Un día, en la localidad toledana de El Toboso, conocida por ser el origen de Dulcinea, la imaginaria amada de Don Quijote, un hombre le preguntó al que era entonces su alcalde, Marciano Ortega Molina, quién era el señor que daba nombre a una calle: Julián Sanz del Río. Pese a que sus padres habían vivido en esa vía y tenía muchos recuerdos de ella, el entonces alcalde no supo darle con detalle una explicación sobre el vínculo de ese nombre con el municipio.

Tiempo después, tras dejar la Alcaldía, ese “runrún” se quedó grabado en su memoria y decidió ponerse a investigar. El exalcalde ya contaba con un dato de partida: en sus novelas ‘El doctor Centeno’, ‘La desheredada’ y ‘Lo prohibido’, el gran Benito Pérez Galdós hace mención a diferentes miembros de la familia Miquis.

De hecho, en la primera de ellas uno de los protagonistas es Alejandro Miquis, un joven soñador con una gran forturna. Y en el Toboso, todavía queda alguna estela de una expresión local en la que se grita “¡Paga Nuño! o ¡Paga Miquis!”, que los vecinos más mayores recuerdan como un chascarrillo, ya casi en desuso, para decidir quién paga alguna cena o festejo copioso.

¿Había alguna relación entre esta expresión, la ficticia familia Miquis y el nombre de la calle? La había. Marciano Ortega releyó con detalle ‘El doctor Centeno’ (1883) y descubrió que entre los personajes de la historia, ambientada en el convulso 'Sexenio Democrático' o 'Sexenio Revolucionario' español (1868-1874), aparecen nombres que habían dado denominación a calles de El Toboso. Pero, sobre todo, se detuvo en el personaje de Alejandro Miquis. “Ahí ya aparece la expresión ‘¡Paga Miquis!’, porque era el que tenía el dinero que había heredado”, cuenta el exalcalde a este periódico.

¿Paga Nuño o paga Miquis? Una expresión para la historia

Faltaba por descubrir el segundo nombre de la expresión: “¡Paga Nuño!”. Ortega sabía que Antonio Nuño de la Rosa era conocido por haber compartido estudios universitarios con Galdós en la Universidad Central de Madrid, la institución académica que luego sería la Complutense, y decidió recopilar información al respecto en la Biblioteca Nacional de España (BNE).

“Estuvieron matriculados en los mismos cursos y pedí toda la documentación al respecto. Mi sorpresa llegó cuando vi las asignaturas comunes que ambos habían tenido y descubro que uno de los profesores que les dio clases a ambos fue Julián Sanz del Río, el nombre de calle de El Toboso. Ahí estaba el vínculo”, cuenta emocionado.

Sanz del Río fue un filósofo, jurista y pedagogo español, introductor del ‘krausismo’ en España, una doctrina idealista y racionalista fundada por el filósofo alemán Karl Christian Friedrich Krause (1781-1832), que defiende la autonomía moral, la tolerancia, la educación y la reforma social. Fue conocido además por haber sido maestro del gran pedagogo y ensayista Francisco Giner de los Ríos.

Su nombre, además de en El Toboso, aparece tan solo en otros tres callejeros: el de Madrid, el de Torrearévelo (Soria), donde nació, y el de Illescas, también en la provincia de Toledo, donde está enterrado.

“Su peso en la educación española fue muy importante. Yo lo llamo el primer ‘Erasmus’ español porque se formó en Alemania. De allí trajo las ideas de Krausse. Desde el reinado de Felipe II, los españoles solo podían ir a universidades católicas, pero él no lo hizo, se empapa del ‘krausismo’ y al venir a España, lo difunde”, relata.

Una vez desvelado ese vínculo como profesor de Galdós, Marciano Ortega se zambulló en la figura de Antonio Nuño de la Rosa, amigo de Pérez Galdós y con quien compartía las enseñanzas de este profesor. Nuño nació en Quintanar de la Orden, pero vivió en El Toboso, y cree que por ello algunas calles de la localidad tienen los nombres de personajes históricos de ese Sexenio Democrático el que se contextualiza ‘El doctor Centeno’. “No hay ningún documento que lo acredite, pero yo creo que fue un homenaje que Nuño quiso hacer a su profesor”.

Y así lo detalla, tirando de ese hilo, Marciano Ortega Molina en el libro que sigue todo el rastro de este estudiante: ‘La huella de El Toboso y Quintanar en Galdós. ¡Paga Miquis! o ¡Paga Nuño!’, donde desentraña todas las pistas que alumbran la estela de la Mancha toledana en la obra galdosiana, como sus referencias a gastronomía típica como las gachas, tanto al hablar de su elaboración como de la forma de comerlas “al centro”.

Pero el exalcalde va mucho más allá. “Una de mis conclusiones es que ‘El doctor Centeno’ es una biografía de Antonio Nuño de la Rosa. Él es Alejandro Miquis. hay una similitud enorme entre los dos personajes y tienen prácticamente la misma vida”, resalta el exalcalde y escritor.

Otras coincidencias o “conexiones” que señala es que, con motivo de la famosa desamortización de Mendizábal, echaron a la orden de los agustinos de El Toboso, y al abandonar el pueblo lanzaron “unas maldiciones” que Galdós recoge en la mencionada novela.

Y todavía hay más. ‘El doctor Centeno’ está dividido en dos partes, como ‘Don Quijote de la Mancha’. En la primera, Alejandro Miquis dispone de su propio dinero, el heredado, lo que le da la posibilidad de disponer incluso de su propio escudero, su criado Felipe, que llega a ser “como Sancho Panza”.

“En la segunda parte del libro, Galdós se refiere a este escudero como la voz de la conciencia del protagonista, es decir, hace una ‘sanchificación’ del mismo e incluso se va dulcificando como en la novela de Cervantes”, interpreta Marciano Ortega.

Galdós y Nuño, de una amistad a un mitin

En su obra, el profesor y exalcalde entiende que Galdós conocía sobradamente la Mancha para reflejar todo eso en su libro, y por supuesto, toda la vida de Antonio Nuño de la Rosa. “Creo que incluso tuvo que estar con él aquí en su época de estudiantes, pero no hay documentación que lo referencie”, aclara.

De lo que sí hay constancia es del histórico hito de Galdós en la Mancha toledana: el gran mitin político que el ya célebre escritor canario dio en la Plaza de Toros de Quintanar de la Orden el 5 de junio de 1909, como candidato de la conjunción republicano-socialista y ante más de 5.000 personas.

En la actualidad, Quintanar recuerda este acontecimiento histórico con una placa conmemorativa situada en la calle Grande, instalada en el año 2021. En su libro, Ortega cuenta también la visita que realizó a El Toboso, donde presumiblemente, se alojó en casa de Antonio Nuño de la Rosa.

“Ese mitin fue multitudinario. Acudió gente de todos los pueblos de la comarca”. De hecho, en su libro, el exalcalde recoge hasta el menú de lo que comieron ese día él y sus acompañantes, así como su discurso, en el que hace referencia a Dulcinea:

“Compañeros y amigos, caballeros de la Mancha, que lucháis por el bien y la justicia, no descanséis hasta desencantar a la Señora de nuestros altos pensamientos, Dulcinea del Toboso; no descanséis hasta implantar en España la República”.

Benito Pérez Galdós también hizo referencias a El Toboso en dos números de la revista ‘La Esfera’, que se publicó entre 1914 y 1931, y en la que escribió durante una temporada sobre diferentes pueblos de la geografía española. En sus textos, bajo el título Ciudades Viejas, Galdós immortaliza sus recorridos por esas tierras. “Desde Quintanar de la Orden fui a El Toboso en cómoda tartana... Dulcinea es eterna, y aquí la tenéis en sus alcázares del Toboso”.

“Es innegable que hubo una huella de Quintanar y El Toboso en Galdós. No solo por el mitin, sus recorridos y la revista, sino también por la correspondencia con Antonio Nuño de la Rosa, que pervivió durante muchos años. Este último hasta le mandaba quesos de la zona”, refiere entre risas Marciano Ortega.

El excalde hace mención igualmente al libro ‘Galdós y la Mancha’, del alcarreño José Esteban, donde aparecen otras relaciones de la obra de Galdós con esta comarca. Contiene un censo de los más de cien personajes manchegos que habitan la literatura galdosiana.

Destaca por último otro dato de interés. En la Biblioteca Cervantina de El Toboso hay ejemplares de colecciones de Galdós que envió su hija, María Galdós Cobián, después del fallecimiento del escritor. “Hasta después de muerto, siguió manteniendo su vínculo con el municipio”, concluye el autor de la obra que ha seguido este rastro.

Marciano Ortega Molina nació en El Toboso, 1957. Diplomado en Magisterio, es investigador del patrimonio y la etnografía toboseña y de la comarca. Otro de sus libros es 'Molinos de El Toboso, ¡Realidad o ficción!'. Fue alcalde por el PP en esta localidad de 2007-2015 y también presidente de la asociación cultural 'Santiago Apóstol' de Quintanar de la Orden.

El Gobierno de Emiliano García-Page ha comenzado a allanar el camino para el futuro decreto que regulará las polémicas plantas de biometano y su “efecto llamada” para las macrogranjas, con una moratoria para los expedientes en curso. Uno de los objetivos principales de esa regulación es dar a los ayuntamientos el poder de decidir si quieren o no que estos proyectos se implanten su territorio.

Pero para ello, primero debe modificar la Ley de Evaluación Ambiental de la comunidad autónoma. Y ese es el paso que hoy ha dado a través de una proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, mediante la que se modifica esa norma, cuya toma en consideración ha aprobado el pleno parlamentario con la mayoría absoluta socialista. Los grupos del PP y Vox han votado en contra.

Ha explicado los detalles el diputado socialista Francisco José Barato, quien desde el primer momento ha vinculado este cambio normativo con el futuro decreto que regulará las plantas de biometano.

Según ha subrayado, el principal cambio de la Ley regional de Evaluación Ambiental es otorgar “autonomía” a los ayuntamientos sobre los proyectos empresariales que quieran implantarse en sus municipios, tanto en aquellos en los que la Corporación local actúa como órgano sustantivo como en los que no.

Con ello, los ayuntamientos pasan de ejercer una “participación informativa” a adoptar una “participación efectiva” de decisión principal en los informes de impacto ambiental.

En total, la reforma incorpora ocho cambios sustanciales. En primer lugar, se mantiene el informe técnico municipal requerido a los ayuntamientos en los expedientes de evaluación, sobre compatibilidad urbanística y afección socioeconómica de los proyectos. Pero se añade que el pleno municipal “deberá conocer el proyecto y pronunciarse expresamente”, validando o no su conformidad con el proyecto. Si el plenario local no lo autoriza, el proyecto no continuará su tramitación.

“El Ayuntamiento ya no se limita a ser informado, fija una posición efectiva, que tendrá un carácter vinculante”, ha subrayado el parlamentario del PSOE. “En todos los escenarios, los ayuntamientos tendrán una intervención clara, formal y efectiva en los proyectos de evaluación ambiental. Decidirán sobre su continuación”.

En cuanto al proceso de información pública de los expedientes, se añade en la normativa de Evaluación Ambiental un “refuerzo” de la participación de la ciudadanía: la obligación de publicar este trámite en uno de los periódicos de mayor difusión de la localidad, advirtiendo del plazo de presentación de las alegaciones. El objetivo es dar más posibilidades a los vecinos y vecinas para pronunciarse al respecto.

En la Ley actual se prevé el desarrollo de medidas compensatorias para corregir los efectos ambientales de proyectos empresariales. Con esta modificación, se amplían las funciones de las entidades colaboradoras de la Administración autonómica en materia de seguimiento, vigilancia y control. Todo ello, “sin desplazar las competencias de vigilancia” de la inspección ambiental autonómica.

Finalmente, la reforma establece que esta potestad de los ayuntamientos podrá ejercerse sobre los expedientes en curso, en tramitación. Esos proyectos quedarán suspendidos desde el momento en que estos cambios se publiquen en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) durante un plazo máximo de un año, en el que las corporaciones locales deben pronunciarse sobre ellos.

La excepción cuando el proyecto es “estratégico”

Pero existe una excepción en estos cambios. Aunque un ayuntamiento decida en su pleno municipal que no quiere que un proyecto empresarial se ubique en su municipio, el Gobierno castellanomanchego se reserva la opción de seguir adelante con el expediente si se considera “estratégico”.

Y precisamente, actualmente el Ejecutivo regional prepara un anteproyecto de Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas, que complementa a la normativa regional de actuaciones “prioritarias”, y donde el biometano ocupa un lugar especial.

No cambiamos quién tiene la competencia para autorizar, pero sí reforzamos el poder de decisión de los ayuntamientos

“No cambiamos quién tiene la competencia para autorizar, pero sí reforzamos el poder de decisión de los ayuntamientos, haciendo compatible el desarrollo económico con la calidad de vida de nuestros pueblos”, ha concluido, no obstante, Francisco José Barato.

El rechazo de la oposición ha sido frontal. Desde Vox, el portavoz adjunto de su Grupo Parlamentario, Francisco José Cobo, ha acusado al PSOE de “poner en peligro la seguridad y el control del impacto ambiental”. Esta reforma, ha dicho, va “contra la naturaleza jurídica de prevenir, corregir y valorar los efectos ambientales”.

Ha arremetido así contra lo que considera “dar poder de veto a un órgano político” (en referencia a los ayuntamientos) frente a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). En su opinión, que un informe municipal sea vinculante “no tiene sentido”.

Además, el parlamentario del partido de ultraderecha ha afirmado que el régimen transitorio de un año es “un auténtico despropósito” y que esta reforma provocará “muchos litigios y conflictos en los tribunales por la nulidad de expedientes”, sobre todo en los proyectos considerados “prioritarios” o estratégicos“.

En la misma línea se ha pronunciado, el diputado del PP Santiago Lucas-Torres, quien se ha referido a esta forma como un “enorme ejercicio de contradicción política”. “La Junta se quiere quitar responsabilidades de encima, porque la evaluación ambiental es una competencia autonómica, no de los ayuntamientos”.

Trasladan esa responsabilidad a cada alcalde, a cada concejal, que no tienen recursos para realizar una evaluación en condiciones

“Con esto, trasladan esa responsabilidad a cada alcalde, a cada concejal, que no tienen recursos para realizar una evaluación en condiciones. Los alcaldes pasan a asumir el desgaste, la presión social. Con esto nos dicen que un proyecto no se desarrolle si no le gusta a quien esté gobernando. Es utilizar a alcaldes y concejales como escudo político”, ha argumentado.

Ha dejado claro que su partido está a favor de la participación de los ayuntamientos en los trámites de evaluación ambiental, pero no de que se “sustituya el criterio técnico” por una “decisión política”.

