¿Es necesario arrebatar a Red Eléctrica de España (REE) el monopolio del transporte de electricidad para garantizar la separación de esta función y la de operador del sistema eléctrico? El asunto lleva tiempo intentando introducirlo en el debate Iberdrola y ha cobrado brío tras el histórico apagón del 28 de abril de 2025.

Este “viejo debate”, como lo ha definido la presidenta de la patronal eléctrica Aelec, Marina Serrano, tiene como trasfondo un posible troceo de REE: separar completamente esas dos actividades y acabar con el modelo vigente en la mayoría de países europeos, reservado en España a Redeia, cotizada cuyo mayor accionista es el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

El asunto lo ha dejado caer en los últimos meses en el Congreso el PNV y, con menos ímpetu y más recientemente, el PP.

“¿Va a tomar la decisión de separar orgánicamente la dirección de Red Eléctrica de la del operador del sistema para que no haya conflictos de intereses, ejerciendo la potestad que tiene del 20% de control de Red Eléctrica y Redeia a través de la SEPI?”, preguntó atropelladamente hace unos días en la Comisión de Investigación del apagón el diputado del PP Juan Diego Requena al secretario de Estado de Energía, Joan Groizard.

En su réplica, la víspera de que el Gobierno anunciara 17.000 millones de inversión en la planificación de la red de alta tensión hasta 2030, Groizard no pudo completar su argumentación (el diputado popular le interrumpió enseguida), pero tuvo tiempo de señalar que “es un debate interesante” que “surge de vez en cuando”. En 2009, el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, llegó a plantear separar los operadores del sistema eléctrico y gasista (Enagás, también participado por SEPI) para integrarlos en un único ente que dependiera directamente del Gobierno (el plan no prosperó).

La idea de abandonar el modelo europeo de lo que se denomina TSO (Transmission System Operator) circula desde hace tiempo en Europa, con el despliegue de redes como uno de los grandes cuellos de botella para la electrificación que debe permitir descarbonizar la economía.

El 10 de septiembre, la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo aprobó la posición del Europarlamento sobre la revisión del Reglamento de redes transeuropeas (TEN-E), que forma parte del denominado Grid Package.

Ese órgano reclamó la apertura a la creación de un “planificador europeo independiente del propietario de la red”. No es lo que reclama Iberdrola y no sería una decisión inmediata. Pero supondría alejarse del modelo vigente hasta ahora en la UE, en el que los transportistas de las redes de alta tensión comparten la función de operador del sistema y planifican las infraestructuras en esas redes en periodos de seis años. 

La idea ya se baraja en Portugal, que acaba de comprar a Amancio Ortega su 13,6% de la homóloga lusa de REE, operador y dueño de las redes de transporte de luz y gas, cuyo primer accionista es el Estado chino.

Por su parte, Reino Unido tomó el control estatal de su operador eléctrico (ESO) en septiembre de 2024 al comprarlo a National Grid (privatizada en los años 90). Y acaba de anunciar la puesta en marcha de GB Grid, una empresa pública de distribución integrada con Great British Energy (creada en 2025) que prevé destinar miles de millones para liderar proyectos de transmisión y energías limpias.

Este es uno de los principales mercados de Iberdrola, que en España fue una de las empresas que se vio obligada a vender sus activos de transporte (líneas de alta tensión de 220 kV) a REE en el proceso paulatino de concentración de esta actividad culminado en 2007. La segunda eléctrica del planeta se ha volcado en los últimos años en el negocio de las redes, reduciendo su exposición a la puesta en marcha de nuevas renovables, en una tendencia común al sector.

En junio de 2024, su consejero delegado en España, Mario Ruiz-Tagle, ya propuso abandonar el monopolio natural de REE y abrir la red de alta tensión en España a la iniciativa privada, a través de concesiones a 30 años, para avanzar en la construcción de nuevas redes y conectar nueva industria, como los centros de datos,

Tras la guerra abierta con Redeia por el apagón del 28 de abril de 2025, Iberdrola ha insistido en esta petición, citando como modelo a Reino Unido, Estados Unidos o Brasil, donde la multinacional vasca tiene una presencia destacada.

Su primer ejecutivo, Ignacio Sánchez Galán, ha criticado abiertamente el monopolio de REE, que ha relacionado con un recorte de las inversiones en España de la multinacional. En la última conferencia de resultados con analistas, en julio, preguntado por el apagón, se dijo “convencido” de que si esas dos actividades “no hubieran estado unificadas, probablemente la situación que estamos comentando sería muy distinta”.

Ruiz-Tagle, que en junio dijo que la “razonable” idea de abrir a la competencia el negocio de REE “no es ir contra nadie”, reclamó el viernes en el Foro La Toja “redes, redes y más redes”. Aseguró que España está en un “círculo virtuoso” para aprovechar la “brutal” oportunidad de la electrificación y que “el gran desafío es la inversión en redes y generar confianza”. Preguntado por qué pide a los Gobiernos, con la posible convocatoria electoral flotando en el aire, se limitó a señalar: “Que nos dejen hacer”.

Endesa y Aelec no han sacado a colación en público esa separación de REE. La presidenta de la patronal dijo hace unos meses en el Congreso que este “viejo debate”, con “ventajas” e “inconvenientes”, es “una opción” que debe decidir el legislador.

Según fuentes del sector, ese posible conflicto de interés de Redeia está en las conversaciones de Aelec con el Gobierno. Sobre todo, con líneas de 220 kV que alimentan a grandes consumidores y el sector entiende que no son de transporte. Hasta ahora reservadas a un puñado de agentes, como grandes siderúrgicas, se van a multiplicar con el desarrollo del bombeo, los centros de datos o el hidrógeno.

“Interés general”

El PNV, que suele defender en el Parlamento las posiciones de Iberdrola, ha ido más allá que el PP. En abril, también en la Comisión del apagón, su diputada Idoia Sagastizábal pidió a la entonces presidenta de la CNMC, Cani Fernández, “evaluar si la concentración en un mismo agente” de las funciones de operador del sistema y transportista, “incluyendo la planificación de inversiones, sigue siendo el modelo más eficiente y alineado con el interés general”. 

La diputada jeltzale fue más allá en mayo, en la despedida de Fernández como presidenta de la CNMC en el Congreso. Criticó que REE “actúa como juez y parte en un negocio que además está regulado”, porque opera la red y “a su vez es el transportista, el dueño de la red de transporte, o sea, que la construye, la mantiene, opera en ella, la planifica y decide las inversiones”.

Fernández dejó claro que una posible decisión de separación “sería de ámbito legislativo”. Horas después, la Sala de Regulación de Competencia aprobó un informe que, como hizo en 2024, advertía del potencial conflicto entre las funciones de operación del sistema y transporte, por los incentivos para maximizar su base de activos regulados construyendo red.

Competencia dio por cumplidas muchas de sus recomendaciones sobre esta materia. Pero advirtió de que esa separación no es completa, porque esas dos áreas aún comparten servicios estratégicos del grupo, incluidos jurídicos, de regulación y control, y el responsable de vigilar la separación sigue sin ser un tercero independiente.

Además, la CNMC pidió que los responsables del operador del sistema no reciban acciones de Redeia como remuneración variable a largo plazo, algo a lo que finalmente accedió la compañía que preside la exministra Beatriz Corredor. Galán dijo en julio que con ese informe “el regulador ya está hablando de este conflicto entre el dueño de la red de transmisión y el operador del sistema, que son dos cosas distintas”.

España, pionera

España fue pionera en el modelo de TSO al crear hace más de 40 años REE. El esquema es similar en el mercado del gas con Enagás (5% de SEPI) como operador del sistema y dueño de la red de gasoductos y de la mayoría de regasificadoras. Pero el debate en España se ha centrado sobre todo en REE, especialmente tras el mayor apagón de la historia reciente de Europa.

Para los responsables de la Fundación Renovables, trocear REE no iría en la buena dirección. “Probablemente, se pierda toda la transparencia” sobre los permisos de acceso concedidos, advertía hace unos días su responsable de Políticas Climáticas, Ismael Morales, quien consideró “bastante negativo que todas las limitaciones de la distribución pasasen al transporte”.

En su opinión, “es normal que presionen” para participar en este negocio: “Es la gallina de los huevos de oro”, al tratarse de una actividad retribuida por el BOE que tiene “menor riesgo” que las liberalizadas.

La fundación acaba de señalar en un informe a las redes de distribución como uno de los principales cuellos de botella para electrificar y aumentar la integración de renovables en España. El documento cifra la saturación de los puntos de conexión en esta red en el 94%, lo que impide conectar nueva demanda en muchas zonas del país, cuando el factor de utilización es menos del 16%, lo que apunta a “un atasco que no es físico, sino de gestión”.

La entidad aboga por “aumentar la transparencia” y “auditar y revisar el cumplimiento de los planes de inversión anuales” de la distribución, un oligopolio con el 95% de la red de media y baja tensión en manos de cuatro empresas (Endesa, Iberdrola, Naturgy y EdP). El informe sostiene que al problema de ejecución de esas inversiones se suma que hay muchos permisos de acceso concedidos a proyectos inmaduros, que bloquean capacidad que podría destinarse a nueva demanda. Y plantea actuar sobre la gobernanza de esta red, en la que ve una oportunidad de “recuperar progresivamente la propiedad pública”.

Finales de 2020: “No recibimos subvenciones, ni las queremos”, proclamaba la Fundación para el Avance de la Libertad (Fundalib), uno de los lobbies ultraliberales que han proliferado en Madrid en la última década, denominado “libertario” y que suma decenas de miles de euros en contratos a dedo y subsidios.

Esta entidad la financian ultrarricos como el catedrático Jesús Huerta de Soto, gurú español del argentino Javier Milei. Apoyada por cargos del PP de Isabel Díaz Ayuso, pertenece a Atlas Network, fundada en Estados Unidos a principios de los ochenta, presente en más de 100 países y considerada una de las principales estructuras de apoyo global a la ola reaccionaria.

Fundalib pide recortar impuestos, impulsar la sanidad privada y la energía nuclear o la “liberalización general del suelo”. Y no hace ascos al dinero público, con un notable apoyo institucional en Madrid.

Desde 2022, se ha adjudicado al menos tres contratos menores (la figura con menos controles) de los ayuntamientos de Ciudad Real (PP), Santa Cruz de Tenerife (Coalición Canaria) y Alicante (PP) por 26.005,79 euros. El primero, de julio de 2022, tras sacar en portada en su revista (Avance) al alicantino Luis Barcala como “el alcalde de la libertad económica”. El último, el 14 de julio, un “estudio comparativo de datos económicos de Ciudad Real” (7.800 euros, la única oferta presentada).

Hay también alguna subvención: 3.000 euros del kit digital en 2025 y 7.500 euros de ayudas de la Junta de Castilla-La Mancha en 2024 para el empleo indefinido. Y es que la sede de Fundalib, según el Registro de Fundaciones del Ministerio de Justicia, es un pareado en Illescas (Toledo), aunque desde hace años dice que está en Madrid. La actual es un coworking en Gran Vía, 6. Justo encima de las oficinas que vendió hace unos días el Gobierno de Ayuso en la subasta en la que nadie pujó por el famoso ático en Chamberí comprado con 6,3 millones de dinero público.

No constan críticas a esa opaca operación en su X (antes Twitter), del secretario general de Fundalib, Juan Pina, que en esa red reparte estopa a Rusia, Milei o Donald Trump, al que tacha de “tiranuelo de república bananera”, “cerdo” o “sátrapa” [“No es Calígula, es mucho peor”], y pide una “huelga de caseros” al tiempo que carga contra la nueva regulación del alquiler y “la anciana esa”, en alusión a Maricarmen: “Deja de asfixiar a los arrendadores con normas y tributos salvajes”, decía este jueves en esa red.

En un escrito remitido a elDiario.es, Pina no ve “contradicción ideológica alguna” en recibir dinero público: Fundalib “no tiene asumida ninguna obligación estatutaria de no contratar con las administraciones públicas”, y no ha recibido subvenciones “relacionadas con el contenido de su actividad. Sí en algún caso alguna de apoyo a la contratación de personal”. “La inmensa mayoría de las aportaciones que recibe procede de otras fundaciones y entidades no lucrativas y de donantes privados”.

Pina y su esposa y presidenta de Fundalib, Roxana Nicula, fundaron en 2009 el Partido Libertario, formación marginal (en las últimas generales a las que concurrió, 2019, sacó 1.250 votos) a la que Huerta de Soto anunció su afiliación en 2011. La fundación ha recibido apoyo de Administraciones del PP y figuras como Javier Fernández-Lasquetty, patrono de otros lobbies ultraliberales como Civismo, que se unió en 2011 a Atlas Network.

En 2023, el entonces gurú económico de Ayuso fue portada de Avance. “Lasquetty ha cumplido”, decía Pina: “El balance económico de la Comunidad de Madrid, más allá de la percepción del propio Consejero, sólo puede considerarse excepcional. Madrid se ha convertido en el motor económico de España aplicando el sentido común”.

El ideólogo de las privatizaciones sanitarias de Esperanza Aguirre apadrinó durante años uno de los estudios más conocidos de Fundalib, su Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF), cuya última edición se publicó el pasado miércoles, de nuevo con Madrid a la cabeza. Lasquetty lo presentó en rueda de prensa en 2020, lo promocionó en 2021 y 2022 y en 2023, ya ex consejero de Ayuso y a punto de anunciar su fichaje por la multimillonaria Alicia Koplowitz, al acudir a su puesta de largo en el Senado. Allí se presenta desde entonces el IACF, que el Gobierno madrileño usa de gancho ante inversores para colocar deuda.

Otra persona de confianza de Ayuso, Almudena Negro, alcaldesa de Torrelodones desde 2023 y exvicesecretaria de Comunicación del PP madrileño, fue portada de Avance en 2022. “Valor en alza en la política española”, decían de ella, “miembro del Consejo General de la Fundación”. Negro matiza que entre 2021 y 2023 estuvo en su “consejo asesor, una cosa honorífica”, “sin remuneración alguna”, y que ese órgano no se reunía. “A título personal” aporta a Fundalib “tres euros al mes”: “A veces” su revista es interesante.

Olimpiada paralela

Su ayuntamiento acogió en junio a los 50 mejores clasificados en unas Olimpiadas de Economía para estudiantes de secundaria de Fundalib y entidades como la universidad privada Schiller, sin relación con las que realiza desde 2008 la Asociación Olimpiada Española de Economía (AOEE), de 44 universidades públicas españolas. “Somos los únicos reconocidos por el Ministerio de Educación para participar en la Olimpiada Internacional”, explica el presidente de AOEE, Sergio Marí.

La anfitriona del evento fue la concejala de Hacienda de Torrelodones, Concha Pastor. La Dirección General de Economía e Industria de Ayuso fue “Patrocinador Oficial de la Delegación Madrileña”, según ese lobby. El Consistorio de Negro ve “completamente normal ceder el salón a distintas asociaciones o vecinos de la localidad para realizar actos o presentaciones o conferencias. Ello no conlleva absolutamente ninguna aportación económica y, por lo tanto, no genera ningún expediente administrativo”.

La web también de Fundalib incluía en su consejo a un alto cargo de Ayuso en activo, Eusebio González, director general de la Agencia madrileña de Vivienda Social y consejero de Planifica Madrid, compradora del famoso ático. Su nombre desapareció tras preguntar elDiario.es a la Consejería de Transportes, que asegura que el nombramiento no se formalizó.

El secretario general de Fundalib indica que las fundaciones suelen crear “comités, consejos y grupos asesores de diversa naturaleza” con afines, “siempre con carácter honorario y sin retribución”. Fundalib los ha tenido “a veces” pero “siempre sin formalizar documento alguno por tratarse de una presencia meramente simbólica y sin efectos prácticos. Más aún, no se han producido reuniones de tales comités o consejos porque, en nuestro caso, se había puesto a personas de muy diversos países”.

Pina ha borrado “personalmente” información de ese consejo porque eran “páginas obsoletas o incorrectas que podían inducir a errores”. A González “se le ofreció en su momento como a muchas otras personas y no recuerdo si llegó a incluírsele”. “Desde luego, no se formalizó ningún documento”. “Ni con él ni con nadie”.

El alto cargo de Ayuso y la entonces alcaldesa participaron en 2024 en un evento en Madrid de Atlas Network organizado por Fundalib, el Europe Liberty Forum. Avance aseguró que Negro seguía en su consejo, con Lasquetty pronunciando un “brindis por la Libertad”. Su “espléndido discurso”, según Fundalib, fue un “fuerte espaldarazo internacional y una auténtica puesta de largo ante los donantes, aliados y stakeholders de todo tipo”. “Se habrán disipado, si quedaban, las dudas que alguien pudiera tener sobre la magnitud y la relevancia del trabajo cotidiano de la Fundación, y sobre su reconocimiento en el competitivo sector de think tanks”.

