La Audiencia Nacional ha rechazado las medidas cautelares que solicitaba la Junta de Castilla y León en su intento por paralizar la resolución del convenio de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y que abordaba el proyecto de la integración del AVE en Valladolid, que denunciaron Adif y Renfe en noviembre de 2024 ante los incumplimientos, rechazos y “tácticas dilatorias” del Ayuntamiento que dirige Jesús Julio Carnero (PP) y que hacían inviable continuar con el convenio, vigente desde 2017, cuando lo firmaron el exalcalde de Valladolid, Óscar Puente (PSOE), actual ministro de Transportes, y el entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Serna (PP). Una de las promesas de campaña de Carnero fue modificar el proyecto de integración ferroviaria para recuperar un proyecto de soterramiento, algo que ha descartado Adif en varias ocasiones. De momento faltan por resolverse los propios recursos municipal y autonómico; será necesario esperar a esa decisión.

La Justicia rechaza los argumentos del gobierno de Alfonso Fernández Mañueco porque no cree que vayan a peligrar “actuaciones inminentes o irreversibles” que requieran una resolución judicial, ni que las actuaciones en ejecución vayan a paralizarse. De hecho, considera que los argumentos del Ejecutivo “responden a escenarios hipotéticos o a decisiones futuras”. “Incluso en el supuesto de que tales efectos llegasen a producirse, se trataría de consecuencias de carácter patrimonial, susceptibles de indemnización”, argumenta el auto, al que ha accedido elDiario.es.

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha denegado la medida cautelar que pidió la Junta de Castilla y León para anular la resolución del convenio de la integración de la Alta Velocidad ferroviaria en Valladolid, dictada el pasado 9 de diciembre por la empresa pública Adif. No es posible interponer un nuevo recurso judicial contra esta resolución.

La Junta de Castilla y León también pedía una medida cautelar para suspender el fin del convenio y reconstruir provisionalmente una relación extinguida a finales de 2025. “La pretensión es que se imponga como medida cautelar una obligación de hacer: ejecutar el Convenio de 2017, que sustituyó al suscrito en el año 2002”, señala el auto. Desde 2002, la Justicia reprocha que no se ha ejecutado la operación de manera “continuada y ágil”.

Falta de voluntad “concorde”

Los magistrados de la Audiencia Nacional consideran que resulta “patente” la falta de voluntad “concorde” entre Adif y el Ayuntamiento, por lo que no se han mostrado partidarios de que acordar esta medida cautelar pueda “suplir los obstáculos”. A pesar de que no entra en el fondo del asunto, la Justicia sí reconoce “incumplimientos relevantes y reiterados, así como la imposibilidad de alcanzar acuerdos” entre todas las partes.

La Audiencia Nacional asume que, si se aceptaran esas medidas cautelares que pedía la Junta se impediría una solución jurídica y material. “No hay indicio alguno de que vaya a producirse una paralización de las actuaciones que están en curso y no consta en modo alguno que las actuaciones sobre la estación de autobuses dependan de la entrega de los suelos de los antiguos talleres. No hay motivo para suponer que las obras iniciadas [por Adif] se vayan a detener”, indica.

Carnero confía en tener razón “en el fondo de la cuestión”

A pesar del auto de la Audiencia Nacional, Jesús Julio Carnero ha esperado que tendrá razón sobre “el fondo de la cuestión” en su rechazo a que el Ministerio de Transportes haya resuelto de manera unilateral el convenio de integración ferroviaria suscrito en 2017, según ha explicado a través de una grabación difundida entre los medios de comunicación.

“Esta es una decisión sobre una cuestión preliminar, la de medida cautelar en la parte solicitada por la Junta de Castilla y León”, ha indicado el regidor 'popular', que se ha mostrado convencido de que lo “verdaderamente importante” es dirimir el fondo de la cuestión.

Una jueza investiga a la exconcejala de Segovia (PP) que ocultó su vinculación con tres empresas del sector inmobiliario, Rosalía Serrano, que dimitió cuatro meses después de que elDiario.es desvelara esa situación en julio de 2025. El Juzgado de Instrucción número 6 de Segovia ha acordado incoar diligencias por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y desobediencia.

Según el auto judicial, al que ha accedido este medio, la jueza ha pedido documentación municipal relativa al cargo de Rosalía Serrano y de sus declaraciones de bienes y actividades. También ha solicitado a una de las mercantiles asociadas sus estatutos y los documentos de su constitución y ha pedido la declaración de un técnico jurídico municipal. elDiario.es ha contactado con Rosalía Serrano, que ha asegurado no tener conocimiento de estas diligencias previas. La ex concejala no ha sido citada a declarar como investigada, según han confirmado fuentes del TSJ.

El Ayuntamiento de Segovia ha asegurado a este medio que el juzgado ya se ha puesto en contacto con la Secretaría General para pedir la documentación pertinente y ha garantizado que se facilitará.

Rosalía Serrano fue teniente de alcalde de José Mazarías, concejala de Hacienda y portavoz del Grupo Municipal del PP, por lo que tenía una dedicación exclusiva. En su declaración de actividades de 2023, Serrano no declaró tener ninguna actividad empresarial en el sector privado. En octubre de 2024 reconoció que era “administradora solidaria de 'Velasco Hernanz Holding' desde 2009.

En febrero de 2025 declaró que la información no requería una actualización “bajo su responsabilidad”. Sin embargo, también era la representante del holding —la administradora única— de otras dos compañías vinculadas a la compra-venta de terrenos y pisos y sus posibles alquileres.

En abril de 2025, la Secretaría General municipal reprochó en un informe a la concejala que no hubiera avisado de sus actividades. En un informe elaborado a instancia del alcalde segoviano, la Secretaría General concluyó que existía una posible causa de incompatibilidad, puesto que ella se regía por su régimen de dedicación exclusiva y esos cargos pueden comprometer su imparcialidad o independencia en el ejercicio de las funciones públicas. Rosalía Serrano defendió entonces que ella no había cobrado por su administración en una empresa, que definió como “sociedad familiar”

La exconcejala abandonó la dirección de la empresa que ocultó durante un año en una declaración de actividades fechada el mismo día en que elDiario.es preguntó al ayuntamiento segoviano por esta cuestión. Ese documento aclaraba que había sido administradora solidarida de 'VH Holding' desde 2006 hasta el 19 de julio de 2025, unas fechas que no coincidían con las declaraciones previas.

En octubre de 2025 dimitió momentos antes del pleno extraordinario convocado para aprobar las ordenanzas fiscales de 2026 y tras varias semanas de presión política: en el pleno anterior, toda la oposición municipal salvo Vox abandonaron el pleno mientras intervenía Serrano por la falta de credibilidad de sus propuestas.

La Comisión de Estudio de la situación de violencia interna en el trabajo de Castilla y León descarta que los problemas que hay en el CEPA San Jorge de Palencia, ubicado en la cárcel de Dueñas, se puedan catalogar como acoso labora, aunque sí ve un “conflicto organizacional y de intereses”. Así lo ha decidido en un escrito firmado solo dos días después de las entrevistas a los docentes denunciantes y a la coordinadora denunciada.

Los docentes, de baja por ansiedad, denuncian que la coordinadora desde 2025 aplica modos “intimidatorios”, ha entrevistado a sus alumnos del módulo 9 —los presos de régimen cerrado— para fiscalizar su labor docente a sus espaldas, les ha obligado a abrir sus armarios y que se había producido una “marginación profesional” después de que se notificara que una docente sufría “comentarios vejatorios y de carácter sexual” por parte del anterior coordinador, que ya no está en el centro,

El informe no especifica cuáles exactamente, pero aprecia “actitudes inapropiadas” como “la deficiente definición de la organización y funciones”, lo que ha generado “conflictos, desavenencias y desacuerdos”. La comisión también reconoce que las conductas analizadas en el caso “han tenido un impacto moderado en la salud laboral del centro y en el clima organizativo”.

Según su escrito de conclusiones, la comisión ha revisado la documentación aportada y ha entrevistado a las partes implicados, ha analizado el entorno organizativo y funcional para evaluar los riesgos psicosociales relacionados.

Recomendaciones

Ante esta situación, la Comisión pide que se concreten las competencias organizativas, funcionales y laborales del 'docente coordinador' de la unidad educativa de la cárcel y que se establezca un protocolo de comunicación a superiores directos de los docentes.

También se informará de los protocolos de prevención de riesgos vigetes y propondrá que el personal docente realice cursos de formación, sensibilización y refuerzo de los canales de comunicación, además de la elaboración de un estudio psicosocial.

En última instancia, se realizará un seguimiento por parte del equipo directivo del CEPA y de la Dirección Provincial de Educación para ver si las medidas han sido eficaces.

El obispo de Segovia y presidente de Las Edades del Hombre, Jesús Vidal, está realizando visitas a los colegios e institutos de la provincia, a centros concertados y públicos por un acuerdo al que ha llegado con el director provincial de Educación de Segovia, Diego del Pozo, que también es secretario de Educación del PP segoviano. Según ha podido confirmar elDiario.es, esta visita ha sido impuesta en uno de los institutos de la provincia, el IES María Zambrano de El Espinar, en el que se ha impedido la labor del Consejo Escolar.

Cuando cualquier departamento quiere plantear iniciativas que se salen de la normalidad (visitas o excursiones), la propuesta debe ser votada por el Consejo Escolar. En enero de 2026 se les trasladó esta idea de que el obispo visitara a los alumnos de religión y el Consejo Escolar acordó pedir por escrito una descripción de la actividad, como se hace de manera ordinaria con cualquier otro evento. Sin embargo, una llamada del director provincial de Educación a la dirección del centro impuso esta charla sin pasar por el Consejo Escolar.

Miembros del Consejo Escolar rechazan las formas de la Junta de Castilla y León ante esta imposición, independientemente de la pertinencia de la visita del obispo o no. De hecho, creen que es probable que se hubiera aprobado sin más incidentes, pero afean la actitud del director provincial de Educación.

La Dirección Provincial de Educación defiende que no ha recibido quejas por las visitas del obispo de Segovia y señala que “solo la Junta de Personal Docente” ha realizado una pregunta sobre el IES de El Espinar, “y se les ha contestado”. “Las visitas del obispo se encuadran dentro de la programación didáctica de la asignatura de religión católica y van dirigidas exclusivamente al alumnado de religión católica. Las programaciones didácticas de cada asignatura se aprueban por el Consejo Escolar de los centros educativos y en ellas se incluye con carácter genérico si se tiene previsto realizar actividades complementarias, recibir visitas”, asegura la Delegación Territorial de Segovia de la Junta de Castilla y León, que no aclara por qué en esta ocasión se ha 'puenteado' al Consejo Escolar del IES María Zambrano.

