El proceso más duro llega ahora. Decenas de familiares esperan la identificación de las víctimas mortales de la tragedia ferroviaria de Urda, en Toledo. Lo hacen entre el Instituto de Medicina Legal de Toledo, donde 12 forenses trabajan con este objetivo, y la Casa Sacerdotal de la ciudad, que se ha habilitado para acogerlos y atender sus necesidades.

Hay desesperanza, ansiedad y mucha impotencia. Sensaciones imposibles de describir que van más allá de las cifras. Porque detrás de los datos de muertos hay familiares y amigos que los buscan, que quieren saber con urgencia y que no se explican nada de lo que está pasando. Juan Carlos Mayoral, un párroco ha informado que todos están recibiendo ayuda psicológica: “Están a la espera de algo que les dé un halo de esperanza”.

Lo más terrible es que es 29 de octubre, fecha en la que se cumplen dos años de la dana que dejó 229 personas muertas en la Comunitat Valenciana y siete en Castilla-La Mancha. Esta última comunidad autónoma vuelve a vivir el horror de una catástrofe como ya lo hizo en las localidades de Letur (Albacete), Mira (Cuenca) y Villel de Mesa (Guadalajara).

Ahora es Toledo el epicentro de la tragedia. De entre los 59 familiares de posibles víctimas del accidente de Urda, situación, hablamos con Mari Carmen Bejarano, quien espera noticias en Toledo de César Vicente Sanz, su exmarido, de 63 años. Viajaba en uno de los trenes que ayer chocaron en Urda. La acompaña su hijo César. Ambos han pasado la noche en la Casa Sacerdotal de Toledo, convertido en el epicentro de espera.

“Nos han dicho que a lo mejor luego nos dicen algo. A ver si es verdad”, comenta Mari Carmen a los medios apostados a las puertas de la Casa Sacerdotal. Las familias allí acogidas están devastadas. Pesa la incertidumbre. “Poco más podemos decirles, es que no nos dicen nada”, responde Mari Carmen a los periodistas.

Están siendo atendidos por psicólogos, por los servicios sociales e incluso por la Guardia Civil, relata con templanza. “Estamos muy bien atendidos y la Guardia Civil nos trató anoche muy bien”. César, el hijo de Mari Carmen, atiende a la prensa, pero se termina derrumbando. “No nos dicen nada, no se puede vivir así”, comenta llorando.

Entre familiares también se ayudan. “A mi hijo le contactó ayer por redes sociales la hermana de la persona que iba al lado de mi marido en el tren y que fue atendida en un centro de atención primaria”. Tiene la esperanza de que a su familiar le pasara lo mismo y pueda estar en algún hospital sin poder identificarse. “Todos los familiares que estamos aquí pedimos que nos digan qué características tienen las personas de los hospitales para saber si son los nuestros”.

Han estado esperando la visita de las autoridades tras la reunión del CECOPI para poder tener más información. “Renfe no nos puede decir muchas cosas, pedimos que nos informe alguien con autoridad porque la gente está muy nerviosa”.

La situación de Esther y Manuel es muy parecida. Son dos hermanos de Sevilla que buscan, tras hacerse las pruebas de ADN, a su hermano, José (Pepe) San Emeterio. Iba en el vagón ocho del AVE que embistió al Iryo en Urda. Viajaba con su perrro, que sí pudo ser localizado y entregado a su cuñada. Tiene 54 años y es empresario. Tiene un reloj de montaña con localización y a las 9.00 horas del jueves 28 de octubre su hermano Manuel recibió un mensaje de esa aplicación: había tenido un accidente.

“Recibí la notificación, encendí la televisión y vi que podía estar ahí, en medio de la nada. Llamé a mi hermano y vimos que pintaba muy mal”, explica, a lo que su hermana Esther, muy emocionada añade: “Tiene una niña de 16 años y mis padres son muy mayores. Solo queremos que esté vivo, aunque esté inconsciente, intubado, que está en un hospital, por lo menos eso”.

Ambos explican que van pasando las horas y no saben nada. “Cuando ocurre algo así, debe haber un protocolo entendible por cualquiera, sin tecnicismos, y eso lo echamos en falta. La noche la hemos pasado con esperanza, pensamos que él está peleando por salir para adelante en algún sitio. A él le gusta mucho la tecnología, y me lo imagino lleno de cables y tubos como a él le gusta”, dice su hermano Manuel.

Otro desaparecido es David Martínez Méndez, un joven madrileño de 25 años con vínculos en Sevilla que iba en el vagón siete del AVE siniestrado. Su búsqueda la ha activado la compañera de trabajo de su padre, quien ha pedido a su tío, Agustín Díaz Moreno, que acudiera a Toledo para intentar localizarle. En el Instituto de Medicina Legal de Toledo explica que tan solo sabe que lo desalojaron en helicóptero hasta esta ciudad, pero “no han vuelto a saber nada más”.

Precisamente, la familia de David ha hecho público un comunicado para poder localizarlo: “Cualquier dato por pequeño que parezca puede ser de gran ayuda”, afirman. Cuentan los familiares que durante las últimas horas han recorrido diferentes centros hospitalarios en busca de información. Entre ellos, el Hospital Universitario de Toledo y el Hospital 12 de octubre de Madrid aunque “hasta ahora no hemos podido confirmar su paradero”.

“Mantenemos la esperanza de localizarlo entre los pacientes que todavía permanecen sin identificar. Necesitamos que cualquier persona que pueda haber coincidido con David o que tenga alguna información sobre su situación, se ponga en contacto con nosotros. Solo queremos saber dónde está y cómo se encuentra”.

La tragedia ha tocado igualmente a los medios de comunicación. Entre los desaparecidos se encuentra Raúl Triguero, reportero del programa '¡De viernes!' de Telecinco, que viajaba a Sevilla. De hecho, el presentador el programa, Santiago Acosta, ha acudido al Hospital Universitario de Toledo para intentar localizarlo.

La confusión todavía es muy latente entre familiares y amigos de desaparecidos. Otro de ellos es Agustín Randazzo, de nacionalidad argentina, que viajaba en el coche número ocho del AVE. Se trata de un hombre de 51 años con barba entrecana y muchos tatuajes visibles que suele usar gorra. Sus familiares, que desde el momento del accidente no han podido ponerse en contacto con él, piden que cualquiera que tenga información les contacte en el +54 9 11 4192-7700.

Y es que un total de 42 ciudadanos extranjeros viajaban en los trenes que chocaron, según el balance provisional del Ministerio de Exteriores. Se trata de personas de siete nacionalidades distintas de los cuales habría un fallecido, siete heridos, diez habrían resultado ilesos y hay otros 24 cuya situación se desconoce por el momento. “Hemos pedido información”, señalan desde Exteriores, cuyo departamento asegura estar “en contacto permanente con las embajadas de los ciudadanos extranjeros afectados que constan en estos momentos”.

Mientras siguen las identificaciones de las víctimas mortales, ya hay fallecidos confirmados. En el accidente ferroviario de Urda ha muerto la atleta española Julieta Gallego, de 24 años y saltadora de longitud del club madrileño AD Sprint, según ha informado la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) en sus redes sociales, en las que ha trasladado también su pésame y todo su apoyo a su familia, seres queridos y compañeros de club.

La joven atleta había cumplido 24 años el pasado 9 de octubre y residía en Alemania. “Hoy es un día muy triste para toda la familia del AD Sprint. Nos despedimos de nuestra atleta Julieta Gallego, integrante de nuestro grupo de saltos, que nos ha dejado tras el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo)”.

“Todo el club estamos con el corazón encogido y queremos trasladar nuestro más sentido pésame a su familia, amigos, compañeros y a todas las personas que la querían. Descansa en paz, Julieta. Siempre formarás parte de nuestra familia Sprint”.

También ha muerto en el accidente la presidenta de la Fundación CEOE y exministra de Empleo y Seguridad Social con gobiernos del PP, Fátima Báñez.

La exministra, de 59 años, ocupaba uno de los asientos del Iryo que fue embestido este miércoles por un tren AVE de Renfe. Los dos trenes, que habían salido de Madrid, se dirigían a Sevilla, donde Báñez iba a participar en un acto empresarial de la patronal andaluza. Tanto la patronal CEOE como el PP esperaban noticias de la exministra desde que se produjo el accidente, perdiendo la esperanza a medida que pasaban las horas.

El número de personas que han muerto en la catástrofe ferroviaria de Urda, en Toledo, asciende a 69. El dato lo ha dado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) en la capital castellanomanchega, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En cuanto a los heridos, de los 110 ingresos que hubo ayer en los hospitales de Castilla-La Mancha, 60 ya están dados de alta y 50 permanecen todavía “en distintos niveles de preocupación”. El presidente autonómico ha querido destacar la noticia “para nosotros positiva” de que cuatro de los 15 heridos que están “en código rojo” (más gravedad) están evolucionando positivamente“.

Page ha querido aprovechar su comparecencia para agradecer la labor de todos los voluntarios así como de los operativos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también medios autonómicos, provinciales y locales. En total, 1.300 efectivos movilizados y una “enorme coordinación”.

Ha transmitido “un agradecimiento personal y muy sincero” a toda la gente que a título personal se ha volcado para ayudar tras la tragedia y ha puesto el acento en “el récord absoluto de donaciones”, demandando que la gente “siga donando” por la caducidad de las plaquetas, y cifrando en más de 2.000 las registradas en el área sanitaria de la región.

Lo que no se puede olvidar es que estamos ante una tragedia humana

El proceso que queda es de identificación de fallecidos, bajo autoridad judicial, trasladando “un especial ánimo” a las familias y garantizando “que se está cumpliendo con la ley de forma estricta y rigurosa”.

Según ha dicho, la labor entre administraciones “no es que sea ni buena ni mala”, sino “como ha tenido que ser”, y ha subrayado que lo más importante ahora mismo es “acompañar a las familias y a los heridos”, como harán los reyes a última hora de la mañana en el Hospital Universitario de Toledo.

“Lo que no se puede olvidar es que estamos ante una tragedia humana que tenemos que seguir abordando desde administraciones públicas”, ha concluido.

Ante el accidente ferroviario producido hoy por el choque entre dos trenes en la localidad de Urda, en Toledo, en la línea del AVE Madrid- Sevilla, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha decidido reforzar el juzgado número dos del tribunal de instancia de Orgaz, que ha asumido las diligencias para la investigación del siniestro.

Fuentes de este departamento han informado a este periódico de que para facilitar y agilizar las actuaciones y la investigación de lo sucedido se ha autorizado económicamente el refuerzo de la jueza titular del mencionado juzgado, con otros cuatro jueces: la jueza número uno de ese Tribunal y tres jueces de los tribunales de instancia de Toledo y Alcázar de San Juan. Este último, es coordinador experto en catástrofes.

Además, se ha aprobado una comisión de servicios para el desplazamiento a Urda del fiscal superior, a petición de la Fiscalía General del Estado, y se ha reforzado con cinco letrados de la Administración de Justicia (LAJ) la actuación de las dilegencias, incluida la secretaria coordinadora de Toledo.

A todo ello se suma la activación de cuatro oficinas ante mortem: son espacios habilitados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en colaboración con médicos forenses durante catástrofes o sucesos con víctimas múltiples. En concreto, se han actividado las de Madrid, Toledo, Córdoba y Sevilla (para la obtención de ADN y ofrecer apoyo psicológico a familiares), que contarán con médicos forenses y profesionales de los equipos técnicos.

Más forenses para el Instituto de Medicina Legal de Toledo

Por su parte, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Toledo también activó esta mañana el protocolo de actuación en grandes catástrofes. En este momento, 12 forenses del IMLCF de Toledo, 12 forenses del IMLCF de Ciudad Real y una forense del IMLCF de Cuenca están activados para trabajar en el proceso de autopsias.

Está previsto también el desplazamiento de tres facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid para apoyar en la recogida de muestras de ADN y en el envío para su análisis.

Las mismas fuentes indican que la oficina general del Registro Civil de Toledo asumirá la tramitación de los asuntos ordinarios de la oficina de Orgaz para que esta pueda dedicarse a las actuaciones derivadas del accidente.

El Ministerio, a través del secretario de Estado de Justicia, ha estado “desde el momento del accidente” en contacto permanente con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha, el Consejo General del Poder Judicial y el magistrado coordinador desplazado, y continúa a disposición “para autorizar más refuerzos si fuera necesario”.

Piden a los familiares de desaparecidos que vayan a las comandancias de la Guardia Civil

En otro orden de cosas, el portavoz de la Guardia Civil en la zona cero del siniestro ferroviario que se ha saldado con 68 fallecidos en la localidad toledana de Urda, Ramón Cuevas, ha enfatizado la importancia ahora de que los familiares de primer grado “vayan a los centros de denuncia instalados” en las cuatro comandancias de Guardia Civil para denunciar las desapariciones “lo más pronto posible”.

Ha recalcado la ideoneidad de que sea “un familiar de primer grado”, ya que al poner la denuncia “se tomará una muestra de ADN” que será lo más compatible posible al del familuar buscado.

Tras recordar que los centros de la calle Batalla del Salado de Madrid, el de la comandancia de Toledo, el de Sevilla y el de Córdoba son los que se han puesto a disposición de los familiares, ha insistido en la importancia de esas muestras de ADN para poder “cotejar” la información. Del mismo modo, ha pedido a los seres queridos de las posibles víctimas que “no acudan al lugar de los hechos” y que dejen trabajar a los servicios de emergencia.

Vecinos y vecinas de las localidades vecinas a Urda donde se ha producido el choque entre dos trenes de alta velocidad han acudido a la zona para ayudar a los heridos y afectados por el accidente, que se cuentan por decenas, según ha podido comprobar este periódico, desplazado a la zona.

La consejera portavoz de Castilla La Mancha, Esther Padilla, ha asegurado que todos los heridos han sido evacuados fuera de los trenes y los medios de rescate ya han procedido a extraer a los cadáveres.

Decenas de heridos del accidente se han derivado a distintos hospitales de la comunidad autónoma, tal y como han informado fuentes del Gobierno regional. En concreto, hay 29 de ellos en el Hospital General Universitario de Toledo, de los cuales dos han recibido el alta: 20 en el Mancha Centro de Alcázar de San Juan, cuatro en el Hospital General de Ciudad Real y otro herido más en el Hospital General de Albacete. Los fallecidos están siendo trasladados al Instituto de Medicina Legal de Toledo y los heridos al Polideportivo de Urda.

En el lugar de los hechos, María José, vecina de Marjaliza, ha contado a este medio que se ha quedado al cargo del bebé de una mujer inglesa que ha ido a buscar a su marido, al que no localiza después del siniestro. “Por lo visto ha sido horrible, peor que Adamuz”, cuenta esta vecina.