El maestro de ceremonias fue Brad Lips, consejero delegado de Atlas Network, financiada por multinacionales tabaqueras, petroleras o del gas y que en el último lustro ha recibido más de 100 millones de euros en donaciones cuyo origen no aclaran sus cuentas.

Fundalib, que no publica su memoria, ingresó 269.709,83 euros en 2025, revela Pina. 40.022 euros vinieron de una fundación que creó recientemente Huerta de Soto, partidario de privatizar “hasta las calles”, dueño de la aseguradora España SA y con una inmobiliaria con herencia franquista que ha recibido subvenciones y tiene un letrero ilegal en Gran Vía (el Defensor del Pueblo exige retirarlo al Ayuntamiento de Madrid). Esa aportación es muy superior a los 7.500 euros que destinó el magnate al Instituto Juan de Mariana, otro lobby de Atlas Network que dirige un ex alto cargo de Lasquetty y fundó y preside el canario Gabriel Calzada, que lo usa en beneficio de sus empresas familiares, receptoras de importantes ayudas públicas.

Fundalib se creó en 1999, pero no se inscribió hasta septiembre de 2018. Su primer objetivo fundacional es “la difusión de la música y las artes, y en general, de la cultura y la libertad”. En plena pandemia, mientras decía renegar de subsidios, lanzó su campaña “La sanidad privada salva vidas” para “dar visibilidad” al sector y que alcance “todo su potencial” y llegó a anunciar una “Asociación para la Defensa de la Sanidad Privada en España”.

En abril la fundación pidió que médicos privados puedan emitir bajas y altas en un informe que firmó Rafael Caviedes, presentado como “fundador de MC2 Salud y MBA por IESE Universidad de Navarra” y expresidente de Isapres, fundación de aseguradoras privadas de salud chilenas.

En los últimos años, ha organizado eventos en Value School, proyecto educativo del conocido gestor Francisco García Paramés, donante de Civismo que ha prestado su sede al Juan de Mariana e impulsa esas “Olimpiadas de Economía”.

Si en Civismo (con un presidente que le carga gastos muy discutibles) son patronos multimillonarios como Juan Abelló o Helena Revoredo, dueña de Prosegur, en ese consejo “honorífico” de Fundalib que nunca se reunió han figurado autoproclamados liberales como el economista Lorenzo Bernaldo de Quirós o el lobbista nuclear Manuel Fernández Ordóñez, pero carece de empresarios de relieve, al igual que el del Juan de Mariana.

El único nombre de cierta entidad, poco conocido, pero muy rico, es el magnate inmobiliario Ángel Soria. Una de las sedes que ha tenido Fundalib en la capital, en la calle Julián Camarillo, es de su empresa Torre Rioja, con activos de 510 millones en 2025 y multada hace años por Hacienda por deducirse facturas falsas emitidas por dos empresas vinculadas a casos de corrupción y fraude fiscal en Castilla y León. El dueño de Torre Rioja, que en 2021 acusaba al Gobierno de comprar periodistas y crear un “ambiente de terror” con las restricciones por la pandemia, es como Huerta de Soto un ultrarrico por herencia. Su padre, José Soria Velasco, ya era una de las 100 personas más ricas de España hace casi medio siglo.

“Prohibición de la compra especulativa de vivienda”, con descuentos superiores al 30%; suspensión de los desahucios de vulnerables hasta diciembre de 2030 sin compensación para el propietario o prohibición de que los grandes tenedores superen el índice de referencia en las zonas declaradas como tensionadas.

Son algunas medidas contra los denominados fondos buitre que incluye el real decreto-ley publicado este miércoles en el BOE, aunque el texto no los menciona expresamente ni los define de una manera general. Habla, como mucho, de “fondos de inversión especulativos” sin una definición clara.

El texto señala en su artículo 1 que toda entidad, con o sin personalidad jurídica, que incluya en su objeto social la adquisición de inmuebles, “tendrá limitada la adquisición de una vivienda, a título gratuito o a título oneroso por un precio inferior al setenta por ciento de su valor de tasación de mercado”.

La limitación será temporal, hasta el 31 de diciembre de 2028, “para garantizar su proporcionalidad” y de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional. Y afectará tanto a viviendas en estado de uso como de viviendas de edificios construidos sobre suelo de calificación residencial que cumplan los requisitos para obtener la cédula de habitabilidad, desde que dispongan de certificado de fin de obra.

Esta “prohibición de la compra especulativa de vivienda”, como la define el texto en su exposición de motivos, tiene excepciones. El veto no afecta a las adquisiciones derivadas de procedimientos judiciales o ejecuciones hipotecarias. La prohibición “no se aplicará a las adquisiciones de propiedad que deriven de procedimientos de ejecución tramitados ante los órganos jurisdiccionales de conformidad con lo establecido en la legislación procesal o de procedimientos de ejecución hipotecaria”, dice el texto.

Esto significa que el decreto no impide que un fondo pueda adjudicarse una vivienda en una ejecución hipotecaria aunque el precio de adjudicación esté por debajo del 70% de la tasación.

El veto tampoco se aplicará cuando las viviendas se destinen durante al menos cinco años a vivienda habitual “a precio asequible o social”; a residencias para personas que necesiten atención sociosanitaria; a las destinadas a residencia de personas pertenecientes a colectivos socialmente vulnerables de entidades del tercer sector; a la protección de víctimas de violencia de género; y si la compradora acredita que se ha adherido a un Código de Buenas Prácticas “acordado con la autoridad competente en materia de vivienda”.

Tampoco se aplicará a operaciones que ya se hayan escriturado antes de la entrada en vigor del decreto, aunque no figuren inscritas todavía.

En lo relativo a la suspensión de los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad que no dispongan de alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030, el artículo 2 señala que no habrá compensación al propietario durante ese periodo [a diferencia de lo que ocurre con el resto de arrendadores] cuando el dueño de la vivienda sea una “entidad con o sin personalidad jurídica dedicada a adquirir inmuebles o carteras de préstamo hipotecarios impagados por un precio claramente inferior a su valor de tasación de mercado”, y que tenga “el objeto de eludir los mecanismos de función social de la vivienda o maximizar su rentabilidad a través de la desproporción en las rentas de alquiler, en los precios de reventa o por su destinación a finalidades no residenciales”.

El texto establece que en zonas declaradas tensionadas (algo que es competencia de las Comunidades Autónomas), si el propietario es un gran tenedor, el nuevo contrato queda sometido al límite máximo del índice de precios de referencia. Además, no se pueden añadir cuotas, gastos, impuestos u otros conceptos que, directa o indirectamente, permitan superar ese límite.

Esto afecta potencialmente a muchos vehículos inmobiliarios, aunque no exclusivamente a fondos. Si no hay definición expresa de lo que es un fondo buitre, sí la hay para un gran tenedor: aquel con más de diez inmuebles urbanos residenciales o más de 1.500 m² de superficie residencial. Las comunidades autónomas podrán reducir el umbral a cinco viviendas en zonas tensionadas.

“Fondos de inversión especulativos”

La exposición de motivos del decreto publicado este miércoles en el BOE señala que “la ciudadanía que precisa de una vivienda ha de competir en un mercado con diferentes perfiles de ahorro”, desde “familias ahorradoras a fondos de inversión especulativos destinados únicamente a la obtención de la máxima rentabilidad económica de la vivienda”, lo que requiere tener una situación económica “muy favorable” y provoca “la imposibilidad o desplazamiento del acceso a la vivienda en condiciones dignas y de asequibilidad de estas personas”.

Por su parte, el decreto con la renovación automática de los alquileres, que aún no se ha publicado en el BOE, no incluye referencias explícitas a los fondos buitre pero sí para los grandes tenedores, porque les obliga a aceptar una prórroga extraordinaria de un año cuando el inquilino acredite vulnerabilidad social económica. Además, cuando el arrendador sea una empresa, la prórroga ordinaria al vencimiento del contrato será de siete años, y no de cinco.

El sector público gana posiciones en grandes empresas cotizadas a través del Estado y del Gobierno vasco, muy activo en los últimos años a través del fondo Finkatze Kapitala Finkatuz S.A. (Instituto Vasco de Finanzas). El recuento de participaciones de cierta relevancia en cotizadas de entidades públicas con sede en España puede alcanzar en breve la docena de grandes compañías y la tendencia podría ampliarse en breve.

En la actualidad, ocho firmas del Ibex y tres del Mercado Continuo, con una plantilla global conjunta de más de 306.000 empleados, tienen participación del Estado o del de Finkatuz, muy activo en los últimos años. La siguiente en esa lista puede ser Azkoyen, también con ese fondo del Gobierno vasco como protagonista.

El fabricante navarro de máquinas automáticas ha sido objeto de una oferta pública de adquisición (opa) valorada en 244,5 millones de euros que lidera el empresario José Antonio Jainaga (presidente a su vez de Talgo y Sidenor) a través del consorcio Ohmnia, en el que participa desde 2025 Finkatuz, que significa “afincar” en euskera.

Ohmnia actualmente emplea a unas 1.000 personas. Se enfoca en el segmento de electrónica y metálica para sectores como la energía, salud, defensa o ferrocarril. Su oferta por Azkoyen (10 euros por acción en efectivo), no solicitada, era en el momento de anunciarse en julio inferior a la cotización del grupo navarro. Ha sido calificada como “amistosa” por el consejo de administración de la compañía opada. El primer accionista de Azkoyen (29,6%, al borde del umbral que obliga a lanzar a una opa) es Inverlasa, de los multimillonarios Ruiz Lafita, fundadores de la quebrada ingeniería Eurofinsa (habitual de las listas de morosos de Hacienda) y muy vinculados al ladrillo madrileño.

La oferta de Ohmnia está supeditada a una aceptación de más del 50% del capital de Azkoyen y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) anunció su visto bueno a la propuesta el pasado lunes. De prosperar, la operación daría lugar a un grupo con más de 2.000 empleados y más de 400 millones de facturación. Finkatuz no ha precisado cuál es su participación en Ohmnia y por ahora se desconoce cuál sería su paquete en la empresa resultante.

De cuatro a ocho firmas

La operación llega en un contexto de progresivo del peso de entidades públicas en la Bolsa española. Desde 2011 se ha duplicado el número de compañías con participación del Estado en el Ibex 35, el índice que aglutina a la elite empresarial española: de cuatro firmas hace tres lustros (Ebro Foods, Enagás, IAG y Red Eléctrica) a las ocho actuales.

En 2012 llegó el rescate de Bankia, absorbida en 2021 por Caixabank, en la que el Fondo de rescate bancario (FROB) mantiene un 18%. En 2013, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) compró el 20% que tenía la antigua Caja Madrid en Indra. En 2015 Aena completó su salida a Bolsa (el Estado conserva la mayoría a través de Enaire). En 2022, con la invasión de Ucrania, SEPI subió su peso en Indra al 28% actual. Y en 2024 el Estado volvió a Telefónica (privatizada por José María Aznar en 1997) con un 10%, tras la inesperada entrada de Arabia Saudí con casi un 10%.

A estas ocho compañías del Ibex se suman tres del Mercado Continuo, con un relevante papel de Finkatuz. Este fondo se lanzó en 2021 para adquirir participaciones financieras en empresas estratégicas para el Gobierno vasco y garantizar su arraigo local. Su objetivo es frenar la deslocalización del tejido industrial y vincular a las empresas con el territorio, impidiendo la salida de los centros de producción y de decisión, tras la experiencia de Gamesa (adquirida por la alemana Siemens) o Euskaltel.

En 2025, el lehendakari vasco, Imanol Pradales, impulsó una “Alianza Financiera Vasca” con el objetivo de movilizar desde la colaboración público-privada 4.000 millones para la transformación económica e industrial de Euskadi, y se dotó a Finkatuz con 1.000 millones para reforzar la disposición inversora del Instituto Vasco de Finanzas. Finkatuz recibió del Ejecutivo vasco en 2025 otros 350 millones para nuevas operaciones. La entidad tiene algo más de un 6% de Arteche, fabricante de bienes de equipo para el sector eléctrico con casi 3.000 empleados en el que el Gobierno vasco participa desde 2015 y que en febrero pasado saltó del mercado de pymes (BME Growth) al Continuo.

Además, Finkatuz alcanzó en 2022 un 3% del fabricante de trenes CAF, en el que el Gobierno vasco era accionista desde 2017 con un 1,2%. A finales de 2025, junto a Jainaga, el fondo se convirtió en accionista de Talgo. Tiene un 7,8% y la SEPI cuenta con otro 7,9%, tras la reordenación del capital del fabricante de trenes como consecuencia de la salida del fondo Trilantic y la negativa del Gobierno central a autorizar la entrada de un grupo húngaro por sus vínculos con el entonces primer ministro, el ultraderechista Víktor Orban. Ese movimiento de nacionalización vino acompañado del traslado de la sede del histórico grupo ferroviario desde Las Rozas (Madrid) hasta Álava.

El fondo, cuyo nombre también se barajó para la entrada en una cotizada en problemas, Tubos Reunidos (en concurso de acreedores), participa en grandes compañías que no están en Bolsa como ITP Aero, Kaiku Corporación Alimentaria, la siderúrgica Arania (en la que ha comprado este año un 6,25%) o Ayesa Digital. En esta última entró a finales del año pasado y podría salir próximamente a Bolsa. Este escenario tampoco se descarta a medio y largo plazo para ITP, en la que Indra tiene un 9,5% y Finkatuz, un 6%.

El peso del Estado en grandes empresas españolas quedó muy mermado tras las privatizaciones de Aznar en los años 90, pero ha crecido sobre todo tras el shock sanitario y económico de la pandemia, que puso en el foco la autonomía estratégica en Europa y el denominado “capitalismo de Estado”, con más salvaguardas a la inversión exterior en empresas consideradas estratégicas. Las barreras comerciales por motivos de “seguridad nacional” se han triplicado a escala global en diez años, según un reciente informe de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

España estuvo durante años a la vanguardia de Europa en su afán privatizador, casi a la par de otros países como Portugal, que acaba de volver al capital de REN (dueña de la red de gasoductos y de alta tensión), tras comprar a Amancio Ortega su 13,7%, y conserva un 8,5% en la petrolera Galp. También cuenta con un pequeño paquete en el antiguo monopolio postal, CTT.

Los últimos datos de Bolsas y Mercados Españoles (BME) reflejan que a cierre de 2025 Administraciones Públicas de todo el mundo mantenían una participación del 4% en las cotizadas españolas, con un valor aproximado de 45.000 millones. La cifra es una décima menos que el año anterior, pero es la segunda más alta de los últimos 28 años (ver gráfico).

BME destacaba hace unos días la relevante presencia en el Ibex del fondo soberano de Noruega, el mayor del mundo, con 16.075 millones. Esta entidad no cuenta con lo que la CNMV denomina participaciones significativas (superiores al 3%), que deben publicarse en la web del regulador bursátil, pero tiene un peso relevante en grandes compañías. El fondo noruego cerró el primer semestre de 2026 con un 2,3% de Iberdrola, el 2,24% de Amadeus, un 2,17% de Sabadell o un 1,86% de Santander, entre otras muchas firmas del Ibex.

Entidades extranjeras de capital público tienen desde hace años una presencia muy relevante en la Bolsa española. Una muestra es el control del Estado italiano sobre Endesa, filial del grupo semipúblico Enel, que entró en la eléctrica hace casi 20 años. La gasista argelina Sonatrach tiene el 3,85% de Naturgy.

Por su parte, el fondo soberano de Singapur tiene un 7% de Cellnex y un 45% de la hotelera HIP, controlada por el gigante Blackstone, y que prepara su salida a Bolsa. Y Qatar es el primer accionista de Iberdrola (8,7%) e IAG (25%) y controla un 13,22% de Colonial, todas del Ibex. En IAG, el Emirato participa desde 2015 con un 10% inicial que elevó en 2016 al 20% y aumentó desde 2020.

“Estamos en una crisis energética”, decía este martes desde Dublín la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, a su llegada al Consejo Europeo de Energía, en vísperas de que el Consejo de Ministros haya aprobado un nuevo Real Decreto, el tercero desde que arrancó a finales de febrero la guerra en Irán, para hacer frente a las consecuencias económicas del enquistamiento de la situación en el Estrecho de Ormuz, clave para el suministro energético global antes de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Se trata de la segunda prórroga de las medidas que se aprobaron en marzo, y además se introducen algunas de nuevo cuño. El grueso estará vigente hasta el 31 de diciembre, tal y como ha explicado tras el Consejo de Ministros el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, que ha señalado que el decreto “supone un gran esfuerzo presupuestario” y ha cifrado en “más de 12.000 millones” para las arcas públicas el coste de estos tres decretos.

