Tras varias polémicas previas y una enorme expectativa que llevó al programa este lunes a ser la entrevista más vista de La Revuelta, el encuentro de Santiago Abascal con David Broncano en TVE dejó un reguero de mentiras, exageraciones y medias verdades enarboladas durante una hora. El líder de Vox puso en cuestión la legislación que busca combatir la violencia machista y las políticas contra el cambio climático, además de mentir con la cifra de personas que han llegado a España. Desmentimos una a una sus falsedades:

“Las leyes [de violencia machista] no han conseguido solucionar aquello que quieren combatir”. “Son normas ineficaces que buscan el enfrentamiento de sexos”.

La Ley de Violencia de Género de 2004 no busca el enfrentamiento de sexos, lo que hace es reconocer que la violencia machista que sufren las mujeres parte de una cuestión estructural de desigualdad. La norma desplegó un abanico de medidas en todos los ámbitos y creó el sistema VioGén, que a día de hoy protege a más de 100.000 mujeres. Pero, además, desde su entrada en vigor, los asesinatos han caído: durante la primera década, la media alcanzó los 62 y en la última se situó en los 51, un 17,6% menos.

Las denuncias han subido casi un 50% desde 2009 porque cada vez más mujeres reconocen y cuentan la violencia que sufren, según las expertas. Más allá de los datos, el logro principal de la ley fue reconocer que el maltrato no es una cuestión privada ni doméstica, sino que el Estado y la sociedad son responsables.

“La simple denuncia de una mujer lleva aparejada la detención y la llevada [del hombre] al calabozo […] sin ningún tipo de miramiento y pasa allí tres días”.

La detención es una medida prevista en España para cualquier tipo de delito y no se hace “sin ningún tipo de miramiento”, sino en función de los indicios que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estimen. No es automático y no se hace excepción en el caso de que sea una mujer víctima de violencia de género la denunciante. No siempre un detenido pasa tres días en el calabozo, como dice Vox: las 72 horas son un plazo máximo hasta ponerlo a disposición judicial, pero rara vez se alcanza, según fuentes jurídicas. De nuevo, la ley no hace excepción ni se distinguen delitos. Es así para todos.

Así lo ha confirmado también el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, que informa de que “la sola presentación de una denuncia” no determina que la persona denunciada vaya a ser detenida, sino que la adopción de esta medida cautelar “depende de las circunstancias de cada caso”. Estas son evaluadas por la Policía, que valoran los hechos y el riesgo. Para tomar la decisión, se evalúan los indicios, la gravedad, si hay o no antecedentes o la necesidad de proteger a la víctima. “Es incorrecto afirmar que una denuncia equivale automáticamente a detención. Cada caso es objeto de una valoración individualizada”, afirma el organismo.

“El principal machismo en España es el machismo importado de aquellos que no respetan a la mujer y a la vez criminalizamos a nuestro propio pueblo, a los españoles”.

Vincular la inmigración con la seguridad y poner en el centro a las mujeres solo cuando el supuesto agresor no es español es una de las estrategias habituales de Vox y de la alianza ultra a nivel global para promover proclamas racistas. Sin embargo, el machismo es una realidad que no es exclusiva de una cultura, país o religión. El 66% de los hombres que han asesinado a sus parejas o exparejas en lo que va de año son españoles. Las leyes no buscan “criminalizar a nuestro propio pueblo”, sino combatir la desigualdad de género y la violencia.

“Hay que hacer informes de impacto de género para todo, para construir casas. Es lo que nos dicen los constructores”

Presentar los estudios de impacto de género como un obstáculo para construir viviendas es una idea exagerada, reduccionista y falsa. No hay una obligación general en España de hacer un informe de este tipo para cada vivienda construida. Lo que existe es un principio rector que se aplica a las políticas públicas y a la planificación urbanística en algunas comunidades que tiene que ver con incorporar esta perspectiva. Tal y como reconocen los organismos internacionales, el diseño de las ciudades y de los barrios impacta de forma desigual en función de cosas como el reparto de cuidados o el uso de los espacios públicos.

Sánchez “asalta a todas las instituciones, desde el Tribunal Constitucional al Tribunal de Cuentas, a RTVE”

Todas esas instituciones han sido renovadas cumpliendo la Ley y teniendo en cuenta la debilidad del Gobierno y su dependencia de otros grupos. En realidad es la aplicación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional la que regula la renovación y la que ha hecho que ahora haya una mayoría progresista, por ejemplo, en el Constitucional. Cuatro de sus magistrados se eligen a propuesta del Congreso de los Diputados, por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro, a propuesta del Senado, por mayoría de tres quintos de sus miembros; dos a propuesta del Gobierno; y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, por mayoría de tres quintos de sus miembros. Durante el primer mandato de Pedro Sánchez, el Constitucional tuvo una mayoría conservadora. La elección tanto del Tribunal de Cuentas como de la dirección de RTVE también se realizó a través de los cauces democráticos.

“A mí me parece terrorífico que eso [el genocidio en Gaza] se produzca”.

Vox es el referente en España del Gobierno de Benjamin Netanyahu, principal responsable del genocidio en Gaza en el que Israel ha asesinado a más de 70.000 personas. El propio Abascal ha visitado Israel en varias ocasiones desde que el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023 sirviera al Gobierno sionista para recrudecer sus ataques contra los palestinos, siempre para apoyar la guerra de Netanyahu. En 2024, cuando el Ejército israelí ya había asesinado a miles de personas en Gaza, Abascal destacó “la firmeza” de Netanyahu en la franja y consideró que su actuación era “ejemplar” en “operaciones de autodefensa”. Vox nunca ha participado en las acciones de condena al genocidio en las instituciones españolas.

“El clima ha cambiado siempre”. “El fanatismo climático hace que se contamine más”.

El cambio climático es una amenaza real y palpable, especialmente en países como España, y más del 99% de los estudios científicos están de acuerdo en que la causa es la acción humana sobre el planeta. Por ejemplo, en este país cada verano hay miles de muertes atribuibles al calor, cada año se incrementan las hectáreas quemadas en incendios forestales y la voracidad de las llamas y las sequías son más frecuentes. La temperatura global registrará un récord este 2026 y el calentamiento de los mares es histórico. Las políticas climáticas han intentado frenar el calentamiento regulando las emisiones de efecto invernadero, por ejemplo, estableciendo restricciones al uso de combustibles. Por tanto, estas políticas hacen que se contamine menos, no más.

“Hay un porcentaje elevadísimo de la inmigración, por ejemplo, extracomunitaria, de las personas en edad de trabajar, que es del entorno del 50%, que no trabajan, inmigrantes que no trabajan y que están cobrando ayudas sociales”

Las cifras oficiales desmienten a Abascal. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2026, el total de población extranjera en España de 16 y más años es de 6.293.700 personas, de las cuales el 69,6% son población activa. Y entre la población activa, el 85,7% está ocupada y el 14,3% en paro. Respecto a las ayudas, un ejemplo: los inmigrantes representan el 17,52% de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el 28,89% de las Rentas de Inserción autonómicas.

“El problema principal es que han entrado seis millones de personas y no se construye más vivienda”.

Desde 2021 a 2026, según cifras del INE la población de España aumentó en 2,1 millones de habitantes.de 47,49 millones a 49,57 millones.

“Pedro Sánchez es un dictador, pero todavía no ha conseguido tener todo el poder”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó al poder en 2018 tras prosperar en el Congreso una moción de censura contra Mariano Rajoy por la condena al PP en el caso Gürtel, una trama de corrupción masiva vinculada a administraciones gobernadas por la formación conservadora. Fue una votación en la sede de la soberanía popular y la moción de censura es una figura que recoge la Constitución democrática. Después Sánchez consiguió mantenerse en el poder tras ganar elecciones en las dos citas de 2019, aunque siempre necesitó de otros grupos para poder gobernar porque el PSOE, en su etapa, nunca ha conseguido mayoría absoluta. En 2023 los socialistas quedaron por detrás del PP, pero consiguieron seguir en la Moncloa al lograr una mayoría de apoyos del Congreso para la investidura. Durante la última legislatura el Gobierno no ha conseguido sacar adelante alguna de sus leyes por no tener una suficiente mayoría parlamentaria. Abascal llegó a justificar que Sánchez es un dictador porque le dicta a la presidente del Congreso, Francina Armengol, que elimine del diario de sesiones determinadas palabras o frases del dirigente de Vox. Armengol lo ha hecho a lo largo de la legislatura con varios diputados sin que haya una sola prueba de que esa decisión tenga que ver con una orden dictada por Sánchez.

La mayoría de los votantes socialistas aprueba la gestión realizada por el Gobierno ante el grave accidente de tren de Urda (Toledo) en el que el pasado 28 de octubre murieron 69 personas. Un 57% de quienes el 23J votaron al PSOE considera que la reacción del Ejecutivo tras la tragedia ferroviaria fue “buena” o “muy buena”, frente al 38% que la juzga como “mala” o “muy mala”, según la encuesta de Ateneo del Dato para elDiario.es realizada entre el 2 y el 5 de noviembre, que también recoge, por tanto, la reacción del electorado a la dimisión del ya exministro Óscar Puente, que se produjo el día 3.

Entre el total de los encuestados, un 63% rechaza la gestión del Gobierno frente a un 32% que la apoya.

En Sumar, los votantes que valoran de forma positiva la gestión del Gobierno del accidente de Urda son un 50%, frente a un 47% que la rechaza. En cambio, los votantes de PP y Vox dan un contundente suspenso a la labor del Ejecutivo a raíz del siniestro. El 90% de quienes hace tres años votaron a los populares creen que la actitud del Ejecutivo ha sido “mala” o “muy mala”, un porcentaje que crece hasta el 92% en el caso de quienes el 23J votaron a la extrema derecha.

Ateneo del Dato también ha preguntado en su encuesta sobre si los ciudadanos han cambiado su actitud ante las generales a raíz del accidente de Urda. Un 52% de los ciudadanos asegura que el siniestro les ha dado “más ganas de ir a votar”, frente a un 10% que dice que la tragedia le ha quitado las ganas de depositar su voto el 29N y un 36% que sostiene que lo ocurrido no le influye en sus intenciones de acudir a sus colegios electorales.

Los votantes de Vox son los que aseguran estar más movilizados tras el accidente, frente a los de Sumar, que son los que en un mayor porcentaje apuntan a que no les ha influido el siniestro a la hora de tener más o menos ganas de ir a votar. El 75% de los encuestados que el 23J votaron a Vox acudirán a las urnas con más determinación ante la crisis ferroviaria, mientras un 5% de esos electores dice que se le han quitado las ganas de votar y un 17% al que no le influye.

En el caso de los votantes del PP, un 69% irá a votar con más ganas que antes del accidente, un 5% se siente desmovilizado y un 25% dice que la tragedia no le ha influido en su actitud ante el 29N. El 47% de quienes el 23J votaron al PSOE siente un mayor impulso de introducir la papeleta ante el siniestro de Urda, frente a un 47% que sostiene que no ha cambiado de posición sobre si ir o no a las urnas dentro de tres semanas y un 10% que cree que el choque de los trenes le “quita las ganas de votar”.

El electorado de Sumar, la marca en la que concurrieron las fuerzas del espacio confederal en 2023 y que incluía a Podemos, es el que menos apelado se siente tras el accidente de Urda. Solo un 39% dice que irá a votar “con más ganas” a raíz del siniestro, frente a un 53% que dice que lo sucedido no le influye en sus intenciones de acudir a las urnas y un 7% que cree que la tragedia le ha quitado las ganas de depositar su papeleta.

La primera entrega de la encuesta de Ateneo del Dato, publicada este lunes, refleja cómo el apoyo electoral al PSOE crece a pesar del accidente de tren de Urda y la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes a consecuencia de la tragedia. Los socialistas crecerían en un punto respecto al sondeo anterior, fechado el 25 de octubre. La subida no afecta, sin embargo, a la distancia entre bloques –de casi 14 puntos– ni trastoca la mayoría absoluta de las derechas. El PP continúa siendo la fuerza más votada y junto a Vox alcanza el 50,1% de los apoyos, frente al 36,2% que suman PSOE, el Frente Amplio y Podemos.

Pedro Sánchez es el preferido para seguir siendo presidente del Gobierno aunque con un porcentaje del 26% de los encuestados. El 23% prefiere a Feijóo, un 19%, a Abascal y un 13%, al dirigente de ERC Gabriel Rufián. Ada Colau e Irene Montero son mencionadas como las favoritas para estar al frente del Ejecutivo solo por un 3% de los ciudadanos en ambos casos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado este lunes que “hay pruebas de que puede haber evidencias para iniciar una investigación” sobre el presunto soborno a Koldo García por parte del PP para que difundiera falsedades contra el propio jefe del Ejecutivo y su entorno. En una entrevista en La Séptima, Sánchez ha recordado la factura que evidencia el pago de la editora de Okdiario a la abogada del exasesor de José Luis Ábalos de 264.000 euros.

“Hay una factura de un medio de comunicación digital para pagar la defensa de Koldo García”, ha recalcado Sánchez. “Es un hecho. Eduardo Inda pagó para difamar a mi mujer, para difamar a mi hermano y no solo difamando, mintiendo a la gente”, ha dicho. Para el presidente del Gobierno, todo esto “es un hecho grave”.

