El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta, Antonio Pino, ha prometido “controlar al lobo” en Castilla y León y devolver los alimentos extranjeros que no cumplan los estándares. Así lo ha manifestado este viernes en la comparecencia de Pino sobre los Presupuestos Generales de la Comunidad de 2027, en la que ha explicado que Agriculturapasará de gestionar 634,80 millones de euros en 2024 a 739,72 millones en 2027, un incremento del 16,53%.

El consejero de Vox ha aseverado que ya se empieza a ver su forma de trabajar y ha defendido que su formación no ha entrado en el gobierno “a dejar las cosas como estaban”, sino a “desregular, simplificar y defender al sector” con “criterio propio”. Pino ha apostado por una Política Agraria Común (PAC) “que siga siendo común, que esté suficientemente financiada y con un presupuesto propio” y evite “generar diferencias” entre agricultores. El titular de Agricultura ha reivindicado que se reduzcan los plazos y se simplifiquen las tramitaciones en todos los ámbitos medioambientales siempre que se mantengan estas “garantías ambientales”.

Castilla y León ha anunciado que rechazará y devolverá “de vuelta a su país de origen” aquellos productos agroalimentarios “que tengan estándares que aquí no admitiríamos”. Los productos agroalimentarios procedentes de fuera de la UE están sometidos a controles aduaneros e inspecciones de sanidad exterior y deben cumplir con los parámetros europeos de Seguridad Alimentaria. “Prioridad para el producto nacional”, ha reivindicado.

El espacio educativo PRAE incluirá la tauromaquia y ganadería

Además, ha señalado que se está analizando “la viabilidad del programa de cría del urogallo”, aunque no ha ahondado en detalles. Antonio Pino también ha puesto en valor la función del espacio del PRAE (el centro de referencia en educación ambiental de Castilla y León) y su labor educativa, que abordará también el funcionamiento del medio rural y “acercará la realidad de la tauromaquia y la ganadería intensiva y extensiva”.

Antonio Pino ha ensalzado la labor de la caza como actividad “económica y social” para el medio rural para abordar los accidentes provocados por fauna silvestre y los riesgos sanitarios del contacto entre fauna silvestre y ganado. No ha abordado, sin embargo, las cautelarísimas acordadas por el Tribunal Superior de Justicia que restringe la caza de cinco especies de aves. También ha anunciado que está previsto que en 2027 se destinen “inversiones para promoción del turismo ligado a la caza y pesca”.

“No queremos exterminar al lobo”

El consejero de Agricultura ha defendido que el lobo es “una de las cuestiones que más preocupa a los ganaderos” ha garantizado que él “va a controlar al lobo” y que está trabajando en una nueva Orden para regular la situación. “No hay que rasgarse las vestiduras. Eso no significa que queramos exterminarlo, pero sí controlarlo”, ha zanjado.

Pino ha garantizado que se pagará el crédito necesario para atender las indemnizaciones de las explotaciones agrarias afectadas por el lobo, puesto que aún quedan pendientes de pagarse las incidencias de 2025 y 2026 (6 millones pendientes de pago y 1.180 explotaciones afectadas, según datos de la Junta enunciados por el PSOE). El responsable ha explicado que los expedientes están en los servicios territoriales de Medio Ambiente y no en Agricultura debido a que esta área es la que tenía las competencias en materia de caza hasta la nueva configuración de la coalición PP-Vox.

“He urgido buscar una fórmula para poner medios humanos y desbloquear la situación”, ha expuesto Antonio Pino, quien ha afirmado que también ha ofrecido personal propio. También ha prometido que a partir de 2027 el plazo del pago se limitará a treinta días, y que en los primeros dos meses del próximo año se afrontarán los pagos pendientes.

Pino ha avanzado también que tiene intención de “poner medios” para reducir los ataques, algo en lo que coinciden las comunidades afectadas, independientemente del signo político que gobierne. También ha incrementado hasta 2,87 millones de euros las partidas para “prevención de daños por otra fauna” como el oso pardo. “La conservación de la fauna necesita instrumentos para afrontar la situación”, ha zanjado.

Crisis del cereal

La crisis que afronta el sector cerealístico ha ocupado buena parte de la comparecencia del consejero de Agricultura. Pino ha asegurado que conoce la situación porque él mismo siembra cereal. Aunque no ha comprometido ninguna partida concreta, Antonio Pino ha avanzado que en febrero habrá una partida extraordinaria “hasta dónde podamos llegar”. También ha asegurado que se está analizando “cómo hacer que el sector sea rentable”.

Antonio Pino ha calificado estos presupuestos de “buenos” y ha esperado que “el dinero llegue al sector y se ejecute al 100%”. “Que yo tenga que decirle a Carlos [consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo] el próximo año en octubre que me he quedado sin dinero y que ha llegado todo al sector”, ha apuntado.

Veterinarios habilitados

Castilla y León pondrá en marcha “de forma inminente” la figura del veterinario habilitado, según ha anunciado Antonio Pino, quien ha explicado que los veterinarios habilitados pueden participar en determinadas actuaciones sanitarias oficiales. “Queremos consolidar y potenciar este modelo, aprovechar mejor la experiencia de los profesionales que conocen las explotaciones de primera mano y aumentar nuestra capacidad de actuación sobre el terreno”, ha sostenido.

La intención es mantener todas las garantías sanitarias, pero trabajando de otra manera: contando de una forma activa con los veterinarios, dando una respuesta más ágil y cercana y devolviendo al ganadero la libertad para gestionar su explotación, ha defendido. El consejero ha recalcado que la sanidad animal exige además estar preparados para enfermedades emergentes y reemergentes para situaciones que pueden aparecer con muy poco margen de reacción, recoge EFE.

Durante su comparecencia, ha situado el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) como uno de los principales instrumentos para modernizar el sector, investigar sobre los problemas que preocupan a agricultores y ganaderos, trasladar nuevas tecnologías a las explotaciones, potenciar y ampliar los regadíos y conseguir más valor para las producciones agroalimentarias. En 2027 el Instituto contará con 101,55 millones de euros, un 14,52 % más que en 2024, últimas cuentas aprobadas en Castilla y León.

Por otra parte, en materia de política ambiental, ha considerado que las autorizaciones y evaluaciones ambientales son, en muchos casos, la puerta de entrada de una inversión en Castilla y León. “Queremos reducir los plazos simplificando la tramitación y mejorando la coordinación entre los órganos que intervienen”, pero manteniendo todas las garantías ambientales, ha señalado.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha suspendido cautelarmente la caza de cinco especies de aves en Castilla y León, según ha informado la Federación de Caza a sus federados y sociedades de cazadores. La decisión judicial –que ha confirmado SEO/Birdlife a elDiario.es–, que aún no ha sido publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), se ha tomado contra una de las primeras órdenes de caza del nuevo consejero responsable de la actividad cinegética, ahora en manos de Vox.

La decisión cautelarísima afecta a la becada (scolopax rusticola), la becada (scolopax rusticola), la avefría europea (vanellus vanellus), la agachadiza común (gallinago gallinago), la agachadiza chica (lymnocryptes minimus) y el silbón europeo (mareca penelope). El Alto Tribunal ha estimado la medida de protección que había solicitado la Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife) para estas cinco especies cuya veda estaba abierta hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha fijado en cero el número máximo de piezas a cobrar para estas cinco especies y da tres días a la Junta de Castilla y León para que alegue lo que estime oportuno.

En este momento está compareciendo en el parlamento autonómico el consejero de Agricultura, Antonio Pino, para explicar su proyecto de Presupuestos de cara a 2027. Agricultura es responsable de la actividad cinegética desde que se firmó el nuevo pacto de gobierno entre PP y Vox, y es este último el partido responsable de la caza desde hace cuatro meses.

Avisos previos de SEO/Birdlife

SEO/Bidlife considera que las poblaciones de estas y otras especies están en declive, como ya advirtió en el Consejo Asesor de Caza durante la tramitación de esta Orden. El responsable de la Unidad de Incidencia para una Transición Verde, Juan Carlos Atienza, recuerda que la Ley de Castilla y León permite la caza de todas las aves independientemente de su estado de conservación, y que son estas órdenes las que establecen los límites de la actividad cinegética al fijar los cupos para cada una de las especies.

La Junta de Castilla y León aún tiene que decidir si va a alegar esta decisión judicial. Los servicios jurídicos de la Federación de Caza de Castilla y León y la Real Federación Española de Caza están analizando el contenido del auto para valorar también posibles alegaciones antes de que la decisión sea ratificado por parte del tribunal. La Federación de Caza insta a sus socios a cumplir estrictamente esta medida “hasta que se resuelva de manera definitiva el procedimiento judicial”.

“Parece que los cazadores no pueden caza por nuestra culpa, pero es la Junta de Castilla y León la que no regula adecuadamente”, defienden desde SEO/Birdlife, entidad que reprocha la falta de trabajo del Gobierno para conocer “la situación exacta” de la avifauna antes de autorizar la caza. “Hay algún caso que el censo dice que solo se ha visto un ejemplar del ave, pero que en la temporada pasada se han abatido 17 ejemplares”, apunta Atienza.

Noticia en ampliación

Pedro Almodóvar visitó este jueves el programa de televisión 'La Revuelta' y comentó con David Broncano la “gran responsabilidad” que recaía sobre el presentador por la entrevista a Santiago Abascal, prevista para el próximo lunes. “Ya hay cosas que han hablado. No tienen mucho programa porque les complica la vida”, apuntó Almodóvar, quien también aludió directamente al caso de Castilla y León.

La Consejería de Cultura (liderada por Vox) tiene previsto vetar películas que “impliquen adoctrinamiento ideológico” con un comité de “técnicos y expertos” que evaluará “la trascendencia ideológica” de las películas. “Es un puro eufemismo. Se llama censura y hay que decirlo. (...) Censura pura y dura”, reivindicó Almodóvar, arropado por los aplausos del público.

El cineasta reflexionó sobre la propaganda, algo que de lo que él no había oído desde que era un niño. “Cuando alguien te dice eso, me acuerdo de mí mismo, de que quiero hacer cine y seguir haciendo cine... Que a veces soy un poco ordinario, y hay gente que folla en mis películas. No sé a quién adoctrina, pero te pone en una situación…”, expuso Almodóvar.

