El Tribunal Supremo ha condenado a la Xunta de Galicia a pagar algo más de 3 millones de euros de sobrecostes a la constructora del Museo de la Cidade da Cultura. El Alto Tribunal ratifica y hace firme una sentencia previa de la Audiencia Provincial de A Coruña que en 2017 consideró que el proyecto del edificio tenía “errores”, “carecía de la necesaria definición” y “no estaba suficientemente desarrollado”, defectos que tuvo que asumir la constructora, FCC, cuantificadas por la Justicia en 2,5 millones más otro medio millón por los intereses de demora.

Aquella sentencia de 2017 fue recurrida por la Xunta ante el Tribunal Supremo, que ahora se pronuncia haciéndola firme, pero la propia auditora de la Cidade da Cultura ya consideraba en el análisis de las cuentas de aquel año como “probable” la “desestimación” del recurso del Gobierno gallego y daba por perdidos los algo más de 3 millones. Ahora, el Supremo no solo ratifica aquella sentencia previa sino que inadmite el recurso de la Xunta censurándole que lo formuló de manera incorrecta porque en vez de rebatir la argumentación que llevó a la Audiencia de A Coruña a condenarla intentó que se modificaran los hechos probados.

Si la Xunta ya daba por perdido el dinero antes de concluirse el recurso ante el Supremo, ahora el Alto Tribunal le añade también la condena a asumir los costes procesales. Un proceso que ratifica judicialmente algunos de los sobrecostes e indefiniciones que ya había detectado el Consejo de Cuentas cuando analizó el avance del proyecto del monte Gaiás en 2004, apenas tres años después de iniciarse las primeras obras. Un informe divulgado en 2007 en el que el ente fiscalizador censuró que el Gobierno de Fraga “había abdicado de sus responsabilidades en la gestión prudente y planificada de los fondos públicos”cuando proyectó un complejo cultural en el monte Gaiás por algo más de cien millones de euros en los que hoy la Xunta ya lleva gastados más de 300.

El Museo de Galicia, uno de los seis edificios proyectados por la Xunta de Fraga para la Cidade da Cultura, de los que dos quedaron a medio ejecutar, fue adjudicado en 2004 por 48 millones de euros a la constructora FCC, luego controlada por las Koplowitz y ahora por Carlos Slim. La obra la entregó en 2012, después de tres modificados, e inició una negociación con la Fundación Cidade da Cultura para la determinación de la liquidación final del contrato. Las discrepancias la llevaron a presentar un recurso y en mayo de 2016 un juzgado de primera instancia de Santiago estableció que la Xunta debía pagarle 1,8 millones como liquidación final de los trabajos, por ajustes en precios y conceptos variables, pero no atendió otra reclamación por sobrecostes. La empresa recurrió a la Audiencia de A Coruña y esta emitió sentencia en 2017, dándole la razón también en esa segunda cuestión, que ahora avala y hace firme el Supremo.

En concreto, la Fundación Cidade da Cultura, dependiente de la Xunta, deberá pagar a FCC sobrecostes por varios conceptos: 679.447,889 euros por una estructura metálica, 511.675 euros por el imafronte de vidrio o muro cortina del edificio, 885.999 euros por las “recontrataciones en las instalaciones”, 206.060,43 euros por la “recontratación de la colocación de piedra en imafrontes y cubierta” y 261.640 euros por “trabajos de desarrollo asumidos por el contratista”. Unos sobrecostes debidos, según la justicia, la “que el proyecto carecía de la necesaria definición, que no estaba suficientemente desarrollado y esta función la fue asumiendo FCC”. La Justicia también considera “evidentes” las “deficiencias y errores del proyecto de ejecución”.

En el caso del sobrecoste por la colocación de la piedra en el imafronte y en la cubierta, la Audiencia estableció en su momento que “se produjeron retrasos no imputables a la constructora, toda vez que su única causa fue la falta de suministro de piedra, siendo esa un deber que competía a la Fundación”. Esa falta de suministro se debió a la incapacidad de la cantera elegida por la Xunta de Galicia, propiedad del entonces alcalde del PP en Ortigueira, Antonio Campo Fernández, que en 2017 entró en concurso.

Los sobrecostes ahora sentenciados en firme por el Supremo en el caso del Museo de Galicia son solo una pequeña parte del progresivo incremento del coste total del complejo del monte Gaiás ideado por Fraga hace dos décadas y que ya lleva consumidos más de 300 millones de euros, el triple del previsto inicialmente, cifra que aún va a seguir aumentando.

En 2007 el Consejo de Cuentas, el ente independiente fiscalizador de las cuentas públicas, hacía público un duro informe referente a la situación del proyecto tres años antes, cuando solo llevaba tres años en obras. Para entonces ya había detectado desviaciones de plazos de más de media década y sobrecostes medios del 200%, que en algún área llegaban al 500%. Fue en ese informe en el que el Consejo de Cuentas consideró que la Administración de Fraga “había abdicado de sus responsabilidades en la gestión prudente y planificada de los fondos públicos”.

Un día después de divulgarse la condena de un juzgado de Pontevedra a Audasa, concesionaria de la AP-9, principal autopista gallega, a devolver a los usuarios los peajes cobrados durante los atascos, el Poder Judicial hizo pública otra sentencia, del Tribunal Supremo, que anula la decisión tomada en julio de 2017 por el Gobierno de Rajoy de reducir a la mitad, de alrededor de 12 a 6 millones de euros, la compensación que paga cada año a la concesionaria por liberar de peaje los tramos de Rande y A Barcala de acceso a Vigo y A Coruña respectivamente. El alto tribunal condena al Estado a indemnizar a Audasa por el dinero que ha dejado de recibir en este tiempo más los intereses.

En julio de 2017 el Ministerio de Fomento, entonces encabezado por Íñigo de la Serna, redujo a la mitad de manera unilateral la compensación que a medias con la Xunta venía pagando a Audasa por la supresión de los peajes en los tramos Vigo-O Morrazo y A Coruña-A Barcala decidida en 2006 por el PSOE. Uno de los argumentos que esgrimía el ministerio era que esa supresión había provocado un efecto llamada, un aumento del tráfico en esos tramos muy superior al experimentado en el resto de la AP-9, y que eso, aplicado al pago por parte de las administraciones por cada vehículo que circula por esos tramos, le estaba suponiendo a la concesionaria un “enriquecimiento injusto” a cargo de las arcas públicas que habían asumido esos peajes liberados.

El Supremo reconoce a la Administración la posibilidad de modificar unilateralmente las condiciones de una concesión, pero sólo si no altera las “condiciones esenciales” de ésta. El alto tribunal reprocha en este caso a Fomento que “se haga depender la retribución compensatoria de elementos extraños al sistema inicialmente determinado”, que era el del pago de una tarifa por cada vehículo que circulase por los tramos en cuestión, con independencia del aumento o no del tráfico en otros tramos de la autopista.

Aquella decisión de Fomento de variar la fórmula de cálculo de la compensación permitió no solo reducir a la mitad ese coste sino también que el ministerio decidiese pasar a asumir en solitario el pago, eximiendo de su mitad a la Xunta, cuestión que fue presentada como un logro por el presidente Feijóo. Ahora la sentencia del Supremo anula aquella decisión de Fomento y obliga a la Administración General del Estado a compensar a Audasa por lo que dejó de cobrar “sin perjuicio del derecho que pueda asistirle frente a la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia a consecuencia de los efectos que puedan derivarse de los compromisos acordados en el año 2006”, cuando las dos administraciones decidieron pagar a medias esa supresión de los peajes. Un pago a medias para el que la Xunta consignó durante años 200 millones menos de lo necesario para asumir su parte del compromiso hasta el final de la concesión en 2048.

La decisión de reducir la compensación a Audasa tomada en 2017 por Fomento contó con el aval del Consejo de Estado, presidido por José Manuel Romay Beccaría. En su informe, esa institución reflejó que durante las negociaciones previas entre Fomento y Audasa la concesionaria propuso, ante las quejas del ministerio, “que se restableciera el peaje”.

Audasa, concesionaria de la AP-9, la principal autopista gallega, que une Ferrol y la frontera portuguesa atravesando las zonas más pobladas de la comunidad, tendrá que devolver los peajes que cobró durante las obras de ampliación de carriles del Puente de Rande, próximo a Vigo, en 81 momentos concretos en los que el tráfico se vio afectado entre el 4 de febrero de 2015 y el 30 de mayo de 2018. Así lo acaba de establecer el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra, que acoge parcialmente la demanda contra la concesionaria de la AP-9 interpuesta por la Fiscalía, a la que se adhirieron las asociaciones Adicae y En Colectivo, así como particulares. Los demandantes consideran “histórica” la sentencia, que no es firme y puede ser recurrida.

La sentencia también obliga a la concesionaria a cesar en el futuro en esa “práctica abusiva” cuando se produzcan en la vía incidentes que la DGT califique con los colores negro (carretera cortada), rojo (circulación difícil, muy lenta con paradas frecuentes y prolongadas) o amarilla (circulación irregular, lenta con paradas esporádicas) “siempre que a dichos usuarios no se les facilitara información sobre el estado de la vía” que les permita elegir otro itinerario distinto al peaje. Eso es lo que la sentencia considera que pasó en esos 81 momentos que certifica y que dan derecho a los usuarios que se vieron atrapados en la vía a ser compensados por Audasa.

Ahora cualquier usuario particular, no sólo los que se adhirieron a la demanda, podrá solicitar ser reconocido como beneficiario de la condena. Para eso deberán acreditar que circularon en esas fechas por esos tramos afectados de la AP-9 y las cantidades concretas abonadas por peajes.

El juez considera “indiferente” que los incidentes fueran motivados directamente por las obras o por otras circunstancias, tales como accidentes, vehículos averiados, incendios o desprendimientos de tierras. “Lo relevante no es la causa, sino el hecho de cobrar un precio a un consumidor que no recibió la prestación del servicio y al que no se le proporcionó la información necesaria para que pudiera tomar su decisión”, subraya. El titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra recalca que “no consta de ninguna forma que hubiera alguna causa de fuerza mayor que impidiera a Audasa informar a los conductores con la suficiencia y antelación oportunas” con los diversos paneles informativos de los que dispone.