Mientras tanto, decenas de pasajeros de los trenes han permanecido apostados en las vías de acceso esperando a ser atendidos o desplazados a los pabellones que ha habilitado el Ayuntamiento de Urda. “Hay mucha confusión”, han coincidido muchos de ellos, aunque posteriormente, la Guardia Civil ha comenzado a evacuarlos hacia el pueblo.    

Precisamente, el alcalde de Urda, Manuel Galán, ha informado a este periódico de que se han habilitado dos pabellones en la localidad, uno de ellos para atender heridos y personas afectadas y otro, a petición de Protección Civil, para poder ofrecer información y atención a familiares de afectados.

El accidente, apunta, se ha producido a unos siete kilómetros del término municipal y tanto él como personas voluntarias se han desplazado lo más cerca posible, a unos 500 metros del lugar donde han chocado los trenes, para intentar ayudar en la evacuación de afectados que no estén heridos.

Hemos notado un sonido muy fuerte y después ha sido todo un amasijo de hierros. Terrible  

“Estoy bien, pero muy afectado. Lo que he visto ahí es horrible. He tenido mucha suerte. Ha sido repentino”, explicaba otro de los afectados. Un grupo de cuatro personas que viajaban desde Madrid a Córdoba cuentan que han podido salir rápido del tren tras producirse el accidente, después de que otros pasajeros rompieran las ventanillas. “Hemos notado un sonido muy fuerte y después ha sido todo un amasijo de hierros. Terrible”.  

Por otra parte, varios establecimientos de Los Yébenes, muy cerca de Urda, han convocado una recogida urgente de agua y comida que no necesite calentarse para llevarla a la gente que se encuentra en las inmediaciones de los trenes siniestrados. El punto de recogida se ha establecido en la plaza Valderas y Pedraza número 14 de Los Yébenes y se ha difundido a través de las redes sociales a los vecinos de Los Yébenes.

En concreto, estos establecimientos demandan principalmente botellas de agua individuales y comida que no necesite calentarse y sea fácil de transportar.

La Delegación del Gobierno ha informado de que se han habilitado varios teléfonos de información para familiares de afectados en el accidente ferroviario:

Asimismo, desde la cercana ciudad de Toledo se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para reforzar las reservas de sangre. Las sirenas de ambulancias no han parado de sonar en las inmediaciones del Hospital Universitario de Toledo, donde están llegando decenas de heridos y sus familiares.

El Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan también ha solicitado donaciones para atender las necesidades sanitarias. En Toledo, se puede donar sangre en el Centro de Especialidades de Toledo, de 9.00 a 14.30 horas y de 16.00 a 20.30 horas. Además, hoy se podrá donar en la cercana localidad de Huerta de Valdecarábanos, de 17.00 a 20.30 horas.

El perfil institucional y oficial de la Fundación Talavera Ferial, perteneciente el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, ha publicado en redes sociales información sobre el acto que, en este recinto de la ciudad, protagonizó este lunes por la tarde el líder de Vox, Santiago Abascal, para presentar las listas electorales al Congreso y al Senado. El PP y Vox gobiernan juntos en esta Corporación Municipal y el partido de ultraderecha tiene entre sus competencias la gestión de ese recinto.

Estos hechos han provocado que el Grupo Municipal Socialista de Talavera haya acusado al alcalde, José Julián Gregorio (PP), de provocar que la ciudad se haya convertido en “el centro de laboratorio del extremismo de Vox”, al permitir que canales oficiales vinculados al Ayuntamiento se hayan utilizado para promocionar sus actos de precampaña electoral.

La viceportavoz del Grupo Socialista, Flora Bellón, se ha referido en concreto a la promoción que la cuenta de Talavera Ferial ha realizado desde sus perfiles oficiales en Instagram y X. La primera publicación la ha borrado, pero la de X sigue publicada:

“Supone un uso partidista de medios públicos que pagamos todos los talaveranos y que deben estar al servicio de la ciudad, de la actividad que se desarrolla concretamente en Talavera Ferial, y no de los intereses partidistas de un partido político”, ha señalado la concejala del PSOE.

Los socialistas recuerdan que Talavera Ferial es una entidad del sector público local dependiente del Ayuntamiento, que es quien hace la aportación económica mayoritaria y, por ello, sus canales de comunicación “deberían mantener un criterio de neutralidad institucional”.

Por estos motivos, desde el Grupo Socialista han considerado necesario que el alcalde explique por qué se ha dado difusión a un acto de campaña de Vox desde una cuenta oficial, recordando que las redes sociales de Talavera Ferial “también las pagamos todos los talaveranos y no pueden convertirse en el altavoz de ningún partido político”.

PSOE denunciará y Vox no responde

Tanto fuentes municipales como autonómicos del PSOE han confirmado a este medio que van a denunciar estas publicaciones ante la Junta Electoral de Zona. Por otra parte, este periódico ha intentado ponerse en contacto con el presidente de la Fundación Talavera Ferial, Gerardo Sánchez, también concejal de Vox. No ha respondido a la llamada.

En el PSOE abundan aún más en la cuestión. Flora Bellón subraya que Talavera Ferial es la institución “más opaca y menos transparente” del Ayuntamiento, puesto que a día de hoy, afirma, sigue sin facilitar la información que la oposición ha pedido sobre su gestión, las actuaciones que están llevando a cabo o “en qué se gasta el dinero público que aporta el Consistorio”.

“Talavera es el claro ejemplo de que Vox llega a las instituciones públicas para convertirlas en su cortijo, no para solucionar los problemas de la ciudadanía” , ha concluido.

Polémica por una modificación del Plan de Ordenación Municipal (POM) de Valdepeñas en la que se establecen las condiciones de compatibilidad para la instalación de macrogranjas y plantas de biometano en la ciudad. Se trata de un cambio que, según la Plataforma Stop Biometano de esta localidad “abre la puerta” a su instalación. Esta modificación parcial ha salido ya a información pública por un periodo de 30 días, por lo que todavía no está en vigor.

Este colectivo basa su acusación en dos premisas. Primero, que ya se ha cumplido el año de vigencia del acuerdo del pleno municipal mediante el cual se paralizaron, en octubre de 2025, las licencias para la instalación de este tipo de proyectos. Y segundo, que el texto del cambio del POM para su información pública, ya publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), establece condicionantes que “permiten” su instalación.  

Para la plataforma, el hecho de que el plazo de revocación de licencias haya cumplido ya el año es “independiente”, ya que es prorrogable a otro año y, además, ahora mismo en Castilla La Mancha están todos los proyectos suspendidos hasta que se apruebe el nuevo decreto por el que se establecen las condiciones para la gestión de los residuos orgánicos mediante su transformación en biometano.

Pero, aún así, argumenta que pese a las “promesas públicas de velar por el bienestar” de Valdepeñas, sus ciudadanos y su potente industria agrícola, el equipo de Gobierno, en lugar de cerrar las puertas al biometano, como han hecho otros ayuntamientos que han imposibilitado su instalación, “abre legalmente la puerta a una o varias macroplantas de biometano en el término municipal así como a un innumerable número de granjas intensivas de cerdo o cría de cerdo a solo cinco kilómetros y un kilómetro, respectivamente, del núcleo urbano de Valdepeñas”.

Considera la plataforma que gracias a esta modificación del POM, Valdepeñas puede correr el riesgo de convertirse en un “polo de recepción” y “generación de residuos agroindustriales”, alterando por completo su identidad agraria y vinícola y “poniendo en jaque su tejido económico actual”. 

Un “monstruo de planta de 175.000 kilos de residuos diarios”

De esta forma, interpretan que permitir un “monstruo de planta de 175.000 kilos de residuos diarios” a solo cinco kilómetros es “una cifra desorbitada” para la escala de Valdepeñas, sobre todo cuando los residuos que genera la industria valdepeñera “no son un combustible idóneo para estas plantas” por lo que las granjas de cerdos serán el “complemento ideal a nuestros residuos vegetales”.

Según ha podido consultar este periódico, la modificación del POM establece, efectivamente, que para las plantas de biometano se limitará la cantidad de sustrato, materia prima a transformar o producto o residuos entrantes, en 175 toneladas al día.

Argumenta el Ayuntamiento que, para esta limitación de la intensidad, se ha atendido a la producción de restos de poda en Valdepeñas de vid y olivar, unas 78.621 toneladas al año, lo que supondría que una sola planta podría hacerse cargo del 80% de la total producción de la poda, “considerando que un 20% se triture directamente en las parcelas de origen y la paja de cereales tenga un destino de cama y alimentación animal”.

Lo que dice el POM sobre las distancias

Y en cuanto a las distancias desde el suelo urbano, en el POM, para granjas de porcino, un mínimo de un kilómetro, y para plantas de biometano, de cinco kilómetros. No obstante, añade que dicha distancia podrá “minorarse” por acuerdo con los titulares del uso residencial o justificadamente por el estudio ambiental.

“A estos efectos, el establecimiento de otros usos, incluidos los residenciales, con posterioridad a la instalación de la planta de biometano o granja de porcino, supondrá implícitamente la autorización, en su caso, de la distancia inferior a los 1.000 metros. Estas limitaciones se justifican para minorar la afección de las actividades, sujetas a control, a la población en general y limítrofe con la actividad”, agrega.

Por todo ello Stop Biometano concluye: “Nuestras viviendas perderán valor, el olor no nos dejará disfrutar del aire libre en verano e invierno y nuestra salud se verá afectada y las carreteras se llenarán de camiones llenos de residuos malolientes”.

El Grupo Municipal Socialista de la localidad Miguelturra, en Ciudad Real, ha denuncia el uso de instalaciones municipales para la celebración de la fiesta privada de cumpleaños de una concejala del PP, el partido que gobierna en el municipio. Según apunta, se trata de un evento celebrado el pasado 26 de septiembre en el recinto de la piscina municipal y al que asistieron el alcalde, Luis Ramón Mohíno, y otros integrantes de su equipo de Gobierno, además de familiares y amigos.

Desde el PSOE consideran que estos hechos requieren “explicaciones y responsabilidades políticas”, por lo que han pedido al alcalde que aclare en qué condiciones se utilizaron las instalaciones públicas y si existió una autorización expresa del Ayuntamiento para celebrar este evento privado.

La denuncia socialista se fundamenta en el informe jurídico, el informe técnico y el pliego de condiciones del servicio de la piscina municipal y de la gestión de la cafetería-bar-restaurante.

Según la documentación examinada, el horario de atención al público de ambos espacios está establecido para la temporada de baño, comprendida entre el 16 de junio y el 31 de agosto. Por lo tanto, cualquier ampliación del calendario o modificación horaria requiere “autorización expresa” del Ayuntamiento de Miguelturra.

Ante esta circunstancia, los socialistas exigen al equipo de Gobierno que aporte el documento oficial que acredite la autorización municipal, con su correspondiente registro de entrada, para modificar esos horarios y posibilitar la celebración de la fiesta, “un ejercicio de transparencia al que por ahora se han negado”.

Si existe esa autorización, que la haga pública, porque ya se sabe que quien algo esconde, algo teme

“Ya que el equipo de Gobierno del Partido Popular no facilita la documentación concreta que se le requiere y se dedica a echar balones fuera, exigimos que aclare si existe esa autorización y la haga pública, porque ya se sabe que quien algo esconde, algo teme”.

En este sentido, considera el PSOE que el alcalde tiene la oportunidad de despejar las dudas planteadas aportando la documentación correspondiente. “Lo tiene bien sencillo para demostrar que no se ha actuado de forma irregular ni se han concedido privilegios para organizar una fiesta privada en unas instalaciones municipales”.

Este periódico se ha puesto en contacto por escrito con el gabinete de comunicación de la Alcaldía de Puertollano para interesarse por si existe esa autorización para el uso de instalaciones públicas. Por el momento, no ha habido respuesta.

El Grupo Municipal Socialista ha hecho referencia a las similitudes de este caso con la polémica conocida recientemente en Puertollano, después de que trascendiera que un concejal del Partido Popular y su esposa utilizaban las instalaciones de la piscina municipal como aparcamiento para su vehículo particular.

Los socialistas relacionan ambos episodios con la necesidad de garantizar que los espacios y servicios públicos se utilicen “conforme a las normas establecidas y sin ventajas particulares”, con independencia de quiénes sean las personas implicadas.                           

Rodar películas en platós interiores y en exteriores, salas para montajes cinematográficos y para formación en postproducción, conexión entre talento y empresas, o un futuro 'museo audiovisual' aun sin definir. Son algunos de los objetivos marcados para la futura Ciudad del Cine de Castilla-La Mancha que se construirá en Toledo, un proyecto algo turbulento que no termina de ver la luz, pero que el Gobierno regional ya ha sacado a licitación pública. Es decir, busca al proveedor que quiera hacerse cargo de un megaproyecto de casi 100.000 metros cuadrados que requiere una inversión privada de unos 2,8 millones de euros. Eso sin contar los gastos posteriores de explotación.

Para garantizar el éxito del proyecto se establecen rigurosos criterios de solvencia financiera y experiencia técnica para los operadores interesados. Asimismo, la adjudicación exige la adscripción de personal especializado en áreas comerciales, técnicas y de comunicación.

Esta iniciativa, con la denominación oficial de ‘Hub Audiovisual’, ya nació algo contaminada, al menos en el aspecto político. Guadalajara era la ciudad elegida en un principio para albergar el proyecto, en virtud de acuerdo suscrito hace tres años entre el Ejecutivo de Emiliano García-Page y el Ayuntamiento. Pero se quedó en agua de borrajas cuando el PP y Vox se hicieron con las riendas del Ayuntamiento.

Ambas formaciones, pero también el grupo municipalista Aike, explicitaron su oposición a que la iniciativa se instalase en el histórico Fuerte San Francisco de Guadalajara, si antes la Junta de Castilla-La Mancha no cumplía con la sentencia judicial que le obligaba a una restauración global de estas antiguas instalaciones militares, hoy propiedad de la ciudad.

Cambio de planes: de Guadalajara a Toledo

El Gobierno autonómico de Page cambió entonces de planes y un año después, en 2024, firmó con el Ayuntamiento de Toledo (donde también gobiernan PP y Vox), un acuerdo para que la Ciudad del Cine recalase en la capital regional.

Pero en esta ciudad tampoco faltó la polémica. Las suspicacias no tardaron en florecer entre los vecinos y vecinas del barrio de La Cava, donde se ubicará el proyecto, concretamente en el parque de Polvorines, un espacio de gran diversidad ecológica junto al río Tajo. Es un espacio verde y zona de ribera situado en la carretera de Navalpino de Toledo, junto al cauce del río y conectado con el campus de la Fábrica de Armas de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) a través de una pasarela colgante.

