La ampliación de la ORA, la zona azul de aparcamiento, así como los cambios en la regulación de parquímetros para residentes que ha aprobado el Ayuntamiento de Guadalajara, gobernado por PP y Vox, es un “despropósito”. Así lo valoran vecinos y vecinas de las calles del centro de la ciudad en las que el equipo de Gobierno municipal ha habilitado un nuevo sistema de estacionamiento regulado, con nuevas zonas de pago.

Por este motivo, la ciudadanía afectada va a concentrarse de manera espontánea este jueves, día 7 de mayo, a las 19.30 horas, en la Plaza del Ayuntamiento de Guadalajara, como señal de protesta.

La movilización no cuenta con autorización oficial, pero la Subdelegación del Gobierno ha precisado a este medio que tiene conocimiento de la convocatoria a través de las redes sociales y que las Fuerzas de Seguridad “intentarán garantizar el orden”.

Aunque estaba previsto que la nueva ORA entrase en funcionamiento el pasado viernes 1 de mayo, finalmente se va a retrasar hasta el día 18 de mayo. El concejal de Movilidad y tercer teniente de alcalde, Santiago López Pomeda, ha explicado que la razón estriba en poder garantizar una implantación “correcta” y ofrecer mayor certidumbre a los ciudadanos

No obstante, esto no ha servido para calmar los ánimos de los y las residentes de las calles afectadas, en un contexto también marcado por la anulación judicial de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Según ha detallado a este medio la vecina de una de las calles afectadas, la ampliación de la zona azul de aparcamiento, así como los cambios en la regulación del aparcamiento para residentes (zona roja) es una “medida injusta y discriminatoria” para todos los vecinos y comerciantes.

“Estos cambios no conllevan ningún atractivo para aquellas personas que quieren venir a comprar al centro, a comer o disfrutar de unas cañas en las terrazas, bares y restaurantes de esta zona. Además, tampoco favorece que se alquilen o compren casas en las calles más céntricas de Guadalajara, ya que muchos edificios son antiguos y carecen de garajes, por lo que aparcar se convierte en tarea difícil cualquier día de la semana”.

Una de las decisiones más “antisociales” del Ayuntamiento

De hecho, afirma que vivir en el centro de Guadalajara es ser un “vecino de segunda”. Precisa que conlleva un gasto añadido el contar con un garaje, cuando “pagamos los mismos impuestos que aquellos que viven en otros barrios de la capital y pueden aparcar de forma libre y gratuita en la puerta de su casa”.

Considera que es una de las decisiones “más antisociales” que ha aplicado el Ayuntamiento, “aliado con la extrema derecha”.

Los vecinos y vecinas destacan que con esta “desproporcionada” ampliación de la zona azul, el centro de Guadalajara “va a perder la vida que se le va escapando por suspiros” tras el cierre de comercios tradicionales, la Oficina de Correos de la calle Teniente Figueroa que cerró hace más de una década y “la huida de los vecinos a barrios nuevos con más servicios”.

Destacan igualmente que la zona azul rodea la estación de autobuses y lo que será la nueva sede de la Universidad de Alcalá en el campus de Guadalajara. “Muchos guadalajareños diariamente usan el autobús para estudiar y trabajar en Madrid, por lo que tienen que aparcar sus coches en los alrededores de la estación”.

Añaden a todo ello que el histórico Palacio del Infantado, al que también afecta la ampliación de la ORA, es el punto de llegada de grupos de visitantes y está muy cerca la salida de la Autovía A-2, lo que también afectará a la revitalización turística de la ciudad.

El Grupo Municipal Socialista también se ha hecho eco de estas protestas, acusando a PP y Vox de “burlarse” de la ciudadanía y advirtiendo de que no mejorará la movilidad y que la empresa adjudicataria de los parquímetros será la única beneficiada“.

El próximo 31 de mayo las oficinas de rehabilitación de vivienda de Castilla-La Mancha echarán el cierre, tal y como ha confirmado la Consejería de Fomento a elDiario.es.

La razón estriba en que el Ministerio de Vivienda que dirige precisamente la castellanomanchego Isabel Rodríguez “no ha querido seguir financiando las oficinas”, señalan fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha y eso, abundan, “a pesar de que nosotros lo hemos demandado reiteradamente” para que este tipo de oficinas se mantuvieran vigentes dentro dentro del Plan Estatal de Vivienda que acaba de presentarse.

Las Oficinas de Rehabilitación de Vivienda se pusieron en marcha en Castilla-La Mancha en junio de 2022 con el objetivo de facilitar, impulsar y promover las ayudas públicas encaminadas a las reformas de viviendas y edificios, una de las subvenciones sobre vivienda en las que más ha incidido el Gobierno castellanomanchego debido al envejecido parque residencial de la región.

Estos espacios realizan trabajos de difusión, información y asesoramiento de las ayudas para la rehabilitación de viviendas que existen en Castilla-La Mancha procedentes de los fondos europeos Next Generation. El asesoramiento se dirige a toda la ciudadanía, en concreto a las comunidades de propietarios y a los particulares interesados en rehabilitar energéticamente sus viviendas, pero también se aporta información a los agentes de la rehabilitación y a cualquier profesional del sector.

Desde la primera inauguración de la oficina de Toledo hace cuatro años, se han ido inaugurando nuevas sedes hasta completar casi una docena: dos en cada una de las cinco provincias y otras en Talavera de la Reina y Puertollano.

Oficinas en las sedes de colegios profesionales de arquitectos

En estas oficinas, habilitadas en muchos casos en las sedes de los colegios profesionales de arquitectos y aparejadores, también se encargan de poner en contacto a los solicitantes de ayudas a la rehabilitación con los más de un millor de “agentes rehabilitadores” de Castilla-La Mancha.

Se trata del modelo “llave en mano” del que había hecho gala el Gobierno regional y que ayer mismo volvía a mencionar el consejero de Fomento, Nacho Hernando, con motivo de la presentación del nuevo 'Plan de Acción para la Vivienda' en esta comunidad autónoma.

Mediante este modelo, toda la carga administrativa y técnica que conlleva realizar una obra de rehabilitación y solicitar y tramitar una ayuda, no recae en ningún caso en comunidades de propietarios y particulares, sino que recae en profesionales del sector, previo pago, eso sí, por sus servicios.

El anuncio del Gobierno castellanomanchego del cierre de estas oficinas por la falta de financiación no concuerda con el contenido en el Plan Estatal de Vivienda, publicado en Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 23 de abril. Dentro de la línea de financiación de ayudas para el fomento de la rehabilitación edificatoria, la accesibilidad y la renovación urbana y rural, el Ministerio, en el apartado de las cuantías de las ayudas, especifica que será subvencionable hasta el 80% del coste “la redacción de proyectos y dirección técnica o facultativa de las obras, los informes técnicos y certificados, las tramitaciones administrativas”. Y justo después añade que también se incluyen “las actuaciones de los equipos y oficinas de planeamiento o rehabilitación incluidos los agentes y gestores de la rehabilitación”.

Y en otro apartado, el Plan Estatal también señala que la sufragación del coste de las actuaciones subvencionables incluidas en esta ayuda podrá incluir “los de la oficina de rehabilitación”.

Un cierre que coincide con el giro de Page en vivienda

Lo más llamativo es que la negativa del Ministerio a seguir sufragando estas oficinas llega justo cuando el Gobierno de Emiliano Gacía-Page ha decidido sumarse al nuevo Plan Estatal de Vivienda y cuando ha anunciado que la rehabilitación de inmuebles y edificios seguirá siendo una de sus prioridades, tanto por la eficiencia energética como por motivos de accesibilidad.

Castilla-La Mancha recibirá unos 280 millones de euros de fondos estatales por su adhesión al Plan Estatal de Vivienda. En su presentación de la 'Agenda de Vivienda' castellanomanchega, el consejero de Fomento anunció 108 millones de euros en ayudas de rehabilitación, lo que equivale a 3.000 viviendas rehabilitadas en Castilla-La Mancha, de los cuales un 54% lo aportará la Junta y el 46% el Estado.

Asimismo, avanzó la convocatoria de nuevas ayudas a la rehabilitación y mejora de la eficiencia energéticas cofinanciada con Fondos FEDER y dotada con 21 millones de euros, que se sumarán a los 29,7 millones de euros ya convocados con los que se espera rehabilitar más de 1.000 viviendas en Castilla-La Mancha. Además, se van a convocar nuevas ayudas a la accesibilidad con una dotación presupuestaria de siete millones de euros.

En este ámbito de la rehabilitación, el consejero afirmó que Castilla-La Mancha se ha convertido en la comunidad autónoma de España que más dinero ha conseguido del programa de 'Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico' (PREE 5.000), con casi 60 millones de euros y con uno de cada tres euros repartidos.

La cuestión es que ahora el Gobierno regional da por cerradas estas oficinas al no obtener para ello los fondos estatales, pese a que está incluido en el Plan Estatal. Con ello descarta que sea la propia Administración autonómica quien los financie, teniendo en cuenta que en la mayoría los casos, como en Toledo, son únicamente despachos habilitados dentro otras instalaciones como los mencionados Colegios profesionales Arquitectos, Ingenieros Técnicos y Aparejadores. 

Una ‘Agenda de Acción por la Vivienda’ con horizonte en el año 2030. Con este nombre ha decidido bautizar el Gobierno de Castilla-La Mancha las más de una treintena de medidas que va a adoptar (aunque algunas ya están en marcha) para buscar soluciones a lo que considera “una de las mayores preocupaciones” de la sociedad: la demanda habitacional.

Durante la primera legislatura de Emiliano García-Page, de 2015 a 2019, cuando gobernó con Podemos, llegó a redactarse el proyecto para una Ley de Vivienda propia de la comunidad autónoma, que se quedó para siempre en un cajón. Ahí lleva ocho años. Entre otras cuestiones, en ella se blindaba la vivienda pública y se establecía todo un compendio para ampliar a la oferta en la comunidad autónoma.

El propio Gobierno regional reconoce en su 'Portal de Compromisos' que una vez entrara en vigor el proyecto de Ley estatal por el Derecho a la Vivienda, aprobaría una normativa regional. Sin embargo, la ley estatal está en vigor desde mayo de 2023 y hoy Page no ha ha hecho referencia a ninguna futura norma autonómica en este sentido. De hecho, en la mencionada web, este compromiso aparece con tan solo un 5% de objetivo cumplido.  

De esta forma, Castilla-La Mancha es, junto con la Comunidad de Madrid, las dos únicas comunidades autónomas sin ley de vivienda propia. Únicamente cuenta con una sobre vivienda protegida, que data de 2002. Asturias, Cantabria y Aragón tienen proyectos en trámite parlamentario muy avanzados.

En su lugar, el Gobierno de Page sigue apostando por planificaciones como la 'Agenda' presentada hoy. Son más de una treintena de medidas que suponen la movilización de unos 500 millones de euros en los próximos cuatro años, para más de una treintena de medidas, algunas ya puestas en marcha, centradas en cuatro pilares: más oferta de vivienda, más ayudas públicas, impuso a la rehabilitación del parque residencial y modificaciones de normativas e instrumentos urbanísticos para disponer de más suelo.

Un reto “estructural” por falta de oferta

Los detalles los ha desgranado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, quien ha comenzado afirmando que, aunque “no hay varita mágica” para dar soluciones plenas, en el Gobierno regional sí existe “sensibilidad” para dar respuestas al acceso a la vivienda, resaltando, como es la tónica habitual del Gobierno autonómica, la colaboración público-privada.

“El reto es estructural”, ha dicho, pero ha determinado que la causa principal es un problema de falta de oferta. “Durante más de 15 años no se han construido apenas viviendas y los precios se han disparado. España no puede construir más de 100.000 viviendas al año cuando debería construir más de medio millón. La banca privada no puede asumir este reto en solitario y también debemos dar seguridad jurídica a los pequeños propietarios”, ha argumentado.

Dicho esto, ha informado de que la Agenda estará financiada con fondos propios de la comunidad autónoma, que, según afirma, están ya “por encima” del 40% obligado, y con los contemplados en el Plan Estatal de Vivienda.

Así, en cuanto al primer bloque, ha anunciado un total de 135 millones para la construcción de 500 viviendas en la región. En este punto, ha recordado el Plan 10.000 del Gobierno regional firmado con las constructoras: ya se han tramitado más de 18.000 visados de obra nueva, de los cuales un 20% con viviendas con algún tipo de protección pública, como exige la Unión Europea.

Asimismo, el Consejo de Gobierno de esta semana ha aprobado poner a disposición de la empresa pública GICAMAN dos parcelas en Toledo para la construcción de otras 231 viviendas en el barrio de Polígono.

Esta iniciativa, unida a las conversaciones con el Ayuntamiento de Toledo para recuperar la antigua “L” de este mismo barrio, harán que el Gobierno regional sea “el mayor promotor de vivienda en Toledo”, con 1.150 viviendas en total. No obstante, como promotor, no ha detallado qué tipo de viviendas va a fomentar y si tendrán algún tipo de protección pública o serán promociones privadas.

Además, ha anunciado que la Consejería de Hacienda ha reasignado una parte de los Fondos FEDER  para “redirigirlos” a políticas de vivienda. En total, serán 68 millones de euros para fomentar la construcción de más de 1.000 viviendas en Castilla-La Mancha.

El consejero de Fomento ha hecho especial hincapié en la rehabilitación del parque residencial, el segundo pilar de esta ‘Agenda de Acción’, remarcando que no solo se trata de impulsarla con “fines energéticos”, sino que  también debe estar vinculada a la accesibilidad. Para ello, el Ejecutivo regional va a habilitar una línea de siete millones e euros para actuaciones en viviendas de Castilla-La Mancha.

De igual forma, se habilitarán ayudas para rehabilitar viviendas vacías en núcleos rurales y otras adicionales para edificios en zonas con protección patrimonial, como Toledo, Cuenca o Sigënza, junto con las ya existentes para regeneración urbana, donde la región, ha señalado, ha sido “pionera”.

En paralelo, y a la espera de la resolución que la Comisión Europea haga sobre los fondos comunitarios, como el Fondo Social del Clima y su traducción en materia de vivienda, Castilla-La Mancha habilitará una línea propia por 5 millones de euros para ayudas destinadas al alquiler. Estas subvenciones serán variables en ciudades donde el precio de la vivienda sea más alto o más bajo, y según las rentas personales.

Nacho Hernando se ha referido a otras ayudas ya en marcha, como las deducciones para adquisición de vivienda y los préstamos ‘tipo cero’: el uso del fondo de fianzas, entre otras cosas para asumir el prometido aval del 20% a la compra. Es decir, la Consejería de Fomento podrá disponer de hasta el 80% del importe total de los depósitos y reservará, al menos, el 20% las devoluciones que procedan.

Cambios en la LOTAU

En cuanto al último bloque, se ha referido a la modificación de la LOTAU para agilizar trámites urbanísticos o los planes especiales de reclasificación de suelo rústico en zonas aledañas a los casco urbanos para construir viviendas “en un único acto administrativo”.

En esta línea se enmarca la modificación de la mencionada ley que este jueves se debate en el pleno de las Cortes regionales y que supone dar vivienda pública, no solo a colectivos en situación de vulnerabilidad, sino también a personas con rentas bajas.

Además, para ayudar a los pequeños municipios, el Ejecutivo “flexibilizará” las normas subsidiarias para ayudar en los trámites urbanísticos de los pueblos más pequeños, donde la LOTAU no sirve, por estár “pensada más para grandes ciudades”.

Finalmente, y ante la falta de mano de obra cualificada, el consejero de Fomento ha anunciado que el Gobierno también va a ceder una parcela en el barrio del Polígono de Toledo a favor de la Fundación Laboral de la Construcción, para un futuro centro de formación en oficios relacionados con este ámbito, con el objetivo de llegar a 2.500 jóvenes al año.

España lleva acomplejada con el problema del urbanismo muchísimo tiempo, no se está haciendo lo que hay que hacer, que es, en vez de planes de choque de construcción masiva, hacerlo de forma sostenida y permanente, abordarlo cada año en función de la demanda

Emiliano García-Page

Posteriormente, Emiliano García-Page, ha enmarcado este proyecto en un contexto de “debate colapsado”, con la vivienda como “víctima de la precariedad política que vive en España” y de “mayorías imposibles” en el Congreso. “España lleva acomplejada con el problema del urbanismo muchísimo tiempo, no se está haciendo lo que hay que hacer, que es, en vez de planes de choque de construcción masiva, hacerlo de forma sostenida y permanente, abordarlo cada año en función de la demanda”, ha resaltado.

El presidente de Castilla-La Mancha ha insistido así en un “pacto de país” sobre vivienda. “La vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado y contraponer las dos cosas no conduce a nada. No podemos pensar que esto es un régimen soviético donde toda la vivienda tiene que hacerla el Estado, y darla por orden de lista”.

Finalmente, ha destacado que esta 'Agenda' es “posibilista” y podrá salir adelante aunque no haya Presupuestos del Estado, anque ha reconocido que algunas medidas sí dependen en algunas líneas del Plan Estatal de Vivienda. “Si hubiera otra dinámica global, las medidas serían mucho mayores”, ha concluido.