El juzgado también desmonta el argumento de Audasa de que los usuarios sabían que en Rande había obras. La sentencia dice que una cosa es saber que las obras pueden demorar uno o dos minutos los viajes y otra que en varias ocasiones el tráfico quedara cortado por completo. Además, frente al argumento de que los usuarios podían informarse del estado del tráfico en la web de la DGT, la sentencia recuerda que está prohibido conducir y consultar el móvil a la vez, mientras que la propia AP-9 cuenta con paneles informativos en los que no se informaba a los usuarios sobre su estado.

Por el contrario, el juzgado decretó que “no resulta procedente” la demanda de la Fiscalía de establecer los criterios que debe seguir Audasa para garantizar el cese de las prácticas abusivas ni la exigencia de que la entidad presente al Juzgado un criterio de eliminación del precio del peaje en determinados casos. “No le corresponde a este juzgado regular las condiciones de la prestación del servicio de autopista por parte de una entidad concesionaria de una obra pública”, recalca el juez.

El magistrado también descartó considerar los hechos como un daño o perjuicio que merezca una compensación superior a la restitución del precio abonado en concepto de peaje “el hecho de tardar 10 minutos más de lo habitual en cubrir los tramos afectados por los 81 incidentes mencionados”. No resultó acreditado, según la sentencia, que los incidentes causaran demoras superiores a 17 minutos.

Durante la causa judicial, la Fiscalía afeó que el entonces presidente, Mariano Rajoy, inaugurara la ampliación de Rande el 30 de diciembre de 2017 a pesar de que “continuaron realizándose trabajos en la calzada”. Ahora la sentencia contabiliza hasta 13 ocasiones posteriores a aquella fecha en las que el tráfico resultó afectado.

En la causa, la Abogacía del Estado se puso del lado de Audasa señalando que el contrato concesional no obligaba a la empresa a dejar de cobrar los peajes, postura que evidenció el miedo a que una sentencia contraria como la ahora emitida haga que la concesionaria reclame posteriormente al Ministerio de Transportes o que similares demandas se puedan interponer contra autopistas de toda España.

Estos son los 81 incidentes recogidos en la sentencia que dan derecho a reclamar a Audasa:

Frente a la estrategia de “confrontación” de Feijóo y el PP con el Gobierno central socialista, “diálogo”. Esa es la receta que ofrecieron este domingo en Santiago los líderes de PSOE y PSdeG, Pedro Sánchez y Gonzalo Caballero, en el mitin de lanzamiento de la precampaña de las elecciones gallegas. Un acto en el que el presidente socialista rechazó “ninguna lección de la derecha sobre el compromiso constitucionalista”. “A ese tripartito del apocalipsis”, dijo en referencia a PP, Ciudadanos y Vox, “le digo que si no quieren arrimar el hombro, que no sean un obstáculo para el avance”.

El mitin de Santiago, el primer gran acto del PSdeG de cara al 5A, celebrado ante algo más de un millar de personas, principalmente cargos y militantes, en el acristalado recibidor de entrada al pabellón de deportes del Sar, presentó a Caballero sentado entre el expresidente socialista de la Xunta Emilio Pérez Touriño y Pedro Sánchez. El propio Sánchez recordó su trabajo como asesor durante la campaña de 2005 que llevó a Touriño al Gobierno gallego, “una de las campañas más bonitas, que más disfruté, que más ilusión tuvimos”. Al mismo “cambio” que hace cinco lustros, y al logrado también en el Gobierno central, apelaron este domingo Sánchez y Caballero, evidenciando que en esta ocasión como entonces, con el PSOE en La Moncloa, el candidato del PSdeG cuenta con el apoyo de Ferraz.

Con la Xunta en guerra con ese Gobierno central en varios frentes (pagos pendientes del IVA, plazos del AVE gallego, políticas industriales), Caballero ofreció diálogo. Frente a la confrontación partidista que atribuye a Feijóo, el socialista gallego reclama en esta campaña “confrontación de proyectos”. “Feijóo quiere pasar por la campaña electoral de puntillas, intentando que no haya confrontación de los dos proyectos”, dijo, para hacer un “llamamiento a todos los militantes” -“si hay alta participación, el proceso de cambio es imparable en Galicia”, dijo- a que expliquen lo que quiere hacer el PSdeG en las áreas prioritarias que fijó: empleo, despoblación y abandono rural y políticas sociales.

“Feijóo quiere hacernos creer que Galicia tuvo una década prodigiosa después de once años de abandono del medio rural, en los que tenemos menos empleo, en los que los recortes en las políticas sociales abandonaron a la ciudadanía gallega, de abandono del escenario urbano, de abandonar a la gente joven que quiere vivir en el país”, enumeró, para describir lo que calificó como “la peor década de la etapa democrática en Galicia”. Unos años en los que “cuando Galicia más sufría, Feijóo cerró la Xunta a los gallegos”, dijo, para destacar que “todos conocemos a personas abandonadas por la Xunta, en nuestras familias, en nuestro entorno”.

El propio Caballero recordó sus orígenes como militante socialista de base, “a veces el más díscolo de la base, pero siempre con lealtad, siempre comprometido”. “Para ser secretario general del PSdeG tuve que superar muchas trabas durante veinte años”, dijo, para destacar especialmente sus últimos “dos años dedicado íntegramente al partido”, momento en el que se emocionó y lanzó un recuerdo a sus hijos, especialmente “a uno que tiene una diversidad funcional”.

Caballero se presentó como “un hombre del PSdeG-PSOE, y lo digo con orgullo, yo no escondo las siglas”, lo que permitió a Sánchez a continuación criticar que “la política de Feijóo es la política escondida del PP”, del que se distancia y no quiere mostrar unas siglas que según el socialista significan “corrupción”. Al igual que, destacó Sánchez, el presidente gallego no quiere que se vean sus fotos con los exdirectivos de Pemex investigados por corrupción o en la manifestación de las tres derechas en la plaza de Colón de Madrid. “Frente a políticos que esconden, a mí me gustan los políticos que dan la cara”, añadió Sánchez, para quien “la bandera de Galicia y la bandera del PSdeG-PSOE la ondea como nadie Gonzalo Caballero”.

En su intervención, con el conflicto catalán de fondo, Sánchez también apeló al diálogo territorial frente a la confrontación. En el caso gallego, ante las críticas de la Xunta, Sánchez garantizó el “compromiso del Gobierno de España por defender la industria gallega, el sector lácteo, que el AVE llegue a Galicia el próximo año, que el Gobierno de España se va a volcar con el Xacobeo”. Y, en el caso catalán, el presidente rechazó “ninguna lección de la derecha sobre el compromiso constitucionalista”.

El mensaje de Sánchez a la derecha fue que “si quieren crispar, que crispen, nosotros a lo nuestro, que es hacer avanzar a Galicia” y al resto de España, tarea en la que está trabajando un Gobierno de coalición con Unidas Podemos que “funciona a pleno rendimiento y entendimiento”, aseguró. Sánchez finalizó su intervención asegurando que “el 5 de abril va a llegar la ola del cambio en Galicia, y tenemos el partido, el proyecto y el mejor de los candidatos para liderarlo”.

Abel Caballero y Sánchez Bugallo

Antes de las intervenciones de Sánchez y del candidato del PSdeG, el perfil más personal de Gonzalo Caballero lo hizo su tío, Abel, el alcalde de Vigo, quien dijo de él que es “un hombre formado, capaz, que estudió en tantos lugares, pero que también tiene esa veta política que le permite conectar con todos los sectores sociales” porque, destacó, “nuestro proyecto nace de la base, de la gente en la calle, de ahí salimos nosotros”. Su sobrino, con el que estuvo enfrentado a nivel interno en el PSdeG, es en estas elecciones “la esperanza de Galicia” frente a un Feijóo al que “se le puso cara de perdedor, y se le nota su inseguridad en lo que está diciendo”. “El 5 de abril, a las doce de la noche, serás el presidente del gobierno de Galicia”, sentenció Abel Caballero.

Antes de Abel Caballero, el mitin lo abrió el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, quien lamentó que la década de gobierno de Feijóo deja “un país empequeñecido”. Sobre los comicios, el regidor destacó que en los cuatro últimos, celebrados en el último año, “Galicia, como nunca, votó progresista, nunca con una diferencia tan enorme como en estas cuatro ocasiones”.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra ha condenado a la Xunta, en una sentencia del pasado 7 de febrero, a devolver a su legítimo propietario un terreno de 15.376 metros cuadrados del que se apropió durante las obras de construcción de la Autovía do Morrazo, en la orilla norte de la Ría de Vigo, reponer la parcela a su estado originario, lo que costará unos dos millones de euros, e indemnizarle con 47.391,40 euros por cortar los árboles que allí había. La sentencia señala que la Xunta no expropió legalmente el terreno y que se “apropió” de él durante las obras para acabar convirtiéndolo en una escombrera no por ninguna modificación del proyecto de la autovía, sino por “la conveniencia de liberar a la empresa constructora de la costosa carga de transportar hasta un lugar autorizado las tierras y escombros sobrantes de la obra”, procedimiento con el que el Gobierno gallego cometió desviación de poder.

Según la sentencia, la Xunta se apropió por “vía de hecho” del terreno de más de 15.000 metros cuadrados, situado en el municipio de Moaña, al ejecutar las obras de desdoblamiento del anterior Corredor do Morrazo para su conversión en la Autovía do Morrazo, inaugurada en junio de 2019, ocho años después de la primera licitación. La construcción de ese último tramo de la autovía en el que está situado el terreno del que se apropió la Xunta fue adjudicada a una unión temporal de empresas (UTE) formada por las constructoras Covsa y Taboada y Ramos, esta última de un empresario afín al PP.

Según la sentencia, el Gobierno gallego incurrió en una “omisión total y absoluta del procedimiento establecido”. “En el marco de una expropiación urgente, la apropiación por la Administración de una superficie de suelo no recogida en el acta previa a la ocupación y por la que no se abonó el preceptivo depósito previo, ni se expidió siquiera acta de ocupación, constituye, sin duda, una vía de hecho, una actuación material sin título jurídico”, señala la sentencia. Además, el juez recalca que en las expropiaciones urgentes “los trámites de acta previa, depósito previo y acta de ocupación son esenciales”, pues sin ellos “no se puede ocupar el terreno que se pretende expropiar”.

