El Ayuntamiento de Fresno El Viejo, un pequeño municipio de Valladolid, ha abierto ya su piscina municipal. Hace unos días, anunciaron sus precios y abonos para el verano, con precios especiales para familias biparentales y monoparentales. Un aviso ha llamado la atención del PSOE: “Se considera matrimonio a padre y madre con hijos. Este bono no será aplicable a abuelos y nietos ni a tíos y sobrinos”, explica el cartel del Ayuntamiento.

“No hay nada homófobo ni nada parecido”, asegura el alcalde fresnero, Luis Miguel Muñumer, que lo atribuye a “un error tipográfico” y niega que se esté produciendo ningún tipo de discriminación. “No entiendo nada. Eso lo lleva el técnico, que ha visto los precios y no ha leído lo demás”, explica Muñumer, que apunta que se ha trabajado con el mismo modelo de póster desde hace años. Fresno El Viejo es un Ayuntamiento de 7 concejales que ronda los 800 habitantes empadronados y que puede duplicar su población en verano.

“Aquí lo único que produce es risa. Nadie se ha quedado y todo está correcto. [Los concejales del PSOE] No vienen al pueblo y dicen este tipo de cosas sin preguntar...”, protesta Muñumer. Según ha explicado el regidor a elDiario.es, esta misma semana se modificará el cartel que “no tiene más importancia que la de los precios”. El portavoz socialista, José María Magro, considera “una barbaridad” que el Ayuntamiento plasmara matrimonio como “padre y madre” cuando el Código Civil establece que mantrimonio constituyen aquellas uniones civiles entre dos personas, independientemente de su sexo.

“El sábado pasado presentamos un escrito en la sede del Ayuntamiento en el que pedimos la dimisión del concejal de Deportes, Raúl Herrera, y que se modifique la ordenanza fiscal para incluir precios especiales para víctimas de violencia de género, desempleados y familias vulnerables, por ejemplo”, expone Magro. “También se discrimina a los abuelos, que cuidan especialmente en verano de sus nietos y no pueden entrar en la piscina con un abono familiar”, protesta el edil socialista. El alcalde 'popular' defiende que los precios son “bajísimos” y que el Ayuntamiento presta un servicio “estupendo”, y pide al PSOE que aplique ese mismo criterio diferenciador en los municipios en los que gobierna.

Una imagen bucólica, en la que el cacareo de un gallo o el trino de los pájaros te puede despertar por la mañana. Ese paisaje por el que no pasa el tiempo, que muchos quieren preservar y otros buscan industrializar. Para muchos, el pueblo es introspección y soledad, mientras que otros atesoran recuerdos de las tardes en bici y juegos infinitos. Son muchos -muchísimos- los escritores que se han inspirado en el pueblo como un concepto propio y etéreo, pacífico, incluso romántico. Con esa misma idea quiere jugar la editorial vallisoletana Páramo, que ha reunido a una treintena de escritores, dramaturgos y poetas españoles que producen sus obras desde los lugares pequeños: pueblos y ciudades que normalmente se quedan fuera del debate público y que quieren reintroducir la despoblación como un problema central de buena parte del país.

El libro 'Todavía. Relatos para la supervivencia de la España sentenciada' es un compendio de relatos que reflejan las luces y sombras del medio rural español y reivindica el amor, la crítica y el humor. “Cada relato es una mirada y una voz. Todas diferentes con una causa común. Esa diversidad de estilos, sensibilidades y formas de contar convierte este libro en un territorio narrativo extraordinariamente rico, como la tierra que sus autores defienden”, expone la editorial vallisoletana. Páramo quiere recuperar la despoblación como un elemento clave en la agenda política. “Hace unos años este tema estuvo en boca de todos y marcó unas elecciones. Pero así como apareció, desapareció”, comenta una de las editoras, Virginia Hernández, que trabaja desde el pequeño pueblo de Valoria La Buena (Valladolid).

En el libro participan escritores, poetas y periodistas de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón, cuyo trabajo se pone en valor con este libro. “El territorio aparece de muy diversas formas: protagonista, decorado, con melancolía, humor... cada uno ha utilizado este recurso en su forma. A través de sus voces, se pretende demostrar que ”el territorio está vivo“ y que la España rural ”no es un fósil o un museo para turistas“, defiende Hernández.

Tomás Sánchez Santiago, Premio Castilla y León de las Letras de este año, es uno de los escritores que han participado en esta obra coral. “Aposté por dejar al descubierto lo que ha podido suceder en cualquier zona que se ha abandonado por desidia, inercia y vértigo, que nos ha llevado a lo urbano. Jugué con la posibilidad de que alguien volviese y revisitase la vida en el pueblo”, explica el poeta. Christo Casas, antropólogo y autor de El power ranger rosa, también participa en el libro con un relato sobre una pareja lesbiana que decide iniciar su proyecto de vida en un pueblo abandonado, y cómo se complejizan procesos como la maternidad. Explica que tuvo “mucha química” con la editora desde que coincideron en la presentación de su ópera prima en la ciudad del Pisuerga. “Dije que sí a la primera”, recuerda.

María San Miguel, dramaturga galardonada con el Premio El Ojo Crítico en 2025, ha puesto más el foco en las “violencias sutiles y la opresión” que puede suponer vivir en los pueblos, donde cree que no ha calado del todo el sistema democrático. “No se trata solo de que las instituciones no pongan los suficientes recursos públicos, que también, sino que ha habido una despreocupación de fomentar las herramientas de la democracia”, defiende San Miguel. Esta actriz cree que el hecho de que muchos pueblos incumplan la Ley de Memoria Histórica y mantengan nomenclaturas franquistas “reverbera y repercute en otro tipo de violencias” que llevan a una sociedad “de represión y opresión”.

Envíos a despachos políticos

La editorial ha comenzado una campaña de crowdfunding que tiene una doble vertiente: el donante compra dos libros, uno para él y otro para un representante político de su elección. Se pretende llegar a responsables políticos como Alfonso Fernández Mañueco, Pedro Sánchez, Santiago Abascal o la reina Letizia de una manera más “performativa”. “Si les enviamos un correo electrónico no nos responderán, pero si les enviamos treinta libros... es una forma de interpelarles directamente, de decirles que seguimos aquí y que este es un tema importante. Queremos dar un grito a la gente que tiene capacidad para tomar decisiones. Quieran o no, van a tener que leernos”, agrega la editora.

La despoblación es el primer problema de Castilla y León para sus ciudadanos, según el último barómetro autonómico del CIS. “Ojalá se atrevan a leerlo y a hacerse preguntas, a enfrentarse a las cosas positivas y también a las más duras del medio rural y piensen qué pueden hacer ellos”, apostilla San Miguel. “Es una iniciativa que consolida el espíritu del libro. Es una intención necesaria e inteligente. No se trata de hacer un producto comercial, sino que tenga alcance político de responsabilidad y eso debería tener su efecto”, comenta Tomás Sánchez Santiago.

Christo Casas cree que sería “interesante” que los representantes políticos entiendan que es “un territorio diverso, con disputas y contradicciones internas y en la que se manifiestan las desigualdades materiales y la desmantelación del Estado del Bienestar”. “Uno de los problemas que padece la España rural es que estamos acostumbrados a que se cuente la realidad sin contar con personas que la viven desde dentro. Es a menudo una caricatura hecha desde las grandes ciudades: o se hace una parodia ultraidílica o una demonización de 'pueblo pequeño infierno grande'”, lamenta el escritor conquense.

La importancia de la cultura en los pueblos

Tomás Sánchez Santiago también reivindica el papel de la cultura en el medio rural. “Esta es una llamada de atención que debería ser atendida. No solo desaparecen los bancos, maestros o los curas... también hay un arrastre nefasto que lleva al abandono de lo cultural”, reivindica el poeta y novelista zamorano, que lamenta que se esté “desatendiendo” a los más mayores, que ahora están perdiendo “hasta el derecho a la contemplación de su paisaje”.