El director de cine, que defendió que todos los candidatos a la Presidencia del Gobierno fueran invitados al programa, garantizó que él va a seguir trabajando como quiera, “caiga quien caiga”. “Que a lo mejor el que cae soy yo, pero ya soy demasiado mayor para hacerlo de otro modo”. Almodóvar abordó también el “dilema interior” que cree que tendrá David Broncano si no coincide con las posiciones del líder de Vox.

A veces es complicado imaginar cómo fueron los tiempos pasados, en muchas ocasiones idealizados. Precisamente por este motivo cobran relevancia figuras como la de Piedad Isla (1926-2009), una fotógrafa y etnógrafa palentina quien, consciente del momento que vivía, dedicó toda su vida a retratar la Montaña Palentina mientras ese mundo rural se iba desvaneciendo ante sus ojos. El documental Isla Indómita, dirigido por Pablo García Sanz, recorre la historia y el legado de una de las fotógrafas más importantes del siglo XX, cuya obra se ha preservado en más de doscientas mil fotografías, cientos de vídeos –incluido un material exclusivo filmado por la propia Piedad Isla en formato super-8– y una recopilación de objetos tradicionales que ella quiso atesorar en su museo.

Piedad Isla, testigo de la Historia, fue una de las pioneras de la fotografía neorrealista española, pero también tuvo una gran implicación social en el medio rural gracias a su trabajo y conciencia política. En la década de 1950 empezó a trabajar como fotógrafa en Cervera de Pisuerga con una pequeña Kodak y una motocicleta, que utilizaba para desplazarse por toda la comarca para capturar tradiciones, costumbres y modos de vida. Isla acudía a bodas, bautizos y comuniones, festejos locales, trabajó para medios de comunicación –la Agencia EFE, Diario Palentino y El Norte de Castilla– y fue presidenta de la asociación de fotógrafos palentinos en los años 80. También se encontraba con escenas que quería retratar, y así lo hizo durante décadas. Isla fue incluso teniente de alcalde de Cervera de Pisuerga en los años 70.

Isla Indómita reconstruye, en el centésimo aniversario del nacimiento de Piedad Isla, el retrato de una mujer a través de sus imágenes, muchas aún sin digitalizar, y del impacto de su trabajo, y de su propia voz, con una recopilación de entrevistas en diversos archivos privados. “Fue una mujer muy consciente del tiempo en el que vivía y de que ese tiempo estaba desapareciendo: en los años 80, junto a grupos ecologistas, paró la construcción del pantano de Valle de Pineda, fue una de las cabezas para declarar Cervera como Bien de Interés Cultura y frenar la especulación de los años 70, por ejemplo”, recuerda el director del filme, que cree que se puede “aprender” mucho de Isla.

La película no solo cuenta con el testimonio de familiares y amigos cercanos a Piedad Isla, sino que ahonda en cómo su obra ha interpelado a otros profesionales y artistas como la directora Isabel Coixet; los fotógrafos Pubio López Mondejar, José Manuel Navia, Eduardo Margareto, Juan Manuel Castro Prieto; la historiadora del Arte María de los Santos García Felguera, la antropóloga Yayo Herrero, el periodista Paco Alcántara o el arquitecto, dibujante, divulgador del patrimonio cultural y escritor Peridis. “Me interesaba ver cómo su legado todavía pervive”, expone el cineasta vallisoletano.

El documental, el tercer largometraje de Pablo García Sanz (Comuneros y Folk!), nació como un proyecto “personal”, en el que las productoras llevan trabajando cinco años, con la participación de muchas personas de la Montaña Palentina, que también tiene su propio papel protagonista en el documental.

“Algo bueno de haber hecho un proyecto sin mucha prisa y con cariño... hemos hecho una labor de documentación del que estoy muy contento, hemos buceado en archivos, hablado con periodistas, gente que la conoció... Piedad Isla está muy presente en la Montaña Palentina y siempre hay algún vecino que te dice que tiene fotos, o que recuerda una historia”, recuerda el director de Isla Indómita.

García Sanz pide a las instituciones públicas que apoyen la digitalización de la obra de Piedad Isla –aún faltan muchas imágenes por digitalizar, incluidas todas las fotos en color– y la conservación de su archivo dado el “valor social y etnográfico” que tiene. Entre los descubrimientos, el alcalde de Cervera de Pisuerga, Jorge Ibáñez, localizó un guion de un corto que había escrito Piedad Isla, cuyo resultado aún no se ha encontrado. El documental ha recreado la producción en su propio contexto.

Piedad Isla fundó su Museo Etnográfico homónimo junto a su marido, Juan Torres, como “un agradecimiento a sus mayores”, con la intención de “que no se olvide gracias a quién somos como somos”.

Isla Indómita pretende también poner en valor a Piedad Isla como una de las fotógrafas más importantes del siglo XX en España. El director recuerda que “falta investigación científica” sobre las mujeres que vivieron de la fotografía en el siglo pasado y apela a la responsabilidad social para poner en valor aquellas figuras que “han trabajado tanto por el territorio”.

El documental se estrena esta semana en Madrid (este jueves en el Círculo de Bellas Artes), Palencia (el viernes en los cines Avenida) y Valladolid (el viernes en los cines Manhattan) y tiene previstas varias proyecciones en otras ciudades.

UGT y Comisiones Obreras han convocado un paro docente de Educación Pública no universitaria para este miércoles como consecuencia de la frustración derivada de unas expectativas no cumplidas por parte de la Junta de Castilla y León. Ambos sindicatos protestan contra la sobrecarga y presión a las que están sometidos los docentes, la falta de especialistas y otros perfiles no docentes –sin enfermeros en los centros, los intérpretes de Lengua de Signos subcontratados y con problemas de impagos y departamentos de Orientación “desbordados”– y otras “carencias” del sistema.

“Queremos dignificar la profesión docente. Se trata de invertir en el futuro de la sociedad”, exigen los profesores, cuyas movilizaciones coinciden con otras similares en otras comunidades como Madrid, Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha o Andalucía. A estos problemas, se suma otros como la “desinversión acumulada” en los centros, con problemas de calefacción, falta de climatización o mantenimientos insuficientes como en el centro de León cuyo techo se desplomó el curso pasado, o los cuatro años que 200 alumnos de Dueñas llevan desplazándose a Venta de Baños (Palencia) tras el derribo del centro escolar por problemas estructurales.

La intención es, precisamente, visibilizar que la Educación se puede ejercer “de otra manera”, y que el modelo actual de Castilla y León –con buenos resultados pero un profesorado precarizado– no es el único válido. La convocatoria no ha sido respaldada por el resto de sindicatos (CSIF, ANPE y Stecyl, mayoritarios), las tres organizaciones que han firmado el último acuerdo con la Consejería de Educación. UGT y CCOO esperan que haya un alto seguimiento de la huelga a pesar de que los otros tres no hayan apoyado las movilizaciones.

Un acuerdo insuficiente

La firma del preacuerdo incluía una reducción de las horas lectivas a los mayores de 55 años y un complemento económico por llevar una tutoría en tres ejercicios (20 euros al mes este año, 40 y 60 de manera consecutiva), un planteamiento que CCOO y UGT se negaron a rubricar. En septiembre del año pasado se acordaron unos ejes de negociación que habían provocado ciertas expectativas.

La comisión de seguimiento no avanzó, y “de manera apresurada y de urgencia”, se presentó una propuesta este julio, después de todo el curso esperando, lo que ha generado frustración entre algunos de los sindicatos, que pedían no solo una retribución complementaria por las tutorías, sino también un reconocimiento del tiempo que supone esta responsabilidad. UGT y CCOO consideran que el planteamiento del Ejecutivo –coalición PP-Vox– no resolvía las reivindicaciones históricas. “Estaba muy lejos de ser un acuerdo histórico”, reprocha un responsable de CCOO.

30.000 profesores convocados

La Junta de Castilla y León ha establecido unos servicios esenciales para los centros, que tendrán que garantizar que los menores puedan ir a los centros. “Los servicios mínimos planteados son abusivos, nos han dicho que no podían faltar tantos profesores, y teniendo en cuenta el tiempo que pueden tardar en cubrir las sustituciones... resulta irónico”, protestan desde los sindicatos convocantes. UGT y CCOO hacen un llamamiento a los 30.000 profesores a la huelga este 4 de noviembre, y a las direcciones provinciales de Educación en cada provincia a las once de la mañana y, en varias plazas a las siete de la tarde.

Los profesores se quejan también de la falta de recursos para atender las necesidades cada vez más diversas y heterogéneas que plantean los centros escolares, puesto que entienden que no se tiene en cuenta la evolución de las demandas del sistema. UGT señala directamente a la ya exconsejera de Educación, María Pardo, que se presenta como número 1 al Congreso de los Diputados por el Partido Popular en Valladolid. En una entrevista, Pardo defendió que los profesores estaban “en una situación absolutamente privilegiada” y defendió que no quedaban reivindicaciones sindicales por cumplir.

Ambos sindicatos protestan por la alta tasa de interinidad y unas ratios cuantitativas que no consideran adecuadas a las necesidades de los alumnos y por unos complementos autonómicos que sitúan los sueldos de los profesores en la tabla inferior. CCOO y UGT afean que la Junta de Castilla y León se ha comprometido en algunos puntos que no ha cumplido, otros que se niegan a negociar y otros incumplimientos. “Hemos dicho 'basta' porque la negociación no estaba a la altura”, coinciden las organizaciones sindicales, que

Los pacientes de Castilla y León tienen que esperar un mes más para ser operados en los hospitales, según los datos proporcionados por la Consejería de Sanidad. La demora media es de 119 días a fecha de 30 de septiembre, 32 días más que en el mismo periodo del año pasado.

El número de pacientes que ha esperado más de un año para ser operado se ha multiplicado por siete en el último año hasta 1.384 pacientes, especialmente en especializades como Cirugía General y de aparato digestivo, Traumatología, Urología y Otorrinolaringología.

Además, las listas de espera quirúrgica aumentan en todas las especialidades salvo cirugía torácica y cardiaca. Los principales incrementos respecto al año pasado se producen en Otorrinolaringología (55%) hasta 140 días y Cirugía Pediátrica (45%) hasta 69 días de media. La especialidad con más lista de espera sigue siendo Traumatología, 159 días.