Además, considera que la mayor incoherencia es que si al Gobierno regional le parece “estratégico”, el proyecto salga delante de cualquier forma. “¿La voluntad municipal es sagrada o no, o solamente cuando coincide con los criterios de Page? Esto es una doble vara de medir tremendamente injusta”.

Santiago Lucas-Torres también se ha preguntado con qué recursos van a contar los ayuntamientos de pueblos muy pequeños para decidir sobre un proyecto, y también ha considerado que la reforma puede ser inconstitucional por “romper el equilibrio competencial, por sustituir informes técnicos por votaciones”.

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, se ha mostrado “atónita” por el rechazo de la oposición. Ha afirmado que la reforma cumple con el principio de autonomía local que recoge la Constitución y también con la Ley de Bases del Régimen local.

Por ello, ha preguntado directamente a la bancada del PP si le van a decir a ayuntamientos como Campos del Paraíso, en Cuenca (donde gobierna este partido y donde se proyectan varias plantas de biometano en un término municipal muy pequeño), que “no van a poder decidir” sobre ello.

“No vamos a frenar el desarrollo. El periodo transitorio va a permitir que no se agoten los 12 meses. Porque nada más entrar en vigor esta reforma, un pleno municipal puede automáticamente validar un expediente y que este siga su curso”, ha remarcado la consejera.

Si un ayuntamiento tiene dudas, ahí estará la Junta para ayudarle

Además, ha defendido que la reforma también permite mayor transparencia, de manera que los promotores puedan informar a los ayuntamientos de que su proyecto “es el mejor del mundo mundial”. “Pero si un ayuntamiento tiene dudas, ahí estará la Junta para ayudarle, pero además hay un órgano técnico fundamental, que son las diputaciones provinciales. Los municipios no están abandonados”.

Mercedes Gómez ha concluido insistiendo que este es el primer paso para el futuro decreto de regulación de las plantas de biometano, cuyo borrador estará en exposición pública “próximamente”. Ha incidido en que los 919 ayuntamientos de la región están esperando “como agua de mayo” esta iniciativa y “van a tener siempre el asesoramiento del Gobierno de Castilla-La Mancha”.

Villaescusa de Palositos, en el Alto Tajo, es un pueblo deshabitado de la provincia de Guadalajara desde la década de los 70 del siglo pasado. Su antiguo término municipal está actualmente integrado en el municipio de Peralveche, de apenas medio centenar de habitantes y gobernado por el PP, que tiene dos concejales frente a uno del PSOE.

Nunca tuvo habilitada ninguna carretera, de su núcleo urbano apenas quedan restos, pero sigue albergando, además de un cementerio, una de las joyas del románico más importantes de la zona: la Iglesia de la Asunción, en el cerro de La Coronilla, que data de los siglos XI-XII y remodelada en los siglos XVI y XVII. Fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2012.

Actualmente, el templo está casi en ruinas. Los muros principales se sostienen, pero no tiene cubierta. Además, recientemente se derrumbó parte de la espadaña. El hecho de que las comunicaciones de Villaescusa, sin habitantes, sean a través de caminos públicos, algunos “privatizados” a lo largo de los años por propietarios de fincas que lo rodean y que antes unían a los pueblos del entorno, no ha facilitado ni su conservación ni su restauración.

El templo consta de una nave única de planta rectangular con presbiterio recto sobreelevado, ábside semicircular y un pequeño edificio añadido con posterioridad, adosado a la cara sur del presbiterio y que se utilizaba como sacristía. El acceso se realiza por la cara sur, que también presenta una espadaña, parte de la cual es la que se ha derrumbado.

La Iglesia de la Asunción está incluida desde 2008 en la Lista Roja que elabora la asociación Hispania Nostra. Este colectivo detalla que, tras su abandono en los años 70 del siglo pasado, actualmente algunos terrenos del pueblo se encuentran vallados y son de difícil acceso.

Desde hace 20 años, una iniciativa civil conformada por vecinos y vecinas agrupados en la Asociación de Amigos de Villaescusa de Palositos, convoca la ‘Marcha de las Flores’, denominada así porque muchos acuden a llevar ramos a los familiares, algunos de ellos los últimos habitantes de Villaescusa, que fueron enterrados en el cementerio.

Con el tiempo, se ha convertido en una reivindicación colectiva de conservación de la iglesia románica, su “símbolo patrimonial”, y del libre tránsito por sus accesos. Porque, a pesar de haber sido declarada BIC, resulta “materialmente imposible” llegar al monumento, señala la asociación Hispania Nostra en su Lista Roja.

“Todos los caminos públicos que conducen a la iglesia están cortados por propietarios privados de algunos de los terrenos que circundan la iglesia románica, pero no de los bienes, tanto públicos como privados, que se encuentran al otro lado de las alambradas”, detalla.

En mayo de 2018, un anuncio en Idealista.com ponía a la venta gran parte de la finca en la que actualmente se ubica el despoblado. El precio de salida era de 2,7 millones de euros. Entonces, la Asociación ya se temía que un futuro comprador pudiera enajenar caminos públicos. Y así fue. Los terrenos fueron adquiridos por propietarios privados.

Hispania Nostra detalla en su ficha de la Lista Roja, que “algunos” terrenos que circundan la Iglesia de la Asunción pertenecen a una empresa denominada Villaescusa S.A. dedicada a la producción ganadera y agrícola. Otros pertenecen a particulares.

Se trata de una práctica habitual. Vías pecuarias y caminos públicos ‘semicerrados’ o ‘semiprivatizados’ en alguno de sus tramos por titulares de fincas privadas, sin que las administraciones actúen conforme a la normativa, que impide estos vallados. Este periódico se ha puesto en contacto telefónico con la mencionada empresa, pero no ha obtenido respuesta.

En el caso de los caminos públicos, la competencia es municipal, y actualmente el Ayuntamiento de Peralveche mantiene un litigio judicial abierto con la familia propietaria de uno de los terrenos, que ha vallado parte del mismo. La última 'Marcha de las Flores' hacia el despoblado, el pasado 30 de mayo, se encontró de frente con este problema. Agentes de la Guardia Civil se apostaron en el camino como respuesta a la llamada del propietario de la finca.

“Por allí no podían pasar, les dijeron”. Lo cuenta a este periódico el alcalde Peralveche, Víctor García Blanco, que afirma que la situación es “desoladora”, tanto por la situación de este camino público “privatizado” y su actual litigio judicial, como por el estado de la iglesia, una “joya” cuya propiedad el Ayuntamiento compró en 2024 al Arzobispado de Guadalajara, que “nunca hizo absolutamente nada por recuperarla”.

El alcalde ha visitado la iglesia recientemente junto con un arquitecto colaborador de la Mancomunidad del Alto Tajo y ha comprobado el estado de deterioro de la misma, sobre todo después del reciente derrumbe de parte de la espadaña. También habían saboteado la entrada al cementerio. “Lo denunciamos a la Guardia Civil, pero nos quedamos devastados. Lo que nos faltaba”, lamenta.

“Ahora queremos evitar que la iglesia se derrumbe por completo. Queremos hacer todo lo posible para que no se hunda”. Y aunque la titularidad es municipal, los recursos del Ayuntamiento son muy limitados. Por tanto, es un problema que han trasladado a la Delegación de Cultura del Gobierno castellanomanchego en Guadalajara.

La idea inicial del Consistorio de Peralveche partía de un proyecto para convertir la iglesia románica en un albergue para los peregrinos que transitan la colindante Ruta de la Lana del Camino de Santiago, que procede de Salmerón y enlaza con la Cañada Real de Madrid. Pero para ello el objetivo principal es restaurar la iglesia, empezando por la cubierta y el refuerzo de los cimientos para evitar su derrumbe total.

Una alternativa es acogerse a las líneas de ayudas del Programa ‘2% Cultural’ del Gobierno central, destinadas a financiar trabajos de conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles del Patrimonio Histórico Español. “El problema es que esas subvenciones pueden tardar hasta dos años”, afirma el alcalde, por lo que también buscan otras líneas de financiación.

Primero, un carril de acceso, después la cimentación

Para ello, el Ayuntamiento, con asesoramiento de ese arquitecto colaborador de la Mancomunidad del Alto Tajo y de un experto en el arte románico, elabora un informe técnico con las acciones a desarrollar.

“Primero queremos arreglar el carril que comunica la Dehesa con Villaescusa de Palositos, de algo más de un kilómetro de longitud, para facilitar el acceso de la maquinaria necesaria para ejecutar las obras. Esto ya de por sí es bastante costoso, y después serían necesarios los trabajos de apuntalamiento y cimentación del templo”.

En total, el Ayuntamiento estima que necesitará alrededor de medio millón de euros. “Necesitamos ayuda de todo tipo y la buscaremos donde sea. Hay que conservar la iglesia como sea. Es un legado de nuestros antepasados”, concluye.

El Gobierno castellanomanchego tiene el ojo puesto en esta compleja situación, pero su margen de maniobra es limitado. El delegado provincial de Cultura, Ángel Fernández-Montes, detalla a este periódico que el Ayuntamiento de Peralveche se puso en contacto con la Delegación en octubre de 2025 para solicitar que la Administración autonómica realizara el proyecto de rehabilitación.

Nosotros nos encargamos de velar por el mantenimiento y la conservación del patrimonio, y en el momento que haya un proyecto en sí, los técnicos competentes tienen que revisar si está de acuerdo con la Ley de Patrimonio

Ángel Fernández-Montes — Delegado provincial de Cultura en Guadalajara

El pasado mes de diciembre, este departamento contestó a esa comunicación agradeciendo el compromiso municipal con la conservación del patrimonio, pero recordando que esa petición no corresponde a las competencias de la Junta en cuestiones de patrimonio.

“Nosotros nos encargamos de velar por el mantenimiento y la conservación del patrimonio, y en el momento que haya un proyecto en sí, los técnicos competentes tienen que revisar si está de acuerdo con la Ley de Patrimonio”, explica el delegado.

Dicho esto, la Delegación ofreció al Ayuntamiento varias opciones para la recuperación de la iglesia, por ser un BIC. En primer lugar, las ayudas del mencionado Programa '2% Cultural', que permite planificar la conservación en diferentes fases y “consolidar lo que es ahora mismo la Iglesia”.

Además, también les propusieron contactar con la Diputación provincial de Guadalajara, que tiene un plan específico para el patrimonio cultural y el desarrollo rural. Y como tercera vía, una línea de financiación público-privada a través de la Ley de Mecenazgo de Castilla-La Mancha.

“Somos conscientes de que un pueblo pequeño no puede llevar a cabo grandes inversiones, pero sí puede hacerlo a través de estas ayudas. A lo mejor no se puede recuperar la iglesia en su totalidad, pero sí la consolidación de lo que queda en pie. Nuestros servicios técnicos están dispuestos para ayudarles, asesorarles y acompañarles en lo que necesiten”, señala Ángel Fernández-Montes.

En cuanto a los caminos públicos, el delegado provincial de Cultura recuerda que son “inembargables”, de titularidad municipal y “no se pueden cerrar”. Considera que el Ayuntamiento debe “hacer valer” su propiedad de los mismos “para que la gente pueda circular libremente”.

Pero actualmente no existe una cifra cerrada oficial caminos públicos. El Ayuntamiento de Peralveche tiene registrados una docena de ellos, afirma el alcalde, pero el mencionado vallado en algunas partes por parte de los propietarios de las fincas privadas que rodean el despoblado de Villaescusa, ha vuelto “insostenible” esta situación.

Con el antiguo pueblo “borrado del mapa” y solo el cementerio y parte de la iglesia en pie, el reto es “hacer lo que podamos para no perder lo poco que nos queda”, concluye el alcalde.

Prosigue el polémico debate sobre el absentismo laboral que se abrió con motivo de las declaraciones de Ángel Nicolás, presidente de la patronal castellanomanchega (CECAM) llamando “memos” a los jóvenes pedían la baja médica por salud mental y por las que luego pidió disculpas.

Ahora, Manuel Madruga, el secretario general de la Federación Empresarial Toledana (FEDETO), integrada en la CEOE de la comunidad autónoma, se ha referido también a esta cuestión, con algún matiz. Básicamente, insiste en denunciar “fraude” en las bajas laborales, pero añade: “No culpamos a los médicos”.

Concretamente, argumenta que por cada euro destinado a una “baja indebida”, es un euro que “dejamos de destinar a la sanidad, a la educación, a las pensiones, a la dependencia, a servicios sociales o, por ejemplo, a trabajo”.

Según dice, los datos “están ahí”. “Los procesos de incapacidad temporal nos costaron a todos los españoles 34.000 millones de euros en el año 2025”, añade, afirmando además que “lo que nadie quiere saber” es que ese coste se ha disparado desde el año 2015 al año 2026 en un 240%, o que las bajas crecen a un ritmo del 133%.

Tenemos un grave problema y tenemos que analizarlo, controlarlo y de alguna manera investigarlo

También apunta que la OCDE ha avisado a España de los “altos índices” que tiene de incapacidad temporal, representando 4,7% de sus trabajadores, mientras que la media europea es del 2,5%.

“¿Significan estos datos que FEDETO está queriendo trasladar a la sociedad que todos los procesos de incapacidad temporal son fraudulentos? No, no significa eso, ni siquiera que mayoritariamente sean fraudulentos. Lo que significa es que tenemos un grave problema, lo que significa es que ese grave problema tenemos que analizarlo, controlarlo y de alguna manera investigarlo”, subraya.

Manuel Madruga considera “otro dato palmario” que el 25% de las personas que se encuentran en situación de IT concentran el 55% de todos los procesos de incapacidad temporal.

Es en este punto cuando dice no cuestionar “para nada en absoluto” a los médicos. “Sabemos los medios que tienen, las consultas masificadas que tienen y las listas de espera que tienen. Y de estos se valen quienes quieren cometer el fraude”.

Dolencias que “no se pueden medir de una manera objetiva”

A ello añade que hay “determinadas dolencias de carácter físico, por ejemplo el dolor, o determinadas situaciones emocionales” que “no se pueden medir de una manera objetiva y que dependen mucho de lo que sea lo que el propio paciente está trasladando al médico”.

Dicho esto, critica que traten de “desacreditar” a la patronal o de “cancelarnos mediáticamente” como consecuencia de que “hayamos tenido mejor acierto en Toledo, en Barcelona o en Canarias a la hora de referirnos al absentismo laboral”.

“Nuestros datos son datos objetivos, sabemos que son datos que molestan, pero también sabemos que son datos que cada vez están siendo más avalados por organismos nacionales, como el Banco de España o la AIREF, o internacionales como la propia OCDE”.

Afirma que incluso los sindicatos reconocen en los acuerdos nacionales para la negociación colectiva que hay “un problema con el absentismo laboral” que ahora “se niegan a reconocer, diciendo que lo que tratamos es de recortar derechos”. Y concluye afirmando: “Para FEDETO, combatir el fraude no es recortar derechos, es todo lo contrario, es proteger a aquellas personas que sí necesitan coger una baja”.

