Torre Uchea (ADTU), que forma parte de la coordinadora Stop Ganadería Industrial y cuenta con el apoyo de Ecologistas en Acción, este colectivo ha exigido al equipo de Gobierno municipal, en el pleno municipal celebrado el 31 de agosto, que fije públicamente su postura sobre la macrogranja de vacuno de cebo que la empresa Nutripelet, S.L. proyecta junto a esta pedanía.

Según apuntan, el alcalde de Hellín, Manuel Serena (PP), no asistió a la sesión al encontrarse fuera de España, por lo que la asociación formuló la pregunta al conjunto del equipo de Gobierno en el turno de ruegos y preguntas, amparándose en una modificación legal que desde julio obliga al Ayuntamiento a certificar en pleno si apoya o rechaza el proyecto para poder reactivar la evaluación ambiental.

El cambio normativo al que se refiere este colectivo es la modificación de la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha recientemente aprobada, que otorga a los plenos de los ayuntamientos la posibilidad de vetar proyectos que consideren nocivos para su término municipal.

El Ayuntamiento quiere “recabar más informes”

Según ADTU, durante el pleno se leyó la respuesta que el alcalde había dejado preparada en la que se reconocía la necesidad de que el pleno se pronunciase, pero recordando que cuenta con un plazo de un año y que es necesario “recabar más informes”, sin que fuera posible pronunciarse en ese momento.

La asociación recuerda que el pasado mes de abril ya preguntó al alcalde sobre la distancia que debía guardar la macrogranja respecto a las viviendas de Torre Uchea. En ese momento respondió que se trataba de “una pregunta de carácter técnico y no de política municipal” y que había que determinarlo según los informes técnicos pendientes de elaborar, entre ellos la evaluación ambiental, cuya competencia corresponde al Gobierno regional.

Los vecinos y vecinas de la pedanía recuerdan que el proyecto contempla una explotación de 1.416 terneros de ganado vacuno de cebo en la pedanía. Apuntan que la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Hellín, a petición del propio Ayuntamiento, emitió un informe sobre el proyecto el 25 de marzo de 2026. Y añaden que la asociación no tuvo constancia de su existencia hasta que accedió al mismo a través del registro electrónico municipal el 30 de junio de 2026, casi un mes después de haber presentado sus alegaciones al proyecto, el 2 de junio.

El informe de la OCA, señala ADTU, recoge “numerosas deficiencias técnicas” del proyecto. Entre ellas, que el expediente “no contempla la existencia” de Torre Uchea: el documento sitúa la zona habitada más cercana a la explotación en la pedanía de Nava de Campana, sin mencionar que las viviendas de la otra pedanía se encuentran a menos de 500 metros de las instalaciones proyectadas.

Nutripelet y la familia de la concejala de Medio Ambiente

A fecha de hoy, y según ha podido comprobar también este periódico, el expediente no figura con información activa en la plataforma de expedientes de evaluación ambiental de Castilla-La Mancha (Nevia). Es decir, su tramitación no se ha iniciado oficialmente.

La asociación de Torre Uchea afirma además que el proyecto arrastra, además, un “elemento de conflicto de interés” que lleva meses señalando: la empresa promotora, Nutripelet, S.L., pertenece a la familia de la concejala de Medio Ambiente, Agua y Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Hellín y senadora en la actual legislatura, Miriam García Navarro. Así lo ha comprobado también este periódico en el Registro Mercantil. “Esta circunstancia refuerza la necesidad de que sea el pleno en su conjunto quien fije una posición explícita sobre el proyecto”, añaden.

ADTU recuerda que, a pesar de la respuesta recibida por parte del alcalde, el certificado del pleno deberá trasladarse al órgano medioambiental de la Junta de Castilla-La Mancha para que la evaluación ambiental del proyecto pueda reanudarse.

La asociación advierte de que seguirá reclamando una respuesta “clara y por escrito” mientras el Ayuntamiento no fije postura, y no descarta recurrir a la vía judicial si finalmente se concede la licencia a Nutripelet.

Las plataformas sociales y vecinales contra las instalaciones de biometano en Castilla-La Mancha han arrancado el curso político exhibiendo su rechazo total al decreto que el Gobierno regional prepara para regular estas plantas.

La intención del Ejecutivo con esta norma es implantar una moratoria con la que quedan suspendidos los expedientes en curso hasta que cumplan con los nuevos requisitos. Pero eso no ha bastado para que los colectivos sociales, ayuntamientos y particulares hayan presentado más de 20.000 alegaciones.

Entre todas ellas, casi 6.000 tienen en común varios argumentos, que son los que las plataformas han esgrimido para valorar ir a los tribunales si la Consejería de Desarrollo Sostenible no retira el decreto.

Principalmente, según las alegaciones que ha consultado este periódico, colectivos y particulares consideran que el decreto es una disposición ejecutiva “técnica” y de planificación “muy incompleta” que busca “sustituir” el Plan Regional de Biometanización de Castilla-La Mancha, que quedó “enterrado”.

De hecho, argumentan que si el Gobierno regional quiere llevar a cabo esta sustitución para “eludir” su correspondiente evaluación ambiental estratégica y las 15.000 alegaciones que se presentaron sobre ese Plan, eso ya sería, por sí solo, “motivo legal de nulidad” del futuro decreto.

Veto de ayuntamientos y proyectos “estratégicos”

Dicho esto, las alegaciones se centran posteriormente en que la nueva norma no cumple con la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha por varios motivos. El primero de ellos se basa en que no aclara los recursos a los que deben atenerse los ayuntamientos para ejercer su autoridad en su municipio e impedir la instalación de plantas de biometano. Es decir, no tiene en cuenta que muchos Consistorios no disponen de la capacidad técnica suficiente para realizar informes técnicos motivados.

Otro motivo es que tampoco expresa los criterios “motivados” que el Gobierno podrá aducir para declarar “inversiones estratégicas” las plantas al ser aprobadas. Se refieren a la excepción que contempla el Ejecutivo autonómico en su decreto, mediante la cual si un proyecto fuera “prioritario” podría imponerse sobre la decisión del Ayuntamiento.

Tras señalar que el decreto no desarrolla medidas compensatorias y compensaciones por posibles daños a empresas hoteleras y de todo tipo por la instalación de plantas de biometano, estas alegaciones se centran en la “falta efectiva” de medidas de vigilancia y control y del residuo final de estas instalaciones: el digestato, generalmente comercializado como fertilizante para el campo.

Si finalmente ese puede ser su uso, alertan de que las miles de toneladas de residuos finales de estas instalaciones contienen elementos contaminantes como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio o el amoniaco, así restos farmacéuticos y de microplásticos y otros “elementos tóxicos muy difíciles de controlar y eliminar”. “Los residuos finales de las plantas contienen altas cantidades de nitrógeno que se añadirían a los suelos y, por filtración, pasarían a las aguas subterráneas, contaminando aún más con nitratos estas aguas”, argumentan.

Las alegaciones sociales y vecinales se centran también en alertar de múltiples riesgos. Argumentan que las plantas de biometano tienen eventualmente fugas y antorchas de este gas que es “80 veces más pernicioso y contaminante” que el CO₂. Alertan igualmente de posibles problemas de “accidentes, explosiones e incendios”.

Básicamente, consideran que el hecho de que el 80% de los residuos sean acarreados “indebidamente” hasta 35 kilómetros de un pueblo, y el resto (20%) desde más lejos, convertiría a los municipios en “pueblos escoba” y “pueblos vertedero”.

Hablan igualmente de “probables impactos y daños de difícil o imposible reparación posterior” a la flora, a la fauna, al paisaje, a las aguas superficiales y subterráneas, al tránsito, a las vías pecuarias, a las carreteras y al desarrollo económico. Consideran por ello que es “temerario, antisocial e ilegítimo” que este decreto permita autorizar estas plantas de concentración de residuos y de biometano a apenas a dos kilómetros de las poblaciones donde vive la gente.

En estas alegaciones, colectivos y asociaciones argumentan que estas plantas quieren implantarse “en contra de la voluntad de los pueblos” y de su ciudadanía “sin tener en cuenta debidamente lo que la Constitución y las leyes ambientales establecen al respecto de la información, la participación y la justicia ambiental”.

Las macroplantas de gestión de residuos para producir biometano propuestas responden a un modelo de desarrollo insostenible agroenergético especulativo

Y concluyen: “Las macroplantas de gestión de residuos para producir biometano propuestas responden a un modelo de desarrollo insostenible agroenergético especulativo que sitúa los intereses privados por encima de los intereses públicos, y dado que estas plantas no son de utilidad pública ni de interés social, ni suscitan el necesario consenso social para su implantación, sino que, muy al contrario, existe en numerosos municipios de Castilla-La Mancha una gran oposición ciudadana a su construcción y a su desarrollo”.

En definitiva, estas miles de alegaciones se centran en denunciar la “maniobra” del Gobierno de Castilla-La Mancha para intentar desactivar la contestación ciudadana con la aprobación del futuro decreto. Y en ello se centraron las plataformas locales y regionales que comparecieron hace unos días para manifestar su rechazo.

“No estamos en desacuerdo con que se gestionen los residuos producidos por las industrias cárnicas, pero tampoco entendemos por qué Castilla-La Mancha tiene que ser la que limpie la basura de toda España, por qué se quiere hacer aquí una megaindustria de reciclaje”, afirmaron en referencia a los residuos agroganaderos que tratan las plantas de biometano.

Muy cerca de la emblemática Plaza de Zocodover de Toledo se encuentra la calle de La Plata. Nace en diagonal a su arteria principal, la calle Comercio, lo que la convierte en un enclave de lo más apetecible para los numerosos proyectos turísticos que no paran de multiplicarse en el Casco Histórico de esta Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

El ejemplo de mayor relevancia se encuentra ahora en el macrohotel de 80 habitaciones dobles y cuatro alturas que la promotora Delfín S.A. quiere construir en ocho inmuebles que ocupan casi 7.000 metros cuadrados entre la mencionada calle y diversos edificios residenciales y parcelas (algunos privados y otros de titularidad pública enajenados por el Ayuntamiento) en otros tres callejones: los Husillos, los Bécquer y San Ginés.

El proyecto incluye cafetería, restaurante, salas de reuniones y spa. No existe ningún presupuesto público ni cifra oficial de lo que costará.

Pero al margen de ello, la cuestión viene de largo. El Plan Especial de Reforma Interior y Mejora (PERIM) para su construcción vio la luz hace más de cinco años y se aprobó en diciembre de 2022, cuando todavía gobernaba en la ciudad el PSOE, con Milagros Tolón como alcaldesa. No obstante, ha sido este año, con el PP y Vox en el equipo de Gobierno municipal cuando se ha tramitado. Y ahora los socialistas, en la oposición, no lo quieren.

Fue el pasado mes de marzo cuando la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Toledo dio luz verde al proyecto, pese al rechazo que de los partidos de la oposición (PSOE e IU-Podemos) y de Movimiento Sumar.