El Bierzo duplica su demora media

Por hospitales, el centro del Bierzo tiene una demora media de 215 días, casi el doble que el año pasado (112), seguido del hospital Santiago Apóstol (Miranda de Ebro), con 168 días de espera media. El tiempo media de demora supera los cien días también en CAU de Burgos (151 días), el CAU de Salamanca (131 días), León (120 días) y en el hospital Santos Reyes (Aranda de Duero).

En el hospital del Bierzo hay 706 pacientes que tienen que esperar más de un año para ser operados, el doble que el siguiente centro, el CAU de Burgos (425 usuarios).

El único hospital en el que ha bajado la lista de espera de Castilla y León ha sido el Hospital Clínico de Valladolid, en el que solo un paciente ha tenido que esperar más de 181 días para ser intervenido quirúrgicamente.

Incrementos en todo tipo de gravedad

La demora media de las operaciones más urgentes es de 9,48 días, inferior a la de septiembre del año pasado (10,47 días). Sin embargo, ha habido ocho pacientes de prioridad alta que han tenido que esperar más de 30 días para ser intervenidos en los hospitales Santos Reyes, El Bierzo, Segovia y Soria.

La demora media de los pacientes con patología de prioridad 2 es superior a los 90 días recomendados, con situaciones especialmente llamativas en el hospital de El Bierzo, donde solo el 30% de los pacientes de prioridad 2 son intervenidos antes de 90 días, el porcentaje más bajo de la comunidad. De hecho, de media los pacientes bericanos tienen que aguardar más de siete meses (233 días) para una intervención de este tipo, más del doble del tiempo recomendado.

De media, la demora media es superior a lo recomendado, con 107,5 días de media, una cifra superior a la del año pasado (75,5 días).

La demora media de los casos menos graves –esos que deben intervenirse quirúrgicamente en menos de 180 días– también se ha incrementado hasta 125 días, una treintena de jornadas más que en septiembre del año pasado. En ninguno de los hospitales de Castilla y León se supera la demora media recomendada, aunque casi la mirad de los pacientes de El Bierzo (48%) y Miranda de Ebro (46%) han tenido que aguardar más de 180 días.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha preguntado este jueves por qué no ha dimitido “esa pareja siniestra” del Gobierno de España que componen el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Transportes, Óscar Puente, –a quien se ha referido como “Óscar Muerte”–, por quienes ha mostrado “un desprecio infinito”. “El otro día [Óscar] Puente dijo que había que parar al fascismo. Frenar al fascismo les gusta mucho, que frenen un tren es pedirles demasiado a estos corruptos y a estos traidores”, ha agregado en el centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte de Ávila.

Este jueves es el tercer día consecutivo en el que el presidente de Vox, Santiago Abascal, lideraba un mitin político en una capital de Castilla y León. Después de Zamora y Valladolid, era el turno de Ávila, donde busca garantizarse el tercer escaño que reparte la provincia, y que en 2023 le arrebató el Partido Popular, al igual que en Zamora, Segovia, Salamanca y León.

El accidente de Urda, Toledo, ha ocupado buena parte del discurso de los líderes de Vox. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha calificado de “injusto y evitable” este suceso, y ha vuelto a justificar por qué su partido no ha suspendido su agenda. Abascal interpreta que no ha mantenido los mítines de precampaña “para hacer política”, sino “para hacer justicia y no callar jamás”. Abascal ha lamentado la muerte de decenas de personas en el accidente ferroviario de este miércoles –ha hablado de 74 muertes, un dato que ha sido rectificado horas antes a 69–, en cuyo recuerdo han reproducido, como ayer en Valladolid, la canción La muerte no es el final.

“Un crimen contra los intereses de España”

Santiago Abascal ha negado que el accidente se pueda atribuir a “un error humano” y ha dicho que, si este “error humano” existe, es que ambos representantes sigan en el Gobierno. “No es un error humano o técnico, es un crimen contra los intereses de España”, ha zanjado.

El portavoz de Seguridad de Vox, a quien han cantado el 'cumpleaños feliz' al inicio, ha cargado contra los periodistas que “insultaban” a los líderes de Vox por no haber cancelado su agenda política publicaran después “filtraciones para salvar al Gobierno y culpar a unos trabajadores”.

El presidente de Vox ha acusado a Sánchez de “intentar robar unas elecciones” con “la trampa gigantesca que Vox detectó, llevó al Supremo y ha salvado a los españoles de un brutal fraude electoral” en alusión a la Ley de Nietos, que permitió a 160.000 personas pedir la nacionalidad, de los cuales solo podrán votar quienes logren conseguir un certificado del consulado que demuestre que sus antepasados sufrieron persecución política.

Se ha referido al “reto histórico” del 29 de noviembre y a “los siglos de historia” que ha contemplado la muralla de Ávila sucesos históricos como La Reconquista, la llegada de los españoles a América o la expulsión de los franceses en el siglo XIX. “A algunos les parecerá demasiado épico. Que crean en lo que quieran: vamos a ser leales a nuestros muertos, a nuestros padres, abuelos y a las generaciones que nos entregaron este tesoro que es España”, ha señalado Abascal.

El vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha esperado poder entregar el listón de Castilla y León por ser la comunidad en la que Vox ha tenido mejor resultado para conseguir un nuevo hito el 29 de noviembre, cuando sus votantes tienen “una cita muy importante con el destino”, porque ha considerado “un peligro” que Pedro Sánchez pueda continuar al frente del Gobierno cuatro años más. “Es imprescindible echar a esta mafia corrupta”, ha apelado Pollán, quien ha pedido justicia y “llevar al banquillo” al gobierno “corupto y mafioso”.

“Ahora sí se va a hablar de Ávila”

El candidato al Congreso por Ávila, Samuel Vázquez, ha afeado que el candidato 'popular' pida ahora “hablar de Ávila”. “Ávila es una de las provincias más olvidada del país. Quien ha sido parte del problema difícilmente va a ser parte de la solución, aunque ahora quieran hablar de Ávila”, ha protestado el candidato en alusión a los diputados abulenses del PP y del PSOE.

Vázquez ha enumerado los problemas ferroviarios, de peajes, la extensión del Museo del Prado a Ávila. “Ahora sí se va a hablar de Ávila, voy a hablar yo”. En 2023 el PP sacó dos escaños por Ávila y el PSOE, uno. Vox perdió el escaño conseguido en 2019 y hubiera necesitado 6.000 votos más para poder mantener.

PP y Vox tienen previsto aprobar su Ley de Presupuestos de 2027 para Castilla y León a finales de año. Junto a la norma económica, se aprueba normalmente una Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, conocida normalmente como Ley de Acompañamiento. Sin embargo, la coalición liderada por Alfonso Fernández Mañueco ha 'colado' en esta norma la reforma de la Ley de Caza y la Ley de Apuestas, además de otras 16 leyes no tributarias.

El Consejo Consultivo –institución de control independiente– considera que algunas de estas modificaciones “excede medidas puntuales” y que deberían tramitarse en leyes diferentes y que incluyan una evaluación sobre su impacto como la Ley de Caza de 2021, la Ley de residencias de 2024 o la Ley de Patrimonio Cultural, también de 2024. El órgano también reprocha que se haya modificado el texto después del informe jurídico –que constituye “una garantía de la legalidad del proyecto”–, por lo que “se estaría eliminando uno de los controles esenciales de legalidad del texto”.

Una de las modificaciones más llamativas es que cuando la Ley de acompañamiento entre en vigor, dejará de ser necesaria la autorización de la Junta de Castilla y León –como establecía la Ley de 2021– para organizar las competiciones y exhibiciones de caza ya que bastará con una comunicación previa diez días antes del acto. Se pasa de una autorización expresa necesaria a una tácita con mera solicitud. Esta no es la primera modificación en materia de caza desde que ha empezado a dirigir el área Vox, desde la Consejería de Agricultura, puesto que ha eliminado el uso nominativo de los visores térmicos y estudia como permitir los silenciadores.

Legislación “exprés” e injustificada

También se modifican cinco apartados de la Ley del Juego, incluidas nuevas prohibiciones y sanciones como la restricción a que propietarios y trabajadores de los locales de apuestas presten dinero a los usuarios. Se fija, además, un horario para garantizar una apertura mínima de ocho horas diarias y se limita la disponibilidad de cajeros automáticos.

Esta es la segunda vez que el gobierno de Fernández Mañueco modifica la Ley del Juego mediante este mecanismo, lo que ha motivado las críticas del Consejo Consultivo y del Consejo Económico y Social, asesor en la tramitación legislativa. El Consejo Consultivo afea que el Ejecutivo de PP y Vox regule con un “goteo normativo” el juego, lo que “debilita la resistencia jurídica de la reforma”.

La justificación que da la Junta de Castilla y León para modificar sin la correspondiente exposición pública –ni la posibilidad de que los actores implicados participen– de esta Ley es “jurídicamente insuficiente” para el Consejo Consultivo, que considera que “resolver dudas interpretativas o mejorar la inspección” no justifica que se prescinda de la participación ciudadana.

Tampoco se ha presentado ningún informe médico, social o epidemiológico de la Comisión del Juego y Apuestas “que demuestre un repunte alarmante del juego problemático en la región que obligue a legislar de forma exprés”.

Menos participación social

El Consejo Económico y Social ha mostrado también su “preocupación” por algunas de estas modificaciones como en materia de Vivienda y Urbanismo, Renta Garantizada de Ciudadanía y la red de Protección a las Familias Vulnerables y en Medio Ambiente porque “se elimina o diluye la participación institucional de los agentes sociales y económicos más representativos e incluso de la participación de la sociedad civil organizada”.

En concreto, se prevé suprimir el Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales –que antes integraban representantes de varias consejerías, de la Federación de Municipios y Provincias, sindicatos y patronal– para que sea el gerente el que ostente muchas de las responsabilidades que antes eran compartidas. El CES pide que esto no derive en “la supresión de un espacio estable de participación social”.

En la Ley de Residencias, se elimina la referencia a que en los procesos de evaluación de la calidad de las residencias se puedan producir votos particulares sobre propuestas o informes, que hasta ahora debían publicarse en el mismo documento. El Consejo Económico y Social pide que esta decisión “no merme la capacidad del órgano para expresar sus criterios sobre el sistema de calidad”.