“Parece que para dedicarte a la cultura tienes que estar en los grandes focos de este país: Madrid o Barcelona. Y tenemos gente del interior peninsular que escribe muy bien, pero que está alejada de la influencia, los grandes focos y las relaciones interpersonales que se generan en el mundo de la cultura y la escritura. Pero aquí se hacen cosas que están tan bien hechas como las de la capital. Se produce cultura y de muy buena calidad”, defiende Virginia Hernández.

María San Miguel, procedente de Medina del Campo, pone el foco en un aspecto rural que cree que se obvia: que permanece un poso generado por el franquismo y el nacionalcatolicismo. “Siempre hablamos de la crisis de las democracias, pero hay preguntas más profundas que no nos hacemos y que tienen que ver con cómo se ha gestionado la periferia desde la transición. La democracia tiene que ver con la participación, la no violencia, la convivencia con el otro, la justicia e igualdad social... Y en muchos pueblos sigue habiendo terratenientes, alcaldes con discursos xenófobos y racistas... Tiene que ver con si la democracia ha permeado o no en el conjunto de la sociedad. Y, si no ha permeado, que nos hagamos preguntas sobre por qué la Iglesia y la tauromaquia tienen tanto arraigo en la tradición” reflexiona.

En el libro participan Arturo Tendero de Albacete; Ester Bueno Palacios, Miguel Velayos y Nieves Álvarez de Ávila; Jesús Carazo y Óscar Esquivias de Burgos; Carlota Visier y Christo Casas de Cuenca; José María Merino, Sol Gómez Arteaga y Vicente Muñoz Álvarez de León; Elena de Castro de Palencia; José Luis Puerto, Manu Espada y Yolanda Izard de Salamanca; Ignacio Sanz y Maribel Gilsanz de Segovia; Julio Izquierdo de Soria; Rafael Cabanillas de Toledo; Alejandro Cuevas, Beatriz Sanz Olandía, María San Miguel y Rodrigo Garrido Paniagua de Valladolid; Beatriz Cepeda, Clara García Fraile, David Refoyo y Tomás Sánchez Santiago de Zamora; y Cristina Fallarás de Zaragoza.

La Junta de Castilla y León ha declarado este viernes la situación de de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales para los días 20, 21, 22 y 23 de junio por las altas temperaturas y la masa de aire sahariana que se prevé, por lo que se esperan temperaturas de hasta 40º, vientos de hasta 55 km/h, tormentas eléctricas y una humedad de ambiente baja. Quedan en el aire, por lo tanto, las celebraciones de San Juan, caracterizadas por las hogueras y la pirotecnia en algunos puntos de la comunidad.

Los responsables en este caso serán los ayuntamientos, como ha recordado la Consejería de Medio Ambiente. A finales del año pasado, la Junta de Castilla y León calculó que solo 150 de los 701 municipios que presentan un “máximo riesgo” de verse afectados por un incendio forestal contaban con un plan de actuación local de emergencia ante incendios forestal o estaban tramitándolo. La obligatoriedad de tener este plan local fue aprobada en 2013 y está prevista en el Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Plan INFOCAL). El propósito es que los municipios cuenten con “anillos de protección” -cortafuegos- ante los incendios.

El Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos) ya ha comunicado que suspende todas las autorizaciones para el uso del fuego, incluidas las relativas a las hogueras de la Noche de San Juan, ante la declaración de situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales en Castilla y León, que estará vigente desde las doce la noche del 20 de junio hasta la medianoche del 23 de junio.

En Valladolid, de momento se ha descartado tomar medidas extraordinarias para San Juan. La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de León está valorando y analizando la situación con la Junta y el Servicio de Bomberos.

La Junta de Castilla y León rechaza la autorización ambiental de la macrogranja de Cidones (Soria), que tenía previsto cebar a 3.614 cerdos. El nuevo Plan Hidrológico del Duero 2022-2027 endureció las normativas de protección del agua, lo que ha derivado en la desestimación de este proyecto.

El proyecto, que preveía una explotación porcina de 4.368 cabezas de ganado, arrancó en 2017. Dos años después, el Ayuntamiento de Cidones emitió varios informes contrarios, puesto que esa iniciativa era incompatible con la ordenación urbanística. La Delegación Territorial de Soria también inadmitió la solicitud de evaluación ambiental por incompatibilidad urbanística. Después de que la empresa interpusiera un recurso —desestimado en primera instancia y que estimó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ)—, se anularon las resoluciones administrativas y se obligó a continuar con el procedimiento de evaluación ambiental. Se decidió, por lo tanto, continuar con el procedimiento, aunque en noviembre de 2023 se anuló la modificación de las Normas Urbanísticas de Cidones, manteniendo las parcelas como suelo rústico común.

Mientras tanto, entró en vigor el Plan Hidrológico del Duero 2022-2027, por lo que los informes previos de la Confederación dejaron de tener validez. En 2025, el promotor presentó un texto refundido del proyecto para adaptarlo a la normativa vigente, por lo que redujo la capacidad de la granja a 3.614 plazas. Sin embargo, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) mantuvo su rechazo a la declaración de impacto ambiental, puesto que existía un “riesgo extremo de contaminación” para el embalse de Cuerda del Pozo y las aguas subterráneas.

La parcela propuesta formaba parte de la cuenca de escorrentía directa del embalse, cuya agua estaba fuertemente protegida porque era “zona sensible”, “agua de baño” y “zona de captación de agua para consumo humano”. Por lo tanto, el Servicio de Prevención Ambiental emitió un informe desfavorable, por lo que se ha denegado la autorización ambiental.

El Ayuntamiento de Soria presentó alegaciones al proyecto, entre otros motivos por la posible afectación al abastecimiento municipal de aguas. El Ayuntamiento de Cidones alertó en varias ocasiones de que el proyecto era incompatible con la ordenación urbanística y generaría un impacto negativo perdurable en el paisaje. También temía posibles filtraciones o roturas de las balsas de purines, así como emisiones contaminantes de amoniaco a la atmósfera. La Junta de Castilla y León descartó este riesgo de contaminación por infiltraciones si se aplicaban unas medidas correctoras propuestas, aunque finalmente ha denegado el proyecto ante la entrada en vigor del Plan Hidrológico del Duero.

La Policía Nacional ha detenido a dos personas e investigado a una tercera por desviar fondos en una asociación asistencial de Palencia para viajes, compras y la adquisición de una vivienda, entre otros, por un importe de 25.000 euros como mínimo. Los agentes han señalado la “especial complejidad” de la investigación a esta asociación dedicada a la atención y apoyo de personas afectadas por enfermedades neurodegenerativas y sus familias. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial.

La investigación arrancó en 2025 después de que interviniera la Fiscalía Provincial, que quería esclarecer las posibles irregularidades en la gestión económica de la entidad, según ha informado la Policía Nacional a través de un comunicado. Los agentes analizaron documentación bancaria, administrativa y contable, así como información obtenida mediante requerimientos dirigidos a entidades financieras, compañías de servicios y otras empresas relacionadas con las operaciones investigadas.

La investigación ha revelado indicios de que fondos de la entidad habrían sido presuntamente destinados a fines privados de las personas investigadas, entre ellos la adquisición de una vivienda, el abono de recibos de comunidad, viajes y compras en comercios locales. Según las estimaciones realizadas hasta el momento, estas prácticas se habrían prolongado durante varios años y el importe investigado podría superar los 25.000 euros, aunque la cuantía final podría incrementarse al continuar abiertas las actuaciones.

La Policía Nacional realizó entradas y registros, en los que se intervino abundante documentación, soportes informáticos y dispositivos de almacenamiento digital de interés para la investigación.

El Ayuntamiento de Salamanca ha propuesto reducir a nueve días la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión o sacarla de la plaza Mayor, según ha denunciado una librería de Salamanca y confirmado el propio consistorio a elDiario.es Castilla y León. El Ayuntamiento, dirigido por el PP, ha planteado que la Feria del Libro Antiguo se reduzca a nueve días para igualar ambas ferias y se celebre del 17 al 25 de octubre.

