Las grandes energéticas españolas han vendido en el último lustro activos de energías renovables en todo el mundo (fotovoltaica, eólica e hidráulica) por más de 12 gigavatios (GW) de potencia, equivalente a una docena de reactores nucleares. Con ello han ingresado más de 15.000 millones de euros, aunque el importe de algunas operaciones no es público.

Esta estrategia de rotación de activos (en muchos casos, participaciones minoritarias) busca reducir riesgo, liberar capital, controlar la deuda y financiar nuevas inversiones, en un momento en el que las grandes eléctricas están frenando inversiones millonarias en renovables para lanzarse a invertir en redes y aprovechar la esperada electrificación de la economía.

La tendencia se ha acelerado en los últimos dos años, con la rentabilidad de muchas plantas bajo creciente presión y las energías limpias en el punto de mira de la ola reaccionaria en países como Estados Unidos.

En España, la demanda eléctrica no termina de remontar y a la espera de que despegue el almacenamiento, se están multiplicando los precios cero o negativos en el mercado mayorista, especialmente en los momentos de más sol. Los hogares españoles se han ahorrado en su factura eléctrica 10 euros al mes en la crisis energética por el cierre del estrecho de Ormuz gracias a las renovables, pero el sector se está viendo muy penalizado. En especial, plantas fotovoltaicas, sobre todo las más recientes, que muchas veces carecen de un suelo de precio aunque tengan su energía comprometida con contratos bilaterales (conocidos como PPAs).

La más activa en la venta parcial o total de proyectos ha sido Iberdrola. La mayor eléctrica europea, pionera en renovables y uno de los líderes mundiales del sector, cerró 2025 con un aumento del 3,8% en su potencia verde instalada (el menor desde 2018), hasta 46,1 GW. Desde 2021 se ha desprendido de más de 5 GW en unas veinte transacciones.

Destaca la venta, en abril, de 1.232 megavatios (MW) eólicos y fotovoltaicos en México a Cox, de Enrique Riquelme, rival de Florentino Pérez en las recientes elecciones a la presidencia del Real Madrid. La transacción, de 4.000 millones de dólares (unos 3.400 millones de euros), incluyó 1.368 MW de ciclos combinados y cogeneración.

En los últimos años Iberdrola ha cerrado alianzas con grandes inversores institucionales para compartir la propiedad de estos activos. En España, tiene junto a la aseguradora Mapfre unos 450 MW fotovoltaicos y eólicos. En enero de 2023 se alió con el fondo soberano de Noruega (Norges Bank), el mayor del mundo, para invertir más de 2.000 millones en la Península, con una cartera de 2,5 GW.

La alianza más significativa es la que tiene con Masdar, fondo soberano de Abu Dhabi protagonista de varias operaciones, con el que anunció en diciembre de 2023 (en el marco de la COP28) un acuerdo para coinvertir 15.000 millones en el desarrollo de proyectos de eólica marina e hidrógeno verde en mercados clave como Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, con el compromiso de triplicar la capacidad renovable a 2030.

Hasta ahora, los acuerdos con el fondo emiratí se han limitado a eólica marina. En junio de 2025, pactaron coinvertir 5.200 millones al 50% en el megaparque East Anglia 3 (1,4 GW), frente a la costa de Suffolk (Reino Unido), la mayor inversión de la década en esta tecnología. En julio de 2023 pactaron destinar 1.600 millones a Baltic Eagle (476 MW), en Alemania. Masdar se baraja como posible comprador del 49% de East Anglia 2 (960 MW), valorado en 5.000 millones, para el que Iberdrola busca socio. En la primera fase (East Anglia 1) se asoció en 2019 con el fondo Macquarie.

En el Báltico alemán, la multinacional vasca ha vendido en los últimos años el 49% de otros dos complejos eólicos marinos: en Wikinger, inaugurado en 2018 (350 MW), dio entrada en septiembre de 2022 a Energy Infraestructure Partners (EIP) por 700 millones; y en Windaker (315 MW), a la japonesa Kansai por 627 millones en diciembre de 2024. En EEUU, acaba de culminar junto al fondo Copenhagen Infrastructure Partners su primer complejo con esta tecnología allí, Vineyard Wind (806 MW), que Donald Trump ha intentado torpedear. Y ha vendido a Dominion Energy el arrendamiento del suelo del futuro parque eólico offshore Kitty Hawk North, que prevé 800 MW en su primera fase.

En febrero de este año, Iberdrola vendió sus activos terrestres en Francia (118 MW eólicos y una cartera renovable de 639) al grupo Technique Solaire; recientemente se ha desprendido de su negocio en Hungría (158 MW) y cerca de 700 MW hidroeléctricos en Brasil, Austria y España. Hacia 2023 vendió el 49% de dos fotovoltaicas de 100 MW en Extremadura a la gestora Aleph, de la familia Botín.

La caja resultante financiará la gran apuesta de los últimos años, las redes de transporte y distribución: en la última actualización del plan estratégico de Iberdrola (de septiembre pasado) concentran el 65% de los 58.000 millones que prevé invertir hasta 2028.

A la mitad

Por su parte, Repsol parte de una posición mucho más rezagada en renovables. Este año, la petrolera ha recortado a la mitad, hasta 10 GW (ahora tiene 6 GW) el objetivo de potencia para 2030 que fijó su Plan Estratégico 2021-2025. En 2022, tras vender a EIP y Crédit Agricole Assurances un 25% de Repsol Renovables (operación que valoró el 100% de ese negocio en 4.383 millones), pagó 560 millones por Asterion Energies, con una cartera de 7,7 GW en España, Italia y Francia. La energética, que entonces tenía solo 1,6 GW verdes instalados, estaba en posición compradora y en septiembre de 2023 pagó 715 millones por Connect Gen, con 20 GW en proyectos eólicos, solares y de almacenamiento en EEUU.

Ahora Repsol suma ya ocho rotaciones de activos renovables por 3.850 MW en España y EEUU. Acaba de vender a Masdar por unos 150 millones el 49,99% de una cartera en España con 705 MW eólicos y fotovoltaicos que entraron en funcionamiento en 2025 y el primer trimestre de 2026, más 500 MW de posibles proyectos de hibridación (eólica, solar y almacenamiento en baterías). La transacción recortará su deuda neta en 700 millones y no tendrá impacto “significativo” en resultados, según el grupo.

Se suma a la venta a Stonepeak, en abril de 2025, del 46,3% de una cartera de 777 MW solares y de almacenamiento en EEUU, incluyendo su mayor fotovoltaica hasta entonces, Frye, en Texas (632 MW); y tres operaciones con Pontegadea (de Amancio Ortega) entre 2021 y 2023: 635 millones por el 49% de 1.100 MW fotovoltaicos y eólicos en España.

Posible exclusión

En este goteo de operaciones destaca también Acciona, que analiza la posible venta parcial o total de la división de energía que sacó a cotizar hace cinco años. Ahora estudia excluirla de Bolsa, como hizo Iberdrola en 2011 con su filial de renovables tras sacarla a cotizar en 2007. La de Acciona vale actualmente unos 7.500 millones, frente a los más de 14.000 millones que llegó a alcanzar en 2022, con el gas en niveles estratosféricos tras la invasión de Ucrania.

El grupo de la familia Entrecanales cerró 2025 con 14,6 GW renovables instalados, un 4,9% menos. Desde 2024 se ha desprendido de casi 2,7 GW de capacidad renovable en España, Perú, Costa Rica, Sudáfrica, Estados Unidos y México, por casi 3.300 millones.

Destaca la venta, a finales del año pasado, a Mexico Infrastructure Partners (MIP), del 49% de su cartera fotovoltaica de 1,3 GW en EEUU y dos parques eólicos en México con 321 MW, por unos 855 millones; trece parques eólicos con 440 MW en España (con 351 MW potenciales de hibridación) que vendió hace un año a OPDE por 530 millones; y la venta en 2025 de su negocio hidráulico (626 MW) en España por 1.000 millones, con casi 500 millones de plusvalías.

La compradora de esa cartera fue Endesa, que tiene unos 11,3 GW renovables. La filial del grupo semipúblico italiano Enel, antaño socio de Acciona en la antigua eléctrica pública española, ha protagonizado dos grandes operaciones con Masdar. En julio de 2024 Endesa vendió al fondo emiratí el 49,99% de EGPE Solar, que agrupaba sus plantas fotovoltaicas en operación (unos 2 GW), por 817 millones. La transacción incluyó un PPA para vender toda la energía generada por un plazo de 15 años y “una posible hibridación futura” de almacenamiento por hasta 0,5 GW adicionales.

Masdar y Endesa firmaron entonces un acuerdo no vinculante para explorar una potencial alianza dirigida al desarrollo conjunto de proyectos de generación renovable en España. El año pasado el emirato compró a la eléctrica otro 49,99% de cuatro fotovoltaicas con 446 MW por 184 millones.

Por último, Naturgy formalizó en julio de 2025, por un importe que no desveló, la venta de una cartera de nueve proyectos fotovoltaicos y de baterías en Estados Unidos, según recogía el informe anual de 2025 de la energética. El documento advertía de incertidumbres regulatorias tras la llegada de Trump, con “un giro en la política energética nacional orientada a la protección de la generación convencional y la relajación en los compromisos del país en la lucha contra el cambio climático”.

El grupo ha reclasificado como “disponibles para la venta” sus activos renovables en Chile. Allí opera el parque eólico Cabo Leones II (206 MW) y la fotovoltaica San Pedro (106 MW), ambos en el desierto de Atacama. Naturgy anunció en julio de 2021 un ambicioso plan de crecimiento en renovables: pasar de 5 GW operativos en ese momento a “más de 14 GW” en diciembre de 2025. El plan no se ha cumplido: el pasado ejercicio tenía 8,1 GW verdes instalados (de ellos, 5,7 GW en España).

El decreto-ley que aprobó el pasado lunes el Gobierno con las nuevas ayudas para mitigar el efecto de la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz incluye la publicación de una lista pública de gasolineras con “comportamiento anómalo” que se va a habilitar en la web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que va a recoger las estaciones de servicio “que se aprovechen de las ayudas estatales para aumentar sus beneficios”, para que “los consumidores puedan reclamar”, explica el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, impulsor de esta medida.

Entre las novedades que recoge la norma que entra en vigor este miércoles y que debe convalidar el Congreso de los Diputados, “se encuentra la de informar a los consumidores y usuarios si hay estaciones de carburantes que puedan estar aprovechándose de las ayudas estatales de protección por la guerra de Irán (como el descuento por litro de hidrocarburo) para aumentar sus beneficios”, explica el departamento de Pablo Bustinduy.

La CNMC va a tener que realizar “un seguimiento reforzado de los márgenes brutos de distribución de carburantes”, según el decreto, y vigilará los márgenes de beneficio de “todas las estaciones de carburantes”, subraya Consumo, que destaca que esta es otra novedad respecto al anterior decreto de marzo, que solo obligaba a reportar sus datos a los operadores con capacidad de refino en España.

“Con esta modificación normativa, se ha eliminado esa limitación y todos los operadores al por mayor están obligados a desglosar sus costes reales y precios de venta hasta el 31 de diciembre de 2026, estableciéndose como una infracción grave el incumplimiento de este deber de información”, destaca Consumo.

Con la nueva normativa, la CNMC podrá comprobar “en qué estaciones suben el precio de sus carburantes sin justificar que esa subida corresponde a un incremento de sus costes reales. Y los nombres de aquellas gasolineras en las que haya indicios de comportamientos anómalos serán publicados en esta lista pública”, explica el ministerio de Bustinduy. En concreto, si la CNMC aprecia un “posible comportamiento anómalo” en una estación de servicio, lo pondrá en conocimiento de su titular o gestor y le requerirá para que justifique las desviaciones observadas o “adopte medidas para revertirlas”, señala el decreto.

“De considerar no justificada la desviación, la CNMC incluirá a esa estación en una lista pública que se mantendrá actualizada en su web”, incluyendo “al menos, la instalación afectada, el periodo evaluado y los productos afectados”, dice el decreto. “La inclusión no tendrá carácter sancionador ni prejuzgará la existencia de infracción administrativa” y la Comisión sacará a la gasolinera de ese listado “cuando deje de concurrir la circunstancia que motivó su inclusión”.

Esta medida, destaca Consumo, “no solo garantiza un mecanismo disuasorio y de señalamiento público para evitar que se produzcan esos abusos por parte de los operadores de carburantes”. La lista servirá “como base para que los consumidores puedan presentar reclamaciones al titular o gestor de la estación de carburante o, en su caso, a las autoridades competentes de consumo”.

Este nuevo mecanismo impone nuevas obligaciones a las gasolineras, que deberán habilitar un canal de reclamación visible, accesible y gratuito en el propio establecimiento y en su página web, que tendrá que estar disponible hasta tres meses después de salir de la lista pública.

Además, se introduce “la responsabilidad compartida”: si el precio lo ha fijado un tercero, la gasolinera deberá facilitar al consumidor la identidad y contacto del distribuidor mayorista para que pueda presentar la reclamación económica contra el responsable. Y si la empresa rechaza la reclamación del consumidor, deberá informarle de las vías disponibles para resolver el conflicto sin acudir a los tribunales, explicarle cómo acceder a ellas y facilitarle los datos de los organismos competentes para que pueda ejercer sus derechos.

Retirada progresiva

Para paliar los efectos derivados del encarecimiento de los productos energéticos por el cierre de Ormuz, por el que transitaba un 20% del petróleo y el gas que consume el planeta antes de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el decreto establece una retirada progresiva de parte de las ayudas a los carburantes para los hogares. Para los productos cuyo consumo se encuentra más extendido, el gasóleo y las gasolinas sin plomo, en el ámbito del Impuesto sobre Hidrocarburos se realiza una bajada de tipos de gravamen de 15 céntimos de euro por litro en julio, de 10 céntimos en agosto y de 5 céntimos en septiembre. Sin embargo, decae la rebaja del IVA al 10% de los carburantes que incluyó el primer paquete de medidas anticrisis, en línea con las recomendaciones recibidas desde Bruselas.

La CNMC publicó este martes un informe del que se desprende que no ha detectado “problemas estructurales de competencia en los márgenes del sector de carburantes”. El organismo ya apuntó a finales de mayo, tras analizar los precios de más de 10.500 gasolineras después del decreto de marzo, que el mercado había tenido un “comportamiento global adecuado”, con solo “un número reducido de estaciones de servicio con posibles desviaciones”, sin que se detectase un comportamiento anómalo generalizado del mercado “ni una apropiación significativa de la rebaja fiscal por parte del conjunto de las redes”.

Solamente afloró “un grupo no relevante” de 52 gasolineras que el organismo que todavía preside Cani Fernández no identificó, por tratarse de información “confidencial”, que incurrieron en posibles comportamientos “anómalos”, con desviaciones de precio de más de 10 céntimos de euro por litro con respecto a su comportamiento “esperado”.

A mediados de junio, el Gobierno acordó prorrogar hasta fin de año la obligación de las petroleras de informar a la CNMC sobre sus costes y los precios de venta de los carburantes. Y ahora ha introducido esa suerte de lista negra. A pesar de que esas 52 gasolineras detectadas en el análisis realizado hasta el pasado 30 de abril “son pocas, entendemos que es bueno que se dé publicidad y que los consumidores sean conscientes de dónde la CNMC ha podido detectar cualquier comportamiento fuera de lo que se entiende un comportamiento normal”, dijo el pasado lunes la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, sobre la oportunidad de activar esta medida ahora.

El Gobierno ha aprobado este lunes un nuevo paquete de medidas para responder al impacto de la guerra en Oriente Medio y mantiene las rebajas en las gasolinas para los hogares, que se irá recortando de manera progresiva hasta octubre y que cuenta con una cláusula de reactivación en el caso de que las cotizaciones del crudo vuelvan a dispararse. Además, ha prorrogado las ayudas a los sectores profesionales, fundamentalmente el campo y los transportistas.

Según ha detallado el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el Ejecutivo ha acordado desplegar 1.825 millones de euros. Entre ellos, el alivio de 20 céntimos por litro para agricultores y transportistas, que se suma a una partida de 165 millones en ayudas directas para el sector primario, en concreto a la compra de fertilizantes.

Para los hogares, la rebaja de precios en las gasolineras se articulará de manera progresiva, articulado a través del impuesto especial de hidrocarburos y no a través del IVA, como hasta ahora. Los cálculos del Gobierno pasan por que esta rebaja será de 20 céntimos por litro en julio; en agosto, de 15 céntimos por litro; en septiembre, de 10 céntimos; y en octubre se recortará hasta los 5 céntimos.

Además, el Gobierno ha incluido una cláusula automática de reactivación de la rebaja, por la que se elevará hasta los 20 céntimos/litro si la inflación de los carburantes supera el 15%. También se aplicará a los precios de la electricidad y del gas natural, activándose en el caso de que se disparen en ese mismo porcentaje.

El Ejecutivo ha dado continuidad a las medidas aprobadas el pasado mes de marzo, un paquete valorado en 5.500 millones de euros, articulado en torno a rebajas fiscales del IVA de la luz, los carburantes y el gas natural, así como otra serie de ayudas a los sectores más golpeados, como la agricultura o el transporte.

El Gobierno suprime el Impuesto de generación de electricidad

Además, el Gobierno ha decidido suprimir progresivamente el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), más conocido como impuesto del 7% a la generación, sobre el que ya actuó en el primer paquete normativo para paliar el impacto de la guerra en Oriente Medio. Así, el tributo se reduce un 30% durante el tercer trimestre de 2026, un 40% durante el cuarto trimestre, un 50% durante todo 2027 –situándose en el tipo de gravamen en el 3,5%– y desaparece totalmente en 2028.