Además, ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo presentado por la Real Fundación de Toledo contra el proyecto. El objetivo de esta acción judicial es clarificar los criterios urbanísticos que se están aplicando en el Casco Histórico de Toledo y en algunas zonas protegidas de Cigarrales.

“Buscamos aclarar si el modelo con el que se está trabajando responde a objetivos del Plan Especial del Casco Histórico de Toledo (PECHT) o se está haciendo un abuso de los PERIM”, explica Jesús Carrobles, director de la Real Fundación de Toledo.

Este experto en patrimonio cree que se está recurriendo a disposiciones de rango menor (en referencia al PERIM) para modificar o anular normativas superiores aprobadas por la comunidad autónoma (el PECHT), las cuales cuentan con “un alto nivel de protección y consenso”.

“Podemos tener los mejores planes del mundo, pero si utilizamos de manera abusiva una figura que anula lo dispositivo, tenemos un problema”, señala Carrobles, subrayando que Toledo es actualmente la ciudad que más está utilizando esta vía administrativa.

Cuando no prima el uso residencial

La Real Fundación de Toledo compara la tendencia actual con los “desastres urbanísticos de los años 50 y 60”, cuando la construcción de grandes bloques anuló parte de la trama urbana tradicional. Su temor es que estas operaciones actuales degraden profundamente la ciudad de una manera negativa que el actual Plan Especial trataba de evitar, primando el uso residencial de los edificios del barrio antiguo.

Y ahí está el quid de la cuestión. Este nuevo macrohotel, de llegar a construirse, agrava la tendencia creciente de reconvertir bloques residenciales enteros en plazas turísticas, en detrimento de la vivienda. Y todo con el apoyo de PP y Vox.

Porque los dos partidos gobernantes en la ciudad no solo apoyan este proyecto hotelero de gran envergadura, sino que también modificaron en noviembre de 2024 el Plan General de Ordenación Urbana en su limitación de los apartamentos turísticos (AT) y de las viviendas de uso turístico (VUT) en el Casco Histórico.

¿Qué cambió? En la legislatura anterior del PSOE se limitaba la actividad, en ambos casos, a las plantas baja y primera de los edificios, para evitar molestias a los residentes en pisos superiores. Sin embargo, ahora ese límite tiene una excepción: “Cuando el inmueble se destine en su conjunto a apartamentos turísticos”.

Ese cambio, que pasó casi desapercibido, ha permitido dar vía libre a la mencionada reconversión de edificios residenciales completos, no en el caso de las VUT, pero sí en apartamentos turísticos.

De acuerdo con la definición que hace el decreto autonómico tanto de apartamentos turísticos como de VUT, la Junta de Castilla-La Mancha distingue en su propio registro ambas categorías. Según los últimos datos publicados, la ciudad de Toledo cuenta con 26 apartamentos turísticos en edificios completos, casi todos ellos en el Casco Histórico.

El dato es muy relevante y no ha pasado desapercibido para los vecinos y vecinas del barrio. Hablamos con Alicia Es. Martínez y África Alonso, madre e hija, y residentes en el Casco. “Esto destroza el tejido urbano y vecinal, y el reflejo de la especulación que estamos viviendo en todo el país”, denuncia África, representante de la Unión Popular de Inquilinos de Toledo.

Este colectivo ha analizado minuciosamente el proyecto y recalca el hecho de que muchos de los edificios que utilizará el macrohotel eran inmuebles que el Ayuntamiento ha vendido. “Es curioso que, mientras pasa esto, estemos reivindicando más viviendas sociales para los vecinos y vecinas del Casco Histórico, a los que también están echando de sus casas para lo mismo, para hacer apartamentos turísticos”, destaca

Es una cuestión que esta asociación lleva denunciando desde hace tiempo. “A los vecinos del Casco nos están echando y se está reduciendo por todas partes la habitabilidad del barrio. Hay viviendas sociales mal construidas que todavía no se han habilitado y familias enteras que optaron a una vivienda joven a los que también quieran echar de sus casas. Estamos perdiendo oportunidades de vivienda mientras la ciudad se convierte en un decorado”, lamenta.

No paramos de defender a vecinos y vecinas a los que echan de sus casas para construir hostales, hoteles y apartamentos turísticos. Y estos últimos a veces ni se declaran

África Alonso — Unión Popular de Inquilinos de Toledo

Y un gran hotel de estas características, tan cerca de la Plaza de Zocodover y de la calle Comercio, es un claro ejemplo de la turistificación. “No paramos de defender a vecinos y vecinas a los que echan de sus casas para construir hostales, hoteles y apartamentos turísticos. Y estos últimos a veces ni se declaran. Es un despropósito”, subraya África Alonso.

De la misma opinión es Alicia, también activista social y cultural de Toledo. “Es absolutamente vergonzoso que casi una calle entera se dedique a un macrohotel, a un uso hotelero, quitando la posibilidad de viviendas de hasta 100 viviendas en el Casco Histórico y en un tejido urbano absolutamente consolidado, que además hay que promover. Pero el Ayuntamiento ha optado por un modelo de ciudad que expulsa a sus vecinos”.

“No lo vamos a consentir bajo ningún concepto y estamos, evidentemente, movilizándonos ya, reuniéndonos y organizándonos para protestar por esta y otras decisiones que lo que hacen es premiar la especulación y premiar que la ciudad de Toledo sea una ciudad en venta en lugar de una ciudad para las vecinas y los vecinos y sus niños y niñas”, agrega.

En el terreno político, por el contrario, la defensa que hace el equipo de Gobierno de las derechas es férrea. El concejal de Planeamiento Urbanístico, Florentino Delgado (Vox), ha defendido la aprobación de esta modificación del PERIM alegando que al no existir una suspensión del planeamiento justificada, el Ayuntamiento está obligado a respetar los derechos de la propiedad para evitar futuras impugnaciones judiciales. “Si la ley no está limitada tiene que cumplirse”, apunta.

La oposición, un rechazo en bloque

En el Grupo Socialista, la situación es cuanto menos paradójica. El proyecto tiene su origen en la etapa en que gobernó en la ciudad. Pero ahora, su portavoz, Noelia de la Cruz, lo rechaza porque “la modificación el proyecto que se plantea no responde al interés general”.

Por su parte, el portavoz de IU-Podemos, Txema Fernández, considera que este nuevo hotel en el Casco es “absolutamente innecesario e invasivo”. Advierte sobre la falta de un informe arqueológico específico, a pesar de que la Viceconsejería de Cultura sugirió tener en cuenta posibles afecciones patrimoniales que, según denuncian, no se han integrado en el expediente.

“Luego hacemos una obra y nos llevamos el patrimonio al Museo Arqueológico Nacional”, subraya Fernández en referencia a la exposición de tablas policromadas medievales que se encontraron durante las obras de otro hotel en el Casco y que ahora están en una exposición temporal en dicho museo.

También pone en entredicho el informe de movilidad que “pone pegas al uso de plazas verdes” de aparcamiento dedicadas a residentes y al nivel de ruido que tiene que establecerse al tratarse de una zona residencial. “Se nos olvidan los informes de necesidad de vivienda.. Hemos eliminado ocho bloques de viviendas en la calle de la Plata para convertirlo en un hotel probablemente de lujo, inaccesible para la gran mayoría de la gente”, agregó Fernández.

A la oposición política se ha sumado el Movimiento Sumar Toledo, que señala que, a su juicio, este macrohotel profundiza en un modelo que “prioriza el negocio turístico frente al derecho a la vivienda”. La formación remarca que Toledo “tiene que seguir siendo una ciudad habitable, no un parque temático”.

Estamos asistiendo a una dinámica muy preocupante: cada vez hay menos vecinos y más habitaciones de hotel. Toledo no puede convertirse en un decorado sin vida

José Luis Resuela — Portavoz de Movimiento Sumar en Toledo

“Estamos asistiendo a una dinámica muy preocupante: cada vez hay menos vecinos y más habitaciones de hotel. Toledo no puede convertirse en un decorado sin vida”, ha señalado el portavoz local de Movimiento Sumar, José Luis Resuela, que se compromete a que, si gobierna, no permitirá nuevas conversiones de viviendas residenciales en usos turísticos en el Casco Histórico.

Se refiere con ello no solo al proyecto de calle de La Plata, sino a otros que también tiene entre manos el Ayuntamiento. El más paradigmático es el que se planea, también en el Casco Histórico, pero orillas del río Tajo, conocido como Hotel La Cava. El proyecto cogió velocidad con la llegada de PP y Vox al Ayuntamiento de Toledo, en 2023. Se planteó un macrocomplejo de cinco alturas, 110 habitaciones y más de 250 plazas de aparcamiento que despertó una fuerte contestación social y política que todavía hoy, tres años después, no ha terminado.

En dos ocasiones ha salido a información pública, para que las personas interesadas pudieran opinar y presentar alegaciones. En la segunda de esas ocasiones, la actual, las expectativas se redujeron: la construcción que se plantea ha menguado su volumen -se proyectan edificios fragmentados en lugar de una mole- y se ha pasado de cinco a tres alturas, pero la ubicación sigue siendo la misma.

Se asentaría en la zona conocida como La Solanilla, uno de los parajes de Toledo con la mayor biodiversidad natural de plantas y animales, especialmente de aves, en todo el recorrido del río a su paso por la capital de Castilla-La Mancha. Hace unos meses esta cuestión ya se puso en el punto de mira por plantearse en plena zona inundable del río Tajo.

El proyecto provocó incluso la creación de una plataforma ciudadana, que cuenta incluso con página web, para expresar el rechazo a la iniciativa y se han recogido firmas en este sentido. Los colectivos sociales y vecinales del Casco Histórico no descartan ahora plantar cara también al nuevo macrohotel de La Plata. No les gusta. No lo quieren: “Vamos a ir a por todas”, advierten.

En pleno mes de agosto, los planes de Iberdrola para ampliar la potencia energética de su emblemática central térmica de Aceca en la Sagra toledana han hecho aguas. El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha tumbado su proyecto fotovoltaico denominado 'FV Aceca' en los términos municipales de Toledo, Almonacid de Toledo y Mocejón. Su objetivo era hibridar una nueva planta solar de unos 350 megavatios con la histórica central térmica existente a unos cinco kilómetros, en Villaseca de la Sagra.

El complejo de Aceca de esta compañía -que debe su nombre a un antiguo poblado- juega un papel crucial en el sistema eléctrico de España, actuando principalmente como un “pilar de seguridad, estabilidad y transición energética” para el país, según destaca la empresa.

Situado en el municipio toledano de Villaseca de la Sagra, junto al río Tajo, es una instalación energética propiedad de Iberdrola y Naturgy que ha evolucionado desde el fueloil (con el inicio de sus operaciones en 1969) hasta el gas natural, desde 2003.

Su importancia a escala nacional se sostiene en su cercanía a la Comunidad de Madrid, con una enorme demanda eléctrica, evitando las pérdidas de energía que ocurren cuando la electricidad se transporta desde regiones periféricas.