El proyecto contempla la restauración de este espacio, donde ya se han realizado polémicos desbroces, pero las sospechas de colectivos ecologistas como ARBA siguen ahí. Quieren que se utilice solo el espacio de la Ciudad del Cine y que las rutas turísticas que se puedan derivar del proyecto se limiten a esas instalaciones. Es decir, piden que Polvorines quede “para los ciudadanos” y que se haga otro tanto “con la riqueza y biodiversidad junto al río” porque resulta que es “la más naturalizada y conservada de toda la ciudad”.

Ahora, con la publicación de los pliegos para su licitación pública, ya se conocen más detalles. Según estos documentos, concretamente en la evaluación económico-financiera del contrato de concesión, el Gobierno regional busca a un gestor privado que explote las instalaciones, durante un plazo de aproximadamente 48 años, que es el plazo restante que queda desde la cesión del terreno por parte del Ayuntamiento por un período de 50 años.

Para realizar los estudios previos y sacar a concurso el proyecto, el Ayuntamiento ha contratado a Kalaman Consulting, S.L. Y es en ese estudio de viabilidad donde se arroja algo de luz sobre el proyecto. Por ejemplo, la inversión inicial privada sería de unos 2,8 millones de euros, es decir, haría falta una gran empresa, a la que además se exige una solvencia acreditada para capitanear el proyecto.

¿A qué responde esa cifra inicial de inversión? En primer lugar, los trabajos previos, las licencias y permisos, y los planes previos de seguridad y salud laboral se cifran en 35.000 euros. Después, llegan las grandes cantidades. Solo en la ejecución de las obras, los pliegos ya hablan de 1.275.000 euros, que incluiría a las instalaciones complementarias del edificio principal, entre ellas un anfiteatro, un plato de cine adyacente, el vallado perimetral, un comedor y una sala de descanso y ocio.

La segunda gran cifra que detalla este documento es de 1.300.000 euros y estaría destinada a las otras grandes infraestructuras de equipamiento tecnológico. Dentro de esta cantidad, destaca que la mayor partida es de medio millón de euros para Sistemas de Motion Capture, también llamados Mocap. Se utilizan para registrar los movimientos reales de personas, animales u objetos con el objetivo de trasladarlos a modelos y personajes tridimensionales en un ordenador.

Se trata, por tanto, de una fuerte apuesta por las innovaciones tecnológicas, algo que también queda patente en los 20.000 euros desglosados para un sistema de escenografía, o los 250.000 para tracking espacial. Esta última tecnología permite escanear un espacio físico real mediante sensores o cámaras para ubicar y fijar elementos virtuales como modelos en tres dimensiones, muebles o avatares con gran realismo. En el cine, se utiliza para vincular el mundo físico del rodaje con el mundo digital de los efectos visuales (VFX) de forma que ambos se muevan en perfecta sincronía.

Más detalles: 300.000 euros para la transmisión o emisión simultánea de contenidos de audio y vídeo a una gran audiencia adaptando estándares de calidad profesional. Es el conocido como sistema broadcast. Y a ello se suman otros 250.000 euros para sala técnica y de control; 80.000 euros para un aula de formación y 150.000 euros para el sistema eléctrico.

¿Será un proyecto rentable?

Hasta aquí los gastos, pero ¿de dónde procederían los ingresos para su rentabilidad? El documento de evaluación precisa que la mayor parte se derivarían de la prestación de servicios técnicos asociados a la producción de terceros (39%), seguido del alquiler de espacios como el Mocap a profesionales (26%) y, en tercer lugar, el alquiler de espacios para eventos (15%). El documento estima que todos los ingresos supongan un incremento anual del 2% tanto en demanda como en tarifas.

Asimismo, el plazo de recuperación de las inversiones se estima en 14 años. El canon anual en favor de la Administración autonómica es fijo (unos 1.000 euros al año) durante los primeros tres años, y variable (2% sobre el resultado de explotación antes de amortizaciones) desde el cuarto año hasta cumplir los 50 años de la concesión de explotación.

Así, el importe total de canon se estima en 502.123 euros constantes en el total del contrato. De hecho, en los pliegos, el Gobierno regional exige a la empresa una solvencia de 500.000 euros en los últimos tres años de la explotación. Llama especialmente la atención que, con todos estos datos, el Ejecutivo establece tan solo un mes de plazo para presentar ofertas, lo que da a entender que ya puede haber algún gran inversor interesado, aunque fuentes consultadas por este periódico no lo precisan.

En la memoria justificativa de la licitación, el Gobierno explica que se pondrá a disposición del concesionario el suelo afectado, las edificaciones existentes en el estado físico y jurídico en que se encuentren en el momento de la formalización, y las infraestructuras básicas ya ejecutadas.

Resuelve de una tacada varios problemas de la zona

Emiliano García-Page

Al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, le gustó la idea desde el principio. En su momento destacó que tiene “atributos transversales” y que será uno de los proyectos más importantes de los últimos 20 o 25 años porque, además, servirá para recuperar “ambiental y paisajísticamente”, en referencia al parque de Polvorines.

En esas apreciaciones coincidió con el presidente castellanomanchego. Emiliano García-Page, quien lo considera “brutalmente positivo” porque “resuelve de una tacada varios problemas de la zona”. Llegó a insinuar, sin ser muy claro en su discurso, que es lo contrario a “la especulación urbanística” que se intentó, por ejemplo, en la cercana zona de Vega Baja, donde ‘duerme’ entre restos del subsuelo la gran ciudad visigoda de España.

Mientras tanto, a los vecinos y vecinas de la zona el parque de Polvorines sigue preocupándoles. En los pliegos de licitación, el Gobierno regional insiste en que se prevé convertir este espacio en un “activo estratégico” para el desarrollo económico y social de Toledo, “favoreciendo la regeneración y dinamización de su entorno y creando sinergias con sectores como el turismo, la hostelería, los servicios, la cultura y la innovación”.

Según afirma, la Ciudad del Cine busca ofrecer nuevas experiencias y espacios de calidad para la ciudadanía, contemplando actividades abiertas al público, de formación y eventos que impulsen la “integración social y territorial” del complejo. Exige así a la empresa que quiera hacerse cargo del proyecto que asuma la obligación de mantener la integridad del dominio público, así como la “gestión, conservación, limpieza, seguridad y mantenimiento” tanto de las edificaciones como de los espacios exteriores y zonas ajardinadas.

La cuestión es que no deja de ser otro foco de atracción turística para la ciudad, en un momento en que los vecinos del Casco Histórico no cejan en sus denuncias de turistificación y en la falta de vivienda asequible.

Porque el Ayuntamiento de Toledo no solo no ha pedido la declaración de zona tensionada que contempla la Ley estatal de Vivienda, sino que además tiene en cartera dos grandes proyectos hoteleros, el de la calle de La Plata, en el corazón del Casco Histórico, y el del barrio de La Cava en “zona inundable del Tajo. Todo ello, unido al complejo hotelero previsto en el cercano parque temático Puy du Fou. El impacto que la futura Ciudad del Cine pueda sumar a todo ello todavía está por ver.  

Realizó durante dos años movimientos de pinza con su mano izquierda para sus labores como costurera y modista, lo que le produjo el desgaste de un pulgar y una incapacidad parcial para realizar su trabajo. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) le da la razón y ratifica una indemnización de más de 25.000 euros para esta trabajadora de Ciudad Real, tras denegar el recurso del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) contra la sentencia que ya reconoció esta incapacidad en primera instancia.

La indemnización es el equivalente a 24 mensualidades de su base reguladora, después de que el tribunal considere acreditado que la realización de dichos movimientos de pinza incrementaron su dolor y disminuyeron significativamente el rendimiento laboral de la trabajadora, circunstancia que justifica el reconocimiento de la incapacidad parcial.

Sin embargo, en contra de la pretensión de la afectada, no considera que haya una pérdida funcional con intensidad suficiente para afirmar la imposibilidad de realizar las tareas fundamentales de su profesión.

La Sala de lo Social, aun así, coincide con la decisión de la magistrada de instancia, aunque matiza, sin embargo, que la desestimación de la pretensión principal no se debe a que no exista una imposibilidad absoluta, sino a que no se ha demostrado una verdadera inhabilitación profesional para desempeñar las tareas esenciales de modista.

Una batalla contra el Instituto de la Seguridad Social

Según la sentencia, que no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, los hechos se remontan a mayo de 2022, cuando la trabajadora inició un proceso de incapacidad temporal y, tras agotar el plazo máximo, se incoó de oficio el expediente de incapacidad permanente.

Dos años después, el INSS le denegó esa prestación al estimar que las lesiones no alcanzaban la disminución de capacidad laboral suficiente. Así, la reclamación previa interpuesta por la trabajadora fue desestimada en agosto de 2024.

Es el motivo por que la trabajadora interpuso denuncia ante el Juzgado de lo Social número tres de Ciudad Real, que le dio la razón el julio de 2025. Esa sentencia fue recurrida por el INSS, y ahora, el TSJCM vuelve a darle la razón y recuerda que la calificación de la incapacidad permanente no depende únicamente de la existencia de lesiones anatómicas objetivables, sino de su “repercusión laboral real” y de cómo inciden sobre la continuidad, eficacia y rendimiento normal de las tareas de la profesión.

Establece además, conforme a los informes médicos presentados por la trabajadora, que la demandante presenta rizartrosis bilateral grado II-III (con predominio en la mano izquierda), dolor en la función de pinza, fracaso de ortesis y una propuesta quirúrgica sin garantías funcionales, todo ello frente a una profesión de costurera que demanda una carga biomecánica.

Castilla-La Mancha ya tiene una nueva ley de medidas sobre suelo y vivienda. No es la ley que pactó con Podemos, en la primera legislatura de Emiliano García-Page de 2015 a 2019, y que nunca llegó a aprobarse. Se trata de una normativa que se ha tramitado por la vía de urgencia en forma de proposición parlamentaria y que supone un conjunto de medidas destinadas, principalmente, a agilizar trámites para construir vivienda pública, recalificando para ello inmuebles privados o públicos. Es decir, podrán destinarse edificios en desuso como hoteles, oficinas o bares, de uso terciario, para construir viviendas protegidas.

Además del texto inicial de la ley, que este periódico ha desgranado en las últimas semanas, los socialistas han añadido un conjunto de enmiendas, entre las que se delimita el precio máximo por metro cuadrado de superficie útil de las viviendas de alquiler financiadas con el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030: ocho euros por metro cuadrado en las de promoción pública, y nueve euros en las de colaboración público-privada. 

Asimismo, se incorpora que los Planes de Rehabilitación Urbana (PRU), tanto de iniciativa pública como privada, podrán conllevar el aumento de edificabilidad y densidad residencial (más cantidad de viviendas para más gente) que permita la viabilidad de la actuación. Y, en este sentido, establece que en caso de que ese incremento esté limitado por el planeamiento urbanístico - por ejemplo a través del Plan de Ordenación Municipal (POM)-, el número de viviendas no implicará necesariamente un aumento de infraestructuras o dotaciones, pero si así fuera, el coste irá a cargo del promotor.

La medida más importante añadida por el PSOE a última hora es la posibilidad de que inmuebles y parcelas públicas de la Administración regional no destinados a vivienda se puedan dedicar a este fin.

Pero, además, amplía a “cualquier Administración” esta posibilidad y se indica que la “excepcionalidad” por cinco años para este objetivo es “prorrogable”. Finalmente, el PSOE elimina la posibilidad de que los ayuntamientos impongan condiciones a la posibilidad de implantar vivienda protegida en aquellos que estuvieran destinados a comercio, oficinas, hostelería u ocio.

'No' a la propuesta del PP de bajar impuestos a fondos buitre

Al margen de estas incorporaciones de los socialistas, durante el debate para su aprobación definitiva, el PP no ha conseguido sacar adelante las tres polémicas enmiendas que quería incluir en esta ley.

Entre otras cosas pedían bajar impuestos a “empresas” sin determinar cuáles, aunque el PSOE denunció que hablaba de bajar impuestos a fondos buitre e inmobiliarias, y también pedían agilizar desahucios en las viviendas públicas.

La mayoría absoluta del PSOE en las Cortes regionales ha tumbado estas propuestas hoy, en el pleno que ha aprobado la ley, como ya lo hiciera en la Comisión que elaboró el dictamen inicial. Pese a su controvertido contenido, el Grupo Popular decidió mantenerlas vivas para la sesión plenaria, que ya ha dado luz verde a la ley.

Estas enmiendas las presentó el PP en pleno clamor social contra los desahucios, con una huelga general por la vivienda convocada para el 11 de noviembre por este motivo y cuando ya ha arrancado la precampaña electoral para los comicios del 29 de noviembre.

Concretamente, las enmiendas de la discordia eran tres de las 58 que el PP había presentado para su incorporación a la nueva norma castellanomanchega, ya promulgada y que se ha aprobado en menos de dos meses por trámite de urgencia de que se registró en las Cortes castellanomanchegos.

Estas propuestas del PP se han vuelto a debatir en el pleno. La primera de ellas pedía añadir un nuevo artículo en la futura ley mediante el que se aprobaría una reducción del 9 al 6 por ciento el tipo general de transmisiones patrimoniales aplicable a los inmuebles.

En la segunda de sus propuestas, el PP apostaba también por añadir un nuevo artículo para regular un tipo “reducido” de ese mismo impuesto, bajando del 5 al 3%, la “adquisición de viviendas por empresas inmobiliarias destinadas a su posterior venta”, sin especificar qué tipo de empresas y con qué fines. Ambas suponían, según el PSOE, “bajar impuestos y allanar el camino a los fondos buitre”, los mismos que han provocado desahucios como el de Maricarmen, la espita que abrió las protestas sociales en todo el país y la histórica acampada en la Puerta del Sol de Madrid.

Es más, en ambas propuestas la bajada de impuestos se hubiera aplicado con caracter retroactivo desde el 1 de enero de 2026. Es decir, las empresas beneficiarias podrían “solicitar la devolución” de la diferencia pagada en impuestos. No ha salido adelante.

El PP también quería agilizar desahucios administrativos

Pero además, en la tercera de sus polémicas enmiendas, proponían ampliar las causas que pueden provocar un “desahucio administrativo” (el que se produce en el parque público residencial). El PP quería así que, en las viviendas adjudicadas para atender una necesidad de carácter temporal, pudiera ser causa de desahucio la desaparición sobrevenida y acreditada de esa necesidad que justificó la adjudicación a una determinada persona o familia. Con ello, se acelerarían este tipo de resoluciones administrativas. No ha salido adelante por deseo expreso del PSOE.

También había polémica en seis de las enmiendas presentadas por Vox, que defendía aplicar su cacareado principio de 'prioridad nacional' en el acceso a la vivienda. Es decir, solo para los españoles. Los socialistas también han impedido su incorporación a la ley.

Estas cuestiones han vuelto a marcar buena parte del debate en el pleno que ha aprobado ley castellanomanchega, que se ha tramitado por la vía de urgencia como proposición del Grupo Socialista. La defensa de norma la ha hecho el diputado socialista Álvaro Toconar, quien ha remarcado que hubo un “consenso inicial” con el PP y Vox para que no presentaran enmiendas a la totalidad, pero que posteriormente las propuestas de la oposición “no tienen nada que ver con el acercamiento que hubo”.   