El ministro ha recordado que la situación de los mercados energéticos “se ha deteriorado” significativamente respecto al comienzo del verano, con la inflación disparándose ya hasta el 4,9% en septiembre, en máximos desde febrero de 2023, según ha adelantado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE), con 2 puntos de esa subida atribuibles a la inflación energética. Estas son algunas de las medidas aprobadas:

Descuento a los carburantes

El decreto prorroga las ayudas fiscales a los carburantes en un momento en el que la gasolina y el diésel superan ya los 2 euros por litro, y eso sin que Donald Trump haya materializado aún su amenaza de vetar las exportaciones del gasóleo refinado en Estados Unidos.

El nuevo decreto no mantiene el esquema de 20 céntimos general que se aprobó tras el estallido de la guerra en Irán, sino que establece una retirada progresiva del descuento durante el cuarto trimestre, como se hizo cuando se prorrogaron los descuentos en junio. Se recorta el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos de la gasolina y el gasóleo con un alivio de 20 céntimos en el precio de estos carburantes en octubre, de 13 céntimos en noviembre y de 6 céntimos en diciembre, pero con una cláusula de salvaguarda que permitirá elevar su cuantía en caso de que los precios del petróleo sigan disparados, si los precios energéticos suben por encima del 15%. En ese caso se volvería a los 20 céntimos.

Cuerpo ha recordado que los precios después de impuestos de los carburantes en España están ya “significativamente” por debajo de la media europea gracias a las medidas adoptadas hasta ahora, con una traslación “rápida y plena”, según ha constatado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Tope a la tarifa regulada del gas y al butano

Como ya ocurrió tras la invasión de Ucrania, la norma vuelve a intervenir la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas natural, a la que están acogidos más de 3 millones de consumidores, cerca de la mitad del total.

Para evitar un aumento de la TUR superior al 45% con la llegada del otoño y el comienzo de la temporada de calefacciones, se introduce un mecanismo similar al que estuvo vigente entre finales de 2021 y junio de 2024 para limitar las subidas de la tarifa regulada del gas, limitando la componente relacionada con el coste de la materia prima a un 35% para el último trimestre de este año y a un 15% para los siguientes. El resultado, según ha explicado Aagesen este martes, será que la TUR “en vez de subir ese 49% se quede en un 15%”.

El Gobierno no ha concretado el coste de esta medida. En 2021, cuando adoptó un límite similar y amplió la TUR a las comunidades de vecinos, presupuestó un coste de 3.000 millones, pero finalmente no se gastó ni un tercio porque las subidas del gas fueron menores a las esperadas y el año pasado la CNMC devolvió el sobrante al Tesoro.

Aagesen ha confirmado también que el decreto vuelve a limitar temporalmente el precio del butano como ocurrió tras la invasión de Ucrania: hasta el 30 de junio de 2027, no podrá superar el precio máximo establecido en la resolución de mayo de 2022. Para la bombona de 12,5 kg, el límite será de 19,55 € por envase en Península hasta el 30 de junio de 2027. La bombera ya está limitada a una variación del 2% al alza o a la baja en cada revisión bimestral.

IVA de la luz e impuesto eléctrico

El texto también establece un mecanismo para recuperar temporalmente el IVA del 10% sobre electricidad y determinados combustibles, y vuelve a rebajarse el Impuesto Especial sobre la Electricidad al mínimo legal del 0,5% si el IPC energético superase el umbral del 15%.

Almacenamiento de gas y reservas estratégicas

Para reforzar la “soberanía energética”, en expresión del vicepresidente Cuerpo, el texto establece una obligación extraordinaria de almacenamiento de gas natural licuado (GNL) entre noviembre de 2026 y marzo de 2027. Así, el Plan de Acción Invernal (PAI) para este ejercicio aumenta las reservas de GNL disponibles en los tanques de las plantas de regasificación hasta 21 días distribuidos entre los cinco meses invernales, frente a los 16,5 días establecidos en el PAI del año pasado, explica Transición Ecológica.

Este incremento afecta a los meses de noviembre (tres días frente a un día), diciembre (3,5 días frente a 2,5 días) y marzo (tres días frente a 1,5 días), mientras que quedan igual enero (6,5 días) y febrero (cinco días). De este modo se asegura la disponibilidad de gas para responder a bruscos aumentos de demanda o a tensiones en las cadenas globales de suministro.

Además, se da más capacidad a la Corporación de Reservas Estratégicas (CORES) para decidir dónde se liberan las reservas estratégicas de petróleo en una situación de escasez. Además, se endurece y concreta el régimen de los Certificados de Ahorro Energético (CAE) y se abre “excepcionalmente” el Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) a inversiones de los propios ministerios para ahorro y eficiencia energética.

Más sanciones a las petroleras

Ante “la imperiosa necesidad de reforzar los mecanismos de control y disuasión en un contexto de extraordinaria volatilidad de los mercados energéticos”, según el borrador al que ha tenido elDiario.es, se endurece el régimen sancionador de la Ley de Hidrocarburos al duplicarse la cuantía máxima de las multas: hasta 60 millones para las infracciones “muy graves”, 30 millones para las “graves” y 1,2 millones para las “leves”. “Así se refuerza la disuasión, se previene la especulación y se asegura la transparencia del mercado, sobre todo en materia de existencias mínimas de seguridad, información a la Administración y prácticas anticompetitivas en un contexto de gran volatilidad en los mercados”, según Transición Ecológica. Además, se introduce un nuevo régimen sancionador para los combustibles sostenibles de aviación.

Encargos a la CNMC

El texto también encarga a la CNMC que elabore dos estudios sobre la evolución de los precios de la energía y los alimentos, prestando especial atención a la formación de precios, la competencia y la traslación de las ayudas a los consumidores, en el caso de luz o carburantes, y analizando la cadena de valor alimentaria, especialmente la repercusión de los costes de energía y fertilizantes sobre los precios finales. “Queremos saber cómo están funcionando”, ha dicho Cuerpo, pidiendo “recomendaciones” al organismo para mejorar la “eficacia” del mercado

Control de tensión

El texto que se ha llevado al Consejo de Ministros, al que ha tenido acceso elDiario.es, y que consta de 36 artículos, cinco disposiciones adicionales y ocho finales, también introduce una importante novedad regulatoria relativas al control de la tensión eléctrica, clave en el apagón de abril de 2025, y para el que desde entonces se han sucedido las medidas.

Así, se modifica el real decreto 413/2014 para que las instalaciones renovables tengan una participación más activa en el control de tensión, de forma que se incorpore como una capacidad operativa más exigible a energías limpias, en lugar de descansar principalmente en generación convencional. La medida no será inmediata y entrará en vigor tres meses después de su publicación en el BOE.

El Gobierno prorrogará este martes las rebajas fiscales en la gasolina y el gasóleo hasta finales de diciembre, a través de un recorte en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos que supondrá un alivio de 20 céntimos en el precio de estos carburantes en octubre, de 13 en noviembre y de 6 en diciembre, pero con una cláusula de salvaguarda que permitirá elevar su cuantía en caso de que los precios del petróleo sigan disparados.

El borrador del Real Decreto-Ley por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas en el marco del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, al que ha tenido acceso elDiario.es y que el Consejo de Ministros aprobará este martes, también apuesta por limitar la tarifa del gas y del butano coincidiendo con la llegada del invierno, a la vista de que los precios del gas de referencia en Europa se han disparado en las últimas semanas y ya más que duplican el coste previo a la guerra en Irán.

La norma vuelve a intervenir la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas natural, a la que están acogidos más de 3 millones de consumidores. Para evitar “un aumento de la TUR superior al 45 por ciento respecto de la tarifa vigente desde el 1 de julio”, se introduce un mecanismo similar al que estuvo vigente entre finales de 2021 y junio de 2024 para limitar las subidas de la tarifa regulada del gas, limitando la componente relacionada con el coste de la materia prima a un 35% para el último trimestre de este año y a un 15% para los siguientes.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha confirmado en declaraciones a los medios, a su llegada al Consejo Europeo de Energía de Dublín, ese tope a la TUR, que supondrá que “en vez de subir ese 49% se quede en un 15%”. Aagesen ha confirmado también que se vuelve a limitar temporalmente el precio del butano como ocurrió tras la invasión de Ucrania: hasta el 30 de junio de 2027, no podrá superar el precio máximo establecido en la resolución de mayo de 2022. Para la bombona de 12,5 kg, el límite será de 19,55 € por envase en Península.

También se establece un mecanismo para recuperar temporalmente el IVA del 10% sobre electricidad y determinados combustibles, y vuelve a rebajarse el Impuesto Especial sobre la Electricidad al mínimo legal del 0,5% si el IPC energético supera el umbral del 15%.

El decreto introduce nuevas obligaciones relativas al control de la tensión eléctrica, clave en el apagón de 2025. Se modifica el real decreto 413/2014 para que las instalaciones renovables tengan una participación más activa en el control de tensión, de forma que se incorpore como una capacidad operativa más exigible a energías limpias, en lugar de descansar principalmente en generación convencional.

Ante “la imperiosa necesidad de reforzar los mecanismos de control y disuasión en un contexto de extraordinaria volatilidad de los mercados energéticos”, se endurece el régimen sancionador de la Ley de Hidrocarburos al duplicarse la cuantía máxima de las multas, hasta 60 millones para las infracciones “muy graves”, 30 millones para las “graves” y 1,2 millones para las “leves”. Además, el borrador introduce un nuevo régimen sancionador para los combustibles sostenibles de aviación.

Asimismo, se establece una obligación extraordinaria de almacenamiento de gas natural licuado (GNL) entre noviembre de 2026 y marzo de 2027. Y se da más capacidad a la Corporación de Reservas Estratégicas (CORES) para decidir dónde se liberan las reservas estratégicas de petróleo en una situación de escasez.

Además, se endurece y concreta el régimen de los Certificados de Ahorro Energético (CAE) y se abre “excepcionalmente” el Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) a inversiones de los propios ministerios para ahorro y eficiencia energética.

El borrador también encarga a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la elaboración de dos estudios sobre la evolución de los precios de la energía y los alimentos, prestando especial atención a la formación de precios, la competencia y la traslación de las ayudas a los consumidores, en el caso de luz o carburantes, y analizando la cadena de valor alimentaria, especialmente la repercusión de los costes de energía y fertilizantes sobre los precios finales.

Hotel rural con piscina; “zona wellness” y sala de conferencias; bodega, almazara para producir aceite con zona de catas, showroom o sala polivalente; picadero interior con grada y pabellón de caza; “edificio lodge, destinado a actividades cinegéticas y náuticas” a orillas del pantano de San Juan...

Son algunas características del proyecto enoturístico en suelo protegido que intentó promover en 2019 en Cebreros (Ávila) una empresa del millonario venezolano Pedro Trebbau, socio y primo del nuevo virrey petrolero de Donald Trump, Alejandro Betancourt, y reclamado como este oligarca por la Fiscalía española por un presunto fraude masivo para blanquear fondos procedentes de contratos multimillonarios obtenidos en la etapa de Hugo Chávez.

Trebbau, exponente de los denominados ‘bolichicos’ (jóvenes empresarios que se hicieron multimillonarios con la corrupción chavista), no vio materializarse el proyecto porque lo vetó el Ayuntamiento de Cebreros tras otorgarle la Junta de Castilla y León en marzo de 2020 una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable a la promotora y propietaria de la finca, Global Haswell SL.

Esta empresa es una de las sociedades que ha administrado en los últimos años para la pareja de primos venezolanos José Antonio Jordano, abogado cordobés con vínculos con el PP que fue clave en el desembarco de Betancourt en empresas españolas como Hawkers o Auro. Jordano apela a la confidencialidad de sus clientes y señala que a Trebbau “lo conoce todo el mundo en Cebreros”: “Ha hecho mucho por desarrollar la actividad y hacer cosas allí”.

Global Haswell no informa de quién o quiénes son sus dueños. Se creó en 2018, cuando ya habían salido las primeras informaciones sobre investigaciones contra Betancourt y su primo por posible blanqueo. En julio de 2018, con Jordano como administrador, y junio de 2019, adquirió sendas fincas rústicas en este municipio de 3.000 habitantes, conocido por ser la localidad natal del expresidente Adolfo Suárez y muy castigado por los incendios de este verano en la Sierra Noroeste de Madrid y Gredos.

El 2 de marzo de 2020, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta emitió DIA favorable al proyecto básico para construir un hotel rural con bodega, almazara para la producción de aceite e instalaciones para la producción de piñón en la finca Santa Leonor, a doce kilómetros del núcleo urbano de Cebreros. El proyecto de Global Haswell, con una superficie construida de unos 4.000 metros cuadrados, constaría de “seis edificios, o grupos de edificios”, de los cuales los dos módulos que conformarían el edificio principal y el denominado “lodge” serían de nueva construcción y el resto, rehabilitados.

El volumen principal tendría una superficie útil de 905 metros cuadrados, con recepción, seis habitaciones dobles y tres suites, salones privados o patio polivalente. En el volumen anejo, de casi 1.000 metros, se proyectaron las estancias de recepción auxiliar, salón cafetería, “zona wellness”, estancia destinada a alojar al personal, aseos, cuarto de instalaciones, garajes, zona de restauración o terrazas abiertas. “También contará con zona audiovisual para charlas, exposiciones y conferencias”, dice la DIA favorable que la Junta otorgó tras imponer una serie de condiciones pese a sus afecciones a la Red Natura 2000, por entender que este proyecto en zona ZEPA (de especial protección para las aves) era compatible con los objetivos de conservación establecidos en el Plan de Recuperación de la Cigüeña Negra, y el Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica.

Pese al aval del Gobierno del popular Alfonso Fernández Mañueco, el proyecto no llegó a ver la luz. El Ayuntamiento de Cebreros paralizó la licencia tras una denuncia de Ecologistas en Acción, que argumentaba que estaba en peligro la conservación de un espacio protegido de 130 hectáreas de pinar. “Ese tema se paró”, confirma al teléfono el alcalde de Cebreros desde 2015, Pedro José Muñoz, histórico ex del PSOE (fue líder provincial y diputado nacional cinco legislaturas), expulsado en 2022 tras negarse a acatar la decisión del partido de apartarle de la portavocía de la Diputación abulense.

La finca de Global Haswell, bañada por los ríos Alberche y Cofio y el citado embalse de San Juan, está muy cerca de la que tiene allí el expiloto de rallies Carlos Sainz, hijo adoptivo de Cebreros junto a su hijo, el piloto homónimo de Fórmula 1. El año pasado, la empresa inició la tramitación urbanística para un proyecto de rehabilitación y ampliación de la vivienda existente en la finca. A partir de 2021 también inició varios expedientes de “legalización” de edificaciones ya construidas en “Las Cabreras de Santa Leonor”, que se publicita todavía hoy en una rudimentaria web: “Bienvenidos”, dice, y ofrece actividades de caza, paseos en barco y “opciones personalizadas para celebraciones y eventos”. El teléfono de contacto es un improbable “+1 (234) 567 890”. La dirección de mail devuelve los correos al remitente.

Comisión rogatoria

Según documentación oficial, en 2025 el Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional prohibió cautelarmente disponer de la finca en el marco del procedimiento derivado de la Comisión Rogatoria 12/2025. Es posible que esa orden llegara tarde. Según el Registro de la Propiedad, las dos fincas de la empresa se hipotecaron a finales de 2024 en favor de Riscaldos Inversiones SL, Quinto Capital SL y Avanza Four Invex SL. El valor de subasta se fijó en 7.197.583,95 euros.

Jordano fue hasta 2024 representante de Global Haswell en otra mercantil cuyo nombre remite a esa localidad abulense, Rural Homes Cebreros SL. Al teléfono, reconoce que trabaja “hace muchos años” para Trebbau, como ha hecho para Betancourt y “muchos otros extranjeros que no están en España y necesitaban alguien que les lleve la gestión de la sociedad y firmar y la notaría y hacer las cuatro cosas de las obligaciones legales de las compañías”.

Jordano niega ser el “hombre de paja” de Trebbau en Global Haswell. “Tendría que ser yo el dueño de esa sociedad”, dice este abogado, que es hijo de Diego Jordano (fallecido ex presidente del PP de Córdoba y diputado cuatro legislaturas) y hermano de un asesor de confianza del alcalde popular de Córdoba. También es cuñado y socio en varias empresas de Jaime Pérez, director de Arquitectura del Gobierno de Murcia hasta hace tres años.