La medida está incluida en el Real Decreto-Ley aprobado este lunes y pone fecha de caducidad a este impuesto, que hasta ahora solo se había suspendido temporalmente. El gravamen, que puso en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy, y cuya supresión lleva años reclamando el PP, lo pagan las generadoras, pero se repercute al consumidor en el mercado mayorista de electricidad.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha explicado que esta eliminación del IVPEE, “la única medida fiscal estructural” del decreto, es “fundamental para la electrificación”, porque va a reducir la dependencia de los combustibles fósiles y a diferencia de otras ocasiones en que se ha suspendido temporalmente, ahora su efecto se percibirá también en los precios a medio y largo plazo, incrementado la competitividad del tejido productivo e incentivando la inversión

El decreto también habilita a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a solicitar la información necesaria para conocer el funcionamiento del mercado de carburantes a los agentes mayoristas y minoristas de la cadena de distribución, en el ejercicio de sus competencias. También se amplía la obligación que ya tenían los operadores con capacidad de refino en España de informar semanalmente al regulador sobre sus costes de aprovisionamiento y sus precios de venta al resto de operadores mayoristas. Y si el organismo aprecia un comportamiento anómalo de algún agente, además de iniciar el procedimiento sancionador que corresponda, podrá incluir información individualizada sobre estos sujetos en su reporte semanal sobre el mercado de carburantes.

Según ha detallado la vicepresidenta Aagesen, apenas 52 estaciones de las 10.000 analizadas han incurrido en comportamientos “anómalos”. “A pesar de que son pocas, entendemos que es bueno que se dé publicidad y que los consumidores sean conscientes dónde la CNMC ha podido detectar cualquier comportamiento fuera de lo que se entiende un comportamiento normal”, ha dicho, sobre la oportunidad de activar esta medida ahora.

Para seguir acelerando la implantación de generación renovable y la producción de biogás con el máximo retorno socioeconómico para los territorios próximos a las instalaciones y con el mínimo impacto ambiental, se habilita al Organismo Nacional de Normalización (UNE) a desarrollar con normas técnicas el sello de excelencia social, territorial y ambiental que permite disfrutar de una tramitación preferente a los mejores proyectos.

También se introducen medidas para agilizar la repotenciación de líneas eléctricas existentes, especialmente para anticipar la conexión de nuevas demandas, así como la posibilidad de incorporar baterías para prestar servicios técnicos en los territorios no peninsulares, reduciendo con ello el consumo de combustibles fósiles.

Según los cálculos del Ministerio de Economía, las medidas han contribuido a rebajar en un punto porcentual la inflación. El dato de avance de junio, conocido este lunes, se ha mantenido en el 3,2% por tercer mes consecutivo. A pesar de que el IVA de la electricidad volvió al 21% a principios de mes, la caída de los precios del crudo en los mercados internacionales ya se está trasladando a las gasolineras, por lo que se han compensado.

El Real Decreto-Ley incluye la prórroga en la prohibición del despido por razones vinculadas al conflicto en Oriente Medio, así como ayudas condicionadas a planes de movilidad sostenible para trabajadores.

El Gobierno de coalición, además, ha anunciado un acuerdo entre ambos socios del Ejecutivo para impulsar un ambicioso paquete de medidas en materia de vivienda, que se votará en el mes de julio, con medidas para bajar los precios e impulsar la oferta de vivienda asequible.

El Consejo de Ministros también ha dado luz verde al nuevo cuadro macroeconómico, las cifras con las que Hacienda elaborará los Presupuestos de 2027, y que dispara el crecimiento del producto interior bruto (PIB) al 2,6% para este año.

Medio millón de euros a cargo del erario público se ha embolsado la pareja de Jorge Rodrigo, consejero madrileño de Vivienda, tras casi una década encadenando puestos a dedo en Administraciones del PP de esta región, según estimaciones a partir de la información disponible en diversos portales de Transparencia de la Comunidad de Madrid.

El último empleo de la pareja del responsable de las políticas de Vivienda del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso es el mejor pagado hasta ahora: los 63.134,12 euros brutos anuales que, según información oficial, va a cobrar en el puesto que desempeña desde hace unas semanas en la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid. Allí se ha recolocado en un día, como reveló elDiario.es, tras su salida forzosa de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), propiedad del consistorio de la capital de España. 

No consta que F. T., la pareja de Jorge Rodrigo, disponga de un perfil en la red social LinkedIn. Sí se sabe que en los 80 cursó una FP, rama Administrativa; que tiene un nivel de inglés “básico”, y que realizó un cursillo acelerado online poco antes de saltar al sector público.

Así consta en el currículum oficial que puso a disposición de los ciudadanos cuando ocupó un cargo de cierta responsabilidad en un relevante y acaudalado municipio madrileño que el PP gobierna desde hace casi 40 años. Un puesto de alta exigencia en el que no duró ni seis meses. Como explicó alguien con quien trabajó en aquella época, “quería algo más tranquilo”.

Su siguiente destino fue la EMVS, que ha tenido que sacar a concurso este año la plaza que F. T. ocupaba de forma “temporal” desde diciembre de 2023 tras un duro informe de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento, previa denuncia de Más Madrid, y después de que elDiario.es revelase hace un año la sucesión de puestos públicos de la pareja del consejero de Vivienda de Ayuso.

El pasado diciembre, Antifraude criticó sin medias tintas su contratación en la EMVS, que no dio “detallada explicación sobre cómo llegó el currículo de la persona seleccionada a la empresa, si se hacía algún tipo de publicidad para que quien se considerara con los requisitos necesarios pudiera presentarlo, o si procedían de procesos de selección para trabajadores fijos”.

“No consta si hubo otros candidatos” para una plaza que “al cabo del tiempo, en ciertas condiciones”, podría convertirse en “permanente”, advirtió el órgano fiscalizador del ayuntamiento, que instó a la EMVS a informarle de cómo cubriría esa plaza de forma definitiva. Finalmente, ha salido a concurso este año y se ha adjudicado a otra persona por promoción interna.

Tras su salida de la EMVS, la mayor empresa pública de vivienda de España, el consistorio de Almeida ha recolocado a F. T. como personal de “libre designación”. Su nuevo puesto es el sexto consecutivo que ocupa en un organismo público en la Comunidad de Madrid, con sueldos que han llegado a duplicar el salario medio en España. Actualmente, este asciende a 29.540 euros brutos anuales, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, ha calificado el caso de “enchufismo” y cree que “hay responsabilidades políticas, administrativas y patrimoniales por la contratación ilegal de esta persona en la EMVS durante dos años y medio, que no pueden quedar impunes”.

“Escándalo sideral”

El pasado jueves, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, y preguntada por este asunto, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, quitó hierro al asunto y calificó de “sorprendente” que “a Más Madrid le parezca un escándalo sideral cualquier mínima cosa” y “sin embargo, estén tan contentos en el Gobierno más corrupto de la historia de la democracia”, en alusión a la reciente condena al exministro José Luis Ábalos y a los escándalos que afectan al PSOE.

“Que haya una persona trabajando como eventual en el Ayuntamiento de Madrid les parece un escándalo sideral porque, por lo que sea, entienden que no es adecuada para el puesto”, señaló Sanz, que no negó que se trate de la pareja de Rodrigo, político de larga trayectoria en el PP cuyo nombre suena en las próximas listas de Almeida para el ayuntamiento. “En el ámbito de las competencias municipales se ha entendido que esa persona podía ser adecuada para ese puesto y está trabajando como uno más”, dijo la vicealcaldesa.

Una fuente con conocimiento del asunto definía hace tiempo el anterior puesto de F. T. en la EMVS como el de “un conserje muy bien pagado”. Cobraba 49.667,8 euros anuales. No consta que su paso por la empresa fuera problemático. “Con lo que hacía lo tenía difícil para meter la gamba”, ironiza otra persona que trabaja en la EMVS. Acudía a diario a su puesto, al contrario que Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos, que durante el juicio al exministro socialista reconoció que fue enchufada en la empresa pública Ineco, donde cobró 30.000 euros sin pisar la oficina.

El perfil de F. T. es muy diferente al del consejero Rodrigo, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, máster de Asesoría Jurídica de Empresas por la Pontificia de Comillas y con programas de gestión pública en el IESE de la Universidad de Navarra (la escuela de negocios del Opus Dei) y Comillas-ICADE (de los jesuitas).

La trayectoria de su pareja en la relación de asesores de la web del Ayuntamiento de Madrid no está disponible, pese a que publicar esa información es obligatorio, según la normativa municipal de Transparencia. Según el currículum oficial ya citado, F. T. ocupó puestos administrativos en el sector privado durante más de 20 años. Tras más de una década en el área contable de una empresa, hizo un cursillo a distancia de 150 horas de “Auxiliar de Protocolo” de la Fundación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Se trata de un título propio de esa entidad, sin carácter oficial y diferente a los otorgados por el Ministerio de Educación, que tienen validez en todo el territorio nacional y suelen ser más reconocidos y valorados, al cumplir unos estándares de calidad y rigor establecidos por el gobierno.

Ese curso costaba 650 euros, incluyendo tasas académicas y materiales didácticos. Fue una excelente inversión. Acto seguido, F. T. empezó a encadenar puestos en Administraciones del PP de Madrid: del Gobierno de Cristina Cifuentes al Ayuntamiento de Almeida, el Gobierno de Ayuso, la coordinación del gabinete de la Alcaldía de un relevante municipio, la EMVS y ahora, de nuevo, el Consistorio de la capital.

En la web de la Comunidad de Madrid ya no hay rastro de su etapa con Cifuentes. En su primer destino en la cosa pública se embolsaba 51.480,2 euros anuales. Más del doble del salario medio bruto anual de entonces en España (24.009,12 euros, según el INE).

Cuando en junio de 2025 elDiario.es preguntó directamente a Jorge Rodrigo por este asunto, el responsable de Vivienda de la Comunidad de Madrid derivó la cuestión a su departamento de prensa. Una portavoz aseguró que “evidentemente él no ha tenido que ver” con la contratación de su pareja en la EMVS. E instó a no revelar información personal que pudiera constituir “una intromisión ilegítima del derecho al honor e intimidad de la persona”. Tras la nueva contratación de su pareja, la Consejería no ha respondido a este medio.

Rodrigo preside la agrupación del PP en el distrito de Salamanca, cuya concejal presidenta, Cayetana Hernández de la Riva, es consejera de la EMVS. Cuando esta entidad, una de las principales empresas públicas del ayuntamiento, contrató a F. T., su consejero delegado era Diego Lozano, hoy jefe de gabinete del alcalde de Madrid. Lozano fue también jefe de gabinete del expresidente madrileño Ignacio González, que previsiblemente será juzgado en septiembre de 2027 por las presuntas irregularidades y comisiones ilegales en las obras del campo de golf del Canal de Isabel II, una de las causas del caso Lezo, que estalló hace casi diez años.

Definido como el consejero “con mayor peso político” de Ayuso, Rodrigo fue designado vicesecretario electoral del PP por la presidenta madrileña en 2022, cuando era vicepresidente de la Asamblea de Madrid. En enero, tras unos meses apartado por un cáncer, se reincorporó a su Consejería, que se niega a aplicar los controles de precios de la Ley estatal de Vivienda para las zonas tensionadas.

También acaba de llevar al Tribunal Supremo el Plan de Vivienda del Gobierno, que blinda de forma perpetua la vivienda de protección oficial (algo que según Rodrigo vulnera la Constitución) y cuyos fondos la Comunidad de Madrid acabó aceptando (como otras regiones del PP) pese a su rechazo inicial. Suya ha sido la decisión de dejar fuera a los no empadronados en Madrid de los descuentos del abono transportes, excluyendo a miles de usuarios, sobre todo migrantes y estudiantes.

El popular lleva más de 25 años encadenando puestos con su partido, que incluso le encontró acomodo en Aussa, empresa semipública de aparcamientos en Sevilla, cuando en 2012, con Ana Botella como alcaldesa, se vio obligado a dimitir como gerente de Madrid Espacios y Congresos por la tragedia del Madrid Arena, en la que murieron cinco adolescentes en una fiesta de Halloween. Unos hechos por los que llegó a estar imputado, aunque acabó exonerado.

En los perfiles oficiales del equipo de Gobierno de Ayuso no hay mención a la etapa de Rodrigo en Aussa, cuyo socio privado desde 2010 (49% de las acciones) es Azvi. Esta constructora andaluza figuraba en los Papeles de Bárcenas con donaciones al PP de al menos 858.000 euros entre 2002 y 2008. En 2023 contrató como consultor a un tal Koldo García, recién condenado en el ‘caso mascarillas’ junto a Ábalos.

El pasado jueves, según su agenda oficial, Rodrigo mantuvo un encuentro con responsables de la constructora andaluza Sando, señalada hace años como otro de los grandes donantes del PP en esa contabilidad en B del extesorero de los populares.

La cotización del petróleo y el precio de la gasolina en España ya están por debajo del nivel previo a la guerra en Irán. El petróleo Brent (de referencia en Europa) llegaba a cotizar este jueves ligeramente por encima de los 72 dólares, regresando por primera vez al nivel anterior al inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

Por su parte, el precio de los carburantes en España ha encadenado su cuarta caída consecutiva, a la espera de que se concrete un acuerdo entre EEUU e Irán que permita normalizar la actividad en la región y la reapertura total del estrecho de Ormuz, por donde circulaba en torno a la quinta parte del gas y el petróleo que consume el planeta antes del conflicto. Los carburantes acumulan así en las últimas semanas un abaratamiento cercano al 9%, con la gasolina en niveles anteriores al estallido del conflicto bélico.

El precio medio del litro de gasolina, menos alcista desde el inicio del conflicto, ha encadenado un nuevo descenso, tras caer un 2,6% en una semana, hasta los 1,46 euros, que es su nivel más bajo desde la segunda semana de febrero.

Los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea publicados este jueves y correspondientes al pasado 22 de junio reflejan que el precio medio del litro de gasóleo se ha situado en 1,538 euros, su nivel más bajo desde la primera semana de marzo, tras abaratarse un 3,39% respecto a la semana pasada.

El precio medio del diésel se consolida muy por debajo de los 1,883 euros que tocó en la semana anterior a la entrada en vigor el pasado 22 de marzo de las medidas fiscales del Gobierno para contener el impacto en los precios de la guerra en Irán, un nivel que históricamente solo se superó tras la invasión rusa de Ucrania, como se puede apreciar en el siguiente gráfico:

Con los descensos de estas últimas cuatro semanas, el precio medio del litro de diésel acumula un abaratamiento del 8,7%, mientras que en el caso de la gasolina el descenso es de un 6,8%.

Las medidas adoptadas por el Gobierno contuvieron la espiral alcista de los carburantes, que les había llevado a encadenar una decena de semanas de subidas. El precio en los surtidores de los carburantes cae de la mano del descenso del crudo, y es previsible que los descensos continúen. Este jueves el petróleo Brent, de referencia para Europa, llegaba a caer hasta los 72,27 dólares, y el del Texas americano retrocedía a unos 69,2 dólares, en niveles también anteriores al inicio del conflicto.

La corrección en el precio del crudo, que llegó a alcanzar los 126,10 dólares en el caso del barril de Brent el pasado 30 de abril, se ha acelerado desde finales de mayo ante el avance de las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin al conflicto. Las partes firmaron hace unos días un memorando que contempla una tregua de 60 días que será el plazo para negociar un acuerdo final que incluya la cuestión nuclear iraní, acompañada de la reapertura sin peajes del paso de Ormuz y la creación de un fondo de reconstrucción dotado de 300.000 millones de dólares (unos 260.000 millones de euros).

El Gobierno de Pakistán anunció el miércoles que está previsto que las conversaciones a nivel técnico entre Estados Unidos e Irán se retomen la semana que viene, tras los recientes contactos mantenidos en Suiza.

El Gobierno español, en un Consejo de Ministros Extraordinario, aprobó el pasado 20 de marzo una bajada al 10% del IVA de gasóleo, gasolina y otros hidrocarburos, así como la reducción al mínimo permitido por la UE del impuesto especial de hidrocarburos y ayudas especiales para los transportistas y el campo, con el objetivo de contrarrestar el incremento del precio de esta materia prima en los mercados internacionales, medidas que este próximo lunes el Consejo de Ministros abordará si se prolongan más allá del 30 de junio .

Organizaciones como Greenpeace han pedido al Ejecutivo que “corrija” este plan, por incentivar el consumo de combustibles fósiles, y que las nuevas ayudas por Ormuz apuesten por el ahorro y la transición energética. La organización ecologista ha valorado los planes de respuesta a la guerra en Irán de siete países europeos y al de España (que es el que más recursos destina de toda la UE, 5.000 millones de euros) le pone la peor nota.

Subida interanual

A pesar de las bajadas de las últimas semanas, con los precios actuales, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 84,59 euros, unos 7,53 euros más que hace un año, cuando ascendía a unos 77,05 euros.

Para un vehículo de gasolina, llenar un depósito medio cuesta unos 80,3 euros, unos 1,54 euros menos que hace un año, cuando superaba los 81,84 euros.

A pesar de la tendencia al alza de los últimos meses desde el estallido del conflicto en Irán, ambos carburantes se han mantenido siempre lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos.

Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.

Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,761 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 1,818 euros.

En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 1,730 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 1,775 euros.

La brecha de sueldos entre los primeros ejecutivos del Ibex 35 y sus empleados ha vuelto a crecer tras dos ejercicios a la baja. En 2024, las diferencias salariales entre la persona mejor pagada de cada una de las empresas del índice que agrupa a la élite empresarial española y el promedio de la plantilla volvieron a ensancharse, según un informe de CCOO y la Fundación Primero de Mayo presentado este jueves en Madrid.

La retribución de los primeros ejecutivos del selectivo en 2024 fue 74,5 veces la remuneración agregada de las plantillas. Esta cuantía “supone una diferencia que es 1,1 puntos superior al año anterior (73,4)”, según el informe. No obstante, esa brecha está muy lejos del nivel que alcanzó en 2017, cuando la retribución de los primeros espadas del Ibex llegó a ser 125 veces la de sus empleados, según los datos que CCOO publicó en su momento.

Esa ratio está calculada con una retribución media de los empleados que en 2024 fue de 63.372 euros, un 2,9% más, según el dato que tiene en cuenta la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y que, según ha explicado durante la presentación del informe Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, incorpora “conceptos que no son estrictamente retributivos”, como indemnizaciones y planes de pensiones.

