Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, y su responsable de Políticas Climáticas, Ismael Morales, han escrito al alimón Manual de Independencia Energética. El camino hacia la transición ecosocial (Ed. Catarata), presentado a finales de junio por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (de la que Ferrando fue asesor en su proceso de “escucha”), y el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

Ambos atendieron a elDiario.es por videoconferencia en una entrevista realizada antes de la prórroga de la central nuclear de Almaraz y actualizada por vía telefónica tras la decisión del Gobierno de alargar la vida de la planta extremeña hasta 2030.

¿Qué supone prorrogar Almaraz?

Fernando Ferrando: Es un cambio en el relato del Gobierno sin que exista ninguna razón técnica que recomiende su continuidad. La publicación [de la orden ministerial] un viernes 14 de agosto es el indicio más claro de que las razones no son transparentes. Supone 14TWh menos de renovables a partir de 2029 o 7 a partir de 2028. Las inversiones, principalmente en fotovoltaica, van a sufrir más precios deprimidos.

¿El PNIEC [Plan Nacional Integrado de Energía y Clima] queda en papel mojado?

Ismael Morales: Queda totalmente invalidado. Afecta a cada uno de sus objetivos. A la mayoría los lastrará. Obliga a invalidar la hoja de ruta que regía las planificaciones y estrategias de inversión y políticas públicas en la transición energética. El riesgo de que el efecto dominó se propague puede suponer un alto riesgo para este PNIEC y su actualización en 2028 de cara a la década de 2040. Dar bandazos en una hoja de ruta energética cuyos objetivos son vinculantes a través de la Ley de Cambio Climático no dota a España de la seguridad regulatoria y estratégica que requiere un cambio de tal calado. No se pueden cambiar las reglas de juego a mitad de la partida.

Tras la expansión de los últimos años en España, se ha enfriado la euforia. Las eléctricas están apostando por la distribución, frenan inversiones en renovables y las venden. ¿La prórroga va en esa línea?

(I. M.): Ya advertimos de que la extensión bloqueará la instalación de nueva fotovoltaica, principalmente en Extremadura. El PNIEC está atado a cumplir el desmantelamiento. La base del modelo era cerrar las centrales en el plazo fijado. El almacenamiento está por llegar y la flexibilidad también. El PNIEC puede tener sus desvíos, pero para cumplirlo, el cierre debía ser realidad. La permanencia de Almaraz será un freno total a nuevas instalaciones de renovables y almacenamiento.

(F. F.): Controlar las redes, ser una empresa integrada, provoca que marquen la velocidad de la transición. Los tiempos no los marca la ley, sino las distribuidoras. Tienen un mes para contestar sobre la conexión de una planta de hibridación o almacenamiento y pueden tardar cinco o seis meses. O decir que se modifique toda la subestación. Se les ha cedido la decisión para modificar muchas cosas. Podríamos extenderlo a los puntos de recarga de vehículos eléctricos. Se les ha dado la llave total. Controlan la liberalización, la comercialización, la generación y la distribución. Y el resto, a remar. La velocidad de crucero es la que es.

Hay un punto alucinante en la llamada operación reforzada [colchón extra de seguridad que REE aplica desde el apagón, con más gas]: los ciclos combinados, en vez de entrar en el programa diario, no se ofertan para entrar en restricciones. De cobrar 40 euros de media a 250-300 euros [por MW/hora producido]. Una empresa está obligada ante sus accionistas a obtener beneficios, y el Estado y sus instituciones, a exigir que se cumpla la ley. El Estado debe ser fuerte y los trabajadores, las organizaciones de consumidores, estar presentes. Estamos en manos de quien quiere controlar la velocidad del cambio, aunque algo hemos ganado, y en esto somos positivos: eléctricas y petroleras tienen muy claro que el futuro es renovable. Aunque el tiempo lo controlen ellas y haya cosas como el llamado petróleo verde, el greenwashing más descarado del mundo.

Dicen en su libro que la transición energética se ha convertido en un negocio gestionado por intereses privados y abogan porque el Estado dé un paso adelante.

(F. F.): Se ha visto como un negocio porque solo se ha enfocado por la parte de la oferta, obviando a consumidores, trabajadores y sociedad. El objetivo era mercantilizar la transición energética. Si analizamos los resultados, se ha quedado corta e incluso ha fracasado. Las inversiones en renovables están pasando un problema, no hay demanda. No hay electrificación. Los que invirtieron en fotovoltaica están en default. Hemos perdido el concepto de que era para toda la sociedad y requería darle el carácter público, apostar por el Estado.

¿Cómo se articula esa mayor presencia del Estado?

(F. F.) Ampliando su función. Ahora solo es regulador y en algunos casos controlador, a través de instituciones independientes. Debe asumir un papel inversor, de emprendedor. El último decreto de Planes de Infraestructuras Eléctricas promete aumentar hasta 17.400 millones las inversiones en redes, un monopolio natural, pero privado. Si las distribuidoras no quieren invertir porque ven que la rentabilidad no les satisface, es una función que debe asumir el Estado. Y no es normal que la tarifa para vulnerables, el PVPC, esté adscrita a las distribuidoras, que controlan el mercado liberalizado. Reclamamos esa prestación del Estado emprendedor, planificador, inversor y prestador de servicios. Volver a hacer Estado es girar la transición energética hacia una transición ecosocial, de todo el mundo.

Empresas como Iberdrola presionan para ir en otra dirección con la red de alta tensión y que deje de ser monopolio de Red Eléctrica. ¿Qué implicaría?

(F. F.) El transporte está unido al operador del sistema. Si lo haces privado, limitas su capacidad. Nosotros apoyamos que incluya almacenamiento, el bombeo. Hay instalaciones que no son para generar electricidad, sino para gestionar el sistema. Iberdrola lo pide para incrementar su negocio regulado. Endesa cerró el semestre con un 41% más de beneficio gracias a la distribución. Esto es un bien esencial y estratégico. Quien saca negocio no es quien tiene que decidir la velocidad. Iberdrola dice: quiero crecer, me va muy bien con la distribución. Quiero que el transporte también se considere una red dentro de mi potencial. Acaba de comprar una compañía en Finlandia. Es curioso cómo las eléctricas han pasado de querer escindir las redes, como intentó Naturgy, a ver que es su suelo más importante. Es un negocio sin riesgo, seguro y regulado por el Estado, porque no es de mercado, se paga por rentabilidad de inversión.

En ese papel del Estado, ¿se está perdiendo una oportunidad con las concesiones hidroeléctricas que caducan y cuesta mucho que reviertan al Estado?

(F. F.) Hay problemas de reversión porque las confederaciones no asumen su papel. Pero hablamos de peanuts, es una forma de desviar el tiro. Es una potencia ridícula, hasta 2030 estábamos por debajo de 1.000 MW. Es curioso. En los 90 se automatizaron la mayoría de concesiones y se les dio 75 años más. Hay centrales revertirán al Estado con más de 150 años, cuando la ley marca 75. Por eso la mayoría acaba en los años 60 de este siglo. Cuando se automatizaron, despidieron a la gente y les ampliaron la concesión. Fue el mejor negocio del mundo. Lo hicieron el PSOE y el PP. En estas cosas no hay ideologías.

Se intentó culpar a las renovables del gran apagón. ¿Ha sido un impulso o un freno a la transición? ¿Qué lecciones extraer?

(F. F.) Ha sido un impulso regulatorio. Han cambiado cosas muy importantes que se habían dejado. El miedo que introdujo en la gestionabilidad del sistema lo ha aprovechado quien más poder tenía: el discurso de Almaraz, que ni estuvo ni se le esperaba durante el apagón; el de los ciclos [de gas]; de que esto hay que hacerlo a velocidad segura... El último dislate son los prejuicios de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con la gravedad de los expedientes por el apagón. Faltaba uno a la propia CNMC, uno de los frenos más importantes del control de tensión como regulador con el famoso procedimiento 7.4, que ha tardado cinco años en aprobar cuando en muchos países las renovables participaban en ese servicio. Si hubiera estado, seguramente no se hubiera producido el apagón. Ha salido reforzado el sector eléctrico tradicional, porque tiene los medios y el dinero para contar una película.

(I. M.) Tecnológica y regulatoriamente hemos avanzado. Los inversores que estaban instalados podían ofrecer grid forming [tecnología de control de tensión en plantas de renovables]; solo necesitaban una actualización de software. La digitalización ya estaba en las plantas. Solo faltaba el procedimiento operativo. La regulación energética de España avanza con las crisis. Lo comprobamos con el apagón o la invasión de Ucrania. Está esa doble vertiente, la buena y la mala noticia. Socialmente, se ha instalado ese miedo a más renovables. Incluso el debate de liberalizar el operador de transporte es una ventaja que el sector privado ha obtenido. Por suerte las renovables están mucho más aceptadas a nivel social. Se da la paradoja de que el apagón elevó la oposición a ellas, pero la crisis energética de Ormuz le ha dado la vuelta. Gracias al apagón estamos empezando a hibridar, sacando normativas de control de tensión que no estaban o estaban en un cajón.

En los últimos años, en España se han multiplicado los conflictos por la ubicación de macroplantas de renovables. ¿Cómo compatibilizar una implantación rápida, proteger la biodiversidad y conseguir la aceptación social?

(I. M.) Lo venimos diciendo desde 2020: escuchar y aceptar las demandas del territorio. Hay una mochila de todo lo mal que se ha hecho. Antes de diseñar el proyecto hay que preguntar a la gente, saber sus intereses, qué beneficios pueden obtener y si quieren o no la planta. Está pasando en Catalunya con el PLATER (Plan territorial sectorial para la generación eléctrica eólica y fotovoltaica, líneas de evacuación y almacenamiento). Han fijado objetivos de renovables para cada municipio sin preguntar. Y está levantando ampollas. Siempre hemos defendido esa comunicación temprana y adaptada, que no puede ser digital si es un pueblo de 60 personas con una edad media de 60 años.

En Fundación Renovables lo estamos haciendo con Red Eléctrica, con una metodología de diseño de redes. No es solo comunicar, es escuchar y una vez tenemos el diseño del parque, si hay que hacer modificaciones por requerimientos de los vecinos y no supone una inversión extra demasiado grande, se hacen. La aceptación social para 20-25 años será mayor. También contratar equipos, personal laboral de la zona, arraiga mucho en el territorio. Hay proyectos que lo están haciendo, pero necesitamos que el ejemplo se extienda.

(F. F.) El año pasado se hicieron 9.000 MW fotovoltaicos. Los que podríamos llamar mala praxis son muy pocos. Es más noticia uno que la realidad. En Galicia están venciendo la mayoría de contratos para repotenciar los primeros parques eólicos. Se está renegociando todo y la gente de los pueblos ha aprendido estos 25 años. La inmensa mayoría de las renovables se ha hecho bien. Ha habido especuladores que todos conocemos, incluso están judicializados, en Castilla y León, Aragón con Forestalia, el plan eólico de Valencia… suele pasar en todos los sectores. Ni las renovables ni la superficie disponible para instalarlas son escasas. Lo es el acceso a la red. En un pueblo con dos pequeñas fotovoltaicas, al propietario del terreno al que le ha tocado una le han dado diez veces más renta que haciendo cereal de secano, que se está pagando a 1.200 euros por hectárea cuando con la PAC en algunos años no llegan a cubrir ni gastos. El resto del pueblo no se beneficia. Y nadie podrá hacer otra planta.

Hablar con la gente, comunicarlo, es también redistribuir las rentas. Tenemos que aprender qué se ha hecho bien, corregir qué se ha hecho mal y redistribuir. Si la gente ve beneficio y que saca producto… Siempre pongo el caso de Matarraña de Teruel, una zona muy bonita. Ahí están contra la eólica y a favor del desarrollo porcino. Una cooperativa [agropecuaria], Arcoiris, asume el 40% del empleo de la zona, aparte del turismo. Las renovables se tienen que integrar en el territorio. No que venga un tío de Madrid, Zaragoza o A Coruña y dé una renta al que le ha tocado en suerte la planta. Es un desarrollo global y es importante que participemos todos.

(I. M.) La evaluación ambiental funciona. Entre 2024 y 2026, el 50% de los parques eólicos se tiraron por la evaluación ambiental. Las malas prácticas son mínimas. Con una regulación de beneficios de licencia social, no haría falta un sello de excelencia de renovables al que mejor lo haga. Hay que elevar el umbral mínimo. Una regulación exigente que haga obligatoria la licencia social, la redistribución de rentas, de beneficios al territorio.

La extrema derecha ha convertido la agenda climática en campo de batalla política. Está pasando en los pactos de gobierno de Vox y PP. ¿Las fuerzas progresistas han fallado al explicar que las renovables, además de una política ambiental, son una política de redistribución y soberanía económica?

(F. F.) Yolanda Díaz dice: “Dato mata relato”. No. Ha cambiado. Ahora el relato mata al dato. Puede salir el presidente de Gobierno, dar los datos de crecimiento económico, pero sigue siendo el mismo perro. Los datos ya no valen. La confrontación pesa más que la realidad. Dos meses antes de nuestro libro salió El ecologista de derechas (con prólogo de José María Aznar). Tecnológicamente, estamos de acuerdo en muchas cosas, aunque seguramente no en cómo llevarlo a cabo. Puedes apostar por el mercado, el neoliberalismo. Yo, por el papel del Estado. Pero algo hemos avanzado. Hablo de gente civilizada. Derecha, izquierda. No extremismos con otro objetivo. Si hablamos de la aplicación de los ETS [sistema de comercio de emisiones], a lo mejor no estamos de acuerdo en el destino de lo recaudado. Es un gran avance en positivo. Ya no es carbón o renovables. La diferencia fundamental es cómo lo llevamos a cabo y a qué velocidad.

Después del 23, tuvimos alguna reunión con alguno de Vox y estaba a favor de las renovables. Luego han cambiado: se trata de disminuir la capacidad del Estado, que hace todo mal. Existen fallos de mercado, pero pensar que estamos en un Estado fallido sin haberle dado ninguna oportunidad… Tenemos que repensar las cosas. Los culpables de los incendios son los ecologistas que dicen que no dejan limpiar los bosques. Lees lo que dice Greenpeace, Amigos de la Tierra y cualquiera que estamos en esto y es absolutamente todo lo contrario.

(I. M.) Una de las principales premisas del libro es que no se ha socializado la lucha contra el cambio climático. La ciudadanía no sabe que puede formar parte. A los consumidores prácticamente se les ha abandonado. Se puede generar otro relato que venza a todos esos bulos y falsedades sobre las renovables.

Recoletas, uno de los principales grupos regionales de sanidad privada en España, líder en Castilla y León y en expansión en Galicia o Andalucía, es una de las empresas del sector que inspeccionó en noviembre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por posibles abusos y acuerdos irregulares.

La Audiencia Nacional ha rechazado una petición de esta empresa de paralizar cautelarmente el proceso e impedir que la CNMC utilice la información recopilada por sus inspectores en los registros que, según un auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo al que ha tenido acceso elDiario.es, realizó el organismo en la sede de Recoletas en Valladolid entre los pasados 18 y 21 de noviembre.

La empresa alegaba que esa inspección fue irregular y “que, una vez incoado el expediente sancionador, se suspenda su tramitación”, recoge el auto. Alegaba que la pesquisa le causa graves pérdidas económicas y reputacionales, pese a que el organismo no identificó las empresas investigadas ni consta la apertura de expediente alguno por ahora.

Para pedir esa suspensión cautelar, Recoletas recurrió la orden de inspección de la CNMC de 7 de noviembre de 2025 (en el marco de la información reservada S/0019/25), la actuación inspectora y la negativa del personal del organismo a entregar el auto judicial de un juzgado-administrativo autorizando el registro. La empresa arguyó falta de competencia de la CNMC para llevar a cabo la investigación y entendía vulnerados sus derechos fundamentales, con “un perjuicio irreparable” para sus intereses.

Alegó que “en el plano reputacional, la eventual incoación de un expediente sancionador y la publicidad que la CNMC le otorga a ello –además del eco que le dan los medios de comunicación– comporta un daño particularmente intenso y difícilmente reversible para una organización sanitaria en su relación con aseguradoras y Administraciones públicas”.

Además, expuso que “ese deterioro reputacional tiene efectos multiplicadores: puede generar revisiones contractuales o exigencias de garantías adicionales, y condicionar, en el ámbito de la contratación pública sanitaria, la valoración de solvencia y fiabilidad del operador en procedimientos de licitación y renovación de conciertos y convenios”.

La Sala señala que esos costes económicos y reputacionales “no pueden ser el fundamento de la concesión de la medida cautelar”, al ser “inherentes a toda orden de inspección y de investigación dictada por la Dirección de Competencia de la CNMC”. “En todos los casos en que se dictaran tales órdenes habría que conceder medidas cautelares como las que aquí se solicitan, haciendo ineficaz la actuación de la CNMC realizada para preservar la competencia”, razona.

En el top 10

Recoletas, con la que elDiario.es contactó sin obtener respuesta, está entre las diez principales empresas del sector en España. El Observatorio del Sector Sanitario 2026, publicado en mayo por su patronal, IDIS (de la que es patrono el grupo), situaba a la empresa en décima posición por número de camas “no benéficas” (vinculadas, por ejemplo, a órdenes religiosas) entre los hospitales privados en 2024, con 439 unidades y una cuota del 1,6% (por delante de la canaria Hospiten), y un total de ocho hospitales.

Esta cifra ha quedado desactualizada y el grupo, que ha protagonizado varias compras en los últimos años, tiene ya más de una decena de hospitales en funcionamiento. En Castilla y León tiene siete (en Valladolid, Burgos, Segovia, Palencia y Ponferrada), a los que sumará próximamente el que construye en Salamanca.

También proyecta desde hace años otro en Aranda de Duero. Y cuenta con hospitales en Cuenca, en Orense (donde compró el grupo Cosaga en 2022) y en Marbella, inaugurado a finales del año pasado. En Palma gestiona la Policlínica de Miramar. Además, tiene una veintena de centros médicos y una docena de centros de diagnóstico por imagen, clínicas de medicina reproductiva e institutos y unidades especializadas, según su web.

En Andalucía se está expandiendo tras incorporar a su red el Grupo Médico Doctor López Cano de Cádiz en julio de 2024. En 2023 fue uno de los adjudicatarios del acuerdo marco para el servicio de asistencia “complementaria” del servicio andaluz de salud (SAS) para derivar operaciones quirúrgicas a clínicas privadas y reducir listas de espera, un megacontrato con un valor estimado en 533 millones de euros, copado por otros grupos como Quirón, Vithas, HLA u Hospitales Pascual, entre otros.

La anterior edición de ese informe de IDIS cifraba la facturación de Recoletas en 113 millones anuales, a partir de datos de la consultora DBK. El grupo (de los pocos que quedan de capital familiar en España) no aporta cifras de facturación ni consolida sus cuentas en una cabecera que dé idea de su verdadera dimensión.

Está a años luz de Quirónsalud, líder del sector en España (la filial del gigante alemán Fresenius facturó en 2025 unos 5.400 millones y tiene medio centenar de hospitales), y lejos de los siguientes en el ranking: Ribera Salud (unos 900 millones) y HM Hospitales y Vithas, que rondan los 800 millones. Pero es un actor relevante en un mercado muy atomizado, con buenas perspectivas de crecimiento y que, según Fresenius, movió 22.500 millones en 2024.

Recoletas se fundó en 1989 cuando su fundador, presidente y propietario, Amando Rodríguez, dejó el Banco de Bilbao, del que era directivo, para montar con varios socios el primer centro de resonancia magnética y TAC en Valladolid, en un local en la calle Recoletas, en el centro de la capital pucelana. De ahí el nombre de la compañía.

El grupo se incorporó a CEOE en 2021. Su principal sociedad, Grupo Hospitalario Recoletas, cerró 2024 con activos de 331 millones, según sus últimas cuentas disponibles, accesibles a través de Insight View. Esta cifra haría merecedor a su propietario de entrar en las tradicionales listas de ricos españoles, en las que nunca ha figurado, aunque ha sido señalado en alguna ocasión entre las familias más poderosas del país.

Rodríguez, que en alguna de sus escasas intervenciones públicas ha presumido de correr “delante de los grises” en su etapa universitaria en Bilbao, se prodiga poco en medios. Hace un par de años, en la que según dijo era su primera entrevista en televisión, contó al veterano periodista Manuel Campo Vidal que había recibido “muchas” ofertas por su “pequeño grupo”, que tenía entonces ya más de 3.000 empleados, y aseguró que “los fondos de inversión no debieran de pintar nada en la sanidad” porque “la contaminación que producen, perseguir sin denuedo el resultado para poder dar un pase y obtener dinero, a mí me parece que no es lo que se merece la sociedad ni los empleados que trabajan en esas empresas”.