Desde la Diócesis de Segovia defienden que el obispo no acude a dar “charlas”, sino que “visita a la clase de religión en el marco de la visita pastoral al arciprestazgo que corresponda, a la clase de Religión”. “Cada visita se realiza consensuando previamente con la Dirección Provincial de Educación y la dirección del colegio o instituto”, zanja su departamento de Comunicación, que insiste en que se trata de “encuentros” con los alumnos que cursan la asignatura de Religión.

En Castilla y León, el Consejo Escolar de cada centro es responsable de evaluar el plan y las normas de convivencia, pero también participa en la aprobación de la programación general anual del centro y es habitual que se aprueben las actividades que se salen de lo ordinario.

El director provincial de Educación de Segovia desde 2019 y exconcejal de Abades (PP) durante más de quince años, Diego del Pozo, ya ha sido cuestionado después de que se hiciera pública una sentencia que condenaba a la Junta de Castilla y León y al Conservatorio de Segovia por no proteger a un profesor que denunció acoso laboral durante varios años. El PSOE ya ha exigido su dimisión porque considera que la Educación Pública vive una situación “caótica”, falta de inversiones y en la que los profesores sufren “presiones”.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha declarado improcedente el despido de Mercadona a un trabajador que realizaba actividades cotidianas mientras estaba de baja en León por una patología crónica, artritis reumatoide, una “patología de carácter inflamatorio y crónico”. El trabajador trabajaba para la compañía desde diciembre de 2010 en Villadangos del Páramo (León). El empleado ya había estado de baja, se había incorporado a trabajar y de nuevo tuvo que pedir la baja médica por el mismo motivo. Los investigadores que contrató la empresa notificaron que el empleado paseaba a su perro, de pequeño tamaño, además de ir a una lavandería, sentarse allí y manipular su móvil. También se le vio conduciendo una moto en “trayectos cortos”, acudía a un supermercado a comprar y cargaba algunas bolsas, según detallan desde CCOO.

La Justicia ha obligado a la empresa a readmitir al trabajador y a pagarle los salarios correspondientes o a indemnizarle con 39.845,25 euros. El TSJ revoca el fallo inicial del Juzgado de lo Social de León y considera que dichas actividades constituyen una “transgresión de la buena fe contractual ni una simulación de enfermedad”, según ha informado Comisiones Obreras a través de un comunicado.

Las limitaciones médicas que tenía el empleado incluían la dificultad para agacharse en cuclillas y arrodillado de forma repetitiva y mantenida, realizar prensión repetitiva o continuada con ambas manos, así como la prohibición expresa de exposición al frío o a bajas temperaturas, en particular el trabajo en cámaras de refrigerado o congelado, donde debía trabajar.

Mercadona defiende que ha acatado la sentencia e indemnizado al trabajador como correspondía según la sentencia, fechada en marzo de este año.

Actuaciones “compatibles” con su patología

La empresa contrató a unos detectives privados que siguieron y grabaron al trabajador durante dos días y después notificaron las actividades ordinarias que realizaba el trabajador, que el juzgado entiende como “compatibles” con su patología. “Se trata de actuaciones compatibles con el desarrollo normal de la vida cotidiana de una persona afectada por una patología que limita determinadas actividades laborales, pero que no exige una inactividad absoluta”, señala la sentencia.

El informe del detective privado, publicado parcialmente en la sentencia, refleja con qué mano el trabajdor sujetaba la correa o las heces del perro, o con qué mano se colocaba la capucha de la sudadera, entre otros, según la sentencia que ha remitido el TSJ.

El Alto Tribunal recuerda que es necesario que las actividades del trabajador interfieran en su curación o demuestren que se simula una patología para que el empresario pueda despedirle durante una baja médica. Sin embargo, ninguna de las conductas de ese trabajador cumplía con estas características.

La Junta de Castilla y León investiga el supuesto “acoso y hostigamiento laboral” que han denunciado dos profesores de la cárcel de Dueñas, en Palencia, según unos escritos de la Dirección Provincial de Educación fechados a 30 de marzo a los que ha tenido acceso elDiario.es. La situación ha llegado a tal punto que han tenido que cogerse la baja médica por ansiedad. Los docentes presentaron en febrero dos denuncias ante la Inspección de Trabajo contra Educación. Denuncias que han sido ampliadas en cinco ocasiones: protestan por una situación límite en la que domina la imposición, se les ha prohibido el uso de teléfonos móviles, inspeccionado sus armarios, desautorizado y despreciado en público y frente a los presos e interrogado a sus alumnos sobre su rendimiento, entre otros.

Estos profesores de la cárcel cargan contra la Inspección educativa, a la que acusan de no haber actuado con suficiente agilidad. También han pedido amparo al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para que evalúen “el entorno laboral existente”. Tras las denuncias, el 6 de abril se ha constituido la Comisión de Estudio y Análisis de Violencia Interna en el Trabajo. Instituciones Penitenciarias se ha abstenido de hacer comentarios porque es una competencia de Educación.

Los docentes denuncian que el inspector de Educación, R. P., ha encubrierto la situación desde hace años. Recientemente acudió a la unidad y amenazó explícitamente con abrir un expediente disciplinario ante cualquier nueva queja: “Mi paciencia tiene un límite. Hoy se ha terminado. Cualquier queja que tenga, alguien que me denuncie lo que sea, lo siguiente va a ser un expediente disciplinario”, manifestó el inspector de Educación ante los docentes, según ha podido comprobar elDiario.es.

Un inspector cuestionado

Ahora, temen que la Administración tome represalias, puesto que su proyecto de continuidad podría suspenderse o no renovarse dada la actitud del inspector de Educación, que insinuó que lo que movía a los profesores era la “frustración”, algo que ellos niegan. “Yo entiendo que haya gente que tenga alguna frustración, lo puedo respetar porque esperaba algo y no lo ha obtenido. Puedo aguantar la negativa a la autoridad que hay de determinadas personas, pero aquí se viene a trabajar, a cumplir las normas y se ha acabado y no hay más discusiones. Y cuando no hay consenso, porque no hay forma de ponerse nadie de acuerdo, las decisiones las tomaré yo”, expresó el inspector de Educación, que el año pasado presidió la Comisión de Evaluación que decidía la renovación de la directora del CEIP El Cruce de Castilla, en Venta de Baños. El juez ve indicios de que se hayan cometido unos delitos de falsedad documental y usurpación de funciones públicas, por lo que ha entregado el caso al Juzgado de lo Penal.

El Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Palencia ha anulado la resolución del centro venteño y ha resuelto que la denegación de la renovación no fue conforme a derecho. El juez también ha considerado que el inspector trató de “manipular” a los miembros del Consejo Escolar y “mediatizar lo que se aprobase”. Este trabajador público actuó e intervino en sesiones a pesar de que había sido formalmente recusado días antes.

“Metemierda y manipulador”

En septiembre de 2025 entró una nueva directora, que empezó a aplicar modos “intimidatorios” e incluso les advirtió que podía apartarlos del centro. A principios de este año, la coordinadora llegó a insultar a uno de los profesores —“metemierda y manipulador”—, según consta en las denuncias. Al día siguiente, obligó a este mismo profesor a vaciar su armario personal mientras profería acusaciones como que 'nadie le quería' o que le despedían “de todos los sitios”. “Lejos de reconducir la situación, el gestor académico justificó la actuación de la coordinadora y se dirigió posteriormente a una compañera y a mí, reprochándonos que ”no podíamos estar así“, pese a que no habíamos generado conflicto alguno y nos encontrábamos en ese momento impartiendo clase en un aula de la planta baja con alumnado”, señala la denuncia ante Inspección.

Otra docente denuncia también que la coordinadora ha entrevistado a sus alumnos del módulo 9 —el de los presos de régimen cerrado— para fiscalizar su labor docente a sus espaldas y ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil porque la coordinadora intentó quitarle el móvil durante una reunión.

El equipo docente de la prisión cuenta con cinco trabajadores, además del coordinador. Aunque no de manera jerárquica, la directora de la cárcel también es una figura importante. La denuncia ante Inspección señala que la directora de la cárcel reconoció que había “problemas existentes” desde hacía varios meses, pero que se habían “pasado por alto”, lo que había sido un “craso error”.

Denuncia por comentarios vejatorios, sin respuesta

Una de las profesoras informó a Inspección en noviembre de 2024 de que había sufrido “comentarios vejatorios y de connotación sexual” del anterior coordinador del centro, incluso amenazas, pero no recibió ninguna respuesta concreta sobre el protocolo de prevención de riesgos psicosociales ni se abrió una investigación formal ni se evaluó su riesgo. Tampoco se adoptaron medidas preventivas, según denuncia la víctima, que dice haber sufrido un “señalamiento” dentro del centro.

El profesor que denuncia ahora a Inspección señala que cuando vio que una compañera suya estaba siendo “víctima de una situación de acoso continuado” por el excoordinador. “Se me trasladó desde el primer momento que existía una compañera ”problemática“ y que el profesorado debía unirse para apartarla del centro. Tras más de un mes de convivencia profesional, pude constatar que ella estaba siendo víctima de una situación de acoso continuado por parte del entonces coordinador de la unidad, que se prolongaba desde hacía más de dos años”, señala en su escrito.

“Marginación profesional”

Independientemente de esta situación, los dos estaban trabajando para presentarse al equipo directivo del CEPA San Jorge de Palencia —al que está adscrita la unidad educativa de la cárcel de Dueñas—, hasta que, durante el verano, se les sugirió que iban a quedarse fuera del proyecto. Denuncian que esta exclusión se ejecutó “sin comunicación previa, sin notificación formal y sin ninguna justificación o explicación por escrito”. A pesar de sus escritos, nunca obtuvieron una respuesta formal ante lo que consideran una “marginación profesional”.