Ha acusado al PP de intentar convertir esta norma en una “ley de demanda y de populismo fiscal” y de “contaminarla” con su propuesta de “bajada de impuestos a fondos buitre” y con “más burocracia y más trabas”.

“Ser propietario no es ser un criminal, ni ser inquilino nos convierte ocupas”, ha dicho Toconar, defendiendo que la nueva ley viene a “reafirmar” las políticas de vivienda del Gobierno de Page, con más de 600 millones de euros invertidos en 12 años, frente a los 8 millones de euros que destinó en cuatro años el Gobierno del PP de María Dolores de Cospedal.

Dicho esto, ha defendido los Planes de Regeneración Urbana (PRU), una de las novedades de la ley, para “ayudar a muchas familias teniendo en cuenta el metabolismo rural de la región” y que permitirá convertir suelo rústico en urbanizable “de forma regulada y manteniendo las tramas urbanas”, pero de forma rápida y con procedimientos que reducirán los plazos hasta la mitad.

Las derechas de la oposición han reiterado los argumentos que ya fijaron en la comisión que debatió y rechazo sus enmiendas y han votado 'no' a esta ley.

Francisco José Cobo, de Vox, ha vuelto a pasar de puntillas por sus propuestas para incorporar la 'prioridad nacional' en el acceso a la vivienda, y se ha limitado a acusar al Gobierno regional de “no haber hecho nada” en 12 años.

“La ley no resuelve nada tras años de inacción y sin avanzar y ahora vienen con prisas. Ustedes no hacen vivienda, hacen titulares y no cumplen con sus promesas. Ahora tienen que correr y esto es una tomadura de pelo, un agujero que luego rentabilizarán electoralmente, pero va a generar problemas, sobre todo en los ayuntamientos y solo es un parche más”, ha alertado.

En una línea similar se ha pronunciado Ignacio Redondo, del PP, quien ha negado primero que su propuesta de bajada de impuestos sea para 'fondos buitre'. Ha dicho que en su enmienda se refieren a empresas inmobiliarias, mediante un tipo reducido que, según ha dicho, ya aplicó el Gobierno de Page en 2022.

“La ley tiene errores que pueden durar años. Pedimos que la ley no se salte los límites de cesión de suelo. Al intentar ser ágil, al final habrá retrasos y dificultades. No estamos en contra de construir más, pero sí queremos fórmulas para justificar de verdad el incremento de la edificabilidad e informes municipales previos y vinculantes para esas ampliaciones”, ha argumentado.

El debate lo ha cerrado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, quien ha detallado las novedades de la norma, resaltando la posibilidad de destinar edificios y parcelas de titularidad pública a vivienda protegida “incluidos inmuebles pertenecientes a otras administraciones”, aunque el planeamiento urbanístico vigente hubiera previsto inicialmente su utilización para equipamientos privados.

Según la ley, debe crearse un parque público de vivienda

La norma establece también la creación de un patrimonio público residencial que solo podrá destinarse a vivienda con algún tipo de protección. La regulación contempla, además, la creación por ley de un parque público de vivienda social, cuyo alquiler se establecerá en función de los ingresos de las personas destinatarias y que prestará una atención específica a la población joven.

En materia de promoción de vivienda protegida, se contempla la posibilidad de incrementar, en determinadas parcelas, hasta un 20% la edificabilidad, un 30% la densidad y hasta dos plantas la altura prevista, sin necesidad de modificar previamente el planeamiento. La aplicación de estos incrementos, según ha explicado el responsable de Fomento, estará condicionada a que el 100% del aprovechamiento residencial adicional se destine a vivienda protegida.

La regulación incorpora igualmente los Planes de Rehabilitación Urbana (PRU), concebidos para intervenir en situaciones de infravivienda o zonas degradadas por antiguos usos industriales. Estos instrumentos permitirán abordar actuaciones de regeneración en ámbitos urbanos que, por sus características actuales, presentan dificultades para su desarrollo mediante los mecanismos habituales de planeamiento.

Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma más pobre de España. Es un dato demoledor que ahora estrechamente ligado a la vivienda. Así lo desveló el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social (EAPN): el coste de la vivienda es un “factor clave que agrava la pobreza”. Pero hay muchos más. La excesiva burocracia en la tramitación de las ayudas, las dificultades para acceder a un empleo, el racismo, la discriminación y la soledad no deseada son solo algunos.

De todos ellos han hablado hoy quienes sufren estas situaciones en el acto institucional con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, celebrado las Cortes de Castilla-La Mancha, organizado junto a la Red Europea de lucha contra la Pobreza y Exclusión Social en Castilla-La Mancha (EAPN-CLM).

Han tomado la palabra seis personas de los grupos de participación de esta entidad social. Son espacios formados por personas con experiencia propia en situaciones de pobreza o exclusión social, permitiéndoles ser protagonistas y participar de forma activa en el diseño, evaluación e incidencia de las políticas públicas.

Hoy, han alzado la voz para desgranar las propuestas que desde esta red se han elaborado y que han entregado previamente a los tres partidos políticos con representación parlamentaria (PSOE, PP y Vox) para que las incluyan en sus programas electorales.

María del Carmen Poveda Anguita ha sido la primera en subir a la tribuna parlamentaria y se ha dirigido directamente a los diputados y diputadas para pedirles que hablen de sus necesidades. “Las personas que vivimos la pobreza y la vulnerabilidad sabemos que hay tres principios fundamentales: igualdad, justicia y dignidad. Porque todas las personas tenemos derecho a las mismas oportunidades y a una vida digna, y porque detrás de los datos, hay personas con nombres y apellidos, tenemos sueños, ilusiones y ganas de salir adelante”.

Queremos estar presentes y que nuestra voz sea tenida en cuenta. Las propuestas nacen de nuestra experiencia y reivindicamos justicia social

María del Carmen Poveda

Ha pedido así a los grupos políticos que refuercen su compromiso en la lucha contra la pobreza, con medidas para que “nadie se quede atrás”, pero también que “se nos escuche, que haya espacios de diálogo cercanos, fluidos y permanentes”. “Queremos estar presentes y que nuestra voz sea tenida en cuenta. Las propuestas nacen de nuestra experiencia y reivindicamos justicia social”, ha resaltado.

Después ha tomado la palabra Oksana Kalashnikova, quien ha detallado algunas de las propuestas. Concretamente, ha pedido que se garanticen ayudas suficientes para cubrir las necesidades básicas de las familias en situación de pobreza o riesgo de exclusión, con ayudas “ágiles” y sin “trabas burocráticas”, sobre todo en las dirigidas a garantizar suministros básicos como el agua y la luz, la alimentación y la vivienda.

También ha pedido que las ayudas se actualicen en función del coste de la vivienda para evitar que “las personas queden sin protección”, así como facilitar el acceso a los servicios sociales, simplificando trámites y mejorando la coordinación, especialmente para los jóvenes y las familias.

Junto a ello, ha defendido mejorar los procesos de acompañamiento a extranjeros, y los de homologación de estudios y formaciones profesionales, con un acompañamiento a extranjeros “efectivo” para el acceso al empleo y a los servicios públicos.

Durante su intervención, ha querido hacer también especial mención a la necesidad de mejorar las oportunidades laborales de las personas mayores de 50 años, “evitando que la edad se convierta en una barrera para acceder a un trabajo”. Y en paralelo, ha pedido más becas para material y transporte escolar, con el objetivo de que niños, niñas y adolescentes abandonen sus estudios por motivos económicos.

“Los presupuestos deben priorizar especialmente la cobertura de las necesidades básicas de la población, especialmente la sanidad, la educación, el empleo, los servicios sociales y la vivienda pública”, ha concluido.

“La información de las ayudas públicas debe ser clara”

Precisamente, sobre políticas de vivienda ha hablado María Isabel Sánchez Velasco, también integrante de los grupos de participación de EAPN. Entre sus propuestas, garantizar el acceso a una vivienda “digna y asequible”, aumentar parque público y social, y facilitar el alquiler asequible a personas vulnerables.

“Es importante que el coste del alquiler y de los suministros no sea una carga imposible de asumir, especialmente en las familias con menores, y también facilitar el acceso a vivienda de familias monoparentales, con medidas específicas en situación de violencia y vulnerabilidad”, ha subrayado.

Nadie debería perder una ayuda por no comprender lo que dice o por no cumplir un trámite complicado

María Isabel Sánchez Velasco

Del mismo modo, ha reclamado que la información sobre las ayudas públicas para vivienda sea “clara y fácil de entender”, porque “nadie debería perder una ayuda por no comprender lo que dice o por no cumplir un trámite complicado”.

A ello ha añadido que la falta de empadronamiento no sea “una barrera” para el acceso a las ayudas, con el objetivo de “garantizar la igualdad de personas migrantes, independientemente de su situación administrativa”. De hecho, ha llamado a combatir el racismo y la discriminación, así como “proteger a las personas más vulnerables de los abusos, estafas y explotación” en el mercado del alquiler.  

Juan Vicente Bosca López ha sido el siguiente en tomar la palabra. Se ha centrado en las medidas destinadas al medio rural, con especial incidencia en las nuevas tecnologías: garantizar una buena conexión a internet, mejorar las infraestructuras en telecomunicaciones para reducir brecha digital y el acceso gratuito a recursos digitales a personas en situación de vulnerabilidad.

También ha reclamado mejoras en el transporte público en zonas rurales, aprovechar las rutas escolares para mejorar la movilidad rural, un sistema público para desplazamientos “compartidos” para quienes tienen dificultades en su movilidad de un lugar a otro, y unidades móviles con servicios especiales de acompañamiento, especialmente para quienes tienen dificultades de acceso a medios administrativos

Seguidamente, Juan Casamayor ha centrado las peticiones en materia sanitaria. “No por sabido debemos dejar de recordar que la Sanidad en un derecho universal”, ha comenzado, para demandar después el refuerzo del sistema público para una “atención de calidad que contribuya a reducir la desigualdad”.

Concretamente, ha puesto el acento en la necesidad de reforzar el acceso a los servicios de salud mental, con una atención “accesible y cercana”, y también incorporar la atención psicológica en los servicios sociales, sobre todo para personas y familias en riesgo de exclusión en zonas rurales. Asimismo, ha propuesto crear apoyos específicos para las personas en situación de vulnerabilidad con enfermedades limitantes y para familias monoparentales que necesitan ayuda para atender a sus hijos e hijas.

“Hay que formar al personal médico para una atención más humana y respetuosa, reducir listas de espera y agilizar los diagnósticos. También agilizar los procedimientos de reconocimiento de situaciones de incapacidad, sobre todo cuando hay enfermedades que limitan la capacidad de desarrollar una autónoma”, ha añadido, promulgando al final el lema “la sanidad pública no se vende, se defiende”.  

La ronda de los integrantes del grupo de EAPN lo ha cerrado Raúl López Onsurbe, quien ha concluido haciendo un llamamiento para que todos los partidos políticos se unan a “esta causa de medidas justas para erradicación de la pobreza, un desafío que hay que superar y que es una cuestión de justicia, de derechos y de dignidad”.

La pobreza, “no es solo cuestión de dinero”

Tras ellos han tomado la palabra Fiama, Gisela, Carlos y Sebas, cuatro jóvenes de YMCA-Toledo que han leído un manifiesto en el que, primero, han querido dejar claro que hablar de pobreza “no es solo hablar de dinero”, ya que también significa “no poder estudiar, no tener a quién pedir ayudas cuanto estás mal, sentirte solo, no tener un espacio donde estar.

Que ningún niño, niña, joven o adolescente tenga su futuro decidido antes de poder elegirlo

“La pobreza también es crecer pensando que estudiar no es para ti, que un futuro diferente al de tu familia no es para ti, que tus problemas no importan”, han remarcado, pidiendo que Castilla-La Mancha hago todo posible que “ningún niño, niña, joven o adolescente tenga su futuro decidido antes de poder elegirlo”.

Ante todo, han recalcado que la juventud que se ha quedado fuera del sistema educativo necesita una segunda oportunidad, pero esto no significa decirles a los jóvenes “vuelve a estudiar”, sino que debe haber un acompañamiento.

Para ello, han reclamado más escuelas de segunda oportunidad, un refuerzo de la orientación educativa “para ayudar a encontrar un camino” y que se reduzcan las barreras económicas para estudiar, como los precios del transporte, del material escolar y los dispositivos digitales. “Tener ganas de cambiar tu vida y no encontrar una oportunidad es una forma de exclusión”.

Finalmente, han pedido mejores políticas de conciliación para que los adolescentes no se queden solos porque sus padres y madres están trabajando, una “soledad no deseada” en la que han hecho especial hincapié, junto con la petición de un mejor acceso a la salud mental. “La pobreza no puede ser nuestra herencia, nuestro futuro tiene que ser una oportunidad”, han concluido.

“Mayoría absoluta contra la pobreza, al margen de egos”

Durante el acto, también han intervenido el presidente de las Cortes Regionales, Pablo Bellido; el director general de Acción Social, Santi Vera; y la presidenta de EAPN-CLM, Mar González quien ha pedido “una mayoría absoluta contra la pobreza, al margen de egos y de liderazgos y sin que se instrumentalice este tema políticamente”, al recordar que “tres de cada diez castellanomanchegos están en situación de pobreza”, o que afecta más a las mujeres, a las familias con menores a su cargo, a las que viven de alquiler, a las familias donde existe presencia de la discapacidad y a aquellas que viven en zonas rurales.

Asimismo, ha asegurado que el momento geopolítico, el clima y la inflación “nos demuestran cada día que de la pobreza ”no estamos libres ninguno“.

Por su parte, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha pedido a las formaciones políticas que trabajen con ánimo constructivo -y escuchando a las presonas vulnerables- para combatir la exclusión social y ha animado a “odiar la pobreza, pero no a los pobres”, evitando los discursos del odio que “criminalizan a las personas vulnerables”.

“En esta Cámara no se combate ni se odia a los ricos, pero menos aún a quienes sufren pobreza; odiamos la pobreza, pero no a los pobres, y necesitamos eliminarla”, ha afirmado.

El pleno institucional lo cerraba el director general de Acción Social de Castilla-La Mancha, Santi Vera. “Una sociedad avanza cuando todos llegamos a la meta, sin dejar a nadie atrás”, comentaba desde la tribuna de Parlamento regional. “Tenemos que ir de la mano todas las administraciones, todos los partidos políticos, las entidades del Tercer Sector y la sociedad en su conjunto”, zanjaba.

