La mayor tabaquera del mundo, un gigante minero, grandes eléctricas, fondos de capital riesgo, bufetes…. Son algunos sectores y grandes empresas a los que han prestado servicios de asesoría y lobby en las últimas décadas los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Felipe González.

Ambos tienen un bagaje empresarial mucho más destacado que el de José Luis Rodríguez Zapatero, primer expresidente imputado por corrupción en la historia democrática de España, por el presunto cobro de comisiones ilegales a través de una red de empresas interpuestas para influir a favor de la aerolínea Plus Ultra.

El historial conocido de cargos en empresas del político leonés es casi tan magro como el del anterior presidente, Mariano Rajoy. El presumible “M. Rajoy” de los famosos papeles de Bárcenas (la caja B del PP) logró en marzo el traslado de su plaza de registrador de la propiedad desde el Registro Mercantil 5 de Madrid a su nuevo destino, el de Bienes Muebles Central I.

Por su parte, González y sobre todo Aznar llevan años dedicados a consultoría y lobby para distintas grandes empresas. El currículum es especialmente dilatado en el caso del político del PP. En junio cumplirá 20 años como consejero de News Corp, el gigante mediático del magnate ultraconservador Rupert Murdoch, que en estos años le ha pagado unos cinco millones de dólares por sus servicios.

El pasado ejercicio, el sueldo de Aznar en News Corp (que es público, al cotizar esta empresa en Estados Unidos) fue de 341.565 dólares. A esa suma se añaden los 10.000 euros mensuales que el grupo de Murdoch pactó pagar a Aznar a través de su sociedad familiar Famaztella desde septiembre de 2004 hasta su nombramiento como consejero en junio de 2006, en concepto de “servicios de asesoría”.

El resto de cantidades percibidas por Aznar de grandes empresas en los últimos años no son públicas. No consta que las haya facturado a través de esa sociedad, que los Aznar crearon en 2004 para la explotación de sus derechos de propiedad intelectual, incluyendo sus libros, discursos y conferencias, y que hace más de diez años fue sancionada por Hacienda tras una inspección.

Uno de los pagadores de Aznar ha sido Endesa, la eléctrica cuya privatización culminó su primer gobierno. Le fichó como asesor en 2011, especialmente para asuntos relacionados con Latinoamérica, aunque la relación se rompió años después. En 2019 este medio publicó que Afiniti, compañía de inteligencia artificial para call centers de la que Aznar se convirtió en consejero en 2016, estaba tanteando a grandes empresas españolas, entre ellas, la propia Endesa, para venderles su solución tecnológica. 

La italiana Enel (dueña de Endesa) aparecería luego en la lista de clientes de la web de Afiniti, que Aznar (ex inspector de Hacienda) administraba a través de una firma en Bermudas (un paraíso fiscal) y cuya filial española estaba a cargo del hijo menor del expresidente, Alonso Aznar. Este último también trabajó para el fondo de capital riesgo Rhône, que recientemente logró multimillonarias plusvalías en España con la venta de la empresa de armamento Maxam. El dueño de Rhône, el empresario estadounidense Robert Agostinelli, es íntimo de José María Aznar y uno de los principales financiadores de Friends of Israel, lobby proisraelí que ambos fundaron en 2010.

De ese año data el contrato que Aznar firmó con Befesa (filial de Abengoa) para facilitar adjudicaciones de grandes proyectos de desalación en Libia bajo el régimen de Muamar el Gadafi, que, como reveló elDiario.es en 2014, contemplaba una “comisión de éxito” del 1% sobre los contratos obtenidos.

En 2011, el expresidente popular se incorporó, además de a Endesa, al consejo asesor del hedge fund (entidades de inversión libre que tienen más margen de actuación que los fondos de inversión más habituales) británico Centaurus Capital, especializado en energía y mercados financieros, y al consejo asesor internacional de la minera canadiense Barrick Gold, dedicada a la extracción de oro, y a la que todavía asesora en la actualidad, según su web. 

En 2013, el gigante de la consultoría KPMG anunció que Aznar asesoraría a su presidente en España en cuestiones geopolíticas y macroeconómicas. También ese año se incorporó formalmente como senior advisor del consejo internacional del bufete DLA piper. En 2018 cambió este despacho por la firma Latham Watkins. 

Por esas fechas, La Vanguardia reveló que Aznar estaba trabajando como lobbista en Latinoamérica en favor del cigarrillo electrónico para Philip Morris. La mayor tabaquera del mundo fue uno de los principales clientes de Equipo Económico, el despacho que fundó el exministro Cristóbal Montoro, actualmente imputado en una trama de presunto tráfico de influencias.

En esas gestiones a favor del vapeo a Aznar le acompañaba su entonces jefe de gabinete, Germán Alcayde, hoy ejecutivo de una empresa de hidrógeno verde que ha recibido millones en ayudas públicas y el aval de Isabel Díaz Ayuso.

A estas labores de lobby de Aznar se suma la actividad de su centro de formación de líderes, el deficitario Instituto Atlántico de Gobierno. Con Alcayde como director general desde octubre de 2023, la esposa del expresidente y exalcaldesa de Madrid Ana Botella ejerce como “directora de los cursos ejecutivos” desde hace un par de años. El centro, como reveló elDiario.es, ha recibido muchos pequeños contratos de administraciones del PP. Organiza cursos de la mano de empresas como Repsol, cuya privatización también culminó Aznar, y con la universidad privada Francisco de Vitoria, de los Legionarios de Cristo.

La relación con el mundo del lobby del expolítico popular se inició incluso antes de dejar la Moncloa en 2004. En julio de ese año trascendió que, con Aznar todavía como presidente, su Gobierno había pagado dos millones de dinero público a una empresa en Estados Unidos, Piper Rudnick, para lograr la concesión de una medalla honorífica del Congreso de Estados Unidos.

El “jarrón chino”

Mucho menos extenso es el currículum empresarial de Felipe González, que hace 30 años acuñó aquella famosa frase comparando a los expresidentes con un “jarrón chino”: “Se supone que tienen valor y nadie se atreve a tirarlos a la basura, pero en realidad estorban en todas partes”, afirmó al poco de salir de Moncloa.

Su fichaje más reciente es su nombramiento en 2019 como consejero de Boluda Towage, filial del grupo Boluda, líder mundial del mercado de remolque marítimo, del gigante naviero del multimillonario valenciano Vicente Boluda, una de las mayores fortunas del país.

La actividad más conocida del socialista como asesor de una gran empresa fue su labor como consejero de la actual Naturgy (entonces Gas Natural Fenosa) entre 2010 y 2014. González compatibilizó ese puesto con su presencia en el Consejo Rector de Doñana mientras Gas Natural tramitaba un almacén de gas en ese entorno protegido. 

Un trabajo que la gasista le encomendó por su amplia experiencia internacional y sus buenas relaciones con el mundo latinoamericano. Él mismo lo calificó como “muy aburrido” cuando anunció que lo abandonaría, tras embolsarse más de 400.000 euros en esos años (a razón de 126.500 euros anuales).

Previa a su contratación por Gas Natural fue la carta que González escribió en septiembre de 2009 a un dictador africano, el entonces presidente de Sudán del Norte, Omar Al-Bashir, para favorecer al polémico empresario hispano iraní Massoud Zandi, socio del entonces presidente de Prisa, Juan Luis Cebrián, en una opaca petrolera que quería hacerse con un yacimiento en Sudán. 

“Es una persona honorable, seria, trabajadora y con relaciones internacionales al más alto nivel”, escribió González de Zandi, que acabó denunciado por la Fiscalía española por defraudar a Hacienda, y al que el expresidente alabó en un vídeo calificándolo como una de las personas “con más capacidad emprendedora que he conocido”. “No he visto a nadie con más habilidad para crear espacios nuevos (...) Él, por sí mismo, es un creativo irrepetible, no he visto a nadie con más iniciativas audaces y con más capacidad emprendedora (...). Ahora que tanto se habla de espíritu emprendedor, este es un emprendedor nato”, dijo el exlíder del PSOE de Zandi.

En 2011, en plena crisis tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y mientras estaba en la actual Naturgy, González también creó un vehículo de inversión, Tagua Capital. El fondo (que fue un fiasco) quería convertirse en firma de referencia del sector en España y especial foco en el sector tecnológico, con unos objetivos muy ambiciosos, captar entre 120 y 150 millones de capital.

El dinero debía proceder de inversores como el multimillonario mexicano Carlos Slim, al que González ha prestado servicios de consultoría en el pasado: “Le asesoro como negocio. Sigo siendo amigo mío y le sirve mi asesoramiento… ¿pero no es compatible la amistad con asesorar negocios?”, declaró hace años en un programa de televisión sobre su relación con el magnate mexicano de origen libanés, la mayor fortuna de Latinoamérica y una de las personas más ricas del planeta.

González, que también ha cultivado en esa región amistades como la del fallecido multimillonario venezolano Gustavo Cisneros (al que el Gobierno socialista vendió Galerías Preciados a precio de saldo tras la expropiación de Rumasa), visitó hace veinte años junto a Slim al rey de Marruecos, Mohamed VI. En aquel momento el mexicano quería introducir su compañía telefónica, Telmex, en el país magrebí.

En Tánger, González tuvo unos terrenos en primera línea de playa que vendió en 2014 a la familia real saudí. Sobre la finca estaba prevista la construcción de una mansión para el expresidente a cargo de la constructora Procisa, propiedad de su íntimo amigo el fallecido Luis García Cereceda, promotor de la exclusiva urbanización La Finca en Pozuelo de Alarcón.

Esa propiedad en Tánger estaba a nombre de Ialcon Consultoría SL, empresa que creó Felipe González en 2001. Domiciliada en Pozuelo y administrada por una hija del expresidente (María González Romero), en 2024 esta firma facturó algo menos de 43.000 euros, según sus últimas cuentas disponibles. En ellas indica que su actividad principal es la de “otras actividades profesionales, científicas y técnicas”.

Para lanzar Tagua Capital González se rodeó de referentes empresariales como Amparo Moraleda (expresidenta de IBM España y futura presidenta del gigante aeronáutico Airbus) o su íntimo Joaquín Moya-Angeler, que también presidió IBM España.

Con este último y su hijo Pablo, el expresidente fue socio en la firma Oyauri Investment, que en 2013 fue adquirida por Indra, entonces todavía presidida por Javier Monzón, al que el Gobierno de González había colocado al frente de Indra en 1993 tras impulsar la fusión de varias empresas públicas del sector.

La compra de Oyauri acabó en un conflicto judicial millonario por un bonus a favor de los vendedores. Entre ellos, el citado Moya-Angeler, quien había sido consejero de la propia Indra y quien, por cierto, también cliente de la citada Equipo Económico. Una firma vinculada a él, Inmoan SL, pagó a la consultora que fundó el exministro de Hacienda de Aznar 93.981,67 euros, según el sumario del caso Montoro.

Las empresas offshore en Dubai que, según el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, dio “instrucciones” de crear el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para “canalizar” el cobro de una supuesta comisión de 530.000 euros por el rescate con dinero público de la aerolínea Plus Ultra son un misterio. De las denominaciones de estas empresas no hay rastro en los Registros Oficiales de ese emirato.

El auto del juez Calama que ha imputado por primera vez a un expresidente español en democracia afirma que, “siguiendo instrucciones de José Luis Rodríguez Zapatero, se creó al menos una sociedad off-shore, Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco, participada al 100% por Idella Consulenza Strategica”, propiedad del amigo y supuesto testaferro del expresidente socialista, Julio Martínez Martínez, para canalizar el cobro de esa comisión equivalente al 1% del rescate de 53 millones otorgado por el Gobierno de Pedro Sánchez a esa aerolínea.

El propio auto reconoce que “no consta, según informe de la AEAT [la Agencia Tributaria] de febrero de 2026, que se haya efectuado pago alguno en ejecución de dicho contrato”.

“La ausencia de pagos en España apunta a que la sociedad off-shore podría haberse creado para canalizar ese cobro”, afirma el auto, que indica también que “consta que la sociedad queda constituida, siendo participada al 100% por la sociedad española Idella”.

Algunos indicios ponen en duda que esa sociedad llegara a crearse, al menos, con esas denominaciones. En la base de datos especializada Open Corporates, que se nutre directamente de la información de los registros mercantiles de más de 140 jurisdicciones de todo el mundo, no hay constancia de que en el Registro de Dubái exista una sociedad llamada Landside Dubai Fzco, ni de una firma denominada Landside Middle East Fzco.

Sin embargo, según Infolibre, en la Dubai Airport Freezone, conocida como DAFZ, ubicada junto al aeropuerto internacional del emirato, sí existe una sociedad con la segunda denominación, según información a la que ese medio ha tenido acceso a través del consorcio internacional OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project). De acuerdo con Infolibre, esa sociedad quedó registrada el 17 de marzo de 2021 —ocho días después de que el Consejo de Ministros aprobara el rescate— con validez hasta 2041. La actividad declarada corresponde a servicios de consultoría, gestión, información y marketing. La DAFZ no ofrece información sobre los propietarios reales de las empresas inscritas en ella.

Los dos nombres de sociedades en Dubái que recoge el auto del juez son muy genéricos. Como apunta el especialista en redes Marcelino Madrigal en un hilo en X, en las zonas francas aeroportuarias como Dubái, el espacio se divide en dos: Airside (la zona de pistas y hangares, muy restringida), y la denominada Landside o zona de tierra, oficinas comerciales y hoteles. Y las autoridades obligan a clasificar la empresa según su ubicación.

Por otro lado, el auto menciona que las empresas van a tener la denominación de Fzco, acrónimo que corresponde al de Free Zone Company. Para acogerse a esa figura (que está libre de impuestos), la legislación de Dubai exige que las empresas tengan un mínimo de dos accionistas, no uno solo, como sostiene el auto.

En ese caso, la figura societaria que se requiere es otra, la de una FZE (Free Zone Establishment), que permite que la sociedad tenga un único dueño (persona física o empresa al 100%). Se trataría de la citada sociedad española Idella Consulenza Strategica que, por otro lado, aparentemente está inactiva: sus últimas cuentas se presentaron en 2018, según la información disponible en el Registro Mercantil.

El pasado martes, el expresidente Zapatero salió al paso de la imputación de la Audiencia Nacional en un vídeo difundido a los medios de comunicación en el que subrayó que “jamás” ha tenido una sociedad mercantil “ni directamente ni a través de terceros, ni en España ni fuera de España”. “No he participado en ninguna operación de este tipo”, sostuvo, para sumar que ejercerá su derecho a la defensa “con toda la firmeza y con toda la convicción”.

Grupo Ballesteros, líder del negocio de los bingos en España, ha reconocido ajustes millonarios en sus últimas cuentas tras cerrar “con acuerdo” una batería de inspecciones de Hacienda a varias empresas del holding.

Este roto contable llega tras un varapalo de la Audiencia Nacional a los dueños de esta empresa por fingir su residencia fiscal en Madrid y después del nombramiento, el año pasado, de la hija de una histórica diputada del PP al frente del entramado de sociedades del grupo.

Los ajustes realizados tras las comprobaciones de Hacienda, que suman más de 15,7 millones, están recogidos en las cuentas anuales de 2024 recientemente remitidas al Registro Mercantil por Maxibingo SL, holding del empresario José Ballesteros. El magnate del juego firmó las cuentas el pasado noviembre, tras el nombramiento de Yolanda González, hija de Celinda Sánchez (histórica del PP de Castilla y León) como administradora de 35 sociedades del empresario.

Entre ellas, Maxibingo, que González administra desde enero de 2025. En sus cuentas de 2024, remitidas recientemente al Registro Mercantil y disponibles a través de Insight View, esta holding menciona “el cierre con acuerdo de los expedientes de comprobación tributaria abiertos a seis de las empresas del grupo en relación con los ejercicios 2017/2019”.

Esos procedimientos del Fisco, sobre los que las cuentas no ofrecen detalles, han supuesto una reducción del patrimonio neto consolidado de Maxibingo “por importe de 3.186.975 euros en concepto de ajustes por errores y de 12.543.000 euros en concepto de retribución a fondos propios”. En total, los citados 15,7 millones. El grupo ha declinado hablar con elDiario.es. “No atendemos a los medios”, indicaron desde sus oficinas.

El patrimonio neto consolidado de un grupo empresarial puede definirse como su valor contable real. Se calcula como la suma de sus activos menos sus pasivos totales. Representa los recursos propios de la compañía, incluyendo capital, reservas y resultados acumulados, tras eliminar operaciones internas.

Como reveló este medio en julio, la hija de la exdiputada popular Celinda Sánchez gestiona desde principios de 2025 decenas de sociedades del grupo. Entre ellas Maxibingo, que en 2024 declaró una facturación consolidada de 131,5 millones, de los que el 95% procedió de la actividad del juego privado, “piedra angular de la actividad desarrollada por el Grupo”, y el 5% restante, de la hostelería. Con activos de 82,9 millones (un 11,5% menos que un año antes) y más de 700 empleados, de esta holding cuelgan más de treinta sociedades.

El grupo desarrolla su actividad de forma predominante en Castilla y León, donde es el operador principal. Dueños del Casino Roxy en Valladolid, el Gran Casino de la Mancha en Illescas (Toledo), el Bingo Goya (Zaragoza) o el operador online eBingo, tienen “más de cuatro décadas de experiencia y más de cuarenta salas de juego repartidas entre Castilla y León, Madrid, Andalucía, Aragón y Castilla-La Mancha”, dice su web. En ella se definen como “líderes del sector de Bingos en España”.

Los ajustes tras esa inspección por el periodo 2017-2019 cerrada “con acuerdo” han llegado tras confirmar la Audiencia Nacional en mayo de 2025 la residencia “ficticia” en Madrid de Ballesteros y su esposa. En 2013 ambos notificaron a la Agencia Tributaria que se mudaban de Valladolid a la capital. Pero en abril de 2019, Hacienda determinó que era mentira, basándose en un informe de la Policía Municipal de Valladolid de abril de 2018 que indicaba que vivían en la capital pucelana, en un inmueble a nombre de Joballesca SL, otra de las empresas de Ballesteros que administra la hija de esa ex diputada del PP.