Seis generaciones de libreros y tres ubicaciones en más de 170 años. La más antigua de España y la quinta más antigua de Europa. Desde 1850, la librería Hijos de Santiago Rodríguez ha estado abierta en Burgos, pero ahora peligra. Lucía Alonso Rodríguez, tataranieta de uno de los primeros libreros de Burgos, Santiago Rodríguez, ha advertido a través de redes sociales que tienen un problema financiero: ha abierto un proceso de preconcurso de acreedores. Por este motivo han iniciado una campaña de crowdfunding para conseguido 60.000 euros que les permitan hacer frente a las deudas y continuar trabajando. “Llevamos tantos años que la librería ya forma parte del paisaje de Burgos”, explica por teléfono Alonso Rodríguez.

La empresa tiene seis empleados —además de la propietaria— y trabaja no solo para el usuario medio de libros, sino también con las universidades y bibliotecas de la ciudad. “La situación se ha derivado por motivos ajenos a nosotros y pedimos un dinero para mantenernos abiertos hasta que el preconcurso de acreedores salga adelante. Intentamos comprar tiempo para hacer frente a las deudas y seguir trabajando”, explica. También reconoce que la piratería de libros, las plataformas de comercio digital y las grandes cadenas han tenido impacto en una librería pequeña como la suya. “Es difícil competir contra esos gigantes”, resume.

La librería de Santiago Rodríguez fue una de las primeras librerías de Burgos, pero también uno de los primeros locales que vendió ordenadores en la capital burgalesa y en organizar presentaciones de libro junto a los autores. “El otro día una clienta me comentaba: 'Espero que esto sirva para que la gente se dé cuenta de lo que tenemos antes de perderlo, no después'. Y me resultó curioso. Porque al final los comercios locales y las librerías independientes hacemos barrio, ciudad y que cada sitio sea diferente. Si desaparecemos, tendremos ciudades grises y sin vida”, reivindica Lucía Alonso Rodríguez.

La librería se fundó con la casa editorial y el taller de impresión. También tuvo una editorial 1950 a 1989 y ahora, la librería organiza cuentacuentos y clubs de lectura. “Si preguntas en Burgos, muchísima gente ha trabajado en la librería o en la editorial”, expone Lucía Alonso. En solo unos días ya han obtenido 20.000 euros gracias a donantes y al impulso de algunos escritores como Juan Gómez Jurado, Máximo Huerta que han respaldado la campaña a través de sus redes sociales. “Nos han dado un montón de visibilidad y nos ha ayudado mucho”, remata.

La Guardia Civil de Zamora investiga a dos personas (un hombre y una mujer) por dos delitos de fraude de subvenciones en las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y de falsedad documental, según ha informado el cuerpo a través de un comunicado.

El heredero de una de las parcelas que se utilizaban para el fraude denunció ante la Policía Nacional de Andalucía que uno de los investigados había cobrado las ayudas de la PAC entre 2021 y 2025 por una parcela en Valcabado (Zamora) que en realidad no tenía arrendada ni tenía permiso para cobrar las ayudas europeas.

Los agentes del Eprona (Equipo de Investigación del Seprona) han llevado el caso. El comunicado señala que los investigados solicitaron en un único trámite las ayudas de la PAC de varias parcelas “reflejando datos que no se ajustan a lo legalmente establecido”.

Esta es la última investigación sobre fraude de fondos europeos en Castilla y León Recientemente, la Guardia Civil ha detenido al exalcalde de Trabanca (Salamanca) José Luis Pascual (PSOE), como investigado por delitos económicos, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria bajo supervisión de la Fiscalía Europea. El fraude fiscal de Pascual habría alcanza los 3,3 millones, se prolongó durante 15 años y está relacionado con fondos de la Unión Europea para promover el empleo y fijar población en su provincia y en Zamora.

Hace tres años, la Guardia Civil también informó de que investigaba a 30 funcionarios y ganaderos por fraude en el cobro de subvenciones de la PAC con un beneficio económico ilícito de un millón de euros. Se trataba de 22 personas físicas y ocho empresas acusadas de varios delitos de fraude de subvenciones, prevaricación administrativa, falsedad documental y estafa.

El Procurador del Común –el Defensor del Pueblo de Castilla y León– abronca a la Consejería de Medio Ambiente por la insuficiencia de medios y expedientes tramitados en los servicios territoriales, de los que ya advirtió hace unos meses elDiario.es. Cuatro de cada diez denuncias ambientales han prescrito, han caducado o ni siquiera se han comenzado a tramitar. ¿Las principales áreas afectadas? Las denuncias administrativas por caza, pesca, vías pecuarias y espacios naturales.

Esta situación “compromete” el principio de eficacia de las sanciones y “puede generar desconfianza en los agentes de la autoridad” al impedir que se impongan las sanciones. A la queja del Procurador del Común se suman las reclamaciones de las asociaciones profesionales de agentes medioambientales, sindicatos y asociaciones ecologistas, que lamentan el elevado número de infracciones que quedarán sin resolver.

Entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2025, los agentes medioambientales de Castilla y León han entregado 14.898 denuncias al Ejecutivo autonómico. Sin embargo, no se ha iniciado el procedimiento de 4.318 expedientes y se ha dejado que otros 1.440 han prescrito o caducado, según los datos proporcionados por la Consejería de Medio Ambiente a la institución propia.

El Procurador del Común defiende el “derecho a la buena administración”. “La falta de respuesta a los ciudadanos y la inacción administrativa son incompatibles con la buena administración, máxime en relación con la protección del patrimonio natural, al tratarse de un valor esencial para la identidad de Castilla y León”, señala en su resolución, emitida la semana pasada.

Un celador de la Junta de Castilla y León lamentó hace meses a elDiario.es que algunos trabajadores habían decidido no tramitar las infracciones más leves por la mayor incapacidad que tendrían los instructores jurídicos que afrontar todas ellas.

Puestos vacantes en la RPT

La parálisis de los servicios de Medio Ambiente se explica, en parte, por la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de los instructores jurídicos. Uno de cada cuatro puestos de trabajo está vacante y alguno de ellos lleva sin ocuparse desde agosto de 2023 o mediados de 2024. Para el Procurador del Común, la situación es “especialmente apremiante y urgente” en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, donde solo hay un trabajador público que se encargue de estas cuestiones, lo que ha provocado un atasco importante: en dos años solo se han tramitado el 38% de las denuncias y solo se han resuelto 38 relativos a la gestión de residuos. Los 869 restantes, que afectaban a la caza, pesca, montes, vías pecuarias y espacios naturales, han prescrito.

El Procurador del Común también afea que en Salamanca se contemplen solo dos puestos jurídicos a pesar de “la extensión de su superficie y su importancia medioambiental” mientras en el resto de provincias está previsto que trabajen tres instructores jurídicos. “Se deben adoptar las medidas pertinentes para modificar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con el fin de dotar de un puesto jurídico más, igualando su número al resto de Servicios Territoriales”.

El defensor del pueblo autonómico pide a la Consejería de Medio Ambiente que haga lo posible por cubrir los puestos jurídicos vacantes, especialmente en Burgos y que valore adoptar “las medidas pertinentes” para modificar la RPT e incorpore un puesto jurídico más en Salamanca.

elDiario.es pidió a principios de año a la Consejería de Medio Ambiente la información detallada sobre el número de estos expedientes que no se habían incoado o que habían caducado a través de una petición de Transparencia. Medio Ambiente ha tramitado la petición tres meses más tarde y ha requerido el pago de una tasa de 36,60 euros a pesar de que los medios de comunicación están exentos de abonar cualquier tipo de tarifa, por lo que ha remitido el caso al Comisionado de Transparencia para que este emita su resolución, de obligado cumplimiento.

La jueza que investiga la muerte de Esther López en 2022 en Traspinedo (Valladolid) ha devuelto la causa a la Audiencia Provincial para que se celebre el juicio con jurado popular contra el principal investigado, Óscar S. M., como estaba previsto hasta hace unas semanas, según ha informado el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El actual propietario de la vivienda que perteneció a la familia del investigado descubrió, durante unas obras, una trampilla oculta bajo una estancia, una bodega subterránea, que daba acceso a un espacio inferior. Este hallazgo hizo que la Audiencia Provincial devolviera el caso al tribunal de instancia para que se hicieran las pesquisas oportunas, que recayeron sobre la Guardia Civil.

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid ha incorporado los últimos informes remitidos por la Guardia Civil con las conclusiones del último registro efectuado en el chalé que perteneció a la familia del acusado. Los agentes estuvieron dos días inspeccionando de nuevo la vivienda, pero no hallaron restos biológicos de Esther López.

El caso se remonta a la madrugada del 13 de enero de 2022, cuando Esther López, de 35 años, fue vista por última vez en Traspinedo (Valladolid). Su cuerpo no fue localizado hasta el 5 de febrero en una cuneta de la misma localidad, tras más de dos semanas de búsqueda. Desde entonces, la investigación ha girado en torno a un único investigado.

Las Cortes de Castilla y León mantienen sus dedicaciones exclusivas —con un sistema de una dedicación exclusiva por grupo y otro por cada cinco parlamentarios, acordado en 2022 entre PP y Vox—, según han informado los portavoces del PP, PSOE y Vox en el parlamento autonómico tras la reunión de la Junta de Portavoces celebrada este martes. Los procuradores de las Cortes son los únicos que no cobran un sueldo propio, sino que tienen unas retribuciones en base a las dietas por asistencia (220 euros por día, además los kilometrajes) por cada comisión o sesión plenaria. El PP y PSOE tendrán siete dedicaciones exclusivas (además de los dos cargos en la Mesa) cada una, que cobran 80.621,94 euros al año, y Vox contará con tres dedicaciones exclusivas (además de los dos miembros de la Mesa). La portavoz del Grupo Mixto, de UPL, Alicia Gallego, ha sido la única que no ha atendido a los medios después de la reunión.

Un informe de la Secretaría General proponía modificar el sistema de reparto de dedicaciones exclusivas de tal manera que cada grupo tocaba a una más otra por cada cinco procuradores o fracción igual o superior a tres. Esto haría al PP y a Vox conseguir un liberado 'extra', y no afectaba al Grupo Mixto ni al PSOE, que gana una dedicación exclusiva porque ha conseguido 30 escaños. Este informe, según la portavoz del Grupo Popular y exconsejera de Empleo, Leticia García, no se ha elaborado a propuesta de la Presidencia ni del Grupo Popular y ha restado importancia a quién haya encargado dicho informe.

“Es un informe técnico y no es vinculante”, ha suscrito ante los medios en rueda de prensa, en la que ha asegurado que, de establecerse más dedicaciones exclusivas, no es obligatorio que los grupos ocupen todos esos escaños. “Para la celebración de la Junta, se dota de informes técnicos, para este acuerdo y cualquier otro. A partir de ahí se decide en la Mesa tras escuchar a los portavoces”, ha explicado Leticia García.