Además, a diferencia de las antiguas centrales de carbón o las nucleares, el ciclo combinado de Aceca puede arrancar, detenerse o regular su potencia de forma muy rápida. De hecho, Red Eléctrica de España (el operador del sistema nacional) la utiliza de forma estratégica para equilibrar la curva de consumo en tiempo real, garantizando que el país nunca sufra problemas de voltaje o apagones estructurales

La negativa del Miteco: argumentos

El proyecto de parque solar de Iberdrola Generación Térmica S.L. para hibridar esa central de Aceca, no obstante, ahora se ha visto truncado con la negativa del Miteco. Según la declaración de impacto ambiental (DIA) consultada por este periódico, la propuesta técnica para una nueva instalación fotovoltaica buscaba hibridar una nueva planta de más de 500 hectáreas distribuidas en tres sectores.

Pero tras un análisis exhaustivo, el Ministerio determina que el estudio de alternativas presentado por la empresa es “insuficiente” y “carece de rigor técnico”. Ha identificado “riesgos severos para la fauna protegida”, como el águila imperial ibérica y diversas aves esteparias, debido a la pérdida de hábitats de caza y nidificación.

Concretamente, sobre el águila imperial, especie en peligro de extinción, la DIA identifica la posible pérdida, fragmentación y alteración del hábitat de su alimentación y campeo. El proyecto se ubicaría sobre cultivos tradicionales de secano y pastizales que constituyen un hábitat propicio con alta densidad de presas, especialmente el conejo de monte.

Identifica hasta seis nidos con tres parejas de águilas que podrían verse alterados. Entre ellos, en la zona Aceca-Oeste, la planta fotovoltaica proyectada solaparía directamente con zonas de uso intensivo y frecuente de una pareja de águilas, afectando un hábitat de caza calificado como de “calidad óptima”.

En Aceca-Norte, otro recinto de 25 hectáreas podría invadir el área de exclusión de 2.500 metros de otro nido, lo que implicaría la “pérdida de un cazadero localizado para esta pareja y se considera un impacto severo”. Y en Aceca-Norte, se proyectaban instalaciones sobre 46 hectáreas dentro del buffer de 2.500 hectáreas de un tercer nido, “incumpliendo las directrices de conservación al no ubicarse en zonas de baja calidad de hábitat”.

De igual forma, el Miteco argumenta que la construcción de unos 14 kilómetros de líneas de evacuación aéreas a 220 kilovoltios representa la principal “amenaza de muerte por colisión” para el águila imperial y otras rapaces debido a la envergadura y tipo de vuelo de la especie.

El trazado aéreo de evacuación es considerado “manifiestamente incompatible” por discurrir a distancias peligrosas de nidos activos; y las líneas aéreas proyectadas generan un “efecto barrera acumulativo” al sumarse a otros tendidos ya existentes en la zona comprometiendo el libre desplazamiento de las parejas entre sus áreas de nidificación, campeo y el corredor ecológico del río Tajo.

Además, la resolución advierte sobre posibles alteraciones negativas en la hidrología y geomorfología del terreno por los movimientos de tierra proyectados. En consecuencia, la administración concluye que no se ha demostrado que la opción seleccionada sea la de menor repercusión ambiental.

¿Se han pronunciado los municipios afectados?

Se da la circunstancia de que en la fase de participación pública y consultas a las administraciones afectadas, se consultó formalmente al Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra, donde se ubica la histórica central térmica de Aceca, pero este no remitió ninguna respuesta al expediente.

El término de Mocejón, el más cercano a la central de ciclo combinado, sí es objeto de menciones específicas debido a los riesgos e impactos detectados en el sector Aceca-Norte. La Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad del Miteco determina que las parcelas de este sector debían descartarse por ser una zona crítica de invernada y alimentación para el sisón común, también especie en peligro de extinción.

Para evitar este impacto, el organismo recomendó explícitamente reubicar estas instalaciones hacia una zona más próxima al núcleo urbano de Mocejón, situada al suroeste de la poligonal proyectada.

Se da la circunstancia de que Iberdrola participa actualmente en el desarrollo y suministro de energía para centros de datos en España mediante grandes alianzas estratégicas e inversiones millonarias. Entre sus proyectos se encuentra el de la zona Madrid Sur, con una superficie de 160.000 metros cuadrados, colindantes con esa zona de la Sagra toledana.

Fuentes de Iberdrola precisan a este periódico de que ya informaron al conocerse la DIA de que el proyecto había obtenido una Declaración de Impacto Ambiental negativa por parte del Miteco. Indican que la planta fotovoltaica a trámite puede reubicarse en otros terrenos que no tengan “valores ambientales singulares”, para lo que ha encargado trabajos de inventariado en el entorno, vía una empresa independiente

Un dato curioso es que esta misma semana, Iberdrola ha hecho público un convenio de colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha para reforzar su programa recuperación del cernícalo primilla que desarrolla en su planta fotovoltaica de Barcience, situada en el término municipal de Bargas (Toledo).

Gracias a este acuerdo, los nuevos ejemplares de cernícalo primilla criados en el Centro de Recuperación de Rapaces Ibéricas (CERI) de Sevilleja de la Jara (Toledo) serán liberados en el primillar construido por Iberdrola dentro del parque fotovoltaico, incrementándose además el número de aves previstas inicialmente.

La iniciativa forma parte del 'Programa Convive' de Iberdrola, una estrategia que integra medidas de protección de la flora y la fauna en el diseño, construcción y explotación de sus instalaciones renovables.

Además del proyecto para la recuperación del cernícalo primilla, la planta fotovoltaica incorpora actuaciones dirigidas a favorecer la biodiversidad del entorno, como la instalación de colmenas para la protección de insectos polinizadores, el mantenimiento de cubierta vegetal natural y diferentes medidas de integración paisajística y ambiental.

La provincia de Albacete, incluida su capital, sigue sumando proyectos de almacenamiento de residuos peligrosos. Mientras que a principios de agosto comenzó el periodo de información pública para la autorización ambiental de un depósito de residuos de amianto en el paraje La Castra de Albacete, ahora también se ha hecho público el proyecto de un nuevo basurero de este nocivo residuo en Chinchilla de Montearagón.

En este segundo caso, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), según ha constatado este periódico, ha publicado que la instalación debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria debido a los “posibles riesgos para la salud humana y el medio ambiente”. Aunque el plan contempla el almacenamiento temporal y reenvasado en una nave industrial, existen preocupaciones por su proximidad a zonas concurridas y áreas residenciales.

La empresa promotora del proyecto de Chinchilla es Integral de Amiantos Albacete S.L. y prevé una capacidad anual de tratamiento de 900 toneladas de amianto en una nave con un mínimo de 225 metros cuadrados.

Eso sí, este proyecto está lejos de recibir luz verde. El informe emitido por la Consejería de Desarrollo Sostenible destaca que la manipulación de estos materiales peligrosos podría liberar “fibras nocivas”, lo que exige un “análisis técnico más exhaustivo” y la consideración de ubicaciones alternativas.

De hecho, el Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón ya ha emitido un informe desfavorable sobre el proyecto. Concretamente, advirtió de que la nave proyectada por la empresa se sitúa en un área industrial donde existe una presencia continuada de trabajadores en las distintas empresas del entorno. Y también alertó sobre la cercanía de la actividad al suelo urbano de uso residencial, ubicado a unos 2.500 metros de las piscinas e instalaciones deportivas municipales y a 3.260 metros del casco urbano.

El Consistorio municipal señaló asimismo que las tareas de almacenamiento temporal y reenvasado implican una manipulación añadida del amianto, lo cual podría elevar el riesgo de exposición para la población en caso de que ocurra una liberación accidental de fibras.

El pleno municipal de Albacete rechaza el macrovertedero

Se da la circunstancia que el mismo día en que se ha publicado en el DOCM el proyecto para el almacén de amianto de Chinchilla, el pleno municipal del Ayuntamiento de Albacete ha manifestado su rechazo al macrovertedero anunciado para la capital provincial mediante la aprobación de un acuerdo de no conformidad. El alcalde, Manuel Serrano, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los vecinos y ha dicho que la capital provincial “no va a ser nunca la sede de la macroplanta de amianto”.

Del mismo modo se ha pronunciado el Grupo Municipal socialista, de quien ha partido la iniciativa plenaria. Su portavoz, José González, ha señalado que rechazar juntos es “el camino”. “No queremos que Albacete sea el vertedero de amianto donde vengan a traernos los residuos de otros lugares. Desde aquí debemos dar seguridad y tranquilidad a la ciudadanía”.

Pero la cuestión en la provincia de Albacete no queda ahí. Además de los dos almacenes de amianto en Albacete y Chinchilla, por otra parte, ha recibido el visto bueno del Gobierno de Castilla-La Mancha una nueva planta de gestión de residuos electrónicos en la localidad albaceteña de Almansa, en la misma provincia.

Promovida por la empresa Recuperaciones Cargo, la Administración autonómica, al contrario que con el amianto, considera que este proyecto no requiere un proceso más exhaustivo de evaluación ambiental, ya que se considera “ambientalmente compatible”. El motivo: operará en una nave industrial ya existente.

Según la resolución de evaluación ambiental simplificada que ha publicado la Dirección General de Calidad Ambiental en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), la instalación se dedicará a la clasificación y almacenamiento temporal de materiales peligrosos y no peligrosos, incluyendo aparatos eléctricos y electrónicos.

Los dos almacenes de Almansa

Coincide que también en Almansa se proyecta la ampliación de la planta que Acteco Productos y Servicios tiene en esta ciudad dedicada al reciclado mecánico y químico de plásticos y almacenamiento de residuos también peligrosos y no peligrosos.

Se trata de una planta de tratamiento para reciclado mecánico de residuo urbano, procedente de las plantas de tratamiento de Castilla-La Mancha. Actualmente, tras dos procesos de consulta, el Ejecutivo regional está pendiente de declararlo o no “prioritario”, la figura autonómica que regula los proyectos de especial interés socioeconómico y que agiliza los trámites administrativos.

Ahora, a este proyecto de Almansa se suma el mencionado de residuos electrónicos en la misma ciudad. Concretamente, gestionará residuos metálicos (diferenciando el acopio de chatarra férrica a granel y paquetes de chatarra prensada) y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) tanto peligrosos como no peligrosos. En cuanto a los que no tienen la calificación RAEE, se contempla un área de almacenamiento independiente destinada fundamentalmente a baterías usadas.

Adicionalmente, la planta contará con un espacio para el almacenamiento temporal de los residuos de rechazo generados por el desarrollo de su propia actividad.

La función principal de esta instalación será la recepción, clasificación, almacenamiento temporal y expedición de todos estos residuos hacia gestores autorizados para su posterior valorización o tratamiento. La instalación proyectada en Almansa cuenta con una capacidad máxima de almacenamiento de casi 300 toneladas de residuos, y podrá tratar casi un millar de toneladas anuales.