Actualmente, la feria dura 16 días (además de las cuatro jornadas de montaje y dos para desmontar las casetas) en unas fechas en que coinciden con festivos, lo que había supuesto las quejas de algunos visitantes por la ocupación de la plaza Mayor. La alternativa planteada por el equipo de Carlos García Carbayo sería desplazar los puestos de esta feria y celebrarla en la plaza de los Bandos, que está a cinco minutos andando desde la principal plaza de la ciudad.

Salamanca no tiene un gremio de libreros constituido como tal, según explican desde la patronal autonómica. Además, en la feria solo participan cuatro librerías salmantinas, que son los principales actores con los que habla el Ayuntamiento para organizar esta feria.

“La hostelería no nos quiere en la plaza Mayor”

Ana Fortes es la librera de Mundus Libri y defiende la necesidad de cuidar y mantener la duración de la feria. “Después de la de Madrid y Barcelona, la de Salamanca es la mejor feria de antiguo. Hasta ahora lo ha gestionado muy bien el servicio de bibliotecas municipales, pero en los últimos años sentimos un boicot porque la hostelería no nos quiere en la plaza”, protesta.

Otra de las librerías es La Nave, que ha mostrado su rechazo a esta iniciativa a través de redes sociales. Fuera de la plaza Mayor ya se probó hace años en varias ediciones y no funcionó. La Feria es un reclamo para la cultura y el turismo de calidad, pero no es económicamente viable si se reducen los días, especialmente para aquellas librerías que vienen de fuera y que tienen unos mayores costes de alojamiento y portes“, han protestado desde la librería La Nave.

Fortes reivindica el valor cultural de la feria. “Ya la fecha que nos toca no es muy buena, pero por nueve días no compensa a los libreros de otras ciudades. Necesitamos días porque tenemos que compensar que pueda haber un fin de semana de lluvia, por ejemplo. En algunos sitios la feria dura tres semanas y media, como en Valladolid, donde dura 24 días”, explica la librera de Mundus Libri.

La Nave ha afeado que el Ayuntamiento apueste por convertir la ciudad “en un escenario para turistas de despedidas, un macroabrevadero para un turismo de corto plazo, un decorado vacío de piedras desde el que apelan a una cultura que destruyen”. La librería lamenta que se haya “ninguneado y desmontado” la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión. “El Ayuntamiento ha decidido acabar de destruir la Feria”, han reprobado a través de Instagram.

UGT ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo por las altas temperaturas en el centro de especialidades de Pilarica, en Valladolid. Las mediciones que han realizado los celadores del centro han superado los 34 grados en alguna ocasión, hasta los 38ºC, lo que para UGT resulta “incompatible con unas condiciones de trabajo seguras y saludables”.

UGT ha recurrido a la Inspección de Trabajo para que investigue y reclame a Sacyl que adopte “las medidas necesarias” para “garantizar unas condiciones laborales seguras y acordes con la normativa vigente”. El sindicato ha defendido que recurrirá a “todas las vías legales y administrativas para defender la salud y seguridad de las personas que trabajan en el centro de especialidades de Pilarica”.

A pesar de que se ha contactado con la Gerencia del área y con el servicio de Prevención de Riesgos Laborales, la Consejería de Salud y Bienestar Social no ha atendido las quejas del sindicato, según ha informado a través de un comunicado. UGt ha advertido de que esta temperatura puede provocar “deshidratación, agotamiento físico, golpes de calor y estrés térmico, además de dificultar el desempeño de la actividad laboral habitual”.

La legislación actual considera que la temperatura debe mantenerse entre 17 y 27º en los trabajos sedentarios, propios de oficinas, y entre los 14º y 25º en los trabajos ligeros. UGT afea que algunas consultas médicas y de enfermería tengan equipos portátiles de aire acondicionado, “mientras el personal de atención al público desarrolla su trabajo en condiciones extremadamente adversas”. “Resulta especialmente llamativo”, zanja el comunicado.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha nombrado como asesora a la concejala del PP de Ávila y exsenadora Teresa García Avilés, según se ha publicado este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). Por el momento, es la única novedad en el equipo de personal eventual del gobierno autonómico. García Avilés fue senadora entre 2000 y 2004 y es concejala en el Ayuntamiento de Ávila desde 2024, un cargo que ya ostentó entre 1999 y 2003. En las elecciones municipales de 2023, García Avilés se quedó fuera del consistorio y estuvo trabajando como asesora del grupo municipal hasta que Alicia García abandonó la coroporación municipal para asumir la Portavocía del Grupo Popular en el Senado.

Entre los técnicos y periodistas que han sido nombrados —y que ya trabajaban en diferentes consejerías—, se mantiene al exconcejal Carlos Paramio, que se grabó mientras conducía su coche cantando y bailando mientras soltaba el volante. Paramio es hijo del que fuera jefe de protocolo del expresidente Juan José Lucas y ha sido asesor en las Cortes de Castilla y León, la Fundación Siglo y la Delegación del Gobierno en la Comunidad.

También se han nombrado a los siguientes asesores: Félix Colsa Bueno, Alberto Manuel Fernández Barderas, Clara Bort Díaz, Raquel Martínez Carrascal, Alicia Romera Soto, David Navarro Martínez, Raquel Sastre Cazón, Miguel Angel González Rodrigo, Marta Pascual Ceruelo, Antonio Luis Sánchez Martín, Francisco Javier Gutiérrez Fuentes, Jaime Sánchez Cuéllar, Laura Prieto Arribas, Germán Burgoa Cobreros, Esther Marín Prieto, Fernando Conde Parrado, Rebeca Sánchez Martínez, Raquel Sanz Lobo, M. Teresa Gutiérrez Lázaro, Jorge Sánchez Garcinuño, Daniel Martín Arranz, Gadea Velasco García y Teresa Zurro Sánchez.

El Procurador del Común (el Defensor del Pueblo autonómico) de Castilla y León ha abroncado a Somacyl, la empresa pública más grande de la Comunidad autónoma y responsable de la promoción de vivienda pública, por no permitir subsanar documentación a una mujer que quería acceder a un alquiler social en Soria. Según la denunciante se produjo un problema técnico que impedía leer el código de verificación (CSV) de su certificado de empadronamiento, lo que afectaba a su puntuación, y no se le permitió corregir la situación. La afectada tiene abierta la vía judicial civil para hacer valer sus derechos, según ha informado la institución.

El Procurador del Común, que dirige Tomás Quintana, ha instado a Somacyl a garantizar que los solicitantes puedan subsanar defectos de la documentación para evitar su indefensión, puesto que se “rechazó de plano” valorar el mérito, lo que es “contrario a los principios de igualdad y objetividad”. La Junta de Castilla y León tiene delegada la gestión de las viviendas del parque de Vivienda Protegida en la sociedad pública Somacyl, “lo que exige el sometimiento pleno a la legalidad vigente”. Se exigen, por lo tanto, unos estándares mínimos de “seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad y derecho a no sufrir indefensión”. Una indefensión que, entiende Quintana, se ha producido en este caso.

El responsable de esta institución ha reclamado a Somacyl que revise y corrija la baremación de la denunciante para que se reconozca la validez de los certificados que ha aportado, para que se le asigne la puntuación que legalmente le corresponda.

Somacyl, que se encarga de la Vivienda, Energía, los Recursos medioambientales y la Infraestructuras de la Comunidad, defendió que se valoraron los requisitos exigidos y se baremó la puntuación de los criterios a pesar de que los documentos habían sido entregados de manera “fraccionada”, lo que “inducía a confusión y no podía constatarse adecuadamente con el código seguro de verificación, al menos de uno de los dos documentos aportado”. Para el 'Defensor del pueblo' de Castilla y León, no se puede aceptar esta respuesta como “válida y suficiente”.

“Esta Procuraduría del Común no puede aceptar como una respuesta válida y suficiente a las alegaciones del solicitante, que el afectado tiene abierta la vía judicial civil para hacer valer sus derechos. Para Tomás Quintana, no es suficiente con que en la convocatoria se reconozca que el proceso de selección se rige por los principios de ”igualdad, concurrencia, objetividad, publicidad y transparencia“, sino que estos principios deben ser ”respetados para no convertirse en meras declaraciones de intenciones“.