El Ayuntamiento de Fontanar, en Guadalajara, tiene previsto llevar a cabo la renovación integral de un espacio de ocio infantil ubicado en el parque Virgen de la Soledad del municipio. Y el equipo de Gobierno municipal, gobernado por la agrupación ‘Entre Todos Fontanar’ (ETF), ha decidido darle una “original temática taurina”, en homenaje, afirma, a una de las tradiciones “más arraigadas” del pueblo.

Este proyecto, del que el propio Consistorio ha informado en su web y a través de las redes sociales, busca ser un espacio de ocio. De hecho, subraya que quiere convertirlo en una zona “más segura, accesible y atractiva” para los niños y niñas.

Señala el equipo de Gobierno municipal que con este proyecto continúa su apuesta por la mejora de los espacios públicos y la creación de “áreas de juego” renovadas para el “disfrute de las familias”. “La actuación dotará al parque de nuevos elementos infantiles inspirados en el mundo del toro, ofreciendo un espacio moderno, divertido y adaptado a las necesidades de los niños y niñas de Fontanar”, remarca.

Un pequeño burladero entre columpios

Según la maqueta que el Ayuntamiento ha publicado, el espacio contaría con un columpio, una instalación o casita con escaleras y pasarelas con forma de toro y un pequeño ‘coso’ o burladero rodeado de palos de madera simulando un encierro taurino o una pequeña plaza de toros.

La polémica no se ha hecho esperar. La publicación de su proyecto en Instagram a principios de julio ya provocó una oleada de reacciones de rechazo hacia el proyecto, casi todas haciendo hincapié en que con un proyecto así, el Ayuntamiento “adoctrina” a los más pequeños sobre “cómo odiar y asesinar a animales”.

Y de este revuelo se ha hecho eco el Partido Animalista (PACMA). Su coordinadora provincial en Guadalajara, Eva Asenjo, ha solicitado por escrito al Ayuntamiento la cancelación del proyecto de renovación, porque “supone trasladar a la infancia la normalización de una práctica dolorosa, nociva y abiertamente violenta hacia los animales”.

Recuerda esta formación que diversos especialistas han advertido de los “efectos negativos” que puede tener la exposición de los menores a manifestaciones violentas y que los festejos taurinos “siguen provocando cada año numerosos heridos e incluso fallecidos”.

En su escrito, PACMA señala que la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor obliga a los poderes públicos a proteger a la infancia frente a cualquier forma de violencia y recuerda que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas reiteró recientemente, en enero de 2026, su recomendación de impedir la participación de menores en cualquier actividad taurina, además de instar a las administraciones a sensibilizar sobre el impacto de esta violencia en niños y niñas.

Por ello, PACMA pide públicamente al Ayuntamiento de Fontanar que rectifique y sustituya la temática taurina por un proyecto que promueva “una cultura apta para todos los públicos y respetuosa con los animales y la naturaleza”.

Los espacios públicos destinados a niños y niñas deben ser lugares seguros y educativos, alejados de cualquier forma de violencia

Eva Asenjo — Coordinadora provincial de PACMA en Guadalajara

“Los espacios públicos destinados a niños y niñas deben ser lugares seguros y educativos, alejados de cualquier forma de violencia o de representaciones infantilizadas y aparentemente inocentes de la misma. El Ayuntamiento todavía está a tiempo de apostar por un parque que represente esos valores», concluye la coordinadora.

Este periódico se ha puesto en contacto con la Alcaldía para conocer más detalles sobre el proyecto, sus plazos y su presupuesto, así como su valoración del escrito que le ha dirigido PACMA, sin que por el momento haya habido respuesta.

No es la primera vez que el Ayuntamiento de Fontanar se ve envuelto en la polémica. Su actual alcalde, Jesús Caballero del Castillo, se encuentra en funciones desde hace más de dos años, después de que el anterior regidor municipal, Víctor San Vidal, de la misma agrupación, tuviera que dimitir por la polémica generada tras la publicación de una grabación en vídeo en el que insultaba gritos a una trabajadora municipal.

Estos hechos desataron también una oleada de indignación el municipio, de unos 2.600 habitantes. En las últimas elecciones municipales, la de mayo de 2023, ‘Entre Todos Fontanar’ se hizo con seis de los once concejales en liza. El resto de ediles son tres del PSOE, uno del PP y otro de Unidas Podemos.

Actualmente, en España hay varios ejemplos de parques infantiles con temática taurina. El pionero en España fue el 'Tauroparque' ubicado en Esparragosa de Lares (Badajoz) e inaugurado en 2019, y hay otros en Onda (Castellón) o en Alba de Tormes (Salamanca). Algunos de sus promotores han destacado la necesidad de impulsar este tipo de espacios para promover el “relevo generacional” en la tauromaquia.

Al igual que el proyectado en Fontanar, suelen incluir zonas de juego seguras inspiradas en la tauromaquia: burladeros y troneras (muros de madera o plástico para que los niños se escondan), toriles como pequeñas casitas de juego, muelles, toboganes y balancines con forma de toros y vacas; o incluso pequeñas plazas de toros acotadas para el juego.

En Fontanar, como en muchos pueblos de esta zona de Guadalajara, la tradición taurina es efectivamente muy intensa. Según el Ayuntamiento, la afición del pueblo se organiza en torno a sus fiestas anuales, donde el toro es el gran protagonista: desde las Fiestas de San Matías, en mayo, hasta las Fiestas de San Roque, en agosto; y las de San Blas, en febrero, donde incluso se realiza una suelta de reses por las calles acompañada de un encierro infantil con carretones (bueyada) “para los más pequeños”.

Precisamente, una bueyada fue objeto de polémica a medios del pasado mes de junio en el municipio toledano de Yeles. Se trataba de un encierro similar al habitual, pero adaptado para niños y adolescentes: corren, guían o interactúan con bueyes y novillos pequeños, por lo general mansos y domados.

En esa ocasión fue la Fudación Franz Weber quien reclamó al Ayuntamiento la suspensión de esta actividad taurina, puesto que a ello se suma el acceso de menores como espectadores a las sueltas de reses previas. Esta ONG recordó que en 2018 el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas pidió al Estado español evitar la participación o presencia de niños y adolescentes en la tauromaquia.

“Para prevenir los efectos nocivos para los niños del espectáculo de los toros, el Comité recomienda que el Estado parte prohíba la participación de niños menores de 18 años como toreros y como público en espectáculos de tauromaquia”, afirma el documento.

En general, en Castilla-La Mancha, el debate sobre la tauromaquia es continuo. Las asociaciones antitaurinas, así como la mencionada Fundación Franz Weber y PACMA denuncian de manera continua que muchos ayuntamientos permitan la entrada de los más pequeños, en ocasiones incluso de forma gratuita, en las corridas de toros.

Además, desde la llegada de los gobiernos de coalición de PP y Vox a diversos ayuntamientos y diputaciones provinciales de la región, la promoción de la tauromaquia se ha disparado. El caso más mediático ha sido el de la Diputación de Ciudad Real, que ha destinado 100.000 euros a la recuperación de su escuela taurina.

Page defiende la tauromaquia

Pero también el Gobierno socialista de Emiliano García-Page es un firme defensor de este sector. El presidente autonómico no se ha pronunciado al respecto del acceso de menores a las corridas de toros, pero sí ha apostado de manera continua por la pervivencia de los festejos, llegando incluso a promover, junto a las comunidades autónomas gobernadas por el PP, un Premio Nacional de Tauromaquia para sustituir el que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, eliminó en mayo de 2024.

El pasado mes de enero, el Ministerio de Juventud e Infancia remitió al Consejo de Ministros una propuesta para impedir la entrada de menores de edad a eventos en los que se ejerza violencia contra animales, como las corridas del toros, dentro de la ampliación prevista de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI).

La propuesta contempla que no se permita ni la participación ni la asistencia de los menores en este tipo de actividades, eventos o espectáculos. El objetivo es cumplir con mencionada recomendación del Comité de los Derechos del Niño de la ONU a España.

Las famosas minas de Almadén, en la provincia de Ciudad Real, comenzaron a explotarse hace más de dos milenios. Su origen exacto, según la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), se remonta al siglo III a.C. El mineral extraído era el cinabrio, del cual se obtenía el mercurio, el único metal líquido que existe. Llegó a ser el mayor yacimiento en todo el mundo. Ha producido más del 35% de todo el mercurio usado en la historia de la humanidad.

En la naturaleza no se encuentra puro como mineral, sino atrapado dentro de rocas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo incluye entre las diez sustancias químicas más peligrosas para la salud pública.

Utilizado históricamente para tratar algunas infecciones como la sífilis y en vacunas antiguas, y más recientemente para la industria, el mercurio ha marcado siempre la historia de esta comarca minera, colindante con la provincia de Córdoba y actualmente en riesgo extremo de despoblación desde el cierre de las minas.

De la entrada de Mayasa a la prohibición de exportar mercurio

La empresa pública Mayasa (Minas de Almadén y Arrayanes, S.A.), perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), asumió la gestión de la explotación minera de Almadén desde su creación en 1982. Heredó la gestión del Consejo de Administración que controlaba las minas desde 1916.

La compañía gestionó la extracción de mercurio hasta el cierre definitivo de la mina en julio de 2001. A partir de ese momento, orientó su gestión al almacenamiento y tratamiento ambiental de los excedentes mundiales de mercurio, una labor que se hizo efectiva tras el fin de la comercialización internacional de este metal decretada por la Unión Europea en 2011.

En ese año, a través del denominado 'Convenio de Minamata', se prohibió, mediante un tratado internacional, su exportación para reducir la oferta global de este metal y limitar sus emisiones. Pese a sus múltiples usos, es un metal pesado y muy tóxico. Contamina el medio ambiente y daña gravemente la salud humana, especialmente el sistema nervioso. La normativa resultante prohibió las ventas al exterior para evitar que grandes cantidades de mercurio sobrante llegasen a países en desarrollo. Porque el 99% se vendía fuera de la UE.

Esto obligó a almacenar los residuos de mercurio de forma segura en lugar de liberarlos. Y ahí la gestión de Mayasa cumplió un papel de gran relevancia. Hasta entonces la actividad de la empresa pública consistía en recoger mercurio, limpiarlo y ponerlo de nuevo en el mercado. Pero ante la prohibición de las exportaciones, cambió su objetivo a la obtención de fondos para tratar de solucionar problemas y nuevas actividades de desarrollo sostenible sin añadir más contaminación de mercurio al medio.

Pero hubo más trabas. En 2018 entró en vigor la prohibición de uso de mercurio en la industria cloro-caústica, por lo que se debía retirar y almacenar el mercurio en condiciones seguras. Para ello Mayasa debía encargarse de la retirada y tratamiento con las empresas productoras.

Un año después, en 2019, el Gobierno de Castilla-La Mancha autorizó, con evaluación ambiental favorable, la planta de solidificación de mercurio en Almadén. Se ubicó en el paraje de Las Cuevas, a 10 kilómetros del núcleo urbano. Para ese tratamiento, Mayasa había adjudicado ya en 2017 este proyecto de tratamiento a una empresa externa que nunca llegó a realizar su labor. Según la Plataforma de Contratación Pública, era Sartech Engineering, actualmente en litigio judicial con la empresa pública por incumplimiento del contrato.

Solo quedaba una salida: si no se podía exportar ni tratar, todo el mercurio debía salir del almacén. Se envió a una planta suiza de la empresa Batrec, filial de Veolia (líder mundial en servicios medioambientales especializado en la gestión integral de agua, residuos y energía), por medio de un gestor de residuos representante en España, en este caso Adiego Hermanos, que hizo el transporte y gestión completa de residuos.

En total, se enviaron 378 toneladas de mercurio. Actualmente, se encuentran en unas antiguas minas de sal de Alemania, que poseen las propiedades de impermeabilización adecuadas para este tipo de residuo.

Ahora, ese almacén de residuos está cerrado. Pero el expediente de su cierre definitivo, iniciado hace año y medio, aún está abierto, porque todavía no ha recibido luz verde por parte de la autoridad ambiental, la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha.

Así lo han confirmado fuentes de este departamento. La Dirección General de Calidad Ambiental está analizando la documentación presentada por la empresa pública para analizar si solicita más información complementaria o procece con la fase final de clausura.

El encuentro entre Mayasa y Ecologistas en Acción

Con ello, se ha cerrado a su vez una etapa en la comarca. Y de todo ello han hablado recientemente representantes de Ecologistas en Acción y miembros de Mayasa, en un encuentro solicitado por los primeros para conocer en qué estado se encuentra el proceso.

Javier Carrasco, director técnico de Actividades Industriales de Mayasa, asistente a esta reunión junto al presidente de la empresa pública, José Tejero, cuenta a este periódico que ahora mismo están pendientes de que de la Administración castellanomanchega autorice el cierre definitivo, ya que su puesta en marcha requirió una Autorización Ambiental Integrada (AAI) que ahora exige que se cumplan una serie de requisitos de inspección ambiental para su clausura.

Pese a que la planta nunca llegó a funcionar en cuanto al tratamiento del mercurio, es decir, su estabilización química antes de llevarlo a un depósito definitivo, la inspección debe determinar, dentro del programa de vigilancia ambiental, que el almacén está completamente descontaminado.

La autorización del Gobierno de Castilla-La Mancha para la planta de almacenamiento que se aprobó en 2019 incluía un presupuesto de tres millones de euros. Y esta circunstancia coincidió con la mencionada prohibición del uso de cloro para las empresas clorocáusticas, donde el mercurio se utilizaba como parte del proceso químico. Muchas empresas españolas se vieron entonces con excedentes de mercurio que no utilizaban que tenían que gestionar.

Mayasa se ofreció para almacenar y gestionar el mercurio de esas industrias. Pero la empresa contratada fue “incapaz” de cumplir el contrato y la planta nunca llegó a realizar el “tratamiento” de metal, pero sí su almacenamiento: las mencionadas 378 toneladas de mercurio, acumuladas durante varios años, hasta 2023.

Ese año, una vez rescindido el contrato con la empresa ‘incumplidora’, Mayasa decidió realizar un nuevo contrato con otra compañía gestora que tenía permiso para exportar mercurio como residuo, la mencionada Abiego Hermanos. “Todo esto se precipitó porque la normativa europea permitía el almacenamiento de mercurio hasta el 31 de diciembre del 2022 y había que darle salida a toda esa cantidad almacenada”, cuenta el director técnico.

Ahora mismo, detalla que ya no hay nada en el almacén. La gestora de residuos llegó a un acuerdo transfronterizo con la suiza Batrec, quien sí trató el mercurio para su estabilización química en este país y después lo envió, para su depósito final en las minas de sal alemanas, habilitadas para ello.

