El pelotazo de 533 millones de Mercasa en Angola costó 20 millones en comisiones
Un pelotazo en un país africano roto por la guerra y la corrupción. Esta historia podría protagonizarla una petrolera occidental cualquiera, pero la firma la filial de una de las principales empresas públicas del país: Mercasa, la empresa que opera los mercas de las principales ciudades españolas y que está bajo el paraguas de la SEPI y el Ministerio de Agricultura.
Mediante una empresa participada con dinero público al 50%, Mercasa logró contratos para realizar un proyecto para un mercado en la capital de Angola, Luanda. La faraónica obra (en la imagen se puede comparar lo que se prometió con lo que después se hizo) ha llegado a acumular contratos (con sus respectivos añadidos al proyecto original) por un importe de 533 millones de euros, según se desprende del auto al que ha tenido acceso este diario.
La obra a día de hoy está inacabada y el auto del juez José de la Mata (que arranca la investigación en el año 2014), revela un reguero de sobornos a funcionarios públicos, comisiones a prófugos de la justicia y sobrecostes en obra pública.
La historia arranca con la decisión de la gestora pública de los mercados españoles de iniciar una expansión internacional hace 20 años (la empresa acaba de cumplir medio siglo) con la estrategia de mezclar negocio con cooperación al desarrollo. Mercasa ha intentado en este tiempo vender proyectos para hacer grandes mercados de abastos en países empobrecidos buscando la financiación en la cooperación española o de otros organismos internacionales.
Pero las prácticas de Mercasa han escondido ciertas particularidades. Para explotar esta vía de negocio, creó una filial, Mercasa Incatema, participada al 50% por capital público y el resto con participación privada en la que se gestionaban sin ningún aparente control estos proyectos internacionales.
Según el auto, los hechos que se investigan serían constitutivos de delitos continuados de corrupción en las transacciones económicas internacionales, blanqueo de capitales y organización criminal.
La punta del iceberg de este descontrol acaba de emerger durante el sumario Lezo que desencadenó a su vez la Operación Trajano. Las dos operaciones se pusieron en marcha el mismo día por una conexión, aparentemente lejana, pero determinante: el hermano de Ignacio González, Pablo. El hermano del expresidente de la Comunidad Autónoma revelaba en sus conversaciones telefónicas las técnicas utilizadas por la empresa, no solo en África, sino también en Argentina y Venezuela. Así, una rama del caso Lezo desembocó en la causa que ya había iniciado en 2014 José de la Mata y en la que se investigaba a Mercasa por utilizar a un prófugo de la Justicia española como comisionista.
El conocido de Paesa
Se trata de Guilherme Taveira, probablemente el principal conseguidor para empresas occidentales de Angola, según operadores que trabajan en el país africano. Taveira es un viejo conocido de la Justicia española por el caso Defex. En julio de 2014, la policía registró su casa en Linda a Velha (cerca de Lisboa) donde encontró las pruebas del “pago de comisiones ilícitas a funcionarios del Comando General de la Policía Nacional de Angola” por un contrato de suministro de material policial de 12 de junio de 2008. El importe de la adjudicación fue de 153 millones de euros.
En su declaración de marzo de 2014 en Luxemburgo, Taveira reconoció que también trabajaba para Mercasa. Pese a que los hechos se dieron a conocer hace ya tres años, la empresa pública le ha mantenido todo este tiempo de conseguidor, tal y como ha reconocido ante la Audiencia Nacional.
Sin embargo, a raíz de las numerosas informaciones publicadas en los últimos meses sobre la relación de Taveira con Mercasa (especialmente por El Mundo que lo localizó en Angola cuando estaba en paradero desconocido), los ejecutivos de la empresa comenzaron a destruir pruebas. Llegaron a contratar una auditoría a un conocido despacho de abogados para saber por dónde tenían que empezar. Este hecho, junto con el arresto el pasado miércoles de Pablo González por Lezo, aceleró la operación que por ahora está repartida entre dos juzgados de instrucción.
Taveira también es conocido porque otro personaje de película, la sobrina del famoso espía Paesa, el hombre que entregó al exdirector general de la Guardia Civil, Luis Roldán, y que le ayudó a blanquear el dinero obtenido con la venta de armamento.
Cohecho
Las declaraciones de un directivo del consorcio del que forma parte Mercasa hizo saltar las alarmas y está recogida en el auto. El directivo declara que “altos funcionarios angoleños habrían recibido dinero, regalos, o viajes a Europa” por parte de Taveira señalando directamente a altos cargos del ministerio de Comercio que habían firmado los contratos con el consorcio.
Además, el directivo asegura que “existían sobreprecios en los presupuestos de los contratos adjudicados cuyo excedente era empleado para desviar fondos a terceros países (en concreto a Nueva York), y también para facilitar otras operaciones en Angola”.
El directivo apuntó además a las estrechas relaciones de Taveira con el viceministro de Finanzas y con el que fuera embajador de Angola en España. Según el auto, “resulta acreditado que una hija de este cobro 25.000 euros en Italia, en relación con el contrato investigado entre la UTE Cueto-Defex y el Comando General de Policía Nacional de Angola”.
El magistrado José de la Mata cree que los indicios acumulados ponen de manifiesto “la existencia de una estrategia concertada y ejecutada entre Taveira y determinadas personas vinculadas con el Consorcio para obtener contratos con la Administración angoleña por medio de entrega de dinero, regalos, viajes a altos funcionarios vinculados a la adjudicación y/o ejecución de los mismos. Estas dádivas eran sufragadas por medio de sobreprecios en los presupuestos presentados a la Administración angoleña”, sostiene el auto judicial.
