El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juan Manuel Moreno, ha aprovechado este viernes la celebración del 1 de mayo, día de los trabajadores, para anunciar que si mantiene el gobierno creará una consejería de Inteligencia Artificial. En un acto con empresarios en Sevilla en el primer día de la campaña andaluza, Moreno ha asegurado que ese impulso a la inteligencia artificial “no va a destruir empleo” sino que es un asunto “complementario” del ámbito laboral.

Coincidiendo además con su cumpleaños, el candidato del PP ha lanzado una “felicitación a todos los trabajadores de Andalucía”, pero también ha querido “reivindicar el importante papel que tiene la empresa”. “Ambos mundos no son antagónicos, son complementarios y fusionados. Hay que desmitificar muchos de esos muros que se nos colocan en la sociedad entre unos y otros”, ha asegurado ante distintos emprendedores y directores de algunas de las principales empresas andaluzas.

“Todos somos conscientes de que Andalucía por razones económicas, ambientales es una tierra muy especial, de acogida, paciente e innovadora”, ha añadido, para defender que además “sus gentes y territorios tienen enormes posibilidades”.

Según ha dicho, su gobierno ha demostrado que los andaluces tienen su “propio camino” y que en la comunidad que preside hay un buen “nivel de convivencia” y con una menor “confrontación política” que otros territorios. No obstante, ha pedido el voto al considerar que Andalucía necesita tener “estabilidad política, institucional y seguridad jurídica”. Moreno ha planteado la necesidad de “crear marcos fiscales más flexibles” y ha propuesto nuevas bajadas de impuestos. “Reivindico que el conjunto de España tiene que hacer un parón y reflexionar sobre el modelo fiscal que quiere tener”, ha dicho.

“Andalucía es el mejor sitio del mundo para vivir por su clima, actitud y cultura, pero no solo puede ser eso. Tiene que ser un lugar para trabajar y emprender”, ha señalado el aún presidente de la Junta, antes de reivindicar la “Marca Andalucía”. “Tenemos que cuidar y no tirar por tierra muchas de las potencialidades”, ha añadido. 

“La polarización política impacta en los medios, que difuminan peligrosamente la línea entre información y opinión. La libertad de prensa también se ve amenazada por un aumento de las acciones judiciales abusivas y del señalamiento político contra los periodistas”. Esa es una de las conclusiones de la organización Reporteros sin Fronteras (RSF), que este jueves presentó su informe de 2026 sobre la libertad de prensa en el mundo. En su clasificación, RSF señala que la puntuación media de los 180 países analizados nunca había sido tan baja en este último cuarto de siglo y el caso de España no solo sigue esa tendencia general, sino que en términos comparativos desciende seis puestos, del 23 al 29, respecto a 2025.

Preguntada al respecto, la relatora para los ataques contra la libertad de prensa para RSF España, Edith Rodríguez Cachera, sostiene que “en los últimos años” se han multiplicado las “demandas judiciales intimidatorias” contra la prensa española. En conversación con elDiario.es, Rodríguez detalla explícitamente que esas demandas han llegado del “entorno de Isabel Díaz Ayuso”, presidenta de la Comunidad de Madrid, pero también “por parte del juez Juan Carlos Peinado”. Así, la relatora asegura que el hecho de que las actuaciones contra los periodistas provengan del entorno judicial “intimida aún más” a la prensa.

Las presiones y amenazas del entorno de Ayuso han sido constantes en los últimos años. En marzo de 2024, cuando elDiario.es publicó la investigación acerca del fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el jefe de gabinete de esta última, Miguel Ángel Rodríguez, mandó varios mensajes a una de las periodistas de este medio. “Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Idiotas. Que os den”, le dijo el alto cargo de Ayuso. “¿Es una amenaza?”, preguntó la compañera. “Es un anuncio”, respondió Rodríguez. Ese mismo día, elDiario.es había publicado en exclusiva que la pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla y también que González Amador cobró dos millones de euros en comisiones por contratos de mascarillas. 

El pasado noviembre, durante el juicio que acabó condenando al ex fiscal general del Estado por la supuesta filtración de la confesión de la pareja de Ayuso, Rodríguez volvió a descalificar a elDiario.es. Preguntado por el hecho de que no contestara a las preguntas de este medio sobre el fraude de González Amador, él respondió con las siguientes palabras: “Tengo muchas cosas que hacer como para aguantar a periodistas de línea izquierdista”. Sobre el mensaje que recibió por parte de elDiario.es, añadió: “No le presté más atención porque son unos escandalosos”.

Además, cuando empezaron a publicarse las primeras informaciones sobre González Amador, el jefe de gabinete de Ayuso difundió los datos de dos periodistas de El País en un chat de WhatsApp, donde vertió falsedades sobre los profesionales, además de lanzar el bulo de que redactores de elDiario.es habían intentado entrar en casa de Ayuso encapuchados. Tanto el diario de Prisa como el PSOE denunciaron a Miguel Ángel Rodríguez por haber aireado datos privados de los periodistas y el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid le ha convocado para que declare ante el juez el próximo día 6 de mayo.

Amenazas y coacciones de Peinado

El juez Peinado, instructor del caso de Begoña Gómez que ha propuesto juzgarla por cuatro delitos, amenazó en octubre a elDiario.es con una querella y le exigió 50.000 euros por haber publicado una entrevista con el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la que cargó con dureza contra la investigación del magistrado contra la esposa del presidente del Gobierno.

Entonces, Peinado presentó una solicitud de conciliación, un escrito previo a la interposición de una querella, contra el político y el director de este medio por injurias y calumnias en la que planteó varias exigencias: que se eliminara la entrevista, que Puente pidiera disculpas públicamente, que no se criticara más su gestión de la causa y, finalmente, ser indemnizado con 50.000 euros. El escrito fue presentado en los juzgados por Guadalupe Sánchez, la misma letrada que ha registrado demandas similares en nombre del rey emérito y de la pareja de Isabel Díaz Ayuso contra los políticos y periodistas que se han referido a él como “defraudador confeso”. El acto de conciliación se celebró sin acuerdo y este medio, por el momento, no ha recibido ninguna querella de Peinado. El pasado septiembre Peinado también denunció a varios periodistas por criticar en televisión su actuación contra Begoña Gómez.

Desde Reporteros Sin Fronteras consideran que estas actuaciones contra la prensa, tanto la de Rodríguez como la de Peinado, “buscan silenciar e intimidar” a los periodistas, así como generar una “pesadilla ideológica y económica” a los medios de comunicación. La relatora Edith Rodríguez destaca, asimismo, que este tipo de actuaciones intimidatorias se suelen realizar habitualmente contra “medios digitales de tamaño mediano” y no contra grandes conglomerados, con el claro objetivo de que las amenazas influyan en sus respectivas líneas editoriales e intimiden a sus profesionales.

“Las tensiones políticas se trasladan al poder judicial: no solo hay políticos que denuncian a periodistas por revelación de secretos o atentados al honor; también hay jueces”, recoge el informe de RSF que llega a hablar de un clima de lawfare contra la prensa.

El informe de RSF destaca precisamente que “el mercado español se caracteriza por una concentración mediática audiovisual alta” en la que “los grupos privados Atresmedia y Mediaset, junto con el ente público RTVE acaparan el mercado”. “A nivel regional, el sector cuenta con una sólida presencia de los medios públicos, reunidos en torno a la FORTA (Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos), sobre los que el riesgo de injerencias políticas es alto”, añade, si bien considera que la prensa (digital y/o en papel) “goza de una mayor diversidad y, por tanto, de mayor pluralidad”.

Este organismo internacional alerta, también, de que “España es víctima de un clima de gran polarización política” de la que “no se libran unos medios en los que la opinión contamina cada vez más a la información”. “El Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha comprometido de forma reiterada con la aplicación del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA) y la lucha contra la desinformación proponiendo medidas relativas a la transparencia (de la propiedad de los medios y sus ingresos publicitarios), el secreto profesional, la creación de un registro de medios, el acceso público a la información, o la reforma del organismo regulador del sector y del modelo de medición de audiencias”, destaca, aunque luego matiza que “muchas de estas medidas pueden no materializarse porque el Gobierno depende de alianzas parlamentarias inestables”. 

“Agitadores” de Vox para “sabotear” ruedas de prensa

Entre los deberes, RSF recuerda que “siguen sin derogarse los artículos más polémicos de la 'ley mordaza' y los llamados 'delitos de opinión' del Código Penal, una promesa que el Gobierno parece definitivamente incapaz de cumplir”. También denuncia que “los órganos directivos de la radiotelevisión pública siguen siendo designados sin arreglo a la independencia que promueve la EMFA, con el consiguiente impacto en el sesgo editorial de RTVE”.

“Peligrosamente concentrado y debilitado, el sector ha instalado a la profesión periodística española en una grave precariedad ya cronificada. A muchos profesionales de la información les es difícil vivir dignamente de su trabajo. Mientras, la erosión de unos medios en grave crisis los vuelve cada vez más vulnerables a las presiones políticas y económicas”, añade el texto, que destaca que “la polarización y la radicalización de la opinión pública se traducen en un clima de hostilidad creciente hacia los periodistas, una de las profesiones peor valoradas por los españoles”.

Reporteros sin Fronteras también sostiene que “el crecimiento de la extrema derecha y de su visibilización en redes sociales ha disparado el ciberacoso” y “los ataques a periodistas en coberturas exteriores son frecuentes”. “La formación ultraderechista Vox utiliza a agitadores para sabotear ruedas de prensa en el Parlamento y acosar a periodistas críticos incluso en su esfera privada. El hostigamiento de estos agitadores dentro y fuera de las redes, con la connivencia de políticos y medios digitales afines, se ceba especialmente con las mujeres periodistas, víctimas de una violencia digital que cada vez salta más al espacio físico”, zanja.

La organización se refiere al caso de agitadores ultras como Vito Quiles o Bertrand Ndongo que vulneran cualquier tipo de ética periodística, cargan contra los periodistas y los intimidan a la hora de hacer su trabajo. Ambos están inmersos en un proceso en el Congreso a raíz de que varios profesionales de la información y distintos partidos solicitaran la retirada de su acreditación.

Una habitación señorial llena de cuadros de personajes nobles, una cama con una marquesa moribunda, dos de sus hijos, cada uno a un lado de la cama, y una sirvienta. Además, un cura que pronuncia la extremaunción. Fuera se escucha el cantar de los buitres. Esta es la imagen inicial de Est Deus in Nobis (2026), un corto satírico sobre la codicia de las clases nobles y su hipocresía. La cinta se divide en dos partes claras. La primera refleja los últimos minutos de la marquesa marcados por los llantos y las buenas palabras de quienes le acompañan. La segunda muestra el verdadero rostro de los personajes una vez fallece la protagonista, cuando salen a la luz las viejas rencillas entre hermanos y su pugna por quedarse con la herencia de la muerta.

“Menos mal que me voy antes de que se disuelva España, que los socialistas quieren vender como Judas por unas cuantas monedas. Si no son ellos, serán los moros, que llevan siglos queriendo vengarse y descuartizar la grandísima obra que hizo Isabel la Católica echándolos a todos, moros y judíos. Prometedme que vais a estar siempre unidos y os vais a querer tanto como el señor os quiere”, afirma moribunda en sus últimas palabras con vida.

La escena es desternillante y el tono del cortometraje es de comedia. Pero el trabajo adquiere una especial relevancia porque la autora y directora es Oliva Ramírez de Haro, que proviene de una de las familias nobles más conocidas de Madrid. Su padre es Íñigo Ramírez de Haro, exdiplomático, dramaturgo y escritor enfrentado con su propio hermano, el conde de Bornos, Fernando Ramírez de Haro y Valdés, que es además marido de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre.

Todos conocen las miserias de la aristocracia, hasta el punto de que Íñigo llevó a su hermano Fernando ante los tribunales porque el esposo de Aguirre vendió en 2012 un cuadro familiar de Goya por más de cinco millones de euros, pero no repartió el dinero con sus hermanos. En noviembre, un juez condenó al conde de Bornos a pagar a su hermano Íñigo 853.732,83 euros. “La Justicia funciona, pero tengo miedo de la mano larga de Esperanza Aguirre”, confesaba este último en una entrevista con elDiario.es poco antes de que quedase visto para sentencia.

