La Guardia Civil investiga a un varón como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia grave, tras el incendio declarado el pasado 28 de julio de 2026, sobre las 13:28 horas, en el término municipal de Berrocal de Huebra (Salamanca), que afectó a 214 hectáreas.

Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Béjar acudieron al lugar del incendio, donde identificaron a las personas presentes y se tomó preguntó a posibles testigos.

El investigado utilizó una radial en la plaza de toros que había dentro de la finca, lo que provocó el incendio, a pesar de que estaba prohibido porque se encontraba dentro de la zona de monte y su franja de protección de 400 metros y estaba vigente la alerta de incendios forestales. El incendio llegó a ser declarado inicialmente con Índice de Gravedad Potencial 1 por posibles afecciones a la población e infraestructuras.

Tres afectados y 80 ovejas muertas

Como consecuencia del incendio, tres personas resultaron afectadas, dos de ellas con quemaduras leves en brazos y piernas y una tercera por inhalación de humo. Asimismo, el fuego alcanzó una cabaña ganadera, donde fallecieron alrededor de 80 ovejas.

En lo que va de campaña, la Guardia Civil de Salamanca ha investigado cinco personas por delitos de incendio forestal cometidos por imprudencia grave, relacionados con el uso de desbrozadoras, radiales y quemas agrícolas, además de haber detenido a una persona como presunta autora de un incendio intencionado. El instituto armado insiste en la importancia de respetar las medidas de prevención y recuerda que la colaboración ciudadana resulta fundamental para prevenir este tipo de sucesos y proteger el patrimonio natural.

La Guardia Civil ya investiga a varias personas por sendos incendios forestales y ha detenido a cuatro personas por causar incendios en Castilla y León, como los de Soria (por utilizar también una radial), Ávila (por negligencias, aunque no se descarta que algunas reproducciones de este fin de semana hayan sido intencionadas), Zamora y El Bierzo.

Se puede decir a estas alturas, a tan solo unos días, que hay una 'eclipsemanía' en los lugares en los que este fenómeno va a ver mejor. Las reservas hoteleras de la franja con mejor visibilidad están cerradas desde hace meses. Algunos piensan que el evento del año, quizás, se puede hacer un poco más redondo si se le añaden un par de ingredientes: naturaleza y música.

Ese era el objetivo de dos festivales que, al amparo del eclipse, habían presentado sus carteles, con la música techno y djs como reclamo: Astral Plane, que se iba a realizar en la estación de esquí de La Pinilla en Segovia, e Iberia Eclipse, que había escogido la localidad soriana de Vinuesa y su entorno al pantano de la Cuerda del Pozo, como sede. Al final, el rechazo de permisos y la oposición de vecinos en Segovia agruparon el evento en uno solo en la localidad soriana y, más recientemente, han obligado a hacer las maletas hasta León, a Cabrillanes de Babia, en la Reserva de Biosfera del Parque de Natural. elDiario.es se ha puesto en contacto con ambos eventos para interesarse por su posición, pero no ha recibido respuesta al respecto.

Sin embargo, apenas unas horas después de conocerse ese último intento de realizar el evento, la organización anunció su cancelación definitiva mediante un comunicado difundido en redes sociales. La organización ha defendido que la decisión de cancelar no ha sido suya, sino consecuencia de la falta de un marco legal con plenas garantías para celebrar el festival.

Astral Plane, de la estación de la Pinilla a juntarse con el de Soria

Astral Plane, según sus publicaciones en Instagram, se promocionaba como un festival que había elegido La Pinilla —en la Sierra de Ayllón— como un enclave con “condiciones privilegiadas para observar el eclipse, con una alta probabilidad de cielos despejados”. El “momento central”, como lo definían, vendría de la mano del dj Kevin Saunderson, “pionero del techno de Detroit”, cuya actuación se alargaría durante cuatro horas y coincidiría con el “instante exacto de la totalidad”. Además, durante el festival se iba a ofrecer charlas y talleres explicando el eclipse.

Entre los reclamos, además de los propios djs, el entorno y la poca contaminación lumínica de la zona. Los precios originales de los abonos generales rondaban los 192,50 euros y las entradas de día entre 66 euros y 77 euros. También ofrecía servicios de 'glamping' en el festival, dirigido a un público internacional.

Todo parecía idílico en las redes sociales desde mediados de agosto de 2025, pero no tenían los permisos municipales ni la organización podía garantizar esta celebración. Colectivos de la zona, como la Asociación ‘Salvemos el Pico del Lobo’ se dirigieron en junio de este año al Ayuntamiento de Cerezo de Arriba, donde se encuentra la estación, y a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León —que alegó falta de competencias— para pedirles que se revisase si contaban con todos los permisos. Además, llevaron el caso ante la Fiscalía Provincial de Segovia y la Guardia Civil.

El colectivo advirtió de los riesgos ambientales y de seguridad derivados de celebrar un acontecimiento multitudinario durante el eclipse en un lugar que no figura entre los puntos oficiales de observación. Definitivamente, el propio consistorio anunció en junio que no permitía el evento, mientras la organización seguía vendiendo entradas y con la promoción en redes.

El Ayuntamiento de Cerezo de Arriba comunicó en junio que el evento no se había autorizado. A pesar de ello, el festival continuó promocionándose y vendiendo entradas.

Otro festival de 200 artistas

Astral Plane anunció el mes pasado que cancelaba su evento en La Pinilla y se fusionaba con el de Iberia Eclipse, otro festival con una filosofía similar que se iba a realizar en Vinuesa, un pequeño pueblo de 900 habitantes junto al embalse más conocido de Soria. “Dos festivales fundiéndose bajo un mismo eclipse”, presentaban en sus redes, en las que explicaron que las entradas del Astral Plane servirían también para el festival de Vinuesa. El evento tendría más duración, del 10 al 14 de agosto, y sumaban sus carteles hasta los 200 artistas.

La experiencia era similar, aunque los precios eran más elevados: parcelas 'premium', para autocaravanas a 800 euros o 1.600, suites con camas de madera o electricidad entre los 1.800 euros para dos personas, 2.800 euros para seis. Además, se ofrecía una conexión directa desde el aeropuerto de Barajas a Vinuesa por 55 euros por trayecto. La entrada para los días ascendía a 260 euros, con el camping básico incluido.

La oferta que proponían era de tres escenarios con “identidades musicales claramente diferenciadas”: uno de“ techno toda la noche”, otro de “house y breaks al atardecer” y, el último, con “psytrance de día”.

Según la organización, se escogió Vinuesa por su ubicación: el eclipse total durará 1:42 minutos y hay poco riesgo de nubes, una baja contaminación atmosférica y un entorno de montaña con un pinar y a orillas del pantano de la Cuerda del Pozo. El evento lo organizaba Stelzinger GmbH a través de su corporación en España Aguzanieves y otros colectivos internacionales con experiencia en encuentros en torno a eclipses por todo el planeta, el último en 2024 en Texas.

El caos de otro festival y la falta de permisos hacen que se cancele

Sin embargo, tampoco esta localización ha triunfado. A mediados de julio Vinuesa acogió un festival motero que se saldó con una fallecida, varios robos y una sensación de caos, lo que despertó las protestas de vecinos, asociaciones locales. Pocos días después se reunieron varias administraciones públicas e instituciones para analizar los incumplimientos de este evento —que superó con creces el aforo previsto— y el alcalde de Vinuesa ya anunció que no quería repetir la experiencia con otro evento masivo como el que parecía ser el Iberia Eclipse.

El Ayuntamiento visontino rechazó la semana pasada que se celebrara el festival dados los informes desfavorables de la Junta de Castilla y León y la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). Además, tuvo en cuenta el recelo de la población local y el miedo a los incendios forestales —este mismo miércoles se registró un fuego—, puesto que en la comarca de Pinares Burgos-Soria se encuentra el mayor pinar de Europa.

En el pleno, la organización del evento defendió que contaban con planes de colaboración con el comercio local, las instituciones y la mejora ambiental, y que tenían intención de realizar otras actividades en el futuro.

“Estamos destrozados”

La decisión fue unánime: no se autorizaba el Iberia Eclipse. “Estamos destrozados”, lamentó la organización a través de redes sociales. “Los informes oficiales no recogían ninguna objeción técnica a nuestro proyecto. Lo ocurrido en otro festival en este paraje, semanas antes del nuestro, pesó demasiado al final. Estaba fuera de nuestro control”, publicaron.

Sin embargo, el Ejecutivo autonómico emitió un informe que recomendaba no realizar ninguna actividad hasta otoño debido a la necesidad de restauración, además de la existencia de un alto riesgo de incendios. Tampoco lo recomendaba la CHD, que emitió dictámenes desfavorables debido a que la promotora no había aclarado lo “suficiente” su identidad jurídica, según expresó la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

El festival también acaba cancelado en León

En este momento, la organización contactó con sus clientes, que no llegaban a las 3.000 entradas de aforo que tenían pensado para darles opciones de reembolso o la forma en el que “este viaje puede continuar”. En concreto, la siguiente parada pasaba por la comarca de Babia, en León, aunque la propia organización no ha confirmado su ubicación exacta.