En materia de vivienda, el próximo año las viviendas de protección que hayan tenido financiación estatal o europea tendrán “un régimen legal de protección permanente” si la normativa de los fondos así lo exige. En este momento, en Castilla y León esta duración oscila entre los diez y quince años. La Junta de Castilla y León ve “necesaria” esta medida para poder acceder a las ayudas del Plan Estatal de Vivienda, a los fondos europeos y a la financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI), aunque muestra en su proyecto su “disconformidad” con la política estatal de vivienda, un pronunciamiento que, a pesar de la recomendación del CES, la Junta de Castilla y León ha mantenido.

La normativa presupuestaria también afecta en cambios a otras leyes recientes como la de Patrimonio Cultural, lo que deriva en medidas como la incorporación de un diagnóstico de afección al patrimonio cultural a los planes y proyectos regionales que no estén sometidos a evaluación ambiental o la concesión directa de subvenciones para la recuperación, adecuación y puesta en valor de bienes del patrimonio cultural (y rutas o recursos turísticos) que resulten dañados por situaciones de emergencia o catástrofes naturales como los incendios forestales.

El CES advierte también de las nuevas tasas a la Dependencia –que el Supremo anuló por cuestiones formales en 2025 y ahora se articula dentro de la Ley– “merecía una tramitación específica” en la que pudieran haber participado los órganos de representación de los usuarios, organizaciones del sector y el Diálogo Social.

Modificaciones en los concursos de funcionarios

Uno de los nuevos cambios más relevantes supone la sustitución del cómputo de plazos de días hábiles por días naturales en los procesos selectivos de personal funcionario y laboral de la Junta de Castilla y León, algo que no se ha negociado con los sindicatos. “Con la Junta es imposible”, señalan fuentes de UGT, que recuerdan cómo fue la situación: “Nos convocaron para tres días después, nos adjuntaron la propuesta, alegamos y justificamos por qué nos oponemos y ellos lo aprueban con su voto”.

“El principal motivo de los retrasos en estos procesos no es el plazo”, rechazan desde CCOO, que plantea otras causas como la falta de dedicación exclusiva de los integrantes de los tribunales o la falta de recursos. Algunos sindicatos plantearon que cambiaran ese cómputo en los plazos largos y no en los cortos –que pueden ser de tres o cinco días, lo que puede derivar en más dificultad para los candidatos–, pero la Junta de Castilla y León no aceptó las alegaciones de ningún sindicato.

Algunas medidas fiscales “sin efecto redistributivo”

El principal objetivo de esta Ley es acompañar en materia tributaria a las prioridades reflejadas en el Proyecto de Presupuestos, por lo que incluye en este caso 36 nuevas rebajas fiscales que “permitirán a los castellanos y leoneses ahorrar 920 millones de euros” en el próximo año, según los cálculos del Ejecutivo autonómico.

El CES advierte, sin embargo, de que algunas de esas medidas fiscales no tienen “efecto redistributivo”, como la rebaja del tramo autonómico del Impuesto sobre las Personas y Rentas Físicas (IRPF), calculado en un “ahorro fiscal” de 13 millones de euros (50 millones a final de legislatura). Este planteamiento, sin embargo, no cuenta con una evaluación “que permita conocer qué contribuyentes resultan principalmente beneficiados”. “Se trata de una rebaja sin efecto redistributivo, tiene el mismo efecto para todos los contribuyentes con independencia de su nivel de renta”, señala el CES.

El Consejo asesor recomienda al gobierno de Fernández Mañueco que evalúe el “sistema de beneficios fiscales y sus resultados” y que publique anualmente un informe sobre el impacto que estas rebajas tienen realmente. También reclama que analice el “impacto distributivo, efecto acumulado y su compatibilidad con una financiación estable de los servicios públicos” para poder analizar “la progresividad del sistema fiscal y no únicamente el coste o ahorro fiscal”. Sin embargo, no se ha pronunciado sobre la política tributaria de Castilla y León por “las diferentes posiciones” que hay en este Consejo, en el que participan organizaciones sindicales, empresariales, expertos, organizaciones agrarias, de consumidores y cooperativas.

Lo que debía ser un minuto de silencio –convocado por la Federación de Municipios y Provincias– en Valladolid por la muerte de más de 60 personas en el accidente ferroviario de Urda, Toledo, ha terminado por convertirse en un acto de campaña de Vox y de Santiago Abascal, que ha terminado con proclamas como ‘Puente, asesino’ o ‘viva Abascal’ o 'viva el presidente', en referencia al líder de Vox.

Un millar de personas se han reunido frente el Ayuntamiento de Valladolid, donde se han dado cita diferentes cargos públicos municipales, provinciales y autonómicos de todo el espectro político para guardar un minuto de silencio. Entre otros cargos institucionales, estaban el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (PP), el presidente de la Diputación, Conrado Íscar (PP), el consejero de la Presidencia, Luis Miguel Gago (PP), el delegado del Gobierno, Nicanor Sen (PSOE) y el subdelegado en Valladolid, Jacinto Canales (PSOE) y otros exrepresentantes públicos como el exalcalde Javier León de la Riva (PP).

Santiago Abascal ha salido del vehículo dos minutos antes de las 20 horas y se ha acercado a donde estaban los manifestantes –a 50 metros del resto de instituciones–, muchos de los que habían asistido al mitin de precampaña de Vox, con gritos como 'Viva España', 'Viva Santi, 'Óscar Puente, dimisión', 'Pedro Sánchez, hijo de puta', 'España, unida, jamás será vencida' o 'España cristiana y no musulmana'.

Unas 200 personas han secundado en Burgos, Soria y León el minuto de silencio por la tragedia, 400 en Palencia, 300 en Zamora y Ávila, y un centenar en Segovia, informa EFE.

A la concentración silenciosa han acudido, entre otras autoridades, la vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco; el alcalde de Zamora, Francisco Guarido; el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez; o el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco; entre otros representantes institucionales.

Guarido ha anunciado que ha suspendido el pleno municipal previsto para mañana y ha explicado que el equipo municipal ha activado a sus bomberos para acudir a Urda, aunque de momento no han sido requeridos. La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha precisado que hasta el lugar del siniestro se han desplazado dos helicópteros de Sacyl de las provincias de Segovia y Ávila, tras solicitar la activación de esos medios la Comunidad de Castilla-La Mancha. 

En Ávila se han concentrado unas 300 personas en la plaza del Mercado Chico, a las puertas del Ayuntamiento, para guardar cinco minutos de silencio por el accidente, entre ellas la consejera de Movilidad, Cristina Sanchidrián, el subdelegado del Gobierno, Fernando Galeano, y el delegado de la Junta, José Francisco Hernández, así como representantes de todos los grupos políticos. El alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, que se encuentra asistiendo a al XVIII Congreso de Ciudades Patrimonio Mundial en Marrakech, ha mostrado en nota de prensa su pesar por el trágico accidente, al tiempo que ha trasladado todo su apoyo a familiares y amigos de las víctimas.

En Soria han asistido diferentes representantes de las administraciones sorianas, concejales, el subdelegado del gobierno y la ex delegada de la Junta. En Segovia han estado en el minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento más de un centenar de segovianos, con el alcalde José Mazarías a la cabeza, junto con el presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel de Vicente, la subdelegada del Gobierno, el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez y representantes de todas las formaciones políticas.

En León, han acudido representantes de todos los partidos políticos del espectro, junto a decenas de ciudadanos. Un sonoro aplauso de recuerdo puso fin al sepulcral silencio mientras las expresiones de incredulidad por lo sucedido se convertían en el comentario más extendido tras la concentración. El alcalde de León, José Antonio Diez, expresó en nombre de la ciudad sus condolencias y deseos de pronta recuperación a los heridos.

Mañueco: “Toda España está de luto”

“Hoy está de luto toda España”, ha trasladado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tras el minuto de silencio de Salamanca, donde ha trasladado el pésame a los familiares de las víctimas y deseado una pronta recuperación a los heridos“ y ha confiado en que se ”esclarezcan las causas lo antes posible“.

“Estamos todos consternados por lo que ha ocurrido”, ha reconocido Mañueco, quien ha reconocido la labor de los servicios de emergencia, sanitarios, protección civil y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y de los vecinos de los municipios colindantes. 

“Queremos trasladar desde Castilla y León, desde Salamanca, nuestra solidaridad a Castilla-La Mancha y a Andalucía, que han sido golpeadas una vez más en este mismo año por segunda vez en un accidente de estas características, en un trágico accidente que, como digo, nos ha consternado a todos”, ha sostenido Mañueco.

Santiago Abascal, el único líder nacional que ha decidido mantener sus actos de precampaña tras el accidente de Toledo, ha cargado este jueves contra el Gobierno y contra el ministro de Transportes. El líder de Vox ha aprovechado un breve mitin en Valladolid para llamar “ministro de la muerte” a Óscar Puente y “banda criminal” al Ejecutivo. Casi 70 personas han muerto en el choque de un AVE y un tren de Iryo en Urda (Toledo).

“Aunque algunos quieren aprovechar el luto para amordazarnos y mantenernos callados, nosotros creemos que tenemos el deber de estar aquí”, ha asegurado Abascal en su acto, que ha durado poco más de 20 minutos para que los asistentes pudieran acudir al minuto de silencio convocado a las 20.00 horas frente al Ayuntamiento. Antes de empezar, Vox ha pedido al público que se levantase para escuchar La muerte no es el final, una canción que se usa en los homenajes militares, en señal de duelo por las víctimas.

Mientras la mayor parte de los partidos han cancelado su agenda, Abascal ha decidido mantener la convocatoria de los actos de precampaña programados en Santander y Valladolid. Una decisión, según ha explicado, que se ha tomado “para expresar el pésame”, por los familiares de los desaparecidos y los heridos. “Pero también para manifestar nuestro compromiso de defender a los españoles de una organización criminal. Por eso no estamos dispuestos a suspender una campaña electoral”.

“Vox no está de fiesta, Vox trabaja”, ha insistido el líder de Vox, que ha atacado al Gobierno en los dos mítines del día. “Nuestro trabajo es denunciar. Nuestro trabajo es exigir respuestas y exigir responsabilidades. No solo al ministro de la muerte, sino al presidente del Gobierno”. “Que no utilicen el luto para callarnos o para decir que los políticos tenemos que ser plañideras en los funerales”, ha asegurado en Valladolid.