Inspirada en hechos reales

“Es una sátira inspirada en hechos reales. Me he inspirado en mi familia, en la historia que pasó y el dolor tan fuerte que sufrimos cuando se murió mi abuela”, explica Oliva Ramírez de Haro en conversación telefónica con elDiario.es. “Todo parecía idílico, a su manera, de una familia muy cercana que se decía lo mucho que se quería y cuando mi abuela murió tuve la sensación de un completo rechazo a los vínculos familiares y promesas irrompibles. Y de ahí llegaron los buitres”, añade. Las aves carroñeras son todo un símbolo del cortometraje. Nada más comenzar la grabación se escucha a los cuervos y, en un momento, la sirvienta afirma en alto: “La señora marquesa ha criado cuervos”.

La directora no cree que esa durísima pugna entre hermanos por el legado de sus padres se circunscriba únicamente a la aristocracia. “El corto es tan fuerte porque es una historia universal, que pasa en todos los países y en todas las clases sociales”, señala Ramírez de Haro. Ella reconoce que el cortometraje lo ha hecho “para sacar el dolor” que mantenía tras el fallecimiento de su abuela y el agrio enfrentamiento entre su padre y su tío. “Da miedo contarlo y muchas veces en las familias existe la ley de no hablar las cosas. Pero cuando no se hablan las cosas es cuando el rencor se queda dentro y hace que los odios se instalen”, remacha.

Las alusiones explícitas a miembros de su familia son constantes. En un momento dado, el hijo mayor le quita unos pendientes a su madre ante el asombro y el enfado de su hermana: “Son para Esperanza. Lleva esperando desde nuestra boda”. Que se utilice el nombre de Esperanza “no es casualidad”, según destaca Oliva Ramírez de Haro. “Casualidad no hay nunca, ya he dicho que está inspirado en mi familia”, apunta sin tapujos. La directora no teme represalias ni por parte de Aguirre ni por la de otros familiares: “La familia ya está perdida para siempre, desde mucho antes de hacer el corto”.

Antonio de la Torre, Cecilia Freire y Antonio Dechent

En su estreno como directora –lleva años en el mundo del cine trabajando en distintos proyectos como ayudante de dirección–, Ramírez de Haro ha contado con un elenco de lujo. El personaje que interpreta al hermano mayor lo representa Antonio de la Torre y en el papel de su hermana está Cecilia Freire. El cura está interpretado por Antonio Dechent, María Miguel hace de sirvienta y María José Alfonso, de la abuela que fallece. “Por casualidad di con Antonio de la Torre, se lo ofrecí y me dijo que iba a leer el guion y que si estaba bien lo haría. Creo que le pareció un buen reto”, explica la directora.

El cortometraje se presentó en el último festival de Málaga y, tal y como explica Ramírez de Haro, la idea es que “ahora empiece su vida” en el resto de festivales tanto a nivel estatal como internacional este año y el próximo. Después confía en poder poner el trabajo a disposición del resto del público “a través de alguna plataforma”. Oliva se licenció en Literatura Inglesa en la Universidad de Manchester y posteriormente completó un programa de dirección cinematográfica en la École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle (ESRA) de París, antes de cursar un máster en Cine Documental en la Universidad de Tel Aviv. 

David Fernández ha ejercido el periodismo en distintos medios desde el 2000, pero durante unos años se pasó a la comunicación política. Desde allí empezó a recabar historias y testimonios sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por parte de algunos de sus colaboradores. “Hay gente a la que le gusta y hay gente a la que no, pero no podemos negar que es un animal político. Y quería explicar cómo ese animal político ha llegado hasta donde está”, en la Presidencia de la Comunidad de Madrid con mayoría absoluta.

En Ayuso. Zancadillas, intrigas y venganzas en la Corte de Madrid (Libros del K.O., 2026), Fernández analiza las razones de su ascenso tras hablar con más de 180 personas que han trabajado con ella. Además, relata un episodio hasta ahora desconocido, el de la denuncia de una alta dirigente de Vox contra uno de los consejeros de Ayuso que tanto esta como Génova 13 desoyeron.

Empieza el libro hablando de cómo había chats en la judicatura que se mofaban de que Isabel Díaz Ayuso pudiera ser viceconsejera de Justicia durante el primer gobierno de Cifuentes. ¿Cómo llegó a esa posición?

Yo sé la razón exacta, pero no la puedo contar porque se lo prometí a las personas que me lo contaron.

¿Tiene que ver con algún asunto personal?

Tiene que ver con un asunto personal. A mí me lo confirmaron varias fuentes. También retrata un poco de lo que va el libro, que no es de alta política ni para describir a estadistas. Es un libro que narra las miserias de las políticas públicas.

Es un ejercicio de periodismo, porque al final lo que ha hecho ha sido hablar con mucha gente. Dice que con unas 180 personas.

No quise hacer un panegírico de Ayuso, pero quería reconstruir el personaje y la historia a través de los retratos de la gente que la ha conocido. Algunos me dejaron citarles; otros, no. De lo que sí me di cuenta es de que había mucho miedo ante la figura de Isabel Díaz Ayuso. Mucha gente me pedía que no le citara. Y muchos compañeros me advirtieron de que escribir un libro sobre Ayuso iba a perjudicar mi futuro.

¿El miedo es porque tiene mucho poder?

Y porque maneja mucho poder económico: la publicidad. Es la realidad de los medios de comunicación que viven de la publicidad. Ella gana la guerra civil a Pablo Casado [se refiere a la caída del que fue líder del PP tras denunciar la comisión que cobró el hermano de Ayuso en la compra de mascarillas] porque tiene el poder económico de los medios de comunicación. Si Pablo Casado hubiera estado en el gobierno central y hubiera tenido también el dinero en la caja para poner publicidad institucional, no estoy tan seguro de que Ayuso la hubiese ganado.

¿La gana gracias a Miguel Ángel Rodríguez?

En esa batalla entre dos generales, los coroneles de Isabel Díaz Ayuso estaban mejor preparados que los de Pablo Casado. Luego se juntan, como le digo, ese poder económico que tiene la Comunidad de Madrid y Miguel Ángel Rodríguez. Ustedes [en alusión a elDiario.es] lo han vivido en sus propias carnes. Descuelga el teléfono, llama y amenaza. Llama a ciertos medios que saben que el rédito económico es importante y estos siguen lo que les marca la agenda de Miguel Ángel.

Afirma que Ayuso, en principio, era una superviviente que poco a poco se convirtió en el principal activo del PP. ¿Cómo lo consiguió?

Con mucha fortuna. El PP de Madrid es un ecosistema muy especial. Ella tiene la suerte de que es una periodista que se afilia en el distrito de Moncloa, conoce a Pablo Casado y hacen muy buena amistad. Pablo Casado ya es asesor, le habla a Alfredo Prada de ella y la meten de asesora. Luego tiene la suerte que conoce a una persona del equipo de Aguirre y la llevan a Presidencia. Allí sale mal, pero bueno, el partido nunca abandona a los suyos. Tiene la suerte de que la meten en la Comunidad, en el PP de Madrid y en Madrid Network durante cuatro años. Luego empieza a llevar las incipientes redes sociales del partido y empieza a dar charlas.

Una persona me dijo: “Mira, la culpa de que Ayuso sea diputada en 2011 es mía, que hablé a Ignacio González que era el que estaba haciendo las listas, porque Esperanza estaba para otras cosas, y le pedí incluir a esta chica que estaba despuntando en las redes sociales”. El PP sacó buenos resultados y fue elegida diputada. Luego tuvo la suerte de que se hizo muy amiga de Cristina Cifuentes cuando era delegada del Gobierno.

Ayuso ganó la guerra civil a Casado porque tiene el poder económico de los medios de comunicación

Siempre la habíamos relacionado con Casado y Aguirre, pero no tanto con Cifuentes.

Ayuso iba mucho a la Delegación del Gobierno a hablar de sus temas personales con Cifuentes. Y eso es también suerte porque, en ese momento, no se sabía que Rajoy iba a confiar en Cifuentes para que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid. Cuando Cifuentes gana las elecciones en 2015, Ayuso le pide ser consejera o viceconsejera, incluso ser jefa de prensa. Pero la nombró portavoz adjunta.

¿Es cierto que cuando Ayuso estaba en Nuevas Generaciones planteó en una reunión reventar la manifestación del 1 de mayo llevando un cerdo vivo pintado con proclamas antisindicales y untado en aceite para que nadie lo pudiera coger?

Me lo contó gente que había estado en esa etapa en Nuevas Generaciones y en esa reunión. Esa gamberrada es como esas propuestas que se hacen en las juventudes de los partidos. Un poco alocada. La gente se rio. Pero bueno, sí define un poco el personaje de pandillera callejera.

Habla de la importancia de la comunicación en el ascenso de Ayuso y comenta que no solo llevaba la comunicación de 'Pecas', el perro de Aguirre, sino que creó cuentas y perfiles de trols para desacreditar a sus rivales políticos. Es algo a lo que ahora ya estamos acostumbrados. ¿Cree que ella fue la pionera y que el odio y los ataques en redes han influido en que esté en la Puerta del Sol con mayoría absoluta?

Cuando le hablé de este tema, un consejero de Esperanza Aguirre me la definió: “Isabel nos vino muy bien porque era una adelantada a su tiempo”. Estamos hablando de 2011 o 2012. Ella era periodista, vio en las redes sociales un nicho y se hizo fuerte. Otro consejero me dijo que creía que, en aquella época, Ayuso llegó a visitar todas las sedes de la Comunidad de Madrid y me dijo textualmente: “Yo creo que no hay un militante al que no le haya dado dos besos”. Ella se fraguó así un huequito en el partido para ser útil. Pero no sé si eso le ha ayudado realmente después a crear el personaje en el que se ha convertido. El punto de inflexión es Miguel Ángel Rodríguez, en el año 2020. Hay un antes y un después.

Menciona en el libro la financiación de los medios de comunicación y cómo la Comunidad de Madrid reparte ese dinero a medios afines sin tener en cuenta las audiencias. A la hora de escribir este libro y presentarlo, ¿se está encontrando con cierta censura?

Cuando presenté el proyecto a la editorial Libros del K.O con la que ya había trabajado en dos libros más les gustó mucho la idea, pero cuando hablamos de la promoción ya éramos conscientes de que muchos medios de comunicación no nos iban a hacer ni puñetero caso, porque es un libro crítico con Ayuso y Ayuso tiene ese poder.

Ayuso trabajó durante varios años en Madrid Network. En elDiario.es hemos informado de que la Comunidad de Madrid ha intentado impedir por tierra, mar y aire que se conocieran las cuentas de esa empresa pública. ¿Por qué cree que intentan ocultarlas?

Porque el día que se sepa con transparencia lo que se ha hecho allí se abrirá un filón para los medios de comunicación. Ella estuvo tres años. Llegué a hablar con una compañera que se sentaba con ella espalda con espalda. Iba poco por allí porque Madrid Network era el típico sitio en el que colocaban a gente del partido para que tuviera un sueldo porque el partido no lo podía pagar.

Hay una idea que menciona varias veces. Dice que Ayuso desempeña muy bien el papel de víctima. ¿Hasta qué punto cree que eso influye en su éxito?

Forma parte de su personalidad y su carácter. Siempre se estaba quejando de que no le hacían caso en el partido, de que si su familia la había dejado. Ayuso, que lleva gobernando la comunidad madrileña desde 2019, nunca ha hecho autocrítica. Va con su carácter y con el de su principal asesor y gurú. Ellos nunca se equivocan. Y para no equivocarse hay que ir con el papel de víctima. El caso más conocido es el de su pareja, Alberto González Amador. Es evidente que ha cometido fraude fiscal y en vez de dejar que él se defienda, prefiere dirigir el debate para sostener que es una persecución de Pedro Sánchez. Mucha gente me ha dicho: “Mira, Isabel atropella a un niño en la Gran Vía con un coche y la culpa la tiene el niño”.

El día que se sepa con transparencia lo que se ha hecho en Madrid Network se abrirá un filón para los medios

Hablábamos de la guerra civil con Casado y menciona como un punto de inflexión una simple celebración electoral que tiene lugar en Génova cuando ella gana y que no sienta bien al entorno de Ayuso por el protagonismo que adquirió el entonces líder del PP. Habla incluso de que Miguel Ángel Rodríguez esa noche envió insultos y amenazas tanto a Pablo Casado como a Teodoro García Egea. ¿Es ahí donde empezaron las últimas horas de Casado al frente del PP?