Toda la actividad se llevará a cabo en una nave industrial que dispone de 300 metros cuadrados de superficie ya construida en el Polígono Industrial El Mugrón, distribuyéndose el espacio en áreas específicas de almacenamiento para cada tipo de residuo y garantizar su “correcta segregación y seguridad”.

Esta ubicación está a poco más de un kilómetro del casco urbano de Almansa, a 130 metros del Monte de Utilidad Pública ‘Pinar de Almansa’, a unos 240 metros de la línea ferroviaria Alicante-Madrid, a menos de 500 metros de la vía pecuaria ‘Cordel de Burgos’ y a casi un kilómetro y medio de la Rambla de Las Hoyuelas.

Consumo de agua y energía

Según el documento, el consumo estimado de agua es de 30 metros cúbicos, que se realizará mediante la red municipal y se destinará exclusivamente a los servicios sanitarios de los trabajadores. Este volumen está calculado para una plantilla de tan solo tres empleados durante 250 jornadas laborales al año. Según indica el documento, la actividad no generará vertidos de proceso “ni requerirá agua para las tareas de gestión de residuos”.

En cuanto al consumo de energía, el suministro será exclusivamente eléctrico, con una potencia instalada prevista de 14,7 kilovatios. Destaca que no se requerirá el uso de ningún tipo de combustible para el funcionamiento ordinario de la planta.

A luz de todo ello, la conclusión principal de la Dirección General de Calidad Ambiental de Castilla-La Mancha es que el proyecto no necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, es decir, más exhaustiva. Esta decisión se fundamenta en que se estima que la actividad “no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente”.

El órgano ambiental determina que el proyecto es compatible con la preservación de los factores ambientales (tales como la población, la salud humana, los recursos naturales, los bienes de dominio público y las áreas protegidas). Esto se debe principalmente a que toda la actividad se desarrollará bajo cubierta en el interior de una nave ya construida, sin ocupar nuevos terrenos ni afectar de forma directa a espacios protegidos o elementos ambientalmente sensibles.

No obstante, este visto bueno está condicionado al cumplimiento de medidas preventivas, correctoras y de seguimiento propuestas por el propio promotor en su documentación.

Así, el programa de seguimiento y vigilancia ambiental de la planta establece una serie de obligaciones y controles específicos sobre residuos, impermeabilización y drenaje, medición de niveles de ruido y revisión periódica tanto de la maquinaria de recogida, clasificación y almacenamiento de residuos, como del estado de conservación de la solera de hormigón impermeabilizada.

De igual forma, para evitar la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas, el proyecto de la planta de Almansa contempla el almacenamiento exclusivo en el interior para eliminar el riesgo de que el agua de lluvia arrastre contaminantes. Según el estudio de la empresa, toda la nave industrial cuenta con una solera correctamente hormigonada. Las zonas de trabajo, tránsito o almacenamiento susceptibles de causar contaminación estarán pavimentadas e impermeabilizadas de forma adecuada.

En cuanto a la zona de RAEE peligrosos, estará dotada de pavimento impermeable y de un sistema estanco de recogida de posibles derrames, el cual operará de manera independiente a la red de saneamiento municipal. Por su parte, los residuos de baterías usadas se ubicarán en un espacio equipado con los elementos de seguridad y contención necesarios para su tipología.

Otras instalaciones de amianto en la región

Este conglomerado de proyectos para almacenes de residuos peligrosos en la provincia Albacete se suma a otros espacios similares en Castilla-La Mancha. Además del mencionado macrovertedero de amianto en la ciudad de Albacete y del proyectado en Chinchilla, en Novés (Toledo) opera la planta autorizada Recuperaciones Energéticas Novés, S.A. (RENOVÉS), que dispone de una celda específica para “el depósito seguro y eliminación de residuos de amianto”.

Por su parte, en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) existe un depósito, con una celda específica “confinada y aislada” para amianto, en una planta operada por la empresa Ignea Medioambiente, S.L., en la Carretera de Moral de Calatrava, en la finca 'Las Heras'. Su capacidad total supera los más de cuatro millones de toneladas, pero en el lugar también se depositan residuos industriales no peligrosos e inertes.

Finalmente, en El Provencio (Cuenca) el pasado mes de junio se conoció el proyecto para ampliar el basurero de vertidos peligrosos en esta población, incluyendo un depósito de amianto.

La moratoria que el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere establecer ante la proliferación de plantas de biometano en la comunidad autónoma, mediante un decreto que restringe su instalación y paraliza los expedientes en curso, no ha servido para calmar los ánimos de las decenas de colectivos sociales y vecinales de toda la región que rechazan de lleno esta polémica renovable. Unidos bajo el paraguas de la Plataforma regional Stop Biometano, han comparecido en Toledo y han alertado de que están dispuestos a acudir a los tribunales si el Ejecutivo de Emiliano García-Page no da marcha atrás y apuesta por otras alternativas.

Considera la asociación autonómica que el mencionado decreto no soluciona el problema de fondo. “Es un grave problema ambiental, social, sanitario, y ahora también político. En nuestros pueblos limpios, sanos y verdes, no nos merecemos que nos impongan estas instalaciones”, afirma en representación de este colectivo Rafael Ruiz, portavoz de Stop Biometano en Torralba de Calatrava (Ciudad Real), donde se proyecta una de estas instalaciones.

Recuerda en este sentido que el nuevo decreto supone la “prescripción” del anterior Plan de Biometano que promovió el Gobierno regional, sin que la Administración haya dejado claro sin las más de 15.000 alegaciones que se presentaron a ese proyecto también decaen.

De cualquier forma, ahora son más de 20.000 las alegaciones que estos colectivos y miles de particulares han presentado al nuevo decreto, todavía pendiente de aprobación, lo que demuestra que la oposición social al biometano es “creciente”.

Estas instalaciones suponen un desafío gravísimo para nuestra tierra, no las queremos. Ni siquiera queremos el decreto, porque genera inseguridad jurídica

“Estas instalaciones suponen un desafío gravísimo para nuestra tierra, no las queremos. Ni siquiera queremos el decreto, porque contiene muchísimos elementos que generan inseguridad jurídica. Debe ser revisado o directamente anulado, porque solo contempla algunas concesiones para ver si los ayuntamientos y los alcaldes se contentan”, argumenta Rafael Ruiz.

Se refiere al hecho de que esta nueva normativa, junto con la reciente modificación de la Ley de Evaluación Ambiental, permita a los plenos municipales poder “vetar” la instalación de plantas de biometano en sus términos municipales. Para las plataformas, esto es una “trampa”, porque muchos pueblos no disponen de recursos técnicos para emitir informes argumentados de rechazo, como requiere la ley.

A esta cuestión hace mención también Elisa Díaz, coportavoz de Verdes-Equo en Castilla-La Mancha, quien habla de “maniobra” del Gobierno de Castilla-La Mancha para intentar desactivar la contestación ciudadana. “Pero los vecinos y vecinas no se van a quedar de brazos cruzados, van a seguir muy vigilantes con su patrimonio”, ha dicho.

En su opinión, hay “imprecisiones” en el decreto que deben pulirse o incluso anularse. “No estamos en desacuerdo con que se gestionen los residuos producidos por las industrias cárnicas, pero tampoco entendemos por qué Castilla-La Mancha tiene que ser la que limpie la basura de toda España, por qué se quiere hacer aquí una megaindustria de reciclaje”, afirma en referencia a los residuos agroganaderos que tratan las plantas de biometano.

También incide la falta de recursos de muchos ayuntamientos para emitir informes como los que se solicitan en la nueva normativa para poder tumbar estos proyectos. El caso más paradigmático es el de Campos del Paraíso, en Cuenca, de apenas 700 habitantes. En su término municipal hay dos plantas de biogás proyectadas, y hasta seis en la zona colindante o de influencia. De hecho, este municipio acogió el pasado mes de marzo una de las manifestaciones más numerosas contra esta polémica renovable.

Desde Equo alertan también de que estas plantas tienen eventualmente fugas procedentes de sus antorchas de gas, que son, según estiman, un 80% más contaminantes que el CO2, así como posibles accidentes, explosiones e incendios. “Nada de esto está previsto en el decreto, ni siquiera la incidencia del cambio climático”.

Para Elisa Díaz, estas plantas responden, por tanto, a un modelo de desarrollo agroenergético “insostenible y especulativo”. “No son de utilidad pública ni de interés social, no tienen consenso y la posición ciudadana es cada vez mayor”.

“A un alcalde le pueden proponer un proyecto atractivo, puede aceptarlo, pero no hace una evaluación correcta de los riesgos que asume al abrirle los brazos. Hay un principio de precaución, que es vigilar el territorio. Muchas de estas empresas tienen un capital detrás de 3.000 euros: con eso no se podría hacer frente a contingencias como una fuga o un incendio”, concluye.

Ningún municipio de la región tiene los recursos suficientes para los enormes volúmenes de residuos que pretenden ser tratados

Otro de los datos más relevantes lo ha aportado Carmelo Donoso, de la Plataforma Stop Biometano de Carrión de Calatrava, en Ciudad Real. Ha recordado que actualmente hay en Castilla-La Mancha más de 70 plantas en tramitación, mientras que “ningún municipio de la región tiene los recursos suficientes para los enormes volúmenes de residuos que pretenden ser tratados”, procedentes a su vez de la “gran proliferación de macrogranjas” por toda la comunidad autónoma.

Es el motivo por el que miles de alegaciones rechazan que la distancia mínima establecida en el decreto entre las plantas de biogás y los núcleos urbanos sea tan solo de dos kilómetros. Según ha apuntado, deberían estar al menos a 25 kilómetros de los pueblos y de sus aguas potables, y localizadas de forma que no afecten a poblaciones vecinas.

Precisamente, Carrión de Calatrava y Torralba de Calatrava son dos de los municipios afectados por la planificación de estas instalaciones que forman parte del área de influencia del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Para más inri, en este último municipio también hay otra planta proyectada.

Alberto Celis es catedrático en la Universidad de Sevilla, vecino de Daimiel y experto en temas de agua. Alerta del peligro de los tres proyectos para este espacio natural. “El decreto recoge la importancia de los espacios protegidos, pero no incluye lo fundamental que sería impedir que existan instalaciones en municipios con entornos protegidos”.

Anuncia así que las plataformas pondrán en marcha una campaña bajo el lema ‘Salvemos las Tablas de Daimiel’ para recordar que actualmente el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) está trabajando en un marco de actuaciones prioritarias para “salvar” el Parque Nacional. “No tiene sentido que mientras se prepara ese plan, Castilla-La Mancha vaya en la dirección contraria proyectando plantas en estos tres pueblos”.

Alberto Celis ha detallado además que las plataformas están trabajando con técnicos un documento de propuestas alternativas para el tratamiento de residuos sin necesidad del biometano. Se trata, explica por su parte Rafael Ruiz, de una docena de soluciones que no ha detallado, pero que quieren presentar al Gobierno de Castilla-La Mancha.