El empresario aceptó en 2009 la oferta de uno de esos fondos, la extinta firma de capital riesgo Mercapital (no la nombró en esa entrevista), para desarrollar su negocio de diagnóstico por imagen, pero la experiencia “salió mal porque el fondo perseguía el dinero. Nosotros perseguimos ser útiles”. Rodríguez ha declarado que hace años exploró “de la mano de la Xunta” de Galicia su desembarco en Latinoamérica, pero no fructificó. Ha afirmado que los ingresos del sector público no llegan “a la mitad” del total del grupo.

Según Rodríguez, en su empresa son “colaboradores fieles” de la sanidad pública. “Entre el Sacyl [la sanidad de Castilla y León] y Recoletas tenemos que solucionar los problemas de salud de la comunidad”. Un ejemplo, el “maravilloso” acuerdo firmado en pandemia para dar apoyo a la sanidad pública “sin hacer ruido”.

Hace unos meses, la Fiscalía de Ourense denunció al grupo por presunta estafa y falsedad documental al cobrar supuestamente facturas infladas al Sergas (Servicio Gallego de Salud), simulando sedaciones completas en lugar de anestesia local. A finales de 2025 el Sacyl admitió que investiga a 15 médicos del hospital público de Burgos por incompatibilidad con su trabajo en centros de Recoletas.

La CNMC inició en la primavera de 2023 un estudio sobre las condiciones de competencia en el seguro de asistencia sanitaria en España. El pasado 27 de noviembre el organismo que desde julio preside Juan José Ganuza anunció que “investiga posibles prácticas anticompetitivas en el sector de la asistencia sanitaria privada y la consultoría sanitaria”.

“Se investiga la existencia de posibles acuerdos o prácticas concertadas entre empresas que operan en estos ámbitos, así como un posible abuso de posición dominante por parte de algunas de las empresas dedicadas a la prestación de asistencia sanitaria privada”, indicó.

De confirmarse, estas prácticas podrían constituir una infracción de los artículos 1.1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC), que prohíben los acuerdos o recomendaciones dirigidos a “impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional” y los abusos de posición dominante.

Estas inspecciones, recalcó el organismo, son un paso previo al posible inicio de un expediente sancionador y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas inspeccionadas. Los acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave de la LDC, con multas de hasta el 10% del volumen de negocio total de las infractoras en el ejercicio anterior al de imposición de la sanción.

En marzo de 2025, la CNMC anunció un expediente sancionador a Sanitas, una de las principales compañías del sector en España, y a la aseguradora Generali por supuestas prácticas anticompetitivas, relacionadas con un acuerdo firmado en octubre de 2022 por el que el grupo de sanidad privada asumió la gestión de los servicios asistenciales de los clientes de la aseguradora y su pago a los centros hospitalarios.

Fue el primer expediente sancionador incoado por el organismo (creado en 2013) a este sector, que ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años. En 2025, se superaron por primera vez los 14 millones de clientes con seguros de salud en España. Entre enero y junio fue el segmento que más creció (un 6,9%), según los últimos datos de la asociación Icea.

Vapat, el mayor grupo independiente de energía eólica en España, se ha lanzado al emergente negocio de los centros de datos con un macroproyecto en el pequeño municipio de Torrelobatón (Valladolid) que ha puesto en guardia a una plataforma vecinal por su impacto ambiental.

Con sede en Madrid, pero muy vinculado a Castilla y León, Vapat, del discreto multimillonario Rafael González-Vallinas (León, 1947), cerró el pasado ejercicio con 541 megavatios (MW) eólicos instalados, inaugurados entre 2007 y 2025 y ubicados en once parques en Valladolid, Burgos y Palencia. La empresa está al filo del Top 10 en España junto a gigantes como la noruega Statkraft o China Three Gorges Corporation, según datos de la Asociación Eólica Española (AEE).

Vapat, cuyo nombre remite a los apellidos del fundador, ya casi octogenario, y su esposa, María Pato, tiene en cartera hibridaciones solares en próxima construcción (2026-2027) por 300 MW y proyectos renovables en desarrollo (horizonte temporal 2026-2031) por otros 2.500 MW, según su web.

El grupo, que no ha atendido a elDiario.es, creó en febrero dos sociedades para desarrollar centros de datos. Con DC Mudarra plantea construir uno diseñado para alcanzar una potencia máxima de 160 MW en ese municipio vallisoletano de menos de 400 habitantes en la comarca de los Montes Torozos. Muy cerca de allí Vapat tiene los parques eólicos San Lorenzo, con unos 89 MW.

Hace unos días El Confidencial se hizo eco del “importante proyecto de 1.600 millones” de DC Mudarra sin mencionar que detrás está Vapat, con Begoña Villacís, consejera delegada de la patronal del sector de data centers, Spain DC, vendiendo sus bondades.

“Castilla y León está empezando a despertar ahora y puede ser un lugar muy interesante por su proximidad a Madrid”. “Estas instalaciones son una gran oportunidad de desarrollo para la España vaciada”, explicó la ex vicealcaldesa de Madrid.

El proyecto está en fase de evaluación de impacto ambiental, tras salir a exposición pública a finales de julio. El plazo de alegaciones ante la Junta de Castilla y León está abierto hasta el 2 de septiembre.

El alcalde de Torrelobatón, Alfredo Luengo, indicó hace unos días en La Tribuna de Valladolid que la promotora aún no le ha presentado sus planes. “Aquí no ha llegado el proyecto y no podemos decir nada porque no sabemos nada”. “Yo estoy a favor de lo que digan los técnicos”, afirmó. Luengo llegó a la alcaldía en las listas de Ciudadanos, el partido de Villacís, hoy extraparlamentario.

Una campaña de recogida de firmas incide especialmente en la huella hídrica del proyecto, que ocuparía entre 117 y 250 hectáreas de superficie. “La preocupación aumenta al comprobar que esta infraestructura se plantea en una zona donde ya existen proyectos para la instalación de plantas de producción de hidrógeno con una elevada demanda de agua y donde la Confederación Hidrográfica del Duero viene advirtiendo desde hace años de descensos significativos en los niveles de la masa de agua subterránea Aluvial del Duero”, exponen.

Alegaciones de una plataforma vecinal denuncian el “efecto tapón” que, aseguran, produciría el sellado del suelo al alterar la recarga de los acuíferos de Páramo de Torozos. Argumentan que afectaría al suministro de agua potable en municipios de Zamora (como Toro), poniendo “en riesgo” las Lagunas de Villafáfila, y que vulnera la Directiva Marco del Agua de la UE y el Convenio de Albufeira, al alterar la cuenca del Duero sin una Evaluación de Impacto Ambiental Transfronteriza.

Afirman también que oculta bajo la etiqueta de “infraestructura digital” la instalación de hasta 96 grupos electrógenos de emergencia, que sumarían una potencia térmica de 786,82 MW y requerirían almacenar 3.845 metros cúbicos de combustible diésel, con el consiguiente riesgo de contaminación atmosférica y acústica. O que, al ser una infraestructura altamente automatizada, el empleo neto para los residentes de Torrelobatón será insignificante, destruyendo a cambio suelo agrícola y el patrimonio ecoturístico local.

Una fortuna de 810 millones

El sigiloso dueño de Vapat, con intereses también en inmobiliario o ganadería, es una de las mayores fortunas de España, pese a ser semidesconocido para el gran público. El último ranking de El Mundo le situó en el puesto 97 de la lista de mayores patrimonios del país, con 810 millones. Entró al Top 100 en 2024. Un año después llegó al puesto 86, por delante de multimillonarios tan conocidos como Alberto Cortina (accionista de ACS o Ence).

Su holding, al que están vinculados sus cinco hijos, cerró 2025 con activos de 790 millones, una cifra de negocios de 83,8 millones, un resultado de 24,23 millones y 33 empleados, según sus últimas cuentas consolidadas, disponibles a través de Insight View.

Con medio siglo de trayectoria empresarial, durante 30 años González-Vallinas se inició en el comercio de cereales y materias primas o la logística, construyó piscifactorías y una fábrica de piensos para mascotas. En 1998 vendió su empresa Ipes Ibérica a la estadounidense Doane Pet Care, por unos 25 millones. Luego dio el salto a las renovables en su tierra natal.

Sus parques eólicos San Cebrián y Cerrato (Palencia) destacan por haber incorporado los primeros aerogeneradores Vestas de 4,5 MW en Europa. Vapat fue noticia tras denunciar ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a BBVA, Santander, Sabadell y CaixaBank por pactar el precio de los derivados que les contrató. El proceso llegó a la Audiencia Nacional, que en enero de 2024 anuló la multa de 91 millones impuesta a las entidades en 2018 por la CNMC al no encontrar una infracción única y continuada entre 2006 y 2016, aunque sí dio por acreditadas las “conductas colusorias” contra Vapat.

Su irrupción en el negocio de los centros de datos sigue la estela de la fotovoltaica Solaria, compañía del Ibex 35 que ha entrado de lleno en este mercado a través de su filial Solaria Data Center, aprovechando sus terrenos, subestaciones, líneas de alta tensión y fibra óptica para suministrar energía limpia y barata a gran escala a estas infraestructuras, claves para el despliegue de la inteligencia artificial. Varios estudios advierten de su impacto ambiental o en los precios de la vivienda y la luz.

En la trayectoria de Vapat ha habido sombras. José María González Vélez, histórico de las renovables (ex presidente de la patronal APPA), ha asegurado en varias ocasiones que la Junta le pidió que cediera a este empresario parques eólicos en Valladolid (en concreto, en los Montes Torozos) para poder tenerlos en León. Lo hizo primero en El País, lo que le valió una condena por vulnerar el derecho al honor de González-Vallinas que fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según fuentes conocedoras del caso.

Sin embargo, González Vélez se reafirmó posteriormente. Lo aseguró en 2021, en una comparecencia por la denominada Trama Eólica en la comisión de investigación de las Cortes de Castilla y León. “Me dijeron que si quería tener parques en Sahagún tenía que ceder los Torozos, y así lo hice”. “Una vez que hicimos y firmamos el documento aquel, que se firmó en la oficina mía en Madrid, con el señor González-Vallinas, pues yo creo que a los dos meses ya estaban las autorizaciones de los parques hechas, y ya se procedió a seguir con sus trámites”, declaró.

“Creo que tenía una... una cosa de truchas, de alimentos para truchas. Era lo único que yo sabía de él, pero físicamente yo no lo había visto nunca ni yo le conocía de nada como para cederle, efectivamente, los derechos o los trabajos hechos para una serie de parques. No se los hubiera cedido nunca”.

En su declaración como testigo en el juicio el pasado noviembre, el expresidente de APPA se reafirmó, según recogió la agencia Ical. Apuntó que quien le instó a ceder gratis a este empresario la mitad de sus proyectos, que en total sumaban 730 MW, fue el entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, fallecido en 2017 por “causas naturales” al comenzar las pesquisas y poco antes de su declaración como imputado, tras conocerse que tenía 83 cuentas en Suiza.

A principios de este año quedó visto para sentencia el juicio de la Trama Eólica, supuestas mordidas de cerca de 80 millones para ex altos cargos de la Junta y empresarios de esta región que el PP gobierna desde hace 39 años. Los González-Vallinas no están entre los procesados por este caso de corrupción, el más grave del gobierno autonómico junto con el de Perla Negra, con el que comparte acusados, y cuya instrucción se prolongó diez años.

Un dividendo millonario que no está claro si se repartió; domicilios sociales contradictorios o que varían sin explicación de un año a otro; beneficios corregidos a posteriori por un pago a Hacienda fuera de plazo; o una empresa de alquiler turístico que dice arrendar locales industriales. Son algunas incoherencias de las cuentas de las sociedades de Alberto González Amador en los últimos años.

2025 no ha sido una excepción. La principal consultora sanitaria de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Maxwell Cremona, recoge en sus últimas cuentas el pago de un dividendo “con cargo a reservas por importe de 1.225.000,00 euros”, igual que en 2024, pero no está claro si ese reparto se llevó a cabo.

Podría tratarse de un error, ya que las reservas de la empresa se situaron en 2025 en 596.500 euros, que equivalen a la suma de las que tenía a cierre de 2024 (499.904) y los beneficios de ese ejercicio. Así que algo no cuadra en esas cuentas.

No es la única incoherencia. Masterman & Whitaker, relacionada con el presunto soborno de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid al ejecutivo de Quirón Fernando Camino que está siendo investigado por un juzgado de Madrid, afirma por su parte en sus últimas cuentas —también de 2025 y recién remitidas al Registro Mercantil— que “el domicilio social de la empresa es: Paseo de la Castellana, 157”. Sería una sorprendente vuelta a sus orígenes.

En esa vivienda tuvo su domicilio esta sociedad, entonces llamada Círculo Belleza SL, desde que en 2016 se trasladó de un pueblecito de León (La Pola de Gordón) hasta la capital. En ese inmueble en la principal arteria madrileña tenía su sede cuando a finales de 2020 González Amador se la compró a la esposa de Camino por medio millón de euros, tras ingresar dos millones por intermediar en la venta de mascarillas. Ese pelotazo lo propició la compañía gallega Mape, empresa administrada por su jefe, el presidente de Quirón Prevención.

Masterman encadena ya dos ejercicios con su facturación a cero, en paralelo a la lenta investigación judicial de esa extraña operación, y pese a que su dueño aseguró en su momento que tenía grandes expectativas puestas en ella.

En noviembre de 2022, durante la inspección que le va a llevar al banquillo por sus presuntos delitos fiscales, González Amador aseguró a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) que esta empresa era “una apuesta” para un proyecto de “covid seguro” por su privilegiado acceso a la red de farmacias y los acuerdos “muy atractivos” que tenía con Quirón y Mape, explicaciones que no se creyó la inspección.

La AEAT calificó Masterman de pantalla o “sociedad interpuesta” para defraudar a Hacienda con los encargos que Quirón, principal pagador de González Amador hace años, le hizo a partir de 2021. No los podía asumir, como advirtieron primero Hacienda y luego la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, porque no tenía empleados ni medios materiales para prestar esos servicios.

Con esos encargos, los ingresos de Masterman empezaron a multiplicarse en 2021 gracias a Quirón hasta los 327.320 euros, según sus cuentas de ese año, que también contenían información errónea: decía dedicarse aún al comercio mayorista de “perfumería” o droguería y afirmaba que nada había cambiado desde que se creó en 2008, “no habiendo modificado su denominación social desde su constitución, ni la naturaleza de sus actividades”.

No era cierto: su actividad ya era otra y la habían rebautizado como Masterman & Whitaker Medical Supplies And Health Process Engineering SL. El contacto que figuraba en esas cuentas era un correo electrónico de su anterior propietaria y administradora, Gloria Carrasco, la esposa de Fernando Camino.

El nombre de la farmacéutica de León también figuraba como titular en las facturas de al menos 6.500 euros por el renting de un BMW que Masterman presentó a la AEAT durante la inspección, y correspondientes al ejercicio 2021. Según Quirón, fue otro error, ya que “solo es la referencia de la factura del antiguo usuario” y el vehículo estaba al servicio de González Amador, no de la esposa de uno de sus principales directivos.

Del Bernabéu a Atocha

Inicialmente, la pareja de Ayuso fijó el domicilio de Masterman en el que tenía Maxwell Cremona, un piso en la calle General Perón, cerca del estadio Santiago Bernabéu y el distrito de Azca. Luego lo trasladó a la cercana Avenida de Brasil. En sus últimas cuentas, Masterman dice una cosa y la contraria sobre ese domicilio.

Por un lado, menciona ese piso en la Castellana, que hasta enero pertenecía a la inmobiliaria Colonial, según el Registro de la Propiedad. Pero en varios formularios el mismo documento indica que su sede es otra, en la calle Comercio de Madrid, cerca de la estación de Atocha.

Probablemente, esta sea la información correcta, ya que la otra consultora de González Amador, Maxwell Cremona, notificó su mudanza allí al Registro Mercantil en octubre de 2024. Sin embargo, ese año sus cuentas (otra incoherencia más) incluían también su otro domicilio en General Perón, no muy lejos del piso en Chamberí en el que el empresario y comisionista ha vivido en los últimos años junto a Ayuso, que ahora ha puesto en venta junto al ático en la planta superior.

González Amador escrituró la compra de ese inmueble, por el que venía pagando un alquiler de 5.000 euros al mes, a finales del año pasado, días antes de lamentar en el Tribunal Supremo que le habían “destrozado la vida” y presentarse como víctima de una operación del Estado: “O me voy de España o me suicido”, dijo. En Chamberí, está también el famoso ático comprado en abril por 6,3 millones por el Gobierno regional.

No hay constancia de un cambio del domicilio social de Masterman en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Cabe recordar que las empresas están obligadas a presentar una declaración censal de modificación (modelo 036), “adjuntando la correspondiente modificación inscrita en el Registro Mercantil”, recuerda la AEAT.

Socio de aventuras

Según información del Registro de la Propiedad, la nueva sede cerca de Atocha de las consultoras sanitarias de González Amador es una vivienda que compró en marzo de 2021 César Nieto, colaborador de Maxwell Cremona y su compañero de aventuras empresariales hace años.

Nieto, que en 2017 heredó varios inmuebles en la misma finca, dirigió la empresa panameña que administró la pareja de Ayuso junto a Fernando Camino. También es socio de Amador en una empresa de alojamiento turístico en el popular barrio de Usera (Madrid), October Twelve Accommodation SL. La crearon en marzo de 2022, en paralelo a la liquidación de esa sociedad en Panamá.

En sus cuentas anuales de 2024, esa empresa afirmaba que alquila “locales industriales”, pese a acumular centenares de reseñas de usuarios en el portal de reservas Booking. En las de 2023 se definía como un “hospedaje en hostales y pensión”. Las de 2025 todavía no se han enviado al Registro.

Las que acaban de presentar las dos consultoras del empresario y comisionista incluyen un año más como contacto a una pequeña firma de asesoría en Ponferrada (León), la misma que se ocupaba de llevar esas cuentas durante los ejercicios 2020 y 2021, cuando defraudó presuntamente más de 350.000 euros a Hacienda.

En el caso de Maxwell Cremona, el año pasado facturó 710.000 euros, un 25% menos, pero el doble de lo que ingresaba que antes de empezar a disparar su cifra de negocios en 2020. Su plantilla se mantuvo estable en cinco empleados, después de que en 2024, tras trascender su escándalo de fraude fiscal, recortase sus ventas a la mitad, hasta algo menos de un millón, y contratase por primera vez personal.

Maxwell se anotó en 2025 pérdidas de 26.236 euros. Las primeras desde el quebranto de 101.489 euros que declaró a toro pasado para el ejercicio 2022 al presentar sus cuentas de 2023. Con esa maniobra contable, el beneficio récord inicial de casi 1,9 millones se convirtió en números rojos, tras intentar regularizar su dueño su fraude fuera de plazo, con la inspección de Hacienda que derivó en la denuncia de la Fiscalía contra él ya muy avanzada.

Presentado en su día en la prensa rosa como “técnico sanitario” y definido hace tiempo por el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, como un “ejecutivo de empresa brillante”, a González Amador la AEAT le reprochó durante su inspección sus “explicaciones farragosas” y “divagaciones”, las “incongruencias manifiestas” sobre la evolución de sus ingresos o la aportación de documentación “contradictoria”, según la inspección.

“Mucha palabrería sin aportar datos relevantes y pruebas contundentes”, resumía el informe final que le denunció a la Fiscalía. El procedimiento reveló que el empresario también intentó desgravarse gastos no relacionados con su actividad profesional: una reparación de su Porsche, la compra de un reloj de lujo, pelotas de pádel o un saxofón.

González Amador y Nieto, el nuevo casero de sus empresas, también figuran como directores de Burnet & Brown, empresa en Miami que crearon en octubre de 2022, aparentemente vinculada al negocio inmobiliario. Su nombre remite a la identidad falsa (Alberto Burnet González) que Quirón le ha dado tras el escándalo a la pareja de Ayuso, “Director de Proyectos” en su intranet, pese a que siempre alegó que es un proveedor externo.

Ese nombre inventado también remite a la identidad falsa (Burnett, con dos t) que usaba en sus operaciones encubiertas (haciéndose pasar por un traficante de drogas) el detective Sonny Crockett, protagonista de la serie Corrupción en Miami, muy popular en los años 80, al que encarnaba el actor Don Johnson. Suya era esta frase: “Tienes que conocer las reglas antes de poder infringirlas. De lo contrario, no es divertido”.