Ese es un episodio importante, pero ya venía de antes. Cuando Ayuso llegó a Génova para celebrar los resultados, cuando ya sabe que ha ganado, la estaba esperando en el parking una persona del equipo de Pablo Casado que sabe la bronca que ha tenido Miguel Ángel Rodríguez con Teodoro García Egea. Y le dice la frase de: “Isabel, está Casado muy mosqueado. Tienes que ver si Miguel Ángel Rodríguez es tu jefe de gabinete o tu jefe”. Ellos sabían que él mandaba y manipulaba. Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso eran tan buenos amigos y procedían de Nuevas Generaciones que cuando llegaron más alto pensaban que seguían en Nuevas Generaciones y mantuvieron una relación política muy infantil. Yo creo que gente más adulta hubiera llevado eso de otra manera. Fue una relación personal que se rompió. Y luego vino el triste episodio este del supuesto espionaje [de la dirección de Casado a Ayuso y su familia] que en vez de una novela de John Le Carré se asemeja más a una película de Torrente.

¿Cree que en una reunión en el Hotel Orfila de Madrid García Egea prometió a Ayuso no sacar a la luz el escándalo de las comisiones de su hermano a cambio de que ella renunciara a ser presidenta del PP de Madrid?

Cada uno tiene su versión. Realmente, ahí los problemas eran entre Teodoro García Egea y Miguel Ángel Rodríguez, y aprovecharon ese episodio de la comisión del hermano. Lo que quería García Egea era salir al menos con el compromiso de que Miguel Ángel Rodríguez se marchaba, pero obviamente no lo hizo.

Este fin de semana hemos conocido que un juzgado ha admitido la denuncia por abusos de una exconcejala de Móstoles tanto contra el alcalde como contra el PP. En el libro hay un momento en el que menciona un episodio similar que pudo haber ocurrido en el pasado.

En este caso fue una diputada de Vox, que no me autorizó a dar su nombre, que tuvo una reunión con un consejero de Ayuso en la que el consejero intentó besarla. Ella se apartó y le dijo: “¿Oye, qué haces? Por favor, déjame”. Dio por terminada la reunión y se fue. Se lo contó a su marido, que quiso volver a la consejería a decirle cuatro cosas al consejero. Pero, bueno, obviamente eso se enfrió. Y pidieron una reunión con Isabel Díaz Ayuso. Le dijeron: “Oye, mira lo que ha hecho tu consejero, que no es de recibo”. Y la respuesta más o menos fue: “Bueno, pero te lo has apartado. Pues no hay tema”. Ella [la víctima] se quedó sorprendida. Elevó el tema a Génova y allí le dijeron que lo sabían porque había más casos de este consejero, como el de una alcaldesa de otro municipio que también había sufrido un episodio similar. Como hacen las cosas en los partidos, las cosas se barren dentro de casa. Eso sí, cuando pasaron los meses y llegaron las elecciones, ese consejero desapareció. Ya no está en el Partido Popular. Pero, en ese momento, esta diputada de Vox esperaba algo más de Isabel Díaz Ayuso.

Entiendo que no puede decir quién es ese consejero.

No lo puedo decir. No estoy autorizado.

En el libro asegura que entre Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez han pertrechado un nacionalismo madrileño. ¿Cómo lo definiría?

Es un invento de marketing de Miguel Ángel Rodríguez. En 1998, Rodríguez escribió un libro, El candidato muerto (Plaza & Janés, 1998), donde habla a los políticos y les dice que el mejor de ellos no será el más preparado. Fíjese qué visionario, ya sabía que iba a conocer esa habilidad de Ayuso. El mejor de ustedes no será el más preparado, sino aquel a quien la gente entienda, aunque lo que diga no le importe a nadie, añadía. Eso es el nacionalismo madrileño. Ellos piensan que en Madrid pasa todo, está el poder económico y las grandes empresas. Ayuso defiende Madrid ante los ataques de Pedro Sánchez y cree que le va a dar un rédito electoral. Pero está confundida, porque España no es solo Madrid.

Pero el nacionalismo madrileño tiene que ver entonces también con el victimismo.

Sí. Las estrategias de su equipo son que tienen que lanzar mensajes muy simples. No le pidas que participe en un debate de alta política sobre educación concertada o fiscalidad. Son frases muy simples y soflamas. Es vergonzoso. Es una periodista que ha visto que la política puede ser su forma de vida. No le interesa para nada la política. No le gusta la política. Le gustan los privilegios que conlleva el poder.

Usted considera que Ayuso en este momento es el principal activo del PP, incluso por encima de Feijóo. ¿Es Ayuso la que manda sobre Feijóo?

Es un diamante en bruto. Lo que pasa es que el diamante es demasiado bruto, es un cascarón vacío. Pero ella tiene poder institucional y Feijóo, al no estar en el Gobierno, no tiene ese poder con los medios de comunicación. Esa guerra está desequilibrada. Y Feijóo mantiene una especie de pacto de no agresión, así que Ayuso puede hacer lo que quiera. Hace dos días estaba criticando el pacto de Extremadura entre PP y Vox, saliéndose del guion oficial. Y Feijóo no le pudo decir nada.

Le puede pasar lo mismo que a Casado.

Casado tenía el mismo papel que Feijóo, es decir, no era nada, simplemente presidía el partido.

A Ayuso no le gusta la política, le gustan los privilegios que conlleva el poder

¿Cree que Ayuso puede ser una líder estatal con las cosas que dice? ¿Puede ganar unas elecciones a la Moncloa?

Por poder, puede. He visto cosas tan raras en política...

¿Pero cree que puede tener apoyos fuera de Madrid?

Sí, porque cuando cambian las tornas la gente se apunta al caballo ganador y ella tiene poder económico y político. Y luego hay una frase que me dijo una persona muy bien informada: “Isabel va a estar mandando y puede llegar a presidenta del Gobierno mientras contente a los poderes económicos del país”. Cifuentes contaba que sus problemas empezaron cuando no le aprobó la universidad a Planeta y aplazó los pagos del grupo Quirón. Ayuso estaba en ese gobierno y sabía cómo había pasado todo eso.

Desde que Ayuso está en el Gobierno, lo que recibe el Grupo Quirón de la Comunidad de Madrid se ha multiplicado.

¿Cuál es la primera decisión que toma cuando llega al Gobierno en 2019? Aprobarle la universidad al Grupo Planeta. ¿Qué fue lo siguiente? Víctor Madera, presidente del Grupo Quirón, fue a la Comunidad de Madrid a pedir que se agilizaran los pagos. Y Ayuso agilizó los pagos a Quirón. Luego nombró como consejera de Sanidad a una persona que venía del grupo Quirón y mantiene una relación sentimental con alguien que trabaja para Quirón.

Es uno de los principales comisionistas de Quirón. ¿Cree que hay una incompatibilidad?

Una incompatibilidad ética, seguro. Y la política da tantas sorpresas que a lo mejor dentro de unos meses nos llevamos alguna.

De momento, el único condenado a raíz de la publicación de elDiario.es de que el novio de Isabel Díaz Ayuso había defraudado a Hacienda una cantidad importante es el ex fiscal general del Estado, por haber intentado desmentir uno de los bulos lanzados por Miguel Ángel Rodríguez. ¿Cómo es posible?

Porque, lamentablemente, el político no tiene poder sin los medios de comunicación. Y en ese episodio del fiscal general algunos medios contaron bulos o no la verdad completa. El equipo de Isabel Díaz Ayuso descuelga el teléfono, pide publicar algo y eso se publica sin contrastar en algunos medios. Yo, que he trabajado para políticos –lo que fue el mayor error de mi vida–, vi por dentro ese fariseísmo y cómo los políticos necesitaban constantemente a los medios de comunicación y estos entraban en el juego sabiendo que el político les necesitaba.

También somos medios de comunicación los que publicamos las informaciones sobre la pareja de Ayuso.

Porque no todos los medios entran en ese juego, pero cuando entran el 80% o el 70% ya hay un desnivel. Obviamente, no todos los políticos y periodistas son iguales. Puede que haya un 20% de medios que intentan hacerlo bien. Pero cuando hay un poder político que controla en el otro lado al 80% de los medios de comunicación...

De haber sucedido lo mismo en otra comunidad autónoma, ¿seguirían en el Gobierno una presidenta con esas incompatibilidades, al menos éticas, y un jefe de gabinete que directamente ha amenazado con cerrar medios de comunicación e insulta a sus rivales?

En España, sí. Nosotros no tenemos la cultura anglosajona. Mazón, por ejemplo, ya no es presidente, pero ahí sigue con su sueldo público. En España hay fariseísmo en la política, hipocresía y los ciudadanos somos poco autocríticos. La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha cometido un fraude fiscal, se ha abierto una pieza separada por si ha habido corrupción y soborno y ella sigue en el Gobierno. Y no pasa nada.

¿Cree que el hecho de que en la última legislatura se hayan conocido los casos de las muertes en residencias, el caso del hermano de Ayuso, el de su pareja y las vinculaciones con Quirón van a hacer que el electorado de Madrid cambie y no dé mayoría absoluta al PP?

No le va a quitar votos del electorado de la derecha. No va a haber votantes críticos de derecha. Vamos a ver si el electorado de izquierdas es capaz de sumar.

El Gobierno ha acusado este martes al Partido Popular de “boicotear” los trámites que necesitan los migrantes para acceder a la regularización extraordinaria impulsada de las Moncloa impidiendo que los ayuntamientos gobernados por el partido de Alberto Núñez Feijóo hagan las gestiones oportunas. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de migraciones y portavoz del Ejecutivo ha asegurado que hay “ayuntamientos que siguiendo directrices políticas del PP están boicoteando las esperanzas y los derechos” de los migrantes.

“El PP está solo y desdibujado en su boicot”, ha añadido Saiz, que ha matizado, no obstante, que “el procedimiento está perfectamente regulado”. Como ejemplo ha puesto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, “que ha verbalizado que no va a colaborar con la regularización”. “¡Qué incoherencia!”, ha espetado, haciendo alusión al hecho de que el gobierno municipal madrileño presuma de acoger a miles de personas latinoamericanas. “Por encima de todo están la sociedad civil, la Iglesia católica, las entidades sociales y miles de ciudadanos que tienen ilusión”.

Saiz ha añadido que el de esta semana se están dando “los primeros días de un procedimiento enorme, muy garantista y muy trabajado”. “Quiero compartir mi empatía con las personas que están con un comportamiento ejemplar aguantando las colas”, ha dicho, además de lanzar su “agradecimiento a los funcionarios” y “también a los ayuntamientos que están colaborando, poniendo recursos, con garantía de servicio público”.

Este mismo martes el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, había reprochado a las administraciones controladas por el PP, especialmente a la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, que estén haciendo “lo posible y lo imposible” por “boicotear” el proceso de regularización de migrantes aprobado por el Ejecutivo central. “Hemos escuchado con nitidez que el PP va a poner todas sus energías en boicotear un proceso tan justo, tan importante y tan positivo para la sociedad como es este proceso de regularización. Por lo tanto, lo que están encontrando son herramientas para hacerlo”, ha lamentado Martín en declaraciones a la prensa.

Martín ha explicado que los migrantes que quieran acogerse a la regularización deben demostrar un “proyecto laboral” o utilizar la vía familiar para quienes “tengan una familia o un proyecto familiar que pueda acreditar”. Al margen de estas dos posibilidades, el delegado ha recordado que existe la tercera vía que es la de la vulnerabilidad, para la cual las personas migrantes deben descargarse un modelo en la página web del Ministerio de Inclusión que tanto las entidades sociales como los servicios municipales de los Ayuntamientos pueden sellar.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha opuesto este viernes a uno de los puntos clave del acuerdo suscrito el jueves entre PP y Vox en Extremadura, que permitirá la investidura de María Guardiola cuatro meses después de las elecciones. Ayuso critica, en concreto, el punto en el que se recoge la modificación de la ley de extranjería para que se pueda imponer sin trabas la “prioridad nacional” para que los españoles tengan acceso prioritario a ayudas, servicios o vivienda social frente a los migrantes.

“Yo creo en la ley y en el orden y, por tanto, pienso que no puedes ilegalmente dejar a nadie fuera de requisitos para los que tiene derechos. Así que como se va a tener que cumplir la ley pienso que muchos de esos requisitos no son legales”, ha asegurado Ayuso desde Bruselas, donde ha sido preguntada específicamente al respecto. La presidenta madrileña ha añadido que “el tiempo pondrá todo en su sitio”, pero ha apostillado: “Pienso que no se puede dejar al margen a nadie fuera de un sistema al que ha contribuido y, por ejemplo, dejarle fuera del sistema sanitario como se nos ha pedido en Madrid”.