En el aire, los niveles de mercurio muy bajos, y en el agua son inapreciables

Javier Carrasco — Director técnico de Mayasa

Según Javier Carrasco, el plan de cierre de la planta en Almadén se ha cumplido “al milímetro”. “Se han limpiado todas las instalaciones, todo lo que ha estado en contacto con el metal, se ha desmontado toda la instalación, principalmente lo que eran equipos de filtros, y todos los residuos que hemos generado durante estas labores de limpieza se han enviado fuera con un gestor autorizado”.

Pero en un proceso tan delicado, el plan de vigilancia ambiental ha sido fundamental. A la espera del cierre definitivo, en Mayasa, desde que se autorizó el almacenamiento, han realizado medidas en aire y agua para ver los niveles de contaminación. Son muestreos que se han remitido periódicamente a la autoridad ambiental. De ellos se desprende que hay “niveles apreciables” de mercurio que “históricamente siempre han existido”

“En el aire, son niveles muy bajos a los que hacemos un seguimiento continuo. De hecho, los que hay ahora son idénticos a los que había antes de iniciar el almacenamiento hace siete años, y en el agua son inapreciables, no hay ninguna afección”, precisa Javier Carrasco.

La última limpieza de la planta se realizó a finales de 2025. Se recogieron en torno a un centenar de kilos de mercurio, que también ha recogido una empresa autorizada para gestión de residuos.

No nos dan pruebas documentales de nada de lo solicitado, ni de los mapas de contaminación ni de los planes de cierre

Ecologistas en Acción de Ciudad Real

Desde Ecologistas en Acción de Ciudad Real, acudieron al encuentro Isabel Arauzo, Julio Ruiz y Francisco J. Sarrión. Han explicado a este periódico que celebran el cierre del almacén “por la disminución del riesgo de contaminación que suponían estas instalaciones”.

Pero al mismo tiempo denuncian el “oscurantismo” y la “falta de información pública”, algo que tildan de “tradición histórica de la casa” en referencia a la empresa pública, a la que atribuye “actividades peligrosas” que la empresa siempre ha negado, también en esta ocasión.

“No nos dan pruebas documentales de nada de lo solicitado, ni de los mapas de contaminación ni de los planes de cierre. Solo nos remiten a los contratos ya expuestos en el perfil del contratante de Mayasa. Hay también un celo excesivo en proteger la identidad de los responsables políticos y técnicos, lo que interpretamos que es para evitar sanciones y críticas personales a su gestión”, argumentan.

Ecologistas en Acción añade que el hecho de que no sea obligatorio medir con exactitud el mercurio que salió de la planta de Almadén, aunque se ajuste a la normativa, supone “un riesgo de pérdida o descontrol” en el camino o en la planta receptora.

También resalta que hay “discrepancias” en las fechas y orden de las declaraciones de impacto ambiental que “aún quedan sin explicación”. “Demuestra la falta de rigor en el control del mercurio, y siendo la sustancia más peligrosa después de las radiactivas, deberían haber extremado las precauciones y no dejar en manos del gestor de residuos la medida real del mercurio trasladado”.

La organización ecologista también pone el acento en los costes. Afirma que el presupuesto para el tratamiento y traslado del mercurio de Almadén al depósito de Suiza fue de 1,5 millones de euros, la mitad de los tres millones que se presupuestaron para la planta. “Un despilfarro de dinero público que debería haberse valorado inicialmente”.

“Los planes de descontaminación parecen proyectos piloto más que acciones de efectividad probada, aunque digan que son técnicas innovadoras. El ámbito espacial es muy reducido”, añaden. Avalan que actualmente se estudie la movilidad del mercurio en el medio ambiente, pero denuncian que no se están analizando “las repercusiones ni los niveles de contaminantes en la población civil”, que sería “uno de los objetivos a conocer de cara a la salud pública”.

Actualmente, el vínculo de Mayasa con este polémico metal todavía permanece. Desde 2009, gestiona el Centro Tecnológico del Mercurio con el apoyo del Ministerio de Agricultura y del Gobierno de Castilla-La Mancha. Allí se monitorea el entorno medioambiental, la flora y la fauna.

En paralelo, también está vigente desde el año pasado el Proyecto Life Hermes, que tiene como objetivo la recuperación ambiental del Cerco de Buitrones de Almadenejos. Se trata de un recinto del siglo XVIII que conserva restos de antiguos hornos de mercurio y partes de su muralla. El área está declarada Bien de Interés Patrimonial (BIP).

El próximo mes de septiembre, la empresa pública iniciará labores de tratamiento de estabilización química in situ de restos de mercurio con óxido de magnesio. El objetivo es demostrar la eficacia de una solución innovadora que ofrece “varias ventajas significativas” con respecto a los métodos de remediación tradicionales.

Para Ecologistas en Acción, estos nuevos proyectos van a continuar siendo un gasto de dinero público “sin que se tenga constancia nunca de la repercusión real sobre la salud de las personas”. “En definitiva, nos alegramos de que la gestión del mercurio ya no esté en manos de Mayasa y esperamos que los planes de descontaminación futuros se enfoquen en evaluar el mercurio en la población y en su salud”, concluyen.

El anuncio del cierre de la planta de almacenamiento, sin embargo, no ha gustado en el ámbito local. El Ayuntamiento de Almadén ya mostró hace un año su “indignación” por la clausura de la planta de estabilización de mercurio de Mayasa. Su alcaldesa, Raquel María Jurado, preguntó si lo que se pretendía la empresa pública era ofrecer beneficios a la localidad o “más bien, minimizar las pérdidas económicas” de la SEPI, achacables a la “pésima gestión”.

Tras lamentar que en el municipio llevan años oyendo hablar de un plan estratégico de la empresa pública que nunca ha sido compartido con la ciudadanía, condenó que este nuevo “fracaso” se sume a otros intentos de inversión que “no han dado resultados”.

El Ayuntamiento hizo referencia también al acuerdo firmado hace casi 25 años entre CCOO, UGT, la SEPI y Mayasa: un Plan de Empresa que, entre otras cosas, incluía un futuro convenio con el Consistorio local para el desarrollo de la comarca una vez que se completara el cierre minero. Desde este municipio siempre han denunciado el incumplimiento de este convenio y la “enorme factura social” que la comarca ha pagado por ello.

En todo este proceso también ha jugado un papel fundamental la plataforma ciudadana ‘Forzados de Almadén’, quien ha apelado en varias ocasiones a ese convenio de principios de siglo. Todavía se recuerda el encierro que protagonizaron en agosto de 2019, cuando siete hombres y cuatro mujeres de diferentes profesiones, edades y originarios de los pueblos de la comarca se encerraron en la primera planta de la histórica mina de mercurio de la ciudad.

Querían recrear la protesta de 11 mineros ocurrida 35 años atrás, en 1984. Si entonces los mineros protestaban por sus pésimas condiciones laborales, en 2019 quisieron mostrar a una comarca “castigada por el paro, la desindustrialización y la poca calidad de los servicios públicos”.

Porque Almadén sigue bebiendo de su historia. Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento se ha comprometido, a través de un convenio con el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), a la restauración y digitalización de la película 'Mercurio-Minas de Almadén', de 1940.

El ICAA conserva en la actualidad, en las instalaciones de la Filmoteca Española en su centro de Pozuelo de Alarcón, dos copias en nitrato de celulosa de 35 milímetro de la película. A través del convenio, el Ayuntamiento asume la tarea de restauración y digitalización de la película, mientras el ICAA pondrá a disposición sus copias, asesoramiento y apoyo a la promoción.

Mientras, Mayasa sigue a la espera de la autorización oficial de clausura de su almacén. Con ello, se cerrará un capítulo más de una comarca que ha perdido cerca de un 26% de su población en lo que va de siglo.

Que a Emiliano García-Page no le gusta la propuesta del nuevo modelo de financiación autónoma es algo que él mismo ya ha reiterado en varias ocasiones. Hoy lo ha vuelto a subrayar, pero afirmando que se trata de imponer a las regiones “el modelo de separatismo fiscal”, en referencia a las negociaciones con Catalunya.

Así, ha afirmado que se trata de un modelo “de privilegios” que ha pactado el Gobierno de Pedro Sánchez con los independentistas y “no nos vamos a tragar el modelo de (Oriol) Junqueras de ninguna de las maneras”, en referencia al líder de ERC.

Previamente, el presidente de Castilla-La Mancha ha insistido en su petición a Pedro Sánchez para que convoque una conferencia de presidentes que aborde esta cuestión. Preguntando sobre si cree que así lo hará, se ha limitado a afirmar que “estará entretenido con lo de Donald Trump”.

“Pegar el tajo” a la igualdad de oportunidades

En ese sentido, considera que convocar este órgano sería “un mínimo de respeto a lo que merecemos las autonomías” y más allá de un Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que ya el Gobierno de España “se reserva por reglamento la mayoría”.

“Sería para mí enormemente grave que, como ya ha pasado en los últimos dos o tres veranos, siempre con agosticidad, sin haber querido hablar del tema de financiación en el Comité Federal, en contra de las resoluciones del Congreso del propio Partido Socialista, que sean los que se llaman de izquierda los que le peguen el tajo al principio de igualdad de oportunidades”, ha dicho.

En este punto, ha criticado que negociar al mismo tiempo los Presupuestos del Estado, supone “estar otra vez de rodillas intentando imponernos a todas las autonomías el modelo de separatismo fiscal”.

La Guardia Civil de la localidad de Almansa, en la provincia de Albacete, está investigando a tres hombres por la presunta agresión a un joven de 25 años, después de haberse burlado de él y de otro joven que le acompañaba. Los hechos se produjeron durante la celebración del Orgullo LGTBI de la localidad y el colectivo Almansa Entiende lo considera un nuevo episodio homófobo.

Este colectivo relata que el pasado sábado, día 4 de julio, tras estas celebraciones, tres hombres mayores de edad se acercaron a dos jóvenes, también mayores de edad, y comenzaron a lanzarles burlas “homófobas”. Posteriormente, agredieron presuntamente a uno de ellos, lo que le provocó lesiones de gravedad por las que tuvo que ser hospitalizado.

Este último ya ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil de Almansa, lo que han confirmado a este medio fuentes municipales, que además han informado de que los tres presuntos agresores ya han sido identificados, aunque no detallan si han sido detenidos.

Desde el colectivo Almansa Entiende confían en que la investigación esclarezca plenamente lo sucedido y pruebe la motivación de “odio LGTBfóbico”, como, según apuntan, denuncian varios testigos.

Piden que se aplique el agravante de odio

En caso de que así fuera, pide que se aplique el agravante de odio previsto en la legislación vigente. “No podemos permitir que el odio, la intolerancia y la violencia encuentren espacio en nuestras calles. Es especialmente doloroso que una agresión de estas características se produjera precisamente después de una jornada que reivindica la libertad, la diversidad y el derecho de todas las personas a vivir y amar sin miedo. Ninguna persona debe sentirse insegura por ser quien es”.

Destaca que la LGTBIfobia no es un problema exclusivo de este colectivo. Es “un ataque a la convivencia, a la igualdad y a los valores democráticos que compartimos como sociedad”.

Frente al odio, más comunidad. Frente a la violencia, más derechos. Y frente al miedo, más orgullo

“Cuando se agrede a una persona por su orientación sexual o identidad de género, se intenta intimidar a todo un colectivo”, remarcan. Y frente a ese “mensaje de odio”, hace un llamamiento a toda la ciudadanía, a las asociaciones, entidades, partidos políticos e instituciones para tomar parte en la concentración de repulsa que tendrá lugar el próximo lunes 13 de julio a las 20.00 horas en el Ayuntamiento Viejo (Edificio de La Lonja).

El colectivo quiere que esta movilización sea una “una muestra clara” de que Almansa es un pueblo “que no mira hacia otro lado, que rechaza la violencia y que defiende la diversidad como un valor que nos enriquece”.

“Frente al odio, más comunidad. Frente a la violencia, más derechos; y frente al miedo, más orgullo”. Asimismo, anima a cualquier persona que sea víctima o testigo de este tipo de conductas a denunciarlas a través de los canales oficiales. “Denunciar es fundamental para combatir los delitos de odio y garantizar que ninguna agresión quede impune”. Por último, Almansa Entiende recuerda que Castilla-La Mancha dispone del Servicio de Atención Integral (SAI) a personas LGTBI que puede acompañar en estos procesos ofreciendo atención psicológica y jurídica a las víctimas.

“Esperamos la pronta recuperación de la persona agredida y reiteramos nuestra disposición para acompañar y apoyar a las víctimas durante todo el proceso. Hoy más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso con una Almansa libre de LGTBIfobia, donde todas las personas puedan vivir con dignidad y libertad, sin miedo”.

Las plantas samófilas (o psamófilas) son muy escasas y cumplen funciones vitales. Tienen una resistencia extrema, ya que se adaptan a suelos inestables y vientos fuertes. Aunque son más habituales en zonas de playa, junto al mar, en la meseta su presencia es muy reducida y están protegidas debido a que conforman un “ecosistema único” como refugio y alimento para aves y reptiles, según WWF.

Su presencia en el término municipal de Toledo es muy pequeña, pero ha sido determinante para que el Ayuntamiento, gobernado por el PP y Vox, haya tenido que modificar la ampliación del polígono industrial de la ciudad. De hecho, ha tenido que recortar el número de parcelas que componían inicialmente el proyecto presentado por Loncito Desarrollo S.L.

La ampliación de esta zona en casi 700.00 metros cuadrados se aprobó en una sesión extraordinaria del pleno municipal en marzo de 2025. Las derechas la plantearon como una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que salió adelante con el voto a favor también del PSOE, y la abstención de IU-Podemos. Posteriormente se aprobaron las Bases del Plan de Actuación Urbanística (PAU) y se abrió convocatoria pública a la que concurrió una única empresa.

El proyecto pasó a la Comisión Regional de Urbanismo. Este órgano debía darle su aprobación definitiva, pero a finales de junio los técnicos informaron de que, a raíz de una alegación del grupo ecologista Arba, se había detectado que existen hábitats protegidos de samófilas al sur del sector. Esto, afirman, obligaba a sacar tres parcelas del ámbito de la planificación urbanística.

Con ello, el Ayuntamiento se ha visto obligado a realizar un plan parcial de mejora, que modifica tanto la ordenación estructural como la detallada, con lo cual era preciso volverlo a sacar a información pública. Y así lo ha hecho, según publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) con fecha 8 de julio de 2026.

En la resolución ahora publicada, el Ayuntamiento indica que el recorte de las tres parcelas para proteger la “conservación ambiental” del entorno, hace que la ampliación del polígono industrial sea ahora de 618.318 metros cuadrados repartidas en doce parcelas. Es decir, una reducción en más de 80.000 metros cuadrados.

En concreto, se detalla que debido a la existencia de pastizales samófilos (comunidades vegetales de “alto interés ecológico”), el Servicio de Medio Natural ha determinado que ciertas áreas no pueden ser urbanizadas, al estar esta especie protegida en el Catálogo de Hábitats de Protección Especial de Castilla-La Mancha y la Ley de Conservación de la Naturaleza.