Después de unos días, la organización del Iberia Eclipse anunció que seguían adelante. “La Luna no se cancela”, apuntaban en otro comunicado en Instagram. “El camino hasta aquí ha cambiado más de lo que jamás imaginamos, pero la razón por la que comenzamos este viaje sigue esperándonos en el cielo”.

En un principio no se fijó la ubicación exacta del festival, aunque sería en la provincia de León, lo que ha levantado el recelo de algunos de los asistentes: “En un precioso nuevo hogar, a una hora de León, España, la luna pasará frente al sol. La luz desaparecerá. El paisaje cambiará. Y estaremos allí, juntos”. Días después, acotaron a “las montañas de León” y ya avanzaban que el evento sería “más pequeño y sencillo”.

Sin embargo, apenas unas horas después de conocerse el nuevo emplazamiento, la organización ha anunciado la cancelación definitiva del Iberia Eclipse. “Este no es el final que imaginábamos”, comenzaba el comunicado difundido en redes sociales, en el que asegura que, pese a contar con “el pleno apoyo del municipio local” y haber cumplido todos los requisitos técnicos, los permisos finales fueron retirados por circunstancias que afirman desconocer.

Las explicaciones ofrecidas por la organización, sin embargo, contrastan con la información trasladada por el Ayuntamiento de Cabrillanes. El alcalde, Emilio Martínez, ha asegurado a este medio que la organización ya le había comunicado su intención de renunciar al evento.

La organización del festival ha comunicado a los asistentes que podrán solicitar el reembolso íntegro de sus entradas mediante un enlace enviado por correo electrónico y ha defendido que renunciaba a celebrar el evento porque “operar sin absoluta certeza legal no es una opción” y porque no estaba dispuesta a comprometer la seguridad de los asistentes.

Red Natura y Reserva de la Biosfera

En principio, el lugar escogido Cabrillanes de Babia, una localidad del Parque Natural de Babia y Luna, un espacio protegido que forma parte de la Red Natura 2000 y es considerado por la UNESCO como Reserva de la Biosfera al acoger especies protegidas como el oso pardo cantábrico y el lobo ibérico.

Para la celebración en este nuevo sitio, la organización había parado la venta de entradas y esperaba que el público que no haya reclamado su devolución se trasladase a este nuevo emplazamiento. Eso sí, justificaban en su web que, en vez de “rendirse” han preferido “recordar” por qué empezaron y optar por “algo más fiel al origen”.

Antes de la cancelación, el alcalde Cabrillanes había confirmado a este diario que la organización les había preguntado por los terrenos disponibles en la localidad. El Ayuntamiento les había pedido que presentaran los informes pertinentes y los planes teniendo en cuenta “toda la protección” que tiene la zona: Parque Natural, Red Natura 2000, zona especial protección de aves el riesgo de incendio.

En ese momento, según ha comentado a Martínez, los vecinos del pueblo llamaron al regidor para interesarse por el tema. La respuesta de la Alcaldía es que iban a esperar a ver esos informes, aunque aseguró que “a lo mejor hasta por el tema de plazos es imposible de cumplir”, puesto que solo queda una semana para el eclipse y eran necesarios “muchos informes”.

CGT León ha mostrado su rechazo al festival por el riesgo de incendios, los peligros para la fauna y flora así como los posibles problemas de seguridad. El sindicato ha reclamado a las administraciones que sean “transparentes” cuando se dan permisos y se informe a los ciudadanos de las “características del evento, de las empresas que están detrás de los festivales y de las medidas de prevención de riesgos que se van a implementar”. “Todo esto se debe hacer con la suficiente antelación para permitir el derecho a la ciudadanía de presentar alegaciones y pedir información”, han defendido.

Con esta decisión se pone punto y final al recorrido de un festival que intentó celebrarse primero en La Pinilla, después en Vinuesa y, finalmente, en Cabrillanes de Babia, sin llegar a obtener el marco legal necesario para abrir sus puertas en ninguno de los tres emplazamientos. La conservación del patrimonio natural parece haber ganado una batalla contra los macroeventos.

Castilla y León ha aprobado un plan de control y vigilancia intensificada de la enfermedad de Newcastle en una zona de restricción adicional (ZRA) que incluye trece áreas veterinarias de Valladolid (5), Segovia (4), Ávila (2) y sendas en Salamanca y Zamora, y se establecen además medidas especiales de control, vigilancia y prevención como la prioridad de la vacunación.

En Castilla y León ya hay 27 focos detectados, según los datos del Ministerio de Agricultura, cinco más que el jueves pasado, cuando el portavoz autonómico actualizó los datos y explicó que no había habido variación en esa semana. Sin embargo, este repunte eleva las aves afectadas al millón de pollos, 570.600 aves de puesta y 312.000 de recría.

En total se han detectado 16 focos en Valladolid, 7 en Segovia, 2 en Salamanca y uno en Zamora y otro en Ávila. El origen del último brote de Segovia está en estudio, pero los otros se atribuyen a la proximidad de otros focos.

Nuevo plan reforzado

El plan que publica este miércoles el boletín oficial de la Comunidad entra en vigor este miércoles y plantea dieciséis medidas en las zonas de restricción que comprenden una Zona de protección (ZP), con los municipios incluidos en los 3 kilómetros alrededor de cada foco; y otra de vigilancia (ZV), con los municipios incluidos entre los 3 y 10 kilómetros alrededor de cada foco, según ha recogido EFE. También se añade una zona de restricción adicional (ZRA) con los municipios comprendidos en las unidades veterinarias de la zonas de restricción, más los municipios de las de vigilancia colindantes.

La delimitación responde a criterios de gestión epidemiológica, homogeneidad de control oficial, operatividad administrativa y existencia de relaciones epidemiológicas entre explotaciones avícolas de un mismo ámbito territorial. En concreto, la zona de restricción incluye en Ávila las unidades veterinarias de Arévalo y San Pedro del Arroyo; en Segovia las de Cantalejo, Carbonero el Mayor, Cuéllar y Santa María la Real de Nieva; en Salamanca, Peñaranda de Bracamonte, y en Valladolid Medina del Campo, Olmedo, Peñafiel, Toresillas y Valladolid; y en Zamora el municipio de Toro.

Esa semana la Junta aprobó 1,5 millones de euros para el sacrificio, retirada y eliminación de las aves afectadas por los focos de enfermedad de Newcastle en la comunidad, así como a la limpieza y desinfección de las instalaciones, para contener la enfermedad y minimizar el impacto económico sobre los ganaderos.

215 millones de vacunas

Este miércoles el consejero de Agricultura, Joaquín Antonio Pino, se ha reunido con responsables de varios laboratorios, cuyas plantas de producción están ubicadas en Castilla y León, para analizar las existencias disponibles, la capacidad de fabricación y las previsiones de abastecimiento durante lo que resta de 2026 y a lo largo de 2027.

Las necesidades de vacunación de Castilla y León frente a la enfermedad de Newcastle se estiman en torno a 215 millones de dosis anuales. Los laboratorios han trasladado que esta demanda podrá atenderse mediante el aumento del ritmo de fabricación y el suministro que ya se está realizando. Según ha informado el Ejecutivo a través de un comunicado, los representantes de los laboratorios han mostrado su disposición a mantener una coordinación permanente con la Consejería para anticipar las necesidades derivadas de la evolución epidemiológica y evitar tensiones en el abastecimiento.

La vacunación obligatoria ha comenzado este mes de agosto en Valladolid y Segovia y se extenderá a partir de septiembre al resto de la Comunidad. El consejero ha solicitado a los laboratorios que, en la medida de lo posible, prioricen el envío de dosis a las zonas donde se hayan detectado focos y atiendan posteriormente las necesidades del resto de Castilla y León y de España.

Mando único en sanidad animal

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha reiterado la necesidad de establecer un mando único en sanidad animal que permita responder de forma homogénea, coordinada y eficaz ante las enfermedades ganaderas.

Pino ha defendido una dirección funcional compartida entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las comunidades autónomas, basada en criterios y protocolos comunes. Asimismo, ha señalado que la aparición de enfermedades que afectan simultáneamente a varias comunidades autónomas exige una respuesta coordinada y ágil por parte de todas las administraciones implicadas, evitando diferencias de criterio que puedan dificultar el control sanitario.

“La sanidad animal necesita una dirección clara, protocolos comunes y capacidad para actuar con rapidez. Nuestro compromiso es proteger a los ganaderos, contener la enfermedad y garantizar la continuidad de la actividad productiva”, ha reclamado Pino. Esta enfermedad, tras detectarse en Valencia, ha irrumpido en Castilla y León, aunque a priori no se ha encontrado relación entre ambas situaciones.

La Junta de Castilla y León se opone “frontalmente” a acoger a menores que accedieron irregularmente a Ceuta la seman pasada, según ha explicado la Vicepresidencia Primera autonómica, que recae en Carlos Pollán (Vox). La reforma de la Ley de Extranjería que fue aprobada el año pasado pese al rechazo de PP y Vox obliga a las comunidades a aceptar el reparto de menores en caso de de emergencia humanitaria y si lo pedían otros territorios como sucedió hace años con Canarias y este con Ceuta, este último dirigido por el PP. La de Castilla y León es una postura que ya han compartido los ejecutivos autonómicos de coalición en Aragón, Andalucía y Extremadura.