El portavoz de Vox, Carlos Pollán, que ha sido presidente de la Mesa en los últimos cuatro años, ha explicado que “han votado en contra” de este informe (los portavoces de grupos no votan formalmente en estas reuniones) todos los grupos. “Mi interpretación es que, como aquí no se está hablando entre Pollán y Mañueco, sino que la negociación está siendo en Madrid, un día se ha levantado valiente Mañueco, ha presentado una propuesta que no tenía pactada con Vox yha tenido que recoger cable. Y ya está”, ha zanjado el portavoz socialista, Carlos Martínez.

Grupo de trabajo

Tras la Junta de Portavoces, la Mesa también ha acordado abrir un nuevo grupo de trabajo para abordar el sistema de retribuciones, aunque no ha quedado del todo claro para qué será este grupo de trabajo. El PP ha defendido que es únicamente para valorar el sistema de reparto de los puestos de dedicación exclusiva para ver si conviene aumentar el número, mantenerlo o reducirlo; mientras que el PSOE ha pedido que el debate sea más “serio y riguroso” y plantee acabar con lo que ha considerado una “anomalía democrática” que permite únicamente ir a las Cortes a los funcionarios o a aquellos que “nacen en cuna de plata”. “Estamos hablando de poder desarrollar la actividad en unas mínimas condiciones dignas”, ha insistido Carlos Martínez, que ha requerido que como mínimo haya una dedicación exclusiva para una persona de cada grupo y provincia.

Martínez ya ha avanzado que no ve posible que haya un acuerdo sobre los sueldos en esta Legislatura que acaba de empezar, y, aunque reconoce que no es una prioridad —como la Ley de lucha contra incendios o la de violencia machista—, si ha instado a realizar el trabajo pertinente para solucionar la situación. “Queremos estudiar con calma, serenidad y transparencia. lo importante de hoy era echar a andar la Legislatura y que las Cortes empezaran a funcionar; no es necesario acordar todas estas cuestiones hoy”, ha manifestado Leticia García.

En la pasada Legislatura, ya se constituyó un grupo de trabajo para abordar esta cuestión después de que los exdiputados autonómicos de Vox desvelaran que el grupo utilizaba sus fondos para complementar los ingresos de sus parlamentarios, como otras formaciones confirmaron que también hacían, pero se quedó en nada.

Aún sin acuerdo de Gobierno

En el horizonte también está el 7 de mayo, fecha en la que los grupos deben haberse reunido con el presidente de la cámara, Francisco Vázquez (PP) y proponer un candidato a la Presidencia de la Junta. Sin embargo, Pollán ha considerado “muy difícil” que PP y Vox vayan a llegar a un acuerdo del Gobierno antes del 1 de mayo, cuando empieza la campaña electoral de Andalucía.

El portavoz de Vox, Carlos Pollán, ha asegurado que mantiene “contactos fluidos y cordiales” con Mañueco, pero ha evitado dar detalles porque considera que informar en este momento solo “alimentaría un ruido que no interesa”. Pollán ha esperado que Génova no ponga “trabas” a los acuerdos y ha augurado un acuerdo de gobierno que “ponga sobre la mesa el crecimiento de Vox”, puesto que la representación de su formación ha sido superior en Castilla y León que en Extremadura y Aragón. También se ha negado a abordar de qué entenderá Vox en Castilla y León por 'prioridad nacional', un “tema troncal” en las negociaciones, pero sobre el que no ha querido entrar en detalles.

Las Cortes de Castilla y León han modificado su lenguaje con la entrada del PP en la Presidencia -que ahora dirige Francisco Vázquez- y ha convocado este lunes un minuto de silencio por el “crimen machista” de Toledo. Es la primera vez en cuatro años -en los que Vox ha presidido la cámara legislativa. que un minuto de silencio es atribuido a esta violencia machista y no a un “asesinato” o un “fallecimiento”, como en ocasiones anteriores tales como la muerte de tres mujeres producidas en un incendio en Miranda de Ebro, el asesinato machista de Viana de Cega, entre otros.

Vox ha mantenido una estrategia para negar la violencia machista, rompiendo así con un consenso de décadas. Ejemplo de ello es que Vox no suele participar en acontecimientos estructurados en contra de la violencia machista como los actos del 25-N. Cuando el partido de extrema derecha entró en el gobierno de Castilla y León en 2022, comenzó a convocar minutos de silencio con muchas otras muertes violentas, a los que normalmente solo acudían los consejeros de Vox.

En 2022, por ejemplo, el Grupo Parlamentario Vox impidió por primera vez que el parlamento de Castilla y León hiciera una declaración institucional de repulsa por el último crimen de violencia de género que se ha producido en Palencia y que el presidente de la cámara redujo a un “crimen”.

Uno de los compromisos del pacto PP-Vox era la tramitación de una 'Ley de Violencia Intrafamiliar', que el PP -entonces ostentaba las competencias de Familia y Servicios Sociales- nunca llegó a tramitar. También pretendía derogar la Ley de Violencia de Género, algo que tampoco se ha producido, a pesar de que tampoco se ha aprobado una nueva. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, retiró a finales de 2025 la Ley de Violencia de Género pocas horas antes del debate y evitó debatirla aprobarla en la pasada legislatura.

Nacho Hernández arrancó su exposición La Voz Humana en el Palacio de Pimentel de la Diputación de Valladolid a mediados de marzo con normalidad. Se trataba de una exposición muy trabajada que reinterpretaba “de forma muy libre” la obra teatral homónima de Jean Cocteau que escribió en 1930. Para ello, recurrió, entre otros aspectos, a la iconografía religiosa, algo que han criticado Vox y Abogados Cristianos, que han intentado que la Diputación, que dirige el Partido Popular, censure y retire dos de las piezas que componen la muestra, que se mantendrá hasta el 4 de mayo.

El artista denuncia el acoso que está sufriendo a través de redes sociales después de los reproches de Vox y la fundación de abogados ultra, especialmente en Instagram. “Estoy recibiendo una gran cantidad de mensajes homófobos y de mensajes de odio... y mensajes bastante groseros. Estamos en el 2026 y creo que la sociedad tiene que avanzar hacia adelante. Mientras haya ese tipo de desprecio, homofobia y odio hacia todo lo que es diferente, yo creo que la sociedad no va a avanzar”, reflexiona. Nacho Hernández asegura que cada vez que abre su cuenta de Instagram tiene que bloquear gente y eliminar mensajes de odio desde el viernes 3 de abril.

“Esto me está violentando muchísimo. Es muy violento cuando alguien te está criticando pero no sabe muy bien o tiene mucho desconocimiento de lo que está criticando”, lamenta Hernández, aunque reconoce que también está recibiendo aliento por otros usuarios. En conversación con elDiario.es, el pintor vallisoletano agradece el apoyo de la Asociación de Artistas Visuales de Castilla y León y de la Diputación de Valladolid, institución con la que ajustó las piezas que formarían parte de la exposición de manera “precavida” y con la que ha tenido una relación “muy estrecha y muy bonita”.

Hernández se considera cristiano, aunque alejado de la Iglesia Católica, y reivindica el uso de iconografía religiosa en el arte. También ensalza que mientras los artistas continúen utilizando la iconografía religiosa “el mito de Cristo seguirá vivo”. “No hay nada malo en trabajar con elementos cristianos”, reclama. También recuerda que este uso no es nuevo y que se utiliza también en otros ámbitos culturales como la música, la escultura o la pintura. “Yo siempre recurro mucho a la iconografía porque yo soy cristiano, y creo que esta gente está muy equivocada porque cuando un artista trabaja con la iconografía cristiana, en cierta medida es porque hay un vínculo, hay una creencia hacia lo que está trabajando; si no, no lo haría. Considero que nada de mis imágenes es irreverente, absolutamente nada”, reivindica.

“Es una manera de contemporaneizar la iconografía”

El pintor, nacido en León y residente en Barcelona, rechaza que se pretenda ofender a nadie con su exposición. “Es más, creo que es una manera de contemporaneizar la iconografía religiosa. Lo que pasa es que hay un sector de la sociedad que es muy conservador y cuando se trabaja con conceptos que no son los clásicos, se llevan las manos a la cabeza. Pero no hay nada ofensivo en esas dos crucifixiones que están expuestas”, defiende.

“Yo siempre trato la imagen de Cristo con muchísimo respeto. La iconografía me atrae y la respeto. Y me escandaliza que se me tache de lo contrario”, continúa Hernández, que cree que, en general, el arte puede servir también a la Iglesia para atraer más feligreses. “La Iglesia debería ser más hábil y contemporánea. A través del arte se llega a nuevas personas con ideas muy distintas. El arte es el que ha hecho que la imagen de Cristo tenga mucho poder”, sostiene.

En general, Hernández suele trabajar a partir de textos teatrales o de obras que pueden ser adaptadas en fotografía y en pintura. En el caso de La Voz Humana, el artista quería hablar de la pérdida de un ser querido —no necesariamente un amante como en el caso de la obra de Cocteau— que ha servido como “sustento, muleta y apoyo” durante toda la vida. La crítica de Vox y de Abogados Cristianos incluía, concretamente, a dos crucifixiones que, según ellos, atacaban a los sentimientos religiosos. “Supongo que les habrá escandalizado que ese chico —crucificado— lleve tacones, aunque esta haya sido una prenda que históricamente empezaron usándola los hombres en la corte del rey Sol. Y que los tonos de colores sean rosas. Claro, que todo tiene un sentido: en el texto de Cocteau, el vestido de la mujer es rosa, y por eso jugué mucho con esos tonos”, explica.

En general, Hernández suele trabajar a partir de textos teatrales o de obras que pueden ser adaptadas en fotografía y en pintura. En el caso de La Voz Humana, el artista quería hablar de la pérdida de un ser querido —no necesariamente un amante como en el caso de la obra de Cocteau— que ha servido como “sustento, muleta y apoyo” durante toda la vida.

“Supongo que les habrá escandalizado que ese chico —crucificado— lleve tacones, aunque esta haya sido una prenda que históricamente empezaron usándola los hombres en la corte del rey Sol. Y que los tonos de colores sean rosas. Claro, que todo tiene un sentido: en el texto de Cocteau, el vestido de la mujer es rosa, y por eso jugué mucho con esos tonos”, explica. El artista recuerda que, además, la crucifixión era una pena de muerte y que no era algo exclusivo de Cristo. A través de estas piezas, Hernández quiere hablar de cómo cada uno 'carga su propia cruz' y convive con sus frustraciones, todo ello inspirado también en el pintor Edgar Guanipa y la obra Esperando a Godot, de Samuel Beckett.