“A ver, la corrupción que hemos sufrido, la real, porque luego está la ficticia, la real, nosotros hemos actuado con total contundencia y a mí me produce asco la corrupción. Yo soy una persona que a lo largo de mi carrera política he tratado, allí donde he estado, de regenerar las instituciones, de respetar las instituciones, de respetar también el juego legítimo que tiene la oposición, de plantear sus propuestas, pero siempre desde el respeto, desde el respeto formal y también desde la regeneración democrática”, ha defendido Sánchez. “Nosotros hemos respondido con total contundencia, cueste lo que cueste y caiga quien caiga”, ha insistido.

Justo después, ha hecho mención a la supuesta reunión que mantuvo Koldo García con el abogado del PP en el que este le habría planteado la posibilidad de pagarle por difundir falsedades sobre el Gobierno. “Hemos visto por desgracia al Partido Popular reconociendo que se han reunido con personas que han difamado no solamente al Gobierno, sino a mi persona y a mi mujer, simplemente para hacer daño”, ha denunciado.

“Me parece que al final lo que demuestra es que mientras nosotros hemos expulsado la corrupción, el Partido Popular la ha comprado. Y esto es muy grave. Y esto también creo que nos lleva a unos comicios el próximo 29 de noviembre en los que una reivindicación de la buena política frente a la mala educación es necesaria plantear a partir del 29 de noviembre, si no antes, un debate mucho más respetuoso entre adversarios políticos que evite la polarización en la que estamos y la deshumanización del adversario político como algunos de nosotros estamos sufriendo”, ha continuado.

“Volveremos a reeditar una mayoría de progreso”

Respecto a los comicios, Sánchez se ha mostrado optimista. “Yo tengo mucha confianza en mi país. Yo creo que este es un país de esperanza. Es un país donde la gente se ha movilizado por unas pensiones dignas, las mujeres se movilizan el 8 de marzo por sus derechos, los trabajadores han peleado mucho por tener una reforma laboral que les ha traído derechos, los jóvenes se han manifestado no solamente por la emergencia climática, sino también por el reconocimiento del Estado de Palestina y el fin del genocidio. Por tanto, muchos de estos avances hoy están puestos en cuestión por la involución que representan el Partido Popular y Vox”, ha alertado.

El aún jefe del Ejecutivo cree que “va a haber una movilización histórica que de lejos va a superar el 70% de la participación de 2023”. “Y, por tanto, al igual que ha ocurrido en Estados Unidos o que ha ocurrido también en Brasil, y también en 2023 en España, volveremos a reeditar una mayoría de progreso en el Parlamento que nos permita cuatro años más de avance”, ha remachado.

También ha criticado la campaña del PP porque, a su juicio, desde la convocatoria electoral en Génova 13 “hay tres verbos que conjugan: sacrificar, derogar y desmantelar”. “Bueno, hoy hasta incluso el señor Feijóo se despacha diciendo que la huelga general es un disparate”, ha añadido. “No, no. La huelga es un derecho de los trabajadores y trabajadoras. Lo que es un disparate es poner en cuestión el derecho de los trabajadores y trabajadoras a hacer la huelga. Por cierto, una huelga que no va contra nadie, va contra uno de los principales problemas que tiene nuestra sociedad y que exige del compromiso de todas las instituciones, que es el acceso a la vivienda”, ha apuntado.

La huelga “dice mucho de nuestro país”

“Yo lo respeto, no me pronuncio sobre ello, pero esto dice mucho de nuestro país”, ha asegurado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su entrevista en La Séptima. Sin querer aclarar si apoya el paro, una postura que sería inédita en un jefe del Ejecutivo, Sánchez sí ha celebrado “que la ciudadanía se movilice en cuanto a cuestiones positivas como el derecho a la vivienda o a los derechos sociales”. También ha defendido los dos decretos de vivienda tumbados por PP, Vox y Junts en el Congreso así como la construcción de más vivienda. “Pero vivienda protegida”, ha dicho.

Respecto a las decisiones del Tribunal del Supremo sobre la llamada 'ley de nietos' y de la anulación de parte del derecho de españoles a votar el 29N, Sánchez ha sido tajante: “Yo no puedo estar de acuerdo con esta resolución, no entra en el fondo, pero suspende de hecho el derecho al voto, que es un derecho fundamental, el de la participación política de un ciudadano español”, ha denunciado.

También ha defendido que la Ley de Memoria Democrática “lo que hace es resarcir de una deuda moral e histórica” de la democracia “con aquellos que tuvieron que verse en el exilio como consecuencia de que eran perseguidos por, su opinión política, su compromiso político, su forma de pensar o su forma de sentir”. Sánchez ha recordado que “es una ley que está en vigor desde el año 2022, que en las últimas elecciones generales esas personas votaron y que en el voto exterior ganó el PP, no ganó el PSOE”.

Ante las políticas y propuestas de las derechas, Sánchez ha denunciado que “no solamente se está poniendo en duda y tratando de recortar el derecho al aborto, suprimir la ley de muerte digna, las bajas laborales, abrir en canal el debate sobre el sistema público de pensiones o las políticas de género. Es que ahora también están poniendo en cuestión hasta incluso el derecho al voto de gente que tiene todo ese derecho a ejercer el voto y que, además, lo ha ejercido”.

El apoyo electoral al PSOE crece a pesar del accidente de tren de Urda (Toledo) en el que murieron 69 personas y la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes a consecuencia de la tragedia. La encuesta de Ateneo del Dato para elDiario.es realizada entre los días 2 y 5 de noviembre –la tragedia se produjo el 28 de octubre y Puente dimitió el 3 de este mes– refleja que los socialistas crecerían en un punto respecto al sondeo anterior, fechado el 25 de octubre. La subida no afecta, sin embargo, a la distancia entre bloques –de casi 14 puntos– ni trastoca la mayoría absoluta de las derechas. El PP continúa siendo la fuerza más votada y junto a Vox alcanza el 50,1% de los apoyos, frente al 36,2% que suman PSOE, el Frente Amplio y Podemos.

Los populares logran el 31,5% de los votos, cuatro décimas por encima que en la encuesta anterior. Los de Alberto Núñez Feijóo crecen, pero el electorado no se ha movido masivamente a su favor ante su estrategia agresiva contra el Gobierno y su presidente, Pedro Sánchez, al que exigen que dimita –tras pedir la cabeza de Puente y conseguir su salida– a apenas tres semanas de las elecciones del 29N. El PSOE, que se mantiene en la segunda posición, pasa del 27,6% de los sufragios que recogía el sondeo de finales de octubre al 28,6% actual.

Los bloques de izquierda y derecha se mantienen, no obstante, a 13,9 puntos de distancia (una décima más) porque mientras crecen PP y PSOE se da a la vez la caída de los principales aliados de los dos grandes partidos en sus respectivos espectros ideológicos. Vox, que había registrado un notable ascenso en los últimos meses, es el partido que más baja y pasa del 19,8% al 18,6%. Cae, por tanto, 1,2 puntos. La formación de la extrema derecha fue la única que no interrumpió la campaña por la tragedia de Urda.

Por la izquierda, el Frente Amplio también cae del 6,8% del sondeo anterior al 6,1% actual. Y Podemos pasa del 2,7% de la encuesta del 25 de octubre al 1,5% actual, 1,2 puntos menos. Si se suman los apoyos de estas dos fuerzas políticas se llega al 7,6% de los votos, muy lejos del 12,33% que obtuvieron en las generales de 2023, cuando concurrieron juntos bajo la marca de Sumar. La izquierda alternativa no se ve beneficiada, por tanto, por la posible crítica ciudadana que podría haber suscitado la actuación del PSOE ante el accidente ferroviario, la salida de Puente y la asignación de las competencias de Transportes al vicepresidente económico, Carlos Cuerpo.

Pedro Sánchez es el preferido para seguir siendo presidente del Gobierno aunque con un porcentaje del 26% de los encuestados. El 23% prefiere a Feijóo, un 19%, a Abascal y un 13%, al dirigente de ERC Gabriel Rufián. Ada Colau e Irene Montero son mencionadas como las favoritas para estar al frente del Ejecutivo solo por un 3% de los ciudadanos en ambos casos. Llama la atención que un 16% de los votantes del PP prefiere que presida el Gobierno Abascal, aunque un 72% opta por Feijóo.

Además, un 14% de los votantes del PSOE prefiere como presidente a Rufián antes que a Sánchez (al que menciona como preferido el 57% de los votantes socialistas) y entre quienes en 2023 votaron a Sumar el presidenciable favorito es el portavoz de ERC. Lo menciona el 32% de los electores de esa izquierda alternativa, frente al 19% que señala a Sánchez, el 18% que prefiere a Colau y el 11% que opta por Montero.

La valoración de los líderes políticos deja una primera conclusión: la opinión de “muy mala” es la preferida por los encuestados en el caso de todos los candidatos a la Presidencia del Gobierno. El más rechazado es Santiago Abascal, al que dan esa nota un 44,6% de los ciudadanos, seguido de la dirigente de Podemos Irene Montero (40,5%), Pedro Sánchez (40,4%), Ada Colau (35,4%) y Feijóo (30,3%).

Si se suman los porcentajes de quienes tienen una opinión “mala” o “muy mala” de cada líder, la peor parada es Montero, que suma un 65,9% de valoraciones negativas, seguida de Colau (58,8%), Abascal (58,7%), Sánchez (58%) y Feijóo (56,6%). En cambio, Sánchez es el que recibe un mayor porcentaje de valoración positiva. El 41% de los encuestados tiene una valoración “buena” o “muy buena” del candidato del PSOE a la reelección, frente al 40,2% de Feijóo, el 38,9% de Abascal, el 34,1% de Colau y el 29,7% de Montero.

Los votantes más fieles son los de Vox. El 95,2% de los ciudadanos que en las últimas generales, las de 2023, votó al partido de Santiago Abascal lo volvería hacer ahora y solo un 1,8% se marcharía al PP. En el caso de quienes el 23J optaron por los populares el 76,8% mantendría el sentido del voto, pero el 13,5% se iría a Vox y un 3,1%, al PSOE.

Respecto a los votantes socialistas repetiría el 70,5%, si bien el 8,3% elegiría ahora la papeleta del PP, el 7,1%, la de Vox y el 4,8%, la de Frente Amplio. En cuanto a los votantes que hace tres años votaron a Sumar, que entonces incluía a Podemos, ahora el 38% votaría al Frente Amplio, el 13,5% se iría al PSOE y un 11,1% optaría por Podemos.

“La reforma laboral fue buena, tanto en cuanto hay muchísima gente trabajando, más que nunca”, ha asegurado este miércoles el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. Sus palabras chocan con la posición de su partido en febrero de 2022, cuando el Congreso de los Diputados aprobó esa ley. ERC votó en contra y el propio Rufián descalificó la norma y a su principal impulsora, la aún vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

“Yo siempre voy a estar a favor de cualquier reivindicación laboral, sigue habiendo muchísima precariedad”, ha asegurado Rufián al ser preguntado por la huelga general del día 11 a las puertas del Ateneo de Madrid. Es entonces cuando ha mencionado la ley que rechazó en el Parlamento con duras palabras: “La reforma laboral fue buena, tanto en cuanto hay muchísima gente trabajando, más que nunca, pero sigue siendo superprecario el mercado laboral, sigue siendo baratísimo despedir a la gente de forma abusiva”, ha dicho.

El 3 de febrero de 2022, votaron en contra de la reforma laboral pactada con sindicatos y empresarios el PP (88 diputados), Vox (52), los tres principales socios de la investidura del Ejecutivo –ERC (con trece escaños), PNV (seis) y EH Bildu (cinco)–, además de Junts (cuatro), CUP (dos), BNG y Foro, con un representante cada uno. De hecho, la norma solo pudo salir adelante por el error de un diputado del PP, Alberto Casero, que se equivocó al votar y le dio al 'sí' en lugar de al 'no' cuando votó de forma telemática. Solo gracias a ese voto la norma logró más 'síes' que 'noes'.

Por esas fechas Rufián defendió el 'no' de su partido. “La reforma laboral ni tan solo es una reforma, es un maquillaje”, llegó a decir. El portavoz de ERC fue muy crítico con las formas en las que negoció el Gobierno con los grupos en su momento y, sobre todo, por el empeño de que dentro del pacto para sacar adelante la normativa estuvieran los empresarios. “Si nos dicen que no se toca una coma porque se cae [del acuerdo] la CEOE les decimos que llamen a [la entonces líder de Ciudadanos, Inés] Arrimadas, que seguro que vota a favor” dijo Rufián en una rueda de prensa, visiblemente molesto con el Gobierno.

El dirigente republicano llegó a considerar que la nueva reforma laboral era un texto “personalista” de Yolanda Díaz, a quien advirtió: “ERC no negocia ni vota proyectos personales”. Y acusó al Gobierno de querer “arrinconar” a su partido en un bloque independentista. “Nosotros también estamos aquí para dignificar las condiciones de trabajo de todo el mundo”, dijo. Rufián lamentó que “durante nueve meses el Gobierno, Yolanda Díaz y su equipo estuvieron hablando preocupándose muy mucho por que la CEOE estuviera dentro de la negociación”. “Pero no hablaron nada con nosotros”, criticó. “Y para que se le llame reforma tiene que cambiar algo y cambia bastantes pocas cosas”.