Emiliano García-Page quiere que el Gobierno de Pedro Sánchez presente ya los Presupuestos de 2026. Lo ha rogado y lo ha pedido “por favor”. Lo ha hecho con motivo de la presentación de la denominada ‘Agenda de Acción por la Vivienda“ de Castilla-La Mancha con horizonte hasta 2030, que en algunas de sus medidas depende de las cuentas estatales.

“No termino de entender cómo hoy el Gobierno de España no plantea el proyecto de Presupuestos. Que lo plantee, por favor”, ha pedido. “Y más en plena campaña electoral en Andalucía”, ha añadido, cuando la candidata socialista y ex ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo que el presupuesto “ya estaba listo” para que lo presentara su sucesor, en alusión a Carlos Cuerpo.

Así, ha interpretado que es “de libro” que el Ejecutivo central presente el proyecto de Presupuestos “en próximos días”. De lo contrario, Page ha advertido de que habrá un “auténtico problema” cuando “desaparezcan de golpe” los fondos europeos, actualmente en negociación.  

Afectan a políticas de vivienda y financiación autonómica

“El Presupuesto no es una opción, es una obligación del Gobierno, y espero que se presente, y tener garantías de si el Plan Estatal de Vivienda se va a poder realizar o no”.

A esta circunstancia ha añadido que, además, en la coyuntura actual, es “imposible” hablar de financiación autonómica, “a pesar de que lo hagan con los independentistas”, si no hay delante de la mesa un proyecto de cuentas públicas con una proyección de ingresos.

De hecho, Page no descarta la posibilidad de reclamar la convocatoria de una nueva Conferencia de Presidentes para hablar de presupuestos, financiación autonómica y fondos europeos.

La Casa del Corcho se encuentra en el paseo Merchán de Toledo, dentro del Parque de la Vega, actualmente en obras. Se trata de una construcción histórica que data de finales del siglo XIX, realizada por el arquitecto Ramiro Amador de los Ríos, una vivienda de estilo rústico y romántico, muy acorde con la época, que servía de domicilio al guarda del parque, después de que este tomara forma y se convirtiera en una zona verde de la ciudad.

Este edificio sufrió durante todo el siglo XX un importante deterioro, por lo que se ejecutó una rehabilitación integral que impulsó la Real Fundación de Toledo. Hace 15 años la casa se reinauguró tras ser sometido a un proceso de rehabilitación por parte del alumnado de la Escuela Taller de Restauración de la ciudad.

La actuación contó con un presupuesto de 20.250 euros, de los cuales 16.300 correspondieron a la Fundación Barclays y 3.950 al Ayuntamiento de Toledo.

Para la rehabilitación se ejecutó un tratamiento de mejora y embellecimiento de las piezas de corcho, dándoles uniformidad con el resto de materiales de la edificación. Además, se retiró el cableado, las antenas y los focos que afeaban la fachada, y se restauró el tejado eliminando la humedad de las cubiertas. El enrejado también fue tratado, al igual que la fuente asociada al edificio. Se dotó a la casa de iluminación monumental para resaltar algunos detalles de la misma.

Ahora su utilidad y su destino cambiarán drásticamente. El Ayuntamiento de la ciudad, gobernado por el PP y Vox, ha decidido, dentro de la actuación de reforma que está acometiendo en el Parque de la Vega y el Paseo de Merchán, convertirlo en un restaurante, o lo que es lo mismo, en un espacio destinado principalmente al turismo. Ya lo fue anteriormente, pero ahora su proyección es mucho mayor.

Fue el pasado mes de octubre cuando la Junta de Gobierno Local autorizó el inicio del expedientede contratación para una nueva rehabilitación, acondicionamiento y explotación de la Casa del Corcho por un importe de 96.000 euros para un periodo de 96 meses (unos ocho años), es decir, 1.000 euros al mes.

Y para ello ya tiene nuevo huéssed: la empresa Authentic Paradise Events SL, que pertenece al grupo Catering Toledo. Esta firma ha duplicado su oferta para quedarse con este espacio, quedándose en más de 2.000 euros mensuales y además, asumirá las obras que se realicen en el edificio.

La cuestión es compleja, porque el Ayuntamiento quiere que este histórico enclave se reforme dentro del plazo de las obras del parque, cuya fecha prevista de finalización es el próximo 30 de junio. Es decir, apenas dispone de dos meses para su reforma. Desde la empresa adjudicataria aseguran que este proyecto “busca poner en valor este ”buque insignia“ con una propuesta ”técnica y económica sólida“.

Un nuevo espacio hostelero con grandes sombrillas

El espacio sufrirá una adaptación para convertirse en un nuevo espacio hostelero en Toledo. En la planta baja estará la cocina, un almacén, una barra y aseos para clientes y personal. Aunque todo aquel que tenga movilidad reducida tendrá que usar los baños del propio parque de La Vega, ya que este espacio no contará con aseos accesibles.

En la primera planta, y en un espacio diáfano, estará ubicado el restaurante. Además, se incluirá una terraza modular con “grandes sombrillas”, y se llevarán a cabo mejoras como la rehabilitación de la escalera exterior y la creación de una nueva escalera interna.

La Casa de Corcho, propuesta en la anterior legislatura, en el marco del proyecto de remodelación de la Vega, para convertirlo en un aula ambiental que pudiera ser utilizada como recurso educativo, contará ahora con un aforo de 214 personas, pero obligará a las personas con movilidad reducida a desplazarse a los baños públicos del parque.

Cambiará así notablemente el estilo histórico de este este espacio, que la Real Fundación de Toledo se encargó de preservar dentro su estilo del romanticismo tardío, su estructura rectangular y el singular juego de sillería o ajedrezado realizado con el corcho.

El Gobierno de Castilla-La Mancha lleva años realizando una política de vivienda propia que no termina de asumir del todo los postulados del Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero que tampoco se desvincula ni confronta con el Estado de manera absoluta. Ahora, ha decidido sumarse al nuevo Plan Estatal de Vivienda para recibir los 280 millones que le corresponden, pero para ello debe modificar sus políticas en vivienda pública.

Durante la primera legislatura de Emiliano García-Page, cuando gobernó con Podemos, llegó a redactarse el proyecto para una Ley de Vivienda propia de la comunidad autónoma, que se quedó para siempre en un cajón. Ahí lleva ocho años. Entre otras cuestiones, en ella se blindaba la vivienda pública y se establecía todo un compendio para ampliar a la oferta en la comunidad autónoma.

De esta forma, Castilla-La Mancha es, junto con la Comunidad de Madrid, las dos únicas comunidades autónomas sin ley de vivienda propia. Únicamente cuenta con una sobre vivienda protegida, que data de 2002. Asturias, Cantabria y Aragón tienen proyectos en trámite parlamentario muy avanzados. Pero el Gobierno de Page sigue sin mencionar normativa propia.

De hecho, el presidente castellanomanchego ha apostado por la tibieza en este sentido. Ha defendido fórmulas mixtas de colaboración entre el sector público y privado con proyectos como el 'Plan 10.000' y nunca ha llegado a ‘topar’ el precio de la vivienda en la comunidad autónoma. Sí ha gestionado todas las ayudas públicas del Gobierno de España destinadas a mejorar al acceso a la vivienda, con especial incidencia a las destinadas al alquiler para jóvenes.

Castilla-La Mancha no es de las comunidades autónomas con los precios más altos de alquiler y vivienda en España, pero hace un par de años que ya comienza a notar la escalada de precios, sobre todo en Toledo, Talavera de la Reina, Guadalajara y Albacete.

El último dato es muy reciente: el precio de la vivienda subió un 19% en esta región en el primer trimestre del presente año, hasta los 1.987 euros por metro cuadrado, según las tasaciones realizadas por la empresa de valoración inmobiliaria Tinsa. Y además, hay otro fenómeno creciente: los madrileños emigran a Castilla-La Mancha. Lo indican los datos relacionados con el padrón, la demanda de vivienda e incluso el incremento de la población escolar. Un ‘exilio’ que se concentra en particular en los dos grandes corredores en Toledo y Guadalajara, al límite con la Comunidad de Madrid.

Con todo este contexto, el pasado mes de abril, el Gobierno castellanomanchego confirmó que se sumará al recién presentado Plan Estatal de Vivienda aprobado del Ejecutivo central. Y al mismo tiempo, esta semana va a presentar su propia Estrategia regional de Vivienda. Ni rastro ni mención a una ley propia, como se intentó hace ocho años.

Resulta, por tanto, muy llamativo que ahora el Gobierno dé un giro a su política de vivienda pública. El Grupo Parlamentario Socialista, que tiene mayoría absoluta en las Cortes regionales, ha presentado una proposición de ley de medidas urgentes en materia de acceso a la vivienda y suelo de Castilla-La Mancha. Responde a la “necesidad de reforzar los instrumentos de intervención pública” en materia de vivienda “optimizando recursos ya existentes y orientándolos a garantizar el acceso”.

La propuesta incluye la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU) de la región de manera que se modifica el uso dotacional del suelo público residencial, destinado a satisfacer las necesidades temporales de vivienda.  

En la norma urbanística vigente, las viviendas dotacionales públicas están destinadas a demandantes con dificultades para acceder a una vivienda en el mercado libre, es decir, a colectivos vulnerables.

Ingresos que no permiten “una vivienda a precio de mercado”

La propuesta socialista abre ahora el abanico: cambia esa frase incorporando que se destinarán, mediante alquiler, cesión o cualquier otra fórmula de tenencia temporal, a residencia habitual de personas “cuyo nivel de ingresos no les permita acceder a una vivienda a precio de mercado”. Es decir, va más allá de la situación de vulnerabilidad y contempla el acceso a vivienda pública para personas con rentas bajas.

Hay varias circunstancias determinantes para este cambio. El Plan Estatal de Vivienda contempla que Castilla-La Mancha reciba 280 millones de euros por parte del Gobierno de Pedro Sánchez para la construcción de viviendas de protección oficial (VPO). Esta cifra supone 205 millones más que la recibida en el plan 2022-2025. Pero para recibir esa cantidad, el Ejecutivo de Pedro Sánchez impone tres condiciones.

La primera es que las nuevas viviendas de protección oficial (VPO) no pierdan su condición en unos años y estén blindadas para siempre. La segunda es que deberá compartir más datos sobre vivienda y facilitar información en tiempo real al Ministerio sobre los contratos de arrendamiento en el registro de fianzas, para conocer el número de alquileres en vigor, su precio, la rotación y la evolución de la oferta de forma trazable y real.

Además, el Gobierno de Sánchez exigirá a las comunidades que cofinancien en un 40% este plan. Las comunidades podrán hacer frente a dicha aportación autonómica con los fondos europeos que reciban para las políticas de vivienda.

Otro factor determinante es que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, es castellanomanchega y mantiene muy buenas relaciones con el Gobierno de Page. Fue portavoz del Ejecutivo regional con José María Barreda y posteriormente alcaldesa de Puertollano (Ciudad Real). Pese las tensas relaciones entre Page y Pedro Sánchez, siempre ha recibido alabanzas por parte de ambos, y viceversa.

Es más, el Ejecutivo de Castilla-La Mancha la ha eximido de toda responsabilidad en el fracaso del decreto de prórroga de los alquileres en el Congreso, responsabilizando a Sumar de forzar la votación sin contar con el respaldo de Junts.

Ahora, la colaboración del Ejecutivo de Page con el Ministerio de Vivienda parece tomar más fuerza. La mencionada ampliación del uso de vivienda pública más allá de los colectivos vulnerables, que previsiblemente aprobarán esta semana las Cortes regionales, es un guiño de la comunidad autónoma en ese sentido.

También lo es el hecho de que la propuesta de los socialistas castellanomanchegos incorpore el uso del fondo de fianzas, entre otras cosas para asumir el prometido aval del 20% a la compra. Es decir, Consejería de Fomento podrá disponer de hasta el 80% del importe total de los depósitos y reservará, al menos, el 20% las devoluciones que procedan.

El gasto con cargo al importe de las fianzas depositadas se destinará a inversiones para la promoción, construcción y rehabilitación de viviendas protegidas; a actuaciones directas en núcleos de población sujetos a un proceso de regeneración o renovación urbana; a actuaciones de fomento de la adquisición y de la promoción de vivienda de nueva construcción; y a medidas de fomento del alquiler y políticas de fomento del derecho de acceso a la vivienda.

Castilla-La Mancha, sin zonas tensionadas

De momento, y a la espera de la Estrategia Regional de Vivienda que el Gobierno castellanomanchego presenta este martes, la situación de la vivienda en la región tan solo cuenta con estos giros en las medidas autonómicas. No hay nada o casi nada a nivel local: ningún ayuntamiento de la comunidad autónoma ha pedido la declaración de 'zonas tensionadas' aunque la Consejería Fomento se ha mostrado dispuesta a estudiarlas.

Sí hay mociones aprobadas en los ayuntamientos de Azuqueca de Henares (Guadalajara) y en Cuenca para aprobar que se instauren estas zonas, pero aún no han cursado formalmente las solicitudes. En Cuenca, donde gobierna el PSOE, el Ayuntamiento ya cuenta con un informe de apoyo que detecta un riesgo “especial” de insuficiencia de oferta de vivienda para la población y que respalda la declaración de la localidad como zona de mercado residencial tensionado.

En Toledo, Ciudad Real, Guadalajara y Talavera de la Reina gobiernan el PP y Vox, y en Albacete lo hace el PP en solitario. Ninguno de sus ayuntamientos ha manifestado intención alguna de realizar esta petición.

La Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de Castilla-La Mancha ha vuelto a acordar la apertura del trámite de audiencia en el procedimiento de aprobación del enésimo borrador de Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, entre las provincias de Albacete y Ciudad Real.

Este texto es un nuevo intento del Gobierno regional de dotar al emblemático Parque Natural de una nueva planificación, que está sin renovar desde hace 30 años, como ya adelantó elDiario.es Castilla-La Mancha.

Ahora, el Diario Oficial de la comunidad autónoma (DOCM) publica una resolución en la que indica que el nuevo plazo, de 15 días, se abre porque en el periodo de audiencia pública anterior los ayuntamientos con terrenos en el Parque Natural no han podido realizar la publicación del anuncio en su tablón, para acercar a los ciudadanos los contenidos del Plan Rector de Uso y Gestión.

Este motivo, junto a “razones de seguridad jurídica”, son los motivos que alega el Ejecutivo regional para realizar de nuevo este procedimiento.

El nuevo plazo también servirá para que todas aquellas personas y asociaciones interesadas puedan examinar el citado documento y formular las observaciones, sugerencias o alegaciones que se estimen pertinentes.

Más de 30 años sin renovarse

El Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, declarado como tal en 1979 y con casi 4.000 hectáreas, es un complejo único en Europa por una de sus características principales: está formado por represas naturales llamadas 'barreras tobáceas' debido a la precipitación de carbonatos. Abarca los términos municipales de Ruidera, en Ciudad Real, y de Ossa de Montiel, en Albacete.

Este parque natural es una joya hidrográfica en pleno corazón de la Mancha, pero su actual Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) data de 1995. Es decir, lleva más de 30 años sin renovarse.

Aunque se han ido aprobando medidas concretas para su protección, principalmente en limitaciones de aforo y circulación de vehículos en verano, conservación de la biodiversidad, baño y actividades recreativas, ahora la Dirección General de Medio Natural del Gobierno de Castilla-La Mancha ya tiene listo un nuevo borrador del nuevo plan de dirección de este Parque Natural. El último intento fue en 2021, pero nunca llegó a aprobarse. 

La adaptación al cambio climático, la accesibilidad, la eliminación de ruinas y la autorización de instalaciones de energía de autoconsumo son algunas de las principales novedades que recoge este documento.

Rechazo de usuarios y propietarios de zonas del parque

Por el momento, ya cuenta con el rechazo de la Asociación Aromas de Ruidera, un colectivo activo desde 2013, e integrado por casi 80 miembros que representan a una gran mayoría de usuarios y propietarios de zonas del parque natural.

Su presidente, Miguel García-Noblejas, explicó a este medio que el nuevo borrador es igual de “decepcionante” que los anteriores y que no ha sido consensuado, “como se prometió”, sobre todo para un complejo lagunar que el año pasado recibió alrededor de 600.000 visitas. “Es igual de restrictivo en derechos que el redactado hace cinco años. Es que tiene hasta 217 prohibiciones”, precisó.

En 2008, el director, guionista y productor Marcos Moreno planeó con Tony Isbert, uno de los siete hijos de la actriz María Isbert, un documental sobre este emblemático clan de actores españoles, que comenzó con Pepe Isbert, ese alcalde que a todos “debía una explicación” en ‘Bienvenido, Mister Marshall’. Ese proyecto se realizó para RTVE y contenía casi tres horas de grabación de una entrevista con María, hija de Pepe, que ya tenía 92 años. Aunque sufría los estragos del Alzheimer y confundía los recuerdos, el material era “impagable”.