Una vez publicada esta resolución, la historia se repite. Finalizada la información pública, el Ayuntamiento debe solicitar informe a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio, que es vinculante, y también tendrá que informar el Consejo Consultivo porque afecta a zonas verdes. Posteriormente se procederá a su aprobación definitiva.

Un proyecto del PSOE que PP y Vox tramitaron por vía urgente

La tramitación del expediente para la ampliación del polígono industrial toledano, pese a haberse iniciado en la anterior legislatura bajo mandato municipal del PSOE, se remitió al pleno más de tres años después, con carácter de urgencia, para reclasificar como suelo urbanizable de uso industrial parte de suelo rústico de reserva y suelo rústico de especial protección.

En concreto, se trata de la ampliación del sector industrial UU-25, que permitirá “llevar a cabo una operación que permita ampliar las instalaciones industriales de una importantísima empresa”, según afirmó el consejero de Fomento, Nacho Hernando.

La principal motivación de la urgencia para aprobar esta modificación fue sido la necesidad de ampliar las instalaciones de la empresa Osi Food Solutions, en las que se lleva a cabo la producción de hamburguesas para McDonald's.

“La colaboración entre ambas administraciones, el Ayuntamiento y la Junta, nos ha llevado a que se ha celebrado un pleno extraordinario y urgente para poder aprobar la ampliación del suelo industrial en la ciudad”, recalcó el consejero sobre esta modificación urbanística. De hecho, el Consistorio toledano señalaba por su parte, en ese pleno extraordinario, que se trata de uno de los proyectos “más importantes de esta legislatura”, en palabras del concejal de Vox y responsable de Urbanismo, Florentino Delgado.

En ese momento afirmó que si no se hacía rápidamente, “nos quedaríamos fuera”, debido a que una vez que se inicie la redacción del Plan de Ordenación Municipal (POM), no se puede “entrar en contradicciones”. “No puede existir una confrontación de la ordenación urbanística que pretendemos para el futuro con lo anterior, lo cual justifica por sí mismo esa urgencia”.

“Con más diligencia y transparencia”

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, lamentó que se tuviera que aprobar en un pleno extraordinario y urgente cuando el proyecto se inició en 2021 y cuando el alcalde, Carlos Velázquez, ya había anunciado que estaría listo antes de finalizar 2024. Remarcó su apoyo a esta ampliación por ser un proyecto del PSOE aunque a este Grupo Municipal le hubiera gustado que se aprobase “de otra manera, con más diligencia y más transparencia”,

De su lado, el portavoz de Izquierda Unida-Podemos, Txema Fernández, se abstuvo en la votación porque, entre otras razones, su diagnóstico socioeconómico para justificar esa modificación apunta que el documento está “desfasado en el tiempo”.

“La fecha más cercana que recoge el documento para justificar social y económicamente la necesidad de esta modificación se retrotrae a 2018”, subrayó. Tampoco compartía el diagnóstico referido a la vivienda pues “no se aborda el proceso gentrificador que sufre Toledo, la situación con las viviendas turísticas ni el problema del precio de la vivienda”.

“Toledo ha recibido más de 100 millones de fondos europeos que podrían haber servido para adecentar la zona industrial del barrio del polígono y hacerla atractiva a la llegada de las empresas”. “Sin embargo, tendremos que competir con municipios cercanos para atraer a estas empresas de logística provocando un proceso de dumping fiscal para ver quién paga menos impuestos y dónde”, concluyó.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno de Castilla-La Mancha presentó en octubre de 2024 contra la Ley Orgánica aprobada meses antes por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para la normalización institucional, política y social en Catalunya, denominada como 'Ley de Amnistía'.

La sentencia aplica la doctrina establecida en resoluciones anteriores del Tribunal, como la que avaló esta normativa del Gobierno de manera parcial y que ya resolvió las principales cuestiones de constitucionalidad planteadas respecto de la Ley de Amnistía.

En relación con la impugnación de la ley en su conjunto, la sentencia se remite a la doctrina conforme a la cual de la Constitución no se deriva una prohibición de amnistiar. Asimismo, recuerda que el legislador no incurrió en arbitrariedad al aprobar esta Ley y que, por tanto, “no vulnera la reserva de jurisdicción ni los principios de separación de poderes, solidaridad e igualdad territorial y seguridad jurídica”.

El Tribunal desestima igualmente la alegación que el Gobierno de Castilla-La Mancha hizo referente a que el Estado carezca de competencia para aprobar una ley de amnistía. La sentencia señala que los recurrentes “no suscitan una verdadera controversia competencial ni identifican competencia autonómica alguna que hubiera resultado vulnerada”, sino que reiteran la tesis de que la amnistía “solo podría incorporarse al ordenamiento mediante una previa reforma de la Constitución”.

Asimismo, rechaza que la ley vulnere las competencias que la Constitución atribuye al Rey y al Gobierno en materia de derecho de gracia.

No es “exigible” un acto del Rey refrendado por el Gobierno

Concretamente, la sentencia recuerda que la amnistía y el indulto son “instituciones distintas” y que, por su propia naturaleza, la amnistía solo puede ser establecida mediante una ley aprobada por el Parlamento, “sin que resulte exigible” un acto del Rey refrendado por el Gobierno para su concesión o aplicación.

El Tribunal también descarta que la ley “menoscabe” las funciones constitucionales del Ministerio Fiscal. Razona que la imposibilidad de ejercer la acción penal respecto de los hechos amnistiados es “una consecuencia inherente a la extinción de la responsabilidad penal acordada por el legislador”,

El Gobierno castellanomanchego presentó este recurso de inconstitucionalidad en octubre de 2024 después de que en julio de ese mismo año el Consejo de Gobierno le diera luz verde, tras un informe del Consejo Consultivo a requerimiento del presidente regional.

Este es uno de los muchos frentes que Emiliano García-Page tiene abiertos con el Gobierno de Pedro Sánchez, que van desde una demanda judicial para exigir las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, hasta el modelo de financiación autonómica y la petición de elecciones generales anticipadas.

Los temarios de pruebas de acceso para ser policía local en Castilla-La Mancha incorporarán cuestiones sobre la igualdad de trato y la no discriminación del colectivo LGTBI. Es una de las novedades que incorpora un decreto de la Consejería de Administraciones Públicas mediante la que se modifica el reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales en esta comunidad autónoma.

Según el texto, publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), el nuevo decreto establece como obligatorio incluir este tema en los programas de acceso a todas las categorías de los cuerpos de la Policía Local, que convocan los ayuntamientos.

En realidad, la modificación se realiza para adaptar el reglamento a la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI aprobada en febrero de 2023.

Este contenido se integrará dentro de la “parte especial” del temario, junto a otras materias como igualdad de género, derecho penal, y tráfico y seguridad vial. Además, la obligatoriedad de estudiar esta materia afectará a los procesos selectivos de todos los rangos: policía, oficial, inspector, subinspector, intendente y superintendente.

El objetivo de esta medida, según indica el decreto, es mejorar la regulación actual y asegurar que los futuros agentes cuenten con la formación necesaria en materia de derechos y no discriminación.

Se elimina la prueba de idiomas

La nueva regulación incorpora además otras novedades, como la eliminación definitiva de la prueba de idiomas en los procesos selectivos. En una modificación anterior de 2022, esta prueba ya había pasado a ser voluntaria para los ayuntamientos que convocaran plazas de policía local y no eliminatoria para las personas aspirantes.

Ahora, se ha constatado que las convocatorias efectuadas desde dicha modificación han dejado de incluir la prueba, lo que ha llevado a su supresión formal en el reglamento actual. El objetivo es “simplificar los procedimientos de selección”, eliminando trámites que “no se consideran imprescindibles” para valorar el mérito y la capacidad de los aspirantes.

También se elimina la entrevista personal como parte de la prueba psicotécnica en los procesos de acceso, de manera que este examen sea “lo más objetivo posible”.

Cómo será la prueba psicotécnica

De esta forma, la prueba psicotécnica se compondrá exclusivamente de dos test: uno de inteligencia general y aptitudes, y otro de personalidad y capacidades. No obstante, este examen sigue manteniendo su carácter obligatorio y eliminatorio.

Finalmente, la reforma del Reglamento incorpora cambios específicos en lo relativo a la uniformidad, principalmente centrados en la identificación y el uso de emblemas. Por ejemplo, incorpora la homogeneización de la placa que exhiben los agentes para que sea similar a la de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La única diferencia será el emblema del municipio, que también debe figurar obligatoriamente en el brazo izquierdo del uniforme.

Los cambios en el Reglamento entrarán en vigor a los veinte días desde su publicación hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un plazo para que los ayuntamientos y se adapten a las nuevas normativas antes de que sean de aplicación obligatoria.

El próximo curso político aún no ha comenzado, pero el intercambio de mensajes entre el PSOE y el PP en Castilla-La Mancha va adquiriendo tintes básicamente basados en ocurrencias. Hoy el secretario general de los 'populares', Miguel Tellado, ha acudido a un acto público en Talavera de la Reina y allí ha dicho que el presidente autonómico, Emiliano García-Page es “como el último yogur de coco de la nevera”, porque “nadie le quiere y tiene fecha caducidad”.

Precisamente, ayer el presidente del Grupo Socialista en las Cortes regionales, Ángel Tomás Godoy, se refería a este acto afirmando que ve al presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, “rezando” todo el verano a “San Tellado” para ser el candidato autonómico de su partido.

En sus declaraciones de este martes, Tellado se ha pronunciado al respecto del futuro del presidente 'popular' en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, con la intención de despejar las dudas de aquellos socialistas “preocupados” por su futuro político. “Será el próximo presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”, ha vaticinado. Frente a ello, ha dicho no estar “tan seguro” de cuál será el “futuro político” de García-Page.

Socialistas “preocupados” por el futuro de Paco Núñez

“He oído estos días a distintos responsables del Partido Socialista aquí en Castilla-La Mancha preocupados por el futuro de Paco Núñez. Yo le sugiero a Emiliano García-Page que se preocupe mucho más por su propio futuro que por el de Paco Núñez”, ha dicho desde el atril.

Y es que, en su opinión, y mientras al 'popular' le augura presidir Castilla-La Mancha, ha mostrado sus dudas ante lo que ocurrirá con García-Page: “O se presenta a liderar el PSOE después de Sánchez o se va a hacer negocios con sus amigos Bono y Zapatero”.

Tras insistir en que a García-Page le quedan “once meses en el poder”, en este punto es cuando le ha asemejado al “último yogur de coco que queda en la nevera”. “Nadie le quiere y tiene fecha de caducidad”. Opina que así que el “desastre” de Pedro Sánchez “le va a pasar factura” y por eso “se intenta desmarcar de él”, pero aún así es “cínico e hipócrita”.

La respuesta del PSOE ha sido casi inmediata. La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha acusado a Núñez de ser capaz de “vender el alma de Castilla-La Mancha” con tal de que desde Génova se le permita volver a ser el candidato del PP.

PSOE: Núñez “está vendiendo el alma de Castilla-La Mancha”

De esta forma ha hecho mención a la “tournée” de Núñez junto a Tellando, calificando de “triste” que “quien se erige como candidato y, por tanto, quien dice querer gobernar esta región, para satisfacer a su partido a nivel nacional, esté vendiendo el alma de Castilla-La Mancha”.

“Todos tenemos claro, que hoy no vienen a apoyar al candidato de Castilla- La Mancha, lo que viene es a marcarle el camino”, ha asegurado Abengózar, que ha recordado cuando, siendo Núñez alcalde de Almansa y presidente de la Diputación de Albacete, “aplaudía” los recortes que aplicó el PP a Castilla-La Mancha y la eliminación o la privatización de servicios públicos, incluso “en su propio pueblo”.

Y como viene siendo habitual, también el secretario de Organización del PSOE regional, Sergio Gutiérrez, se ha referido en la red social X a este acto:

La situación no es nueva. Todos los sindicatos de Castilla-La Mancha llevan meses denunciando la situación en las Urgencias del Hospital Universitario de Toledo. Pero con la llegada del verano, la media de entre 500 y 600 personas que acuden a este servicio diariamente, ha provocado un “colapso” que ahora ya no consideran solo profesional sino también “humano” por la “mala calidad” en la atención a los pacientes.

La voz de alarma para decir ‘basta’ la ha dado el sindicato CSIF ante un escenario que consideran “totalmente insostenible” tanto para el personal médico, enfermero, celador y administrativo como para las personas atendidas.

Son “problemas estructurales graves que llevamos arrastrando mucho tiempo, pero que han llegado a un punto insoportable”, explica Miguel Ángel González, médico de Urgencias del Hospital toledano y delegado del área sanitaria de este sindicato.

El motivo principal que apunta es la orden emitida por la Gerencia del centro de que los médicos de planta y de quirófanos se vean “obligados” a realizar su labor en el servicio de Urgencias. Esto ha provocado que 11 facultativos hayan dejado su puesto por “saturación” y “estrés”, lo que ha deteriorado aún más el servicio. Con ello, actualmente hay 35 facultativos en Urgencias, ocho de ellos con reducciones de jornada.

El efecto dominó no se ha hecho esperar. A falta de estos médicos, los puestos los han ocupado profesionales residentes, muy jóvenes y con “contrataciones precarias” a los que también hay que formar, y que no tienen apenas experiencia. Y junto a todo ello, el resto de categorías profesionales se encuentran también “bajo mínimos” en el servicio.

“Esta improvisación es una solución que solamente desplaza el problema, ya que obliga a que los facultativos que están en la planta no realicen su trabajo eficazmente. Porque el trabajo en Urgencias no se puede improvisar de un día para otro, y sacar médicos de sus consultas e intervenciones genera un nuevo problema”, argumenta Miguel Ángel González.

No es de extrañar que el problema se refleje no solo en las Urgencias, sino en todas las plantas. Y esto, afirma, hace que el Hospital de Toledo sufra un “colapso no solo profesional, sino también humano”.

Cuenta que esta misma mañana había 77 pacientes pendientes de ingreso, 13 de ellos con tres días de espera, pero han llegado a tener hasta 86 pacientes esperando. “No son situaciones normales. Esto va en contra del propio Reglamento del SESCAM (el servicio castellanomanchego de salud), que establece un máximo de 48 horas de espera, y además hablamos de pacientes pluripatológicos y geriátricos, que sufren mucho”.

“Por eso todo esto tiene un lado humanitario que ya no se puede sostener y tanto la Gerencia como el SESCAM deben tomar cartas en el asunto”, añade por su parte Victoria Gutiérrez.