La campaña de incendios empieza este viernes 12 de junio en Castilla y León, con un verano que temen agentes medioambientales, bomberos forestales y responsables políticos. El año pasado fue el peor que se recuerda en la comunidad, tanto por hectáreas quemadas como por el coste en vidas humanas que supuso.

¿Qué pasó el año pasado? ¿Cuánta superficie se quemó?

El 8 de agosto de 2025 empezó una oleada de incendios en Ávila, que no tardaría en extenderse a León, Zamora, Palencia y Salamanca, con hasta once fuegos de nivel máximo de gravedad, una categoría que se alcanza por su extensión o por afectar seriamente a núcleos de población o infraestructuras.

El pasado verano se produjeron incendios muy graves en Castilla y León, que afectaron especialmente a estas cuatro provincias. Fruto de estos incendios, fallecieron cinco personas: tres voluntarios, un bombero forestal y otro bombero forestal que murió cuando se desplazaba a un conato.

En total se quemaron 171.900 hectáreas, según confirmó la semana pasada el consejero en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, un poco superior a la cifra que dio en su comparecencia en el parlamento autonómico, cuando habló de 143.880 hectáreas, de las cuales más de 40.000 eran superficie arbolada.

¿Qué explicaciones dio la Junta?

Los primeros momentos han sido especialmente criticados por la oposición: el comentario de Suárez-Quiñones -que tenía “la mala costumbre de comer”-, al que los primeros incendios le pillaron en Gijón, las vacaciones de Fernández Mañueco, que tardó un día y medio en regresar para poder dirigir el operativo. El presidente de la Junta de Castilla y León compareció en las Cortes a petición de toda la oposición el día 29 de agosto. Por aquellas fechas, la Junta ya hablaba de 141.000 hectáreas afectadas.

En esa sesión plenaria, el líder del Ejecutivo autonómico defendió que las causas de los incendios habían sido inevitables e “imposibles de extinguir”. Estos incendios de sexta generación, contra los que solo cabe una estrategia defensiva. Desde agosto hasta que la legislatura acabó en enero de 2026, el consejero Suárez-Quiñones se ha enfrentado en los plenos a preguntas y mociones sobre el operativo y su gestión.

¿Hubo reacciones políticas?

Las peticiones de dimisión para Fernández Mañueco y Suárez-Quiñones han sido reiteradas y desoídas. Podemos y Vox acudieron a los juzgados por la gestión de los incendios, aunque aún no ha trascendido ningún resultado en concreto. La Fiscalía de Castilla y León archivó otras dos denuncias contra el presidente de la Junta de Castilla y Suárez-Quiñones porque no veía indicios suficientes de delito.

Los sindicatos se han negado a negociar con el consejero de Medio Ambiente y con el director general de Patrimonio Natural, José Ángel Arranz, y han presionado en muchas ocasiones a través de movilizaciones y manifestaciones.

El titular de Medio Ambiente también compareció en las Cortes para hacer balance de la temporada de incendios, aunque varios meses más tarde de lo habitual, y ya casi al final de la legislatura, después de que Vox y PP habilitaran la primera quincena de enero y forzaran así su comparecencia. En dos días, tanto Suárez-Quiñones como el director general de Patrimonio Natural responsabilizaron a la extraordinaria meteorología del verano y responsabilizó al Estado por su limitado apoyo al hablar de gestión conjunta de incendios, a la oposición por rechazar los decretos aprobados después del fuego sin negociar, y a las administraciones locales por no tener en buen estado los terrenos que debían vigilar.

Hace poco se publicó el avance informativo del Ministerio de los incendios forestales de 2025. Los medios aéreos del Ministerio actuaron en 97 incendios -la comunidad con más atención- y realizaron 899 intervenciones que actuaron durante 3.548 horas. De hecho, Castilla y León ocupó el 40% del tiempo que dedicaron los medios del Ministerio al apoyo a todas las comunidades autónomas.

¿Se han cumplido las promesas políticas?

Una de las primeras reacciones de Fernández Mañueco fue prometer ayudas a vecinos, agricultores y ganaderos afectados por los incendios. Los planes de recuperación han tenido un presupuesto de 114 millones de euros, según los cálculos de la Junta de Castilla y León: 21,76 millones para ayudas por desalojo, desescombro y reparación de viviendas y enseres de 7.300 familias y 235 inmuebles; más de 10 millones de compensación al sector ganadero; y más de 28 millones para un plan de restauración hidrológico-forestal, extracción de madera quemada y recuperación de hábitats y biodiversidad.

La recuperación del Patrimonio Mundial de Las Médulas en El Bierzo ha costado de 3,62 millones de euros, una cifra muy superior al presupuesto anual del Patronato de Fundación Las Médulas, que en 2025 fue de 480.000 euros.

¿Se han producido cambios en el operativo?

Es una pregunta compleja. Mañueco quiso aprobar un decreto de ordenación forestal y otro que pretendía incrementar la participación pública, pero ninguno de ellos fue negociado con los sindicatos, por lo que todos los partidos de la oposición (Vox, PSOE, UPL, Soria Ya, Podemos, Por Ávila y Francisco Igea) tumbaron ambas normas. Aún así, la Junta se comprometió a ir reduciendo el número de empresas contratadas a medida que se extinguieran los contratos, y a integrar a los trabajadores a empresas públicas como Tragsa o Somacyl. Sin embargo, en abril adjudicó y licitó algunos contratos con otras empresas.

Las empresas forestales que participan en el operativo de lucha contra incendios de Castilla y León están presionando porque dicen que la Administración lleva más de un año ignorando sus requerimientos y denuncian que Inspección de Trabajo ha iniciado “una campaña de acoso y derribo” por discrepancias entre las exigencias de la Junta y de Trabajo, lo que genera una inseguridad jurídica “absoluta”.

¿Cómo se afronta la temporada de incendios de 2026?

Hasta ahora se han producido ya 633 incendios, la mayoría eran conatos (526), de menos de una hectárea de superficie. La Junta de Castilla y León tiene previsto activar a 5.001 profesionales del operativo, un 6% más que el año pasado, a pesar de que se ha mantenido el sistema mixto de extinción de incendios. En total, está previsto invertir 160 millones de euros en este verano, 60 millones más que el año pasado.

El pacto de gobierno firmado entre PP y Vox incluye el compromiso del nuevo Ejecutivo a “incrementar la colaboración público-privada en la prevención y extinción de incendios, elaborar un nuevo Plan Forestal Integral e incrementar el número de planes de gestión forestal, entre otros aspectos. Pero el PP mantendrá la responsabilidad sobre los incendios y esta campaña ya está planificada y programada, así que probablemente no se produzcan grandes cambios.

Sabero, Hacinas, Saldaña, Rueda, Benavente... Castilla y León ya se está preparando para eclipse solar. El 12 de agosto, la península ibérica vivirá su primer eclipse total de Sol visible en más de un siglo. Muchos ya han reservado alojamientos en los puntos donde la visibilidad será mayor, incluida buena parte de Castilla y León. Alojamientos, restaurantes y Administraciones Públicas han aprovechado el tirón del eclipse para apoyar el astroturismo y visibilizar el potencial económico de esta área.

La Junta de Castilla y León ha elaborado varias guías de recomendaciones y pautas, incluida la de utilizar gafas homologadas para poder ver tanto el eclipse del 12 de enero como los sucesivos del 2 de agosto de 2027 y 26 de enero de 2028. 

Por este motivo, el Ejecutivo ha señalado los mejores sitios para ver el eclipse, un listado que incluye puntos de todas las provincias. Es recomendable buscar espacios abiertos, con buena visibilidad del horizonte y poca contaminación lumínica. Los espacios abiertos sin árboles que tapen el cielo, son los más recomendables.

Medio Ambiente también ha advertido que el eclipse se producirá en un momento en el que es probable que se produzcan incendios forestales, por lo que se recomienda no concentrarse en zonas arboladas ni acudir a las áreas naturales protegidas, “cuya conservación se podría ver afectada por la alta afluencia de personas”.