“Para la adquisición y ocupación material de suelo por la Administración mediante título de expropiación forzosa debe tramitarse previamente un procedimiento administrativo”, destaca el juez, al tiempo que subraya que en ese documento “deben cumplirse los presupuestos formales para la declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación de los bienes afectados”. En este caso, según la sentencia, “no se expuso al público la nueva relación de bienes afectados, ni el interesado fue notificado con un trámite de audiencia”, entre otros procedimientos administrativos no realizados por la Xunta como debiera.

Ni durante el proceso judicial emprendido por el propietario ni durante el juicio la Xunta intentó defenderse, según refleja ahora la sentencia. En ella, el juzgado condena a la Xunta a devolverle el terreno al propietario, eliminando los rellenos y escombros depositados en él. El perito judicial valoró el coste de esa reposición en casi dos millones de euros. Además, la Administración deberá indemnizar al demandante con 47.391 euros por los árboles que fueron cortados.

Durante la construcción de los primeros tramos de la misma Autovía do Morrazo, la Xunta ya había decidido modificar sus previsiones iniciales de que las obras se pudiesen compaginar con la circulación de vehículos por el Corredor originario para así agilizar y facilitar los trabajos de las constructoras. Esa decisión de cortar el tráfico para facilitar los trabajos había sido criticada unos años antes por el PP cuando la tomó el anterior Gobierno bipartito de la Xunta durante la ejecución de la Autovía do Salnés asegurando que suponía hacer un favor a las constructoras.

“Si tengo que comparecer por eso, sería una falta de respeto al Parlamento de Galicia”. Así ha rechazado este jueves Alberto Núñez Feijóo comparecer en el Parlamento de Galicia, como había pedido unánimemente y por vía urgente toda la oposición, para dar explicaciones sobre sus gestiones para el desembarco de la petrolera Pemex en Galicia, operación que está siendo investigada por varias instituciones mexicanas, entre ellas la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas y la propia petrolera.

En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta de este jueves, Feijóo ha sido cuestionado por las investigaciones sobre Pemex por hasta cuatro medios de comunicación distintos, a los que Feijóo ha respondido considerando el caso “una cuestión más de la campaña electoral”. El presidente gallego y candidato a la reelección por el PP ha vuelto a negar que el exdirector de Pemex Emilio Lozoya, detenido hace una semana en Málaga, participara en los acuerdos con la Xunta, que atribuyó a su antecesor. Ha negado también que esté siendo investigado por los negocios de la petrolera en Galicia. Según Feijóo, Lozoya está “llamado a la justicia por una cuestión de Brasil”.

Pero esa “cuestión”, el caso Odebrecht, la mayor trama de corrupción del continente americano, es solo una de las investigaciones que Lozoya tiene abiertas en México. También está en cuestión la compra de Barreras por parte de Pemex, ya bajo su mandato, cuando la Xunta y el propio Feijóo presentaron la operación como fruto de sus propias gestiones. Ese hecho le fue recordado este jueves a Feijóo, que lo obvió.

Si en la primera pregunta que se le formuló sobre la petición de comparecencia en el Parlamento registrada por la oposición el presidente respondió atribuyéndola a la campaña electoral, en la segunda pregunta insistiendo sobre si va a ir a la Cámara o no fue cuando consideró que eso sería “una falta de respeto”. Ante su negativa a reconocer que el propio Gobierno gallego publicitó sus negociaciones con Lozoya, Feijóo fue cuestionado directamente sobre si conoce a esa persona.

“Cada vez que hablo con un directivo o un dirigente de un país que pueda tener problemas con la justicia, ¿el responsable son yo?”, dijo. “¿De verdad la gente cree que esto puede tener alguna relevancia?”, concluyó.

El hecho es que, tal y como han confirmado a Praza.gal fuentes conocedoras del proceso abierto en México, son hasta cuatro los organismos que investigan en la actualidad la compra por parte de Pemex del astillero vigués Barreras: la propia petrolera estatal, la Unidad de Inteligencia Financiera (equivalente a la UDEF en España), la Secretaría de la Función Pública ( SFP) del Gobierno de México y la Fiscalía General de la República, que ya había advertido hace días de que las pesquisas sobre Lozoya incluían los negocios que impulsó en Galicia durante su etapa en la empresa de hidrocarburos. El propio fiscal general ha señalado al ahora encarcelado como “símbolo” de la corrupción del Gobierno de Enrique Peña Nieto, anterior presidente del país.

Menos de dos meses después de anunciar que abandonaba la política, Beatriz Mato ya ha encontrado cargo empresarial. La ex-edil coruñesa, ex-líder del PP coruñés y ex-conselleira en varios gobiernos de Núñez Feijóo se incorporará a la compañía energética Greenalia para ocupar un puesto de nueva creación, el de directora de Desarrollo Corporativo y Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

Tal y como ha confirmado la propia empresa de renovables en un comunicado, la ex conselleira de Medio Ambiente se incorpora a la compañía que en pocas semanas inaugurará su planta de biomasa de Curtis, una de las más grandes del Estado y uno de sus grandes proyectos, tras tramitar sus permisos y autorizaciones durante la etapa en la que Mato dirigía la Consellería. 

Greenalia destaca que la labor de Beatriz Mato será “la puesta en marcha de la estrategia de responsabilidad social corporativa de la empresa” con la que la “quiere dar un paso más en la responsabilidad e implicación con su entorno, tanto en el ámbito social y ambiental como de bueno gobierno corporativo”.

La ex portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña será también “la responsable de la creación y de la dirección de la nueva Fundación Greenalia” que, según la empresa, se encargará del “apoyo a la transición energética, la inclusión y la igualdad”. Esta nueva entidad, que pasará a dirigir Mato, se pondrá en funcionamiento en este primero semestre de 2020.

Beatriz Mato, conselleira de Medio Ambiente entre 2015 y 2018, y después de ocupar la cartera de Trabajo también en la Xunta, dejó la política el pasado mes de diciembre después de que su fuerte apuesta por la alcaldía de A Coruña fracasara al no lograr superar la amplia mayoría progresista de la ciudad en las últimas elecciones locales.

Menos de dos meses después de anunciar que dejaba el palacio municipal de María Pita, Beatriz Mato ficha por Greenalia, cuya sede está situada prácticamente frente a este, en la misma plaza del centro de A Coruña.

La Xunta amplió el límite para las plantas de biomasa

La empresa energética está a tan solo unas semanas de inaugurar uno de sus grandes proyectos en Galicia, la planta de biomasa de 50 megavatios en la localidad de Curtis. La iniciativa surgió con polémica después de que en diciembre de 2016 la Xunta ampliara, en la ley de acompañamiento de los Presupuestos, de 10 a 50 MW el límite de estas plantas de biomasa.

Tan solo tres meses después, en marzo de 2017, Greenalia pide autorización ambiental para una planta en Curtis con una potencia prevista de 49,913 MW. En julio de ese mismo año, la directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático, María Cruz Ferreira, nombrada por la entonces conselleira Mato en noviembre de 2016, firma el informe de impacto ambiental favorable.

Un verano después, en septiembre de 2018, la política coruñesa dejó la Consellería de Medio Ambiente para centrarse en la candidatura municipal a la alcaldía en su ciudad. En las elecciones de mayo, a pesar de liderar la lista más votada, no consigue su objetivo de llegar a la alcaldía y en diciembre deja la política. Ahora, Greenalia anuncia que tendrá un cargo en su empresa y que dirigirá su fundación.

En la Ley 1/2016 de transparencia y buen gobierno se aclara, respecto de las limitaciones al ejercicio de actividades posteriores al cese de un cargo político que, durante los dos años siguientes a la fecha de este, los altos cargos “no podrán realizar actividades ni prestar servicios en entidades privadas relacionadas con expedientes sobre los cuales dictaran resolución en el ejercicio del cargo”. Beatriz Mato, a pesar de ser conselleira, no firmó ninguna de las resoluciones citadas anteriormente.

El portavoz del BNG en A Coruña, Francisco Jorquera, adelanta ya que su formación va a investigar si la ex conselleira “incurre o no en uno de los supuestos de incompatibilidades previstos por la ley”. “Parece como si Bea Mato hubiera utilizado el Ayuntamiento para intentar evitar una imagen de puerta giratoria”, dijo.

Desde Común da Esquerda o Marea Atlántica también se ha criticado lo que consideran otro caso de “puerta giratoria” evidente. 

En el mismo hotel en el que hace 20 meses Feijóo renunció a intentar suceder a Mariano Rajoy al frente del maltrecho PP estatal, a los pies de la catedral de Santiago, este martes el presidente de la Xunta ha anunciado que aspirará a repetir en el cargo otros cuatro años más, lo que lo igualaría a Manuel Fraga. Tanto su partido como la oposición ya daban por hecho que así sería, pero el propio Feijóo insistió en demorar los plazos para confirmarlo, hasta el punto de que el adelanto electoral para el 5 de abril decidido en Euskadi al que se sumó en la tarde de este lunes dejó durante varias horas al PP gallego con unos comicios convocados y sin candidato oficial, que ya tienen PSdeG y BNG. Los focos, nuevamente, puestos en él.

Hace ahora 20 meses, cuando Feijóo anunció entre lágrimas y con unas cuantas televisiones emitiendo en directo que no aspiraría a suceder a Mariano Rajoy en la lucha interna que acabó haciendo ganador a Pablo Casado frente a Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría, su decisión fue acogida con euforia por los suyos en Galicia, que confían en que es el único que puede mantener el poder popular en la Xunta. Este martes, en el mismo hotel, pero en vez de en el jardín en el que comunicó que no iría a Madrid, en la sala interior en la que ya había anunciado en 2016 que se volvía a presentar a las gallegas por tercera vez, o en la que en 2005 presentó su candidatura para suceder a Fraga al frente del PP gallego, Feijóo aseguró que como en esas ocasiones anteriores “lo invariable es mi compromiso político y personal con Galicia”. “Se meu partido quere, eu quero ser candidato á presidencia da Xunta; si los gallegos y las gallegas quieren, yo seré él presidente de todos los gallegos y todas las gallegas sin excepción”, dijo, empleando primero el gallego y después el castellano.

Recibido con un largo aplauso por los suyos mientras sonaba a todo volumen la canción “People have the power” de Patti Smith, Feijóo hizo repaso a medidas de sus gobiernos y aseguró que “Galicia está mejor que en 2009”. Fue un discurso, bajo una imagen de la Anunciación, en el que retrasó hasta el final lo que todos los presentes ya daban por descontado, el anuncio de que se vuelve a presentar a las elecciones que realizó nuevamente emocionado, como hace 20 meses. Un discurso que finalizó con el “Galicia es todo” que ya empleó en los pasados mensajes de fin de año tanto como presidente de la Xunta como líder del PP gallego con los que lanzó la precampaña que ahora se acelerará.