Otra cuestión para la polémica es que el Gobierno regional también prepara una Ley de Proyectos Empresariales Estratégicos donde el biometano se considera “prioritario”. “Eso implicará que, aunque los ayuntamientos rechacen un proyecto, si la Junta considera que son de utilidad pública, se impondrá por encima de los municipios. Es decir, en una ley (la mencionada de Evaluación Ambiental) se les da poder y en otra ley se les quita. Esto no puede ser y tiene que resolverse”.

Si la Junta sigue por este camino, abriremos contenciosos en los tribunales

Precisamente esta es la “inseguridad jurídica” por la que estas plataformas no descartan acudir a los tribunales. “Se están saltando leyes e incluso el Tratado fundacional de la Unión Europea. Faltan evaluaciones ambientales estratégicas en algunas plantas. Eso no puede ser. Si la Junta sigue por este camino, abriremos contenciosos en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y, si no nos dan la razón, llegaremos al Supremo, al Constitucional o a los tribunales europeos. No nos vamos a quedar callados”, amenaza Rafael Ruiz.

Actualmente, hay en Castilla-La Mancha tres plantas de biometano ya operando. La de Balsa de Ves, en Albacete, inició su actividad tratando 3.000 toneladas de residuos, y actualmente ha llegado a las 40.000 toneladas. La de Noez, en Toledo, afecta principalmente al pueblo vecino de Casasbuenas, donde ya se han presentado varias denuncias por contaminación. Y la más grande de las tres es la de Belinchón, en Cuenca, que trata hasta 400.000 toneladas de residuos.

En paralelo, ya se están construyendo otras tres: en Gálvez (Toledo), Villaluenga de la Sagra (Toledo) y Pedro Muñoz (Ciudad Real). Según el mapeo de estas plataformas y de Stop Ganadería Industrial, hay más de 70 plantas proyectadas, con expedientes en tramitación en toda Castilla-La Mancha, y el “objetivo”, afirman, es llegar a un centenar.

Estas plataformas sociales y vecinales se reunieron con la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, a finales del pasado mes de junio. Según afirman, la consejera mostró interés en el mencionado estudio de alternativas pero no les consta que el Gobierno esté trabajando en ello. Ahora quieren otro encuentro, para tener “el mismo número de reuniones que la consejera ha tenido con constructoras y empresas gasísticas”.

De hecho, piden directamente hablar con Emiliano García-Page ante la dimensión de un problema que “no es solo ambiental sino también político”. “Las elecciones están cerca y esto ya es un movimiento ciudadano en toda regla. Somos 46 plataformas de 46 pueblos, y a fin de año seremos cien. Queremos decirle que seguir permitiendo estas instalaciones es antisocial y es imponer los intereses privados por encima de intereses públicos”.

“Las plantas de biometano son malsanas, contaminantes y no aportan apenas empleo. Esto no es ni economía verde, ni circular, ni descarbonificada. Esto no es transición ecológica, es transacción económica. Queremos nuestros pueblos tranquilos, limpios, verdes y sanos, y no convertidos en un vertedero o en tierras de sacrificio”, concluyen.

Hace justo una semana que el PP, Vox y PSOE consiguieron ponerse de acuerdo en el pleno municipal de Talavera de la Reina para votar en contra de la instalación de plantas de biometano en esta ciudad. Lo hicieron, eso sí, durante un bronco debate de reproches mutuos, que hacía presagiar que el consenso duraría poco. Y así ha sido.

Solo unos días después de este acuerdo, el alcalde, José Julián Gregorio (del PP, que gobierna en coalición con Vox), pidió un estudio “independiente” para determinar dónde y cómo ubicar dichas instalaciones.

Esto último es lo que han interpretado el PSOE como un “volantazo” en el consenso del pleno municipal. Así lo ha señalado el portavoz del Grupo Socialista, José Gutiérrez, quien afirmó estar “perplejo” tras ver que el alcalde votó a favor de modificar el POM y de suspender la concesión de licencias a plantas de biogás, mientras se tramite dicha modificación, y que, menos de 24 horas después, saliera públicamente a defender una posición “completamente distinta”.

Los ediles de la oposición han recordado que en el pleno municipal no se aprobó nada sobre esa petición del alcalde y, por tanto, “no hay que pedir ningún estudio ni a una empresa, ni a la universidad, ni a la ONU, ni a la Unesco” porque lo que se votó fue “que no se instalaran plantas y que se paralizaran las licencias”. Por ello, se preguntan “a qué juega el alcalde levantando la mano en el pleno para votar una cosa y haciendo al día siguiente una rueda de prensa para decir exactamente lo contrario”.

PSOE: el Ayuntamiento puede decidir

De igual modo, han considerado “muy llamativo” que José Julián Gregorio haya planteado ahora realizar un estudio externo, “lo que curiosamente coincide con la propuesta que defiende la empresa que quiere instalar una planta a la entrada de Talavera, cerca de Cazalegas”.

Por ello, los socialistas han informado que preguntarán tanto en las comisiones informativas del próximo lunes como en el pleno del viernes diversas cuestiones que esperan que el Gobierno local conteste.

Finalmente, los socialistas también han recordado que el Ayuntamiento de Talavera tiene competencias para decidir qué actividades y qué empresas pueden instalarse en el término municipal y en qué tipos de suelos.

Y además de la petición del estudio que ha realizado el alcalde, tan solo un par de días después de que se llegara a este ‘acuerdo’ en el pleno, el equipo de Gobierno municipal, de PP y Vox, realizaba una propuesta al Gobierno de Castilla-La Mancha: entre otras medidas, propuso que en el futuro decreto autonómico que regulará y restringirá este tipo de instalaciones, se aumente la distancia mínima a los núcleos urbanos de dos a cinco kilómetros.

El portavoz del Ayuntamiento, Jesús García-Barroso, así lo detalló en la presentación de las alegaciones del Consistorio al mencionado decreto. Junto con esta medida, también planteó la prohibición expresa de importar o introducir en el circuito regional sustratos procedentes de otras comunidades autónomas, así como mantener en el órgano ambiental autonómico las competencias técnicas de validación e instrucción, evitando trasladar a los municipios responsabilidades o cargas de gestión que no les corresponden.

Evidentemente, al Gobierno castellanomanchego, encargado de sacar adelante ese decreto, no le ha gustado nada. El delegado de la Junta en Talavera, David Gómez Arroyo, ha contestado al Ayuntamiento que por mucho que “intente cargar el muerto” a la Junta, a su presidente, Emiliano García-Page, o a la exalcaldesa de la ciudad Tita García, quien “ha traído el biometano a Talavera” ha sido su alcalde, José Julián Gregorio, y su socio de gobierno, en referencia a Vox.

“Ahora piden informes, pero los informes los tenían que haber hecho negativos y no positivos en su momento. Ahora presenta recursos de alzada, pero es un recurso contra sus propios actos, porque los informes del Ayuntamiento de Talavera que obran en el expediente dicen que querían cuatro plantas de biometano en Talavera”.

Ha recordado que fue el propio Ayuntamiento del PP y Vox quien validó los informes del expediente y le ha exigido modificar el POM en lugar de “cargar el muerto” a la Administración regional.

La Junta afirma que ningún expediente para Talavera es “prioritario”

En relación con los proyectos de las plantas de biometano en esta ciudad, ha manifestado que el Gobierno regional ya ha contestado al Ayuntamiento talaverano desde la Consejería de Desarrollo Sostenible, afirmando “rotundamente” que de los expedientes que afectan a Talavera de la Reina y que se encuentran en tramitación en la Dirección General de Calidad Ambiental, ninguno está clasificado como “prioritario”.

Asimismo, ha indicado que han pedido la misma información a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, anticipando que la respuesta es la misma: “Un ‘no’ rotundo”.

En el caso de las declaraciones de impacto y las autorizaciones ambientales integradas, la Junta de Comunidades actúa como juez y no como parte. “En función de la documentación que nos llega y lo que dice, esos documentos son positivos o negativos y la documentación que ha presentado José Julián Gregorio ha sido positiva y cuando era negativa, luego el propio Ayuntamiento tenía otra que la transformaba en positiva”, ha indicado David Gómez Arroyo.

En este sentido, Gómez Arroyo ha indicado que José Julián Gregorio debe dejar de decir “un día no, al siguiente sí y pasado mañana, ya veremos”, porque eso genera “confusión” en los talaveranos y talaveranas y “desconfianza en los inversores”.

Es lo que sucede en el caso de las plantas de biometano. A juicio del Gobierno regional, este asunto se está solucionado gracias a un pleno extraordinario convocado por la anterior alcaldesa y donde “debe avanzar el alcalde es en la modificación del POM y dejar de confundir ya pidiendo informes y cosas que sólo existen en su imaginación”.

Un turista italiano ha resultado herido con doble fractura abierta de tibia y peroné después de que le haya atropellado un tren turístico que se ha puesto en movimiento cuando se encontraba vacío y estacionado, y que después se ha precipitado hasta chocar y subirse a un desnivel junto al Alcázar de la ciudad.

Las primeras investigaciones, según confirman fuentes municipales, apuntan a que pudieron fallar los frenos del vehículo, lo que ha provocado que circulara sin control cuesta abajo hasta que la locomotora de cabecera ha chocado contra un desnivel al final de la Calle Unión de la ciudad, quedando suspendida sobre un parque ubicado debajo del muro.

Como consecuencia de estos hechos, las mismas fuentes indican que el tren ha atropellado a un hombre de nacionalidad italiana, un turista de 44 años, provocándola una fractura abierta de tibia y peroné. La ambulancia que ha acudido al lugar de los hechos lo ha trasladado al Hospital Universitario de Toledo, donde lo han atendido.

Remolque y corte de tráfico

Junto a la ambulancia, han acudido al lugar una dotación de bomberos para remolcar la locomotora, así como agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que han cortado temporalmente el tráfico en la mencionada calle y también por la Cuesta de Capuchinos desde donde se precipitó el tren.

El posible fallo técnico del tren turístico es la principal hipótesis que baraja la Policía, aunque ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

Siguen los trámites para la construcción del futuro Centro de Datos de Meta en Talavera de la Reina. La Consejería de Fomento ha publicado una resolución donde aprueba la reparcelación definitiva de los terrenos en los que se asentará, pero con dos novedades importantes: la exigencia de una fianza a la empresa por el uso del suelo y el reconocimiento de una pequeña parte del terreno a la pedanía de Gamonal.

Concretamente y según el texto publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), la Administración regional exige a Zarza Networks (matriz de la empresa de Marck Zuckerberg, dueño de Instagram, Facebook y WhatsApp) una fianza de un millón de euros para asegurar la “compensación económica” por el aprovechamiento urbanístico.

La garantía es exactamente de 1.089.554 euros y se ha calculado con base en la monetización del 49% del aprovechamiento urbanístico del proyecto.