“Un grupo parlamentario de izquierdas”, añadía, “no puede apoyar una reforma que no toca la indemnización por despido, que no dota de más medios a la inspección de trabajo, que no contempla o recupera los salarios de tramitación, que no dota a la administración de mecanismos para frenar EREs abusivos, que no lucha contra la precariedad o la falsa precariedad de contratos, o que no hace prevalecer los convenios autonómicos frente al resto”.

Un proceso “de imposición”

Durante el debate de la ley en el Pleno, Rufián mantuvo la dureza contra la norma y el 'no' a aprobarla. El portavoz de ERC consideró que la reforma laboral se queda corta al no ampliar las indemnizaciones por despido ni recuperar los salarios en tramitación. “Podrían hacerlo primero porque lo prometieron, porque se lo proponíamos y tenían los números”, lamentó durante la sesión del 3 de febrero de 2022.

A su juicio, que esta reforma laboral “le guste a la CEOE no es casualidad”. “La dura verdad es que esta reforma es exactamente la que hubiera negociado y votado Albert Rivera de haber sido vicepresidente”, dijo, atacando directamente a la línea de flotación de Unidas Podemos, donde entonces se ubicaban Yolanda Díaz y el resto de miembros del Gobierno que no eran del PSOE. “ERC no funciona bajo amenaza [zanjó]. No ha sido un proceso de negociación, ha sido de imposición”, insistió. 

Óscar Puente afronta este martes su comparecencia más compleja en la Diputación Permanente del Congreso. Con las Cortes disueltas y a menos de un mes de las elecciones generales, el ministro de Transportes acude a la Cámara Baja a petición propia menos de una semana después del grave accidente de tren de Urda (Toledo) en el que, de momento, han fallecido 69 personas, que se suma al siniestro de Adamuz de hace menos de un año en el que murieron 46 ciudadanos. Todos los partidos con los que debatirá en el máximo órgano parlamentario fuera del periodo de sesiones (menos el suyo, el PSOE), le han pedido ya que dimita por esa concatenación de desgracias ferroviarias en menos de nueve meses.

Antes del aluvión de peticiones, incluso por parte de los socios más fieles a los socialistas y también desde el Frente Amplio –proyecto surgido de Sumar, que gobierna en coalición con el PSOE–, Puente, derrumbado anímicamente por el siniestro –según fuentes de su entorno–, llegó a poner su cargo a disposición de Pedro Sánchez en las primeras horas posteriores a la tragedia. Pero el presidente del Gobierno le pidió personalmente que no dimitiera y siguiera al frente de la gestión. A las peticiones de dimisión también se han sumado sindicatos como CCOO y el Sindicato de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), el principal del sector.

El viernes, el ministro ofreció una rueda de prensa de casi dos horas y sin límite de preguntas en la que remarcó: “Si yo creyera que mi continuidad perjudica al proyecto en el que creo, no tenga ninguna duda de que habría dado un paso a un lado. Sé lo que me espera, sé el calvario al que me van a someter, encima en campaña electoral, sé los insultos, las descalificaciones y los prejuicios de culpabilidad que se me van a atribuir en los próximos días. Lo fácil para mí es salir, pero ni es eso lo que va con mi carácter ni tampoco es lo que el presidente del Gobierno me ha pedido”.

Esta será la argumentación que lleve también este martes al Congreso. En la Moncloa creen que los detalles de la investigación conocidos hasta el momento permiten sostener a Puente al frente de Transportes porque acreditan que las causas del accidente no tienen relación con su gestión. Y piensan que la dimisión del ministro a un mes de las elecciones generales no haría otra cosa que alimentar la tesis de que los 116 muertos que se contabilizan en la alta velocidad española en los últimos diez meses serían responsabilidad directa del Gobierno, algo que rechazan de manera rotunda.

Paquete de ayudas para los afectados

En las filas socialistas consideran que todo dependerá de la evolución de una investigación que ya apunta a una orden errónea y contraria al protocolo del centro de control de Atocha y a la inexplicable evidencia de que nadie durante 17 minutos fuera capaz de alertar que un tren a 200 kilómetros por hora –el AVE– se dirigía hacia otro –el Iryo– completamente parado en la misma vía. Y también dependerá de la capacidad real que tenga este martes en el Congreso el titular de Transportes de revertir con sus explicaciones el sentir mayoritario en la opinión pública y en el resto de partidos, a izquierda y derecha, de que su situación es insostenible.

Su comparecencia se producirá apenas unas horas después de que el Gobierno apruebe un paquete de medidas para las víctimas del siniestro, aunque no se puede descartar que Puente vaya a aprovechar para añadir nuevos anuncios más de carácter técnico sobre la red ferroviaria. Este lunes Sánchez anunció que el paquete que aprobará este martes el Ejecutivo incluirá doblar las ayudas previstas en el seguro obligatorio, un mecanismo para anticipar las indemnizaciones, también un procedimiento de incapacidad temporal para los accidentados y el despliegue de oficinas de apoyo integral en sus provincias de residencia.

El PP, principal fuerza de la oposición, ya ha dejado claro que sea cual sea la explicación del ministro va a ser insuficiente y que las dimisiones tienen que ir más allá de la de Puente. “No creo en la política que pone el poder por delante de todo o a una persona por delante del pueblo. Y no creo que un presidente merezca tantos escudos. Mi forma de entender el poder es que es el presidente el que rinde cuentas a los ciudadanos por toda la gestión del Gobierno y es el presidente quien da la cara cuando algo va mal”, afirmó el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, este lunes, ante la plana mayor de su partido. “Si de mí dependiese, os garantizo que el que daría la cara en la Diputación Permanente no sería el ministro, sería el presidente del Gobierno”, añadió.

Con menos decibelios, uno de los socios más fieles del Gobierno en las dos últimas legislaturas, el PNV, insistió también este lunes en las dimisiones. “Hay que hacer un examen técnico exhaustivo, pero esto no puede pasar sin responsabilidades políticas. La sociedad necesita tener la sensación de que hay otro nuevo equipo que va a hacer las cosas de una manera diferente. No digo que el ministro o el secretario de Estado hayan tenido la responsabilidad directa como personas, pero tienen la responsabilidad política. Y hacer como si no pasara nada cuando hasta el presidente del Gobierno ha manifestado que es un asunto absolutamente grave, no puede ser. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que se asuman responsabilidades políticas?”, se preguntó el líder de los jeltzales, Aitor Esteban, en una entrevista en Telecinco.

Baldoví: “Puente no debería llegar a las elecciones”

Y también desde el Frente Amplio ven insostenible que Puente siga como ministro ocurra lo que ocurra este martes en el Congreso. “Yo creo que Óscar Puente no debería llegar a las elecciones como ministro”, dijo el dirigente de Compromís –una de las fuerzas del espacio–, Joan Baldoví, que reconocía que la decisión está en manos del PSOE y del propio Pedro Sánchez: “No somos nosotros quienes tenemos que decir cuándo debe cesar o dimitir, pero hemos sido claros desde el primer momento y se tienen que asumir responsabilidades políticas”. “Con 69 personas muertas en las vías, nos merecemos una gestión que esté a la altura de este trágico accidente, en lugar de ir improvisando e ir lanzando ideas en caliente”, añadió también el lunes la portavoz de ERC, Elisa Alamany, que cargó tanto contra el PSOE como contra el PP por la gestión del sistema ferroviario del Estado.

El BNG, otro aliado del Ejecutivo, volvió a pedir la dimisión del ministro este lunes, en boca de su líder, Ana Pontón. E Irene Montero, candidata de Podemos –fuerza que ha apoyado al Gobierno puntualmente– añadía: “Además de la dimisión del ministro, que es un consenso social que debe dimitir, aquí la cuestión de fondo es la liberalización”, afirmó. Ella pide que se aplique el artículo 128 de la Constitución que permite poner bajo control público servicios esenciales para la ciudadanía.

El líder de Vox, Santiago Abascal, volvió a elevar el tono. “Es absolutamente insoportable el nivel de degradación y tercermundización de todo cuanto toca la organización criminal PSOE”, señaló, ante el accidente de Urda. Y uno de sus eurodiputados, Jorge Buxadé, vinculó en Antena 3 a Puente y a todo el Gobierno con “la España de la catástrofe, la tragedia, la muerte, el paro y el colapso de los servicios sanitarios”.

Durante su comparecencia ante la Diputación Permanente es probable que Puente se escude en el secreto de la investigación judicial del accidente para no dar respuesta a una parte de las preguntas que plantee la oposición. La principal duda es si la responsabilidad del siniestro se puede reducir a los fallos del centro de control de Adif de Atocha que no vieron que, a raíz de sus órdenes equivocadas, el tren AVE se acercó a 200 kilómetros por hora hacia un Iryo parado con el que acabó chocando. O si hay otras cuestiones técnicas, de mantenimiento o inversiones, que también han podido influir en el siniestro.

“Te entregamos esta medalla por todo lo que has hecho hasta el momento y todo lo que tienes por delante”. Con estas palabras la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha entregado este lunes la Medalla Internacional de la región al presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast. Como ya hizo con otros dirigentes de la extrema derecha, como el argentino, Javier Milei, o el ecuatoriano, Daniel Noboa, Ayuso ha dicho que ha decidido encargar la medalla al presidente chileno “en reconocimiento a su compromiso con la libertad, la seguridad, la prosperidad y la defensa de las instituciones”.

Tras presentar al Gobierno anterior del país latinoamericano, el del izquierdista Gabriel Boric, como el responsable de haber acabado con la “estabilidad económica” o haber cerrado sus puertas “a la inversión”, la presidenta ha dicho que Kast, en cambio, defiende una política de “impuestos bajos, estabilidad institucional y confianza en quienes trabajan, emprenden, invierten y crean empleo”. “Un camino que el presidente Kast ha decidido recuperar para devolver a Chile el protagonismo que merece entre las grandes naciones del continente”, ha dicho.

“En apenas unos meses de mandato, el presidente Kast ha situado estas prioridades en el centro de su acción de gobierno, con la firme determinación de devolver a los chilenos tranquilidad, confianza, control de su propio destino, también orden y un compromiso extraordinario con los niños, con la juventud y con la educación”, ha añadido, además de identificar al dirigente chileno, pero también a Milei y Noboa como representantes de “la defensa de la libertad y el derecho de sus pueblos a dirigir su futuro”.

Ayuso ha reivindicado una “alianza” entre Chile y España como “naciones hispanas en lo económico y en lo cultural, pero también en la política y en los valores y los principios”. “Porque somos naciones libres y nuestros gobiernos defendemos las democracias liberales y el Estado de derecho, que no van a ceder ante el autoritarismo”, ha añadido, sin mencionar directamente a la izquierda o al Gobierno de Pedro Sánchez, al que suele tildar de autoritario.

“Defendemos lo mismo”

“Nosotros como gobiernos defendemos a los dos lados del atlántico lo mismo. También creemos en las sociedades abiertas pujantes y dinámicas donde cada persona llegue tan lejos como su esfuerzo personal le lleve su talento y su voluntad”, ha añadido. A Kast le ha dicho que en Chile hacen falta “reformas valientes” que “son siempre el preludio y la antesala de la prosperidad ansiada y necesaria que necesitan todos ustedes”. “Que la riqueza no se va a multiplicar en prohibiciones, desde luego, pero tampoco la prosperidad se va a regalar desde despachos. Ningún país puede avanzar si los ciudadanos tienen miedo, si las empresas no tienen certeza, si no hay seguridad jurídica, si no hay confianza, si el poder político lo invade todo en la sociedad”, ha remachado.

Para la presidenta madrileña, con el mandatario ultra “Chile tiene ahora una oportunidad extraordinaria” para “volver a ser esa gran Chile que es la nación tractora que lo fue durante tanto tiempo en el continente”. “Y queremos que a los dos lados del Atlántico los dos gobiernos sigan intercambiando estudiantes, conocimiento, cultura, empresas, inversiones, que nos ayude a enriquecernos mutuamente”, ha añadido. “La libertad ante la imposición, la ley ante la arbitrariedad, la seguridad ante el miedo, prosperidad frente a la resignación y la dignidad de la persona frente a cualquier proyecto que intente someterla”, ha zanjado.

“Si no dimiten ellos les dimitiremos en las urnas”. Así ha reaccionado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al anuncio del ministro de Transportes, Óscar Puente, de que no piensa renunciar a su cargo tras el accidente de tren de Urda (Toledo) en el que de momento han fallecido 69 personas. La oposición ha reclamado desde el día siguiente al siniestro el cese de Puente, así como la salida del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pese a que se celebrarán elecciones generales el 29 de noviembre.

“El problema es de gestión, se ha gestionado mal”, ha afirmado Feijóo en una comparecencia ante los medios este viernes. El líder del PP ha querido exculpar a los técnicos del centro de control de Atocha, hacia quienes el Gobierno ha dirigido la “inexplicable” decisión de ordenar reanudar la marcha al tren Ave que acabó estrellándose con el convoy de Iryo a una velocidad de entre 160 y 200 kilómetros por hora.

“Lo que han buscado de forma inmediata es un cortafuegos para el gran incendio”, ha sostenido Feijóo. “Ese cortafuegos no tiene ningún valor”, ha apuntado.

“El ministro es un fusible y al jefe de electricidad le interesa ese fusible mantenerlo para que no llegue el incendio a su responsabilidad, que es el que ha nombrado y el que ha mantenido después del accidente de Alamuz prosigue y el que, en definitiva, intenta resguardarse detrás del fusible puente”, ha zanjado Feijóo.