Nacho Hernández carga contra aquellos que “distorsionan la realidad para conseguir votos, atrapar la atención y tener publicidad” porque “descontextualizan” la exposición. El pintor lamenta que “un sector de la sociedad” pretenda decidir “qué es arte y qué no”, “cómo se tiene que expresar y cómo no”. “Existe la libertad de expresión, y si algo no te gusta, puedes hacer una crítica correcta y educada, no insultando o faltando al respeto. Lo que no puedes hacer es clausurar o censura algunas imágenes”, protesta.

Si eres de Castilla o de León, deberías acudir al menos una vez en la vida a la campa de Villalar de los Comuneros. Es mi (humilde) opinión sobre una de las fiestas más controvertidas en esta Comunidad, empeñada en ocasiones en enfrentar provincias como si de un reino de taifas se tratase. Independientemente del sentir de muchos leoneses (que, por supuesto, respeto), Villalar es mucho más de lo que aquellos que no van -o que solo van a primera hora de la mañana- creen. Puedes ir al espacio con el que te sientas más cómodo, o a ninguno y estar en la campa, que, gracias a alguna cabeza pensante, este año ha contado con una carpa que ha permitido guarecerse un poco del sol. Aún así, yo me he quemado, pero esa es otra cuestión.

A lo que iba, que me disperso fácilmente... En Villalar hay espacio para exigencias populares y políticas -que sí, recurren al mito comunero del siglo XIX con banderas republicanas, ya lo sabemos todos-, pero también hay hueco para los bailes tradicionales y las bandas (más o menos convencionales) de Castilla y León. Se trata de celebrar lo propio, la tradición y la diversidad, y ahí está todo el mundo invitado. De cantar al primer amor -ese que nunca se olvida- o para protestar porque cada vez seamos menos en los pueblos.

Los mensajes de los artistas se cuelan constantemente: por Castilla y León, por una Castilla diversa, libre, por recordar el trabajo de las mujeres -y las pandereteras- en la música. Es llamativo que en Villalar estos artistas tengan más éxito cuando proclaman 'viva Castilla y León' del que tuvo el presidente Mañueco hace solo unos días en los Premios Castilla y León. Supongo que tiene que ver más con una unión administrativa que quizá nunca debió producirse, pero que muchos ya han asumido y hecho propia de manera integradora. También se escuchan muchos 'viva Castilla' y 'viva León'; hasta algún 'viva Villalpando'.

Yo empecé a ir a 'la campa' cuando estaba todavía en la Facultad estudiando Periodismo, en una edición en que tocaba la MODA, porque quería mi hermano. He vuelto muchas veces, de 'civil' y de periodista, aunque al principio sobre todo de periodista: a seguir a los políticos y a 'picar' texto lo más rápido posible para que, aquellos que no estaban por allí, pudieran conocer el sentir de los representantes políticos.

Poco a poco, fui entrando un poco más en el 'modo campa', y desde entonces no puedo evitar fijarme en lo que me rodea; supongo que viene en el journalist starter pack. Fui creando mis propias tradiciones, como dar una vuelta por todas las carpas para ver qué carteles y pancartas marcan su discurso cada año.

En esta edición, algunos se solidarizan con los activistas que están siendo procesados por irrumpir en la Vuelta Ciclista durante el boicot por la participación de Israel. El PSOE ha recuperado un 'photocall' del Papamóvil en recuerdo a las fiestas de Tardelcuende en las que el actual secretario general del PSOE se paseó por uno escobilla del váter en mano. Ya se le multó por eso e irrumpió Abogados Cristianos por eso, pero esa es otra historia. También me gusta ver a las asociaciones y plataformas que están presentes en la campa y que ponen el foco en sus problemas locales, internacionales o de integración social. O que incluso regalan libros antiguos, para que tengan una segunda vida en manos de otros. Algún año quizá montemos puesto de elDiario.es, quién sabe.

Este 2026 hay otra cosa que me llama la atención: hace unos años se veían muchísimas camisetas de Los Niquis del Páramo o La Perdiz Roja Magazine que tan populares se hicieron. Ahora se han añadido camisetas de artistas locales como La MODA, El Nido, Delameseta o Guille Jové, entre otros, y eso me hace preguntar también qué parte de sus ingresos vienen más del merchan que de la música en sí. Es curioso cómo utilizamos la ropa como una seña de identidad: en la escuela (concertada), en los deportes y en los ejércitos.

Castilla y León tiene una riqueza y diversidad en su vestimenta increíble, aunque se puedan compartir algunos elementos. Y en este año he visto más faldas, bandas, chalecos y pañuelos que nunca. Originales, heredadas o tuneadas, pero transmitían una sensación increíble y un arraigo que a veces es complicado sentir. Aunque para outfit llamativo, el del vocalista de Jimenos Band, que actuó de imprevisto en la carpa principal después de tocar en la carpa de UGT: americana y sombrero de copa repletos de estampados de la bandera de Castilla y León.

El asunto es que yo tengo esa manía observadora, que tampoco me impide ver la ironía de que se comercialicen banderas republicanas, cafés de especialidad, merchan de sandías o enseñas del Che probablemente confeccionadas en condiciones muy poco dignas. Convivimos con ello, como toda la sociedad coexiste con sus propias contradicciones. Y el primero que no sea un poco hipócrita en la vida, que tire la primera piedra, como diría aquel.

Una vez inspeccionado el espacio, me acerco al monolito para ver las ofrendas florales, que desde hace años incluyen también a María Pacheco y no solo a Bravo, Padilla y Maldonado. Y, antes de que me lo recuerde un compañero periodista y leonesista en concreto... Sí, ya sé que la derrota de 1521 no fue tan importante en la historia y que todo fue engrandecido en el siglo XIX. Pero déjame ser un poco ilusa, por lo menos un día al año.

Porque de esto va Villalar en realidad: de soñadores -como los de One Piece, cuya bandera he visto hoy usar como cabestrillo- en sus propios pueblos, comarcas y ciudades. De defender lo propio, sin imponerse al otro, y del derecho a quedarse y no solo la obligación de marcharse a buscar un futuro. De reivindicar que se puede innovar desde lo rural y la tradición, y no solo en la agricultura, sino poniendo énfasis también en la cultura. Esa que ayuda -y mucho- en los peores momentos vitales y que muchas veces no cuidamos lo suficiente. Como la Junta de Castilla y León con su estrategia de organizar conciertos por toda la comunidad en la víspera de la fiesta que obvian a los artistas locales. Porque Castilla y León es vida, pero muchos se ven abocados a vivir la suya fuera.

Está aún por verse cuánto tiene de moda todo este movimiento cultural que vive Castilla y León, muchas veces a espaldas de lo mainstream y los medios de comunicación, pero no puede negarse que hay un resurgimiento importante. Desde luego, yo jamás en la vida habría pensado que podría escuchar a miles de personas -muchos de ellos jóvenes, parte especialmente relevante en una comunidad tan envejecida como la nuestra- cantando a Agapito Marazuela o recordando a Luis Martín Díez, del Nuevo Mester de Juglaría, fallecido en noviembre de 2025. La campa de Villalar intenta, desde su humildad, ponerlos en su sitio. O que vería a tanta gente con unas castañuelas como las que tenía mi hermano de pequeño y por las que algunos compañeros se reían.

Esto de los jóvenes es clave. Porque demuestra que podemos (me voy a incluir todavía como 'joven, si me lo permiten los veinteañeros) bailar pogos, pero también podemos unas jotas, unos charros o un ajechao, aunque muchos aún lo tenemos como tarea pendiente para cuando la vida nos dé una pequeña tregua, al menos en mi caso. Como lo de aprender a tocar la pandereta... supongo que todo llegará cuando deba hacerlo, pero no puedo evitar pensar que ese momento está cerca para mí. De momento sigo procesando la cantidad de polvo que he aspirado de la campa de tanto bailar -hasta el suelo, como piden Lucía y Santi-, como si fuera la Niña de la Arena que Dulzaro no puede olvidar.

Tampoco es que pretenda mucho con este texto más allá de expresar lo que siento. Supongo que el 50º aniversario de Villalar me ha dado qué pensar, o que es verdad que me voy haciendo mayor cada año. El caso es que, como dicen los burgaleses de El Nido, quiero cantar ahora por si acaso me toca llorar mañana. Que, hoy día, con la actualidad como está, nunca se sabe qué pasará al día siguiente. Así que, levántate, morenita, y baila hasta que te duelan los pies.

Valladolid tallará una de sus secuoyas centenarias porque se ha secado y se podría caer, lo que resulta peligroso porque tiene 32 metros de altura y un diámetro de 1,91 metros. Está en el antiguo pueblo de La Overuela, hoy uno de los barrios de la capital. En 2006, la Junta de Castilla y León la catalogó como árbol singular, pero eso no ha impedido la muerte del ejemplar, que está en un terreno privado.

Se trata de una sequoiadendron giganteum, una especie originaria de la montaña de California que se plantó en muchos lugares de España durante la Belle Époque. “Es una especie que crece muy rápido, pero exige condiciones de montaña y lluvia que no tiene en algunos de los lugares en los que se ha plantado. En ámbitos más secos y mediterráneos, si no la cuidas o la riegas es factible que se muera”, explica a elDiario.es el profesor de Botánica Forestal y director de la Cátedra de Micología en la Universidad de Valladolid, Juan Andrés Oria de Rueda.

El 13 de febrero el propietario de la finca pidió talar el árbol por el deterioro del ejemplar. El 25 de febrero, el Ayuntamiento realizó una inspección técnica, en la que se comprobó que el árbol estaba “muerto o en estado terminal”, por lo que había desaparecido “el valor natural, ornamental y biológico que justificó su inclusión en el catálogo”. La conservación del ejemplar no era “viable” y el equipo municipal consideró que su tala estaba justificada. Todas estas actuaciones fueron simultáneas a las de la Junta de Castilla y León, cuyos agentes forestales habían visto las malas condiciones del árbol a finales de año. Se estaba tramitando de oficio la baja de la catalogación del ejemplar cuando recibieron la petición del propietario de retirarlo. “Íbamos a comunicarlo al titular del terreno y nos llegó la petición. Ha sido bastante ágil porque nos da miedo que el viento y las lluvias puedan hacer caer al árbol y se ocasionen daños”, explican desde la Delegación Territorial de Medio Ambiente.