Mañueco ha tomado posesión como presidente de la Junta de Castilla y León este jueves arropado por otros presidentes autonómicos del PP y por el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a quien ha agradecido su presencia al inicio de su discurso. “Querido presidente Mariano Rajoy, eres para mí un gran ejemplo de inteligencia política, de sabiduría y de buen hacer en momentos especialmente difíciles para España, ha dicho. Se ha dirigido a los presidentes autonómicos presentes como el de Galicia, Alfonso Rueda; de Asturias, Adrián Barbón; de Extremadura, María Guardiola; de Aragón, Jorge Azcón y de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga. ”Tenemos todos mucho que trabajar juntos para impulsar nuestras autonomías y contribuir al progreso de España“.

El discurso, bastante vacío de contenido político, ha sido sobre todo institucional: ha agradecido el pacto con Vox y ha asegurado que asume esta etapa, la tercera como presidente de Castilla y León “con satisfacción, ilusión y responsabilidad” tras comprobar que el trabajo realizado ha sido “valorado por los castellanos y leoneses”, que esperan de este gobierno autonómico “respuestas eficaces a sus problemas” algo que Mañueco asume “plenamente”. Ha hablado de responsabilidad “para cumplir puntualmente un programa de gobierno, fruto de un pacto que cuenta con gran respaldo parlamentario”. Hay que recordar que Vox rompió su anterior pacto en 2024 fruto del desacuerdo en la acogida de menores migrantes no acompañados y en el incumplimiento de compromisos adquiridos con Vox. Este nuevo programa, ha dicho lo quiere llevar “desde los valores” que asume.

 Mañueco ha recordado la presencia de “Su Santidad el Papa León XIV”. “Creo que ha de servirnos de inspiración su referencia a la Escuela de Salamanca, que cumple su quinto centenario y es una de las grandes aportaciones de nuestra tierra al conocimiento universal y al progreso de la humanidad”. Y ha mandado un mensaje al citar al Papa, posiblemente a sus socios de gobierno: “ha de servirnos de inspiración el mensaje del Santo Padre de colaboración, diálogo y concordia social, desde la pretensión de servir al bien común y recordar aquello que hace verdaderamente humana la convivencia. 

 Ha presumido de “comunidad pujante, innovadora y con unos servicios públicos excelentes”. En una comunidad que pierde jóvenes año a año, Mañueco quiere “seguir creciendo, atrayendo talento, creando empleo. Haciendo de Castilla y León un lugar de oportunidades para vivir mejor y crear una familia. Una tierra que inspire orgullo de pertenencia”.

 Además de los presidentes autonómicos, han acompañado a Mañueco la exvicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría y la exministra de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España, Fátima Báñez. No han faltado el vicepresidente primero del Senado y polémico senador por Segovia, Javier Maroto y, en representación del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el secretario general de Cooperación Territorial Agustín Torres. Expresidentes de la Junta y de las Cortes de Castilla y León como Juan José Lucas, Juan Vicente Herrera, José Manuel Fernández Santiago y Carlos Sánchez Reyes, Instituciones propias de la Comunidad; alcaldes y presidentes de las diputaciones provinciales; rectores de las universidades de Castilla y León; representantes de los agentes económicos y sociales, así como de organizaciones profesionales y autoridades militares. No ha faltado la mujer y las hijas del Alfonso Fernández Mañueco, a quienes, emocionado, ha agradecido su apoyo.

En cuanto a los medios de comunicación acreditados para cubrir el acto de toma de posesión, hasta el momento se han contabilizado cerca de cien profesionales.

El líder del PSOE de Castilla y León Carlos Martínez, ha felicitado a Fernández Mañueco por su tercer mandato consecutivo, pero ha ironizado con el hecho de que haya jurado “con la misma mano con la que rubricó un acuerdo contrario al Estatuto y a la Constitución”. Martínez ha lamentado que el discurso haya tenido “muchas lagunas”. “Ni un solo guiño a un lenguaje inclusivo, al reconocimiento de la mujer en la sociedad ni un llamamiento al diálogo al resto de grupos parlamentarios, alguno de los cuales ni siquiera ha venido”.

Al no tener dedicación exclusiva, ha lamentado que algunos procuradores no hayan podido acudir a la sesión de este jueves. Martínez ha lamentado que Mañueco haya “despreciado prácticamente” al PSOE y a sus representantes. “Ojalá sea el comienzo real del trabajo de la Administración autonómica, porque trabajo hay más que de sobra”, ha manifestado ante los medios después de la toma de posesión.

El líder socialista ha avanzado que espera registrar en los próximos días el Proyecto de Ley de adaptación a la Ley de lucha contra la Violencia Machista para ver si este gobierno “es capaz de rubricar una Ley avalada por el trabajo del PSOE y los colectivos feministas”. También ha bromeado sobre el cambio de sitios entre Hierro y Pico: “Ya se están pegando entre ellos mismos [Vox] por un sillón”. “En este baile de la silla en el que han convertido el acuerdo de gobierno, que les ha servido para el reparto de sillones, hemos visto que algunos se han quedado sin él. Y eso se refleja incluso a la hora de ocupar los espacios en el hemiciclo”, ha comentado.

La familia de una menor 12 años ha denunciado una agresión sexual de varios compañeros de clase en Burgos, según ha informado Diario de Burgos y ha confirmado Policía Nacional a elDiario.es. La denuncia se registró a mediados de mayo durante la celebración de una fiesta de cumpleaños en un local público.

Los supuestos agresores tienen 11 o 12 años, están cursando sexto de Primaria (algunos están repitiendo curso). Al ser menores de 14 años, todos ellos son inimputables y no podrán ser procesados penalmente. El atestado ha sido trasladado a la Fiscalía de Menores.

Tras conocerse los hechos, y a pesar de que se habrían producido fuera del centro escolar, el colegio los expulsó durante cinco días. Los preadolescentes han vuelto al centro escolar, aunque se les ha separado de la víctima, que está “acompañada en todo momento”, según la Consejería de Educación.

De momento, no consta que se haya pedido la intervención de la Unidad de Intervención Educativa.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha pedido al alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo (PP), que retire las nomenclaturas y vestigios franquistas, incluyendo la calle al padre de Fernández Mañueco. También ha acusado a los responsables municipales de estar cometiendo un delito de prevaricación administrativa al incumplir la Ley de Memoria Democrática, que obliga a retirar los vestigios de exaltación del franquismo, incluida la nomenclatura de cargos públicos durante la dictadura.

Entre otros, la ARMH ha pedido retirar las calles dedicadas al padre de Alfonso Fernández Mañueco, Marcelo Fernández Nieto, que fue alcalde de Salamanca, procurador en Cortes y gobernador civil entre los años 60 y 70. En Salamanca todavía se conservan varios escudos y emblemas franquistas en edificios públicos y en iglesias.

“En el año 2026, y con dos leyes estatales que obligan a su retirada, la ciudad de Salamanca mantiene numerosos vestigios de exaltación de la dictadura franquista”, ha reprochado la ARMH en el escrito enviado al Ayuntamiento. La asociación memorialista ha solicitado que se retire toda la simbología franquista y que “se democratice” la nomenclatura municipal para que la ciudad “deje de rendir homenaje” a los que accedieron a cargos públicos.

El presidente de la ARMH, Emilio Silva, lamenta que supone “una enorme falta de cultura democrática de exaltación de personajes y hechos de una dictadura”. “¿Alguien imagina una calle dedicada al dirigente de un grupo terrorista? La violencia de los pistoleros falangistas asesinó a miles de civiles, se quedó con las propiedades de miles de familias republicanas y aterrorizó a las víctimas durante cuatro décadas. Que un municipio democrático con un alcalde elegido democráticamente mantenga esos elementos que enaltecen esa sangrienta dictadura es un insulto a la democracia y un maltrato a las víctimas”, ha manifestado a través de un comunicado.

Algunos vestigios ya se han retirado, como el medallón con la edifie de Francisco Franco, que estuvo en la plaza Mayor de Salamanca hasta 2017 tras una batalla judicial y administrativa.