Abascal ha recordado el “crimen de Adamuz” y ha acusado al Gobierno de tener “mucha prisa en buscar un chivo expiatorio, un cabeza de turco” en el caso de Urda. “No podemos creer absolutamente nada de lo que diga este Gobierno antes del 29 de noviembre”, ha asegurado el líder de Vox, que ha insistido en que el Ejecutivo es “el Gobierno de la mentira, el Gobierno de la ruina y el Gobierno de la traición”.

Según el análisis de Abascal, la responsabilidad del apagón, de las riadas o de los accidentes de Adamuz y Urda es “la corrupción y el fanatismo climático”. Y ha insistido otra vez en que el Gobierno es una “organización criminal que ha secuestrado” las instituciones y ha “condenado” a los ciudadanos “a la destrucción, la muerte y el enfrentamiento”.

Vox se querella contra Adif

Cuando comenzaban a caer las primeras informaciones sobre el accidente, el líder de Vox ha conectado en directo con el programa Espejo Público, de Antena 3, continuando con su agenda prevista. También ahí ha aprovechado para cargar contra el Gobierno: “Continuaré mi viaje por España porque nosotros estamos trabajando para denunciar la degradación de las infraestructuras de nuestro país”.

Abascal y Vox tampoco suspendieron su agenda tras el accidente de Adamuz, que coincidió con la campaña para las elecciones de Aragón. En aquel momento, el líder de Vox afirmó que el resto de fuerzas políticas “quisieron utilizar el luto para acallar” las denuncias y críticas referentes a las infraestructuras y garantizó que Vox no participaría. Vox repetirá este esquema en esta ocasión.

Sus críticas, a diferencia de lo que ocurrió con la tragedia de Adamuz, se han trasladado ahora a los tribunales. La formación de Abascal ha presentado una querella ante el juzgado de Orgaz que investiga el accidente ferroviario de Urda (Toledo) contra los responsables de ADIF y contra los operadores del puesto de mando de Atocha que autorizaron la marcha de los trenes tras el fallo del sistema de frenado automático LZB.

Esta querella se suma a la denuncia del sindicato de funcionarios Manos Limpias que este mismo miércoles también imputaba delitos contra la seguridad colectiva, y delitos de imprudencia grave con resultado de lesiones u homicidio. Este sindicato va contra ADIF, Iryo y Renfe, y contra las personas físicas directivas o encargadas de la supervisión, mantenimiento y gestión del material rodante y de la infraestructura.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado que este miércoles su partido presentarán una querella contra el “delegado del Gobierno” en Zamora –en referencia al subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco–, a quien ha acusado sin pruebas de estar “detrás de los actos de intimidación” que han sufrido en Zamora esta tarde. En Castilla y León, el delegado del Gobierno tiene carácter autonómico y las provincias tienen un subdelegado del Gobierno. Una veintena de personas han protestado por la convocatoria de Vox en la plaza de la Marina dentro de su gira de precampaña electoral, de cara al 29 de noviembre.

“Hoy tenéis que hacer un ejercicio de contención y pacifismo porque hay veinte personas, gentecilla, que no puede permitir que los demás se puedan expresar”, ha protestado Santiago Abascal. Esta querella, de finalmente entregarse, no sería la primera. Vox ha anunciado hoy mismo su interposición de interponer una querella contra la socialista Adriana Lastra por unos incidentes de un acto de precampaña celebrado un día después de que Lastra cesara de su cargo.

Durante su intervención, Abascal ha acusado al candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, de mandar un mensaje “guerracivilista”. “¿Qué hacen hablando de un enfrentamiento fratricida y horrible entre españoles de hace un siglo, de un enfrentamiento superado? ¿Por qué odian tanto a su propio pueblo que tienen que rescatar los viejos odios entre la gente y las familias?”, ha planteado el presidente de Vox, en alusión a uno de los últimos vídeos de campaña de Pedro Sánchez, a quien también ha calificado de “candidato de Marruecos”. También ha cargado contra el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, “el candidato del Frente Estrecho, de mirada corta, torva y guerracivilista” y el candidato de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, “con un discurso guerracivilista”.

Abascal pide “no confiar” en las encuestas

El líder de Vox ha pedido “no confiar” en las encuestas, que ha calificado como “el mayor enemigo del cambio”. Abascal ha reclamado que Vox no solo pueda “influir” en el próximo Gobierno de España, sino que ha alentado a un futuro en el que Vox tenga tanta representación que pueda “aspirar a la Presidencia del Gobierno”. Abascal se ha referido a España como “una nación muy vieja con un recorrido magnífico”, en la que “los abuelos de nuestros abuelos” han protagonizado “las mayores gestas de la Historia” como la Reconquista, el descubrimiento y la evangelización de América y la independencia de la Francia napoleónica.

Abascal, que apenas se ha referido al gobierno que Vox tiene con el PP en Castilla y León, y ha esbozado España como un país “colapsado” por la inmigración en áreas como la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales. También ha apelado al “sentido común” para justificar su discurso xenófobo y se ha dirigido a los votantes de izquierdas y de derechas para pedirles el voto: “Llamamos a esos españoles a una gran tarea de reconstrucción nacional, en la que no sobra nadie salvo los enemigos de España y de la libertad”. Respecto a la Desregulación –una palabra “un poco complicada”, ha reconocido–, ha pedido que se notifique a los gobiernos autonómicos “qué normativas ideológicas, climáticas, del Pacto Verde y la Agenda 2030 entorpecen la prosperidad”.

Pollán y los “billetes de vuelta”

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha mostrado su disposición a que “los españoles no sean extranjeros en su propio país” en una comunidad autónoma con un 9% de población extranjera. Pollán ha defendido que el Ejecutivo que comparte con el PP está trabajando en “sacar muchos billetes de vuelta” a los migrantes irregulares.

El candidato al Congreso y exdiputado autonómico, Miguel Suárez Arca, ha continuado esa línea y ha apostado por una “remigración inevitable e ineludible si queremos que España siga siendo España”. Suárez Arca ha apelado a “la buena gente que no se resigna a ver España sumirse en el caos, la precariedad y la violencia que la izquierda promueve” y se ha negado a “renunciar” a su patria en territorios como “Cataluña, vascongadas, Galicia, Baleares o Ceuta”.

“Nos duele España, como a Unamuno”, ha afirmado el leonés, que se presenta en la candidatura zamorana. Suárez Arca ha aludido a los reinados de Carlos I, Felipe II y a batallas como las de Lepanto (1571), Cartagena de Indias (1741) y Alhucemas (1925) ha llamado a “no resignarse a ver perecer España, aunque sea por honrar a nuestros héroes”.

El Ayuntamiento de Palencia, que dirige la socialista Miriam Andrés, ha ofrecido un espacio cultural (Centro Cultural Lecrác) y el Teatro Principal para las obras “que puedan sufrir censura” en Castilla y León tras la cancelación de la obra 'Federico', que ha sido denunciada ante la Fiscalía. La producción de la compañía 43-2 desarrolló su proceso creativo en Palencia, por lo que “se conoce el valor del trabajo: la dedicación, la investigación, el talento y la profesionalidad que hay detrás”.

“No vamos a mirar hacia otro lado. Abrimos nuestras puertas, ponemos nuestros espacios al servicio de la creación y defendemos una cultura en la que quepan todas las personas. La libertad cultural no se proclama únicamente: se ejerce, se protege y se defiende con hechos”, señala el Ayuntamiento en un comunicado. 

El equipo de gobierno ha reivindicado que el Lecrác y el Teatro Principal de Palencia son “lugares de libertad, respeto y encuentro”, con obras “sin condicionamientos ideológicos”. “Defendemos una cultura plural, libre y sin tutelas ideológicas, ya que no corresponde a las instituciones decidir qué obras merecen existir en función de su pensamiento o de la incomodidad que puedan generar, sino garantizar que la ciudadanía pueda conocerlas y valorarlas libremente”, afirma el consistorio.

Políticas culturales “al servicio de la creación”

El Ayuntamiento palentino ha condenado la cancelación de la obra y el veto a las ayudas al cine si las producciones “implican adoctrinamiento ideológico”. Para el equipo municipal, las políticas culturales deben “estar al servicio de la creación” y no convertirse en “instrumentos de exclusión o filtros ideológicos”, por lo que es necesario establecer “criterios transparentes, garantías de pluralidad y un compromiso inequívoco con la libertad artística”.

“La identidad cultural de un pueblo no se construye silenciando voces, sino ofreciendo escenarios; no restringiendo miradas, sino favoreciendo el diálogo”, suscribe el equipo de Miriam Andrés, que también apunta a las nuevas bases de las subvenciones al cine en Castilla y León, en cuya impugnación está avanzando el Ministerio de Cultura.

El Ayuntamiento de Palencia afea que se introduzcan ese tipo de criterios “sin garantías suficientemente claras y objetivas”, lo que “abre la puerta a excluir proyectos por su contenido y a sesgar la producción cultural”. “Las subvenciones deben servir para impulsar la creación, no para establecer filtros ideológicos que condicionen qué historias se cuentan, qué miradas se financian y qué voces llegan a la ciudadanía. El dinero público debe proteger la pluralidad, no reducirla”, remata el equipo de gobierno municipal. 

La Plataforma del Audiovisual de Castilla y León y la Delegación de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales en Castilla y León (CIMA) han mostrado una “profunda preocupación por la incorporación de condicionantes ideológicos” en la convocatoria de las ayudas a la producción del cine, unas partidas que ya están entre las más reducidas de España (325.000 euros). También han reclamado que las obras se evalúen sin tener en cuenta “la orientación ideológica atribuida a sus autores o de las opiniones políticas o sociales”.

Las asociaciones también han pedido que se “proteja” la convocatoria de ayudas “sin plantear la impugnación o anulación de la convocatoria” -algo que ya ha anunciado el Ministerio de Cultura- y sin desear “que ninguna organización actúe en ese sentido en nuestro nombre”. El sector lamenta que “una eventual paralización de las ayudas” podría terminar “perjudicando al tejido audiovisual”.