Hacienda también se basó en los bajísimos consumos de luz y agua del supuesto domicilio del matrimonio en Madrid, a unos metros del Paseo de la Castellana y la sede del Tribunal Supremo. Allí también declaraban su residencia fiscal dos de sus hijos y otros cuatro miembros de la familia Ballesteros. Todo en una vivienda de 105 metros cuadrados.

“Ello supone que en dicho inmueble tienen declarado su domicilio fiscal seis personas físicas en 2013 y 2014, siete en 2015 y ocho en 2016 y 2017”, razonaron las sentencias que ratificaron las resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) confirmando el criterio de la Agencia Tributaria.

Castilla y León, donde el Grupo Ballesteros es hegemónico, tiene una relación singular con el juego. La Junta organiza un Congreso sectorial que en octubre celebró su XVIII edición en Palencia, “el único Congreso de Juego en España organizado por una administración pública”, como destacó la directora de Relaciones Institucionales de la Junta, Ruth Andérez, y que, según fuentes del sector, ha organizado en el pasado M&C Euroservicios, empresa familiar de la actual administradora de Maxibingo que ha recibido relevantes pagos de Administraciones del PP.

A la anterior edición de ese congreso de juego acudió el consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, responsable de regular el juego presencial en esa comunidad autónoma. El patriarca del Grupo Ballesteros creó hace años la Fundación Social del Juego Privado, que en 2006 nombró “presidente de honor” al hoy presidente Alfonso Fernández Mañueco, entonces dirigente local y una de las muchas figuras del PP relacionadas con el sector.

A Ballesteros, del que apenas circulan fotos en medios especializados, se le considera clave para lograr la aprobación de la regulación del bingo electrónico en España. Dirige ASECAL (Asociación de Bingos de Castilla y León) hace casi cuatro décadas. Su hijo Gustavo es vicepresidente de Aseju, patronal de bingos de la Comunidad de Madrid, una de las más antiguas del país, creada a los dos años de legalizarse este sector en 1979, cuando se estrenó la película 'Los Bingueros'.

En Madrid Grupo Ballesteros ha tenido choques con la Administración. En 2000, el Gobierno madrileño precintó cautelarmente varias de sus salas en la capital acusadas de contratar a figurantes a los que pagaban sueldos a diario por jugar cartones y entregar luego el dinero a la sala si lograban premios. El caso acabó empantanado en los tribunales.

Con la nieta de Franco

La administradora de Maxibingo, que es también hermana de la exmodelo Nuria González, la viuda del millonario naviero Fernando Fernández Tapias (fallecido en 2023 a los 84 años), estudió Psicología, según diversos perfiles.

Yolanda González es conocida en prensa rosa como acompañante habitual de su famosa hermana. Fue vista en el funeral de Carmen Franco, única hija del dictador, en la Feria de Abril de Sevilla en o la Plaza de Toros de las Ventas. En 2012 Diez Minutos le atribuyó un romance con el locutor Carlos Herrera. En 2016 se fotografió en la fiesta de inauguración de El Gran Casino de la Mancha con su hermana y la nietísima de Francisco Franco, Carmen Martínez-Bordiú. Algún medio la presentó como responsable de Relaciones Públicas del grupo que ahora dirige.

La madre de la administradora de Maxibingo fue diputada y senadora del PP durante 23 años, hasta que en 2015 dejó la política. Celinda Sánchez fue noticia en 2014 por desmarcarse de la disciplina de su partido como única diputada del Congreso, junto al también popular Agustín Conde, que rechazó en una votación reconocer el Estado palestino.

Además de política, Celinda Sánchez fue empresaria. Su familia tenía una discoteca y sala de fiestas muy conocida en Venta de Baños (Palencia), el complejo Sangar. Allí fue alcaldesa hasta 2003. “También fundé la empresa M&C Euroservicios, que hoy en día llevan mis hijos”, explicó en febrero de 2025 a Diario Palentino.

Dedicada a organizar eventos, M&C Euroservicios se creó en 1992. Su administradora única desde hace casi 32 años es Yolanda González, ahora al frente del Grupo Ballesteros. El año pasado su destartalada web (hoy fuera de servicio) invitaba al visitante a seguir sus redes sociales en “tuitter”. “Entre nuestros clientes se encuentran diversos sectores: organismos oficiales, salas de juego, partidos políticos, automóvil, calzado, hoteles, asociaciones, constructoras, revistas, consultorías, abogacías, bodegas…”, decía.

Uno de sus clientes ha sido el propio PP, como acreditó la investigación del escándalo Púnica que estalló en octubre de 2015. M&C Euroservicios figuraba entre las sociedades que facturaron al Partido Popular de Esperanza Aguirre gastos electorales en los comicios autonómicos de 2011, según el auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que ordenó procesar en 2022 a Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid, por la presunta financiación irregular del partido.

En mayo de 2011, ejercicio en el que logró su récord de ventas, más de 593.000 euros, M&C Euroservicios facturó al PP madrileño 48.380 euros por “artículos publicitarios”, según la factura que presentó el entonces gerente de la formación, Beltrán Gutiérrez, pendiente de juicio y para el que la Fiscalía pide tres años y medio de cárcel. En 2024, la empresa de la familia González facturó algo más de 98.000 euros.

La directora de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Rocío Prieto, ha admitido este lunes en el Congreso el retraso inédito de este organismo en actualizar un obsoleto procedimiento de control de tensión eléctrica que el organismo no aprobó hasta después del histórico apagón peninsular del 28 de abril de 2025.

Ante las críticas casi unánimes de los diputados por el retraso en aprobar ese procedimiento de control de tensión (el conocido como 7.4), que Red Eléctrica de España (REE) le pidió cambiar en 2020, Prieto ha señalado que el organismo “intenta entender las propuestas que se le hacen” y si se ve “que son viables” los saca a consulta. Ha explicado que desde que en 2019 el organismo recibió la competencia para aprobar los procedimientos de operación se modificaron “muchísimos”, y “realmente el único en el que hemos tardado tanto ha sido este”. Todos los informes oficiales coinciden en que los problemas en el control de tensión fueron clave para ese apagón sin precedentes.

Durante su comparecencia en la Comisión de Investigación sobre el apagón en la Cámara Baja, Prieto ha reiterado que “el sistema tenía elementos para controlar la tensión” en el momento del apagón. También ha señalado que “no hay nada simple por desgracia en la operativa del sistema eléctrico y es difícil sacar una conclusión simple” sobre las causas de ese incidente, que fue “multifactorial”, según los informes oficiales.

Prieto ha subrayado que en 2021 REE les hace una primera propuesta para actualizar el procedimiento de control de tensión (que databa del año 2000, cuando las renovables eran insignificantes) en la que plantean “que todo el mundo [también las plantas de renovables más antiguas] tiene que dar este servicio aunque no tenga capacidad”; la CNMC no lo ve claro y en 2021, explicó, tanto la propia REE como la patronal eléctrica aelec dudaron de “la capacidad de las renovables” para prestar ese servicio. Así que Competencia aprueba un “piloto” porque “hay que probar antes de implementar”, lo vuelve a rediseñar y en 2024 les llega otra propuesta y “pasan casi tres años desde la primera propuesta”.

Según Prieto, “no es un tema de tramitación” sino “de conocer con todo el sector cómo funciona”. Y “una prueba de la complejidad de tensión con la renovable” es que se aprueba en junio de 2025 (después del apagón) y las habilitaciones a las plantas empiezan “a un ritmo bajísimo” y así han seguido hasta hace solo dos meses.

La directora de Energía de la CNMC ha asegurado que, cuando esté plenamente operativo, el nuevo servicio de control de la tensión eléctrica con renovables, que en Portugal se aplica desde 2020, será “muchísimo más barato” que la operación reforzada, con más uso del gas, que REE aplica desde esa crisis eléctrica porque no se fía de que los operadores del sector cumplan sus obligaciones en materia de control de tensión.

La directora de Energía ha indicado que ya hay “habilitadas” plantas de energía renovable con 7.000 megavatios (MW) para prestar ese servicio. Ha negado que las “muy variadas” alegaciones presentadas por el sector en 2021, cuando REE presentó su primera propuesta para renovar el 7.4, buscaran dilatar su puesta en marcha. También ha reconocido que en el momento del apagón la normativa no incluía ninguna penalización por los incumplimientos en ese servicio.

Prieto, que ha señalado que es “posible que el autoconsumo haya tenido un papel en el incidente”, por la falta de observabilidad de estas plantas para REE, ha asegurado que “el sistema español sigue siendo robusto” y ha indicado que la apertura de los 64 expedientes sancionadores anunciados hasta ahora por la CNMC en la investigación del apagón “por indicios de incumplimientos normativos” no quieren decir que un grupo en concreto “sea culpable o haya contribuido al incidente”.

La directora de Energía, que podría abandonar en breve su cargo para dedicarse a tiempo completo al organismo internacional de reguladores ARIAE, no ha confirmado si se ha abierto expediente por la oscilación anómala de la fotovoltaica de Iberdrola en Badajoz que está en el origen del apagón porque están “todavía investigando información”.

Sí ha confirmado que se han abierto expedientes por incumplimientos del procedimiento de control de tensión vigente en ese momento. Hay dos expedientes vinculados a la indisponibilidad de centrales ese día y otros dos por desconexiones indebidas de centrales; otro por la presentación de ofertas anormales, algo “habitual dentro de la Comisión”. “Seguimos con actuaciones”, ha dicho a los diputados.

“Buena noticia”

Previamente, la presidenta de REE, Beatriz Corredor, ha asegurado que tras el apagón “la buena noticia es que las debilidades que se identificaron están en vías de solución”. “Nunca se había producido un apagón por control de tensión” y “por eso es tan importante que se tomen las medidas necesarias”. “Toda la UE” lo está haciendo para mejorar el control de tensión a raíz del apagón.

Corredor ha criticado la difusión “interesada” de los audios de operarios de REE y las eléctricas cuyo contenido es, en su opinión, “insustancial”. En esas miles de conversaciones “uno puede encontrar prácticamente cualquier cosa” y no tenían “ninguna relevancia” para la investigación. “Los audios no son evidencias de nada”, ha asegurado Corredor, que se ha preguntado “por qué se filtraron el siguiente día hábil a que se publicara el informe del panel de expertos que daba la razón a REE”. “Red Eléctrica no falló”, ha reiterado.

La exministra socialista ha subrayado que “ningún informe oficial” atribuye “ningún incumplimiento” a REE y ha negado que la causa del apagón fuera una baja programación de grupos síncronos acoplados porque “hasta en 300 ocasiones anteriores se ha operado el sistema con un número de grupos equivalente” al de ese día.

Según Corredor, “había herramientas suficientes” pero no se podían prever los “incumplimientos” de empresas ajenas a REE.

Indra ha anunciado este lunes que ha puesto en marcha el procedimiento para sustituir a su actual consejero delegado, José Vicente de los Mozos, ante el “inminente” vencimiento de su mandato.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el grupo de tecnología y defensa explica que “en el marco del proceso previo a la convocatoria de la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, ante el inminente vencimiento de su mandato y debido a la no continuidad de D. José Vicente de los Mozos Obispo”, la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo de la compañía “ha puesto en marcha en el día de hoy un proceso de selección de un candidato a consejero delegado”.

De los Mozos, ex ejecutivo de Renault cuyo mandato de tres años expiraba en la próxima junta general de accionistas, “continuará ejerciendo sus funciones para facilitar el proceso de transición” hasta dar con un sustituto o sustituta.

El directivo, al que se considera cercano al PP (fue colocado por Isabel Díaz Ayuso en la presidencia de Ifema en 2020), ocupaba el puesto de CEO de Indra desde mayo de 2023. Entonces la compañía estaba presidida por Marc Murtra, actual presidente de Telefónica.

De los Mozos va a ser relevado como primer ejecutivo de Indra apenas un mes después del nombramiento como presidente no ejecutivo de la compañía de Ángel Simón. El todavía CEO de Indra va a ser descabalgado del puesto en contra de su voluntad, ya que el pasado 30 de abril expresó su voluntad de seguir como primer ejecutivo de la compañía.

“Estamos en una nueva etapa de gobernanza, pero los equipos están comprometidos, y no solamente los equipos, sino yo mismo. Y en ese sentido, pues se especula mucho, pero mi compromiso es total”, dijo en una conferencia con analistas.

Simón, que está considerado próximo al PSOE, fue nombrado a instancias de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), primer accionista del grupo (28%), tras la dimisión de su antecesor, Ángel Escribano, que abandonó la presidencia ejecutiva de la cotizada después de que la SEPI manifestase sus reticencias hacia la compra de la empresa familiar de Escribano y su hermano, Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), con la que Indra había planteado una fusión que hasta ahora ha quedado aparcada, aunque De los Mozos se mostró abierto a retomarla en esa conferencia con analistas.

Hasta hace unos días EM&E era el primer accionista privado de Indra, pero a principios de mayo los hermanos Escribano anunciaron la venta de su paquete del 14,3%. La compañía prevé celebrar su próxima junta de accionistas en segunda convocatoria el próximo 30 de junio.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha ascendido recientemente como subdirectora de un área clave de su Dirección de Energía a la esposa de un directivo de una patronal eléctrica que dice dedicarse a “lobby, influencia y prospectiva regulatoria” e “interlocución con la CNMC” y otros agentes relevantes del sector.

Henar Soto, con una larga trayectoria en la CNMC es desde enero subdirectora de Regulación Económico-Financiera y Precios Regulados en el organismo que supervisa y regula al sector eléctrico.

Su marido, David Trebolle, con una dilatada trayectoria en empresas y lobbies del sector eléctrico, es desde mayo de 2024 “director Técnico” de la Asociación de Empresas Eléctricas (ASEME), una patronal de pequeñas distribuidoras. En ella se encarga de tareas de “lobby, influencia y prospectiva regulatoria” y de “interlocución con la CNMC, REE, Ministerio y otros agentes relevantes del sector”, explica en su LinkedIn.

ASEME engloba a unas 90 distribuidoras de pequeño tamaño (menos de 100.000 puntos de suministro) y está muy vinculada a Catalunya. Su presidente, Oriol Xalabarder, directivo de Electra Caldense, preside la comisión de Energía y Sostenibilidad de la patronal catalana Cecot.

Trebolle, que no ha querido atender a elDiario.es, representó a ASEME en las discusiones con la CNMC sobre la nueva circular que establece la metodología para calcular los peajes de transporte y distribución de electricidad para el periodo regulatorio 2026-2031.

Un portavoz de la CNMC indica que Henar Soto “es una empleada pública de reconocido prestigio profesional, con una trayectoria de 18 años de servicio público en el regulador, que no ostenta la condición de alto cargo y que en todo momento ha cumplido con todas sus obligaciones legales y de conducta”.

Soto no tiene facultad para hacer propuestas al consejo de la CNMC. Reporta a la directora de Energía, Rocío Prieto, que este lunes comparece en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados sobre el histórico apagón del 28 de abril de 2025, que ha dejado cuestionada a la CNMC por su lentitud en aprobar un procedimiento de control de tensión que tuvo años en un cajón y que, según muchos expertos, habría evitado ese colapso.

Henar Soto, añade ese portavoz de la CNMC, “es una de las cuatro subdirectoras de la Dirección de Energía” (las otras tres subdirecciones son las de Energía Eléctrica, Gas Natural y Mercados Derivados). “Dentro de la Dirección de Energía, todas las propuestas son firmadas y elevadas por decisión de la Directora al Consejo”, como establece el artículo 18 del Estatuto Orgánico de la CNMC para las Direcciones de Instrucción.

El consejo, recuerda ese portavoz, es “el órgano que resuelve todos los asuntos”. “Como subdirectora tiene las mismas causas de abstención que cualquier empleado público de la administración española”.

“Mantener la independencia”

La normativa de incompatibilidades de las autoridades y el personal al servicio del sector público, recogida en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, les obliga a abstenerse en cualquier asunto cuando exista “un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable” con “cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento”.

Además, la CNMC tiene desde 2015 un Código de Conducta que obliga a los miembros del Consejo, Directores y empleados del organismo a “mantener la independencia de cualquier interés comercial o empresarial respecto de toda persona o entidad, absteniéndose de intervenir en asuntos en los que concurran causas que puedan afectar a la objetividad”.

La CNMC, que tiene una Dirección de Control Interno para vigilar estos asuntos, no aclara si Soto se ha inhibido en algún asunto por su relación con Trebolle, ni si ha comunicado su relación conyugal a esa dirección.

La CNMC tiene también un registro de grupos de interés con un “decálogo ético” que exhorta a las empresas y asociaciones inscritas en él (como ASEME) a no poner al personal de la CNMC “en ninguna situación que pueda generar un conflicto de intereses”.

El área que dirige Soto en la Dirección de Energía desde enero es muy relevante. Sus funciones se centran en la regulación económica del sector energético (electricidad y gas), que debe buena parte de sus ingresos a lo que dicta el BOE. En especial, para las distribuidoras, que operan en régimen de monopolio natural y cuya retribución fija la CNMC.

Esa subdirección tiene entre sus funciones principales elaborar y supervisar la regulación económico-financiera de los sectores eléctrico y gasista; diseñar y analizar los precios regulados, peajes y cargos energéticos; o participar en la definición de la retribución regulada de actividades como el transporte y la distribución eléctrica o las redes de gas. Según fuentes del sector, “ella es la que supervisa las declaraciones contables de las distribuidoras de electricidad” que se centralizan en una aplicación interna de la CNMC llamada SICSE.

Soto cubrió en enero la vacante de Ismael Bahíllo, destituido en diciembre por el pleno de la CNMC en una decisión inédita. Bahíllo llevaba 13 años en el cargo y fue fulminado por sus diferencias con la directora de Energía sobre la retribución de las redes de luz y gas. Algún medio lo definió entonces como “hombre clave del supervisor para los asuntos económicos del sector energético”.

La convocatoria para cubrir la vacante de Bahíllo exigía una antigüedad mínima de 5 años en el organismo, requisito que Soto cubría sobradamente. Ingeniera Industrial por la Universidad Pontificia de Comillas y Executive Máster en Dirección Financiera por IE Business School, hasta su nombramiento era jefa de la Unidad de Análisis Económico-Financiero en la Dirección de Energía.