Si se tiene en cuenta el salario medio en el Ibex, entendida como la partida de sueldos y salarios, que recoge “lo que verdaderamente cobran los trabajadores”, las ratios serían mucho más elevadas, ha advertido Bravo. Ese salario medio fue de 45.000 euros anuales por persona y año, un 6,6% más.

A la cabeza sobresale Merlin Properties (una de las empresas del Ibex con menos empleados, 293 en 2024) con 105.900 euros anuales por persona ocupada, seguida de Colonial, otra de las compañías con menos plantilla del selectivo (88.600 euros), Grifols (84.800 euros) y Cellnex (80.800). Entre las que tienen un gasto salarial menor destacan Inditex (28,9 mil euros), (33,4 mil euros), Logista (35,3 mil euros) o Sacyr (36,7 mil euros).

Según CCOO, “tenemos 8 empresas con aumentos salariales por encima del 6,6%. Las empresas con mayores subidas salariales para sus plantillas son Unicaja (17,2%), BBVA (12,8%), IAG (12%) y Fluidra (10,9%)”.

El informe, que ya va por decimoquinta edición, subraya que estas diferencias entre ejecutivos y empleados se producen “en el marco de empresas cuya retribución media interna es muy superior a la media general de la economía y de las relaciones laborales”. Así, si se compara con el conjunto de la población española, puede comprobarse cómo la brecha salarial entre los ejecutivos del Ibex y el sueldo medio se ha agigantado en 20 años.

Así lo mostraba hace unos meses este análisis de elDiario.es, a partir de los informes publicados por la CNMV y los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE): entre 2004 y 2024, los vocales ejecutivos (no solo primeros espadas del Ibex, ya que en varias empresas hay consejeros con esa condición además del CEO o el presidente ejecutivo) han visto crecer sus sueldos casi el triple que los sueldos medios en España.

El informe “Evolución de indicadores de Buen Gobierno en las empresas del Ibex 35 durante el ejercicio 2024”, elaborado por CCOO y la Fundación Primero de Mayo, refleja que la compañía donde existía una mayor diferencia entre la remuneración del primer ejecutivo y el conjunto de la plantilla en ese año fue Inditex (295,1 veces), “seguida de Banco Santander (225,8), Puig (216,6), Iberdrola (168,4), Telefónica (166,4), BBVA (165,4), Sacyr (143,3), Logista (138,4), Ferrovial (132,5) o ACS (132,4), todas ellas con valores superiores a 100”. En el otro extremo estaban Aena (4,2), y Solaria (3,1).

La remuneración agregada de los primeros ejecutivos fue en 2024 de 160,5 millones, un 7,6% más, a unos 4,7 millones por cabeza (400.000 euros más que en 2023). Los mayores sueldos correspondieron a los primeros espadas de Iberdrola (14,1 millones), Santander (13,7 millones), Puig (12,7 millones) e Inditex (11,2 millones).

La remuneración total de los miembros de los consejos de administración del Ibex evolucionó de manera similar a la de los ejecutivos del selectivo: cobraron más 331,5 millones en 2024, un 7,4% más, a unos 765.600 euros anuales por vocal, 30.000 euros más que en 2023, con un aumento del 4,1%. El análisis no incluye a ArcelorMittal, cuya matriz está en Luxemburgo y no publica estos datos. Tampoco está toda la información de Puig Brands, que comenzó a cotizar en mayo de 2024.

El informe destaca que “los beneficios crecieron significativamente en 2024”, con un aumento del 21,5%, hasta 67.300 millones, “y también lo hizo el empleo, en menor medida”: el total de personas empleadas por las empresas del Ibex fue de 1.294.767, un aumento del 3,2% (unas 40.600 personas) respecto a 2023.

El empleo “sigue estando concentrado en las 5 mayores empresas del Ibex, con ”más de la mitad del total“. Se trata de Santander (que destaca como la empresa que más personal redujo en ese ejercicio: 6.000 personas), Inditex, ACS, Telefónica y BBVA. ”Casi dos tercios de las personas trabajadoras se encuentran en el extranjero“: el 63,32%, con más de 817.000 efectivos.

“Otra de las desigualdades que observamos año tras año, es el incremento de los beneficios y una contribución fiscal que, en el caso de España, disminuye con respecto al año anterior. La opacidad en la información de un indicador fundamental, como es el tipo efectivo pagado por las empresas, impide realizar una evaluación más pormenorizada”.

Para Bravo, no es “razonable” que se haya producido una “disminución de la contribución fiscal” de las empresas en un contexto de beneficios al alza.

Presencia femenina

El informe de CCOO, que refleja que la alta dirección del Ibex recibió en 2024 algo más de 500 millones, un 0,8% menos que un año antes, destaca que “en la dirección de las empresas, apenas hay mujeres que ocupen el cargo de CEO”, y en la alta dirección “su participación apenas supera el 25%”, tras aumentar algo menos del 2% el número de altas directivas.

Hay una única empresa “que excepcionalmente tiene más mujeres que hombres”, la semipública Aena, y tres compañías en las que hay paridad: Enagás, Colonial e Iberdrola. “La distancia más desfavorable para las mujeres en las empresas está representada por Grifols (7,7% de mujeres) y Unicaja (7,1%)”.

“Se ha logrado alcanzar el 40% de mujeres en el consejo, pero no de una manera equilibrada, ya que su participación en los puestos de dirección de las empresas sigue siendo minoritaria, con el consiguiente impacto en las retribuciones percibidas”.

Desde el punto de vista de brecha de género, la brecha salarial bruta crece en 2024 y la ponderada y ajustada se mantiene estable, dando como resultado una diferencia de más de 11.500 euros en el salario medio. “Queda, por tanto, mucho que avanzar en transparencia, gobernanza y reducción de las desigualdades”.

En el año 2024 las empresas del selectivo mostraron una tasa de temporalidad media del 7,2%, inferior en 0,6 puntos porcentuales a del año anterior (7,8%). Entre las empresas con más temporalidad, sobresale Inditex (17,3%), seguida de Ferrovial (15,6%), Acciona (14,1%) o ACS (14%). En el lado opuesto se encuentran Amadeus, Banco Sabadell, CaixaBank, Cellnex, Iberdrola, Merlin Properties, Redeia y Unicaja con un 1% o menos de temporalidad.

“En materia de negociación colectiva se está reduciendo la cantidad y la calidad de la información aportada” tras la entrada en vigor de un reglamento europeo menos exigente que la ley española 11/2018, advierte el informe.

Para Luis de la Fuente, sociólogo de la Fundación 1º de Mayo, el balance de este informe “es dual”. Por un lado “hay una mayor riqueza de información”, pero hay “riesgos de pérdida de cumplimiento y empeoramiento de la cantidad y de la calidad de la información” en lo referente a las plantillas y negociación colectiva, porque “lo está permitiendo la normativa europea”

Un día ha tardado el Ayuntamiento de Madrid en recolocar a la pareja de Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, tras su salida forzosa de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), una contratación a dedo que cuestionó la Oficina Antifraude madrileña en diciembre. Su nuevo sueldo supera los 63.000 euros brutos anuales, el más alto de los que, como reveló elDiario.es, ha encadenado en la última década en organismos públicos gobernados por el PP en Madrid.

Sin título universitario y con un nivel de inglés “básico”, F. T., pareja del responsable de las políticas de Vivienda y Transportes de Isabel Díaz Ayuso, es ahora personal “de libre designación”, confirma el ayuntamiento. Cobra 63.134,12 euros, un 27% más que en la EMVS. Es su sexto puesto consecutivo en un organismo público en Madrid y el mejor pagado.

La EMVS, la mayor empresa pública de vivienda de España, se ha visto obligada a sacar a concurso este año la plaza que F. T. ocupaba de forma “temporal desde el 1 de diciembre de 2023 hasta que tenga lugar el proceso de selección para su cobertura definitiva”, como explicó la entidad a la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento, en el marco de una investigación por esa contratación tras una denuncia de Más Madrid.

Antifraude reclamó en diciembre a la EMVS que le informara “sobre la conclusión del proceso de selección para la cobertura definitiva de la plaza”. La EMVS ha comunicado que se ha cubierto por promoción interna tras presentarse cuatro candidatos. F. T. “ha causado baja en EMVS Madrid, no manteniendo en la actualidad vinculación laboral alguna con esta empresa municipal”. Y Antifraude ha archivado el expediente, según la resolución a la que ha tenido acceso elDiario.es

Un portavoz de la EMVS declina precisar en qué fecha abandonó F. T. la empresa, al ser “datos personales”. Según fuentes internas, lo hizo hace unas semanas. Un día después de su salida se incorporó como personal eventual del equipo de José Luis Martínez-Almeida.

En la web del Ayuntamiento no hay datos sobre el perfil profesional de F. T. que deben publicarse para cumplir la ordenanza municipal de Transparencia. Tampoco figura la declaración de actividades e incompatibilidades, si realiza actividades privadas, si solicita compatibilidad o se compromete a cesar en actividades incompatibles antes de la toma de posesión; ni declaración de no incurrir en causa de incompatibilidad, exigida con carácter previo al nombramiento. “Lo cumplimentará como cualquier otro trabajador municipal”, aseguran desde el Ayuntamiento.

La pareja del consejero de Vivienda ha sido repescada por el consistorio después de que el 16 de diciembre Antifraude cuestionara que la EMVS cumpliera al contratar a esta persona las exigencias del Estatuto Básico del Empleado Público sobre “los criterios de acceso de igualdad, mérito y capacidad, así como los principios rectores contenidos en el artículo 55” de esa norma: “Publicidad, transparencia, agilidad, adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones a desarrollar, así como la imparcialidad, profesionalidad e independencia de los órganos de selección”.

Antifraude criticó que la EMVS no dio “detallada explicación sobre cómo llegó el currículo de la persona seleccionada a la empresa, si se hacía algún tipo de publicidad para que quien se considerara con los requisitos necesarios pudiera presentarlo, o si procedían de procesos de selección para trabajadores fijos”. “No consta si hubo otros candidatos o, en su caso, detalle objetivado de los méritos valorados que justificaron la elección”.

Para justificar la elección de F. T., la EMVS indicó que debía “cubrir de forma urgente” esa plaza “temporal” y “entre los currículos que obraban en poder de la entidad se consideró que era el que más se adecuaba al perfil”. En un dictamen del 3 de junio, Antifraude insiste en que “la existencia de circunstancias concretas que justifiquen la contratación temporal puede conllevar una urgencia que requiere un procedimiento especialmente ágil”, pero “sin rehuir los principios de igualdad, mérito y capacidad, y máxime teniendo en cuenta que dicha temporalidad puede llevar al cabo del tiempo, en ciertas condiciones, a que el acceso acabe siendo permanente”.

No ha sido así, tras destacar Antifraude en diciembre “la importancia” de que al cubrir este año definitivamente esa plaza la EMVS respetara “la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio”.

Para la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, “este caso demuestra, una vez más, que el PP utiliza las instituciones madrileñas como su propia agencia de colocación. Colocar a dedo a amiguetes es una forma clara de entender el poder: los cargos para los suyos, para sus enchufados, y las normas para los demás”.

Maestre subraya que la denuncia de su formación ante Antifraude “obligó a la EMVS a prescindir de esa persona y a convocar la plaza por concurso público, como exige la ley. Es inaceptable, hasta la propia EMVS llegó a reconocer que ni siquiera podía aportar a la investigación de la oficina contra el Fraude la oferta de la plaza a esta persona, ni explicar cómo llegó su currículum y la solicitud del puesto”.

Simplemente, “le llamaron para que viniera a firmar el contrato”. “Lejos de reconocer la irregularidad y abrir una investigación interna y cesar a los responsables, como le reclamamos en su momento desde Más Madrid, Almeida ha optado por recolocarle en la Alcaldía, ¡buen plan!”.

Maestre reprocha al PP que exija “estándares de transparencia y moralidad que ellos mismos no cumplen, mientras colocan a dedo a sus amigos. Y cuando les pillamos y lo llevamos a la Oficina contra el Fraude y la Corrupción, su solución no es pedir disculpas ni depurar responsabilidades: es darle un puestazo en la Alcaldía”. Y recrimina a Almeida su “enchufismo” para usar el Ayuntamiento “como si fuera su chiringuito particular,”. “Es una vergüenza inaceptable. Aquí hay responsabilidades políticas, administrativas y patrimoniales por la contratación ilegal de esta persona en la EMVS durante dos años y medio, que no pueden quedar impunes”.

Caminos distintos

F. T. tiene un perfil muy diferente al del responsable de las políticas de Vivienda de Ayuso. Rodrigo, con décadas en política, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y Máster de Asesoría Jurídica de Empresas por la Pontificia de Comillas, con programas de gestión pública en el IESE de la Universidad de Navarra (la escuela de negocios del Opus Dei) y Comillas-ICADE (de los jesuitas).

Su pareja, según el currículum oficial de su anterior cargo público en un organismo del PP madrileño, cursó en los 80 una FP, rama Administrativa, y tiene un inglés “básico”. Su carrera dio un giro cuando tras más de una década en el área contable de una empresa, hizo un cursillo no oficial de 150 horas de “Auxiliar de Protocolo” de la Fundación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) por 650 euros, incluyendo tasas académicas y materiales didácticos.

Acto seguido, empezó a encadenar puestos en Administraciones del PP: del Gobierno de Cristina Cifuentes al Ayuntamiento de Almeida, el Gobierno de Ayuso, la coordinación del gabinete de la Alcaldía de un relevante municipio madrileño (cobraba 62.600 euros brutos anuales, pero no duró ni cinco meses), la EMVS y ahora, de nuevo, el Consistorio de Almeida.

Cuando en junio de 2025 elDiario.es preguntó a Jorge Rodrigo por este asunto, el responsable de Vivienda de la Comunidad de Madrid derivó la cuestión a su departamento de prensa. La consejería no comenta esta nueva contratación. Rodrigo preside la agrupación del PP en el distrito de Salamanca, cuya concejal presidenta, Cayetana Hernández de la Riva, es consejera de la EMVS, una de las principales empresas públicas del Ayuntamiento. Su anterior CEO, Diego Lozano, es el jefe de Gabinete de Almeida.

Definido como el consejero “con mayor peso político” de Ayuso, Rodrigo se reincorporó en enero a su puesto tras unos meses apartado por un cáncer. Su consejería se ha negado a aplicar los controles de precios de la Ley estatal de Vivienda para las zonas tensionadas y acaba de llevar al Tribunal Constitucional el Plan de Vivienda del Gobierno. Suya es también la decisión de dejar fuera a los no empadronados en Madrid de los descuentos del abono transportes en Madrid, excluyendo a miles de usuarios, sobre todo migrantes y estudiantes.

El popular lleva más de 25 años encadenando puestos en diferentes Administraciones. Su partido le encontró acomodo en una empresa pública en Sevilla (con Juan Ignacio Zoido como alcalde) tras dimitir en 2012 como gerente de Madrid Espacios y Congresos por la tragedia del Madrid Arena: murieron cinco adolescentes en una fiesta de Halloween y llegó a estar imputado, aunque acabó exonerado.

A principios de 2025, tuvo que retractarse por una respuesta fuera de tono en la Asamblea de Madrid a la diputada de Más Madrid Luisa Escalante: “¡No me ponga morritos, que me descentro!”, le espetó, en un debate sobre el funcionamiento del transporte público en la región. Expresión que Escalante tachó de “sexista y machista” y “que no es propia de un consejero ni de este Parlamento autonómico”. Rodrigo se disculpó con la boca pequeña y minimizó los hechos: “No creo que haya sido así, si usted se lo ha tomado mal, le pido disculpas”.

Diputado en la Asamblea hasta 2023, desde ese año Rodrigo está a las órdenes de Ayuso, periodista de formación que apenas ha trabajado fuera de la política, cree que a los jóvenes “les falta cultura del esfuerzo” y aboga por el “mérito a la española” para “enfrentarse a la aventura de vivir” y “protegerse en un momento donde la ideología lo impregna todo”.

Investigadores de las universidades de Yale y Chicago han comprobado que la instalación de centros de datos propicia subidas del precio de la vivienda y la electricidad en Estados Unidos, líder absoluto en el despliegue de estas infraestructuras con más del 40% del total mundial.

“Los centros de datos crean actividad económica, especialmente en los sectores directamente relacionados”, pero “también elevan los precios de la electricidad y están asociados con precios de la vivienda más altos, lo que podría beneficiar a los propietarios e incrementar los costes para los inquilinos y compradores de viviendas”, concluye un estudio publicado en el National Bureau of Economic Research, think tank con sede en Cambridge (Massachusetts).

“A nivel condado en EEUU, entre 1995 y 2020, la llegada de una instalación adicional de data center se asocia con un aumento acumulado de alrededor de 28 puntos porcentuales en el índice de precios de vivienda (HPI) y del 1,3% en el precio promedio de la electricidad en el condado afectado”, explica por correo electrónico a elDiario.es David Argente, investigador de la Universidad de Yale y coautor de este paper junto a otros dos expertos de ese centro de élite, Jayce Chow y Diana Van Patten, y Fernando E. Álvarez (Universidad de Chicago).

Los autores señalan que esos efectos en los precios son “muy significativos en todos los horizontes temporales, lo que indica que los centros de datos ejercen una presión apreciable sobre los mercados locales de la energía y el sector inmobiliario”. “Generan empleo a nivel local”, sobre todo durante su construcción, tienen efecto “modesto” en el empleo “permanente”, “elevan los precios de la vivienda y dan lugar a un aumento de la renta agregada, al tiempo que provocan un incremento de los precios locales de la electricidad” en un país en el que las tarifas las fijan reguladores regionales y varían de un Estado otro, al contrario que en España.

Así, las zonas que consideren la instalación de estos centros afrontan un “dilema” y deben “sopesar los aumentos en el empleo, la creación de empresas y los ingresos agregados frente a las presiones sobre los mercados eléctricos y la asequibilidad de la vivienda local”. Una encuesta de Gallup realizada el pasado marzo mostraba que un 71% de los estadounidenses se oponen a la construcción de estas infraestructuras en su zona.