Los profesionales están agotados, extenuados, no saben qué hacer para conseguir una solución definitiva, no les escucha nadie y se encuentran abandonados

Al igual que el doctor González, subraya que la “huida” de médicos también ha provocado una “desbandada” del resto de profesionales que trabajan en el servicio. “Están agotados, extenuados, no saben qué hacer para conseguir una solución definitiva, no les escucha nadie y se encuentran abandonados”, remarca.

Recalca que se trata de una “situación límite” derivada también de una “absoluta falta de planificación e inversión”. “Esto repercute no solo en los pacientes sino en la salud de los profesionales. Se han ido todos los que han podido, y los que no, presentan graves deterioros de su salud física y mental. Tenemos cuadros de ansiedad, de estrés y de depresión. Algunos van como zombis”, resalta.

La delegada sindical pone también el acento en otra causa muy relevante de esta situación: una Atención Primaria “muy tensionada” en la que los médicos y médicas de familia están dando cita con una espera de dos semanas. Lo mismo sucede con las consultas especializadas. “Las listas de espera son desorbitadas, por lo que la gente termina por acudir a Urgencias y el problema se vuelve insostenible”.

Otro motivo “incomprensible”. Según apuntan ambos, hay 80 camas en plantas cerradas del Hospital Universitario de Toledo y la Gerencia no ha dado ninguna explicación sobre las causas para que no se abran y descongestionar el colapso y las esperas pendientes de hospitalización en el servicio de Urgencias.

A nadie nos gustaría tener un familiar en esa situación, durmiendo en una silla con una angina de pecho, esperando horas y horas a que le ingresen

“A nadie nos gustaría tener un familiar en esa situación, durmiendo en una silla con una angina de pecho, esperando horas y horas a que le ingresen”. Por todo ello, el sindicato exige la contratación “inmediata” de facultativos para Urgencias y del resto de especialidades, la apertura de las 80 camas actualmente cerradas, un plan de contingencia para el verano y el cese de la obligación de desplazar a especialistas de planta.

Ambos lamentan que esta orden para los meses de julio y agosto se haya adoptado sin tener en cuenta la opinión de los profesionales. Según detallan, hubo algún encuentro antes del verano, pero no avanzaron ninguna medida. “Han adoptado este plan sin informar a la Junta de Personal”, denuncian. De hecho, Miguel Ángel González apunta que la Gerencia nunca ha elaborado planes de contingencia, ni para verano ni para invierno.

Cables por el suelo y monitores compartidos

Dicho esto, el doctor González ha explicado que, además, la situación de un paciente en Urgencias “se deteriora mucho más” y se agrava si requiere hospitalización y no la recibe. Pone como ejemplo que, en los boxes individuales, donde antes había dos salas con 30 plazas, ahora solo hay una con 60 plazas. “Esto implica que haya cables por el suelo, monitores compartidos, gente que tropieza y pacientes apelotonados”.

“No podemos trabajar así, cada turno es un suplicio y nos lo están transmitiendo los familiares de manera continua. Muchos pacientes tienen patologías muy complejas y nos les podemos dar toda la atención que requieren. Es una medicina de guerra, de batalla, todo está descontrolado”, resalta por su parte la delegada sindical.

Finalmente, Miguel Ángel González vaticina que después del verano los problemas “van a seguir ahí” porque “no hay ningún plan diseñado, solo un parche mal puesto que juega con los pacientes”. Por ello ha pedido a los altos cargos del SESCAM que “vengan a Urgencias y vean la situación, porque mientras nosotros nos jugamos nuestra responsabilidad profesional, ellos no hacen nada ni cargarán con las consecuencias”.

El Hospital afirma que la atención asistencial está “garantizada”

Por su parte, la Dirección del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo ha salido al paso de estas acusaciones, afirmando que el SESCAM garantiza la atención sanitaria “adaptando de forma permanente los recursos humanos y organizativos a la demanda asistencial”, con el objetivo de “ofrecer una atención continua, segura y de calidad”.

Según los datos que aporta, en los últimos 15 días, el servicio de Urgencias ha atendido a 8.347 pacientes, de los que se ha indicado el ingreso hospitalario al 13,47 %, incluso algunos días esa tasa ha alcanzado el 16%, dato que refleja la “elevada actividad asistencial” que registra el centro y “su capacidad para dar respuesta a las necesidades de la población”.

El SESCAM no entra en detalles sobre las incidencias apuntadas por CSIF. Se limita a afirmar que el servicio de Urgencias registra una demanda asistencial que presenta variaciones en función de múltiples factores, sobre todo una mayor afluencia de pacientes crónicos de edad avanzada con agravamiento de patologías respiratorias y cardíacas, perfiles clínicos que presentan “una mayor complejidad asistencial”.

“En este contexto, el hospital adapta de manera continua sus recursos humanos y organizativos para ofrecer la mejor respuesta posible, priorizando siempre la atención de los pacientes con mayor gravedad”, añade.

Asimismo, apunta que La Dirección es “plenamente consciente” de que, en determinados momentos de elevada presión asistencial, pueden producirse tiempos de espera “superiores a los deseables”, como consecuencia del incremento de la demanda.

En este punto reconoce que que el Hospital Universitario de Toledo ha adoptado una medida organizativa de carácter temporal para reforzar el Servicio de Urgencias con facultativos especialistas de otras áreas asistenciales durante el periodo de sustitución de profesionales del propio servicio.

Los profesionales, agrega, son facultativos de ocho especialidades médicas, de las 52 existentes en el Complejo, que atienden a pacientes “con patologías propias de su ámbito de competencia profesional, respetando en todo momento las competencias de cada especialidad”. Esta reorganización se ha diseñado “garantizando la capacitación de los profesionales implicados y preservando la seguridad clínica de los pacientes”.

“La incorporación temporal de especialistas de otras áreas constituye una medida excepcional, proporcionada y suficientemente motivada por la necesidad de mantener la asistencia a la ciudadanía mientras persistan las dificultades para la cobertura de sustituciones”.

Concluye afirmando que hay “un seguimiento permanente” de la actividad del servicio de Urgencias y con reuniones diarias de coordinación en las que participan profesionales, responsables de distintas especialidades y miembros del equipo directivo para analizar la evolución de la ocupación hospitalaria, la presión asistencial y las necesidades organizativas, “adoptando las medidas que resulten necesarias en función de la situación de cada jornada”.

Durante todos los jueves de julio y agosto, la organización de Cruz Roja en Alcázar de San Juan va a prestar el servicio de baño asistido en las Lagunas de Villafranca de los Caballeros, en Toledo, dirigido a personas con alguna discapacidad física o personas mayores con movilidad reducida.

La iniciativa no se reduce solo a la ayuda durante el baño, puesto que estas personas también pueden disfrutar de un día entero de ocio, solos o acompañados, gracias a la disposición de un espacio habilitado, donde también se realizan ejercicios para el desarrollo de la movilidad (mancuernas, pelotas y tiras elásticas) y actividades de animación y juegos.

Este servicio es posible gracias al apoyo del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Cruz Roja afirma que cualquier persona que tenga alguna discapacidad o movilidad reducida puede participar en las actividades programadas, previa solicitud en la oficina local que esta organización tiene en Alcázar de San Juan.

Acompañamiento durante el baño

La persona en cuestión es trasladada en un vehículo adaptado, participa en las actividades de animación y juegos y en los ejercicios para el desarrollo de la movilidad y está acompañada durante el baño por el voluntariado, disfrutando así de un día de ocio agradable, fuera de su entorno habitual en compañía de otras personas usuarias y voluntariado, con los que se establecen nuevos vínculos afectivos.

Además, esta experiencia permite que sus familiares dispongan de un periodo determinado de tiempo libre para realizar otras actividades.

El baño asistido es un ejemplo de cómo Cruz Roja utiliza la innovación y la tecnología para “humanizar y mejorar” la atención a las personas y grupos más vulnerables, como las personas con movilidad reducida, para que puedan disfrutar del baño con seguridad.

Este servicio debe solicitarse con cita previa en la oficina de Cruz Roja en Alcázar de San Juan o por teléfono en el 926 54 66 88.

“¿Dónde está el maná de los cómicos, en qué tierra caerá que sea nuestra, si nosotros no somos de ninguna parte? Somos... del camino”. Esta frase del personaje Carlos Galván, un actor errante interpretado por José Sacristán en ‘El viaje a ninguna parte’, es la esencia de esta mítica película de Fernando Fernán Gómez, también guionista y actor en la cinta, rodada en 1986. El cineasta adaptó ese año para el cine su propia novela: la historia de un grupo de cómicos y actores ambulantes, que viajan en caravanas de pueblo en pueblo durante la posguerra franquista, y buscan el éxito y el amor del público.

Paradójicamente, este último objetivo lo consiguió la película. Amada por el público y la crítica, fue la primera en triunfar en los Premios Goya, que se estrenaron en 1987, cuando se hizo con los principales galardones.

El destino quiso que también cambiara para siempre la historia de Arisgotas, una pedanía de medio centenar de habitantes del municipio toledano de Orgaz. Por entonces, su alcaldesa, Juana Martín-Maestro, acudía a la localidad vecina de Mora a trabajar en una fábrica de guantes, y un día, al pasar por la céntrica plaza de Arisgotas para desplazarse, se encontró con Fernando Fernán Gómez, que buscaba escenarios por lugares de la zona para llevar su novela al cine.

Juana era arrolladora, impulsiva, emprendedora. “Solucionadora” o “disponidora”, que dirían en la Mancha. Se acercó al actor y cineasta y le propuso hacerlo allí mismo, en ese pequeño pueblo, y en los aledaños de la iglesia, una de las principales localizaciones que buscaba Fernán Gómez. Aceptó gracias a las bondades que esta mujer le vendió de su pequeño lugar en el mundo. Todo lo demás, nunca mejor dicho, vino rodado.

Lo cuenta su hija, Virginia García Martín-Maestro, hoy también alcaldesa de Arisgotas, que por entonces no había nacido, pero que se crio y creció con los recuerdos de su madre sobre el rodaje de la película. Los mismos que comparten todos los vecinos y vecinas que todavía rememoran aquellos días, pero que ella sacaba a relucir constantemente en las comidas familiares, en sus conversaciones con los parroquianos. “Le cambió la vida”, comenta.

Juana falleció hace tres años. “Es una pena”, apunta su hija, porque no podrá ver la increíble organización que este pueblo ha llevado a cabo para celebrar, durante este fin de semana, el aniversario de los 40 años del rodaje. De hecho, es la primera vez que Arisgotas realiza un evento de estas características, que lleva meses preparando, con la implicación de todos sus habitantes y la ayuda del Ayuntamiento de Orgaz y de su Oficina de Turismo.  

Fernando Fernán Gómez lo dejó claro desde el principio. Le dijo a Juana que, ante todo, necesitaban una persona que trabajara con ellos, que les ayudara a organizar a los vecinos y vecinas que serían los figurantes, y cualquiera de las necesidades que pudieran surgir. Ella se ofreció: “Yo me encargaré”.

El equipo de actores, decoradores, cámaras y atrezzistas (o “utileros”) desembarcó en el pueblo. A Juana le iban indicando cuánta gente necesitaban cada día y lo que tenían que hacer. Ella tomó las riendas de ese cometido.

Una semana que marcó muchas vidas

El equipo estuvo en el pueblo tan solo una semana. Entonces los rodajes eran más cortos, más sencillos. “Rodaron todo casi todo de seguido”, y después se marcharon a otros emplazamientos. La vida errante de sus personajes así lo requería.  

Pero una semana se convirtió en toda una historia en Arisgotas. La anécdota que más recuerda la hija de Juana, por ser la que más relataba su madre, tiene que ver con el aspecto de los ‘extras’. Todos se tenían que cortar el pelo y la mayoría no quería. La ambientación en posguerra de la historia requería que los rostros se vieran, y el director quería que la gente del pueblo tuviera protagonismo. Pero muchos se negaron en rotundo.

Esto provocó uno de los famosos cabreos derivados del fuerte carácter del actor y director. Pero Juana supo aplacarlo. “Le dijo: mira, vete a comer o a tomar algo al bar y cuando vuelvas, veremos qué pasa”.

Dicho y hecho. La mujer se plantó delante de los vecinos y “les pegó una voz”. “Le dijo que quien quisiera participar en la película y cobrar, se tenía que cortar el pelo y que si no, no salían. De repente, la gente empezó a hacer cola. Se empezaron a cortar el pelo y cuando volvió el director, todo se había solucionado y se pusieron a rodar”.

No pudieron rodar dentro de la iglesia porque decían palabrotas. Pero no hubo problema. Se rodó fuera

Virginia García Martín-Maestro — Alcaldesa de Arisgotas

La cuestión dio bastante de sí. El propio abuelo de Virginia tenía “una barba enorme” y se negó a afeitársela. “No había manera de convencerle”. Pero se empeñaba en salir en la película. “El director gritó ‘¡Esas barbas, fuera!’, pero nada. Mi madre, Juana, al final le convenció para que, cuando el plano enfocara donde salía mi abuelo, este se diera la vuelta. Y así se quedó. Aparece todo el rato de espaldas”, comenta entre risas.

También cuenta que pese a que el director estaba especialmente interesado en rodar dentro de la iglesia, nunca llegó a hacerlo, porque “decían palabrotas en la película”. “No hubo problema, se hizo fuera”.

Fernando Fernán Gómez aprovechó el tirón de contar con tantos figurantes, “casi todo el pueblo”. “Pero nunca se aprovechó de ello, les pagaban muy bien, hasta 5.000 pesetas al día por aparecer solo un rato. Eso era un dineral para esa época. Porque apenas tenían que hacer nada. La película dejó mucho dinero en el pueblo. Fue una maravilla”.

La actual alcaldesa dice que su madre se deshacía en elogios con Fernán Gómez. Desmontaba muchos mitos sobre su carácter. “Contaba que era muy brusco, pero a la vez muy cercano. Rotundo y amable al mismo tiempo. La gente llegó a tenerle cariño, y se notaba que había buen clima en todo el equipo cinematográfico”.

“La cercanía siempre estuvo ahí. Por ejemplo, cuando terminaban los rodajes, comían todos juntos. No había sitio para la gente de la película y otro para los vecinos. No había distinciones. Todos se juntaban con todos. Con el director, con José Sacristán, con Gabino Diego, con Laura del Sol… Allí todos eran lo mismo”.

Esa es la esencia de lo que recuerdan los habitantes de Arisgotas. Al igual que Juana, fue un momento “inolvidable” de sus vidas.

Y de ahí el homenaje que preparan para este fin de semana, principalmente los días 3 y 4 de julio. Arisgotas se convertirá de nuevo en un escenario de cine para recordar un acontecimiento que forma parte de la “memoria colectiva” del municipio y que contribuyó a dar a conocer el patrimonio y el encanto de esta pedanía toledana.

La programación comienza este viernes, 3 de julio, con una gran fiesta del cine de verano. A las 22.30 horas se proyecta, en la Plaza de la Iglesia, la propia película, en el mismo entorno donde hace 40 años se vivió el rodaje. La noche continuará con un gran guateque amenizado por el DJ Pedro Carbonell. Será con tocadiscos y canciones de la época.