Álvaro González Llave, divulgador en redes sociales con Distrofia Muscular de Duchenne, lo dejó claro en la segunda edición de los Reconocimientos ‘Somos Km0’ de elDiario.es de Castilla-La Mancha: “No nos sobra tiempo”. Lo afirmaba con relación a su enfermedad, alertando de que los trámites burocráticos para obtener ayudas en los cuidados pueden convertirse en una pesadilla para las personas que tienen patologías irreversibles. Por eso pedía agilidad.

Estas declaraciones han coincidido con el hecho de que en Castilla-La Mancha se acaba de publicar un nuevo decreto que modifica la normativa sobre dependencia y servicios sociales para adaptarla a los cambios legales estatales orientados a mejorar la calidad de vida de personas con enfermedades irreversibles y de alta complejidad.

La principal novedad es que la norma incorpora el Grado III+ de dependencia extrema. Es el que tiene Álvaro y supone una ampliación del grado conocido como de “gran dependencia”, que reconoce situaciones de máxima gravedad que requieren cuidados permanentes de las 24 horas del día. Se reguló a través de la conocida como Ley ELA, la que el Gobierno central aprobó hace dos años, pero cuya aplicación recae en las autonomías.

En el caso de Castilla-La Mancha, el nuevo decreto explica que el reconocimiento de la dependencia extrema está diseñada para responder a las necesidades de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otros procesos irreversibles de alta complejidad de cuidados.

Aumento de las prestaciones económicas

Una de las novedades de este grado es que, una vez reconocido mediante certificado médico, incorpora un aumento sustancial de las prestaciones económicas. Concretamente, para las prestaciones vinculadas al servicio de ayuda a domicilio o de asistencia personal, las cuantías máximas suben en función de las horas contratadas, alcanzando casi los 10.000 euros al para un máximo de 720 horas mensuales. Asimismo, garantiza un suelo mínimo de 3.200 euros mensuales para servicios de 150 o más horas al mes.

Además, con cargo al nivel adicional de protección autonómico, las personas con Grado III+ pueden compatibilizar la prestación económica por cuidados en el entorno familiar (en su cuantía máxima) con la prestación vinculada a asistencia personal o ayuda a domicilio, siempre que la intensidad contratada sea inferior a 480 horas al mes.

Junto con todo ello, se establece la agilización burocrática: tiene tramitación prioritaria y un plazo máximo de tres meses para dictar y notificar la resolución del grado y del Programa Individual de Atención (PIA). Además, los efectos económicos se generan directamente desde la fecha de la solicitud (o de inicio del servicio si es posterior), cubriéndose dicho periodo con cargo a la comunidad autónoma.

En el nuevo decreto castellanomanchego se establece asimismo que tienen tramitación preferente las personas menores de 6 años, mayores de 90 años y quienes padezcan procesos complejos o ELA, como es el caso de Álvaro. Además, se designa un “profesional de referencia” en el equipo interdisciplinar para impulsar el expediente.

Y otras dos cuestiones muy importantes para los pacientes y sus familias: en caso de desacuerdo sobre la prestación más adecuada durante la elaboración del Programa Individual de Atención (PIA), prevalecerá el criterio técnico de los servicios sociales; y se adapta el procedimiento fijando que frente a las resoluciones cabe interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional social ante la delegación provincial correspondiente.

En este contexto resulta, por tanto, muy importante el papel de los servicios sociales. La nueva norma, de hecho, introduce varios cambios que afectan de forma directa a su gestión, organización y funcionamiento. Por ejemplo, el profesional del trabajo social debe realizar la valoración del entorno, para ese grado de dependencia extrema, en un plazo máximo de 15 días desde su petición por el equipo interdisciplinar. El plazo se reduce a 10 días para los mencionados colectivos de tramitación prioritaria.

Además, se modifica la estructura del Comité de Ética de los Servicios Sociales y de Atención a la Dependencia de Castilla-La Mancha, fijándola en 13 integrantes (siete de la Administración autonómica, dos del Tercer Sector Social, tres de Colegios Profesionales y uno de la iniciativa mercantil) para flexibilizar sus exigencias y facilitar su constitución.

Se da la circunstancia de que el Gobierno de Castilla-La Mancha acaba también de aprobar la convocatoria de subvenciones para 2027 destinadas a financiar programas de autonomía personal y prevención de la dependencia. Con un presupuesto total de casi 9,8 millones de euros, estas ayudas buscan apoyar a entidades privadas y locales que desarrollen iniciativas en favor de las personas dependientes o en riesgo de serlo.

Más profesionales para agilizar la valoración de la dependencia

Asimismo, a principios de octubre, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha autorizó un programa temporal para incorporar 25 profesionales a los servicios provinciales de dependencia, con una inversión de casi un millón de euros. Precisamente, la medida busca agilizar la valoración del grado de dependencia y la elaboración del PIA.

Este refuerzo llegará a las cinco provincias con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta y facilitar que las personas reciban antes los cuidados que necesitan. “Cuando una persona necesita cuidados, también cambia la vida de quienes están a su lado”, señaló la consejera portavoz, Esther Padilla, sobre esta medida.

Según destacó, la incorporación de estos profesionales también permitirá preparar el sistema regional para los cambios derivados de la reforma de la Ley de Dependencia, que amplía las compatibilidades entre prestaciones y servicios y acorta los plazos para resolver el reconocimiento de la dependencia.

El programa ha comenzado esta misma semana y se prolongará hasta octubre de 2027. Se trata de un periodo durante el que el refuerzo de los equipos permitirá avanzar en la adaptación al nuevo marco y agilizar la tramitación de los expedientes.

Era de esperar tras casi cuatro meses de temperaturas por encima de lo habitual. Esta circunstancia, unida a los niveles de contaminación habituales en determinadas zonas de Castilla-La Mancha, han hecho que los datos hayan empeorado. En esta comunidad autónoma, el ozono troposférico, el gas contaminante que se encuentra en la capa más baja de la atmósfera (la troposfera), está disparado. No en vano, es conocido como el ozono ‘malo’. Y lo respiramos de manera continua.

Lo ha vuelto a hacer público Ecologistas en Acción en su informe anual, donde alerta de su impacto en toda España sobre la salud pública y el medio ambiente durante la primavera y el verano de 2026.

El documento señala que prácticamente toda la población española respiró aire contaminado que superó las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), impulsado por temperaturas extremas y prolongadas olas de calor asociadas al cambio climático.

Asimismo, el estudio denuncia la “inacción” de las administraciones autonómicas y estatales para cumplir con los límites legales, la falta de funcionamiento regular de las herramientas de información oficial y la ausencia generalizada de Planes de Mejora de la Calidad del Aire. Por ello exige una reducción estructural del tráfico y de las emisiones industriales para frenar este “grave problema de salud pública que causa miles de muertes anuales en el país”.

Más de 600.000 habitantes por encima de los valores legales

¿Cuál es la situación en Castilla-La Mancha? Durante este año, la contaminación por ozono malo afectó a la totalidad del territorio, registrando en casi todas sus estaciones superaciones de los mencionados umbrales de la OMS.

Así, toda la ciudadanía castellanomanchega, más de dos millones de personas, respiró un aire perjudicial. Y casi la mitad, un 47% de la población, se vio expuesta a niveles superiores al nuevo objetivo legal aprobado por la Unión Europea para 2030: un millón de personas de Guadalajara, el oeste de Castilla-La Mancha, norte de Toledo y Puertollano, en Ciudad Real. De hecho, unos 621.000 habitantes (el 29% regional, ubicados en la zona norte de la provincia Toledo) sufrieron concentraciones por encima del valor objetivo legal actualmente vigente.

El informe detalla que un total de 11 estaciones superaron la media permitida de 25 días al año de mala calidad de aire en el trienio de 2024 a 2026. En el norte de Toledo, Ecologistas en Acción sitúa a Añover de Tajo, Illescas, Villaluenga de la Sagra y Toledo ciudad. En la comarca de Puertollano, ubica a esta última ciudad junto con Argamasilla de Calatrava y Mestanza. Y en el oeste de Castilla-La Mancha, a San Pablo de los Montes.

En total, se han contabilizado 43 superaciones del umbral de información a la población. Además, en la comarca de Puertollano se sobrepasó en cinco ocasiones el umbral de alerta, marcando en dos de sus estaciones el récord estatal de concentración horaria de ozono en 2026, con 275 µg/m³ (microgramo por metro cúbico).

Según el informe, la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) atribuye a Castilla-La Mancha hasta 490 muertes anuales a la exposición al ozono. Esto supone una tasa de 23 muertes por 100.000 habitantes, mientras que en el verano de 2026 el sistema MoMo (Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria) identificó 187 muertes por calor, agravadas por la presencia de ozono.

Resulta también muy llamativa la comparativa de Castilla-La Mancha con la Comunidad de Madrid, por ser limítrofe en las áreas críticas de contaminación de Guadalajara y Toledo. De hecho, el informe destaca una “estrecha interconexión” geográfica por el transporte de contaminantes.

Concretamente, detalla que el intenso tráfico e industria de Madrid generan un “penacho de contaminación” que los vientos desplazan hacia el suroeste, canalizándose por el valle del río Tajo hacia el norte de Toledo, Talavera de la Reina e incluso San Pablo de los Montes. De igual forma, las emisiones del aeropuerto de Madrid-Barajas se extienden por el Corredor del Henares hasta Guadalajara.

Pero, pese a ese efecto ‘contagio’, la situación en ambas regiones es muy diferente. Mientras que la Comunidad de Madrid experimentó un empeoramiento severo de ozono malo con un incremento del 43% en las superaciones del valor objetivo respecto al periodo 2012-2019, en el caso de Castilla-La Mancha ha habido un descenso global del 13% en esa misma variable, aunque con picos de “alta gravedad” localizada.

¿Qué sucede en Puertollano?

En cuanto a Puertollano, el informe detalla el origen industrial del ozono malo: la masa de aire contaminado se origina por las emisiones combinadas de óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles procedentes de su complejo industrial (refinería de petróleo, planta petroquímica, fábrica de fertilizantes y centrales termoeléctricas).

Según indica, los episodios agudos obedecen a un patrón característico en el que las emisiones nocturnas atrapadas en capas estables de la atmósfera se mezclan bruscamente al salir el sol, provocando que coincidan picos elevados de ozono con dióxido de azufre.

En su informe, Ecologistas en Acción incide en que el ozono troposférico es un potente agente oxidante que, debido a su elevada reactividad química, resulta “fuertemente nocivo” para la salud humana. Sus efectos se manifiestan tanto en exposiciones agudas de corta duración como en la exposición continuada a lo largo del tiempo.

Entre los efectos a corto plazo, destaca las irritaciones respiratorias y oculares, la pérdida de capacidad pulmonar y la agravación de las crisis de asma y alergias respiratorias; y a largo plazo, afecta de manera permanente al desarrollo pulmonar durante las etapas de crecimiento infantil, induce nacimientos prematuros y provoca alteraciones cognitivas similares al Alzhéimer, al tiempo que agrava dolencias como la diabetes, la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y el riesgo de infarto cardiovascular. 

Con las cifras de este nuevo informe, Ecologistas en Acción apunta directamente al Gobierno castellanomanchego, por no aprobar los planes formales de mejora de la calidad del aire preceptivos por ley, ni un “plan de acción a corto plazo” para controlar los picos de Puertollano y su comarca.

Emiliano García-Page ha hecho referencia hoy a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre para reclamar que se abandone el “cortoplacismo” y defender que haya una política “con perspectiva, a medio y largo plazo, de entendimiento y hasta cierto punto de conciliación”. Y aunque no ha hecho ninguna referencia expresa ni al Gobierno central ni a los partidos independentistas, ha añadido: “Si algo he llevado mal en estos últimos años es que ha habido gente que, por no ser autónomo, pero sí pretender ser independiente, ha hecho que en España nos tengamos que plantear lo que somos”.

El presidente de Castilla-La Mancha ha hecho estas declaraciones con motivo un premio que le ha otorgado en Toledo la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). En este contexto, ha alabado a este sector y ha aprovechado para dejar claro que “ser autónomo no significa independiente”. “En términos políticos se entiende que no es lo mismo ser autonomista que ser independentista”, ha dicho.

Dicho esto, ha remarcado que la sociedad depende del contexto, de la economía y de las administraciones, y que en un escenario electoral como el actual, es importante tener en cuenta cuestiones como los cambios tecnológicos y el desarrollo de la inteligencia artificial.

“Cualquier proceso de adaptación que podamos imaginar pasa por millones de decisiones individuales. Y todo dependerá de la capacidad que tendremos de ir adaptándonos al ritmo vertiginoso que nos reclama hoy la tecnología y la sociedad”, ha añadido.

El intentar gobernar escuchando y pactando me parece que exige más valentía que lo que algunos consideran ser valiente, que es el insulto, el 'no' por el 'no' o la confrontación permanente

Tras pedir que, sea cual sea el resultado de las elecciones, se atienda adecuadamente al sector de los autónomos, ha señalado que el premio recibido es “inmerecido” porque su labor como presidente es la de “escuchar” y “¿qué tiene de inteligente no hacerlo?”.

“El intentar gobernar escuchando y pactando me parece que exige más valentía que lo que algunos consideran ser valiente, que es el insulto, el 'no' por el 'no' o la confrontación permanente. Lo que exige moderación, valentía, hoy en día es pactar y escuchar. Para eso hay que ser valientes, porque tirarnos los trastos a la cabeza sabemos cualquiera de nosotros”.

Page ha subrayado que, vote lo que vote la gente, su deseo es “que se abandone con urgencia el inmenso cortoplacismo en el que estamos instalados”. “Se necesita con urgencia una política de perspectiva, política del medio y del largo plazo. Multitud de problemas no se abordan por el simple hecho de que se está más pendiente del telediario de la noche”.

Y también ha abogado por una “perspectiva de entendimiento, hasta cierto punto de cierta conciliación” porque, según ha reconocido, si algo ha llevado mal en estos últimos años es que “ha habido gente que. por no ser autónomo, pero sí pretender ser independiente, ha hecho que en España nos tengamos que plantear lo que somos”. “Eso, lo que somos, quedó muy claro hace casi 50 años en la Constitución del 78, que va para otros 50”, ha concluido.

Ha sido visto y no visto. Pedro Sánchez iba a acudir a Toledo el próximo miércoles, día 21 de octubre, a un acto de precampaña por las elecciones generales del 29 de noviembre. Pero finalmente no lo hará. Al menos de momento. Un día después de que el PSOE municipal de Toledo, muy afín al presidente del Gobierno, lo anunciara en sus redes sociales, en Ferraz informaban de que el acto se suspendía. El evento estaba programado a las 18.00 horas en el Cigarral del Ángel Custodio de la capital castellanomanchega.

No estaba previsto que acudiera el presidente autonómico, Emiliano García-Page, puesto que tiene previsto un viaje institucional a Italia, pero la suspensión del acto coincide con el hecho de que el Comité Federal del PSOE haya impuesto su criterio en dos de las listas que las Ejectutivas provinciales de los socialistas castellanomanchegos habían ratificado con amplias mayorías para las elecciones generales, modificando sus números uno.