Tres años después murió la actriz, en 2011. Y cuando en 2025 falleció también su hijo Tony, el cineasta decidió recuperar ese material. “Era maravilloso ver cómo una mujer que había hecho más de 300 películas y que siempre estaba memorizando textos, en el último momento de su vida, cuando la mente le falla, se repone y hace la última función de su vida, que es esa entrevista”.

Con ese material, Marcos Moreno ha alumbrado ‘María, la bien pagá’, producido por Tharsis Capital. Es un recorrido por los difusos recuerdos de la actriz, llamado así porque al final ella canta esa conocida copla. Se trata una entrevista inédita, hasta ahora desconocida, que viene a rendir tributo a una mujer “divertida, única, entregada” que se declaró “apasionada de su profesión hasta el último día”, resalta el cineasta.

El documental se compone de fragmentos de la entrevista, intercalados con relatos de sus familiares, allegados, compañeros de profesión, y también con recreaciones animadas de algunas de las anécdotas que cuenta. Pero principalmente, es ella “en estado puro, sin filtros”.

Durante sus reflexiones, María Isbert, detalla numerosas anécdotas. “Generalmente, le preguntábamos algo y respondía otra cosa, pero al rato recordaba la primera pregunta y la respondía. Entre medias, recordaba otras cosas, y todas las cuenta con una energía única y de forma divertida, aunque sean auténticos dramas”.

Pone como ejemplo el hecho de que la actriz relate cómo, durante la guerra civil española, mientras representaba una obra de teatro, un obús cayó sobre el techo de la sala y la gente salió despavorida. Eso está recreado con animación y “ella lo cuenta como lo más normal del mundo”.

También detalla el casting de uno de sus papeles más conocidos: el de ‘Viridiana’, de Luis Buñuel. “Ella fue vestida de forma muy elegante y cuando llegó le informaron de que estaban buscando a una mujer de pueblo, básicamente una mendiga. Cuenta que se desvistió en ese mismo momento y se convirtió en lo que querían. Consiguió el papel, claro”.

Y mucha traca tienen también sus recuerdos sobre ‘Amanece, que no es poco’, la película de culto de José Luis Cuerda, donde encarna a una de las vecinas del pueblo que acoge a los dos protagonistas y que no quiere ir a misa con su madre porque “no tiene cuerpo”. De esa película, María dice en el documental, riéndose, “que se hizo muy poco”.

‘María, la bien pagá’ se adentra así en la mente, los recuerdos y el humor de una actriz “muy querida”, que trabajó fuera de los cánones estéticos y nunca abandonó el amor por su profesión. “Es un viaje emocional, tierno y surrealista por la vida de una mujer que vivió para el escenario y para el público”.

Su director advierte: “Está lleno de sorpresas. María no responde como se espera. Su mente divaga, inventa, mezcla y salta entre décadas, personajes y anécdotas. Pero en ese aparente caos emerge una lucidez brillante, una forma única de narrar su vida. No buscábamos ordenar su biografía, sino capturar su espíritu: su risa, su ternura y sus valores”.

La actriz ofrece consejos disfrazados de chistes, recuerdos con moraleja, vivencias que parecen sketches. Habla como quien actúa sin saber que está en una función

“En este estado flotante entre lucidez y delirio, entre testimonio y teatro, la actriz ofrece consejos disfrazados de chistes, recuerdos con moraleja, vivencias que parecen sketches. Habla como quien actúa sin saber que está en una función. Y en esa ambigüedad, en esa frontera difusa entre lo vivido y lo soñado, nace la verdadera esencia de este documental”, agrega su director.  

¿Y qué hay de su vínculo con Castilla-La Mancha? Más allá de las decenas de rodajes y la vida pública, el verdadero “refugio emocional” de María Isbert, al igual que el de su padre Pepe, fue siempre esta comunidad autónoma. En especial, la localidad de Tarazona de la Mancha, en Albacete, “donde regresaba una y otra vez”.

Nació en Madrid como su padre, pero la actriz siempre se sintió “profundamente manchega”. Ese vínculo no era circunstancial, era el “paisaje de su infancia” ya que su abuela, la madre de Pepe, era originaria de ese pueblo. “Allí se sentía libre, querida y auténtica”, tal y como relata en el documental.

Otro de los aspectos que destaca el director es que, aunque en el documental aparecen también declaraciones de actores destacados como Iñaki Miramón, Manuel Alexandre, Emilio Gavira o sus propios hijos, nietos y nietas, el público “la quiere ella”. El director así lo ha constado en su preestreno oficial, el que se ha realizado esta semana en la Sala Pepe Isbert del Teatro Circo de Albacete, con el apoyo del Servicio de Educación y Cultura de la Diputación de Albacete.

El documental también se proyectará en el Teatro Sanchiz de Tarazona de la Mancha, pero a su director le gustaría que su recorrido tuviera presencia en algunos festivales, en los que ya se ha presentado. También ha iniciado los contactos para que pueda proyectarse en residencias de personas mayores, así como en algunas televisiones públicas autonómicas.

“María lo merece, y viendo la acogida que ha tenido en su preestreno, no cabe duda de que su mensaje está vivo y debe llegar a cuanta más gente, mejor”, afirma.

Maria Isbert estudió en un colegio alemán, donde además aprendió otros idiomas. Desde pequeña, María quiso seguir los pasos de su padre pese a que Pepe no quería y le pidió que opositara para el cuerpo de Aduanas. Ganó su cabezonería, su padre finalmente le dió permiso y su debut como actriz se produjo a los ocho años, cuando participó junto a Pepe en la obra de teatro de Alejandro Casona 'Nuestra Natacha'. Tras este trabajo, estuvo ocho años trabajando para la compañía de su familia en numerosas obras de teatro, siendo en algunas de ella la protagonista.

Del debut en el cine a los reconocimientos

En cine debutó de la mano de Juan de Orduña en 1944 con 'La vida empieza a medianoche', a la que siguieron 'Un hombre de negocios' (1945), de Luis Lucía, y 'Botón de ancla' (1947), de Ramón Torrado.

La Academia de Cine cifra en más de 300 las películas en las que participó la actriz, siendo los más conocidos los mencionados papeles de 'Viridiana' y 'Amanece, que no es poco', pero también otros que pasaron a la historia como 'La gran familia' o 'El verdugo'. Sus últimas interpretaciones cinematográficas las realizó en 2005, llegando a participar hasta en cinco películas: 'R2 y el caso del cadáver sin cabeza', 'Semen, una historia de amor', 'Envejece conmigo', '50 y más' y 'Cuando España se desnudó'.

Entre los numerosos galardones recibidos por María Isbert destaca el Premio Nacional de Teatro Pepe Isbert, concedido por la Asociación Nacional de Amigos de los Teatros Históricos de España (AMIThE), un reconocimiento especialmente simbólico al llevar el nombre de su padre y al enlazar, una vez más, la memoria artística de ambos.

A ello se suman distinciones como la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, la Medalla de Plata al Mérito en las Bellas Artes, su nombramiento como Miembro de Honor de la Academia de Cine o la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha, otorgada a título póstumo.

María Isbert fue madre de siete hijos varones y de una hija, Miriam, que murió al nacer. Al fallecer, tenía 22 nietos y cuatro bisnietos. Tras su retirada profesional como actriz se marchó a vivir junto a su hijo a la localidad conquense de El Provencio.

La actriz murió a los 94 años el 25 de abril de 2011. Su capilla ardiente estuvo instalada en el Teatro Circo de Albacete y está enterrada en el panteón familiar que se encuentra en Tarazona de la Mancha su “lugar en el corazón”.

Centenares de personas han salido a las calles este viernes, Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo, en varias ciudades de Castilla-La Mancha, convocadas por CCOO y UGT, para reivindicar “derechos, no trincheras”, plantar clara a quienes defienden los discursos de odio desde la ultraderecha, pedir un acceso digno a la vivienda, defender los derechos humanos y solicitar “mejores salarios y democracia”.

La de Toledo ha sido una de las movilizaciones más numerosas y también la que primero ha arrancado en toda Castilla-La Mancha. Alrededor de un millar de personas han recorrido el trayecto desde el Paseo de Recaredo hasta la Plaza de Zocodover, encabezadas por la secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT, Isabel Carrascosa; y el dirigente provincial de CCOO, Federico Pérez.

Tradicionalmente, este recorrido se realizaba desde la Plaza de Toros, pero este año el itinerario se ha modificado debido a las obras en el Paseo de la Vega, colindante con la Puerta de Bisagra. Esto no ha impedido que la movilización toledana se haya convertido en un crisol de reivindicaciones.

Tras la cabecera sindical, se ha unido a la protesta una representación de las trabajadoras de las escuelas infantiles de 0 a 3 años de Castilla-La Mancha, quienes tienen previsto unirse a la huelga general y movilizaciones estatales el próximo 7 de mayo. El paro afectará al personal laboral de los centros del primer ciclo de educación infantil en toda España y está convocado por la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) con el respaldo jurídico de la Confederación General Del Trabajo (CGT).

Exigen que se consolide una red pública, gratuita y unificada de escuelas infantiles “para universalizar la educación temprana, garantizando plazas accesibles y de calidad”. La plataforma pide integrar centros bajo un mismo marco, con gratuidad total o subvenciones altas por parte del estado, promoviendo la igualdad de oportunidades desde el nacimiento.

Tras este colectivo también se ha manifestado la Unión Popular de Estudiantes (UPE), uno de los bloques más numerosos de la protesta, que ha coreado lemas como: “Ni recortes, ni precariedad. El hijo del obrero, a la universidad”.

De igual forma, se han unido a la movilización de Toledo asociaciones por una vivienda digna, así como plataformas contra la guerra en Irán, contra el genocidio en Gaza (con numerosas banderas palestinas) y en defensa de los derechos humanos o contra el bloqueo de Estados Unidos en Cuba.

En la provincia de Ciudad Real, los sindicatos han decidido ceder el protagonismo a otras dos grandes ciudades, en vez realizar la protesta en la capital. Así, en Puertollano, localidad con una dilatada historia obrera, se ha celebrado la manifestación autonómica desde la glorieta Virgen de Gracia hasta la Concha de la Música.

En esta movilización han estado presentes la secretaria regional de UGT, Lola Alcónez, y el secretario regional de CCOO, Javier Ortega. También ha asistido la ministra de Vivienda y ex alcaldesa de esta localidad, Isabel Rodríguez.

Por su parte, en Alcázar de San Juan, la gente también ha tomado las calles desde la calle Cruz Verde hasta la histórica estación de ferrocarril de la ciudad.

La participación en Albacete también ha sido muy numerosa y se ha llevado a cabo desde el Molino de la Feria hasta el Parque Abelardo Sánchez, con una amplia representación del colectivo feminista de la ciudad.

En Cuenca, la manifestación convocada por ambos sindicatos ha partido desde la estación de ferrocarril hasta la Plaza de España.

Finalmente, en Guadalajara, la manifestación ha transcurrido desde la Plaza del Infantado a la Plaza de la Concordia. En este caso se han sumado colectivos LGTBOQ+ y por la defensa de los servicios públicos.

¿Nos exigimos demasiado en el trabajo, nos exigen mucho o todo a la vez? ¿Qué hay del cuidado en el ámbito laboral y del autocuidado? ¿No hay un derecho que lo defienda? ¿Cómo puede organizarse y defenderse? ¿Y qué hay de los derechos de las personas, principalmente mujeres, que se dedican a los cuidados? ¿Ayuda el teletrabajo a la conciliación? ¿Hablamos de salud laboral o es un concepto mucho más amplio? ¿Qué es el 'cuidatoriado'?

Son algunos de los interrogantes que siguen presentes en la sociedad contemporánea y a los que, con motivo del Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo, hemos querido buscar respuestas. Las hemos encontrado con motivo del seminario científico 'El derecho humano al cuidado y la reorganización jurídica del trabajo', organizado recientemente en la Facultad de Derecho de Albacete.

Esta iniciativa la ha dirigido María José Romero, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), con más de 20 años de experiencia jurisdiccional como magistrada en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma.

La profesora también es patrona de la Fundación Derecho y Discapacidad y miembro fundadora de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla-La Mancha. En la actualidad es directora del Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social, desde donde impulsa numerosos proyectos de investigación, docencia de grado y posgrado y gran número de actividades de transferencia e intercambio de conocimiento.

Su trayectoria combina la práctica judicial, la gestión universitaria y la reflexión científica crítica sobre la reorganización jurídica del trabajo en el marco del Estado social y democrático de Derecho.

¿Cómo definiría el derecho humano al cuidado en el ámbito laboral?

El derecho humano al cuidado, en el trabajo, es el derecho de todas las personas a recibir y a prestar cuidados en condiciones dignas, sin discriminación y sin que ello suponga pérdida de derechos laborales ni de protección social. Lógicamente supone reconocer jurídicamente algo que la sociología feminista lleva décadas demostrando: que el cuidado es una necesidad humana universal y una forma de trabajo, remunerado o no, que sostiene la vida y la economía.

¿Cuál es su nivel de reconocimiento?

La Opinión Consultiva 31/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene como principal objetivo aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados en el sistema interamericano, ha dado un paso histórico al reconocer el cuidado como un derecho humano autónomo e interdependiente de otros derechos, entre ellos el derecho al trabajo, a la igualdad y a la salud.

Esto obliga a repensar el Derecho del Trabajo desde una perspectiva de género y de ciclo de vida: no solo proteger a la persona trabajadora asalariada estándar, sino también al ‘cuidatoriado’, un término acuñado por la investigadora María Ángeles Durán como nueva clase social emergente formada mayoritariamente por mujeres que asumen la carga de cuidados, muchas veces sin derechos y sin garantizar su dignidad.

¿Hablamos de salud laboral o es un concepto mucho más amplio?

Hablar del derecho humano al cuidado en el trabajo es ir bastante más allá de la salud laboral en sentido clásico. El cuidado configura un campo normativo más amplio porque articula dimensiones físicas, psíquicas, emocionales, relacionales y de organización social del tiempo, tal y como subraya la reciente construcción del derecho al cuidado como derecho autónomo. No se trata solo de evitar daños en el puesto de trabajo, sino de garantizar condiciones materiales y temporales que permitan cuidar y cuidarse a lo largo de todo el ciclo vital sin que ello suponga sacrificar la autonomía económica ni renunciar al propio proyecto profesional, algo que afecta especialmente a las mujeres.

¿Cómo se pueden enfocar los cuidados desde el Derecho del Trabajo?

Desde el ámbito del Derecho del Trabajo, el enfoque de los cuidados cuestiona la arquitectura misma del modelo laboral hegemónico: la centralidad de la jornada rígida, los tiempos de desplazamiento, la disponibilidad permanente exigida, los modos de ejercicio del poder empresarial y, sobre todo, la persistente distribución sexual del trabajo.

Por eso, en el ámbito académico hablamos de 'sociedades del cuidado' como horizonte de transformación: no basta con perfeccionar la prevención de riesgos laborales, es precisa una reordenación profunda de las instituciones -Estado, mercado, familias- para situar la sostenibilidad de la vida en el centro de la organización económica y jurídica. Solo así el cuidado dejará de ser un 'asunto privado' resuelto a costa del tiempo y la salud de las mujeres y pasará a ser un eje estructural del Estado social y democrático de Derecho.

Todavía estamos lejos de una noción densa de derecho al cuidado. La prevención de riesgos es un pilar irrenunciable, pero su lógica se orienta a la gestión del riesgo y no a la corresponsabilidad social en la organización del tiempo

¿Existe hoy en empresas y administraciones una noción clara del cuidado en el trabajo? ¿La prevención de riesgos laborales lo cubre?

En el contexto español, mi impresión es que la mayoría de empresas y administraciones siguen operando con una cultura jurídica de la salud laboral muy condicionada por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, centrada en evitar daños y cumplir estándares mínimos de seguridad y salud, pero todavía lejos de una noción densa de derecho al cuidado. La prevención de riesgos es un pilar irrenunciable, pero su lógica se orienta a la gestión del riesgo y no a la corresponsabilidad social en la organización del tiempo, la distribución de cargas de trabajo o la compatibilización real entre empleo y responsabilidades de cuidado, que siguen recayendo de forma desproporcionada en las mujeres.

¿Cuál es el reto entonces en este ámbito?

Desde una perspectiva de justicia social, el desafío es que el derecho al cuidado, tal y como lo formula la Opinión Consultiva 31/25 de la Corte Interamericana como derecho autónomo -aunque no formalmente vinculante en nuestro ordenamiento-, impregne el Derecho del Trabajo español y complemente la arquitectura preventiva tradicional.

Eso exige ir más allá de la lógica reparadora del daño e incorporar, mediante ley y negociación colectiva, medidas estructurales: licencias parentales verdaderamente corresponsables, reducción de jornadas excesivas, límites efectivos a la disponibilidad permanente, servicios de cuidados accesibles vinculados a los centros de trabajo y sistemas integrales de cuidados que articulen empleo, Seguridad Social y servicios públicos.