Pedro Corbalán, principal ejecutivo de la entidad pública que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha usado para gastar 6,3 millones de euros en su famoso ático de Chamberí, ha tenido una trayectoria accidentada en empresas de vivienda de municipios madrileños gobernados por su partido, el PP.

Corbalán, actual consejero delegado de Planifica Madrid, “ha ocupado puestos como alta dirección en la Administración Pública Local vinculados al suelo, vivienda, patrimonio e infraestructuras”, según su perfil oficial.

Uno de esos puestos lo ejerció en Las Rozas, localidad madrileña de 100.000 habitantes. Fue gerente de su Empresa Municipal de Gestión Urbanística y Vivienda (así se llamaba entonces) desde 2011 hasta su despido en 2016, tras un ejercicio en el que la sociedad ocultó información de adjudicaciones, impidiendo su “oportuna y adecuada fiscalización”, según advirtió su auditor de cuentas.

En buena parte de la etapa de Corbalán en ese rico municipio del noroeste madrileño, tradicional feudo del PP, los auditores de la empresa pública de la que era gerente incluyeron salvedades a las cuentas. En las de 2015 advirtieron de que “la sociedad no ha revelado en su perfil del contratante durante el ejercicio sujeto a auditoría determinada información requerida por sus Instrucciones Internas de Contratación, en relación con la publicidad exigible a determinados contratos celebrados en los ejercicios 2013 y 2014”.

“En relación con dicho incumplimiento se omitieron, entre otras cuestiones relevantes, la publicación de adjudicaciones realizadas; no habiéndose incorporado en dicho perfil la información que hubiera permitido su oportuna y adecuada fiscalización”, señalaban. También introdujeron otra salvedad al no tener “confirmación expresa” de existencias de casi 8 millones por anticipos sobre terrenos en el barrio de Las Matas.

El informe está firmado en mayo de 2016. Para entonces Corbalán ya había salido de la empresa. Las cuentas de 2015, accesibles a través de Insight View, indican que “con fecha 25 de enero de 2016 se ha procedido al despido del gerente”. El cese fue “firmado de común acuerdo entre las partes” con un gasto de 33.531,94 euros.

Las primeras salvedades de los auditores en la etapa de Corbalán llegaron en las cuentas de 2013, porque no existía certificado acreditativo de las reuniones de los órganos de gobierno que permitiera confirmar “la veracidad de la totalidad de activos, pasivos, gastos e ingresos de la sociedad; así como en relación con las operaciones efectuadas y registradas incluidas en las cuentas anuales, su veracidad e integridad”.

En las cuentas de 2014, los reparos vinieron por la ausencia de una tasación independiente para terrenos valorados en 4,8 millones: “No podemos opinar sobre si la mencionada inversión se encuentra registrada por encima de su importe recuperable y, por lo tanto, si necesita una corrección valorativa por deterioro”, advirtió el auditor.

Tras su cese, a Corbalán le sustituyó Diego Lozano, hoy jefe de gabinete del alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, y anterior consejero delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid.

Esa entidad de Las Rozas ha tenido varias denominaciones. La actual, Empresa Municipal de la Innovación y Desarrollo Tecnológico SA, la adoptó en 2024, cuando nombró consejero a Javier Fernández-Lasquetty, antiguo gurú económico de Ayuso y de las privatizaciones sanitarias de Esperanza Aguirre.

Su pasado en la Sociedad Municipal de Vivienda de Guadarrama

El CEO de Planifica Madrid fue recolocado en Las Rozas procedente de la extinta Sociedad Municipal de Vivienda, Patrimonio e Infraestructuras de Guadarrama, municipio de 17.000 habitantes donde ha sido concejal y secretario general y presidente del PP. La empresa acabó liquidada a finales de 2012. Su salida como gerente tampoco fue pacífica.

En 2013, Corbalán, entonces edil del PP guadarrameño (y, a la vez, en la empresa de vivienda de Las Rozas), anunció una querella por injurias contra la entonces alcaldesa de esa localidad serrana, Carmen Pérez del Molino, que le llamó “sinvergüenza” y “un golfo como la copa de un pino” en un rifirrafe por unos pagos al interventor municipal. La edil le acusó de dejar un agujero de 600.000 euros en esa empresa pública, que él negó.

“La alcaldesa es especialista en desviar la atención y de los insultos pasó a hablar de la Sociedad Municipal, de la que ella misma era presidenta mientras yo fui gerente”, dijo Corbalán, que aseguró que fue ella quien en marzo de 2011 decidió disolver la entidad para quitarle “de en medio” y “le salió caro”, porque “todo su capital social, subvenciones e inversiones se llevaron a pérdidas, dando como resultado esos 598.000 euros de los que hablaba”, según la prensa local.

Las últimas cuentas de esa entidad reflejan pérdidas de 442.150 euros y activos de solo 28.397 euros, frente a 664.849 euros en 2010, y patrimonio negativo. Pérez del Molino, alcaldesa de Guadarrama de 2008 a 2019 (primero con el PP y luego con una candidatura independiente, tras apartarle su partido de las listas en 2011), repitió en mayo de 2017 su acusación.

Corbalán, entonces recién elegido presidente de la agrupación local del PP, intervino en un pleno “por alusiones”, pese a no ser concejal, y recordó que, entre otras cosas, había sido gerente de esa extinta empresa pública. “En materia de urbanismo yo he trabajado mucho”, dijo. “No lo olvidamos eso”, le contestó la alcaldesa. “Menos 600.000 euros”, añadió de forma críptica.

Sin información

Informes de la Cámara de Cuentas madrileña, responsable de fiscalizar a Planifica Madrid, recogen que la empresa de vivienda de Guadarrama estaba entre las sociedades municipales que no le remitieron sus cuentas en 2008, 2011 o 2012, cuando ya estaba en liquidación. En 2012, el órgano fiscalizador que hoy preside el ex socialista Joaquín Leguina la incluyó entre las 41 empresas municipales de la región que “no articulan suficientemente” en sus Instrucciones de contratación “el principio de eficiencia” de la Ley de Contratos.

El actual CEO de Planifica Madrid tuvo una breve etapa en 2021 como consejero delegado de la empresa pública de vivienda de El Escorial, cuya liquidación acaba de pedir la ultraderecha de Vox porque lleva “12 años paralizada” y sin construir viviendas en ese municipio de la sierra.

Luego pasó a ser gerente de Planifica Madrid, entonces llamada Obras de Madrid, y heredera de la antigua Arpegio, la empresa de suelo en el centro de la rama de supuesta corrupción urbanística del caso Púnica. Corbalán es su CEO desde 2023. Ese año la firma fue adscrita a la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, que dirige el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, como con Arpegio en época de Francisco Granados, cabecilla de Púnica y ex mano derecha de Aguirre.

Semidesconocido hasta ahora, Corbalán es uno de los cargos del PP que han recalado en esta empresa, de actualidad por ser el instrumento utilizado por el Gobierno autonómico para la opaca compra de ese ático, cuya venta se ha anunciado tras destaparse su existencia. El PSOE ha llevado la operación a la Fiscalía, que ha remitido ya al menos cuatro denuncias a un juzgado.

Corbalán, cuya comparecencia en la Asamblea regional ha pedido Más Madrid, ante la falta de explicaciones sobre el ático, no ha respondido a las preguntas planteadas por elDiario.es a través de Planifica Madrid y la consejería de la que depende. El CEO de esa empresa pública que compró ese piso de ultralujo es arquitecto técnico y se le presupone un profundo conocimiento de la normativa urbanística, que impide que ese inmueble con 200 metros cuadrados de terraza se use como oficinas, pese a que Ayuso llegó a decir que acogería “reuniones”.

Graduado en Ingeniería de la Edificación, Corbalán tiene un Posgrado de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación en Deusto-ICADE Business School, y Máster en Dirección y Gestión Pública de Vivienda y Suelo, según su perfil en el portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, que omite su pasado en política con el PP.

Corbalán tiene domiciliada en Guadarrama una firma que lleva años sin presentar cuentas y que no identifica en su declaración de bienes, Planificación, Consultoría y Reglamentación de Proyectos SLP, que recibió al menos 9.570 euros de Dusa, una de las principales empresas de la pieza de corrupción urbanística de Púnica.

Dusa pagó otros 153.120 euros entre 2006 y 2008 a ABECE Gestión SL, domiciliada en otro chalé en la cercana Galapagar. Su administrador único entonces era Lorenzo Broncano, fichado como director de Estrategia de Planifica Madrid en 2023. Dusa fue clave en los supuestos amaños con operaciones de venta de parcelas públicas durante la burbuja del ladrillo por los que están pendientes de juicio, entre otros, Granados y el dueño de Dusa, Adolfo Fernández Maestre. En esta pieza Planifica Madrid ejerce la acusación particular.

Babia Capital, la empresa que compró en julio de 2023 un ático en Chamberí que alquiló a Alberto González Amador, declaró un beneficio de 297.466,79 euros en 2025, tras vender ese inmueble al empresario y comisionista. Ahora González Amador lo ha puesto en venta en paralelo al escándalo de otro ático, el piso de ultralujo adquirido en secreto en abril por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en ese elitista barrio de Madrid.

Babia cerró el pasado ejercicio con beneficios récord (siete veces más que en 2024) tras vender sus activos y saldar casi toda su deuda. Ha quedado reducida a poco más que dinero en el banco y cobros pendientes, según se desprende de las cuentas de 2025 que acaba de remitir al Registro Mercantil, que no mencionan la operación por ese inmueble.

El año pasado el activo de la empresa pasó de casi 1,6 millones a 366.890 euros. Casi todo es tesorería (154.669 euros) y cantidades pendientes de cobro (211.921 euros). El inmovilizado material pasó de 1,57 millones a cero. Esto implica que vendió el ático y su otro activo, un antiguo cine reconvertido en supermercado en Alzira (Valencia) que compró al crearse en 2019.

Esas operaciones le proporcionaron unos 435.000 euros de beneficio en 2025. Las deudas a largo plazo pasaron de 1,43 millones a 150.000 euros. La deuda bancaria (482.796 euros en 2024) se canceló. La empresa en teoría es una inmobiliaria, pero sus ingresos por alquileres son modestos. Su cifra de negocios fue de poco más de 90.000 euros (153.000 euros un año antes).

Sin empleados, el administrador único de Babia es Javier Gómez Fidalgo. Este abogado y economista con despacho en León representó a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid durante la inspección de Hacienda que derivó en una denuncia de la Fiscalía contra él por los delitos fiscales de más de 350.000 euros que cometió presuntamente en los ejercicios 2020 y 2021 y por los que está pendiente de juicio.

En abril de 2025, el comisionista aseguró ante la jueza que le investigaba por ese fraude (por el que Fidalgo entonces estaba imputado) que pagaba a Babia Capital 5.000 euros al mes por el alquiler de ese ático situado justo encima del piso que el empresario compró en 2022. Su existencia la desveló elDiario.es en marzo de 2024, tras destapar los delitos fiscales de la pareja de Ayuso, reconocidos por escrito por su abogado en un email poco antes de estallar el escándalo.

González Amador calificó en el juzgado como “favor” esa operación con Babia. Luego el entorno de Gómez Fidalgo lo negó. En mayo de 2025, el fiscalista lo definió como “un negocio”, con ganancias que cifró una vez ejecutada la venta en un 12% sobre los 950.000 euros que la sociedad pagó al contado (sin hipoteca y con dinero de terceros no identificados) por esa vivienda en uno de los barrios más cotizados de la capital.

La pareja de Ayuso se había encaprichado con el ático, que no podía adquirir porque acababa de comprar el inmueble de debajo. Así que recurrió a Babia Capital, perteneciente a amigos y familiares de Fidalgo que buscan inversores entre su círculo de confianza para operaciones como esta. Se desconoce el accionariado completo de esta empresa. Fidalgo y González Amador pactaron un alquiler con derecho a compra con una duración inicial de 12 meses, que se prorrogó hasta que a finales de 2025 la pareja de Ayuso pudo hacerse con el inmueble.

González Amador pagaba ya una hipoteca de casi 3.000 euros mensuales por el piso de la sexta planta en el que ha vivido los últimos años con la presidenta madrileña y debió añadir 5.000 más por ese alquiler con derecho a compra. En total, 8.000 euros al mes. Ayuso se limitó a cuestionar que el ático fuera “de lujo” durante meses, sin más explicaciones: “Hay que morirse de la risa con ustedes”, dijo a los periodistas. Ahora se ha comprobado que necesitaba una reforma.

3,3 millones y grandes plusvalías

Con una superficie total de 206 metros cuadrados, distribuidos en cuatro dormitorios y una terraza de unos 30 metros cuadrados, el ático salió recientemente a la venta a través de la inmobiliaria Gilmar, especializada en el segmento de lujo en Madrid, por 1,63 millones. El anuncio no está disponible en la web de esta empresa. En Idealista se retiró el 3 de agosto.

Se desconoce cuánto pagó González Amador por el último piso. Por el de abajo, valorado en 2022 en 837.000 euros, hoy pide otros 1,7 millones. En total, 3,3 millones, que implicarían importantes plusvalías.

Según el Registro de la Propiedad, González Amador escrituró el pasado 29 de octubre la compra del ático a Babia, sobre el que pesa una hipoteca de 600.000 euros con la Caja Rural de Zamora. “Me han destrozado la vida. O me voy de España o me suicido”, declaró el 4 de noviembre en el Tribunal Supremo, en su alegato final en el juicio que acabó con el anterior fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por la filtración en 2024 de un correo en el que el abogado del empresario admitió ante la Fiscalía sus delitos fiscales.

En esa declaración González Amador se presentó como víctima de una operación del Estado. Poco después, su empresa de consultoría sanitaria, Maxwell Cremona, cerró 2025 con una cifra de negocios casi un 25% inferior, de 710.000 euros. Sus últimas cuentas aseguran que pagó otro dividendo de 1,225 millones “con cargo a reservas” para su dueño, pero no está claro que lo repartiera.

Pese a la menor facturación y sus pérdidas en 2025 (26.236 euros), esta empresa todavía ingresa el doble que antes de empezar a disparar sus ingresos en 2020.

La otra consultora de la pareja de Ayuso es Masterman & Whitaker, antes Círculo Belleza SL. Lleva ya dos años sin facturar nada, en paralelo a la lenta instrucción de la investigación judicial contra su dueño por supuestos delitos de corrupción en los negocios o administración desleal. Las pesquisas se centran en la compra de esa empresa sin apenas activos por medio millón a finales de 2020 a la farmacéutica de León Gloria Carrasco, esposa de Fernando Camino, primer ejecutivo de Quirón Prevención, su principal pagador desde hace años.

Sus operaciones inmobiliarias han salido a la luz en paralelo al escándalo del ático con 200 metros de terraza adquirido en abril por 6,3 millones por la empresa pública Planifica Madrid. El Gobierno madrileño lo va a vender tras destaparse su existencia y quedar claro que no puede reconvertirse en oficinas, pese a que Ayuso llegó a decir que se destinaría a “reuniones”. El dinero irá a “ayudar” en la reconstrucción tras la catástrofe de los incendios de la Sierra Oeste madrileña.

El vínculo leonés

Camino, clave en el ascenso profesional de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, era a su vez consejero de la empresa que permitió a González Amador dar un pelotazo de dos millones en 2020 por intermediar en la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia. El ejecutivo de Quirón está muy vinculado a León, como el administrador único de Babia. La única persona que ha figurado como accionista relevante de esta empresa es un hostelero de la capital leonesa.

León fue escenario de una cena en enero de 2022 entre Fernando Camino y la presidenta madrileña seis meses después de que la Comunidad de Madrid destituyera a su interventora general y el Gobierno de Ayuso empezara a desbloquear el pago de al menos 1.390 millones a los hospitales públicos de gestión privada de la región, fundamentalmente para acabar con una deuda que empezó a arrastrar en 2015.

Círculo Belleza SL, que según dijo Amador a la Agencia Tributaria era una “apuesta” para un proyecto de “covid seguro” con farmacias y ahora no factura ni un euro, tuvo también un papel relevante en los presuntos delitos fiscales del empresario y comisionista. Fue una pantalla para desviar parte de los encargos extra que le hizo Quirón a partir de 2021 y defraudar supuestamente a Hacienda, porque no tenía medios para prestar esos servicios, según la Agencia Tributaria y la UCO.

Por ahora, los únicos imputados en la pieza de supuesta corrupción son González Amador y la esposa de Camino. Este último no ha declarado todavía. La investigación ha revelado que la pareja de Ayuso llegó a multiplicar por siete sus ingresos de Quirón tras iniciarse su relación.

En julio, el PSOE y Más Madrid pidieron que la UDEF analice “las vinculaciones societarias, económicas, comerciales o de cualquier índole con relevancia para la causa”, tras constatar que en 2020 y 2021, especialmente, “el investigado aumentó su facturación de forma llamativa y ello sucedió en paralelo a la firma de la compraventa de Círculo de Belleza y fundamentalmente por los contratos de intermediación y de prestación de servicios de las sociedades Quirón Prevención y otras”.

El Gobierno, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el operador del sistema eléctrico, Red Eléctrica de España (REE), suman ya más de veinte medidas aprobadas o en trámite para intentar reforzar el control de la tensión eléctrica, clave en el histórico apagón peninsular del 28 de abril de 2025.

El despliegue se ha acelerado este verano y el esfuerzo regulatorio apuntala la idea de que había un vacío legal en esta materia en el momento del apagón. Justo lo que negó en abril la entonces presidenta de la CNMC, Cani Fernández, en una de sus últimas comparecencias en el Congreso de los Diputados, tras advertir de ello tanto REE como las grandes eléctricas, los dos bandos que se culpan del peor incidente de este tipo en Europa.

El Ministerio para la Transición Ecológica cerró hace unos días una consulta para la reforma “urgente” de un decreto de 2000 que regula las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas, que entre otras cosas, actualiza el marco aplicable al control de tensión de las instalaciones de producción y permite a las renovables participar activamente en este servicio.

El objetivo es que la configuración “por defecto” de estas plantas haga “una mayor contribución al control de tensión del sistema, aprovechando las capacidades técnicas con las que ya cuentan estas tecnologías en cumplimiento de la normativa europea y nacional, y reduciendo con ello la necesidad de uso de centrales fósiles”. Así “se reduce el recurso a la generación convencional para el control de tensión y se refuerza la seguridad del sistema eléctrico, lo que resulta especialmente urgente a medida que se incrementa la penetración de renovables”, justifica la propuesta.

El último Consejo de Ministros antes de las vacaciones de agosto aprobó, a propuesta de Transición Ecológica, el Real Decreto con los planes de inversión de las redes de transporte y distribución: hasta 17.900 millones de euros adicionales hasta 2030, y uno de los aspectos que condicionan el incremento del tope de inversiones de las distribuidoras (hasta 10.200 millones) es que se destinen “exclusivamente” a, entre otras cuestiones, control de tensión. Es el primer aspecto que se contempla, junto a otros como mejorar la observabilidad de las instalaciones y ciberseguridad.

El decreto se anunció en septiembre junto a la Propuesta de planificación de la red de transporte hasta 2030, pendiente de aprobarse, y que también prioriza el control de tensión y la integración de renovables, incluidas en un conjunto de actuaciones de más de 4.440 millones para reducir las denominadas restricciones técnicas: el coste de resolver congestiones de la red al margen del mercado mayorista diario que incluye la denominada “operación reforzada” que aplica REE desde el apagón; este colchón extra de seguridad, con más gas (y que las generadoras trasladan a los consumidores), ha tenido un coste de 666 millones solo en un año, según Redeia (matriz de REE).

El último Consejo de Ministros de julio también modificó aspectos puntuales de la Planificación vigente de la red de alta tensión (2021-2026): 615 millones de inversión (instalación de reactancias, compensadores…) para aumentar la resiliencia del sistema, abaratar la factura y reducir las importaciones de energía y las emisiones. Una medida en respuesta a una solicitud de REE, en línea con las recomendaciones de Entso-e (la asociación europea de transportistas que elaboró el informe sobre el apagón) y ACER (regulador europeo), para “complementar y mitigar la aplicación del mecanismo de restricciones técnicas para controlar la tensión y amortiguar las oscilaciones”.

Ya en julio de 2025, tras el informe del comité de investigación del Gobierno que repartió culpas sobre el apagón, Transición Ecológica aprobó otra modificación puntual con 65 actuaciones urgentes por importe de 750 millones para “incorporar herramientas adicionales a las redes que faciliten el control de tensión, la estabilidad ante oscilaciones y en general, el refuerzo del sistema”.