Si Feijóo logra otra mayoría absoluta el 5 de abril, sumadas a las de 2009, 2012 y 2016, igualaría las cuatro que obtuvo Fraga en 1989, 1993, 1997 y 2001, antes de ganar nuevamente las elecciones de 2005 quedando a un escaño de la mayoría absoluta. Fue a la mitad de aquel último mandato del vilalbés, después del hundimiento del Prestige, cuando Feijóo volvió a Galicia como conselleiro tras ocho años como alto cargo de los gobiernos de Aznar. Ya no volvería a marcharse a la política estatal, pero alentaría en varias ocasiones esa posibilidad, la más clara hace ahora 20 meses.

Aquella negativa a intentar suceder a Rajoy, en el mismo lugar en el que este martes se propuso igualar a Fraga, se produjo en plena crisis estatal del PP tras la sentencia condenatoria del caso Gürtel y al tiempo que en los medios de comunicación y los debates políticos madrileños se volvía a hablar del coste que en aquella plaza podría tener la amistad de Feijóo en los años 90 con Marcial Dorado, ya entonces conocido contrabandista y condenado posteriormente por narcotráfico. Ahora, en clave de partido, una cuarta mayoría absoluta de Feijóo volvería a reforzar su figura de principal barón popular mientras que una derrota acabaría afectando también a la dirección estatal de Pablo Casado. Por el contrario, la cuestión de la amistad con Dorado parece amortizada después de que, una vez revelada aquella relación en 2013 por El País, Feijóo fuese capaz de obtener igualmente mayoría absoluta en 2016.

Una victoria la última lograda con 41 diputados, tres más que los 38 que garantizan la mayoría absoluta pero dos menos que los 43 del récord alcanzado por Fraga en 1993. A diferencia de hace cuatro años, algunos de los entonces presuntos casos de corrupción del PP comenzaron a confirmarse en este tiempo, a nivel estatal con la condena de la trama Gürtel en mayo de 2018 y a nivel gallego con la condena del caso Campeón en noviembre de 2017. Por el contrario, en mayo de 2017 se archivaba la imputación por prevaricación y cohecho que pesaba sobre el líder de la Diputación y del PP ourensanos, Manuel Baltar, lo que no le había impedido ser en las últimas autonómicas, con 9 de los 14 diputados que se eligen en esa provincia, uno más que cuatro años antes, uno de los principales sustentos de la victoria de Feijóo, como su padre lo fue de las de Fraga.

Hace pocas semanas que Baltar aún hizo ver que el PP de Ourense va por libre mostrando su rechazo al cierre del paritorio de Verín, una demostración de independencia que se produce a pesar de que hace un año los populares ourensanos vieron como su poder se debilitaba por el ascenso de la Democracia Ourensana de Gonzalo Pérez Jácome con la que cogobiernan la capital provincial. Jácome llegó a amenazar incluso con la posibilidad de presentarse a las autonómicas para intentar superar el 5% del voto provincial que da acceso a escaño, pero esta misma semana, a las puertas del adelanto de los comicios, Baltar abría la posibilidad de integrar en sus listas a dirigentes de Democracia Ourensana. Y este martes, Jácome avanzaba que piensa votar a Feijóo. La maquinaria electoral del PP ya está en marcha.

Incógnita despejada. El electorado gallego estará llamado a renovar la composición de su Parlamento el próximo 5 de abril, según ha podido confirmar Praza.gal. Como en las dos anteriores ocasiones en las que le correspondió la responsabilidad de convocar los comicios, Alberto Núñez Feijóo acaba de secundar la fecha elegida por el lehendakari del Gobierno vasco y da por agotada la legislatura unos meses antes de lo previsto para coincidir en el 5A y pocas semanas después de que el PP gallego insistiese en que su intención pasaba por llegar al final del mandato, que terminaría en septiembre.

Con la cuestión de su cuarta candidatura a la Xunta todavía por despejar -si bien todos los mensajes que ha lanzado en las últimas semanas en clave interna y externa apuntan a que repetirá-, Feijóo lanza definitivamente una carrera electoral en la que el PP tiene el reto de retener el Gobierno. O, lo que es lo mismo, de mantener una hegemonía que en este 2020 supondría un fenómeno todavía más inédito en el contexto estatal del que ya lo fue en 2016.

Tras una segunda mitad de la legislatura marcada por el cambio de color político en el Gobierno de España y el fuerte declive del PP a nivel estatal, erosionado primero por Ciudadanos y después por la extrema derecha de Vox, el PP aspira a mantenerse en unos niveles de voto en elecciones gallegas que no han bajado del 45% desde hace tres décadas, cuando en la primera victoria de Manuel Fraga su ajustada mayoría absoluta llegó tras sumar un 44% de los sufragios.

Entre los múltiples interrogantes que se abren ahora destaca la vinculada a conocer si la fragmentación de la derecha que ha caracterizado los últimos comicios generales llega también a los gallegos. No en vano, la pérdida de apoyo ciudadano que el PPdeG ha padecido en las citas electorales de 2019 ha tenido mucho que ver con el trasvase de sufragios a Ciudadanos y Vox, aunque la formación entonces liderada por Albert Rivera perdiera en noviembre los dos escaños en el Congreso que logró en abril por A Coruña y Pontevedra y el partido de la extrema derecha no llegara a obtener representación.

Las formaciones de la izquierda, por su parte, aspiran otra vez a que el PP pierda la mayoría absoluta y ahora lo hacen con una prevención añadida: que esa eventual bajada del umbral de los 38 escaños no se vea compensada con la llegada de un socio por la derecha, Vox, que pudiera sustentar un nuevo Gobierno de los populares pero con un giro más conservador.

En lo que va de siglo, la mayoría de la izquierda en el legislativo gallego sólo se ha producido en una ocasión y por la mínima, cuando en 2005 el PP de Manuel Fraga bajó de los 41 escaños logrados en el 2001 hasta quedarse en 37, dando lugar al pacto de Gobierno de PSdeG y BNG. Cuando el Ejecutivo de coalición pasó por las urnas en 2009, el PP logró arrebatarle un escaño al Bloque en la provincia de A Coruña y esos 38 escaños eligieron presidente a Feijóo, que en 2012 y 2016 regresó a los 41 escaños de Fraga en el 2001 mientras las bancadas de la izquierda experimentaban sucesivas recomposiciones, pero sin aumentar su representación.

La investigación que tiene en marcha la UE sobre la ayuda de 20,7 millones de euros que el Gobierno de Mariano Rajoy concedió a la fábrica viguesa de Peugeot-Citroën (PCAE Vigo), pendiente de ser revisada por la Comisión Europea, revela que ésta tiene dudas de la contribución al desarrollo de Galicia de los proyectos de inversión de la empresa a los que iba destinada la subvención. En ese ámbito los datos de la investigación ahora revelados por la propia Comisión ponen el foco entre otras cuestiones en la ausencia de creación de empleo con esas inversiones. “La Comisión observa que no existe ninguna obligación de crear nuevos puestos de trabajo”, dice de manera expresa el Ejecutivo comunitario.

La carta dirigida por la Comisión al Gobierno de España el pasado julio con los principales elementos de su investigación, ahora hecha pública en el Diario Oficial de la Unión Europea para recibir alegaciones, señala que durante el proceso de justificación de la subvención el Ejecutivo de Rajoy le remitió el denominado “proyecto de acto de concesión de la ayuda”, documento del que dice que “no fue firmado ni por las autoridades españolas ni por PCAE” sino que era un “ejemplo de contrato de concesión de ayuda”. “Las autoridades españolas explicaron que solo se facilitará a PCAE una versión final del contrato de concesión de la ayuda una vez aprobado por la Comisión”, señala ésta, que en todo caso desgrana los compromisos que ese documento quería imponerle a Peugeot-Citroën.

Según lo ahora hecho público por la Comisión, “el número de empleos desciende después de la inversión” de manera que la cifra de denominados ETC (trabajadores equivalentes a tiempo completo) pasaría del entorno de los 4.500-5.500 a los 4.100-5.100 -la plantilla directa de la fábrica de Vigo oscila mucho alrededor de esos 5.000 empleos en función de los picos o reducciones de la producción y la propia Comisión considera la cifra exacta “secreto comercial”-. El Ejecutivo comunitario añade que según ese “proyecto de acto de concesión de ayuda” que le facilitó el Gobierno central “parece que PCAE tiene la obligación de mantener esos [4.100-5.100] empleos en la planta de Vigo solamente durante dos años desde la finalización de la inversión”. Y añade que “las intenciones de PCAE y las repercusiones sobre el número de empleos una vez transcurrido ese período no quedan claras”.

En otro punto del documento ahora desvelado la Comisión es más directa y señala que “el proyecto de acto de concesión de la ayuda recoge la obligación de mantener dichos [4.100-5.100] empleos en PCAE Vigo durante 2 años después de la finalización de la inversión”, añadiendo que “la Comisión observa que no existe ninguna obligación de crear nuevos puestos de trabajo”.

La Comisión también señala que el Gobierno de Rajoy quería otorgar la ayuda “siempre y cuando el beneficiario mantenga la inversión en la región beneficiaria durante un período mínimo de cinco años tras la finalización del proyecto de inversión”. En ese ámbito, el Ejecutivo comunitario señala que el Gobierno español le comunicó que “los ingresos estimados de PCAE Vigo en 2017 representan el 6,69% del PIB de Galicia” y que “a consecuencia del proyecto notificado, se estima que PCAE Vigo contribuirá en un 8,44% al PIB de Galicia”. Sin embargo, a pesar del intercambio de preguntas y explicaciones entre la Comisión Europea y el Gobierno central, el Ejecutivo comunitario sigue teniendo dudas de la contribución de esa subvención al desarrollo de Galicia, por lo que somete sus consideraciones a las aportaciones que cualquier interesado desee realizarle.

Consultada por Praza.gal sobre el nuevo paso dado por la Comisión Europea al hacer públicas sus dudas y su intercambio de preguntas y respuestas con el Gobierno español en el Diario Oficial de la UE, la empresa dice no tener “ningún comentario al respecto”, más allá de recordar que la aprobación de estas ayudas, sometidas por las autoridades españolas a la Comisión Europea, “sigue el procedimiento habitual”. “La empresa no ha recibido por el momento la ayuda, dado que se encuentra en proceso de aprobación”, recuerda.