Acreditaba “sólida formación y experiencia en energía, fundamentalmente con relación al análisis y regulación económico-financiera, además de experiencia en el sector privado y público; con 16 años de experiencia en el ámbito de la regulación económico-financiera, primero en la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) y luego en la CNMC”, recoge la resolución que aprobó su nombramiento tras una convocatoria publicada en el BOE el pasado 30 de diciembre.

En su haber Henar Soto tenía asimismo “experiencia en el desarrollo de circulares normativas en materia retributiva, resoluciones de toma de participación en el sector energético, resoluciones en materia retributiva, informes de análisis económico-financiero, decisiones jurídicamente vinculantes, sancionadores y circulares informativas”, añadía la resolución que firmó la presidenta de la CNMC, Cani Fernández.

Soto ingresó en 2008 en la CNE como Subdirectora de Análisis Económico-Financiero. En esa etapa participó en la preparación de informes, resoluciones y análisis relacionados con la regulación de los sectores eléctrico y gasista. Con la integración de la CNE en la CNMC en 2013, pasó a ser jefa de la Unidad de Análisis Económico-Financiero en la Dirección de Energía, posición que mantuvo hasta su reciente ascenso y en la que intervino “en resoluciones, informes y circulares que han definido el funcionamiento de los mercados energéticos y las redes reguladas durante la última década”, destacaba en diciembre El Periódico de la Energía, cuando la situó como favorita para suceder a Bahíllo.

Antes de trabajar en esa asociación de distribuidoras, el marido de Soto fue director de Regulación de Magnon Green Energy, filial de biomasa de Ence (de julio a 2023 a mayo de 2024). Allí, explica Trebolle en su LinkedIn, también hacía tareas de lobby e “interlocución” con el organismo en el que trabaja su esposa. Antes, (de julio de 2022 a 2023), fue secretario general de Protermosolar, patronal de las empresas de energía termosolar.

“Ahorro” de 2.900 millones

Previamente estuvo muchos años en la pata de redes de la antigua Unión Fenosa (actual Naturgy), de la que Trebolle era mando intermedio. Salió en 2021, de forma “amistosa”, según fuentes del sector. Algunas fuentes apuntan que lo hizo con una sustanciosa indemnización. En la tercera eléctrica española y primera empresa del sector del gas en España, tenía a su cargo un equipo de más de 30 personas, con rango de subdirector, explica en su LinkedIn.

En su época en Fenosa también trabajó para la patronal europea de grandes eléctricas. “Como Chairman [presidente] en Eurelectric, representé a 2.700 compañías de distribución de Europa, logrando un impacto de ahorro para la industria de 2.900 M€ en la redacción de los Network Codes” [códigos de red], explica en su LinkedIn.

Trebolle también es profesor universitario y divulgador financiero. El año pasado fue entrevistado en Cuatro tras publicar un libro con consejos de ahorro para alcanzar la “libertad financiera”: “Tu salario no te hace rico, sino tus hábitos de ahorro y gasto”, decía.

Trebolle y Soto tienen a su nombre un considerable patrimonio inmobiliario. Comparten la propiedad de una decena de activos (viviendas, trasteros y plazas de garaje) cuyo valor de mercado superaría holgadamente los tres millones, según una estimación con inmuebles similares publicados en idealista. En poco más de un año el matrimonio ha puesto a su nombre inmuebles cuyo valor ronda el millón. Una de sus últimas adquisiciones es un dúplex frente al mar en Menorca que compraron en septiembre, según el Registro de la Propiedad.

Un ciberataque ha tumbado este jueves la página web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El portal ha estado temporalmente y durante hace varias horas fuera de servicio “debido a la recepción irregular de miles de accesos simultáneos”, explicaron fuentes del organismo que preside Cani Fernández.

En torno a las 17.00 horas, la CNMC ha publicado una escueta nota en su web en la que señala que “la página web de la CNMC funciona con normalidad, aunque el buscador puede experimentar incidencias puntuales o no estar operativo temporalmente debido a problemas técnicos. Los equipos técnicos están trabajando para restablecer su funcionamiento ordinario lo antes posible”.

Previamente, un portavoz del organismo informó de que a lo largo de la mañana de este jueves, 14 de mayo, “el sistema está experimentando incidencias que imposibilitan su funcionamiento ordinario”. “Los equipos técnicos están trabajando desde el primer momento para contener el ataque, garantizar la seguridad de los sistemas y restablecer el servicio a la mayor brevedad posible”.

La “CNMC lamenta las molestias ocasionadas y agradece la comprensión de los usuarios. Se informará de cualquier novedad relevante a través de los canales habituales en cuanto sea posible”, explicó ese portavoz.

El organismo es clave para la vigilancia del buen funcionamiento de los mercados en España. Se ocupa de regular los sectores de energía, telecomunicaciones, transporte o postal, entre otros, y supervisa el buen funcionamiento de la libre competencia.

El procedimiento más importante que tiene entre manos el denominado súperregulador en la actualidad es la investigación del histórico apagón eléctrico del 28 de abril de 2025, por el que ha abierto por ahora cerca de sesenta expedientes sancionadores a compañías como Red Eléctrica de España (REE), Iberdrola, Endesa o Naturgy, entre otras.

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha pronosticado este jueves que “en las próximas semanas y meses” va “a haber periodos digamos de complejidad de suministro” de productos petrolíferos en Europa como consecuencia de la crisis energética derivada del cierre del estrecho de Ormuz por la guerra en Irán. Pero ha afirmado que en España “estamos mejor pertrechados” gracias a la potente red de refinerías del país.

En la junta de accionistas de Repsol, el primer ejecutivo de la mayor petrolera española ha explicado que el recorte de suministro global en volúmenes y en porcentaje, de unos 11-12 millones de barriles diarios de petróleo (en torno al 11% del total), es algo “inédito”, ni siquiera comparable a la crisis de 1973.

Imaz ha subrayado la “responsabilidad” y el “firme compromiso de Repsol con el suministro de la energía que España y Portugal necesitan”. Ha recordado que antes de la crisis existía “cierto déficit” de queroseno en España: el país consumía unos 156.000 barriles diarios y producía unos 120.000. Pero desde “el primer día” y sin preguntar “a nadie”, Repsol ha invertido “más de 1.500 millones de euros desde el 1 de marzo” para traer “el queroseno que necesita la economía española”, y ahora tiene un excedente de un 20% respecto a las necesidades del país.

Según Imaz, aun “si mañana hubiese un acuerdo” para reabrir Ormuz de forma “inmediata”, llevaría “dos-tres meses” normalizar los flujos sin conocer aún los daños en las infraestructuras. En los últimos dos meses y medio la compañía ha “invertido fuertemente” para reforzar sus inventarios y afrontar las necesidades “que van a venir”. “Hemos hecho los deberes”, ha dicho el ejecutivo, que ha confiado en que “Europa aprenda la lección” y tenga una mentalidad “abierta a todas las energías” tras esta crisis energética.

El ejecutivo vasco ha dicho que la exposición de Repsol a Venezuela “puede ser una oportunidad” y que ahora “no es el momento” de empezar a recuperar la millonaria deuda de ese país con la petrolera española. Ha avanzado que el proyecto Pikka en Alaska (Estados Unidos) va a empezar a producir “en los próximos días”. Y ha recordado que entre 2008 y 2010, cuando las refinerías en Europa “estaban cerrando” [“Italia pasó de 14 a ocho”], el entonces primer ejecutivo de Repsol, Antonio Brufau, hizo una “apuesta personal” para realizar una inversión multimillonaria en la refinería de Cartagena.

Sistema “modélico”

Durante su discurso a los accionistas, el presidente no ejecutivo de Repsol, Antonio Brufau, ha explicado que en esta crisis España está “mejor que la media de Europa”, como “modelo” en desarrollo de renovables y en infraestructuras de gas natural, gracias a su privilegiada red de regasificadoras, y un sistema de refino “modélico” en el que Repsol ha invertido más de 15.000 millones en los últimos 15 años “sin apoyo público” y “sin reconocimiento público”, que “puede producir queroseno cuando Europa no puede”.

Brufau ha subrayado que en ese periodo se han cerrado 35 refinerías, con una reducción de capacidad del 20%. “Hay voces que se congratulan” de la fortaleza del refino español y “esta casa es la artífice”. “Aunque sea tarde”, este reconocimiento “bienvenido sea”.

Ha señalado que la crisis de Ormuz “pone de manifiesto nuestras vulnerabilidades”, al retirar el 11% de la oferta de crudo y poner en tensión la balanza entre oferta y demanda. Si en la crisis de 1973 Europa se lanzó a desarrollar la nuclear, promover la exploración de hidrocarburos en el Mar del Norte y desarrollar la eficiencia energética, ahora “lo que oigo” es que “la solución” es “sustituir” petróleo por renovables. “¿Esta gente sabe lo que dice?”, ha dicho: equivale a “sustituir una energía que ya está asentada” por otra que “necesita todavía mucho desarrollo”.

El ejecutivo catalán ha arremetido contra el “dislate” de prohibir el fracking en una Europa que ha dejado a su industria “fuera de competitividad”. Ha señalado que “sería feliz” si la regulación europea sobre la transición energética “no se plantease como una confrontación de energías”, de renovables “en contra del resto”, porque “el planeta las necesita todas”, en un contexto en el que las emisiones en el planeta “van a seguir creciendo”.

Brufau ha pedido “relanzar los lazos trasatlánticos” y ha repasado un contexto geopolítico en el que “han saltado por los aires” las normas del multilateralismo. La lucha entre EEUU y China por el liderazgo mundial va “a marcar el camino a Europa”, que “no está en esta competencia” y ve cómo es “crítica” la seguridad energética, la defensa o el acceso a las materias primas, y paga la energía 2,5 veces más cara que esos dos bloques.

Mientras, han “perdido protagonismo” los objetivos climáticos, de los que Europa “pretende ser el adalid”, pese a ser “irrelevante” para las emisiones globales. Brufau ha reprochado a la UE la “poca inteligencia” de no haber diversificado sus fuentes de suministro de petróleo, el informe Drahi es “un gran diagnóstico pero nos falta estrategia”. Mientras, EEUU está “haciendo su trabajo” en la reducción de emisiones sin recurrir a imposiciones y confiándolo a sus empresas y ciudadanos, ha explicado. El ejecutivo de Mollerusa ha recordado que el 81% de la matriz energética global sigue dependiendo de los combustibles fósiles “a pesar de todos los apoyos que ha tenido” de los reguladores. Y la electrificación ha ganado un peso “irrelevante” desde 2017.

La presidenta no ejecutiva de Redeia, Beatriz Corredor, ha cifrado este miércoles en 711 millones de euros el coste de la denominada operación reforzada que Red Eléctrica de España (REE) aplica desde el apagón del pasado 28 de abril, con más uso del gas, y ha pedido la “nulidad” del expediente sancionador incoado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Durante su intervención en la junta de accionistas de Redeia, Corredor ha defendido las alegaciones “y pruebas rotundas” que ha expuesto la compañía ante ese expediente y ha reprochado a la CNMC su “conflicto de interés” en este asunto, como responsable de aprobar una normativa sobre control de tensión que se retrasó durante cinco años y no se aprobó hasta después del apagón.

El expediente de Competencia, según Corredor, tiene “defectos de forma y de fondo” y adolece de una “indeterminación de los hechos imputados” que ha calificado de “incompresible”, lo que provocaría “la nulidad” del procedimiento.

Corredor ha subrayado que “el sistema eléctrico es más que Red Eléctrica” y requiere “que todos los agentes cumplan” para ser “más seguro”. Según la exministra socialista, “el tiempo nos ha dado la razón” sobre las razones de un apagón que fue “inédito, imprevisible y multifactorial”, según “todos los expertos”, y “especialmente” el informe “encargado por la comisión europea” que se presentó en marzo tras diez meses de investigación, que demuestra que REE “no falló” y avala “punto por punto” el primer análisis del histórico cero energético que publicó el operador del sistema español en junio de 2025.

Corredor, que ha dicho que esperaba “otro tipo de señales regulatorias” de la CNMC respecto a la retribución de la actividad de transporte de electricidad, ha insistido en que “los mismos que incumplieron” sus obligaciones en el control de tensión, las generadoras de electricidad, son ahora “los que perciben” los ingresos extra de la denominada operación reforzada, para la que no ha puesto fecha de retirada y cuyo coste ha cifrado en 711 millones hasta el 30 de abril (frente a los 666 millones que alcanzó hasta marzo), el 2% de los costes totales del sistema, con un impacto de unos cuatro céntimos al día para un consumidor acogido a la tarifa regulada (PVPC).

La exministra de Vivienda ha destacado el valor de las energías renovables para proteger a España de la disrupción provocada por crisis energética derivada de la guerra en Irán. Ha subrayado que España es el segundo país europeo en potencia y generación eólica y solar, solo por detrás de Alemania, con 150 GW instalados, incluyendo el autoconsumo, y las renovables sumando ya el 70% del parque de generación.

Corredor, que ha recordado que fue renovada en la junta del año pasado y ha dicho que se siente “plenamente legitimada” para seguir presidiendo la compañía, ha calificado de “descripción interesada” el retrato de una red de alta tensión colapsada por la avalancha de proyectos, pero ha reconocido que existe “acaparamiento” de proyectos.

En la junta de este miércoles se ha aprobado entre otros asuntos el nombramiento como consejero de Redeia del anterior presidente de Enresa, José Luis Navarro Ribera, en representación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), primer accionista del grupo (20%). Ha sido una asamblea más tranquila que la de 2025, en la que ha vuelto a intervenir un concejal del PP en Asturias para cargar contra la gestión de Corredor.

La presidenta de Redeia ha justificado la celebración de la asamblea de forma exclusivamente telemática (como la del año pasado, semanas después del apagón) en que “favorece una asignación mas eficiente de los recursos” y permite otorgar “igualdad de trato” a los accionistas, independientemente de donde se encuentren.

“No somos la única compañía cotizada que lo ha hecho” y “la ley y los estatutos lo permiten”.

Rosario Jiménez Rubio (Granada, 1977), decana del Colegio de Registradores de España desde diciembre, recibe a elDiario.es en la moderna sede de la entidad en Madrid, la misma a la que acude a diario desde hace semanas el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que en marzo logró el traslado desde el Registro Mercantil 5 de la capital a su nuevo destino, Bienes Muebles Central I.

En esta entrevista, realizada el martes, Jiménez defiende el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública que aprobó el Consejo de Ministros en febrero. La norma está en un momento muy inicial y hay dudas de que llegue a aprobarse, dada la debilidad parlamentaria del Gobierno. Pero ha provocado un nuevo choque con otro colectivo de altos funcionarios, los notarios, que autorizan documentos como escrituras (de hipotecas, sociedades...) y asesoran a las partes (mientras, los registradores califican esos documentos y deciden si se inscriben o no). La norma también suscita el rechazo del Colegio de la Abogacía de Madrid.

El anteproyecto propone un cambio de gran calado: obliga a inscribir las participaciones de una sociedad limitada (las más pequeñas) en el Registro Mercantil, y exige presentar en formato electrónico el registro de socios actualizado. Con ello, todo el tráfico societario deberá pasar por los registros mercantiles. Jiménez defiende la propuesta y cree que España no puede quedar “como caso excepcional” desoyendo las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), dedicado a desarrollar políticas antiblanqueo.

Los notarios dicen que el anteproyecto de ley debilita el sistema antiblanqueo. ¿Lo comparte?

En absoluto. El anteproyecto pone el acento en lo que verdaderamente interesa: que las participaciones de las sociedades de responsabilidad limitadas puedan ser conocidas por todo el mundo y tener efectos frente a terceros y frente a las administraciones, permitiendo que se inscriban en un registro público, el Registro Mercantil. No solo van a ser conocidas por todos. La Agencia Tributaria, la Seguridad Social y los acreedores van a poder utilizar esa publicidad para conocer y poder embargar las participaciones de aquellos socios con algún tipo de deuda con la Administración pública.

Los notarios dicen que la reforma abre la puerta a que la transmisión de participaciones se haga con documentos privados, sin firma digital y sin intervención notarial, que nadie verifica.

El anteproyecto incluye como forma de documentación el documento electrónico, siempre que reúna los requisitos estandarizados y verificados por el Reglamento Europeo eIDAS. Tiene la autenticidad, verificabilidad y trazabilidad propia de un documento electrónico con firma electrónica avanzada y cualificada, como cualquiera que el ciudadano utiliza para hacer la declaración de la Renta frente a Hacienda o pedir cita ante un centro de salud. 

Muy pocas sociedades de responsabilidad limitada comunican su accionariado en el Registro mercantil. ¿Por qué?

Actualmente, el sistema de transmisión de participaciones sociales en la responsabilidad limitada se anota en el llamado libro registro de socios, que es interno, de uso de cada sociedad. Solo lo legaliza un 8% de las sociedades, que lo traen al Registro Mercantil. La publicidad depende siempre del administrador, de la propia sociedad. La transmisión de participaciones se lleva a cabo a través de escritura pública o documento privado, indistintamente del sistema que actualmente está en vigor.

Consideran que las bases de datos de participaciones de los notarios no son fiables.

Las bases de datos notariales relativas a las transmisiones de participaciones se basan en las actas de manifestaciones que sus titulares efectúan cuando van a la notaría. Esa base de datos se puede utilizar y es útil a la hora de conocer los titulares de participaciones que lo son por documento público notarial. Pero es incompleta porque no recoge el resto: las participaciones sociales que se adquieren en notario extranjero, las que se adquieren por documento privado, que son perfectamente válidas, porque así lo ha dicho el Tribunal Supremo en reiteradas ocasiones; las que se adquieren en subasta pública o las que se adquieren a través de un convenio de divorcio.

Menciona las que se adquieren mediante documento privado. Es el caso famoso de Santos Cerdán y Servinabar.

Efectivamente. Actualmente, el sistema permite que, tanto se otorgue un documento público como se transmitan en documento privado, la transmisión de participaciones pueda ser ocultada. La única llave que permitiría la transparencia de todas esas transmisiones sería la inscripción constitutiva en el Registro Mercantil. De esta manera aflorarían esas transmisiones, se conocería quiénes son los verdaderos titulares de esas participaciones, por parte de los ciudadanos, las administraciones, pero también los socios, que evitarían la cantidad de pleitos que actualmente existen en cuanto, por ejemplo, a la legalidad de la celebración de las juntas de accionistas en este tipo de sociedades, que siempre crean muchísimo conflicto.