Igual que en su día integramos la salud laboral o la igualdad de género en la normativa y en la negociación colectiva, ahora el cuidado debe convertirse en un eje ordenador del sistema laboral, no en un asunto “privado” que las personas -y en especial el 'cuidatoriado femenino- resuelven a costa de su propio proyecto vital.

¿Cuáles son las principales trabas para que exista tan poca 'protección' frente al derecho al cuidado?

Desde una mirada jurídica y feminista, lo tengo claro, las resistencias son estructurales. La primera es la persistencia de un orden patriarcal que sigue asignando los cuidados a las mujeres como obligación “natural”, privada y moralmente incondicionada, lo que dificulta reconocerlos como derecho justiciable y como responsabilidad social distribuida entre Estado, mercado y familia. La investigación empírica muestra que esta feminización de los cuidados, además, se agrava en el caso de mujeres migrantes y de clases populares, que concentran la sobrecarga y sufren un impacto directo en su salud, sus trayectorias laborales y su seguridad económica.

La segunda traba es el marcado sesgo androcéntrico del propio Derecho del Trabajo, históricamente construido en torno a la figura del trabajador varón, blanco, heterosexual, sin discapacidad, a tiempo completo y “libre” de responsabilidades de cuidado, es decir, el modelo clásico del breadwinner que la literatura feminista ha descrito reiteradamente.

Todo lo que se aparta de ese patrón -mujeres, personas con responsabilidades familiares, trabajadoras a tiempo parcial, cuidadoras remuneradas y no remuneradas, personas LGTBIQ+- se regula como anomalía, coste adicional o 'problema de conciliación', en lugar de tomarse como punto de partida para diseñar derechos. Este diseño institucional profundamente androcéntrico deja sistemáticamente fuera del foco a esa clase social compuesta mayoritariamente por mujeres que sostiene el bienestar colectivo y la reproducción social sin un correlato simétrico de derechos laborales, de Seguridad Social ni de poder de negociación en los espacios donde se decide la organización del trabajo.

En tercer lugar, persiste una profunda invisibilidad económica del cuidado: sigue tratándose como “no trabajo” o como gasto improductivo, a pesar de que las estimaciones disponibles muestran que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado podría equivaler en España a alrededor del 40% del PIB si se valorara a precios de mercado. Estudios de uso del tiempo revelan, además, que las mujeres dedican en promedio el doble de horas diarias que los hombres a tareas domésticas y de cuidado -en torno a cinco horas frente a dos-, lo que se traduce en millones de horas de trabajo no pagado que sostienen el funcionamiento de los mercados laborales y la viabilidad de los sistemas de protección social.

Ese volumen de trabajo ha sido invisibilizado, entonces.

La investigadora María Ángeles Durán ha mostrado en sus estudios que ese volumen de trabajo equivale a decenas de millones de empleos a tiempo completo y constituye una auténtica “riqueza invisible” que no se incorpora a las cuentas nacionales ni al debate fiscal, pese a su enorme impacto macroeconómico. Esta omisión contable tiene consecuencias políticas muy claras: permite descargar el coste del sostenimiento de la vida sobre los hogares y, dentro de ellos, sobre las mujeres, sin reconocimiento jurídico pleno, sin corresponsabilidad presupuestaria y sin un debate democrático sobre quién debe financiar ese trabajo indispensable.

Hay vacíos de protección, solapamientos ineficientes y, sobre todo, una gran dificultad para convertir el derecho al cuidado en un eje vertebrador de las políticas públicas

Por último, la fragmentación institucional actúa como un freno poderoso: las políticas de familia, dependencia, igualdad, empleo o servicios sociales se diseñan y ejecutan en compartimentos estancos, sin un verdadero enfoque de sistema de cuidados que dialogue con la regulación laboral. Desde mi punto de vista, ello genera vacíos de protección, solapamientos ineficientes y, sobre todo, una gran dificultad para convertir el derecho al cuidado en un eje vertebrador de las políticas públicas, en lugar de mantenerlo como un asunto residual confiado a la buena voluntad de las familias y, en particular, de las mujeres.

¿Qué papel pueden o deben cumplir las administraciones?

Las administraciones públicas no son meros actores de acompañamiento, sino los garantes jurídicos del derecho al cuidado. Es decir, el cuidado no puede quedar en la esfera de la 'buena voluntad' familiar, sino que debe convertirse en un eje de la acción de gobierno, al mismo nivel que la sanidad, la educación o las pensiones.

Su papel se despliega en, al menos, tres grandes frentes. En primer lugar, el diseño y la financiación de sistemas integrales de cuidados, con servicios públicos suficientes, accesibles y de calidad para infancia, personas con discapacidad y situaciones de dependencia, concebidos como pilar de la protección social y como palanca de igualdad de género.

En segundo lugar, la reforma del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social como se viene haciendo para reconocer jurídicamente los tiempos de cuidado, las familias monoparentales, garantizar licencias parentales corresponsables y proteger las carreras profesionales de quienes cuidan, evitando que el ejercicio de este derecho se traduzca en penalizaciones salariales o de protección social.

Y en tercer lugar, las administraciones deben utilizar todo el potencial transformador del empleo público y de la contratación pública, incorporando cláusulas de cuidados, de igualdad y de diligencia debida en derechos humanos que obliguen a las empresas proveedoras a no reproducir la precarización del trabajo de cuidados especialmente femenino y migrante, a lo largo de las cadenas de suministro. Esa combinación de regulación, inversión y ejemplaridad institucional es la que puede convertir el derecho al cuidado en un principio estructural del modelo socioeconómico, y no en un mero discurso retórico.

Me hablaba antes de las 'sociedades del cuidado' ¿Cómo pueden constituirse y defenderse?

Cuando hablamos de 'sociedades del cuidado' pensamos en un modelo en el que cuidar y ser cuidado se reconoce como necesidad social, como derecho y como trabajo con relevancia jurídica, también en el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Supone organizar la economía y las relaciones laborales a partir de la sostenibilidad de la vida y no al revés: tiempos de trabajo compatibles con el cuidado, protección social para quienes cuidan y una redistribución real de responsabilidades entre instituciones, empresas y hogares.

¿Qué significan esas sociedades en el ámbito laboral?

Desde una perspectiva científica, construir sociedades del cuidado significa, en el plano laboral, avanzar hacia convenios y normas como las contenidas en nuestro vigente Estatuto de los Trabajadores que reconocen derechos efectivos de tiempo (reducciones y adaptaciones de jornada, excedencias, teletrabajo regulado) sin convertirlos en un peaje exclusivo de las mujeres, y que garanticen condiciones dignas para quienes trabajan profesionalmente en los cuidados, incluidas las empleadas de hogar y las cuidadoras a domicilio.

En el plano de la Seguridad Social, su defensa, implica que los periodos dedicados al cuidado -también los no profesionales- computen como tiempo de trabajo a efectos de pensiones y prestaciones, siguiendo la línea de los convenios especiales para personas cuidadoras de personas en situación de dependencia.

La conciliación juega aquí un papel fundamental. ¿Hemos avanzado respecto a otros países europeos?

En el plano normativo, España ha dado pasos importantes, sobre todo a raíz de la Directiva Europea que fija requisitos mínimos en permisos de paternidad, parentales y para cuidadores, así como en fórmulas de trabajo flexible para progenitores y personas cuidadoras. Su transposición a nuestro ordenamiento, fundamentalmente a través del Real Decreto‑Ley 5/2023, ha introducido nuevos permisos (como el de fuerza mayor por motivos familiares o el permiso parental) y ha reforzado el derecho a la adaptación de jornada, completando un proceso en el que ya se había producido la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad a 16 semanas para cada progenitor desde 2021.

¿Cuál es el balance entonces, sobre todo desde el punto de vista feminista?

Desde una perspectiva feminista y comparada, sin embargo, el balance es ambivalente. En el lado positivo, España se sitúa en un grupo de países que han avanzado en permisos parentales igualitarios y en el reconocimiento formal del derecho a la conciliación, pero seguimos por detrás de los mejores estándares europeos en inversión en servicios públicos de cuidados, prestaciones universales por hijo a cargo y cultura empresarial corresponsable, ámbitos en los que los países nórdicos nos aventajan claramente.

Además, la experiencia demuestra que, si no se acompaña de servicios de cuidado suficientes y de cambios en la organización del trabajo, la conciliación sigue descansando sobre la 'doble jornada' de las mujeres: ellas son quienes más utilizan las reducciones y adaptaciones de jornada, asumiendo los costes en carrera profesional y pensiones, mientras el modelo masculino de disponibilidad casi ilimitada se mantiene prácticamente intacto.

¿En qué consiste esa reorganización jurídica del trabajo para conseguir el derecho al cuidado?

Cuando hablamos de reorganización jurídica del trabajo nos referimos a un cambio de paradigma: que el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social deje de estar construido alrededor del empleo asalariado estándar, masculino y sin cargas de cuidado, y tome como referencia sociedades donde la interdependencia y los cuidados son la norma, no la excepción. Esto obliga a seguir reordenando categorías clásicas -tiempos de trabajo y descanso, salarios, responsabilidades empresariales, cotizaciones y prestaciones- a partir del reconocimiento del cuidado como derecho, como condición para la igualdad sustantiva y como trabajo socialmente necesario que no puede seguir siendo invisible ni gratuito.

¿Eso implicaría reformas de gran calado?

En términos más concretos, esa reorganización implica dos líneas de reforma, entre otras. En primer lugar, una protección social que reconozca jurídicamente los periodos de cuidado no remunerado -mediante convenios especiales, cotizaciones a cargo del Estado o asimilaciones a alta- y las trayectorias laborales intermitentes que estos generan, tradicionalmente feminizadas, como ya ensaya el convenio especial para personas cuidadoras no profesionales de la dependencia.

Y, en segundo lugar, integrar plenamente en la órbita del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social a quienes cuidan en condiciones precarias o informalizadas: empleo de hogar, cuidados a domicilio, cadenas de subcontratación y prestación de servicios externalizados, cerrando la brecha entre trabajo formal e informal mediante inclusión en el Régimen General, mejora de derechos y equiparación progresiva de condiciones.

Reorganizar jurídicamente el trabajo desde los cuidados es, en suma, una agenda profundamente de reconocimiento de derechos: desplaza el centro de gravedad del sistema, desde la lógica de la disponibilidad ilimitada para el mercado hacia la garantía colectiva de tiempo, ingresos y derechos para sostener la vida.

El problema del discurso dominante sobre el autocuidado es que, si se despolitiza, termina funcionando como un mandato individual, como un 'arréglate como puedas' frente a problemas que son estructurales

Se habla también mucho del “autocuidado”. ¿Cuáles serían las claves aquí?

El problema del discurso dominante sobre el autocuidado es que, si se despolitiza, termina funcionando como un mandato individual: “arréglate como puedas” frente a problemas que son estructurales, como la sobrecarga de trabajo, la precariedad o la violencia en los entornos laborales y de cuidados. El feminismo lleva tiempo recordando que “todo cuidado es político”: el autocuidado solo tiene sentido cuando se inscribe en redes comunitarias, organizaciones que limitan la explotación y políticas públicas que redistribuyen tiempos, recursos y responsabilidades.

Yo señalaría tres claves ligadas a mi rama científica. La primera es el derecho al tiempo: sin límites razonables de jornada, sin previsibilidad horaria y sin descansos efectivos, el autocuidado se convierte en un eslogan vacío. La segunda es el derecho a la salud mental, que exige reconocer los riesgos psicosociales derivados del estrés de cuidados y del trabajo emocional, especialmente en el caso de las trabajadoras de los cuidados, muchas de ellas mujeres migrantes, que según la evidencia disponible soportan cargas físicas y emocionales muy elevadas y una exposición mayor a violencia, acoso y fatiga crónica.

La tercera clave es el derecho a decir “no”: la posibilidad real de rechazar sobrecargas laborales o de cuidados sin miedo a perder el empleo, la protección social o el permiso de residencia forma parte del núcleo del derecho al cuidado digno y de cualquier política seria de prevención en salud mental. Para mí hablar de autocuidado, es por tanto hablar de derechos colectivos, de corresponsabilidad social en los cuidados y de reorganizar el trabajo para que cuidar y cuidarse no sea un privilegio, sino una condición básica de ciudadanía y de garantía del Estado Social y democrático de Derecho.

¿Qué papel cumple el teletrabajo en este ámbito?

Es una modalidad organizativa ambivalente: puede ser una herramienta para hacer efectivo el derecho al cuidado y la conciliación, pero también un vector de intensificación del trabajo, de ampliación de la jornada y de desplazamiento de costes empresariales al hogar si no se aplica adecuadamente. La normativa de trabajo a distancia insiste en su carácter voluntario, en la necesidad de acuerdo escrito, en la igualdad de derechos con el trabajo presencial y en la obligación de evitar la perpetuación de roles de género, previendo además que el teletrabajo se integre en los diagnósticos y planes de igualdad.

La doctrina iuslaboralista ha subrayado, sin embargo, que si el teletrabajo se usa como “solución de conciliación” dirigida de facto a las mujeres, corre el riesgo de reforzar la división sexual del trabajo y la llamada “doble presencia”: trabajar en remoto mientras se asumen simultáneamente tareas domésticas y de cuidado, con claros impactos en salud y carrera profesional. Diversos estudios sobre riesgos psicosociales muestran que esta doble presencia afecta especialmente a las trabajadoras, incrementando el estrés y las dificultades para desconectar, lo que exige integrar el teletrabajo en las evaluaciones de riesgos y en las políticas de prevención, con una mirada de género explícita.

¿Cómo evitar ese riesgo?

El papel del teletrabajo debería ser el de un instrumento al servicio de la corresponsabilidad y no un mecanismo encubierto de feminización de la conciliación. Esto implica que la negociación colectiva, los planes de igualdad y la legislación garanticen: tiempos protegidos y derecho efectivo a la desconexión, compensación de gastos, acceso igualitario a formación y promoción, y un uso no discriminatorio de esta modalidad por motivos de cuidado, de forma que trabajar a distancia no suponga lógicamente una penalización en términos de salario, estabilidad o carrera profesional. Solo así el teletrabajo podrá contribuir realmente al derecho al cuidado y no convertirse en una nueva capa de precariedad para las mujeres que cuidan.

“El agua entonces era muy clarita, pero ahora no es parque ya ni 'na', esto es un desierto. Como una persona cuando se muere, igual, no queda más que un esqueleto de un bicho por ahí que se ha muerto y ves solo los huesos”. Este es uno de los testimonios de Julio Escudero, conocido como el último pescador y barquero de Las Tablas de Daimiel y apodado 'Canillas', en el libro que sobre su figura y legado escribieron Santos Cirujano y Miguel Álvarez Cobelas.

Ahora, junto con esos recuerdos de un entorno lleno de agua y de fauna, ha fallecido, a los 97 años, esta figura emblemática, no solo del Parque Nacional, sino de toda una forma de entender la naturaleza. Desaparece “una forma de vivir en los humedales de la Mancha Húmeda”, declara a este medio Salvador Sánchez Carrillo, investigador del CSIC, que forma parte del Patronato de Las Tablas de Daimiel y quien informa a este medio de la triste noticia.

Julio Escuderos Córdoba, nacido en 1930 en una isla de las mismas Tablas de Daimiel, vivió hasta 1973 de la pesca y la caza que le ofrecía la entonces Reserva Natural y desde 1980 ya como Parque Nacional. Fue en 1975 o 1979, porque, según documenta el libro sobre su vida, la memoria “le juega una mala pasada”, cuando entró a formar parte de la plantilla del Parque como guarda, puesto del que se jubiló en 1995.

Vivencias, recuerdos, anécdotas

Un año antes, entre el invierno de 1993 y la primavera de 1994, había mantenido una serie de conversaciones con los investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Santos Cirujano, del Real Jardín Botánico, y Miguel Álvarez, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, que en febrero de 2014 empezaron a tomar forma de libro.

La obra desgrana las vivencias de Julio en el Parque Nacional a través de una larga charla que mantiene con los dos investigadores y a la que se une también la esposa del pescador, Pascuala Rodríguez de Guzmán, fallecida hace 30 años, para apuntalar algunas de las muchas historias, anécdotas, personajes y citas que van poblando el libro.

Julio contaba anécdotas de personajes históricos que o bien tuvieron una relación muy directa con Las Tablas de Daimiel, o bien en algún momento pasaron por el Parque Nacional como los reyes Alfonso XIII y Juan Carlos I; el dictador Francisco Franco, su hija Carmen y su yerno Cristóbal Martínez Bordiú; el ex presidente de Castilla-La Mancha José Bono, que cariñosamente le llamaba “el viejo pescaor”.

Pero sobre todo, tuvo citas y recuerdos para personas de “a pie” que compartieron muchas horas de trabajo con él o que, sencillamente, forman parte de la memoria histórica de Las Tablas.

Julio Escudero contaba tristes experiencias como cuando solo quedaron siete patos en Las Tablas a principios de los años 80, y apuntaba a personas que promovieron su “desecación y conservación” como Ricardo Ibáñez o Teresa Aldea.