Anteponer la “conservación”

“Lo más responsable es trascender la búsqueda de chivos expiatorios”, ha afirmado. “La tragedia no puede convertirse en un plan de acoso y derribo contra un único operario de la estación de Atocha”, ha añadido. “Si hay que convertirla en algo”, ha proseguido, “es en un plan de trabajo” porque el accidente “evidencia que falló todo lo que podía fallar: los sistemas de seguridad, el centro de control y el sistema de respaldo. Es decir, fallaron todas las capas de seguridad”.

Por eso, Feijóo ha anticipado que, si gobierna tras las elecciones del 29 de noviembre, pondrá en marcha un nuevo protocolo de actuación en el sistema ferroviario que anteponga “la conservación” a la expansión de la red.

El líder del PP ha la prioridad del presupuesto de conservación y mantenimiento sobre cualquier otra obra nueva. “Si hay que dejar de inaugurar una vía para priorizar la seguridad en la que ya tenemos, yo lo haré”, ha afirmado. “Si hay que bajar la velocidad por seguridad, yo lo haré”, ha añadido. “Si hay que cortar la circulación por velocidad, yo lo haré, porque la vida de los ciudadanos vale mucho más que todo esto”, ha asegurado.

Feijóo ha prometido una “atención específica a la línea Madrid-Andalucía” un “refuerzo del área de seguridad en Adif y Renfe”, una “revisión completa de las vías y del resto del sistema ferroviario” con una “auditoría”, así como “un plan de emergencia o plan de choque inmediato en actuaciones de seguridad, conservación y mantenimiento” para “recuperar la confianza de la gente”.

El PP ha ido elevando el tono contra el Gobierno y este viernes ha solicitado expresamente la dimisión de Puente, aunque ya habían reclamado “responsabilidades políticas” en el pasado.

“En este país todos pensamos lo mismo. Hemos tenido dos accidentes mortales en la misma vía y yo puedo decir que Óscar Puente tiene que dimitir, pero es obvio”, ha asegurado Ester Muñoz, portavoz de campaña de los populares, al ser preguntada por la dimisión del ministro en una entrevista en RNE.

Muñoz cree que Puente debería marcharse antes incluso de su comparencia del martes en la Diputación Permanente del Congreso. “No debería llegar al martes”, ha dicho la portavoz del PP. “Lo sabe todo el mundo. Cualquier persona de este país es consciente de que si no dimite, debería ser cesado. Va a venir al Congreso el martes, ¿a qué? ¿A dar explicaciones de qué? Se ha mantenido en su puesto después del accidente de Adamuz. Se ha estado riendo de los problemas de Renfe y Adif”, ha enfatizado

Hasta este viernes los miembros del PP y su propio presidente, Alberto Núñez Feijóo, habían insinuado que Puente debía dejar su puesto, pero ha sido Muñoz la primera en verbalizarlo. La dirigente popular ha considerado, además, que ante el proceso de liberalización del sector ferroviario “no se han puesto los recursos” necesarios por parte del Gobierno y, haciendo alusión a casos como el de José Luis Ábalos, exministro condenado por corrupción, Muñoz ha dicho que “en el Ministerio de Transportes han ocurrido muchas cosas y no iban encaminadas a mejorar el servicio”.

En esa misma línea, la dirigente popular ha considerado que no tener Presupuestos Generales del Estado en toda la legislatura “tiene consecuencias”, insinuando que puede ser uno de los factores que ha provocado el accidente. Pero también ha considerado que puede haber influido “poner amigos en puestos técnicos”. No obstante, Muñoz ha considerado que “las responsabilidades van más allá” de Puente.

El PP ha registrado la petición de comparecencia de Sánchez en la Diputación Permanente, aunque Muñoz ha recordado que al estar disueltas las Cámaras por las próximas elecciones generales, ha de ser el jefe del Ejecutivo el que pida comparecer a petición propia. “Instamos al presidente de Gobierno a que acuda al Congreso a dar explicaciones”, ha asegurado. 

La portavoz 'popular' ha criticado que el Gobierno lleve años sin asumir “ninguna responsabilidad”, a pesar de haber tenido “auténticos desastres”. “No es razonable que el gobierno esté atrincherado y que nadie asuma la responsabilidad: ni por la corrupción, ni por los accidentes mortales”, ha criticado.

Sémper: “Una mayoría de españoles tiene miedo al tren”

Minutos después, el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, insistía en la responsabilidad superior del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, frente a las peticiones de dimisión a Puente, lanzadas por su propio partido por el accidente de tren de Urda. “Lo relevante no es qué va a hacer Óscar Puente, sino qué ha hecho quien le ha permitido ser ministro, Pedro Sánchez”, ha sostenido Sémper este viernes en una entrevista en Telecinco.

“Es indecente lo que estamos viendo, lo que venimos viendo en los últimos y los últimos meses y en los últimos años”, ha afirmado Sémper, quien ha denunciado una “gestión política que ha hecho que muchos ciudadanos, una mayoría de españoles, hoy tengan miedo de subirse a un tren, hoy desconfíen de los servicios públicos, desconfíen de la palabra de los gobernantes”.

La Junta Electoral Central (JEC) ha decidido este jueves incoar expediente sancionador al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el vídeo que publicó el lunes en sus redes y que fue grabado en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. El máximo organismo electoral considera que la grabación, en la que Sánchez reivindicaba el espíritu del Guernica de Pablo Picasso “podría haber vulnerado la prohibición establecida en el artículo 50.2 de la LOREG y la limitación a la obtención gratuita de medios proporcionados por las Administraciones Públicas fuera del período de campaña electoral prevista en el artículo 53 de la misma Ley”.

Así, la JEC admite una denuncia presentada por el PP y acuerda requerir a Sánchez “para que proceda a retirar el vídeo denunciado de los perfiles en redes sociales en los que haya sido difundido y se abstenga de realizar actuaciones durante el período electoral que pudieran implicar un aprovechamiento de los medios públicos de los que dispone por razón de su cargo”.

Además, le lanza esta advertencia: Recordar a la Presidencia del Gobierno y al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía el deber de neutralidad institucional exigible durante el período electoral y la prohibición de utilizar las instalaciones y recursos públicos para la realización de actuaciones de contenido electoralista“.

En el vídeo, Sánchez invocó al espíritu del “No a la guerra” para presumir haber mantenido los mismos principios en todos los conflictos bélicos acaecidos en los últimos años en el mundo y de hacerlo “sin dobles raseros”. Sánchez aparece en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía frente al célebre al Guernica de Picasso, una obra de arte que a su juicio representa “qué sucede cuando la barbarie se impone a la razón”.

El segundo expediente de la precampaña

Además, Sánchez quiso poner de relieve todas las veces en la que España ha tenido que defender en los últimos tiempos sus principios ante las guerras, “pese a las enormes presiones”. “Durante estos años, España ha defendido que ninguna guerra es inevitable, que ninguna vida vale menos que otra y que mirar hacia otro lado no debería ser nunca una opción”, proclama el jefe del Ejecutivo, quien ha subrayado que esta posición se ha defendido no sólo en Europa sino también en el resto del mundo.“ Y no ha sido fácil', confiesa.

En este contexto, el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno garantiza en el vídeo que España va a seguir defendiendo “una idea muy sencilla, pero muy poderosa: ”la convivencia“ porque, concluye, ”juntos somos más fuertes“ y porque ”hasta en los momentos más oscuros“ siempre se impone ”la luz de nuestros valores“.

El de este jueves es el segundo expediente que acumula Sánchez en la precampaña. El pasado día 15 la Junta Electoral Central le abrió otro al considerar que “determinadas manifestaciones realizadas” en la rueda de prensa del 6 de octubre posterior al Consejo de Ministros, justo un día después de anunciar el adelanto electoral, “podrían haber vulnerado la prohibición establecida en el artículo 50.2 de la LOREG y el deber de neutralidad política que deben respetar los poderes públicos durante los períodos electorales”.

Reconoce que con cada periodo electoral les ocurre lo mismo, que desde Correos deben dar explicaciones sobre el funcionamiento del voto por correo y que, una vez pasados los comicios, nadie pone en duda su validez. “Pero también es nuestro trabajo explicarlo”, añade Olga García, directora de Operaciones de la compañía pública, poco antes de comenzar la entrevista con elDiario.es en la sede de la calle del Conde de Peñalver de Madrid.

En conversación informal, García sí asume que desde hace unos años han surgido más voces que cuestionan su trabajo. “Es el tiempo que nos ha tocado vivir”, apunta. Durante la charla, la dirigente de Correos evita las valoraciones políticas y la crítica a dirigentes como el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que llegó a asegurar que confiaba en “los funcionarios” de Correos, pero no en sus directivos. Tampoco entra al trapo al ser preguntada por la reflexión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que pidió en un acto público que nadie votara por correo.

¿Cómo van las solicitudes del voto por correo en este proceso de las generales del 29 de noviembre, comparándolo con otros procesos y teniendo en cuenta que el último, el de 2023, fue un poco especial porque se celebró en julio?

Se está desarrollando con normalidad. Desde que arrancó el proceso, el día 6, se está haciendo la admisión en oficina de las solicitudes y también por la web. Efectivamente, no se puede comparar con el proceso de julio de 2023, pero estamos en los ratios normales de voto por correo. Es pronto todavía. Y es verdad que suele depender de la época del año porque no es lo mismo el verano, que es cuando la gente se va de vacaciones, que ahora, que todo el mundo está en su casa y es más fácil.

¿Hasta qué fecha se puede solicitar?

Hasta el 19 de noviembre. Y el voto se podrá ejercer desde el 9 hasta el 25. Hay bastante tarea de aquí hasta que acabe el proceso, porque todos son pasos secuenciales y se comprimen al final.

Ahora es el momento de solicitar el voto por correo. ¿Y luego qué ocurre?

Ahora lo que se está solicitando a la oficina del censo electoral es el certificado de inscripción en el censo. Esta solicitud le llega al censo, que después emite un sobre con toda la documentación electoral [las papeletas de cada partido, los sobres de votación y el sobre en el que introducirlos para su envío] para que el ciudadano pueda votar. Esta documentación electoral se le da a Correos en un sobre cerrado y Correos se la entrega en persona al elector que lo haya solicitado, también en persona. Para solicitar el voto tiene que ser el elector personalmente el que se dirija a una de las oficinas con su documento acreditativo, y si lo hace a través de la web, con un certificado digital válido. Después, Correos le entrega la documentación electoral en el domicilio que haya comunicado y en persona. Si no está en casa durante varios intentos, la documentación se deja en la oficina para que pueda recogerla cuando desee.

¿Es como si fuese un envío certificado?

Es un envío certificado. A la hora de recibir la documentación, el solicitante tiene que acreditar personalmente, con su DNI, que es el elector que la pidió. Los envíos certificados que se utilizan para el proceso electoral están trazados a través de un código de barras desde que entran en Correos hasta que se entregan. Así se sabe por dónde van a lo largo de la cadena logística, desde que se le entrega al votante documentación electoral hasta que se emite el voto.

Hasta que no estén las candidaturas proclamadas Correos no puede enviar esa documentación con las papeletas, ¿verdad?

Eso es. Ahora hay unas semanas en las que solamente la que está abierta es la solicitud de voto. Todavía no llega la documentación electoral [las papeletas para votar].

¿Cómo es posible garantizar que una persona que ha solicitado el voto por correo no pueda votar en mesa?

El presidente de cada mesa cuenta con un listado de todas las personas censadas en la misma y tiene marcadas las que han solicitado el voto por correo. Si has pedido votar por correo, ya no se te va a permitir votar en urna. Son el presidente de mesa y las personas que están allí constituyendo la mesa las que velan por que todo eso se desarrolle con normalidad, las que tienen esa información e impiden que esa persona vote de forma presencial.

Una vez que el elector decide votar por correo, ¿cómo se garantiza que ese voto es anónimo y que nadie lo va a tocar hasta que llegue a la urna?

La persona va a una oficina presencialmente, se vuelve a identificar y vuelve a construir lo que al final es un voto: un sobre certificado con código de barras que va cerrado y que, además, está protegido por la inviolabilidad de las comunicaciones postales que está en la Constitución. Luego circula en la red de transportes de Correos en bandejas diferenciadas que van cerradas con una tapa y precintadas, de tal forma que en la cadena logística se detecta en qué momento se abre esa bandeja y para qué se mueve el sobre, porque a veces hay que clasificarlo para dirigirlo a la unidad más cercana al colegio electoral. Durante todo ese trayecto el sobre cerrado con el voto va controlado en bandejas y en transporte diferenciado. Además, el transporte está balizado a través de coordenadas GPS y se puede conocer en todo momento dónde está el sobre con el voto y dónde se estaciona.

Tenemos sistemas de videovigilancia de 24 horas, siete días a la semana, que están conectados con nuestro centro operativo de seguridad, de tal forma que, en cualquier momento, si se detecta alguna anomalía, salta una alarma y se genera el procedimiento adecuado. Una vez que el voto se lleva a la unidad donde se custodia hasta el domingo electoral vuelve a contar con una vigilancia de 24 horas. El domingo electoral los carteros que ese día forman parte del dispositivo cogen los votos, los llevan a los colegios electorales y se los entregan al presidente de cada mesa, al que le dan la bandeja con los sobres y una relación de todos los sobres que van en ese envío. El presidente de la mesa tiene que cotejar que lo que le está entregando el cartero efectivamente coincide en número y en código de barras.