Detrás de todas estas quejas de los notarios, ¿puede haber un interés económico de este colectivo? Su base de datos la gestiona una empresa, Ancert, que factura cifras muy relevantes.

La base de datos notariales es privada. Se alimenta de los datos que efectivamente se contienen en los documentos públicos, fundamentalmente de las escrituras que ellos autorizan. Datos que también son privados. Y además no puede ser conocida por los ciudadanos, porque el único registro es el Registro Público de la Propiedad Mercantil y de Bienes Muebles de España.

¿Y cree que puede haber un interés económico detrás de esta polémica?

Puede haber intereses corporativos, claro, en las quejas en este sentido. Las corporaciones tenemos que orientarnos siempre hacia la colaboración interadministrativa, hacia la crítica constructiva y hacia la mejora del servicio público y del interés público y del interés general.

Este choque con los notarios es otro de una larga lista de fricciones entre estos dos colectivos de altos funcionarios.

Nosotros preferimos no visibilizar un conflicto. Entendemos que lo que hay es una diferencia en la interpretación de las normas. Y en este caso, claramente el anteproyecto no solamente pone el acento en la clave de la transparencia, porque la única llave de la transparencia es la inscripción en el Registro Mercantil, en el registro que puede ser conocido por todos los ciudadanos. Además, se obedece a unas recomendaciones internacionales del organismo internacional GAFI, que ha realizado recientemente, en diciembre, y que pone a España como un caso anómalo frente al resto de los Estados miembros de la Unión Europea. Y no podemos quedar a la cola ni como caso excepcional en un ámbito tan importante como la transparencia o la prevención de delitos de blanqueo de capitales.

La CNMC valora el anteproyecto por su efecto en la lucha contra la corrupción, pero pide reforzar la interconexión entre registros públicos, incluidas las prohibiciones de contratar por infracciones de la competencia.

Nosotros tenemos una comunicación con todas las instituciones. Nuestro registro es público y está conectado con todas las Administraciones. Las consultas que, por ejemplo, recibimos del registro de titularidades reales de las administraciones superaron el año pasado los 60 millones. En cuanto a la CNMC, compartimos la valoración positiva que realiza del anteproyecto.

Los registradores también tienen un relevante negocio con el acceso a la información del Registro Mercantil, como las cuentas de las empresas. Choca que en otros países como Luxemburgo o Reino Unido esta información sea de libre acceso. ¿Por qué aquí no?

Nosotros tenemos Open Data, un servicio absolutamente gratuito y de libre acceso para todo el mundo. Y existe otro tipo de información sometida a una verificación del propio registrador para evitar que esos datos puedan ser conocidos por cualquiera. Pueden ser conocidos teniendo en consideración el concepto de interés legítimo, de acuerdo a los parámetros del Reglamento Europeo de Protección de Datos. El acceso es público pero no puede ser indiscriminado. Hay intereses en juego: la privacidad de algunos datos. En el ámbito mercantil, con una relajación respecto del Registro de la Propiedad, donde el celo es mayor porque hay gran cantidad de datos sensibles, de datos personales. Pero aun así hay que valorar el interés justificado de la persona que accede.

Luxemburgo, miembro de la UE, tiene una web que permite acceder a todas las cuentas de una sociedad domiciliada allí. Eso no lo tenemos en España.

Aquí cumplimos la ley. Tenemos no solamente el reglamento de protección de datos, sino abundante jurisprudencia en ese sentido. Hay datos que se pueden ofrecer y hay que extremar las cautelas para no invadir los derechos de terceros. De hecho, una de las quejas más significativas al anteproyecto es que abriría la veda de lo que llaman la privacidad. Pero no hay que confundir privacidad con transparencia. Son diferentes. El derecho a la privacidad, que hay que controlar y verificar, se maneja por la Ley de Protección de Datos, por el reglamento, la jurisprudencia del TJUE, por eso está el profesional que tiene que hacerlo. Y la transparencia es absolutamente necesaria para que aflore el dinero negro, con lo que supone dentro del PIB de la Unión Europea y de España, y que va in crescendo.

El año pasado entró en vigor el registro único de alquiler turístico. ¿Qué tal está funcionando?

La UE mostró su preocupación hace tiempo por la proliferación de alojamientos turísticos, a veces sin excesivo control. Para permitirles la posibilidad de publicarse en las plataformas online, se dictó un reglamento que en España adoptó el Ministerio de Vivienda de forma pionera y que atribuía a los registradores de la propiedad esta obligación de conceder un número de registro a cada alojamiento. Tras trabajar intensamente durante el verano pasado, otorgamos prácticamente 400.000 números de alojamiento turístico. Posteriormente, la normativa establece la obligación de cada uno de los anfitriones de informar a través de unos modelos estandarizados de la actividad realizada en los últimos meses. Estos modelos se han depositado en los registros de la propiedad. En el mes de febrero se han incorporado 320.000 aproximadamente. Los números de alojamiento cuyo depósito no se ha efectuado, quedan fuera, no podrán seguir publicitándose dentro de las plataformas online.

¿El efecto es inmediato para esos 80.000 que se quedan fuera? 

Se ha comunicado a estos números de alojamiento y ya no pueden volver a publicarse en plataformas online. Sí en cualquier otro medio de difusión. Publicitarse, anunciar su servicio y por supuesto, seguir activos. Incluso pueden reactivar su número de alojamiento turístico. 

¿Cuáles son las razones para no cumplir los requisitos?

Los registradores han tenido que calificar la veracidad de las manifestaciones de los usos turísticos y no turísticos que se han ido declarando; que los arrendamientos o los alojamientos obedecían a fincas realmente existentes; que se publicitaban por aquella persona que tenía derecho a hacerlo como propietario o representante; que no existían prohibiciones dentro de la comunidad de propietarios; que no se trataba de viviendas de protección oficial; y que se cumplía la normativa exigida por cada comunidad autónoma. Por ejemplo, las preceptivas licencias de actividad.

Ustedes conocen de primera mano el funcionamiento del mercado inmobiliario. La vivienda es el gran problema de los españoles. ¿Qué recetas se les ocurren para tratar de reconducir esta situación?

Es un problema muy complejo, no solo en España, también afecta al resto de la UE. Existe un proyecto, European Affordable Housing [de la Comisión Europea], que trata de abordarlo de manera global y sería, creo, la mejor opción. No solamente en España, a través de un Pacto de Estado donde todos los grupos políticos cedieran en beneficio del interés común, aportando medidas que verdaderamente tuvieran efectividad, sino también a nivel europeo. Desde este punto, el Colegio de Registradores está colaborando intensamente con el Ministerio de Vivienda para ofrecer los datos que les permitan un adecuado planeamiento del problema, una buena gestión en materia de vivienda y la posibilidad de abordarlo desde una perspectiva rigurosa, técnica y jurídica. 

Hay cierta tradición de registradores que se han pasado la política. Rajoy, evidentemente, también Beatriz Corredor y otros ministros. ¿No le ha tentado la política?

A mí me interesa mucho el servicio público. Tengo una vocación como funcionaria y dedicada al servicio público. Me interesa mucho el interés general. Puede ser que por eso, en esta línea sí que he tenido actividad corporativa, siempre dentro de la corporación. Nunca en ningún partido político ni militando. Pero siempre he procurado aportar mi granito de arena en beneficio de la comunidad. Ahí sí me encuentro muy identificada con todos estos compañeros.

Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la empresa de armamento de los hermanos Ángel y Javier Escribano, sale del accionariado de Indra con la venta de su 14,3% de la compañía española de tecnología y defensa, según ha avanzado Expansión y ha confirmado elDiario.es en fuentes del mercado.

EM&E era hasta ahora el primer accionista privado de Indra. A los precios de cierre de este martes, ese paquete está valorado en 1.320 millones de euros, con lo que los Escribano van a anotarse con la venta plusvalías estimadas en más de 900 millones. En enero, el paquete de los dos hermanos estaba valorado en 1.700 millones. Indra ha cerrado la sesión de este martes en 52,34 euros, con un alza cercana al 5%. A principios de marzo, sus acciones llegaron a superar los 64 euros.

Según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los Escribano ya no figuran como accionista relevante de Indra tras la desinversión, realizada mediante una colocación acelerada. En esos registros del regulador, EM&E figura ya entre los accionistas de la cotizada que han dejado de ser relevantes, al pasar de ostentar un 14,3% del capital de la compañía de tecnología y defensa a un 0,00%, algo que habría notificado al supervisor hoy mismo. Tras trascender la salida de los Escribano, Indra ha informado a la CNMV a última hora de la tarde de la dimisión de Javier Escribano como consejero de la compañía en representación de EM&E, “tras haber transmitido dicho accionista la totalidad de su participación accionarial en el capital social de Indra”.

La operación puede suponer la antesala a la esperada fusión entre Indra y EM&E. Llega tres años después de la entrada de los dos hermanos en Indra, y tras la dimisión, el pasado 1 de abril, de Ángel Escribano (hermano de Javier) como presidente ejecutivo de la tecnológica, tras poco más de un año en el cargo.

Ángel Escribano fue sustituido (aunque sin funciones ejecutivas) por Ángel Simón, exconsejero delegado de CriteriaCaixa. Dimitió al frente de Indra tras expresar reservas la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), primer accionista de la cotizada con un 28%, sobre el “conflicto de interés” que implicaba la absorción de EM&E que Indra llevaba meses estudiando.

Esta operación había sido inicialmente alentada por Moncloa, con el objetivo de crear un gran campeón nacional de la defensa en pleno boom de este sector. EM&E aportaría a Indra el músculo industrial necesario para hacer frente a una cartera de pedidos de 20.000 millones de euros.

La salida de los Escribano del capital de Indra implicará también la marcha de la familia del consejo de administración de la cotizada, en la que todavía conservaban un vocal, con derecho a nombrar un segundo representante. Con la venta de sus acciones en Indra, la operación de integración de EM&E podría retomarse, una vez despejado el conflicto de interés que llevó a la SEPI a expresar sus dudas sobre la integración de la empresa familiar de los Escribano el pasado 18 de marzo.

El pasado jueves, en la presentación de los resultados trimestrales de Indra, su consejero delegado, José Vicente de los Mozos, recordó que fueron los hermanos Escribano los que se retiraron del proceso y aseguró que Indra está abierta a estudiar de nuevo la posible operación, en caso de que desde EM&E se decidiera retomar de nuevo la negociación, algo que es muy previsible, y más cuando ese conflicto de interés ha quedado ventilado.

En total, EM&E, a través de un préstamo concedido por JPMorgan, invirtió más de 380 millones en alcanzar ese 14,3% que ahora han vendido con plusvalías multimillonarias. A través de su sociedad Advanced Engineering & Manufacturing, los Escribano entraron en el capital de Indra en mayo de 2023 con un 3% inicial valorado entonces en unos 65 millones.

En noviembre de 2023, subieron hasta un 8% por unos 126 millones adicionales, con el derecho a nombrar a un consejero. Y en diciembre de 2024, pasaron del 8% al 14,3%, con una inversión vinculada de unos 190 millones. Un mes después, y tras la marcha a Telefónica del hasta entonces presidente de Indra, Marc Murtra, Ángel Escribano se convirtió en presidente de la tecnológica.

Ahora, uno de los flecos que queda por despejar cuál es la valoración que Indra otorga a la empresa de los Escribano, que ha tenido un gran crecimiento en los últimos años al calor de las adjudicaciones del Ministerio de Defensa.

Según Expansión, el consejo de Indra llegó a estudiar el pasado marzo lanzar una oferta (que no se llegó a realizar) por EM&E por 2.300 millones, después de que el CEO de Indra iniciase los contactos con Javier Escribano, presidente de EM&E, y a raíz de las valoraciones tanto de Indra como de EM&E por parte de los asesores de las diferentes partes.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) redujo a mínimos el importe de las sanciones que impuso en el ejercicio 2025, el que previsiblemente será el último año completo en el cargo de la actual presidenta, Cani Fernández, que acaba su mandato de seis años al frente del organismo el 16 de junio.

Los datos de la memoria anual que acaba de publicar la CNMC reflejan que el importe de las sanciones impuestas en 2025 por el denominado 'súperregulador' fue de poco más de 18 millones de euros. Esta cifra supone un drástico descenso del 96% respecto a los 444,7 millones de 2024, el año de la histórica sanción de 413,2 millones que Competencia impuso al portal de viajes online Booking por abuso de posición de dominio en España entre 2019 y 2024.

Si se exceptúan los apenas 6,6 millones en multas de 2020, que fue un año excepcional por la pandemia y porque buena parte del pleno del organismo (incluida la presidencia) estuvo en funciones, esos 18 millones de 2025 en sanciones (de todas áreas: Competencia, Energía, Telecomunicaciones...) son un mínimo anual desde que a finales de 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha la CNMC al fusionar los antiguos reguladores de la Competencia, Energía, Telecomunicaciones, Transporte o sector postal.

Un modelo polémico y poco habitual en el mundo que el Gobierno trató de revertir en parte con un proyecto de ley aprobado en 2024 para intentar recuperar la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) y crear un regulador especializado en esta materia. La norma está empantanada en el Congreso por falta de apoyos.

En estos seis años de mandato de Cani Fernández, se han sucedido la pandemia global, una crisis energética sin precedentes derivada de la invasión rusa de Ucrania en 2022, la irrupción de la inteligencia artificial, el histórico apagón del 28 de abril de 2025 y ahora, otra guerra en Irán, que amenaza con derivar en la peor crisis energética en décadas.

Fuentes del organismo niegan que el dato de reducción de las sanciones de 2025 indique una disminución de la actividad de la CNMC. Recuerdan que hasta 2021 (y en una tendencia que no afecta solo a España) se sucedieron expedientes únicos a cárteles en los que se sancionaba a muchas empresas (caso del famoso cártel del AVE y el de comunicaciones y señalización ferroviaria), mientras que en los últimos años se ha pasado a abusos de posición de dominio cometidos por una sola empresa. Y en esos expedientes las sanciones pueden ser menores en función de la cifra de negocios de la infractora (la referencia que se toma para poner las multas). 

Las mismas fuentes insisten en que no hay ninguna explicación concreta para ese descenso de las multas, que varían en función de las empresas expedientadas en los procedimientos. Estos, recuerdan, tienen su origen en investigaciones que pueden prolongarse años desde que los incoa la dirección correspondiente hasta que llegan al pleno para su resolución.

Según esas fuentes, es “más relevante” analizar cuántos expedientes incoa cada dirección en cada ejercicio. En la de Competencia, que históricamente ha concentrado el grueso de las multas, en 2025 se incoaron 6 expedientes sancionadores, uno más que un año antes. También se llevaron a cabo seis inspecciones, una más que en 2024.

En 2025, el importe de las sanciones del área de Competencia de la CNMC fue de solo 10,1 millones. Esta cifra, la más baja desde 2020, se va a superar con toda seguridad este año, después de que en enero pasado el organismo impusiera una sanción de 20,5 millones a varias empresas del Grupo Repsol y les prohibiera participar en contratos públicos. 

De esos 10,1 millones de multas por prácticas colusorias en 2025, la mitad correspondió al expediente a Unión Fenosa Distribución, de Naturgy, por restringir la competencia en el mercado de contadores. En este ámbito, el organismo sancionó en 2025 con 2,9 millones a varias agencias de viajes que manipularon contratos convocados por el Banco de España y la Universidad Complutense de Madrid; a una empresa de peluquería profesional y a la empresa renovable Eólica de Alfoz, a la que fijó por primera vez la prohibición de contratar, sin esperar a la intervención de otras Administraciones.

En la pata de Energía, las multas ascendieron en 2025 a 4,85 millones con 17 expedientes sancionadores resueltos, la cifra más baja desde 2020 y muy por debajo de los 17,4 millones de 2024, cuando se resolvieron 28 expedientes.

Este área es la que deberá resolver en los próximos meses la batería de expedientes sancionadores incoados en las últimas semanas en el marco de la investigación del apagón y que ha anunciado recientemente la CNMC. Por ahora son 56 expedientes, aunque previsiblemente habrá más. Las sanciones que pueden imponerse con los que se han comunicado hasta ahora ascenderían como máximo a 474 millones, aunque es prácticamente imposible que la CNMC aplique el tipo máximo en cada caso.

Confirmadas el 71% de las decisiones

Hace unos días, en la que previsiblemente habrá sido su última comparecencia en el Congreso para presentar el último informe anual del organismo, la presidenta de la CNMC desmontó con datos la “percepción” de que tras imponerse, las resoluciones de Competencia “se pierden más que se ganan” en los tribunales de justicia.

Como prueba, blandió un informe del Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa de la Universidad Autónoma de Madrid que ha revisado cien resoluciones y actos administrativos de la CNMC objeto de revisión jurisdiccional en los últimos tres años. “El 71% fueron confirmadas expresamente; un resultado cuantitativo excepcional si se compara con el de autoridades análogas a la CNMC”, dijo Fernández.

La todavía presidenta de la comisión, que deseó a los diputados “mucho tino en la elección de mi sucesor y otros consejeros de la CNMC”, expuso en el Congreso que “queda pendiente introducir en nuestra Ley de Defensa de la Competencia la terminación transaccional como forma de finalización de expedientes sancionadores ―en concreto, de cárteles―, que permitiría una mayor eficiencia y eficacia de nuestra capacidad de sanción”. 

También pidió al Congreso “una reflexión sobre el equilibrio entre las crecientes responsabilidades y los medios de los que dispone la Comisión”. Con una plantilla de medio millar de personas para vigilar el funcionamiento de sectores clave de la economía, el papel del organismo en el apagón ha sido cuestionado por no aprobar un procedimiento de control de tensión que demoró durante años y que, según muchos expertos, habría evitado ese histórico cero nacional.

Un “vacío legal” que Fernández ha negado y sobre el que han coincidido dos bandos opuestos en la batalla post apagón, en la que hay en juego multas e indemnizaciones multimillonarias: tanto la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, como Endesa e Iberdrola. La todavía presidenta de la CNMC también insistió en su última comparecencia en la necesidad de habilitar legalmente al organismo para que pueda desarrollar la efectiva aplicación en España de la Ley de Servicios Digitales de la UE.