Primer contrato
El primer fruto de esta buena relación entre Taveria y los políticos angoleños tiene lugar cuando el consorcio Mercasa-Incatema firma el 7 de noviembre de 2006 un contrato con Presild, una empresa pública angoleña dependiente del Ministerio de Comercio para realizar un mercado mayorista en la capital. Bautizado como Centro Logístico y de Distribución de Luanda (CLOD), se adjudicó con un importe inicial de casi 219 millones de dólares.
La adjudicación fue firmada por representantes del consorcio y de la empresa pública angoleña. Lo ratificó el viceministro de Finanzas, Manuel da Cruz Neto, que aparece en el auto como íntimo de Taveira. Para la entrada en vigor del contrato, además de la firma había que articular una parte de financiación por parte de la Administración española (montante que algunas fuentes conocedoras de la operación aseguran que nunca llegó). Angola ya no es país receptor de ayuda de cooperación española desde 2013. Sin embargo, las operaciones sí han sido aseguradas por otra empresa pública: CESCE.
La falta de fondos por la parte española llevó a retrasar el proyecto, que finalmente entró en vigor en octubre de 2007. Consiguió arrancar después de que Angola aportase su 15% comprometido (32 millones de dólares).
A partir de ahí, el auto señala una sucesión de contratos y añadidos que contribuyen a inflar el coste del proyecto. En una adenda se aumentó el valor de la adjudicación en 83 millones de dólares, hasta 302 millones. Los contratos siempre cuentan con la firma de María Jesús Prieto, la secretaria del consejo de Mercasa. Según fuentes de la empresa pública, “no se movía una hoja sin que ella lo supiera”. Su marido, Arturo Cortés, fue presidente de la entidad pública entre 2006 y 2008, para luego ser ella misma presidenta tres años y dejar paso a Álvaro Curiel al frente de la entidad.
Al mercado se le sumó la urbanización del área, cuatro naves, pavimentación de calles y saneamiento (esto por 23 millones de dólares), con incrementos en los precios de los contratos. A estos modificados hay que sumar un baile de sobreprecios, contratos firmados dos veces sin ratificación gubernamental y nuevas adendas.
En 2012, el hermano de Ignacio González es nombrado director de Estrategia y Operaciones y consejero del consorcio Mercasa-Incatema que opera en Angola.
A partir de 2013, la empresa pública angoleña Presild pasa a depender directamente del Ministerio de Comercio de la República de Angola y se inicia una nueva relación comercial. Se firma un nuevo contrato de obra pública por valor de 145 millones de dólares.
Según fuentes conocedoras del proyecto, el mercado, que sigue sin estar operativo, tiene importantes carencias: no dispone de agua, de electricidad, no tiene planta de tratamientos de aguas sucias ni conexión por carretera con la capital. Para paliar ese déficit de infraestructuras, se recurre a nuevas adjudicaciones.
En 2016 se firman otros ocho contratos para obras adicionales por valor de 66 millones de dólares que no han llegado a entrar en vigor. El juez De la Mata suma todo lo contratado (que no desembolsado) y encuentra que el consorcio español ha firmado compromisos con el país angoleño que superan los 533 millones de dólares en una década.
Comisión del 8,5%
Aunque las obras no avanzan ni se terminan, lo que sí circulan son las comisiones. La tarifa por cada una de estas operaciones que se lleva Taveira oscila entre el 5% y el 8,5%. Para cobrarlas, este conseguidor utiliza tres sociedades (Sonadi, Soter, Metab). Según el auto judicial, “tomando en consideración la similitud en los servicios contratados, así como que cada uno de los lotes que fue firmado por los mismos representantes por parte de CMIC [el consorcio], parecen una mera división entre varios cobradores con el fin de evitar la detección del verdadero alcance de la comisión pactada con Taveira”.
Continúa el juez: “Estos contratos sirvieron en definitiva para dar cobertura jurídica a los pagos que se realizaron a favor de Taveira. Así, entre 2007 y 2016 el consorcio transfirió a Taveira 20 millones de dólares”. A pesar de ser Taveira, según los investigadores, el destinatario de estas transferencias, “este los distribuía una vez recibidos entre sus verdaderos destinatarios finales”.
El magistrado de la Audiencia Nacional señala una de las principales incógnitas de la causa: quién cobra de verdad este dinero que percibe Taveira. El auto defiende que la distribución entre las distintas empresas de Taveira es “meramente ficticia”.
En total, las empresas se llevan siempre un 8% del monto de los contratos que luego reparten entre ellas en proporciones fijas. Luego, y según la contabilidad interna hallada en los registros practicados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, “las comisiones se reparten entre seis personas ”MC, P, P 0.5%, MF, MNJ, SGP, e INC“. Se les asigna una cantidad variable cuya suma total también asciende al final al 8,5%. Además, bajo el rótulo ”otros compromisos“ también se conceden importes a ARTPIN, IGF, DR.B y ANGPAQ.
En el auto no se adivina a quién pertenecen estas iniciales salvo en el caso de INC, que se sospecha es Incatema. Además, siempre según el magistrado De la Mata, se reproduce así el patrón de conducta de la UTE Cueto-Defex, con el contrato de suministros de material policial al Comando General de Policía de Angola.