Los profesionales del sector han defendido en un comunicado que el “adoctrinamiento ideológico” que atribuye Vox a algunas producciones va “en contra de la libertad de expresión y de creación artística” e implica “una discriminación por razón de opinión” y que, además, se ha establecido “sin criterio aparente”.

También han negado que el sector del cine sea “un sector homogéneamente ideologizado”, puesto que los creadores actúan “desde la libertad, con miradas, sensibilidades y posiciones muy diversas”. “El cine no recibe consignas acerca de qué historias debe contar ni desde qué perspectiva política debe hacerlo”, zanja el sector en un comunicado. Además, el sector explica que la legislación estatal ya contempla algunas exclusiones de cualquier subvención para evitar que producciones que incluyan propaganda política sean subvencionadas.

La plataforma y la asociación CIMA han rechazado “cualquier disposición que pueda condicionar la libertad de creación o discriminar proyectos por las ideas, perspectivas y sensibilidades que expresan”. También se ha solicitado “total transparencia” sobre el comité de funcionarios que anunció el otro día el consejero de Cultura, Alberto Díaz Pico (Vox), para analizar lso proyectos que se presenten.

La “desventaja” de las producciones de Castilla y León

La plataforma del audiovisual tiene previsto convocar una asamblea extraordinaria para recoger las preocupaciones del sector y pedir una interloculación con la Junta de Castilla y León en la que abordar las “condiciones reales” del sector. En concreto, han pedido que las bases se actualicen y “se adapten a las circunstancias sociales, económicas y culturales” dadas las “desigualdades estructurales” de la comunidad, con unas dotaciones económicas “limitadas”, la ausencia de una televisión pública autonómica “que actúe como motor de inversión en producción audiovisual” y “la falta de instrumentos de financiación y desarrollo suficientemente competitivos”, lo que sitúa en “clara desventaja” a las empresas y profesionales de Castilla y León.

El alcalde ‘popular’ de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha defendido este jueves el festival de Seminci como “un espacio de libertad” y ha negado que exista “cine ideologizado” después de las críticas del consejero de Cultura de Castilla y León, Alberto Díaz Pico, quien ayer defendió que Seminci tenía “mucho que mejorar en neutralidad ideológica”.

En 2023 el acuerdo de gobierno municipal entre PP y Vox dividió la Concejalía de Cultura y Turismo para que el Partido Popular tuviera el control sobre las actividades relacionadas con el Turismo y la Seminci, que ya había sido atacada por el entonces vicepresidente autonómico de Vox, Juan García-Gallardo.

“El apoyo es total y claro en los presupuestos del año que viene y lo será en un futuro”, ha garantizado. Este año Seminci acogerá 208 proyecciones, de las cuales un centenar son estrenos y pretende homenajear a José Luis Cienfuegos, director del festival durante tres años que falleció en 2025.

El alcalde de Valladolid confía que el gobierno de Castilla y León mantendrá las partidas para apoyar el festival independientemente “de las opiniones personales que pueda tener cualquier persona”, en alusión al consejero de Cultura, área que dirige Vox a escala autonómica. Carnero ha defendido Seminci como “un símbolo de ciudad” y el primer evento cultural de Castilla y León.

La codirectora de Seminci, Mariona Viader, ha defendido que el festival se programa “desde la total libertad” y ha sostenido que el festival “aglutina una pluralidad de miradas, de diferente procedencias, temáticas y geografías”. “Cada autor tiene su visión y eso es lo que queremos reivindicar”, ha zanjado Viader.

El codirector de Seminci, Javier H. Estrada, ha reivindicado el cine de autor, que implica “crear sin ningún tipo de cortapisa y avanzar en una mirada humanista”. Estrada ha calificado al festival de “ejemplo de diversidad y de diálogo”.

Carnero ha reflexionado sobre cómo el cine es “una expresión artística” equivalente a la libertad. “No hay cine ideologizado. Hay cine bueno y cine malo, cine que te gusta o que no te gusta, pero ese es otro tema”, ha aludido.

La Junta de Castilla y León garantiza las ayudas a la Seminci

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha tratado de despejar las dudas sobre la continuidad de la financiación autonómica al festival. “Nuestro apoyo a la Seminci es inequívoco, lo vamos a seguir haciendo”, ha asegurado. El portavoz ha recordado que el proyecto de presupuestos de Castilla y León para 2027 incorpora una partida específica para el certamen, además de la dotación prevista para la edición de este año.

La financiación de 2027 tendrá carácter nominativo y estará dirigida a la Seminci, que organiza el Ayuntamiento de Valladolid. Carriedo ha defendido que el Gobierno autonómico mantendrá su compromiso con esta actividad cultural y ha expresado su voluntad de que el festival siga teniendo relevancia nacional e internacional.

Preguntado por si esa ayuda podría reducirse en ejercicios posteriores, el portavoz ha señalado que el actual Gobierno ha presentado los presupuestos de 2027 con una partida específica y ha asegurado que ese compromiso se mantendrá durante la legislatura. No ha concretado, sin embargo, las cantidades que se consignarán en las cuentas de los años siguientes.

El Gobierno de PP y Vox en Castilla y León dice que un comité de funcionarios evaluará “la trascendencia ideológica” de las películas. El consejero de Cultura de Castilla y León, Alberto Díaz Pico (Vox), ha anunciado que se creará una comisión de valoración de “técnicos y expertos” de la Junta de Castilla y León que evaluarán los proyectos, y que saldrán aquellos “que tengan la calidad suficiente para ser subvencionados”. “Confiamos en la profesionalidad de los funcionarios públicos de esta Administración. ¿O creemos que ellos también están ideologizados?”, ha interpelado a los periodistas, a los que ha atendido después de la sesión plenaria de este miércoles.

Díaz Pico ha apelado al “sentido común” para determinar qué es cine “ideologizado”. “El sentido común es lo que debe marcar lo que es ideologizado o no. Cada uno puede hacer lo que le dé la gana. El dinero público debe ser para generar una cultura para todos”, ha zanjado. El titular de Cultura ha considerado que no se puede “utilizar dinero público para financiar posturas ideológicas”. “Eso es lo que no debe financiarse, que no interesa a nadie y únicamente supone propaganda política”

Díaz Pico no ha querido concretar qué película podría considerarse que implique “adoctrinamiento ideológico”. Preguntado por La Bola Negra, ha señalado que no puede opinar porque no la ha visto. La última película que ha dicho que ha visto ha sido Resident Evil, con su hijo. “Sí que opino que hay otras películas que han sido récord de recaudación y que no han tenido ninguna financiación pública. Y que hay películas que han obtenido financiación pública y han sido un fracaso de recaudación”, ha apuntado el consejero, quien no ha concretado más.

A la espera del recurso del Ministerio

Preguntado por el recurso que ha anunciado el Ministerio de Cultura, Díaz Pico ha asegurado que está “acostumbrado” a que el Gobierno “utilice la Justicia cuando le interesa”, y porque aún no les ha llegado ninguna comunicación oficial al respecto. “Esperemos que para cuando quieran interponer el recurso ya no estén en el Gobierno”, ha agregado.

El consejero de Cultura —que ha trabajado como coordinador de Servicios de Políticas Culturales entre 2013 y 2022— ha defendido su apuesta “por la excelencia y la calidad de las producciones”, no por “financiar proyectos que no ve nadie y que no quieren los ciudadanos”. Además, Díaz Pico ha defendido que “la potencial recaudación” de una producción audiovisual “tiene mucho que ver con la calidad”. “Los ciudadanos eligen las películas por las que pagan al cine, que no es barato, y la eligen por calidad. La calidad no la eligen los políticos ni los medios de comunicación, la eligen los ciudadanos.

El titular de Cultura ha defendido su apuesta por “la neutralidad institucional” y “la libertad de creación” en Castilla y León. “Nos gustaría que todos los creadores tuviesen la misma libertad y no estuviesen sometidos a los sesgos ideológicos que impone el Ministerio de Cultura”, ha señalado Díaz Pico. El consejero de Vox considera que su criterio “responde a una demanda social”.

Cine “ideologizado” en la Seminci

“La Seminci tiene mucho que mejorar en neutralidad ideológica”, ha apostillado el consejero de Cultura, que asegura que las ayudas autonómicas al festival del cine “no se están evaluando en este momento” ni está prevista ninguna modificación en el Proyecto de Presupuestos que debatirán las Cortes de Castilla y León en las próximas semanas. “Hay temáticas que no se tratan en la Seminci, temáticas históricas que puedan tener que ver con el espíritu y la presencia de España en el mundo, y todas esas temáticas no se tratan. Se trata mucho más de un cine más ideologizado”, ha suscrito Alberto Díaz Pico.

No es la primera vez que Vox carga contra la Seminci, el exvicepresidente de la Junta de Vox Juan García-Gallardo, señaló en 2024 que el festival era “imprescindible” para Castilla y León, aunque reclamaba “futuros gobiernos del Ayuntamiento de Valladolid” a que apostaran por el “cine sin ideología”. En Valladolid gobiernan en coalición PP y Vox desde 2023, aunque la Seminci está en manos del Partido Popular. El ex de Vox, tras su salida del partido de extrema derecha en febrero de 2025, criticó también la inclusión de secciones como la de 'Cambio Climático' al entender que “se desviaba” de la finalidad original de lo que era la Seminci: “Dar a conocer la obra de nuestros artistas y que no se trate de promocionar los contenidos ideológicos de ninguna formación política, sino apostar sin ningún tipo de sectarismo por nuestra industria del cine”, señaló entonces.

“El censor del reino”

El portavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Carlos Martínez, ha acusado este miércoles a PP y Vox de querer “resucitar al censor del reino” con las nuevas condiciones introducidas en las ayudas autonómicas al cine y ha confiado en que la Seminci no permita que la Comunidad sea identificada como “un territorio de censura”. Martínez ha introducido esta cuestión durante su intervención en el debate de una proposición no de ley sobre la red eléctrica, que ha aprovechado para enlazar con la polémica surgida por la convocatoria de ayudas de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, dirigida por Alberto Díaz Pico (Vox).

El portavoz socialista ha aludido al franquismo para criticar la medida y ha recordado que en 1957 se utilizaba el abastecimiento eléctrico para intentar impedir emisiones radiofónicas que no estuvieran autorizadas por el régimen. “Hoy hemos visto cómo la coalición del Partido Popular y Vox pretende una vez más censurar la cultura en nuestra Comunidad Autónoma a través del cine”, ha afirmado Martínez.