El Ayuntamiento confirmó que la conservación del ejemplar seco podía suponer un “riesgo potencial de caída de ramas o del tronco a medio plazo”. El servicio constató la “ausencia total de follaje” y “signos evidentes de muerte fisiológica”, “desecación generalizada del tronco y las ramas”, una “fragilidad estructural compatible un estado avanzado de degradación” y apuntó que el estado fitosanitario del árbol era “irreversible”.

El rumor es que en realidad esa secuoya es más antigua, del siglo XIX, algo que descarta Juan Andrés Oria de Rueda. “Lo que pasa es que en pocos años se hace muy grande y despista. En los primeros 20 o 30 años tienen anillos de varios centímetros de anchura y parecen milenarios, pero no es así”, zanja el profesor, que tiene claro que, en el estado actual del árbol, es un “peligro”.

Al estar en terreno privado, el Ayuntamiento de Valladolid no es responsable del cuidado del árbol. La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) tampoco ha acometido ninguna intervención en los alrededores de la secuoya, según ha confirmado a este diario. Las competencias sobre la gestión y conservación de la fauna y flora son autonómicas. Los agentes medioambientales de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León frecuentan las zonas donde hay árboles singulares para realizar un seguimiento. De hecho, la secuoya de La Overuela estaba incluida en un programa de conservación de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y está previsto incluir otros nuevos ejemplares si cuentan con el consentimiento de los propietarios de los terrenos.

La catalogación de los árboles que a veces acaba mal

Cuando se cataloga un árbol como especie singular, se le dota de cierta protección y no pueden ser talados salvo que lo autoricen las administraciones públicas: la Consejería de Medio Ambiente debe emitir una Orden para excluir a cualquier ejemplar de esta protección si han sufrido un “deterioro natural” o si se debe actuar de alguna manera “ineludible”.

Juan Andrés Oria de Rueda afea que en ocasiones este tipo de protección termine mal. “Cuando se declara un ejemplar como 'Patrimonio', me lo temo. Porque a veces se dejan de hacer las tareas de mantenimiento, o echan cemento para que la gente vaya a ver al árbol... y a veces ese mirador impide que la humedad de la montaña llegue bien al árbol. O hay visitantes que arrancan la corteza del árbol, como en Cabezón de la Sal. ”Es imprescindible que si se trata a un árbol como un monumento, se mantenga“, destaca este botánico.

Por la A-6. Salida 189 a Villalar de los Comuneros. El estado de la carretera podría ser mejor. Como todo en Castilla y León, supongo. Podríamos ser más, podríamos tener más empresas, podríamos tener más oportunidades. O incluso más internet. Para eso sirve también la fiesta del 23 de abril: para reivindicar una comunidad mejor en una tierra de soñadores. La campa se llena de eslóganes, carteles, pañuelos y camisetas. “Make Castilla cool again”, “Resistencia Vaccea”, “Palentina Libre”, “Nadie es más que nadie”. Este año la falda roja es la reina de la fiesta: tuneada, como pantalón, hecha en casa o heredada. Como Virginia y Lucía, que se han puesto una falda roja que han cosido sus madres “en tiempo récord”. Sus “santísimas” madres, en sus propias palabras.

“Celebramos mucho la Feria de Abril y rápido nos vestimos de sevillanas. Los de La Perdiz Roja propusieron por redes sociales que lleváramos los trajes o alguna prenda o complemento personal para dar visibilidad a la vestimenta tradicional”, explica Virginia, que lleva viniendo desde muy pequeña. La idea de Lucía era “meternos en nuestras raíces” y “empaparse” de la cultura. “Y hacer feliz a mi niña interior”, agrega esta palentina, que de niña nunca pudo tener un traje.

No son las únicas que se han vestido para la ocasión, en una fiesta que resucita año tras año pese al abandono que denuncia. La co-directora de la revista La Perdiz Roja, Carmen Abril, se pregunta si en realidad podría trascender un movimiento cultural, y hasta qué punto una puede estar “sesgada” por sus propios círculos. “Lo estamos viendo en proyectos musicales, pero también en diseñadores gráficos, en gente que hace vídeo o foto”, explica. Este año querían reivindicar el traje, que “crea mucha identidad e invita a la gente a investigar”.

Impulso a la música de Castilla y León

Este jueves actúan muchos grupos: El Naán Trío, Carlos Soto, Guille Jové, Ronda Segoviana, El Nido, Delameseta, Dulzaro, Castora... y los que no podían faltar, especialmente este año: el Nuevo Mester de Juglaría, que hace unos días fueron reconocidos con el premio Castilla y León de las Artes. Nacho Prada es el vocalista de uno de esos grupos que reivindica el folclore y lo reinterpeta en todos los sentidos, El Nido. “Hay muchísimos grupos de esta tierra y muchas bandas que faltan. Se podría llenar de talento varios días de festival”, asegura desde la carretera, camino a Villalar.

Este año, como en 2025, la Junta de Castilla y León ha optado por organizar conciertos -por valor de más de un millón de euros- por toda la comunidad en la víspera de la fiesta. Eso sí, ningún cabeza de cartel era de Castilla y León. “No nos extraña, pero es una vergüenza y es algo muy feo a la cultura y a lo autóctono. Es para que reflexionemos lo que queremos construir”, señala.

Esta Comunidad también se construye desde lo más tradicional, como el grupo de baile Los Alfareros de Pereruela, de Zamora, que se estrena por primera vez en Villalar. Su presidente, Carlos Herrero Domínguez, es veterano en la fiesta, pero como ciudadano, no como bailarín. “El objetivo es divulgar el folclore de Zamora, que es muy rico y diverso en bailes y en indumentaria. Estamos luchando por él, trabajando y motivando a la gente para que le dé el calor que se merece”, explica poco antes de actuar. En el pueblo también se están recuperando otras fiestas, como la mascarada de Carnaval de La Vaca Antrueja.

“La gente quiere volver a las raíces”

Andrea García lleva más de seis años en la librería 'comunera': habla de 1521 en todos sus formatos: narrativa, novela, cómic, poesía... el mito comunero está presente en muchas superficies. Ella, villalarina, ha ido a la campa desde pequeña. Ha actuado este miércoles por la tarde en el escenario y hoy está repartiendo libros y juegos de mesa de Castilla y León. “La gente quiere volver un poco a las raíces, creo que está un poco saturada de tanta ciudad, tanta prisa y del mercado. No es comercial, y no parece una moda, pero sí hay un movimiento cultural de folk efervescente”, explica.

Partidos, oenegés, sindicatos y asociaciones se movilizan en uno de los grandes días de la izquierda, con un presidente autonómico y sus acostumbrados madrugones. Algunos eslóganes se repiten: la protección del pueblo, una gestión más sostenible de las energías renovables y contra las macrogranjas, la integración, una Palestina libre. Todo ello, aderezado de música tradicional. Bueno, algunos artistas, más y otros, menos. Como los de la paella del PSOE y su canción, generada con Inteligencia Artificial. A mediodía de este jueves, la campa congrega a más de 15.000 personas (5.000 coches y 21 autobuses), según calcula la Subdelegación del Gobierno en Valladolid. El año pasado fueron 25.000 'comuneros' y se espera que haya más afluencia por la tarde.

Entre jotas y charros, y algunas cervezas, la actriz María San Miguel lee el manifiesto consensuado por CCOO, UGT, PSOE, IU, Podemos, Sumar, el PCE, el PCAS, STACYL, STECYL, TRADE, la Coordinadora de Mujeres de Valladolid, la Fundación Triángulo, el Ayuntamiento de Villalar, la Asociación de Periodistas Feministas y la Confederación de asociaciones vecinales de Castilla y León. “Villalar es la fiesta de todos, todas y todes. Por eso rechazamos posiciones de quienes propagan el odio y la xenofobia, que han crecido con la llegada a la extrema derecha”, proclama.

Futuro pacto PP y Vox

La sombra de Vox -que, además ha torpedeado esta fiesta desde el principio-, del pacto de gobierno entre PP y Vox en Extremadura y el previsible homólogo en Castilla y León planean en muchos discursos en el monolito. El secretario general del PSOE autonómico, Carlos Martínez, ha advertido del riesgo de que se creen “ciudadanos de segunda” y ha exigido una Comunidad “libre, igualitaria y justa” basada en la defensa de los derechos de “todas las personas”, en declaraciones recogidas por EFE. El ministro de Transportes y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha tachado los pactos de Extremadura y Aragón de “xenófobos y racistas”, y la titular de Igualdad, Ana Redonda, ha pedido a los ciudadanos que no se dejen engañar por el “simplismo”.

El portavoz de IU en el Congreso de los Diputados, Enrique Santiago, la “gran mentira” que esconden PP y Vox sobre la imposibilidad de España de ofrecer servicios sociales y una “vida digna a los últimos de la escala social”. “La 'prioridad nacional' está incluyendo una gran mentira. ¿Cuál es la mentira? Que no hay recursos suficientes en nuestro país para garantizar una vida digna para todas las personas, para garantizar sus servicios sociales y que por eso hay que quitarle esos recursos a los últimos de la escala social”, ha argumentado.

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha eludido pronunciarse sobre el concepto de la 'prioridad nacional' y se ha remitido al posible acuerdo en el que trabajan con Vox para “cuando se concrete y se firme”. “Lo explicaremos, no se preocupen ustedes, con todo detalle”, ha añadido en declaraciones a los medios de comunicación.

Villalar es eso: es reivindicación, libertad, fiesta y amabilidad: como el niño con una camiseta de Lamine Yamal que toca el tamboril o el voluntario de Protección Civil que se coloca en el boquete en el camino para que los coches que se acercan a la campa no se dejen los bajos. Es una “romería laica”, sol incluido este año, con sus protestas y espíritu crítico, como lo fue hace cincuenta años. Incluidas las críticas a la propia fiesta, que también han marcado la historia, presente y posiblemente, el futuro de la fiesta.