Decretos ley

A finales de junio, el Real Decreto-ley 18/2026 de respuesta a la guerra en Irán introdujo novedades en este aspecto. Reforzó el papel operativo de las distribuidoras, permitiéndoles impartir instrucciones directas para controlar tensión y operar sus redes. Un cambio en la Ley del Sector Eléctrico incorporó expresamente el control de tensión entre las funciones que se les encomiendan en el ámbito de las redes que gestionan.

El aluvión normativo comenzó en junio de 2025. Semanas después del apagón, Transición Ecológica impulsó otro decreto-ley (luego lo tumbó el Congreso) con 24 medidas para incrementar la resiliencia del sistema. Tras decaer el texto, el ministerio aprobó en noviembre un Real Decreto urgente (997/2025) que, sin pasar por el Congreso, recogía buena parte y obligó a la CNMC a realizar informes trimestrales sobre el control de tensión que el organismo se resistía a elaborar.

Además, el decreto emplazó a REE a proponer modificaciones normativas para reforzar todo lo que falló ese fatídico día: amortiguamiento frente a oscilaciones, velocidad de cambios de tensión en el sistema, calidad en la inyección de potencia activa por parte de las instalaciones de producción, funcionamiento de los servicios de ajuste, requisitos de monitorización y remisión de datos para análisis de incidentes.

Tras ese encargo, el operador del sistema pidió a la CNMC cambiar seis procedimientos de operación (1.1, 1.4, 8.2, 11.2, SENP 1 y 8.2) y aprobar otro (el 1.7), con medidas como desconectar instalaciones “cuyo comportamiento pueda comprometer la seguridad del sistema eléctrico”. REE cita “la inyección de potencia reactiva que pueda comprometer de forma significativa el cumplimiento de los umbrales de tensión en nudos de la red de transporte, así como la introducción en el sistema de oscilaciones de cualquier naturaleza”, como la que produjo antes del apagón una gran fotovoltaica de Iberdrola.

Esta “medida extraordinaria” para “preservar la seguridad del sistema eléctrico”, “por la naturaleza de las situaciones que pueden requerir su aplicación, no resulta posible establecer una relación exhaustiva de supuestos”. Su adopción “no responde a criterios discrecionales y podrá resultar de aplicación a cualquier instalación cuyo comportamiento genere un riesgo potencial relevante”, según REE.

El texto que acaba de publicar señala que los umbrales de referencia de variabilidad de tensión “se han determinado a partir del análisis histórico de un conjunto representativo de nudos de la red del Sistema Peninsular” y tras “un seguimiento diario de los niveles de tensión y de su variabilidad en dichos nudos” realizado desde otoño. REE trabaja en otro PO para los centros de control. Cuando esté vigente supondrá derogar uno de los que ahora se reformarán (el 8.2).

Esos PO los debe aprobar Competencia, que tras el apagón ha dado luz verde a una cascada de regulaciones sobre control de tensión. Semanas después del histórico colapso energético, tras cinco años analizándolo, actualizó (junto a otros cuatro PO) el ya famoso PO 7.4, específico sobre esta cuestión y que databa de 2000, cuando las renovables eran testimoniales. El pasado 25 de junio volvió a actualizar el 7.4 junto al PO 14.4, para incentivar que las energías limpias participen en el control de tensión de forma dinámica, como hacen desde 2020 en Portugal, que comparte su mercado eléctrico con el español.

En octubre, tras más variaciones bruscas de tensión en las semanas previas, Competencia aprobó a petición de REE y ante “los riesgos para la seguridad del suministro”, cambios urgentes en tres PO (3.1, 3.2 y 7.2) que luego prorrogó sucesivamente “para facilitar la estabilización de la tensión en el sistema eléctrico peninsular”. También se modificaron las rampas de incorporación de las renovables.

La CNMC creó en febrero, en el marco de un plan de actuación para asegurar la estabilidad del sistema, tres grupos de trabajo sobre control de tensión, a corto plazo y para las redes de transporte y distribución, por lo que son esperables más cambios normativos en las áreas que competen al organismo que desde hace unas semanas preside el catedrático Juan José Ganuza. Este martes se publicaba en el BOE la nueva regulación de la CNMC para facilitar la conexión de nuevos consumidores a la red eléctrica mediante permisos de acceso flexible.

Y para los permisos destinados a los consumidores más grandes, los denominados de “tipo 3”, para las instalaciones de consumo conectadas directamente a la red de transporte peninsular con capacidad flexible superior a 1 MW, el texto señala que deberán “cumplir los requisitos de reactiva o, en su caso, de control de tensión que se establezcan”. Los titulares de estos puntos deberán estar preparados para reducir su consumo cuando el operador del sistema lo solicite por razones estrictas de seguridad.

Competencia tiene abiertos 64 expedientes sancionadores por supuestos incumplimientos relacionados con el apagón. Ha cifrado en 39 millones el coste de reponer el servicio tras el cero energético. Su informe de marzo con recomendaciones sobre el incidente concluyó que uno de los factores que contribuyó al “fenómeno de sobretensiones” fue “que el sistema mostraba una insuficiencia de capacidades de control dinámico de tensión”.

El documento reclamó medidas para mitigar “los cambios bruscos de tensión y que refuercen la coordinación entre los gestores de red y la visibilidad de sus redes” y avanzar en la armonización normativa a nivel europeo y nacional en materia de límites de tensión y temporalidad de las sobretensiones, garantizando márgenes adecuados de seguridad. Aunque, según la CNMC, “en el momento del incidente, el sistema disponía de herramientas normativas y regulatorias, así como de mecanismos para garantizar el suministro”.

Masterman & Whitaker, la empresa vinculada al presunto soborno de Alberto González Amador al ejecutivo de Quirón Fernando Camino que está siendo investigado por un juzgado de Madrid, encadenó en 2025 dos ejercicios consecutivos sin ingresar un solo euro, en paralelo al lento desarrollo de la investigación judicial sobre esta firma. Las cuentas anuales que acaba de remitir al Registro Mercantil recogen que cerró el ejercicio sin facturación ni empleados, como en 2024. Sus pérdidas rozaron los 13.000 euros.

Masterman & Whitaker es la antigua Círculo Belleza SL, empresa de tratamientos de estética en León sin apenas valor por la que la pareja de Isabel Díaz Ayuso pagó a finales de 2020 medio millón a la farmacéutica Gloria Carrasco, esposa de Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, su principal pagador, y clave en el ascenso profesional de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El juzgado de instrucción 19 de Plaza de Castilla (Madrid) investiga esa extraña operación por presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal o blanqueo de capitales por parte de González Amador y la esposa de Camino. Masterman tuvo también un papel relevante en los presuntos delitos fiscales del empresario y comisionista, como pantalla para desviar parte de los encargos extra que le hizo Quirón a partir de 2021 y defraudar supuestamente a Hacienda.

El juez Antonio Viejo autorizó en junio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigar las cuentas de González Amador, del ejecutivo de Quirón y de la esposa de este, y advirtió de que las diligencias practicadas apuntaban de forma “indiciaria y provisional” a que la adquisición de Círculo Belleza SL pudo tener como verdadera finalidad “satisfacer una comisión” de González Amador a Camino.

Los cero euros de ventas que vuelve a presentar Masterman & Whitaker se suman a los resultados que acaba de remitir al Registro la principal empresa de consultoría sanitaria de la pareja de Díaz Ayuso, Maxwell Cremona, que en 2025 declaró pérdidas de algo más de 26.000 euros, a la espera del juicio contra su dueño por sus presuntos delitos fiscales, por ahora sin fecha señalada.

La facturación de las empresas de consultoría de González Amador supera así ya los 7,5 millones desde que trascendió su relación en 2021, y se aproxima a los 10 millones desde el pelotazo con mascarillas que dio en 2020, en lo peor de la pandemia, y que propició Fernando Camino. Unas cifras impensables hasta ese ejercicio.

La cifra de negocios de las empresas de González Amador, sin embargo, va a la baja. Ha pasado de 2,37 millones en 2023 (cuando todavía no había trascendido su escándalo fiscal) a 944.836 euros en 2024 y 709.738 euros en 2025. Con todo, su empresa Maxwell Cremona —cuyas cuentas de 2025 aseguran que se ha procedido al pago de otro dividendo de 1,225 millones “con cargo a reservas” para su dueño, aunque no está claro que se haya repartido— todavía factura el doble que en 2019. Ese año, anterior a los ejercicios por los que se le acusa de defraudar a Hacienda tras disparar sus ingresos con la pandemia, ingresó algo más de 350.000 euros.

El pasado ejercicio, el peor para sus empresas en los últimos años, González Amador ejecutó la compra del ático en Chamberí (el barrio donde creció Ayuso, una de las zonas más caras de Madrid), en el piso superior al que adquirió en julio de 2022, tras defraudar supuestamente más de 350.000 euros al fisco. Ese ático estaba a nombre de Babia Capital SL, empresa administrada por su fiscalista. González Amador pagaba un alquiler mensual de 5.000 euros con derecho a compra.

Ahora, ha puesto a la venta ambos inmuebles, y espera ingresar un total de 3,42 millones, coincidiendo con el escándalo del ático de ultralujo en Chamberí adquirido por el Gobierno de Ayuso con gran secretismo por 6,3 millones. Ese inmueble supuestamente iba a destinarse a “reuniones”, aunque no puede convertirse en oficinas, y tampoco puede ser una residencia oficial porque lo prohíbe la normativa municipal. El Ejecutivo madrileño ha anunciado que lo pone en venta al destaparse su existencia para “ayudar” en la reconstrucción tras la catástrofe de los incendios en la Sierra Oeste. El dinero no puede destinarlo directamente a ese fin. La fórmula para hacerlo es con el reparto de dividendos de la empresa pública que lo adquirió, Planifica Madrid, como confirmó públicamente el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín. Un juzgado de Madrid se ha hecho cargo del caso tras la presentación de varias denuncias.

Escritura y lamentos

Según el Registro de la Propiedad, González Amador escrituró la compra de su ático el pasado 29 de octubre. “Me han destrozado la vida. O me voy de España o me suicido”, declaró el 4 de noviembre en el Tribunal Supremo, en su alegato final en el juicio que acabó con el anterior fiscal del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por la filtración en 2024 de un correo electrónico en el que el abogado del empresario admitió ante la Fiscalía sus delitos fiscales.

En esa declaración González Amador se presentó como víctima de una operación del Estado contra él. Poco después, su empresa Maxwell Cremona cerró 2025 con una facturación casi un 25% inferior a la de 2024.

Por su parte, Masterman & Whitaker ha vuelto a quedarse a cero en 2025. La empresa dice dedicarse al “desarrollo de planes para sector farmacéutico, normas y regulaciones, así como comercialización y asesoramiento técnico de productos e insumos”, o a la “comercialización de sistemas y aplicaciones de telefarmacia, software de gestión de historia clínica, para la seguridad y salud laboral, control de infraestructuras, etc”.

Es la descripción que figura en la destartalada web de las consultoras de González Amador, definido hace tiempo por el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, como un “ejecutivo de empresa brillante”. En esa web, más propia de un sitio de Internet de finales de los 90 que de 2026, no hay una dirección, mail ni teléfono de contacto. Estuvo en blanco hasta que en octubre de 2024 (cuando ya habían salido a la luz sus supuestos delitos fiscales) se actualizó con la escueta información que muestra.

Cuando la compró González Amador, Círculo Belleza no facturaba ni 30.000 euros. Su activo se limitaba a un ordenador portátil amortizado en 2013 y tres aparatos de depilación y remodelación corporal, también amortizados. El medio millón que pagó por ella González Amador contrasta con los 16.000 euros que abonó tres meses antes Gloria Carrasco por el 40% que hasta entonces tenían su marido y su hermano.

“Nos hacía de enlace”

González Amador justificó ante la Agencia Tributaria el sobreprecio en el supuesto acceso privilegiado a la red de farmacias de Círculo Belleza SL en que le iba a permitir implantar un proyecto de “covid seguro”. Durante la inspección, expuso que esta firma tan valiosa que ahora no factura nada “hacía de enlace con las farmacias para implantar el Covid Seguro. Además, esta empresa tiene un contrato con MAPE”, la empresa gallega que propició el pelotazo de 2 millones con mascarillas que dio en 2020 y de la que fue consejero Fernando Camino hasta su venta en 2025.

“Se pagó este importe por los acuerdos que tenía Círculo Belleza SL con estas empresas, dado que en ese momento resultaban muy atractivos”, aseguró a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) González Amador, que tras adquirirla y cambiarle el nombre por el de Masterman & Whitaker Medical Supplies And Health Process Engineering SL, la usó como “mera sociedad interpuesta”, según Hacienda, para canalizar de forma “ficticia” los encargos extra que recibía de Quirón.

La UCO advirtió de que esta empresa facturó a Quirón por trabajos que le era imposible hacer, ya que “carecería de los medios necesarios para la prestación de servicios de consultoría” al gigante sanitario.

Por ahora han declarado en este caso como investigados González Amador y Gloria Carrasco. Los tiempos del actual juez prometen que Camino no lo haga hasta dentro de meses. La UCO refleja que Círculo Belleza declaraba ya en 2014 “cobros únicamente de MAPE” y “pagos por compras” a Massias Kuhn, antecesora de Maxwell Cremona. Las relaciones que apunta las prohíbe el código ético de Quirón.

En el marco de las diligencias previas de esta pieza, han aflorado sendas inspecciones de la AEAT a Fernando Camino y a su esposa, adicionales a las abiertas a Quirón Prevención y a Helios Healthcare Spain SL, cabecera de los negocios de Fresenius en España.

La UCO ha pedido “ampliar el periodo de análisis” de las relaciones comerciales entre González Amador y Carrasco hasta 2014. Y elaboró un mapa de relaciones entre ambos que incluía también a Camino, a Quirón Prevención, a Círculo Belleza, a Mape Asesores y a Maxwell Cremona. Ese mapa de la UCO omitía por ejemplo otra sociedad que vincula al comisionista y su jefe, Inversiones Random SL, que fue constituida en mayo de 2005 por el directivo de Quirón y liquidada este año. La pareja de Ayuso pactó pagarle 2.000 euros anuales nada más crear Maxwell Cremona en 2017 por ponerle publicidad en un velero de su propiedad.

Además, en enero de 2019, Maxwell Cremona y Círculo Belleza SL firmaron un contrato por el que, mientras González Amador realizaba auditorías de los hospitales de Quirón que le encargaba Fernando Camino, su empresa recibiría “asesoramiento” de esa compañía. Tras comprar esa empresa, la pareja de Ayuso pagó al menos 6.500 euros por el renting de un BMW a nombre de la esposa de su jefe en Quirón.

Maxwell Cremona, la consultora sanitaria de Alberto González Amador, declaró unas pérdidas contables de 26.236 euros en 2025, a la espera del juicio por los presuntos delitos fiscales por los que está procesado el empresario y comisionista, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y para el que todavía no hay fecha de celebración.

La compañía, de la que González Amador es propietario y administrador único, declaró el pasado ejercicio una facturación de 709.738 euros y entró en números rojos, tras presentar un beneficio de 93.678,73 euros en 2024.

Las cuentas que acaba de remitir Maxwell Cremona al Registro Mercantil reflejan que su activo, que llegó a superar los 2,2 millones en 2023, sufrió otra drástica bajada en 2025. Pasó de 563.412,51 euros a 240.490,12 euros. También recogen el pago de un dividendo “con cargo a reservas por importe de 1.225.000,00 euros”. Ese mismo importe figuraba en las cuentas del ejercicio 2024, cuando la empresa pagó su primer dividendo.

En total, serían 2,45 millones para su propietario en solo dos años por esa vía. Aunque también podría tratarse de un error en las cuentas, ya que las reservas de la empresa se situaron en 596.500 euros, que equivale a la suma de las que tenía a cierre de 2024 (499.904) más los beneficios de ese ejercicio.

Fue el año pasado cuando González Amador ejecutó la compra del ático en Chamberí (el barrio donde creció Ayuso, una de las zonas más caras de Madrid), en el piso superior a la vivienda de lujo que adquirió en julio de 2022, tras sus delitos fiscales. Ese ático estaba a nombre de Babia Capital SL, empresa administrada por su fiscalista, a la que pagaba un alquiler mensual de 5.000 euros.

Ahora, el empresario ha puesto a la venta ambos inmuebles, por lo que espera ingresar un total de 3,42 millones. Los pisos han salido a la venta coincidiendo con el escándalo del ático de lujo (también en Chamberí) adquirido por el Gobierno de Ayuso con gran secretismo por 6,3 millones. Ese inmueble iba a destinarse a “reuniones”, según la primera explicación oficial, aunque no se puede convertir en oficinas y tampoco puede destinarse a residencia oficial porque lo prohíbe la normativa urbanística del Ayuntamiento de Madrid.

El ejecutivo madrileño ha puesto a la venta esa propiedad al destaparse su existencia para “ayudar” en la reconstrucción tras la catástrofe de los incendios en la Sierra Oeste, aunque el dinero que obtenga no puede destinarlo directamente a ese fin. El PSOE va a llevar esta operación a la Fiscalía.

Según el Registro de la Propiedad, González Amador escrituró la compra del ático que adquirió a Babia Capital el pasado 29 de octubre. “Me han destrozado la vida. O me voy de España o me suicido”, declaró el 4 de noviembre en el Tribunal Supremo, en su alegato final en el juicio que acabó con el anterior fiscal del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por la filtración en 2024 de un correo electrónico en el que el abogado del empresario admitió ante la Fiscalía sus delitos fiscales. En esa declaración, González Amador se presentó como víctima de una operación del Estado contra él.

Unas semanas después, su empresa cerró el ejercicio con una facturación casi un 25% inferior a la de 2024. No obstante, esos casi 710.000 euros duplican los poco más de 350.000 euros que ingresó la empresa en 2019, antes de empezar a disparar su cifra de negocios con la pandemia y de defraudar presuntamente al Fisco más de 350.000 euros en los ejercicios 2020 y 2021 mediante una trama de facturas falsas y empresas pantalla. Desde que trascendió su relación con Ayuso en 2021, cuando fue presentado en la prensa rosa como “técnico sanitario”, González Amador ha facturado casi seis millones solo con Maxwell Cremona.

Un año más, las cuentas de esta empresa, una pyme con un capital de apenas 3.000 euros, no mencionan su litigio con Hacienda, pese a que la normativa contable obliga a las empresas a informar de las “contingencias de carácter fiscal” que tengan abiertas. Tampoco hay detalles del origen de los ingresos de la empresa, cuyo principal cliente desde su creación es el gigante sanitario Quirón, y en concreto su filial Quirón Prevención.

En junio, un informe de Hacienda incorporado a la otra causa que tiene abierta el empresario, por el supuesto reparto de una comisión al primer ejecutivo de Quirón Prevención, Fernando Camino, en el marco de una operación de venta de mascarillas en 2020, reveló que González Amador facturó 4,4 millones al gigante de la sanidad privada solo entre 2021 y 2023.

Tras iniciar su relación con Ayuso, el empresario y comisionista llegó a multiplicar por siete sus ingresos de la filial del grupo alemán Fresenius. Quirón es la principal beneficiaria de las privatizaciones sanitarias de la Comunidad de Madrid, que le paga unos 1.000 millones al año gracias a sus conciertos con la Administración regional.

La plantilla de Maxwell Cremona se mantuvo estable en 2025, con cinco empleados, después de que en 2024, tras trascender su escándalo de fraude fiscal, recortase sus ventas a la mitad, hasta algo menos de un millón, y contratase por primera vez personal. Hasta ahora, no había presentado números rojos con excepción de un quebranto de 101.489 euros que declaró a toro pasado para el ejercicio 2022 al presentar sus cuentas de 2023.

Esa maniobra contable hizo que el beneficio récord que había declarado inicialmente en 2022, casi 1,9 millones, se convirtiera un año después en pérdidas, tras intentar regularizar González Amador su fraude fuera de plazo, y cuando ya estaba muy avanzada la inspección de Hacienda que derivó en la denuncia de la Fiscalía contra él a principios de 2024.

Juicio sin fecha

El juicio por este caso todavía no tiene fecha. Hace unas semanas, el Juzgado de lo Penal 19 de Madrid, al que ha correspondido el caso del empresario, advirtió de que el señalamiento de la vista se realizará “considerando la sobrecarga y circunstancias que pesan sobre el juzgado y cuando razones de agenda lo permitan”. La situación de los tribunales de lo penal de Madrid ya apuntaba a que el juicio no se celebraría nunca antes de 2027, siete años después de iniciarse los presuntos delitos fiscales.

La Audiencia Provincial de Madrid avaló en noviembre de 2025 la decisión del juzgado de enviar a González Amador al banquillo. Solo un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que representa a Hacienda, podría evitar la celebración del juicio, que no una condena con pena de cárcel, que se conocería en la fecha señalada para la vista.