El medallón artístico con la efigie de Francisco Franco, esculpido en un sillar de la plaza Mayor de Salamanca, ya es historia. La imagen ha sido retirada a primera hora de la tarde de este viernes. Llevaba 80 años allí, desde 1937. Y al menos tres de batalla judicial y administrativa ha costado sacar la representación del dictador de ese lugar para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica de 2007.

El Toro Jubilo de Medinaceli (Soria) ya es Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial, una celebración que hunde sus raíces en el siglo XVI y único ejemplo de la modalidad de toro de fuego que se desarrolla en Castilla y León, según ha aprobado este jueves el Consejo de Gobierno de esa comunidad.

En el acuerdo del Consejo de Gobierno se recoge que esta tradición constituye un rasgo identitario de Medinaceli, en cuya representación anual participan activamente sus vecinos, dentro de la fiesta local de los Cuerpos Santos. Se trata, además, de un festejo tradicional singular dentro de los festejos taurinos populares porque el animal no es sacrificado.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que “no se hace para aplacar ningún debate”, sino porque es una “celebración de largo recorrido en el tiempo, muy excepcional dentro de Castilla y León y porque hay un indulto al toro”. “Hay dos elementos distintos que conviene aclarar: una cosa es el debate en torno a la celebración del toro y otra es su declaración como BIC”, ha expuesto ante los medios.

Fernández Carriedo ha defendido que la Justicia ha definido esta celebración dentro de la legalidad y ha garantizado que se han unas “condiciones añadidas” para protegerlo a través de la declaración de Bien de Interés Cultural dados “el valor de la tradición, la singularidad y las condiciones específicas”. También ha explicado que ha habido más alegaciones a favor de esta declaración que en contra.

El toro es “indultado” después

El Toro Jubilo -cuya denominación procede de jubileo o indulgencia y no de júbilo- es una representación de los toros de fuego que se desarrollan por el litoral Mediterráneo y los valles de Ebro y el Jalón. La singularidad de este evento es que el toro siempre es “indultado”, constituyendo una excepción frente a otros festejos taurinos tradicionales.

E incluso la propia ordenanza municipal reguladora del festejo obliga a que haya un certificado o declaración jurada del empresario propietario del animal indultado de que no será utilizado para lidias posteriores en otros festejos.

Esa singularidad ya figura en los primeros documentos históricos sobre el Toro Jubilo, que establecen expresamente que no se puede matar al animal, ocurriendo con frecuencia en el pasado que un mismo animal fuera protagonista de la fiesta en diferentes años.

El Toro Jubilo se celebra en la Plaza Mayor de Medinaceli la noche del sábado más cercano al día 13 de noviembre, día de la festividad religiosa de los Cuerpos Santos en honor de los Santos Arcadio, Eutiquiano, Pascasio, Paulino y Probo.

Desde el año 2002 esta fiesta está declarada Espectáculo Taurino Tradicional, al amparo del Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de la Comunidad de Castilla y León aprobado por Decreto 14/1999, de 8 de febrero y, además, el Ayuntamiento de Medinaceli lo regula a través de una Ordenanza Municipal.

Pacma presentó un recurso en contra

El pasado abril, el Partido Animalista Pacma comunicó la presentación de un nuevo recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal de Instancia de Soria, contra la celebración del Toro Jubilo de Medinaceli, según recoge EFE.

Según Pacma, tanto el Ayuntamiento de Medinaceli como la Junta de Castilla y León son “plenamente conscientes” de que el festejo carece de la declaración de 'Espectáculo Taurino Tradicional' desde 2015, cuando el consistorio aprobó una modificación de las bases reguladoras “sin seguir el procedimiento previsto en el Reglamento autonómico”.

Sobre esta declaración como BIC, Pacma arguyó en el inicio del expediente que era “otra argucia para impedir o entorpecer cualquier recurso contra el festejo” por lo que presentaron alegaciones para evitar que fuera BIC un festejo “contrario a la legalidad”.

El Grupo Municipal Socialista de Salamanca ha pedido en un comunicado de prensa que se retire cautelarmente la actividad institucional del concejal denunciado por sumisión química, Alejandro Pérez de la Sota, que ha seguido sin dar explicaciones. Los socialistas han exigido “una respuesta política e institucional acorde con la gravedad de la situación”.

El exconcejal de Vox, sigue en la corporación municipal como edil no adscrito después de que fuera expulsado a principios de 2025. Desde entonces, Pérez de la Sota, abogado, permanece en el Consistorio como concejal no adscrito, aunque está entre los impulsores de Avanza en Libertad Castilla y León, una formación conformada por exmiembros de Vox en la comunidad. Además, ha mostrado su apoyo a la formación Se Acabó La Fiesta, que preside Alvise Pérez y que también acogió a algunos de estos representantes para sus listas en las elecciones autonómicas.

El PSOE cree necesario aplicar medidas preventivas después de que las denuncias se hayan ratificado judicialmente y se hayan tomado otras medidas cautelares, como el Colegio de la Abogacía, que ha apartado de las prácticas y la actividad docente al concejal no adscrito. También baraja promover la reprobación del concejal y pedir su dimisión si este no se aparta temporalmente de la vida pública.

“Un ejercicio de responsabilidad”

Los socialistas han solicitado esta mañana al equipo de gobierno del PP que inste al concejal Alejandro Pérez de la Sota a apartarse voluntaria y cautelarmente de la actividad pública e institucional mientras se desarrollan las actuaciones judiciales en curso. El PSOE considera que corresponde al propio edil asumir esta decisión como “un ejercicio de responsabilidad” hacia las denunciantes, de respeto a las instituciones y de compromiso con la ciudadanía.

El PSOE también ha reivindicado el derecho a la presunción de inocencia, aunque considera igualmente imprescindible garantizar la protección de las denunciantes y evitar cualquier situación de revictimización. Por ese motivo, el Grupo Socialista ha solicitado al Ayuntamiento que ponga a disposición de las vícticas todos los recursos de información, asesoramiento, atención psicológica y acompañamiento.

Alfonso Fernández Mañueco lleva presidiendo gobiernos en Castilla y León desde 2019: primero, con el ya extinto Ciudadanos, que terminó de manera precipitada, aunque no por ello menos inesperada; un segundo, con Vox, que concluyó de manera abrupta y orquestada desde Madrid; una tercera etapa marcada por dos años en minoría —en los que no ha conseguido aprobar ningún proyecto de Presupuestos y una sola ley— y este último intento de coalición con Vox. Este martes, logró ser investido presidente con los votos de la extrema derecha, en una sesión que dejó momentos para el recuerdo, como la “cena” que le sirvió el líder del PSOE, Carlos Martínez, o la pelea por un sillón que protagonizaron dos procuradores de Vox.

En estos años, Fernández Mañueco ha ido modificando su discurso, a pesar de su constante apelación a la “moderación”: las referencias al colectivo LGTB y al cambio climático ya se quedaron fuera en 2022. Esta año el turno de las omisiones ha sido para la violencia de género. La okupación, que era también una cuestión muy importante para el Mañueco de hace cuatro años a pesar de la baja incidencia, tampoco figura ya en su discurso. Mismo Mañueco, pero un presidente distinto para cada ocasión. Lo cierto que este ha sido su último discurso de investidura, porque Castilla y León tiene una limitación de mandatos y no podrá volver a ser presidente a no ser que cambie la ley. PP y Vox han llegado a un acuerdo gracias a “la generosidad, la responsabilidad y la capacidad de acuerdo”, según ha expuesto en un discurso en el que prácticamente ha obviado a la oposición y ha centrado sus críticas en el Gobierno.

En el hemiciclo, todos los periodistas estaban pendientes de cómo iba a explicar Fernández Mañueco la “prioridad nacional” en una comunidad marcada por el envejecimiento y la despoblación, que hace siete años definía como “tierra de acogida”. Ahora son “bien recibidos” quienes “quieran contribuir a la prosperidad común su trabajo, esfuerzo y compromiso personal”. Ninguna referencia ha hecho, como era de esperar, a las críticas que formuló en campaña electoral a sus socios de Vox, cuando les acusó de “querer tirar a las personas al mar”. Pese a las exigencias de Vox, el 'popular' no se retractó; aun así, ambas formaciones han alcanzado un acuerdo de gobierno que incluye ese concepto de 'prioridad nacional', que Mañueco ha intentado maquillar en todas sus intervenciones.