Y es el presidente de la mesa el que abre cada sobre y el que deposita el voto dentro de la urna.

Eso es. Pero eso se hace al final de la jornada electoral y el cartero no está ya allí. Al final de la jornada electoral, cuando ya ha terminado el voto en urna, el presidente de mesa introduce los votos por correo en la urna, se mezclan con todos los demás y es a partir de ese momento cuando puede empezar el escrutinio, no antes.

¿Hay alguna opción de que algún funcionario o trabajador de Correos pueda en algún momento cambiar el sentido del voto de alguna de esas personas que haya votado por correo?

No, en absoluto. No lo puede cambiar. Como le decía, el sobre con el voto va absolutamente trazado, cerrado, precintado y cuenta con videovigilancia. No hay ninguna posibilidad de que nadie lo cambie en ningún momento, tampoco el domingo electoral. Algo que avala la garantía del proceso son los años de trabajo en la compañía haciendo estos mismos procesos. Se ha demostrado la profesionalidad de todos los trabajadores. Dentro de la vocación de servicio público, en el voto por correo es quizá en lo que más arraigo tiene toda la compañía. Todos estamos concienciados desde el primero y hasta el último momento de que esto es un servicio esencial para la democracia y de que lo tenemos que hacer bien, con lo cual los procesos están muy definidos de principio a fin.

El marco legal sobre el que se sustentan los procesos es la LOREG y, además, todas las actuaciones tienen la supervisión constante de la Junta Electoral Central, que es con la que nos comunicamos y nos coordinamos para que el desarrollo del proceso sea el adecuado. Estamos hablando de 40.000 personas que están involucradas en el proceso y tenemos en el ADN de la compañía muy arraigada la profesionalidad que hay que demostrar en estos momentos, la neutralidad, la diligencia y el ser escrupulosos, porque este es un proceso clave para la ciudadanía.

¿Hay algún interés por parte de Correos de que haya un sentido del voto u otro?

Claro que no. Lo que intentamos es hacer bien nuestro trabajo, cumplir los procesos y servir para el servicio público que tenemos encomendado.

A partir de 2023 se estableció la obligación de presentar el DNI en Correos también cuando se efectúa el voto. ¿Antes el proceso era menos garantista?

Es la LOREG la que determina cómo hay que hacer las cosas. Hasta 2023, la Junta Electoral se ratificaba permanentemente en la idea de que sí era clave la identificación en la solicitud de voto y en la entrega de la documentación electoral, pero no tanto en el voto. Debido a una serie de incidentes que se produjeron en Melilla en 2023 la Junta Electoral cambió su doctrina para establecer que también se pida la identificación a la hora de entregar el sobre con el voto. En Correos no tenemos nada que decir. Nosotros obedecemos a lo que está establecido en la ley o a través de la Junta Electoral Central y así lo ejecutamos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido que no se vote por correo. Por su experiencia, ¿es menos garantista votar por correo que hacerlo en urna?

Es igual. No entro en valoraciones políticas. Cuando se determinó el proceso electoral en este país se articularon varios mecanismos para el voto presencial y el voto por correo. Ambos mecanismos están reforzados, han demostrado que funcionan y cualquiera de los dos son perfectamente válidos. Lo importante es que la gente exprese su voluntad. Que haya varios mecanismos siempre es bueno para que todo el mundo tenga opciones. Pero, en cualquier caso, es lo que estableció la ley.

Lleva trabajando mucho tiempo en esta empresa. ¿Cómo ha evolucionado la cantidad de personas que votan por correo en las últimas décadas?

La percepción de estos últimos años es que el proceso está consolidado. Depende mucho de la participación. Lo que detectamos mirando los números es la confianza en el proceso. Es verdad que la página web es un canal de entrada donde cada vez más hay más envíos. El certificado digital es cómodo y la solicitud de voto a través de esa vía está consolidado.

Feijóo dijo que confiaba en los trabajadores de Correos, pero que no en sus directivos. Como directiva, ¿qué le parecen esas palabras?

No soy yo la que tengo que apreciar consideraciones políticas. Desde el primero hasta el último trabajador de esta compañía tenemos claro lo que debemos hacer y nos dedicamos a hacerlo con la mayor profesionalidad.

Las fuerzas de carácter estatal a la izquierda del PSOE que se han presentado a las elecciones generales en la última década no han logrado nunca representación en el Congreso por 13 provincias, mientras en otras 18 han conseguido escaños siempre y, en el resto, los han obtenido en al menos uno de los cinco comicios celebrados desde 2015. Aquellas circunscripciones en las que la izquierda alternativa no ha obtenido diputados en esas citas electorales son las más pequeñas del territorio en número de habitantes y, por tanto, donde el umbral para conseguir representantes es más elevado.

En cambio, el espacio confederal se ve beneficiado en las provincias más grandes, donde ese porcentaje imprescindible es más bajo, que coinciden con los entornos urbanos más densos del país. La ley electoral establece que solo las candidaturas que superen el 3% de los votos en cada provincia entran en el reparto de escaños. Sin embargo, ese listón apenas importa en las provincias que reparten pocos diputados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las provincias que reparten tres escaños, solo pueden entrar como máximo tres partidos.

En provincias con menos de cinco escaños, en la práctica se producen barreras efectivas de entrada que hacen casi imposible que los partidos que quedan en cuarto o quinto lugar consigan un diputado. Esta barrera efectiva se mide como el porcentaje de voto más bajo que consiguió un escaño en esa provincia. En el siguiente mapa puedes ver las veces en las que la izquierda alternativa ha logrado representación en las distintas circunscripciones:

Las 13 circunscripciones en las que el espacio confederal no ha logrado escaños en las últimas cinco elecciones generales reparten 38 diputados. Seis son de Castilla y León (Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora), tres de Castilla-La Mancha (Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara), además de Cáceres, Teruel, Ceuta y Melilla. Ni siquiera con los resultados de Podemos en 2015 y 2016 (cuando obtuvo su mejor dato con alrededor del 20% de voto a nivel estatal) los morados consiguieron escaño en estas provincias. Las 13 reparten entre uno y cinco diputados al Congreso.

En otras 14 circunscripciones solo eligieron un diputado de este espacio en 2015, en 2016 o en las dos, en pleno auge de Podemos, y no han vuelto a hacerlo: Albacete, Almería, Badajoz, Burgos, Cantabria, Huesca, Jaén, La Rioja, León, Lleida, Lugo, Ourense, Toledo y Valladolid. Es decir, si contamos desde 2019, la izquierda alternativa no ha sacado escaño en 27 de las 52 circunscripciones. En 18 han logrado escaño siempre: Córdoba, Granada, Asturias, Illes Balears, Zaragoza, Pontevedra, Tarragona, Las Palmas, A Coruña, Cádiz, Murcia, Málaga, Bizkaia, Alicante, Sevilla, Valencia, Madrid y Barcelona. En las siete provincias restantes –Huelva, Navarra, Álava, Castellón, Gipuzkoa, Santa Cruz de Tenerife y Girona–, el espacio confederal ha estado representado en tres o cuatro elecciones de las cinco de la última década.

En circunscripciones como Cuenca o Teruel, los porcentajes necesarios para conseguir escaño son muy altos. En Cuenca, la barrera más baja desde 2015 fue el 26,8% de 2019. Unidas Podemos, en su mejor resultado, se quedó en un 13,2%. La izquierda tiene en estas provincias muy complicado conseguir escaños, incluso en porcentajes de apoyo de 2016, cuando Unidas Podemos obtuvo 71 escaños.

Precisamente teniendo en cuenta ese escenario electoral y las dificultades de la izquierda para obtener representación en las circunscripciones más pequeñas con este sistema electoral, en las últimas semanas se ha repetido el debate sobre la división de las candidaturas y las vías para que no se pierdan votos progresistas. Frente Amplio –el nuevo espacio que aglutina a 15 partidos como IU, Más Madrid, los Comuns y Movimiento Sumar– pactó con el PSOE listas conjuntas para el Senado y los socialistas plantearon también a esa nueva fuerza política acuerdos puntuales para el Congreso.

Pero Frente Amplio no contempla un pacto global con el partido de Pedro Sánchez para retirar sus candidaturas a la Cámara Baja. En Teruel, donde Chunta-Frente Amplio sí decidió no presentar lista “por responsabilidad”, aunque desde el espacio desvinculan esta iniciativa de cualquier conversación con los socialistas. Después, IU decidió ir por su cuenta presentando también una lista propia por Teruel, aunque finalmente este viernes se retiró.

No fue posible, en cambio, un acuerdo entre Frente Amplio y Podemos para concurrir juntos en las generales del 29 de noviembre. El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, confirmó hace unos días que Podemos va a concurrir con su propia marca en todas las circunscripciones de España. Las únicas excepciones serán las cuatro provincias catalanas (en las que Podemos se integrará en las listas de ERC), las tres valencianas (donde estará en la coalición Compromís - Front Valencià junto a la formación valencianista e IU) y las dos canarias (donde Podemos será parte de la alianza Unión del Pueblo Canario junto a Nueva Canarias, IU y Movimiento Sumar).

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha trufado la entrevista en la Cadena SER de este viernes de varias afirmaciones falsas con respecto a la edad de jubilación o la hucha de las pensiones. Estas son algunas de ellas:

El salario mínimo tiene una deducción en el IRPF

El líder del PP acusa al Gobierno de “llevarse el dinero de los trabajadores” y hacer un “buen negocio” con la subida del salario mínimo. Lo ha hecho con estas palabras: “El Gobierno obliga a las empresas a subir el salario, obliga a las empresas a subir las cotizaciones, y cuando ese trabajador recibe más salario, muchas veces supera la tarifa del IRPF que venía pagando antes y cotiza”. El propio entrevistador, Aimar Bretos, le ha recordado que el salario mínimo no paga IRPF: “No, no, estaba exento antes”, ha contestado el líder del PP, rememorando el debate que hubo entre Hacienda y Trabajo: “El Gobierno quería que estuviese incluido”.

Es cierto que hubo un choque en el seno del Gobierno al respecto, pero se saldó con un acuerdo a través de una deducción diseñada para que el SMI no pagase IRPF en la declaración de 2026 y un pacto para que el impuesto no se coma las nuevas subidas. De forma posterior, Feijóo ha aclarado que se refería a que el incremento de SMI con el PP “quedará exento de IRPF siempre, por ley y automáticamente”.

Carlos Cuerpo no dijo que haya “un problema” con las pensiones

Feijóo también ha mentido al atribuir al vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, unas supuestas declaraciones en su entrevista de hace unos días en Onda Cero que nunca dijo. “Que el vicepresidente económico del Gobierno en precampaña diga, oiga, vamos a tener un problema con las pensiones, vamos a tener que incrementar en su caso las cotizaciones, y pensar en un incremento de la edad de jubilación... Este es el diagnóstico del señor Cuerpo, que creo que tiene más legitimidad que el señor Sánchez”, afirmó Feijóo.

Sin embargo, Carlos Cuerpo en ningún momento dijo en esta entrevista que haya “un problema” con las pensiones. Tampoco que fuera a aumentar las cotizaciones sociales ni la edad de jubilación.

En realidad, Cuerpo afirmó que “la sostenibilidad de las pensiones está garantizada y la sostenibilidad de nuestra deuda pública también, es así de claro. Y el que quiera decir que no, pues tendrá que demostrarlo”. De hecho, el vicepresidente pidió no dar pábulo a discursos “alarmistas” como los del PP y Vox, que exigen reformas debido a esta supuesta insostenibilidad del sistema. “¿Qué reformas?”, insistió Cuerpo, que criticó que estas fuerzas no las expliciten, por lo que les pidió ser “valientes” sobre sus planes en esta materia.

Feijóo además tergiversa la única mención de Cuerpo a la edad de jubilación. No dijo que se valore un aumento de la edad de jubilación, sino que las reformas ya aprobadas (con incentivos que premian la demora de la jubilación, entre otros) ya están suponiendo un aumento de la edad “efectiva” de jubilación. Es decir, que la gente se está retirando más tarde del mercado de trabajo (con la misma edad legal para acceder a la pensión).

No es cierto que los médicos tengan un papel “secundario” en la eutanasia

Ha dicho que “el papel de los médicos, los especialistas, es secundario” en el proceso eutanásico. Eso es, directamente, falso. Los facultativos son quienes acompañan, deciden y, sobre todo, tienen la capacidad de revocar en cualquier momento la solicitud de muerte asistida de un ciudadano. “Es una ambigüedad médica clara”, apunta Fernando Marín, vicepresidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD).

España no es el tercer país con más deuda de la UE, es el quinto, según Eurostat

En el segundo trimestre de 2026 la deuda española se situó en el 101,4% del PIB, un 4,26% más que el año anterior, según los datos de Eurostat. El porcentaje equivale a unos 34.500 euros por habitante. Pero España no es el tercer país con más deuda de la Unión Europea, tal y como ha afirmado Feijóo en la Cadena Ser. 

En realidad, es el quinto, por detrás de Grecia (140,8%), Italia (139,9%), Francia (119,1%) y Bélgica (110,2%). Sí es cierto que el país supera casi en 18,5 puntos porcentuales la media de la Unión Europea, que se situó en el 82,9% de deuda pública.

