El Puerto de Vigo pide a Ana Pastor que sancione al de Marín, presidido por su marido
La decisión de la multinacional Maersk de dejar de operar en el puerto de Vigo y comenzar a hacerlo en el de Marín, hasta ahora un conflicto entre empresas privadas, aunque con repercusión pública y económica en ambas ciudades, acaba de convertirse abiertamente en un enfrentamiento entre administraciones controladas por un mismo partido, el PP, teñido a su vez de localismo e implicaciones familiares. La decisión del presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, el exconselleiro con Fraga Enrique López Veiga, de pedir formalmente a Puertos del Estado que impida al puerto de Marín acoger esas operaciones de contenedores implica directamente en el conflicto a la ministra de Fomento, Ana Pastor, y al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. De Fomento dependen jerárquicamente ambos puertos y el marido de la ministra, José Benito Suárez, amigo personal de Mariano Rajoy, es el presidente del de Marín. Y la Xunta es la que nombra a los presidentes de las autoridades portuarias y la que lleva años jactándose de la coordinación que hace de los puertos del Estado en Galicia.
Maersk es líder mundial en el transporte de contenedores por vía marítima y responsable de un tercio de ese tráfico en el puerto de Vigo, el que más mueve de todos los gallegos. El servicio de carga y descarga de los contenedores lo han entregado las autoridades portuarias en régimen de concesión a empresas privadas, Terminales Marítimas de Vigo SL (Termavi) y Pérez Torres Marítima SL, respectivamente. Así que Maersk convocó hace unos meses un concurso para contratar los trabajos con sus barcos a quien le ofreciera mejores condiciones. Ganó Pérez Torres, por lo que en mayo Maersk tiene previsto cambiar Vigo por Marín, lo que provocará no sólo que Termavi vea reducido su negocio sino también importantes pérdidas para la Autoridad Portuaria de Vigo al caer sus ingresos por tasas portuarias.
En esta situación es en la que el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, ha remitido una carta al presidente de Puertos del Estado, publicada el pasado viernes por Faro de Vigo, en la que pide que se le prohíba al puerto de Marín emplear para ese nuevo tráfico de colectores el muelle construido según el Tribunal Supremo de manera ilegal con un relleno sobre el mar. López Veiga ha reclamado además la intervención de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) en el contencioso.
El Ayuntamiento de Vigo, gobernado por el socialista Abel Caballero, con una larga trayectoria de enfrentamientos localistas, ya ha presentado la marcha de Maersk como un nuevo agravio cometido por la Xunta del PP contra Vigo a través del anterior presidente de la Autoridad Portuaria, Ignacio López-Chaves, hoy delegado del Gobierno gallego en la ciudad. Sin embargo, es López Veiga, en el cargo desde el pasado octubre, quien abre la batalla con Marín con la carta que remite la Puertos del Estado. Una batalla con múltiples derivadas políticas y familiares.
Conflicto político con implicaciones familiares
Por una parte, López Veiga, conselleiro de Pesca con Manuel Fraga, intentó en 2005 disputarle a Alberto Núñez Feijóo la sucesión al frente del PP de Galicia. Tiempo después Feijóo lo colocó en el Senado y, el pasado octubre, en el puerto de Vigo. Su homólogo en el puerto de Marín es José Benito Suárez, marido de Ana Pastor, en el cargo desde que el PP recuperó la Xunta en 2009 gracias a que, aunque los puertos pertenecen al Estado, el Gobierno autonómico tiene mayoría en su consejo de administración. Un consejo, el de Marín, en el que está presente como vocal en representación de la Xunta Paloma Rueda Crespo, tía del vicepresidente del Gobierno gallego Alfonso Rueda y directora del Centro Tecnológico del Mar (Cetmar) que tiene su sede en el puerto de Vigo.
Preguntada el pasado jueves por este conflicto en un acto del PP en el que estaba presente su marido, la ministra Pastor eludió decantarse públicamente por un bando, lo que en la práctica supone apoyar la llegada de Maersk a Marín. Pastor dijo que este es “un asunto entre empresas privadas” que eligen con libertad sus proveedores de servicios y que la operación “no depende de las instituciones”. Sin embargo, empresas viguesas usuarias del puerto y el propio López Veiga ya han salido a los medios a criticar que las condiciones de trabajo autorizadas por el Estado en el puerto de Marín son menos exigentes que las de Vigo, lo que haría que los costes laborales que asume la empresa concesionaria de la estiba en el primero, Pérez Torres, le permitan hacerle a Maersk una oferta más competitiva que la de Termavi.
Por su parte, la Xunta, a través de la Consellería do Mar, destaca periódicamente su papel de coordinadora del trabajo de las cinco autoridades portuarias que hay en Galicia: Vigo, Marín y ría de Pontevedra, Vilagarcía, A Coruña y Ferrol-San Cibrao. Sin embargo, en esta ocasión el departamento que dirige Rosa Quintana es el único que no ha hecho declaraciones sobre el conflicto. Tampoco ha atendido la petición de este medio para conocer su postura.
Por último, la entrada en el conflicto del Ayuntamiento de Vigo acusando a la Xunta y a Fomento de perjudicar a la ciudad ponen a su vez el foco en el ayuntamiento de Marín, gobernado por la popular María Ramallo, con buenas relaciones tanto en la Xunta como en Fomento y que de momento se ha limitado a congratularse por la llegada de Maersk a su puerto pero evitando declaraciones altisonantes. Al contrario que la presidenta de la Diputación de Pontevedra, la socialista Carmela Silva, mano derecha del regidor vigués, quien también ha criticado a la Xunta por la pérdida que para Vigo supone la marcha de Maersk, sin tener en cuenta que ese tráfico de contenedores no se mueve de la provincia que dirige.