Los centros de datos “son buenos depende de para quién”, resume en su blog Pedro Linares, profesor de la Universidad Pontificia Comillas especializado en regulación energética.

Los autores de este paper han analizado datos de la firma financiera Standard and Poors que recopilan información detallada sobre la ubicación, propiedad, potencia e ingresos de más de 12.960 data centers de más de 2.700 proveedores y 131 países. Los han cruzado con otros indicadores como los ingresos del impuesto de la Renta en EEUU y los precios de la vivienda y la electricidad en esos condados, disponibles en las estadísticas de la Agencia Federal de Financiación de Vivienda (FHFA) y la Energy Information Administration estadounidense.

Los resultados “muestran efectos positivos sobre el empleo total” y en los sectores de tratamiento de datos y construcción, y subidas de ingresos fiscales y salarios, aunque “la masa salarial anual reacciona de forma menos notable”. 

Como señala el estudio, “hay mucho en juego a nivel local”: estas instalaciones pueden ser atractivas para las administraciones al suponer grandes proyectos de inversión, empleo e ingresos. Pero también “consumen mucha energía y se concentran en un espacio reducido. Pueden requerir ampliaciones, mejoras en la red de transmisión y contratos de suministro eléctrico a largo plazo. También pueden utilizar recursos escasos como el suelo y el agua, al tiempo que crean menos puestos de trabajo permanentes que una planta de fabricación tradicional con una inversión similar”. 

Tras la computación en la nube, el auge de la inteligencia artificial, el streaming, los pagos, el software empresarial y los servicios digitales “hay instalaciones físicas que ocupan terreno, se conectan a redes de fibra óptica, consumen energía de forma continua y requieren sistemas de refrigeración, seguridad y una red eléctrica fiable”. Para elegir donde se instalan, priorizan “precios de la electricidad favorables, capacidad de redes, suelo, política fiscal, clima, riesgo de desastres y conectividad de fibra”.

“El resultado es una cuestión política práctica: ¿qué ganan realmente los condados y a qué costes se enfrentan?”. Y este asunto es “más urgente” tras la irrupción de la IA, que ha disparado el consumo de electricidad de estas instalaciones. En 2024, supusieron el 1,5% del total mundial, unos 415 teravatios hora (TWh), según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que estima que su demanda ha crecido un 12% anual el último lustro y podría duplicarse hasta alcanzar los 945 TWh en 2030. En EEUU han pasado de 58 TWh en 2014 a 176 TWh en 2023: del 2% de la demanda nacional de 2018 al 4,4% de 2023. En 2028 pueden llegar a suponer el 12%, calcula el Belfer Center for Science and International Affairs de la Harvard Kennedy School. 

Como recuerda el paper, los servicios digitales suelen percibirse como algo “sin ubicación”, pero la infraestructura que los sustenta no lo es. Geográficamente estos centros están “especialmente concentrados” en EEUU, especialmente en Virginia (unos 600, con una potencia de cerca de 4.900 MW, otros 1.000 en desarrollo y más de 5.000 en planificación) y Texas, donde se estima que hay más de 460.

Estados Unidos es, con gran diferencia, el país con más centros de datos del mundo. Según Statista, en abril tenía 4.184, muy por delante de Reino Unido (515), Alemania (514), China (369), Francia (345), India (286) y Canadá (287).

Revisión al alza

España, que vive la peor crisis de vivienda en décadas, aparece duodécima en ese ránking, con 195 data centers, pero se está convirtiendo en polo de atracción para estos proyectos en Europa por sus privilegiadas condiciones para producir energía renovable. Morgan Stanley acaba de revisar al alza sus previsiones a largo plazo y estima que la capacidad total de estos centros en España alcanzará 4,3 GW en 2035, frente a los 2,8 GW que contemplaba hasta ahora y los 439 megavatios (MW) que existían a cierre de 2025 según la patronal DC Spain.

Morgan Stanley sitúa a Aragón como el mercado secundario de centros de datos “más emocionante de Europa”, con un potencial estimado para alcanzar 3 GW de capacidad y consolidarse firmemente como el próximo gran nodo de interconexión del continente gracias a su abundante suelo, buen recurso renovable, un clima algo más fresco que otras zonas de España y la conectividad que aportan cables submarinos como Marea, Grace Hopper y Anjana, que enlazan con EEUU y Reino Unido y permiten corredores de baja latencia.

La consultora inmobiliaria Cushman & Wakefield sitúa a Madrid como el quinto mercado primario de centros de datos de Europa, Oriente Medio y África (EMEA) y uno de los principales 'hubs' europeos para esta industria, a la que comunidades gobernadas por el PP como Madrid o Aragón han puesto alfombra roja. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha hablado de “burbuja” de proyectos. Parte del actual colapso de peticiones de acceso a la red eléctrica está relacionado con estas infraestructuras, que han atraído a firmas del Ibex como ACS, Iberdrola o Merlin Properties. Las eléctricas las ven como una oportunidad para reactivar una demanda a la baja que pone en riesgo la rentabilidad de los proyectos de renovables, en especial, las fotovoltaicas más recientes.

La Estrategia de Inteligencia Artificial actualizada por el Gobierno en 2024 planteaba un despliegue “sostenible” de data centers, con una potencia de computación acumulada de 2,5 GW para 2030, equivalentes a unos 4 GW de potencia eléctrica. Ya hay concedidos derechos de acceso y conexión a las redes por más de 12 GW, aunque muchas peticiones están duplicadas y “no es posible conocer la demanda real”, advierte Transición Ecológica.

La nueva Planificación de Electricidad 2025-2030 en tramitación incluye 3,8 GW para centros de procesamiento de datos (CPD), que se añadirán a los 12 GW en permisos ya concedidos. El ministerio sacó a consulta en agosto de 2025 un proyecto de decreto para obligarles a revelar su consumo de agua y luz, como marca la normativa europea. En marzo, el Real Decreto 7/2026 de respuesta a la guerra en Irán otorgó rango de ley a varios de esos requisitos de sostenibilidad y les exige consumir renovables, dado que “la puesta en marcha de proyectos de elevado consumo eléctrico en el corto plazo, si no se acompasa con un despliegue proporcional de nueva generación renovable, generaría un doble perjuicio agravado por el contexto del conflicto”: más uso del gas, subida de precios y menos incentivos a la electrificación.

En la charla en la que amenazó con recuperar su impuesto al sol hace unas semanas, el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, lamentó que “el Gobierno, en vez de declarar la neutralidad tecnológica tanto en generación como en demanda, le ha declarado la guerra a los centros de datos”, que “van a existir sí o sí. ¿Alguien va a almacenar tus datos? Pues honestamente, yo prefiero que los datos de España estén en España”. Son “demanda eléctrica que ayuda a reducir los costes del sistema y absorber parte de la sobregeneración de renovables que tenemos”. Aunque “lo primero” es “eliminar” el calendario de cierre de las nucleares y mantenerlas “dentro de 20 años”. 

La presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelēc), Marina Serrano, ha negado este martes en el Congreso incumplimientos de sus asociadas en el histórico apagón del 28 de abril de 2025 y ha dicho que “posiblemente” el colapso se habría “atemperado” si la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hubiera actualizado el obsoleto procedimiento de control de tensión (conocido como 7.4) que el organismo no puso al día hasta semanas después de ese histórico cero energético.

Serrano, abogada del Estado en excedencia que antes de presidir aelēc fue secretaria del consejo, consejera y directora de los Servicios Jurídicos de la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE), ha comparecido este martes en la Comisión de Investigación del Congreso sobre el apagón. Ha insistido en que las centrales de sus asociadas “estaban operando de acuerdo a las indicaciones y contribuyendo al control de tensión” y ha asegurado que “no se ha acreditado” que hubiera incumplimientos por su parte. Sí ha subrayado que la CNMC “debe supervisar a todos los agentes”, aunque “es verdad que tiene una ingentísima tarea” y “a lo mejor no tiene medios suficientes”. 

En su opinión, “el procedimiento 7.4 tenía que haber sido reformado” para permitir controlar tensión a las renovables. Portugal o Francia “lo tenían”, ha recordado. “Posiblemente deberíamos haberlo tenido antes del incidente”. Y ha pedido que “se implante cuanto antes” porque es “un avance en la robustez del sistema” y todavía hay pocas plantas habilitadas para prestar ese servicio.

“Si hubiéramos tenido más recursos, si hubiéramos tenido control dinámico de tensión pues posiblemente se podría haber atemperado las funciones del apagón”, ha dicho. Respecto a las decenas de expedientes sancionadores incoados por la CNMC a sus asociadas, por ahora “no podemos considerar que se hayan producido posibles infracciones por las empresas”. Falta “un largo proceso” y “algunos” expedientes “no están relacionados con el apagón”. “No ha habido ninguna desconexión intempestiva de las centrales de las empresas asociadas en aelēc”, ha afirmado.

El colapso fue consecuencia de “un problema sistémico de control de tensión que se venía manifestando desde meses antes”, y que los incidentes registrados durante esa mañana (ha omitido la oscilación anómala generada por una gran fotovoltaica de Iberdrola) “pudieron ser relevantes, pero no suficientes” para explicar un evento que se produjo por una “insuficiente dotación de recursos” para controlar tensión y una planificación con márgenes de seguridad insuficientes de Red Eléctrica de España (REE).

La presidenta de aelēc ha insistido en que en “años, días y meses anteriores” hubo “episodios recurrentes” de “dificultades” para controlar la tensión con los momentos “más delicados”, con mayor número de horas con tensiones elevadas, en primavera; y que entre 2021 y 2023 las desconexiones se multiplicaron por 4,5, “existían señales previas de vulnerabilidad” y ese día la generación síncrona estaba en mínimos del año. El análisis del apagón “no puede limitarse a los minutos o segundos previos al colapso”.

“Lo importante ahora es extraer las lecciones adecuadas”, como la de que España “unico país” europeo que permite operar con tensiones de hasta 435 kV, un margen “particularmente reducido”. Ha subrayado que el regulador era “perfectamente conocedor” de las limitaciones de las nucleares para controlar tensión. “Se comunicó así en 2000-2001”, cuando se aprobó el 7.4 vigente hasta el apagón. Los reactores pueden controlar tensión de forma “manual” si se lo pide REE, y en septiembre del 2024 se dio una instrucción así a la nuclear de Almaraz, pero “no se hizo” el día del apagón. El operador del sistema “nunca había mencionado estos incumplimientos”. 

Ha negado “falta de cooperación” de las asociadas de aelēc, que “han aportado toda la información que les ha sido requerida” por el comité de expertos europeos y la CNMC. Una de las lecciones aprendidas, ha dicho, es la necesidad de “transparencia del sector”. Algo que han pedido a REE “desde el mismo día del apagón. Cada empresa tiene los datos de su red, de su zona. La única que tiene los datos del conjunto, porque la ley le ha atribuido esa función, es Red Eléctrica”. 

Serrano ha señalado que el sector, que “técnicamente es muy complejo”, quiere “trabajar conjuntamente” en el análisis del incidente, como se está haciendo en los grupos de trabajo que ha creado la CNMC para “avanzar” en la modificación del 7.4. Las empresas están “dispuestas a contribuir y a que se trabaje conjuntamente para que el sistema sea más seguro”.

Y preguntada por si hay que separar las funciones de transportista y operador del sistema que ejerce REE, como está reclamando Iberdrola, es un “viejo debate”. El modelo español “no es el único”, es “una opción” que tiene “ventajas e inconvenientes”, y “corresponde al legislador” decidir.

Datos detallados sobre el autoconsumo y nuevas variables, como el coste medio de la energía consumida, el tipo de contrato (a precio fijo o indexado al comportamiento del mercado mayorista de electricidad); el nombre del producto u oferta contratada en el mercado libre o información sobre por qué la comercializadora eléctrica ha realizado una estimación de la factura, en lugar de una lectura real.

Son algunas de las novedades que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico va a proponer incluir en la nueva factura eléctrica de los pequeños consumidores.

Entre otras cosas, la normativa que ultima el departamento de Sara Aagesen también va a obligar a incorporar en las facturas información sobre el consumo medio de electricidad de los suministros con características similares en el mismo código postal de los usuarios, con el objetivo de incentivar el ahorro energético.

Esta última es una medida que ya planteó implantar el Gobierno a finales de 2022, durante la crisis energética por la invasión de Ucrania, cuando ya se modificó la factura para incluir el efecto de la denominada solución ibérica, pero no se llegó a poner en marcha.

Estos cambios en la factura eléctrica se incluyen en una Propuesta de resolución de Transición Ecológica que, según ha podido confirmar elDiario.es, el ministerio prevé someter a audiencia pública este lunes.

La propuesta establece el contenido mínimo obligatorio a incluir en las facturas de electricidad por parte de los comercializadores del mercado libre a consumidores en baja tensión hasta 15 kilovatios (kW) de potencia contratada no acogidos a las tarifas de último recurso y el contenido mínimo obligatorio y formato a utilizar por los comercializadores de referencia. Estos últimos son los que suministran la electricidad a los usuarios acogidos a la tarifa regulada, el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC).

Datos en autoconsumo

El grueso de los cambios en la nueva factura afectarán al autoconsumo, que ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años, aunque lleva meses a la baja y en estado de alerta, tras la reciente amenaza del gurú económico del PP, Alberto Nadal, de reimplantar un mecanismo similar al denostado impuesto al sol que él mismo impulsó como secretario de Estado de Energía.

Con la propuesta del ministerio, las facturas de los consumidores (tanto del mercado libre como del regulado) que dispongan de sistemas de autoconsumo recogerán elementos como la modalidad a la que están acogidos, tipo y código de autoconsumo, la medida del contador de generación neta desglosada por períodos horarios y la energía neta horaria generada individualizada desglosada también por períodos horarios.

La propuesta, explican fuentes del departamento de la vicepresidenta tercera, va a modificar el contenido mínimo y el modelo de la factura mensual de electricidad “para adaptarlo a la evolución de la normativa”. Va a afectar tanto a los recibos de la luz de suministros acogidos al mercado regulado, al que hay acogidos unos 8 millones de consumidores, como a los del mercado libre, en el que hay más de 20 millones de usuarios, según los últimos datos disponibles de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), correspondientes a noviembre de 2025.

Entre la normativa que se adapta se incluyen elementos del Reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica —Real Decreto 88/2026—, relativos a las eventuales penalizaciones aplicadas “o el importe de los intereses aplicados en caso de que haya una refacturación debidamente desglosados”, indican esas fuentes.

Ese decreto entró en vigor el pasado mes de febrero y estableció la eliminación total de penalizaciones por cancelación anticipada para consumidores domésticos sin precio fijo, y limitó al 5% del coste de la energía la penalización máxima en contratos a precio fijo, obligando además a las comercializadoras a justificar el perjuicio real para ellas.

Con esta propuesta, indican desde el ministerio, también “habrá que indicar el motivo de una lectura estimada, si se produce, y habrá una cláusula informativa sobre protección de datos y la decisión individual automatizada empleada en el otorgamiento del bono social”.

Esa decisión automatizada se realiza a través de una aplicación informática denominada BOSCO (Base de Datos de Consumidores Vulnerables), gestionada por Transición Ecológica, con un sistema que cruza datos del solicitante con registros públicos para denegar o conceder la ayuda sin intervención humana. 

Finalmente, las facturas del PVPC tendrán un nuevo apartado, denominado “comparador de ofertas”, en la esquina inferior derecha de la primera página, con un código QR vinculado al Comparador de Ofertas de Energía de la web de la CNMC.

José María Aznar cumple este sábado 20 años como consejero de News Corp. El gigante mediático del magnate ultraconservador australiano Rupert Murdoch ha pagado al expresidente español más de cinco millones de dólares desde que empezó a prestarle servicios, nada más dejar la Moncloa. Es su única retribución conocida entre sus muchas actividades privadas.

La cifra incluye pagos en efectivo y acciones. Está calculada a partir de los datos remitidos por el grupo de Murdoch desde 2006 al regulador bursátil estadounidense, la Securities Exchange Commission (SEC). El último sueldo conocido de Aznar en News Corp, de la que es consejero “independiente” desde 2013 (antes lo fue de 21st Century Fox, también de Murdoch), son los 341.565 dólares (unos 295.000 euros, al cambio actual) del ejercicio 2023-2024. 

A la espera de conocer la del ejercicio que está a punto de cerrarse (acaba en junio), su récord anual lo alcanzó en 2021-2022, con 352.204 dólares. Suponiendo que en el último año su sueldo se haya mantenido (la cifra se conocerá cuando News Corp convoque su Junta de accionistas), Aznar habría recibido ya unos 4,9 millones de dólares (4,26 millones de euros, al cambio actual) por sus labores como consejero de Murdoch.

A esta cifra se suman 220.000 euros que el grupo de Murdoch le pagó desde septiembre de 2004 (tras su salida de Moncloa en abril de ese año) hasta junio de 2006, cuando tras su decidido apoyo a la invasión estadounidense de Irak, Aznar fue nombrado vocal de 21st Century Fox, a la que asesoró hasta 2013 y de la que fue el primer consejero no anglosajón.

Fueron pagos mensuales (10.000 euros al mes) previos a su entrada en el consejo en concepto de “servicios de asesoría de estrategia corporativa global”. Los cobró a través de su sociedad familiar Famaztella, SL (acrónimo de Familia Aznar Botella). El País publicó entonces que incumplió las incompatibilidades previstas para los miembros natos del Consejo de Estado al no informar de esos pagos. El entonces ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, afirmó que no los comunicó al Registro de Intereses de Altos Cargos, equivalente a la actual Oficina de Conflictos de Interés.

Además de vocal independiente de News Corp, Aznar, de 73 años, preside el comité de nombramientos y Gobierno corporativo y es miembro del Comité de Auditoría del grupo fundado por Murdoch. El magnate, que en marzo cumplió 95 años, acordó en 2023 dejar a su hijo varón mayor, Lachlan, las riendas de su imperio mediático, que incluye la televisión ultraconservadora Fox. 