“Aznar dejó una hucha de las pensiones como ningún otro presidente”

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero fue quien dejó una hucha de las pensiones en su máximo, por delante de José María Aznar. El fondo alcanzó los 66.815 millones de euros al cierre de 2011. Cuando Aznar salió de la Moncloa, el saldo era de 19.330 millones.

“Quien más se ha llevado dinero de los trabajadores ha sido el Gobierno”

La teoría de Feijóo es que el Gobierno ha incrementado el salario mínimo para ganar más dinero. “El Gobierno ha hecho un buen negocio subiendo el salario mínimo porque quien más dinero de los trabajadores se ha llevado ha sido el Gobierno”, ha afirmado, en la entrevista. 

Que los trabajadores paguen un porcentaje mayor de IRPF cuando se les sube el sueldo no tiene nada que ver con que el Gobierno y sus miembros vayan a ganar más dinero. Lo que sí se incrementa es la recaudación fiscal que sirve para financiar los servicios públicos. Por tanto, a quien mejor le viene que se suban los sueldos, además de a los propios trabajadores afortunados, es al conjunto de la ciudadanía que cuenta así con una mejor financiación del Estado del bienestar. 

“Se acabó el tiempo de unir a los partidos y empieza el tiempo de unir a la gente”, aseguró este sábado el cabeza de lista de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado. “A pesar de la decepción y del hartazgo por lo que ha ocurrido estos días, es nuestra obligación salir ahí fuera y darlo todo”, dijo, por su parte, la también candidata por la capital por Podemos, Irene Montero. Ambas fuerzas asumieron este sábado el fracaso de sus negociaciones que en la medianoche del viernes hizo saltar por los aires cualquier opción de una candidatura unitaria en todo el Estado —solo concurrirán juntos en la Comunitat Valenciana y Canarias— y las dos se propusieron mirar hacia adelante con caminos distintos, pero con objetivos similares: frenar al “fascismo” con el que identifican a un posible Gobierno de PP y Vox tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

Dejar de lado el debate de las siglas y comenzar la precampaña con propuestas es la única estrategia en común del Frente Amplio y Podemos tras el fiasco del viernes. La puesta en escena del día después fue manifiestamente distinta por parte de los dos espacios. La coalición de 15 partidos encabezada por IU, Más Madrid, los Comuns y Movimiento Sumar optó por arrancar el camino hacia el 29N en un abarrotado auditorio al aire libre de Madrid en tono mitinero y festivo. A apenas unos kilómetros de allí, Podemos celebró un Consejo Ciudadano Estatal en el que intervinieron Montero y Ione Belarra ante las caras largas de sus compañeros de filas.

Los dirigentes del Frente Amplio evitaron en sus intervenciones criticar a Podemos con nombre y apellidos, mientras Montero y Belarra lanzaron reproches hacia quienes hasta hacía unas horas eran sus potenciales socios para el nuevo ciclo electoral. “Ayer [por el viernes] llegamos a tener acuerdos avanzados e incluso hechos en muchos territorios, pero fueron bloqueados por los partidos del Frente Amplio, mientras pactaban presentarse al Senado con el PSOE”, llegó a decir la candidata por Madrid de los morados.

Montero pidió disculpas por la falta de acuerdo, pero criticó de Sumar su “forma de gobernar y su cercanía al PSOE”. La aspirante a la Presidencia del Gobierno del Frente Amplio, Ada Colau, lamentó, sobre las negociaciones fallidas: “Sé que habrá gente decepcionada y lo siento, pero toda la gente que estuvo trabajando hasta el último minuto lo ha dado todo, hasta el último minuto no bajamos los brazos, se ofreció todo. Pero si alguien no se quiere sentar a una mesa no se le puede obligar”.

La coalición de 15 partidos intentó restar importancia a esas dos candidaturas —o más— a la izquierda del PSOE en prácticamente todas las circunscripciones del país al considerar que es Podemos el que se ha descolgado de la unidad y que este partido es “residual” y sin opciones, según remarcaron a elDiario.es todos los dirigentes del espacio consultados que asistieron al mitin del Auditorio del Parque del Manzanares de Madrid.

El partido morado, por su parte, considera que su fortaleza es la alianza con la ERC de Gabriel Rufián —el nombre fue mencionado varias veces por Belarra y Montero—, aunque ese acuerdo sea únicamente en Catalunya y beneficie, en realidad, a los intereses de los republicanos, que consideran así que desactivan allí a su principal rival electoral: los Comuns, integrados en el Frente Amplio.

El problema para la izquierda alternativa es que el sistema electoral penaliza la división en casi todas las provincias de España, más cuanto menos poblada esté la circunscripción. Esas provincias pequeñas están sobrerrepresentadas en el Congreso en relación a su población, pero como aun así eligen pocos escaños —en términos absolutos—, la ley tiende a concentrar el reparto de diputados entre las fuerzas con mayor porcentaje de voto y, para optar a un acta, el porcentaje requerido suele ser muy elevado.

43 días “para movilizar a la clase trabajadora”

En público, todos los mensajes fueron dirigidos a mirar hacia adelante. “Tenemos 43 días para movilizar a la clase trabajadora”, dijo, encendido, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. “Nos quieren con los brazos caídos y van a tener lo contrario. Ni media confesión, ni media distracción, a defender a la gente trabajadora hasta la victoria”, añadió.

“La política también es generosidad, también es buen hacer, y la política está llena de gente sencilla y corriente que hace bien las cosas”, apuntó, minutos después, Toni Valero, el portavoz de IU dentro del Frente Amplio. “Aquí está la gente organizada, aquí está el Frente Amplio”, remachó. “Sabemos que no estamos todas, pero estamos 15 organizaciones políticas que quieren parar el fascismo, para que ni un solo voto progresista vaya a la basura”, agregó Tesh Sidi, en nombre de Más Madrid.

Ada Colau fue recibida por los 1.500 asistentes al grito de “presidenta, presidenta” y quiso despejar las dudas sobre su compromiso. “No voy a desertar”, les dijo, a quienes aún la consideran una paracaidista en la política madrileña –o estatal– tras años de militancia en Catalunya. Pero es precisamente su perfil, forjado primero en la Plataforma Antidesahucios (PAH) y, después, como alcaldesa de Barcelona, el que todos los partidos del Frente Amplio consideran como su principal activo en un contexto en el que Pedro Sánchez adelantó las elecciones por la crisis de la vivienda y la caída de los decretos promulgados tras el desahucio de la ya fallecida Maricarmen, símbolo de las luchas que perviven en plazas como la Puerta del Sol de la capital.

“La mayoría social vive con la vivienda en la cabeza”, dijo Colau, que recordó los primeros desahucios que frenó la PAH cuando ella era una de sus principales cabezas visibles, hace más de una década. “Somos los inquilinos y pequeños propietarios, los de los barrios y los pueblos, que sabemos que con estos precios no se puede seguir viviendo”, añadió, entre aplausos.

En el Frente Amplio son conscientes de que a no ser que se produzca un giro inesperado en sus perspectivas electorales, tendrán que formar tándem con el PSOE en la próxima legislatura si los números dan para que no haya un Gobierno de PP y Vox. Pero la precampaña y la campaña las van a utilizar para diferenciarse de los socialistas. “El PSOE va a utilizar el miedo a la llegada del fascismo como único argumento en la campaña electoral. Pero no es suficiente con movilizar al miedo para frenar a la extrema derecha”, apuntó Colau, que añadió: “El PSOE ha frenado muchos avances en vivienda de forma escandalosa durante muchos años. El PSC también nos decía que era imposible frenar los desahucios en Barcelona, pero nos inventamos las competencias y creamos una unidad de mediación que frenó miles de desahucios en Barcelona”. 

Emilio Delgado había pedido minutos antes dejar de lado “las arenas movedizas” de la izquierda confederal de las últimas semanas. “No more dramas, se acabaron los dramas, no estamos aquí para ajustar cuentas con nadie. La gente no necesita culebrones, no necesita drama”, añadió. Los objetivos programáticos del Frente Amplio serán, según dijo, “repartir las rentas” de una forma más justa, pero como Colau, destacó el tema de la vivienda, reclamando pisos públicos y “alquileres asequibles”. “Hoy vengo a abrir puertas a quienes vengan de una tradición o de otra, a los que están ilusionados y los que no. Si es tu caso, esta es tu casa, y a pelear por los derechos y la justicia social y que sean otros los que administren el miedo”, agregó.

El tándem Montero-Rufián

La vía para frenar al “fascismo” de Podemos la verbalizó su secretaria general, Ione Belarra, en el reducido acto de la dirección de su partido. A su juicio, “la gente trabajadora” tiene que votar por “las únicas personas” que pueden “plantarle cara de verdad a la derecha”, que para ella son Irene Montero y Gabriel Rufián. “Podemos ha trabajado incansablemente estas semanas para lograr las candidaturas más amplias posibles. Aunque no hemos llegado tan lejos como nos habría gustado, estamos satisfechas de haber logrado un acuerdo de cooperación histórico con ERC. Porque son las dos personas más confiables a la hora de plantarle cara a la derecha”.

La vivienda también ha sido uno de los ejes de la intervención de Montero, que ha asegurado que Podemos afrontará la campaña para acabar con el negocio de la vivienda, bajar el coste de la vida, mejorar los salarios y defender los servicios públicos, bajo el lema “Paz, casa, trabajo”. “Me voy a dejar la piel, junto a Gabriel, en esta campaña”, señaló.

La precampaña de la izquierda alternativa comienza así con caminos separados para el Frente Amplio y Podemos, que deberán conjugar esa distancia con una estrategia común en las dos únicas comunidades en las que concurrirán juntas: Comunitat Valenciana y Canarias. Ambas son conscientes de que lo mejor que puede ocurrir en las próximas semanas es que el electorado de la izquierda olvide el espectáculo de los últimos días. También asumen que si tras el 29N hay opciones de una nueva mayoría progresista, estarán condenadas a entenderse. Se lo deben a todos esos votantes de la izquierda plural que no han entendido la división de las papeletas en el cada vez más rápido camino hacia las urnas.

La larga noche del viernes en la que el Frente Amplio y Podemos constataron su imposibilidad de conformar una candidatura unitaria para las generales del 29 de noviembre ha marcado este sábado el mitin de presentación de la alianza de 15 partidos, entre ellos Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comuns a la que han asistido miles de personas en un parque de Madrid.

“Sé que habrá gente decepcionada y lo siento, pero toda la gente que estuvo trabajando hasta el último minuto lo ha dado todo, hasta el último minuto no bajamos los brazos, se ofreció todo. Pero si alguien no se quiere sentar a una mesa no se le puede obligar”, ha asegurado la candidata a la Presidencia del Gobierno de Frente Amplio, Ada Colau, entre gritos de “presidenta, presidenta”.

Sin mencionar directamente a Podemos, Colau ha recalcado que ya no va a hablar de siglas en toda la campaña y ha garantizado la unidad de acción de todas las formaciones del espacio. La exalcaldesa de Barcelona ha querido pasar página de las convulsas negociaciones con Podemos y ha celebrado “un gran pacto de 15 formaciones”. “Pero esperábamos que estuviéramos aún más, que en lugar de 15 formaciones fuéramos al menos 16”, ha enfatizado.

Justo antes, el cabeza de lista del Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, había llamado este sábado a superar las “arenas movedizas” que han agitado a la izquierda confederal en las últimas semanas ante la fallida negociación con Podemos. “No more dramas, se acabaron los dramas, no estamos aquí para ajustar cuentas con nadie”, ha dicho Delgado durante el mitin que ha tenido lugar en el Auditorio del Parque del Manzanares de la capital.

“La gente no necesita culebrones”

“Se acabó el tiempo de unir a los partidos y empieza el tiempo de unir a la gente”, ha añadido ante un auditorio entregado. “La gente no necesita culebrones”, ha añadido, además de reivindicar las luchas por la vivienda, las pensiones o la igualdad. “Hay que dar un gran salto hacia adelante en este país para romper la desigualdad en este país”, ha concluido Delgado. 

En la misma línea, el portavoz de IU, Tony Valero, ha reivindicado la creación del Frente Amplio como “un proyecto de esperanza” para el “pueblo”. “La esperanza es algo que se construye, que se amasa en cada lucha social”, ha destacado. Valero ha remarcado que los negociadores de la alianza se han pasado “dos semanas enterradas” para buscar un acuerdo, y ha recordado: “La política también es generosidad, también es buen hacer, y la política está llena de gente sencilla y corriente que hace bien las cosas”.

La primera en intervenir era la dirigente de Más Madrid, Tesh Sidi, que ha lanzado otro mensaje similar: “Sabemos que no estamos todas, pero estamos 15 organizaciones políticas que quieren parar el fascismo, para que ni un solo voto progresista vaya a la basura”. Sidi ha querido dejar de lado las discrepancias con Podemos que impidieron una candidatura conjunta hasta la medianoche ha señalado que arranca la precampaña “con ganas de empezar a hablar de la vida de la gente”.

Vivienda y pensiones como bandera

Además de las alusiones a 'la interna', los discursos de todos los portavoces de los distintos partidos que han intervenido en el mitin de este sábado han reivindicado la vivienda y las pensiones como los principales pilares de su estrategia. “Hemos venido a cambiar las cosas y somos los que queremos más”, reivindicaba la portavoz de Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero, durante la presentación de la coalición.