El secretario general de los 'populares', Miguel Tellado, defiende que se trata de una crisis de “seguridad nacional” y no de una cuestión migratoria, por lo que el PP está defendiendo el no acogimiento de los menores. Las autoridades ceutíes calculan que hay un millar de menores extranjeros que necesitarán atención, aunque se prevé que la cifra aumente, puesto que muchos todavía estaban “en barriadas y calles” y no se han incorporado al sistema de protección.

La Vicepresidencia de Vox fundamenta su rechazo a esta acogida en el décimo punto del pacto de gobierno firmado en junio y que rechazaba la acogida de más menores extranjeros no acompañados y garantizaba el uso de “todos los medios legales, jurídicos y políticos” para oponerse al reparto de estas personas. El PP de Alfonso Fernández Mañueco y Vox acordaron que tampoco se ampliarán las plazas en los centros de acogida de migrantes.

Este acuerdo contemplaba, entre otras medidas, la supresión total de subvenciones a aquellas ONG que “favorezcan la inmigración ilegal”, una afirmación que Vox ha reiterado sin dar pruebas de ello. Por todo ello, la Vicepresidencia de Vox destaca que la postura del Ejecutivo autonómico “es claro y no ha variado”: “Oposición frontal a la política migratoria y la imposición del Ejecutivo central”.

En una de sus primera comparecencias ante los medios, Carlos Pollán —también consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales— ya defendió que era “inasumible” atender a 833 menores extranjeros no acompañados, aunque no por recursos humanos o materiales sino de “principios” y anunció que su consejería condicionaría las subvenciones a Cáritas y otras ONG a su apoyo a migrantes irregulares.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por provocar un incendio en Monteagudo de las Vicarías (Soria) el viernes de la semana pasada a las 14.48 horas. El varón, de de 52 años, había utilizado de manera imprudente una radial, puesto que su uso estaba prohibido durante la alerta por riesgo de incendios forestales.

Castilla y León declaró la alerta hasta el 2 de agosto, lo que suponía la prohibición del uso de maquinaria agrícola entre las 12 y las 20 horas en toda la comunidad, puesto que se preveían temperaturas máximas de hasta 36ºC, humedades relativas mínimas de 5-20% y rachas de 25-50 km/h.

El fuego afectó principalmente a vegetación herbácea y arbustiva, concretamente a media hectárea, según los datos provisionales de la Junta de Castilla y León. Agentes medioambientales y la BRIF de Lubia tuvieron que trabajar en la extinción del fuego, lo que evitó que el fuego tuviera más extensión.

El incendio se originó cuando el detenido realizaba trabajos con una radial en el lugar de los hechos, según ha informado la Guardia Civil a través de un comunicado. El instituto armado ha instruido las correspondientes diligencias, que ha puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Almazán (Soria) junto al detenido.

Con este ya son cuatro personas que han sido detenidas por causar incendios en Castilla y León, como los de Ávila (por negligencias, aunque no se descarta que algunas reproducciones de este fin de semana hayan sido intencionadas), Zamora y El Bierzo.

Alejar la Cultura de la “ideologización” y la “progresía”. Es el objetivo que se fijó hace un mes el nuevo consejero de Castilla y León, Alberto Díaz Pico, después de una legislatura de la mano de Gonzalo Santonja, un consejero que entró con Vox (como independiente) y que se mantuvo en el Ejecutivo autonómico tras la ruptura de Vox con el PP. Ahora, según ha podido conocer elDiario.es, ha querido colocar a una exprocuradora de Vox al frente de su gran entidad cultural, la Fundación Siglo, que está dotada con más de 30 millones de euros, además de otras subvenciones del sector público, ventas de entradas a museos, conciertos y festivales y otro tipo de ingresos.

En concreto, el consejero ha elegido a Rebeca Arroyo, quien fue presidenta de la Comisión de Industria y portavoz de Vox en Sanidad en las Cortes durante la pasada legislatura después del fallecimiento de Francisco Javier Carrera. Arroyo fue incluida en las listas electorales de 2026, pero como número 8, lo que hacía prácticamente imposible su entrada en el parlamento autonómico. Este puesto tiene asignado una retribución anual básica de 70.211 euros, un 17,5% más que en 2019. elDiario.es se ha puesto en contacto con la Consejería de Cultura, que no ha querido realizar comentarios sobre este nombramiento.

La Fundación Siglo gestiona una parte importante del presupuesto cultural, coordina los museos regionales (como el Museo de la Evolución Humana, el Museo de Arte Contemporáneo (MUSAC) o el Museo Etnográfico) y controla, entre otros, el Centro Cultural Miguel Delibes, incluida la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Rebeca Arroyo no tiene experiencia en Cultura, sino que ha trabajado en la Gerencia de Salud durante 13 años como asesora jurídica del Hospital Río Hortega y en la Dirección General de Recursos Humanos. También fue asesora del Grupo Parlamentario de Vox entre febrero de 2020 y octubre de 2024.

Reproches por la opacidad del puesto

Se trata de un puesto habitualmente designado a dedo y de manera opaca, a pesar de las críticas de los órganos de control. Hace varios años, el Consejo de Cuentas criticó que el Ejecutivo colocara 'a dedo' a sus directores generales, porque no se respetaban “los principios de publicidad de la convocatoria y de sus bases, y los constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”. El último cargo directivo elegido de manera pública fue en 2020, cuando se eligió un subdirector general, un puesto que desde hace años no está ocupado.

Rebeca Arroyo sustituirá a Luis Barbado García (elegido por Santonja en 2022) que a su vez sucedió a González Posada (elegido en el mandato de Ciudadanos) y a Vicente Cuadrillero (en 2016, fue asesor expresidente 'popular' Juan Vicente Herrera y secretario general del Ejecutivo). Los tres fueron designados personalmente, aunque ninguno de ellos tenía un perfil político tan público como Rebeca Arroyo, cuyo CV aún no ha sido publicado en la página de Transparencia de la Fundación Siglo. Barbado García había trabajado como coordinador de la Consejería de Industria y secretario general de la Consejería (entre otros) antes de entrar en la Fundación Siglo.

Además de Rebeca Arroyo, Hace unas semanas, CCOO denunció “injerencia política” en la gestión de las redes sociales institucionales de Cultura, área de Díaz Pico, quien protagonizó un desencuentro con el ahora portavoz de Vox, David Hierro, por sentarse en la bancada de Vox durante la investidura del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco. Otro alto cargo de la Consejería de Cultura militante de Vox es el director general de Turismo, Ignacio Sicilia, exportavoz adjunto de Vox en el parlamento autonómico.

El 65% de los fuegos de estas semanas de Castilla y León han sido causados por una persona, según ha informado este viernes por la tarde el servicio de Naturaleza de la Junta de Castilla y León. Los datos provisionales indican que de los 17 incendios forestales que han afectado a Castilla y León, ocho han sido provocados por una negligencia o de manera accidental, tres han sido intencionados y seis están aún en investigación o tienen un origen desconocido.

De hecho, en estos días se han detenido a tres personas por los incendios de Ávila (negligencias), Zamora y El Bierzo, donde la Guardia Civil ha detenido a un joven por dos fuegos.

El incendio de Burgohondo, que ha afectado por sí solo a más de 40.000 hectáreas, se inició por el uso de una maquinaria pesada para abrir caminos en la zona donde se originó el fuego, pese a que su uso estaba prohibido por al elevado riesgo de incendios. Aún está en investigación la causa del incendio de Fermoselle, que en solo 24 horas superó las 10.000 hectáreas quemadas.

A media tarde de este viernes, tres incendios continúan en nivel máximo de alerta: Burgohondo, Fermoselle y Veguellina (León), mientras que están en el primer nivel de riesgo otro fuego de León: San Tirso. También hay activos otros tres fuegos Valdelaloba, La Utrera, Moreda (León) y Villamayor de Treviño (Burgos), que se ha detectado este mismo viernes.

Ya se dan por estabilizados los incendios de Murias de Pongos (accidental), Quintela (intencionado), Caboalles de Arriba y San Cipriano del Condado (León)

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, no ha aclarado por qué no fue a la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) con el Ministerio de Universidades a pesar de que la cita era telemática y se preveía una duración de media hora. Fernández Carriedo ha defendido que alguna comunidad autónoma tenía dificultades para conectarse y ha garantizado que el Ejecutivo autonómico está “siempre dispuesta” a la coordinación.

Este miércoles la Junta de Castilla y León no acudió ni al CGPU —online— ni a la reunión Sectorial de Educación —presencial en Madrid— y atribuyó esta última ausencia a la gestión de los incendios forestales. Sin embargo, el gobierno autonómico sí se reunió en la Sectorial de Transportes del día previo. Fernández Carriedo no ha aclarado qué ha cambiado entre ambas fechas. El PSOE ayer denunció un “boicot” por parte de las comunidades del PP en materia educativa.

La reunión del CGPU pretendía iniciar el procedimiento administrativo para transferir los fondos del programa María Goyiri a las comunidades, puesto que el reparto de fondos ya estaba aprobado. A través de este programa, el Gobierno cofinancia la contratación de 3.500 profesores universitarios en toda España. Para el Ministerio de Universidades, las ausencias de las comunidades 'populares' no tienen justificación: “No había ninguna negociación pendiente, no había ningún desacuerdo sobre el reparto y no había ninguna votación política pendiente”, explicó este miércoles un portavoz a elDIario.es.