Clandestino, con la Guardia Civil en contra, un 'aquelarre' de la izquierda. La fiesta de Villalar de los Comuneros cumple 50 años desde que 350 personas acudieron a la campa para reivindicar libertad, amnistía y una autonomía propia. Con una configuración territorial tan compleja, y unos sentimientos divididos y cuestionados, Villalar ha tenido sus vaivenes: desde la prohibición durante el franquismo, a su institucionalización con el único presidente autonómico socialista, a la dilución de la fiesta durante el liderazgo de Aznar, pasando por una relativa normalización con Juan Vicente Herrera o a la estrangulación económica con Vox en el gobierno, la ruptura en la antigua Fundación Villalar y los conciertos de artistas que no son de la comunidad y que ha organizado por todas las provincias Alfonso Fernández Mañueco.

Enrique Berzal, historiador especializado en Contemporánea y profesor de la Universidad de Valladolid, acaba de publicar Villalar. Medio siglo de celebración comunera (Páramo), que realiza precisamente este recorrido a través de testimonios orales y crónicas periodísticas. Todo, con el objetivo de explicar por qué se celebra Villalar, por qué muchos castellanos (y algunos leoneses) 'celebran' una derrota. Es una pregunta a la que muchos ya están acostumbrados a responder: “Los comuneros de Villalar históricamente han sido revisitados y han servido para muchos proyectos sociales, políticos, pictóricos, culturales y literarios para defender sus intereses”, explica Berzal en la presentación del libro el pasado jueves, que repetirá en la campa de Villalar.

Es decir, no se recuerda tanto la batalla en sí, ni la muerte de los comuneros —a los que se honra con la ofrenda floral—, sino una serie de valores de modernidad que se les atribuyen: “Los valores que expresamos los que vamos a la campa no son valores de separación o de disgregación, sino que revisitamos unos valores que se pueden hacer extensibles a toda España”, valora Berzal. Esencialmente, se traduce en la reivindicación de la libertad, la democracia y la autonomía y en contra del centralismo, inicialmente unidos a una “efervescencia regionalista” que vivieron algunas provincias en la Transición.

“Villalar es una romería laica y reivindicativa que resiste a lo largo de la historia. Hay un poso castellanista o castellano y leonesista, pero no es una fiesta aceptada en toda Castilla y León, y no pasa nada”, resume Enrique Berzal. En cada momento de tiempo, las reivindicaciones se han ido adaptando a las circunstancias, como una especie de “laboratorio político” en el que se reflejaron las nuevas formaciones políticas (Ciudadanos y Podemos) que rompieron con el bipartidismo hace diez años y con un partido de extrema derecha, Vox, que se muestra claramente en contra.

Una fiesta muchas veces revisitada

Berzal arrancó el libro a propuesta de los editores —Virginia Hernández y Javier Campelo—, con esa idea de englobar un sentimiento, pero también una estrategia política concreta. “Los historiadores lo sabemos, la Historia es utilizada por muchos colectivos conforme a sus intereses y Villalar no escapa: hay gente que ha utilizado el nombre de Villalar y no tienen nombres insignificantes, como el doctor Marañón.

Villalar era el epicentro de la eclosión de los intereses capitalistas, burgueses que defendían sus propios intereses económicos. Desde el lado liberal y de la izquierda, Villalar era el epicentro de la lucha popular a favor de las libertades y contra la opresión monárquica y centralista. Y desde la extrema derecha, Villalar era el epicentro de la traición de una parte de la sociedad a los intereses imperiales, o incluso hay quien dice que Villalar es el ejemplo de la lucha, ya en el siglo XVI, contra el globalismo. Cada uno utiliza Villalar para sus intereses“, condensa.

A pesar de estas reinterpretaciones, y de la oposición política —con mofas de alcaldes de León, Salamanca y Segovia—, Villalar se ha seguido celebrando. La palabra que utiliza Enrique Berzal no es casualidad: 'resistencia'. “Si Villalar resiste es por su singularidad. Es un centro desde el que se lanzan gritos reivindicativos y se comparte un día en familia”, zanja. En los últimos años, la música ha cobrado especial importancia en esta celebración, con artistas locales que participan altruistamente en la fiesta, que apenas cuenta con fondos públicos para su programa.

El autor del libro apunta que, durante muchos años —todavía ahora—, se ha identificado Villalar y “luchar por Castilla y León” como un enfrentamiento hacia el gobierno de Castilla y León, también debido a que el PP lleva gobernando ininterrumpidamente desde 1987. “Y es así porque es verdad que los valores que se han asociado por parte de gran parte de los que van son valores indiscutiblemente populares, pero también porque en su momento Alianza Popular, y UCD, pero sobre todo AP, no creía en Castilla y León. Fueron los primeros en impulsar recursos contra la comunidad para que saliera Segovia, porque no creían en esa configuración”, expone Berzal.

Si Villalar resiste es por su singularidad

Enrique Berzal de la Rosa — Historiador y autor de 'Villalar. Medio siglo de celebración comunera

El historiador también defiende que, si se quiere que Villalar sea una fiesta para todos los castellanos y leoneses, por encima de sus ideologías, lo más “deseable” sería que el presidente del PP pudiera tomarse una cerveza en la caseta del PSOE, de UGT o de Izquierda Unida y “no pase absolutamente nada”, como pasó en 2002. A pesar de que Berzal reconoce que hoy parece “difícil” que suceda, también propone que el PP ponga una caseta. “A mí me gustaría eso”, manifiesta. Además de por cómo pueden reaccionar los asistentes a la campa, esto parece difícil porque Alfonso Fernández Mañueco ha acudido en los últimos años —en 2025 no fue por el luto declarado tras la muerte del papa Francisco— a primera hora de la mañana, cuando hay muy poca afluencia.

El año pasado, se agruparon unas 25.000 personas, todo un hito que enorgullece especialmente a los que sufrieron las cargas policiales en los primeros años. La efervescencia musical empuja también a las generaciones más jóvenes a participar en esta fiesta, en la que muchos saludos y abrazos están garantizados. Nos vemos en Villalar.

El Ayuntamiento de Madrid cederá gratuitamente 40 autobuses urbanos a la ciudad de Burgos para que pueda reemplazar, de manera provisional, los 39 que se quemaron en la madrugada del martes en el incendio de las cocheras municipales, donde hay 79 vehículos. La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha informado en rueda de prensa de que el viernes firmará en Madrid el acuerdo de cesión de los vehículos, que ese mismo día empezarán a salir con destino a Burgos para que se puedan ir incorporando a la flota municipal durante la próxima semana, según recoge EFE.

Ayala ha agradecido la solidaridad del ayuntamiento madrileño, y la de otros pequeños y grandes municipios que han puesto a disposición de Burgos sus autobuses, y ha asegurado que la llegada de esos 40 vehículos supondrá una “toma de oxígeno” para la ciudad, que ha perdido la mitad de su flota municipal.

El Ayuntamiento de Madrid les ha ofrecido la solución “más completa”, con la cesión inmediata y gratuita de 40 vehículos, antiguos pero en funcionamiento, de los que la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) tiene para enajenar y vender a terceros. Es la solución “global más fácil”, ha asegurado la alcaldesa, y además Madrid ofrece formación a los conductores de Burgos y un camión de mantenimiento por si surgen complicaciones durante el traslado, para el que ya se han puesto en contacto con la Subdelegación del Gobierno al ser especial.

El contrato de cesión con Madrid es por seis meses, aunque prorrogable, y Burgos tendrá que asumir el coste del seguro; además, pasado ese tiempo ambos ayuntamientos estudiarán la posibilidad de que Madrid pueda enajenar a Burgos los vehículos, para una incorporación definitiva a la flota.

Propuestas de otros ayuntamientos

Ayala ha explicado que han recibido propuestas de los ayuntamientos de Segovia, León, Valladolid, Valencia, Pamplona, Elche, Vigo o Ciudad Real, además de la Diputación de Palencia o la Comunidad de Madrid, y el apoyo de la propia Junta de Castilla y León con sus gestiones a través de Buscyl.

El alcalde de León, José Antonio Diez (PSOE) ha puesto a disposición de la alcaldesa de Burgos ocho autobuses que acaban de ser sustituidos por eléctricos. “La alcaldesa ha quedado en volverme a llamar para ver cómo podemos canalizar esta ayuda”, ha manifestado a través de redes sociales. El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (PP), ha comprometido también un autobús o dos “siempre y cuando no se altere la realidad y el servicio de la ciudad”. “Estamos colaborando con la ciudad de Burgos, y vamos a seguir colaborando, como no puede ser de otra manera”, ha explicado Carnero ante los medios.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado este jueves que también están estudiando si algunos autobuses integrados en la red autonómica de BusCyL pueden prestar algún servicio urbano en Burgos —puesto que la mayoría son más grandes y para trayectos interurbanos— y contactando con otras autonomías para ver si hay alguna posible colaboración. “Burgos es una ciudad que tiene un casco histórico con ciertas limitaciones y algunos de los autobuses que han sido afectados eran autobuses de tamaño muy pequeño, diseñados para acceder por estas vías tan estrechas, y los autobuses interurbanos no se han acomodado muy bien a estas circunstancias”, ha defendido Fernández Carriedo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El también consejero de Economía y Hacienda ha recordado que se puede tardar entre ocho y doce meses en comprar un autobús porque se fabrican a demanda y ha considerado que primero el equipo de gobierno burgalés debe hacer un cálculo de los costes y de los seguros, puesto que 21 autobuses afectados eran de renting. “Ahora, lo urgente es intentar encontrar estos autobuses y que puedan cumplir estas características y prescripciones técnicas. Ya habrá tiempo para cuantificar el daño que se ha causado, que no solo sobre los autobuses, sino también sobre instalaciones de las naves”, ha zanjado.

Cristina Ayala ha explicado que a partir de ahora “acelerarán” el proyecto de traslado de las cocheras al polígono de Villalonquéjar, y que en diez días quieren tener preparado el proyecto de demolición de la parte de las cocheras que ha quedado gravemente dañada, y acondicionamiento del resto de la parcela.

La Policía Científica de Madrid participará en la investigación

La Comisaría General de Policía Científica de Madrid se incorporará a la investigación del incendio que, en la madrugada del martes, calcinó la mitad de la flota de autobuses urbanos de Burgos y causó importantes daños materiales en las cocheras municipales. Fuentes de la Policía Nacional han explicado a EFE que se contará con el apoyo de especialistas en incendios dada la magnitud del fuego.