Sobre el procedimiento en la Audiencia Nacional, Jordano señala que “se decretó el archivo, que yo sepa y hasta donde yo conozca, porque yo no llevo temas procesales”. “Se ha presentado un recurso por el Fiscal contra el archivo y ahora tiene que resolver, pero a día de hoy la causa está sobreseída y archivada”.

Trebbau fue junto a su primo socio fundador de Derwick Associates, que entre 2009 y 2011 se llevó al menos 11 contratos sin licitación por unos 5.000 millones de dólares para construir plantas eléctricas que le adjudicó el chavismo para aliviar la grave crisis energética que aún hoy sufre Venezuela. El sobreprecio, según Transparencia Venezuela, rondó los 2.900 millones. Varias plantas nunca funcionaron como se prometió. Gran parte del país vive hoy a oscuras y sin electricidad varias horas al día.

A ambos se les acusa de comprar turbinas de segunda mano y facturarlas como nuevas, y de sobornar junto a sus socios a tres funcionarios de la estatal venezolana PDVSA con 42 millones de dólares para defraudar supuestamente 4.850 millones en operaciones de cambio de divisas canalizadas a través del petróleo.

Ese dinero acabó regado en empresas, inversiones e inmuebles de lujo en España, según pretende demostrar Anticorrupción. Mientras Betancourt compró la finca El Alamín en Toledo, con castillo y plaza de toros privada, y que perteneció al expresidente de CEOE Gerardo Díaz Ferrán, Trebbau adquirió esta finca en Cebreros a través de esa sociedad que administra Jordano.

Este abogado cordobés sustituyó a Trebbau en 2021 como administrador único de Eiffel Real Estate, que cerró ese año con activos de 7 millones. En 2019 era dueña de un lujoso apartamento en uno de los barrios más exclusivos de Madrid, tras el Museo del Prado. Aunque en teoría es una inmobiliaria, actualmente no tiene edificios ni suelos a su nombre, según el Registro de la Propiedad.

La Fiscalía española está encontrando fuerte resistencia de Estados Unidos en la investigación sobre Betancourt y su entorno que archivó en marzo el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, al concluir que los hechos ya habían sido enjuiciados en Venezuela. La Sala de lo Penal obligó a reabrir hace unos meses esa causa, que deriva de otra abierta en Suiza por blanqueo, que a su vez proviene de una investigación en EEUU donde sus supuestos cómplices ya fueron condenados.

La retribución de los consejos de administración del Ibex 35, el índice que agrupa a las mayores empresas cotizadas españolas, rompió en 2025 todos los récords al situarse en una media de 13,16 millones de euros tras una histórica subida del 38,9%, la mayor desde que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) empezó a recopilar esta información en 2004. 

Los datos que publicó este lunes el regulador bursátil reflejan que la remuneración media por consejero ejecutivo en el Ibex fue de 4,82 millones, otro récord, tras dispararse un 29,3%, la mayor subida hasta ahora.

Según la CNMV, más de la mitad de ese incremento se explica por las retribuciones extraordinarias de 78 millones abonadas al anterior presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, y a su ex consejero delegado, Ángel Vilá, tras su salida de la multinacional, y por el vencimiento de un plan de incentivos para el presidente de Sacyr, Manuel Manrique, que en 2025 percibió una retribución total de 32,6 millones entre salario y bonus en acciones.

Por categorías de consejeros ejecutivos del Ibex, la mayor subida (38,1%) correspondió a los presidentes ejecutivos, que vieron crecer su retribución de una media de 6,4 millones a 8,8 millones, cifra que más que duplica los 4 millones de 2019. En el caso de los consejeros delegados, su retribución media descendió un 2,7%, hasta 4,579 millones. 

Crece la brecha

Así, los consejeros ejecutivos del Ibex tuvieron una retribución en 2025 que supuso, de media, y sin tener en cuenta los conceptos extraordinarios, 67 veces el sueldo medio de los empleados de esas empresas, frente a las 55 veces de 2024.

Los informes que ha publicado este lunes la CNMV también reflejan un nuevo récord en la retribución de los altos directivos del Ibex, que cobraron una media de 1,404 millones, con un incremento del 11%.

En el caso de los consejeros del selectivo sin funciones ejecutivas, el mayor retroceso (32,6%) correspondió a los dominicales (que representan a los accionistas), que en 2025 recibieron de media 153.000 euros anuales tras disfrutar de una subida sin precedentes cercana al 42% en 2024. Sí hubo nuevo récord de sueldo para los vocales independientes del Ibex, que en 2025 se embolsaron una media de 231.000 euros, tras un aumento del 2,2%. Por su parte, los vocales del Ibex bajo la categoría de “otro externo” recibieron 803.000 de media, un 3,6% menos.

En cuanto a la brecha salarial por género, en 2025 la retribución de las consejeras ejecutivas de las cotizadas fue un 1,9% menor que la de los consejeros masculinos, si bien hay una fuerte dispersión dependiendo de la capitalización de la sociedad.

Mientras en el Ibex la remuneración media de las consejeras ejecutivas fue un 51,6% superior a la de los consejeros ejecutivos, en el resto de las sociedades este porcentaje fue inferior en un 48,6%. Esta disparidad se debe a que solo hay tres mujeres que han desempeñado funciones de dirección en el órgano de administración de las sociedades del Ibex 35 durante el ejercicio completo, incluyendo a la presidenta de Santander, Ana Botín, que percibió 18,5 millones de euros.

De hecho, la CNMV indica que la reducción de la brecha de género se debe a Botín, ya que su remuneración es el 71% de toda la remuneración de las consejeras ejecutivas del Ibex 35.

De su lado, en el caso de los consejeros no ejecutivos, la remuneración de los hombres fue un 21,1% superior al de las mujeres, aunque entre los consejeros independientes no hubo casi brecha salarial.

La CNMV destaca que la presencia de mujeres en los consejos de administración de las cotizadas españolas alcanzó el 37,4% en 2025 (36,3% en 2024), porcentaje que en el Ibex se situó en el 42,1% (en 2024 fue del 41,3%). Las mujeres representaron en 2025 el 27,7% de la alta dirección del Ibex, frente al 26,31% de 2024. En el conjunto de cotizadas, el porcentaje de altas directivas se quedó en el 25,56%. “Se observa un incremento paulatino”, pero sigue “lejos de alcanzar el 40% previsto en la ley”, dice el informe.

La CNMC destaca asimismo que el seguimiento de las recomendaciones del Código de Buen Gobierno por parte de las cotizadas fue del 88,7% en 2025 (cinco décimas más que en 2024) y siete sociedades declararon cumplir con el 100%.

En el conjunto de cotizadas, el importe agregado de la capitalización bursátil creció un 39,%, hasta superar por primera vez el billón de euros. En el caso del Ibex, el aumento fue superior, del 41,8%, hasta 981.480 millones.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado este viernes la aprobación de las tres circulares que van a determinar la retribución regulada del sector gasista hasta 2032: las de retribución del transporte, regasificación y distribución de gas natural y la tasa de retribución financiera del sector para el siguiente periodo regulatorio 2027-2032, que se fija en el 6,46%, como propuso el organismo en primavera, y por debajo de la fijada para el sector eléctrico.

Las tres circulares, con impacto directo en las tarifas que pagan consumidores domésticos e industriales de gas, se han aprobado con varios votos particulares de vocales del organismo.

La CNMC destaca que ha seguido un procedimiento garantista y participativo, con consultas previas y trámites de audiencia pública, tras solicitar el informe previo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de acuerdo con las orientaciones de política energética del Gobierno. Asimismo, se han recabado los dictámenes del Consejo de Estado y las circulares se han aprobado “de conformidad con los mismos”. Entrarán en vigor el próximo 1 de octubre, con el inicio del año de gas.

La circular de metodología de retribución del transporte y regasificación, que se ha aprobado con tres votos particulares, “incentiva el adecuado mantenimiento de las infraestructuras necesarias para garantizar la seguridad del suministro, al tiempo que promueve la descarbonización del sector”, según Competencia, que señala que el nuevo marco “mantiene el modelo retributivo vigente y tiene en cuenta la evolución de la demanda de gas, garantiza una retribución suficiente para cubrir los costes de una empresa eficiente y bien gestionada, preservando al mismo tiempo la competitividad de los peajes”.

La circular actualiza los valores unitarios de inversión y operación y mantenimiento (O&M) para el periodo 2027-2032, refuerza los incentivos para la extensión de la vida útil de las infraestructuras, e incorpora incentivos a la inyección de gases renovables en redes de transporte y para la adquisición eficiente de ciertos suministros y costes y para fomentar la valorización de los activos en el caso de empresas muy amortizadas.

Asimismo, agiliza el procedimiento para reconocer costes de operación activados (COPEX) durante el periodo retributivo, elimina la Retribución por Continuidad de Suministro y refuerza las obligaciones de información de las empresas reguladas.

La circular de metodología de retribución de la distribución también se ha aprobado con votos particulares de tres vocales. Mantiene una retribución basada en la actividad, elimina los incentivos a la gasificación y fomenta la descarbonización del sector. Asimismo, favorece el mantenimiento de las redes existentes ante una evolución de la demanda decreciente, preservando igualmente la competitividad de los peajes, señala Competencia.

La circular extiende la retribución base del anterior periodo regulatorio; elimina el incentivo a municipios de gasificación reciente o actualiza el valor de los parámetros retributivos de mercado para ajustarlos a la evolución de los precios. Asimismo se incorporan dos nuevos términos que incentivan la inyección de gases renovables directa e indirecta en redes de distribución y se incorpora un nuevo concepto retributivo dirigido a la digitalización, ciberseguridad y la reducción de las emisiones de metano de las redes de distribución. También desaparecen la retribución transitoria y otros elementos temporales de la anterior circular, y se refuerzan las obligaciones de información de las empresas reguladas.

Por último, la circular de tasa de retribución financiera (TRF) aplicable a las actividades de regasificación, transporte y gestión técnica del sistema, y a las actividades vinculadas a la distribución de gas natural en el periodo regulatorio 2027-2032 se fija en el citado 6,46%, porcentaje que se ha mantenido después de que la patronal del sector, Sedigas, dijera en mayo que “requiere de ajustes” ante variables como una inflación muy superior a la prevista, y que está ligeramente por encima del 6,4% del periodo que ahora termina.

La tasa, aprobada con dos votos particulares, es 12 puntos básicos inferior al 6,58% que la CNMC fijó recientemente para el transporte y distribución de electricidad para el periodo regulatorio 2026-2031.

Para su cálculo, se ha aplicado la misma metodología que para las actividades de transporte y distribución de electricidad, basada en el WACC (Coste Medio Ponderado del Capital). La diferencia respecto a las redes eléctricas “se debe al decalaje de un año en el periodo de cálculo, así como a los diferentes valores de ciertos coeficientes empleados en el cálculo de la tasa que reflejan la distinta situación entre las actividades reguladas del sector eléctrico y del sector del gas, con menor necesidad de inversión y un inmovilizado decreciente en el sector del gas natural”, explica la CNMC.

Respecto a las actividades vinculadas a la distribución de gas natural, en concreto para la actividad de contadores de gas, se establece una tasa de retribución financiera del 6,87%, que es 20 puntos básicos más elevada que la propuesta inicial, tras aceptar parte de las alegaciones del sector.

“Las propuestas reflejan el compromiso de la CNMC con una regulación moderna que fomente la eficiencia, competitividad, garantizando la sostenibilidad, disponibilidad y viabilidad del sistema gasista durante la transición hacia un modelo energético más limpio y digitalizado”, señala Competencia.

La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha asegurado este jueves en la Asamblea regional que esta región ha recibido “menos del 1%” de un plan para refugios climáticos, incluyendo centros educativos, que anunció el pasado 27 de julio el presidente del Gobierno, pero “tal afirmación no es cierta”, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático.

Esas fuentes subrayan que las ayudas siguen abiertas y que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no ha pedido todavía un euro de los fondos de un plan específico para ese fin, el denominado PREE Docente para la climatización de aulas, que llevan semanas disponibles para todas las comunidades autónomas.

Los fondos que anunció Sánchez en julio para refugios climáticos constan de dos líneas de ayudas. Por un lado, la convocatoria para Refugios Climáticos, dotada con 10 millones, y que está abierta hasta el próximo 15 de octubre; y por otro, la de ayudas para Renaturalización de ciudades, dotada con otros 9 millones y que se cierra más tarde, el 29 de octubre.

Los fondos se gestionan a través de la Fundación Biodiversidad. Se otorgan mediante el procedimiento de concurrencia competitiva. Están disponibles para entidades sin ánimo de lucro, organismos de investigación, universidades públicas, colegios profesionales, administraciones públicas o entidades mercantiles.

A estos fondos se suman los del PREE Docente. Desde la última semana del mes de agosto, las comunidades autónomas tienen a su disposición los 200 millones de este plan, impulsado por el ministerio y aprobado en junio por el Consejo de Ministros. El reparto entre las comunidades autónomas se aprobó en julio en una conferencia sectorial. El plan está destinado a climatizar colegios y centros educativos.

“Madrid no ha solicitado los 17,5 millones a su disposición asignados al PREE Docente”, confirma Transición Ecológica. “Por lo tanto, carece de sentido la afirmación de la consejera Zarzalejo de que Madrid ha recibido ”menos del 1% de todo lo que prometieron“, porque el Gobierno de Ayuso ”no ha pedido los fondos que ya tiene a su disposición y aún no se han resuelto las otras líneas de apoyo“, resumen desde el departamento de Sara Aagesen.

Hasta ahora el ministerio ya ha transferido fondos del PREE Docente a Canarias (la primera comunidad autónoma que los pidió) y a Castilla-La Mancha. La transferencia a Baleares y Navarra “se producirá en pocas horas”, indica Transición Ecológica. En este caso los fondos los reparte el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE).

Madrid no ha pedido dinero de estos fondos después de que el pasado 7 de septiembre, Ayuso anunciase una inversión “histórica” de 1.240 millones para mejorar la climatización, la eficiencia energética y la accesibilidad de cerca de 1.400 centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid. Lo hizo tres meses después de que uno de sus consejeros asegurara que el calor es “fuente de inspiración”.

Pero todavía no ha pedido dinero al PREE Docente, que se repartieron de forma proporcional al número de centros de cada territorio. Andalucía (38,5 millones), seguida de Catalunya (33,5 millones), Comunitat Valenciana (17,88 millones) y Madrid (17,54 millones) son las regiones que más dinero reciben. 

“¿Sabe cuánto hemos percibido de aquella lluvia de millones, que era una competición entre un ministerio y otro, y uno anunciaba mil y el otro anunciaba 500? Pues hemos percibido menos del 1% de todo lo que prometieron y que usted nos vendió como si fuera aquello la repanocha”, ha señalado este jueves la consejera de Educación de Ayuso, que ha asegurado que en julio, mientras la Comunidad vivía los peores incendios de su historia, el presidente del Gobierno aprovechaba para vender “una supuesta red de refugios climáticos”, mientras que después “quitó 309 millones de educación para dárselos a sus asesores personales”.

Zarzalejo ha insistido en que la Comunidad cuenta con un plan de actuaciones frente al calor en las aulas, que este año contará con 21 millones en más de un centenar de actuaciones. A ello se suma el multimillonario anuncio de Ayuso de hace unos días. El diputado socialista Esteban Álvarez ha afirmado que esas nuevas inversiones son “humo” y quieren hacer de “cortafuegos”. “¿Pero qué climatización tienen? ¿Qué plan tienen? ¿Dónde hay una metodología? ¿Cuándo se empieza? ¿Por qué centros? ¿Cómo se detecta en qué centro hace falta cada cosa?”, ha preguntado, informa Europa Press.

Un abogado andaluz ha sido una figura clave en varios negocios en España del controvertido magnate venezolano Alejandro Betancourt, el nuevo zar petrolero de Donald Trump, al que la Fiscalía española investiga por blanqueo y un fraude multimillonario.

El abogado en cuestión se llama José Antonio Jordano, administrador de varias sociedades vinculadas a Betancourt y a su primo y socio Pedro Trebbau, otro de los denominados ‘bolichicos’ (jóvenes empresarios que se hicieron multimillonarios con la corrupción chavista) al que Anticorrupción atribuye también ese presunto fraude.