De hecho, Page ni siquiera acudió al encuentro federal convocado en Ferraz el sábado para ratificar esas listas. Aseguró que se trataba de una reunión de trámite “sin posibilidad de intervención”.

Aunque la relación entre Pedro Sánchez y Emiliano García-Page no es buena, por las constantes críticas de este último a la gestión del Gobierno central, fuentes consultadas por elDiario.es Castilla-La Mancha atribuyen la cancelación del acto a la agenda internacional del presidente del Gobierno. En ambas direcciones, la federal y la castellanomanchega, no quieren que los turbios desencuentros entre ambos empañen una campaña electoral en la que “lo fundamental es apelar al voto útil” para el PSOE.

El vaivén de las listas electorales

Pero, ¿qué ha ocurrido con las listas electorales? En realidad, ninguna sorpresa, porque no es extraño que en Ferraz se modifiquen algunos nombres de los que proponen las Ejecutivas provinciales para el Congreso y el Senado en las circunscripciones electorales. Pero sí ha habido dos cuestiones destacables teniendo en cuenta el binonio Sánchez-Page.

En Ferraz, fuentes cercanas al Comité Federal han indicado a este periódico que no quieren diputados “díscolos” en el nuevo Congreso que emane de las elecciones generales. No es que hasta ahora algún parlamentario nacional de Castilla-La Mancha, afín a Page, haya roto la disciplina de voto, que no ha sido así, ni siquiera cuando se votó la nueva Ley de Amnistía. Pero hay nombres que la dirección federal no quiere.

Ese ha sido el caso de Albacete. La Ejecutiva provincial lo tenía claro: el socialista Emilio Sáez, diputado nacional en la presente legislatura y exalcalde de Albacete, era el número uno propuesto para repetir en la lista al Congreso. Sáez es un político muy afín a Page y obtuvo más del 98% de respaldo de los socialistas albaceteños para volver a liderar la candidatura. Pero Ferraz la tumbó.

Será la actual senadora del PSOE por la circunscripción de Albacete, Amparo Torres, la número uno en la candidatura al Congreso por esta provincia. Este cambio lo ha asumido, de cara a la galería, la dirección del PSOE de Albacete, pero reconocen su malestar por haberse impuesto el criterio de Ferraz.

De hecho, fuentes cercanas al partido afirman que dejar a Emilio Sáez fuera de las listas no tiene nada que ver con el hecho de que estuviera imputado por la contratación de auxiliares de seguridad vial ante la falta de voluntarios ente los agentes de la Policía Local, en la Vuelta Ciclista a España en 2021, en la etapa de Albacete. Sobre todo porque esa causa ha sido archivada hasta tres veces. Lo vinculan más a ese objetivo de la dirección federal de hacer valer su criterio y su “fuerza”. No obstante, los socialistas albaceteños no quieren “ruido” con este tema y respetan esta decisión.

El otro cambio notorio de las listas ha sucedido en Guadalajara. La alcaldesa de Sigüenza y actual diputada en el Parlamento de Castilla-La Mancha, María Jesús Merino, será quien finalmente encabece la candidatura del PSOE por esta circunscripción al Congreso de los Diputados.

Eso no fue lo que decidió la Ejecutiva provincial, que quería al alcalde de Marchamalo, Rafael Esteban, como número uno. Este último ha sido senador hasta la disolución de las Cortes generales, y ahora, el Comité Federal ha decidido que debe seguir integrando la lista al Senado por esa provincia.

Según ha podido saber este medio, se trata de un acuerdo “pactado” con Ferraz que ha dejado en tablas la pugna entre Ferraz y el PSOE castellanomanchego por quién tenía que encabezar la lista al Congreso. El motivo: en las últimas horas antes del Comité Federal se había hecho público el malestar interno ante la posibilidad de que Madrid impusiera a Daniel Jiménez, exconcejal en el Ayuntamiento de Guadalajara, asesor de la exministra de Trabajo, Magdalena Valerio, y actual asesor en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Finalmente, no fue así y María Jesús Merino ha sido la candidata “de consenso”, pero el hecho de que Rafael Esteban, muy afín a Page, no haya conseguido ese puesto, ha dejado a los socialistas de Guadalajara algo “descolocados”.

Tampoco en este caso quieren que haya polémica, puesto que también la alcaldesa de Sigüenza es un valor en alza en el PSOE de Page. Es importante tener en cuenta que en los comicios de 2023, solo salió elegido el número uno de la candidatura socialista al Congreso, que entonces fue Alberto Rojo, exalcalde de Guadalajara. Los otros dos escaños nacionales en liza en esta provincia fueron para el PP y para Vox.

Los socialistas castellanomanchegos tampoco pasan por alto que ya habían 'cedido' en la lista provincial de Toledo, la que generó cierta polémica en las elecciones generales de 2023. La Ejecutiva provincial respaldó que fuera la ministra de Educación, Milagros Tolón, declarada 'sanchista', la que encabezara la lista al Congreso, seguida de Sergio Gutiérrez, el número dos del PSOE de Page. Con ello, se invirtió el orden que ambos ocuparon en la lista de hace cuatro años.

De cualquier forma, en el partido dan por seguro que Pedro Sánchez acudirá a Castilla-La Mancha, en precampaña o en campaña. Incluso no descartan que comparta escenario con Page. Ya lo hizo en la antesala de las elecciones autonómicas de mayo de 2023, en Puertollano (Ciudad Real), lo que sirvió para limar unas asperezas que, no obstante, luego han ido a más.

Bajo el lema '¡La fuerza de la gente llega a Toledo!', el acto de Pedro Sánchez que finalmente se ha cancelado habría supuesto la segunda visita del presidente del Gobierno a la provincia toledana en menos de un mes, tras acudir a unas instalaciones industriales de Noblejas el pasado 25 de septiembre. Se da la circunstancia de que en esta visita, a la que no acudió Page, Pedro Sánchez estuvo acompañado por el alcalde de esta localidad toledana, Agustín Jiménez Crespo, uno de los alcaldes socialistas más críticos con el presidente castellanomanchego.

“Es terrorífico que algo tan básico como poder honrar a tu abuelo sea un motivo de conflicto 90 años después”. Esta es una de las frases con las que el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, sintetizó buena parte del debate que mantuvo con el periodista Enrique Sánchez Lubián, en la presentación de su libro ‘Crónicas del después de una guerra’. Ambos mantuvieron un clarificador debate sobre memoria histórica y polarización política en el marco de la Feria del Libro de Toledo, moderado por Carmen Bachiller, la directora de la edición castellanomanchega de este periódico, del que Sánchez Lubián también es colaborador.

Más de un centenar de personas asistieron a este coloquio en el que el eje inicial giró en torno al necesario trabajo periodístico para desenterrar la memoria de las personas fusiladas y represaliadas por la dictadura franquista. Así lo expuso Escolar. Detalló que requiere una labor investigadora y la búsqueda de documentos “muy difíciles de hallar”, pero que “desde el punto de vista humano, son valiosísimos” y que “no se pueden contar de manera neutral, como si fuese un partido de fútbol”.

Sánchez Lubián así lo valoró también. Hizo mención a Miguel de Unamuno para referirse a la “intrahistoria”, es decir, aquella “gente corriente, gente cotidiana” que no forma parte de la “historia con mayúsculas”. “Gente anónima que no tuvo cargos de responsabilidad, pero que sin embargo sufrió represión y sobre la que no se ha contado nunca nada. Esa es la cuestión, darle voz a los olvidados, no desde el revanchismo, sino por necesidad de sacar a la luz sus historias”. Y ese es el objetivo de buena parte de su libro.  

Precisamente, Escolar criticó el discurso utilizado por las derechas cuando arremeten contra la memoria histórica alegando que “solo se está contando la historia de los rojos represaliados y no de los curas quemados o de Paracuellos”. “Eso no es verdad, porque esa historia ha estado presente durante toda la dictadura, fue contada un día y otro día, y todos esos muertos fueron honrados y todas esas personas están enterradas en un sitio donde sus descendientes saben dónde están, donde pueden llevarles flores”.

Saber qué fue de tu padre, de tu abuelo, de tu tío, poder recuperar algo de sus pertenencias personales, de su historia, es algo básico, es un mínimo para después, sobre eso, construir cualquier concordia

Ignacio Escolar

El drama, apuntó, está en que hay otra parte de las víctimas, que además “son mayoría en números absolutos”, que durante años fue “ignorada”, incluso “bien entrada ya la democracia”. Fueron historias que eran “tabú”. Y, de hecho, también arremetió contra el que el hecho de que se contraponga la “concordia” como antítesis de la memoria histórica. “Saber qué fue de tu padre, de tu abuelo, de tu tío, poder recuperar algo de sus pertenencias personales, de su historia, es algo básico, es un mínimo para después, sobre eso, construir cualquier concordia”.

Y por todo ello, consideró “terrorífico” que algo tan esencial como “poder honrar a tu abuelo”, que es “algo que las víctimas del otro bando han tenido siempre”, sea “un motivo de conflicto 90 años después”.

 Sánchez Lubián añadió que tanto en su libro como en el anterior que escribió sobre los presos del franquismo que construyeron la Academia de Infantería de Toledo, ha podido comprobar cómo se ha ido creando “una maraña de silencio”. “A veces las familias han creado un relato paralelo para justificar lo que les pasó a ellos, pero eso no se correspondía luego con la realidad. Eso es injusto. Conocer la verdad no es revanchismo, es encontrar respuestas”.

De hecho, durante su intervención puso como ejemplo el caso de Federico García Lorca. “Yo a veces no pienso en García Lorca. Pienso en las tres personas que fueron fusiladas y enterradas con él. El maestro y aquellos dos banderilleros. Esa gente no sabe dónde tiene que ir a llevar las flores. ¿Que la familia de García Lorca no hace nada para localizar a sus restos? Bueno, pero las otras familias tienen derecho a ello”.

Pero, ¿se pudo haber hecho esa reparación de la memoria mucho antes, durante la transición democrática y los primeros años de la década de los 80? Ambos periodistas consideraron que sí. El autor del libro se mostró convencido de que hay un “déficit del que todos somos responsables” pero principalmente los primeros gobiernos democráticos.

“Hay quienes dicen que la Ley de Memoria Democrática lo que hace es resucitar males del pasado, pero gracias a esa ley se está exhumando a mucha gente enterrada en las cunetas. Y gracias a ella se ha puesto en marcha, por ejemplo, la creación de un banco público de ADN, que puede parecer una cosa etérea, pero es importantísimo, porque hasta ahora las exhumaciones se hacían mediante gestión privada”. En definitiva, apuntó, la mencionada norma viene a considerar que la democracia es “mucho más que resignificar”.

El director de elDiario.es también opinó que “se llega tarde” porque “muchos de los familiares que están buscando a sus abuelos están muriendo”. Admitió que durante el periodo en que Adolfo Suárez estaba legalizando al Partido Comunista, y con las tensiones militares que luego desembocaron en el golpe de Estado de 1981, no había en las fuerzas democráticas “capacidad suficiente como para forjar esa reparación” y hubiera sido “darle demasiadas cucharadas de ricino al Ejército”.

“Pero después, en el año 1982, con Felipe González y una mayoría apabullante, y después del golpe de Estado, sí habría sido el momento para poder hacerlo. E incluso hubiera sido más fácil de explicar políticamente, porque uno de los argumentos que utilizan ahora los que se oponen es por qué se hace actualmente”.

En este punto, surgió el debate sobre la educación en las aulas. Aunque sí hay museos y monumentos que ahora dignifican a muchas de esas víctimas olvidadas, no ocurre igualmente en la educación pública. Así lo reconoció el propio Escolar: “En la E.G.B. nunca llegábamos a la Guerra Civil, nunca”.  

Es necesario un ejercicio para que la gente entendiera lo que es la democracia, lo que le ha costado a este país tener una educación, una sanidad pública, un estado de bienestar, y eso es un déficit que estamos arrastrando

Enrique Sánchez Lubián

Y Sánchez Lubián lo confirmó. “Ahora que tanto nos ocupamos ante el revival franquista, nos damos cuenta de que habría que haber hecho una labor de pedagogía, no solamente por explicar la historia en las aulas, sino también por inculcar que la libertad democrática no afecta solo a los tiempos de la guerra, sino también al presente. Un ejercicio para que la gente entendiera lo que es la democracia, lo que le ha costado a este país tener una educación, una sanidad pública, un estado de bienestar, y eso es un déficit que estamos arrastrando”.

Al hilo de ello se refirió a actuaciones como los recientes abusos policiales en cargas contra manifestantes universitarios, las denuncias contra elDiario.es por investigaciones como la de Julio Iglesias, las actuaciones de militares contra migrantes en Ceuta o ver a un agitador de ultraderecha (en referencia a Vito Quiles) vitoreado por legionarios. “Eso es un déficit democrático y contra ello tendríamos que haber puesto una vacuna hace tiempo”.

De hecho, otro ejemplo que puso es el de los jóvenes que acudieron el pasado 12 de octubre a la Puerta del Sol a increpar a los acampados por la vivienda, con consignas fascistas y franquistas, y banderas con la cruz de Borgoña. “Me preocupa de dónde han salido, porque seguramente ninguno de ellos ni sabe ni quién es José Antonio (Primo de Rivera) ni nada de nada”.

Sobre esta cuestión, Escolar hizo mención a una conversación con Iñaki Gabilondo a este respecto, en la que le remarcó que estos chicos y chicas que gritan ‘Viva Franco’ no aguantarían “ni diez minutos, o doce, a más tardar, en una dictadura”.  “Hay cosas muy básicas que ellos dan por sentadas, como que una mujer pueda abrir una cuenta corriente sin permiso del padre o del marido, o que puedas querer a quien quieras, y que antes no eran posibles. Pero lamentablemente hay una corriente, yo creo que algo frívola en primer sentido, o casi pop, de reivindicar cosas de las que desconocen todo”.

También la denominada ‘Ley de Nietos’ y el hecho de que el Tribunal Supremo haya paralizado la posibilidad de votar a los descendientes de exiliados españoles ocuparon parte del coloquio entre ambos periodistas. Mientras Sánchez Lubián destacó que es “sintomático” de que mucha gente en la derecha política no es consciente de la “dimensión del exilio español”, Escolar consideró “terrible” el debate sobre la cuestión.

De hecho, apuntó que la famosa orden del decreto por la que se permite ese voto incluye “exactamente la misma definición” que se hizo con la Ley de Memoria Histórica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. “Esto, que era pacífico en 2007 y es prácticamente un copia-pega que es fácil de comprobar en el BOE, ahora se convierte en un gran escándalo. Yo creo que en parte tiene que ver también con una mala conciencia por la historia de la derecha española”.