El presidente de la Junta ha pedido “que nadie busque confundir” con este término que ha asumido por completo y que pretende una “asignación justa de los recursos públicos en función de arraigo real y verificable”, independientemente de su procedencia: deben acreditar su vinculación, legal, efectiva y estable. Algo que, por otra parte, ya es necesario hasta para las ayudas más accesibles, como son las del alquiler, para las que es necesario no solo residir legalmente en Castilla y León, sino también estar trabajando. Castilla y León tiene una tasa de inmigración inferior a la media nacional. Una inmigración que, en palabras del presidente, “ha sido capaz de compensar los saldos vegetativos negativos”.

Una 'prioridad nacional' inconcreta

Al igual que María Guardiola en Extremadura y Jorge Azcón en Aragón, la 'prioridad nacional' ha centrado parte del debate parlamentario. Fernández Mañueco se refleja en el espejo de Vox, aunque con una visión rebajada de la 'prioridad nacional'. Por eso ha garantizado estos tres criterios: acatará la legalidad, mantendrá las prestaciones de los “servicios públicos esenciales” y no supondrá “el retroceso en los derechos consolidados”. Poco ha aclarado en realidad; y mucho más directo ha sido en sus críticas a las políticas migratorias del Gobierno de España, que “se mueven entre la improvisación, el oportunismo y la imposición”. “Los españoles, primero”, ha respondido el portavoz adjunto de Vox, José Alberto Díaz Pico, poco después a los periodistas. Un concepto distinto de 'arraigo', desde luego.

Mañueco ha justificado además su postura a favor de la 'prioridad nacional' atacando al PSOE durante la réplica al líder socialista, Carlos Martínez. El veterano dirigente ha sacado a relucir las bases de distintas ayudas de ayuntamientos gobernados por el PSOE como Soria, la ciudad que gobernaba antes Martínez, Palencia o León que limitan el alcance de las ayudas a aquellos que llevaban como mínimo un año empadronados. Para Mañueco esto refleja “la hipocresía de los socialistas”, que, según él, aplican así una 'prioridad nacional' a su manera, y que también se recoge en las bases estatales del Ingreso Mínimo Vital.

El presidente de la Junta de Castilla y León ha iniciado este martes su tercera legislatura, y por eso ha querido reforzar el trabajo realizado en este tiempo, que le ha enseñado la “responsabilidad innegable e indelegable” y los principios “éticos” que deben regir su puesto. En la otra cara de la moneda, Fernández Mañueco ha cargado contra el Gobierno de España, al que ha pedido una financiación autonómica “justa, solidaria y acorde con el coste de la prestación de servicios”.

Durante la investidura, ha esbozado una “imagen oscura de la política”, que se ve como “una fuente de ruido, frases vacías o gestos sin trascendencia” y que conduce a una sociedad “pequeña, oscura, miedosa y encerrada”. De hecho, en un momento dado ha señalado directamente a la ministra de Sanidad, Mónica García, “esté más dedicada a provocar huelgas, que hacen agrandar las listas de espera, que a aportar soluciones”.

Críticas al Pacto Verde

Fernández Mañueco también ha criticado el Pacto Verde Europeo —que pactaron en Bruselas el Partido Popular europeo y los socialistas— y sus propias políticas, puesto que el PP lleva gobernando desde 1987: se suprimirán y reformaran las tasas autonómicas “que resulten perjudiciales para el sector productivo”. Esas tasas, de existir, las ha tenido que imponer el propio Mañueco, puesto que el Pacto Verde se firmó en 2019. Hay que reconocer que otras propuestas resultan viejas conocidas, como que la banda ancha llegue a todos los ciudadanos de Castilla y León, un objetivo que ya prometieron en 2007.

Con un nuevo gobierno de coalición, que aún no se ha anunciado, Fernández Mañueco aspira a aprobar presupuestos para el próximo año, dado que todavía están en vigor las cuentas de 2024. Este nuevo proyecto incluirá algunas de las medidas 'estrella' que el PP prometió en campaña electoral: deducción para pagar las cuotas de gimnasio, ayudas para cambiar las bañeras por platos de ducha o para sacarse el carnet de conducir y matrícula universitaria gratuita, además de otras medidas en materia de Vivienda, Agricultura, Sanidad y Servicios Sociales, entre otros.

El presidente de la Junta de Castilla y León ha reivindicado una comunidad “rica en valores, humanista y tolerante”, precisamente aspectos que echan en falta los miembros de la oposición, con los que no ha sido capaz de llegar a acuerdos pese a sus juegos de trileros.

El Colegio de Abogados de Salamanca ha apartado de las prácticas y la actividad docente al concejal no adscrito del Ayuntamiento que anteriormente perteneció a Vox, Alejandro Pérez de la Sota, tras ser denunciado por dos mujeres de Máster de Acceso a la Abogacía y a la Procura por una presunta sumisión química.

Tal y como explica el decano, Miguel del Castillo Alonso, en un mail al que ha tenido acceso elDiario.es, la decisión se ha tomado este martes al conocerse las denuncias. La Junta de Gobierno, dice, quiere trasladar su “máxima preocupación” por los hechos denunciados y el “apoyo total” a las personas afectadas. Así, la Junta adoptó “medidas inmediatas” para garantizar la seguridad, la protección y el acompañamiento de las alumnas así como el normal desarrollo de la actividad académica.

“Con carácter preventivo”, “sin prejuzgar los hechos” y “respetando la presunción de inocencia”, en Junta de Gobierno Extraordinaria celebrada el pasado lunes, se decidió “apartar temporalmente al profesor de la actividad docente y de prácticas externas en tanto se esclarecen los hechos denunciados.

Los hechos, presuntamente ocurrieron en un establecimiento de ocio donde se celebraba una cena de la Escuela de Práctica Jurídica, en la que en un momento dado una de las participantes, abandonó el lugar en compañía de Pérez de la Sota para ir a su casa y donde fueron vistos por una compañera de piso. La denunciante no recuerda nada. Pérez de la Sota regresó a la cena, donde se encontraba la segunda mujer que lo ha denunciado, según ha publicado Salamanca24horas.

Las dos mujeres han declarado este martes por la mañana ante el juzgado que está de guardia en Salamanca, según han informado a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL). El Tribunal de Instancia de Salamanca, sección instrucción plaza 3, en funciones de guardia, ha tomado declaración a las dos mujeres en el marco de la investigación abierta tras presentarse ambas en el hospital el pasado fin de semana y abrirse el consiguiente protocolo ante posible sumisión química.

Las dos mujeres se sintieron mal después de haber estado con el concejal y no recuerdan lo que ocurrió en una parte de la noche, aunque una de ellas ha declarado que el edil la acompañó a casa, según han indicado a EFE otras fuentes conocedoras del caso, que han añadido que los primeros análisis practicados no han detectado sustancias. Consultado por EFE, el entorno del concejal y abogado, ha manifestado que él aún no ha recibido ninguna denuncia y que no podrá hablar hasta que no conozca los hechos denunciados.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca ha exigido explicaciones públicas e inmediatas a Pérez de la Sota. La formación socialista ha manifestado su profunda preocupación y ha reiterado su apoyo absoluto a las posibles víctimas, cuya declaración en los Juzgados está prevista para este martes.

Los socialistas han subrayado que la ejemplaridad en la vida pública y la transparencia deben ser “principios irrenunciables para cualquier representante institucional”, por lo que han reclamado al edil del Grupo Mixto “una explicación clara, responsable y acorde con la relevancia” de su cargo.

El PSOE lamenta el silencio del concejal, “incompatible con la exigencia de transparencia”

La portavoz socialista, María Sánchez, ha reivindicado el derecho a la presunción de inocencia mientras se desarrollan las posibles diligencias judiciales, aunque ha lamentado que el silencio del concejal resulte “incompatible con la exigencia de transparencia que debe regir la actuación de cualquier cargo público”.