En octubre el expresidente español renovó por última vez como consejero de News Corp. De los seis vocales que optaban a la reelección, obtuvo el mayor porcentaje de voto en contra de los accionistas, casi un 20%. El grupo es uno de los conglomerados de medios de comunicación del mundo. Factura unos 8.500 millones de dólares anuales y es dueño de cabeceras de repercusión global como The Wall Street Journal, The Sun, The Times o el New York Post.

Del presidente de la Fundación Faes destaca que aporta “su experiencia en planificación estratégica y habilidades de liderazgo provenientes de su amplia experiencia, incluido su cargo como presidente de España”. Entre sus habilidades clave, destaca su “experiencia en política económica internacional adquirida supervisando la participación de España en la eurozona, conocimientos de gestión financiera y de riesgos desarrollados como líder en los más altos niveles de gobierno y formación como gestor público”.

El resto, un misterio

El resto de cantidades cobradas por Aznar en los últimos años de empresas privadas no son públicas. No consta que las haya facturado a través de Famaztella, que creó en 2004 junto a su esposa, Ana Botella, para, en teoría, explotar sus derechos de propiedad intelectual, incluyendo sus libros, discursos y conferencias.

Desde que hace más de diez años Hacienda sancionó a esta empresa tras una inspección, Famaztella redujo a cero sus ingresos y así ha seguido hasta ahora, aunque se anota beneficios gracias a sus inversiones financieras. En 2024 fueron 77.115 euros, según sus últimas cuentas presentadas, disponibles a través de Insight View. Su domicilio está en Pozuelo de Alarcón (Madrid), la localidad con la renta per cápita más alta de España.

Allí los Aznar Botella compraron un lujoso chalé (más de 550 metros cuadrados de superficie útil) en 1999, cuando estaban en Moncloa. Al escriturar la compra, sobre la finca pesaba una hipoteca de unos 330.000 euros, que se aproximan a lo que cobra Aznar solo de News Corp.

El que fuera asesor de Endesa, la eléctrica cuya privatización culminó como presidente, es desde 2011 miembro del consejo asesor internacional de la minera Barrick Gold Corporation, la mayor compañía de extracción de oro del mundo, junto a otros ex altos cargos como el ex secretario de Defensa estadounidense William W. Cohen, el ex ministro canadiense de Exteriores John R. Baird o el alemán Karl-Theodor zu Guttenburg, que dimitió en 2011 como ministro de Defensa de Angela Merkel tras destaparse que plagió su tesis doctoral.

A través de una sociedad en Bermudas, Aznar, ex inspector de Hacienda del Estado, fue nombrado hace años consejero de Afiniti, dedicada a la inteligencia artificial, que no ha tenido el crecimiento esperado. En ella fue responsable en España su hijo Alonso Aznar, que también trabajó para Rhône, fondo de capital riesgo que en 2023 logró multimillonarias plusvalías al vender la empresa española de armamento Expal a la alemana Rheimetall. Su dueño, el estadounidense Robert Agostinelli, es íntimo de Aznar y uno de los principales financiadores de Friends of Israel, lobby proisraelí que ambos fundaron en 2010.

De ese año data el contrato que el expresidente firmó con Befesa (filial de Abengoa) para facilitar adjudicaciones de grandes proyectos de desalación en Libia bajo el régimen de Muamar el Gadafi, que, como reveló elDiario.es en 2014, contemplaba una “comisión de éxito” del 1% sobre las adjudicaciones obtenidas.

Aznar, que hace unas semanas recuperó su “el que pueda hacer, que haga” contra el Gobierno en pleno 'caso Zapatero', se incorporó en 2011 al consejo asesor del hedge fund (entidades de inversión libre con más margen de actuación que los fondos de inversión más habituales) británico Centaurus Capital, especializado en energía y mercados financieros.

En 2013, el gigante de la consultoría KPMG anunció que Aznar asesoraría a su presidente en España en cuestiones geopolíticas y macroeconómicas. También ese año se incorporó formalmente como senior advisor del consejo internacional del bufete DLA piper. En 2018 cambió este despacho por la firma Latham Watkins, de la que es special advisor. 

Por esas fechas, La Vanguardia reveló que trabajaba como lobista en Latinoamérica en favor del cigarrillo electrónico para Philip Morris acompañado de su entonces jefe de gabinete, Germán Alcayde, hoy ejecutivo de una empresa de hidrógeno verde que ha recibido millones en ayudas públicas y el aval de Isabel Díaz Ayuso. La mayor tabaquera del mundo fue uno de los mayores clientes de Equipo Económico, el despacho que fundó Cristóbal Montoro, imputado en una trama de presunto tráfico de influencias.

A estas labores de lobby de Aznar se suma la actividad de su centro de formación de líderes, el deficitario Instituto Atlántico de Gobierno. Con Alcayde como director general, Botella ejerce como “directora de los cursos ejecutivos”. El centro ha recibido muchos pequeños contratos de administraciones del PP. Organiza cursos junto a empresas como Repsol, cuya privatización culminó Aznar, y con la universidad privada Francisco de Vitoria, de los Legionarios de Cristo.

El expresidente de honor del PP también presidió hasta 2021 el Instituto Bussola, opaco lobby que contribuye a lavar la cara de Emiratos Árabes en Bruselas.

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las relaciones comerciales entre Alberto González Amador, la farmacéutica Gloria Carrasco y su marido, el directivo de Quirón Fernando Camino, apuntala las sospechas sobre prácticas que prohíbe el código ético del gigante de la sanidad privada.

Ese código de conducta arranca con esta frase en inglés a grandes caracteres, “Your gut tells you something is wrong” [“Tu instinto te dice cuándo algo está mal”], y dice por ejemplo: “Rechazamos todas las formas de corrupción y no participamos en tales actividades. Evitamos todas las situaciones en las que pueda surgir el más mínimo atisbo de corrupción”.

“La selección de nuestros socios comerciales se basa en criterios cualitativos, económicos y éticos. Solo trabajamos con socios cuyos valores coincidan con nuestros principios corporativos y cuya cooperación no se haya visto influida por la corrupción. La corrupción se produce cuando alguien abusa de su posición profesional o de su poder para obtener una ventaja ilícita para sí mismo o para otros”, añade.

El código “se aplica a todos los y las profesionales del Grupo Quirónsalud, entendidos como todos los directivos y directivas, empleados y empleadas, colaboradores y personal externo”, incluyendo a “aquellas personas y/o sociedades que presten sus servicios a través de contratos de prestación de servicio”, como es el caso de la pareja de Ayuso.

El grupo Quirón no contesta a la pregunta de si se va a iniciar algún tipo de investigación para esclarecer las relaciones de su directivo Fernando Camino con González Amador, que es un relevante proveedor del grupo, como vuelven a confirmar nuevos datos conocidos el jueves.

Solo entre 2021 y 2023, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid facturó al gigante de la sanidad privada 4,4 millones de euros, según un informe de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) recién aportado al juzgado. Y los pagos del grupo a la pareja de Ayuso llegaron a multiplicarse por siete tras iniciar González Amador su relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid. En 2022, ejercicio del que hasta ahora no se conocía el detalle de sus ingresos, llegó a cobrar de Quirón casi 2 millones, frente a 275.274 euros en 2020.

El grupo Quirón es, con gran diferencia, el principal pagador de González Amador desde hace años. Y es también el principal beneficiario de la política de privatización de parte del servicio sanitario que lleva a cabo el Gobierno que preside Ayuso, con alrededor de 1.000 millones de facturación anual que sale de las arcas públicas.

Pese a las cautelas que establece su código ético, la filial del gigante alemán Fresenius (cotizado en Bolsa) ha mantenido su relación con González Amador tras la imputación del empresario y comisionista por varios presuntos delitos económicos en dos causas judiciales distintas.

Como desveló elDiario.es, Quirón le ha proporcionado una identidad falsa en la intranet de la compañía, Alberto Burnet González, nombre que remite a la sociedad aparentemente relacionada con actividades inmobiliarias que la pareja de Ayuso creó en Florida (Estados Unidos) a finales de 2022, cuando Hacienda ya le estaba investigando y sus ingresos se habían disparado. En esa intranet, Quirón le define como “director” de proyectos, con su propio correo corporativo en el grupo, pese a que siempre ha alegado que es un proveedor externo.

“Destaca por su recurrencia la figura de Fernando Javier Camino”, dice la UCO en el informe que analiza muy someramente la operación por la que González Amador pagó a finales de 2020 medio millón por una empresa sin valor que estaba formalmente a nombre de la esposa de Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención y clave en su ascenso profesional. Camino de momento no figura como investigado en ese procedimiento, a diferencia de su esposa, la farmacéutica Gloria Carrasco, y de González Amador.

Esa operación es la compra de Círculo Belleza SL, empresa de tratamientos de estética sin apenas activos ni facturación, por un precio desorbitado (499.836 euros), tras el pelotazo de 2 millones que González Amador dio por intermediar en la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia a una empresa administrada por el directivo de Quirón, la gallega MAPE. En esta operación, que fue desvelada por elDiario.es, la Fiscalía ve un posible “soborno”.

De forma provisional, la UCO confirma que Círculo Belleza, rebautizada luego por González Amador como Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering SL y usada como “pantalla” para defraudar a Hacienda, “carecería de los medios necesarios para la prestación de servicios de consultoría” a Quirón, esto es, que facturó al grupo sanitario por trabajos que le era imposible hacer, como ya advirtió en su momento la AEAT.

La Guardia Civil destaca que la cifra de negocios de Maxwell Cremona, principal consultora de la pareja de la presidenta madrileña, en el ejercicio 2021, “estaría íntimamente relacionada con la facturación que Maxwell emite a Quirón Prevención SLU por importe de 722.180 euros y a la propia Masterman por importe de 600.000 euros”. Fue en 2021 cuando trascendió la relación de Ayuso con el empresario, presentado en la prensa rosa como “técnico sanitario”.

El informe de la UCO refleja, como ya lo hizo en su momento la investigación de la AEAT, que Círculo Belleza declaraba ya en 2014 “cobros únicamente de MAPE”, la empresa gallega de la que Camino fue consejero hasta 2025, y que propició esa comisión de 2 millones, y “pagos por compras” a Massias Kuhn, la antecesora de Maxwell Cremona.

En el marco de las diligencias previas del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid contra las parejas de la presidenta madrileña y ese directivo de Quirón por presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal o blanqueo de capitales, ha aflorado la existencia de una inspección de la AEAT a Fernando Camino, adicional a las abiertas a Gloria Carrasco, a Quirón Prevención, recogida en las últimas cuentas de esta empresa, y a Helios Healthcare Spain SL, cabecera de los negocios del grupo Fresenius en España.

La UCO considera “necesario ampliar el periodo de análisis” de las relaciones comerciales entre González Amador y Carrasco “al menos al periodo en el que se habrían producido las mismas, esto es, entre el 2014 y la actualidad”.

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El informe incluye un mapa de relaciones entre Camino, Carrasco, González Amador y Quirón Prevención, Círculo Belleza, Mape Asesores y Maxwell Cremona. En ese mapa no aparece otra sociedad que vincula a González Amador y a Camino dada a conocer por elDiario.es: Inversiones Random SL, constituida en mayo de 2005 por el directivo de Quirón, y que según el Registro Mercantil fue liquidada hace apenas unos meses, el pasado 16 de marzo.

Según la documentación remitida al juzgado que instruyó la causa penal contra la pareja de Ayuso por sus delitos fiscales, nada más crear Maxwell Cremona en 2017, González Amador acordó pagar 2.000 euros anuales a esa empresa de Camino por poner publicidad en el Adagio II, un velero del directivo del gigante sanitario a nombre de la ahora extinta Inversiones Random.

La UCO tampoco incluye en su informe el contrato que Maxwell Cremona y Círculo Belleza SL firmaron en enero de 2019 por el que, mientras González Amador realizaba auditorías de los hospitales de Quirón que le encargaba Fernando Camino, su empresa recibiría “asesoramiento” de la firma de Carrasco, que entonces tenía también como accionistas al propio Camino y al cuñado del ejecutivo del grupo sanitario.

El contrato establecía que ese asesoramiento comprendería “investigaciones y análisis de evolución de mercados”, planes de formación, “sistemas de gestión empresarial, incluyendo la planificación a corto y largo plazo, planes estratégicos y programas de acción táctica” o “la toma de decisiones de naturaleza gerencial y estratégica”.

Según el contrato, la empresa de González Amador requería de servicios “imprescindibles”. Sin Círculo Belleza SL, “se vería obligado a contratar a consultores externos, con un inferior grado de especialización sectorial y de conocimiento en los procedimientos del grupo”. El acuerdo tenía una vigencia inicial de un año. No especificaba cifras: Círculo Belleza cobraría “una cantidad que se pactará en función de los proyectos solicitados”.

En la documentación remitida en su momento al juzgado por el caso de los delitos fiscales de González Amador constan al menos cuatro facturas que Maxwell pagó a Círculo Belleza entre enero de 2019 y octubre de 2020. El concepto: “Trabajos de Consultoría y Asesoramiento de los Directivos en Temas Sanitarios”. El importe, un total de 20.000 euros más IVA. Una minucia en comparación con el medio millón que la pareja de Ayuso pagaría por esa empresa sin valor semanas después.

La carrera empresarial de Alberto González Amador ha cambiado radicalmente desde que es pareja de Isabel Díaz Ayuso. Sus sociedades llegaron a multiplicar por siete la facturación al Grupo Quirón a partir del inicio de la relación sentimental entre el empresario y la presidenta de la Comunidad de Madrid. El Grupo Quirón es el principal beneficiario de la política de privatización de parte del servicio sanitario que lleva a cabo el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso, con alrededor de 1.000 millones de facturación anual salidos de las arcas públicas. 

Un escrito de la Agencia Tributaria remitido al juzgado que investiga a González Amador ha permitido aflorar el negocio del novio de la presidenta con Quirón Prevención desde que son pareja. elDiario.es reveló hace dos años que en 2021, cuando comenzó la relación, los ingresos de González Amador procedentes de Quirón se multiplicaron por cuatro respecto del ejercicio anterior. Ahora, gracias al escrito de Hacienda, trasciende que los ingresos del empresario y comisionista no dejaron de crecer en los dos años posteriores, 2022 y 2023. En total, desde que arrancó la relación, González Amador ha multiplicado por siete sus ingresos del gigante de la sanidad privada. 

La pandemia resultó una oportunidad de negocio para el empresario. En 2020 obtuvo los dos millones de euros en la comisión que está bajo el foco de la investigación. Esa operación lleva aparejada un presunto soborno a Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, pero también consejero entonces de otra empresa con la que habría orquestado el ‘pelotazo’ de las mascarillas para su amigo y del que luego se habría llevado una parte. 

En cifras de negocio total, la principal empresa de González Amador, llamada Maxwell Cremona SL, pasó de facturar 357.773,87 euros en 2019 a más de 2,33 millones en 2020. Fue el resultado de la comisión de las mascarillas y no de la que había sido su principal fuente de ingresos hasta entonces y que lo siguió siendo en los años posteriores.

En mayo de 2021, una revista del corazón retrató el viaje a Ibiza de la presidenta con su nueva pareja sentimental, al que presentaba como un “técnico sanitario”. Fue en ese ejercicio cuando Quirón Prevención, que llevaba contratando la consultoría de González Amador desde 2017, decidió regarle de encargos. Hasta acabar 2021 con 1.078.412 euros de ingresos procedentes de Quirón, cuatro veces más que el año anterior y el triple de lo que facturó la empresa de González Amador en 2019.

Esos trabajos para Quirón siguieron en ascenso. En 2022, González Amador rozó los 2 millones de euros de facturación al gigante sanitario (1.956.449). En 2023, la cifra de ingresos fue de 1.401.634, cuatro veces más de lo que facturaba a Quirón previo a la pandemia y antes de compartir su vida con la presidenta de la Comunidad de Madrid. El informe de Hacienda no recoge las cifras de los ejercicios 2024 ni 2025.

En total, Hacienda ha cifrado ahora en 4,43 millones de euros las cantidades cobradas por la pareja de Ayuso del grupo sanitario en el periodo 2021-2023. De 2020 hasta 2023, la cifra asciende a 4.711.768,83 euros.

En la tarde de este jueves, Miguel Ángel Rodríguez intentó desacreditar las informaciones basadas en el escrito de la Agencia Tributaria. El jefe de gabinete de Ayuso publicó en X: “El último contrato con QUIRÓN fue del año 2010. La presidenta no estaba ni pensada. No pueden tapar que las hijas de Zapatero van pa’lante”. Después, en declaraciones a El País, Rodríguez añadió que la Agencia Tributaria “debería ser dinamitada”

Las revelaciones sobre la relación comercial del novio de la presidenta y Quirón responden a que la Agencia Tributaria ha tenido que informar al magistrado del caso sobre González Amador de que tiene abiertas unas inspecciones a Quirón y a su matriz. Consciente de que hay una causa judicial que se solaparía con su trabajo de inspección, la Agencia Tributaria necesita de una orden judicial para detener la parte coincidente.

Así lo establece la La Ley General Tributaria, que prohíbe a la Inspección suspender los procedimientos por iniciativa propia en estos casos. Es obligatorio que la orden provenga del órgano judicial. Por ello, Hacienda solicita formalmente al juzgado que ordene la paralización parcial de la inspección tributaria para que se detenga “exclusivamente” la parte que afecta a la comprobación de los servicios realizados por Maxwell Cremona y Masterman & Whitaker. 

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El escrito de Hacienda se limita a trasladar al juzgado unos datos básicos de su inspección para que el juez Antonio Viejo pueda decidir. Así, la Agencia Tributaria asegura que su departamento de Grandes Contribuyentes está investigando a Helios Healthcare, la matriz de Quirón en España, por su condición de representante ante Hacienda de todo el grupo. 

Además, Hacienda confirma que la división que preside Fernando Camino y a la que factura González Amador, Quirón Prevención, tiene abiertas inspecciones por el Impuesto sobre Sociedades entre los ejercicios 2020 y 2023, del IVA entre 2021 y 2023 y de retenciones e ingresos a cuenta en este mismo periodo, como avanzó elDiario.es a finales de mayo. 