A media tarde, en cambio, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, advertía a Ayuso de que su formación también exigirá al Partido Popular aplicar medidas que den “prioridad nacional” para acceder a ayudas y prestaciones sociales, dando por hecho que ambos partidos tendrán que pactar tras las elecciones autonómicas de 2027 para conformar el Gobierno regional. “Te guste o no. Tápalo con titulares o escóndete detrás de leyes que habéis redactado junto al PSOE. Pero no vas a frenar el sentido común. 2027. Tic, tac”, ha manifestado Moñino en su perfil de redes sociales respondiendo a las declaraciones de Ayuso sobre el pacto entre 'populares' y Vox en Extremadura.

Ayuso había iniciado su intervención felicitando a Guardiola “por haber ganado las elecciones, por tantos meses de espera, de tanto trabajo”. “Pienso que después de tanto hablar ha llegado el momento de ponerse manos a la obra. Y a partir de ahí las cuestiones del acuerdo se me escapan porque no tengo competencias en ello”, ha asegurado. 

En realidad, en su acuerdo en Extremadura PP y Vox se comprometen a una “mejora de la sanidad pública extremeña”, para lo que se proponen “garantizar una atención accesible y de calidad para los españoles”.

Esta medida es una declaración de intenciones con la que los de María Guardiola se acogen al ideario más ultra. Sin embargo, y pese a que la sanidad es una competencia transferida casi de forma íntegra a las comunidades autónomas, debe ser ofrecida a la ciudadanía de acuerdo a las leyes y derechos estatales, entre los que se encuentra una sanidad universal. El Gobierno central reforzó recientemente el acceso a la sanidad pública para extranjeros sin residencia legal, por medio de un real decreto (180/2026, de 11 de marzo).

Ambas formaciones son conscientes de su falta de competencias y lo sortean en el documento pactado con fórmulas como “se exigirá al Gobierno” o “se instará a modificar la ley”. Por ejemplo, mencionan reformar la ley de extranjería y “otras disposiciones estatales que dificulten” la aplicación del principio de “prioridad nacional”. Lo que quiere Vox es “restringir o priorizar el acceso” a viviendas protegidas, ayudas, subvenciones y servicios sociales a los españoles, como ha apuntado en diversas ocasiones, pero eso choca contra la legislación nacional actual.

La utilización por parte de Isabel Díaz Ayuso del jefe de despacho de la Presidencia para negociar la compra de otro piso en Madrid ha ocupado este jueves parte de la sesión de control en la Asamblea regional. La exclusiva de elDiario.es que publicó anoche la noticia ha sido mencionada tanto por la portavoz de Más Madrid en el parlamento autonómico, Manuela Bergerot, como por la del PSOE, Mar Espinar. Pero la presidenta madrileña ha obviado esas alusiones y ha preferido guardar silencio sobre esas gestiones.

Como en el centro del debate ha estado la regularización de migrantes aprobada por el Gobierno, Espinar ha comenzado reprochando a Ayuso sus políticas al respecto. “El gran reemplazo es el suyo, que está sustituyendo a los vecinos por fondos de inversión y especuladores”, le ha espetado. A renglón seguido le ha dicho que “la única patria que conoce” Ayuso “es la avaricia”. “Hoy sabemos que sus asesores le están buscando un nuevo piso en Chamberí. Por las mañanas les tiene tapando los chanchullos de su novio y por las tardes aumentando su patrimonio. Hay que ver lo que le está dando de sí Quirón”, ha ironizado la portavoz socialista.

En ese mismo tono se ha pronunciado despúes Bergerot. “Hay que ver lo que es la vida. De tener la ilusión de tener una casa a llevar por la tercera en una legislatura”, le ha dicho. “La vida le trata bien, le trata bien Quirón. Y ahora su jefe de despacho se pone el traje de Tecnocasa para conseguirle su tercer pisito”, ha añadido la portavoz de Más Madrid, que luego le ha lanzado una advertencia: “Tenga cuidado no le vaya a cobrar comisión que es ilegal. Y díganos si esa casa va a estar a su nombre”. Ayuso no ha respondido a ninguna de las dos.

Este jueves, elDiario.es ha publicado en exclusiva que Ayuso ha estado buscando piso para comprar en Chamberí, el mismo barrio en el que reside en un dúplex de 1,8 millones que adquirieron entre su pareja, Alberto González Amador (compró el último piso), y una empresa (el ático). Para las gestiones de búsqueda de esta nueva adquisición inmobiliaria ha estado utilizando a un cargo público de la Presidencia de la Comunidad de Madrid que le ha hecho los contactos y concertado la agenda de visitas, además de participar en la negociación del precio para la compra.

La persona que ha llevado a cabo esta labor es el jefe de despacho de la Secretaría de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Álvaro Sanz. Diplomado en Informática de Gestión, cobra 93.317,08 euros anuales, según el Portal de Transparencia madrileño, y antes fue secretario del Partido Popular en Madrid. Sus funciones actuales son el “control y coordinación de la agenda de la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Coordinación y organización de viajes. Recepción de visitas y atención al público, tanto telefónica como presencial. Despacho y gestión de correspondencia y correos electrónicos. Y en general, labores propias de jefatura de secretaría de presidencia”, dice la descripción de su puesto laboral, que no incluye obviamente gestiones personales.

Álvaro Sanz fue quien contactó con la propiedad de un piso de unos 100 metros cuadrados –cuatro habitaciones, patio, garaje y un balcón con vistas a un jardín que se anunciaba hasta hace poco en Idealista–. También concertó dos citas para visitarlo. La persona que lo enseñó ha corroborado a elDiario.es esta información y, aunque confirma que la presidenta finalmente no lo compró, no ha dado detalle de quién se quedó finalmente la vivienda.

Pedro Sánchez ha hecho pública este martes una carta a la ciudadanía en la que defiende la regularización de migrantes que aprueba hoy mismo el Gobierno en Consejo de Ministros. En su misiva, Sánchez asegura que, “ante todo”, la iniciativa es “un acto de normalización” y también “un acto de justicia” con la historia de España.

“Si hemos llegado hasta aquí es gracias a cientos de organizaciones y a más de 600.000 personas que, durante años, han trabajado sin descanso para llevar esta iniciativa al Parlamento a través de una Iniciativa Legislativa Popular. Una iniciativa que ha logrado algo insólito en tiempos de polarización: la capacidad de unir. Ha contado con el respaldo de la Iglesia, de los sindicatos, de los empresarios y de una sociedad civil que comparte un objetivo claro: mejorar la vida de sus vecinos y, con ello, hacer de España un país mejor”, apunta el presidente del Ejecutivo.

Sánchez reivindica que la regularización implica “reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte” de la “vida cotidiana”. “Personas que cuidan a nuestros mayores. Que trabajan para que los alimentos lleguen a nuestras mesas. Que innovan, que emprenden, cuyos hijos comparten aulas, juegos y futuro con los nuestros. Personas que construyen la España rica, abierta y diversa que somos”, añade.

“Es también un acto de justicia con nuestra propia historia”, señala el jefe del Ejecutivo. “Con nuestros abuelos y abuelas, que emigraron a América y a Europa en busca de una vida mejor. Con nuestros hermanos y hermanas que se vieron obligados a marcharse tras la crisis de 2008. Ellos ayudaron a levantar las sociedades que los acogieron. Y con sus remesas y con todo lo aprendido fuera, contribuyeron también a modernizar España”, añade.

No obstante, Sánchez pide no caer en “engaños”. “Esta regularización no es solo un acto de justicia. También es una necesidad. España, como otros países europeos, envejece. Sin nuevas personas trabajando y cotizando, nuestra prosperidad se frena, nuestra capacidad de innovar se debilita y nuestros servicios públicos –sanidad, pensiones, educación– sufren”, indica el presidente.

“De hecho”, añade, “es también gracias al dinamismo de las personas migrantes que la economía española es hoy la que más crece en Europa y la que más oportunidades de empleo crea”.

“Integrar mejor, ordenar mejor”

Sánchez apunta que “ni la tecnología ni la automatización van a resolver solas” el reto de las migraciones en los próximos años. “El camino es claro: integrar mejor, ordenar mejor y canalizar todo el potencial de quienes ya viven entre nosotros. Porque ese es el verdadero sentido de esta regularización: reconocer derechos, pero también exigir obligaciones”.

Así, el Gobierno defiende que los migrantes se integren “en igualdad de condiciones, contribuyendo al sostenimiento” del país y de su “modelo de convivencia”. “Somos conscientes de que las migraciones plantean desafíos. Sería irresponsable negarlo. Pero también sabemos que la regularización es la mejor respuesta para afrontar muchos de ellos. Porque la integración solo es posible desde la regularidad. Desde el acceso a un empleo digno, desde la contribución al sistema, desde la participación plena en nuestra sociedad”, defiende, en su carta.

“Hoy tenemos dos caminos. El de quienes quieren sembrar el miedo, enfrentar a unos con otros y condenar a miles de personas a la exclusión. O el de quienes entendemos que la migración es una realidad que debe gestionarse con responsabilidad, integrarse con justicia y convertirse en prosperidad compartida. España siempre ha elegido el segundo camino. Lo hemos hecho antes. Y lo volvemos a hacer hoy”, zanja.

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a tuitear este lunes a media tarde. En su mensaje, el polémico dirigente ha vaticinado que el Tribunal Constitucional absolverá al ex fiscal general del Estado, condenado por el Tribunal Supremo por revelación de datos reservados. Y en la misma frase, ha aprovechado para insultar a los votantes socialistas. “El asalto a la Democracia cuando el Constitucional anule la condena al ex fiscal General del Estado es para que nos vayamos acostumbrando a cuando lo hagan con Begoña, el hermano, Zapatero… Banda de criminales a los que vota un tercio de españoles. Un tercio de españoles podrido”, ha escrito Rodríguez a través de su perfil personal de la red X.

Pocos minutos después, lanzaba más descalificaciones: “Un tercio de España está podrida. Apoya a Sánchez, Begoña, Ábalos, hermano de Sánchez, Cerdán, putas, corrupción, macarras, muertos porque se lo llevan…. Manipulación en RTVE, compra de medios de comunicación, compra de activistas… Un tercio de España está podrida”.

Las publicaciones de Rodríguez llegan el mismo día en el que el ex fiscal general del Estado ha pedido al Tribunal Constitucional que anule la sentencia del Tribunal Supremo que lo condenó por la filtración de la confesión del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude fiscal. En su recurso, García Ortiz afirma que el Alto Tribunal “hizo una valoración irracional y arbitraria de los indicios” y vulneró sus derechos fundamentales durante el proceso y en la propia sentencia que suscribieron cinco de los siete miembros del tribunal. 

Además, el viernes la Fiscalía presentó su propio recurso pidiendo también que anule la sentencia del Supremo y solicita amparo al tribunal de garantías al sostener que los magistrados de la Sala Segunda vulneraron cinco derechos fundamentales de García Ortiz tanto durante la investigación judicial como en la sentencia. El Ministerio Público defiende que el ex fiscal general se limitó a ejercer su deber de “informar verazmente” sirviéndose de datos que ya eran conocidos frente a “imputaciones delictivas falsas aparecidas en los medios”.

El próximo 6 de mayo Miguel Ángel Rodríguez, tendrá que declarar como investigado ante el juez por haber difundido en marzo de 2024 los nombres y apellidos de dos periodistas de El País que trabajaban en una información sobre Alberto González Amador. Los dos reporteros habían sido identificados por un policía en el entorno del domicilio de Ayuso y su pareja.

Además de difundir sus datos y fotografía, afirmaba que reporteros de elDiario.es habían intentado entrar en casa de Ayuso encapuchados y se llegaba a decir que los dos periodistas de El País habían “acosado” a los vecinos, incluso a “niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”. Ese mensaje se envió a varios medios unos días después de que elDiario.es publicase en exclusiva que la pareja de Díaz Ayuso había defraudado 350.000 euros a Hacienda.

En un inicio, la jueza había archivado la querella en contra del criterio de la Fiscalía. La Audiencia Provincial ordenó que se reabriera porque los datos de los informadores que un agente de policía recibió en un primer momento “tenían un indudable carácter reservado” y eso justificaba “investigar si en la divulgación” existió una infracción penal. A mediados de marzo se confirmó su citación como investigado.

“Una reunión entre antiguos y buenos amigos. Con Viktor Orbán, primer ministro de Hungría”. Con esa frase acompañada de una foto con un efusivo abrazo describía el expresidente del Gobierno José María Aznar su encuentro con Orbán hace cinco años, en junio de 2021, cuando el presidente húngaro ya había manifestado abiertamente su antieuropeísmo y había puesto en marcha su agenda de políticas autoritarias que, según las instituciones europeas, ha supuesto retrocesos democráticos en el país.