A Jordano, que está conectado con el PP por vía familiar, se le podría definir como el hombre en la sombra de Betancourt en España. Él lo niega. “Lo conozco desde hace años, he colaborado con él echándole una mano en las inversiones y operaciones que tenía aquí en España” y “sigo teniendo relación personal, pero a nivel profesional no tengo ya las sociedades que llevaba antes para él”, afirma al teléfono.

“Le tengo mucho cariño a él y a su familia, pero no tengo una relación de tú a tú”, dice Jordano, que asegura que nunca ha militado en el PP y que llegó a afiliarse “hace años” a Ciudadanos. “No sé qué conexión o relación puede haber entre la política y el desempeño privado que yo hago como abogado con clientes desde hace diez años”.

Este cordobés de 46 años (como Betancourt) fue director Legal de Auro, la empresa de VTC (vehículos sin conductor) de la que Uber compró un 30% en 2025 por 220 millones de euros. El oligarca venezolano (que ya no es accionista, según Jordano) invirtió en ella alrededor de 2017, tras hacerse de oro con multimillonarias adjudicaciones bajo sospecha en la etapa de Hugo Chávez.

Jordano también es secretario no consejero en Playtomic, start up para reservar pistas de pádel fundada por Betancourt y su amigo y socio en España Félix Ruiz, creador de Auro y de la extinta red social Tuenti. El nombre de Jordano figuraba en un reportaje de El Confidencial sobre “los verdaderos ganadores de las 'guerras del taxi”“ publicado en 2018.

Y fue uno de los primeros administradores (hasta abril de ese año) de la luxemburguesa Ming International, dueña del 84,54% de Saldum Ventures SL, matriz de la inversión más conocida de Betancourt en España, la marca ilicitana de gafas de sol Hawkers, que el venezolano preside y controla y en la que entró junto a Félix Ruiz y el cofundador de Tuenti, Hugo Arévalo, en 2016.

En mayo de ese año, Jordano fue nombrado director de la dueña del 100% de Ming International, Gainsboro Developments SA. También luxemburguesa, según sus últimas cuentas disponibles, que no ha presentado hasta este año, a cierre de 2023 tenía un 29,3% de Auro, el 23,8% de otra start up en la que invirtieron Betancourt y Ruiz, la plataforma de empleo Jobandtalent, o el 47,6% de Rosa de los Vientos Luxury Cars, que Jordano liquidó en enero (era su administrador único) y de la que fue socio único José Antonio Parrondo, expresidente de Auro y polémico exjefe del taxi que saltó al negocio de las VTC y acumula múltiples demandas y una detención policial en los últimos años.

En Luxemburgo, Jordano fue nombrado en mayo de 2016 administrador de Umber Overseas Investment, dueña de un 5% de Jobandtalent hasta que vendió su paquete en 2020. Varios medios la vincularon en su día a Betancourt. El cordobés niega que el oligarca estuviera tras esa firma luxemburguesa, liquidada en 2024 por orden judicial tras incumplir “gravemente” sus obligaciones, como presentar cuentas (nunca lo hizo), según documentación oficial en el Gran Ducado.

Jordano figuró como único accionista de Umber Overseas hasta 2017. Le sustituyeron dos opacas entidades panameñas, New Magic Group Inc y Beefield International Foundation, constituida en 2014 por una sociedad de Islas Vírgenes (Zumaque LTD). Según contó en 2019 Infolibre, la primera de esas entidades panameñas fue el vehículo utilizado en 2017 para inyectar dinero a Auro por Trebbau.

El primo de Betancourt, al que la Fiscalía también reclama en esa causa de supuesto blanqueo y fraude fiscal, era socio del nuevo virrey petrolero de Trump en la empresa que copó esas adjudicaciones milmillonarias del chavismo, Derwick Associates. Jordano sustituyó a Trebbau en 2021 como administrador único de Eiffel Real Estate, que cerró ese año con activos de 7 millones. En 2019 era dueña de un lujoso apartamento en uno de los barrios más exclusivos de Madrid, detrás del Museo del Prado y cerca del parque de El Retiro. En teoría es una inmobiliaria, pero actualmente no tiene edificios ni suelos a su nombre, según el Registro de la Propiedad.

“En diez años que llevo trabajando con él y con Pedro, a mí nunca jamás me han llamado de Hacienda, ni de la Seguridad Social, ni de Fiscalía, ni de la Polícia”, dice Jordano.

Nexo con el PP

La vinculación de este abogado con personas de la órbita del PP alcanza varias empresas que administra junto a su cuñado, Jaime Pérez Zulueta, director general de Arquitectura del Gobierno de Murcia de septiembre de 2019 a septiembre de 2023.

Entre ellas, Boom Armmo Technologies SL, que constituyeron en Marbella el 26 de marzo. Su nombre remite al fabricante español de drones Armmo, con sede en la misma calle. Según Jordano, la montaron para una inversión que no se ha materializado al no haber acuerdo con el fundador de Armmo, el malagueño Jaime Abrisqueta. Esta empresa acaba de anunciar más de 20 millones de inversión en una fábrica en Zafra (Badajoz) que visitó en agosto el consejero de Economía extremeño.

El cuñado de Jordano comparte negocios con el marbellí Félix Ruiz, su socio hace años en franquicias de las tabernas Volapié. En febrero de 2019, poco antes de que se convirtiera en alto cargo del Gobierno del popular Fernando López Miras, Infolibre reveló que Pérez Zulueta, de profesión arquitecto, era socio minoritario de Auro. Su declaración de bienes tras el cese no está disponible en la web de Transparencia del Gobierno de Murcia. Su Consejería de Presidencia no ha atendido a este medio.

José Antonio Jordano está muy vinculado al PP por vía familiar. Su padre era el abogado especialista en derecho de la Empresa Diego Jordano, fallecido en 2023, presidente del PP de Córdoba (1986-1993), secretario general del PP andaluz (1990-1993) o diputado en el Congreso cuatro legislaturas (1986-2000). Su hermano Diego trabaja en el Gabinete del alcalde de Córdoba, el popular José María Bellido. Hasta este año era coordinador general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), que preside el primer edil cordobés. También consejero de la funeraria municipal, figura en la web del PP cordobés como miembro del consejo asesor de su comité ejecutivo provincial.

En Andalucía, José Antonio Jordano ha sido consejero y es secretario de Utamed, primera universidad privada online de la región, fundada por el fallecido consejero de Educación Javier Imbroda (de Ciudadanos), y que posteriormente fichó al exlíder de ese partido, Albert Rivera, para dar clases de liderazgo.

Sin relación con Betancourt o Félix Ruiz, y definida en 2023 por el PSOE andaluz como “el algarrobico del sistema universitario”, los informes en contra que acumulaba no impidieron el visto bueno del gobierno de Juanma Moreno. El presidente de Utamed es otro habitual del ecosistema andaluz de start ups, el malagueño Francisco Ávila, fundador de MEDAC, red de academias de FP que compró el fondo de inversión KKR.

elDiario.es contactó con el fondo con sede en Panamá que canaliza varias inversiones en España de Betancourt y los fundadores de Tuenti, O´Hara, sin obtener respuesta.

Opaco contrato

Con pasaporte venezolano e italiano, el nuevo “virrey” del petróleo venezolano ha sido clave para lo que Trump llama el acuerdo petrolero “más importante de la historia mundial”. El opaco contrato entrega a NABEP, empresa de Barbados controlada por Betancourt, la concesión para explotar 17 campos petroleros venezolanos con unos 65.000 millones de barriles de crudo, casi una cuarta parte de las reservas del país. El Pentágono recibe un 35% de la compañía y se asegura buena parte de ese crudo a precio de coste.

El acuerdo ha provocado enorme polémica dentro y fuera de Venezuela, entre otras cosas por la elección de un empresario con causas activas en España y Suiza y por cómo se hizo multimillonario antes de cumplir los 30.

Entre 2009 y 2011, Derwick Associates se llevó al menos 11 contratos sin licitación por unos 5.000 millones de dólares para construir plantas eléctricas que le adjudicó el chavismo para aliviar la grave crisis energética que aún hoy sufre Venezuela. El sobreprecio, según Transparencia Venezuela, rondó los 2.900 millones. Varias plantas nunca funcionaron como se prometió. Gran parte del país vive hoy a oscuras y sin electricidad varias horas al día.

A Betancourt se le acusa de comprar turbinas de segunda mano y facturarlas como nuevas, y de sobornar junto a sus socios a tres funcionarios de la estatal venezolana PDVSA con 42 millones de dólares para defraudar supuestamente 4.850 millones en operaciones de cambio de divisas canalizadas a través del petróleo.

Ese dinero acabó regado en empresas, inversiones e inmuebles de lujo en España, según pretende demostrar Anticorrución, que está encontrando fuerte resistencia de Estados Unidos en la investigación que archivó en marzo el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, al concluir que los hechos ya habían sido enjuiciados en Venezuela. La Sala de lo Penal obligó a reabrir hace unos meses esa causa, que deriva de otra abierta en Suiza por blanqueo, que a su vez proviene de una investigación en EEUU donde sus supuestos cómplices ya fueron condenados.

Hasta mayo, Betancourt tenía prohibido abandonar Reino Unido (donde está afincado hace años) mientras intentaba evitar una petición de extradición de Suiza. El Washington Post reveló que altos funcionarios estadounidenses intervinieron directamente para resolver la causa penal suiza contra él sin que enfrentara cargos y levantar las restricciones de movimiento que le mantenían encerrado en sus dos mansiones en Chelsea (Londres) y en la zona rural de Oxfordshire. 

En 2014 un juez de Nueva York absolvió a Betancourt de las acusaciones de corrupción que formuló un ex alto diplomático estadounidense contra él y otro empresario venezolano, Francisco D'Agostino, definido como figura clave en las operaciones de Derwick, y que asesoró al pederasta Jeffrey Epstein para inversiones petroleras en Venezuela.

Cuñado de Luis Alfonso de Borbón, el bisnieto más conocido del dictador Francisco Franco, D'Agostino invirtió en un banco africano (BDK) junto a, entre otros, Betancourt, Alberto Cortina (ACS) y su hijo Pelayo Cortina Koplowitz, a su vez vinculado a la petrolera IPISA, también relacionada con Betancourt. IPISA logró asociarse con una filial de PDVSA. La pilotaba un abogado muy cercano al PP, el exvicepresidente de Repsol Ramón Blanco Balín, condenado en el caso Gürtel.

D'Agostino se dedica últimamente a promover corridas de toros en Mallorca. La tauromaquia también conecta este mapa de relaciones. En 2025 Félix Ruiz compró la plaza de toros de Puerto Banús (Málaga). La operación la asesoró Jordano, quien se ha alternado con su hermano en la gestión de Cosso Espacio Cultural SL, proyecto de restauración en la plaza de toros de Córdoba, de la que fue presidente once años su padre, gran aficionado al toreo. Diego Jordano lo promocionaba en 2012, poco después llegar el PP a la alcaldía.

En su finca toledana El Alamín, que cuenta con un castillo y 1.400 hectáreas, y subastada en su día por unos 24 millones tras ser expropiada al expresidente de CEOE Gerardo Díaz Ferrán, dueño entonces de la quebrada Viajes Marsans, Betancourt tiene una plaza de toros privada. La madre del oligarca y su hermanastra mantuvieron sendos noviazgos con el fallecido torero Palomo Linares y uno de sus hijos, Miguel.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha elevado hasta un récord de más de 17.000 millones de euros la inversión prevista en la nueva Planificación eléctrica 2025-2030, y va a publicar este jueves en el BOE de la orden ministerial por la que se crea un mercado de capacidad en el sistema eléctrico español, el denominado sistema antiapagones anunciado en enero del año pasado. 

Así lo ha anunciado este miércoles la vicepresidenta y ministra, Sara Aagesen. La propuesta de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2030, actualmente en tramitación, supondrá una inversión de “más de 17.000 millones, un 30% más que lo planteado inicialmente”, un 144% por encima de la vigente y “la mayor inversión en redes de la historia”, ha anunciado Aagesen, que ha señalado que la medida “más importante” tras el histórico apagón del 28 de abril de 2025 es “mejorar la supervisión del sistema”

La Propuesta de planificación sometida a audiencia pública hace un año contemplaba una inversión de 13.600 millones para cubrir las necesidades del país y cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030. Tras analizar las 2.566 alegaciones recibidas, ese volumen de inversión ha crecido hasta superar los 17.000 millones. El Gobierno confía en aprobarla antes de que acabe 2026, según dijo el martes en el Congreso el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard.

La demanda es la gran protagonista en esta planificación, a direrencia de las anteriores. Aglutina el 41% de las propuestas recibidas, seguidas por la generación, con el 40%, y el almacenamiento, con el 19%. En el nuevo texto, tras la fase de alegaciones, las posiciones de la red de transporte para atender nuevas demandas en la red de distribución crecen un 52% respecto a la propuesta original, hasta 300, y las posiciones para consumo directo en transporte han crecido un 12%, hasta 162. “Se han incrementado un 75% las posiciones previstas para ejes ferroviarios y electrificación de puertos, hasta alcanzar las 59”, explica el ministerio.

Tras la audiencia pública también ha aumentado el número de subestaciones un 17%, hasta 193, así como la longitud de las líneas eléctricas previstas: un 11% más, hasta 6.706 kilómetros. A esto se añade un incremento del 6% de las redes existentes repotenciadas, hasta 8.164 kilómetros.

Subastas de capacidad

Además de la nueva planificación, el ministerio ultima la puesta en marcha del mercado de capacidad, planteado meses antes del histórico cero energético de 2025 con la idea de que entrara en vigor en el primer semestre del año pasado. Este instrumento, finalmente aprobado por la Comisión Europea en mayo, busca preservar la seguridad de suministro, con señales de inversión para que el almacenamiento y la gestión de la demanda se incorporen definitivamente al sistema y “se avance ordenadamente hacia una economía neutra en emisiones de carbono”, explica el ministerio.

El mecanismo se activa tras la reforma de la normativa comunitaria para eliminar la condición temporal de este tipo de mecanismos –lograda durante la Presidencia Española de la UE– y la conformidad del modelo español con las reglas relativas a las Ayudas de Estado, obtenida a finales de mayo. Ese visto bueno cifró las ayudas del esquema en 9.000 millones. Ahora, se lanza tras confirmarse la prórroga hasta 2030 de la central nuclear de Almaraz.

Este miércoles, durante la sesión de control en el Congreso, el diputado del PP Guillermo Mariscal le ha reprochado al Gobierno que prorrogar Almaraz supone una rectificación de su política energética. La vicepresidenta Aagesen ha reiterado que “este gobierno es pragmático” con esta extensión “limitada”, que justifica por la crisis energética por la guerra en Irán.

Y ha arremetido contra quienes hablan “de política irresponsable y errónea” cuando durante siete años de gobierno “no instalaron prácticamente un megavatio renovable” y aprobaron el impuesto al sol, con una factura “en diferido” en forma de laudos de inversores internacionales por los recortes retroactivos a las renovables. Según Aagesen, en España “la factura energética es un 24% más baja que la de Alemana y casi un 50% más baja que la de Italia”.

Fuentes del ministerio recuerdan que Italia, Francia o Bélgica están desarrollando mecanismos de capacidad como este. Alemania ha sido el último en obtener la aprobación de la Comisión Europea este mes.

Las instalaciones de generación y almacenamiento, así como la demanda –los consumidores y los agregadores– podrán participar en este mercado, de ámbito peninsular. Percibirán una retribución por aportar firmeza y flexibilidad al sistema eléctrico, bien por estar disponibles para inyectar electricidad en las redes o bien por reducir el consumo, siempre a requerimiento del Operador del Sistema, Red Eléctrica de España (REE). 

La prestación del servicio se adjudicará con subastas tecnológicamente neutras de potencia firme (MW) y precio (€/MW/año), en las que se otorgará el precio ofertado (sistema conocido como pay-as-bid). Las centrales de generación no podrán emitir más de 550 gr/CO2/kWh, tendrán que cumplir los requisitos de firmeza y flexibilidad que fije cada subasta, y no cobrarán ningún tipo de retribución regulada. 

Para incentivar la incorporación de tecnologías no fósiles, cuando se participe en las subastas con proyectos futuros –nuevas inversiones–, éstos solo podrán ser de renovables, almacenamiento o demanda.

Tres subastas

Se organizarán tres tipos de subastas, cuyo volumen y periodicidad dependerá de las previsiones de demanda y las necesidades de potencia firme identificadas con los correspondientes análisis de cobertura a cinco años vista.

En primer lugar, habrá una subasta principal en la que podrán participar las instalaciones existentes y los nuevos proyectos de renovables, almacenamiento o demanda que vayan a prestar servicio a partir de la fecha que fije la convocatoria, hasta cinco años después de la adjudicación. Así se garantizan ingresos a futuros proyectos, facilitando su viabilidad y abaratando su financiación. 