“La Comisión manifiesta sus dudas en cuanto a la contribución de los proyectos de inversión al desarrollo de la región en cuestión”. Así muestra la Comisión Europea sus dudas sobre el efecto real para Galicia de las ayudas de cerca de 20,7 millones de euros que el Gobierno central, a través de una petición de la Xunta, otorgó en 2017 a la fábrica de Peugeot-Citroën de Vigo. El pasado julio se hizo público que la UE estaba analizando esa subvención y ahora se desvela el detalle de las principales dudas de la Comisión, que pide a cualquier interesado que formule las consideraciones o alegaciones que considere oportunas.

El Diario Oficial de la UE publicó el pasado 17 de enero la carta con la que la Comisión comunicó formalmente hace seis meses al Gobierno de España su decisión de incoar un procedimiento de investigación de esas ayudas, que cuando fueron concedidas por el Gobierno de Mariano Rajoy quedaron condicionadas a su posterior autorización por parte de la UE. Esa carta ahora desvelada, y que se somete a la consideración de cualquier interesado por un plazo de un mes, contiene tanto las principales dudas que las ayudas le producen a la Comisión Europea como las explicaciones ofrecidas por España, que no convencen a la UE.

Consultada por este diario sobre el nuevo paso dado por la Comisión Europea al hacer públicas sus dudas y su intercambio de preguntas y respuestas con el Gobierno español en el Diario Oficial de la UE, la empresa dice no tener “ningún comentario al respecto, más allá de recordar que la aprobación de estas ayudas, sometidas por las autoridades españolas a la Comisión Europea, sigue el procedimiento habitual”. “La empresa no ha recibido por el momento la ayuda, dado que se encuentra en proceso de aprobación”, recuerda.

Según lo ahora desvelado por la Comisión, las ayudas, que suman un total de 20.660.434 euros, deberían ir destinadas a introducir innovaciones en el proceso global de producción de automóviles, pero la UE cree que eso no es así y sospecha que realmente están destinadas a una mejora puntual de la técnica empleada en la planta viguesa en beneficio de la empresa y no de la innovación. Eso supondría ir en contra de las denominadas Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para 2014-2020 (DAR). “En la fase de evaluación preliminar, la Comisión no pudo confirmar la admisibilidad de la ayuda notificada y su compatibilidad con las disposiciones de las DAR”, dice.

La Comisión no solo duda de la contribución al desarrollo de Galicia de los proyectos de inversión de Peugeot-Citroën en Vigo sino también de que pudieran recibir ese tipo de ayudas tanto la empresa como ese tipo de proyectos en sí. La Comisión recuerda que las directrices que regulan esas ayudas dicen que “puesto que la ayuda regional para inversiones de grandes empresas no es probable que tenga un efecto incentivador, no puede considerarse compatible con el mercado interior” a no ser que, de manera excepcional, se otorgue para “nuevos procesos innovadores”, algo que no ha sido capaz de constatar en Vigo. Y explica que, en el caso de la inversión subvencionada en Vigo, esta se produjo en detrimento de otra fábrica de la compañía en la región eslovaca de Trnava. Esto es, la ayuda supuso un obstáculo a la libre competencia en la UE.

“La ayuda pudo desviar la inversión 1 de Trnava, donde, sin ninguna ayuda, a primera vista parece que la ejecución de la inversión habría sido más viable”, llega a decir la Comisión, que concluye que “esto constituiría un efecto negativo manifiesto de la ayuda, que [...] no puede compensarse, al sopesar de manera global la compatibilidad de la ayuda, con ningún efecto positivo de la misma, ya que es contrario a la propia lógica de la ayuda regional”. Explicado de otro modo por la propia Comisión, “la inversión habría sido más rentable económicamente o más viable en esa otra localización, por lo menos igual de desfavorecida”. Además, la Comisión también duda de que el tipo de vehículos para el que va destinada parte de la inversión subvencionada pueda formar parte de un “mercado poco productivo, el cual podría incluso estar en declive absoluto”.

Por el contrario, entre los argumentos ofrecidos por el Gobierno central, que no convencen a la UE, está el de que “sin la ayuda, la inversión no sería suficientemente rentable” y que la ayuda “cambió el comportamiento de [Peugeot-Citroën Vigo] al estimular las innovaciones tecnológicas y la evolución industrial” y que “sin la ayuda [Peugeot- Citroën Vigo] no realizaría las inversiones por importe de 492 millones de euros tal como estaban previstas en el Plan Industrial 2015-2019”.

“¿Sabe cuántos pediatras podríamos contratar con el dinero que nos deben? 5.000 pediatras”. La frase, recordando la deuda del Estado con Galicia provocada por la reforma del IVA aprobada por el Gobierno de Rajoy, es del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y la pronunció este miércoles en la sesión de control del Parlamento gallego justo después de calificar a toda la oposición de “aprendices de gestión sanitaria”. Lo hizo al tiempo que anunciaba que ahora sí el Gobierno gallego llevará al central ante la Justicia por la deuda y mientras la oposición atribuía sus “rectificaciones” sobre el cierre del paritorio de Verín y la mina de Touro a la “estrategia electoral” de los populares. Frente a esas recientes rectificaciones de la Xunta en Verín y Touro, este miércoles Feijóo intentó retomar la iniciativa política por la vía de su enfrentamiento a Sánchez.

“Una vez agotadas todas las posibilidades de diálogo, por supuesto que la Xunta seguirá agotando todas las posibilidades en el ámbito judicial”, dijo Feijóo cuando fue instado por el BNG –la portavoz fue la diputada Olaia Rodil por la reciente maternidad de Ana Pontón– a que denuncie ya la deuda de 198 millones del IVA de diciembre de 2017 cuya transferencia a Galicia quedó en el aire desde entonces por la reforma del impuesto implantada por el Gobierno de Rajoy. Ahora el actual Gobierno del PSOE dice no prever soluciones al respecto después de que fuese rechazado su proyecto de Presupuestos para 2019, donde sí había incluido una compensación.

Cuatro meses después de votar en contra de una iniciativa de los nacionalistas para ir ya entonces a la justicia, Feijóo decide ahora dar el paso y retomar la iniciativa política en ese ámbito al tiempo que acusa al BNG y al grupo Común da Esquerda de mantener un doble discurso por reclamar en Galicia que la Xunta exija esa deuda al tiempo que apoyan en Madrid al Gobierno de Sánchez. Por su parte, de los socialistas gallegos el presidente aseguró que son “un partido mascota” de Pedro Sánchez.

En la sesión de este miércoles además de la pregunta del BNG por la deuda del IVA el presidente fue interrogado por el PSdeG y el grupo Común da Esquerda por la marcha atrás en la decisión de la Xunta de cerrar el paritorio de Verín. Feijóo optó por relacionar los dos temas y, tras criticar que los partidos de la oposición, “aprendices de gestión sanitaria” según los calificó, emplean la sanidad de manera electoralista, aseguró que la deuda del Gobierno central con Galicia permitiría contratar “5.000 pediatras”.

Los portavoces de PSdeG y Común da Esquerda, Gonzalo Caballero y Antón Sánchez, como antes ya había hecho la nacionalista Rodil, atribuyeron por el contrario el cambio de postura del Gobierno gallego a cuenta del paritorio de Verín a la “estrategia electoral” de los populares y recordaron la sucesión de argumentos distintos que la Xunta fue ofreciendo para justificar el cierre. Una “rectificación” que la oposición también ve en la decisión del Gobierno gallego de no autorizar la mina de cobre en Touro por su impacto ambiental después de meses de movilización ciudadana.

El debate de este miércoles también dejó dos enfrentamientos entre Antón Sánchez y el presidente del Parlamento, el popular Miguel Santalices. El primero, en su interpelación a Feijóo, dijo que era “un triste censor franquista” por su política informativa a cuenta del cierre del paritorio de Verín, frase que el presidente de la Cámara obligó a retirar con una llamada al orden a Sánchez. Posteriormente Feijóo, dirigiéndose a Sánchez y recordando las dudas sobre las vacunas mostradas hace dos años por la eurodiputada de AGE Lidia Senra, inmediatamente desautorizada por su formación, le dijo: “Ustedes están en contra de vacunar a los niños”. Sánchez exigió a Santalices que obligase a rectificar a Feijóo como antes había hecho con él, pero el presidente de la Cámara lo rechazó.

El próximo lunes 27 de enero, 13 años y medio después del accidente del Metro de Valencia que costó la vida a 43 personas, comenzará el juicio contra ocho exdirectivos de la entidad encargada de gestionar los ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. La vista oral se prolongará durante seis meses y entre los cerca de 300 comparecientes que están previstos figura, para la sesión número 48 del juicio y como perito judicial experto en infraestructuras ferroviarias, Andrés Cortabitarte, que fue director de Seguridad en la Circulación de Adif y que está imputado por el accidente de Angrois, junto con el maquinista, por no evaluar como fijaba la normativa el riesgo de un despiste como el que sufrió el conductor en la curva de Santiago.

El accidente del Metro de Valencia ocurrió el 3 de julio de 2006 cuando un convoy descarriló a unos 80 kilómetros por hora en una curva limitada a 40 provocando 43 muertes, entre ellas la del maquinista. El de Santiago sucedió el 24 de julio de 2013 cuando un tren Alvia descarriló a unos 180 kilómetros por hora en una curva limitada a 80 provocando 81 muertos, pero aquí se salvó el maquinista, que admitió que se había despistado y no había frenado a tiempo.

En los dos casos no había activo ningún sistema automático de control de la velocidad que frenase los trenes si los maquinistas no lo hacían, y a pesar de que las administraciones responsables de las dos infraestructuras insistieron en que no lo obligaba la normativa y que eran los conductores los únicos responsables de respetar la velocidad en cada punto de las respectivas líneas, la Justicia viene discrepando. A la espera de lo que puedan resolver los respectivos juicios, autos judiciales de las instrucciones de uno y otro caso reflejan numerosas semejanzas entres los dos siniestros que evidencian que, tras ocurrir el primero en 2006, el segundo de 2013 pudo ser evitado.