Por ese entonces el PP español apoyaba a Orbán, una postura que contrasta con la que los dirigentes populares han mostrado en las últimas horas, una vez confirmada la derrota del líder de Fidesz en las elecciones de este domingo. Ahora, los mismos populares que arroparon a Orbán lo consideran un líder “populista iliberal” y lo equiparan con una “dictadura” con el único objetivo de desacreditar a Pedro Sánchez, con el que lo equiparan desde Génova 13.

“Socialistas 0 escaños. Querida Montse, a quien han echado los húngaros es al populismo de izquierdas y de derechas. El próximo populista iliberal en caer será Sánchez”, aseguró el mismo domingo la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, dirigiéndose a la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, a través de un mensaje en X. “Cuando gana el PP ganan Europa y los valores europeos. Muy meritorio el resultado de la izquierda: cero escaños es una gran noticia también. Próximamente en España”, aseguraba, por su parte, Miguel Tellado.

Pero cuando Fidesz formaba parte de la familia del Partido Popular Europeo (PPE) eran habituales las alabanzas por parte del PP español hacia Orbán. “El Partido Popular Europeo tiene muy presente que Hungría, cuando España ha solicitado apoyo a la hora de encarar el proceso independentista, siempre ha estado con España”, aseguró el entonces líder de los populares españoles, Pablo Casado, en 2018, en Bruselas, justo antes de entrar en una reunión con sus colegas europeos.

El apoyo de Casado

Dos años después, Orbán mostró su cara más autoritaria coincidiendo con el estallido de la pandemia del coronavirus. Apenas dos semanas después de que comenzara el confinamiento, el Parlamento húngaro con mayoría de Fidesz aprobó una enmienda legal que autorizaba al Ejecutivo del primer ministro a gobernar por decreto por tiempo indefinido. Entonces, el líder del Partido Popular del momento, Pablo Casado, se negó a firmar una carta que trece partidos conservadores de la UE dirigieron al entonces presidente del PPE, Donald Tusk, exigiendo la expulsión del Fidesz, por ese giro autoritario.

En la misiva, rubricada por los líderes de los socios del PP en Bélgica, República Checa, Eslovaquia Finlandia, Dinamarca, Grecia, Lituania, Países Bajos, Luxemburgo, Suecia o Noruega, los firmantes denunciaban que los plenos poderes que ha dado el Parlamento del país a Orbán para extender el estado de alarma en el país de forma indefinida, suponían una “clara violación de los principios fundadores de la democracia liberal y de la propia Europa”.

En julio ocurrió algo similar con otra votación. El Parlamento Europeo reclamó que no se aprobara el acceso de Hungría a los planes de recuperación pospandemia de los que les correspondían en torno a 7.000 millones de euros, hasta que se constatara que el presupuesto de la Unión no fuera a “contribuir activamente a la violación de los derechos fundamentales en Hungría”.

En una resolución aprobada por 459 votos a favor, 147 en contra y 58 abstenciones, la Eurocámara reclamaba también a la Comisión Europea que emprendiera acciones legales “inmediatas” respecto a la ley que vincula la homosexualidad con la pedofilia y que prohíbe hablar de la identidad sexual en escuelas y medios de comunicación. Dentro del Partido Popular Europeo, 12 de los 13 eurodiputados españoles del PP se abstuvieron, a pesar de que la mayoría de su grupo votó a favor. Solo Esteban González Pons, vicepresidente del Grupo Popular Europeo en la Cámara, votó a favor.

Las votaciones de este en auxilio de la Hungría de Orbán no eran entonces casos aislados. El PP español no dejó de ayudar a quien fue su aliado dentro del PP europeo hasta su expulsión en marzo de 2021. En enero de 2020, en una resolución ampliamente adoptada por 446 votos contra 178 y 41 abstenciones, los eurodiputados señalaban que los informes y declaraciones de la Comisión, la ONU, la OSCE y el Consejo de Europa indicaban que “la situación tanto en Polonia como en Hungría se ha deteriorado desde la activación del artículo 7 [procedimiento de censura europeo por la violación de valores fundamentales de la UE]”.

Divisiones de los 'populares' españoles

Los eurodiputados pedían al Consejo [los Gobiernos] que enviara recomendaciones concretas a los países afectados, incluidos los plazos, para garantizar que se respeta la legislación de la UE: “Se sigue socavando la integridad de los valores europeos comunes, la confianza mutua y la credibilidad de la Unión Europea en su conjunto”. La mayoría del PP europeo votó entonces a favor de redoblar la presión sobre Polonia y Hungría por sus violaciones del Estado de Derecho. En cambio, el PP español se posicionó en contra de redoblar la presión sobre Polonia y Hungría.

La Unión Europea activó, en 2017 contra Polonia y en 2018 contra Hungría, el procedimiento conocido como artículo 7, ante la preocupación por la falta de independencia de sus sistemas judiciales, la situación de la libertad de expresión, la corrupción y el estado de la democracia en general en ambos países. Este procedimiento puede concluir con la retirada del derecho de voto a un país en concreto, pero para ello se requiere la unanimidad de todos los demás, lo que resulta imposible, ya que los Gobiernos de Hungría y Polonia se apoyan mutuamente.

La votación fue similar a la que se había producido en septiembre de 2018, cuando el Parlamento Europeo aprobó el procedimiento del artículo 7 contra Hungría. En aquella ocasión, apurando la anterior legislatura europea, el PP español se rompió en tres. Carlos Iturgaiz, Gabriel Mato y Pilar Ayuso votaron en contra del informe aprobado que pedía sancionar a Hungría por vulnerar los “valores de la UE”, al igual que la extrema derecha. Pilar del Castillo, Agustín Díaz de Mera, Rosa Estarás, Santiago Fisas, Luis de Grandes, Teresa Jiménez-Becerril, José Ignacio Salafranca, Ramón Luis Valcárcel y Francisco José Millán se abstuvieron. Mientras que Esteban González Pons, Esther Herranz, Verónica Lope Fontagné y Antonio López Istúriz no participaron en la votación.

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto este jueves a defender las relaciones de su gobierno con el grupo Quirón que es también el principal cliente de su pareja, Alberto González Amador. Durante la sesión de control a su Ejecutivo en la Asamblea de Madrid la portavoz del PSOE, Mar Espinar, le ha reprochado el nuevo contrato suscrito entre la Comunidad de Madrid y Quirón para que esta empresa gestione el laboratorio central de la región por 120 millones de euros. Y la presidenta madrileña ha optado por responder atacando y, en concreto, haciendo mención al juicio del caso Mascarillas que se está celebrando en el Tribunal Supremo, en el que están acusados el exministro José Luis Ábalos, el que fue su máximo colaborador Koldo García y Víctor de Aldama.

“Trabajan ustedes menos que miss Asturias”, les ha reprochado Ayuso a los socialistas en alusión a Claudia Montes, que el miércoles dijo en el juicio que en su etapa en Logirail dejaba solía ir a la biblioteca a leer “libros de trenes” en lugar de trabajar desde su despacho. “El modelo de la comunidad de Madrid es totalmente garantista, métaselo en la cabeza. No se perdona nada y cada actividad se factura”, ha añadido, para defender sus relaciones con Quirón.

Ayuso ha dicho que “en lo peor de la pandemia se extendió una red de corrupción de mascarillas que impedía que las comunidades autónomas pudieran contratar”. También ha afirmado que “el número dos” del PSOE, en alusión a Ábalos “va a pasar del banquillo a la cárcel”. “¿Y tienen todavía la caradura de hablarnos de corrupción esta semana ustedes? Obras, saunas, escuchas, cloacas, y eso sí, siempre con la conveniencia del presidente del Gobierno, porque se lo debe todo al señor Ábalos, el dos de su partido, el que organizaba su partido, el que traía los sobres, el que organizaba absolutamente todo”, ha añadido.

En su intervención, Espinar había criticado que Ayuso tenga “el don para juntarse con lo peor de cada casa” y “decida perdonar 70 millones a Quirón y Ribera Salud”. “En este trato a favor que hace con el principal cliente de su pareja, ¿qué sacan los madrileños? Pues una sanidad peor, listas de espera récord, faltas de cama, falta de personal, urgencias colapsadas”, ha afirmado. La dirigente socialista ha subrayado que en la Semana Santa Ayuso parecía estar más centrada en pensar cuántos millones “le iba a regalar en el próximo Consejo de Gobierno a Quirón”. “¿Dónde está usted? ¿Con los que están haciendo aguantar la respiración al mundo o con los derechos humanos? ¿Con el amor al prójimo o con el infierno en la tierra?”, ha ironizado.

“¿Cómo tienen la poca vergüenza de hablarnos así con ese poco rubor después de lo que se está viviendo durante todos estos días?”, ha insistido Ayuso, que ha llegado a afirmar que esta semana Sánchez “huye a China con su mujer”. “No son capaces de dar explicaciones ni por la gestión del AVE, nos dejan sin luz, sin médicos y sin vivienda. Deberían simplemente pedir perdón a los españoles y marcharse a casa”, ha zanjado la presidenta madrileña.

La posición internacional

El otro gran rifirrafe protagonizado por Ayuso ha sido con la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, que le ha recordado que el presidente estadounidense “amenazó con destruir una civilización entera” y “con aniquilar un país de 90 millones de habitantes, y lo que hizo la derecha española fue pedir sensatez”, en alusión a un tuit del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien la máxima dirigente de la oposición ha tachado de “cobarde” por ni siquiera poner el nombre de Donald Trump en su mensaje.

“Es usted igual de cobarde”, le ha dicho a Ayuso, por callar ante el “genocidio en Palestina” y los “250 asesinatos de Netanyahu en el Líbano”. “Si ustedes no se atreven ni siquiera a decir eso, señora Ayuso, ustedes no están capacitados para gobernar este país y no deberían ser capaces de mirarse al espejo cada mañana”, ha recalcado.

Ayuso le ha respondido asegurando que si estar “callado es ser cómplice”, Bergerot lo es de “cada éxodo de país comunista que ha mandado a millones de personas a vivir a España y a la Comunidad de Madrid huyendo de sus políticas de miseria y de hambre”.

“Yo no soy el juez ni el responsable para decidir quién es culpable o inocente”. Con estas palabras ha respondido este lunes el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, a la siguiente pregunta específica de una periodista: “Quería saber si la actual dirección del PP confía en la inocencia de Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal en relación con la operación Kitchen y a quienes ha señalado el señor Bárcenas”. Bravo ha evitado respaldar a esos dos exdirigentes de su propio partido y se ha limitado a pedir “respeto” para la actuación de los tribunales. Coincidiendo con el inicio del juicio de Kitchen que se celebra desde este lunes en la Audiencia Nacional, Bravo ha pedido “que los jueces decidan y exijan responsabilidades a quien lo haya hecho”.

“El PP tiene una posición clara, que la Justicia actúe con clara independencia y los culpables paguen por los delitos”, ha añadido Bravo en una rueda de prensa en la que en su intervención inicial ha hablado de la “semana judicial” sin ni siquiera mencionar el de Kitchen, que sienta en el banquillo de los acusados a un exministro del PP, Jorge Fernández Díaz, a un secretario de Estado del Ejecutivo de Rajoy como Francisco Martínez, y que llevará a declarar como testigos al propio expresidente del Gobierno, a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal o a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

“Condenamos sin ningún matiz cualquier causa de corrupción”, ha dicho Bravo, que ha querido remarcar que “el PP de 2026 no es Kitchen, ni Gürtel; ni el PSOE de 2026 es Filesa”. “Respetamos a la justicia y planteamos un análisis claro: Feijóo no tiene en su equipo a nadie involucrado en casos de corrupción”, ha zanjado el vicesecretario popular ante las preguntas de la prensa. Además, ha dado a entender que su partido ya pagó por la corrupción: “El PP tuvo una moción de censura y salió del Gobierno”. 

Ayuso: “Son situaciones totalmente diferentes”

Unos minutos antes y en otra comparecencia, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, había querido diferenciar este lunes los dos macrojuicios que comienzan esta misma semana. Del de Kitchen, que investiga la operación del Gobierno de Mariano Rajoy y del PP para ocultar los llamados papeles de Bárcenas, Ayuso ha dicho que “actualmente el PP quien lo preside no tienen nada que ver”. “Estamos hablando de hace 13 años”, ha dicho.

En cambio, sobre el juicio del caso Mascarillas que sienta en el banquillo al exministro José Luis Ábalos y Koldo García, ha dicho que “se investiga la corrupción de este Gobierno”, en alusión al de Pedro Sánchez. “Son situaciones totalmente diferentes”, ha insistido, en rueda de prensa.