González Amador ha defraudado una cantidad inferior a los 600.000 euros y la ley establece que debe ser un Juzgado de lo Penal –con un tribunal formado por un solo juez– y no la Audiencia Provincial –tribunal de tres– quien celebre la vista. La carga de trabajo de los juzgados de lo penal de Madrid es sensiblemente superior a la Audiencia Provincial.

Los escritos de acusación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que piden 3 años y 9 meses de cárcel para el empresario y comisionista, y el de la acusación popular, que solicita 5 años, se presentaron en junio. González Amador nunca ha declarado por el doble fraude fiscal y la falsificación de documentos, alegando en varias ocasiones compromisos laborales con Quirón.

Mientras este caso está abocado al juicio, continúa la instrucción de la pieza separada por el presunto soborno de la pareja de Ayuso al directivo de Quirón Fernando Camino. Ambos habrían acordado en secreto repartirse una comisión de dos millones de euros en mascarillas y encubrirla con la compra fraudulenta de una empresa de la mujer de Camino por medio millón pese a no tener apenas valor. Tras eso, González Amador multiplicó los ingresos que recibía del gigante de la sanidad privada.

La sombra del caso Púnica planea sobre Planifica Madrid, la empresa pública que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha usado para gastar con gran secretismo 6,3 millones de euros en el famoso ático de lujo en Chamberí. Desconocida para el gran público hasta hace unos días, Planifica Madrid es la heredera de Nuevo Arpegio, empresa de suelo que el Gobierno de Cristina Cifuentes decidió liquidar en 2016 tras el escándalo de corrupción conocido como caso Púnica. 100% propiedad del Ejecutivo regional, Planifica Madrid y su antecesora, Obras de Madrid, han sido en los últimos años refugio de varios cargos del PP.

Ahora está de actualidad por ejecutar la compra de ese piso de lujo, que iba a destinarse a “reuniones”, aunque no se puede convertir en oficinas, y cuya venta ha anunciado el Gobierno de Ayuso al destaparse su existencia para “ayudar” en la reconstrucción tras la catástrofe de los incendios en la Sierra Oeste, aunque el dinero que obtenga no puede destinarlo directamente a ese fin.

Al actual consejero delegado de Planifica Madrid, Pedro Corbalán, se le presupone un profundo conocimiento de la normativa urbanística, ya que es arquitecto técnico, Grado en Ingeniería de la Edificación. Además, es Postgrado de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación en Deusto-ICADE Business School, y Máster en Dirección y Gestión Pública de Vivienda y Suelo, como recoge su perfil en el portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid.

Ese perfil omite que Corbalán, cuya comparecencia en la Asamblea por el caso del ático ha pedido Más Madrid, ha sido también concejal del PP en Guadarrama, además de presidente de la agrupación de los populares en ese municipio serrano, y miembro de la Junta Directiva Regional y del Comité Electoral del PP de Madrid “sin retribución”, tal y como recoge la declaración de bienes que presentó en 2023.

Tampoco explica ese portal oficial que el CEO de Planifica Madrid ha sido candidato a la Asamblea de Madrid en 2019 y 2021 y al Congreso de los Diputados por Madrid en dos elecciones generales (las últimas, en 2023). Su trayectoria política sí aparecía en su currículum oficial en la antecesora de Planifica Madrid, que le fichó como gerente en febrero de 2020, según su perfil en Linkedin.

La sombra de Púnica va más allá del hecho de que la empresa que pilota Corbalán sea la heredera de Arpegio, la antigua sociedad pública de gestión de suelo de la Comunidad de Madrid, protagonista en la supuesta corrupción urbanística del caso Púnica. Se da la circunstancia de que el consejero delegado de Planifica Madrid y su actual director de Estrategia y Coordinación, Lorenzo Broncano, cobraron al menos 162.690 euros de uno de los procesados en ese caso.

Corbalán y Broncano recibieron esos pagos de la empresa Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanísticos (Dusa), clave en la pieza de esa trama relacionada con la corrupción en los años de la burbuja inmobiliaria en Madrid. Los importes figuran en el auto de procesamiento que dictó en junio de 2024 el entonces juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en la pieza separada 8 de Púnica, centrada en Arpegio, y en la que la propia Planifica Madrid está personada como acusación particular.

Según el auto de García Castellón, Dusa pagó 9.570 euros en 2008 a una sociedad en la que el actual consejero delegado de Planifica Madrid figura todavía hoy como administrador único, Planificación, Consultoría y Reglamentación de Proyectos SLP. Domiciliada en un chalé en Guadarrama, en el momento de recibir esos pagos esa empresa de servicios de arquitectura se denominaba Pedro Corbalán Ruiz Proyectos SLP. El actual CEO de Planifica Madrid le cambió el nombre en abril de 2015, tras las primeras detenciones por el caso Púnica.

Además, Dusa pagó otros 153.120 euros entre 2006 y 2008 a ABECE Gestión SL, domiciliada en otro chalé en la cercana Galapagar. Su administrador único entonces era Broncano, el actual director de Estrategia de Planifica Madrid. ABECE Gestión SL recibió de Dusa 31.320 euros en 2006, 62.640 euros en 2007 y 48.720 euros en 2008. El auto solo recoge la información recopilada por la Agencia Tributaria en los años objeto de la investigación.

Broncano, procedente del mundo de las finanzas, según su perfil en la web de Planifica Madrid, y sin aparente relación con el PP, se incorporó a esta empresa pública en 2023, tras seis años trabajando en Australia. Por su parte, el CEO de Planifica de Madrid indicó en su declaración de bienes que tiene el 90% de dos SLP y la mitad de una SL, que no identificaba.

A preguntas de elDiario.es sobre este asunto, Planifica Madrid indica que su actual CEO “antes de ser cargo público, fue trabajador autónomo y desempeñaba su actividad laboral como cualquier otra persona tanto en su empresa como para otras. El Señor Broncano antes de entrar en Planifica Madrid en 2023 trabajó por cuenta propia y ajena”.

La empresa que pagó a estos dos directivos de Planifica Madrid, Dusa, fue clave en los supuestos amaños con operaciones de venta de parcelas públicas durante la burbuja del ladrillo por los que están pendientes de juicio, entre otros, Francisco Granados, ex mano derecha de Esperanza Aguirre, y el propietario de Dusa, Adolfo Fernández Maestre. Este empresario está acusado de delitos continuados de fraude, falsificación de documento mercantil y prevaricación y de un delito de malversación de caudales públicos agravado, según el auto de apertura de juicio oral que dictó el 22 de mayo el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña para sentar en el banquillo a Granados y otras 40 personas (entre ellas, Fernández Maestre y el conocido empresario Javier López Madrid) y 79 empresas.

Dusa fue utilizada supuestamente para externalizar y gestionar de forma fraudulenta las licitaciones del Plan Prisma (plan regional de inversiones y servicios de Madrid) de Arpegio. En 2006 esta empresa pública le adjudicó un contrato de 4.542.296,44 euros para gestionar esas licitaciones, “vulnerando la normativa de contratación pública”, según el auto de García Castellón. Dusa “carecía de las solvencias exigidas en el pliego” y fue contratada “pese a contar en la fecha de estos hechos con tan solo 8 trabajadores”.

Tras sucesivas prórrogas supuestamente irregulares, Arpegio acabó pagando a Dusa 6.083.129,7 euros más IVA. Los trabajos se realizaron pero, según el auto, “Dusa podría haber sido instrumentalizada para canalizar pagos no justificados durante los años 2006 y siguiente procedentes de Prisma y otros Consorcios Urbanísticos”. Con esos encargos, Granados y sus colaboradores “pasaron a controlar el proceso de licitación, adjudicación y ejecución de las obras Prisma encomendadas a Arpegio”, según el juez.

Una pistola y papeles desaparecidos

En 2017, Dusa fue noticia por la desaparición de documentación que firmó en esos años con Arpegio [se había “traspapelado”, dijo esa entidad pública]; por la pistola hallada en el domicilio de su propietario en un registro de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil; o por las cuentas en Suiza a nombre de su propietario, procesado en el caso junto a su esposa. Tras esos contratos supuestamente irregulares de Arpegio, Fernández Maestre se convirtió en alto cargo del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, histórico feudo del PP. El dueño de Dusa presidió el Tribunal Económico-Administrativo del municipio más rico de España desde febrero de 2012 hasta su cese en mayo de 2017, tras estallar el escándalo Púnica.

También en Pozuelo fue concejal del PP en 2023 el anterior consejero delegado de Planifica Madrid, José Tortosa de la Iglesia, que dejó su acta en ese municipio —iba el número cuatro en las listas del partido— para convertirse en director general de Inversiones y Desarrollo Local de la Comunidad de Madrid. Tortosa fue gerente de la Sociedad Urbanística Municipal de Pozuelo y es uno de los directores generales del Ejecutivo de Ayuso que ejercen como consejeros de Planifica Madrid.

En Pozuelo también es edil Lucía Molares, que en 2018, tras la caída del Gobierno de Mariano Rajoy (era alto cargo en el Ministerio de Fomento y protegida de la exministra Ana Pastor), fue recolocada por la Comunidad de Madrid como CEO de Obras de Madrid, la antecesora de Planifica Madrid.

Hasta 2023 Planifica Madrid dependía de la Consejería de Administración Local y Digitalización. En julio de 2023 fue adscrita a la Consejería de Presidencia, como ocurría con Arpegio cuando Granados era titular de ese departamento con Esperanza Aguirre.

Así, el presidente de la compradora del ático es el titular de esa Consejería, Miguel Ángel García, también portavoz del Gobierno de Ayuso, que este jueves atacó a la “izquierda y la ultraizquierda” por “tratar de estirar el chicle” con el caso del ático y “buscar fantasmas donde no los hay”. Y afirmó: “Lo que no se dice es que Madrid no tiene una residencia oficial para la presidenta, que sí la tienen muchos presidentes autonómicos, que la tienen la mitad de los ministros”.

En Planifica Madrid, además de García y su CEO, son vocales su viceconsejero, el militar de carrera José Antonio Sánchez Serrano, diputado en la Asamblea, exconcejal en Morata de Tajuña o ex responsable nacional de Redes Sociales del PP; Ramón Cubián, director general de Suelo de la Viceconsejería de Medio Ambiente y portavoz del PP de Alcobendas, donde fue concejal de Urbanismo y Vivienda hasta 2019; o Eusebio González Castilla, director gerente de la Agencia de Vivienda Social y ex portavoz del grupo popular en San Fernando de Henares (Madrid).

Por el máximo órgano de gestión de las antecesoras de esta sociedad pública han desfilado personas tan conocidas en la política madrileña como Enrique Ossorio, Antonio Beteta, Percival Manglano, Pedro Rollán o el propio Francisco Granados, por citar algunos.

Las cuentas de 2025 reflejan que Planifica Madrid, con unos 81 empleados, cerró el ejercicio con activos de 427 millones y una cifra de negocios de 26,4 millones. Entre los empresarios que le han comprado parcelas en los últimos meses figura uno de los hermanos Mazin Mor, herederos del fallecido empresario Max Mazin Brodovka, integrante de la Lista Falciani y patriarca histórico de la comunidad judía en España, cuyos vínculos con Curaçao o Antillas Holandesas reveló elDiario.es en 2017.

Si tienes información sobre este u otros casos similares, puedes escribirnos a nuestro correo confidencial pistas@eldiario.es

El exministro del PP José Manuel Soria ha facturado ya más de 4,5 millones de euros con Sorben Partners SL, la consultora de empresas que puso en marcha hace casi una década, tras dimitir como ministro de Industria y abandonar la política en abril de 2016 por el escándalo de los Papeles de Panamá y la aparición de una empresa familiar en el paraíso fiscal de Jersey.

Sorben facturó en el ejercicio 2025 un total de 408.228 euros, un 12% más, con un beneficio de 66.513 euros, según las cuentas que acaba de remitir al Registro Mercantil, disponibles a través de Insight View. Teniendo en cuenta su cifra de negocios anual media desde 2018 (más de medio millón al año), en 2026 va a enfilar los 5 millones facturados desde que empezó a operar.

El nombre de esta empresa de Soria utiliza una fórmula parecida a la de la sociedad familiar que creó su admirado José María Aznar (con el que el canario guarda gran parecido físico) cuando abandonó la Moncloa.

Así, si la patrimonial del expresidente del Gobierno (quien acaba de superar los 5 millones de dólares cobrados solo como consejero del gigante mediático News Corp, al que Aznar asesora hace 20 años) es el acrónimo de Familia Aznar Botella, Sorben bebe de los apellidos de Soria y de su esposa, Carmen Benítez. Esta última, procuradora de los tribunales, trabajaba para empresas reguladas por su marido, como Endesa, Orange y Telefónica, cuando él era ministro de Industria, Energía y Turismo.

Sorben Partners se dedica a asesorar a empresas en expansión nacional e internacional. Su objeto social es el “asesoramiento y consultoría para la expansión nacional e internacional de empresas, facilitando soluciones comerciales, financieras, jurídicas, técnicas y fiscales a tales efectos, incluyendo la realización de estudios de mercados”. No tiene página web y no detalla en sus cuentas quiénes son sus clientes.

La firma llegó a facturar en su mejor año (2019) cerca de 900.000 euros. Desde que se creó hasta diciembre del año pasado la consultora ha facturado en total 4.550.663,14 euros.

Esta cifra multiplica por 60 los 76.320 euros brutos anuales que el expolítico canario cobró en su último año completo al frente de Industria. El año pasado la firma solo tenía un empleado, frente a los cuatro con los que llegó a contar en 2019. Su activo ascendía a casi 850.000 euros. La partida de “inversiones financieras a largo plazo” (de las que no da ninguna información) se disparó el pasado ejercicio al pasar de 200.000 euros a casi medio millón.

Su administrador único es el exministro, que se autoasignó en 2018 un sueldo de 235.000 euros como administrador de Sorben Partners. En 2025 esa cifra fue sensiblemente inferior, de 156.000 euros.

“El valor de las percepciones convenidas ha de coincidir con el valor de mercado, por lo que se han calculado en al menos el 75% del resultado derivado de los ingresos y gastos estrictamente de la actividad profesional y previo a la deducción de las retribuciones del socio profesional”, explica la firma en sus cuentas.

Soria, de 68 años, fue alcalde de Las Palmas de Gran Canaria (1995-2003), presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria (2003-2007), vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía y Hacienda (2007-2010), además de ministro desde finales de 2011 hasta su dimisión.

El expolítico canario constituyó su consultora el 25 de noviembre de 2016, solo dos meses después de que el Gobierno de Mariano Rajoy, y en concreto su amigo personal Luis de Guindos, abortase a última hora su intención de designarle como director ejecutivo del Banco Mundial dentro del cupo asignado a España en esta institución. Allí habría tenido una retribución de 226.000 euros al año, libres de impuestos.

Dinero perdido en política

El canario, que durante su etapa en política llegó a quejarse de haber perdido dinero al dedicarse a esta actividad, es técnico comercial y economista del Estado ('teco', en el argot funcionarial) de la misma promoción que Guindos, aunque apenas ejerció como tal.

Su consultora inició sus operaciones el 1 de febrero de 2017, una vez que Soria obtuvo la preceptiva autorización de la Oficina de Conflictos de Intereses para ejercer actividades privadas y renunció a su indemnización como exministro. Por esas fechas, la justicia desestimó una demanda que Soria presentó contra elDiario.es por revelar que un empresario hotelero amigo le regaló varias noches en la suite presidencial de un hotel de cinco estrellas en Punta Cana cuando era ministro.

A los pocos meses, en 2018, Soria empezó a colaborar con la firma internacional de consultoría Grant Thornton, de la que pasó a ser socio en Canarias en 2021. También en 2018, el que fuera ministro de Industria de España durante el estallido del escándalo de manipulación de emisiones conocido como dieselgate se convirtió en consejero de Domingo Alonso Group.

Esta empresa canaria, a la que sigue asesorando en la actualidad, es importador y distribuidor de Volskwagen en el archipiélago (además de Andorra, Panamá y otros mercados internacionales como Colombia, Cuba y Venezuela). El exministro es también “miembro del Consejo Asesor de diferentes compañías de los sectores energético, financiero, infraestructuras, digitalización, turístico e industrial”, según explica él mismo en la web de Grant Thornton.

El canario, que en su mandato en Industria impulsó el conocido como impuesto al sol para bloquear el autoconsumo y aprobó un duro recorte retroactivo a las renovables que aún colea (en forma de condenas multimillonarias contra el Reino de España tras las denuncias de inversores extranjeros), se convirtió en 2021 en presidente para España de Island Green Power. Esta empresa británica tiene más de 300 megavatios (MW) fotovoltaicos operativos en Aragón, Andalucía y Baleares, según su web.

También es senior advisor del fondo Alantra, que pilota Santiago Eguidazu ('teco', como él), consejero de la hotelera canaria Servatur y, desde hace dos años, asesor de Forestalia.

Esta firma de renovables, perteneciente al controvertido empresario aragonés Fernando Samper, empezó a ser conocida en el sector al irrumpir en la subasta de renovables que el Gobierno de Rajoy adjudicó en enero de 2016, cuando Soria todavía era ministro. Forestalia está siendo investigada por lograr supuestamente que el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el de Aragón dieran visto bueno a sus proyectos a cambio de presuntas mordidas.

El polémico ático de lujo en Chamberí comprado a hurtadillas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid y cuya venta el Ejecutivo regional ha anunciado un día después de destaparse la operación está en manos de la empresa pública Planifica Madrid. En la transacción se exigió a la parte vendedora de ese inmueble la firma de un acuerdo de confidencialidad con carácter previo incluso a la visita del piso, explican fuentes conocedoras del proceso. El inmueble, según aseguró Isabel Díaz Ayuso el miércoles, iba a destinarse a “reuniones”, pese a que no puede convertirse en oficinas. Y ahora volverá al sobrecalentado mercado inmobiliario madrileño.

Desconocida hasta ahora para el gran público, Planifica Madrid, con la que elDiario.es contactó sin obtener respuesta, no informó del importe de la transacción, formalizada hace meses. La entidad es un medio propio de la Administración madrileña. Y canalizar una operación así a través de esta figura, al ser un negocio privado de una sociedad mercantil, reduce notablemente los controles: se esquivan trámites como la valoración técnica previa del inmueble y el informe jurídico de un funcionario que valide la transacción. Tampoco es necesaria, por ejemplo, la autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, ni un crédito presupuestario con cargo a las cuentas autonómicas.

Los controles a posteriori son también menores: la operación no la fiscaliza la Intervención autonómica, sino, por un lado, los auditores de cuentas de la sociedad (en este caso, una pequeña firma con sede en Marbella, Brainstorming Audit, que según su web trabaja de forma “100 % online y sin oficinas físicas”) y, por otro, la Cámara de Cuentas autonómica. Este último es el organismo en el que Ayuso colocó en 2024 como presidente al socialista Joaquín Leguina.

El último informe de ese órgano fiscalizador “Sobre la rendición de cuentas y la relación de los convenios del sector público madrileño”, correspondiente a 2024, refleja que Planifica Madrid estuvo entre las entidades que enviaron sus cuentas “fuera de plazo”, situación que ya se produjo en 2022. Esas cuentas tuvieron salvedades hasta 2023. Las de 2025 reflejan que la empresa, con unos 81 empleados, cerró el ejercicio con activos de 427 millones de euros. Su cifra de negocios fue de 26,4 millones. 16,1 millones procedieron de la venta de una parcela en Meco; 9,7 millones, del arrendamiento de inmuebles.

En 2023, último ejercicio del que tiene disponible el detalle de esa información en el apartado de Transparencia de su web, Planifica Madrid tenía alquilados a diferentes consejerías de la Comunidad de Madrid seis inmuebles en la capital por los que ingresó 8,5 millones en rentas. También ingresó cerca de un millón por alquilar activos a terceros.

Planifica Madrid es la heredera de Nuevo Arpegio, la empresa de suelo que el Gobierno de Cristina Cifuentes decidió liquidar en 2016 para integrarla en otra entidad pública, Obras de Madrid, tras el estallido del escándalo de corrupción conocido como caso Púnica. En él fue clave Arpegio, que en tiempos de Esperanza Aguirre sirvió para desviar millones de euros públicos destinados a obras y planes regionales de suelo hacia empresas de la trama.

A finales de 2022, cuando adoptó su actual denominación, Planifica Madrid fue presentada como la empresa pública que gestiona el suelo de la Comunidad de Madrid, aunque entre sus principales actividades está también la “compraventa, rehabilitación y arrendamiento de inmuebles de su propiedad para uso administrativo”, tal y como recoge en sus cuentas.