El libro desgrana interesantes apuntes sobre la flora y la fauna o la gastronomía del lugar, y se completa con una parte más técnica en la que se repasa la historia de Las Tablas y se incluyen otros apartados interesantes como la etnografía y la arqueología de los humedales. un glosario, bibliografía y algunas de las películas relacionadas con los humedales.

Una “inquebrantable labor”

Pero, sobre todo, con 'Flor Ribera' rindieron tributo a Julio, cazador, pescador y barquero del Parque, su protagonista por su “inquebrantable amor” a este humedal “prácticamente único en Europa” y “último representante del ecosistema llamado tablas fluviales que lo adoptó como un medio de vida y terminó atrapado por sus singulares parajes”.

Hace diez años, Julio Escudero volvió a ser noticia cuando entre sus trasmallos de pesca, apareció un barbo comiza, una especie de pez que llevaba décadas desaparecida del Parque y que pudo volver a tener entre sus manos. Fue un hito de gran envergadura, ya que hacía más de treinta años que en las Tablas de Daimiel no se pescaba esta especie piscícola. Precisamente el último ejemplar que salió entonces de las aguas de este espacio protegido lo sacó el propio Julio Escudero.

Su amor por los humedales lo llevó muy lejos, no en distancia, pero sí en un conocimiento que hoy apenas existe, o existe en personas muy mayores para las que no hay relevo generacional. Con Julio se va un símbolo de Las Tablas, la de una barca orillada entre los juncos. Esperando, ya no solo que haya más agua, sino también alguien que vuelva a contarnos las historias de un espacio que lleno de esplendor a la Mancha.

Hace cuatro años que el pueblo de Almedina, en Ciudad Real, pide justicia histórica y reparación. El motivo: reconocer la figura de Domingo Cipriano Salvador, el escritor y pintor que fue encarcelado por la dictadura franquista acusado falsamente de robar el cuadro ‘La Santa Generación’, de Fernando Yáñez, considerado el “Da Vinci español”, y que actualmente se expone en el Museo del Prado.

El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar se hizo eco de este triste episodio de nuestra historia reciente y decidió elevarlo a la Comisión de Cultura del Congreso mediante una proposición no de ley que se ha debatido este miércoles para pedir “medidas de reparación”, tanto para Cipriano Salvador como para el pueblo de Almedina por la protección de esta obra.

La iniciativa ha salido adelante con 32 votos a favor, tres en contra (de Vox) y una abstención. Sumar ha pedido al Congreso de los Diputados - y lo ha sacado adelante- que rinda homenaje y exprese su reconocimiento a Domingo Cipriano Salvador Gijón que además de pintor, fue maestro, escritor y periodista cervantista y que “hace un siglo, con El Quijote como brújula, quiso tumbar los gigantes del desempleo, el caciquismo y la despoblación de la Mancha a través de la cultura”.

Además, ha salido adelante que se le reconozca, en contra de lo que quedó para la historia, su papel en este episodio fue proteger el cuadro La Santa Generación, durante la guerra civil. Gracias a su empeño ha llegado hasta nuestros días y hoy forma parte del Museo del Prado.

También pedía realizar un acto de homenaje al pintor manchego y al pueblo de Almedina en el que se haga entrega al Ayuntamiento del referido municipio “de una réplica del cuadro expoliado y se proceda a la colocación de una placa que repare con honores el nombre de Cipriano Salvador”. Una parte esta última que ha sido retirada al aceptar la enmienda del Partido Popular.

En tercer lugar, se ha votado a favor de que el Museo del Prado incorpore, tanto en las guías o materiales divulgativos como en la sala dónde se exhibe la pintura, toda la información relativa a su procedencia y su historia, así como el papel de la persona que lo protegió, Cipriano Salvador Gijón.

Un acto de “memoria, dignidad y justicia”

Desde Sumar, el diputado Nahuel González ha defendido la iniciativa como un acto de “memoria, dignidad y justicia”. Ha presentado a Cipriano Salvador como un referente cultural y republicano que, en plena Guerra Civil, protegió el patrimonio artístico frente a la destrucción. Durante su intervención también ha subrayado que el caso desmonta el relato que vincula a la II República Española con la destrucción del patrimonio, destacando el papel de organismos como la Caja General de Reparaciones en la protección de bienes culturales durante la contienda civil.

El Partido Popular ha mostrado una posición más matizada. Su portavoz, Enrique Belda, ha reconocido la figura de Cipriano Salvador y se ha mostrado favorable a su rehabilitación. “Me parece muy bien que se rehabilite a un hombre bueno, pero hay que hacerlo con cierta mesura”, ha dicho.

El PP ha presentado una enmienda al texto para eliminar referencias al “expolio”, argumentando que ese término puede distorsionar la realidad histórica de la zona durante la guerra. Una enmienda transaccional que ha salido adelante. Según el parlamentario, en la provincia de Ciudad Real hubo episodios de violencia y persecución religiosa que deben ser tenidos en cuenta para ofrecer una visión equilibrada, y ha evitado justificar cualquier tipo de “represión”. Los populares han defendido la necesidad de abordar el reconocimiento evitando interpretaciones que, a su juicio, puedan generar confrontación política o alimentar debates con otras formaciones.

Vox ha defendido otra enmienda propia que no ha salido adelante. La diputada Blanca Armario ha dicho que su partido está “de acuerdo” en que la figura de Cipriano Salvador “es destacable en nuestra historia porque es un pintor, es un escritor, es maestro y es periodista. Y, además, autodidacta, con lo cual, pues se le suma aún más este mérito”. Incluso, ha dicho la diputada, “fue acusado injustamente de la desaparición de la obra que da título a esta iniciativa”. Sin embargo ha tildado la propuesta de “revanchista”, negándose a apoyar la iniciativa de Sumar, si no se reconocía también a “las derechas”.

Por su parte, el PSOE ha expresado un apoyo claro a la propuesta. El diputado Gonzalo Redondo ha enmarcado la iniciativa en las políticas de memoria democrática, y cree que con el reconocimiento de Cipriano Salvador “no sólo hablamos de una obra de arte sino de memoria, dignidad y justicia”.

Tras recordar que la acción del pintor y periodista permitió preservar una obra clave del Renacimiento español , ha denunciado la represión sufrida posteriormente durante el franquismo. Además, ha aprovechado para vincular la propuesta con iniciativas previas impulsadas por instituciones como la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para reconocer una “memoria democrática colectiva, inclusiva y basada en el conocimiento”, decía, y “entendida como una política pública, construida desde la verdad, la dignidad y el reconocimiento”.

En su escrito, Sumar recordaba que este escritor y pintor fue un maestro, pintor, escritor y periodista cervantista que hace un siglo, con ‘El Quijote’ como “brújula”, quiso “tumbar los gigantes del desempleo, el caciquismo y la despoblación de la Mancha a través de la cultura”.

Detalla que en el otoño de 1936, en plena Guerra Civil, dado que en los años 20 anteriores  había inventariado y catalogado buena parte del patrimonio material e inmaterial de la provincia de Ciudad Real para impulsar el turismo cultural en la región, recibió un encargo de las autoridades republicanas: proteger las obras de arte del Campo de Montiel.

Una de las joyas por las que Cipriano Salvador arriesgó su integridad fue una importante tabla del siglo XVI de Fernando Yáñez, que se conservaba en la parroquia de Santa María de Almedina: ‘La Santa Generación’ y que hoy ha sido objeto de debate en el Congreso de los Diputados.

Dada a conocer por un epigrama de Quevedo

La pintura, conocida también como ‘Santa Ana, la Virgen, Santa Isabel, San Juan y Jesús niño’, era el último fragmento que quedaba del retablo pintado por el discípulo de Leonardo da Vinci para su pueblo natal. Dada a conocer por un epigrama de Francisco de Quevedo, durante mucho tiempo fue la única prueba de la existencia de Yáñez de la Almedina, uno de los introductores del Renacimiento pictórico en la península ibérica.

El maestro republicano hoy rehabilitado, consciente del valor del hallazgo y por miedo a que fuera quemado, como había pasado con otros objetos de culto durante los primeros meses de la guerra civil, decidió esconder el cuadro en su casa de Villanueva de los Infantes hasta que el gobierno republicano se hiciera cargo de él y lo llevara a una pinacoteca.

Su llamada fue atendida por una brigada de la Caja General de Reparaciones de Daños y Perjuicios de la Guerra en enero de 1938. No obstante, en 1939, Cipriano Salvador fue detenido por las autoridades franquistas acusado de colaborar con la República y de la desaparición de la obra y condenado a pena de muerte en 1941, posteriormente conmutada por 30 años de prisión y trabajos forzados, “entre interrogatorio e interrogatorio en busca del cuadro perdido”.

Sumar ha destacado en su proposición que pese al “infierno que vivió”, Cipriano Salvador no se rindió. “Además de alfabetizar a otros presos y organizar talleres artísticos con Rivas Cherif, educó a distancia con cartas y viñetas a su hijo, del que lo habían separado cuando este apenas tenía un año”.

Aprovecharon su posición después de la guerra y un error en la trascripción de las medidas de la obra en las actas de incautación para apoderarse del cuadro

En 1946 salió amnistiado, pero inhabilitado para ejercer sus oficios, desterrado de la comarca de la Mancha y “con el estigma de haber robado una obra de arte por la que se había jugado la vida”.

Sin embargo, una investigación de José Alberto López Camarillas en 2020, maestro valenciano con orígenes familiares en Almedina demostró que, mientras que las autoridades franquistas buscaban la tabla y Cipriano Salvador sufría las consecuencias, la pintura colgaba de las paredes del Museo del Prado.

‘La Santa Generación’ de Yáñez fue adquirida “de manera poco ética” a la iglesia de Villanueva de los Infantes con la connivencia del director del Museo del Prado (que ya había intentado comprarla al pueblo de Almedina en 1930) y del sacerdote de la infanteña parroquia de San Andrés, que “aprovecharon su posición después de la guerra y un error en la trascripción de las medidas de la obra en las actas de incautación para apoderarse del cuadro”.

Es también de justicia que haya un resarcimiento con el pueblo de Almedina, un municipio de menos de 500 habitantes al que expoliaron su principal tesoro y, con él, una oportunidad de construir un futuro sostenible en torno al turismo cultural, contribuir al desarrollo local y a la lucha contra la despoblación

Nahuel González — Grupo Parlamentario Sumar

El Grupo Parlamentario de Sumar considera “de justicia” reconocer “el gran sacrificio” de Cipriano Salvador Gijón, quien “pagó con su libertad y con su cuerpo que hoy podamos disfrutar de una de las obras más importantes de la pintura española”.

“Pero también lo es que haya un resarcimiento con el pueblo de Almedina, un municipio de menos de 500 habitantes al que expoliaron su principal tesoro y, con él, una oportunidad de construir un futuro sostenible en torno al turismo cultural, contribuir al desarrollo local y a la lucha contra la despoblación”.

“Una grieta en el relato franquista”

José Alberto López Camarillas se mostraba hoy emocionado por lo ocurrido en el Congreso de los Diputados. “Llevo más de seis años investigando y divulgando la desaparición de la Santa Generación y también la obra del pintor Cipriano Salvador y todo su legado. Y lo estoy también porque he estrechado lazos, que ya son prácticamente familiares, con su hijo”.

Él se define como “hijo y nievo de Almedina”, su pueblo. “Creo que es otra de las grandes víctimas en esta historia”.

“La aprobación de la Proposición No de Ley de Cipriano Salvador y del pueblo de Almedina es a nivel general una victoria para todo el movimiento de la memoria de España, pero sobre todo para las familias, en la mayoría de los casos mujeres, que durante la dictadura y después de la dictadura también han sabido mantener la memoria, el legado”, señala en declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha.

La aprobación de la Proposición No de Ley de Cipriano Salvador y del pueblo de Almedina es a nivel general una victoria para todo el movimiento de la memoria de España, pero sobre todo para las familias, en la mayoría de los casos mujeres, que durante la dictadura y después de la dictadura también han sabido mantener la memoria

José Alberto López Camarillas — Maestro e impulsor de la investigación de demostró la inocencia de Cipriano Salvador

Del pintor señala que era “ante todo un mancheguista comprometido” que dedicó buena parte de su vida “a conseguir que la Mancha pudiera tener autonomía económica y que no fuera solamente un cruce de caminos. Por eso dedicó muchos años a inventariar el patrimonio de la región e intentar impulsar un programa de turismo cultural que ayudase al desarrollo económico, evitando así que sus hijos tuvieran que migrar”.

El investigador recuerda cómo “precisamente, con el expolio del cuadro, se privó a Almedina de ese desarrollo. Ahora espero que con las medidas que tome el Ministerio de Cultura, pueda repararse parte de este daño”.

En su opinión, “más allá de lo personal, la historia de Cipriano Salvador es muy importante porque supone una grieta en el relato franquista que utilizó para justificar el genocidio en el pueblo español y la posterior represión. Ese relato que todos y todas hemos escuchado sobre el Frente Popular destruyendo todo el patrimonio artístico, especialmente el religioso. No fue así. El Gobierno del Frente Popular puso medios y a intelectuales para la salvaguarda y protección. En el lado contrario también hubo bombardeos franquistas sobre iglesias y museos”.

Esta historia, zanja, “también pone de manifiesto que tras la acusación a un republicano de robar obras de arte, hubo un oportunista que se lucró con la situación y con el dolor de otros”.

Más allá de lo ocurrido hoy en el Congreso de los Diputados, el pueblo de Almedina ya ha rendido homenaje a Cipriano. En octubre de 2022, cerró sus fiestas patronales con un sentido homenaje. Allí se descubrió una placa que reconoce su labor y “la injusticia cometida con él”. El acto estuvo presidido por el alcalde, José Antonio Talavera Sánchez, y el secretario de la asociación Patrimonio de Almedina, Moisés Martínez Quintana. Este evento sirvió además para reivindicar el origen almedinense del cuadro del Prado, pues “fue arrebatado a sus vecinos y vecinas de manera ilegítima y sin ningún tipo de compensación”.

En julio de 2025, se instaló un azulejo cerámico con la reproducción de la obra ‘La Santa Generación’, del pintor renacentista Fernando Yánez de Almedina, en la fachada del Ayuntamiento. 

En Almedina la figura del escritor y pintor republicano es muy conocida, sobre todo gracias a la investigación de López Camarillas. De hecho, el investigador ya señaló entonces que la vida de Cipriano, su obra, su condena y su sufrimiento al separarse de su familia es uno de los hitos más importantes de sus descubrimientos.

También destacó la obra que Cipriano realizó desde la cárcel. En la Navidad de 1943 y desde el penal de El Dueso, participó en los talleres artísticos de Rivas Cherif, donde convenció a otros intelectuales republicanos para publicar un libro infantil como regalo de Reyes para su hijo de cinco años, a quien apenas conocía, y así educarlo a distancia.

De esta manera nació 'El Premio', una historia sobre la necesidad de solidaridad entre iguales para sobrevivir, narrada en verso y con una chispa de humor que ha rescató para su edición López Camarillas, con la coautoría de Luis Díaz Serrano, Joaquín Bravo y las ilustraciones de Carmelo García Rodríguez y Gabriel Pareja.

Cipriano Salvador Gijón falleció en diciembre de 1975 y está enterrado en Toro (Zamora).

La futura mina de fosfatos que la empresa Alcudia Phosphates quiere abrir en la pequeña localidad de Fontanarejo (Ciudad Real), muy cerca del Parque Nacional de Cabañeros, sigue generando la indignación de la Plataforma No a la Mina que se constituyó contra este proyecto, con el apoyo de Ecologistas en Acción.

Mientras que el proyecto se encuentra en mitad de un proceso judicial contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Albacete debido al inicio de las obras, que sus detractores consideran “ilegal”, ahora una corrección de errores en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha vuelto a exaltar los ánimos.

El cambio en cuestión se produjo a finales del pasado mes de marzo, cuando la Consejería de Desarrollo Sostenible publicó una modificación de la declaración de impacto ambiental (DIA) concedida a este proyecto hace ocho años.

Explica la Administración regional que en 2023 ya hubo una primera corrección de errores para deslindar, una vez que el proyecto hubiera sido autorizado administrativamente por el órgano sustantivo, los conceptos de “ejecución del proyecto” y de “actividad extractiva y productiva asociada al proyecto”, de cara a la presentación de la empresa de diversa documentación exigida en la mencionada declaración de impacto ambiental.

En esa modificación de hace tres años se incluyó dentro del concepto de “actividad extractiva y productiva asociada al proyecto”, la realización de calicatas y perforaciones previas, así como “otras labores preliminares que implicaran el arranque y transporte del material rocoso”.

Un cambio a petición de la empresa promotora

No obstante, explica el documento, el pasado 11 de febrero la empresa promotora presentó un escrito ante el Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real en el que argumentaba que el hecho de incluir esas actuaciones de calicatas en el concepto de “actividad extractiva”, le supone dos impedimentos desde el punto de vista técnico y administrativo.

Por una parte, alegaba la promotora, le impide de plano elaborar y presentar, ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana, el estudio hidrogeológico integral para caracterizar cuantitativa y cualitativamente las aguas del entorno de actuación y diseñar el protocolo de control ante posibles episodios de contaminación. Esta es una de las condiciones que pide la declaración de impacto ambiental.