Bravo también se ha referido extensamente a este último caso. “Los españoles vuelven al trabajo y los de Sánchez a los banquillos”, ha ironizado. Según ha dicho, con el juicio sobre el caso Mascarillas el Tribunal Supremo “dirimirá las responsabilidades de una corrupción que los españoles han vivido en directo”. “El clan Sánchez tiene que responder a 400 años de cárcel”, ha dicho.

Se llaman José Luis del Valle, Enrique Arnaldo, Elisa de la Nuez, José Ramón García Notario o Joaquín José Abajo Quintana. Muchos de sus nombres son conocidos, otros no tanto, pero a todos les une una cosa: son abogados del Estado, letrados en Cortes o altos funcionarios, todos en el mayor rango de la administración, y tienen o han tenido a la vez un pie en la actividad pública y otro, en la privada. Conocen las leyes, saben cómo interpretarlas y adaptan sus lecturas en función de los intereses del momento o de sus clientes, lo que los hace profundamente atractivos para las grandes empresas que los contratan. Y para ello se aprovechan de un suave régimen de incompatibilidades que les permite combinar ambas facetas, la pública y la privada, con pocos límites.

Sobre ellos trata el último libro del periodista y colaborador de elDiario.es Rafael Méndez (Murcia, 1975) Los dueños del Estado (Península, 2026). “Tienen lo mejor de los dos mundos. Conocen a los políticos porque han trabajado con ellos, han sido el engranaje entre la política y la administración, y luego tienen el conocimiento teórico y la capacidad de trabajo y probablemente, en muchos casos, los antecedentes y los conocimientos familiares, en el caso de las buenas familias de Madrid, que les permite acceder a la privada. Es una red fantástica”, explica el autor en conversación con este medio.

“Ellos son el necesario contrapoder al Gobierno, los que dicen qué ley se puede aplicar y cómo. Pero a la vez han creado un Estado dentro del Estado. Una estructura endogámica y resistente al cambio”, señala en el libro. “Los abogados del Estado son los que desde el corazón mismo de la maquinaria del Estado informan sobre las leyes y los reglamentos, los que conocen quién sabe qué y a quién llamar, qué tecla hay que tocar para afinar un proyecto o para hacerlo descarrilar, cuáles son los agujeros negros que siempre quedan en las leyes y cómo sortearlas. Por eso son el Poder”, añade Méndez.

Durante el libro pone numerosos ejemplos. Uno de los más llamativos es el de Enrique Arnaldo, ahora magistrado del Tribunal Constitucional. Antes de acceder a ese puesto, en 2021, hubo años en los que Arnaldo compaginó su plaza como letrado en las Cortes con la de catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos y presidente del Tribunal Administrativo del Deporte, mientras su despacho asesoraba también al gobierno balear. Cuando hace cinco años el magistrado tuvo que comparecer en el Congreso para que la Cámara Baja estudiara su idoneidad, Arnaldo se defendió: “He mantenido el régimen de compatibilidades, efectivamente, previsto en el Estatuto del Personal de las Cortes Generales, que se refiere a los contratos de servicios y estos eran contratos con administraciones públicas de consultoría y no contratos de servicios”, llegó a asegurar.

Ellos son el necesario contrapoder al Gobierno, los que dicen qué ley se puede aplicar y cómo. Pero a la vez han creado un Estado dentro del Estado. Una estructura endogámica y resistente al cambio

Otro caso llamativo es el de José Luis del Valle, abogado del Estado y secretario del consejo de ACS, el gigante de la construcción que dirige el también presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Como explica Méndez en el libro, Del Valle, “mano derecha” de Florentino, consiguió colarse en la sala de los juzgados de Pozuelo (Madrid) mientras el futbolista Cristiano Ronaldo declaraba sobre sus problemas por el fisco. El temor de la dirección del Real Madrid era que en su declaración el futbolista pudiera implicar al club. “¿Cómo había logrado Del Valle entrar y pegar la oreja para saber qué declaraba Cristiano ante el juez? Pues simplemente se presentó allí y pregunto a su compañero de la Abogacía del Estado y a la Fiscalía si les importaba que pasara. Ninguno tuvo inconveniente. A su señoría también le pareció bien”, relata el libro.

Un ejemplo más es el de José Manuel Serrano Alberca, que era letrado en Cortes y abogado y que se hizo “especialista en expropiaciones”, lo que le llevó a embolsarse cantidades millonarias al conseguir indemnizaciones para personalidades de la Iglesia o del funcionariado a quienes tuvieron que expropiar fincas o terrenos para la construcción de autopistas o carreteras.

No les gustan “las aventuras”

Méndez destaca que la mayoría de los altos funcionarios son “apolíticos”, y luego apostilla: “de derechas” o “conservadores”. “La gente que se prepara a una oposición nunca es un aventurero. Eso decía Mariano Rajoy: alguien que se ha preparado a una oposición no le gustan las aventuras. Hay un punto seguro familiar, histórico, de preparación y de familias, y de entrar ahí, y de esto. Claramente, son cuerpos con un sesgo conservador. Nuestras élites son conservadoras, y aunque nos gustaría pensar que son ejemplares, y viviríamos más cómodos, dormiríamos más cómodos pensando eso, la verdad es que muchos no lo son”, apunta Méndez en conversación telefónica con elDiario.es.

Él defiende una mayor transparencia y control del régimen de incompatibilidades. “Si el político está ahí solo para inaugurar y cortar cintas y nos van a gobernar los altos funcionarios tenemos que saber quiénes son, en qué empresas trabajan, si tienen compatibilidad o no. Está el caso del letrado del Consejo de Estado, que era consejero de un banco andorrano y a la vez estaba la Sección Quinta, que es la que ve las normas del Ministerio de Economía. Nadie puso en cuestión su incompatibilidad”, relata.

En el libro ya explica que “los letrados del Consejo de Estado trabajan desde donde quieren y muchos solo pisan el Consejo cuando es estrictamente necesario” e ironiza con la edad de los consejeros vitalicios: “El motor del Consejo de Estado se ha llegado a gripar por tener demasiados ancianos al mando”. “Con esas edades se explica que, para mucha gente, los que gobiernan la institución sean los letrados”, apunta. “Estos funcionarios son los que realmente mandan sobre esos ancianos que se mueven en coche oficial. Como me comentó un ex alto cargo que conoce bien las tripas del poder: 'Bismarck decía que Prusia no tenía un Ejército, sino que un Ejército tenía Prusia. En el Consejo de Estado es igual: el Consejo de Estado no tiene un cuerpo de letrados, son los letrados los que tienen un Consejo de Estado”, remarca Méndez.

¿Por qué no se ponen en marcha reformas para limitar las compatibilidades de los altos funcionarios? Méndez señala que por desconocimiento ciudadano y porque no interesa a ninguna de las partes involucradas, la administración pública y la privada. El exministro Jordi Sevilla, que durante su etapa en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sí intentó una reforma que pusiera coto a estas prácticas, le responde así al autor cuando le plantea posibles cambios: “Ten en cuenta que esto nos interesa a ti y a mí, y no sé si a alguien más”.

El juez José Castro y otras 60 personas han firmado un escrito que han enviado por mail a distintos grupos parlamentarios del Congreso en el que les piden que apoyen que se pueda votar una enmienda presentada por el PNV en el Congreso que elimina la inviolabilidad del rey de la Constitución. Los nacionalistas vascos registraron la citada enmienda para reformar el artículo 56.3 de la Carta Magna en la modificación de la Constitución que se tramita actualmente de forma urgente en el Congreso que busca que Formentera pueda elegir un escaño en el Senado independiente del que le corresponde junto con Ibiza.

En concreto, el citado artículo que quiere modificar el PNV y cuya supresión también respaldan los firmantes está redactado de la siguiente manera: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad cuando sus actos tengan relación con las funciones institucionales de la Jefatura del Estado. En este caso, sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 65.”

En su texto, los firmantes recuerdan que “según la Constitución, el Poder Judicial es quien interpreta las leyes y dicta las sentencias para asegurar su cumplimiento”. “Por tanto, el texto vigente del articulo 56.3 impide el cumplimiento del artículo 14, en tanto que establece la igualdad de todos ante la Ley 'sin que pueda prevalecer discriminación alguna', un principio fundamental que no se cumplió en el caso del anterior jefe del Estado al permitir que disfrutara de la discriminación positiva derivada del privilegio de no haber tenido que comparecer ante la Justicia, lo que, en su caso, se repetiría con el actual jefe del Estado”. 

Con todo, los firmante piden a los diputados que presionen para que la Mesa del Congreso permita que se someta a votación la propuesta de reforma del artículo 56.3 presentada por el Grupo Parlamentario del PNV, incluida en la citada reforma de la Constitución para dar un senador a Formentera, y que está previsto que se vote en los próximos días en la Cámara Baja. En numerosas ocasiones la Mesa no suele aceptar estas iniciativas al entender que se exceden de sus funciones.

Entre los firmantes, además del juez Castro que se encargó de la instrucción del 'caso Nóos' en la que se vio involucrada la infanta Cristina de Borbón, están el activista y exsacerdote Cecili Buele i Ramis, el también activista Floren Dimas, el histórico abogado mallorquín Ferran Gomila, y la presidenta de Memoria de Mallorca Maria Antònia Oliver París. Según ha podido conocer elDiario.es, la petición se la han enviado a diputados de PSOE, PNV, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu y Podemos.

La izquierda confederal está intentando reconfigurarse en las últimas semanas tras perder en la última década más de la mitad de su representación en los parlamentos autonómicos. Por un lado, los partidos que configuraron la coalición de Sumar están trabajando en una alianza para las próximas citas electorales después de encajar fuertes caídas en los recientes comicios de Aragón y Castilla y León, donde se quedaron sin escaños. En Extremadura, en cambio, la alianza Unidas por Extremadura que aglutinó a Podemos, IU y Alianza Verde sí consiguió mejorar su resultado pasando de cuatro a siete diputados en la Asamblea extremeña.

De momento, los pasos que han dado los partidos de Sumar se concentraron en un acto conjunto el pasado 21 de febrero bajo el lema 'Un paso al frente', en el que representantes de Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y Comuns escenificaron su unidad de acción. Pero aún está por concretar cuál será el nombre de la coalición y, sobre todo, su principal cabeza visible tras el anuncio de la vicepresidenta Yolanda Díaz de dar un paso al lado y dejar el liderazgo del espacio. Todos los partidos han pedido informalmente al ministro Pablo Bustinduy que sea él su máximo representante, pero él ya ha dicho que, por el momento, no está dispuesto a asumir esa responsabilidad.

Podemos, por su parte, anunció una “reflexión rotunda” tras la debacle en Castilla y León del pasado 15 de marzo donde se quedaron como fuerza extraparlamentaria. A la espera de conocer más detalles de esos cambios anunciados, este jueves trascendió que su secretaria de Organización y candidata a las futuras generales, Irene Montero, protagonizará un acto en Barcelona junto al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el excoordinador de Catalunya en Comú Xavier Domènech. El acto adquiere especial relevancia después de la iniciativa protagonizada por el propio Rufián el 18 de febrero junto al diputado madrileño de Más Madrid Emilio Delgado, en el que ambos reclamaron sinergias entre las fuerzas de la izquierda confederal y los partidos progresistas de corte soberanista para intentar lograr la mayor representación posible en nuevas elecciones y frenar el ascenso de la extrema derecha.

Todos esos movimientos en el espacio confederal responden a la realidad de las urnas. En 2015, al poco del nacimiento de Podemos, las fuerzas de la izquierda alternativa contaban con 186 representantes en los distintos parlamentos autonómicos, una cifra que alcanzó su techo un año después, en 2016, cuando tras los procesos electorales de ese año llegaron a los 202 diputados en las cámaras regionales. Desde entonces esa cifra ha ido cayendo de forma progresiva, especialmente desde 2021. La fotografía actual muestra que esos escaños de la izquierda confederal en los territorios son solo 82, menos de la mitad que en 2015. Es más, los partidos del espacio alternativo se han quedado progresivamente sin diputados en Castilla y León, Galicia, Canarias, Cantabria y Castilla-La Mancha, mientras en Illes Balears y Euskadi solo cuentan con un parlamentario.

Los dos territorios donde más fuerza han tenido los partidos del espacio confederal en la última década han sido la Comunitat Valenciana y la de Madrid. De hecho, en esta última, los distintos partidos del espacio –primero, IU y Podemos y, después, Más Madrid– se han mantenido en los 27 escaños desde entonces. En las elecciones autonómicas de 2015 fue Podemos el que, en solitario, alcanzó esos 27 diputados. Cuatro años después, cuando se creó Más Madrid a raíz de la escisión de Podemos, la coalición regional logró 20 escaños y la alianza de Podemos e IU (Unidas Podemos - Izquierda Unida - Madrid en pie) obtuvo siete. Ese mismo esquema se repitió en 2021. Y en los últimos comicios, los de 2023, fue Más Madrid quien obtuvo los 27 escaños, mientras Unidas Podemos (Podemos + IU) no logró representación.