El periodo de prestación del servicio será distinto en función del tipo de instalación (existente o nueva inversión) y del tipo de tecnología. Con carácter general, estas subastas se celebrarán anualmente, siempre que se hayan detectado necesidades de firmeza. La duración del servicio será de un año para instalaciones existentes, hasta 15 años para nuevas inversiones, y entre uno y 10 años para nuevas demandas. 

En segundo lugar, habrá una subasta “de ajuste anual” en la que sólo podrán participar instalaciones ya operativas, que prestarán el servicio durante 12 meses. Diseñadas para resolver situaciones coyunturales, deberían otorgar menos capacidad firme que las subastas principales, con las que convivirán.

Y habrá también una subasta “transitoria” que garantizará la firmeza del sistema eléctrico hasta el año de inicio de la prestación del servicio otorgado con la subasta principal. Se celebrará todos los ejercicios hasta entonces y podrán participar instalaciones existentes y nuevas inversiones, con un plazo de prestación anual.

El nuevo mercado de capacidad lo financiarán los consumidores de electricidad por medio de precios unitarios diferenciados por segmentos tarifarios y períodos horarios coincidentes con los peajes de transporte y distribución. Así, el sistema lo sufragarán en mayor medida los consumos de las horas con más estrés del sistema, que no podrán exceder el 10% del cómputo anual, y “se darán señales para flexibilizar y desplazar la demanda a otras franjas horarias, aplanar la curva de carga y facilitar la gestión del sistema”, explica el ministerio.

Por otro lado, para dar más liquidez al nuevo mecanismo, se prevé la existencia de un mercado secundario de los derechos y las obligaciones adjudicados en las subastas, bien por cambio de titularidad de las instalaciones, bien por traspaso a otras instalaciones que cumplan los requisitos.

El Operador del Sistema y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se encargarán de la verificación y la inspección de la prestación del servicio de capacidad.

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha atribuido este martes en el Congreso el retraso de más de cuatro años de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para aprobar un procedimiento de control de tensión, el 7.4, considerado clave en el apagón ibérico de 2025, a motivos económicos, porque había empresas que “podían no tener interés en que se aprobara”, lo que ralentizó su puesta en marcha.

“Follow the money” [“Sigue el dinero”], ha dicho Groizard, parafraseando una expresión previa del portavoz de Bildu, Mikel Otero, en su comparecencia en la comisión de investigación sobre el apagón del 28 de abril de 2025, preguntado por cómo es posible que ese procedimiento estuviera “años dando vueltas sin ser aprobado”, en una crítica extensible a otros grupos. La portavoz del PNV ha planteado “cómo se explica” ese retraso y la de Junts, si “la CNMC es responsable” del apagón por esa demora.

Según Groizard, “no se le puede imputar la culpabilidad del apagón” a la CNMC, porque el histórico cero energético fue multifactorial y había herramientas regulatorias que habrían bastado si los operadores hubieran cumplido la normativa. Sí ha dejado claro que “correspondía a la CNMC” aprobar la actualización del 7.4, que estaba obsoleto (databa de 2000) y Red Eléctrica planteó actualizar en 2020. Competencia ha modificado desde ese año 50 procedimientos de operación, ha recordado Groizard. Lo aprobó semanas después del 28 de abril. Luego lo ha tenido que reformar dos veces. 

El secretario de Energía ha señalado que cuando una Administración “tarda en tramitar una norma puede ser por dos cosas”: “No se le da prioridad” o “es compleja, o tiene oposición de aquellos a quienes interpela”. “Conociendo a los profesionales de la CNMC, si hubiera habido consenso” se hubiera podido aprobar “mucho más rápidamente”. Pero en ese expediente hubo “enormes alegaciones muy contundentes” y “entidades que por un motivo u otro podían no tener interés en que se aprobara” esa norma. “Porque era técnicamente compleja, desde luego, porque requería adaptación de sistemas. O por otros motivos menos confesables, no lo sé”. 

“Nos pasa a nosotros”. Cuando se empieza a tramitar un real decreto “te encuentras una avalancha de alegaciones en contra, te las tienes que leer, te las tienes que estudiar y a veces te obliga a reformular, rehacer y tardas más en aprobar la norma de lo que esperabas”.

“Eso no quita que el 28 de abril había una normativa completa que permitía evitar lo que ocurrió”. Groizard ha señalado que hay entidades que han recurrido el 7.4 tras su aprobación. Ha reconocido que el ministerio no era consciente de su importancia, aunque ha hecho extensivo ese desconocimiento al sector y al Congreso, que planteó “cero” preguntas sobre esta cuestión al Gobierno antes del 28 de abril. “No hubo ningún aviso por parte de nadie” sobre el control dinámico de tensión. “Ni Red Eléctrica ni ninguno de los agentes” planteó problemas de garantía de suministro antes del colapso, aunque “en algunos casos” su departamento sí recibió avisos de perturbaciones en la red.

En ese procedimiento “veíamos una oportunidad de reducir costes”, en vista del aumento exponencial de los denominados servicios de ajuste (para resolver problemas puntuales en la red). Pero “no preveíamos” que “el control dinámico de tensión pudiera ser una cuestión que pudiera llevar a un cero eléctrico como se ha comprobado posteriormente”.

Groizard ha señalado que la operación reforzada que REE aplica desde el apagón (con más gas), y que ya se está reduciendo, irá a menos “cuanta menos incertidumbre tenga” el operador del sistema sobre el control de tensión. Ha considerado “fundamental” acelerar la habilitación de nuevas renovables “que cada semana están tocando a la puerta de REE” para prestar ese servicio. Por ahora lo prestan “solo unos 13 GW, que no es poco, el doble de la flota nuclear”, pero es una parte pequeña de los 90 GW de eólica y fotovoltaica existentes.

En poco más de un año, Gobierno, CNMC y REE acumulan decenas de medidas relativas al control de tensión, pero según Groizard “tenemos muchos deberes nosotros todavía”. Ha citado un procedimiento para el control de la velocidad de la tensión que REE remitió el 31 de julio. Ha contado con “aprobar a finales de este año” la planificación de las redes presentada hace un año. Ha confiado en que España dará un “salto exponencial” en los próximos meses en el almacenamiento con baterías.

Prórroga nuclear

El secretario de Energía ha defendido la ampliación “puntual” de la nuclear de Almaraz hasta 2030, decidida en agosto tras concluir el operador del sistema que “aporta” desde el punto de vista de la seguridad del suministro, si bien “es una aportación limitada” porque la nuclear “no es especialmente buena para el control dinámico de tensión” a diferencia de las renovables o el gas.

Ha restado importancia a que el cierre coincida con uno de los grupos de Ascó (Tarragona) y Cofrentes. Ha argumentado que cerrar y desmantelar una nuclear “lleva 10-15 años” y no ha encontrado problema en que se solapen los cierres. Ha argumentado que Garoña dejó de operar la década pasada y todavía hoy se está trabajando en su desmantelamiento. “No anticipamos que eso pueda tener una gran afección”. “Si es incapaz de cerrar uno, ¿cómo va a ser capaz de cerrar siete?”, le ha reprochado el portavoz de Sumar, Eloi Badia.

Groizard ha argumentado que otra prórroga en 2030 requeriría un análisis “mucho más exhaustivo” porque la de Almaraz es parcial. “No tiene que ser un precedente para otras centrales” y tendrá “impacto a la baja” sobre las renovables. Se justifica por una situación “imprevista”, la crisis energética por la guerra en Irán. Ha recordado que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) preveía una “senda a la baja” en los precios del gas, que se han casi triplicado este año. Y que esta crisis se va a prolongar “20-30 meses” cuando se reabra el estrecho de Ormuz. “El auténtico escudo” que “nos protege de la vulnerabilidad exterior” son las renovables.

La directora general de Operación de Red Eléctrica de España (REE), Concepción Sánchez, ha cifrado este lunes en el Congreso en 783 millones de euros el coste de la denominada operación reforzada, con más uso del gas natural, que la compañía aplica desde el histórico apagón del 28 de abril de 2025.

En su comparecencia en la comisión de investigación sobre el apagón, Sánchez ha señalado que ese importe, que REE cifraba hasta marzo en 666 millones, “se está reduciendo de forma muy significativa”, con “267 millones” este 2026, pero no ha precisado cuándo va a finalizar porque “el criterio de variabilidad de tensión” todavía “no ha sido trasladado a la normativa nacional”.

Este importe, ha explicado, supone “menos del 10% del coste total de los servicios de ajuste del sistema”, las denominadas restricciones técnicas para resolver congestiones puntuales de la ley, cuyo coste ha crecido exponencialmente en los últimos años. Si el año pasado la operación reforzada supuso el 15% del total de esas restricciones técnicas, este año suponen el 8,6% “y creemos que va a seguir reduciéndose”.

Sánchez ha recordado que esas restricciones técnicas han pasado de 724 millones de 2021 a 1.104 millones en 2022; en 2023 fueron 1.751 millones; en 2024, 2.057 millones, y 3.347 millones en 2025, como consecuencia del “acompañamiento de la evolución del sistema”. Hasta agosto de este año, según REE, los denominados servicios de ajuste alcanzan ya 3.375 millones, un 34,5% más que en el mismo periodo del año pasado, si bien esta cifra “supone un 2% de los costes totales del sistema en 2026”, ha subrayado Sánchez, que ha recalcado que “no hay ninguna relación” entre las políticas energéticas y la prestación del servicio SRAD (de cortes puntuales pactados con la gran industria), cuyo coste se incluye en las restricciones técnicas, y que se ha activado hasta seis veces este verano, con un coste de 286 millones, según REE.

“Inédito” y “no previsible”

La directiva de REE ha insistido en que el apagón fue un incidente “inédito” y “no previsible, en el que concurrieron múltiples factores”. “Algunas de las circunstancias que se produjeron probablemente por sí solas no fueran causantes únicas”, pero “se produjeron al mismo tiempo toda una serie de factores que llevaron a ello”. 

Ha asegurado que REE “ha cumplido siempre toda la normativa que le aplicaba” y “no falló” en ese día. A preguntas del portavoz del PP, Guillermo Mariscal, ha afirmado que la central nuclear de Almaraz tiene una capacidad “limitada” para proporcionar control de tensión y ha recordado que ese día tenía uno de sus dos grupos indisponibles. Sobre el dictamen de los expertos europeos, tras afirmar el popular que es “muy difícil considerar técnico un informe que ustedes firman” y que ese dictamen lo elaboró “la patronal” europea, le ha recordado que el panel lo “define la normativa europea” y no solo lo integraba la asociación europea de transportistas y operadores (TSO), como REE, sino también “prácticamente” todos los reguladores europeos, entre ellos la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). 

Sánchez ha explicado que 275 plantas que no tenían posibilidad de proporcionar el servicio de control de tensión en el momento del apagón por el retraso en la aprobación de un procedimiento específico de la CNMC ya lo están prestando “ahora mismo”, con un total de 13.380 MW. También lo hacen otras 60 plantas de generación convencional, con 16.312 MW prestando ese servicio de control de tensión con arreglo al nuevo procedimiento que se aprobó en junio del año pasado y que se ha modificado otras dos veces este año. El cumplimiento de las obligaciones de control de tensión está siendo “muy bueno”.

Según la directiva de REE, antes del colapso de 2025 en ningún momento en REE detectaron “incumplimientos de la magnitud” ni tan “numerosos” como los que incurrió la generación convencional en el día del apagón. 

Preguntada por el portavoz socialista por las ventajas del modelo TSO, ha dicho que “no solamente es español”, sino que es “el modelo establecido prácticamente en la totalidad de los sistemas eléctricos de la UE”. “Asegura coordinación en la operación y el mantenimiento de la red de transporte”.

Sánchez ha restado importancia a que un grupo de gas natural que inicialmente se había programado no se sustituyera el día del apagón porque las circunstancias fueron cambiando y no fue necesario reprogramarlo. “Y eso se puede demostrar mediante simulaciones”, tanto las de REE como las del panel de expertos “dan ese resultado”. “Que hubiera un grupo más no hubiera cambiado las cosas”. “El número de grupos no es un parámetro que se utilice en la operación”, a diferencia de la frecuencia, las cargas y que las tensiones estén en rangos “admisibles”.

La vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, ha considerado este lunes “absolutamente preocupantes” los avisos del sector de la inteligencia artificial (IA) “sobre quién controla qué”, con “dos grandes rivales” que “se llevan fatal” pidiendo “a las autoridades que por favor nos pongamos de acuerdo” para que “evitemos que esa inteligencia artificial que va creciendo sobre sí misma a partir de información sintética y con algoritmos que nadie controla acabe estando fuera de control”.

Según Ribera, “había esta sensación de que era bueno dejar y probar y dejar que la creatividad nos permitiera seguir generando mejoras. Ahora bien, es difícil encontrar otro momento en la historia donde haya habido tal nivel de concentración de poder económico y poder a secas como en estos momentos con los grandes gigantes digitales”. Algo consecuencia “del éxito” de estas empresas, pero que requiere activar “mecanismos” ante ese enorme poder concentrado en “pocas manos”.

Durante su intervención en Nueva Economía Forum, la vicepresidenta de la Comisión ha defendido el modelo europeo de regulación de servicios digitales como “buen enfoque” que “se ha venido desarrollando en los últimos 15 años” en “cooperación” con EEUU, pese a que este país ha tenido una aproximación “diferente”.

Ribera no ha querido valorar el borrador de regulación de estos centros que acaba de aprobar el Gobierno “No puedo comentar la realidad política nacional de ninguno de los estados miembros”, pero como reflexión “más de conjunto”, ha abogado por una IA “por y para las personas”, con “trazabilidad sobre lo que hay detrás”.

Ha recordado que en EEUU ya se están aprobando moratorias para estas instalaciones ante subidas muy fuertes de la luz y un “rechazo que nadie desea que se produzca en la medida en que necesitemos estos centros”. 

“Yo sí creo que este debate sobre hasta qué punto una nueva actividad de estas características pueda venir acompañada de una dotación eléctrica que impida los efectos negativos para el conjunto de la sociedad es una buena idea. Tan es así que forma parte de las cuestiones que en los primeros momentos ofrecían los propios desarrolladores”.

Desde el punto de vista de la política de competencia, estas instalaciones están en el radar “hace tiempo”. Ha recordado que la autoridad francesa de Competencia publicó un informe a finales de 2025 que advirtió de que su capacidad de negociación les puede proporcionar una posición “privilegiada” frente a otros sectores. 

Prórroga nuclear sin ayudas

Preguntada por la prórroga en Europa de centrales nucleares como la de Almaraz (Cáceres), ha señalado que hay que ser “cauto” respecto a la disponibilidad de recursos en el actual contexto geopolítico. “Hasta donde yo sé son decisiones que se están tomando sin subsidio público, sin ayuda de Estado, sin descuentos fiscales”, que de existir “requerirían un control sobre la proporcionalidad de ese apoyo público”.

Respecto a la propuesta de su departamento de restringir la compra de segundas viviendas en zonas tensionadas y penalizar fiscalmente las casas vacías en la Ley de Vivienda Asequible, presentada la semana pasada, estas medidas “se pueden activar o no”, si alguna autoridad local nacional considera que se deben adoptar y son “proporcionadas a la situación”, para que puedan hacerlo “con total tranquilidad”.

Ribera ha señalado que el acceso a la vivienda es “la primera gran dificultad para una muy buena parte de los ciudadanos europeos”. Ha puesto el ejemplo de Viena, que lleva “décadas” con un banco público de vivienda. “El 80% de los vieneses viven en viviendas de alquiler” de propiedad municipal pero “construir ese banco público es muy difícil, lleva mucho tiempo”. 

Preguntada por la crisis de Ceuta, “es muy difícil pensar que 80.000 personas se ponen de acuerdo por sí solas” pero “Europa nunca, nunca, nunca gana cuando responde dividida a un problema”. La situación es “de gestión complicada” pero “es importante” recordar el “respeto” a los derechos de los menores.

Sobre el auge de la extrema derecha en Europa, se ha felicitado por la victoria socialdemócrata en Suecia. Ha lamentado que “parece que hay una especie de concertación” en los mensajes de estas formaciones, que apoya mucha gente “que tiene problemas” y vota “con rabia”; después desde los Gobiernos las políticas de esos partidos “generan más problemas”.