En el accidente del metro fue nombrado en su momento perito judicial Andrés Cortabitarte, que fue director de Seguridad en la Circulación de ADIF. A la espera de lo que pueda ahora declarar verbalmente en el juicio, sus anteriores comparecencias y peritajes en esa causa exculparon a la administración diciendo que el siniestro no era previsible. Posteriormente Cortabitarte fue imputado por la supuesta omisión de sus deberes en el accidente de Santiago.

A pesar de actuar como perito en Valencia antes del siniestro de Santiago, no solo no tomó medidas en su puesto en Adif para evitar que se produjese el segundo accidente sino que él mismo autorizó a Renfe para que desconectase a bordo de los trenes Alvia el sistema de control constante de la velocidad que podría haber evitado el siniestro y que permaneció averiado durante meses.

La imputación de Cortabitarte en Santiago hizo que la Fiscalía pidiese en Valencia que se rechazase su peritaje allí por falta de independencia, pero la Audiencia Provincial de Valencia lo denegó diciendo que eso es algo que no se debía decidir en aquellas fases previas de la instrucción sino en el juicio oral que ahora comienza, 13 años y medio después del accidente y con ocho exdirectivos en el banquillo de los acusados.

En este tiempo, además, Cortabitarte se libró hace dos años y medio de ser juzgado por otro accidente con un maquinista muerto en Arévalo en 2010 por la aplicación de la denominada doctrina Botín, al no ser acusado ni por el fiscal ni por la acusación particular sino solo por la acusación popular del sindicato de maquinistas Semaf. Mientras, en el caso del accidente de Angrois, con Cortabitarte y el maquinista como únicos imputados, la investigación continúa acumulando demoras seis años y medio después del siniestro.

Fue el gran anuncio del último debate de política general del primer mandato de Feijóo al frente de la Xunta, en marzo de 2012, y un año más tarde se consumaba. La fusión de los ayuntamientos coruñeses de Oza dos Ríos y Cesuras era presentada por los populares como un ejemplo pionero a nivel estatal de la según ellos necesaria reforma de la planta municipal gallega, mientras que a nivel local se publicitó, entre las ventajas de la unión, que la suma de los dos municipios permitiría superar los 5.000 habitantes, nivel a partir del cual los ayuntamientos reciben más dinero de la hacienda estatal. Sin embargo, según las últimas cifras de población, que acaban de hacerse oficiales a través del Boletín Oficial del Estado (BOE), en 2019 el nuevo ayuntamiento de Oza-Cesuras cayó hasta los 5.101 habitantes.

También sigue perdiendo población la otra fusión de ayuntamientos impulsada en estos años, la de Cerdedo-Cotobade, pero en su caso algo más lejos de perder el nivel de los 5.000 habitantes, en concreto 5.699 según las últimas cifras oficiales. Una tendencia, la de la pérdida de población, que es la dominante en la mayor parte de Galicia, de forma que solo 42 de los 313 ayuntamientos han ganado población en la última década. Sin embargo, en el caso de Oza-Cesuras y Cerdedo-Cotobade la pérdida de habitantes puede tener el efecto de devolver en pocos años a los dos municipios a la situación previa a sus fusiones en cuanto a los ingresos que perciben del Estado.

Los ayuntamientos participan de los impuestos recaudados por el Estado en función de su población, aplicándoseles un coeficiente multiplicador en función del nivel en el que se encuentran. Así, ese coeficiente es 1,00 para los ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes, pero aumenta a 1,17 para los que superan esa cifra, a 1,30 para los de más de 20.000 habitantes y a 1,40 para los de más de 50.000. Ese hecho, el de que la suma de los habitantes de Oza dos Ríos y Cesuras pudiera superar las 5.000 personas y así recibir más fondos estatales, fue uno de los argumentos empleados para impulsar la fusión en 2013, al igual que la de Cerdedo y Cotobade en 2016.

La fusión no pudo impedir la tendencia de pérdida de población de ese tipo de ayuntamientos rurales del interior de Galicia. En el caso de Oza-Cesuras, a un ritmo de medio centenar de habitantes cada año que podría hacerlo bajar del nivel de los 5.000 habitantes en apenas un par de años más. La tendencia es similar, e incluso más acelerada, en el caso de Cerdedo-Cotobade, pero con unas cifras aún lejanas de ese nivel de los 5.000 habitantes. Si en el caso de Oza-Cesuras la pérdida de población desde la fusión es de un 4,4%, en el de Cerdedo-Cotobade aumenta hasta el 6,1%.

El pasado 10 de octubre la plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia en la curva de Angrois, en Santiago, en el que el 24 de julio de 2013 murieron 80 personas, registró en el juzgado que instruye el caso una declaración jurada de un antiguo mecánico de Talgo en la que éste asegura, seis años más tarde, que media hora después del siniestro “varios directivos” de la empresa “dieron la orden taxativa de borrar todas las averías que tenía el tren de la base de datos”. La investigación de ese hecho no comenzará hasta el 13 de marzo, con las comparecencias en el juzgado como testigos del exmecánico y los tres responsables de Talgo a los que identificó en su escrito. Esos interrogatorios acaban de ser retrasados por segunda vez en una causa que acumula diversas demoras y errores del sistema judicial en los seis años y medio que ya han pasado desde el accidente.

La declaración jurada del exmecánico de Talgo, que la empresa negó anunciando una querella contra su antiguo empleado, llegó cuando la Audiencia Provincial de A Coruña estaba a punto de decidir si avalaba la propuesta del juez instructor de llevar ya a juicio como únicos responsables del siniestro al maquinista del tren, Francisco José Garzón, por despistarse y no frenar a tiempo antes de la curva de Angrois, y al entonces director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, por no evaluar y paliar el riesgo que allí existía como exigía la normativa.

Al conocer la denuncia del mecánico del 10 de octubre, la Audiencia, tras consultar a las partes personadas en el caso y con el apoyo del fiscal, pidió el 12 de noviembre al juez instructor que la investigase. Tres días después el magistrado fijó que el mecánico y los tres directivos de Talgo compareciesen en el juzgado de Santiago dos de ellos el 12 de diciembre a las 9 y 10 de la mañana y los otros dos al día siguiente en los mismos horarios.

Varios abogados de Madrid solicitaron al juez que concentrase en un único día las cuatro declaraciones para facilitarles y acortar los desplazamientos, a lo que el instructor respondió fijando esas declaraciones el 23 de enero, más de un mes más tarde, a las 9, 10, 11 y 12 horas. Posteriormente el abogado de la plataforma de víctimas solicitó una nueva reprogramación de las comparecencias por coincidirle con la celebración de un juicio oral por otra causa en otra ciudad, cuestión a la que este lunes el instructor accedió. Ahora los interrogatorios son aplazados otros dos meses, al 13 de marzo, más de cinco meses después de conocerse la denuncia que los motivó.

Seis años de errores y retrasos del sistema judicial

El nuevo retraso en la investigación se produce después de más de seis años de una instrucción en la que el sistema judicial ha evidenciado diversos errores y demoras. Los propios magistrados implicados en la causa cometieron en varias ocasiones errores en sus autos al citar normativa ferroviaria o nombres que ellos mismos acabarían corrigiendo posteriormente en nuevos escritos días, semanas o incluso meses después.

Los peritos judiciales encargados de analizar el accidente tardaron medio año en comenzar a trabajar porque dos de los inicialmente elegidos por el juez por sorteo de entre los mejores profesionales de cada colegio de ingenieros fueron sustituidos por la Xunta por dos funcionarios suyos sin experiencia previa en materia ferroviaria. Posteriormente uno de ellos plagiaría partes de su peritaje de la investigación oficial realizada por Fomento que hacía responsable sólo al maquinista. Y los otros peritos tendrían que pedir en varias ocasiones al juez que les ayudase a reclamar a varias empresas públicas y privadas documentos que no les querían facilitar.

Un año después del siniestro el primer juez instructor, Luis Aláez, consiguió un cambio de juzgado y un nuevo magistrado, Andrés Lago Louro, tuvo que tomarse varias semanas para hacerse con un sumario que ya entonces acumulaba más de 40 tomos. Posteriormente el segundo instructor se tomaría su tiempo para ir llamando a declarar a los peritos (cinco meses desde que entregaron sus informes hasta que los ratificaron verbalmente). Y en mayo de 2017 cambiaría también el fiscal del caso, después de que el primero, Antonio Roma, centrado solo en investigar el maquinista, consiguiese otro puesto. Ahora Lago Louro acaba de obtener también plaza en otro juzgado, pero el poder judicial le permitirá finalizar la instrucción del accidente de Angrois para evitar las demoras que se producirían con un nuevo cambio de juez.

A principios de 2018 una huelga del personal de la administración de Justicia en Galicia provocaría demoras de cuatro meses en las declaraciones de varios imputados, testigos y peritos previstas para comienzos de aquel año. Fue en ese mismo año cuando quedó en evidencia una de las demoras más significativas del caso. En junio de 2017 el juzgado había pedido a la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea un informe para aclarar varias cuestiones sobre la normativa a aplicar en los análisis de riesgo ferroviario en las que discrepaban dos peritos. Pero el juzgado se confundió inicialmente de dirección y envió su petición a la estación de tren de Valenciennes (Francia) en vez de a la sede de la agencia europea en otra calle de esa misma ciudad. La petición tardaría cinco meses en llegar al ente comunitario, que elaboró su informe en dos meses y lo entregó el 15 de enero de 2018 al sistema judicial francés para que lo remitiese al español. Sin embargo, no fue hasta cinco meses más tarde, en junio, que el juez informó a las partes de que ese informe aún no le había llegado.

Al conocerse la demora, víctimas del siniestro y la eurodiputada del BNG Ana Miranda se pusieron en contacto con la agencia ferroviaria, que en solo dos días hizo llegar su informe de manera directa al juzgado de Santiago. En él se desmontaban buena parte de los argumentos que venían empleando Fomento, Adif y Renfe para hacer responsable del siniestro solo al maquinista y se señalaba que eran preceptivos varios análisis de riesgo que, según declararon en el juzgado varios técnicos de la consultora públic Ineco, no se realizaron en la curva de Angrois.

Con la causa judicial centrada desde entonces en la responsabilidad del director de Seguridad de Adif por no realizar correctamente esos análisis de riesgos en la línea de AVE Ourense-Santiago en la que ocurrió el accidente, la declaración jurada del exmecánico de Talgo pone ahora el foco en el tren, en el que los peritos judiciales no habían encontrado ningún defecto que considerasen causa del siniestro.