Además, se está contando con la colaboración de la unidad de drones de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Castilla y León, que estuvieron este martes tomando imágenes y que continuarán durante los próximos días participando de una investigación que “está en fase inicial”. Fuentes policiales han insistido en que todas las líneas de investigación están abiertas, sin confirmar la hipótesis de que el fuego pudiera haberse originado en uno de los autobuses urbanos, que ayer se barajaba entre los sindicatos, ante las primeras declaraciones de los testigos del incendio.

El poeta y ensayista Tomás Sánchez Santiago, que ha recibido este martes el Premio Castilla y León de las Letras en Valladolid, ha reivindicado la “verdadera cultura” como una “puerta a la esperanza” en un contexto mundial de dudosa “altura moral” y ha recordado que la Comunidad es “tierra de acogida” ante un posible pacto de gobierno de PP y Vox, cuyo cariz se puede intuir teniendo en cuenta las condiciones pactadas en Extremadura, donde ambos partidos han introducido cuestiones como la “prioridad nacional”, algo especialmente cuestionado por su legalidad.

Sánchez Santiago ha recurrido a Fray Luis de León, Beatriz Galindo y Miguel de Unamuno, entre otros como figuras que encontraron en Castilla y León un hogar. “La capacidad crítica, y hasta heterodoxa, de todos ellos viene a recordarnos que nuestra identidad va más allá de un origen, de una clase social, de un apellido”, ha manifestado durante el acto, que también ha homenajeado a María Caamaño, fallecida hace unos días a los 13 años debido al sarcoma de Ewing que padecía y que el año pasado recibió el Premio Castilla y León a los Valores Humanos.

Para el Premio autonómico de las Letras, han retornado “amenazas” como “las exclusiones, el miedo al otro por ser distinto, la exaltación ciega de los propio por encima de los demás, el menosprecio al pensamiento y la imposición de la ignorancia interesada”.Y la cultura “no puede esconder el rostro ante ese panorama”.

Tomás Sánchez Santiago ha aprovechado su participación como portavoz de todos los premiados de esta edición para leer un fragmento de un poema suyo de 2024, El que menos sabe, que hablaba precisamente de la xenofobia emergente.

La Junta de Castilla y León ha reconocido el trabajo en diferentes categorías como la Investigación Científica (Verónica Pascual Boé), las Artes (Nuevo Mester de Juglaría), las Ciencias Sociales y Humanidades (Germán Vega García-Luengos), el Deporte (Laura López Valle), los Valores Humanos y Sociales (Proyecto Hombre) y la Tauromaquia (el Ayuntamiento de Benavente, organizador e impulsor del Toro Enmaromado), además del premio de las Letras.

Los que faltan

En otro momento de sus discurso, ha dispensado un recuerdo a una galería de escritores a los que “no les dio tiempo” a recibir el galardón de las Letras: Aníbal Núñez, José-Miguel Ullán, Enriqueta Antolín, José Manuel de la Huerga, Luis Javier Moreno, Tomás Salvador, David González, José Diego, Avelino Hernández y José Antonio Abella.

“Todos ellos amaban a esta tierra y amaban el peso de las palabras”, ha agregado antes de referirse a la poesía como un “oficio de paciencia”, en palabras del portugués Eugénio de Andrade, “el mayor espacio que conozco de responsabilidad y de resistencia”, que “no está en el mercado ni en los escaparates ni en los enormes titulares de los medios de comunicación: no está allí donde no debe estar”.

Mañueco pide un “gran esfuerzo de concordia”

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha convocado este martes a un “gran esfuerzo de concordia” en el ámbito político, en unos tiempos “muy complejos” y “claramente tensos”, donde concurren “ruido, frases vacías o gestos intrascendentes”.

Ante el auditorio del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, en su discurso de clausura de la entrega de los Premios Castilla y León 2025, Mañueco ha subrayado que aunque la política implica “discrepancia y debate”, nunca debe convertirse en “descrédito personal”, según recoge EFE.

El presidente en funciones ha apelado al resultado de las recientes elecciones autonómicas y, en este sentido, ha reclamado que los partidos comiencen a hablar de “un proyecto de futuro que ilusione y que ensalce la nobleza del trabajo político”, que garantice “estabilidad y certidumbre”.

Mañueco ha argumentado que Castilla y León afronta este momento con un crecimiento económico “muy dinámico”, con más gente trabajando que nunca, con “los impuestos más bajos” de la historia autonómica y en el “pódium nacional de los grandes servicios públicos”: “Hemos dado pasos de gigante y nuestros objetivos deben ser igual de ambiciosos”.

Humanismo solidario

El dirigente autonómico ha defendido la necesidad de construir una Comunidad “de ciudadanos libres e iguales, sin privilegios, con los mismos derechos y deberes, una solidaridad asegurada y una financiación justa, suficiente e igualitaria”.

La “cultura del esfuerzo” transmitida a los más jóvenes, la garantía de libertad, seguridad jurídica y confianza hacia los emprendedores y el “humanismo solidario” son otros de los rasgos que Mañueco quiere incorporar en la construcción de la futura Castilla y León, entre los que también ha citado la “máxima cohesión social y el mayor cuidado para las personas más vulnerables y necesitadas”.

Mañueco ha apelado también al fortalecimiento de la identidad de Castilla y León, que ha definido como “serena, histórica, cultural”, sin necesitar “gritos para afirmarla”: “Basta con honrarla, con defenderla con orgullo tranquilo”, ha añadido.

El presidente en funciones ha definido a esta tierra como una “de equilibrio, de respeto, de cultura inigualable y sobre todo de progreso”.

“Tenemos talento, recursos, voluntad y, sobre todo, unas gentes orgullosas de nuestro pasado y muy capaces de luchar por nuestro futuro”, ha resumido Mañueco, convencido de que Castilla y León es un lugar donde “soñar y crear, trabajar y sentir, gozar y sufrir, crecer como personas y compartir como paisanos”.

En este punto, ha citado a Victoriano Crémer para referirse a que Castilla y León es “un viejo mar luminoso y cambiante, que conserva su hondón convulso el cántico eterno de la libertad”.

La Fiscalía de Zamora ve indicios de que la empresa Renner Energies España creó un informe municipal para avalar su proyecto eólico, puesto que tanto la abogada de una asociación local como la Guardia Civil han constatado que los metadatos de dos convenios entre la compañía y Ayuntamientos de la zona de Sayago y el informe de la Secretaría Municipal de Almeida de Sayago han sido en realidad creados por la misma persona, un abogado de la empresa colegiado en Valencia. elDiario.es se ha puesto en contacto con la empresa, que no ha respondido.

La fiscal jefe de Zamora ha remitido al Juzgado una denuncia —en un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es— porque ve indicios de un delito de prevaricación “al haber podido existir actuación administrativa irregular o realizada al margen del correcto funcionamiento de la administración pública” en unas diligencias admitidas tras la denunciade agosto de 2025 de la asociación Otra vez No en Sayago, que es muy activa contra la proliferación de macroparques eólicos. En septiembre de 2025, la Fiscalía pidió un informe a la Guardia Civil, que presentó un informe atestado a principios de marzo de 2026 que sirve de base para su denuncia.

El pleno del Ayuntamiento de Almeida de Sayago (411 habitantes) aprobó en mayo del año pasado un convenio de colaboración con Renner Energies España después de que se desestimaran las alegaciones presentadas por la asociación. El convenio es “en esencia idéntico” al que la empresa presentó en los consistorios de Bermillo de Sayago (1.028 habitantes) y Muga de Sayago (313 habitantes) para desarrollar un proyecto sobre terrenos municipales, que obtuvieron un informe jurídico negativo en 2023 de la secretaria-interventora del Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación de Zamora. Este convenio preveía la instalación de siete aerogeneradores en el entorno de la ermita de Gracia, más cerca de las viviendas de un pueblo cercano (Villamor de Cadozos) que de las propias.

En mayo de 2025 la Secretaría Municipal de Almeida de Sayago “hizo suyas” las argumentaciones de la empresa en el convenio, “limitándose a estampar su firma digital pese a las dudas sobre la legalidad”. Según el escrito de Fiscalía, la secretaria firmó el informe el 30 de mayo, pero el autor informático era un abogado de la empresa mercantil promotora. Al día siguiente, el pleno municipal aprobó el convenio de colaboración; un acuerdo que la asociación llevó a Fiscalía y que esta, a su vez, ha elevado al Juzgado. El alcalde de Almeida de Sayago, Miguel Alejo, ha pedido la “máxima prudencia”, ha mostrado su “respeto” al procedimiento judicial y ha evitado ante elDiario.es pronunciarse de cualquier otra manera.

El convenio anulado de un pueblo cercano

En 2018 el Ayuntamiento de Bermillo aprobó un convenio marco para instalar un parque eólico de casi 60 aerogeneradores de 245 metros de altura y acordó bonificar a la empresa un 95% de algunos impuestos municipales. Al año siguiente se aprobó la autorización a la empresa de que cediera el convenio a otras seis sociedades eólicas. En 2021 el pleno aprobó una prórroga del convenio y, a petición de una concejala, se pidió la revisión del convenio original.

Este convenio de Bermillo de Sayago no concretaba los terrenos municipales sobre los que se iba a ubicar el parque eólico —algo que consideraba necesario— y subrayaba que podían verse “comprometidas” las potestades públicas que correspondían al Ayuntamiento. Un año antes, el Consejo Consultivo declaró nulo este convenio de 2018 firmado entre la empresa (antes Windvisión Energía Renovable) y el Ayuntamiento de Bermillo de Sayago para los dos años siguientes, que se había prorrogado durante otros dos años.

En 2023, la secretaria interventora de la Diputación de Zamora emitió un informe jurídico negativo y advirtió de las irregularidades administrativas que presentaban estos convenios, algo que ha obviado el Ayuntamiento de Almeida de Sayago.

Respuesta de la asociación

Varios concejales del PP y la teniente de Alcalde han votado hace unos días en contra de la propuesta de la oposición de desmontar y retirar una torre anemométrica de 120 metros de altura, instalada tras el primer convenio de 2018, que firmó el anterior equipo de gobierno municipal para desarrollar seis parques eólicos.

La asociación Otra Vez No en Sayago ha reprochado que se vaya a mantener la antena “sin contraprestación económica ni beneficio para la población local” y carga contra un modelo de transición energética que considera que no está lo suficientemente planificado o estudiado su impacto medioambiental, económico y demográfico. Para esta entidad, este tipo de proyectos no se ajustan a las “necesidades reales” de los municipios y suponen “un negocio especulativo en beneficio de las empresas promotoras”.