Esta cantidad exigida a la promotora no supone ningún beneficio directo para Talavera de la Reina. La empresa simplemente debe acreditarla ante la Consejería de Fomento por el aprovechamiento urbanístico. Para ello tiene un plazo de diez días.

El reconocimiento de los terrenos de Gamonal

Por otra parte, en la resolución también se da solución a una petición realizada por la pedanía de Gamonal. Se trata de una Entidad de Ámbito Territorial Inferior al Municipio (EATIM), dependiente de Talavera de la Reina. Tiene alrededor de un millar de habitantes y destaca por ser muy combativa, muy activa y con numerosas reivindicaciones. Situada a 12 kilómetros de la ciudad, nació en el siglo XIV. Tras siglos como municipio independiente, se anexionó a Talavera en los años 60 y recuperó su gestión descentralizada en el año 2000 gracias a la lucha vecinal.

Ahora, también ha visto reconocido un derecho fundamental relacionado con el futuro ‘data center’ de Meta en Talavera de la Reina: parte de los terrenos en los que se asentará esta instalación son también propiedad de Gamonal.

Son tan solo alrededor de dos hectáreas, pero es un reconocimiento “muy importante” para esta pedanía, afirma su alcalde, Álvaro Jerónimo, porque no se incluyeron en la reparcelación inicial del Proyecto de Singular Interés (PSI) con el que se ha tramitado esta gran instalación, cuyas obras son inminentes y que supondrá un revulsivo para toda la comarca.

Gamonal presentó alegaciones como EATIM para que esas dos hectáreas fueran incluidas en la reparcelación y se reconociera a la pedanía como dueña de esa pequeña parte del suelo en el que se asentará el Centro de Datos. Ahora, la Consejería de Fomento así lo ha aprobado.

El documento publicado hoy explica que se han resuelto las alegaciones presentadas por las administraciones locales, garantizando la titularidad de suelos específicos para la entidad de Gamonal y, por tanto, la protección de su patrimonio.

“Era una petición necesaria, reclamar lo que es nuestro. Desde el primer momento, en Gamonal ha habido mucha participación ciudadana y transparencia respecto al futuro centro de datos y ahora la gente está contenta. Ahora esperamos que otras propuestas que realizamos, como la preservación del entorno, y que fueron aceptadas, de verdad se cumplan”, afirma su alcalde.

Tanto el Ayuntamiento de Talavera de la Reina como la EATIM de Gamonal han desempeñado un papel activo en el desarrollo del proyecto a través de la presentación de alegaciones durante el periodo de información pública del proyecto de reparcelación. Estas alegaciones fueron analizadas y valoradas de manera individualizada por la Dirección General de Planificación Territorial y Urbanismo.

De manera específica, el papel de Gamonal ha sido especialmente relevante en la definición final de los terrenos. Ahora, para adecuar la realidad registral a la realidad patrimonial acreditada de esta pedanía, se introducen modificaciones para realizar operaciones de división y segregación de parcelas.

El río Taibilla, afluente del Segura que nace en Nerpio (Albacete), es vital para buena parte del sureste español. Actualmente, suministra agua potable a más de ochenta municipios de Murcia, Alicante y Albacete a través de la histórica Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Este organismo es el encargado de de garantizar los recursos hídricos esenciales de la zona.

Pero desde mediados del siglo pasado, el estado de este río arrastra serios problemas. Su mal estado ambiental ha sido motivo de malestar entre los vecinos y vecinas de los municipios albaceteños de Nerpio y Yeste, en Albacete, así como de otros pueblos cercanos. Básicamente, por el agua “despilfarrada”, según las plataformas vecinales, por la sequía, el cambio climático y por no respetarse su caudal ecológico.

La Mancomunidad ha decidido ponerse ya manos a la obra para atajar estos problemas y el pasado mes de junio redactó un Anteproyecto de Recirculación de Caudales para la Mejora del Estado Ecológico del río. El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) lo publicó a principios de agosto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), puesto que depende del Plan Hidrológico del río Segura, y ahora ha hecho lo mismo el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) de cara a su evaluación ambiental ordinaria.

El objetivo de este proyecto, con un coste de 32 millones de euros, es aumentar los caudales ecológicos del Taibilla para que una mayor parte de sus recursos circulen por el cauce natural. Y, al mismo tiempo, quiere garantizar el abastecimiento de agua potable a los municipios que dependen de la Estación de Aguas Depuradoras (ETAP) de Letur, en Albacete. En total, son 18 municipios que suman unos 150.000 habitantes.

Ante una reducción futura de recursos hídricos

Con ello, pretende resolver el hecho de que el Plan Hidrológico del Segura 2022-2027 establezca mayores exigencias de caudal ecológico. De hecho, el propio anteproyecto advierte de una reducción futura de recursos hídricos debido al cambio climático.

Concretamente, la propia Mancomunidad ha argumentado en documentación relacionada con la planificación hidrológica que en la cuenca del Taibilla se observa una reducción de las aportaciones de alrededor del 30%, asociada a una disminución de las precipitaciones y al aumento de las temperaturas, lo que comprometería los recursos futuros si no se buscan suministros alternativos.

La solución propuesta consiste en aportar agua desde el embalse de la Fuensanta, en el término municipal de Yeste (Albacete), al Canal Alto del Taibilla, de modo que pueda liberarse más agua para que circule por su cauce “sin comprometer el abastecimiento urbano”.

Entre las infraestructuras principales del proyecto se contempla un canal de aducción de unos 330 metros, una estación de bombeo de captación del mencionado embalse de la Fuensanta, otra de reimpulsión en tierra firme, una conducción de captación de medio kilómetro, otra de más de seis kilómetros, así como una línea eléctrica aérea de alta tensión de unos nueve kilómetros.

Según el anteproyecto, la capacidad máxima del sistema se ha diseñado para transportar hasta 800 litros por segundo. En principio, las previsiones que contempla la Mancomunidad en cuanto al incremento de los caudales ecológicos del Taibilla se estiman entre los 345 y los 445 litros por segundo de media anual, lo que supone una transferencia de entre 10,87 y 14,03 hectómetros cúbícos al año.

Pero también prevé que en situaciones excepcionales (averías o interrupciones del suministro habitual), podrá destinarse al abastecimiento de los municipios dependientes de la ETAP de Letur. De ahí que se haya establecido un un caudal máximo de 800 litros por segundo.

El anteproyecto va acompañado de un Estudio de Impacto Ambiental en el que se incorporan medidas correctoras como alejar la futura conducción de la Vereda de Siles (un histórico camino tradicional de herradura y vía pecuaria) evitar afecciones a infraestructuras existentes, mejorar los cruces de los cauces, reducir impactos sobre espacios protegidos y fauna; así como trazados más accesibles y menos agresivos para el territorio.

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) fue creada por Real Decreto-Ley el 4 de octubre de 1927 para llevar agua potable a la Base Naval de Cartagena y a las ciudades de Murcia y Orihuela. Tras años de obras frenadas por la Guerra Civil, el agua del río Taibilla llegó a Cartagena el 17 de mayo de 1945.

Desde entonces, se han ido incorporado progresivamente muchos más municipios a la red, que dependen exclusivamente el río. La Mancomunidad también comenzó a recibir agua de forma oficial y regular del polémico Trasvase Tajo-Segura en 1978.

Ya está redactado el borrador del anunciado decreto por el que se establecen las condiciones para la gestión de los residuos orgánicos mediante su transformación en biometano en Castilla-La Mancha. El texto responde a un mandato de las Cortes regionales que impulsó el Grupo Socialista como respuesta a la enorme proliferación de proyectos de plantas que trabajan con residuos agroganaderos para generar esta polémica renovable. Y es una consecuencia, asimismo, del gran rechazo social y vecinal que han provocado, al igual que sucedió con las macrogranjas.

El decreto todavía tiene que pasar por el Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva, previsiblemente en el próximo curso político y antes de final de año. Además, va acompañado de una reciente reforma de la Ley de Evaluación Ambiental de la comunidad autónoma que otorga a los plenos municipales de los ayuntamientos el poder de vetar cualquier proyecto de este tipo, aunque sea en teoría porque el Ejecutivo regional se reserva para sí la potestad de poder declarar “prioritarios” los que considere oportunos.

La normativa busca equilibrar los objetivos de “neutralidad climática” y soberanía energética de la Unión Europea con “la protección del bienestar de la ciudadanía local”.

Algunas de estas restricciones ya estaban incorporadas en la resolución del Grupo Socialista que ha dado origen al borrador, que actualmente se encuentra en información pública para la presentación de alegaciones. El hecho de que ahora el Gobierno regional 'eche el freno' en esta cuestión contrasta con su decisión de declarar “prioritarios” algunos proyectos de biometano como la futura planta de Gálvez, o la que ya está en funcionamiento en Noez, ambos en la provincia de Toledo.

Pero el caso es que el decreto es bastante restrictivo: hay decenas de exigencias técnicas, entre ellas las referidas a las distancias entre estas plantas de biometano y los núcleos urbanos. Con carácter general, deben situarse a una distancia mínima de dos kilómetros desde el límite del suelo urbano, urbanizable o apto para urbanizar que sea de uso residencial.

Pero hay algunas variantes. Por ejemplo, en el caso de instalaciones que traten residuos de cadáveres de animales, la distancia mínima obligatoria aumenta a cuatro kilómetros respecto a los mismos límites de suelo urbano o urbanizable.

Por el contrario, en el caso de actividades de restauración y hoteleras ubicadas en el suelo rústico, la distancia se reduce: puede estar a tan solo 500 metros. Pero si estos establecimientos están integrados en suelos urbanos o urbanizables de uso residencial predominante, se benefician de la mencionada protección general: dos kilómetros como norma general y cuatro si se trata de residuos de cadáveres de animales.

Esto implica una doble protección: por un lado, se impide que una planta se instale cerca de un hotel existente, pero por otro, se restringe la apertura de nuevos hoteles o restaurantes en áreas que no cumplan estas distancias mínimas respecto a plantas ya autorizadas.

De hecho, el decreto exige que las instalaciones de biometano se adapten estéticamente al entorno y prohíbe su ubicación en zonas donde sean visibles desde miradores o puntos de atracción turística. Además, se debe evitar su implantación cerca de áreas de interés cultural o patrimonio natural.

Además, los hoteles y restaurantes también son identificados en la nueva norma como generadores de sustratos. La regulación busca así un equilibrio: por un lado, aleja físicamente la industria de los negocios turísticos para evitar olores y ruidos, y por otro, integra los residuos orgánicos que estos generan en el ciclo de la economía circular.

Pero, ¿cómo se miden las distancias mínimas? Se aplican tomando como referencia el vallado exterior de la propia instalación. En el caso específico de las distancias a explotaciones ganaderas, el decreto especifica que la medición debe realizarse sobre plano (distancia topográfica). Se toma como referencia el lugar donde se alojan los animales que esté más próximo a la instalación de biometano.