La Sectorial de Educación, de la que también se ausentaron las comunidades del PP, preveía abordar la distribución territorial de 31,3 millones de euros para la FP, el estudio y aprobación del Plan Estratégico de Educación Inclusiva y se iba a informar sobre la reforma de la educación de 0 a 3 años.

200.000 euros para las Cámaras de Comercio

Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves 200.000 euros para reforzar la colaboración entre la Formación Profesional y las empresas. Esta cantidad irá destinada al Consejo de Cámaras de Comercio, que desarrollará actuaciones de prospección empresarial, identificará nuevas entidades colaboradoras, impulsará la participación de las empresas en la FP Dual y facilitará la creación de redes de empresas comprometidas con la formación.

Castilla y León no ha acudido —al igual que el resto de comunidades del PP— este miércoles ni a la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) ni a la Conferencia Sectorial de Educación. La Consejería de Educación ha reprochado que el Ministerio haya mantenido la Conferencia Sectorial de Educación a pesar de los incendios que afectan a varias comunidades y de que varias autonomías habían pedido aplazar la reunión “para que todas las administraciones pudieran centrar sus esfuerzos en la gestión de la emergencia y en la atención a las personas afectadas”.

La Consejería anunció a los medios la cancelación de la convocatoria este martes sobre las seis de la tarde, cuando el incendio de Burgohondo (Ávila) estaba siendo contenido y que sigue evolucionando favorablemente, igual que el de La Utrera (León). Actualmente hay otros incendios que preocupan en León, Zamora y Salamanca.

Para la rama que dirige María Pardo —y que el día anterior había confirmado su asistencia— la situación actual exige que la prioridad sea “la coordinación institucional” ante los incendios. elDiario.es ha consultado también a la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio —que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones— tampoco ha acudido a la CGPU, lo que ha paralizado la financiación del programa María Goyri, previsto para incorporar profesorado ayudante doctor, reducir la precariedad laboral y facilitar el relevo generacional en las universidades públicas. Esta reunión de la CGPU era online y tenía una duración prevista de media hora. Sin embargo, no ha explicado por qué habían solicitado aplazar la reunión, y cuyo rechazo ha derivado en un plantón por parte del Ejecutivo autonómico.

La Conferencia Sectorial de Educación —convocada en Madrid y a la que no han acudido las comunidades del PP— preveía abordar la distribución territorial de 31,3 millones de euros para la Formación Profesional, el estudio y aprobación del Plan Estratégico de Educación Inclusiva y se iba a informar sobre la reforma de la educación de 0 a 3 años. “Los asuntos incluidos en el orden del día pueden abordarse unos días más tarde, cuando la situación esté normalizada y todas las administraciones puedan participar en igualdad de condiciones”, ha defendido la Consejería en un comunicado.

El PSOE de Castilla y León ha denunciado el “boicot irresponsable” de la consejera, quien hace unos días anunció en Ponferrada un nuevo ciclo de Formación Profesional. La formación socialista reprocha el “cinismo político y falta de lealtad institucional” del Ejecutivo que dirige Alfonso Fernández Mañueco. “El PP demuestra una vez más que le importa muy poco la educación pública, nuestros estudiantes y el personal docente. Exigimos a la Junta que abandone la confrontación y empiece a velar de verdad por los intereses de los castellanos y los leoneses”, ha reprochado el secretario socialista de Educación, Javier García, a través de un comunicado.

El Ayuntamiento de Valladolid prevé instalar una bandera de España de 150 metros cuadrados sobre un mástil de 30 metros de altura “para simbolizar el compromiso con la lucha contra el cáncer”. Según ha anunciado el alcalde, Jesús Julio Carnero, junto al presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Valladolid, Artemio Domínguez, también se instalará un monumento conmemorativo en la ciudad para reconocer la labor de la entidad.

La bandera será una de las más grandes del país y se colocará en la puerta principal del Campo Grande y se pondrá otra de la AECC de las mismas dimensiones en fechas como el 4 de febrero, día de la cuestación, día mundial de la investigación en cáncer, la Marcha contra el cáncer, entre otros. Al lado se instalará un monolito del artista simanquino Gonzalo Coello y que incluirá los logos de varias empresas patrocinadoras.

El Ayuntamiento no ha aclarado cuánto costará dicha actuación. Jesús Julio Carnero ha recordado que la Marcha contra el Cáncer de Valladolid es la más numerosa del país —el año pasado participaron más de 53.000 personas— y ha considerado que esto es “un tipo de homenaje” a la carrera en su 15º aniversario. “El cáncer es completamente transversal. Hay un hecho significado para todos los españoles que es transversal, que es nuestra bandera”, ha afirmado ante los medios.

Artemio Domínguez ha considerado que este reconocimiento “da continuidad” a la Medalla de Oro de la Ciudad en 2024. “Valladolid hace de la lucha contra el cáncer su bandera. El símbolo de la bandera simboliza la unidad y esto es lo que pretendemos: unidad”, ha manifestado Domínguez, que ha agradecido que se vaya a izar la bandera de la AECC en fechas señaladas. El presidente de la AECC ha valorado el trabajo de voluntarios y profesionales en Valladolid y ha reclamado más apoyo a aquellos enfermos de cáncer y a la investigación.

Un incendio en las Arribes del Duero ha obligado a desalojar doce pueblos de Zamora, por lo que la Junta de Castilla y León lo ha declarado Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en un incendio forestal originado en Fermoselle (Zamora). En la zona se encuentran trabajando casi 60 medios de medios aéreos y terrestres, incluidos efectivos de la UME.

La Subdelegación del Gobierno en Zamora ha informado de que hay unas 950 personas evacuadas por el incendio de Fermoselle, que ha empezado este miércoles a las 12:18 horas. Unas 300 personas están en el pabellón municipal de Bermillo de Sayago Se han evacuado doce municipios: Cibanal, Pinilla de Fermoselle, Fornillos, Palazuelo de Sayago, Mámoles, Zafara, Formariz, Argañín, Badilla, Cozcurrita, Muga de Sayago y Tudera, además del camping de los arribes y a las 54 personas mayores que viven en la residencia de Muga de Sayago. También se han confinado Fariza (y su residencia) y Fermoselle. Los residentes de la residencia de mayores de Fermoselle se encuentran provisionalmente en su pabellón municipal.

Algunas unidades de la UME han salido de su base en León para sumarse a los trabajos de extinción de Fermoselle. En este momento hay más de 40 medios activados.El incendio se ha elevado a nivel 2 sobre las 14.00 horas.

La DGT ha cortado la CL-527, ZA-P-2221, ZA-P-2222 y ZA-P-2226.

Un nuevo fuego en Salamanca

El incendio de Berrocal de Huebra (Salamanca) ha alcanzado el primer nivel de potencial gravedad porque requiere de medidas para la protección de personas o bienes aislados de naturaleza no forestal. El fuego de la comarca de Guijuelo se ha detectado a las 13:29 horas y se cree que se ha iniciado por una negligencia. De momento se han quemado 84 hectáreas de pasto.

En este momento Castilla y León tiene cinco incendios de gravedad: dos en nivel máximo en Burgohondo (Ávila) y Fermoselle (Zamora) y otros dos en nivel 1 en León, los de La Utrera y Moreda.

La Policía Nacional de Burgos aún no ha determinado ningún delito por el que se investiga por qué una treintena de mujeres embarazadas de origen brasileño han acudido al Hospital Universitario de Burgos (HUBU) desde mayo para su última cita prenatal o directamente a dar a luz. El cuerpo policial confirma la investigación -que arrancó por el aviso de los profesionales sanitarios-, pero aún no se puede atribuir ningún delito específico.

La Policía –en concreto la unidad de Extranjería– baraja la hipótesis de que las mujeres viajaron desde Bélgica por el alto coste económico de un parto que supone para aquellas personas que no sean europeas, no tengan la tarjeta sanitaria o no tengan una mutua sanitaria, según estas mismas fuentes. También se conjetura con que se trata de un entramado de gestación subrogada que podría levantar posibles nuevos casos.

En Bélgica existe un sistema de copago que funciona a través de mutuas o fondos auxiliares de seguro médico y de invalidez, que suelen devolver la mayor parte del coste sanitario de un parto si las mujeres comparten una habitación con otra persona. Sin embargo, aquellas que no están dadas de alta como trabajadoras o que no tengan una mutua deben abonar el coste, que puede oscilar entre los 200 y los 4.000 euros, según sus propios portales sanitarios.

Domicilios reales

Fuentes policiales reconocen la dificultad de esta investigación, que se está realizando con cautela. Es necesario localizar a las mujeres y conocer sus filiaciones y domicilios reales, dado que presentaron en dos pueblos de Burgos de Las Merindades (Medina de Pomar y Villarcayo), aunque procedían de Bélgica.