El sesgo antirrenovable de los acuerdos del PP y Vox para gobernar en Extremadura y Aragón ha puesto en guardia al sector de las energías limpias. A la espera de otro posible pacto en Castilla y León, los acuerdos en materia de energía han pasado bastante desapercibidos tras la polvareda levantada por la llamada “prioridad nacional” en el acceso a los recursos públicos. Pero, sin que se hayan concretado todavía, han encendido las alarmas en todas las patronales consultadas.

Los pactos para investir a los populares María Guardiola y Jorge Azcón con el apoyo de la ultraderecha contienen cláusulas prácticamente idénticas con “el compromiso de emplear todos los medios legales y administrativos necesarios para favorecer la no instalación de macroparques fotovoltaicos y eólicos en suelos productivos, en terrenos de uso tradicional -incluidas vías pecuarias- y en aquellos suelos en los que se produzca una afección al patrimonio natural”. Las “primeras medidas” deben aprobarse este año.

“El desarrollo energético debe compatibilizarse con la protección del territorio y los usos y costumbres del campo, la actividad económica del sector primario y la conservación del medio natural, considerando todos estos factores como criterios condicionantes o, en su caso, excluyentes”, dicen esos acuerdos, cuyo cumplimiento “íntegro” exigió este miércoles Vox en la investidura de Azcón. En Extremadura prometen “blindar” la continuidad de la central nuclear de Almaraz.

Como ironiza un ejecutivo del sector, “en energía no hay prioridad nacional, sino prioridad nuclear del uranio ruso”. Pedro Fresco, director general de la patronal valenciana de renovables Avaesen, señala que “no sabemos aún en qué se convertirá esta dialéctica” que “en todo caso, es claramente anti-renovables”. “Tiene toda la pinta de que es una exigencia desde Madrid; si no, no serían dos textos tan parecidos”.

“Estamos esperando a ver la concreción” y que se forme gobierno “para solicitar una entrevista e intentar comprender cómo se va a articular”, dice al teléfono el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, que reconoce su preocupación y comparte que esos acuerdos priorizan “al uranio ruso o al petróleo de Irán”.

España importa todo el uranio enriquecido que consumen sus nucleares. Un 40% viene de Rusia, como explicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso, cuando compareció por el histórico apagón eléctrico del que acaba de cumplirse un año.

“Ninguna racionalidad”

Estos pactos “pueden traducirse, en su aplicación práctica, en trabas reales al desarrollo de las energías renovables”, advierte José María González Moya, director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), que cree “importante” proteger “los suelos de alto valor natural, los espacios con usos tradicionales y aquellas zonas donde la actividad agraria tenga un papel económico, social o ambiental relevante”, pero “con criterios técnicos, proporcionados y compatibles con otros objetivos estratégicos del país, como la electrificación, la independencia energética, la competitividad industrial y la lucha contra el cambio climático”, añade.

El director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Juan Virgilio Márquez, recuerda que los compromisos de España con la UE “establecen una senda clara de incremento de la capacidad renovable para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y reforzar la seguridad energética”. “Los programas electorales y las hojas de ruta de los distintos partidos, así como los acuerdos entre formaciones políticas, deberían situar, como uno de los pilares de su estrategia energética, el despliegue eólico —al margen de posicionamientos ideológicos— como palanca de seguridad y competitividad nacional, para generar electricidad competitiva y libre de emisiones, atraer inversión y fortalecer el tejido industrial y el empleo”.

“Es absurdo, es como si fuera una emergencia nacional” cuando “no hay ninguna racionalidad detrás”, dice el director de UNEF.

“No deberíamos enfrentar al sector primario con el sector renovable. Existen suelos agrarios que no están siendo explotados, terrenos con baja productividad o espacios donde los proyectos renovables pueden convivir con la actividad agrícola, ganadera o industrial. Una regulación excesivamente restrictiva, aplicada de forma generalizada, puede acabar bloqueando oportunidades de inversión, empleo y desarrollo rural precisamente en territorios que necesitan nuevas fuentes de actividad económica”, avisa el director de APPA.

La andanada de PP y Vox llega cuando la energía limpia se ha mostrado clave para proteger a España de la onda expansiva de la actual crisis energética mundial, “más grave que las de 1973, 1979 y 2022 juntas”, según el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol.

Pese al cierre del estrecho de Ormuz, por el que transitaba un 20% del petróleo y el gas que consume el planeta, España está más protegida que otros países gracias a las renovables, como han reflejado recientemente medios de referencia como New York Times. Financial Times, el diario económico más influyente del mundo, glosó en marzo el “modelo” español para protegerse de shocks petroleros como este.

Este miércoles, en una conferencia con analistas para presentar los resultados trimestrales de Iberdrola, su presidente ejecutivo, Ignacio Sánchez Galán, recalcó “la autonomía energética” que proporcionan las fuentes autóctonas “en la seguridad nacional”. Está, dijo, en la agenda de todos los países europeos, aunque el ejecutivo incluyó a las nucleares, como Almaraz, cuyo primer accionista es la primera eléctrica española.

El director general de UNEF cree que con esas promesas, derecha y ultraderecha “están agitando un problema que no existe” y se pregunta “cuál es el interés” que hay detrás. “A nivel global, todo el desarrollo fotovoltaico se puede hacer con 0,03% del territorio”. “No hay una contraposición entre territorio agrícola y fotovoltaica”, insiste Donoso, que cree que “el problema” del campo “es el abandono por falta de rentabilidad de los cultivos”, no la instalación de renovables.

“Se puede seguir usando el 99,7%” del terreno. “Estamos dejando rentas a los propietarios que sin tener en cuenta el efecto inducido que tiene todo ese gasto suponen 100 millones de euros cada año para Extremadura”, solo en impuestos a ayuntamientos y pagos de alquileres del terreno, al margen de los puestos de trabajo que se generan.

Para el director general de AEE, “planteamientos que abogan por impedir la implantación de proyectos renovables en suelos productivos o de uso tradicional no se ajustan a la realidad del desarrollo eólico ni al propio marco regulatorio vigente. La eólica es, por definición, una tecnología compatible con el uso agrario del suelo, permite la continuidad de actividades como la agricultura y la ganadería y genera rentas adicionales para el territorio. Nunca sustituye usos, los complementa”.

Desarrollar un parque eólico en España implica plazos de tramitación que pueden superar siete años, más que otros países europeos, recuerda Márquez. Los proyectos deben cumplir un marco regulatorio “exigente”, tanto si dependen de la administración autonómica (hasta 50 MW) como estatal (más de 50 MW), “incorporando distintos hitos con evaluaciones técnicas, ambientales y sociales. Este marco extremadamente garantista asegura la compatibilidad de las instalaciones con los usos tradicionales del territorio, como la agricultura, la ganadería o el turismo, y asegura que no se autoricen proyectos que puedan afectar al patrimonio cultural o natural”.

“Planificación rigurosa”

Para Márquez, “introducir criterios excluyentes de carácter general o restricciones indiscriminadas no solo resulta contradictorio desde el punto de vista normativo”. “Puede comprometer el cumplimiento de los objetivos energéticos, frenar inversiones estratégicas y limitar oportunidades de desarrollo económico en el medio rural. La clave no reside en prohibiciones genéricas, sino en una planificación rigurosa, basada en evidencia técnica, que permita compatibilizar el despliegue renovable con la protección del territorio y el mantenimiento de sus usos tradicionales. Establecer territorios prohibidos frente a otros no hace sino desequilibrar el progreso económico y la vertebración del país”.

El director de APPA advierte: “Desde un punto de vista nacional, las comunidades autónomas son libres de impulsar las políticas que consideren oportunas dentro de sus competencias. Pero también lo son las empresas a la hora de decidir dónde invierten. Y, en un contexto de fuerte competencia territorial, la inversión tenderá a dirigirse hacia aquellas regiones que ofrezcan mayor seguridad jurídica, menos trabas administrativas y una visión más equilibrada entre protección del territorio y desarrollo”.

Su homólogo de AEE reclama “avanzar hacia una mayor agilidad administrativa, con unidad de criterios técnicos entre Administraciones, reduciendo cargas burocráticas sin menoscabar las garantías ambientales”, y “estrategias que pongan en valor el impacto económico local de los proyectos, impulsen la electrificación de la economía y aseguren un desarrollo equilibrado, compatible con la biodiversidad y el arraigo territorial”.

El director de UNEF recuerda que “el año pasado el 25% de todas las peticiones de demanda” para conectar nuevas industrias o centros de datos, con 5.611 MW de puntos de conexión, “fueron a Extremadura, cuando solo tiene el 2% de la población”. Esta región es la tercera de España con más potencia fotovoltaica de España, 8.757 MW (16% del total), solo superada por Andalucía (24%) y Castilla-La Mancha (28,5%). Aragón, con 4.072 MW fotovoltaicos, es la segunda con más potencia eólica (6.155 MW), tras Castilla y León.

Este sector, subraya Donoso, “es un motor de desarrollo que se quiere evitar”. “Están haciendo una puñeta al país, porque necesitamos esa energía, pero también al mundo rural”.

Grandes proyectos

Se desconoce qué impacto tendrán estas promesas en grandes proyectos industriales vinculados a las renovables anunciados en los últimos años en Extremadura y Aragón, como la famosa planta de diamantes en Trujillo de la estadounidense Diamond Foundry, participada por el actor Leonardo DiCaprio, que tiene concedidas subvenciones de 81 millones de euros, aprobadas por la Comisión Europea por su “alineación con los objetivos estratégicos de la UE en creación de empleo, desarrollo regional y transición ecológica”.

Esa planta es complementaria a la inversión de 1.000 millones de Diamond Foundry que Azcón anunció en febrero para fabricar chips y componentes tecnológicos en Zaragoza.

La china Envision proyecta desde hace años una fábrica de baterías en Navalmoral de la Mata (Cáceres), financiada parcialmente con el PERTE-vehículo eléctrico, y Hunang Yuneng ya ha adquirido terrenos en Mérida para una factoría de cátodos eléctricos para baterías, con subvenciones de 23 millones vinculados a ese PERTE.

El martes, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, advirtió de que “ya estamos viendo” un retroceso en las políticas ambientales con los acuerdos autonómicos del PP y Vox, que en Extremadura va a asumir la vicepresidencia y las consejerías de Agricultura, Ganadería y Medio Natural y la de Desregulación, Servicios Sociales y Familia. Aagesen ve “una temeridad” una agenda “negacionista que desprotege a la ciudadanía”. “La agenda verde viene cargada de oportunidades” y “lo que están haciendo es profundamente irresponsable”.

El consejo de administración de Endesa ha acordado designar este martes al italiano Gianni Vittorio Armani, actualmente director de Enel Grids and Innovation, nuevo consejero delegado de la compañía en sustitución de José Bogas, que deja el cargo después de doce años.

En una comunicación remitida este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Endesa ha informado de la elección como nuevo consejero delegado de Armani, cuyo nombre ya sonaba como principal favorito en todas las quinielas para ocupar el puesto de Bogas desde hace semanas.

“Armani, en su nueva condición de consejero ejecutivo, ha cesado como miembro del Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo de Endesa”, indica la nota a la CNMV.

Bogas, que este martes ha participado en su última junta de accionistas de Endesa como primer ejecutivo de la compañía “orgulloso” de su labor en estos años, continuará en la eléctrica -propiedad en un 70% del grupo semipúblico italiano Enel- en calidad de consejero otro externo, no ejecutivo, con el objetivo de garantizar una transición ordenada y aprovechar su conocimiento y experiencia en la compañía, a la que lleva vinculado más de cuatro décadas.

Armani es licenciado en ingeniería eléctrica en Universidad La Sapienza de Roma y completó sus estudios de administración de empresas y gestión financiera con un MBA en el MIT de Boston. Su formación incluye experiencia en consultoría estratégica en McKinsey & Company y Telecom Italia.

Antes de incorporarse a Enel, entre 2021 y 2023, fue consejero delegado y director general de Iren, una de las principales multinacionales de servicios públicos italianas cotizadas, llevándola a alcanzar resultados económicos e industriales récord. Durante su mandato, Iren superó los 1.000 millones de euros de beneficio bruto operativo (ebitda), aceleró su plan de inversiones e inició un importante proceso de desarrollo en energías renovables.

Con anterioridad ocupó el cargo de director de Estrategia, Regulación y Desarrollo de Negocio en A2A, uno de los principales operadores integrados del sector de la energía y el medio ambiente en el sur de Europa, activo en la generación, distribución y comercialización de energía, así como en los servicios medioambientales y de infraestructuras.

Entre 2015 y 2018 fue presidente y consejero delegado de Anas, guiando un profundo proceso de transformación e integración de la sociedad en el Grupo Ferrovie dello Stato Italiane.

A lo largo de su carrera, Gianni Vittorio Armani ha desarrollado una sólida experiencia en los ámbitos de la gobernanza y la sostenibilidad. Actualmente es senior advisor ESG del fondo de inversión Azimut y ha sido consejero independiente de diversas sociedades que operan en los sectores de la energía y las infraestructuras.

Entre 2005 y 2015 trabajó en Terna, gestor de la red de transporte eléctrico italiana, desempeñando cargos ejecutivos de creciente responsabilidad hasta la posición de consejero delegado de Terna Rete Italia.

Junto con el nombramiento de Bogas como consejero externo, la Junta de Endesa ha aprobado el nombramiento de Angela Eliseo como consejera dominical, en sustitución de Francesca Gostinelli, que deja el cargo tras su nombramiento como consejera delegada de Enel Italia; y de Ana Muñoz Merino como consejera independiente en sustitución de Cristina de Parias, cuyo mandato expiraba este año. La Junta celebrada en la sede de Endesa en Madrid registró un quórum de participación del 85,998%.

El CEO saliente repasó sus tres mandatos, subrayando cómo Endesa, especialmente en los últimos 12 años, ha sido protagonista de la transición energética, acelerando la descarbonización, las renovables, la electrificación y la digitalización, hasta abandonar el carbón y consolidarse como líder eléctrico en España y Portugal.

En cuanto al contexto internacional, marcado por la guerra en Irán, Bogas puso de relieve la solidez del sistema eléctrico español: la elevada cuota de renovables y el parque nuclear han limitado el impacto sobre los precios. En 2026, el gas influyó únicamente en el 15% de las horas en el precio de la electricidad, confirmando a las renovables como el principal instrumento frente a la volatilidad de los mercados internacionales.

En cuanto a la evolución económico financiera de la compañía, Endesa destaca que en los ocho años comprendidos entre 2014 y 2022 el beneficio bruto de explotación pasó de 3.090 millones de euros a 5.320 millones de euros, mientras que el precio de la acción aumentó de 13,5 euros a 17,6 euros. En el último trienio, el beneficio bruto creció hasta alcanzar los 5.756 millones de euros y el valor del título se incrementó de 17,6 a 38,4 euros.

“Estos resultados nos permiten proponer a ustedes, los accionistas, la distribución de un dividendo un 22% superior a lo previsto, pasando de 1,3 a 1,58 euros por acción”, declaró Bogas.

Beatriz Corredor (Madrid, 1968), presidenta no ejecutiva de Red Eléctrica de España (REE) y su matriz, Redeia, recibe a elDiario.es en la sede de la compañía responsable de la operación del sistema eléctrico en el primer aniversario del histórico apagón del 28 de abril de 2025. Un año “larguísimo” en el que, afirma, sucesivos informes oficiales han “acreditado” que REE “no falló” y cumplió sus obligaciones mientras han quedado patentes los “incumplimientos” de las compañías eléctricas, cuyas sucesivas “hipótesis” para “tapar la realidad” han ido cayendo.

La exministra socialista de Vivienda apunta que “la primera ficha del dominó” que propició ese evento “inédito, imprevisible y multifactorial” fue “un comportamiento anormal” de una planta que provocó una “extraña” oscilación “muy grave” e inició la “reacción en cadena”. Corredor, que no niega que se trata de una fotovoltaica de Iberdrola, critica la propuesta de esa empresa (a la que no cita) de arrebatar el monopolio del transporte a REE, invita a las eléctricas “a que hagan público los datos que han ocultado” sobre el apagón. También cuestiona su nivel de inversión en redes de distribución.

En la entrevista, realizada el viernes y editada por su extensión, se despacha contra la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por su lentitud en la aprobación de un procedimiento de control de tensión que REE le pidió actualizar en 2020. Tiene claro que “había un vacío legal” y cuestiona “las prisas” del organismo por anunciar un expediente sancionador a la compañía. “Lo que no te mata, te hace más fuerte”, dice, citando a Nietzsche.

Un año del peor apagón de la historia reciente en Europa. ¿Qué lecciones extraer? 

Que el sistema debe reforzarse con regulación que exija a todos los participantes que cumplan sus obligaciones. La tecnología y el sistema han cambiado muchísimo en muy poco tiempo y la regulación debe ir a la par. El informe europeo recoge recomendaciones muy en línea de lo que plantearon el operador y el regulador: fortalecer la capacidad del operador del sistema, otorgarle más funciones, confiar en su capacidad. Europa me traslada que lo ocurrido fue inédito, imprevisible y multifactorial. Un apagón basado en un problema de control de tensión permite tomar medidas en toda Europa, más ahora, con la coyuntura internacional, que demuestra que hace falta electrificar y desconectarse de los combustibles fósiles. Conforme se implemente la nueva regulación que se está poniendo en marcha desde el apagón, tendremos un sistema cada vez más seguro, siempre que todos los participantes cumplan.

La CNMC les ha abierto expediente sancionador por una posible infracción muy grave.

Está en un proceso de análisis, no ha dicho que haya terminado todos los expedientes que tiene que abrir. Estamos estudiando qué plantea. REE no falló y lo demostraremos. Parece que la CNMC valora la labor del operador del sistema desde el punto de vista legal como responsable de la seguridad del suministro. Es como si alguien a quien atracan, en lugar de denunciar el robo, denuncia a la Policía por no mantener la seguridad. O quien va a 150 km/h por una carretera secundaria, tiene un accidente y denuncia a la Guardia Civil por no pararle. En un sistema tan complejo, todos tienen obligaciones, no solo nosotros. La decisión de incoar los expedientes se tomó justo una semana antes de hacerse público el informe del panel de expertos europeo, formado por casi 50 miembros, la mayoría, de reguladores internacionales, también el español. La CNMC sabía el contenido de las investigaciones. No parece que tuviera en cuenta que ese informe descarta circunstancias que la propia CNMC considera posibles indicios. En ese acuerdo la CNMC dice que puede que los indicios que sugieren la posible infracción hayan sido descartados por investigaciones técnicas posteriores. Es muy sorprendente. No entiendo las prisas por sacar estos expedientes sancionadores ahora, y sobre todo, conociendo la fecha en que se iba a hacer público el informe.