Lo más curioso es que estas mediciones tienen un carácter recíproco respecto a los “elementos sensibles del entorno”: la distancia se mide de forma topográfica desde el cierre perimetral de la planta hasta el punto más cercano del elemento protegido.

Digestato, malos olores y transporte

Una de las cuestiones más polémicas que ha generado la proliferación de estas instalaciones ha sido el tratamiento del digestato, el residuo resultante de la valorización de residuos agroganaderos, que suele comercializarse como fertilizante, y principal causante de malos olores. En este caso, el decreto exige a las empresas promotoras un estudio de dispersión de olores que garantice que no se supera el umbral de 1,5 unidades de olor por metro cúbico de aire (ouE/m³) en el límite del suelo urbano o urbanizable de uso residencial.

Además, para evitar molestias adicionales a la población, se prohíbe el paso de camiones con residuos por los núcleos urbanos de los municipios, salvo en los casos en que el residuo se haya generado dentro de ese mismo municipio.

Las empresas deben presentar un estudio de las rutas de transporte que identifique la ubicación de cada sustrato de entrada y el recorrido previsto. Estas rutas deben actualizarse si sufren modificaciones definitivas.

El transporte debe realizarse de forma apta según el tipo de residuo, asegurando siempre transportes cerrados para evitar la pérdida de materiales y la propagación de malos olores. También debe tener en cuenta su huella de carbono para cumplir con los porcentajes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero exigidos por la normativa europea (entre un 65% y un 80% según el uso del biogás).

En cuanto a los olores, el borrador del decreto garantiza establece una combinación de modelización científica, límites técnicos estrictos y medidas de control operativo.

Así, obliga a todas las plantas a presentar un estudio de dispersión de olores que utilice el modelo del sistema avanzado de simulación de calidad del aire en estado no estacionario (CALPUFF). Las naves de pretratamiento y compostaje deben operar en presión negativa respecto al exterior para evitar fugas de aire contaminado. Además, será obligatorio conectar los sistemas de aspiración de aire a equipos de limpieza como lavadores de gases vía húmeda, filtros de carbón activo o biofiltros. Y tanto los sustratos de entrada como el digestato deben estar en tanques herméticos, naves o balsas cerradas.

Hay en el decreto otras regulaciones complementarias para evitar olores en el entorno. Por ejemplo, el transporte de sustratos debe realizarse obligatoriamente en vehículos cerrados y cuando el digerido se aplica como fertilizante, debe incorporarse al suelo mediante arado o equipos equivalentes en un plazo no superior a 24 horas para disminuir la emisión de malos olores.

Recursos hídricos y contaminación de acuíferos

Por otro lado, el borrador establece medidas para proteger los recursos hídricos y prevenir la contaminación de acuíferos y masas de agua superficiales, otra de las principales críticas de los grupos ecologistas, sociales y vecinales. Estas regulaciones abarcan desde la ubicación de las plantas hasta las condiciones técnicas de almacenamiento y la aplicación de los productos resultantes.

Tanto para la instalación de la planta de biometano como para la aplicación del digestato en el suelo, se exigen separaciones mínimas respecto a puntos críticos de agua: por ejemplo, 250 metros en el caso de captaciones de agua subterránea y de embalse destinadas al consumo de poblaciones

Asimismo, para evitar que filtraciones contaminantes alcancen el subsuelo y los acuíferos, las superficies de almacenamiento de las plantas de biometano deben estar impermeabilizadas mediante solera de hormigón y contar con sistemas de drenaje de lixiviados Para el control de fugas y monitoreo en acuíferos, el decreto establece la obligación de instalar, como mínimo, un piezómetro aguas arriba y dos piezómetros aguas abajo de la instalación para monitorear la calidad del agua.

Con carácter general, cada cinco años, un organismo acreditado debe revisar los sistemas de control de fugas y el estado de la estanqueidad; y también se exige un plan específico de monitoreo de aguas residuales y emisiones que debe estar a disposición de las autoridades.

En áreas declaradas vulnerables a la contaminación por nitratos, se debe cumplir estrictamente el programa de actuación vigente en Castilla-La Mancha. Esto quiere decir que no se permite la instalación en suelos “inundados o saturados”, ni durante periodos prolongados de lluvias, o si la pendiente del terreno genera riesgo de escorrentía directa hacia masas de agua, independientemente de la distancia.

El decreto prioriza que las fracciones acuosas resultantes de los procesos de tratamiento sean depuradas hasta conseguir un agua apta para vertido, reutilización industrial o riego autorizado.

Una moratoria de dos años

Finalmente, el borrador decreta que hasta el 21 de diciembre de 2029 las plantas de biometano que cuenten ya con autorización ambiental integrada deberán adaptar sus instalaciones a estas medidas.

Mientras, se suspenderá la tramitación de los procedimientos de autorización ambiental de proyectos de biometano, por un plazo máximo de 24 meses, hasta la presentación de la documentación necesaria adaptada a las condiciones establecidas en este decreto.

Transcurrido este plazo sin que se haya presentado la documentación se le tendrá por desistido y se archivarán las actuaciones.

Esta norma recuerda mucho a la moratoria, ya levantada, que el Gobierno de Emiliano García-Page impulsó para las macrogranjas, una de las fuentes para nutrir a las plantas de biometano. Como ocurre ahora, lo hizo a pocos meses de unas elecciones, allá por 2022.

En Castilla-La Mancha, la brecha salarial de género se sitúa en torno al 18,6%. Está tres puntos encima que la media española, del 15,7%, según los datos oficiales de la Encuesta Anual de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto quiere decir que las mujeres perciben de media unos 4.781 euros menos al año que los hombres.

Pero esta no es la única brecha. Hay muchas más que tienen que ver con los puestos de responsabilidad en las empresas, con la conciliación, con el liderazgo femenino y con la corresponsabilidad en los cuidados, en los que las mujeres asumen el 80% de las excedencias laborales. Son todas las demandas comunes de los colectivos feministas, situaciones que vienen repitiéndose cifra tras cifra sin que nada cambie. O cambie muy poco.

Aunque existe un marco estatal mediante el Real Decreto aprobado en 2021, el Gobierno castellanomanchego ha decidido hacer algo más concreto al respecto. Lo lleva anunciando desde hace dos años como una de las iniciativas más importantes de la presente legislatura. Y lo será cuando se apruebe. Porque la futura Ley para reducir las brechas de género en el ámbito económico será la primera norma autonómica española de este calibre.

El borrador del anteproyecto ya está redactado y el Ejecutivo de Emiliano García-Page quiere aprobarlo antes de que termine la legislatura el año que viene. La Consejería de Igualdad, liderada por Sara Simón, ha vertido en la futura ley un conjunto de medidas concretas encaminadas a otros objetivos como erradicar la discriminación sistemática y facilitar el acceso a las mujeres a sectores tradicionalmente masculinizados, sobre todo en el ámbito rural y agrario.

También define conceptos clave y asigna responsabilidades institucionales para asegurar que la perspectiva de género impregne todas las políticas públicas de la región.

Del sector público al privado

El borrador, al que ha tenido acceso este periódico, establece casi un centenar de propuestas que abarcan tanto el sector público como el privado a través de la transparencia, la vigilancia y, sobre todo, los incentivos económicos. Por ejemplo, con carácter general, promueve el principio de igual retribución por trabajo de igual valor y que las empresas privadas eliminen las cláusulas de confidencialidad en sus políticas retributivas.

En todo ello cumplirá un papel esencial la Inspección de Trabajo y Seguridad Social: vigilará el cumplimiento de la normativa sobre auditorías retributivas y la eliminación de la brecha salarial. Y además, en las negociaciones colectivas de los convenios laborales, se asesorará para incluir la igualdad salarial y evitar cláusulas que generen brechas económicas. De hecho, la Administración castellanomanchega podrá impugnar convenios con cláusulas discriminatorias.

También se creará un observatorio regional de la brecha económica entre mujeres y hombres para analizar datos salariales desagregados por sexo y proponer medidas correctoras.

Estas últimas acciones están detalladas por todo el anteproyecto. Llaman la atención, sobre todo, los incentivos y las ayudas económicas públicas. En primer lugar, se convocarán subvenciones para empresas y autónomos destinadas a corregir las brechas salariales y tendrán prioridad las que se comprometan a reducirlas en al menos un 15% respecto a su última auditoría.

En cuanto a la contratación pública, los órganos promotores incluirán la reducción de la brecha salarial como criterio para la adjudicación de contratos públicos. Así, en caso de empate entre ofertas, se dará preferencia a empresas que acrediten una evolución favorable en la reducción de su brecha respecto al ejercicio anterior. Y también muy llamativo: no podrán contratar con el sector público las empresas que, estando obligadas por tener más de 50 empleados y empleadas, no dispongan de un plan de igualdad registrado.

Asimismo, dentro del sector público, se realizará un estudio sobre la valoración de puestos de trabajo con perspectiva de género en las administraciones públicas para identificar y corregir brechas retributivas internas. Se creará un ‘Punto de Gestión de Igualdad Económica’ que ofrecerá recomendaciones específicas en materia de igualdad salarial y asesoramiento técnico.

Además de estas acciones directas, la ley contempla campañas de sensibilización periódicas y la creación de un “banco de buenas prácticas empresariales” para divulgar experiencias exitosas en la eliminación de la discriminación salarial.

La cuestión más candente es cómo aplicar la perspectiva de género en las subvenciones públicas. Se trata de un eje transversal que aparece por todo el borrador, pero básicamente, será la Consejería de Administraciones Públicas la que elabore “instrucciones obligatorias” para que todas las órdenes de bases reguladoras y convocatorias de ayudas en concurrencia competitiva incorporen esa perspectiva de género.

Reserva del 40% de ayudas para proyectos liderados por mujeres

La medida más relevante es que la administración podrá reservar hasta un 40% de las ayudas al emprendimiento para proyectos liderados por mujeres; se otorgará una puntuación extra a proyectos desarrollados en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación para fomentar el desarrollo rural femenino; y las ayudas para corregir brechas económicas se dirigirán prioritariamente a empresas que asuman compromisos verificables, como mejorar la representación femenina en un 30% o reducir su brecha salarial en al menos un 15%.

Otra fórmula de nueva creación que incorpora el anteproyecto será el Plan Regional para el Liderazgo de las Mujeres, que incluirá incentivos específicos para priorizar el acceso a subvenciones regionales a aquellas empresas que acrediten paridad en sus órganos de decisión.

En este punto cumplirán un papel esencial las asociaciones u organizaciones profesionales del ámbito agrario, que solo podrán acceder a ayudas si cuentan con una participación mínima del 40% de mujeres en sus órganos de dirección.

También en este sector, se priorizarán las solicitudes con “representación relevante de mujeres” (mujeres físicas, titularidad compartida, 50% de participación social o presidencia femenina), otorgándoles al menos un 20% de la puntuación total en procesos competitivos.