Según informó la semana pasada Diario de Burgos, algunas de estas mujeres se presentaron en el centro sanitario con el mismo hombre, al que se le atribuyó la paternidad de las criaturas. Entre 15 y 18 mujeres que dieron a luz en junio y julio, y otras tantas en mayo, hasta la treintena. El HUBU puso en conocimiento de la Policía Nacional lo que estaba sucediendo en el Hospital.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha cuadruplicado el justiprecio que Adif deberá pagar por la expropiación forzosa de Palencia que reclamó Adif en Piña de Campos para la construcción de la plataforma ferroviaria para la línea de alta velocidad Palencia-Aguilar de Campoo.

El jurado provincial de expropiación forzosa fijó en un millón de euros el justiprecio de la expropiación para la ejecución del tramo de Amusco-Osorno de la línea de alta velocidad hacia Cantabria. El ºTSJ ha establecido la indemnización en 3,9 millones de euros. Adif deberá también pagar los intereses legales desde que se ocuparon los terrenos en junio de 2021.

Adif quería expropiar el 85% de una finca en Piña de Campos, unas 28 hectáreas en el tramo de Amusco-Osorno. Los propietarios del terreno reclamaban casi 4,7 millones de euros por esos terrenos o, como mínimo, de 2,3 millones.

El Alto Tribunal ha aceptado el cálculo basado en una renta agraria superior, el premio de afección y también ha incrementado los conceptos indemnizatorios vinculados a la expropiación.

La Sala considera que los informes periciales aportados durante el procedimiento desvirtúan la presunción de acierto de la resolución del Jurado Provincial en la valoración económica de la finca y justifican una revisión al alza de la indemnización.

También considera acreditado que la resolución del Jurado Provincial no valoró adecuadamente algunos de los perjuicios sufridos por los propietarios tras la construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad.

Difícil aprovechamiento agrícola

En especial, estima que la división física de la parcela dejó restos de terreno con una configuración irregular que dificulta su aprovechamiento agrícola, circunstancia que justifica una compensación económica por la pérdida de valor de la explotación. También aprecia que el coste de las instalaciones de riego afectadas era superior al reconocido inicialmente por el Jurado Provincial.

La sentencia no impone las costas a ninguna de las partes y no es firme, por lo que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

Esta es la segunda resolución que se produce en este sentido este mes. El Tribunal Superior de Justicia cuadruplicó la indemnización que debía percibir una cooperativa por la expropiación parcial de otra finca en Palencia, también para las obras de la línea de alta velocidad.

La Audiencia Nacional no ha admitido el recurso del Ayuntamiento de Valladolid contra a aprobación técnica del Proyecto de construcción de la remodelación de la estación de Valladolid Campo Grande. Según el Grupo Socialista en el consistorio, se debe a un defecto previo en la preparación del recurso municipal, con la ausencia de firma electrónica en varios documentos. El consistorio ya ha anunciado a través de un comunicado que recurrirá la decisión judicial.

La resolución, que aún no es firme ya que cabe recurso de apelación, no entra a valorar las objeciones planteadas por el equipo de Gobierno municipal el mencionado “defecto” en la preparación y autorización de las acciones judiciales, si bien en su fallo señala que las cuestiones “controvertidas” en el proceso “no estaban exentas de amparo fáctico y jurídico” y entiende que se planteaban dudas que justificaban la interposición del recurso.

El PSOE ha calificado de “revés judicial” a la estrategia de Carnero de “impedir la construcción” de la nueva estación de trenes con una inversión de 215 millones de euros, la mayor en la historia de Valladolid. La resolución judicial no entra a analizar las objeciones urbanísticas planteadas por el Gobierno municipal porque aprecia un defecto previo en la preparación y autorización de las acciones judiciales impulsadas por el equipo de Carnero.

El Grupo Municipal Socialista ha señalado que Carnero contrató un despacho de abogados de Madrid para oponerse a este proyecto que supone “la inversión más importante” en la historia de Valladolid.

Para el Grupo Municipal Socialista, el fallo evidencia que el equipo de gobierno de PP y Vox decidió embarcar al Ayuntamiento en un litigio de enorme trascendencia para la ciudad sin acreditar correctamente el preceptivo asesoramiento jurídico previo.

Un único documento con firma electrónica reconocida

La sentencia cuestiona expresamente el intento municipal de justificar la falta de firma electrónica de uno de los informes en el apagón del 28 de abril de 2025. El juzgado considera que esa explicación no resulta admisible y destaca que el único documento con firma electrónica reconocida está fechado en febrero de 2026, cuando el procedimiento judicial ya se encontraba muy avanzado.

“Carnero quiso frenar la nueva estación y ha terminado tropezando con la deficiente tramitación de su propio gobierno. Es difícil encontrar una demostración más clara de improvisación, irresponsabilidad y falta de rigor. Es un bochorno”, ha señalado el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, quien lamenta el daño que el actual alcalde está haciendo a Valladolid.

“Mientras otras ciudades reclaman inversiones ferroviarias, Carnero utiliza los recursos del Ayuntamiento para intentar paralizar una actuación de casi 250 millones de euros. No está defendiendo Valladolid. Está poniendo palos en las ruedas al desarrollo de Valladolid”, ha indicado el edil socialista .

El recurso municipal pedía expresamente que se anulara y dejara sin efecto la aprobación técnica del proyecto de remodelación de la estación acordada por ADIF el 31 de diciembre de 2024. El Grupo Municipal Socialista considera especialmente grave que el alcalde haya convertido una infraestructura decisiva para la movilidad, la modernización urbana y la competitividad económica de Valladolid en otro escenario de su confrontación política con el Gobierno de España.

“No existe ninguna estrategia de ciudad detrás de esta ofensiva. Solo hay una estrategia partidista: bloquear las inversiones, judicializar los proyectos y después responsabilizar a otras administraciones de los retrasos provocados por el propio Ayuntamiento”, ha añadido el portavoz del Grupo Municipal Socialista.

La sentencia recuerda que el informe jurídico previo tiene como finalidad evitar que las corporaciones locales inicien pleitos de forma irreflexiva, sin conocer adecuadamente sus derechos ni las posibilidades razonables de obtener una resolución favorable. También advierte del perjuicio que supone para el interés general sumergir a las administraciones en una conflictividad jurídica estéril.

Para el Grupo Municipal Socialista, estas consideraciones judiciales describen con especial claridad la actuación del gobierno de Carnero: “Se inició una ofensiva contra una infraestructura estratégica sin las garantías exigibles, se intentaron corregir después las deficiencias y ahora el procedimiento termina inadmitido sin que el juzgado llegue siquiera a examinar las acusaciones lanzadas por el alcalde contra el proyecto”.

“Valladolid necesita un alcalde que consiga inversiones, no un alcalde que recurra contra ellas. Necesita cooperación institucional, planificación y ambición, no confrontación permanente y pleitos fallidos”, ha remachado el Grupo Municipal Socialista. La sentencia, fechada el 28 de julio de 2026, no es firme y puede ser recurrida en apelación en el plazo de quince días.

El Ayuntamiento recurrirá la decisión

El equipo de Jesús Julio Carnero ha anunciado a través de un comunicado que recurrirá la decisión de la Audiencia Nacional porque considera que es “desproporcionada e impide que se examine el fondo del asunto”. “Hay datos claros de que la Junta de Gobierno decidió recurrir después de recibir el preceptivo asesoramiento jurídico,que está acreditado en la documentación acreditativa que el Ayuntamiento aportó al Tribunal antes de que fuera dictada la sentencia”, señala la nota.

La jornada del martes en el incendio de Burgonhondo en Ávila, donde el fuego ha arrasado desde el 22 de julio unas 47.000 hectáreas, está marcando “un punto de inflexión” tras los avances logrados en el último día y medio, aunque la situación está “en vigilancia constante”.

“Por primera vez el perímetro no ha avanzado desde que empezó el incendio”, ha señalado a los medios presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, este martes por la noche. El presidente del Ejecutivo autonómico ha destacado la coordinación entre las Administraciones y la responsabilidad de los ciudadanos que viven en el entorno de las zonas afectadas por el incendio.

Durante la noche el operativo mantendrá la vigilancia permanente del perímetro, la extinción de puntos calientes y las labores de consolidación para evitar reactivaciones. El objetivo sigue siendo afianzar el control alcanzado en un incendio de gran extensión y complejidad.

La secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha asegurado que se realojará “de manera automática” a los ciudadanos de los municipios evacuados cuando se den los “criterios objetivos” fijados: que no haya puntos calientes en los perimetros, que la zona lleve un mínitmo de 48 horas sin reactivaciones y que haya seguridad vial que permita ese retorno de la población.

Un “monstruo” de incendio

Barcones ha valorado que este incendio haya contado con efectivos de once autonomías y de algunos países europeos, gracias a cuyo trabajo “poco a poco la evolución de este monstruo va siendo favorable”. “Este incendio habrá que analizarlo en profundidad. Creo que el mayor logro será que este incendio acabe sin que tengamos que lamentar ningún daño personal porque la ciudadanía ha sido extremadamente responsable”, ha destacado la exsubdelegada del Gobierno en Castilla y León.

Virginia Barcones ha pedido a los trabajadores del Servicio de Extinción de Incendios y a los ciudadanos afectados “un último esfuerzo” para acabar con el incendio. “Cada vez está más próximo el fin de esta situación”, ha alentado la secretaria general de Protección Civil, quien ha reconocido que el trabajo es “inmenso”.