En vísperas de la edición de este año de la Seminci, el dirigente socialista se ha mostrado “absolutamente seguro” de que el festival “no se lo va a permitir” y ha pedido a los dos partidos que reflexionen sobre una política que, a su juicio, devuelve a Castilla y León “a los tiempos del blanco y negro” y “del NO-DO”. “La censura es un insulto a la inteligencia y la cultura y el cine son un derecho de la democracia y de la ciudadanía”, ha concluido el portavoz socialista.

Vox exige “que vuelva la libertad”

El portavoz de Vivienda de Vox, Carlos H. Quero, ha reivindicado en Valladolid que “vuelva la libertad” a la industria audiovidual y “se acabe con los cupos y la propaganda”. El representante de Vox ha instado a “recuperar un espacio público neutral” que premie “la calidad” y no “se dirija el pensamiento del ciudadano” ni “satisfacer criterios ideológicos”, independientemente de que estos parámetros sean “de izquierda, de derecha, nacionalistas, no nacionalistas, regionalistas, centralistas, federales, medio pensionistas del segundo piso o del quinto izquierda”.

El veto en las ayudas —que Quero se ha negado a calificar como tal— es “una declaración a toda España”. “Ya está bien que haya una cultura de unos o de otros”, ha protestado el portavoz de Vivienda, quien ha asegurado: “Queremos un país en el que los creadores piensen lo que piensen, sean absolutamente libres”.

Quero —quien no ha visto La Bola Negra porque está “centrado” en la precampaña y campaña electoral— se ha negado “a hablar de una película u otra”. “Estamos de acuerdo con que se subvencione el cine y todo acto cultural y que lo que dirima si algo es bueno o no no tenga que ver con la ideología, sino con su calidad. Vox va a estar apoyando a los cineastas, artistas, cantantes, productores, guionistas, actores de teatro y actrices de cine para que puedan llevar a cabo su labor sin ningún tipo de cortapisa ideológica”, ha concluido.

Puente insinúa que Castilla y León es una “dictadura”

Los responsables políticos del Gobierno de España cargar contra la decisión de la Junta de Castilla y León después de que Cultura, en manos de Vox, haya vetado ayudas a películas y series que “impliquen adoctrinamiento ideológico”. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha insinuado que Castilla y León es una “dictadura”. “Yo pensaba que la dirección artística de una película solo la decidían los gobiernos en las dictaduras”, ha protestado el también exalcalde de Valladolid. Puente ha rematado en un mensaje publicado en X: “Va a ser verdad que en España hay una dictadura, pero en Castilla y León concretamente”.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha cargado contra el PP y Vox, que “quieren adoctrinarnos con su ideología fascista”. En un mensaje de X, Redondo ha agrupado la noticia sobre el veto de Vox en las ayudas del cine con otro artículo sobre la Semana Internacional del Cine (Seminci) que arranca este viernes en Valladolid. “Los que se dicen defensores de la libertad, en cuanto tocan poder censuran la libertad artística y de creación. Adiós, Seminci, adiós”, ha publicado en la red social la exconcejala de Cultura de Valladolid.

Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, se ha preguntado “dónde están todos los gilipollas que se venían quejando —en programas de prime time— de que les cancelan cuando llega la censura de verdad?”.

En Castilla y León solo hay cuatro municipios con una renta media por hogar superior a los 80.000 euros, y solo uno de ellos supera el millar de habitantes. Los tres pueblos con más ingresos medios por hogar son Pampliega (Burgos, 281 habitantes), Camporredondo (Valladolid, 143 habitantes) y Sotosalbos (Segovia, 132 habitantes). Estos dos últimos han registrado un incremento importante de la renta media por hogar, casi del doble desde 2019.

Justo detrás se encuentra Simancas, municipio vallisoletano de más de 5.000 habitantes, cuyas zonas censales oscilan entre los 47.000 y 107.000 euros, según los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la renta bruta media por hogar (antes de impuestos) de las declaraciones de IRPF de 2024.

Castilla y León también tiene dos municipios que están entre los más pobres de España: Espadeño (Zamora), con 20.993 euros de renta media por hogar y Peñaparda (Salamanca), con 21.576 euros.

La renta media bruta por hogar ha aumentado más de un 20% en todas las capitales de Castilla y León desde 2019, especialmente en Ávila (26,3%, hasta los 45.000 euros) y Segovia (24%). Las capitales de Burgos, Valladolid y Soria superan los 49.000 euros de renta media bruta por hogar, a las que sigue muy de cerca Segovia (48.897 euros). En León capital, este indicador supera los 47.000 euros. Las capitales con menor renta son palencia (45.295 euros), Salamanca (42.896) y Zamora (42.070 euros).

Entre los barrios y municipios más ricos de Castilla y León destacan en Valladolid capital El Peral, con una renta media bruta por hogar de 102.504 euros y Fuente Berrocal (110.000 euros); Valdelagua, Navahonda y Albahonda II, entre 91.000 y 95.000 euros (Salamanca); las zonas residencial de Simancas (107.000 euros), Boecillo (92.000 euros), Sotoverde (88.000 euros), Bosque Real (94.000 euros). Estas rentas contrastan especialmente con los pueblos de otras provincias: Por ejemplo, Abia de las Torres es el pueblo de Palencia con más renta media bruta por hogar: 56.582 euros.

El 15% de las secciones censales de Castilla y León están entre el 10% más pobre de España. Los datos del Instituto Nacional de Estadística también revela dónde se encuentra el 1% más pobre de Castilla y León: el barrio del Carmen y el barrio de San José Salamanca (22.000-26.000 euros de media por hogar), Las Viudas y Pajarillos Bajos en Valladolid (20.000-27.000 euros)

En este percentil también se encuentran municipios pequeños como Brime de Sog, Olmillos de Castro, Gallegos del Río (Zamora), Santa Cruz del Valle (Ávila), Serradilla del Llano, Horcajo de Montemayor, Aldea del Obispo, Dios le Guarde (Salamanca), etc..

Vox, que dirige la Consejería de Cultura en Castilla y León, ha decidido vetar películas y series que “impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyen a opciones políticas concretas”, según la Orden para financiar la preproducción, producción y distribución de largometrajes (de ficción y documentales) y pilotos de series de animación y televisión.

La Orden no contempla qué criterios se establecen para analizar si estas producciones audiovisuales “implican un adoctrinamiento ideológico”, ni este concepto está incluido dentro de los baremos, pero sí está dentro de los requisitos que deben tener los beneficiarios: “deberán desarrollar las actividades subvencionadas con pleno respeto a los principios de objetividad, neutralidad institucional, pluralismo y servicio al interés general”. En 2025 se concedieron subvenciones a una decena de proyectos documentales y de ficción que incluían temáticas históricas, culturales o medioambientales.

El consejero de Cultura, José Alberto Díaz Pico (Vox), lleva meses insistiendo en que la Cultura en Castilla y León –una comunidad en la que ha gobernado la derecha desde 1987– es “sectaria” y había sido “ideologizada” por la “progresía”. Díaz Pico ha sido coordinador de Servicios de Políticas Culturales entre 2013 y 2022 y ha trabajado como técnico de la Dirección General de Deportes entre 2024 y 2026. Los últimos cuatro años estuvo Gonzalo Santonja al frente de Cultura, tras ser colocado por Vox en 2022. Santonja consiguió mantenerse en el cargo tras la marcha y expulsión de los consejeros de Vox en 2024.

“No podrán destinarse los fondos públicos concedidos al amparo de esta convocatoria a actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”, continúa la Orden, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León el 9 de octubre.

Otro de los cambios que ha introducido Vox es la reducción del anticipo de la subvención, que en esta convocatoria solo será del 20%, y no del 25% como hasta ahora. Las subvenciones no pueden suponer más del 50% del presupuesto de la pieza audiovisual, con un límite máximo de 60.000 euros. Además, la productora debe financiar al menos el 10% de la película.

“Injerencia política” en las redes sociales

Este verano, poco después de que Díaz Pico tomara posesión, los sindicatos se quejaron porque consideraban que la Consejería de Cultura estaba ejerciendo “injerencia política” en la gestión de las redes sociales culturales. De hecho, la cuenta de X de la Biblioteca de la Junta de Castilla y León en Valladolid –que tenía mucha actividad hasta ahora– lleva sin actualizar su contenido desde junio.

Vox también ha impuesto un perfil político para su gran fundación cultura, la Fundación Siglo, al elegir a Rebeca Arroyo, quien fue presidenta de la Comisión de Industria y portavoz de Vox en Sanidad en las Cortes durante la pasada legislatura.

El ministro de Cultura: “Más censura”

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha afeado que esta sea “la política cultural de Vox”: “Más censura”. “Hoy lo hacen en Castilla y León y mañana querrán hacerlo desde el Gobierno de España”, ha protestado en Bluesky, donde ha reivindicado la defensa de “la libertad de creación” frente a “la censura y el control ideológico”.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha cargado contra “la motosierra de PPVox”: “Lo mismo te recorta la pensión que las películas que no les gustan”, ha protestado en un post publicado en X.

Carlos Martínez, el secretario general del PSOE en Castilla y León, ha llamado a “defender la libertad para crear” tras el “intento de censura” de Vox. “¿Y quién decide qué es adoctrinar? ¿Hablar de igualdad, feminismo, diversidad o memoria democrática?”, ha cuestionado Martínez en X. “El riesgo es que pretendan revisar la Constitución artículo por artículo hasta adaptarla a su pensamiento único. Y el PP, su socio de gobierno, sigue callado o cómplice”.

El secretario general de UGT Castilla y León, Óscar Lobo, ha criticado que los presupuestos de Alfonso Fernández Mañueco para 2027 sean “barra libre para las empresas” con dinero público entregado “a fondo perdido”. En una rueda de prensa celebrada este viernes, Lobo ha calculado que casi el 20% de las ayudas directas que se recogen sirvan para apoyar la actividad empresarial.