La normativa encomienda a la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda “la búsqueda, selección y adecuación de los inmuebles para su arrendamiento o adquisición a fin de albergar la actividad de la Administración de la Comunidad de Madrid”, tal y como explica en su web el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Se desconoce si esta entidad ha participado en la selección del famoso ático.

Pagar la “reconstrucción”

Hasta 2023 Planifica Madrid dependía de la Consejería de Administración Local y Digitalización de la Comunidad de Madrid. En julio de 2023 fue adscrita a la Consejería de Presidencia, cuyo titular, Miguel Ángel García, ejerce como presidente de la empresa y es también el portavoz del Gobierno de Ayuso.

García fue el encargado de anunciar este jueves, en una visita a la zona afectada por el desastre de los incendios de la Sierra Oeste de Madrid, que ha “dado instrucciones” a Planifica Madrid para enajenar el ya famoso ático, junto a otros activos. Entre ellos, un inmueble en plena Gran Vía con una superficie mayor que ese ático y que el Ejecutivo regional lleva casi un año intentando vender. El portavoz de Ayuso confió en ingresar 20 millones de euros con esas ventas de inmuebles, que afirmó se destinarán a la “reconstrucción” de la Sierra Oeste tras la mayor catástrofe medioambiental de la historia de la región.

La compra del ático debió ser aprobada presumiblemente por el consejo de administración de Planifica Madrid, cuyo consejero delegado es Pedro Corbalán, arquitecto y exconcejal del PP de Guadarrama, dato que omite su biografía oficial en la web de Transparencia de la Comunidad de Madrid.

En las elecciones generales de julio de 2023, cuando todavía presidía el PP de esa localidad serrana, Corbalán figuró en el número 31 en las listas de Alberto Núñez Feijóo al Congreso de los Diputados. Entre los consejeros de Planifica Madrid está también Ramón Cubián, director general de Suelo de la Viceconsejería de Medio Ambiente y portavoz del PP de Alcobendas, donde fue concejal de Urbanismo y Vivienda hasta 2019.

En los últimos años, Planifica Madrid ha comprado puntualmente algún inmueble, como Velintonia, la casa del Nobel Vicente Aleixandre, que adquirió en una subasta judicial en 2025 para convertir el inmueble en una casa-museo de la poesía.

Pero se dedica principalmente a “la gestión y mantenimiento de los edificios propios y la gestión y comercialización de los suelos que la empresa tiene en cartera tanto finalista como suelo por desarrollar, así como la gestión de los Consorcios Urbanísticos que tiene encomendados”, como explica en sus últimos presupuestos.

En ellos indica que se encarga también de “la ejecución de las actuaciones procedentes de encargos de distintas consejerías en relación con las obras de interés general, tanto las procedentes de las distintas consejerías como de aquellos encargos recibidos para la ejecución del Programa de Inversiones de la Comunidad de Madrid”. Entre los que tiene en curso está la rehabilitación de la Plaza de Toros de las Ventas.

La compra de este ático de lujo no estaba ni mucho menos contemplada en esos presupuestos, que prevén construir varios parques de bomberos en diversos municipios madrileños, un aparcamiento disuasorio en Torrelodones, un polideportivo en El Escorial, un matadero en Colmenar Viejo o una residencia para mayores en Garganta de los Montes, entre otras actuaciones.

El ático que Planifica Madrid ha adquirido y que ahora va a tener que vender se ubica en la última planta de un edificio en el Paseo del General Martínez Campos, en una de las zonas más caras de Madrid. A escasos metros está la vivienda cuya nuda propiedad Ayuso recibió en 2011 de sus padres (su madre vive allí), poco después de que su empresa familiar pidiera un crédito a la entidad semipública Avalmadrid que nunca devolvió, lo que dejó ese activo fuera del alcance de los acreedores para un posible embargo, en el primer episodio de una larga lista de enredos inmobiliarios.

El ático, con casi 500 metros cuadrados (de ellos, 200 de terraza), está valorado en varios millones de euros. En esa zona, una de las más caras y exclusivas de la capital, el metro cuadrado ronda los 9.000 euros, según el portal Idealista. La compra, según avanzó El País, se escrituró el 14 de abril.

elDiario.es reveló hace tres meses que Ayuso utilizó a su jefe de despacho en Presidencia para interesarse por la compra de un piso de 850.000 euros y 100 metros cuadrados en otro lugar distinto del mismo distrito de Chamberí. La presidenta madrileña llegó a visitar ese inmueble entre diciembre y enero de este año junto a su pareja. El comisionista Alberto González Amador, pendiente de juicio por los delitos fiscales que llegó a reconocer por escrito su abogado, compró un ático en 2022 también en Chamberí tras defraudar presuntamente más de 350.000 euros a Hacienda.

Recientemente, y tras la compra de ese ático por Planifica Madrid con dinero público, González Amador ha puesto en venta el inmueble que compró en la planta inferior, donde vive con Ayuso y que adquirió en 2022, tras defraudar supuestamente a Hacienda después de disparar sus ingresos por dos vías: gracias a los encargos extra que le hizo el grupo sanitario Quirón, su principal cliente, a partir de 2021, y a una operación de venta de mascarillas en lo peor de la pandemia, en 2020, que propició un directivo del gigante de la sanidad privada, transacción por la que obtuvo dos millones de euros y por la que está siendo investigado por presunta corrupción en los negocios.

Si tienes información sobre este u otros asuntos, puedes escribirnos al correo confidencial pistas@eldiario.es

Planifica Madrid, la empresa pública de la Comunidad de Madrid que ha comprado el ático de lujo en Chamberí, una de las zonas más caras de la capital, para celebrar “reuniones” institucionales, según Isabel Díaz Ayuso, pero que no podía ser destinado a oficinas y ahora se va a vender, según ha anunciado el Gobierno regional tras destaparse la operación, lleva meses intentando enajenar otro inmueble mucho más grande en la Gran Vía, a diez minutos a pie de la Puerta del Sol, sede de la Presidencia que, según el Gobierno regional, va a ser sometida a unas obras.

El uso de ese inmueble, como el de ese ático de lujo, es también residencial, aunque el Gobierno madrileño lo ha destinado durante años a oficinas. Está ubicado en Gran Vía 6. Este activo, según ha anunciado este martes el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, se va a vender junto a ese ático y otros dos inmuebles, en una operación con la que el Gobierno regional espera ingresar 20 millones de euros que, según Martín, se van a destinar a “ayudar en la reconstrucción” tras la catástrofe de los incendios de la Sierra Oeste madrileña.

En realidad, el inmueble de Gran Vía 6 lleva tiempo en venta: casi un año. Este activo figura entre los pocos “edificios propios” que, según su web, tiene en su cartera Planifica Madrid, empresa pública dependiente de la Consejería de Presidencia desde julio 2023, y cuya actividad principal no es la compra de inmuebles. El inmueble en cuestión está en la tercera planta de Gran Vía 6, en “un edificio ya más que centenario pues fue edificado en 1917 bajo el encargo del Marqués de Urquijo por los arquitectos José María Mendoza y José de Aragón, de líneas señoriales y destinado en su mayoría a vivienda”, dice la entidad en su web.

En ella añade que el edificio, “protegido en su totalidad por su calidad arquitectónica, es de estilo neorrenacentista y está coronado por tres torres en su azotea, una de ellas singular por su planta circular y la cornisa superior”.

Planifica Madrid contemplaba en sus presupuestos para este ejercicio la venta de ese inmueble, ubicado en la tercera planta de Gran Vía, 6, y de un edificio ubicado en Santa Catalina, 6, junto al Congreso de los Diputados, que enajenó a finales del año pasado.

En esos presupuestos, la empresa pública que pilota el arquitecto Pedro Corbalán, ex concejal del PP de Guadarrama que ha figurado en las listas del PP al Congreso de las últimas elecciones generales (aunque no sacó escaño), explicaba que “para el 2026 está prevista la venta de los inmuebles ubicados en Gran Vía 6 y Santa Catalina 6, que se prevé se desocuparán en septiembre de 2025, debido a un proceso de reestructuración y optimización de espacios ocupados por la Administración”.

“Aunque históricamente ambos inmuebles se han venido utilizando como oficinas, su uso urbanístico es residencial, con imposibilidad de obtener la preceptiva licencia para uso de oficinas”, reconocía Planifica Madrid en estos presupuestos. En ellos no se contemplaban la venta de ningún edificio de oficinas, ni mucho menos de viviendas.

“A ello se añade el hecho favorable de que la demanda de este uso residencial es mucho mayor, dada la tipología de los inmuebles y la zona en la que se encuentran”, añadía.

La entidad optó por sacar a subasta los inmuebles, con un precio de salida “de 11,74 millones de euros para Gran Vía y 21,15 [millones] para Santa Catalina”, añadía el documento. La subasta se publicó en agosto del año pasado. En el caso de Gran Vía 6, en los pliegos se indicaba que salían a la venta 1.132 metros cuadrados, una cantidad muy inferior a la que, según explica Planifica Madrid en su web, tiene en Gran Vía, 6, que comprenden 9.045 metros cuadrados. El inmueble, siempre según esa web, está “ocupado por la Comisión Jurídica Asesora de la Consejería de Presidencia Justicia e Interior”.

El edificio de Santa Catalina, ubicado junto al Congreso de los Diputados, fue adjudicado a la inmobiliaria mexicana Be Grand por 31,5 millones de euros. La oferta del grupo, que adquirió el activo para hacer pisos de lujo, superó las presentadas por Pryconsa, CBRE y MexFund.

elDiario.es contactó este jueves por la mañana con la empresa pública, antes del anuncio del consejero de Presidencia, para intentar precisar cómo se va a llevar a cabo la venta del inmueble de Gran Vía, pero no obtuvo respuesta.

Un piso en Chamberí que heredó de su padre en 2011, cuando él todavía estaba vivo y acababa de contraer una deuda con la Comunidad de Madrid por la que se arriesgaba a un posible embargo. Los dos inmuebles de lujo comprados en ese elitista barrio de la capital por su pareja, el comisionista Alberto González Amador, tras sus presuntos delitos fiscales. Y, ahora, un ático de 485 metros cuadrados en ese mismo distrito que la Comunidad de Madrid ha comprado como oficina de uso temporal para todavía no se sabe quién hasta que terminen unas obras en la sede de la Presidencia en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol.

Un día después de conocerse esta operación, la Comunidad de Madrid ha anunciado que venderá el inmueble, junto a otros activos en manos del Ejecutivo autonómico. La justificación que da para poner a la venta este ático tres meses después de su adquisición es que se destinará el dinero a la reconstrucción tras los incendios.

Este es solo uno de los episodios que protagonizan las polémicas inmobiliarias que han acompañado en los últimos años a Isabel Díaz Ayuso. La última operación controvertida la destapó este miércoles El País. Pese a tener decenas de inmuebles para ese fin, el Gobierno madrileño ha comprado un enorme ático de lujo en Chamberí, con 200 metros de terraza, junto a un edificio de grandes dimensiones que ocupa la dirección general de Tributos de la Consejería de Hacienda, para que lo use Ayuso “con un mínimo equipo” durante “la rehabilitación de la Real Casa de Correos, cuyos trabajos comenzarán en agosto”, según explicó a El País un portavoz del Gobierno regional. Luego Ayuso matizó el anuncio porque todavía no está claro quién se trasladará al ático.

El valor de mercado de ese piso es de varios millones de euros. En esa zona, una de las más caras y exclusivas de la capital, el metro cuadrado ronda los 9.000 euros, según el portal Idealista.

“No es mi casa, no es para mí, y yo no me he comprado nada”, ha asegurado Ayuso en una comparecencia este miércoles, en la que ha afirmado que el ático se va a destinar a “oficinas provisionales” y ha cargado contra lo que considera una “campaña de desprestigio” en medio de la emergencia por los incendios de la última semana, y después de que el ministro Óscar López, líder de los socialistas madrileños, pidiera explicaciones sobre esta operación: “Primero chalet en Rascafría. Ahora un ático en Chamberí. Millones de euros de todos los madrileños. Para uso y disfrute de la señora Ayuso. Hoy mismo deben explicar cómo, cuánto, por qué y para qué”, ha escrito en X.

“Esto es un capricho de Ayuso, que tiene obsesión con los áticos de lujo en Chamberí, pero muy poca afición a pagárselos de su bolsillo”, ha dicho por su parte en declaraciones enviadas a la prensa Eduardo Rubiño, portavoz adjunto de Más Madrid en el ayuntamiento.

La compra de ese ático, cuyo importe no ha aclarado la Comunidad de Madrid, la ha gestionado Planifica Madrid, empresa pública que comercializa suelo público y gestiona las oficinas del Gobierno regional. De la operación no hay rastro por ahora en el apartado de “Transparencia” de esta entidad que dirige el consejero de Presidencia, Miguel Ángel Martín. Tras destaparse la operación, y antes de la comparecencia de Ayuso, el Gobierno madrileño aseguró que no es seguro que ese piso se destine a oficinas y que la decisión se tomará “cuando remodelen el inmueble” y vean “cómo quedan las oficinas”.

La compra, según El País, se escrituró el pasado 14 de abril, la víspera de que elDiario.es revelase que Ayuso había utilizado a su jefe de despacho en Presidencia para negociar la compra de un nuevo piso de 850.000 euros y 100 metros cuadrados en Chamberí que llegó a visitar junto a González Amador entre diciembre y enero de este año.

La nueva “oficina” de Ayuso o de otros equipos de la Comunidad de Madrid en ese privilegiado barrio de la capital está ubicada muy cerca del único inmueble que ha tenido a su nombre en los últimos años la presidenta madrileña, según el Registro de la Propiedad.

Caso Avalmadrid

Se trata del piso que le donaron en octubre de 2011 sus padres (él, ya enfermo, falleció en 2014). Entonces una Ayuso desconocida acababa de ser designada diputada regional. La operación se realizó meses después de que, en marzo de 2011, una entidad participada por el Gobierno madrileño concediera un polémico préstamo de 400.000 euros (a la postre impagado) a una empresa de suministro de material sanitario participada por la familia Díaz Ayuso, MC Infortecnica SL, que atravesaba graves dificultades económicas (dejó de pagar las nóminas a sus empleados tres meses después de recibir el préstamo).

En el reparto de bienes que quedarían fuera de un posible embargo en caso de que ese préstamo se impagara (como finalmente sucedió: en abril de 2012, MC Infortécnica incumplió los plazos de pago de las primeras cuotas), a la actual presidenta madrileña le tocó ese piso en Chamberí. A su hermano Tomás le correspondió una finca en Sotillo de la Adrada (Ávila), uno de los municipios golpeados por la que ya es la mayor catástrofe medioambiental por incendios forestales de la historia de España. El préstamo, del que no se recuperó ni un euro, lo concedió la entidad semipública Avalmadrid, la misma que, según ha anunciado Ayuso esta semana, va a canalizar una línea especial de avales para empresas y autónomos afectados por los incendios en la Sierra Oeste de Madrid.

Aquella donación en vida fue el conocido como 'caso Avalmadrid'. La oposición regional denunció un presunto alzamiento de bienes (vender patrimonio para no pagar deudas), pero las denuncias fueron archivadas y el Tribunal Supremo rechazó investigar a Ayuso al no encontrar indicios de delito. En ese piso, cuyo valor de mercado supera los 600.000 euros, vive en la actualidad la madre de la presidenta madrileña.

Ayuso tuvo que dar explicaciones hace un año por el uso particular de un chalé en el municipio serrano de Rascafría, junto al monasterio de El Paular, ubicado en una finca que la Comunidad de Madrid adquirió en 2023, en plena ampliación del Parque del Guadarrama, por 4,3 millones de euros.

Definido como “muy austero” por el PP, cuenta con suite, dos plantas y piscina. “He estado dos días en una casa de la que ahora vamos a dar explicaciones el consejero y yo. Me llevé mi comida de casa, cené en un restaurante del pueblo y compré en el Covirán, con mis medios”, defendió entonces la presidenta madrileña.

“Estoy harta de pagar el alquiler y me hace ilusión comprarme una casa, pero en Madrid se ha disparado el precio de la vivienda”, lamentaba Ayuso en una entrevista en El Mundo publicada en junio de 2022, semanas antes de que González Amador, el empresario presentado como “técnico sanitario” cuando fue presentado como su pareja en 2021 en la prensa rosa, comprara por 850.000 euros el primero de los dos pisos que tiene a su nombre en Chamberí.

El comisionista adquirió ese inmueble tras defraudar más de 350.000 euros a Hacienda en los ejercicios 2020 y 2021 mediante una trama de facturas falsas y empresas pantalla por la que está pendiente de juicio y que destapó elDiario.es. Amador cometió ese presunto fraude fiscal tras disparar sus ingresos por dos vías: gracias a los encargos extra que le hizo el grupo Quirón a partir de 2021 y a una operación de venta de mascarillas en lo peor de la pandemia, en 2020, que propició un directivo del gigante de la sanidad privada, transacción por la que está siendo investigado por presunta corrupción en los negocios.

A ese piso de lujo en Chamberí, González Amador sumó otro en la planta inmediatamente superior (un ático) que, como reveló este medio, inicialmente (en julio de 2023) adquirió una empresa a nombre del fiscalista que le representó durante la inspección que le abrió la Agencia Tributaria y que derivó en la denuncia que le va a llevar al banquillo. El comisionista acabó adquiriendo ese inmueble a finales del año pasado, tras pagar un alquiler con derecho a compra de 5.000 euros mensuales.

Fue en lo peor de la pandemia, mayo de 2020, cuando salió a la luz que Ayuso había trasladado su vivienda y su oficina a sendos apartamentos de lujo de Be Mate, propiedad entonces del empresario hotelero Kike Sarasola, que la presidenta madrileña eligió para confinarse y gestionar la crisis sanitaria tras dar positivo en Covid-19 en los primeros días de la crisis sanitaria. La presidenta tardó cuatro años en desvelar la factura que pagó por su estancia en esos dos apartamentos, uno para dormir y otro para trabajar: 5.680 euros por 69 días, a 82 euros por noche.

La minera australiana Berkeley, que reclama 1.000 millones de euros a España por el veto a su proyecto para abrir una mina de uranio en Retortillo (Salamanca), ha anunciado el nombramiento del anterior consejero delegado de Endesa, José Bogas, como nuevo consejero no ejecutivo independiente.

Berkeley ha destacado que Bogas se incorpora al consejo de administración de esta pequeña empresa australiana, cotizada en Bolsa, tras una “larga y exitosa” carrera en Endesa, que incluye 12 años como consejero delegado del grupo, durante los cuales “lideró la transformación de la empresa para mantener su liderazgo en el sector eléctrico español”.

Bogas, un histórico del sector, dimitió como consejero delegado de Endesa el pasado mes de abril, para dar paso al actual CEO de Endesa, Gianni Vittorio Armani, pero sigue siendo consejero de la filial del grupo semipúblico italiano Enel, que junto a Iberdrola es el gran dominador del negocio nuclear español.

Berkeley destaca asimismo que Bogas ha participado en instituciones del sector energético como la Asociación de Empresas de Electricidad (Aelec) o el Club de la Energía de España, del que en la actualidad es vicepresidente honorario y miembro del consejo.

“Su importante contribución al sector energético ha sido ampliamente reconocida con numerosos premios, entre los que se incluyen el 'Premio Influential' en la categoría de 'Trayectoria Profesional' otorgado por 'El Confidencial' en 2024, el premio 'Ejecutivo del Año' de 'Merca2' en 2025, y el premio 'Mejor Visión de Futuro 2025' de 'Forbes', otorgado por Forbes España”, ha añadido la compañía.

Berkeley ha subrayado que este nombramiento “reforzará sustancialmente la posición y la influencia de la firma en España, ya que sus más de 40 años de experiencia en los sectores energéticos español y europeo en general, junto con sus amplias redes empresariales y gubernamentales, serán de gran ayuda para la empresa en su esfuerzo por resolver la actual situación en materia de permisos y, en última instancia, impulsar el Proyecto de Salamanca hacia la producción”.

El director ejecutivo de Berkeley, Robert Behets, ha comentado que están “encantados de dar la bienvenida a José al consejo”.

“Contar con una persona del calibre y la experiencia de José, que dispone de amplias redes de contactos en el ámbito empresarial y gubernamental, reforzará enormemente nuestra posición e influencia en España, lo que ayudará en gran medida a Berkeley en su empeño por desbloquear la situación de las autorizaciones del Proyecto Salamanca”, ha concluido.

Otros fichajes

Este fichaje de Berkeley se suma a la incorporación de, entre otros, el ex secretario de Estado de Comercio con el PP Jaime García-Legaz, al que la minera australiana nombró consejero a finales de 2022 junto al también ex consejero delegado de Endesa, Rafael Miranda.