Alfonso Fernández Mañueco y Virginia Barcones han pedido cautela y vigilancia ante la próxima ola de calor que empieza este miércoles. “El peligro de incendios es extremo en este país. Evitemos otro incendio entre todos”, ha pedido Barcones. A preguntas de los periodistas, el presidente autonómico ha recordado que casi se ha triplicado el presupuesto para los trabajos de prevención de incendios en los últimos años y ha apostado por “seguir trabajando en esa línea”. Los incendios de los últimos días resultan “excepcionales”, ante lo que Mañueco ha destacado la necesidad de tener “unidad, colaboración y coordinación”.

Cinco pueblos realojados

El Ministerio del Interior ha autorizado sobre las 17 horas el realojo de los vecinos de las localidades de Fresnedilla, Higuera de las Dueñas, Burgohondo, Navaluenga y Pedro Bernardo. Además, se pone el fin del confinamiento en Navaluenga y Las Navas del Marqués.

Asimismo, se mantiene la evacuación preventiva en doce núcleos de población: Sotillo de La Adrada, La Adrada, El Hoyo de Pinares, Piedralaves, Casavieja, Mijares, Casillas, Santa María del Tiétar, Gavilanes, Villanueva de Ávila, Navahondilla y la urbanización La Atalaya (El Tiemblo). También siguen los confinamientos activos en Cebreros y El Tiemblo.

La línea de avance de Casillas está “contenida”

El teniente coronel y jefe de la UME, Alfonso Arribas, ha señalado este martes a última hora de la tarde que en Robledo de Chavela y Cebreros los trabajos de perimetración avanzan con el propósito de contener el fuego. La UME se plantea abrir los ensanches de las zonas de control y consolidar el perímetro en la zona.

El jefe del Puesto de Mando Avanzado de Ávila y jefe del quinto batallón de la UME, Pablo Samaniego, ha explicado que en la zona de Mijares y Casillas se han controlado las líneas de avance del fuego y en la defensa de los núcleos de población. “La línea de avance está contenida”, ha zanjado Samaniego.

De forma general, el Mando Operativo estipula para situaciones adversas que puedan darse para el caso de defensa de poblaciones y nuevas amenazas, con la posibilidad de reubicación de medios. Con el confinamiento de ayer de Las Navas del Marqués son 16 núcleos de población evacuados y 4 confinados los que tenemos en la provincia de Ávila.

Desde la Delegación del Gobierno se ha remarcado que diariamente se realizan vuelos de reconocimiento con el fin de poder proponer al Mando Único posibles relajaciones de las medidas de protección, manteniendo la seguridad de la población como criterio de decisión.

Alerta por riesgo meteorológico

La Junta de Castilla y León ha activado la alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales a partir de este martes y hasta el viernes 31 de julio, como ha señalado la consejera de Medio Ambiente, María González Corral. Queda, por lo tanto, prohibido encender fuego en el monte, en zonas recreativas y de acampada, así como el uso de barbacoas en espacios abiertos. Durante la ola de calor también se han suspendido las autorizaciones para el uso del fuego que se hayan otorgado y se restringe el uso de pirotecnia en el espacio natural, sopletes, soldadores y radiales en el monte y la franja de 400 metros que lo circunda si esta genera fuego, deflagración, chispas o descargas eléctricas. Además, se ha prohibido el uso de maquinaria autopropulsada agrícola y forestal entre las 13 y 20 horas si está relacionada con la cosecha y el empacado de forraje o cereal, el terrenos de secano o el uso de skidders, procesadoras y desbrozadoras.

Cortes de carreteras

La Delegación del Gobierno ha anunciado la reapertura de las carreteras CL-505, que se abre al tráfico en ambos sentidos, en tramo el Las Navas del Marqués hasta el límite provincial, y de la AV-P-308, que se levanta el corte y se recupera la total normalidad en la circulación

La extensión del incendio en Ávila ha provocado que se corte la circulación en N-403 (pk 83-100), CL-501 (pk 34-11 sentido Madrid), AV-502 (pk 0-31,480), AV-512 (pk 0-7), AV-504 (pk 0-6,4), AV-562 (pk 0-14 hasta Robledo de Chavela), AV-902 (pk 0-6 y 8-21), AV-901 (pk 0-43,5), AV-904 (pk 0-3), AV-P-705 (pk 0.11.4), AVC-5001 (pk 11-34), AV-P-703 (pk 0-5,7), AV-561 (pk 1,8-11,73) y CM-5001 (pk 11-34).

Alerta contaminación en Ávila, Segovia, Soria y Valladolid

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental recomienda tomar medidas de precaución ante las altas concentraciones de partículas como consecuencia de la meteorología prevista para estos días y de los incendios forestales en el sur de Castilla y León. Se mantiene el episodio de contaminación por partículas en la provincia de Ávila y amplía su zona de influencia en la zona centro y este de Castilla y León en las provincias de Segovia, Soria y Valladolid.

Los servicios de extinción de incendios se muestran “relativamente optimistas” con el incendio de Ávila a la espera de los vientos de este martes. Las maniobras en el incendio de Burgohondo (Ávila) han sido “muy efectivas”, según ha informado a última hora de la tarde el director de Extinción del operativo de la Junta de Casillas y León, José Luis Gutiérrez.

El sector Iruelas-Tiemblo ha sido “el más comprometido” por la progresión del fuego procedente de Madrid y que da “muchos problemas hacia Robledo de Chabela y hacia las Navas del Marqués”. Se está conteniendo el avance en la zona este (Cebreros) y se espera seguir trabajando por la noche.

El técnico ha destacado la “excelente” colaboración bajo el mando de la UME y lo ha considerado “un ejemplo de colaboración entre las fuerzas que apagamos los incendios”. La zona sur ha estado “relativamente tranquila”, con “pequeñas reproducciónes” en el Valle del Tiétar y “un gran trabajo para cerrar con labores de maquinaria y fuego técnico el alto de Casillas”.

Gutiérrez ha reconocido que ha habido momentos “de gran peligro”, especialmente en el puerto de Casillas -donde se ha trabajado en reducir el humo-, la entrada de la reserva natural del Castañar del Tiemblo, y también en el puerto de Mijares. En el sector de Mijares han asegurado toda la zona oeste del incendio con maniobras de “fuego técnico y ataque directo”.

La parte norte del incendio está “asegurada” a esperas de que el viento sur la pueda levantar. José Luis Gutiérrez ha destacado que el fuego es “grande” y tiene “muchísimo perímetro” y se espera que en los próximos días haya reproducciones en perímetro.

Confinamiento de Las Navas del Marqués

El avance del fuego en Ávila ha provocado que se decrete el confinamiento del municipio de Las Navas del Marqués (un municipio que supera los 5.000 habitantes empadronados) sobre las 19:30 horas, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Ávila. La medida ha sido comunicada a la población a través del sistema de alertas ES-Alert.

Se mantienen, por lo tanto, la evacuación en 16 núcleos de población y de confinamiento en otros cuatro municipios. En total hay casi 90.000 afectados entre personas evacuadas o confinadas en Ávila, Madrid y Toledo, en concreto 59.896 evacuados y 29.867 confinados.

La Junta de Castilla y León ha activado la alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales a partir de este martes y hasta el viernes 31 de julio. Queda, por lo tanto, prohibido encender fuego en el monte, en zonas recreativas y de acampada, así como el uso de barbacoas en espacios abiertos. También se han suspendido las autorizaciones para el uso del fuego que se hayan otorgado y se restringe el uso de pirotecnia en el espacio natural, sopletes, soldadores y radiales en el monte y la franja de 400 metros que lo circunda si esta genera fuego, deflagración, chispas o descargas eléctricas. Además, se ha prohibido el uso de maquinaria autopropulsada agrícola y forestal entre las 13 y 20 horas si está relacionada con la cosecha y el empacado de forraje o cereal, el terrenos de secano o el uso de skidders, procesadoras y desbrozadoras.

La extensión del incendio en Ávila ha provocado que se corte la CL-505 a la altura de Las Navas del Marqués (del punto kilométrico 37,50 al 42,290) en ambas direcciones, AV-P-308 (pk 0-8,8) en sentido Las Navas y la V-P-310 (pk 1,74 - 2,368). Ya son 17 las carreteras que están cortadas. Además de las otras dos, se ha prohibido la circulación en N-403 (pk 83-100), CL-501 (pk 34-11 sentido Madrid), AV-502 (pk 0-31,480), AV-512 (pk 0-7), AV-504 (pk 0-6,4), AV-562 (pk 0-14 hasta Robledo de Chavela), AV-902 (pk 0-6 y 8-21), AV-901 (pk 0-43,5), AV-904 (pk 0-3), AV-P-705 (pk 0.11.4), AVC-5001 (pk 11-34), AV-P-703 (pk 0-5,7), AV-561 (pk 1,8-11,73) y CM-5001 (pk 11-34).

El humo llega a Ávila capital

El humo ha llegado este lunes a la capital abulense, cuyo Ayuntamiento ha pedido precaución a los ciudadanos, especialmente a las personas con enfermedades cardiorrespiratorias, embarazadas, niños y personas mayores. La Administración local ha recomendado el uso de mascarillas FFP2 y gafas de protección y que se acuda al centro médico si se detecta irritación de ojos o dificultades para respirar.