¿Mantiene que no hubo incumplimientos de REE, antes, durante ni después?

Lo mantienen todos los informes.

El del Gobierno, no.

El Gobierno planteó una alternativa de posibilidades 43 días después. Una fue una posible falta de programación que descartaron los informes técnicos del operador del sistema, que no es de parte, es obligatorio, y el último informe, en el que han estado diez meses trabajando. Dice expresamente que no hay falta de programación y que las medidas para la seguridad de suministro fueron correctas. También que se han hecho simulaciones que acreditan que si se hubiera cumplido la obligación del resto de intervinientes, concretamente las generadoras con obligación de contribuir al control dinámico de tensión, la famosa absorción de reactiva, no se hubiera producido el apagón. Y que con más grupos acoplados sí, porque no fue un problema de falta de programación. 

A lo largo de este larguísimo año, después de la reposición del sistema, lo siguiente que se hizo, y muy rápido, fue recopilar toda la información disponible y ponerla a disposición de las autoridades. Lo hicimos el 1 de mayo, muy poco después. Y dijimos que el problema que se intuía era de control de tensión. Otras empresas, otros ámbitos, plantearon hipótesis sucesivas que han ido descartando los informes técnicos: exceso de renovables, falta de inercia, falta de reservas a subir o a bajar, sobretensiones. Sucesivos informes, del Gobierno, CNMC, panel de expertos, por supuesto, el operador del sistema, de los que se ha hecho eco la Agencia Internacional de la Energía, dicen que fue una secuencia de circunstancias que llevaron al colapso del sistema, pero se inició por un hecho concreto: la primera ficha del dominó fue un comportamiento anormal de una planta de generación que provocó una oscilación, una arritmia que el sistema no tiene herramientas para amortiguar comparada con las arritmias normales, las famosas oscilaciones inter área. Esta oscilación, un fenómeno muy grave en un sistema eléctrico, duró cuatro minutos y 40 segundos. En el sistema eléctrico las medidas van en periodos de 20 milisegundos. Es una eternidad. Se tomaron medidas para amortiguarla y evitar que se hiciera más grave. Todos los informes dicen que esas medidas devolvieron el sistema a sus parámetros oficiales, pero en un escenario diferente, que se agravó. Es como si en la Fórmula 1 se pone a llover: tienes que hacer algo, no puedes seguir con neumáticos de suelo seco.

Cuando cuentas con medidas de seguridad basadas en normativa técnica, en la física y la electrotecnia, esas normas implican que todo el mundo cumple. En una oscilación extraña se desconectan plantas, se suma otra oscilación y se siguen desconectando plantas, y se producen desconexiones de generación en los rangos de tensión que tienen obligación por normativa técnica de soportar, y se comprueba que todas las obligaciones de absorción de reactiva se incumplen. Una concatenación de eventos que en ningún caso tienen que ver con la programación del día anterior. El sistema se opera en tiempo real y eso marca las decisiones del operador. Todas las decisiones se han analizado al más riguroso detalle y se han declarado conforme a los protocolos para los operadores españoles, portugués, francés. Es incontestable. Se ha puesto de manifiesto en los informes. Querer tapar la realidad a través de hipótesis variadas que se han ido cambiando sobre la marcha conforme se iban descartando con informes técnicos me produce tristeza, indignación y estupefacción. Los hechos son tozudos. Si en lugar de hechos hablamos de hipótesis, estamos en otra dimensión.

Esa planta fotovoltaica pertenece a…

No he dicho que sea fotovoltaica.

Es una planta fotovoltaica y se le dedican muchas páginas en el informe europeo. Pertenece a Iberdrola. No sabemos qué falló ahí. ¿Ustedes lo saben? 

El informe de los expertos reitera que se solicitó información a algunas empresas españolas de generación y no se les facilitó. Señala que la oscilación forzada de 0,6 Hz se inició a las 12.03. Procede de una planta fotovoltaica en la provincia de Badajoz. Lo dice el informe y lo han constatado todas las mediciones técnicas. Es indubitado y por eso la primera ficha del dominó es esa oscilación. Esa información no se ha puesto a disposición de las autoridades que han instruido los diferentes procedimientos porque no ha querido el propietario de esa planta y otras muchas. Se nos exigió a nosotros, al Gobierno y a la CNMC, que las plantas en las que se habían hecho mediciones se anonimizaran. Se negaron a que la información de cada empresa se hiciera pública. De 67 empresas, que se dice pronto, somos los únicos que autorizamos que nuestros datos sean públicos y se sepa que son nuestros. Datos contrastados por dispositivos desplegados en toda la red europea. Después de diez meses de análisis, la conclusión es que ese hecho motivó que se iniciara todo el proceso de reacción en cadena. Anteriormente están las variaciones de tensión, que las hay, igual que a una persona le toman la tensión y las pulsaciones y no las tiene igual cada minuto. Otra cosa es que esta tensión se salga de los rangos que se consideran normales, que no ocurrió hasta las desconexiones masivas ya al final del episodio. Está acreditado que se produjeron desconexiones con tensiones dentro del rango, incluso dentro del rango que las propias eléctricas entienden que debe ser lo óptimo. Se desconectaron por debajo de 420 kV, cuando en España el límite es 435 kV desde 1998, no es una novedad. Que con una cantidad de incumplimientos tan claros se siga hablando de hipótesis es sorprendente. 

¿Han vuelto a detectar oscilaciones como esa?

El operador ha tomado medidas adicionales desde el 28 de abril, porque ya no tenemos la certeza de que las obligaciones se cumplan. Habrá que preguntar a los propietarios de las plantas qué incentivos tenían para no cumplir. El informe del panel señala la regulación como una causa, al no establecer penalización por incumplimiento ni lo que más les importa a las empresas de generación, una retribución por cumplir ese servicio. Antes del nuevo procedimiento de operación, el famoso 7.4, no tenían una adecuada coerción. Está acreditado. Todo lo que ocurrió antes del incidente, de las 12.03, lo ha analizado el panel de expertos tramo por tramo porque han recibido información nuestra y de las generadoras y distribuidoras. Han recibido información espontánea, que ni siquiera les habían pedido. La han analizado y han descartado que nada de lo ocurrido en las horas y días anteriores tenga nada que ver. Han concluido que no tiene relevancia porque se tomaron las medidas protocolizadas para que en cada momento el sistema opere como debe. No es discrecional. Está normativizado. Es el sistema más regulado. Hay procedimientos de operación muy técnicos para cada circunstancia que soy incapaz de entender, porque son cuestiones de electrotecnia, física y electrónica de potencia. Pretender que lo que ocurra tres meses o tres días antes puede tener alguna influencia... No es así, sobre todo cuando tienes acreditado que no han cumplido su obligación. Invito a las empresas a que hagan públicos los datos que han ocultado, que permitan saber cuáles son las plantas y permitan un estudio técnico, si es que siguen teniendo los datos un año después. Cuando haces públicos unos datos y los entregas a las autoridades, haces un ejercicio de transparencia total. Si después de un año los sigues guardando, no sé en qué estado estarán. No lo sé porque no los han facilitado. Mientras no lo hagan, no podrán acreditar las afirmaciones de que todo funciona correctamente.

Iberdrola y Endesa han cuestionado la imparcialidad de ese informe europeo, que regula un reglamento de la UE. ¿Podían o debían haberse inhibido en esa investigación?

Es un panel de expertos, no de ENTSO-E [Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad], y pone especial acento en su independencia. De los 50 miembros, tres son de ENTSO-E. Sobre todo son reguladores internacionales, miembros de TSO. La presidencia, de dos TSOs, no tiene nada que ver con España. Expresamente dice el panel de expertos que en determinados grupos de trabajo, decisiones y análisis, se ha excluido a los TSO afectados. La CNMC ha sido parte. Y la asociación de reguladores internacionales. Es imposible que una persona, de 49, que obviamente debe aportar datos y muestra públicamente su origen, haya podido mover la conclusión del panel. Sí consideran objetivos informes de parte pagados por determinadas empresas para que certifiquen cuestiones que no se apoyan en datos reales. Que el informe del panel de expertos no les ha gustado nada lo demuestra algo obvio, visto con retrospectiva. Era público que el panel iba a hacer una rueda de prensa sobre el informe el 20 de marzo. Independientemente de que la CNMC sacara su informe el 19 de marzo por la tarde. Ese miércoles, creo que era el 18, recibí una nueva convocatoria para volver al Senado el 25 de marzo. El lunes de esa semana sabemos que se han filtrado una serie de supuestos audios en el Senado. El martes está en la prensa. Y el miércoles me hace esperar la comisión media hora porque supuestamente están estudiando los audios. Para que no se hable del panel de expertos, la mejor forma es facilitar a la Comisión del Senado unos audios que supuestamente tienen guardados hace un año. Precisamente el día que me convocan. Dos días después del panel de expertos. Tengo suficiente edad para no creer en tanta casualidad.

La presidenta de la CNMC niega que hubiera un vacío legal en el control de tensión. ¿Lo comparte?

Pero es que había un vacío legal. El operador del sistema tiene entre sus funciones proponer medidas que considere necesarias. El procedimiento de Operación 7.4 es del año 2000. Estaba previsto para una configuración del sistema de generación que no tiene nada que ver con el actual, que ha cambiado de forma radical. En 2020, el operador le dice a la CNMC: tenemos que hacer lo que hacen nuestros vecinos portugueses, que permiten que las renovables, tan relevantes o más que en España, puedan participar en el control de tensión. Que no solo tengan una consigna fija, sino que puedan seguir lo que pasa. Porque la tensión, como los latidos del corazón, tiene una frecuencia que no es estable, varía con la circunstancia del sistema. Y es muy bueno que las renovables puedan hacer ese control dinámico al que están obligadas desde el año 2000 las plantas convencionales: térmicas, nuclear, ciclo combinado y hidroeléctrica. La CNMC, desde 2020 hasta junio de 2025, tiene ese procedimiento en diferentes momentos de tramitación, a pesar de la urgencia con que el operador del sistema manifestó esa necesidad. Los tiempos de la Administración son largos pero los del sistema eléctrico no. Si las renovables no están obligadas a aportar control dinámico de tensión, no lo hacen. Y si las empresas de generación tradicional están obligadas y no lo cumplen porque no tienen una penalización...

Lo que no se nos puede pedir es tener un ingeniero en cada planta de España. Ni en cada carretera comarcal puede haber un guardia civil. La norma es para todos. Hay redes, como la distribución o los famosos árboles de Navidad de las redes de evacuación de las renovables, cuya gestión, control y ajuste corresponde a los distribuidores y a sus propietarios. Nosotros hay parte que vemos y parte que no. Y si no lo vemos, los responsables son los que dice la ley. 

Con ese procedimiento en vigor, ¿no habríamos tenido apagón?

El procedimiento está destinado a una de las primeras medidas que se le toman a este sistema, la tensión. Hay otras. Evidentemente, el sistema es muy complejo y tiene que cumplirse todo, pero todos los informes técnicos acreditan que si se hubieran cumplido las órdenes, consignas y obligaciones de absorción de reactiva que tenían las plantas, no se hubiera producido. Con mayor programación de plantas convencionales sí, en las condiciones de las 12:32:33 de ese día. Está demostrado. Todo el mundo tenía que cumplir. Habría que preguntar a los propietarios de las plantas qué incentivos tienen para no cumplir cuando tienen una obligación legal. Está acreditado cuánta reactiva falta por absorber. Lo hemos demostrado nosotros y el panel con datos, insisto, de 49 expertos. Parece que algunas empresas españolas no han facilitado esa información, aunque se ha pedido por tres veces. El presidente del board de ENTSO-E, Damián Cortinas, dijo que había tenido que escribir al Gobierno de España y nos escribieron a nosotros para que intentáramos ayudar a conseguir los datos que no nos estaban dando las empresas españolas. ¿Donde están esos datos?

El nuevo 7.4 se anuncia semanas después del apagón, pero no entró en vigor hasta marzo de este año.

El problema es que en lo que se refiere a las renovables, requiere una petición del propietario y la homologación va al ritmo que deciden. También es verdad que el procedimiento de operación debería haberse puesto antes. Habrá que preguntarle a la CNMC por qué salió un mes después del apagón. No creo que hiciera ningún ajuste técnico después de un mes. Estaría preparado antes, digo yo. Evidentemente las plantas renovables que se pueden acoger tienen un plazo de adaptación y homologación y aquí se homologa cuando lo piden. La pregunta es cuántos megavatios de generación renovable han pedido la homologación porque han acreditado que cumplen los requisitos técnicos. ¿Cuántos lo harán? ¿Cuántos lo han pedido y por qué no lo han pedido en su caso?

Ese servicio ya se ha empezado a prestar.

Se van sumando plantas, pero mientras no esté totalmente acreditado, implementada toda la legislación, habrá que seguir tomando medidas de seguridad.

¿Nos puede dar una idea de hasta cuándo estará esa operación reforzada?

La operación reforzada se deriva de la incertidumbre sobre si los parámetros que el sistema tiene que considerar para operar de forma segura se cumplen. Mientras no estén acreditados al 100%, la obligación del operador es mantenerla. De ella se benefician las plantas que generan la electricidad, no el operador. Al final hablamos de incorporar plantas de generación y cobran sus propietarios. Es llamativo que haya generadores que reclaman el fin de la operación reforzada. Me parece la cuadratura del ciclo. Son ellos los que se benefician. Han acreditado públicamente y por escrito que algunas de estas plantas no cumplían porque no tenían una retribución económica. Todo esto es súper complejo, requiere un nivel de precisión muy elevado y trasladarlo a la opinión pública con palabras sencillas cuesta mucho trabajo. Para empezar, yo tengo que procesar lo que me cuentan los ingenieros. Pero hay cosas de sentido común. No puedes estar diciendo: no me paga usted por el servicio y no cumplo. Ponga usted la operación reforzada porque es mejor, por la que cobro. Algunas declaraciones me parecen una tomadura de pelo.

Otro aspecto que pudo influir en el apagón es la baja demanda de primavera. El consumo eléctrico no remonta, la electrificación no despega. ¿Cómo lo podemos solucionar?

Nosotros, haciendo lo que nos mandan: desplegar las infraestructuras obligatorias en la planificación lo más rápido posible. Depende de nosotros en cierta medida. Hemos desplegado con eficacia la vigente, que acaba en 2026. Los números están ahí. El año pasado, más de 1.500 millones de inversión. En 2019 eran 400. Se ha multiplicado de forma exponencial en un momento en que la regulación ha sido especialmente negativa, a pesar de que los procedimientos administrativos lo dificultan muchísimo. Pasa en toda la UE. En España, cada territorio tiene una norma que rige unos u otros aspectos. Y con la legislación medioambiental, que debe y tiene que ser garantista, se demora bastante. Tenemos que esperar a que la planificación esté en el BOE para empezar a tramitar. No podemos empezar a construir hasta que no tenemos el permiso. Así que muy bienvenida la iniciativa europea de agilizar trámites que ha recogido España. Estamos a favor de no suprimir la exigencia medioambiental donde no se debe. Somos los primeros con un compromiso con el medio ambiente inequívoco. Igual que hay que respetar las comunidades locales y preguntarles. Pero la planificación tiene que hacerse ágil. Tenemos que invertir en la próxima planificación 13.000 millones, vamos a tenerla toda lanzada y ejecutada al 85%, por nosotros no va a quedar. Ahora, tienen que acompañarnos los permisos. Hay dificultades porque al final también los funcionarios son personas, probablemente por sobrecarga de trabajo. En toda Europa, TSOs, compañías eléctricas, fundaciones, ONGs, ecologistas, coinciden en que una de las cosas más importantes es conseguir un respeto social que haga favorable que los territorios acepten esas infraestructuras. Esto pasa por no desplegarlas de cualquier manera, sino de hacer un acercamiento a la comunidad. Y esto supone dinero, una manera de hacer las cosas diferente. Pero toda Europa tiene muy claro que si no se aceleran los permisos a la par de la aceptación social no vamos a llegar. Tenemos aprovisionamientos de infraestructuras que ni siquiera vamos a comenzar en cinco años y ya estamos haciendo las contrataciones. 

Red Eléctrica, la parte del TSO, solo invierte en España: 1.500 millones en 2025. Si nos vamos a los presupuestos de otras empresas de distribución, descubrimos que con el triple de redes, invierten la mitad. Empresas con 150.000 kilómetros de redes frente a nuestros 46.000 invierten menos de 800 millones al año en España. Cuando se habla de determinadas cifras de inversión muy globales, tendríamos que especificar cuáles mejoran España. Nuestra red está en buenas condiciones. Se demostró el 28 de abril. No falló nada en la red nuestra, ni en las líneas ni en las subestaciones. Se hicieron 7.000 maniobras en remoto, sin movernos de Madrid, y no falló nada. No ocurrió lo mismo con las redes de distribución en algunos puntos ni con determinadas instalaciones. ¿Cómo está el mantenimiento de estas infraestructuras? ¿Cuánto invierten? Su planificación no es vinculante. ¿Por qué, si son tan relevantes para determinados consumos que se están incorporando? ¿Cuánto consumo tenemos que incorporar hasta 2030? La planificación hasta 2026 incorporaba dos gigas y la planificación a 2030 incorpora 27 gigas de demanda, no solo centros de datos: electrificación, descarbonización, empresas tradicionales, muy altamente consumidoras, baterías. ¿Cómo están las redes de distribución? ¿Cuál es su nivel de mantenimiento? ¿Por qué no se despliegan más rápido? Su tramitación es exactamente la misma que la nuestra. Algunas empresas están diciendo que quizá haya que plantearse que las redes de transporte salgan a competencia, que vayamos a un sistema tan ineficiente como el estadounidense, el de Texas, tan débil como el brasileño, o el de México, que continuamente tienen apagones. Hay que poner en valor el sistema europeo. Garantiza mayor independencia, es lo más barato para los consumidores, obliga a unos estándares de calidad, ha garantizado su eficiencia. Que hicieran las redes de transporte ellos no garantiza que fueran más eficientes ni más rápido. El mantenimiento y la inversión estarían a otros niveles. Invito a cualquiera a que sin avisar vaya a cualquier infraestructura, como una subestación compartida entre REE y otra distribuidora, e identifique a simple vista de quién es cada una. Se van a dar cuenta el nivel de mantenimiento de las infraestructuras de esta casa y el de otras casas.