Hace una década, cuando estaba tramitando el proyecto de Retortillo, Berkeley contrató como lobbista en Bruselas a otro alto funcionario en excedencia vinculado al PP, Manuel Lamela, abogado del Estado y polémico exconsejero de Sanidad con Esperanza Aguirre. Entonces el comisario europeo de Energía era Miguel Arias Cañete, ex jefe de Lamela en el Ministerio de Agricultura en la época de José María Aznar. Lamela fue uno de los clientes de Equipo Económico, el despacho que fundó el exministro Cristóbal Montoro investigado en un escándalo de supuesto tráfico de influencias.

Para su litigio contra España en un tribunal de arbitraje internacional por el veto de Retortillo, Berkeley ha contratado a los bufetes Riaño abogados y Herbert Smith Freehills. En el primero, como reveló Cinco Días, ejerce como socio director José Manuel Gutiérrez Delgado, que fue jefe del departamento de Arbitrajes Internacionales en la abogacía general del Estado, el grupo creado en Justicia para defenderse de estos litigios.

Herbert Smith fue el primer bufete internacional fichado por España para defenderse de las denuncias por los recortes a las renovables que aprobó el PP, antes de crear el departamento que dirigió Gutiérrez. El Gobierno ha gastado ya más de un millón en asesores para defender al Reino de España en el pleito que Berkeley ha planteado por el veto a la mina de Retortillo ante el Ciadi, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial.

Berkeley tuvo en sus primeros años como consejero a José Ramón Esteruelas, que con José María Aznar fue director general de Correos y consejero delegado de la empresa pública Cetarsa. Su principal ejecutivo en España, Francisco Bellón, fue multado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por una infracción “muy grave”, comprar y vender acciones de la compañía a finales de 2020, estando en posesión de información privilegiada.

Es el “proyecto cero” que, según la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, llevó a Red Eléctrica de España (REE) a replantearse cómo buscar consensos con los territorios afectados por sus nuevas líneas: la interconexión Península-Ceuta, incluida en las últimas tres planificaciones de la red de transporte elaboradas por sucesivos gobiernos, vinculantes para la empresa, y recientemente culminada (aunque no ha entrado aún en funcionamiento) tras vencer la férrea resistencia del alcalde más votado de España.

Redeia presentó hace unos días en Madrid una propuesta metodológica para el despliegue de redes que, según la compañía, cuyo mayor accionista (20%) es el Estado, “refuerza” el trabajo que desarrolla hace años con los territorios “para avanzar en el proceso de transición energética con legitimidad social”. REE deberá acometer una histórica inversión en la red de alta tensión de 13.600 millones hasta 2030, según la propuesta de planificación que el Gobierno publicó en septiembre.

Durante la presentación del documento, Corredor sacó a colación la interconexión ceutí, un doble cable submarino a través del Estrecho de Gibraltar que la compañía ha definido como “estratégico” y cuyo documento inicial de proyecto (DIP) se sometió a consultas previas allá por 2016. La exministra socialista recordó cómo tras los estudios realizados se encontró un obstáculo inesperado: “mucha resistencia” en el municipio gaditano de La Línea de la Concepción contra una subestación aérea, bautizada como Portichuelos, fundamental para el proyecto.

Redeia quería ubicarla allí porque implicaba menos longitud de la línea hacia la costa y evitaba espacios naturales protegidos en un enclave alejado de áreas de concentración migratoria y de reproducción de especies amenazadas, distante de núcleos urbanos (con menor afección social e impacto visual) y sin masas forestales ni flora amenazada.

Cuatro campos de fútbol

Pero había un problema. Enfrente tenía a Juan Franco, alcalde de La Línea desde 2015 y que, como recordó Corredor, en las municipales de 2023 [con un partido independiente], fue reelegido con un apoyo superior al 75%: el más votado de España entre los municipios de cierto tamaño. En 2019, cosechó el 64,4% de los votos, solo por detrás del alcalde de Vigo, Abel Caballero.

En enero de 2021, en plena pandemia, en una primera reunión telemática con técnicos de REE, el equipo municipal de La Línea, encabezado por su alcalde, expresó su desacuerdo absoluto con el proyecto. Este incluía un tendido eléctrico aéreo con 10 apoyos que cruzarían la localidad; un tramo soterrado y aterraje en la Playa de la Torre Nueva de La Línea con perforación dirigida para evitar la afectación a un arenal; y la subestación de la discordia, proyectada en superficie y que ocuparía 2,4 hectáreas.

El equivalente a “cuatro campos de fútbol”, recordó Corredor, en medio de la única zona de expansión natural de la Línea (64.499 habitantes). El ayuntamiento solo tenía ese terreno disponible para desarrollos terciarios [suelo para oficinas, comercios, centros sanitarios privados, hoteles, centros educativos privados…], en una localidad “con unos problemas muy serios”, como el narcotráfico. En 2024 fue la ciudad con la tasa de desempleo más alta de España (28,6%, según el INE) y tiene la menor renta per cápita del Campo de Gibraltar.

“Nos hizo reflexionar si realmente podíamos hacer las cosas mejor”, explicó la presidenta de Redeia.

“Si el equipo de gobierno entero se tiene que venir a acampar para impedir que se instale esa aberración en nuestro término municipal, estamos dispuestos a hacerlo”, llegó a decir el alcalde en una nota en la que el Consistorio proclamaba su “resistencia numantina” a la construcción “de una subestación en 40.000 metros cuadrados del enclave natural de Los Portichuelos para dar servicio a Ceuta”.

En febrero de 2021, tras publicar el alcalde un vídeo desde Portichuelos en el que expresa su rechazo frontal, la exministra se ofrece por carta a visitar la ciudad “para conocer de cerca las preocupaciones y necesidades de sus ciudadanos”. En marzo de 2021, tras una primera reunión en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la Línea, con manifestantes en la puerta [“No queremos explicación”, decían, según Corredor] y carteles en la ciudad contra la infraestructura, acuerdan abrir una mesa de negociación.

“Había tiempo, las obras no empezarían hasta 2024”, subrayan fuentes de Redeia, que recalcan que este proceso no retrasó el calendario previsto.

Se realizaron nuevos estudios para explorar el aprovechamiento de una infraestructura existente en San Roque, la subestación Algeciras. Tras un análisis para minimizar las dimensiones del proyecto, soterrar líneas y desmantelar otras y los correspondientes informes ambientales, se concluyó que el nuevo proyecto era viable. Ayudó la inclusión del cable en la Planificación 2021-2026, entonces en la recta final de su tramitación, que por primera vez fijó entre sus principales motivaciones maximizar el uso de la red existente. El proyecto ya se incluyó en junio de 2014 en una modificación “puntual” de la planificación 2008-2016, y en la 2015-2020.

Para vencer las resistencias del alcalde, se planteó un trazado soterrado y submarino que rodea los principales núcleos de población y aprovecha al máximo las infraestructuras existentes. Se amplió la funcionalidad (no las dimensiones) de la subestación existente Algeciras 220 kV, en el polo químico de San Roque e integrada en un espacio con instalaciones e infraestructuras de usos similares. Se dispuso un nuevo parque de transformación y una subestación encapsulada de 534 metros cuadrados que redujo un 84% la necesidad de espacio. El tendido aéreo se sustituyó por cable soterrado en ambos municipios. Hace unos días, REE anunció que invertirá 500.000 euros en un nuevo centro de interpretación de la naturaleza en la localidad.

El nuevo proyecto no modificó el trazado submarino ni el punto de salida al mar, que sigue ubicado en La Línea, con 68,9 km de longitud, un importante rodeo (en línea recta son 15 kilómetros) para respetar zonas de riqueza ecológica y pesquera relevante.

Isla energética

En su presentación en abril de 2022, Ángel Mahou, director general de Transporte de REE, lo definió como “un proyecto complicado en el que llevamos trabajando muchísimos años”, “muy importante para nuestro país” y “especialmente para Ceuta”, isla energética cuya calidad de suministro se va “a multiplicar por cuatro” al pasar de un modelo de generación 100% fósil (con diésel) a utilizar el 90% de la energía sin emisiones, con uno ahorro estimado para el sistema eléctrico de unos 30 millones al año, gracias a la mayor integración de renovables, y 300.000 toneladas anuales de CO2 evitadas. Mahou confió en “celebrar la puesta en servicio durante el año 2025”.

El proyecto salió a información pública en 2022. Las obras a ambos lados del estrecho se iniciaron en junio de 2024, tras el permiso del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El pasado agosto comenzó el tendido de los cables submarinos. En diciembre se terminaron las obras de todas las instalaciones que conforman el enlace. La distribuidora está realizando pruebas previas a la puesta en servicio, para la que Redeia no precisa la fecha. Se habilitará un régimen transitorio para tratar la generación en la Ciudad Autónoma como en Islas Baleares, manteniendo la central eléctrica disponible en régimen de backup al sistema, para casos de emergencia o de mantenimiento de las infraestructuras del enlace.

En estos años, se ha disparado el coste de la conexión. En 2021, antes de la crisis de inflación que propició la invasión de Ucrania, la mejor estimación de costes que le reconocía la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) era de 195 millones, frente a 332 millones en febrero de este año. Según Redeia, “en torno al 86% del incremento del coste del proyecto” obedece al impacto por subida de precios “y situación del mercado”.

Tras la experiencia de la conexión ceutí, Redeia ha publicado esa metodología de participación pública, diseñada junto a la Fundación Renovables y Renewables Grid Initiative (RGI), organización sin ánimo de lucro con sede en Berlín que reúne a operadores de redes eléctricas (TSO) y organizaciones ecologistas de toda Europa.

El documento se inspira en experiencias previas de países como Alemania, Canadá, Irlanda, Italia o Bélgica. Sus autores lo definen como una “caja de herramientas” para “mejorar” estos procesos y que las redes eléctricas “no se construyan en el territorio, sino con él”, mediante la “participación temprana” de las comunidades afectadas. Entre las enseñanzas, según Corredor: apostar por “gestores vecinales” para “dar la cara” en el territorio y “ponerse a disposición” de la ciudadanía “con nombre y apellidos”. “Tiene que ser gente de allí”.

Varios cambios normativos recientes apuntan a esa mayor sensibilidad con las comunidades locales y evitar el conocido como movimiento NIMBY (del inglés “Not In My Back Yard”, o “No en mi patio trasero”) en el despliegue de estas infraestructuras. Un Real Decreto-Ley del 29 de junio encarga al Organismo Nacional de Normalización reconocido en España, la UNE, que desarrolle criterios sociales, territoriales y ambientales para acreditar la excelencia de los proyectos con un sello que les otorgará una tramitación administrativa preferente.

Como apuntó el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, al presentar esta metodología, la cuestión no es si el entorno “va a cambiar” sino “quién decide, con qué cuidado, con qué atención y con qué propósito”, porque “el cambio más violento y más agresivo del paisaje va a ocurrir y es la crisis climática, por desgracia”.

Las grandes energéticas españolas han vendido en el último lustro activos de energías renovables en todo el mundo (fotovoltaica, eólica e hidráulica) por más de 12 gigavatios (GW) de potencia, equivalente a una docena de reactores nucleares. Con ello han ingresado más de 15.000 millones de euros, aunque el importe de algunas operaciones no es público.

Esta estrategia de rotación de activos (en muchos casos, participaciones minoritarias) busca reducir riesgo, liberar capital, controlar la deuda y financiar nuevas inversiones, en un momento en el que las grandes eléctricas están frenando inversiones millonarias en renovables para lanzarse a invertir en redes y aprovechar la esperada electrificación de la economía.

La tendencia se ha acelerado en los últimos dos años, con la rentabilidad de muchas plantas bajo creciente presión y las energías limpias en el punto de mira de la ola reaccionaria en países como Estados Unidos.

En España, la demanda eléctrica no termina de remontar y a la espera de que despegue el almacenamiento, se están multiplicando los precios cero o negativos en el mercado mayorista, especialmente en los momentos de más sol. Los hogares españoles se han ahorrado en su factura eléctrica 10 euros al mes en la crisis energética por el cierre del estrecho de Ormuz gracias a las renovables, pero el sector se está viendo muy penalizado. En especial, plantas fotovoltaicas, sobre todo las más recientes, que muchas veces carecen de un suelo de precio aunque tengan su energía comprometida con contratos bilaterales (conocidos como PPAs).

La más activa en la venta parcial o total de proyectos ha sido Iberdrola. La mayor eléctrica europea, pionera en renovables y uno de los líderes mundiales del sector, cerró 2025 con un aumento del 3,8% en su potencia verde instalada (el menor desde 2018), hasta 46,1 GW. Desde 2021 se ha desprendido de más de 5 GW en unas veinte transacciones.

Destaca la venta, en abril, de 1.232 megavatios (MW) eólicos y fotovoltaicos en México a Cox, de Enrique Riquelme, rival de Florentino Pérez en las recientes elecciones a la presidencia del Real Madrid. La transacción, de 4.000 millones de dólares (unos 3.400 millones de euros), incluyó 1.368 MW de ciclos combinados y cogeneración.

En los últimos años Iberdrola ha cerrado alianzas con grandes inversores institucionales para compartir la propiedad de estos activos. En España, tiene junto a la aseguradora Mapfre unos 450 MW fotovoltaicos y eólicos. En enero de 2023 se alió con el fondo soberano de Noruega (Norges Bank), el mayor del mundo, para invertir más de 2.000 millones en la Península, con una cartera de 2,5 GW.

La alianza más significativa es la que tiene con Masdar, fondo soberano de Abu Dhabi protagonista de varias operaciones, con el que anunció en diciembre de 2023 (en el marco de la COP28) un acuerdo para coinvertir 15.000 millones en el desarrollo de proyectos de eólica marina e hidrógeno verde en mercados clave como Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, con el compromiso de triplicar la capacidad renovable a 2030.

Hasta ahora, los acuerdos con el fondo emiratí se han limitado a eólica marina. En junio de 2025, pactaron coinvertir 5.200 millones al 50% en el megaparque East Anglia 3 (1,4 GW), frente a la costa de Suffolk (Reino Unido), la mayor inversión de la década en esta tecnología. En julio de 2023 pactaron destinar 1.600 millones a Baltic Eagle (476 MW), en Alemania. Masdar se baraja como posible comprador del 49% de East Anglia 2 (960 MW), valorado en 5.000 millones, para el que Iberdrola busca socio. En la primera fase (East Anglia 1) se asoció en 2019 con el fondo Macquarie.

En el Báltico alemán, la multinacional vasca ha vendido en los últimos años el 49% de otros dos complejos eólicos marinos: en Wikinger, inaugurado en 2018 (350 MW), dio entrada en septiembre de 2022 a Energy Infraestructure Partners (EIP) por 700 millones; y en Windaker (315 MW), a la japonesa Kansai por 627 millones en diciembre de 2024. En EEUU, acaba de culminar junto al fondo Copenhagen Infrastructure Partners su primer complejo con esta tecnología allí, Vineyard Wind (806 MW), que Donald Trump ha intentado torpedear. Y ha vendido a Dominion Energy el arrendamiento del suelo del futuro parque eólico offshore Kitty Hawk North, que prevé 800 MW en su primera fase.

En febrero de este año, Iberdrola vendió sus activos terrestres en Francia (118 MW eólicos y una cartera renovable de 639) al grupo Technique Solaire; recientemente se ha desprendido de su negocio en Hungría (158 MW) y cerca de 700 MW hidroeléctricos en Brasil, Austria y España. Hacia 2023 vendió el 49% de dos fotovoltaicas de 100 MW en Extremadura a la gestora Aleph, de la familia Botín.

La caja resultante financiará la gran apuesta de los últimos años, las redes de transporte y distribución: en la última actualización del plan estratégico de Iberdrola (de septiembre pasado) concentran el 65% de los 58.000 millones que prevé invertir hasta 2028.

A la mitad

Por su parte, Repsol parte de una posición mucho más rezagada en renovables. Este año, la petrolera ha recortado a la mitad, hasta 10 GW (ahora tiene 6 GW) el objetivo de potencia para 2030 que fijó su Plan Estratégico 2021-2025. En 2022, tras vender a EIP y Crédit Agricole Assurances un 25% de Repsol Renovables (operación que valoró el 100% de ese negocio en 4.383 millones), pagó 560 millones por Asterion Energies, con una cartera de 7,7 GW en España, Italia y Francia. La energética, que entonces tenía solo 1,6 GW verdes instalados, estaba en posición compradora y en septiembre de 2023 pagó 715 millones por Connect Gen, con 20 GW en proyectos eólicos, solares y de almacenamiento en EEUU.

Ahora Repsol suma ya ocho rotaciones de activos renovables por 3.850 MW en España y EEUU. Acaba de vender a Masdar por unos 150 millones el 49,99% de una cartera en España con 705 MW eólicos y fotovoltaicos que entraron en funcionamiento en 2025 y el primer trimestre de 2026, más 500 MW de posibles proyectos de hibridación (eólica, solar y almacenamiento en baterías). La transacción recortará su deuda neta en 700 millones y no tendrá impacto “significativo” en resultados, según el grupo.

Se suma a la venta a Stonepeak, en abril de 2025, del 46,3% de una cartera de 777 MW solares y de almacenamiento en EEUU, incluyendo su mayor fotovoltaica hasta entonces, Frye, en Texas (632 MW); y tres operaciones con Pontegadea (de Amancio Ortega) entre 2021 y 2023: 635 millones por el 49% de 1.100 MW fotovoltaicos y eólicos en España.

Posible exclusión

En este goteo de operaciones destaca también Acciona, que analiza la posible venta parcial o total de la división de energía que sacó a cotizar hace cinco años. Ahora estudia excluirla de Bolsa, como hizo Iberdrola en 2011 con su filial de renovables tras sacarla a cotizar en 2007. La de Acciona vale actualmente unos 7.500 millones, frente a los más de 14.000 millones que llegó a alcanzar en 2022, con el gas en niveles estratosféricos tras la invasión de Ucrania.

El grupo de la familia Entrecanales cerró 2025 con 14,6 GW renovables instalados, un 4,9% menos. Desde 2024 se ha desprendido de casi 2,7 GW de capacidad renovable en España, Perú, Costa Rica, Sudáfrica, Estados Unidos y México, por casi 3.300 millones.

Destaca la venta, a finales del año pasado, a Mexico Infrastructure Partners (MIP), del 49% de su cartera fotovoltaica de 1,3 GW en EEUU y dos parques eólicos en México con 321 MW, por unos 855 millones; trece parques eólicos con 440 MW en España (con 351 MW potenciales de hibridación) que vendió hace un año a OPDE por 530 millones; y la venta en 2025 de su negocio hidráulico (626 MW) en España por 1.000 millones, con casi 500 millones de plusvalías.

La compradora de esa cartera fue Endesa, que tiene unos 11,3 GW renovables. La filial del grupo semipúblico italiano Enel, antaño socio de Acciona en la antigua eléctrica pública española, ha protagonizado dos grandes operaciones con Masdar. En julio de 2024 Endesa vendió al fondo emiratí el 49,99% de EGPE Solar, que agrupaba sus plantas fotovoltaicas en operación (unos 2 GW), por 817 millones. La transacción incluyó un PPA para vender toda la energía generada por un plazo de 15 años y “una posible hibridación futura” de almacenamiento por hasta 0,5 GW adicionales.

Masdar y Endesa firmaron entonces un acuerdo no vinculante para explorar una potencial alianza dirigida al desarrollo conjunto de proyectos de generación renovable en España. El año pasado el emirato compró a la eléctrica otro 49,99% de cuatro fotovoltaicas con 446 MW por 184 millones.

Por último, Naturgy formalizó en julio de 2025, por un importe que no desveló, la venta de una cartera de nueve proyectos fotovoltaicos y de baterías en Estados Unidos, según recogía el informe anual de 2025 de la energética. El documento advertía de incertidumbres regulatorias tras la llegada de Trump, con “un giro en la política energética nacional orientada a la protección de la generación convencional y la relajación en los compromisos del país en la lucha contra el cambio climático”.

El grupo ha reclasificado como “disponibles para la venta” sus activos renovables en Chile. Allí opera el parque eólico Cabo Leones II (206 MW) y la fotovoltaica San Pedro (106 MW), ambos en el desierto de Atacama. Naturgy anunció en julio de 2021 un ambicioso plan de crecimiento en renovables: pasar de 5 GW operativos en ese momento a “más de 14 GW” en diciembre de 2025. El plan no se ha cumplido: el pasado ejercicio tenía 8,1 GW verdes instalados (de ellos, 5,7 GW en España).