Y al hilo de ello, ambos reflexionaron sobre la polarización política actual. “Cada vez hay menos violencia, pero al mismo tiempo, hay más odio. En gran medida por cómo funcionan los algoritmos en las redes sociales, hay cada vez más discursos encendidos de rechazo al de en frente, de rechazo que no piensa como tú”.

Aunque para el director de elDiario.es resulta “inimaginable un nuevo conflicto militar o una represión y una dictadura asesina como la de la posguerra”, sí dejó claro que “no hace falta llegar a eso para que haya un retroceso democrático”. Para ello puso ejemplos como los de Hungría o Polonia.

Incluso si hay mayoría absoluta del PP con Vox, será muy difícil aprobar según qué cosas si hay un 70 o un 80% de la población a la que le parece mal algo tan básico como no echar de casa a una señora de 87 años

Ignacio Escolar

“Cuando hay un partido en el Parlamento que no reconoce la legitimidad del Gobierno desde el minuto uno, pone en duda el resultado electoral y arrastra a la otra fuerza de oposición a esos mismos discursos, cuestionando la limpieza de las elecciones, todo eso es una amenaza de retroceso democrático sin que por eso vayamos a volver a tener fosas comunes ni fusilados”, destacó.

No obstante, también dejó claro que, por “ver el vaso medio lleno”, hay muchas leyes que suponen avances sociales y que no se van a modificar. “Porque se está generando una nueva conciencia social que hará que, incluso si hay mayoría absoluta del PP con Vox, sea muy difícil aprobar según qué cosas si hay un 70 o un 80% de la población a la que le parece mal algo tan básico como no echar de casa a una señora de 87 años”, en referencia al clamor social derivado del desahucio de Maricarmen Abascal.

Por último, Enrique Sánchez Lubián insistió en la necesidad de seguir investigando, buceando en los archivos. “Hay que seguir apostando por la digitalización de todos los documentos, porque muchas veces encuentras expedientes que dicen no se pueden consultar porque su estado de conservación es tan nefasto que se va a deshacer el papel. Y hay que seguir recogiendo testimonios de familiares. Seguir trabajando por la memoria, por desenterrar todo lo tapado y olvidado”, concluyó.

Enrique Sánchez Lubián (Alcázar de San Juan, 1956) ha ejercido el periodismo durante más de 40 años, habiendo sido jefe de prensa del Ayuntamiento de Toledo. Ha combinado la labor periodística con la divulgativa, siendo autor de libros como 'Besteiro, años de juventud'; 'Domingo Alonso, apóstol del socialismo toledano'; 'Emelina, la belleza que alumbró a la República'; 'El reloj de la cárcel, Poesías y leyendas de Francisco Machado'; 'Crónica negra de Toledo. Truhanes, pícaros, asesinos y otras gentes de mal vivir'; 'Luisa Alberca, reina de los seriales en la España de los 50'; 'Toledo en la II República'; o 'Los presos que construyeron la Academia de Toledo'.

El canon del agua en Castilla-La Mancha, conocido oficialmente como Canon Medioambiental de la Directiva Marco del Agua (DMA), es un impuesto autonómico indirecto que grava el uso, el consumo y los vertidos de agua en la región, que entró en vigor el 1 de enero de 2025. Todo lo recaudado se destina a financiar infraestructuras hidráulicas (abastecimiento, saneamiento y depuración) y la mejora de los ecosistemas acuáticos. Y dentro de esa distribución de fondos, al menos el 25% de la recaudación debe devolverse a los ayuntamientos para que realicen obras en el ciclo integral del agua de su competencia. El 75% restante lo gestiona el Gobierno regional.

Casi dos años después de su entrada en vigor, la Administración autonómica ya ha sacado a información pública el proyecto de decreto por el que procederá a transferir esa cantidad a los ayuntamientos de la región, según publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y en virtud de la reforma de la Ley de Aguas de la comunidad autónoma donde se incluyó su aprobación.

Este impuesto autonómico tuvo un controvertido proceso de aprobación. Se aprobó inicialmente en febrero de 2022 en las Cortes regionales, pero fue suspendido de manera indefinida solo unas semanas después debido a la crisis económica y la subida de precios derivadas de la guerra en Ucrania. Posteriormente, el Gobierno de Castilla-La Mancha retomó y aprobó de nuevo canon en marzo de 2024, fijando su entrada en vigor definitiva para el 1 de enero de 2025.

Según lo estipulado en la reforma para su implantación, los primeros 10.000 litros de agua al mes (10 metros cúbicos) por vivienda están completamente exentos de pago. El impuesto solo se empieza a aplicar a partir de los consumos que superen ese umbral.

Exenciones del pago

Además, el reglamento exime del pago total de este canon medioambiental a familias y personas que tengan la condición de vulnerabilidad social severa o se encuentren en riesgo de exclusión social; a agricultores y ganaderos.; y al uso que de la misma se haga para la extinción de incendios.

En general, para un hogar medio de tres personas que no supere los límites de consumo básico, el impacto estimado es de menos de 1 o 2 euros al mes, divididos en una parte fija y otra variable según los bloques de consumo que excedan los 10 metros cúbicos exentos.

Ahora, el proceso de información pública para la devolución a los ayuntamientos de la cuarta parte de lo recaudado se prolongará durante 20 días hábiles para que los interesados puedan presentar alegaciones. Cuando lo apruebe el Consejo de Gobierno, se pondrá en funcionamiento el sistema de transferencias para que los municipios de Castilla-La Mancha puedan financiar inversiones destinadas a mejorar las infraestructuras municipales de abastecimiento, saneamiento y depuración.

Un canon finalista

Esto es así porque el impuesto, en virtud de la mencionada Directiva Marco, tiene un carácter finalista, es decir, se utiliza exclusivamente para financiar infraestructuras hidráulicas para la mejora de la calidad y disponibilidad del agua en la región.

Además, el decreto contempla un régimen especial para los municipios de menor población que suelen disponer de menos recursos económicos y capacidad técnica para acometer este tipo de actuaciones. Concretamente, regula que las localidades menores de 5.000 habitantes tendrán una asignación mínima de 4.000 euros anuales cuando la cuantía que les corresponda conforme a la recaudación efectiva del canon no alcance ese importe.

Para estas actuaciones se regula un Fondo de Inversiones en Infraestructuras del ciclo integral del agua con una serie de medidas entre las que destacan las relativas a captación, aducción y transporte, estaciones de tratamiento de agua potable, depósitos, redes de distribución, redes de saneamiento, colectores, estaciones de bombeo, estaciones depuradoras de agua residuales y actuaciones para la reducción de pérdidas y la mejora del control y gestión del consumo de agua

Hace un año que el Campus de la Universidad de Alcalá (UAH) en Torrejón de Ardoz se hizo realidad. Se trata de las primeras enseñanzas universitarias que se imparten en esta ciudad, una de las más importantes del Corredor del Henares, con más de 140.000 habitantes y en constante expansión.

Estela Núñez Barriopedro es la directora de este campus. Es Catedrática de Universidad del área de Comercialización e Investigación de Mercados y adscrita al Departamento de Economía y Dirección de Empresas de la UAH. También es doctora por la Universidad de Alcalá y Licenciada en Administración y Dirección de Empresas en la misma institución académica.

Desarrolla su actividad docente e investigadora en ámbitos relacionados con el marketing, el comportamiento del consumidor, las organizaciones, los mercados y el turismo. Asimismo, forma parte de los grupos de investigación ACCOM (Análisis del comportamiento del consumidor, de las organizaciones y de los mercados) y ATURI (Análisis del Sector Turístico e Innovación).

El Campus de Torrejón de la Universidad de Alcalá comenzó su actividad en septiembre de 2025. ¿Qué balance hace tras más de un año de andadura?

Las clases comenzaron el 8 de septiembre de 2025 y este curso 2026-2027 hemos recibido ya a nuestra segunda promoción, mientras que los estudiantes que inauguraron el Campus avanzan a segundo curso. En ambos cursos las notas de acceso se han mantenido altas.

También se ofertaron en el pasado curso 2025-2026, tres cursos monográficos con un total de 57 personas matriculadas. En este curso 2026-2027 la oferta fue renovada con un programa anual para la Universidad de Mayores en el que el primer día las plazas fueron agotadas.

Por tanto, estamos en una etapa todavía muy joven, pero la evolución en solo un año ha sido muy positiva.

¿Han empezado nuevos grados en su segundo año?

Sí, este año damos un paso importante porque comenzamos con los grados de Enfermería y Fisioterapia y, en este segundo curso, hemos incorporado el Máster Universitario en Aplicaciones de la Inteligencia Artificial a la Industria y Comunicaciones, un programa anual de la Universidad de Mayores dedicado a inteligencia artificial y sociedad digital y nuevas iniciativas de investigación, transferencia y colaboración con empresas.

Por tanto, estamos en un momento de consolidación y, al mismo tiempo, de crecimiento. Se empieza a percibir cuando los estudiantes desarrollan sentimiento de pertenencia, cuando llegan proyectos de investigación, cuando las empresas quieren colaborar con nosotros y cuando los ciudadanos participan en las actividades que organizamos.

¿Qué ha supuesto esta ampliación para la Universidad de Alcalá?

Ha supuesto ampliar las fronteras de la Universidad de Alcalá tanto física como académicamente. Torrejón es el cuarto campus de la UAH, junto a los dos de Alcalá de Henares y el de Guadalajara, y refuerza considerablemente nuestra presencia en el Corredor del Henares. La Universidad tiene más de cinco siglos de historia, pero una institución con esa tradición debe ser también capaz de crecer, innovar y acercar el conocimiento a nuevos territorios.

No es solo una cuestión de infraestructuras…

Efectivamente, no se trata simplemente de incorporar un edificio. Supone aumentar nuestra capacidad docente, investigadora y de transferencia. Así como estrechar nuestra relación con el Corredor del Henares, con sus ciudadanos y con su tejido productivo y abrir posibilidades para nuevas titulaciones y actividades.

El campus de Torrejón de la UAH, representa nuestra capacidad de innovar sin perder nuestra identidad, una universidad cercana, abierta a su territorio, comprometida con una docencia de calidad y capaz de poner su conocimiento al servicio de la sociedad.

En total, ¿cuáles son los estudios que incorpora y cómo están resultando? ¿Hay buenas sensaciones?

El núcleo inicial está formado por los mencionados grados de Enfermería y Fisioterapia, con 50 plazas de nuevo ingreso en cada titulación y cada curso. Son dos enseñanzas que la UAH conoce muy bien y en las que tenemos una trayectoria académica, docente e investigadora consolidada. No partíamos de cero, sino que trasladamos a Torrejón la experiencia y el conocimiento acumulados durante muchos años en la Universidad.

¿Cómo ha sido la acogida?

Excelente. En el curso inaugural las notas de corte fueron 11,303 en Enfermería y 10,550 en Fisioterapia. En este curso se mantienen en niveles muy altos, con 11,241 y 10,729, respectivamente. Por tanto, los datos muestran que no hemos creado artificialmente una demanda al llevar estas titulaciones a Torrejón, sino que hemos respondido a una demanda social que ya existía.

¿Y en cuanto a los másteres?

Este año ampliamos mucho el perfil del Campus. Se ha puesto en marcha el Máster en Aplicaciones de la Inteligencia Artificial a la Industria y Comunicaciones, cuya primera edición cuenta con 32 estudiantes, y el programa de Universidad de Mayores sobre IA y Sociedad Digital, cuyas 50 plazas se agotaron. De esta manera empiezan a convivir en un mismo campus jóvenes que se preparan para profesiones sanitarias, estudiantes especializados en tecnologías de vanguardia y personas mayores de 50 años que quieren continuar aprendiendo.

No queremos formar simplemente usuarios de inteligencia artificial, sino profesionales capaces de comprender un problema, determinar si la IA puede aportar valor, integrarla de forma responsable

¿Ese Máster de IA es pionero?

Yo sería prudente con la palabra “pionero” porque existen otras titulaciones de inteligencia artificial. Lo que sí podemos afirmar es que se trata de una apuesta novedosa especialmente diferenciada por su orientación aplicada a la industria y las comunicaciones. Es un máster oficial de 60 ECTS( European Credit Transfer and Accumulation System o Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos), impartido en inglés y con modalidad híbrida, dirigido por los departamentos de Teoría de la Señal y Comunicaciones y Electrónica y Automática. En este primer curso ha arrancado con 32 estudiantes. Su orientación es profesional y está diseñado para que el alumnado no conozca la inteligencia artificial únicamente desde el punto de vista teórico, sino que sea capaz de convertirla en soluciones para problemas concretos.

¿Cómo es su parte práctica, teniendo en cuenta las numerosas funcionalidades?

Implica trabajar sobre casos concretos y abordar aplicaciones como el mantenimiento predictivo, la optimización de procesos, el análisis de grandes volúmenes de datos, las comunicaciones, la automatización o la seguridad. También contempla la posibilidad de realizar prácticas externas. Esta orientación es especialmente importante. No queremos formar simplemente usuarios de inteligencia artificial, sino profesionales capaces de comprender un problema, determinar si la IA puede aportar valor, integrarla de forma responsable en una organización y evaluar sus resultados y sus riesgos. Esa filosofía está muy presente en el proyecto.

Al ser el Campus de Torrejón un proyecto muy nuevo, ¿se están aplicando nuevos métodos innovadores o avances tecnológicos?

El hecho de partir de unas instalaciones nuevas nos da la oportunidad de pensar desde el principio cómo queremos enseñar. Hemos equipado aulas, seminarios y laboratorios para responder tanto a las necesidades de las titulaciones sanitarias como a las nuevas líneas tecnológicas del Campus.

Pero creo que la innovación docente no puede consistir únicamente en incorporar tecnología. Debe estar al servicio del aprendizaje. En Enfermería y Fisioterapia es esencial combinar los fundamentos científicos con una formación muy práctica, progresiva y conectada con la realidad asistencial. Por ejemplo, el Grado en Enfermería incorpora 78 ECTS de prácticas externas y la Facultad mantiene colaboración para la formación clínica con hospitales, centros de Atención Primaria y otros centros asistenciales.

Hay ahí una fusión necesaria entre la innovación y el aprendizaje.

Sí, pero la idea no es utilizar una herramienta porque sea novedosa, sino preguntarnos siempre qué mejora aporta al aprendizaje. En la universidad tenemos que enseñar a trabajar con la tecnología sin permitir que sustituya aquello que resulta imprescindible: el pensamiento crítico, el conocimiento y la capacidad de resolver problemas.

¿Qué papel puede cumplir el Campus de Torrejón en materia de investigación?

Un papel muy importante. Desde el principio hemos querido que Torrejón no sea únicamente un lugar donde se impartan clases. Un verdadero campus universitario debe generar también investigación, transferencia de conocimiento, innovación y colaboración con su entorno.