Ribera ha subrayado que la UE “es el mejor sitio del mundo para vivir”, pero es algo que “damos por hecho”. Para al discurso de este miércoles de Ursula von der Leyen sobre el Estado de la Unión, ha señalado que “es capital recuperar esa centralidad europea” en un momento en que “se cuestiona desde dentro” a las instituciones comunitarias. Ha recordado que los tres pilares del discurso inicial de la presidenta de la Comisión Europea “fueron principios y valores, seguridad y competitividad”.

Ribera ha considerado que la subida de la inflación por el alza del petróleo y gas ha dado la razón a quienes piensan que la dependencia energética es el principal problema de competitividad en Europa, y ha apostado por electrificar, ser más eficientes y aprovechar “los recursos de proximidad”, las renovables, sin descuidar tecnologías como el hidrógeno verde, que “llevan su tiempo”.

La exvicepresidenta española se ha referido a los resultados del último informe PISA, del que “se ha hablado mucho” en España y “en toda Europa” y ha lanzado la recomendación “de apagar pantallas y leer, discutir, jugar, es importante”. Ha señalado que el primer ministro canadiense, Mark Carney, que esta semana intervendrá en Estrasburgo, “nos ha sacudido a todos” con su intervención en el Foro de Davos abogando por un multilateralismo de las potencias medias frente a quienes defienden “volver a la ley de la selva”, una máxima en la que “nadie sale ganando”, “ni siquiera los que la emplean”.

Ribera, que no ha querido confirmar si en el futuro se postularía a la alcaldía de alguna capital española, ha sido presentada en el acto por Anne Hidalgo, Embajadora Mundial del Pacto Mundial de los Alcaldes para el Clima y la Energía. La exalcaldesa de París (2012-2026) ha destacado que Europa está en un “momento muy decisivo” en el que la crisis climática es ya “una realidad presente con consecuencias tremendas”, con 28 noches tropicales este verano en París, “un cuarto de siglo por delante de lo esperado por los científicos”. Según Hidalgo, “hay muchas malas noticias”, pero no se debe “subestimar” la “fuerza” de la alianza europea para fijar los objetivos de reducción de emisiones, descarbonización y neutralidad climática.

La comisaria tiene previsto reunirse este lunes con la propia Hidalgo y con su antecesora en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, presente en el acto junto a las ministras de Vivienda, Isabel Rodríguez, Seguridad Social, Elma Saiz, el titular de Transportes, Óscar Puente, o el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, el nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Juan José Ganuza, o Unai Sordo, secretario general de CCOO.

El Gobierno ha defendido este viernes su borrador de regulación para los centros de datos ante las “previsiones irreales” que maneja el sector, cuya patronal, SpainDC asegura que hay en juego 9.000 millones de euros en inversiones, tras el aviso de que tres empresas internacionales que estudiaban proyectos de que los frenarán si sale adelante el real decreto.

El Ejecutivo español ha planteado un borrador de Real Decreto para exigir que los centros de procesamiento de datos (CPD) respalden con nueva generación renovable, cada hora de funcionamiento, al menos un mínimo del 80% de su consumo energético.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica subrayan que “el interés del sector se ha concentrado en pocos territorios, con previsiones irreales: en Aragón ya se han concedido 3,6 GW de acceso a CPD, que triplicarían la demanda eléctrica de la comunidad, y en Madrid se han concedido 4,1 GW, que supondrían duplicar su consumo”.

Las mismas fuentes indican que “en otros países, como Irlanda, Países Bajos o EEUU, el crecimiento desordenado de CPD ha provocado fuertes incrementos del precio de la electricidad –en EEUU se auguran subidas del 70% hasta 2030 en grandes regiones–, tensiones por el abastecimiento de agua y un fuerte rechazo social, que está provocando moratorias a nuevas instalaciones y la pérdida del apoyo público por el coste político”.

El Proyecto de Real Decreto acaba de terminar su fase de audiencia pública, se han recibido más de 600 alegaciones, “y un número muy relevante demuestra preocupaciones ambientales y sociales”, destaca Transición Ecológica.

Spain DC presentó el jueves sus alegaciones al proyecto de Real Decreto para regular los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los 'data centers', desarrollado por Transición Ecológica y los ministerios de Economía, Comercio y Empresa; y Transformación Digital y Función Pública. El texto salió a consulta en agosto y su plazo de alegaciones se amplió la semana pasada.

El presidente de SpainDC, Emilio Díaz, ha instado este viernes al Gobierno a sentarse a dialogar sobre esta cuestión, puesto que el sector desconocía los planes del Ejecutivo y el real decreto incluía “cosas que eran muy graves” para la industria. “Desde el primer día solicitamos una reunión y se nos remitió a las alegaciones”, ha lamentado, al tiempo que ha avanzado que todavía no hay un encuentro agendado.

Díaz ha añadido que los proyectos de los tres inversores que han amenazado con marcharse si se aprueba el decreto representan el 15% de los 66.900 millones de euros en inversiones previstos para España hasta 2030, informa Europa Press.

Por su parte, la directora ejecutiva de la asociación, Begoña Villacís, ex vicealcaldesa de Madrid con Ciudadanos, ha afirmado: “Podemos negociar, pero lo que no es negociable es que España se convierta en el país más restrictivo de Europa”.

Asimismo, Villacís ha lamentado que España sea el mercado “menos atractivo” de Europa desde que se dio a conocer la nueva normativa en la que trabaja el Gobierno, apuntando que los afectos han sido “devastadores”. “La sensación de inseguridad jurídica que estamos provocando es inadmisible”, ha indicado.

La directora general de SpainDC ha explicado que las alegaciones presentadas “se nutren” de todo el sector, formado por más de 300 socios. “Este real decreto ha conseguido la completa unanimidad en contra de su aplicación”, ha criticado Villacís.

El ministerio recuerda que España “es un país muy atractivo” para los CPD por su ubicación geográfica, su clima y su liderazgo en energías renovables y que la Estrategia de Inteligencia Artificial, actualizada en 2024, “prevé un despliegue de CPD acorde con las previsiones del sector, con una potencia de computación acumulada de 2,5 GW para 2030, equivalentes a unos 4 GW de demanda eléctrica”.

“Sin embargo, ya se han concedido derechos de acceso y conexión a las redes eléctricas por más de 12 GW eléctricos, el triple del objetivo sectorial, y hay un número muy relevante de solicitudes”.

El Gobierno considera que los CPD “son infraestructuras indispensables en una economía moderna y cree que España, a la vista del gran interés de la industria, está en disposición de escoger los mejores CPD, los que aporten más beneficios con el menor impacto ambiental, y sin sufrir un incremento de las facturas eléctricas”.

Como recuerda Transición Ecológica, el borrador establece que “los CPD españoles consumirán un 80% de nueva energía renovable en todas sus horas de funcionamiento –mediante autoconsumo o contratos de suministro a largo plazo–, de un modo similar a lo exigido por las normas europeas para los combustibles de origen no biológico o el hidrógeno de origen renovable, o en las normativas para CPD de Irlanda, Alemania o China. Este requisito desaparecerá cuando el mix de generación supere el 90% de renovables”.

Los proyectos CPD deberán acreditar que cumplen estos requisitos para acceder a la red eléctrica, y el MITECO y Transformación Digital lo comprobarán periódicamente. En el caso de incumplir con el 80% de abastecimiento renovable, sufrirán penalizaciones crecientes en sus facturas eléctricas –en los importes que correspondan en cargos y peajes– para compensar el sobrecoste que, de otro modo, repercutirían sobre el resto de los consumidores de electricidad. Y el incumplimiento reiterado podrá acarrear la pérdida del acceso a la red.

Los proyectos de CPD que no se hayan conectado a la red tendrán un período de seis meses para acreditar su conformidad a estos requisitos o renunciar a sus derechos de acceso a la red, sin la ejecución de las correspondientes garantías.

“El Gobierno quiere un desarrollo ordenado y eficiente de los mejores CPD y evitar los problemas que un desarrollo desordenado ha producido en otros países. Y lo hace aplicando medidas pioneras que se están debatiendo en el ámbito europeo, desde una posición de liderazgo avanzado”, subraya Transición Ecológica.

Los centros de datos, cuyos requisitos quiere endurecer el Gobierno con un borrador de Real Decreto que rechazan numerosas patronales y los gobiernos autonómicos del PP, empiezan a despuntar en el crecimiento de la demanda de grandes consumidores de electricidad en España.

Así lo ha advertido ya Red Eléctrica de España (REE) en su Índice Red Eléctrica (IRE), indicador del operador del sistema que adelanta la evolución del consumo de las empresas con una demanda eléctrica media/alta.

El IRE encadena ya seis meses en los que despunta el crecimiento del consumo vinculado a la actividad económica en la que están encuadrados los centros de datos, la de “infraestructura informática, tratamiento de datos, hosting y otras actividades de servicios de información”.

La aceleración es persistente y esa actividad económica (la división 63 de la clasificación conocida como CNAE) encadena ya seis meses con crecimientos mensuales de entre el 40% y el 77%, sin parangón en otros sectores de actividad y con una repercusión en el crecimiento de la demanda de grandes consumidores de hasta el 0,9%.

En su informe de junio, publicado semanas antes de que el Gobierno sacara a consulta pública a finales de agosto ese polémico borrador, REE destacó que “las actividades de infraestructura informática (centros de datos) han superado en algunos meses crecimientos interanuales del 75%”, en tasa mensual. En julio, último mes disponible, la repercusión de esta actividad en el crecimiento de la demanda de los grandes consumidores del último año alcanzó seis décimas.

Se trata de un nuevo récord (en cómputo anual) y el triple de lo que aportaba en marzo, cuando apareció por primera vez, pese a que el peso en el consumo total de estas instalaciones es todavía reducido en España.

Es “un dato a tener presente en el debate que estamos teniendo estos días”, señalaba el inversor y experto en energía Joaquín Coronado en un reciente post en LinkedIn.

No obstante, como señala Héctor de Lama, director técnico de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), estos datos “solo muestran variaciones, no muestran GWh”, y este no está todavía entre los 20 sectores que más consumen. Se trata de centros de procesamiento de datos (CPD) que empezaron a tramitarse hace mucho tiempo “y empezaron a construirse hace 2-3 años”, antes del actual boom de la IA. Para este experto, “lo que puede ser preocupante es la siguiente ola, que llega a 12 GW”, según las estimaciones del Gobierno.

En julio el IRE de grandes consumidores, una vez corregidos los efectos del calendario laboral y la temperatura, creció un 4,2% interanual, empujado por la industria (+6,3%). En los servicios el avance se quedó en el 0,8%. El crecimiento interanual del IRE del CNAE 63, que incluye los centros de datos, fue del 55,1%, más que en ningún otro sector, como viene siendo habitual en los últimos meses.

Esa repercusión de 6 décimas en el crecimiento de la demanda eléctrica de los grandes consumidores solo la superó la metalurgia, que tiene un peso mucho más relevante en el consumo total de electricidad. Esta actividad aportó 2,1 puntos al aumento de consumo de los últimos doce meses, tras crecer un 10,8% en ese periodo. Esto se traduce, comparando el crecimiento de ambos sectores, que todavía “hay pocos CPDs”, resume De Lama, porque a poco que la metalurgia aumenta su consumo, impulsa la demanda total, y no ocurre aún lo mismo con los centros de datos.

El IRE, que está corregido con los efectos de la composición del calendario y la evolución de las temperaturas, se elabora a partir de la información de unos 23.800 centros de consumo que en 2024 (último dato completo) representaron una demanda bruta de 96.137 gigavatios hora (GWh), el 45,4% del total.

Revulsivo

En España, los centros de datos pueden convertirse en el revulsivo de una demanda eléctrica que no ha recuperado los niveles previos al colapso de la burbuja inmobiliaria en 2008, y paliar la llamada canibalización en las horas con más sol, con precios negativos en muchos momentos del año.

El borrador de decreto que ha presentado el Gobierno, que busca aplicar una criba a la burbuja de peticiones sin un proyecto detrás, ha concitado el rechazo de los gobiernos autonómicos de Aragón, Extremadura o Madrid y de, entre otras, la patronal del sector, Spain DC, que asegura que pone en riesgo una inversión de 67.000 millones de euros.

También rechazan la propuesta del Gobierno Ametic (industria digital), o la patronal de las eléctricas, aelec, que cree que penaliza la nueva demanda cuando más se necesita un consumo que puede ayudar a absorber excedentes renovables, utilizar mejor las redes y favorecer la electrificación.

“Pretenden repartir los centros de datos, pero el riesgo es que se vayan de España”, aseguró el presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier, en una entrevista en Heraldo hace unos días.

El decreto, cuyo plazo de alegaciones el Ejecutivo amplió la semana pasada hasta este jueves, también ha recibido críticas de asociaciones de renovables como APPA y AEE (eólica) y de la Fundación Renovables. La principal crítica desde el sector energético es la exigencia de un 80% renovable hora a hora. Entienden que supone una cantidad desproporcionada de nueva potencia y almacenamiento, ya que un centro de datos funciona de manera prácticamente continua, mientras que la producción solar y eólica es variable.

Este miércoles, la firma BauWatch, especializada en videovigilancia móvil con IA aplicada, advertía de que de “de los más de 10 GW de proyectos anunciados en España y Portugal, apenas 1,2 GW están hoy en construcción o ya construidos”.

Convertidos en el negocio de moda por el auge de la inteligencia artificial, los data center son ya un argumento de peso de cara a las elecciones de medio mandato del próximo noviembre en Estados Unidos, por el rechazo frontal que concitan en muchos territorios.

Los estados de Texas, Nueva York y Pennsylvania se están movilizando para ralentizar o paralizar nuevos proyectos entre preocupaciones por su impacto ambiental y sobre el precio de la electricidad. Texas concentra cerca del 20% de los proyectos en el país. Una moratoria puede traducirse en costes multimillonarios para los promotores.

El pasado martes, la Comisión Económica de la ONU para Europa advirtió de que “la rápida expansión de los centros de datos, especialmente los dedicados a la inteligencia artificial, podría poner a prueba la fiabilidad y la capacidad de las redes eléctricas”. Según sus cálculos, e consumo mundial de electricidad de los centros de datos podría pasar de unos 485 teravatios hora en 2025 a 950 teravatios hora en 2030, lo que equivaldría al 3% de la demanda eléctrica mundial.

Según otro informe que acaba de publicar la consultora Rystad, los data centers van a ser el sector que más empuje la demanda eléctrica en los próximos años a escala global, hasta representar el 4% del consumo total en 2035. Esta firma prevé una demanda global de electricidad de 40.300 teravatios hora (TWh) en 2035, con un aumento del 65% respecto a los 29.000 TWh actuales.

Los centros de datos ya captaron en 2025 inversiones de 770.000 millones de dólares que superaron lo invertido en ese ejercicio en exploración y producción de gas y petróleo, según Rystad. Esta firma estima que para 2035 la mitad de los proyectos de centros de datos en el mundo no van a construirse por problemas de acceso a la red, suministro de materiales o permisos.

En la vecina Portugal, que tiene su mercado eléctrico integrado con el español y cuenta con un atractivo similar al de España para los data centers por sus buenas condiciones para la instalación de renovables, el crecimiento de la demanda esperada de estas infraestructuras ha propiciado una llamada de atención del regulador europeo, ACER.

Esta entidad, a la que pertenece la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) española, acaba de advertir de que “la demanda de centros de datos supera la oferta de electricidad en Portugal”, tras analizar la evaluación que presentó en junio el Gobierno luso para calibrar si el país dispone de suficientes recursos para satisfacer la demanda y garantizar la seguridad del suministro en los próximos años.

Como señala ACER, el Ejecutivo portugués ha llegado a la conclusión de que “el aumento proyectado supone que la demanda de electricidad crece mucho más rápido que los recursos necesarios para satisfacerla”, especialmente a partir de 2030.

Sin embargo, en opinión de esta agencia europea, Lisboa “podría sobreestimar el déficit de adecuación de Portugal al no tener plenamente en cuenta los recursos que podrían entrar en el mercado o estar disponibles a través de la frontera” que comparte con España.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Energética, Sara Aagesen, ha defendido este miércoles en el Congreso la prórroga “limitada” de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta 2030, que, según ha defendido, “no modifica la política energética” del Ejecutivo.

Esa política del Gobierno sigue siendo “una apuesta que sigue centrada en renovables, electrificación, en redes”, ha dicho Aagesen durante una comparecencia a petición propia para dar cuenta de las actuaciones adoptadas frente a la emergencia climática en el marco de las propuestas de un Pacto País y en el contexto de la campaña contra los incendios forestales, así como de la actual situación geopolítica y de los mercados energéticos.