El servicio de Emergencias de Ávila ha advertido de que el viento está favoreciendo que el humo comience a ser “denso” en la ciudad. Protección Civil aconseja limitar las actividades al aire libre, evitar paseos, deporte o esfuerzos físicos y reducir al mínimo el uso del vehículo privado para disminuir los desplazamientos innecesarios.

Una noche de trabajos

En Mijares, los equipos han trabajado durante toda la noche para contener una reproducción que se originó junto a una pista forestal, una labor que, según ha señalado, ha permitido frenar su avance. El objetivo para las próximas horas es apoyar esas tareas con medios aéreos para reducir la intensidad de las llamas y facilitar el control de la zona. También se han registrado algunas reactivaciones puntuales y se han realizado quemas controladas en determinadas áreas para evitar nuevas reproducciones.

En Casillas, sin embargo, la complicada orografía ha dificultado el trabajo nocturno, por lo que el dispositivo confía en que la incorporación de los medios aéreos y el personal de tierra permita crear un cinturón de seguridad que estabilice ese sector.

El fuego de Burgohondo ha arrasado desde el 22 de julio unas 50.000 hectáreas, lo que hace que sea el mayor incendio forestal de la historia de España, superando al de Larouco, Quiroga y Oencia entre las provincias de Ourense, Lugo y León en verano de 2025. Así lo aseguró la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, quien además ha señalado que hay que sumar otras 25.000 hectáreas en la Comunidad de Madrid y otras 2.000 hectáreas en Toledo. El total de la superficie afectada por el incendio de Burgohondo supone el 6,21% de la extensión de la provincia de Ávila que abarca 804.872,27 hectáreas. La zona afectada registra 160 kilómetros de perímetro.

La última vez que la Junta de Castilla y León convocó al Consejo de Coordinación de la Inmigración —que también se convocaba en el Consejo de Políticas Demográficas— fue en 2021. El PP todavía gobernaba con Ciudadanos. Desde entonces han pasado dos años de coalición PP-Vox, dos años del Partido Popular en minoría y ahora, una nueva etapa de PP-Vox, aunque esta vez el partido de extrema derecha será el que aborde la política en el ámbito migratorio. Es decir, el Ejecutivo autonómico lleva cinco años sin convocar el 'Consejo de Inmigración' y sin planes plurianuales de atención a la integración de estas personas.

En 2013 —durante el mandato del 'popular' Juan Vicente Herrera— se aprobó la Ley de integración de los inmigrantes, que pretendía —entre otros aspectos— impulsar la integración social, económica, laboral y cultural de estas personas a través de planes estratégicos plurianuales. Estos debían establecer el marco, los programas, las directrices, los mecanismos de evaluación y las líneas de actuación para la consecución de la plena integración económica, social y cultural de los inmigrantes.

El último Plan Estratégico de Cohesión Social con las personas inmigrantes y la convivencia intercultural de Castilla y León abordó el periodo entre 2018 y 2021. Desde entonces, según la Junta de Castilla y León, este cuarto plan sigue “vigente”. Sin embargo, no se ha vuelto a convocar ninguna reunión de seguimiento y balance de la situación, según confirman sindicatos y asociaciones a elDiario.es. Estos planes plurianuales debían ser evaluados anualmente, según la normativa vigente.

Un plan que permitía hacer balance

Las asociaciones y los sindicatos consultados por este periódico no han apreciado hasta ahora cambios en la política migratoria de la Junta de Castilla y León, aunque sí reconocen que este órgano colegiado —que no suponía ningún coste— permitía tener una visión de conjunto y unas directrices compartidas sobre esta cuestión. Además, en la etapa de Ciudadanos, se habían creado grupos de trabajo que habían permitido dotar de más continuidad a estas políticas.

El Plan Estratégico de Cohesión Social no estaba dotado de una partida económica —pese a las solicitudes de algunas entidades—, por lo que apenas ha tenido repercusión práctica. Algunas de estas políticas de integración se articulan a través del Diálogo Social, dependiente principalmente de la Consejería de Empleo, dependiente del PP.

Ahora mismo, las organizaciones no gubernamentales están pendientes de cómo evolucionen estas políticas ahora que dependen de la Consejería de Ayudas Sociales, en manos de Vox. Hace unos días, el vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, anunció que condicionará las subvenciones a Cáritas y otras ONG a su apoyo a migrantes irregulares.

Reivindicaciones sindicales

Comisiones Obreras ha pedido en varias ocasiones que se elabore el V Plan autonómico para que dé “coherencia, sentido y financiación suficiente a las políticas en materia de inmigración” y que se mejore la financiación de la Red de Atención a Personas (Rapicyl) para que los profesionales cualificados tengan “medios técnicos e infraestructuras suficientes”. También proponía crear centros de información y acogida que “faciliten una rápida adaptación a la administración, cultura y sociedad” y dotar a los centros educativos para apoyar la integración del alumnado extranjero, entre otras medidas que debían atenderse especialmente en el medio rural.

UGT defiende también la importancia de este tipo de instrumentos y destaca la importancia de desarrollar una política de integración social y laboral, especialmente en una comunidad como Castilla y León, de donde muchos jóvenes “se marchan por falta de oportunidades”.

elDiario.es se ha puesto en contacto con el equipo de la vicepresidenta segunda, Isabel Blanco, que antes dirigía Familia y Servicios Sociales, pero no ha recibido respuesta por parte de su área.

Este viernes se han reunido diferentes Administraciones Públicas (municipal, autonómica y naiconal) e instituciones (Guardia Civil, Tráfico, Confederación Hidrográfica del Duero) para analizar los posibles incumplimientos del festival Motorbeach que se ha celebrado la semana pasada en Vinuesa (Soria), en el que falleció una joven asturiana de 24 años después de resultar herida de extrema gravedad en un siniestro de motocicleta en el interior del recinto. El alcalde de Vinuesa rechaza que el festival se vuelva a celebrar en su municipio el próximo año.

El dispositivo de seguridad estaba previsto para una afluencia de 4.000 personas, aunque la organización calcula que participaron entre 5.000 y 10.000 personas, según informa EFE. “Los datos disponibles apuntarían a una afluencia muy superior”, avanza la Subdelegación del Gobierno en un comunicado. La mayor afluencia de lo esperado supuso un número de acampadas superior al inicialmente previsto, fuera de los espacios delimitados e incluso en zonas del vaso del embalse de la cuerda del Pozo, integradas en el dominio público hidráulico.

La Guardia Civil tramitó 435 denuncias administrativas y 21 diligencias por presuntos delitos contra la seguridad vial, especialmente relacionadas con infracciones de tráfico, motos sin matrícula, permiso de circulación, seguro o ITV. También hubo actuaciones por drogas, armas, desobediencia, acampadas no autorizadas, afecciones a la cubierta vegetal, embarcaciones y motos de agua.

Un solo agente de seguridad privada

La Guardia Civil señala que recibió toda la documentación dos días antes del inicio del festival, un margen “claramente insuficiente” para organizar un dispositivo para una situación que además fue más numerosa de lo previsto. Los agentes de la Benemérita advirtieron de numerosas motocicletas circulando en condiciones irregulares, menores conduciendo vehículos y conductas que suponían un riesgo evidente para las personas y para el medio natural, entre otros comportamientos.

Los agentes de la Guardia Civil advirtieron durante el festival de situaciones “de aparente descontrol y riesgo” y afirman que los medios de seguridad privada pudieron ser insuficientes, puesto que solo se localizó a una persona. Además, las instituciones creen que la organización ni siquiera tenía a un vigilante de seguridad en las proximidades del agua para evitar accidentes y ahogamientos en el embalse.

Se va a estudiar y cuantificar el impacto medioambiental

Durante el festival, las acampadas, la circulación de vehículos y otras actividades podrían haber rebasado los límites señalizados y balizados sobre el terreno, según los inspectores de la CHD, que ha vuelto a visitar el espacio para evaluar los daños causados, cuya afección se va a cuantificar, así como el coste de su reparación.

Tanto la Confederación Hidrográfica del Duero como la Junta de Castilla y León han iniciado actuaciones para ver si hubo incumplimientos normativos evaluar las afecciones al medio natural y establecer las medidas de restauración. Los agentes medioambientales también han iniciado inspecciones y levantado actas que servirán de base para las denuncias y los expedientes sancionadores por afecciones en el terreno, las labores de limpieza y restauración.

La asociación Ecologistas en Acción-ASDEN ha denunciado que en el festival se ha dañado y eliminado la vegetación en 70 hectáreas de terreno forestal en la zona de la playa del Bardo de Vinuesa. “Ha acudido mayoritariamente un público dispuesto a hacer el vándalo con la patente de corso del organizador”, ha protestado a través de un comunicado.

La edición de 2025 del Motorbeach ya dio lugar a un expediente sancionador en materia de medio ambiente, y el daño ambiental de la edición de este año no ha sido evaluado todavía.

La limpieza inicial de la zona ya se ha efectuado y han comenzado algunas actuaciones preliminares de recuperación. Sin embargo, la Junta cree que será necesario un proyecto técnico “que determine las medidas que deben aplicarse, los plazos y su coste, que deberá repercutirse a quien resulte responsable de los daños”. La organización ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que destacan el estado posterior del festival.