En la Comunitat Valenciana, la izquierda confederal (en este caso, además de IU y Podemos también se ha presentado Compromís) alcanzó su mejor cifra en 2015. Entonces Compromís logró 19 escaños y Podemos, 13, por lo que, en suma, alcanzaron los 32 diputados en les Corts, y eso que Esquerra Unida, que concurría por separado, no logró representación. Cuatro años después, en 2019, Podemos e IU sí fueron en una lista conjunta bajo las siglas de Unides Podem. Entonces la coalición logró ocho escaños que, sumados a los 17 que obtuvo Compromís, alcanzaron los 25. Las últimas elecciones valencianas fueron en 2023 y, desde entonces, tan solo está Compromís en les Corts con 15 escaños, ya que la alianza de Unides Podem no obtuvo representación.

Andalucía, otra de las plazas fuertes de la izquierda, también ha vivido un progresivo declive de la izquierda confederal. Hace una década, en 2015, la suma de Podemos e IU, que concurrieron en listas distintas, alcanzó los 20 diputados (15 de Podemos y cinco de IU). En 2018, en cambio, se logró una alianza conjunta que se denominó Adelante Andalucía y que logró 17 diputados en el Parlamento andaluz. El grupo se rompió con la escisión de las principales fuerzas políticas. Ya en 2022 –los últimos comicios celebrados hasta el momento– el proyecto Adelante Andalucía se presentó sin Podemos ni IU, que crearon su propia alianza: Por Andalucía. El primer grupo logró solo dos escaños y el segundo, cinco, por lo que la izquierda confederal alcanzó los siete escaños.

En 2015, los partidos de la izquierda confederal en Aragón –Podemos, IU y Chunta, por separado– llegaban a los 17 escaños. Desde entonces su representación se ha ido mermando si bien encajó un pequeño repunte el pasado 8 de febrero por el crecimiento de Chunta. En 2019, los tres partidos volvieron a presentarse por separado. Podemos sufrió una fuerte bajada al perder nueve escaños y quedarse en solo cinco, IU mantuvo uno y Chunta logró tres, por lo que, en suma, se quedaron en nueve parlamentarios en las Cortes aragonesas. El espacio continuó empequeñeciendo en los siguientes comicios, los de 2023. También con candidaturas independientes, los partidos de la izquierda confederal se quedaron en solo cinco diputados (tres de Chunta, uno por Podemos y otro por IU) en las elecciones de 2023. Y, finalmente, en las elecciones del pasado día 15 Podemos no logró escaños en las nuevas Cortes, pero Chunta escaló hasta los seis parlamentarios e IU mantuvo uno.

Aunque con cifras más reducidas, el fenómeno se ha repetido también en Asturias. El ciclo comenzó en 2015 con 14 escaños para la izquierda confederal, que se presentó en dos candidaturas: Podemos (nueve) e IU (cinco). En las siguientes elecciones el espacio confederal se estrechó al quedarse con solo seis representantes, cuatro de Podemos y dos de IU, que se presentó como Asturias por la Izquierda. Y en las últimas elecciones al Principado, celebradas en 2023, la izquierda confederal continuó mermando: Podemos logró un solo escaño y Convocatoria por Asturias –marca en la que concurrió IU–, tres, con lo que pasaron de los seis a solo cuatro.

El mayor éxito de los partidos a la izquierda del PSOE en Castilla y León se dio precisamente en 2015. En las elecciones de ese año Podemos obtuvo diez procuradores en las Cortes castellanas y leonesas e IU logró uno: en suma, 11 escaños para el espacio confederal. En 2019 hubo una debacle para sus intereses. Podemos e IU concurrieron por separado y la primera obtuvo solo dos parlamentarios mientras la segunda se quedó sin representación. En 2022 sí fueron juntos y únicamente lograron un representante en las Cortes, pero en los comicios del pasado día 15 ni siquiera consiguieron ese escaño y la izquierda confederal desapareció del nuevo parlamento.

En Catalunya, IU y Podem sí concurrieron de forma conjunta en las elecciones de 2015. La coalición Catalunya Sí Que Es Pot obtuvo entonces once asientos en el Parlament. Dos años después, en los comicios de 2017, la nueva coalición Catalunya En Comú Podem bajó hasta los ocho diputados, los mismos que logró en 2021. En la última llamada a las urnas a los catalanes, en 2024, los Comuns concurrieron sin Podem, que optó por no presentarse a las elecciones, y lograron solo seis escaños. En Illes Balears el espacio comenzó la década con diez diputados, los obtenidos por Podemos, pero la cifra se redujo a seis en los comicios de 2019, y eso que concurrieron juntos Podemos e IU bajo las siglas de Unidas Podemos. En 2023, última fecha con las urnas abiertas en las islas, la alianza se hundió al quedarse con un único escaño en el Parlament balear (donde Més per Mallorca sí cuenta con cuatro diputados aunque no se ha incluido en este trabajo porque en la última década también ha concurrido en alianzas con fuerzas independentistas).

Una de las comunidades donde la izquierda confederal se ha quedado sin representantes parlamentarios ha sido Galicia. En 2015 la cámara autonómica estaba configurada por las elecciones de 2012, en las que Alternativa Galega de Esquerdas (unión de Anova y Esquerda Unida) irrumpió con nueve escaños. En 2016, siguiente cita con las urnas, Podemos, Anova y Esqueda Unida conformaron En Marea, que logró 14 escaños. La coalición se llamó Galicia En Común en 2020, pero no logró ni un escaño. Tampoco obtuvieron representación Sumar ni Podemos en las últimas elecciones, las de 2024, en las que concurrieron por separado.

En Canarias, en 2015, Podemos logró siete escaños, que se vieron reducidos a cuatro en 2019, cuando la candidatura se llamó Sí Podemos Canarias, e integró a todo el espacio confederal. Desde 2023 la izquierda alternativa no tiene representación en el parlamento canario. En Navarra en 2015 se presentaron por separado Podemos e Izquierda-Ezkerra (las siglas en las que concurrió IU). En conjunto obtuvieron nueve escaños –siete de Podemos y dos de IE–, una cifra que con el mismo escenario electoral se redujo a solo tres en 2019 (dos de Podemos y uno de IE). En 2023, las últimas elecciones, la candidatura se llamó Contigo Navarra - Zurekin, y la integraron Podemos Navarra, Izquierda Unida de Navarra, Batzarre, Alianza Verde y Verdes Equo. Solo logró tres escaños.

La deriva a la baja solo se ha revertido en Extremadura. En 2015 Podemos tuvo seis parlamentarios en la Asamblea extremeña mientras la alianza Ganemos Extremadura en la que se integró IU no logró ninguno. En 2019, cuando Podemos e IU ya concurrieron juntos, cuatro, los mismos que en 2023. Pero en las elecciones de diciembre Unidas por Extremadura mejoró y alcanzó los siete diputados. En cambio, en Murcia, La Rioja, Cantabria y Castilla-La Mancha, donde Podemos e IU también se han presentado de forma conjunta desde 2015, la evolución ha sido negativa. La izquierda murciana pasó de seis diputados en 2015 a los dos actuales. Fueron cuatro los representantes del espacio confederal en La Rioja hace una década, pero desde 2019 solo tienen dos. Cantabria comenzó la década con tres escaños de Podemos-IU, que perdió en 2019 y no ha vuelto a recuperar.

Finalmente, el escenario es peculiar en Euskadi, donde en 2015 la izquierda confederal no estaba representada en el Parlamento de Vitoria. En 2016, Elkarrekin Podemos (alianza de Podemos y Ezker Batua) irrumpió con fuerza con 11 diputados, pero en 2020 su apoyo se redujo hasta los seis escaños. En los últimos comicios, los de 2024, Sumar y Podemos concurrieron por separado y solo consiguió representación la primera, con un único asiento.

“A MAR (sic) no le persigue la justicia, le persigue la izquierda”. Con estas palabras ha reaccionado este jueves la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando la oposición le ha recordado la imputación de su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, por la filtración de los datos personales de dos periodistas. “Son ustedes los que están detrás de todas las acusaciones contra mi equipo y mi entorno para hacer daño, por eso las pierden todas”, les ha dicho la dirigente madrileña a los miembros de la izquierda y, en especial, al PSOE, con cuya portavoz, Mar Espinar, Ayuso ha mantenido su rifirrafe más agrio. 

Durante la sesión de control al Gobierno de Ayuso en la Asamblea de Madrid, la socialista había asegurado antes que “Miguel Ángel Rodríguez y sus largas sobremesas están convirtiendo a Madrid una región sin ley”. “Usted no lo va a cesar porque le contrató para convertir Madrid en un lugar en el que poder hacer negocios para vivir como dios”, ha añadido.

A renglón seguido, Espinar ha reprochado a Ayuso su posición de apoyo a los ataques de EEUU e Israel en Irán. “Usted y su jefe de Gabinete tratan de arrastrarnos a los momentos más oscuros, al PP de Aznar que nos llevó a una guerra ilegal cuando los españoles no querían. Usted ha cogido el testigo de esa política cruel y carroñera. Por eso no le importan las 160 niñas asesinadas en una guerra ilegal que empezó Trump. Por eso jalea al genocida Netanyahu, porque el aprendiz ha superado al maestro”, ha añadido. “Si estuviéramos en mayo de 1808 me la imagino a usted abriendo la puerta de par en par a Napoleón con tal de que le dejaran pasar unos días en Versalles”, ha ironizado.

En su respuesta, Ayuso ha asegurado que las “campañas” promovidas según ella por la izquierda contra Madrid “provienen del entorno de la Moncloa”. A Pedro Sánchez le ha atribuido tanto la imputación de Miguel Ángel Rodríguez como la de la 'número tres' del PP madrileño, Ana Millán, cuya causa por corrupción ha sido precisamente archivada esta semana. Para Ayuso, a Espinar “le hacen los papeles” desde Moncloa, unos documentos “que le dicta encima el equipo de fracasados que han tenido que salir rebotados de la política madrileña, rescatados por Sánchez”. “Aquellos que están por su alta capacidad de hacer trabajos sucios, grabar, extorsionar, manipular y amedrentar”, ha concluido. 

El choque con Bergerot

Durante el Pleno también se han mencionado las críticas lanzadas por Ayuso al rey por haber dicho que en la conquista de América se produjeron “abusos”. La presidenta madrileña respondió el martes al monarca asegurando que esos abusos los realizaban “los aztecas” contra la población local y que “los de la cruz”, en alusión a los españoles, fueron a América a “civilizar” el continente.

“No sé si el rey le está pasando por la izquierda o que está pasada de vueltas, pero deje de hacer el ridículo diciendo de civilizar a la gente. La época de las cruzadas ya pasó”, le ha dicho la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, en otro momento de la sesión de control. Ayuso ha optado entonces por sacar a colación el viaje de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a los Oscar, el pasado domingo.

“El Oscar es para Podemos, Sumar y HamásMadrid. Los mejores actores”, ha ironizado Ayuso. “Toda la vida diciendo 'la izquierda auténtica', 'la de las gentes de las calles', 'nosotros somos los del pueblo'. Pues por una pajarita, un esmoquin, el maquillaje, unas tenacillas, una casa de 400 metros cuadrados en Chamberí y viajes a tutiplén, les ha comprado el propio Pedro Sánchez. El poder del caviar les ha vencido”, ha añadido. A continuación Ayuso ha repasado los viajes de Díaz: “Estados Unidos, Vaticano, Festival de cine de Cannes, Punta del Este cuando se fue a ver al expresidente Mujica... Todo por el pueblo”, ha seguido, con sorna.

“Pero si no les hemos visto en Senegal con los pobres. O con los pueblos de Bolivia cuya pobreza ustedes multiplican allí para luego tenerles aquí sumidos en la misma. O ninguna comunidad necesitada en Asia mientras estrujan a los autónomos españoles”, ha añadido Ayuso, que ha recurrido al final al insulto: “Sánchez les vio venir desde el primer día. Los vio porque vio que eran los herederos del Duque de Galapagar, les olió a kilómetros. Son muy memos”, ha zanjado

El PSOE de Pedro Sánchez vuelve a ser el partido con más respaldo entre los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Pero el Barómetro de marzo, hecho público este miércoles, reduce su ventaja sobre el PP, respecto a febrero, cuando le sacaba 10 puntos. Así, en el caso de que se celebraran ahora las elecciones generales, los socialistas lograrían el 31,8% de los votos, casi un punto menos que el mes pasado cuando logró un 32,6%. La ventaja respecto a los populares es ahora, por tanto de 8,5 puntos.