“En Galicia nosotros firmamos acuerdos con el BNG, acuerdos útiles para la comunidad autónoma”, unos acuerdos con los nacionalistas que incluso eran presentados como aval del “compromiso del PP con la Constitución española”. Quien así se pronunciaba hace tres años y medio era el presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, que ahora, al ser investido Pedro Sánchez gracias al apoyo del BNG, considera a los nacionalistas unos “radicales”. Sin embargo, los populares gallegos negocian y pactan de manera habitual con el BNG, al igual que con el resto de grupos, todo tipo de iniciativas en el Parlamento de Galicia y en otras administraciones como los ayuntamientos.

En julio de 2016, tras las segundas elecciones generales en medio año celebradas entonces, y antes de que Mariano Rajoy consiguiese ser invertido presidente gracias a la abstención del PSOE, la presidencia de la Mesa del Congreso fue a parar a la popular Ana Pastor gracias a que ERC y Bildu votaron en blanco, al igual que ahora se han abstenido para facilitar la investidura de Sánchez. En aquel momento Ciudadanos consideró aquel hecho, inferior en importancia a la investidura de la presidencia del Gobierno, como una amenaza a la integridad del Estado y la Constitución. Algo por lo que fue preguntado de manera expresa el presidente Feijóo, quien, por el contrario, optó por presentar sus propios acuerdos con el BNG como prueba o aval de que el PP no rompía España por pactar con los nacionalistas.

Feijóo, que ahora considera al PSOE “secuestrado” y “sometido” por ERC y Bildu a los que “ahora se suman los radicales del BNG”, aseguraba entonces que “gracias” al BNG y los acuerdos que ya había conseguido con el PP Galicia había conseguido mantener la sede de Abanca tras la privatización de las cajas gallegas o ahorrar para entonces “más de 200 millones de euros en gasto farmacéutico” sin que los populares renunciasen para llegar a aquellos acuerdos a su defensa de la Constitución. Eran, resumía el propio presidente, “acuerdos útiles para la comunidad autónoma”.

“No dudo del compromiso del PP con la Constitución española”, decía Feijóo entonces, añadiendo que su formación no cambiaría la Constitución “por una investidura” y presentando como “de sentido común” que el Congreso estuviese presidido “por el partido que ganó las elecciones”, cuestión que “cualquier partido, nacionalistas incluidos, puede entender”.

Aquellos elogios de Feijóo al BNG no eran nuevos sino que se venían produciendo al tiempo que los nacionalistas perdían apoyo electoral en favor primero de Alternativa Galega de Esquerda y después de las mareas, lo que voces del BNG veían como una manera de dividir el voto galleguista de izquierdas. A pesar de que aquella tendencia electoral se ha revertido en los últimos tiempos, el PP no ha dejado de llegar a acuerdos de manera habitual ni con el BNG ni con el resto de grupos del Parlamento de Galicia.

En el último debate de política general del pasado septiembre, por ejemplo, de las 57 resoluciones aprobadas por la Cámara autonómica, 10 lo fueron por unanimidad. Populares y nacionalistas llegaron a negociar entre ellos el texto final de tres de las propuestas de resolución que se aprobaron (entre ellas una para reclamar los plazos del AVE y mejoras en el resto de la red ferroviaria gallega muy semejante al acuerdo conseguido en ese ámbito por el PSOE y el BNG para la investidura de Sánchez) y los nacionalistas votaron a favor de otras varias iniciativas populares. De hecho, varios de los acuerdos alcanzados entre BNG y PSOE para la investidura de Sánchez fueron ya aprobados por el Parlamento de Galicia de forma unánime en las pasadas legislaturas. Y lo mismo viene sucediendo en otras administraciones, como los ayuntamientos.

Durante la pasada legislatura autonómica, con el PP acosado en Galicia y en el resto del Estado por diversos casos de corrupción, el presidente Feijóo anunció diversas medidas de control y transparencia que presentó como un “programa de impulso democrático”, entre ellas un Código Ético para la Xunta, medidas en el campo de la contratación pública o el encargo al Consello de Contas (equivalente en Galicia del Tribunal de Cuentas estatal) de que, además de fiscalizar el uso ordinario de los fondos públicos, ayudase a prevenir la corrupción. Ahora el Consello de Contas acaba de hacer público su Diagnóstico de los sistemas de control interno y estrategia de prevención de riesgos de la corrupción en la Xunta, documento en el que afea la lentitud o poca ambición del Gobierno gallego criticando, entre otras cuestiones, que no admita denuncias anónimas o que se desconozca el nivel de cumplimiento del Código Ético anunciado por Feijóo.

El Diagnóstico del Consello de Contas fue entregado al Gobierno gallego el lunes 23 de diciembre por la tarde, siguiendo la línea de divulgación de los informes ordinarios del ente fiscalizador en momentos previos a días festivos, puentes o vacaciones que limitan la repercusión mediática de sus críticas a la Xunta. En el documento, el Consello de Contas considera que los mecanismos de control interno de la administración autonómica consiguen un nivel “bajo” en los campos de “información y comunicación” y “supervisión de actividades”, en los que ve “serias limitaciones a subsanar”, frente al nivel “medio” que otorga a los campos de “entorno de control”, “administración de riesgos” y “actividades de control”.

En particular, al analizar cómo la información sobre las medidas de control de la corrupción circula entre el personal y directivos de la administración, Contas critica que “los esfuerzos son aislados y no se establecieron políticas y procedimientos para que la información relevante se identifique, elabore y comunique a las instancias pertinentes en el momento adecuado, de tal forma que contribuya a la toma de decisiones, al cumplimiento de los objetivos y a la mitigación de los riesgos”. En ese campo, la Xunta no admite que el funcionariado o cualquier ciudadano que pueda ser conocedor de una irregularidad pueda denunciarla ante la Administración de manera anónima, cuestión que solo contempla para las denuncias de acoso laboral.

“En nuestra opinión, la condición de denunciante debe extenderse a toda la ciudadanía en la línea de lo apuntado en la Ley del Consello de Contas; y rescpeto de las denuncias anónimas, nos inclinamos por su admisión sin perjuicio de la aplicación de un sistema de garantías que preserve el adecuado equilibrio entre el anonimato y la exigencia de rigor por parte del denunciante. La aceptación en estos términos evita las consecuencias de ignorar hechos o actuaciones (acreditados con pruebas) que podrían tener la consideración de graves por la circunstancia de no conocer la identidad de la persona denunciante”, resume Contas.

El ente fiscalizador es especialmente duro con el Código Ético impulsado por el propio Feijóo: “En relación con el cumplimiento del Código Ético, el Consello de Contas desconoce si se está realizando el informe anual de seguimiento sobre su nivel de cumplimiento”, dice, para añadir que “no se establece un procedimiento para la tramitación de las violaciones” del Código Ético y “no se establece un sistema de medidas de respuesta”. “Toda vez que aún no está implantado un sistema de control interno e integridad, el sistema de información y rendición de cuentas es menos transparente en lo que afecta a la evaluación del cumplimiento de objetivos institucionales, y menos aún a los objetivos de integridad y de prevención de la corrupción”, añade Contas.

El ente fiscalizador también señala que hay mucho camino por recorrer en la evaluación de los posibles riesgos de corrupción, donde la Xunta carece de un “procedimiento formal para la identificación y evaluación de riesgos”, o en el establecimiento de un órgano de la administración con capacidad no solo de evaluación y control interno sino también de “adoptar medidas de respuesta” ante los posibles incumplimientos. Igualmente, reclama avanzar en la regulación de los grupos de interés (los conocidos como lobbys) y aumentar el tipo de información que se ofrece sobre las agendas de los altos cargos, de las que la Xunta solo divulga los actos públicos pero no las reuniones internas.

“En términos generales, la valoración global de los sistemas de control interno ponen de manifiesto que en la Administración autonómica existen medidas y se realizaron esfuerzos propios de un sistema de control interno e integridad institucional, pero que estas acciones necesitan de un impulso para constituir un sistema consolidado, integrado con los procesos institucionales y sujeto a autoevaluación y mejora continua”, concluye Contas.

“Se prevén efectos adversos significativos sobre el medio ambiente”. Esa es la conclusión a la que llega el Ministerio para la Transición Ecológica, a partir de análisis propios y de la Xunta, sobre la obra que la Autoridad Portuaria de Vigo quiere realizar para mejorar los accesos viarios a los muelles que tiene en el entorno del puente de Rande, ya en el interior de la ensenada de San Simón, zona protegida del fondo de la ría de Vigo incluida en la Red Natura 2000. El Gobierno central rechaza así la petición formulada por el Puerto de Vigo para obtener una autorización ambiental acelerada y obliga a realizar una evaluación ambiental ordinaria del proyecto para identificar y minimizar mejor sus impactos.

La imposición por parte del Gobierno central de una evaluación ambiental ordinaria, y no la acelerada que pretendía la Autoridad Portuaria presidida por el popular Enrique López Veiga, llega después de que hace dos años la justicia ya anulase el Plan de Usos del puerto por aprobarlo sin evaluar su impacto ambiental a pesar de afectar precisamente a ese espacio protegido. Al tiempo, la Autoridad Portuaria está planificando más de 200.000 metros cuadrados de nuevos rellenos, algunos en ese mismo entorno de Rande y la protegida ensenada de San Simón, ampliaciones que presenta como “crecimiento sostenible”.

En el caso de la reforma y mejora de los accesos viarios a los muelles de Rande, la Autoridad Portuaria quiere agilizar la entrada y salida de camiones entre esa zona portuaria y la carretera N-552 entre Vigo y el vecino municipio de Redondela evitando que los vehículos tengan que detenerse en función del tráfico para hacer giros a la izquierda. Para eso ofrece tres alternativas que implican la modificación del trazado de la carretera nacional o la construcción de nuevas estructuras para superar la vía del tren paralela, obras que el Ministerio para la Transición Ecológica considera que tendrán efecto sobre el espacio natural protegido de la ensenada.