Y en segundo lugar, la empresa alegaba que el proyecto minero tiene asociada una planta para el tratamiento del mineral extraído durante la actividad minera, que también se ha evaluado en la declaración de impacto ambiental. Señala que para poder realizar el diseño definitivo de la planta de tratamiento es necesario “modelizar el proceso productivo en una fase previa experimental” dentro de una planta piloto que el promotor dispone en la provincia de Cáceres.

Para conformar estos ensayos técnicos, que precisan el material procedente de la zona objeto de explotación, resulta “imprescindible”, añade la promotora, realizar una cata de muestreo en seco de carácter no productivo con fines de investigación.

Por todo ello, considera la empresa que el hecho de asemejar trabajos extractivos con fines “exclusivamente experimentales” y de investigación de carácter preliminar (las mencionadas perforaciones y calicatas “de escasa entidad”) con el concepto de “actividad extractiva y productiva”, acarrea un “perjuicio”: eso “imposibilita” a la empresa avanzar en el desarrollo del proyecto desde el punto de vista administrativo y técnico.

Por tanto, el Gobierno regional modifica el apartado en el que se incluye la realización de calicatas y perforaciones previas, para incorporar que esa actividad está excluida como actividad extractiva.

La Plataforma No a la Mina de Fontanarejo interpreta que con ello, la Administración le sigue “facilitando” el proyecto a los promotores mediante este “procedimiento irregular” de la corrección de errores.

“El objetivo de este cambio, según dicen en el argumentario previo, es para poder hacer el estudio hidrogeológico y sacar materiales para afinar el proceso de la planta de tratamiento, que son asuntos previos del proyecto y de la evaluación ambiental y que ya tenían que estar resueltos antes de la declaración de impacto ambiental y no hacerse a posteriori”, argumentan.

De hecho, esta es una de las razones por las que este proyecto se encuentra en los tribunales, en el marco del recurso contencioso-administrativo presentado por la plataforma ciudadana y actualmente en litigio.

"La ley solo autoriza cambios por errores de texto, fechas o números, no del contenido de una resolución como es la declaración de impacto ambiental”

Plataforma No a la Mina de Fontanarejo

Este colectivo añade que la propia empresa alude, para defender la corrección de errores, a la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que contempla esa posibilidad. “Pero, según la jurisprudencia, eso solo te autoriza a cambios por errores de texto, fechas o números, no del contenido de una resolución como es la declaración de impacto ambiental”, concluyen.

De cualquier forma, la corrección de errores se produce en mitad del proceso judicial, que arrancó el pasado mes de enero con dos vistas orales y después de que el conflicto se intensificara a mediados del pasado mes de octubre, cuando comenzaron las obras de preparación del terreno para la mina.

Según denunciaba la plataforma ciudadana, el inicio de obras se produjo de forma “ilegal”, ya que la Declaración de Impacto Ambiental tenía una vigencia que expiraba el 5 de febrero de 2024, una fecha anterior tanto a la licencia de obra concedida por el ayuntamiento como al inicio efectivo de los trabajos, que se produjo meses después. Ahora, es intención de la plataforma recoger esta corrección de errores para reflejarlo en las conclusiones del contencioso “para que el juez lo tenga también en cuenta”.

La empresa alega que no hay “repercusión” en el proceso judicial

Consultada por este medio, la promotora Alcudia Phosphates resta importancia a la resolución del Diario Oficial de la comunidad autónoma y asegura que es “una actuación administrativa de carácter no material” destinada a subsanar “una omisión puntual en la documentación”. 

“La corrección permite incorporar una actuación necesaria para completar los estudios requeridos por la Administración y garantizar la correcta ejecución del proyecto. En ningún caso introduce cambios de fondo ni tiene relación o repercusión alguna en el procedimiento judicial en curso”, añade.

Es la misma posición que defiende el Gobierno regional. La Consejería de Desarrollo Sostenible precisa a este medio que las correcciones de errores son “habituales en cualquier proceso de la administración”. “Si se detectan, es la obligación de la administración competente el subsanarlos. Simplemente es eso, una corrección técnica administrativa como se hacen en muchos casos”.

Un recurso judicial por presunto inicio ilegal de las obras

El litigio comenzó cuando el ayuntamiento concedió licencia para el inicio del proyecto después de la mencionada declaración de impacto ambiental. La respuesta de la Plataforma fue demandar a la Administración regional y a la empresa promotora por el inicio “ilegal” de las obras tras la concesión de explotación minera.

En este tiempo y hasta la fecha, la plataforma ciudadana ha recabado más de 100.000 firmas en contra de la mina y ha realizado una consulta popular entre la población de Fontanarejo apoyada por más de la mitad de la población, unas 120 firmas.

El recurso judicial se apoya en seis informes técnicos independientes, elaborados por especialistas del ámbito académico y profesional, que concluyen que la declaración de impacto ambiental se aprobó sin un inventario suficiente del medio ambiente y de la población afectada, lo que “impide evaluar adecuadamente los impactos del proyecto y establecer medidas correctoras o compensatorias eficaces”.

Uno de los aspectos más criticados es que estudios esenciales, como los relativos a la hidrología, las vibraciones y las partículas en suspensión, no fueron sometidos a participación pública, permitiendo a la empresa promotora presentarlos con posterioridad a la concesión de explotación y fuera del procedimiento de evaluación ambiental, una práctica que, según la Plataforma, “contraviene la legislación vigente”.

A estas supuestas deficiencias añaden en su recurso un estudio ornitológico independiente, realizado a lo largo de 2023 por un equipo de siete ornitólogos y coordinado, entre otros, por el profesor titular de Geografía Física de la Universidad de Castilla-La Mancha Rafael Ubaldo Gosálvez Rey.

El estudio documentó la presencia de 14 especies de aves rapaces en el entorno del proyecto, tres de ellas catalogadas como en peligro de extinción en Castilla-La Mancha -águila imperial ibérica, águila perdicera y milano real- y otras seis como vulnerables, entre ellas el buitre negro y el alimoche común.

Por su parte, en el escrito que el abogado del Gobierno regional remitió a la sala en marzo de 2024 con motivo de la demanda, esta administración argumentó que la declaración de impacto ambiental (DIA) presentaba “medidas correctoras de obligado cumplimiento”. “Efectivamente, el presente proyecto, como casi cualquier otro de esta naturaleza, produce un impacto ambiental, y el objeto de la DIA es, precisamente, valorar dicho impacto en relación con el interés público de la actividad, y establecer las medidas correctoras del mismo”.

Ese interés público, añade este documento, viene establecido por la Ley de Fomento de la Minería de 1977 que tiene por objeto promover y desarrollar, dentro y fuera del territorio nacional, la exploración, investigación, explotación y beneficios mineros, con el fin de procurar el abastecimiento de materias primas minerales a la industria española.

El Gobierno regional también apuntaba en su escrito que el procedimiento se ha realizado “conforme a las prescripciones legales”, con exposición pública y consulta a las entidades afectadas, incluida Ecologistas en Acción, consultada “hasta en tres ocasiones, sin hacer alegaciones al proyecto”.

La jueza de instrucción del Tribunal de Primera Instancia de Torrijos, en Toledo, ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre que intentó retener a una niña menor de edad en las inmediaciones del estado de fútbol de la localidad toledana de Fuensalida.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha consultadas por este medio, el acusado fue puesto a disposición judicial el pasado 22 de abril, en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrijos tras ser detenido por la Guardia Civil y la Policía Local.

Tras tomarle declaración, la jueza de guardia decretó prisión provisional comunicada y sin fianza. Se le imputa de manera provisional como presunto autor de un delito de tentativa de retención ilegal.

Medidas cautelares

El auto judicial establece que, en el caso de que se modifique la situación de prisión preventiva, se han establecido varias medidas cautelares como la prohibición de entrar o estar en la localidad de Fuensalida, de comunicación con respecto a la menor, la retirada del pasaporte. la prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comparecencia ante el juzgado una vez a la semana.

El acusado fue detenido tras intentar secuestrar a la menor. Según informó el Ayuntamiento de Fuensalida, el objetivo del hombre no pudo llevarse a cabo “gracias a la rápida y acertada actuación de la niña”, así como “a la colaboración ciudadana, se pudo alertar de inmediato a las autoridades”.

Desde el Ayuntamiento trasladaron un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, destacando “la eficacia de los cuerpos de seguridad, la importancia de la colaboración vecinal ante situaciones de emergencia y el deseo de firmeza en las actuaciones judiciales”.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha participado en el minuto de silencio institucional para mostrar la repulsa de toda la sociedad por el último asesinato machista, el de Alejandra Maryvin, en Seseña (Toledo). Ha aprovechado para apelar a toda la sociedad a “denunciar estas situaciones” siempre que se tenga conocimiento de ellas y con el objetivo de evitar más muertes.

“No se puede consentir, una democracia no puede admitirlo, no podemos blanquearlo. Por eso, tras transmitir el pésame a su familia y amigos, quiero hacer una llamada a los ciudadanos para que, ante esta lacra, seamos implacables”.

El delegado ha denunciado el machismo que considera a la mujer “inferior”. No se trata de “violencia”, sino de “asesinatos machistas, una violencia que todos tienen la obligación de denunciar”.

Ha pedido a la ciudadanía que siempre que pueda denuncie los posibles casos de violencia que puedan presenciar, bien en el 062 de Guardia Civil, en el 091 de Policía Nacional, en el 016 de atención a víctimas o al propio 112 de gestión de emergencias.

En todo caso, ha mostrado su confianza en el sistema VioGén, con cerca de 5.500 víctimas atendidas en Castilla-La Mancha y solo un asesinato este año. “Se puede seguir mejorando, pero no podemos fiarlo todo al sistema, hay que confiar en la sociedad y en los tribunales”.

Todos los museos tienen su propia biblioteca. La fusión entre los libros y el arte es histórica, necesaria y a veces algo misteriosa. El Museo del Greco de Toledo, de titularidad estatal, no es una excepción, y además, alberga una de esas bibliotecas casi desconocidas, recónditas, eclipsadas por la pinacoteca dedicada al pintor cretense y por la recreación anexa de que la fue su casa en esta ciudad.

Pero no fue ese el deseo del fundador de este museo. Quiso libros desde el principio. El marqués Benigno Mariano Pedro Casto de la Vega-Inclán y Flaquer, militar y político español fue uno de los máximos artífices e impulsores del desarrollo del turismo en España. Promovió innumerables proyectos culturales de finalidad pública. Y cuando puso sus ojos en Toledo, emergió también su faceta como pintor, además de arqueólogo, poeta y articulista.

Uno de sus sueños se cumplió en 1911 cuando abrió sus puertas en Toledo el Museo del Greco. Fue un éxito total. Pero, con el tiempo, en paralelo al esplendor de este espacio y a la ficticia casa del pintor, fue adquiriendo libros y más libros, que con el tiempo conforman la hoy denominada ‘Biblioteca del Marqués’ con más de un millar de ejemplares que van del siglo XVI al siglo XX.

Actualmente, es una de las instalaciones menos conocidas pese a que guarda auténticos tesoros. Con motivo del Día del Libro, este medio ha podido conocerla en detalle de la mano de su bibliotecario, Israel Marín. Cuenta que en sus inicios, el marqués la concibió como una biblioteca privada, personal, al estilo de las que tenían los ateneos de diferentes ciudades a principios del siglo XX. Significa que solo podían usarla personas de su círculo más allegado, sobre todo intelectuales, con los que tenía relación y amistad.

Hoy en día, hay una parte que es pública y está en exposición permanente y en unos meses, el Museo confía en poder exponer más fondos. “Sobre todo interesará a investigadores, estudiantes y gente interesada en temáticas concretas”. Esto es así porque se trata de una biblioteca especializada en temáticas muy variadas: desde El Quijote, la historia de Toledo, la historia del arte, la figura de El Greco, hasta la pintura, pasando también por la botánica, diversas ingenierías y la arquitectura.

Una curiosidad: no hay novelas. Está concebida desde sus inicios con fondos de carácter enciclopédico, colecciones en varios volúmenes, pero también ejemplares únicos. “Es muy técnica, como son casi todas las bibliotecas de los museos, que sirven para prestar un servicio documental a la institución”, explica Marín.

El libro más antiguo es del año 1595, el 'Xenophontis Opera Omnia', editado por Filippo Giunta en Florencia en 1516, que contiene las obras completas del autor griego Jenofonte, y que fue donado por la Biblioteca Nacional y está en una sala de exposición permanente.

Hasta la arquitectura de la biblioteca tiene historia. El marqués de la Vega-Inclán encargó que los muebles de la misma se hicieran a imitación de la del Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Hoy en día está dispuesta de manera diferente a sus orígenes, de forma que en su sala principal están los volúmenes en exposición pero también cuadros. “De esta manera, ha pasado a ser como una pieza de museo más”.

Como estamos en el Museo del Greco, ¿qué nos cuentan sobre el pintor algunos de sus ejemplares? “Hablan principalmente de su figura, de su obra. Hay catálogos de las primeras exposiciones que se hicieron sobre él, y también mucha bibliografía que se relaciona con su formación, con su paso por Italia y con su origen cretense”. Del total de los fondos, un 20% son de esta temática.

Pero hay un libro muy especial. Una conferencia sobre su pintura que realizó en 1912 un estudiante de ingeniería llamado Carlos G. Espresati, cuyo profesor quería que sus alumnos “trabajaran también su vena artística y creativa”. A raíz de ello el autor escribió una conferencia “muy apasionada, llena de mociones” sobre el pintor.

Se trata de lo que se denomina “literatura gris”, aquella de la que hay muy pocos ejemplares. De hecho, el que tiene esta biblioteca es único, encuadernado con mylar, material transparente que se utiliza principalmente para proteger libros y documentos para su conservación.

El mayor tesoro de la biblioteca es su único manuscrito, del siglo XVI. Ya existía la imprenta, pero está realizado a mano y encuadernado en pergamino. Llamado ‘Papeles sueltos’ y de autor desconocido, aborda la cuestión de la “pureza de sangre”. “Por entonces era de lo más normal que las personas que querían acceder a cargos públicos demostraran que no tenían ancestros judeoconversos y islámicos. El libro aborda toda esta cuestión”, detalla.

Resultan igualmente muy significativas tanto las fichas de búsquedas y catalogación más antiguas como otros ejemplares del siglo XVI: entre ellos uno de Gutiérrez de los Ríos, encuadernado ya en el siglo XX en el que establece las diferencias entre las artes liberales y las artes mecánicas, centrado principalmente en el dibujo.

Y pasando al siglo XVII, el bibliotecario se detiene un libro que recopila autores italianos del Véneto. Su mayor curiosidad es que está incluida la pintora Marietta Robusti, hija de Jacopo Comin, Tintoretto. Conocida como la Tintoretta, se encuentra dibujada en lo que Israel Marín destaca como un intento de “sacarla de la oscuridad” pese a que en esos tiempos no estaba bien visto que las mujeres destacaran por su creatividad artística.

Del siglo XVIII, la 'Biblioteca del Marqués' alberga igualmente seis volúmenes dedicados a los reyes y reinas de España, elaborado por Manuel Rodríguez. De uno de ellos destaca el dibujo de Juana de Castilla, retratada junto a su esposo Felipe el Hermoso, por entonces regente. Pese a que la monarca aparece en un segundo término casi “tapada”, enarbola la corona de reina.

Avanzando de nuevo un siglo, Israel Marín extrae una iconografía del Quijote del siglo XIX, obra de Francisco López de Fabra. De la misma destaca, aparte de sus dibujos, el cambio en la tipografía, derivado de que los libros, por entonces, dejaron de ser “bienes de lujo” debido a que se extendió la alfabetización. Eso hizo que muchos de ellos perdieran calidad en sus páginas y encuadernaciones, pero también permitió que aumentaran los lectores y lectoras de todo el mundo.

La última incorporación a la biblioteca es un libro de 1908 del historiador del arte y pedagogo Manuel Bartolomé Cossío. Trata sobre la figura de El Greco y es “relativamente importante” porque supone la base fundacional del propio museo. Está formado por dos volúmenes: el primero es su biografía y el segundo un estudio sobre su obra.

Otra curiosidad que va más allá de los libros es que el marqués adquirió muchos de los ejemplares a través de la biblioteca de Cánovas del Castillo y Vallejo, sobrino de Antonio Cánovas del Castillo, político conservador de la época de la Restauración. Heredó la biblioteca de su tío y la conservó. Después la adquirió su actual dueño, pero muchos de ellos llevan el sello originario de esa biblioteca.

Este legado del marqués es sobre todo la huella del foco que puso en Toledo. Como “aventurero cultural”, a principios del siglo XX se percató de que la figura de El Greco se empezaba a revalorizar. Tras la mencionada publicación en 1908 del sobre el pintor que publicó Manuel Bartolomé Cossío, se decidió a impulsar la restauración de la casa del pintor en Toledo.