El Iberia Eclipse no está autorizado aún

También se ha analizado el próximo evento en la zona, con motivo del eclipse del 12 de agosto. Las administraciones apuestan por la evaluación, restauración y exigencia de responsabilidades derivadas del Motorbeach antes de plantearse un futuro encuentro como el Iberia Eclipse, cuyas entradas ya están a la venta desde hace meses, con precios entre los 240 y 900 euros por persona.

La CHD ha solicitado conocer la identidad jurídica del promotor, una cuestión que no se ha aclarado “suficientemente”, según el comunicado de la Subdelegación del Gobierno, por lo que no puede tramitarse ni concederse la autorización.

Desde el Ejecutivo autonómico, se rechaza la autorización de otro evento en los mismos terrenos mientras no se haya definido y ejecutado correctamente la restauración de los daños causados por el Motorbeach.

La Junta de Castilla y León ha declarado 19 focos de la enfermedad de Newcastle, que se ha extendido a una granja de aves de Gomezserracín (Segovia) y que afecta ya a más de 1,4 millones de aves. El brote de Segovia se ha declarado este mediodía, según ha informado este jueves en su comparecencia de inicio de legislatura el consejero de Agricultura y Ganadería, Joaquín Antonio Pino.

El titular de Agricultura ha recordado que los servicios veterinarios autonómicos están “trabajando en el terreno y con rigor” ante esta enfermedad, que es “contagiosa, complicada y muy difícil de frenar”. “Creemos que ha venido por las aves silvestres, porque su secuenciación no coincide con la cepa de Valencia”, ha señalado ante las preguntas del portavoz de Vox en la Comisión parlamentaria, José Antonio Palomo.

La enfermedad de Newcastle no es transmisible a los humanos, pero sí puede suponer un incremento del coste económico del pollo y los huevos. Joaquín Antonio Pino ha recordado que la vacunación de las aves empezará a ser obligatoria en Valladolid y Segovia a partir del 1 de agosto yque esta obligación se extenderá a todo el territorio de Castilla y León a partir del 1 de septiembre.

El consejero ha asegurado que su equipo está en contacto diario con el Ministerio de Agricultura y con “reuniones permanentes” con el sector avícola. “Estamos preocupados. Es una enfermedad que va a costar un dinero a las arcas públicas, pero los ganaderos van a tener en tiempo y forma sus indemnizaciones y estamos reclamando al Ministerio esa lealtad para que pague el 50% de los gastos que nosotros vamos a adelantar”, ha reclamado Joaquín Antonio Pino.

La Junta de Castilla y León va a estudiar la posible autorización de silenciadores o moderadores de sonido en determinadas modalidades, circunstancias y actuaciones de control poblacional, una reivindicación del sector cinegéntico. En España actualmente está prohibida la compra y venta de silenciadores para los civiles, aunque estos tengan una licencia de armas. El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha garantizado que se regulará “el libre uso” de visores nocturnos acoplables en la caza cuando se autorice el control poblacional por daños agrícolas y ganaderos.

Así lo ha anunciado durante su comparecencia de inicio de legislatura este jueves, en la que ha prometido una gestión “libre de ataduras ideológicas” y en la que tanto consejero como el portavoz socialista han coincidido en llamarse personas “normales”. “El medio natural debe estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de las abstracciones ideológicas limitantes”, ha manifestado Joaquín Antonio Pino, que ha presidido Asaja Ávila desde 2008 y ha sido el vicepresidente autonómico entre 2021 y 2025.

El titular del área, elegido por Vox, ha cargado contra la Agenda 2030 y el acuerdo con Mercosur y se ha negado a que el medio rural sea “sometido a agendas globales distantes y perjudiciales”. También ha retratado a los agricultores y ganaderos como los “legítimos custodios” del ecosistema y ha rechazado que se contemple el medio rural como “un simple parque temático inerte, una reserva restrictiva o un museo del pasado”.

“Tenemos las competencias importantes de Medio Ambiente”

Joaquín Antonio Pino ha apostado también por desarrollar una plataforma de precintos digitales para la caza mayor cuyo uso será “voluntario y sencillo” en lugar de obligatorio. Joaquín Antonio Pino también se ha comprometido a aprovechar la reintroducción del lince ibérico para “combatir las poblaciones de conejo de monte” en espacios que sufran daños agrícolas “crónicos”.

Pino ha destacado que su área gestionará directamente “la actividad cinegética, la ordenación de la fauna silvestre, la biodiversidad y el patrimonio natural”, aunque en realidad el patrimonio natural dependerá de Medio Ambiente, consejería del Partido Popular. “Hemos asumido prácticamente todas las competencias importantes de Medio Ambiente”, ha señalado al final de la comparecencia, que espera que también se les transfieran recursos humanos, económicos y presupuestarios en consonancia.

El PSOE ofrece un Pacto Rural

El portavoz socialista, Mario Rivas, ha ofrecido al consejero trabajar en un Pacto Rural para modernizar el sector agrario, la digitalización y el relevo generacional. El socialista también ha pedido al Ejecutivo autonómico que ejecute los fondos del Plan de Recuperación en materia agraria, puesto que tiene una ejecución del 23%, una cifra que ha desmentido el consejero.

El socialista también ha reclamado una agricultura “rentable” y ha recordado que hay “problemas estructurales”. “La ganadería necesita menos discursos ideológicos y más gestión”, ha reclamado Rivas, que ha preguntado al consejero de Vox si aplicará la 'prioridad nacional' también en el medio rural, teniendo en cuenta la importancia de los migrantes en el medio rural. “En el campo esas ofertas de empleo requieren de profesionales cualificados, y en la mayoría de los casos son esos migrantes, que llegan aportando mucho a nuestro territorio”, ha reiterado Rivas.

“No estamos en contra de la inmigración, pero de una inmigración regulada, como cuando aquí ha habido que emigrar: la gente iba con un contrato de trabajo y sabía que si la mangaba iba de vuelta para casa”, ha replicado Joaquín Antonio Pino.

El consejero ha acusado a la procuradora leonesista, Rosa María Quintanilla, de recurrir al “victimismo” después de ella pusiera el foco en la situación de la Región Leonesa. “Es sensato que reclamemos el impulso de medidas que discriminen en positivo a la Región leonesa”, ha insistido Quintanilla, que ha apostado por soluciones específicas para cada territorio.

Menos impuestos y a favor del silencio positivo

Joaquín Antonio Pino ha anunciado su intención de reducir burocracia y suprimir algunas tasas, como las de la industria alimentaria que gravan la actividad ordinaria, las inspecciones y las autorizaciones de las industrias alimentarias radicadas en Castilla y León. Así, ha garantizado que en la próxima legilsatura se bonificarán los intereses de las líneas de préstamos preferentes avalados por la Junta para la incorporación de los jóvenes en la actividad agraria.

Además, el titular de Agricultura -con competencias en materia ambiental- quiere incorporar el silencio administrativo positivo en algunos procedimientos de evaluación ambiental. “No se trata de rebajar las garantías ambientales ni de sustituir el rigor técnico exigible, sino de reforzar la seguridad jurídica, la previsibilidad y la responsabilidad administrativa. Un proyecto que cumple todos los requisitos legales no puede quedar paralizado indefinidamente por retrasos burocráticos ajenos al promotor”, ha agregado Pino, quien ha apostado por que la Administración no sea “un obstáculo permanente para la inversión, el empleo y el desarrollo económico”.

Joaquín Antonio Pino se ha comprometido a aplicar de forma generalizada la declaración responsable en el campo “siempre que el ordenamiento jurídico lo permita” y evitarán las duplicidades documentales y reducirán la carga burocrática en los procedimientos, convocatorias, bases reguladoras y órdenes. El consejero solo ha dado un ejemplo concreto de estas declaraciones responsables, que se aplicarán a los artesanos alimentarios.

Equipo Veterinario de Emergencias

Pino ha apostado por crear un equipo veterinario de emergencia que pueda desplazarse de manera inmediata “a cualquier punto de la Comunidad” para apoyar a los servicios ordinarios ante brotes, alertas o situaciones complejas. El consejero de Agricultura, veterinario, ha prometido una nueva Orden de Trazabilidad y Registro de Animales Terrestres antes de que termine el año, con lo que se espera “reducir drásticamente las obligaciones burocráticas”. También ha informado de que la Consejería ha declarado 19 focos de la enfermedad de Newcastle, que se ha extendido a una granja de aves de Gomezserracín (Segovia) y que afecta ya a más de 1,4 millones de aves.

Concentración parcelaria y Ley Agraria

El consejero se ha comprometido a declarar 150.000 nuevas hectáreas de Utilidad Pública y a promover las concentraciones parcelarias supramunicipales, lo que permitirá recortar los plazos administrativos con un solo Estudio Técnico Previo, un Plan de Mejoras Territoriales y un Estudio de Impacto Ambiental.

También se han propuesto modificar de manera “profunda” la Ley Agraria para “simplificar radicalmente su tramitación administrativa y eliminar trabas burocráticas”. El Ejecutivo autonómico se ha propuesto sufragar algunos de los costes técnicos, tropográficos y de redacción de protectos de los promotores privados de la concentración parcelaria.