La resolución del ministerio que obliga ahora a evaluar y paliar mejor esos posibles impactos, con fecha del 5 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial del Estado del 25 de diciembre, recoge también las alegaciones formuladas al proyecto de la Autoridad Portuaria por parte de distintas administraciones. Una de las más duras es la Consellería del Mar de la Xunta, administración que nombró en 2015 a López Veiga como presidente del Puerto de Vigo y que hasta ahora venía apoyando sus proyectos de rellenos. En este caso considera que “las obras están muy próximas a la línea de costa y que las medidas preventivas y correctoras pueden no ser suficientes” para evitar que los trabajos afecten al medio marino. Si los materiales de las obras llegan al agua, dice, “provocarían la alteración de las aguas marinas y afección sobre los recursos pesqueros, marisqueros y acuícolas”. Similar advertencia hace el Instituto Español de Oceanografía, que destaca que “en las cercanías de la zona de actuación se encuentra la zona de especial conservación (ZEC) Ensenada de San Simón y tres polígonos de bateas de cultivo de moluscos y varios bancos marisqueros”, añadiendo que “se prevé que durante la fase de ejecución se pueda producir alteración en la calidad de las aguas a consecuencia del movimiento de tierras”.

También desde la Xunta su Instituto de Estudios del Territorio critica que los planos de las obras facilitados por el Puerto de Vigo “no detallan las medidas paisajísticas” a ejecutar. Por el contrario, la Consellería de Medio Ambiente considera que la obra “es compatible con la preservación de los valores naturales del entorno siempre que se tengan en cuenta los aspectos” de control y paliativos ya contemplados por la Autoridad Portuaria.

Junto con esos informes, también se pronunciaron de manera crítica sobre el proyecto los ayuntamientos de Vigo, Redondela y Moaña, la Cofradía de Pescadores de esa última villa, el sector mejillonero, el BNG y diversas entidades ecologistas (Adega, Greenpeace y plataformas en defensa de la Ría de Vigo y de la Ensenada de San Simón).

A la vista de todos los informes, el Ministerio para la Transición Ecológica concluye que las obras podrían tener “efectos adversos potencialmente significativos sobre la atmósfera en cuanto al impacto acústico en las viviendas” próximas a la zona. También considera que se deben analizar mejor “los efectos sinérgicos con otras infraestructuras y el resto de actividades portuarias y el riesgo de afección al espacio de Red Natura 2000”. Por último, el ministerio destaca que “las actuaciones previstas tienen una fuerte oposición social tanto por los Ayuntamientos de Redondela y Moaña como por movimientos vecinales”, cuestiones que censura que la Autoridad Portuaria “no analizó”.

El emplazamiento de instalaciones portuarias en la protegida ensenada de San Simón ya fue uno de los motivos por los que la justicia anuló hace dos años la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP, el denominado Plan de Usos) del Puerto de Vigo, el documento que establece la organización espacial básica de los puertos estatales y, con amparo en ella, permite ciertas obras. La Autoridad Portuaria de Vigo había aprobado ese documento sin someterlo a evaluación ambiental, lo que llevó en 2017 a la Audiencia Nacional a anularlo.

El tribunal destacó que el hecho de que el documento abarcase zonas protegidas como la ensenada de San Simón debió llevar a la Autoridad Portuaria a someterlo a evaluación ambiental, algo que no hizo a pesar de que en 2013 la misma Audiencia Nacional ya había anulado por el mismo motivo el mismo tipo de plan del vecino Puerto de Marín y Ría de Pontevedra. El pasado enero el Tribunal Supremo ratificó la anulación de la Audiencia Nacional y la Autoridad Portuaria de Vigo está elaborando un nuevo plan, pero Puertos del Estado quiere ahora eximir de evaluación ambiental a ese tipo de documentos.

Sin embargo, ese hecho, el de que el Puerto de Vigo aún no cuente con ese plan para ordenar sus espacios y a pesar de ello esté planificando ya nuevos rellenos, es motivo de crítica por parte del alcalde de Vigo, Abel Caballero. Ante la suma de proyectos de nuevos rellenos sobre la ría, el regidor censura que en la Autoridad Portuaria “están haciendo el Plan de Usos y antes de delimitar los espacios del puerto ya dicen que hay que hacer rellenos; rellenos ni antes ni después, pero mucho menos antes”, ha asegurado.

En concreto, la propuesta de la Autoridad Portuaria para la zona de Rande y la ensenada de San Simón en sus planes de ampliación es la de una “posible transformación de las escolleras existentes en verdaderas líneas de atraque, de manera que se obtenga el calado suficiente para el amarre de unidades de pequeño y mediano porte”. Eso implicará nuevos rellenos al menos hasta la base bajo el agua de esos diques así como el “alineamiento”, como lo define el puerto en su Plan Estratégico, de las formas irregulares que presenta actualmente ese borde litoral. Son proyectos que la Autoridad Portuaria presenta como “crecimiento sostenible”.

El Gobierno gallego autorizó el jueves 26 de diciembre la licitación por 21 millones de euros del enlace inicial y un pequeño tramo del corredor del Baixo Miño, una carretera de altas prestaciones pero de un solo carril por sentido prometida por Feijóo cuando era conselleiro de Manuel Fraga en el marco del Plan Galicia de la Xunta publicitado en 2003 tras el hundimiento del Prestige. Este es el segundo anuncio en apenas diez días realizado por el propio presidente de una actuación ya comprometida hace casi 17 años, después de que el martes de la semana anterior hiciese lo mismo, ante los alcaldes de la zona, con el arreglo de la carretera que comunica el suroeste de la provincia de Ourense con Portugal, también incluida en aquel Plan Galicia.

La denominada Vía de Alta Capacidad (VAC) Tui-A Guarda comenzó a ser diseñada en 2003 como alternativa a la carretera autonómica convencional paralela al último tramo del río Miño por la que hoy circulan cerca de 15.000 vehículos al día. Pero década y media después, de los 25 kilómetros que iba a tener solo están en servicio, desde julio de 2014 y tras la inversión de unos 60 millones de euros, los 10,2 kilómetros finales, entre A Guarda y Goián, en el ayuntamiento de Tomiño, en las cercanías del puente internacional que conecta con la portuguesa Vila Nova de Cerveira. También se iniciaron las obras en el otro extremo de la vía, en sus 3,9 kilómetros iniciales en las cercanías de Tui, con unos 28 millones de euros de presupuesto, pero a comienzos de esta década los trabajos quedaron a medias al tiempo que la Xunta argumentaba que con la crisis no tenía dinero para acometer toda la nueva infraestructura.

Es en ese primer tramo donde ahora la Xunta licitará obras por 21 millones de euros para conectarlo con la estatal A-55 Vigo-Portugal a través de una rotonda elevada de la que partirán tanto el tronco principal del primer tramo del corredor autonómico como un enlace con las carreteras convencionales y un polígono empresarial de la zona. En rueda de prensa tras la reunión de su Gobierno Feijóo definió la obra como “un trazado complejísimo, de una enorme complejidad técnica, estamos hablando de una rotonda en altura” y la presentó como un “avance en la cohesión territorial de Galicia”.

Pero el Gobierno gallego aún tiene pendiente de definir el trazado del corredor en su tramo intermedio, entre el que ahora se impulsa y el ya inaugurado en 2014. En esos diez kilómetros, aparcados desde hace años, la presencia del río Miño y de la carretera convencional actual con sus márgenes muy urbanizados solo deja dos posibilidades para la nueva infraestructura. O entre las viviendas y el monte, donde afectaría a importantes espacios agrícolas y viñedos de la denominación de origen Rías Baixas en la subzona de O Rosal, o entre las viviendas y el río, con impacto ambiental y efecto barrera.

Uno y otro trazado recibieron sucesivas protestas de uno y otro vecindario afectado que reclamaban que la nueva carretera vaya “por el río” o “por el monte” en función de los intereses de cada bando. Hasta el momento la Xunta solo ha sido capaz de encontrar solución para dos de esos kilómetros, propuesta presentada el pasado julio pero aún pendiente de llevarse a la práctica. Consiste en renunciar a ejecutar en esa zona la nueva infraestructura y, por el contrario, transformar la carretera convencional actual en lo que denomina “autovía urbana”, añadiéndole un carril por sentido y colocando una rotonda en la mitad de sus dos kilómetros de longitud.

La Xunta acaba de poner en marcha la maquinaria administrativa necesaria para las próximas elecciones al Parlamento de Galicia, que deben celebrarse como muy tarde en otoño de este 2020, si el presidente Feijóo no decide adelantarlas, como es su potestad. El Gobierno gallego, a través de la Consellería de Presidencia, acaba de sacar a concurso diversos contratos para la organización de los comicios que suman unos 3 millones de euros, a lo que hay que sumar el IVA, con unos plazos de ejecución que nada aclaran sobre la fecha de celebración de los mismos, que queda en manos del presidente. La pasada semana, al tiempo que lanzaba la precampaña con un vídeo de Navidad del PP, el propio Feijóo aseguraba en una entrevista con Europa Press que “en este momento” tiene la intención de agotar el mandato.

Los concursos públicos para la celebración de las elecciones fueron anunciados este 31 de diciembre en el Diario Oficial de la Unión Europea, tras firmarse los pliegos de condiciones de los mismos el pasado 12 de diciembre. Las licitaciones consisten en el diseño, impresión y distribución de las papeletas y sobres electorales, así como toda la documentación necesaria para las mesas, por un importe máximo de 1,2 millones de euros; la organización, recuento y difusión de los datos de la jornada electoral, por otros 1,2 millones; y un servicio de asesoramiento, planificación y control del proceso, por otro medio millón de euros. Las cuantías son similares a las dedicadas para los mismos fines en los comicios de 2016.

Los pliegos de condiciones se limitan a indicar que los servicios deberán prestarse a lo largo de este año 2020, sin concretar ninguna fecha. Las únicas que se ofrecen son la del 2 de febrero como límite para la presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas y el 10 de ese mismo mes para la apertura de las plicas y el inicio de la valoración.

En comicios anteriores este mismo paso administrativo que ahora da la Xunta se produjo con una antelación muy dispar a la fecha en la que finalmente se celebraron las elecciones. Para los comicios de septiembre de 2016 los concurso públicos se lanzaron apenas tres meses antes, en junio. Para las elecciones de septiembre de 2012, que Feijóo decidió adelantar respecto a la fecha máxima de comienzos de 2013 en que podían llegar a celebrarse, los concursos fueron licitados poco más de un mes antes, en cuanto el presidente anunció la fecha. Por su parte, para las elecciones de marzo de 2009, convocadas por el entonces presidente socialista Emilio Pérez Touriño, el proceso de contratación se lanzó medio año antes, en septiembre de 2008.