En la réplica, Aagesen ha pedido “rigor” para hablar de la nuclear, porque en España “somos ricos en sol y viento” y “esa es la lógica de este país”. A quienes “hablan de energía nuclear a futuro” ha recordado el caso de Francia, que tardó “17 años” en conectar una central de 1,6 gigavatios y el presupuesto inicial de 3.000 millones “se multiplicó por siete”, hasta 23.000 millones.

La vicepresidenta ha subrayado que esta “extensión limitada” del permiso de la central, que inicialmente expiraba en 2027 (en el caso del primer reactor) y octubre de 2028 (en el caso del segundo), y cuya prórroga el Ejecutivo aprobó el pasado 14 de agosto, cumple las tres condiciones que en su momento puso el Gobierno a las eléctricas.

Esas condiciones eran no poner en riesgo la seguridad nuclear, algo que garantiza el aval del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), garantizar el suministro eléctrico y que la permanencia de la central en el mix eléctrico no genere sobrecostes a los ciudadanos, tras descartar el Ejecutivo las rebajas fiscales y las “ayudas” que, ha subrayado la ministra, pidieron las empresas propietarias “durante meses”.

Aagesen ha defendido que “la realidad ha cambiado” y que “no hay dogmatismo”: el Gobierno “es pragmático, no ideológico”, para justificar esa prórroga e incumplir el calendario pactado con las empresas en 2019, antes de la pandemia, la guerra de Ucrania y ahora, la de Irán.

La vicepresidenta ha insistido en que la decisión, adoptada tras analizar los modelos y la información de Red Eléctrica, “no altera el resto del calendario” de apagón nuclear y que “el horizonte de cierre definitivo permanece en 2035”. Ha señalado que esta “extensión limitada” es “coyuntural y acotada exclusivamente a esa instalación” y se ha adoptado “por la coyuntura energética”, con una alta incertidumbre en los mercados internacionales como consecuencia del conflicto en Oriente Medio y de la guerra en Ucrania, “que sigue ahí”.

“Solo es Almaraz, es en este contexto, y no hay ningún cambio en el calendario” de cara a 2035, ha insistido, y ha recordado que la extensión de vida de la planta extremeña solo va a recortar la producción renovable un 1,4%, según la orden ministerial que aprobó la prórroga, contra la que ha arremetido el portavoz de Sumar, Eloi Badia. El representante del socio del PSOE en el Gobierno ha reclamado una auditoría de los costes de Almaraz o ponerle un tope al precio que cobra por su producción en 44 euros por megavatio/hora.

La vicepresidenta ha dado cuenta por primera vez de la prórroga de Almaraz en el Congreso en el día en que el barril de Brent ha superado los 100 dólares por barril por primera vez desde julio y con la principal referencia del gas europeo (el TTF) disparándose otro 3%, con una subida que ya supera el 140%. La escalada ha propiciado que el precio medio del mercado eléctrico mayorista se haya triplicado este septiembre respecto a hace un año.

El petróleo Brent, de referencia para Europa, ha rondado este martes la barrera psicológica de los 100 dólares por barril, un nivel en el que no cotiza desde el pasado mayo, como consecuencia de la escalada del conflicto bélico en Oriente Próximo. Por su parte, el gas europeo se dispara ya más de un 138% desde el inicio de la guerra en Irán; la principal referencia, el TTF, cotiza este martes por encima de los 75 euros por megavatio hora (MWh), el nivel más alto desde 2023.

El barril de Brent ha llegado a cotizar en la mañana de este martes en 99,4 dólares, mientras las tensiones en Oriente Próximo continúan elevándose con nuevos ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra objetivos en territorio de Arabia Saudí, que han dejado al menos 73 heridos, en respuesta a la muerte de al menos siete personas por bombardeos de la coalición liderada por Riad, y tras el bombardeo de petroleros iraníes por parte de Estados Unidos el pasado fin de semana.

Por su parte, el petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se sitúa cerca de los 93 dólares por barril, con una subida respecto al lunes del 1,3%, aunque ha llegado a rozar los 95 dólares durante la sesión.

En cualquier caso, el petróleo no es el producto energético que más se ha encarecido desde el inicio de la Guerra de Irán desde que Donald Trump inició el conflicto el pasado 28 de febrero. Desde esa fecha, el crudo de referencia para Europa se ha encarecido cerca del 35%, tanto como lo ha hecho la gasolina en Estados Unidos, según datos de Bloomberg.

En España, el diésel ha subido cerca de un 30% y la gasolina, en torno a un 16%. La peor parte se la lleva el gas europeo, que antes de los ataques ordenados por Donald Trump contra Teherán cotizaba en el entorno de los 30 euros/MWh.

Si el pasado agosto, en vísperas de la cuesta de septiembre más dura desde el inicio de la guerra en Ucrania, el temor era que el TTF superase los 70 dólares, esa barrera ya ha quedado superada en septiembre, ante la falta de expectativas para una reapertura duradera del estrecho de Ormuz, las dificultades para normalizar la producción de gas natural licuado (GNL) y unos niveles de almacenamiento en Europa muy inferiores a los habituales.

El llenado de los depósitos de gas en la UE está todavía en el 66,9% (hace un año rozaba el 80%) y en países como Alemania no alcanza todavía ni el 55%, según datos de Gas Infraestructure Europe. No obstante, el TTF sigue lejos de los disparatados niveles que alcanzó en 2022, tras la invasión de Ucrania, cuando llegó a rondar los 350 euros/MWh, lo que provocó la intervención del mercado eléctrico en España a través de la denominada solución ibérica para evitar el contagio a la factura de la luz.

El repunte del gas añade presión adicional a la competitividad de la industria del bloque comunitario, a la inflación y a la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), que previsiblemente subirá un cuarto de punto los tipos de interés, hasta el 2,5%, en su reunión del próximo jueves, con el euríbor (indicador al que se referencian las hipotecas) ya por encima del 3,1%.

La escalada del gas tiene reflejo directo en España en la cotización del mercado mayorista de electricidad, sobre todo en momentos de menor producción de la eólica, que en primavera protegió a los consumidores españoles de las subidas, con un recorte de la factura estimado en unos 10 euros mensuales gracias a las renovables.

Si en agosto el denominado pool eléctrico se situó en una media diaria superior a los 118 euros/MWh, los futuros para el último trimestre del año se sitúan ya por encima de 135 euros/MWh.

En lo que va de septiembre, el precio mayorista de la luz cotiza ya de media por encima de 148,5 euros/MWh, frente a los 50,6 euros de hace un año. Esta subida se traslada en parte de forma directa a la tarifa semirregulada del precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), y en el mercado libre (mayoritario) se va incorporando a medida que vencen los contratos.

Partidas en blanco por un “error masivo”, salvedades del auditor por cuestiones como un préstamo “vencido” a una patronal integrada en CEOE; cuentas que ahora va a tener que corregir y que en algunos casos se han enviado con años de retraso al Registro Mercantil...

Es el retrato de varias empresas de César Blanco, exdirigente del PP de Ourense con el polémico José Luis Baltar, líder patronal y empresario que, según el Ministerio de Hacienda, se ha adjudicado 127 millones en subvenciones en los últimos años, la mayoría para cursos de formación, en los que está especializado.

Las salvedades del auditor son habituales en sus empresas. Es el caso de las últimas cuentas presentadas hasta ahora (de 2024) por una de sus sociedades en Canarias, Sofbrain SL. Por un lado, por créditos financieros a corto plazo sin intereses de 3,35 millones concedidos a sociedades del grupo de formación de César Blanco, GDoce, que implican que a cierre de 2024 su patrimonio neto y su resultado estaban “infravalorados”, según su auditor, la firma Auren.

Por otro, por el impacto contable de 537.380,05 euros que, según Auren, tuvo la inspección de Hacienda que Blanco cerró “con acuerdo” en julio de 2015, poco después de desvelarla elDiario.es. Esa inspección indagó en los contratos que CEOE le adjudica en un claro conflicto de interés y se saldó con importantes ajustes en las operaciones que facturan entre sí sus empresas. Además, esa firma domiciliada en Las Palmas admitió que “su sede de dirección efectiva puede no estar localizada en Canarias”.

También han propiciado salvedades los créditos concedidos por Moba Skill Training, una de sus sociedades más subsidiadas (más de 27 millones en ayudas desde 2017, según datos de Hacienda), a la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE), integrada en CEOE. Blanco ha prestado a esta entidad al menos 370.715 euros a través de dos de sus empresas de los que no consta que haya recuperado nada.

Parte de ese dinero para CEAJE vino de Moba Skill, una de las empresas más antiguas de César Blanco, que la fundó en 2004 en su localidad natal, Nogueira de Ramuin (Ourense), donde fue concejal del PP de 1999 a 2003, como Monte Blanco Agraria Gallega SL. En 2013 el BNG señaló a esta firma en una “posible trama” de alcaldes del PP de Ourense para adjudicar a dedo la contratación de las brigadas municipales de extinción de incendios a empresas vinculadas al partido.

Las cuentas de Moba Skill de 2024 recogen una salvedad del auditor por créditos de 157.000 euros que concedió en octubre de 2022 a CEAJE para “solventar necesidades de tesorería” de esta patronal, con la que las sociedades de César Blanco “colaboran en proyectos” de formación, como indican sus cuentas.

Los créditos inicialmente vencían en abril de 2023, pero el auditor destacó que a cierre de 2024 el préstamo estaba “vencido” y era “de difícil recuperación al no existir evidencia sobre la capacidad financiera de devolución por parte de la sociedad deudora”, sin que la empresa de Blanco dotase ningún deterioro por ello.

Las cuentas de 2025 que Moba Skill acaba de depositar en el Registro Mercantil aclaran que esos créditos ya se prorrogaron en abril de 2023 (hasta el 31 de diciembre de 2024) y que en noviembre pasado, acordó otra prórroga hasta el próximo 31 de diciembre.

“A fecha de formulación de las presentes cuentas no se han percibido los cobros correspondientes a dichos créditos”, pero “el Administrador no considera que existan dudas sobre la cobrabilidad de los mismos”, dicen las cuentas, en este caso sin salvedades. “Todo transcurre dentro de la absoluta normalidad contractual”, recalcan desde GDoce.

Otro tanto ocurrió con su empresa Blar Formación SL, creada en 2021. Esta firma, que solo en 2025 recibió casi 4 millones en ayudas, según Hacienda, prestó en 2023 a CEAJE otros 213.715 euros mediante sendos créditos a corto plazo con un tipo de interés anual del 3,5%. A cierre de 2025 no había recuperado nada, según sus cuentas.

La patronal de los jóvenes empresarios no aclara si a día de hoy ha devuelto algo: “Los préstamos entre entidades privadas tienen carácter confidencial” y “tienen un calendario de pagos pactado de común acuerdo. Estas devoluciones se encuentran a día de hoy en periodo de pago, cumpliéndose estrictamente con lo establecido entre las partes”. “Se prorrogaron de común acuerdo las fechas límites; no se han vencido”, insiste por correo electrónico.

CEAJE, que está obligada por Ley de Transparencia a publicar sus cuentas, al recibir importantes subvenciones, y cuya última memoria (sin datos económicos) es de 2022, indica que firma estos préstamos “de manera puntual” y que no es “inusual conseguir financiación a través de entidades privadas con las que se colabora en otros ámbitos”.

Blanco fue hasta enero presidente interino de la Confederación Empresarial de Ourense, de la que es vicepresidente, y es miembro del comité ejecutivo de Cepyme y de la directiva de CEOE, entre otras patronales. En 2025 fue uno de los apoyos de Ángela de Miguel en la pugna para presidir Cepyme junto a, entre otros, Antonio Garamendi y el entonces presidente de CEAJE, Fermín Albadalejo. Este último dirige desde este año CEOE Campus, la escuela de formación de la gran patronal española.

Otra empresa canaria de Blanco y sus hijos con salvedades en sus cuentas, en este caso por créditos intragrupo sin intereses de 3,6 millones, es Indiplu Europa SL. Esos préstamos implicaban que a cierre de 2024 (último ejercicio disponible) su pasivo estaba “infravalorado” y su patrimonio neto y su resultado, “sobrevalorados en 78.654,85 euros y 102.773,69 euros, respectivamente”, según Auren.

Dedicada a campañas online, en 2024 Indiplu facturó 6,67 millones, de los que 2,4 millones procedieron de empresas de su dueño por “publicidad y Marketing Digital”. Entre sus clientes ajenos a GDoce hay organizaciones empresariales como la Asociación Comarcal de Empresarios de la Zona Norte de Madrid (Acenoma), que en 2025 anunció un convenio con Indiplu para “la difusión de proyectos formativos de alto impacto, como el programa Generación Digital PYMES, financiado por los fondos europeos Next Generation EU”. El grupo no aclara cuántos acuerdos de este tipo tiene.

Ni Indiplu ni Sofbrain aparecen entre las empresas GDoce publicita en su web. Tampoco Clictic SL, contratista habitual de la Administración que desarrolla contenidos digitales y en su web se define como “empresa internacional con sede en Panamá, México, España y Portugal”.

En sus últimas cuentas disponibles, de nuevo, de 2024 (presentadas este año y accesibles a través de Insight View), el auditor de Clictic introdujo salvedades por deudas intragrupo que implicaban que “el activo y el pasivo corriente se encuentra infravalorado en 298.899,07 euros”, y tras no poder comprobar “la razonabilidad” de gastos por facturas pendientes de más de 357.000 euros. “Las operaciones realizadas con empresas del grupo representan un 81,73% sobre el importe total de la cifra de negocios”, destacó Auren.

Foto parcial y borrosa

Salvedades aparte, GDoce no consolida su actividad en una cabecera que aglutine sus negocios y la foto que ofrecen las cuentas disponibles en el Registro Mercantil es parcial. Además, está borrosa: a los retrasos en su presentación (alguna ha enviado este año de golpe sus cuentas de 2023, 2024 y 2025) se suman errores generalizados en la información que contienen varias de ellas.

Entre otras, la que, según Blanco, es su principal sociedad, G12 Grupo Empresarial, que se promociona en redes con la apostilla de “cursos gratis” para desempleados y da nombre a un grupo que se define como “uno de los más importantes del sector, con más de 20 centros homologados repartidos por 17 ciudades de toda España” y “una plantilla de más de 600 trabajadores”.

En plataformas como Axesor o Insight View, las últimas cuentas disponibles de G12 son de 2023, aunque el grupo ha aportado un certificado de la registradora de Pontevedra que acredita que presentó las de 2025 el 30 de julio.

A falta de tenerlas disponibles, las de 2023 incluyen numerosas partidas en blanco, empezando por su plantilla. “La tesorería asciende a 0” y “el importe de la cifra de negocios asciende a 0”, indican. Esto ocurre con otras empresas de formación de Blanco que han recibido millones en ayudas, como Formando por el Éxito SL y la citada Blar Formación SL, o esas dos firmas canarias.

GDoce asegura que no conocía esta situación y remite escritos de una firma de asesoría, Arxil Asesores SL, que explica que esas cuentas “se generaron y enviaron por un error informático del aplicativo de gestión/contable de la asesoría a la hora de presentar las cuentas”. Se enviaron al Registro Mercantil “informes erróneos con datos a 0 generados automáticamente”. Y se omitieron “de forma totalmente involuntaria los informes de auditoría”.

En algunos casos los errores alcanzan a los ejercicios 2022 y 2023, en plena explosión de subvenciones para las empresas de Blanco tras la pandemia, los fondos europeos o el auge de las oposiciones. “La información adjuntada en el aplicativo no se corresponde con lo recibido por el Registro Mercantil, algo totalmente anómalo que obliga a presentar subsanación de todas y cada una de las cuentas anuales de dichos ejercicios”, confirma Arxil.

Se trata de “un error masivo que se generó en todos los envíos de las cuentas anuales de todos nuestros clientes y que no se descubrieron hasta ahora” y “se procederá a la mayor brevedad posible a la subsanación de las cuentas de todas estas empresas en dichos ejercicios” para proporcionar la “imagen fiel” que exige la normativa contable.

“Nos hacemos responsables de los perjuicios económicos que pudieran derivarse de esta problemática y nos comprometemos a solventar estas incidencias a la mayor brevedad posible para que la información que aparezca en el Registro Mercantil sea la correcta”, añade Arxil.

GDoce ha facilitado a elDiario.es otras cuentas de 2023 que de momento no están disponibles en el Registro y recogen que ese año tuvo una cifra de negocios de 6,9 millones, el doble que en 2022, y una plantilla media de 148 personas (99 un año antes). La auditoría está limpia. Para las cuentas de 2024 y 2025 habrá que esperar.