Castilla y León tiene el quinto salario medio más bajo del país, por lo que Lobo ha calculado que esto supone una pérdida de 3.400 euros anuales respecto a la media nacional. El sindicalista ha tildado de“inaceptable” que “se riegue con dinero público a las empresas” mientras los salarios crecen por debajo de la inflación. “Crece la riqueza del conjunto de la comunidad, pero cobramos menos”, ha protestado.

Lobo, que ha negado que las cuentas planteadas por PP y Vox sean “buenas para los trabajadores” porque “no tienen en cuenta la realidad salarial y no resuelven ni corrigen la desigualdad salarial”. Por este motivo ha reclamado “ayudas directas a los trabajadores para mejorar los salarios igual que se le dan ayudas a fondo perdido a las empresas”. También ha pedido que las ayudas a las empresas se vinculen a la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores.

Óscar Lobo ha considerado que a los Presupuestos les falta “ambición” para afrontar el principal problema de Castilla y León: la despoblación y la marcha de personas en busca de “nuevas oportunidades”. “Esta comunidad necesita más gente y no vemos una política pública capaz de atraer y retener población”, ha afeado.

Vivienda

El secretario general autonómico de UGT ha considerado que no basta con las medidas planteadas por el Ejecutivo autonómico. “No es suficiente con las ayudas al alquiler, ni construir unas pocas viviendas, algunas de las cuales van al parque público”, ha manifestado Óscar Lobo, quien ha exigido el Ejecutivo de Mañueco que aplique la Ley de Vivienda y tope los precios del alquiler.

También ha rechazado que las rebajas impositivas se traduzcan en unos mejores servicios públicos y ha considerado que las rebajas a herencias y patrimonios “genera desigualdad”, mientras que las rebajas del tramo autonómico del IRPF se traduce en “unos pocos euros” para la mayoría de los trabajadores.

Lobo ha defendido la importancia del Diálogo Social como herramienta que “garantiza el progreso y la cohesión social” y ha pedido sentarse a negociar y “hablar de cómo se distribuye el dinero público” para “beneficiar al conjunto de los trabajadores”.

La Junta de Castilla y León elige a un gestor de cotos como nuevo director general de Caza –en concreto, figura como titular o arrendatario de tres cotos en la información pública– después de que el anterior fuera cesado tras tres meses en el cargo, según ha informado este jueves el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El nuevo director de Caza, Pesca y Medio Rural, que depende de Vox, es Marco Criado Nicolás, graduado en Ciencias Ambientales y doctor en Geología por la Universidad de Salamanca, donde imparte clases. También ha gestionado cotos de caza entre 2021 y 2025, según el currículum enviado por el Ejecutivo autonómico, y ha sido asesor cinegético de la Federación de Caza de Salamanca.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, (Vox) prometió al inicio de la legislatura “el libre uso” de visores nocturnos acoplables en la caza cuando se autorice el control poblacional por daños agrícolas y ganaderos, algo que ya se ha aprobado.

El gobierno de Alfonso Fernández Mañueco (PP-Vox) también ha elegido director general de Cuidados y Humanización de la Consejería de Sanidad: Rubén Cañizares, graduado en Ciencia Política y Enfermería, cuya profesión ha ejercido en puestos de atención sanitaria en Valladolid (Atención Primaria y hospitalaria) y Salamanca, en el Hospital. Además, Cañizares es concejal del Partido Popular en el municipio salmantino de Villares desde 2023.

En 2026 ha sido elegido jefe de la Unidad de Enfermería, Calidad y Seguridad del Paciente en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Cuenta con formación en Liderazgo Enfermero (Universidad Católica de Ávila), Dirección, gestión y Administración Sanitaria (Universidad Católica San Antonio de Murcia) y Gestión y Planificación Sanitaria (Universidad Europea de Madrid).

Cambio en los Servicios Jurídicos

También se han producido cambios en la dirección de los Servicios Jurídicos, después del cese a petición propia de su titular, María García Fonseca. Fernández Carriedo le ha agradecido los servicios prestados y ha explicado que García Fonseca había adquirido un compromiso para terminar al final de la pasada legislatura, por lo que ahora abandona este puesto.

La nueva directora de Servicios Jurídicos será Ana Isabel González Rodríguez, licenciada en Derecho y que ha trabajado como letrada de la Dirección de los Servicios Jurídicos desde 2022 después de casi dos décadas como letrada-jefe de las consejerías de Empleo, Fomento, Medio Ambiente y Movilidad.

Castilla y León, dirigida por PP y Vox, es la única comunidad sin Ley LGTBI después de que Asturias haya aprobado su propia normativa. La ley, demandada por el colectivo LGTBI, lleva pendiente desde hace más de una década y cuatro gobiernos: la última mayoría absoluta de Juan Vicente Herrera y todos los gobiernos (en coalición con Ciudadanos y Vox o en minoría) de Alfonso Fernández Mañueco. Las asociaciones LGTBI piden al presidente autonómico que “tome nota” del Partido Popular asturiano, que ha negociado y apoyado la Ley.

La última vez que la vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco (PP), abordó esta cuestión, aseguró que la protección que ofrecía la Ley estatal era suficiente. Las plataformas LGTB han denunciado en varias ocasiones las “maniobras dilatorias” del Partido Popular para no avanzar en la tramitación de la norma, incluso a pesar de haber redactado sus propios proyectos.

“No es que no tengamos ninguna Ley autonómica, es que Castilla y León, que presume muchísimo de sus Servicios Sociales, no tiene ni una sola política pública dirigida al colectivo LGTBIQ+, que somos un porcentaje importante de la población”, protesta la presidenta de Fundación Triángulo Castilla y León, Yolanda Rodríguez, que alerta de unos discursos de odio “más cruentos” y de situaciones de violencia física en la Comunidad.

Hace ya diez años desde que redactó la primera Ley LGTB, y las asociaciones todavía no se explican por qué el PP de Extremadura apoyó una normativa que fue dejada de lado cuando fue replicada en Castilla y León. “En Asturias el PP ha votado a favor del proyecto de Ley, mientras que aquí el PP sabe que lleva más de treinta años en el poder y tiene todas las estrategias electorales para dar de lado a un sector muy grande de la población”, protesta Rodríguez.

Antes de la llegada de Mañueco al Palacio de la Asunción, el PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU y UPL acordaron un texto con las asociaciones LGTBI que incluso contó con el respaldo de una sola de los 'populares', Silvia Clemente, mientras el resto del PP se negó a negociar el texto, que acabó metido en un cajón, bloqueada durante el periodo de enmiendas. Silvia Clemente era entonces presidenta de las Cortes de Castilla y León, quien intentó ser la candidata al gobierno autonómico por Ciudadanos en 2019 y después con su propio partido político.

2019-2021, una legislatura fallida

Ahí ha estado prácticamente desde entonces, precisamente, a pesar de otros vanos intentos: en 2019 el PSOE y el Grupo Mixto (Podemos, UPL y Por Ávila) presentaron de nuevo aquel texto, del que se desmarcó Ciudadanos, ya en el poder. El entonces vicepresidente, Francisco Igea (exCiudadanos) se comprometió a tramitar la Ley Igualdad Social de la Diversidad Sexual desde el gobierno autonómico, que tenía en coalición con el Partido Popular. La Ley ni siquiera se aprobó en Consejo de Gobierno: en mayo de 2021 contó con el último trámite antes de pasar a su aprobación por los miembros del gobierno, y ahí se quedó guardado hasta que Fernández Mañueco adelantara los comicios en diciembre de 2021 con un tuit.

La Ley LGTB se quedó, por lo tanto, otra legislatura sin tramitar. En la primera coalición PP-Vox, ese texto ni siquiera se puso sobre la mesa, mientras que la nueva propuesta socialista pactada con las asociaciones solo se desbloqueó después de que el PP decidiera abstenerse y permitiera su tramitación. Entonces, el PP gobernaba en solitario tras la marcha de Vox de los gobiernos autonómicos. Eso sí, votaron en contra los diputados autonómicos de Vox y los dos expulsados del partido de extrema derecha. El PP proponía que, de tramitarse una Ley –algo que no era prioritario para ellos–, esta debía ser “sólida y hecha con rigor”. Pero, de nuevo, el debate no avanzó, y concluyó la pasada legislatura sin una Ley que refuerce los derechos de los integrantes del colectivo.

“Volvemos a las mismas”

“Tuvimos muy buenas palabras por parte de las representantes del PP que tuvieron la decencia de reunirse con las entidades, pero volvemos a las mismas”, protesta Gema Segoviano, vocal de Segoentiende, asociación LGTBH de Segovia.

La Proposición socialista incluía nuevos términos como el 'sexilio', en alusión a las personas del colectivo LGTBI que se ven obligadas a abandonar sus pueblos por su orientación sexual o identidad de género, abordaba el acceso sanitario a las personas trans y las políticas contra la LGTBIfobia y de odio en las aulas, entre otras.

Castilla y León vuelve a tener un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox, así que la Ley LGTB ha vuelto a desaparecer de la escena al dejarla fuera del pacto de gobierno entre ambas fuerzas políticas. El Partido Socialista que ahora dirige Carlos Martínez aún no ha registrado una Proposición de Ley al respecto, aunque sí ha presentado dos Proposiciones No de Ley sobre las familias LGTBI y el acoso escolar a menores del colectivo. El PSOE también tiene intención de volver a presentar una Proposición de Ley para proteger de manera específica a estas personas.

Segoviano teme que el tema vuelva a paralizarse, porque no cree que el Partido Popular se vaya a oponer abiertamente a Vox con esta cuestión. “Vamos a ver cómo respiran y volveremos a presentar otro texto, a ver qué sucede esta vez”, anuncia la portavoz de Segoentiende, que muestra su intención de contactar con los partidos políticos cuando se hayan celebrado las elecciones generales del 29 de noviembre.

Las asociaciones exigen que se elabore una Ley actualizada que atienda a las demandas actuales y teme que, si el PP decide negociar un texto, proponga algo “descafeinado” que sirva “para lavarse la cara”, o que se utilice a las mujeres y menores trans “como arma arrojadiza y para meter miedo”. “Si hubiera una Ley podríamos acudir a los tribunales para explicar por qué no se atienden algunas necesidades como las sanitarias y sociales”, concluye la presidenta de Fundación Triángulo Castilla y León, en referencia a la menor trans a la que Sacyl aplazó su terapia hormonal.