Esa idea de quitarles el transporte la plantearon esta semana Iberdrola y el PNV en el Congreso.

Cada cual tiene su orientación. Sería un paso atrás en un sistema que lleva 41 años en toda Europa y ha demostrado su eficiencia. Se decidió crear una columna vertebral con redes que tenían diferentes empresas porque eran ineficientes. Se le otorgó el monopolio legal a una compañía que se saca a bolsa y se somete a un control doble: con infraestructuras obligatorias, una retribución para no sobreinvertir y reinvertir e incentivos de disponibilidad de la red, de manera que si no cumples te penalizo. Con unos estándares de calidad, de integración. Y aún así, sigue consiguiendo cierta retribución al accionista. Evidentemente no 6.000 millones. El sistema TSO está bien alineado. Pretender ir para atrás, a un sistema ineficiente donde hay cortes continuamente, donde las empresas tienen que ponerse generadores o grupos electrógenos para operar, es un paso atrás. Lo que tiene que hacer España es ir hacia adelante, no hacia atrás por intereses empresariales puramente económicos que son respetables. El interés general está por encima.

España e Irlanda estudian un cable submarino. ¿Cuánto puede costar?

Van a estudiar si es técnicamente viable. Tenemos ahora en construcción uno con Francia con una complejidad técnica resuelta. La profundidad y longitud determinan su viabilidad. De aquí a Irlanda la distancia es considerable. El de Francia son 400 kilómetros. Tenemos algunos de ciento y pico entre Península y Baleares y la profundidad máxima a la que hemos tendido un cable es en Canarias, más de 1.400 metros, un hito tecnológico. Las interconexiones son prioridad para Europa. Si queremos electrificar y hacer competitiva la industria europea y que no sea dependiente de los combustibles fósiles, se necesita hidrógeno, biocombustibles, renovables. Las renovables están fundamentalmente en el Mar del Norte, con la eólica marina offshore, y en la Península Ibérica. Y necesitan interconectarse con Europa. Estamos a favor del planteamiento de la Comisión de que la planificación de estas infraestructuras con trascendencia en toda Europa no pueda ser ralentizada por un interés nacional. Somos una de las partes de Europa peor interconectadas. Con Irlanda se estudiará técnicamente si es posible. Este tipo de infraestructuras las incorpora o no la Comisión a su paquete de proyectos de interés comunitario. Todas llevan siempre un análisis coste-beneficio. El quid es cómo se hace: cuál es el beneficio, si es para toda Europa, para los países. O sale positivo o no se hace. Quedan muchas cosas en el aire. Ahora lo más importante es un análisis técnico.

España y Portugal tienen los precios más baratos de la UE, lo cual explica el interés inversor. Todo el mundo tiene que aportar al mercado eléctrico europeo, la máquina más grande del mundo, una máquina síncrona, conectada desde Lisboa hasta los países bálticos, que funciona como un todo. Pero hacen falta buenas interconexiones. La Comisión ha determinado que para que se entienda que el mercado energético es uno, también desde el punto de vista económico, la interconexión debería tener un mínimo en 2030 del 15% sobre la capacidad instalada. En la Península tenemos un 3%. Esto provoca que no podamos exportar toda la energía y aún así llevamos haciéndolo cinco años. Cuanto más interconectado está un país, más seguro es el sistema. El 28 de abril la energía se pudo recuperar gracias a la interconexión con Francia y Marruecos. Porque, como demuestra el panel de expertos, algunas centrales que en España estaban diseñadas y retribuidas para arrancar sin electricidad, las hidroeléctricas, no fueron capaces. Cuando se les pidió arrancar tuvieron dificultades y la reconstrucción se hizo partiendo de la electricidad de Francia y Marruecos. Por eso el Real Decreto que decayó el año pasado obligaba a la CNMC a revisar cada tres años que las plantas con obligación de arranque autónomo tenían capacidad. En la reposición muchas fallaron.

Ha sido un año larguísimo, lo ha dicho. ¿Se ha sentido respaldada por el Gobierno? Con episodios de acoso personal y una demanda de Iberdrola, ¿Se ha planteado la dimisión?

Mi responsabilidad al frente de esta compañía, institucional y no ejecutiva, incluye dar todas las explicaciones. Pero aguantar acosos, insultos, injerencias, no me va en el sueldo. Mi nombramiento depende básica y exclusivamente de una propuesta del accionista de referencia [el Estado], y que la Junta General ratifique esa confianza. En mi caso, tres veces. Cuando me propusieron en 2020, al vencer mi mandato, en 2024, y en 2025, en la Junta General un minoritario pidió incorporar al orden del día la petición de cese y la propuesta la rechazó el 98% de los accionistas. El 80% son accionistas en bolsa y no son accionistas públicos. Me siento absolutamente respaldada por las personas interesadas en el funcionamiento de la compañía desde el punto de vista empresarial. Desde la responsabilidad que tengo, cuando la compañía pasa un mal momento, mi obligación es explicar a todo el mundo que ha cumplido siempre su obligación, que está comprometida con el interés general y defenderla de ataques interesados e injustos. Cuando hablo de la compañía, me refiero a las personas que forman parte de ella. Los mejores ingenieros, los mejores técnicos. Aquí hay trabajadores de todos los niveles sufriendo insultos y desprecios que no se corresponden con su nivel de profesionalidad, excelencia y experiencia. Es mi obligación defenderlos. Como se suele decir, lo que no te mata te hace más fuerte. Nos sentimos mucho más fuertes, mucho más comprometidos. Y si alguien tiene esperanza en que esto cambie, que la abandone.

Un año del histórico apagón ibérico del 28 de abril de 2025 que dejó sin luz a 50 millones de personas durante horas. Doce meses en los que diversos informes oficiales han repartido culpas sobre el peor cero eléctrico en Europa en décadas, con epicentro en el sistema eléctrico español, considerado uno de los más seguros, evolucionados y fiables del mundo hasta que lo que parecía imposible ocurrió.

El colapso, apuntan expertos del sector, reveló la necesidad de adaptar la normativa a un sistema que lleva años en rápida transformación y es mucho más complejo por la transición a las renovables, que ya cubren más del 55% del consumo en España.

El peso en España de la fotovoltaica, la energía que más crece en el mundo, es inferior al que tiene, por ejemplo, en la Hungría del todavía primer ministro Viktor Orban, pero eólica y solar fueron señaladas desde distintos sectores (incluso por la Administración de Donald Trump) como responsables de un incidente que, según los dictámenes publicados en España y la UE, fue “multifactorial” y fruto de una cadena de fallos.

“Todo el mundo tuvo algo de responsabilidad”, resume al teléfono el expresidente de Red Eléctrica de España (REE) Luis Atienza, que incluye a empresas y al propio regulador.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado por ahora 55 expedientes sancionadores a REE, las grandes eléctricas y otras generadoras como Repsol, una de las empresas que ha anunciado que pedirá una indemnización por daños sufridos en el apagón.

Los dos que apuntan por ahora a una posible infracción “muy grave” de la Ley del Sector Eléctrico afectan a REE (sanción que deberá decidir en su caso el propio Gobierno) y a la dueña de las nucleares de Almaraz y Trillo, en la que participan todas las eléctricas, con mayoría de Iberdrola. La vicepresidenta Sara Aagesen ya atribuyó a REE, que preside la exministra socialista Beatriz Corredor (cuyo mayor accionista es el Estado), una “mala planificación” de centrales de respaldo el día del apagón, al programar la menor potencia firme de todo el año.

El operador del sistema ha asegurado que el informe de los expertos europeos muestra que cumplió la normativa “antes, durante y después” del colapso. Las eléctricas afirman que lo hizo “al límite”. Con ambos bandos inmersos desde el principio en una batalla a cara de perro, hay en juego compensaciones y multas millonarias y un enorme coste reputacional.

Los expedientes, recalcó Competencia, “no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas”, dado ese “origen multifactorial” que recogieron los informes del Gobierno (en junio) y, en marzo de este año, los expertos europeos de ENTSO-E, que lo atribuyeron a un fenómeno de sobretensión propiciado por una tormenta perfecta de fallos en cadena.

Atienza ve “muy difícil” determinar quién tuvo más culpa (“seguramente” lo acabará dirimiendo un juez, dice) y cree que lo relevante es “qué aprendemos” del apagón y “qué oportunidades nos proporciona para dar un salto adelante” en la gestión de un sistema eléctrico “con unas características muy diferentes al de hace 25 años”.

“Más encima”

El episodio, en palabras del secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, mostró “que hay que estar más encima del sector”. Fue un evento “excepcional y sin precedentes”, según los expertos de la UE, que identificaron 17 desencadenantes: una combinación de fluctuaciones de tensión y oscilaciones (comenzando por la que forzó, por razones no explicadas, una gran planta fotovoltaica en Badajoz perteneciente a Iberdrola, como reveló elDiario.es) que culminó con la pérdida de sincronismo del sistema ibérico con el resto de Europa y el cero total, después de que grandes centrales de generación que debían controlar tensión no lo hicieran y plantas de renovables se desconectaran indebidamente pese a operar en los márgenes legales de tensión. 

Desde la prudencia y la distancia, al teléfono desde Zambia, el ingeniero eléctrico y académico Ignacio Pérez Arriaga, redactor del Libro Blanco para la reforma del sector, apunta que “puede que ninguno haya hecho nada ilegal”, pero las conclusiones del informe europeo indican “cierto abandono o descuido en la seguridad del sistema” por parte de todos los agentes. Y falta de “adecuación a los nuevos tiempos” en la regulación, competencia de la CNMC, a la que el Gobierno intentó desgajar sin éxito la competencia de energía cuando Teresa Ribera aún era ministra.

Un discípulo de Pérez Arriaga, el académico del ICAI y experto en energía José Luis Sancha, ex de Endesa y REE, apuntaba hace unos días en LinkedIn la “solvencia técnica” del informe europeo, que “no responde a intereses regulatorios o sancionadores concretos” y huye de “interpretaciones simplistas”, y apelaba a aplicar sus 19 recetas con “un clima de diálogo y cooperación entre todos, que permita abordar esas recomendaciones con garantía y urgencia”.

Como marca la normativa de la UE, el informe que redactaron 49 expertos europeos incluía a operadores del sistema, reguladores y observadores independientes que, subraya Atienza, se juegan “el prestigio”. Iberdrola y Endesa han cuestionado el dictamen por la presencia de REE en la investigación, y por obviar aspectos como que España es el único país de Europa que considera admisibles tensiones de hasta 435 kV, dejando un margen de solo 5 kV hasta que actúan las protecciones, frente al límite de 420 kV del resto de Europa.

También al margen de esos dictámenes oficiales, el juicio político de la comisión de investigación que creó en el Senado el PP cargó las culpas del apagón en REE, el Gobierno y la CNMC, y libró de toda responsabilidad a las grandes eléctricas.

Pedro Fresco, experto en energía y director general de la patronal valenciana de renovables Avaesen, define el informe europeo como “una autopsia” que detalla “el 99% de lo que pasó”. La recomendación “más importante” de ese dictamen es que “las renovables tienen que ser habilitadas para poder controlar tensión” y evitar el “descontrol” de aquel aciago y soleado día de abril.

“No hubiese sucedido”

En el momento del apagón la CNMC no había aprobado aún un procedimiento de operación (el P. O. 7.4) al que dio luz verde semanas después del colapso (aunque no ha empezado a aplicarse hasta hace unas semanas), tras años de proyectos piloto para calibrar el coste de la medida. REE planteó actualizarlo en 2020, cuando las renovables empezaron a participar en el control de tensión en Portugal, que comparte mercado eléctrico con el español.

Como dice Atienza, a toro pasado “es muy fácil aprender”, pero, según Fresco, “si el procedimiento de operación 7.4 hubiera estado en el momento y las renovables hubieran controlado tensión, el apagón no hubiese sucedido”.

Un fallo regulatorio de la CNMC, una suerte de supervisor todólogo creado por el Gobierno de Mariano Rajoy (vigila energía, telecomunicaciones, transporte o Competencia) cuyo modelo apunta Pérez Arriaga, quizá no sea el más adecuado: “Yo soy partidario de que cada sector tenga su comisión reguladora”, porque “es imposible que haya un grupo de personas que entienda de todos los sectores”, dice el también ex consejero de la extinta CNSE (antecesora de la CNMC).

La CNMC ha asegurado que había “herramientas” legales para evitar el apagón, idea en la que insistió hace unos días su todavía presidenta, Cani Fernández, al negar el “vacío regulatorio” que apuntaron la víspera los responsables de Iberdrola y Endesa.

El control de tensión con renovables, explica Fresco, “ya se está viendo en la programación de ciclos combinados [centrales de gas] y en los costes de las restricciones técnicas”, con las que REE soluciona problemas puntuales de la red e incluyen la denominada operación reforzada, el colchón extra de seguridad que aplica desde el apagón (con más uso del gas) con un coste de 666 millones hasta marzo.

Esos costes, apunta Fresco, “han empezado a bajar desde que las renovables han empezado a hacer ese control”. “En horas solares, la programación de ciclos ha pasado de una horquilla de 2.000-3.000 megavatios (MW) desde el apagón a menos de 2.000 en los últimos quince días”, y “todo indica que es porque ya tenemos 4.500 MW renovables controlando tensión”.

En marzo, la CNMC publicó un informe con más de veinte recomendaciones que relacionaba la creciente volatilidad de las tensiones del sistema eléctrico español con la “rápida” descarbonización de un parque generador cada vez más complejo y distribuido y “un desarrollo más lento de la demanda eléctrica”, en un contexto de escasa interconexión y creciente penetración del autoconsumo, sobre el que REE apenas ha tenido visibilidad pese a su gran despliegue de los últimos años.

Retos que “tienen solución”

Un sistema “en el que gran parte de la generación no es síncrona” presenta retos “que afortunadamente tienen solución técnica”, apunta Atienza, que se declara “optimista” porque “una crisis así te permite dar un salto adelante” e insta a saber no solo “qué ha fallado”, sino dar “un repaso a fondo” para seguir avanzando en electrificación y descarbonización.

Impulsar la demanda y la interconexión son, apunta el exministro, desafíos “estructurales” pendientes, permitiendo nuevos accesos a una red muy saturada y reduciendo el aislamiento de la Península con el resto de Europa para seguir integrando renovables. Todo a la espera de una posible revisión del cierre nuclear progresivo pactado en 2019 con primera parada en la central de Almaraz, sobre cuya continuidad debe decidir este año el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Para el consultor energético Kim Keats, “el apagón no fue consecuencia de una falta de inercia”, como se dijo en un principio desde determinados sectores (especialmente pronucleares), “ni de un defecto inherente a las energías renovables”. “Gran parte del debate público inicial estuvo marcado por narrativas que, aunque comprensibles, resultaron ser engañosas: exceso de solar, insuficiente generación síncrona, error del operador. Estas explicaciones ofrecían claridad a costa de precisión”.

En su opinión, los informes dejan claro “que el sistema se comportó de forma coherente con su creciente complejidad: pequeñas perturbaciones interactuando con márgenes estrechos, sistemas de protección reaccionando localmente, y una cascada resultante de la interacción de múltiples respuestas individualmente racionales”.

Keats señala que el marco regulatorio, “diseñado para un sistema distinto”, “tiene dificultades para seguir el ritmo”, con un sistema eléctrico que está experimentando una transformación estructural impulsada por la descarbonización, la electrificación y el creciente peso de la electrónica de potencia que montan las plantas fotovoltaicas y eólicas. 

Para hacer frente a esa creciente complejidad y a la “dejadez” normativa que apunta Pérez Arriaga, se han sucedido medidas en estos doce meses. Tras actualizar por fin el P. O. 7.4, la CNMC aprobó en octubre cambios urgentes en tres procedimientos de operación ante nuevas variaciones bruscas de tensión como las del apagón. También se modificaron las rampas de entrada y salida de las plantas de renovables (para evitar súbitas pérdidas e incrementos de potencia en el sistema) y se propuso incrementar los topes de inversión en la red de distribución a cambio de reforzar, entre otros aspectos, el control de tensión. 

En julio, el Gobierno cambió el plan de desarrollo de la Red de Transporte para instalar por primera vez en la Península compensadores síncronos y reactancias y mejorar el control de tensión. Tras tumbar el Congreso en julio un decreto-ley de medidas urgentes, Transición Ecológica aprobó en noviembre un decreto con medidas de refuerzo del sistema. En febrero sacó a consulta un decreto para elevar la capacidad en las redes y reforzar el sistema, con medidas específicas para amortiguar las oscilaciones de potencia.

Como señala Atienza, el apagón “de repente nos coloca en la realidad de que es necesario pegar un salto de sofisticación en la operación del sistema del que todavía no hemos visto casi nada, porque el ritmo de cambio que se está produciendo desde el punto de vista tecnológico es extraordinario”.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado este viernes la incoación de otros 35 expedientes sancionadores en el marco de su investigación del histórico apagón eléctrico del 28 de abril de 2025, lo que eleva a 55 el número de expedientes abiertos.

Se trata de 34 nuevas infracciones “graves” y una “muy grave” a la agrupación de interés económico (AIE) que gestiona las nucleares de Almaraz y Trillo, por una presunta “reducción, sin autorización, de la capacidad de producción o de suministro de energía eléctrica, incluyendo el incumplimiento reiterado de las obligaciones de disponibilidad por las unidades de producción”.