En el mismo sentido informó al juzgado de la inspección que llevaba a Gloria Carrasco, que avanzó este medio el pasado 26 de febrero. De igual forma, este periódico desveló este jueves que la Agencia Tributaria ha hecho lo propio con Fernando Camino, marido de Gloria Carrasco y presidente de Quirón Prevención.

Negocios y una comisión entre viejos amigos

Quirón Prevención, Fernando Camino, Gloria Carrasco y Alberto González Amador son algunos de los protagonistas de la investigación judicial que complica el futuro de la pareja de Ayuso. El empresario y comisionista será juzgado por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsificación de documentos al haber dejado de pagar 350.951 euros a Hacienda en el Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021.

El año de la pandemia, 2020, fue el del despegue empresarial de González Amador, previo al empuje que le dio Quirón Prevención a partir de 2021, cuando ya era pareja de Isabel Díaz Ayuso. Pero ese despegue le ha valido ya a González Amador una petición de casi cuatro años de cárcel al empresario por intentar engañar a Hacienda con una trama de facturas falsas. No quería que Hacienda participara, como debía, de su gran éxito: la comisión de casi 2 millones de euros por poner en contacto a dos empresas españolas para la compraventa de más de 42 millones de euros en material sanitario. 

Es en este punto donde emerge la figura de Fernando Camino. La investigación ha determinado que el presidente de Quirón Prevención y González Amador tienen relaciones comerciales desde al menos 2014. En 2020 habrían ideado el siguiente plan: Camino era, además de presidente de Quirón Prevención, consejero de una empresa gallega llamada Mape. De otro lado, González Amador había conseguido que la sociedad catalana FCS le asegurara un porcentaje del 4,5% de las ventas que consiguiera. Y allí estaba su amigo Camino, quien logró que Mape comprara a FCS 42 millones de euros en material sanitario para la pandemia. Resultado: Alberto González Amador ingresó más de 1,9 millones de euros, el negocio de su vida.

La Fiscalía, las acusaciones populares y los dos jueces que ha tenido el caso sospechan que Camino no hizo aquello a cambio de nada. Tras cobrar la comisión, González Amador compró a la mujer de Camino una sociedad llamada Círculo Belleza SL. La empresa había facturado apenas 30.000 euros el ejercicio anterior. Contaba con tres aparatos de depilación amortizados y un ordenador portátil. No tenía empleados. El novio de Ayuso pagó, sin embargo, medio millón de euros por la sociedad. La acusación concluye que es el porcentaje pactado con Fernando Camino por facilitar su pelotazo de las mascarillas desde Mape. 

Los informes de la Agencia Tributaria no han sido los únicos documentos incorporados recientemente a la pieza separada por el presunto “soborno” de González Amador al presidente de Quirón y consejero entonces de Mape. La anterior jueza del caso, que se jubiló el pasado verano, ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que actuara como policía judicial del caso. La complejidad que había alcanzado y su alcance nacional así lo aconsejaban. Ha tenido que pasar casi un año para que los guardias civiles se hayan podido poner a trabajar. Ha ocurrido cuando el nuevo juez ha autorizado que accedan, únicamente, a las cuentas bancarias de los dos investigados, González Amador y Gloria Carrasco. 

La UCO llevaba desde diciembre de 2025 esperando la autorización del juez, tal y como desveló elDiario.es. El 19 de ese mes entregaron un oficio al magistrado Antonio Viejo con sus primeras valoraciones de la documentación incluida en la causa. Con ellas justificaban las peticiones a Viejo para empezar a investigar. Los guardias civiles, tal y como les apuntó la anterior jueza, ya advierten en su informe que sobre los hechos planea la comisión de un delito de blanqueo de capitales, que sumar al de corrupción en los negocios y administración desleal.

Entre esas valoraciones, la UCO aprecia que la sociedad que compró González Amador, Círculo de Belleza SL –y que rebautizó como Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering SL– “carecería de los medios necesarios para la prestación de servicios de consultoría” a Quirón Prevención. González Amador había dejado de facturar a la empresa sanitaria solo con Maxwell Cremona, su principal empresa, para incorporar a la empresa que había comprado a la mujer del directivo de Quirón. 

La renovación de la cúpula de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), presidencia incluida, va a tener que esperar. El Consejo de Ministros de este martes no tomó ninguna decisión sobre los nombramientos que, a propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos, debe proponer el Gobierno al Congreso. Fuentes gubernamentales no precisan qué plazos maneja el Ejecutivo para abordar este proceso, que llega en un momento de máxima debilidad parlamentaria del Gobierno.

Este 16 de junio vencía el mandato de la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, y los vocales Josep María Salas (cercano a ERC) y Carlos Aguilar (vinculado a Podemos). En el pleno del organismo (que por ley debe estar formado por diez miembros, incluyendo la presidencia y la vicepresidencia) está vacante además desde enero un puesto tras la dimisión de Pilar Sánchez, que poco después de su cese fichó como consejera independiente de Cajamar.

Los mandatos en la CNMC tienen una duración de seis años. Las propuestas de nombramiento las puede vetar la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital de la Cámara Baja. La obligada renovación de este organismo, que vigila el funcionamiento de los mercados y supervisa los sectores de energía, telecomunicaciones o transportes, entre otros, llega con el Ejecutivo en una situación muy complicada por la sucesión de escándalos en el entorno del Gobierno y el PSOE, del caso Leire Díez al del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. 

Entre los partidos que deben dar el plácet a la renovación de la autoridad de la Competencia está Junts, que este martes elevaba la presión sobre Pedro Sánchez con una moción junto al PP para que el Congreso vote si exige un adelanto electoral. Esta formación colocó en enero de 2025 como consejero de la Comisión de la Competencia a Pere Soler, ex concejal de CiU que fue director de los Mossos de Escuadra hasta el referéndum independentista de 2017.

Por su parte, el PP se ha quedado nuevamente fuera de esta negociación, como viene ocurriendo desde 2020, cuando Fernández fue nombrada presidenta del organismo. Este martes, el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible de los populares, Alberto Nadal, lamentaba en la red social X (antes Twitter) que en este proceso de renovación “el Gobierno no ha mantenido contacto alguno con el PP. Sanchismo en estado puro”.

Cuando creó la CNMC aplicando el rodillo de su mayoría absoluta de 2011, el Gobierno de Mariano Rajoy llegó a meter en el consejo del organismo a un miembro de la ejecutiva del PP, el ex juez Fernando Torremocha.

Está previsto que la próxima semana la presidenta de la CNMC participe en la jornada de clausura del tradicional curso de verano que la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) organiza en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. El curso versará sobre “La Inteligencia Artificial, energía y vivienda, retos actuales de la economía”. Lo inaugurará el próximo lunes el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

“Mi último día no sé cuándo será”, dijo la semana pasada la todavía presidenta de la CNMC, que se despidió en su último acto público antes de vencer su mandato pidiendo que su sucesor o sucesora “mantenga la calidad técnica de los servicios” y “eso implica cuidar sobre todo a las personas”, porque la competencia para captar talento es “durísima”.

“Capacidad técnica” y “sentido común”

Fernández, que en los últimos meses ha impulsado una inédita investigación contra el entorno de uno de los consejeros salientes (Josep María Salas, uno de los vocales díscolos en asuntos como la retribución de las redes eléctricas), reclamó que la persona elegida para sustituirla tenga “capacidad técnica”, “sentido común” y que, como ella (que fue socia del área de Competencia del bufete Cuatrecasas durante casi 30 años), acredite “conocimiento de competencia”, porque “su función diaria” es presidir esa Sala (la de Regulación la encabeza la vicepresidencia de la CNMC). 

El perfil que reclama la todavía presidenta de la CNMC no encajaría con el de uno de los candidatos cuyo nombre para presidir el organismo ha sonado en las quinielas en las últimas semanas, el de Mariano Bacigalupo, marido de la ex vicepresidenta y actual comisaria europea, Teresa Ribera, y en la actualidad consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Gran experto en energía, Bacigalupo, doctor en Derecho, fue consejero de la CNMC hasta septiembre de 2022 y trabajó durante seis años en la extinta Comisión Nacional de Energía (CNE), el regulador energético que fulminó el PP al crear la CNMC, del que fue secretario y director del Servicio Jurídico.

Otro nombre que circula es el de Inmaculada Gutiérrez, técnico comercial del Estado (como el vicepresidente Cuerpo) que fue vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) y de la antigua Comisión Nacional de la Competencia (CNC), donde permaneció seis años, además de ejercer como jefa de gabinete de Cani Fernández antes de fichar por Renfe.

En su intervención de la semana pasada, Fernández concedió cierto espacio a la autocrítica al hacer un balance “con aciertos y con errores [no dijo cuáles] porque nadie atraviesa seis años de decisiones complejas sin equivocarse alguna vez”, y con “momentos de crítica justa y de crítica injusta” al organismo.

El papel de la CNMC ha quedado muy cuestionado tras el histórico apagón del 28 de abril de 2025, por su inédito retraso de casi cinco años en aprobar un procedimiento para permitir a las energías renovables controlar la tensión eléctrica que, según muchos expertos, habría evitado ese cero energético. Esa inacción no equivale a un “vacío normativo”, según dijo Fernández en el Congreso el pasado 21 de abril, en una intervención que ya tuvo sabor a despedida: “Les deseo mucho tino en la elección de mi sucesor y otros consejeros de la CNMC”, dijo a los diputados, que le recordaron que esa comparecencia podría no ser la última. “Si me llaman, aquí estaré”, afirmó.

Fernández y los otros dos vocales con el mandato caducado seguirán por ahora en funciones. Esta situación ya se prolongó durante meses con el anterior presidente de la CNMC, José María Marín Quemada. El catedrático y ex directivo de Cepsa (actual Moeve) estuvo casi un año en funciones junto a la mitad del consejo de entonces tras caducar su mandato, hasta que el Gobierno de Sánchez pudo pactar la renovación del pleno tras las elecciones generales de noviembre de 2019.

Marín había sido nombrado cuando el PP creó la CNMC en 2013 al fulminar el anterior modelo de reguladores sectoriales y la extinta autoridad de la Competencia, basándose en un informe encargado por Telefónica y con la excusa de un muy discutible “ahorro de costes”. Un modelo polémico y prácticamente único en el mundo que el Gobierno de Pedro Sánchez intentó revertir con un proyecto de ley para recuperar la CNE que ha encallado en el Congreso por falta de apoyos parlamentarios. Los mismos que ahora dificultan la renovación de este organismo clave para la economía española.

Este mismo martes, la CNMC anunciaba un expediente sancionador a los seis bancos del Ibex 35 (Bankinter, Banco Santander, BBVA, Unicaja, CaixaBank y Sabadell) por posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de las hipotecas a tipo fijo. El organismo también anunció la actualización de su guía de programas de cumplimiento en materia de competencia y su informe sobre el proyecto de real decreto por el que se regula el Comité de Inversiones Estratégicas y por el que se desarrollan los criterios y el procedimiento de declaración de Proyectos Estratégicos de Inversión.

El despliegue de las energías renovables realizado en España desde 2021 ha permitido a los hogares españoles ahorrarse una media de 10 euros al mes en su factura de la electricidad durante la crisis energética propiciada por la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, según un estudio del ‘think tank’ británico Ember publicado este martes.

Este ahorro, equivalente a un recorte del 19% en la factura mensual, según el informe, ha sido posible porque el crecimiento de las renovables ha reducido de forma significativa la influencia del gas en la formación de los precios en el mercado mayorista de electricidad.

La cotización del gas se disparó cerca de un 75% tras el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero, como constata el informe, su contagio a las facturas de los hogares españoles ha sido muy inferior al que tuvo entre 2021 y 2022, en la anterior crisis energética por la invasión de Ucrania. Este lunes el gas llegó a desplomarse cerca de un 10% en el mercado holandés, la referencia más utilizada en Europa, tras anunciarse el acuerdo de paz entre Washington y Teherán. Pero sigue un 46% más caro que antes de estallar el conflicto que ha provocado el cierre de Ormuz, el enclave por el que transitaba 20% del petróleo y el gas natural licuado (GNL) que consume el planeta.

El gas suele ser la fuente de generación más cara y, cuando entra en el mercado para producir electricidad, contribuye a elevar los precios para todos los consumidores. Como señala el informe de Ember, “los precios de la electricidad en España están mucho menos influenciados por el gas que en la anterior crisis” de 2021.

Entonces, en vísperas de la invasión rusa de Ucrania, el encarecimiento de esta materia prima golpeó especialmente a Europa, en una espiral que llevó a precios disparatados en 2022 y a la intervención del mercado mediante la denominada solución ibérica, el mecanismo (calificado de “timo” por el PP) que puso un tope temporal a los precios del gas para generación de electricidad en España y Portugal, con un ahorro estimado en unos 5.000 millones de euros para los consumidores. 

Ahora, “este desacoplamiento, gracias a la expansión de la energía renovable, está protegiendo a los consumidores españoles del actual shock energético”, dice el informe de Ember, de forma que la influencia del gas en la fijación de precios de la electricidad en España ha caído hasta representar solo el 9% de las horas desde el comienzo de 2026 (entre enero y mayo), gracias al crecimiento de la generación eólica y solar desde 2021. Cabe recordar que en la primera mitad de ese año los precios del denominado pool eléctrico en el mercado ibérico se dispararon un 50% y el gas fue la tecnología que marcó el precio (al ser la última en casar oferta y demanda) el 52% de las horas.

Entre julio de 2021 y enero de 2022, a medida que el gas seguía disparándose y a pesar de las medidas que entonces empezó a adoptar el Gobierno (la solución ibérica llegaría ya después de la invasión de Ucrania), la factura de un hogar tipo en España pasó de 57 a 80 euros. “A través de una combinación de legislación que comenzó en 2018, y de sus planes nacionales de energía y clima de 2019 y 2024, España fijó una clara hoja de ruta hacia la energía renovable, que ahora está proporcionando dividendos”, dice el informe de Ember, y ahora “el crecimiento de las energías eólica y solar está actuando como un escudo frente al impacto de la inestabilidad global sobre los precios”, afirma Chris Rosslowe, autor del estudio.

La situación es diferente en aquellos países que siguen dependiendo en gran medida del gas para generar electricidad, con los precios mayoristas del gas en la UE un 60% por encima de los niveles previos al inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Italia es un ejemplo claro. Su mayor dependencia del gas se tradujo en un precio medio de la electricidad de 143 euros por megavatio hora (€/MWh) en marzo, más del triple que en España (42 €/MWh), que desde marzo se ha mantenido de forma constante entre los países con los precios mayoristas de la electricidad más bajos de Europa.

Coste del refuerzo antiapagón

El informe recoge que en marzo de este año el componente de la tarifa regulada vinculado a los mercados diarios de electricidad en España se situó en una media de 50 €/MWh cuando “en un escenario similar al de 2021, con una mayor influencia del gas, habría alcanzado una media estimada de 122 €/MWh”. También recuerda que los precios en los mercados a más largo plazo también afectan a las facturas de electricidad españolas, “y los costes también habrían sido más elevados en unas condiciones de mercado más parecidas a las de 2021”.

Así, “entre marzo y abril, estimamos que el coste mayorista evitado en la factura típica ascendió a una media de 15 €”. Sin embargo, parte de ese ahorro se lo ha comido el aumento (estimado en unos 6 euros mensuales) de los denominados servicios auxiliares, que incluyen el sobrecoste de la operación reforzada (con más uso del gas) que aplica Red Eléctrica de España REE) desde el histórico apagón del 28 de abril de 2025 para evitar problemas de sobretensión, y que ha añadido 3 euros mensuales a la factura típica, recoge Ember.

La firma destaca que tras el cero peninsular “España mantuvo el ritmo del despliegue de las energías renovables”, al incorporar entre mayo de 2025 y febrero de 2026 una media de 1,3 gigavatios (GW) mensuales de nueva capacidad eólica y solar, por encima de los 1,2 GW de media registrados en los doce meses anteriores. Un despliegue que está por ver si se mantiene en los próximos años: las caídas de precios en el mercado mayorista (con cada vez más horas a precios cero e incluso negativos, en momentos de baja demanda y alta radiación solar) ponen en riesgo la rentabilidad de los proyectos renovables y están propiciando que las grandes eléctricas españolas estén recortando inversiones millonarias en energías limpias.

El ‘think tank’ destaca el impulso a normativas en España para permitir que las plantas de renovables aporten servicios de control de tensión que en el momento del apagón tenían vetados, y un marco más favorable para la incorporación de sistemas de almacenamiento con baterías, cuya capacidad está previsto que se cuadruplique en 2026. En mayo, había ya 6 GW de renovables proporcionando servicios de control de tensión, destaca Ember.

El estudio señala que las rebajas fiscales temporales aplicadas por el Gobierno entre marzo y mayo, que recortaron en 8 euros la factura eléctrica mensual de un hogar medio, han actuado “como un incentivo para impulsar la electrificación, clave para reducir la dependencia de España respecto de los combustibles fósiles importados”.

Para Ismael Morales, responsable de Políticas Climáticas de Fundación Renovables, el estudio “revela que el escudo de energías renovables es realmente eficaz para los pequeños consumidores domésticos” y que si no hubiéramos tenido el 'modo reforzado' que aplica REE esos ahorros mensuales de 10 euros “serían aún mayores, por lo que es necesario eliminarlo cuanto antes”. “Esto es solo el comienzo y, como estamos viendo, debemos seguir mejorando la gestión y flexibilidad del sistema eléctrico para aprovechar al máximo los beneficios de las renovables. Solo entonces el escudo se convertirá en una coraza fuerte”.

Las tres grandes eléctricas españolas están frenando inversiones millonarias en renovables ante la drástica caída de precios mayoristas de la luz y la incierta rentabilidad de los nuevos proyectos, sobre todo solares. Iberdrola, Endesa y Naturgy están poniendo el foco en las redes, con retornos más previsibles y convertidas en un cuello de botella para impulsar la electrificación y atender nuevas demandas, como los centros de datos.