Conciliación: estrategia pública y medidas contra represalias

La conciliación y los cuidados son otros dos pilares fundamentales de la futura ley. La corresponsabilidad, entendida como el reparto equitativo de las responsabilidades domésticas y de cuidados entre hombres y mujeres, así como entre los distintos agentes sociales, ocupa un lugar destacado en el anteproyecto. Establece así la creación de una Estrategia Pública de los Cuidados y la Corresponsabilidad, con especial atención a las zonas de intensa y extrema despoblación.

Y en cuanto a ayudas directas, se creará un programa para la contratación de personal doméstico destinado al cuidado profesional de hijos, hijas o personas dependientes, y se ofrecerán apoyos económicos similares destinados a mujeres autónomas o titulares de microempresas en situaciones laborales derivadas de la conciliación.

Con esta ley, la Administración castellanomanchega también incorpora medidas para la flexibilidad horaria y la reducción de las jornadas partidas. Por ejemplo, en el sector público, se promoverán modelos de organización del trabajo orientados a resultados que sean “compatibles con la conciliación corresponsable”.

De hecho, el anteproyecto declara ilegal toda discriminación, directa o indirecta, motivada por el ejercicio de los derechos de conciliación. Además, se vigilará que no exista un trato desfavorable en las empresas por este motivo.

De igual forma, las subvenciones públicas podrán incluir líneas específicas de apoyo o criterios de valoración positiva para trabajadores que hayan ejercido derechos de conciliación, como la reducción de jornada por guarda legal o excedencias por cuidado.

En el ámbito rural, mediante el denominado y ya implantado “transporte sensible a la demanda”, se impulsará la movilidad de las mujeres en el medio rural para facilitar su acceso al empleo a través de programas de transporte adaptados.

También existirá protección frente a posibles represalias por conciliación, es decir, evitar que haya perjuicios laborales o personales. Esta protección se articula principalmente a través del “derecho a la indemnidad” y la declaración de ilegalidad de las conductas discriminatorias.

El primero establece que nadie puede ser discriminado ni represaliado por reclamar o ejercer los derechos de conciliación, y la protección no se limita únicamente a la persona que ejerce el derecho, sino que se extiende a personas que apoyen o defiendan a quien reclama sus derechos o a las que mantengan una relación matrimonial, unión de hecho o parentesco con la persona que ejerce el derecho o lo reclama.

Es más, en el sector privado, la administración promoverá actuaciones dirigidas específicamente a prevenir cualquier trato desfavorable derivado del ejercicio de los permisos de conciliación en las empresas y entidades. A ello se sumarán acciones para eliminar la discriminación derivada de la maternidad, el disfrute de permisos de nacimiento y cuidados, o las reducciones de jornada por guarda legal.

Y para garantizar que esta protección sea efectiva y no quede en una ‘declaración de intenciones’, la ley contempla varios mecanismos de control a través de la Inspección de Trabajo como la pérdida de subvenciones y ayudas para empresas que ejerzan represalias o discriminación.

Hasta tres años de penalización

De hecho, el anteproyecto de ley incorpora una amplia lista de infracciones, algunas ya mencionadas. Combina la pérdida de beneficios económicos con la exclusión de contratos públicos y la obligación de devolver fondos recibidos para aquellas empresas que no cumplan con los estándares de igualdad y paridad. Esta exclusión de los beneficios económicos y la contratación puede durar hasta un plazo máximo de tres años, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida.

En el caso concreto del sector agrario, las asociaciones u organizaciones profesionales de este ámbito no podrán recibir ninguna ayuda o subvención pública si no cumplen con una participación mínima del 40% de mujeres en sus órganos de dirección. Y en los colegios profesionales, deben garantizar que el sexo menos representado ocupe al menos el 40% de los puestos en sus juntas de gobierno y comités de dirección.

Además, el incumplimiento de la paridad en los órganos de decisión conlleva la pérdida de la prioridad en la contratación pública y en el acceso a subvenciones regionales que el Plan Regional para el Liderazgo de las Mujeres otorgará a las empresas cumplidoras.

Aunque todas estas medidas están definidas en el anteproyecto, sus competencias detalladas se determinarán de forma definitiva mediante un desarrollo reglamentario posterior, por lo que todavía queda recorrido para que esta normativa pueda ser una realidad (pionera) en Castilla-La Mancha.

Lo han avisado de manera reiterada tanto los agentes medioambientales como los bomberos y bomberas de la empresa pública encargada de la extinción de incendios en Castilla-La Mancha (GEACAM): los grandes incendios forestales de sexta generación obligan a todos los efectivos a abandonar los focos del fuego en los montes para centrar sus esfuerzos en salvar vidas humanas y viviendas en los núcleos poblacionales.

Como ha sucedido en los grandes incendios de este verano en La Mierla, Guadalajara, y en Almorox, Toledo, se suceden los confinamientos, desalojos y evacuaciones por la cercanía del humo y las llamas, derivados de la falta de medidas de prevención durante el invierno y de la carencia de planes municipales contra incendios.

Según explicaba Alfredo Poveda, presidente de la Asociación de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM), en una entrevista con este periódico, actualmente existe la figura del Plan de Actuación Municipal ante Incendios Forestales (PAMIF).

Este extremo lo confirma el Plan Infocam, que dirige la extinción de incendios en Castilla-La Mancha, en el apartado de Protección Civil de su página web: los municipios incluidos están “obligados” a realizar estos planes. Pero “no están ejecutando los trabajos necesarios para cumplirlo”, alerta por su parte Alfredo Poveda.

También desde la sección de CCOO en GEACAM ha advertido de la situación. Su presidente, Manuel Amores, ha dejado claro que mientras los efectivos “corren detrás del fuego” para salvar vidas en los municipios, las llamas en el monte se reproducen y arrasan con todo en pocas horas.

El Plan Infocam, encargado de la extinción de incendios en Castilla-La Mancha, dispone de un documento donde están definidas las llamadas Zonas de Alto Riego de Incendio Forestal (ZAR). Son áreas declaradas oficialmente dentro del Plan de Protección Ciudadana debido a la alta frecuencia o virulencia de los incendios y la importancia de los valores naturales amenazados.

En este enlace pueden consultarse todas las zonas y sus detalles por poblaciones y áreas.

En el listado aparecen las numeraciones de polígonos catastrales integrados en el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC). Esta clasificación se fundamenta en la Ley de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha para establecer medidas de prevención.

Y sorprende que, a la luz de lo denunciado por los agentes y bomberos, en ese documento se recojan parcelas y polígonos de un total de 652 municipios de las cinco provincias de la región incluidos como de “alto riesgo”. Supone un 70% de las 919 localidades de la comunidad autónoma.

Muchos de ellos aparecen repetidos en el documento debido a que tienen terrenos, principalmente polígonos y terrenos agrícolas, en diferentes zonas geográficas o comarcas forestales, que son las que refiere el documento junto al listado de las localidades. Este es el documento:

Hay casos, por ejemplo, en los que todos los polígonos del municipio están incorporados como de “alto riesgo” de incendios. Esto implica que la peligrosidad es mayor y precisamente la provincia de Guadalajara es donde más municipios de este tipo aparecen en el listado.

Concretamente, en la zona del Alto Tajo, tienen todos sus polígonos en riesgo de incendio un total de 45 municipios, entre ellos Ablanque, Alustante, Castilforte, Cereceda, Durón, Fuembellida, Peralejos de las Truchas, Poveda de la Sierra, El Recuenco y Riba de Saelices (donde se produjo el incendio de 2005 que provocó la muerte de once personas de un retén).

En la Sierra Norte de Guadalajara, además de La Mierla, donde este verano se ha registrado el mayor incendio de la historia de Castilla-La Mancha, tienen alto riesgo otras localidades como Albendiego, Campillo de Ranas, Galve de Sorbe, Hiendelaencina, Majaelrayo, Paredes de Sigüenza, Prádena de Atienza, Tamajón, Valverde de los Arroyos o Villares de Jadraque.

Otro medio centenar de municipios de esta provincia se incluyen con todas sus áreas agrícolas o polígonos en riesgo. Entre ellos están Villel de Mesa, Fuencemillán, Matarrubia, Robledillo de Mohernando, Luzaga, Masegoso de Tajuña, Renera o Valderrebollo.

Las zonas serranas son las que más riesgo tienen

Después de Guadalajara, es la provincia de Cuenca la que aparece con un mayor número de poblaciones con todas sus parcelas agrícolas en riesgo alto de incendios. Presenta una gran cantidad de municipios con riesgo total, todos ellos en zonas de la Serranía Baja, Media y Alta.

Entre ellos se encuentran Carboneras del Guadazaón, Santa Cruz de Moya, Talayuelas, Huerta del Marquesado, Las Majadas, Tragacete, La Vega del Codorno, Barchín del Hoyo, Olmeda del Rey, Villanueva de los Escuderos, Zarzuela, Paredes y Saceda-Trasierra.

En la provincia de Albacete en la zona de la Sierra de Alcaraz y Segura donde se ubican la mayor parte de términos municipales con alto riesgo de incendios, con municipios como Alcadozo, Ayna, Bogarra, Cotillas, Elche de la Sierra, Letur, Liétor, Molinicos, Nerpio, Paterna del Madera, Peñas de San Pedro, Peñascosa (también en Estribaciones), Riópar, Salobre, Villaverde del Guadalimar y Yeste.

Las zonas serranas también son las que más riesgo corren en el caso de la provincia de Ciudad Real: Anchuras, Arroba de los Montes, Chillón, Los Cortijos, Fontanarejo, Guadalmez, Navas de Estena, Cabezarrubias del Puerto, Fuencaliente, Hinojosas de Calatrava, Mestanza, San Lorenzo de Calatrava y Solana del Pino.

Y en la provincia de Toledo ocurre otro tanto. Es la Sierra de San Vicente y sus valles la que presente un mayor número de municipios con todas sus zonas agrícolas incluidas en el listado: Aldea en Cabo, Almendral de la Cañada, Almorox, Buenaventura, Cardiel de los Montes, Nuño Gómez, Paredes de Escalona, Parrillas, Pelahustán, El Real de San Vicente, San Román de los Montes, Sartajada, Segurilla, Sotillo de las Palomas y Velada.

Están incluidas las cinco capitales de provincia

Es significativo que también aparezcan las cinco capitales de provincia de Castilla-La Mancha. No están incluidas todas sus parcelas agrícolas, pero si se encuentran en zonas de alto riesgo. Lo mismo sucede con otras ciudades de gran población como Talavera de la Reina, Valdepeñas o Puertollano.

Al margen de los incendios, el 112 de Castilla-La Mancha recuerda que están obligados a elaborar un Plan de Actuación Municipal los municipios de Castilla-La Mancha en cuyo territorio exista un riesgo concreto y específico, determinado por un Plan de Protección Civil de Ambito Regional.

De hecho, aparte de los riesgos por fuego, existen también listados de municipios que pueden sufrir inundaciones, fenómenos meteorológicos adversos, movimientos sísmicos, fugas químicas u otras variables derivadas del transporte de mercancías peligrosos. Todos pueden consultarse en este enlace.