Los nuevos expedientes afectan también, por infracciones “graves” de la ley eléctrica, a Iberdrola (otros 18 expedientes), Endesa (12) y la AIE que explota las nucleares de Vandellós y Ascó, en Tarragona, con otro más por “la presentación de ofertas con valores anormales o desproporcionados con el objeto de alterar indebidamente el despacho de las unidades de generación o la casación del mercado”. La nueva batería de sancionadores afecta también a otras como Engie, Totalenergies y ContourGlobal, del fondo KKR y que opera varias centrales termosolares en España y el ciclo combinado de Arrúbal, en La Rioja.

Estos expedientes se suman a los anunciados hace una semana a REE (la única en la que hasta ahora la CNMC apreciaba una infracción “muy grave”), Iberdrola, Naturgy, la propia Endesa o Repsol.

Competencia recuerda que tras el apagón “inició varios expedientes informativos con el fin de analizar las circunstancias del cero eléctrico y determinar los hechos relevantes bajo la perspectiva de la normativa sectorial eléctrica”.

“Como resultado de las investigaciones, la CNMC ha detectado diversos indicios de incumplimiento, mantenidos durante periodos prolongados de tiempo, que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico y podrían ser constitutivos de infracciones administrativas”. “Las incoaciones notificadas incluyen también la investigación de prácticas producidas en días o periodos distintos al 28 de abril de 2025, pero que constituirían igualmente indicios de posibles infracciones sectoriales detectados en el marco de la investigación del incidente”.

“No obstante, tal como se señaló en el caso de los expedientes incoados la semana pasada, los hechos objeto de estos procedimientos no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas, dado que el incidente respondió a un origen multifactorial”.

La incoación de estos expedientes no prejuzga el resultado final de la investigación. Estos procedimientos tienen una duración máxima que varía entre los nueve y los dieciocho meses en función de la gravedad de la infracción. En todo caso, los interesados podrán formular alegaciones y proponer la práctica de pruebas.

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha negado este martes en el Congreso que hubiera “un vacío normativo” en materia de control de tensión en el momento del apagón del 28 de abril de 2025, como apuntaron el lunes los ejecutivos de las dos mayores eléctricas españolas, Iberdrola y Endesa.

En la que “previsiblemente” será su última comparecencia en la Comisión de Economía en el Congreso ante la próxima expiración de su mandato en junio, Fernández ha negado también que el organismo tuviera “en un cajón” la actualización del procedimiento de control de tensión que la propia CNMC recomendó poner al día en 2019 (databa del año 2000) y que no aprobó hasta después del histórico cero peninsular, del que está a punto de cumplirse un año.

“No estuvimos en ningún momento en un vacío normativo”, ha dicho en el arranque de su comparecencia para presentar el informe anual del organismo. En la réplica a los diputados ha reconocido que “la sensación que llega es que llegamos tarde” pero ha afirmado que “la regulación se va adaptando” con “las garantías necesarias” y la legislación “tiene que garantizar en todo el momento la operación segura” del sistema eléctrica.

La víspera, también en la Cámara Baja, el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, afirmó que cuando la CNMC resuelva los expedientes sancionadores por el apagón “nos vamos a dar cuenta de que teníamos bastantes gaps regulatorios” y “había bastante vacío” en un sistema “que regulatoriamente quedó desfasado”, y el todavía consejero delegado de Endesa, José Bogas, lo resumió así: en 2020 Red Eléctrica de España (REE) “hace un informe a la CNMC hablando de la necesidad de un servicio de control de tensión”, en 2021 el operador del sistema advierte de que el sistema está “cerca de los límites” y en 2023, de que hay “riesgo de desconexión” de instalaciones por fenómenos de sobretensión. “El que tenía que haber actualizado aquello era la CNMC”, dijo Bogas.

La presidenta del organismo que vigila el funcionamiento del sector energético, las telecomunicaciones, postal, transporte, audiovisual y la libre competencia, que ha pedido una “reflexión” sobre las “crecientes” responsabilidades de este organismo, con un modelo muy poco habitual en otros países, ha insistido este martes en que en el momento del apagón había un procedimiento de operación de REE, el 7.4, que era “de obligado cumplimiento” para todos los agentes del sistema. Este, ha reiterado, tenía “herramientas” para controlar la tensión.

El organismo venía trabajando en la actualización de esa norma, que databa del año 2000 (cuando las renovables eran testimoniales) “desde antes de recibir la propuesta de REE” en 2020 y antes de ponerlo en marcha hizo un proceso de “demostración regulatorio”, ha recordado. Mientras, en Portugal (que tiene su mercado eléctrico integrado con el español) las renovables controlan tensión desde 2020.

Fernández, que ha calificado de “generosa” la retribución financiera de las distribuidoras recientemente aprobada por la CNMC pese a las quejas del sector, ha señalado que “debemos ser conscientes de la naturaleza dinámica del sistema ibérico de energía”, que “no se parece en nada al que teníamos hace cinco años” y está “en constante evolución”. Ha explicado que desde que en 2019 tiene estas competencias, el denominado 'súperregulador' ha aprobado 45 expedientes para adaptar la operativa del sistema eléctrico “y el 7.4 es uno de ellos”.

En 2025, solo en energía, ha aprobado 185 actuaciones regulatorias, con 52 informes, nueve circulares, once resoluciones de normativa europea o 43 boletines que “da una prueba del dinamismo del mercado” y “la necesidad de adaptación constante y consciente de ese marco regulatorio”.

“La CNMC actúa siempre dentro del marco de sus competencias con prudencia jurídica y rigor técnico” y su “obligación” ante un incidente de esta magnitud es “investigar con seriedad lo ocurrido y al mismo tiempo supervisar el mercado”.

Fernández, que ha afirmado que se ha producido un aumento “exponencial” del número de denuncias de ciudadanos sobre posibles vulneraciones de la libre competencia, ha señalado que los expedientes sancionadores anunciados el pasado viernes por el apagón (uno por una posible infracción “muy grave” a REE y quince a las grandes eléctricas por infracciones “graves”), es “resultado de un trabajo previo extenso y necesario” tras examinar más de 13 gigabytes de información y miles de folios, que resolverá en su caso el propio consejo de la CNMC como el Gobierno (en el caso de esa posible sanción a REE).

Ha insistido en que “el incidente respondió a un origen multifactorial” debido a una serie de sucesos que “desequilibraron” el sistema “por un proceso de sobretensión” y ha recordado que el informe de recomendaciones sobre el apagón de la CNMC abogaba por “seguir adaptando los marcos técnicos normativos y operativos en un sistema eléctrico en continua transformación”, con más renovables, mucho más autoconsumo y mayor “complejidad”, en un mercado europeo “cada vez más grande y acoplado”. También ha dado por buena la estimación de REE de un coste de 666 millones para el coste de la denominada “operación reforzada” que aplica desde el apagón, y ha subrayado que el coste de la luz es actualmente inferior al de 2023.

El auge de la energía solar frenó el aumento de la generación eléctrica global mediante combustibles fósiles en 2025. El año pasado, la generación renovable (viento, sol e hidroeléctrica) superó al carbón por primera vez en la historia y el crecimiento sin precedentes de la solar permitió a esta fuente y a la eólica cubrir el 99% del aumento de la demanda a escala mundial.

Son las principales conclusiones de la séptima edición anual del Global Electricity Review del think tank británico Ember, un análisis exhaustivo de los cambios en la generación eléctrica mundial acontecidos el año pasado.

El informe refleja que las renovables aportaron un 33,8% de la generación eléctrica mundial en 2025, superando por primera vez en la historia moderna la cuota del carbón, que fue del 33%. La generación con combustibles fósiles, que sigue siendo mayoritaria (57,4% del total, frente al 59,1% de 2024) cayó un 0,2% el año pasado, en el primer descenso desde 2020 y el quinto en lo que llevamos de siglo.

Por su parte, la generación eléctrica de bajas emisiones creció en 887 TWh, superando el aumento de la demanda de electricidad en el ejercicio, que fue de 849 TWh (un 2,8% más).

La generación solar, que en 2025 cubrió el 8,7% del consumo global de electricidad (frente al 6,9% de 2024), consolidó el papel de esta fuente como el motor dominante del cambio en el sector eléctrico global. Su crecimiento récord (de 636 TWh en un año, hasta 2.778 TWh) cubrió tres cuartas partes del aumento neto de la demanda de electricidad en 2025. El crecimiento de la generación solar (del 30% respecto a 2024) fue 18 veces mayor que el del gas, único combustible fósil que creció en 2025. Así, la generación de electricidad solar a nivel mundial ya equivale al total de la demanda de electricidad en la UE.

El informe destaca que el aumento de la generación solar en 2025 sería suficiente para sustituir la electricidad producida a partir del gas equivalente a todas las exportaciones de gas natural licuado (GNL) a través del estrecho de Ormuz el año pasado, estimadas en 550 TWh.

La solar, que se ha multiplicado por más de 10 desde 2015, ha ido duplicando aproximadamente su generación cada tres años, desde los 1.333 TWh de 2022. En 2025 superó a la eólica por primera vez a nivel mundial y se acercó a la participación de la nuclear. Y todo apunta a que tanto la generación solar como la eólica superarán a la nuclear este mismo año.

China explica gran parte de ese aumento de la solar. En 2025 el gigante asiático concentró más de la mitad del aumento en nueva capacidad instalada y en generación con esta tecnología. Con ello, la participación de la solar y la eólica de China se situó en el 22% de la generación, por encima del 20% de media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Por primera vez en este siglo, la generación con combustibles fósiles disminuyó tanto en China como en India, los mayores emisores del planeta, debido a que el despliegue de energía limpia superó el crecimiento de la demanda. India también ayudó a potenciar la electricidad limpia. El crecimiento de la generación renovable en el país duplicó su récord anterior y permitió instalar, por primera vez, más capacidad solar que Estados Unidos.

En el caso de Europa, el 61% de la electricidad en 2025 procedió de fuentes sin emisiones (renovables y nuclear), muy por encima de la media mundial (43%), con los combustibles fósiles aportando el 39% y una cuota conjunta del 21% para solar y eólica. Nueve de los diez países con mayor cuota de solar y eólica están en Europa. En el caso de la solar, en cabeza está Hungría, con el 27%, y en eólica, Dinamarca con un 58%. España es el cuarto país con mayor cuota de la solar, un 22%, empatado con Grecia.

Más baterías

El informe, que analiza los datos del sector eléctrico de 215 países, incluidos los datos más recientes de 2025 de 91 países que representan el 93% de la demanda de electricidad a nivel mundial, apunta que los costes de las baterías cayeron drásticamente por segundo año consecutivo. Si en 2024, estos se redujeron un 20%, en 2025, cayeron un 45% más. Mientras, las instalaciones de almacenamiento aumentaron un 46% hasta alcanzar aproximadamente 250 GWh. Como resultado, en 2025 el mundo incorporó suficiente capacidad de almacenamiento en baterías para desplazar el 14% de la nueva generación solar hacia otros horarios más allá de la mitad del día.

La rápida expansión de la generación solar se está produciendo con más frecuencia junto con el despliegue de almacenamiento en baterías, permitiendo un cambio de paradigma: de energía solar durante el día a energía solar a cualquier hora.

Según Aditya Lolla, director general de Ember, “la electricidad limpia está redefiniendo rápidamente los cimientos de la seguridad energética en un mundo volátil. Ya está ayudando a los países a reducir su dependencia de las importaciones y los costes de los combustibles fósiles, a la vez que satisface la creciente demanda de electricidad. El siguiente paso es modernizar las redes y los marcos regulatorios para que los sistemas eléctricos estén preparados para esta nueva realidad”.

El consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, y el consejero delegado de Endesa, José Bogas, han cuestionado este lunes en el congreso la imparcialidad del informe de los expertos europeos sobre el histórico apagón peninsular del 28 de abril de 2025.

En su comparecencia en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados sobre el apagón, Ruiz-Tagle ha hablado de “inconsistencias” del informe de los expertos de ENTSO-E publicado el pasado mes de marzo. En su opinión, el dictamen del panel de expertos del que, tal y como marca la normativa europea, formaban parte los operadores de red de España (REE) y Portugal “se equivoca en bastantes cosas”.

Por su parte, el todavía consejero delegado de Endesa ha dicho que la presencia de REE en ese informe supone “un conflicto de interés clarísimo”. Según Bogas, el informe de los expertos europeos está “bastante bien” pero “tiene carencias: hay cosas que no aborda y para mí son importantes”. El documento contiene “verdades que deberían haberse complementado” y ofrece “una visión no completa”. Bogas ha explicado que han remitido una “carta de protesta” a ENTSO-E por esas carencias que, en su opinión, tiene ese dictamen.

El informe europeo, en un reparto de culpas similar al que hizo el Gobierno con su comité específico en junio de 2025, apreció problemas técnicos, operativos y regulatorios detrás de un fallo sistémico que desencadenó el histórico cero peninsular, incluyendo incumplimientos de la generación convencional en sus obligaciones de control de tensión.

Ruiz-Tagle ha valorado la apertura de veinte expedientes sancionadores por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), anunciados el pasado viernes, porque el organismo “no está dando la razón a uno o a otro” sino “separando responsabilidades”, y ha puesto en cuestión la imparcialidad del informe que los expertos europeos presentaron en marzo. Bogas ha incidido que esa “falta muy grave” indica que REE es responsable de que “se haya caído el sistema” y que las centrales de Endesa expedientadas “no contribuyeron al apagón”.

El CEO de Iberdrola España ha afirmado por sus partes que con esos expedientes la CNMC “hace una diferencia plausible” entre quienes han podido cometer infracciones “graves” (eléctricas como la propia Iberdrola, Endesa y Naturgy, con cinco expedientes cada una) o “muy graves”, caso de Red Eléctrica de España (REE).

En su opinión, la CNMC “ha establecido la jerarquización de las penalizaciones” y “esto no va de cantidad, esto va de gravedad”. Se está “constatando una realidad: el único que con sus actuaciones ese día podía poner en riesgo la continuidad del suministro era el operador del sistema”. La posible infracción “muy grave” cometida por REE se refiere “a todas aquellas fallas que tengan relación con poner el suministro o las personas” y las graves, “con el mantenimiento de las instalaciones, que no ponen en riesgo el suministro”.

Para el ejecutivo chileno la CNMC “hace bien” en abrir esos sancionadores porque “va a llevar la discusión hacia lo técnico”. “Nos vamos a dar cuenta de que teníamos bastantes gaps regulatorios” y “había bastante vacío” en un sistema “que regulatoriamente quedó desfasado”.

Ruiz-Tagle ha abogado por la “transparencia” y ha considerado “fundamental que todas las informaciones se pongan a disposición de las partes”. “La transparencia no se mide por el nombre u ocultación de una instalación” por cuestiones de confidencialidad y “no es bueno que los audios vayan saliendo de parte o interesados”: Sería “fundamental” que se conocieran los más de 8.000 audios que REE entregó a la Policía durante la investigación de estos hechos, algunos de los cuales se han filtrado en los últimos meses a los medios, y que las eléctricas han pedido, sin éxito, a la Audiencia Nacional.

El ejecutivo chileno ha reprochado a REE, responsable de garantizar el suministro con el equilibrio constante entre oferta y demanda, no operase el sistema con “mayor prudencia”. Ha afirmado que “después de la operación reforzada [con más uso del gas] se han caído 1.000 MW en Almaraz” y el sistema lo ha soportado.

Ruiz-Tagle ha tenido un encontronazo dialéctico con el diputado de Sumar Eloi Badía, al que ha acusado de confundir “peras con manzanas” con la oscilación forzada que provocó la megaplanta fotovoltaica Núñez de Balboa media hora antes del apagón. Ha señalado que los inversores de esa planta “tienen un código más antiguo” y que “ahí no tocó nada nadie”, después de que la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, apuntase en el Senado a un “experimento” en esa planta, sin nombrarla.

El CEO de Iberdrola España ha recordado que “desde 2020” en Portugal las renovables pueden proporcionar control “dinámico” de tensión, algo que REE pidió ese mismo año a la CNMC.

Ha subrayado que el viernes se batió un nuevo récord de generación, algo más de 28.000 MW, con 4 ciclos combinados en el sur, dos en el centro y cinco nucleares, lo que muestra que se trata de una cuestión “de equilibrio”, no “de nucleares sí, renovables no”. “Yo no era partidario de cerrar las nucleares antes del apagón” y “ahora menos”. Pero España debe decidir si paga la energía de base “a 67 euros/MWh, que es lo que cuesta de verdad generar en las nucleares” o hacerlo “a 200”, con gas, si hay una crisis energética como la actual con el cierre del estrecho de Ormuz. Por su parte, Bogas ha recordado que está en contra de cerrar nucleares “hasta que tengamos alternativas”, especialmente en Catalunya, donde sería “pegarse un tiro en un pie” .

El ejecutivo de Iberdrola ha reconocido que el apagón “por supuesto” tuvo un coste reputacional para España pero “fue un fallo de operación, que no es un fallo estructural, que es corregible”, la “matriz” energética es “segura y barata” y eso “está atrayendo gran cantidad de demanda que quiere conectarse a las redes”, pero hay una “enorme falta de redes en distribución”. En su opinión, “a lo mejor” debería abandonarse el actual sistema y subastar líneas de transporte, en lugar de reservar esta actividad en monopolio a REE.

Bogas y la “mala pata” de la oscilación

Por su parte, Bogas ha señalado que en los meses previos del apagón ya hubo señales “tremendas” de problemas de sobretensión que venían de muy atrás.

Bogas ha señalado que “desde el año 2009”, cuando las renovables empiezan a tener un peso del 20% en el mix, “REE detecta que las tensiones están subiendo” y “pide subir tensión de 420 a 435” kV, algo que no logra hasta 2016, convirtiendo a España en un caso “único en Europa”.

En 2020 REE “hace un informe a la CNMC hablando de la necesidad de un servicio de control de tensión”. En 2021 dice que el sistema está “cerca de los límites” y en 2023, que hay “riesgo de desconexión”. “El que tenía que haber actualizado aquello era la CNMC”.

En su opinión, el día del apagón “tenemos la mala pata de tener una oscilación de frecuencia que no sé quién la causa”, que al corregirla hace que el sistema esté “absolutamente débil” hasta que “se cae” por “haber actuado muy al límite”. “Quiero creer que REE trataba de hacerlo lo mejor posible con el menor coste posible para el sistema. Pero estaba jugando en la cuerda floja y tuvimos la mala suerte de tener esas oscilaciones”.