La mayor prudencia con las renovables es una tendencia en un sector que en los últimos años ha atraído a numerosos fondos de inversión. En las grandes utilities españolas está plasmada en sus últimos planes estratégicos y ya cala en sus cifras de inversión. 

Iberdrola, la mayor eléctrica europea, planteó en la última actualización de su plan estratégico (en septiembre pasado) que las redes de transporte y distribución concentren el 65% de los 58.000 millones de euros que prevé invertir en el periodo 2026-28, frente al 60% del plan presentado en noviembre de 2023, que cubría el periodo 2024-2026. Las redes, actividad regulada con rentabilidades garantizadas por los gobiernos, deben aportar el 55% del beneficio bruto operativo (Ebitda) de Iberdrola en 2028, frente al 42% de 2024. El año pasado, su Ebitda ajustado del negocio de Redes se disparó un 20,5%, hasta casi 7.800 millones. El de Generación Renovable y Clientes bajó un 10,3%, hasta 7.872 millones.

La inversión de la eléctrica vasca en redes ya superó en 2024 a las renovables, hasta entonces protagonistas. El grupo, pionero en la apuesta por las energías limpias hace más de 20 años, acaba de anunciar casi 4.500 millones en inversiones hasta 2030 para reforzar las redes del estado de Bahía (Brasil). Su pico de inversión bruta orgánica en renovables fue en 2023, con más de 5.400 millones. De ahí pasó a 4.701 millones en 2024 y 4.616 millones en 2025. Hasta marzo, se mantuvo estable en 1.070 millones y 1.460 millones fueron a redes.

El vigente plan de Iberdrola prevé que Reino Unido y Estados Unidos reciban dos tercios de esa inversión total de 58.000 millones para el periodo 2024-2028. Pese a la mayor prudencia, la inversión en renovables del grupo que pilota Ignacio Sánchez Galán no va a ser testimonial. El 35% de lo previsto hasta 2028, un total de 21.000 millones, irá a proyectos de energía limpia. Pero se centrará en finalizar proyectos en construcción (75% del total) con un “enfoque selectivo en nuevas inversiones” o “conservador”, como lo definió en septiembre su consejero delegado, Pedro Azagra. 

El foco está en proyectos de eólica marina (apenas desarrollada en España) en tres mercados: EEUU (pese a las muchas trabas del Gobierno de Donald Trump a esta tecnología), Alemania y Reino Unido (8.000 millones); y, en menor medida, eólica terrestre (5.000 millones) y almacenamiento y solar (2.000 millones en ambos casos). Se trata, subrayan fuentes del grupo, de inversiones “con un alto grado de visibilidad, ya que el 75% de los proyectos están ya en construcción”.

Esta apuesta, subrayan desde el grupo vasco, “no es un cambio de rumbo, sino la ejecución de una estrategia ya anunciada: mayor peso de las redes como motor de valor y crecimiento, combinado con un desarrollo disciplinado y selectivo en renovables”.

En España, prevé unos 3.000 millones en generación renovable en el periodo 2025-2028, e instalar unos 500 megavatios (MW), hasta 32.300 MW.

En el caso de Endesa, la actualización de su plan estratégico 2026-2028 presentada en febrero también prevé disparar la inversión en redes (un 40%, hasta 5.500 millones), que concentrarán el 52% del total (10.600 millones, un 10% más). La filial de la italiana Enel, centrada en España y Portugal, contempla “inversiones selectivas en proyectos renovables y almacenamiento que aporten valor añadido”, con la incorporación de 1.900 MW de nueva capacidad renovable, el 80% en eólica y almacenamiento. Esta última pata y la repotenciación hidroeléctrica concentrarán en buena medida sus esfuerzos.

El nuevo plan prevé invertir 3.000 millones en renovables, un 20% por debajo de los 3.700 millones del anterior (2025-2027), presentado en noviembre de 2024. En él las renovables suponían el 39% del total. Ahora son el 28%. Endesa atribuye el descenso “fundamentalmente” a la compra, el año pasado, de 34 centrales hidroeléctricas a Acciona (626 MW) por unos 1.000 millones. 

Según fuentes del grupo, con el nuevo plan “la previsión es ir aumentando la cifra de inversión entre 2026 y 2028 para que se concentre de manera relevante en los dos últimos años”. La prioridad es invertir “para permitir el crecimiento de demanda, sobre todo mediante el fortalecimiento de la red, tras muchos años de fuerte apuesta por la inversión en renovables”, especialmente tras el cierre de sus centrales de carbón en la Península.

“En una futura coyuntura en la que la generación y la demanda estén más equilibradas, tendrá sentido volver a apostar aún más fuerte por la generación renovable”, añaden esas fuentes. La receta ahora es aplicar “un criterio más selectivo de inversión hasta que la nueva demanda sea una realidad, lo que previsiblemente provocará mayor estabilidad de precios en el sistema y, por tanto, mejoras de la rentabilidad de esta tecnología”, indican desde el grupo que desde abril pilota el italiano Gianni Armani.

El anterior plan de Endesa contemplaba alcanzar 13.100 MW de generación renovable en 2027. En el actual se alcanzarían 13.200 MW ya en 2028, frente a los 11.309 MW que tenía en marzo de este año. La visión 2021-2030 de Endesa contemplaba destinar más de 12.000 millones a nueva potencia solar y eólica para alcanzar 24 gigavatios (GW) renovables en 2030, lo que supondría sumar 16 GW respecto a 2020.

En el primer trimestre de 2026 la inversión del grupo en generación renovable se desplomó un 52,7%, hasta 44 millones, prácticamente un tercio respecto a los 110 millones de los primeros tres meses de 2024. Su potencia renovable se mantuvo estable tras la operación de Acciona.

En el caso de Naturgy, tercera eléctrica y primera gasista española, entre enero y marzo sus “inversiones de crecimiento” en energías limpias fueron de 72 millones, un 28,8% menos que un año antes. En 2025, las redes recibieron por primera vez en varios ejercicios más inversión (998 millones) que las renovables (771 millones), que alcanzaron su pico en 2023, con 1.730 millones, tras comprar al fondo de infraestructuras Ardian una cartera de 12 proyectos en España con 857 MW por 536 millones. 

El último plan estratégico de Naturgy, presentado en febrero de 2025, prevé invertir 6.400 millones hasta 2027 “sin incluir potenciales oportunidades de crecimiento inorgánico”. El 30% (1.920 millones) irá a renovables (a unos 640 millones anuales), con el foco puesto en España, que recibirá el 75% de la inversión, frente al 55% del plan anterior (2021-2025).

Dicho plan preveía 14.000 millones de inversión hasta 2025, de los que “aproximadamente dos tercios [unos 9.300 millones: a unos 1860 millones anuales repartidos en cinco ejercicios] se dedicarán al impulso de la generación renovable”, según anunció en julio de 2021. Suponía pasar de 5 GW renovables operativos en ese momento a “más de 14 GW” en diciembre de 2025. El grupo cerró 2025 con 8,1 GW renovables instalados (de ellos, 5,7 GW en España).

Estas cifras, subrayan fuentes cercanas al grupo que pilota Francisco Reynés, se enmarcan en un contexto energético mundial y europeo que está virando de la transición energética como objetivo primordial a otro en el que la seguridad de suministro cobra mucha importancia.

Hundimiento

En España, con las eléctricas reclamando incumplir el calendario de cierre nuclear progresivo (a partir de 2027) que pactaron con el Gobierno en 2019, la solar ha dejado de ser atractiva por el hundimiento de precios y el encarecimiento de la financiación de los proyectos. Y los ambiciosos objetivos de instalación de renovables que contempla el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para 2030 se antojan así prácticamente inviables.

Las renovables se han convertido en un factor de competitividad para la economía española y un escudo frente a la sacudida energética de la guerra en Irán. Entre enero y mayo, pese la crisis por el cierre del estrecho de Ormuz, el precio mayorista de la electricidad en España fue de unos 45 euros/MW hora, con un descenso del 23% respecto a 2025 y a años luz de los 87 euros de 2023 y los disparatados 213 euros/MWh de 2022, tras la invasión rusa de Ucrania. 

A la espera de que el Ministerio para la Transición Ecológica apruebe un real decreto para elevar los topes de inversión en las redes que podría agilizar la conexión de nueva demanda, uno de los grandes desafíos está en las numerosas horas a precios cero, o negativos, concentradas en las horas de más sol, especialmente en festivos o fines de semana, cuando hay menos consumo, que comprometen la rentabilidad de los proyectos, sobre todo solares.

En lo que va de 2026 se ha superado ya holgadamente el medio millar de horas negativas en el mercado español, fenómeno que empezó a aflorar en España en 2024. Hasta marzo fueron 397 horas en negativo, según datos de la consultora Montel. Desde abril se acumulan otras 170, según información disponible en el Operador del Mercado Ibérico de Electricidad. 

Otro reto son los denominados vertidos, renovable que se desperdicia porque no hay suficiente demanda ni capacidad para almacenarla, y en los que también influye la denominada operación reforzada (con más uso del gas), que Red Eléctrica aplica desde el histórico apagón peninsular del 28 de abril de 2025 para tener un colchón extra de seguridad, y que las eléctricas cobran aparte del denominado pool mediante el mercado conocido como de restricciones técnicas.

En 2025, según cálculos de la Fundación Renovables, el 3,11% de la electricidad de origen limpio tuvo que ser vertida al no poder integrarse en la red. En julio el porcentaje de los denominados curtailments se elevó por encima del 10%. El año pasado se desperdiciaron 5.414 GWh de electricidad generada con renovables, una cantidad de electricidad superior a la demanda anual de comunidades autónomas como Extremadura (4.982 GWh), Navarra (4.873 GWh), Cantabria (3.896 GWh) o La Rioja (1.571 GWh). 

Mientras el sector solar ve con preocupación cómo el gurú económico del PP, Alberto Nadal, amenaza con reimplantar el denominado ‘impuesto al sol’ al autoconsumo fotovoltaico, esta incierta coyuntura ha llevado a muchos grupos españoles a vender activos o carteras de renovables o sellar alianzas para compartir el riesgo. La última la anunció el jueves Repsol. Ha vendido al fondo soberano de Abu Dabi (Masdar), que también ha cerrado operaciones similares con Iberdrola y Endesa, el 49,99% de una cartera operativa de 705 MW valorada en 849 millones.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de archivar un expediente disciplinario contra una persona del equipo de Josep María Salas, consejero saliente y díscolo con decisiones recientes del regulador, por sospechas sobre supuesta filtración de información finalmente descartadas. Una “caza de brujas”, según una fuente interna, que ha causado gran malestar en el seno de la institución.

Fuentes con conocimiento directo del proceso aseguran que “la situación ha vuelto a la normalidad” recientemente tras descartarse los “indicios” que manejaba Competencia contra esta persona, con una larga trayectoria en la CNMC, y que según otras fuentes estuvo apartada de sus funciones hasta hace unos días, mientras se resolvía el procedimiento, incoado hace meses a instancias de la presidenta del organismo, Cani Fernández.

Un portavoz oficial de la CNMC rechaza comentar el expediente, por el que elDiario.es preguntó el 28 de mayo. “La CNMC nunca puede hacer declaraciones públicas sobre procedimientos disciplinarios reservados contra trabajadores concretos, ni sobre su estado ni sobre su propia existencia o inexistencia”.

Durante el proceso, explican fuentes conocedoras, se llegó a llamar a profesionales de medios de comunicación para indagar en el origen de informaciones periodísticas sobre actuaciones de la CNMC relativas al histórico apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 o la nueva retribución de las redes eléctricas hasta 2031, aprobada a finales del año pasado tras un cisma interno. Salas fue uno de los vocales que se opusieron a las circulares que aprobó la CNMC junto al vicepresidente, Ángel García Castillejo, a su vez presidente de la Sala de Supervisión Regulatoria, y María Jesús Martín (la anterior directora de Energía). 

Salas también ha discrepado en los últimos años en cuestiones como conflictos de acceso a la red, la retribución de las distribuidoras de gas aprobada a finales de 2020 o, este año, un informe del Pleno crítico con un proyecto de Real Decreto para levantar los topes de inversión en las redes eléctricas y que el Gobierno prevé aprobar en breve, según dijo el pasado miércoles en el Congreso la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

Sobre ese proyecto, Salas entendía que “la situación actual debe afrontarse regulatoriamente favoreciendo un periodo expansivo de inversiones en redes, dando las señales regulatorias adecuadas para realizar inversiones eficientes y estableciendo un mecanismo de contención de la tarifa”.

La CNMC asegura que “tanto la Presidenta como el consejero desmienten claramente que se haya realizado ninguna actuación como consecuencia de una enemistad personal, desencuentro profesional o represalia entre la Presidenta y el consejero Salas”. “Una noticia con esa tesis podría perjudicar la reputación de todos los implicados y, de forma especial, la de la persona que presta apoyo al consejero, fácilmente identificable, respecto de las que se publicaría una información no veraz que afectaría a sus derechos profesionales”, dice ese portavoz.

Las empresas del sector ya han recurrido la nueva retribución de las redes, cuya tramitación propició la inédita destitución, en diciembre, de Ismael Bahíllo, hasta entonces subdirector de Regulación Económico-Financiera y Precios Regulados de la CNMC. Definido en algún medio como “hombre clave del supervisor para los asuntos económicos del sector energético”, su sustituta, Henar Soto, está casada con el director técnico de la patronal de pequeñas distribuidoras eléctricas ASEME, David Trebolle, con una larga trayectoria como lobista para el sector.

La “posición” de Competencia sobre este expediente disciplinario, dice ese portavoz, es que “todas las actuaciones y decisiones de la CNMC adoptadas en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas por el ordenamiento jurídico vigente se tramitan de conformidad con la normativa procedimental aplicable, incluyendo el estricto cumplimiento de la normativa en materia de personal”.

“En garantía de los derechos de los interesados, la CNMC tramita todos sus expedientes con la debida reserva y confidencialidad, no siendo posible la comunicación ni divulgación de la información contenida en los mismos. Se constata además que desde la aprobación de las circulares referidas no se ha abierto ningún expediente disciplinario”.

“Deber de guardar secreto”

Recuerda ese portavoz que “todos los empleados públicos de la CNMC están sujetos a un estricto deber de guardar secreto, incluso después de cesar en sus funciones, de cuanta información de naturaleza confidencial conozcan en el ejercicio de las mismas, en particular aquella de carácter sensible que pueda afectar al correcto funcionamiento de los mercados y a la protección de los consumidores”.

El consejero Salas está considerado cercano a ERC, que baraja sustituirlo por su exdiputado Joan Capdevila, con amplia experiencia en temas energéticos, según Cinco Días. Su mandato de seis años vence el próximo martes, como el de Cani Fernández, y el Gobierno está negociando el nombre de sus sustitutos, que debe validar el Congreso.

Hasta su cese, Salas seguirá ejerciendo como representante de la CNMC en la asociación de reguladores de energía europeos ACER. Se prevé que le sustituya la directora de Energía de la CNMC, Rocío Prieto.

El todavía vocal fue consejero de la Comisión de Expertos de Transición Energética que creó el Gobierno de Mariano Rajoy por encargo del Congreso para analizar escenarios hasta 2030, en el marco de los compromisos de España en el Acuerdo de París de 2015. Fue uno de los tres consejeros que se abstuvo en el informe final entregado en 2018.

Este jueves, la presidenta de la CNMC, gran experta en competencia, hacía balance de su mandato de seis años, marcado por acontecimientos extraordinarios como la pandemia, la guerra en Ucrania o el apagón, reconociendo “errores” que no precisó y lamentando la “crítica injusta” al organismo, muy cuestionado por su lentitud en aprobar un procedimiento para controlar la tensión eléctrica que llevaba años desfasado y que, según muchos expertos, podría haber evitado el histórico apagón.

Una etapa que cierra “con orgullo”, “con aciertos y con errores porque nadie atraviesa seis años de decisiones complejas sin equivocarse alguna vez”, y con “momentos de crítica justa y de crítica injusta. He aprendido a leer la prensa desapasionadamente”.

Sin concretar esos errores, Fernández subrayó que “la técnica tiene sus tiempos”, y que el apagón, del que “hemos aprendido todos enormemente” y “también a nivel europeo”, mostró que es necesario “seguir avanzando en la regulación” para que la creciente incorporación de energías renovables “sea segura” y un colapso así “no vuelva a ocurrir”.

Según dijo, el ámbito que “ha llevado más tiempo” en estos años ha sido con diferencia la energía, un “Everest regulatorio” que “ha exigido técnica, temple y sentido de Estado” porque “no es un sector más. Es la factura de una familia, es el coste de una fábrica”, define la autonomía estratégica y la seguridad del suministro. “Por eso ha llevado tanto tiempo, porque había que hilar fino”, “escuchar al sector sin dejarse capturar” y sin “precipitación”.

La todavía presidenta alabó “a todos los trabajadores” del organismo y quiso “reconocer especialmente a quienes han trabajado en la CNMC en energía”, con “un escrutinio público como pocos” y “con rigor, con entrega y con una serenidad que no siempre se ha reconocido lo suficiente”. “He visto cansancio, he visto presión, he visto discrepancias”.

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha hecho balance este jueves de su mandato, que acaba la próxima semana, admitiendo “errores” que no ha concretado, pero lamentando la “crítica injusta” al organismo, muy cuestionado por su lentitud en aprobar un procedimiento para controlar la tensión eléctrica que llevaba años desfasado y que, según muchos expertos, podría haber evitado el histórico apagón del 28 de abril de 2025.

Durante su intervención en el Foro Nueva Economía, Fernández ha dicho que cierra “con orgullo” esta etapa, “con aciertos y con errores porque nadie atraviesa seis años de decisiones complejas sin equivocarse alguna vez”, y con “momentos de crítica justa y de crítica injusta. He aprendido a leer la prensa desapasionadamente”.