Del museo a la “recreación” de la casa de El Greco

El marqués compró un conjunto de propiedades compuesto por un solar en el cual había bóvedas derruidas y una casa construida hacía poco tiempo; a todo ello le añadió una finca anexa. La obra se ejecutó bajo la inspiración del marqués y la ejecución técnica del arquitecto Eladio Laredo. Se componía de casa y jardín, cerrados por una tapia y varias construcciones de servicio.

La casa adquirió pronto mucha popularidad, a pesar de su discutido rigor histórico y de situarse cerca de donde vivió el artista, pero no exactamente en el mismo solar.

Asimismo, en 1907 el marqués expuso al Congreso de los Diputados su propósito de ceder un edificio para museo, independiente de la casa. La Cámara lo aceptó y el marqués llevó a cabo las obras partiendo de un antiguo palacio renacentista como base.

Terminadas las obras del Museo, y formalizada la aceptación por el Estado del mismo, el 27 de abril de 1910 se constituyó el patronato encargado de su gestión, compuesto por personalidades del arte, la cultura y la política, y el 12 de junio de 1911 abrió al público.

Ya se tramita como Proyecto de Singular Interés (PSI) la futura planta de acero verde que la empresa Hydnum Steel va a instalar entre el núcleo urbano de Puertollano (Ciudad Real) y el polígono industrial de La Nava de la ciudad. Su primer expediente está en información pública hasta finales de junio y, si recibe posteriormente luz verde ambiental, se convertirá en la primera acería de estas características en España y Europa.

Se considera acero verde el producto elaborado mediante tecnologías que eliminan o reducen drásticamente las emisiones de CO2 durante su fabricación, utilizando hidrógeno verde en lugar de carbón. Se basa, por tanto, en energías renovables para lograr un proceso libre de combustibles fósiles, constituyendo una alternativa sostenible con una huella de carbono “cercana a cero”. 

Este tipo de material es considerado desde hace años “un elemento fundamental para alcanzar la neutralidad climática”, aunque actualmente, según BBVA, su coste de producción es mayor que el del acero tradicional. No obstante, muchos expertos prevén que es el futuro de la metalurgia, alineado con la economía circular.

Fabricar acero verde es actualmente más costoso que el convencional, con primas estimadas entre 120 y 170 euros más por tonelada en Europa para 2026, llegando incluso a reportarse costes operativos superiores a los 1.000 euros por tonelada mediante rutas de hidrógeno. Esto representa un incremento de aproximadamente el 40% sobre el acero tradicional, principalmente debido a la alta inversión en tecnología de hidrógeno y electricidad.

Pero tanto el Gobierno de Castilla-La Mancha como la empresa Hydnum Steel parecen haber hecho sus cálculos de cara la futura planta de Puertollano. Esta ciudad es ya un nodo estratégico y referente en hidrógeno verde (H2V) en Europa. Alberga la planta de Iberdrola, la mayor de uso industrial en su inauguración hace cuatro años. Utiliza el cien por cien de energía renovable (solar fotovoltaica con 100 megavatios y baterías con 20 megavatios por hora) para producir hidrógeno destinado a la fábrica de Fertiberia.

Es esta ciudad se encuentra también el Centro Nacional del Hidrógeno (CNH2), una instalación científica dedicada a la investigación, desarrollo y validación de tecnologías de hidrógeno y pilas de combustible. Impulsa la transición energética mediante proyectos de I+D, simulaciones y la homologación de componentes para transporte, energía y la industria.

Estos factores son todo ventajas para Hydnum Steel. Además, el hecho de que su acería verde se tramite como PSI significa que sus trámites urbanísticos y administrativos serán más ágiles: el Ejecutivo regional considera que es un “proyecto prioritario”, es decir, con un impacto positivo en el desarrollo socioeconómico de la región.

El proyecto de su solicitud de autorización ambiental ya se ha sometido a información pública, según la resolución de la Consejería de Fomento publicada en el Diario Oficial de la comunidad autónoma (DOCM). El Gobierno de Castilla-La Mancha lo considera “un proyecto industrial estratégico para la región” que contará con una inversión de más de 1.521 millones de euros.

El impacto económico que se espera llegará a los 11.000 millones de euros, según el Ejecutivo. En total, la planta prevé crear más de 1.000 empleos directos y alrededor de 5.000 puestos de trabajo indirectos, revitalizando una zona con alta tasa de desempleo, especialmente entre los jóvenes.

Un proyecto prioritario pendiente de su impacto ambiental

Debido su catalogación especial, la tramitación urbanística del proyecto se está realizando conforme la Ley de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios de Castilla-La Mancha. Después de este proceso de participación, el Gobierno regional debe realizar el informe de impacto ambiental conforme a la normativa de prevención y control de la contaminación. Será entonces cuando se conozcan sus posibles afecciones al medio ambiente y al propio núcleo urbano de Puertollano.

Precisamente, en la resolución de Fomento se indica que Hydnum Steel tiene por objeto la creación de una planta industrial de producción de bobinas de acero mediante la utilización de energías limpias, de forma que la huella de carbono del producto final represente “un 98% de reducción” respecto a la generada con los procesos actuales, realizados mediante altos hornos y hornos de oxígeno.

El ámbito del PSI, de aproximadamente 209 hectáreas, se ubica entre el núcleo urbano de Puertollano y el polígono industrial de la Nava en terrenos clasificados mayoritariamente como suelo rústico de reserva, proponiéndose su clasificación como “suelo urbanizable”, aunque existe un pequeño ámbito con clasificación de suelo urbano residencial en la Barriada del Río Ojailén.

Sobre esta zona ya avisó en un informe previo la Consejería de Cultura, en la elaboración previa del Inventario de Patrimonio Cultural: ahí se constata que parte los terrenos afectados por el proyecto se incluyen dentro del ámbito de prevención arqueológica 'Costanillo'. Se encuentra en una terraza en el margen izquierdo del río Ojailén. Es una zona llana, en gran parte alterada por las explotaciones mineras y el desvío del cauce, en la que hay localizada “abundante materia prima de cuarcita”.

También incide en esta cuestión arqueológica la asociación Ecología y Libertad en su informe previo a la autorización ambiental. Y alerta además del impacto paisajístico por la altura de 55 metros que prevé la fábrica “en medio de la llanura característica de la Mancha”. Alerta igualmente de las consecuencias en la olivarera de Puertollano: afirma que la actuación requerirá que sean arrancados “un gran número de pies arbóreos” que funcionan como sumidero de carbono.

Al margen de los escritos previos y mientras se realiza la evaluación ambiental, el documento publicado en el DOCM ya precisa que la actuación comporta afecciones a la ordenación estructural. Asimismo, a fin de posibilitar los usos previstos en el PSI, se generan unas “condiciones particulares” según las ordenanzas municipales para definir los parámetros urbanísticos de cada una de las parcelas resultantes.

En total, en la resolución se reconocen 104.714,50 metros cuadrados de suelo para equipamientos públicos y 290.535,61 metros de suelo para zonas verdes y espacios libres, como superficies de cesiones obligatorias. El desarrollo propuesto incluirá las obras de urbanización interior y para conectar con las infraestructuras necesarias.

Como parte del PSI, se resuelven también todas las conexiones exteriores que se precisan, y se asegurará el “adecuado funcionamiento” de las obras e instalaciones que constituyan su objeto, así como la conservación y funcionalidad de las infraestructuras y los servicios ya existentes.

No obstante, esta relación podría variar en función de los posibles acuerdos a los que pudieran llegar, para su adquisición, los titulares de esos bienes y la empresa promotora, así como por los “ajustes de diseño” que se deriven de la redacción de los proyectos técnicos antes de la aprobación definitiva del proyecto.

Simultáneamente al trámite de información pública, se consultará a todas las administraciones públicas territoriales, entidades u organismos, titulares o gestoras de bienes o servicios afectados y personas interesadas, indicándoles la posibilidad de emitir informe o formular alegaciones.

Hydnum Steel llegó a presentar su proyecto en la Comisión de Industria y Turismo del Congreso: “Cero emisiones”, “cero vertidos” y energía renovable para descarbonizar la siderurgia, una industria que representa casi el 10% de las emisiones de CO2 a nivel global.  

Vamos a demostrar que es posible producir acero sin comprometer el futuro del planeta, cuidando cada gota de agua

“Otra forma de producir acero es posible”, afirmó en las Cámara Baja la CEO de Hydnum, Eva Maneiro. Indicó que la planta de Puertollano será un “modelo de sostenibilidad hídrica” gracias a su sistema pionero de reutilización de aguas residuales. “Vamos a demostrar que es posible producir acero sin comprometer el futuro del planeta, cuidando cada gota de agua”, añadió.

El Foro Económico Mundial (WEF) ha reconocido a esta empresa como uno de los cinco proyectos “más innovadores a nivel global en la carrera por descarbonizar la producción de acero”.

Según las previsiones de la empresa, Europa necesitará producir hasta 30 millones de toneladas de acero verde para 2030, un reto que “solo podrán asumir aquellos que inviertan ahora en innovación y sostenibilidad”, afirma.

Digitalización y agua

Una de las características más innovadoras que promete Hydnum Steel es el uso del ‘Gemelo Digital’ desarrollado junto con Siemens, socio estratégico del proyecto, que permitirá optimizar todos los aspectos del proceso productivo en tiempo real, “mejorando la eficiencia energética y reduciendo el consumo de recursos”. Es más, la empresa también presume de su “corazón digital”. Quiere aplicar la innovación tecnológica, la digitalización y la Inteligencia Artificial en todos sus procesos.

El consumo de agua es igualmente clave en el proceso. Aunque la empresa todavía no especifica cuál será el volumen de su consumo, afirma que utilizará “tecnología de vanguardia” para minimizar su consumo: reciclar aguas grises y residuales de forma que sean aptas para su uso en el proceso productivo de la planta; y el agua utilizada se volverá a tratar para incorporarla de nuevo al sistema.

En los informes previos, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir pide que el Estudio de Impacto Ambiental incluya con detalle las actuaciones a realizar y un análisis de todos los posibles impactos que puedan producirse sobre las masas de aguas.

Demanda asimismo un listado con las medidas preventivas, correctoras y compensatorias necesarias para minimizar los “efectos perjudiciales” que pudieran producirse en las distintas masas de agua como consecuencia del proyecto y para hacer compatible la actuación proyectada con el cumplimiento de la normativa sectorial de aguas vigente, durante la fase de construcción de las instalaciones y durante los años que dure su explotación.

La ubicación de la planta en Puertollano no es casual. La zona, en su momento muy desfavorecida por el declive la minería, cuenta ahora con una infraestructura industrial sólida, y tanto las administraciones como la empresa la consideran un nodo estratégico de producción de hidrógeno verde y energías renovables, “elementos clave para el éxito del proyecto”.

Además del apoyo del Gobierno regional, el proyecto también cuenta con el aval del alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz (PP), quien ha manifestado en varias ocasiones su satisfacción tras la aprobación inicial del proyecto.

Estamos y estaremos plenamente implicados para que este proyecto sea una realidad en el menor tiempo posible

El edil ha subrayado que este avance “supone un paso importante y marca un punto de no retorno hasta la colocación de la primera piedra”, y ha destacado la importancia estratégica de esta iniciativa para el desarrollo económico e industrial del municipio.

Desde el Ayuntamiento de Puertollano se ha reiterado el compromiso firme de colaborar activamente en la agilización de todos los trámites necesarios y de “eliminar cualquier obstáculo administrativo” que pueda retrasar su puesta en marcha. “Estamos y estaremos plenamente implicados para que este proyecto sea una realidad en el menor tiempo posible”, ha señalado.

Asimismo, el alcalde ha incidido en la relevancia social del proyecto, especialmente para los jóvenes de la ciudad, quienes ven en esta acería una oportunidad real de empleo y de desarrollo profesional. “Este proyecto debe responder a las expectativas de futuro de nuestros jóvenes, fijar talento y generar oportunidades en nuestra tierra”, ha añadido.

La “esperanza” es la sensación mayoritaria entre los cientos de migrantes que siguen llegando a las oficinas de Correos y a las tesorerías de la Seguridad Social habilitadas en Castilla-La Mancha para pedir su regularización dentro del proceso extraordinario abierto por el Gobierno.

En el tercer día desde que se abrió el plazo para realizar estas peticiones y todavía son muchas las complicaciones que se están encontrando, especialmente en la elaboración del informe de vulnerabilidad requerido para la solicitud, y para ello están recibiendo la ayuda de las organizaciones sociales acreditadas como entidades colaboradoras en materia de extranjería.

Mientras en la ciudad de Toledo, muchas de estas peticiones las están realizando migrantes que acuden desde los pueblos de la provincia, en otras provincias de la comunidad autónoma, la situación es similar, pero también proceden de las capitales. En cualquier caso, hay una “gran afluencia, por centenares” constatan las organizaciones consultadas por este medio.

La Delegación del Gobierno todavía no ha aportado datos oficiales sobre las solicitudes presentadas, pero prevé que sean entre 13.000 y 15.000 los migrantes que regularizarán su situación en la comunidad autónoma.

Una de las provincias donde más se están cursando solicitudes es Ciudad Real. Cientos de personas de los pueblos y de la capital están recibiendo el asesoramiento, la información y la elaboración de la documentación por parte de las entidades acreditadas.

Así ayuda una entidad social

Una de ellas es Movimiento por la Paz. Su responsable, Manuel Lorenzo, explica que a muchos migrantes los derivan de los servicios sociales de los ayuntamientos. En algunos casos, la tramitación es sencilla porque forman parte de los itinerarios de estas entidades, es decir, conocen su situación. Pero en otros, son personas que no conocen y deben iniciar el proceso prácticamente desde cero.

“No todos requieren el informe de vulnerabilidad porque, por su situación, ya son vulnerables”, explica Lorenzo, en referencia a las personas en situación de refugio o protección internacional.

Pero esta no es la situación mayoritaria. “Hay gente que viene de forma espontánea, a preguntar, a interesarse, a conocer el proceso. En los servicios sociales los derivan hasta aquí”. ¿Cómo actúan para ayudarles? “Estamos realizando reuniones informativas con personas para que les tramitemos el expediente. Les explicamos toda la documentación y, si podemos, incluso ‘in situ' verificamos que su documentación está correcta. Y luego les damos cita previa para que tramiten su solicitud en las oficinas habilitadas”.

En paralelo, Movimiento por la Paz también está haciendo labores de apoyo a ayuntamientos de la provincia, principalmente con abogados acreditados en labores de extranjería. Se desplazan a los pueblos para realizar esas sesiones, supervisar la documentación y analizar si pueden tramitarles el expediente.

Las situaciones personales que están encontrando son muy variadas. Desde personas sin trabajo a otras que han estado empleadas sin contrato y de manera intermitente en la agricultura, en la hostelería o en el sector de la limpieza y los cuidados. “La tónica general es que todas las personas quieren presentar sus papeles cuanto antes. Tener una respuesta cuanto antes y poder mejorar su vida. Sobre todo, hay esperanza. La gente está esperanzada”.

Movimiento por la Paz detalla que las situaciones familiares y los apoyos de los que disponen también varían. “Hay muchos migrantes que están solos, otros que acuden con sus familias y también mujeres con cargas familiares, pero sin trabajo. Vienen de todas las edades, también estudiantes, y la situación en muchos casos es de vulnerabilidad, muchos están en situación de pobreza o en riesgo de estarlo”.  

“La casuística es muy amplia. No son perfiles estándar. La impresión general es que la gente al final se ha estado buscando la vida como ha podido y ahora tienen una oportunidad de regular su situación. Son muchas personas. No sabemos si podremos atender a todos, pero haremos todo lo posible. Si vemos que no llegamos, les pediremos que pidan cita y les revisaremos los expedientes para verificar que esté todo correcto”, concluye.  

Otra de las entidades que ha desplegado su ayuda en toda la región es ACCEM. No está acreditada para la elaboración de solicitudes, pero está especializada en la acogida, protección y atención integral a refugiados y migrantes. Ofrece servicios de refugio (como en su centro de Sigüenza y en plazas de alojamiento en Guadalajara, Albacete y Toledo), así como atención social, formación y ayuda a colectivos vulnerables, en colaboración con el Gobierno regional.

Braulio Carlés, responsable territorial de esta organización, explica que la afluencia de personas para cursar solicitudes está siendo “enorme”. “Está llegando mucha gente a todas las oficinas y les informamos del procedimiento para que consigan la documentación”, precisa.

Esto es una gran oportunidad

“Esto es una gran oportunidad. Hay miles de personas en situación irregular en este país, muchos de ellos trabajando y contribuyendo al sistema, a las arcas del Estado, sin que se reconozcan sus derechos y deberes. Y no solo trabajando, sino también en el consumo y el funcionamiento de la economía. Sin embargo, parece que no existen, que están ocultos y eso es injusto”, resalta.

Dicho esto, desde ACCEM consideran de gran relevancia que en esta regulación se pongan “todos los medios pertinentes y oportunos” para realizarla de forma ordenada. “Debemos tener un mecanismo de integración y de facilitación que ayude a que sea ágil y rápido. Hay mucha gente que quiere regularizarse y hay que hacerlo bien”.