“Aquí no se rinde nadie”, ha dicho, por su parte el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, sobre las expectativas de la izquierda en las elecciones generales del 29 de noviembre. “Tenemos 43 días para movilizar a la clase trabajadora”, ha añadido, además de exigir “frenar” a la ultraderecha. “Nos quieren con los brazos caídos y van a tener lo contrario. Ni media confesión, ni media distracción, a defender a la gente trabajadora hasta la victoria”, ha dicho.

“Con el Frente Amplio en pie no se tocan las pensiones, con nosotros en pie se controlan los alquileres, se suben los salarios y pagan los que tienen que pagar”, ha dicho, además de reivindicar las políticas de Sumar en el Ejecutivo. “Estar en el Gobierno sirve cuando estás dispuesto a plantarte: o hay decretos ley de vivienda o no hay Consejo de Ministros”, ha recordado Martínez, en alusión al plante de los ministros de Sumar ante el PSOE. A su juicio, “la política de vivienda ha tenido un freno que se llama PSOE y un acelerador que es la calle”. “Al PSOE le decimos que lo conseguido importa, pero que no puede pedir a la gente que se conforme”, ha concluido.

En nombre de los Comuns, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha alertado de que las derechas “vienen con las políticas de la motosierra”, utilizando para ello la próxima visita del presidente argentino, Javier Milei, a Madrid. “No vamos a permitir que asalten las instituciones para ponerlas al servicio de las oligarquías”, ha dicho Urtasun. 

Entre aplausos, el titular de Cultura ha asegurado que la derecha “se ha quitado las caretas” ya en la precampaña. “En esta campaña vamos a necesitar un Frente Amplio que diga muy claras las cosas. La derecha está diciendo las cosas muy claras. Ya han dicho la verdad, van directos a cargarse nuestro sistema público de pensiones y es algo que no vamos a permitir. No vamos a permitir que la herencia de pensiones vengan cuatro oligarcas para que acabemos como EEUU, con personas de 70 años trabajando. Esta no es nuestra España y no se lo vamos a permitir”, ha remarcado.

Acuerdos en Comunitat Valenciana y Canarias

Frente Amplio y Podemos constataron anoche sus insalvables diferencias sin poder registrar una coalición para concurrir juntos a las elecciones generales 29 de noviembre. Las excepciones son la Comunitat Valenciana y Canarias, donde la presencia de partidos territoriales fuertes como Compromís, en el caso valenciano y Nueva Canarias, en el del archipiélago sí ha permitido que se conformen alianzas que incluyen tanto a Podemos como a IU.

En las 47 circunscripciones restantes —todas menos las tres valencianas y las dos canarias—, Podemos y el Frente Amplio (este último con diferentes formulaciones en función del territorio) presentarán listas separadas a las elecciones. También sus candidatas serán distintas: Irene Montero la de los morados, ocupando el puesto número uno en la lista de Madrid, y Ada Colau la de la alianza de IU, Comuns, Más Madrid y Movimiento Sumar, encabezando la de Barcelona.

El Defensor del Pueblo ha decidido interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la suspensión del derecho al voto a personas nacionalizadas por la Ley de Memoria Democrática, tal y como ha informado el departamento que dirige Ángel Gabilondo este viernes a última hora.

En un comunicado, la institución explica que en su recurso Gabilondo ha solicitado medidas cautelarísimas y que se pronuncie sobre la interpretación del Tribunal Supremo (TS) acerca “de la suspensión del derecho fundamental al voto de los españoles nacionalizados de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática”.

Ángel Gabilondo ha adoptado esta decisión tras haber recibido diversas peticiones de solicitud de amparo ante el TC de particulares y entidades, y tras haber analizado la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS del pasado lunes, 12 de octubre, cuando confirmó mantener la suspensión de votar a personas nacionalizadas por la mencionada ley, para que puedan, si así lo desean, ejercitar su derecho al sufragio activo en las próximas elecciones generales.

La ratificación por parte del Supremo de las medidas cautelares que congelan el derecho al voto de los descendientes de represaliados del franquismo amenaza con impedir la participación en las próximas generales de más de 160.000 españoles que se acogieron a la ley de nietos, cuenten o no con documentos que acrediten el exilio de sus antepasados.

En sus autos, el Alto Tribunal distingue entre dos formas de acceso a la nacionalidad. Por un lado, quienes aportaron documentos del exilio de sus antepasados. Y, por otro, quienes se acogieron a la instrucción que daba por exiliado a cualquiera que hubiera salido de España entre 1936 y 1955 y sobre la que el Supremo ha lanzado sospechas de que puede ser irregular. De acuerdo a esos autos, el primer grupo sí puede votar. Pero la decisión que han tomado los jueces es suspender preventivamente el sufragio de todos. Y dejar en manos de los consulados la tarea de cribar cada expediente. 

Pese a la decisión del Alto Tribunal, este jueves la Junta Electoral Central acordó dar la orden a la Oficina del Censo Electoral de enviar la documentación para poder votar el próximo 29N a los 2,7 millones de electores inscritos en el CERA, el censo de los españoles que residen de forma permanente en el exterior. La documentación se enviará también, por tanto, a los 163.020 nacionalizados a través de la ley de nietos a los que el Tribunal Supremo ha pedido dejar fuera de estos comicios. Y por eso el acuerdo incluye un aviso de que habrá electores que no podrán votar de acuerdo al mandato del Alto Tribunal.

La Junta Electoral Central ha abierto expediente sancionador al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar que “determinadas manifestaciones realizadas” en la rueda de prensa del 6 de octubre posterior al Consejo de Ministros, justo un día después de anunciar el adelanto electoral, “podrían haber vulnerado la prohibición establecida en el artículo 50.2 de la LOREG y el deber de neutralidad política que deben respetar los poderes públicos durante los períodos electorales”.

A juicio de la Junta Electoral, que atiende así parcialmente sendas denuncias presentadas por PP y SALF, en esa rueda de prensa en la Moncloa Sánchez “no se limitó a informar sobre el contenido de los reales decretos leyes aprobados, sino que introdujo manifestaciones valorativas relativas a la actuación de su Gobierno, a los partidos de la oposición y a la necesidad de obtener una nueva mayoría parlamentaria”. En concreto, el máximo organismo electoral se refiere a frases en las que el jefe del Ejecutivo presumió de su gestión. “Con esa forma de hacer política, y ahí están los resultados económicos, en términos de empleo y también de desigualdad, hemos sacado adelante nada más y nada menos que 33 leyes, 43 reales decretos ley y dos reformas constitucionales en esta legislatura”, dijo Sánchez.

“Y es que en 2018 la hucha de las pensiones estaba en 5.000 millones de euros y hoy la hucha de las pensiones está en 20.000 millones”, fue otra de las frases que rechaza la Junta Electoral. “Yo creo que este gobierno ha hecho mucho durante estos últimos ocho años por la vivienda”, dijo también el presidente, que añadió: “Hemos multiplicado por ocho los presupuestos. Hemos también dado a las comunidades autónomas 7.000 millones de euros para que construyan más vivienda protegida”.

Asimismo, la Junta Electoral considera que Sánchez “realizó apreciaciones críticas sobre los partidos de la oposición”. El presidente del Gobierno denunció, por ejemplo, que en el último Pleno del Congreso “no solamente decayeron los reales decretos ley, sino que también cayeron las caretas de los grupos parlamentarios”. “Y ahí está el PP, ahí está por supuesto Vox, lo que pasa es que a Vox no le meto en la ecuación porque no entiendo que hagan política, es otra cosa”, añadió.

Finalmente, la Junta Electoral considera que Sánchez “vinculó las medidas anunciadas con la necesidad de obtener una nueva mayoría parlamentaria”. “Necesitamos una mayoría más rotunda, más contundente, si queremos llegar más lejos y queremos llegar antes en la respuesta a la crisis de la vivienda”, dijo Sánchez.

Para el organismo electoral “estas manifestaciones, consideradas en su conjunto, exceden de la exposición objetiva de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros, al incorporar referencias a los logros de la acción gubernamental, valoraciones críticas sobre otras formaciones políticas y alusiones a la necesidad de obtener una mayoría parlamentaria más amplia en las elecciones convocadas”. “El presidente del Gobierno puede defender su posición política y criticar las de otras formaciones, pero durante el periodo electoral no puede hacerlo prevaliéndose de los medios públicos de los que dispone en razón de su cargo”, zanja.

PP y PSOE se encuentran en una situación de empate técnico a nivel electoral. Un informe elaborado Ateneo del Dato utilizando los datos del Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de octubre, hecho público este mismo miércoles, realiza un cálculo alternativo al de la cocina del instituto que dirige José Félix Tezanos y concluye que, en este momento, el porcentaje de voto tanto de socialistas como de populares sería muy similar, cercano al 28% de los sufragios para cada uno de ellos. Esta estimación contrasta con la realizada por el CIS, que ha disparado el apoyo al PSOE y ha reducido el del PP, aumentando así la ventaja de los socialistas a 11,8 puntos respecto a los populares.

Para realizar su cálculo, al que ha denominado el 'contra-CIS', Ateneo del Dato, empresa que elabora las encuestas que publica elDiario.es, se basa en la intención directa de voto que recoge el Barómetro del CIS, que da un 25,3% de los apoyos para el PSOE, un 14,7%, al PP; un 11,6%, a Vox; un 4,5%, a Sumar, y un 2,2%, a Podemos. La estimación de Tezanos, es decir, una vez aplicada la llamada 'cocina' utilizando distintas variables como el recuerdo del voto, otorga un 34% de los sufragios a los socialistas; un 22,2%, al PP; un 17,1%, a Vox; un 6,1%, a Sumar y un 3,1%, a Podemos.

Con su estimación, el CIS da al PSOE 11,8 puntos de ventaja, pero corregido el sesgo muestral con el método de Ateneo del Dato, PSOE y PP se quedan a solo 0,3 puntos y Sumar y Podemos suman el 10,9% (dos décimas por encima que con la estimación de Tezanos). Aunque en la mencionada situación de empate técnico, en votos las elecciones las ganaría el PSOE con un 28,6% de los votos, frente al PP, que lograría un 28,3%.

El reparto de escaños

La estimación del CIS no se traslada a escaños, pero la proyección de Ateneo del Dato sitúa al PP con más diputados que el PSOE, siempre teniendo en cuenta los porcentajes antes referidos. Los populares alcanzarían los 119 parlamentarios, frente a los socialistas, que obtendrían 116. Vox, al que Ateneo del Dato da un 17,5% de los apoyos (cinco décimas más que el CIS), obtendría 66 diputados. Y Sumar o Frente Amplio (nueva denominación de la alianza entre Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los Comuns), alcanzaría el 7,9% de los votos, 1,8 puntos más que con la estimación del CIS, y 15 escaños. Podemos pasaría del 3,1% que le da el CIS al 3% que le otorga Ateneo del Dato, con una proyección de dos escaños.

Con todo, según esta proyección la suma de PP, Vox y UPN alcanzaría 186 escaños, diez por encima de la mayoría absoluta. Y la reedición de una alianza de PSOE y Sumar como la que gobierna en estos momentos el país apenas se quedaría con 131, a 45 diputados de la mayoría absoluta. Es decir, que en este escenario la izquierda no tendría opciones de reeditar la mayoría de investidura que mantuvo a Pedro Sánchez en la Moncloa, en 2023, ya que la suma de todos sus socios parlamentarios se quedaría en 32 diputados. No obstante, Ateneo del Dato destaca que el actual “es el mejor momento del PSOE desde la crisis de Ceuta, el caso Zapatero o la guerra de Irán”.

La metodología

Para esta estimación, en Ateneo del Dato ha utilizado los microdatos del barómetro del CIS. Según explican desde la compañía demoscópica, “la muestra de esta encuesta, como ocurre habitualmente, está muy desequilibrada en el recuerdo de voto”. “El 32,1% de los entrevistados afirma haber votado al PSOE el 23J, cuando los votos de los socialistas representaron el 22,1% del censo electoral de residentes (CER); una diferencia de 10 puntos. Con el PP ocurre lo contrario: sus votantes están infrarrepresentados. Esto provoca que en la muestra hay cerca de dos votantes del PSOE por cada uno del PP, cuando en el 23J no fue así”, apuntan.

“Este sesgo de composición hay que corregirlo antes de estimar, pero el instituto público no lo hace, así que su estimación lo arrastra. Para corregirlo, partimos de la matriz de transferencias, que muestra qué hace hoy cada grupo de electores según lo que votó en las últimas elecciones: si repite su voto, si elige otro partido, si se abstiene o si está indeciso. Después aplicamos esas proporciones al tamaño real de cada grupo según los resultados oficiales del 23J. Esto equivale a ponderar la muestra por recuerdo de voto, de modo que el peso de cada electorado lo fijan las urnas y no la composición de la encuesta. Además, repartimos a los indecisos en proporción a lo que declaran los votantes de su mismo origen. También introducimos una corrección sobre quienes se abstuvieron en estos comicios, porque las encuestas suelen recoger mal al grupo de los abstencionistas, por lo que tienden a sobrestimar su intención de votar. Por último, para el reparto de escaños proyectamos la estimación nacional sobre los resultados de cada provincia en 2023 mediante un _swing_ uniforme. Los escaños de cada circunscripción se asignan con la ley D’Hondt, aplicando el umbral legal del 3% de los votos”, añade Ateneo del Dato.