Sin citar ejemplos concretos, ha subrayado que “la técnica tiene sus tiempos”, la seguridad jurídica es “una garantía democrática” y “la CNMC solo sirve a España si decide con rigor, con transparencia”. El cero peninsular, del que “hemos aprendido todos enormemente” y “también a nivel europeo”, mostró que es necesario “seguir avanzando en la regulación” para que la creciente incorporación de energías renovables “sea segura” y un colapso así “no vuelva a ocurrir”.

Fernández ha dicho que el ámbito que “ha llevado más tiempo” en estos años ha sido con diferencia la regulación energética, un “Everest regulatorio” que “ha exigido técnica, temple y sentido de Estado porque la energía no es un sector más. Es la factura de una familia, es el coste de una fábrica”, define la autonomía estratégica o la seguridad del suministro.

“Por eso ha llevado tanto tiempo, porque había que hilar fino”, “escuchar al sector sin dejarse capturar” y sin “precipitación”. Ha querido “reconocer especialmente a quienes han trabajado en la CNMC en energía”, con “un escrutinio público como pocos” y “con rigor, con entrega y con una serenidad que no siempre se ha reconocido lo suficiente”.

“He visto cansancio, he visto presión, he visto discrepancias”, ha dicho la presidenta de la CNMC, que ha tenido un cariñoso recuerdo para el fallecido ex vicepresidente Ángel Torres, fallecido en 2023, y ha alabado “a todos los trabajadores” del organismo. “Ellos son la CNMC, no son titulares”. Las instituciones son una “mezcla de inteligencia, paciencia y decencia que permite que un país funcione un poco mejor”.

Con un discurso con referencias a Baltasar Gracián, aragonés como ella (apelando a la “prudencia activa”, que “es pensar antes de decidir”), ha citado a Quevedo, porque “poderoso caballero es don Dinero”, aunque debe estar sujeto a “reglas”, y a Cervantes, al glosar “la libertad como uno de los bienes más preciosos”.

A su sucesor o sucesora le ha pedido “que mantenga la calidad técnica de los servicios” y “eso implica cuidar sobre todo a las personas” porque la competencia para captar talento es “durísima”. Ha pedido que la persona elegida para sustituirla, que el Gobierno debe pactar con los grupos políticos, tenga dos cualidades: “capacidad técnica” y “sentido común”, con “conocimiento de competencia” porque “su función diaria” es presidir esa Sala (la de Regulación la encabeza la vicepresidencia de la CNMC). Su último día “no sé cuándo será”, ha deslizado, aunque su mandato acaba el próximo martes.

Fernández se ha felicitado de la “victoria” de haber aprobado una mayor desregulación en el sector de las telecomunicaciones tras 30 años de liberalización, y por la mayor competencia en ferrocarril. Ha dicho que deja una CNMC “más sólida, más cohesionada, más internacional, más consciente de su papel y más preparada”, y con un “futuro claro” para las carreras profesionales de su plantilla. Ha definido su mandato como “mi propia odisea”: “No se trata de obtener una recompensa al final del camino porque no la hay”.

“Mi Ítaca”, que “no ha sido un puerto fácil”, era dejar una institución “más fuerte, más útil, más independiente, más respetada, más humana”. “Ha sido un honor inmenso” y la etapa “más intensa, más exigente y más feliz de mi vida profesional”.

Entre los retos de futuro de la CNMC, ha citado continuar el despliegue de la transición energética, la “transformación digital acelerada” o el impacto de la Inteligencia Artificial. Ha lamentado que no se haya revisado la Ley de Defensa de la Competencia en materia de cárteles. Cuando tomó posesión “estaba clarísimo” que se iba a actualizar, pero “a fecha de hoy sigue sin aprobarse”.

Preguntada por cuál sería la decisión que destacaría, ha citado la prohibición, a finales del año pasado, de la compra de la catalana Irab por parte de Curium en el mercado de radiofármacos contra el cáncer. Ha recordado que esta empresa acaba de ser adquirida por un fondo francés especializado en el sector sanitario para desarrollar su negocio de radiofármacos en toda Europa.

Fernández ha sido presentada por Rafael García-Valdecasas, abogado del Estado y juez del Tribunal General de la Unión Europea (1989-2007), que ha explicado cómo le “impactó la inteligencia que mostraba” la hoy presidenta de la CNMC cuando la conoció recién licenciada y cómo en 1994 tuvo “la inmensa suerte” de que aceptara el puesto de jefa de su gabinete cuando él estaba en el TJUE, hasta que en 1997 volvió al bufete Cuatrecasas cuando le ofrecieron ser socia en Barcelona de ese despacho, en el que ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional.

Según García-Valdecasas, “en este puesto tan difícil yo creo que ha sido capaz de controlar con eficacia y con tacto” el funcionamiento de la competencia en un mercado donde hay “operadores con un gran poder”. Y ha confiado en que una vez expire su mandato “el Gobierno sea consciente del potencial de Cani” y “la sitúe en un puesto acorde con su valía”.

El director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20, Manuel de la Rocha, ha afirmado este martes en el Congreso que “jamás” pidió la dimisión del anterior presidente de Indra, Ángel Escribano, y que la posible fusión de esta cotizada con Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), empresa familiar de Escribano, “corresponde” a Indra. También ha negado “ningún contacto” con la exmilitante socialista Leire Díez, la denominada fontanera del PSOE, en cuya agenda figura una “llamada con M. de la Rocha”.

“Aparece mi nombre aparentemente en la libreta de esta señora. Yo he mirado en mi agenda, yo me he visto con miles de personas en estos ocho años. He revisado con mi equipo ocho años de reuniones porque me puede fallar la memoria. No tengo ninguna constancia de haberme reunido, saludado, hablado o intercambiado ningún mensaje con esta señora. Aun así he hecho un esfuerzo para ver si por casualidad estaba en alguna reunión y el resultado es que no, no he tenido ningún contacto con esta señora”.

En comparecencia ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para abordar la frustrada operación de Indra y Escribano, De la Rocha ha reconocido que se reunió con Ángel Escribano dos semanas antes de su dimisión en abril “para analizar la situación de la empresa pero jamás solicité, pedí, amenacé al señor Escribano su dimisión. Jamás he amenazado ni a él, ni a ningún CEO, ni a nadie en mi vida”. “Dos semanas después, el señor Escribano tomó la decisión de dimitir y lo explicó en una carta pública”, decisión por la que ha expresado “respeto absoluto”.

Ha asegurado que la decisión de retomar la fusión con EM&E “corresponde” a Indra y ha recordado que su nuevo presidente no ejecutivo, Ángel Simón, ya ha dejado “la puerta” abierta a hacerlo. Del ex consejero delegado de Criteria, considerado cercano al PSC, ha dicho que es una “persona reconocida y respetada en España” y ha expresado su “respeto” por el todavía consejero delegado, José Vicente de los Mozos, que “ha dejado una buena impronta”. Su sustitución se enmarca “en el ámbito normal de la empresa” cuando acababa su mandato de tres años. Y su sustituto, Josep Maria Recasens, es “una persona con amplia experiencia profesional e industrial” y “tiene las condiciones para ser un magnífico consejero delegado. El tiempo lo dirá”.

Ha firmado que el Gobierno no interfiere en las decisiones de Indra “en ninguna forma” y que es “difícil sostener que la empresa anda sin rumbo” cuando su cotización se ha disparado en los últimos años y ha pasado de 46.000 a 62.000 empleados, con una evolución “muy positiva”.

Reuniones con “miles de empresas”

Ha explicado que, como responsable de prestar asesoramiento y apoyo técnico al presidente del Gobierno en materia económica, “me reúno y converso con numerosos ejecutivos y ceos de empresas españolas y extranjeras así como fondos de inversión y asociaciones empresariales de todos los sectores”. “En la mayoría de los casos” a petición de las empresas. “En estos ocho años me he debido reunir con miles de empresas dentro de mis responsabilidades”, pero “entre mis funciones no están las de cesar a ningún ejecutivo o CEO de ninguna empresa”.

“Esas funciones las realizan los órganos de gobernanza de las empresas de acuerdo a la normativa”. En el caso de Telefónica, la SEPI ejerció sus derechos políticos “siempre pensando en el interés de la compañía” y en el “interés público”. A principios de 2025 llegó el momento de la “renovación o relevo natural” en la presidencia y los principales accionistas nacionales de referencia, la SEPI y Criteria, “de acuerdo” con la saudí STC, acordaron prescindir de José María Álvarez Pallete, al que ha expresado su “gratitud” por su gestión, para iniciar una nueva etapa y “lograr una compañía más fuerte, más solida y a la altura de los retos estratégicos a los que se enfrenta un sector clave como el de las rtelecomunicaciones”.

De la Rocha ha reconocido reuniones con Iván Redondo, ex jefe de Gabinete de Pedro Sánchez y hoy asesor de la estadounidense General Dynamics y de la vasca SAPA (primer accionista privado de Indra), pero “no me consta que haya habido ninguna influencia en la actuación del Gobierno de ese señor en la actuación de Indra”.

“Yo me he reunido con los principales directivos de casi todas, si no todas las empresas del sector de la defensa en los últimos años: Sapa, Itp, Oesía, Rheinmetall, con todas, y también con los altos directivos de General Dynamics”.

Respecto a su participación en un seminario organizado por Análisis Relevante, la empresa de la trama de supuesta corrupción del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, intervino “como hice en más de 50 actos virtuales presenciales en Madrid y por toda España en un momento en el que estábamos promoviendo y explicando los fondos europeos”.

El responsable de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno ha dicho que no quería “entrar en el barro” pero ha empezado su réplica contestando al diputado popular Rafael Hernando, que se había referido a él como “M. de la Rocha” y “fontanero” de Moncloa.

“Mire usted, señor R. Hernando: yo no soy ningún fontanero de ninguna cloaca”. “Llevo 30 años de experiencia profesional, he trabajado en tres organismos internacionales en cuatro países, llevo ocho años al frente de la oficina económica de Presidencia del Gobierno. Nunca, nunca he estado en ninguna reunión donde se haya tocado ningún tema ajustado a la legalidad”.

“Nunca en toda mi carrera profesional nadie se ha dirigido a mí en términos ni remotamente similares”, ha lamentado, y ha pedido la retirada de esas palabras del Diario de Sesiones. La presidenta de la comisión, la popular Edurne Uriarte, se ha negado por estar amparadas “en la libertad de expresión”.

Comité de inversiones estratégicas

De la Rocha ha confiado en que “a la vuelta del verano”, una vez esté listo un informe del Consejo de Estado, esté operativo el comité de inversiones estratégicas diseñado para “coordinar” la atracción de capital ante la “competencia feroz” entre países y cuyo objetivo no va a ser “controlar empresas” sino ofrecer a los grandes inversores “una puerta de entrada clara, ágil y previsible”.

Ha defendido el “notable” aumento de la inversión en defensa y seguridad con el Gobierno de Pedro Sánchez, al pasar del 0,9% del PIB en 2018 al 2,1% en 2025, con 14.000 nuevos integrantes a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Ha recordado que 24 de los 27 estados miembros de la UE tienen ya mecanismos de control de las inversiones extranjeras. Ha glosado el “eficaz” funcionamiento del llamado escudo antiopas, que empezó como medida “de emergencia” en 2020 y se ha venido prorrogando (la última vez, hasta finales de este año). Este instrumento, ha recordado, ha permitido controlar desde 2022 operaciones presentadas por 386 inversores extranjeros. Solo en 2025 se analizaron 130 operaciones, de las que 116 se autorizaron sin condiciones y 14 “con compromisos”. Y sirve para “proteger nuestros activos estratégicos no es proteccionismo”, sino preservar la seguridad y la soberanía.

La presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, ha defendido este martes en el Congreso la actuación de este organismo y el papel del fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas lanzado para hacer frente a la pandemia en 2020, que “salvó 62.000 empleos en un momento en el que el país tenía dificultades enormes” y tenía unas condiciones “muy exigentes”. “SEPI cumplió con su papel, el fondo de solvencia hizo su trabajo”, ha dicho a los diputados, en respuesta a las investigaciones judiciales sobre los rescates de Plus Ultra, Air Europa y Tubos Reunidos.

Gualda comparecía en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para informar sobre las instrucciones dadas a los miembros del consejo de administración de Indra ante los ceses y nombramientos de la sociedad o el posible conflicto de interés en la operación de compra de Escribano. Pero la judicialización de varios rescates del FASEE ha copado gran parte de su intervención, tras conocerse el lunes que un juez ha admitido una querella del PP y Vox por el rescate de Air Europa y ha citado como investigado al vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, que lleva décadas en el holding público.

Gualda, que preside el holding público desde marzo de 2021, ha subrayado que “la SEPI no ha sido registrada en ningún momento”, aunque ha recibido “muchos requerimientos” de la UCO y la UDEF en relación con esas investigaciones, que “respetamos profundamente”. “Estamos colaborando absolutamente con la Justicia. Es una prioridad para mí y para la organización”. Y “vamos a tener contundencia” contra “cualquier persona” que haya podido cometer un ilícito si se demuestra en esos procesos judiciales, que “nos tomamos muy en serio”.

Ha recordado que el funcionamiento del fondo lo regulaba “una ley que se aprobó en el Congreso” y “todos” los órganos que han “fiscalizado” los expedientes, del Tribunal de Cuentas al Tribunal de Justicia de la UE, han determinado “que las ayudas estaban bien otorgadas”. Había “enorme preocupación” entre las empresas por la judicialización “de una de las ayudas” y desde patronales o partidos políticos se trasladó “la necesidad” de que “continuara” ese instrumento, que “no es un rescate, es un préstamo”.

“Sepi cumplió con su papel, el fondo de solvencia hizo su trabajo”. “Entiendo sus preocupaciones, estamos colaborando con la justicia”. “La SEPI que yo presido en estos cinco años ha velado por el interés general”.

La presidenta de la SEPI ha señalado que el fracaso del proyecto europeo FCAS (Futuro Sistema Aéreo de Combate) para desarrollar un avión caza de sexta generación entre España, Alemania y Francia, tras años de negociaciones ante las diferencias existentes entre los socios, “podría no ser una buena noticia” y SEPI hará “lo posible” por que “lo que se plantee o replante no tenga ninguna merma para la autonomía estratégica” europea. El holding ha pedido a Indra, que participa en este proyecto y en la que es primer accionista con un 28%, “que analice y nos traslade su análisis inmediato” del impacto de esta decisión, que ha propiciado una caída del 5% en la cotización de la empresa.

Sobre la abortada fusión de Indra y su ex accionista Escribano, la empresa del anterior presidente de la cotizada, Ángel Escribano, ha dicho que “tuvo mucha literatura” y ahora Indra “verá ventajas e inconvenientes” de esa eventual operación si vuelve a ponerse sobre la mesa, aunque ha instado a “esperar” al nuevo plan estratégico que está preparando la nueva dirección de Indra, una vez se incorpore el nuevo consejero delegado, José María Recasens.

Ha recalcado la “importante experiencia” del nuevo presidente de Indra, Ángel Simón, cuyo rol, ha recalcado, no es ejecutivo, y ha señalado que el trabajo de la comisión ad hoc creada el pasado verano por Indra para analizar la fusión “no había sido suficiente” para evitar el conflicto de interés que existía por ese papel de Escribano a ambos lados de la mesa.

Gualda ha subrayado que las operaciones corporativas “se gestan en el seno de las propias empresas”, a las que corresponde “definir la estrategia” en sus órganos societarios, que SEPI contribuye a orientar “desde una perspectiva institucional”, con visión “a largo plazo” y velando por el “interés general”. Ha recordado que SEPI trasladó en marzo al mercado su preocupación por la incidencia que “a pesar de las importantes medidas de mitigación” adoptadas estaba teniendo ese conflicto de interés en Indra, que el holding público pidió que se “despejase definitivamente”. Pero luego la “retirada” de la oferta por parte de Escribano hizo que se paralizara la operación.

La presidenta de la SEPI Ha instado en fijarse en la revalorización de Indra en los últimos tres años, con una subida del 188% solo en 2025. “Lo importante es la estabilidad de los proyectos, no las personas que vamos pasando por los puestos de responsabilidad, Indra ha dado un salto de escala impresionante con un récord de cartera”.

Evitar una opa hostil

Ha subrayado que la SEPI representa una herramienta imprescindible de colaboración público privada para afrontar los desafíos de nuestro tiempo y ha defendido la vuelta del Estado a Telefónica con un 10%, “una inversión que ya se ha revalorizado, que sigue siendo un activo propiedad de todos los españoles”, da “protección” y “evita una opa hostil de inversores o de intereses particulares que puedan poner en peligro una empresa sistémica para nuestra seguridad nacional”.

Gualda ha defendido que SEPI opera “respetando siempre la gobernanza y las reglas de mercado” y “con criterios de interés público”. En sus participaciones mayoritarias en 14 empresas públicas (de Correos a Navantia o la Agencia EFE), entre otras, “tiene el papel determinante” de fijar la estrategia en unas sociedades que en 2024 tuvieron una cifra de negocios de 6.355 millones, un 36,4% más que en 2020, y cuentan con más de 87.000 empleados, tras un “trabajo de salto de escala y de reconversión industrial” en los últimos años.

En las 11 empresas en las que SEPI tiene participaciones minoritarias (Telefónica, Indra, Airbus o Redeia, entre otras), presentes en ámbitos “de especial relevancia estratégica”, el valor de esa cartera se ha “duplicado” desde 2020, hasta 13.400 millones. Esas empresas, ha subrayado, tienen una cifra de negocios de 155.000 millones, un 125% más que en 2020, 300.000 empleados, “en un contexto marcado por sucesivas crisis”, y han aportado a la SEPI 1.406 millones en dividendos en estos años.

En Navantia, que Gualda presidía antes de ser nombrada presidenta de la SEPI, “me encontré con un agujero de 1.500 millones” y “ha duplicado sus ingresos anuales” en cinco años, con un equilibro financiero “muy cercano” después de “muchos años en pérdidas”. En Correos, “hemos conseguido después de diez años de pérdidas, reconducir la reconversión” y lograr su “equilibrio financiero” “con un proyecto estratégico que ha apoyado SEPI” para convertir sus oficinas en “ventanillas” del Estado para los ciudadanos.