También se refiere al informe de vulnerabilidad como uno de los “escollos” del proceso, aunque en el caso de las personas acogidas por ACCEM, muchas no lo necesitan por su propia situación de refugiados. “Pero otras ocasiones es más complicado y confiamos en que pueda solventarse”.

Braulio Carlés aprovecha para arremeter contra los “populismos ensalzados” contra la regularización extraordinaria. “Esto no tiene ningún 'efecto llamada'. Se han hecho varias regularizaciones y nunca ha habido esa consecuencia. El 'efecto llamada' lo generan las guerras y el hambre, y eso no lo provocan los migrantes, sino otros mucho más poderosos”.

“Esto tiene que funcionar. No pueden seguir siendo invisibles, por lo que hay que buscar las vías para que la regularización llegue a buen puerto y sea posible. Todos tenemos derecho a vivir con dignidad, y esto es una gran oportunidad”, concluye.

Por su parte, Médicos del Mundo ha organizado para este jueves, día 23 de abril, una sesión en el Centro Social del barrio de Santa Bárbara de Toledo, para informar a migrantes sobre el proceso:

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha calificado “muy positivamente” el proceso.

Estamos viendo que es la población migrante la que nos está dando respuesta y ayuda a poder asumir ciertos retos

“Estamos viendo que es la población migrante la que nos está dando respuesta y ayuda a poder asumir ciertos retos”, ha constatado, señalando que, “si encima viene con ese apoyo por parte del Ministerio, la regularización que se está llevando a cabo, pues es mucho más ágil y mucho más fácil”.

En cuanto a la alarma generada con respecto al procedimiento y a los trámites, ha señalado que en Castilla-La Mancha las subdelegaciones del Gobierno se han puesto a disposición de los ciudadanos para hacer reuniones informativas y que puedan llevar a cabo este tipo de procesos “con garantías y con máxima normalidad”.

“Cuando algo es muy esperado y además es tan necesario los comienzos nunca son fáciles”, ha admitido la consejera, quien ha apuntado que “con la información que además ha dado el Ministerio, que está muy bien explicada, son procesos que no tienen por qué ser complicados”.

Que ningún ayuntamiento ponga “trabas”

Finalmente, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha confiado en que ningún ayuntamiento ponga “trabas” a la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno. Ha negado conocer algún caso, al tiempo que ha apostillado que “oponerse” a la regularización “sería torpe”.

En cuanto a las trabas y críticas al procedimiento, ha destacado que si hay algún error, “se estará detectando” y “lo valoraremos cuando pase un plazo prudencial”. “Yo creo que incluso algunas de las denuncias que se hacen, se hacen con ánimo de mejorar el servicio”, ha concluido.

Acaba de vivir uno de esos momentos que todavía está “procesando”. Carlos Alcázar, profesor de música, ingeniero de informática y saxofonista, es natural de Daimiel y reside en Herencia (Ciudad Real). Acaba de recibir el Premio Europa Multicultural a la Excelencia Educativa y Cultural por su proyecto ‘Música Encriptada’. Un reconocimiento que le ha dejado “sin palabras”.

Se trata de un galardón que han recibido en anteriores ediciones el tenista Rafa Nadal o el actor Antonio Banderas, y que le ha hecho “mirar atrás” y recordar cómo comenzó su proyecto: “Con infinitas horas de trabajo y muchas ideas que al principio parecían imposibles”. Pero finalmente ha visto cómo el esfuerzo por innovar en la educación musical ha tenido eco a nivel europeo.

“Desde muy pequeño tuve mi primera toma de contacto con la música, y desde entonces ha sido un pilar necesario en mi vida. Ella me ha hecho conocer a personas increíbles gracias a las cuales he forjado mi personalidad. Además, las matemáticas y los juegos de ingenio siempre han sido otra gran pasión. Es por ello que he llevado de forma paralela una vida artística y técnica”, cuenta.

Ahora, ¿cómo ha conseguido este docente de 42 años llegar hasta ahí? Carlos es el creador de ‘Música Encriptada’, un proyecto educativo que nació en marzo 2019. Un día finalizó una clase y se le ocurrió preparar un material para el aula que subió a redes sociales. A la mañana siguiente se había compartido mil veces. “Me animé y me lancé a crear el proyecto, juntando mi doble vertiente de profesor y músico”.

Juegos creativos con códigos de colores, patrones y estructuras

Básicamente, se trata de emplear la música como eje para el aprendizaje interdisciplinar. Pero la novedad radica en que este programa aporta un enfoque innovador que une la doble faceta artística y técnica de su creador. Sus conocimientos en informática y “destreza digital” han contribuido a su capacidad para generar los soportes audiovisuales que despliega en su proyecto.

El objetivo: crear música. La clave: no hacerla mediante la escritura tradicional, sino “descifrarla” antes mediante juegos creativos en los que el alumnado interactúa con códigos de colores, patrones y estructuras que debe interpretar o reconstruir, convirtiendo el aprendizaje en un proceso “activo y significativo”. Están pensados para utilizarnos desde la Educación Primaria hasta cualquier nivel más avanzado.

“A veces incluso me llaman profesores de Lengua o de Matemáticas, porque puede servir para lenguajes muy comprensibles y de manera muy visual, sin tener conocimientos de lenguaje musical. Se pueden hacer adaptaciones curriculares de todo tipo”.

Para comprenderlo mejor, ha elaborado un vídeo de muestra para este medio:

Los juegos unen “diversión, ingenio y creatividad” y el proyecto ofrece más de 350 recursos online totalmente gratuitos. Por ejemplo, hay un apartado denominado ‘Enigmas’ en el que se proponen más de una veintena de juegos. En uno de ellos debe encontrarse la acentuación correcta en la que la sonoridad de la palabra es la misma que la acentuación del compás.

En otro, el ‘Camino cifrado’, hay que llegar desde el inicio hasta el final de una suerte de laberinto sonoro a través de los cifrados correctos. O en ‘Continúa la melodía’, el jugador debe adivinar cada una de las canciones propuestas y tocarlas con sus compañeros y compañeras.

Uno de los más divertidos es la ‘Partitura encriptada’ un “enigma musical” en el que hay que reconstruir una partitura a través de la interpretación de una serie de instrucciones. “Es una forma divertida de verbalizar los conceptos de teoría y lenguaje musical para aprender de una manera diferente”, explica el profesor.

Y en su afán de fusión entre disciplinas, también ofrece otro juego llamado ‘Pixel Art’, donde se puede pintar una imagen según los colores de las figuras musicales para obtener un dibujo. Según apunta, puede ser “ideal para decorar la clase”.

‘Música encriptada’ incluye asimismo varios experimentos. Destaca entre ellos ‘Copas musicales’, que permite crear un instrumento musical con copas. “Es Ideal para trabajar con niños en casa y en el aula y así entender las propiedades sonoras, con copas más agudas y otras más graves. Con ayuda de un afinador pueden sonar como quieras”, detalla.

Actualmente, el proyecto de Carlos Alcázar supera los 150.000 seguidores, con vídeos que acumulan millones de visualizaciones, lo que permite que sus contenidos didácticos lleguen a centros educativos de todo el mundo. Ahora, la demanda de sus juegos “no para de crecer”.

Entre sus líneas de trabajo actuales se encuentra la colaboración con el Teatro de la Zarzuela en el desarrollo de ‘Zarzuela al Aula’, una propuesta que impulsa la creación de materiales didácticos para integrar el género lírico español en las aulas. Además, su labor ha sido respaldada por referentes internacionales en innovación educativa como la plataforma española Genially y la empresa tecnológica estadounidense Makey Makey.

Formación del profesorado

Paralelamente, este docente desarrolla una amplia labor en la formación del profesorado. Durante el presente curso ha impartido sesiones presenciales en diversas ciudades españolas como Santander, Valladolid, Logroño, Granada, Valencia, Madrid, Alicante o Toledo, además de numerosos cursos en modalidad online dirigidas a docentes de diferentes niveles educativos.

A lo largo de su trayectoria, Carlos ha llevado a cabo más de un centenar de cursos en los que han participado más de 2.000 docentes, incluyendo su presencia en congresos de educación musical tanto a nivel nacional como internacional.

Este nuevo galardón se suma al Premio KidFestival, Festival Internacional de Creadores de Contenido Infantil y Juvenil, recibido a comienzos de este año, así como al Premio EDE al Mejor Educador Digital de España en la categoría de Música, lo que consolida su trayectoria como referente en la innovación educativa y la creación de contenidos didácticos a través de la música.

Después de siete años, el proyecto sigue creciendo y su creador quiere continuar alimentándolo para que llegue aun a más gente. “Es mi pasión, quiero contagiarla y como veo que funciona, pues para adelante”.

José Luis nació en Colombia. Pero hace cuatro años llegó a España con su esposa en busca de mejores condiciones de vida. Liliana es ingeniera de sistemas, también es colombiana, y quiere homologar su título e intentar trabajar en el sector para el que dice estar perfectamente preparada. Dos estudiantes venezolanos de Derecho quieren arreglar sus papeles para poder terminar sus carreras universitarias, buscar trabajo y “ayudar a otros”.

Son algunas de las historias de los migrantes que este lunes han acudido a las oficinas habilitadas en Toledo en el día en que arranca el proceso extraordinario de regularización de migrantes. En esta ciudad son, concretamente, las oficinas de Correos de la calle Duque de Lerma y del barrio del Polígono, en horario de mañana (de 8.30 a 14.30 horas) y de tarde (de 14.30 a 17.30 horas). También están habilitadas las dos sedes de la Tesorería de la Seguridad Social del Casco Histórico, en horario solo de tarde (16.00 a 19.00 horas).

Precisamente, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha remarcado hoy la necesidad de cita previa. “No informamos exactamente de las oficinas porque no queremos que ningún ciudadano interesado se presente directamente sin cita previa en las oficinas a presentar solicitud, porque puede dar lugar a que se forme algún tipo de cola o algo que no tenga ningún sentido”.

En la oficina de la calle de Duque de Lerma han habilitado persona y un mostrador específico para este proceso, no así en el Polígono, donde han acumulado todos los trámites, ordinarios y extraordinarios.

Hablamos con los que ya guardan cola después de obtener la cita previa por vía telemática. Los primeros en llegar han podido realizar sus trámites sin apenas esperar, pero conforme avanza la mañana, la fila aumenta y la media de tiempo para cada trámite es de media hora o una hora en algunos casos.

José Luis acude con su esposa desde la localidad de Portillo de Toledo, muy cerca de la comarca de la Sagra, limítrofe con la Comunidad de Madrid. Ambos prevén que esperarán al menos una hora. Tienen sus papeles y la solicitud preparada, pero están algo nerviosos.

Durante los cuatro años que este migrante lleva en España, ha estado trabajando como soldador de tanques con la denominada ‘Tarjeta Roja’, es decir, el documento acreditativo de la condición de solicitante en tramitación de protección internacional. Se trata de una tarjeta provisional que autoriza a extranjeros, a menudo de zonas en conflicto, a residir legalmente mientras se resuelve su solicitud de asilo o protección internacional.

Ha estado trabajando desde 2022, pero ahora en el trabajo le han exigido que solicite la regularización para que pueda empezar a cotizar a la Seguridad Social y disponga de todos sus derechos laborales. Porque su intención es quedarse.

Yo ya llevo aportando mi trabajo desde hace mucho tiempo, ganándome la vida y ahora quiero hacerlo con todas las garantías

“Este proceso viene caído del cielo. Yo ya llevo aportando mi trabajo desde hace mucho tiempo, ganándome la vida y ahora quiero hacerlo con todas las garantías. Recién llegué lo pasé muy mal y estuve trabajando ‘en negro’ pero varios compañeros de Colombia me ayudaron y pude salir adelante. He podido formarme y trabajar”, afirma.

A José Luis le gusta mucho su trabajo y ahora lo único que quiere es obtener sus papeles y seguir trabajando en su sector, que le “encanta”. “Acá he tenido la oportunidad de formarme más aparte de la formación que ya traía de mi país. He podido aprender muchas cosas y ahora mi sueño es seguir aportando al país, pero con todo en regla”.

Justo cuando le llega el turno a José Luis y a su esposa, dos jóvenes originarios de Venezuela acaban de terminar su trámite en el mostrador. Han estado casi 45 minutos y tienen mucha prisa, pero relatan a este medio que estudian Derecho en Toledo, aunque viven en Yuncos, también un pueblo de la comarca de la Sagra.

“Ahora toca esperar, pero queremos seguir estudiando y buscar trabajo en lo nuestro, sobre todo para ayudar a otros”, nos dicen mientras salen corriendo después de haber perdido las dos primeras clases de la mañana.

Susana es cubana, tiene 53 años, y trabaja en el sector de la limpieza, desplazándose a Toledo desde Alameda de la Sagra. Acaba de llegar a la oficina. Su cita es a las 10.30 y llega puntual, pero otros migrantes de la fila le comentan que la espera será larga porque las citas se están dando con 15 minutos de intervalo, y el trámite está resultando bastante más largo.

“Espero no tener que volver otro día porque es difícil que pueda librar en el trabajo. He traído todos los papeles y no me importa esperar lo que sea, si lo puedo dejar solucionado hoy”, relata.

“Como una trabajadora más”

¿Qué es lo que más desea Susana con esta solicitud? “Ser como una trabajadora más en España, poder cotizar a la Seguridad Social y mejorar mis condiciones”. Mi sobrina está en Madrid, también limpiando, y tiene la cita para otro día. Ella es informática, quiere intentar trabajar en lo suyo. Ojalá lo consiga“.

En la fila se encuentran asimismo Liliana, de 34 años, y su pareja John Jairo, de 37. Viven en Cabañas de la Sagra, curiosamente también en una zona colindante con Madrid. Él llego de Colombia hace dos años y ella hace un año y medio se reunió con él junto con su hijo. Liliana tramitó su estancia por estudios mientras que John ha estado trabajando en diferentes sectores, “básicamente donde he podido”, pero principalmente en la hostelería   

A partir de la obtención de su regularización, ambos quieren pasar la página de “muchos meses estando muy mal”, ya que Liliana no ha podido trabajar por “varios inconvenientes” en sus papeles.

Cuenta que su pareja tiene mucha formación en mecánica y electricidad en el sector industrial y querría dejar la hostelería para trabajar en ello. “Falta mano de obra y hay sectores en los que podemos aportar mucho”.

Creo que será más fácil poder homologar mi título y encontrar algo. Lo sé porque he tenido ofertas de trabajo que no podido aceptar por no estar en España de forma regular

“Yo soy ingeniera de sistemas, pero no he logrado conseguir ningún trabajo porque debo regularizarme primero. Una vez que me lo aprueben, creo que será más fácil poder homologar mi título y encontrar algo. Lo sé porque he tenido ofertas de trabajo que no podido aceptar por no estar en España de forma regular. Esta es mi gran oportunidad, mi sueño, mi esperanza. Y creo que es lo correcto”, resalta muy sonriente.

La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha estima que se presentarán entre 13.000 y 15.000 solicitudes de migrantes para acceder a la regularización extraordinaria en esta comunidad autónoma. Hoy ha sido el primer día para empezar a presentar las solicitudes y la documentación después de que el pasado jueves, día 16, se habilitara el proceso telemático para empezar a solicitar su cita previa.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto en marcha un portal web (inclusion.gob.es/regularización), específicamente destinado a informar sobre este proceso de regularización extraordinaria a las personas interesadas.

Este portal ofrece la posibilidad de pedir cita previa, completamente gratuita e imprescindible para ser atendido presencialmente. Aunque el servicio está disponible desde el pasado jueves, día 16 de abril, la atención en oficinas ha arrancado este lunes, día 20 de abril.

En Castilla-La Mancha hay 13 oficinas receptoras, que son cuatro de la Tesorería y una del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en las distintas provincias, así como ocho oficinas de Correos, donde puedan presentar la solicitud de manera presencial.

“No cabe ninguna duda de que los inmigrantes están aportando mucho a la riqueza de España”, ha abundado el delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido. “Nos vamos a llenar de gente normal, de gente que trabaja, de gente que quiere lo mejor para su familia”.

La población migrante tiene un papel “relevante” en el empleo

La población migrante desempeña un papel “relevante” en el equilibrio demográfico regional, y contribuye “de forma significativa” a la cohesión territorial y al mantenimiento de la población activa.

Son algunas de las conclusiones que arroja el reciente informe 'Análisis de la situación de las personas migrantes en relación con el mercado de trabajo' que ha elaborado el sindicato UGT para obtener una radiografía detallada de la población inmigrante de Castilla-La Mancha, de cómo es su inserción laboral, de cuál es su contribución a la hora de sostener la actividad económica y de cuáles son las condiciones con las que el mercado absorbe esta mano de obra.

Los resultados muestran que, frente a una tasa de empleo media en Castilla-La Mancha del 52,2% en el último trimestre de 2025, la cifra de población extranjera empleada se ubica en el 56,13%, una comparación que para UGT evidencia la “fuerte participación en el mercado laboral” de este colectivo.