El homenaje a Juana, “una sorpresa”

El sábado 4 de julio, desde las 20.00 horas, la celebración ofrecerá actividades para todos los públicos, entre ellas un taller infantil, una exposición colaborativa con objetos de la época que han proporcionado vecinas y vecinos del pueblo, una muestra de piezas originales relacionadas con la película y la recreación de un set de rodaje.

La jornada incluirá además el acto institucional de bienvenida, una presentación conmemorativa y un emotivo homenaje a Juana. “Habrá una sorpresa muy emotiva, que no podemos desvelar”, avanza su hija Virginia.

Después, los vecinos y vecinas serán los protagonistas de un coloquio bajo el título “Rodaje de ‘El viaje a ninguna parte’ en Arisgotas”, que reunirá a invitados especiales vinculados a la película y a su historia.

La celebración concluirá con una verbena popular, un concurso de vestimenta y peinados inspirados en los años 40 y 50, así como un nuevo guateque para poner el broche final a este aniversario.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Orgaz pretende poner en valor el legado cinematográfico de Arisgotas, recordar el impacto que supuso el rodaje de una de las grandes obras maestras del cine español y acercar esta historia a nuevas generaciones, convirtiendo el municipio en un punto de encuentro para amantes del cine, vecinos y visitantes.

“Es una forma también de hacer memoria histórica. Todos recuerdan que fueron unos días maravillosos y que vieron la magia del cine, y además con humor, con risas, con buen ambiente”, subraya la actual alcaldesa, que lamenta que apenas se hayan conservado fotografías del rodaje en Arisgotas, ni exista un archivo de imágenes de aquellos días.

De ahí que la celebración de los 40 años del rodaje quiera compensarlo. Para que no caiga en el olvido. Para recordar que hubo un tiempo en que los rodajes se hacían “pegados” a la gente y se contaban historias de personas sin un rumbo fijo. Y para que, como pedía el personaje de Carlos Galván, esta vez, no haya solo caminos, sino también algún sitio al que llegar.   

Castilla-La Mancha es de las comunidades autónomas que suele registrar las temperaturas más elevadas del país en olas de calor durante el verano. Los refugios climáticos con una opción para aquellas personas que necesitan de espacios donde protegerse, bien durante su tiempo de trabajo al aire libre, bien para poder salir a la calle y no sufrir los estragos del calor.

Greenpeace acaba de advertir que, pese al aumento de las muertes por calor, solo una de cada tres capitales españolas tiene refugios climáticos. Y en el interior del país, señala a Castilla-La Mancha destacan por la “ausencia total” de estos espacios en las principales ciudades. De hecho, ya el año pasado también lo apuntó así.

La organización no solo alerta del estancamiento en cuanto al número de espacios públicos para protegerse de las altas temperaturas, sino de las “graves carencias que impiden que muchos refugios actuales sean efectivos”.

“El verano que conocíamos ya no existe. El calor es un problema de salud pública que cada año mata en España a miles de personas y no estamos respondiendo a la velocidad que el cambio climático nos impone, ni para frenarlo ni para adaptarnos a sus impactos”, ha advertido Elvira Jiménez, responsable de adaptación al cambio climático de Greenpeace.

La entidad considera que los refugios climáticos son una “medida efectiva a corto plazo para proteger a las personas del calor extremo” y, sin embargo, el balance con respecto a 2025 es “desolador”. “Casi el 70% de las capitales de provincia volverán a dejar a las personas más vulnerables sin protección ante un verano al rojo vivo”.

De hecho, a las puertas de un nuevo episodio de calor extremo, el avance en cuanto a su implantación se encuentra “casi congelado” respecto a 2025“, según la asociación ecologista, y frente a las 16 capitales con refugios detectados el año pasado, actualmente son 19 las que cuentan con estos servicios.

Efectivamente, según los indicadores que analiza Greenpeace, no hay refugios climáticos catalogados como tales por parte de las administraciones públicas, pero sí que hay opciones.

Un ejemplo reciente es la medida adoptada por el sindicato de Comisiones Obreras (CCOO) en Castilla-La Mancha, que ha habilitado todas sus sedes de la región como “refugios climáticos para trabajadores” que desarrollan su labor profesional en la vía pública y no tienen un espacio donde protegerse del calor en los tiempos de descanso.

Una exigencia para las empresas

Esta iniciativa va dirigida especialmente a profesionales de la jardinería, mantenimiento de carreteras, limpieza viaria, recogida de residuos, servicios forestales, de reparto y también del sector agrícola. Así lo anunció Raquel Payo, secretaria de Diálogo Social y Salud Laboral del sindicato, quien además exigió a las empresas que implanten medidas contra las temperaturas extremas, ya que “el calor mata y enferma”.

A nivel local, en la ciudad de Toledo, por ejemplo, no existe una red oficial, pero existen algunas alternativas. El Museo Sefardí suele habilitar sus espacios refugio climático en verano. Y también hay entornos naturales con mucha sombra y junto al río Tajo que ayudan a disminuir la temperatura, al igual que otros espacios con aire acondicionado como las bibliotecas públicas.

En Guadalajara, tampoco hay una red oficial, pero sí estructuras urbanas para proteger del calor extremo. Son las denominadas “corolas bioclimáticas”, sombrillas inteligentes que generan sombra y reducen la radiación solar. Están situadas en puntos de mucho tránsito como el zoo, la calle Alfonso López de Haro, la Plaza del Jardinillo y la Plaza Mártires Carmelitas.

En Cuenca, hay iniciativas puntuales como el Centro Cultural Pedro Mercedes, que ofrece zonas sostenibles con sombra y vegetación, pero, efectivamente tampoco hay una implantación de refugios, más allá de las zonas verdes y espacios públicos con aire acondicionado.

Es el mismo caso de Ciudad Real. No hay una red oficial, pero el Ayuntamiento activa cada verano un centro de acogida temporal destinado específicamente a personas sin techo durante los episodios de altas temperaturas o planes de protección. De igual forma, hay espacios con abundante sombra y árboles, como el Parque de Gasset, para mitigar las altas temperaturas.

¿Son eficaces estas opciones? Greenpeace recuerda que “no basta simplemente con etiquetar un espacio como refugio climático”. Deben ser efectivos en cuanto a su disponibilidad y accesibilidad para que los puedan utilizar las personas más vulnerables que no encuentran alivio en sus hogares“.

Campo de Criptana se encuentra en pleno corazón de la Mancha. Destaca por sus famosos molinos de viento, alzados sobre una colina que puede vislumbrarse desde varios kilómetros de distancia. También por sus casas encaladas en blanco con franjas azules en los bajos, los colores típicos manchegos de la comarca.

Pero, además de su atractivo turístico por su patrimonio y su gastronomía,  este municipio de casi 13.000 habitantes es también una localidad en expansión. En los últimos 20 años ha experimentado un desarrollo urbanístico enfocado en la creación de vivienda, en el turismo sostenible y en la industria, con dos polígonos empresariales.

Ese es el contexto en que los hermanos Ramón y Agustín Olivares Garrigos comenzaron con su actividad empresarial hace más de tres décadas. Y ahora se han convertido en los dos empresarios más morosos de España, según la decimotercera lista de Hacienda, que incluye un total de 5.853 deudores de más de 600.000 euros a cierre de 2025.

En el pueblo son “muy conocidos”, comentan desde una de las inmobiliarias de la localidad, que pide no mencionar su nombre. “Desde que abrieron sus empresas, las de construcción, hemos sabido de ellos, de sus actividades, pero no sabíamos que tenían una deuda tan enorme. No es algo que se vaya pregonando”, destacan.

Lo confirma otro de estos establecimientos de Campo de Criptana. “Son dos hermanos que han hecho dinero con la construcción. Compraban y vendían, pero se dedicaron mucho tiempo a cosas también en otros pueblos de la zona, en otras partes de España y fuera de España”.

El rastro de los hermanos así lo refleja. La deuda que acumulan con la Agencia Tributaria sube a un total de 36,83 millones de euros. Ramón ya aparecía en esta lista en 2022 y 2025, mientras que Agustín solo aparecía en el año 2022. En todos los casos, por el mismo importe adeudado.

Estos hermanos llegaron a tener hasta 13 empresas que estaban vinculadas con la construcción, el mercado inmobiliario, la caza y las fincas rústicas. No obstante, la mayoría de ellas ya no están activas.

Grupo Oligarry, la empresa que se estrelló

Su empresa estrella fue Grupo Oligarry Construcción, fundada en 1992, compañía con la que construyeron numerosas viviendas y rehabilitaron edificios ilustres como el Palacio Infante Don Juan Manuel en Belmonte (Cuenca). Con la crisis inmobiliaria de 2008, la empresa comenzó a perder músculo económico y diez años después, en 2018, entró en concurso de acreedores.

Pero, ¿cuál es exactamente el rastro de estos empresarios? Un dato curioso es que Ramón Olivares aparece como administrador único del mencionado Grupo Oligarry desde el 21 de julio de 2009 hasta el cuatro de enero de 2018, incluso después del concurso de acreedores. Esta empresa figura en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) como constructora de edificios residenciales.

Según el Boletín Oficial del Registo Mercantil (BORM), la Agencia Estatal de la Administración Tributaria registró su baja en el índice de entidades porque los débitos tributarios de la entidad con la Hacienda pública se declararon “fallidos” o no se presentó la declaración del impuesto de sociedades correspondiente a tres períodos impositivos consecutivos.

El rastro de Ramón se extiende por otras empresas. Destaca por ejemplo Oleiquip S.A., donde figura como administrador solidario hasta julio de 2009, momento en el que pasa a ser administrador único. En este último cargo no hay fecha de finalización. La empresa se dedica a la instalación de carpintería.

Con domicilio en Campo de Criptana, su facturación anual, según el BORM, está entre un millón y millón y medio de euros anuales. Se extinguió en diciembre de 2017.

Ramificaciones hasta Panamá

Sí aparece su marcha del cargo como administrador único en Vivienda y Bienestar S.A., en enero de 2009. Esta empresa se dedicaba a programar, arrendar, subarrendar, comprar o vender, fincas rústicas o urbanas dentro y fuera de España. Tuvo negocios en Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, pero también fuera de Castilla-La Mancha (Gijón o Getafe) o incluso en Panamá.

Un mes después de que Ramón Olivares dejara su puesto en esta última entidad, en febrero, abandonaba también ese mismo cargo en otra compañía denominada Olimodel S.L., dedicada igualmente a programar, arrendar, subarrendar, comprar y vender fiscas rústicas y urbanas, dentro y fuera de España.

Finalmente, también ese mismo año, en octubre, deja su cargo como apoderado en Grupo Casoli S.L., con sede en Madrid, entidad dedicada en este caso a la compraventa, distribución y comercialización de uvas, vinos, mostos y todos sus derivados.

Ramón es también propietario de la finca La Hildalga, en Campo de Criptana, una extensa propiedad rústica, situada cerca de la Reserva Natural de la Laguna de Salicor. Con extensiones que pueden superar las 100 hectáreas, la finca combina usos agrícolas (olivares y almendros) y un gran potencial como coto de caza o entorno de turismo rural.

En este vídeo sobre caza de conejos, el empresario habla de la finca a partir del minuto cinco:

El rastro de su hermano Agustín Olivares es similar, pero algo más amplio. En el mencionado Grupo Casoli aparece como administrador único, hasta septiembre de 2009, en que finaliza su actividad, un mes antes de que su hermano dejara su puesto como apoderado en la misma empresa, después extinta.

En el Grupo Oligarry, un “emporio todopoderoso a nivel local”, según fuentes de las inmobiliarias consultadas, Agustín fue apoderado hasta enero de 2018, el mismo día en que consta la baja de su hermano como administrador único en esa misma empresa, con motivo del concurso de acreedores.

Además, figura en dos empresas donde su hermano no aparece, al menos en los registros oficiales. La primera de ellas es Proligarry S.A., heredera de la extinta Oligarry, dedicada a la promoción inmobiliaria, y actualmente en fase de liquidación.

Según el portal Empresia, su nombre figura como administrador único desde junio de 2007, pero no hay ninguna fecha de baja, al igual que sucede en el caso de Ramón con Oleiquip, la empresa de carpintería. De hecho, en esta última empresa, Agustín fue también apoderado desde julio de 2009 (igualmente sin fecha de cese) y anteriormente aparece como administrador solidario.

Su actividad más reciente es como administrador desde diciembre de 2010 hasta diciembre de 2020 en Gamo Garrigos S.A. Ese es el último apunte oficial registrado. Esta empresa figura en el CNAE dentro del sector de la promoción inmobiliaria, dedicada a la administración de mancomunidades.

Sus últimas cuentas depositadas fueron en 2018, con un capital social de 76.000 euros, y figura como extinguida en octubre de 2020, poco después de que Agustín registrara su cese.

Este periódico ha intentado ponerse en contacto telefónico con Proligarry, en el polígono industrial de Pozo Hondo de Campo de Criptana. Es la empresa donde figura el nombre de los hermanos Olivares Garrigos que no aparece como extinguida en el Registro Mercantil, aunque está en fase de liquidación. Ninguno de los dos teléfonos asociados a la empresa está activo. En la finca La Hidalga tampoco han querido comentar nada al respecto.

Las inmobiliarias consultadas han sido muy reticentes a la hora de valorar el trabajo de estos dos hermanos y además han coincidido en lamentar que el municipio sea conocido en los medios de comunicación por esta “mancha”. “Aquí somos mucho más que dos morosos”, indicaba a este periódico, muy enfadada, una trabajadora.

Tampoco el Ayuntamiento de Campo de Criptana, gobernado por el PSOE, ha querido hacer ninguna valoración al respecto.

Castilla-La Mancha va a ser una de las comunidades autónomas más beneficiadas por el contrato de servicios que Casa 47, la empresa estatal de vivienda y suelo, ha adjudicado para la gestión integral del arrendamiento del parque estatal de vivienda. Concretamente, en esta región gestionará 1.383 viviendas de alquiler asequible con un horizonte de dos años.

Fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana han informado a este periódico que todavía se desconocen cuáles son los inmuebles de titularidad estatal que formarán parte de este lote, pero sí han precisado su reparto provincial.

La provincia de Toledo será la más beneficiada, con un total de 844 viviendas; seguida de Guadalajara, con 324; Ciudad Real, con 134; Cuenca, con 29; y Albacete, con 22.     

Se da la circunstancia de que el alquiler asequible es una de las principales demandas en esta comunidad autónoma, especialmente en zonas limítrofes con la Comunidad de Madrid, como la comarca de la Sagra, en Toledo, y el Corredor del Henares, en Guadalajara.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto el acento en varias ocasiones en la necesidad de impulsar el arrendamiento a precios bajos, y es una de las medidas contempladas en su Plan de Acción por la Vivienda. De hecho, ha lanzado ya una nueva convocatoria de ayudas al alquiler con un presupuesto total de cinco millones de euros, destinadas a ayudar a las personas y familias a pagar su vivienda habitual.