El decreto-ley que aprobó el pasado lunes el Gobierno con las nuevas ayudas para mitigar el efecto de la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz incluye la publicación de una lista pública de gasolineras con “comportamiento anómalo” que se va a habilitar en la web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que va a recoger las estaciones de servicio “que se aprovechen de las ayudas estatales para aumentar sus beneficios”, para que “los consumidores puedan reclamar”, explica el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, impulsor de esta medida.

Entre las novedades que recoge la norma que entra en vigor este miércoles y que debe convalidar el Congreso de los Diputados, “se encuentra la de informar a los consumidores y usuarios si hay estaciones de carburantes que puedan estar aprovechándose de las ayudas estatales de protección por la guerra de Irán (como el descuento por litro de hidrocarburo) para aumentar sus beneficios”, explica el departamento de Pablo Bustinduy.

La CNMC va a tener que realizar “un seguimiento reforzado de los márgenes brutos de distribución de carburantes”, según el decreto, y vigilará los márgenes de beneficio de “todas las estaciones de carburantes”, subraya Consumo, que destaca que esta es otra novedad respecto al anterior decreto de marzo, que solo obligaba a reportar sus datos a los operadores con capacidad de refino en España.

“Con esta modificación normativa, se ha eliminado esa limitación y todos los operadores al por mayor están obligados a desglosar sus costes reales y precios de venta hasta el 31 de diciembre de 2026, estableciéndose como una infracción grave el incumplimiento de este deber de información”, destaca Consumo.

Con la nueva normativa, la CNMC podrá comprobar “en qué estaciones suben el precio de sus carburantes sin justificar que esa subida corresponde a un incremento de sus costes reales. Y los nombres de aquellas gasolineras en las que haya indicios de comportamientos anómalos serán publicados en esta lista pública”, explica el ministerio de Bustinduy. En concreto, si la CNMC aprecia un “posible comportamiento anómalo” en una estación de servicio, lo pondrá en conocimiento de su titular o gestor y le requerirá para que justifique las desviaciones observadas o “adopte medidas para revertirlas”, señala el decreto.

“De considerar no justificada la desviación, la CNMC incluirá a esa estación en una lista pública que se mantendrá actualizada en su web”, incluyendo “al menos, la instalación afectada, el periodo evaluado y los productos afectados”, dice el decreto. “La inclusión no tendrá carácter sancionador ni prejuzgará la existencia de infracción administrativa” y la Comisión sacará a la gasolinera de ese listado “cuando deje de concurrir la circunstancia que motivó su inclusión”.

Esta medida, destaca Consumo, “no solo garantiza un mecanismo disuasorio y de señalamiento público para evitar que se produzcan esos abusos por parte de los operadores de carburantes”. La lista servirá “como base para que los consumidores puedan presentar reclamaciones al titular o gestor de la estación de carburante o, en su caso, a las autoridades competentes de consumo”.

Este nuevo mecanismo impone nuevas obligaciones a las gasolineras, que deberán habilitar un canal de reclamación visible, accesible y gratuito en el propio establecimiento y en su página web, que tendrá que estar disponible hasta tres meses después de salir de la lista pública.

Además, se introduce “la responsabilidad compartida”: si el precio lo ha fijado un tercero, la gasolinera deberá facilitar al consumidor la identidad y contacto del distribuidor mayorista para que pueda presentar la reclamación económica contra el responsable. Y si la empresa rechaza la reclamación del consumidor, deberá informarle de las vías disponibles para resolver el conflicto sin acudir a los tribunales, explicarle cómo acceder a ellas y facilitarle los datos de los organismos competentes para que pueda ejercer sus derechos.

Retirada progresiva

Para paliar los efectos derivados del encarecimiento de los productos energéticos por el cierre de Ormuz, por el que transitaba un 20% del petróleo y el gas que consume el planeta antes de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el decreto establece una retirada progresiva de parte de las ayudas a los carburantes para los hogares. Para los productos cuyo consumo se encuentra más extendido, el gasóleo y las gasolinas sin plomo, en el ámbito del Impuesto sobre Hidrocarburos se realiza una bajada de tipos de gravamen de 15 céntimos de euro por litro en julio, de 10 céntimos en agosto y de 5 céntimos en septiembre. Sin embargo, decae la rebaja del IVA al 10% de los carburantes que incluyó el primer paquete de medidas anticrisis, en línea con las recomendaciones recibidas desde Bruselas.

La CNMC publicó este martes un informe del que se desprende que no ha detectado “problemas estructurales de competencia en los márgenes del sector de carburantes”. El organismo ya apuntó a finales de mayo, tras analizar los precios de más de 10.500 gasolineras después del decreto de marzo, que el mercado había tenido un “comportamiento global adecuado”, con solo “un número reducido de estaciones de servicio con posibles desviaciones”, sin que se detectase un comportamiento anómalo generalizado del mercado “ni una apropiación significativa de la rebaja fiscal por parte del conjunto de las redes”.

Solamente afloró “un grupo no relevante” de 52 gasolineras que el organismo que todavía preside Cani Fernández no identificó, por tratarse de información “confidencial”, que incurrieron en posibles comportamientos “anómalos”, con desviaciones de precio de más de 10 céntimos de euro por litro con respecto a su comportamiento “esperado”.

A mediados de junio, el Gobierno acordó prorrogar hasta fin de año la obligación de las petroleras de informar a la CNMC sobre sus costes y los precios de venta de los carburantes. Y ahora ha introducido esa suerte de lista negra. A pesar de que esas 52 gasolineras detectadas en el análisis realizado hasta el pasado 30 de abril “son pocas, entendemos que es bueno que se dé publicidad y que los consumidores sean conscientes de dónde la CNMC ha podido detectar cualquier comportamiento fuera de lo que se entiende un comportamiento normal”, dijo el pasado lunes la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, sobre la oportunidad de activar esta medida ahora.

El Gobierno ha aprobado este lunes un nuevo paquete de medidas para responder al impacto de la guerra en Oriente Medio y mantiene las rebajas en las gasolinas para los hogares, que se irá recortando de manera progresiva hasta octubre y que cuenta con una cláusula de reactivación en el caso de que las cotizaciones del crudo vuelvan a dispararse. Además, ha prorrogado las ayudas a los sectores profesionales, fundamentalmente el campo y los transportistas.

Según ha detallado el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el Ejecutivo ha acordado desplegar 1.825 millones de euros. Entre ellos, el alivio de 20 céntimos por litro para agricultores y transportistas, que se suma a una partida de 165 millones en ayudas directas para el sector primario, en concreto a la compra de fertilizantes.

Para los hogares, la rebaja de precios en las gasolineras se articulará de manera progresiva, articulado a través del impuesto especial de hidrocarburos y no a través del IVA, como hasta ahora. Los cálculos del Gobierno pasan por que esta rebaja será de 20 céntimos por litro en julio; en agosto, de 15 céntimos por litro; en septiembre, de 10 céntimos; y en octubre se recortará hasta los 5 céntimos.

Además, el Gobierno ha incluido una cláusula automática de reactivación de la rebaja, por la que se elevará hasta los 20 céntimos/litro si la inflación de los carburantes supera el 15%. También se aplicará a los precios de la electricidad y del gas natural, activándose en el caso de que se disparen en ese mismo porcentaje.

El Ejecutivo ha dado continuidad a las medidas aprobadas el pasado mes de marzo, un paquete valorado en 5.500 millones de euros, articulado en torno a rebajas fiscales del IVA de la luz, los carburantes y el gas natural, así como otra serie de ayudas a los sectores más golpeados, como la agricultura o el transporte.

El Gobierno suprime el Impuesto de generación de electricidad

Además, el Gobierno ha decidido suprimir progresivamente el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), más conocido como impuesto del 7% a la generación, sobre el que ya actuó en el primer paquete normativo para paliar el impacto de la guerra en Oriente Medio. Así, el tributo se reduce un 30% durante el tercer trimestre de 2026, un 40% durante el cuarto trimestre, un 50% durante todo 2027 –situándose en el tipo de gravamen en el 3,5%– y desaparece totalmente en 2028.

La medida está incluida en el Real Decreto-Ley aprobado este lunes y pone fecha de caducidad a este impuesto, que hasta ahora solo se había suspendido temporalmente. El gravamen, que puso en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy, y cuya supresión lleva años reclamando el PP, lo pagan las generadoras, pero se repercute al consumidor en el mercado mayorista de electricidad.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha explicado que esta eliminación del IVPEE, “la única medida fiscal estructural” del decreto, es “fundamental para la electrificación”, porque va a reducir la dependencia de los combustibles fósiles y a diferencia de otras ocasiones en que se ha suspendido temporalmente, ahora su efecto se percibirá también en los precios a medio y largo plazo, incrementado la competitividad del tejido productivo e incentivando la inversión

El decreto también habilita a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a solicitar la información necesaria para conocer el funcionamiento del mercado de carburantes a los agentes mayoristas y minoristas de la cadena de distribución, en el ejercicio de sus competencias. También se amplía la obligación que ya tenían los operadores con capacidad de refino en España de informar semanalmente al regulador sobre sus costes de aprovisionamiento y sus precios de venta al resto de operadores mayoristas. Y si el organismo aprecia un comportamiento anómalo de algún agente, además de iniciar el procedimiento sancionador que corresponda, podrá incluir información individualizada sobre estos sujetos en su reporte semanal sobre el mercado de carburantes.

Según ha detallado la vicepresidenta Aagesen, apenas 52 estaciones de las 10.000 analizadas han incurrido en comportamientos “anómalos”. “A pesar de que son pocas, entendemos que es bueno que se dé publicidad y que los consumidores sean conscientes dónde la CNMC ha podido detectar cualquier comportamiento fuera de lo que se entiende un comportamiento normal”, ha dicho, sobre la oportunidad de activar esta medida ahora.

Para seguir acelerando la implantación de generación renovable y la producción de biogás con el máximo retorno socioeconómico para los territorios próximos a las instalaciones y con el mínimo impacto ambiental, se habilita al Organismo Nacional de Normalización (UNE) a desarrollar con normas técnicas el sello de excelencia social, territorial y ambiental que permite disfrutar de una tramitación preferente a los mejores proyectos.

También se introducen medidas para agilizar la repotenciación de líneas eléctricas existentes, especialmente para anticipar la conexión de nuevas demandas, así como la posibilidad de incorporar baterías para prestar servicios técnicos en los territorios no peninsulares, reduciendo con ello el consumo de combustibles fósiles.

Según los cálculos del Ministerio de Economía, las medidas han contribuido a rebajar en un punto porcentual la inflación. El dato de avance de junio, conocido este lunes, se ha mantenido en el 3,2% por tercer mes consecutivo. A pesar de que el IVA de la electricidad volvió al 21% a principios de mes, la caída de los precios del crudo en los mercados internacionales ya se está trasladando a las gasolineras, por lo que se han compensado.

El Real Decreto-Ley incluye la prórroga en la prohibición del despido por razones vinculadas al conflicto en Oriente Medio, así como ayudas condicionadas a planes de movilidad sostenible para trabajadores.

El Gobierno de coalición, además, ha anunciado un acuerdo entre ambos socios del Ejecutivo para impulsar un ambicioso paquete de medidas en materia de vivienda, que se votará en el mes de julio, con medidas para bajar los precios e impulsar la oferta de vivienda asequible.

El Consejo de Ministros también ha dado luz verde al nuevo cuadro macroeconómico, las cifras con las que Hacienda elaborará los Presupuestos de 2027, y que dispara el crecimiento del producto interior bruto (PIB) al 2,6% para este año.

Medio millón de euros a cargo del erario público se ha embolsado la pareja de Jorge Rodrigo, consejero madrileño de Vivienda, tras casi una década encadenando puestos a dedo en Administraciones del PP de esta región, según estimaciones a partir de la información disponible en diversos portales de Transparencia de la Comunidad de Madrid.

El último empleo de la pareja del responsable de las políticas de Vivienda del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso es el mejor pagado hasta ahora: los 63.134,12 euros brutos anuales que, según información oficial, va a cobrar en el puesto que desempeña desde hace unas semanas en la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid. Allí se ha recolocado en un día, como reveló elDiario.es, tras su salida forzosa de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), propiedad del consistorio de la capital de España. 

No consta que F. T., la pareja de Jorge Rodrigo, disponga de un perfil en la red social LinkedIn. Sí se sabe que en los 80 cursó una FP, rama Administrativa; que tiene un nivel de inglés “básico”, y que realizó un cursillo acelerado online poco antes de saltar al sector público.

Así consta en el currículum oficial que puso a disposición de los ciudadanos cuando ocupó un cargo de cierta responsabilidad en un relevante y acaudalado municipio madrileño que el PP gobierna desde hace casi 40 años. Un puesto de alta exigencia en el que no duró ni seis meses. Como explicó alguien con quien trabajó en aquella época, “quería algo más tranquilo”.

Su siguiente destino fue la EMVS, que ha tenido que sacar a concurso este año la plaza que F. T. ocupaba de forma “temporal” desde diciembre de 2023 tras un duro informe de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento, previa denuncia de Más Madrid, y después de que elDiario.es revelase hace un año la sucesión de puestos públicos de la pareja del consejero de Vivienda de Ayuso.

El pasado diciembre, Antifraude criticó sin medias tintas su contratación en la EMVS, que no dio “detallada explicación sobre cómo llegó el currículo de la persona seleccionada a la empresa, si se hacía algún tipo de publicidad para que quien se considerara con los requisitos necesarios pudiera presentarlo, o si procedían de procesos de selección para trabajadores fijos”.

“No consta si hubo otros candidatos” para una plaza que “al cabo del tiempo, en ciertas condiciones”, podría convertirse en “permanente”, advirtió el órgano fiscalizador del ayuntamiento, que instó a la EMVS a informarle de cómo cubriría esa plaza de forma definitiva. Finalmente, ha salido a concurso este año y se ha adjudicado a otra persona por promoción interna.

Tras su salida de la EMVS, la mayor empresa pública de vivienda de España, el consistorio de Almeida ha recolocado a F. T. como personal de “libre designación”. Su nuevo puesto es el sexto consecutivo que ocupa en un organismo público en la Comunidad de Madrid, con sueldos que han llegado a duplicar el salario medio en España. Actualmente, este asciende a 29.540 euros brutos anuales, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, ha calificado el caso de “enchufismo” y cree que “hay responsabilidades políticas, administrativas y patrimoniales por la contratación ilegal de esta persona en la EMVS durante dos años y medio, que no pueden quedar impunes”.

“Escándalo sideral”

El pasado jueves, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, y preguntada por este asunto, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, quitó hierro al asunto y calificó de “sorprendente” que “a Más Madrid le parezca un escándalo sideral cualquier mínima cosa” y “sin embargo, estén tan contentos en el Gobierno más corrupto de la historia de la democracia”, en alusión a la reciente condena al exministro José Luis Ábalos y a los escándalos que afectan al PSOE.

“Que haya una persona trabajando como eventual en el Ayuntamiento de Madrid les parece un escándalo sideral porque, por lo que sea, entienden que no es adecuada para el puesto”, señaló Sanz, que no negó que se trate de la pareja de Rodrigo, político de larga trayectoria en el PP cuyo nombre suena en las próximas listas de Almeida para el ayuntamiento. “En el ámbito de las competencias municipales se ha entendido que esa persona podía ser adecuada para ese puesto y está trabajando como uno más”, dijo la vicealcaldesa.

Una fuente con conocimiento del asunto definía hace tiempo el anterior puesto de F. T. en la EMVS como el de “un conserje muy bien pagado”. Cobraba 49.667,8 euros anuales. No consta que su paso por la empresa fuera problemático. “Con lo que hacía lo tenía difícil para meter la gamba”, ironiza otra persona que trabaja en la EMVS. Acudía a diario a su puesto, al contrario que Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos, que durante el juicio al exministro socialista reconoció que fue enchufada en la empresa pública Ineco, donde cobró 30.000 euros sin pisar la oficina.

El perfil de F. T. es muy diferente al del consejero Rodrigo, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, máster de Asesoría Jurídica de Empresas por la Pontificia de Comillas y con programas de gestión pública en el IESE de la Universidad de Navarra (la escuela de negocios del Opus Dei) y Comillas-ICADE (de los jesuitas).

La trayectoria de su pareja en la relación de asesores de la web del Ayuntamiento de Madrid no está disponible, pese a que publicar esa información es obligatorio, según la normativa municipal de Transparencia. Según el currículum oficial ya citado, F. T. ocupó puestos administrativos en el sector privado durante más de 20 años. Tras más de una década en el área contable de una empresa, hizo un cursillo a distancia de 150 horas de “Auxiliar de Protocolo” de la Fundación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Se trata de un título propio de esa entidad, sin carácter oficial y diferente a los otorgados por el Ministerio de Educación, que tienen validez en todo el territorio nacional y suelen ser más reconocidos y valorados, al cumplir unos estándares de calidad y rigor establecidos por el gobierno.

Ese curso costaba 650 euros, incluyendo tasas académicas y materiales didácticos. Fue una excelente inversión. Acto seguido, F. T. empezó a encadenar puestos en Administraciones del PP de Madrid: del Gobierno de Cristina Cifuentes al Ayuntamiento de Almeida, el Gobierno de Ayuso, la coordinación del gabinete de la Alcaldía de un relevante municipio, la EMVS y ahora, de nuevo, el Consistorio de la capital.

En la web de la Comunidad de Madrid ya no hay rastro de su etapa con Cifuentes. En su primer destino en la cosa pública se embolsaba 51.480,2 euros anuales. Más del doble del salario medio bruto anual de entonces en España (24.009,12 euros, según el INE).

Cuando en junio de 2025 elDiario.es preguntó directamente a Jorge Rodrigo por este asunto, el responsable de Vivienda de la Comunidad de Madrid derivó la cuestión a su departamento de prensa. Una portavoz aseguró que “evidentemente él no ha tenido que ver” con la contratación de su pareja en la EMVS. E instó a no revelar información personal que pudiera constituir “una intromisión ilegítima del derecho al honor e intimidad de la persona”. Tras la nueva contratación de su pareja, la Consejería no ha respondido a este medio.

Rodrigo preside la agrupación del PP en el distrito de Salamanca, cuya concejal presidenta, Cayetana Hernández de la Riva, es consejera de la EMVS. Cuando esta entidad, una de las principales empresas públicas del ayuntamiento, contrató a F. T., su consejero delegado era Diego Lozano, hoy jefe de gabinete del alcalde de Madrid. Lozano fue también jefe de gabinete del expresidente madrileño Ignacio González, que previsiblemente será juzgado en septiembre de 2027 por las presuntas irregularidades y comisiones ilegales en las obras del campo de golf del Canal de Isabel II, una de las causas del caso Lezo, que estalló hace casi diez años.

Definido como el consejero “con mayor peso político” de Ayuso, Rodrigo fue designado vicesecretario electoral del PP por la presidenta madrileña en 2022, cuando era vicepresidente de la Asamblea de Madrid. En enero, tras unos meses apartado por un cáncer, se reincorporó a su Consejería, que se niega a aplicar los controles de precios de la Ley estatal de Vivienda para las zonas tensionadas.

También acaba de llevar al Tribunal Supremo el Plan de Vivienda del Gobierno, que blinda de forma perpetua la vivienda de protección oficial (algo que según Rodrigo vulnera la Constitución) y cuyos fondos la Comunidad de Madrid acabó aceptando (como otras regiones del PP) pese a su rechazo inicial. Suya ha sido la decisión de dejar fuera a los no empadronados en Madrid de los descuentos del abono transportes, excluyendo a miles de usuarios, sobre todo migrantes y estudiantes.

El popular lleva más de 25 años encadenando puestos con su partido, que incluso le encontró acomodo en Aussa, empresa semipública de aparcamientos en Sevilla, cuando en 2012, con Ana Botella como alcaldesa, se vio obligado a dimitir como gerente de Madrid Espacios y Congresos por la tragedia del Madrid Arena, en la que murieron cinco adolescentes en una fiesta de Halloween. Unos hechos por los que llegó a estar imputado, aunque acabó exonerado.

En los perfiles oficiales del equipo de Gobierno de Ayuso no hay mención a la etapa de Rodrigo en Aussa, cuyo socio privado desde 2010 (49% de las acciones) es Azvi. Esta constructora andaluza figuraba en los Papeles de Bárcenas con donaciones al PP de al menos 858.000 euros entre 2002 y 2008. En 2023 contrató como consultor a un tal Koldo García, recién condenado en el ‘caso mascarillas’ junto a Ábalos.

El pasado jueves, según su agenda oficial, Rodrigo mantuvo un encuentro con responsables de la constructora andaluza Sando, señalada hace años como otro de los grandes donantes del PP en esa contabilidad en B del extesorero de los populares.