Un ejemplo es la Cátedra ATALANTA de Ciberseguridad y Ciberinteligencia. Esta iniciativa conecta universidad, empresa, investigadores jóvenes e instituciones y aborda un ámbito de enorme relevancia como es la ciberseguridad. Su actividad puede contribuir tanto al avance científico como a la transferencia de conocimiento hacia empresas y hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La transferencia sucede cuando el conocimiento deja de quedarse dentro de la universidad y es capaz de contribuir a resolver cuestiones de la sociedad

La relación con las empresas es prácticamente una obligación de las universidades, ¿hay más proyectos en el Campus?

Es fundamental. De hecho, también promovemos el Foro VanguardIA, concebido para generar un diálogo entre universidad, empresas e instituciones sobre los retos tecnológicos, jurídicos y estratégicos que plantean la inteligencia artificial y la ciberseguridad. La finalidad es que de estos encuentros surjan proyectos de investigación, prácticas, formación especializada, colaboración empresarial y oportunidades profesionales. Para nosotros la transferencia sucede precisamente cuando el conocimiento deja de quedarse dentro de la universidad y es capaz de contribuir a resolver cuestiones de la sociedad.

¿Qué volumen de estudiantes tiene actualmente y qué recepción está teniendo?

Creo que podemos hablar de un primer año de consolidación y, al mismo tiempo, de expansión. Empezamos con Enfermería y Fisioterapia y con 100 estudiantes de nuevo ingreso, 50 por titulación. Las notas de corte fueron de 11,303 en Enfermería y 10,550 en Fisioterapia en ese primer curso, lo que demostró que existía una demanda muy importante desde el principio. En el curso 2026-2027 esa demanda continúa en niveles muy altos, con notas de corte de 11,241 y 10,729, respectivamente, mientras nuestros primeros estudiantes ya avanzan hacia segundo curso.

Pero hay algo incluso más significativo: en solo un año hemos empezado a demostrar que el Campus de Torrejón no es únicamente una sede para impartir dos grados. Sino que Hemos abierto el campus al aprendizaje a lo largo de toda la vida a través de la Universidad de Mayores. Durante el curso 2025-2026 se impartieron tres cursos monográficos con 57 participantes y, para este nuevo curso, el programa anual sobre Inteligencia Artificial y Sociedad Digital cubrió todas sus plazas el mismo día de apertura de la inscripción.

¿Hay alumnado de Torrejón, de Alcalá, de Guadalajara o de todos ellos?

De todos ellos, y además del resto de la Comunidad de Madrid y de otras provincias de Castilla La Mancha como, por ejemplo, Ciudad Real.

El Campus está ubicado en una parcela municipal de 6.000 metros cuadrados en la avenida de la Constitución, junto al paso subterráneo que comunica con el Paseo de la Democracia y muy próximo a la estación de Cercanías de Soto del Henares. ¿Cómo son las conexiones para transporte?

La ubicación es una de las grandes ventajas del Campus. Esto permite una conexión ferroviaria especialmente buena tanto con Madrid como con Alcalá de Henares y Guadalajara. La estación de Soto del Henares presta servicio actualmente a las líneas C-2, C-7 y C-8 de Cercanías Madrid y también dispone de conexiones con autobuses urbanos e interurbanos. El Campus es muy accesible a todo el Corredor del Henares inclusive Guadalajara.

¿Cuáles son las previsiones de ampliación, en cuanto a espacio y estudios?

Nuestra voluntad es seguir creciendo, pero hacerlo de manera ordenada y manteniendo siempre la calidad. La planificación inicial del Campus ya contemplaba una implantación progresiva: grados, másteres, doctorados, formación permanente y otras actividades formativas. En solo un año hemos pasado de los dos grados iniciales a incorporar posgrado, Universidad de Mayores, investigación, transferencia y colaboración empresarial.

Estamos trabajando en ampliar la oferta formativa, tanto de titulaciones oficiales como de formación permanente, y también hay nuevos proyectos de investigación y transferencia en desarrollo.

En pleno clamor social contra los desahucios, con una huelga general por la vivienda convocada para el 11 de noviembre por este motivo y cuando ya ha arrancado la precampaña electoral para los comicios del 29 de noviembre, el PP de Castilla-La Mancha no ha dudado en clarificar cuál es su postura sobre esta situación: bajar impuestos a empresas inmobiliarias y fondos buitre, y acelerar desahucios administrativos, es decir, los que se producen en el parque residencial con algún tipo de protección pública.

Así lo refleja en tres de las 58 enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado para su inclusión en la futura norma de medidas sobre suelo y vivienda que el Gobierno de Emiliano García-Page quiere que las Cortes regionales aprueben para noviembre y cuyo contenido ya ha desgranado este periódico en las últimas semanas.

Estas propuestas del PP, que se abstuvo en la toma en consideración de la norma, se han debatido hoy mismo en la Comisión de Fomento del Parlamento autonómico, encargada de elaborar el dictamen sobre la futura regulación. Previamente, el diputado socialista Álvaro Toconar ya había alertado de estas propuestas del PP.

“Si hoy en esta comisión aprobamos sus enmiendas tendríamos tres noticias: que los fondos buitre tendrían una importante bajada de impuestos, que se agilizarían los desahucios en el parque público residencial, y que las empresas, la ciudadanía y los ayuntamientos tendrían más trabas para construir viviendas en Castilla-La Mancha”, ha dicho.

Las tres polémicas enmiendas

Con ello se refería, en concreto, a tres enmiendas del Grupo Popular. La primera de ellas pide añadir un nuevo artículo en la futura ley mediante el que se aprobaría una reducción del 9 al 6 por ciento el tipo general de transmisiones patrimoniales aplicable a los inmuebles.

En la segunda de sus propuestas, el PP ha apostado también por añadir un nuevo artículo para regular un tipo “reducido” de ese mismo impuesto, del 5 al 3%, para la “adquisición de viviendas por empresas inmobiliarias destinadas a su posterior venta”, sin especificar qué tipo de empresas y con qué fines. Ambas supondrían, según el PSOE, “bajar impuestos y allanar el camino a los fondos buitre”, los mismos que han provocado desahucios como el de Maricarmen, la espita que abrió las protestas sociales en todo el país y la histórica acampada en la Puerta del Sol de Madrid.

Es más, en ambas propuestas de bajadas de impuestos, dispone que serán aplicables a los hechos imponibles devengados desde el 1 de enero de 2026. Es decir, las empresas que hubieran presentado autoliquidación e ingresado una cantidad superior a la que resulte de su aplicación “podrán solicitar su rectificación y la devolución de la diferencia, con los intereses que correspondan conforme a la normativa tributaria”.

Ampliar las causas para un desahucio administrativo

Pero además, en la tercera de sus polémicas enmiendas, piden ampliar las causas que pueden provocar un “desahucio administrativo” (el que se produce en el parque público residencial). El PP quiere así que, en las viviendas adjudicadas para atender una necesidad de carácter temporal expresamente identificada en la resolución de adjudicación, fuera causa de desahucio la desaparición sobrevenida y acreditada de la circunstancia que la justificó, algo que no incluye el texto original de la futura ley. Con ello, se acelerarían este tipo de resoluciones administrativas.

Esta cuestión ha marcado buena parte del debate en comisión de la futura ley castellanomanchega, que se tramita por la vía de urgencia como proposición del Grupo Socialista.

El diputado socialista, durante su intervención y tras defender las bondades de la ley ante la crisis nacional de la vivienda, no ha dudado después en afear al PP que con sus propuestas (una enmienda la totalidad por la puerta de atrás) pretenda “agilizar desahucios, bajar impuestos fondos buitre y más burocracia”. “Plantean que los fondos buitre paguen menos impuestos que la gente”.

Fuera de las Cortes también se ha referido a esta cuestión, la consejera portavoz del Gobierno castellanomanchego, Esther Padilla: “En un momento en el que el acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de la población, el PP plantea medidas que benefician a los grandes inversores. Va por un camino distinto al de la ciudadanía. Su propuesta consiste en aliviar la presión fiscal de quienes hacen negocio con una necesidad básica”.

Pero el PP ha pasado de puntillas por sus tres controvertidas enmiendas. En su intervención inicial, el diputado Ignacio Redondo apenas las ha mencionado. Se ha limitado a afirmar que la futura ley puede “no tener encaje” en la legislación estatal y, por lo tanto, introduce “inseguridad jurídica”.

Ha defendido así que sus propuestas no buscan “bloquear” la futura normativa y al llegar al bloque de enmiendas donde propone bajadas de impuestos, simplemente ha hablado de “beneficio fiscal” pero no las ha detallado, ni ha concretado a qué tipo de empresas se bajaría impuestos.  

La Comisión de Fomento también ha servido para reflejar otra polémica cuestión: las enmiendas de Vox. Como ya adelantó este periódico, una parte del medio centenar que este partido ha presentado, propone aplicar la prioridad nacional. Lo ha hecho en varias de ellas, pero principalmente “consagrándolo” en el acceso a vivienda protegida, parque público residencial y ayudas o subvenciones autonómicas, “otorgando atención prioritaria a los españoles y sus familias”.

La misma tesis incorpora en otras enmiendas, donde exige que las reservas de viviendas sociales dirigidas a colectivos en riesgo de exclusión social se sometan a este mismo principio.

Vox y el “arraigo” de diez años

Igualmente, el partido de extrema derecha establece criterios de baremación para la adjudicación de vivienda pública basados en el “arraigo” y para ello exige un empadronamiento en España de al menos cinco años para alquiler y 10 años para compra, así como la vinculación sociolaboral con la región y tener menos de 36 años.

Finalmente, incorpora este mismo principio en otras de sus enmiendas, reclamando que la futura ley establezca el mencionado requisito de arraigo, con los mismos plazos, en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida.

Pero Francisco José Cobo, diputado del partido de extrema derecha, apenas si ha hablado de estas propuestas. Ha dicho que la futura ley supone la “protección oficial y el amparo de la ocupación y la inquiocupación”, al tiempo que ha hecho una defensa de las familias y ha criticado las “enormes cargas para promotores y constructores” que, su opinión, incluye la proposición de ley.  

Dicho esto, ha criticado que la ley no haga “ni una sola referencia a la palabra inmigración”. Y ha aprovechado para tirar de argumentario nacional, y vincular la “entrada masiva” de migrantes con la “hacinación en pisos”. “Traer a media América o a media África han cancelado el futuro de nuestros jóvenes y de las familias españolas, a las que hay que poner en el centro”.

Las tres controvertidas enmiendas del PP han sido rechazadas con el voto mayoritario del Grupo socialista, pero Vox se ha abstenido en las tres. En cuanto a las de Vox, llama la atención que en las cinco enmiendas que piden incorporar el principio de prioridad nacional, el Grupo Popular se ha abstenido. Han sido rechazadas también por la mayoría absoluta de los socialistas.

Ayer mismo en la vecina Comunitat Valenciana, donde gobierna el PP con apoyo de Vox, validaron aplicar ‘prioridad nacional’ en vivienda por arraigo de 10 años y lo hicieron a pesar de que la Unión Europea solo permite cinco. La propia Comisión Europea ha advertido recientemente que la 'prioridad nacional' en las ayudas públicas vulnera el derecho comunitario.

Ahora la ley regresará al Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha para su ratificación, aunque con esas enmiendas vivas, tras manifestar PP y Vox su deseo que de que vuelvan a ser debatidas y votadas. Tras su previsible aprobación, al ser tramitada con carácter de urgencia como proposición de ley, la ley quedará promulgada para su entrada en vigor.

Milagros Tolón concurrió a las elecciones generales de julio de 2023 como número dos de la lista del PSOE al Congreso por Toledo. Entonces acababa de perder la Alcaldía de la capital provincial, aunque fue la más votada, en virtud de un pacto entre PP y Vox. Después, fue delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha y actualmente es ministra de Educación.

El número uno en esa lista electoral de la anterior cita con las urnas fue Sergio Gutiérrez, secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos, lo que produjo cierta polémica y enfrentamiento entre 'sanchistas' y partidarios de Emiliano García-Page.

Ahora, el debate vuelve a abrirse, teniendo en cuenta que la lista de Toledo, junto a las del resto de las provincias de Castilla-La Mancha, se cerrará este miércoles, día 14 de octubre. Nadie parece poner en duda que la ministra concurra en la lista por Toledo. La cuestión es ¿en qué posición?

La Ejecutiva Municipal del PSOE de Toledo ya ha propuesto a la ministra como número uno. Y, al respecto, el partido a nivel provincial no lo ha rechazado pero, según su secretario general, Álvaro Gutiérrez, la de Tolón es una “propuesta más” entre las múltiples que realizan las agrupaciones locales, que deben estudiarse.

Hoy el delegado del Gobierno de Pedro Sánchez en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, se ha referido al Comité Electoral de la provincia de Toledo que este miércoles tendrá que decidir la lista con la que el PSOE concurrirá a las elecciones generales, afirmando que Tolón sería “la que mejor representa” a la circunscripción, “por su trayectoria y por su idea de progreso”.

No hay “fricciones” entre el PSOE a nivel provincial y autonómico

De su lado, el Grupo Municipal Socialista en Toledo ha negado que haya algún “tipo de fricción” entre el PSOE en la provincia y a nivel autonómico, por la elaboración de las listas de candidatos al Congreso y al Senado paras las próximas elecciones del 29 de noviembre.

La portavoz del PSOE en la ciudad, Noelia de la Cruz, ha dado importancia a “elegir a los mejores candidatos y candidatas para que representen al PSOE”. Y además ha restado importancia a las dudas que surgen en torno a este comité provincial, asegurando que los tiempos “están perfectamente estipulados y esta semana las listas se deciden”.

Respecto a si Tolón encabezará estas listas, ha señalado que “ella misma se ha pronunciado en muchas ocasiones”. “Está muy centrada en su labor como ministra, representando al Gobierno de España. Para ella, y lo ha dicho, es un orgullo y un honor encabezar esas listas”, ha remarcado.

El partido regional pide que Ferraz no cambie sus listas

A nivel autonómico, tampoco el PSOE ha despejado esta duda. El partido de Page espera que en Ferraz no hagan “ninguna modificación” en las listas electorales que los socialistas castellanomanchegos propondrán para las cinco provincias de la región de cara a las elecciones generales.

Concretamente, el secretario de Formación del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio García-Navas, ha insistido, a preguntas de los medios, en que este miércoles se celebrarán los cinco comités provinciales socialistas que harán las propuestas de listas electorales para sus respectivas provincias y que “luego, lógicamente, Ferraz tiene que avalar”.

“Lo que queremos luego es cerrar en ese Comité Federal que se celebre este fin de semana la lista que salga en los distintos comités provinciales que se van a celebrar. Esperemos que no haya ninguna modificación en las listas que se propongan desde Castilla-La Mancha”, ha reiterado.