Un parque público estatal de alquiler asequible

Las medidas autonómicas vienen ahora impulsadas por Casa 47. Esta nueva entidad estatal de vivienda y suelo (anteriormente conocida como SEPES) se aprobó el pasado mes de diciembre para gestionar el parque público de alquiler asequible. Su nombre hace referencia al artículo 47 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna.

Los precios de los alquileres se fijan en función de lo que la ciudadanía puede pagar, estableciendo un límite máximo: nunca superarán el 30% de la renta media del hogar de la zona. Según el Ministerio, los contratos ofrecen “gran estabilidad”, pudiendo durar hasta 75 años, articulados en una primera fase de 14 años y prórrogas automáticas posteriores.

Básicamente, está orientada a la clase media y trabajadora, específicamente a personas cuyos ingresos anuales se sitúan entre 2 y 7,5 veces el IPREM (aproximadamente entre 16.800 y 63.000 euros anuales).

La entidad asume el control de todo el ciclo residencial: desde la disposición y urbanización del suelo hasta la edificación, entrega de llaves y gestión de los arrendamientos. Las viviendas construidas o adquiridas se mantendrán siempre dentro del parque estatal público, evitando así la especulación.

“El proyecto viene a dar respuesta a la prioridad para el Gobierno de conformar un parque público de vivienda que combata a lo público para garantizar el derecho”, dijo entonces la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

El contrato hecho público ahora por la entidad estatal se ha adjudicado por un importe de 56 millones de euros. Está dividido en cuatro lotes, adjudicados a dos uniones temporales de empresas (UTE) distintas, en un modelo que “prioriza los criterios técnicos en la gestión residencial y el compromiso social sobre los criterios estrictamente económicos”.

¿Qué empresas conforman la UTE del nuevo contrato?

La UTE formada por Emerald Impact, Guinot Prunera, Ingeus y Fantastic 4 Real State ha logrado los lotes 1, de Asturias y Galicia, por 7,7 millones de euros; y 4, que conforman Catalunya, Navarra y Euskadi, con un montante total de 9,98 millones de euros, lo que sitúa el importe total en los 17,68 millones de euros.

La otra unión temporal, gestionada por Serveo Servicios y Factoría Gestión y Consultoría, se ha adjudicado el lote de la Comunitat Valenciana y Murcia, por 16,32 millones de euros, y el de Andalucía, Illes Balears, Canarias, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid, por 22,12 millones, lo que eleva el total de ambas a 38,44 millones.

La cartera de Casa 47 se nutre de la construcción propia y de la incorporación de viviendas y suelos del Estado procedentes de otros ministerios, como Hacienda, Defensa o Interior; o del 'banco malo' o Sareb, que traspasará 40.000 viviendas y 2.400 suelos con capacidad para albergar otras 55.000 casas.

Es uno de los regalos de la naturaleza más impresionantes de Castilla-La Mancha y de toda España. En el término municipal de la localidad albaceteña de Riópar, se encuentra el denominado Hueco de los Chorros, un anfiteatro rocoso y escarpado donde nace el río Mundo.

Ubicado en el Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima, en la Sierra del Segura, es famoso por su enorme cascada de más de 80 metros de altura, que surge directamente de una cueva, y que cuando se desborda por las lluvias y el deshielo, provoca el “reventón”, un espectáculo único de agua en estado puro.

Desde el pasado 1 de junio, este espacio permanece cerrado de forma temporal debido al estado de la vía principal, ya que es “altamente peligroso e inestable”, según la delegada provincial de Desarrollo Sostenible, Llanos Valero.

El Instituto Geológico y Minero Nacional ha elaborado un informe en el que se reflejan estos hechos y actualmente el foco está puesto en acometer las obras de arreglo de la vía.

No obstante, la Administración autonómica ha decidido dar luz verde a una reapertura parcial en la zona específica del Hueco. Será para espeleología “controlada” en la Cueva de los Chorros. Se trata de una gran cavidad kárstica, de unos 15 metros de ancho y 25 de alto. La cueva cuenta con casi 50 kilómetros de galerías exploradas, una de las más largas de la mitad sur peninsular.

La resolución de la Consejería de Desarrollo Sostenible precisa que la actividad de espeleología en la Cueva está regulada actualmente bajo un régimen de reapertura parcial y controlada, mediante una orden de 2010 para controlar las actividades deportivas de aventura dentro del Parque Natural, modificada en 2017.

Requisitos para exploradores

La reapertura para exploradores requiere, conforme a esta norma, de una autorización administrativa expresa antes de realizar la actividad espeleológica. De hecho, estos permisos pueden incluir condiciones específicas de seguridad, acceso y permanencia que pueden variar según el estado de las obras de conservación en el entorno.

También establece un límite estricto de tres grupos diarios, con un máximo de ocho componentes por grupo. Los espeleólogos deben respetar toda la señalización, balizamientos y cierres existentes, deben seguir las instrucciones de los agentes medioambientales, personal del Parque Natural y servicios de emergencia. Y además, está prohibido salirse de los itinerarios o zonas autorizadas.

El incumplimiento de estas normas puede acarrear responsabilidades “administrativas, civiles o penales”, indican desde la Delegación provincial de Desarrollo Sostenible.

Para evitar estas sanciones, los participantes autorizados en actividades de espeleología tienen la obligación de respetar en todo momento la señalización, los cierres y balizamientos, además de atender las instrucciones de los agentes medioambientales y el personal del Parque.

Permiso para los servicios de emergencia y contra incendios

Pero además de los espeleólogos, también el personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible, agentes medioambientales, Fuerzas de Seguridad, servicios de emergencia (como el Plan Infocam contra incendios) y personal autorizado para labores de mantenimiento y vigilancia mantienen la posibilidad de acceso general a las zonas restringidas.

La Consejería incide en que, para el público general, el acceso para senderismo o usos recreativos sigue estando “completamente prohibido” hasta que finalicen las labores de conservación y se garantice la seguridad del entorno. Por eso la regulación actual busca garantizar el equilibrio entre el “uso público especializado” y la seguridad de las personas, mientras se terminan de asegurar las zonas con riesgo de desprendimientos rocosos en el Hueco de los Chorros.

El cierre inicial del entorno vino motivado por la necesidad de ejecutar diversas actuaciones de conservación, mantenimiento y mejora de las infraestructuras de uso público. Concretamente, las labores se centran ahora en la estabilización de elementos rocosos. Se detectaron riesgos para la seguridad de las personas debido a la inestabilidad de bloques rocosos de gran tamaño.

También se acometen trabajos de protección del camino de emergencias, por la posible afectación de desprendimientos, Esta infraestructura es esencial, ya que garantiza la operatividad para la evacuación y el acceso de vehículos de emergencia. El cierre también permite abordar problemas que afectan directamente a las infraestructuras destinadas a la seguridad y salida rápida del recinto en caso de incidente.

Actualmente, aunque se ha permitido la reapertura parcial para la espeleología tras finalizar las actuaciones de mayor riesgo inmediato, el cierre general persiste para asegurar que se completen todas estas labores de conservación y se verifiquen las condiciones óptimas de seguridad.

Curiosamente, el cierre ha coincidido con la temporada baja de visitas a este paraje. Así lo indica Daniel García Alarcón, el alcalde de Riópar, en cuyo término municipal se ubica el acceso. “Algo se ha notado desde que se cerró a principios de junio, pero muy poco, porque aquí la mayor afluencia de gente viene sobre todo desde febrero hasta Semana Santa, cuando se produce el reventón”, explica.

Comenta que por esta época, desciende el volumen de turistas y senderistas, ya que muchos de los viajes coinciden con las vacaciones de verano y hay más gente que acude a la playa.

“Hay incluso bares del pueblo que cierran en estos meses de junio y julio, porque viene menos gente, pero aun así, sí que hemos notado algo. Muy poco, pero algo. De cualquier forma, las obras hay que hacerlas y avanzan muy rápidamente, por lo que puede ser que a finales de julio estén terminadas”, precisa.

Aunque los espeleólogos son habituales en este paraje, los Chorros no solo destacan desde el punto de vista geológico. Es el enclave con mayor valor biológico de unos de los espacios protegidos más biodiversos de España y, por tanto, de Europa. Se concentra el mayor número de especies de flora protegidas del Parque Natural, y uno de los restos mejor conservados de bosque de tipo atlántico del sur de la península ibérica, que ha perdurado aquí desde las últimas glaciaciones.

Lo que lleva años siendo una promesa sigue siendo precisamente eso, una promesa, sin que termine de ver la luz, pero avanzando a pequeños pasos, pese a su controvertido proceso. ‘Alovera Beach’, el futuro Parque de Ocio proyectado en esta localidad de Guadalajara, en pleno secarral del Corredor del Henares y a unos 50 kilómetros de Madrid, necesita ahora un préstamo hipotecario de 15 millones de euros para salir adelante.

Es el siguiente y también polémico paso de este proyecto, llevado a cabo por la Unión Temporal de Empresas (UTE) Ablanquejo-Rayet Medio Ambiente, que ahora ha solicitado el visto bueno del Ayuntamiento para hacerse realidad. La solicitud la ha aprobado hoy el pleno municipal con 13 votos a favor, los de Alternativa Alovera -el partido que gobierna apoyado por el PP- y los de Vox, con tres abstenciones del PSOE.

El concejal de Unidas por Alovera, Alberto Pérez, única oposición al proyecto, no ha estado presente en el pleno por motivos personales, pero considera que con ello el equipo da un “aval” relevante al proyecto.

La petición de la promotora se realiza para acometer la construcción del proyecto. No afecta a la titularidad del suelo sobre el que va a construirse la macroplaya, que seguirá siendo municipal, sino a la concesión obtenida por la promotora para construir y explotar la playa artificial durante un plazo de 40 años. Cuenta con el informe favorable del secretario municipal.

La hipoteca deberá dedicarse exclusivamente a la financiación de la fase uno de construcción y explotación del Parque de Ocio. Según fuentes municipales, una vez constituida, debe firmarse el contrato y la UTE dispondrá de seis meses para presentar el proyecto definitivo ante el Ayuntamiento, con nuevo pleno que lo apruebe.

Después, los promotores dispondrán de un mes para iniciar los trabajos y de dos años para terminar completamente las obras. Con este calendario, no cuadran las fechas para que se cumpla la promesa de la alcaldesa, Purificación Tortuero, de que la macroplaya se inaugure en la primavera de 2027, precisamente coincidiendo con las próximas elecciones municipales.

Se trata de un cebo para vender viviendas a precios de primera línea de playa

Alberto Pérez — Concejal de Unidas por Alovera

Al igual que en anteriores ocasiones, el único grupo municipal en pronunciarse al respecto ha sido Unidas por Alovera, que ha criticado duramente el proyecto desde sus inicios. Considera que la petición de la hipoteca es “una prueba más” de que este parque de ocio tiene como única finalidad la “especulación urbanística”, puesto que los terrenos que la rodean pertenecen al mismo grupo empresarial que la UTE. “Se trata de un cebo para vender viviendas a precios de primera línea de playa”.

Se pregunta además qué pasaría en caso de que no se cumplan los pagos del préstamo, puesto que la concesión iría a parar a otra entidad fuera del control municipal.

El concejal Alberto Pérez sigue criticando el apoyo que ‘Alovera Beach’ recibe por parte del Ayuntamiento, que “se ha prestado gustoso” a la utilización de suelo municipal para “hacer negocios privados durante 40 años”, en vez de destinarlo a desarrollos y usos gratuitos para los vecinos.

El proyecto pretende construir una laguna de 20.000 metros cuadrados dedicados al baño y la navegación, que sería, según los promotores, la playa artificial más grande de Europa. Sin embargo, precisará de 43 millones de agua potable para su llenado en una provincia, Guadalajara, en la que las lluvias se han reducido un 20% en los últimos 25 años.

Asimismo, planteará “graves problemas de movilidad” en el municipio y los desplazamientos en coche desde la Comunidad de Madrid crearán “una gran huella de carbono”.

Esta polémica construcción resucitó hace casi dos años, en agosto de 2024, cuando el pleno dio luz verde a un nuevo proceso de adjudicación después de que los anteriores técnicos municipales echaran abajo la primera licitación. Quedó desierta tras su informe desfavorable, pero posteriormente, con nuevo equipo técnico municipal, consiguió salir adelante.

La parcela total ocupará unos 105.000 metros cuadrados: además del espacio dedicado a la laguna artificial las previsiones cuentan con que otros 16.000 metros cuadrados se dediquen de playa de arena blanca artificial, la mayor de Europa de estas características. El complejo incluirá asimismo atracciones acuáticas, restaurantes, un mercado gastronómico, salas de cine y un aparcamiento con 1.000 plazas.

En el pleno que aprobó la licitación definitiva, celebrado a finales de septiembre de 2025, el acuerdo se adoptó por unanimidad, pero con la ausencia del concejal de Unidas por Alovera, en ese momento de baja por enfermedad. Es el único edil que rechaza de plano el proyecto, de la mano de la oposición frontal de Ecologistas en Acción. El acuerdo sí recibió el visto bueno de los tres concejales del PSOE, que se habían abstenido en anteriores votaciones.

El Gobierno de Castilla-La Mancha dio el visto bueno

El impulso al proyecto también ha venido de la mano del Gobierno de Castilla-La Mancha. Cuenta con un informe de impacto ambiental favorable, pero que fue emitido por la Dirección General de Economía Circular hace cinco años. En dicho informe se concluyó que el proyecto no debía someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria, “al no apreciarse efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas correctoras y de seguimiento establecidas”.

Esa Declaración de Impacto Ambiental Simplificada establecía una vigencia de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), con posibilidad de prórroga de dos años adicionales.

La empresa promotora solicitó formalmente esa prórroga el 23 de octubre de 2024, argumentando que el proyecto aún no había podido ejecutarse porque el Ayuntamiento de Alovera declaró desierto el procedimiento de licitación y estaba pendiente de iniciar un nuevo expediente de licitación.

Los promotores siempre han defendido que 'Alovera Beach' es un proyecto “sólido y viable” y que además “responde a una demanda real de los ciudadanos, al ampliar las opciones de ocio de la zona y favorecer el desarrollo económico del propio Corredor del Henares”. Aseguran que el proyecto tiene “un respaldo institucional y ciudadano rotundo”

“Es un modelo probado en más de 60 países, incluso en zonas con condiciones meteorológicas extremas, como Egipto y Emiratos Árabes, en las que se mantiene un mínimo consumo de agua. Se trata de una tecnología eficiente, sostenible y con un funcionamiento contrastado”, afirman.