En cuanto a la fidelidad del voto, Vox sería el partido que más apoyos retendría respecto a los resultados que obtuvo en 2023. El 73% de los ciudadanos que hace tres años votaron a la fuerza de Santiago Abascal repetiría el próximo 29 de noviembre, frente a un 8% que se iría al PP. Respecto a los votantes del PSOE, repetiría su apuesta por Sánchez el 63,6% de los encuestados. Solo un 4,7% de quienes apoyaron al PSOE el 23J se iría al PP, y el resto optaría por otras fuerzas de izquierda y nacionalistas. En el caso del PP repetiría el 62,7%, pero un 13,4% de quienes en 2023 votaron por Feijóo lo haría ahora por Abascal.

Ateneo del Dato es un proyecto integrado por analistas de datos e investigadores sociales especializados en metodologías cuantitativas y cualitativas. Su finalidad es analizar y explicar, desde una perspectiva empírica, las problemáticas, actitudes y tendencias que configuran la sociedad española y su entorno.

El proyecto está dirigido por Víctor Pérez-Guzmán, analista con formación en Economía, Derecho y Ciencias Políticas, especializado en análisis de datos sociales y electorales. Su trayectoria comenzó en la investigación aplicada y el estudio del comportamiento social, y ha evolucionado hacia el diseño de arquitecturas de datos en entornos cloud y el desarrollo de modelos predictivos basados en patrones de comportamiento.

Actualmente compagina la dirección de Ateneo del Dato con la construcción de sistemas analíticos avanzados, incluyendo enfoques de aprendizaje federado orientados a la predicción y al análisis descentralizado de datos.

La precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre comienza con el PSOE como primera fuerza, siempre según el Barómetro de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) hecho público este miércoles. El estudio, elaborado entre el 1 y el 6 de octubre, recoge el pulso de los ciudadanos ante el desahucio de Maricarmen Abascal, el rechazo a los decretos de vivienda en el Congreso por el voto en contra de PP, Vox y Junts y, finalmente, el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez el pasado día 5.

De todo ese escenario el principal beneficiado sería el PSOE, siempre según el instituto que dirige José Félix Tezanos. Los socialistas crecen respecto al mes pasado y pasan del 31% de los votos de septiembre al 34% actual, tres puntos más e incluso por encima del resultado que obtuvieron en las generales del 23J de 2023 (31,7%). Como el PP cae más de tres puntos (pasa del 25,5% de septiembre al 22,2% actual) la ventaja del PSOE sobre los populares se dispara y alcanza los 11,8 puntos.

La candidatura de Pedro Sánchez capitalizaría así el descontento social por la vivienda que se disparó con el desahucio de Maricarmen –el estudio se hizo antes de su muerte, el pasado día 7– y que ha desembocado en acampadas como las de la Puerta del Sol de Madrid.

El CIS augura que Vox crece hasta un 17,1%, aunque solo lo hace en medio punto respecto a septiembre por lo que no consigue rentabilizar la caída del PP. Por primera vez el instituto que dirige Tezanos menciona al Frente Amplio como la alianza de Sumar, IU, los Comuns o Más Madrid. Citado como Sumar-Frente Amplio, el proyecto mejora sus perspectivas respecto a la estimación de voto de Sumar de septiembre. La alianza contaría ahora con el 6,1% de los votos, cuatro décimas por encima que el mes pasado. En cambio Podemos cae al 3,1%, seis décimas por debajo que en septiembre.

El barómetro se conoce en plenas negociaciones entre Frente Amplio y Podemos para intentar encontrar una candidatura única para el 29N. El plazo para llegar a ese acuerdo finaliza en la medianoche del viernes.

Respecto a la valoración de líderes, Pedro Sánchez vuelve a ser el favorito como posible presidente del Gobierno para el 39,3% de los encuestados, lo que supone una ventaja de 24,6 puntos sobre Alberto Núñez Feijóo, que es el preferido por el 14,7%. Santiago Abascal es la opción preferida para el 13,8% y Gabriel Rufián, para un 12,3%.

Otro mes más y, en esta ocasión, marcado por las protestas por los desahucios, el principal problema de España, según los encuestados por el CIS, vuelve a ser la vivienda (55,7%), seguida de la inmigración (20,9%) y de la crisis económica (20,3%). Los problemas que los españoles consideran que más les afectan de manera personal son la vivienda, en primer lugar, con el 33,8%; la crisis económica, en segundo lugar, con el 30,3%; y la sanidad, con el 24%.

El 88,9% asegura que ha oído hablar del desahucio de Maricarmen. Entre quienes han oído hablar de este caso, el 75,1% cree que tiene “mucha o bastante” importancia un desahucio como este, mientras que un 22,7% afirman que “poca o ninguna”. El 57,1% de los que conocen el caso de Maricarmen creen que “la protección de personas vulnerables” es el aspecto más importante a tener en cuenta en estas situaciones; por el contrario, el 32,7% opina que lo importante es el “cumplimiento de la ley y los contratos”. Y el 7,1% considera que son dos aspectos para valorar por igual.

Apoyo a los decretos de vivienda

El 82,3% de los españoles coincide en que hay que priorizar “el derecho a la vivienda como un derecho constitucional”. Asimismo, el 80,4% conoce que el Gobierno ha aprobado dos decretos de vivienda; entre los que están informados sobre el decreto, el 47,2% lo valora “muy o bastante positivamente”. Entre las diversas medidas de esos decretos, el 87,9% está favor de la “línea de crédito de 50.000 euros del ICO sin intereses ni comisiones para la compra de la primera vivienda”, el 81,4% está a favor de “rebajas de impuestos a propietarios/as que bajen o congelen el alquiler” y otro 81,4% de “rebajas de impuestos a los/as inquilinos/as”. También hay que destacar que el 75,1% está a favor de un “impuesto generalizado del 10% a los pisos turísticos”. Opiniones en las que, en su mayoría coinciden los votantes de los diferentes partidos.

Los insultos y las descalificaciones de dirigentes de las derechas de PP y Vox contra Maricarmen, la anciana fallecida este miércoles a los 87 años, han sido una constante en las últimas dos semanas, especialmente desde que la señora fue desahuciada de su domicilio, el pasado 23 de septiembre. Son los mismos partidos que este jueves, un día después de la muerte, han vetado las concentraciones y los minutos de silencio en instituciones que controlan, como el Ayuntamiento de Madrid o la Asamblea regional.

Precisamente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue una de las líderes populares que con más contundencia trató de ridiculizar el desahucio de Maricarmen. Solo unos días después de que la imagen de la anciana siendo sacada a la fuerza y en camilla de la que fue su casa durante 70 años, Ayuso dijo: “Quieren que el inquilino se quede la casa si tiene una edad determinada. Que me avisen, dejo de pagar y en la siguiente manifestación de inquilinas me uno y cambio las reglas del juego a la gente que me abre su casa”. Maricarmen nunca dejó de pagar su alquiler aunque la presidenta madrileña lo insinuara con esa reflexión.

Este miércoles, apenas unas horas antes de que se conociera la muerte de la anciana madrileña, otro dirigente del PP, el delegado municipal de Vivienda en el Ayuntamiento del municipio malagueño de Benalmádena, José Luis Bergillos, iba incluso más allá. Durante una reunión del Consejo Sectorial de Vivienda de la localidad andaluza, Bergillos calificó a Maricarmen “como una puta sinvergüenza con miles de euros en el banco”.

Después se disculpó ante las que consideró unas “desafortunadas declaraciones”. Según argumentó anoche, con su insulto explícito su intención era “denunciar el uso partidista que se está pretendiendo hacer de uno de los principales problemas que sufre nuestro país, como es la necesidad de vivienda”. “Tengo claro que he cometido un grave error y ni es mi forma de ser, ni de proceder, por ello quiero pedir disculpas”, añadió.

Vox culpa a Sánchez de la muerte

Desde Vox, la cuenta oficial del partido tuiteó el siguiente mensaje desde su cuenta oficial de X el 27 de septiembre, apenas unos días después del desahucio: “Toda España sabe que si en vez de Maricarmen fuera Morocarmen, tendría casa”. “Si Maricarmen hubiera sido Morocarmen, tendría una vivienda de protección oficial”, repitió este mismo miércoles, solo unas horas antes de la muerte de la anciana, el portavoz de la extrema derecha en el Parlament de Catalunya, Ignacio Garriga.

La primera reacción del partido de Santiago Abascal tras el fallecimiento fue, además, la de culpar a Pedro Sánchez de lo ocurrido. “Han matado a Maricarmen. Sin ningún escrúpulo han utilizado el sufrimiento de una persona mayor para montar una campaña que ocultase la responsabilidad del Gobierno en el desastre de la vivienda. La responsabilidad de Pedro Sánchez, como dijo Maricarmen. Que se sepa quien ha traído la ruina y la muerte (en el apagón, en la DANA, en Adamuz, en Ceuta) a España”, tuiteó Vox en la noche del miércoles.

“Si prohibes desahuciar a vulnerables, nadie va a alquilar a vulnerables”, llegó a defender también el diputado de Vox Carlos Hernández de Quero. Hermann Tertsch, eurodiputado de la formación de extrema derecha, ha llegado a pedir una autopsia al cadáver de la anciana. “Procede una autopsia de Maricarmen. Ahora que sabemos de las instrucciones de la trama del gobierno de Sánchez para eliminar a la juez Biedma y conociendo las acusaciones directas de Maricarmen contra Pedro Sánchez como máximo culpable de su desahucio es imprescindible conocer exactamente las causas de esta súbita muerte”, ha escrito en X.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fue el único líder político junto a Abascal en intentar mezclar la muerte de Maricarmen con la precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. “Quiero trasladar mi pésame a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Ni campaña, ni partidos, ni utilización interesada. No más piedras en el muro. Ante la muerte de una persona solo cabe el respeto”, dijo, este miércoles.

En un Pleno del Congreso, el propio Feijóo llegó a acusar a la izquierda de estar “más pendientes de la casa de Jéssica [la expareja de José Luis Ábalos] que de Maricarmen”. Lo hizo durante una pregunta que le formuló al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Una vez que Pedro Sánchez ha decidido este lunes convocar un Consejo de Ministros extraordinario para adelantar las elecciones al 29 de noviembre y disolver las Cortes, toda la actividad parlamentaria queda supeditada a la Diputación Permanente del Congreso. Ese será el órgano que deberá convalidar o no los nuevos decretos de vivienda que el Gobierno tiene previsto aprobar este martes y, por tanto, un día después de que se disuelvan tanto la Cámara Baja como el Senado.

Con la composición del Congreso de la XVI Legislatura que está a punto de finalizar existen mayorías diferentes en el Pleno y en la Diputación Permanente. En el Pleno, la única manera de conformar mayorías que tenía hasta ahora el Gobierno dando por hecho el 'no' sistemático de PP y Vox para sus propuestas era sumando a los votos de PSOE y Sumar –que gobiernan en coalición desde 2023– a los del resto de fuerzas de izquierda y las nacionalistas e independentistas. El pasado viernes los decretos de vivienda no contaron con ese apoyo porque Junts se descolgó en el último momento y tumbó los textos, propiciando además que Sánchez decidiera adelantar las elecciones.

Sin embargo, en la Diputación Permanente el Gobierno no necesita a Junts para lograr más 'síes' que 'noes' a sus iniciativas. El máximo órgano de decisión del Congreso fuera del periodo de sesiones está formado por 68 diputados, además de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Como en el Pleno, la principal fuerza política es el PP, que cuenta con 27 representantes; el PSOE tiene 25, Sumar y Vox cuentan con seis, respectivamente, y ERC, PNV, Junts, EH Bildu y Grupo Mixto tienen uno cada uno. En este último caso, la que representa a ese grupo es Ione Belarra, de Podemos.

A diferencia del Pleno, en el caso de la Diputación Permanente los decretos pueden ser convalidados con la suma de PSOE, Sumar, PNV y el resto de fuerzas de izquierda, que alcanzan los 35 votos, frente al bloque de PP, Vox y Junts, que alcanza 34.

Los precedentes

A la Diputación Permanente le corresponde “velar por los poderes de la Cámara cuando esta no está reunida”. “Cumple un papel de sustituto del Pleno del Congreso para que determinadas y especiales funciones no queden desatendidas cuando el Congreso haya sido disuelto o haya expirado su mandato”, señala el Congreso en su propia web. Es el caso, por tanto, de la convalidación de los decretos-leyes dictados por el Gobierno o, en un caso extremo, “la información, autorización y declaración, según los casos, de los estados de alarma, excepción y sitio.” Sus miembros se distribuyen en forma proporcional entre los distintos grupos parlamentarios, para reflejar la composición de la Cámara.

Existen precedentes en los que la Diputación Permanente ha sido la encargada de convalidar reales decretos leyes aprobados por el Gobierno una vez disueltas las cámaras y en un periodo preelectoral como el actual. Lo que nunca ha sucedido es que sean decretos similares o idénticos –está por ver su redacción en el Consejo de Ministros de mañana– a los rechazados apenas unos días antes por el Pleno, como es previsible que ocurra con los textos sobre vivienda.

En abril de 2019, solo unos días antes de las generales, la Diputación Permanente convalidó seis decretos que el Ejecutivo había aprobado una vez disueltas las Cortes. En concreto, ese órgano dio luz verde a un texto sobre medidas urgentes en materia de alquiler, el que amplió el permiso de paternidad, otro que aumentó los límites de superávit de las instituciones, uno más que recuperó el subsidio para desempleados de larga duración desde los 52 años y los de la estiba y un acuerdo con Reino Unido.