El PP crece cuatro décimas y pasa del 22,9% de enero al 23,3% actual y Vox reduce considerablemente su apoyo en casi dos puntos y pasa del 18,9% de enero al 16,6% de febrero, con lo que se queda a solo cuatro puntos de los populares. Sumar crece una décima, hasta el 7,1% y Podemos baja un punto, hasta el 2,9%. Vox es la fuerza política que más cae según este sondeo que coincide con el apoyo cerrado del partido de Santiago Abascal a la estrategia de Donald Trump en Irán.

Las encuestas de este último barómetro se hicieron entre el 2 y el 6 de marzo y, por tanto, una vez que comenzaron los ataques de Israel y EEUU a Irán o Líbano, y tras quedar claro el rechazo de España a esas intervenciones militares con el 'no a la guerra' agitado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, el trabajo se realizó en plena campaña electoral de las elecciones en Castilla y León del domingo en las que ganó el PP de Alfonso Fernández Mañueco, pero en las que también resistió el PSOE, que obtuvo dos escaños más que en 2022. Esos comicios confirmaron la dependencia entre PP y Vox y el hundimiento de la izquierda confederal.

El CIS pregunta, de hecho, por la guerra. El 64,3% de los españoles dice estar “muy o bastante preocupado” por los ataques a Irán, un 17,1% “algo preocupado”, un 15,4% “poco o nada preocupado”. Además, el 69,2% asegura que las actuaciones de Estados Unidos e Israel le provocan “mucho o bastante rechazo”, mientras que el 24,5% dice que “poco o ningún rechazo”. Por otro lado, una amplia mayoría —el 85,4%— cree que esta situación pone en riesgo la paz internacional.

Un mes más, aunque ninguno de los dirigentes estatales llega al aprobado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el líder político mejor valorado con una puntuación media de 4,43. Le sigue la vicepresidenta Yolanda Díaz que logra un 4,23 y, de lejos, Alberto Núñez Feijóo, que obtiene un 3,60 y Santiago Abascal, con un 2,99, que repite como el líder peor valorado. Además, Sánchez es el favorito como presidente del Gobierno para el 40,3% de los encuestados que dan su opinión, sacando 24,9 puntos de ventaja a Alberto Núñez Feijóo que lo es para el 15,4% y vuelve a segunda posición por delante de Santiago Abascal, que es el preferido para el 14,8%, mientras Gabriel Rufián escala posiciones y ya lo es para el 9,1%.

El principal problema de España, según los encuestados, vuelve a ser la vivienda (43,5%) medio punto más que el mes pasado, seguido de la crisis económica y los problemas de índole económico (22,5%), y los problemas relacionados con la calidad del empleo (18,3%). Los problemas que los españoles consideran que más les afectan de manera personal son la crisis económica y los problemas de índole económico (29,9%), la vivienda (27,8%), y la sanidad (19,6%).

Una de las noticias de la noche electoral de este domingo fue que Vox no logró crecer tanto como auguraban la mayoría de las encuestas, tras dispararse en las dos últimas citas electorales: Extremadura y Aragón. La formación de extrema derecha tan solo consiguió un escaño más que hace cuatro años y se quedó con 14 procuradores, lejos de los pronósticos más halagüeños que les otorgaban hasta 20. Pero que no se cumplieran las expectativas no evitó que en Castilla y León el partido de Santiago Abascal lograra el porcentaje de voto más alto de todas las elecciones a las que se ha presentado desde su fundación, en 2013.

Sin llegar al 20% que pronosticaron algunos sondeos, Vox obtuvo este domingo el 18,92% de los votos de los castellanos y leoneses. La extrema derecha se consolida así como la tercera fuerza política en la región y socio necesario del PP de Alfonso Fernández Mañueco –ganador de los comicios– para poder formar el nuevo gobierno de la Junta. “Se demuestra que, a pesar de los innumerables y constantes intentos no hay techo para Vox”, afirmó el propio Abascal tanto la noche electoral como este lunes: “Vox no ha tocado techo, pero hay muchos que van a querer decirlo. Son los mismos que anunciaban la defunción de Vox desde 2020”.

Hasta este domingo, el mejor resultado obtenido por el partido de Abascal en unos comicios había sido el de las aragonesas de hace apenas un mes, el 8 de febrero, cuando alcanzó el 17,88% de los sufragios tras doblar los apoyos que había logrado en las anteriores elecciones en este territorio. Dos meses antes, el 21 de diciembre de 2025, en Extremadura, la extrema derecha también encajó uno de sus mejores resultados de su historia con el 16,9% de las papeletas, el doble que en los comicios anteriores en esa comunidad.

Los primeros éxitos electorales de la extrema derecha se remontan a 2018, cuando irrumpió con fuerza por primera vez en un parlamento autonómico en las elecciones andaluzas de diciembre. Hasta ese momento Vox apenas había conseguido 22 concejalías en las municipales de 2015. En las andaluzas de 2018, la formación de Abascal obtuvo el 11% de los votos y fue clave para que la derecha arrebatara la Junta al PSOE, que hasta ese momento mantenía Andalucía como uno de sus feudos inexpugnables. Fue allí donde se produjo el primer experimento de una alianza entre PP y Vox que, a raíz de la negociación emprendida por el entonces líder de los populares, Pablo Casado, consiguió llevar a Juan Manuel Moreno Bonilla a la presidencia de la comunidad con el apoyo de los ultras, pese a que la primera fuerza volvió a ser el PSOE de Susana Díaz.

El despliegue estatal se confirmó unos meses después: en las generales de abril de 2019 alcanzó el 10% de los votos y 24 diputados en el Congreso. En las autonómicas de ese mismo año la extrema derecha consiguió, en total, también ese 10% de los apoyos, con especial fuerza en territorios como la Comunitat Valenciana. En las europeas que se celebraron también en 2019 Vox se hizo con 4 eurodiputados con el 6,21% de los apoyos.

Otro gran éxito del partido ultra se vivió en noviembre de 2019, cuando Pedro Sánchez repitió las elecciones ante el bloqueo y la imposibilidad de sacar adelante la investidura. Vox obtuvo entonces el 15% de los sufragios y 52 diputados, el máximo histórico de asientos en el Congreso pero no de porcentaje de voto.

En las catalanas de 2021 la formación de extrema derecha se quedó con un 7,61% de los votos y en las de la Comunidad de Madrid de ese mismo año obtuvo el 9,15% de los apoyos. A raíz de las elecciones en Castilla y León de 2022, entró por primera vez en un ejecutivo autonómico con el PP tras obtener 13 escaños y el 17,64% de los sufragios. Y en junio de ese año, en las andaluzas, el equipo de Abascal logró el 13,47% y 14 escaños.

En las autonómicas de 2023 que se celebraron en todas las comunidades autónomas excepto en Galicia, Castilla y León, Euskadi, Catalunya y Andalucía, el mejor resultado que obtuvo Vox fue en Murcia, que desde entonces se considera como uno de sus principales feudos. Allí logró el 17,72% de los sufragios, que hasta las elecciones aragonesas del mes pasado constituía el techo de la formación de Abascal en unos comicios.

A continuación se situó Illes Balears, donde llegó hasta el 13,9% de los votos. Le siguieron Castilla-La Mancha (12,83%), Comunitat Valenciana (12,18%) Aragón (11,24%), Cantabria (11,07%), Asturias (10,07%), Extremadura (8,12%), Canarias (7,85%), La Rioja (7,57%), Comunidad de Madrid (7,31%) y Navarra (4,28%).

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha convertido este lunes una intervención ante su partido pensada inicialmente para valorar los buenos resultados para soltar una retahíla de insultos, falsas verdades y exageraciones sobre el Gobierno de Pedro Sánchez. “Quieren convertir España en un país de jubilados, funcionarios y subsidiados. Es un proyecto comunista que está desguazándolo todo”, ha llegado a asegurar Isabel Díaz Ayuso ante la Junta Directiva Autonómica del PP de Madrid.

A su juicio, “la vida es eso que pasa mientras Sánchez se queda” con el dinero de la ciudadanía. Se trata, ha añadido, de un “momento dificilísimos porque la mentira se ha hecho ley”. “Tenemos un Gobierno que no tiene límites, profundamente antidemocrático y que va a hacer lo que sea por agarrarse al poder, unos porque no quieren ir a la cárcel y otros porque no quieren más que el poder por el poder”, ha asegurado, con la connivencia de los suyos. Es, en su opinión, “la estrategia de la carcoma” del Gobierno progresista, que “no tiene límites” y que únicamente busca “seguir con el proyecto totalitario”.

No obstante, tras calificar al Gobierno como una suerte de dictadura, Ayuso también ha dicho que “el sanchismo está terminado”. “Podrán intentar lo que sea pero la mayoría de los españoles quieren un cambio. Cuando un proyecto político ha acabado hay que tener la humildad de reconocer que se ha acabado”, ha sentenciado. Para ella “el daño” producido desde la Moncloa “es tremendo”. “Y lo vamos a pagar por décadas. Cuanto más tiempo siga Sánchez y hoja de ruta totalitaria más vamos a perder”, ha concluido. 

“El daño que se está dando enorme a la empresa, a la competitividad empresarial, todos son impuestos, todo es normativa”, ha agregado Ayuso, que ha considerado que el PSOE y sus socios tienen como objetivo el “desguace de los servicios públicos”. Además, para Ayuso “Sánchez quiere que la Comunidad de Madrid sea su cajero automático” y trata “al pueblo como si fuera abono” para poner en marcha “nacionalizaciones masivas”. “No nos vamos a despistar”, ha concluido.

Respecto a las elecciones de este domingo en Castilla y León, la presidenta madrileña ha celebrado que “el PP va a cumplir 40 años al frente de una de las regiones sin la que España no se entendería”. “Somos dos proyectos que vemos la vida de la misma forma”, ha zanjado. 

“Nos encontramos ahora claramente sumidos en un proceso muy vivo, que tiene el objetivo en última instancia de seguir el mandato de la gente progresista de nuestro país que no es otro que conformar un proyecto político ambicioso, que ilusione y, sobre todo, que tenga la capacidad de movilizar”. Esta es la reflexión que ha realizado este lunes la co-coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, al referirse a la profunda debacle que sufrió el domingo el espacio confederal, que no logró representación en las nuevas Cortes de Castilla y León ni con la candidatura de IU-Sumar ni con la de Podemos.

En rueda de prensa, Hernández ha querido remarcar “con toda claridad y franqueza” que los resultados del espacio en los comicios del domingo “han sido malos” y “realmente duros”. “Nos hacemos cargo de ello”, ha destacado la portavoz de Movimiento Sumar, que el 15M concurrió en coalición con IU a las urnas sin lograr obtener ni un solo procurador. “Necesitamos articular más espacios de reencuentro para ver qué país queremos ofrecer a la ciudadanía y qué proyecto ganador queremos construir”, ha añadido.

En todo momento, Hernández se ha referido así al proceso puesto en marcha el pasado 21 de febrero por los partidos que conformaron la coalición de Sumar en 2023, que buscan rearticular un proyecto conjunto de cara al nuevo ciclo electoral. Por el momento, el único acto conjunto celebrado por todos esos partidos del espacio confederal –del que se ha desmarcado Podemos– fue un mitin multitudinario en el que no se aclaró en qué consistirá el nuevo proyecto ni quién lo liderará.

Hernández, además, ha reconocido que en Castilla y León el PP, el partido ganaor, “mantiene el resultado sin saber muy bien por qué, porque sigue sin saber relacionarse con la ultraderecha, que ha alcanzado su techo en Castilla y León”. También ha reflexionado que con los resultados de este domingo se evidencia que el PSOE “no llega solo” para poder gobernar allí. “Somos esa pieza del puzzle que dirime la balanza de un lado y otro”, ha remachado.

El domingo, la coalición entre IU y Movimiento Sumar logró el 2,2% de los votos, lejos, por tanto, de tener opciones para tener representación en las Cortes castellanas y leonesas. Así, la izquierda alternativa se quedóa sin representación en el Parlamento regional por primera vez desde hace casi dos décadas, en 2007 y fue superada por formaciones de la España Vaciada como Soria ¡Ya! (un escaño) y Por Ávila (un procurador).