El PSOE considera que, ante la gravedad de los hechos denunciados y la relevancia pública del cargo que ocupa, el concejal debe ofrecer explicaciones claras a la ciudadanía y detallar las circunstancias que han dado lugar a la apertura de este procedimiento. Sin embargo, ha advertido que exigirá la dimisión de Pérez de la Sota si la investigación judicial avanza.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo (PP), ha pedido una manifestación pública aclaratoria del concejal, que entró en el Ayuntamiento en 2023 por Vox, y ha explicado que ha mantenido una llamada personal con él en la que éste le “ha negado tajantemente las acusaciones vertidas contra él”.

Vox expulsó a Pérez de la Sota después de que él y otro concejal críticos expulsaran a Ignacio Rivas a principios de 2025, cuando, le retiraron la portavocía y despidieron a dos asesores en contra de la dirección provincial y nacional. Desde entonces, Pérez de la Sota, abogado, permanece en el Consistorio como concejal no adscrito, aunque está entre los impulsores de Avanza en Libertad Castilla y León, una formación conformada por exmiembros de Vox en la comunidad. Además, ha mostrado su apoyo a la formación Se Acabó La Fiesta, que preside Alvise Pérez y que también acogió a algunos de estos representantes para sus listas en las elecciones autonómicas.

Izquierda Unida, que se quedó sin representación municipal en las elecciones de 2023, ha pedido directamente la dimisión del concejal a través de un comunicado, al considerar que las acusaciones “son suficientemente graves” al tratarse de “una forma de violencia contra la mujer”.

Un grupo de arqueólogos descubren en Atapuerca la primera necrópolis infantil del Calcolítico en Europa, según ha informado la Fundación Atapuerca. Se han identificado restos de once pequeños de menos de 6 años, tres niños de 7 a 9 años y de dos adultos en la Galería del Sílex, fechados entre 5 000 y 4 500 años, lo que prueba que en la Edad del Cobre se dio “un tratamiento especial” en los asentamientos de Atapuerca.

“Este descubrimiento puede considerarse una auténtica necrópolis infantil calcolítica, la única conocida hasta este momento. Apoya la idea de que concedían un tratamiento especial a sus indivudos infantiles, mostrando el cariño y la importancia que daban a sus niños pequeños”, ha explicado el director de Atapuerca y director de la Cátedra de Otoacústica Evolutiva y Paleoantropología de HM Hospitales y la Universidad de Alcalá, Ignacio Martínez Mendizábal.

En la Galería del Sílex, de 500 metros, que quedó sellada por un desprendimiento a finales de la Edad del Bronce, lo que permitió que quedara intacta hasta su descubrimiento. La galería fue localizada en 1972 por el grupo de espeleología Edelweiss, y conserva huesos humanos, restos de fauna y cientos de fragmentos de cerámica. Además, en sus paredes hay más de 50 paneles de pinturas y grabados rupestres de hace alrededor de 4 000 años.

Hasta ahora, se tenía la hipótesis de que los restos de los menores de seis años tenían un tratamiento funerario diferente al de los mayores, puesto que apenas se han recuperado restos infantiles de esa época en la Península Ibérica. Esto había llevado a deducir que los restos de los más pequeños eran depositados en lugares diferentes, pero no había pruebas que apoyasen esta idea.

La sierra de Atapuerca es mundialmente conocida por la riqueza de sus yacimientos pleistocenos. Es el único lugar del continente en el que se han encontrado fósiles de todas las especies humanas que habitaron Europa, desde sus primeros pobladores, hace alrededor de 1,4 millones de años, incluidos los Neandertales, de hace unos cien mil años. Además, la sierra de Atapuerca también guarda en su interior un importante conjunto de yacimientos holocenos, que abarcan desde la llegada de los primeros ganaderos y agricultores neolíticos, hace algo más de 7500 años, hasta finales de la Edad del Bronce, hace unos 3500 años.

La Comisión de Ética de Castilla y León ha decidido archivar las investigaciones al consejero de Medio Ambiente en funciones, Vivienda y Ordenación del Territorio , Juan Carlos Suárez-Quiñones, y a uno de sus directores generales, José Manuel Jiménez Blázquez, que lleva Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, según el acta de su última reunión, celebrada el 12 de mayo y publicada recientemente.

En dicha cita se debatieron tres investigaciones que afectaban a Suárez-Quiñones, consejero desde el año 2015, y a Jiménez Blázquez, alto cargo del Ejecutivo de manera intermitente desde 2003: la autorización de un macrovertedero de residuos a una empresa que había dado trabajo al hijo del consejero de Medio Ambiente —como desvelaron iLeón.com y elDiario.es—, un asunto sobre el que Fiscalía abrió una investigación, que finalmente se archivó. Además, el consejero en funciones también firmó en 2024 la legalización en el parque natural de Babia-Luna de una vivienda del mismo empresario, algo que había rechazado el Ayuntamiento y tenía un informe autonómico en contra.

El 30 de julio del año pasado, diez días antes de la oleada de incendios de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones firmó la autorización de un polémico macrovertedero de residuos peligrosos y no peligrosos en la provincia de León a un conglomerado empresarial en el que figuraba como directivo su hijo. Una semana después, firmó la autorización del macrovertedero con la figura de Proyecto Regional. El consejero participó en la firma de las autorizaciones del procedimiento al grupo societario vinculado a Macario Fernández, en cuya empresa principal figuraba como responsable jurídico el hijo menor de Suárez-Quiñones. Su relación contractual duró hasta hace dos años o dos años y medio desde el 2021.

Antes de este archivo, en septiembre de 2025 se presentó un escrito para ver si este comportamiento se ajustaba al Código Ético de Altos Cargos. La Comisión de Ética solicitó información a Fiscalía poco después, aunque esta no respondió hasta abril, cuando se informó de que las diligencias preprocesales se habían archivado —de lo que los medios se hicieron eco ya en enero de 2026—. Esta institución, que no es judicial, justifica su decisión de archivar el cuestionamiento ético por la inexistencia de un delito: “Dada la identidad de sujeto, hecho y fundamento, se acuerda por unanimidad no continuar con la realización de más actuaciones y acordar el archivo de la denuncia”, zanja el acta. La Consejería de Medio Ambiente se ha negado a hacer comentarios.

Una comisión integrada por miembros de la Junta y profesores de Derecho

La Comisión está presidida por el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, e integrada por el secretario general de la Consejería y dos profesores de Derecho Penal y Administrativo de las universidades de León y Salamanca.

La Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno recibió un escrito en noviembre de 2025 que denunciaba la posible incompatibilidad del director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, el conflicto de intereses y un posible incumplimiento en la declaración de bienes, derechos patrimoniales y obligaciones. Dos meses después, elDiario.es se hizo eco de la situación Jiménez Blázquez: administró una empresa durante cinco años pese a su total incompatibilidad.

El director general defendió entonces que se trataba de “una sociedad sin actividad” en la que participaba por “herencia” de su padre. Sin embargo, dicha compañía tuvo 326.000 euros de beneficios entre 2020 y 2022. La Comisión de Ética pidió documentación al Registro Mercantil en tres ocasiones: una vez fue inadmitida “por la forma de presentación”, en otra ocasión se ofreció una información “insuficiente”, que se amplió en una tercera petición. Todas ellas en enero de 2026. La Consejería de la Presidencia recibió a finales de abril la información sobre Jiménez Blázquez, que también es consejero delegado de la empresa pública más importante de Castilla y León (Somacyl).

La Comisión de Ética alude a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que descarta la incompatibilidad si el cargo ejerce como administrador único de la empresa y esta se dedica al arrendamiento de bienes inmuebles que pertenecen a la empresa. El Tribunal Supremo admite también en varias ocasiones la compatibilidad cuando el cargo público mantiene recursos “ya integrados en el patrimonio”.

Además, la Inspección General de Servicios entregó la información relativa a los bienes y actividades de los altos cargos. “Dado el carácter de administración patrimonial, no se puede considerar incluido dentro del régimen sancionador”, concluye el acta, que recoge el archivo de la denuncia.