El empresario Víctor de Aldama, condenado por el Tribunal Supremo a cuatro años y medio de cárcel en el caso Mascarillas –si bien el tribunal le libró de la entrada en prisión por colaborar con la Justicia– destacó este martes haber tenido que pagar impuestos por las comisiones millonarias que le reportó su negocio como comisionista durante lo peor de la pandemia.

En una entrevista en Telemadrid, Aldama confesó que con las operaciones recogidas en la causa ganó “los 3,7 millones de las mascarillas obviamente y luego a lo mejor dos millones más”. “Quiero decir, los seis millones que cuantifica el informa de la UCO”, explicó durante un programa en la televisión autonómica madrileña.

Preguntado por si se había quedado con “todo el dinero”, Aldama respondió: “No. Ha habido que pagar impuestos sobre esos 3,7 millones de euros, casi 1,8 millones, el resto obviamente me lo he quedado yo”. A renglón seguido, Aldama hacía mención al exministro José Luis Ábalos y al que fue la 'mano derecha' de este, Koldo García, ya que dijo que “de lo que se ha ganado del resto de dinero la mayoría ha ido a parar parar ellos, mucho más, aparte de lo que se iba para el partido”.

Con esas palabras Aldama insinuaba pagos al PSOE que no se han registrado en ninguna de las pesquisas en las que se construyó la causa de las mascarillas. Preguntado sobre su actividad actual, el empresario aseguró que las empresas que tiene “ahora mismo” están “paralizadas todas, porque están todas en cautelares”.

“Sobre todo mi negocio principal era el tema inmobiliario. Sigo con el tema inmobiliario, sigo haciendo otra serie de operaciones y sigo viendo oportunidades para hacer negocio”, concluyó, al ser preguntado por su trabajo.

Pese a la condena del Supremo por esas operaciones que le sitúan como el corruptor del caso, el empresario no tendrá que entrar en la cárcel después de que los jueces, teniendo en cuenta su confesión, hayan suspendido la ejecución de su condena a cambio de no volver a delinquir y hacer trabajos para la comunidad.

El empresario no solo no tendrá que entrar en prisión después de ser condenado por el Tribunal Supremo a más de cuatro años de cárcel sino que, además, no deberá afrontar la multa de 3,7 millones de euros que pedía en su escrito de acusación la Fiscalía Anticorrupción por haberse hecho, gracias a información privilegiada, con las adjudicaciones de mascarillas.

El 47,8% de los españoles considera que la Justicia no actúa de forma imparcial en España, frente al 34,9% que cree que jueces y fiscales siempre realizan su trabajo de forma objetiva. Un 31,8% de la ciudadanía afirma que los tribunales actúan “con más dureza” contra la izquierda, frente a un 16% que asegura que es más severa con la derecha y un 17% evita pronunciarse. Sobre quienes sí se pronuncian, la cifra de ciudadanos que cree que la Justicia no actúa de forma imparcial es del 57,8%, mientras que el 42,2% considera que sí trabaja de forma objetiva. Estos datos se recogen en la encuesta de Ateneo del Dato para elDiario.es elaborada entre el 9 y el 12 de junio y, por tanto, después de que salieran a la luz las investigaciones al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez y a la exmilitante socialista Leire Díez.

La percepción de la actuación de la Justicia es, de hecho, muy diferente en función del recuerdo de voto y de los ejes izquierda-derecha. Los votantes del PP son los que más confían en la imparcialidad de la Justicia, seguidos de los de Vox. En cambio, los electores de PSOE y Sumar consideran de forma mayoritaria que la Justicia actúa con más dureza cuando se trata de investigar o juzgar a miembros o dirigentes de la izquierda.

Cuando las causas que afectan al PSOE copan titulares y tanto Leire Díez cómo José Luis Rodríguez Zapatero esperan las próximas actuaciones de los tribunales, una gran mayoría de los votantes socialistas (un 56%) cree que la Justicia en España no actúa de la misma manera ante la corrupción, independientemente de si los investigados son de izquierdas o derechas. El 47,9% de los españoles que en las últimas elecciones generales votaron a los socialistas opina que la Justicia “actúa con más dureza contra la izquierda” y un 8,1%, que es más dura contra la derecha. Un tercio de los votantes del PSOE, el 30,6%, sostiene, en cambio, que sí, “la Justicia siempre actúa de forma imparcial”.

Es llamativo cómo este último porcentaje se amplía en el caso de los votantes del PP. Una gran mayoría, el 58,1%, considera que la Justicia es imparcial independientemente de si los investigados son de izquierdas o de derechas. Solo un 18,6% cree que “actúa con más dureza contra la derecha” y un 10,4% de los votantes populares, afirma que lo hace con más dureza contra la izquierda. En el caso de los votantes de Vox, el 39,1% confía en la imparcialidad de los tribunales aunque un 36,2% afirma que es más dura contra la derecha y un 11,4%, que es más taxativa con las fuerzas o dirigentes progresistas.

Los votantes que menos confían en la imparcialidad de la Justicia son los de Sumar. Solo un 17,1% de los ciudadanos que en las últimas generales apoyaron a la coalición encabezada entonces por Yolanda Díaz cree que “la Justicia siempre actúa de forma imparcial” independientemente de si los investigados son de izquierdas o de derechas. La gran mayoría, un 65,1%, afirma a su vez que jueces y tribunales actúan “con más dureza” contra la izquierda y solo un 9,1% de los votantes de Sumar cree que es más severa contra la derecha.

Ateneo del Dato también pregunta a los encuestados con qué partido asocian más la corrupción política. El PSOE es el principal perjudicado. Un 41,9% de los españoles asocia la corrupción a los socialistas, frente a un 32% que la vincula con el PP y un 6,2% que la relaciona con Vox. En las respuestas hay, no obstante, un gran sesgo partidista. Así, un 71,5% de los votantes del PP y un 69,2% de los de Vox asocia directamente la corrupción con el PSOE, porcentajes que se reducen notablemente en los casos de los electores socialistas (un 29,6% vincula al PSOE con la corrupción) y Sumar (11,4%).

Entre los electores progresistas, en cambio, la situación se da a la inversa. Un 50,2% de los votantes del PSOE y un 69,4% de los de Sumar asocian la corrupción al PP. Un 7,6% de los ciudadanos que en las generales apoyaron a los socialistas vinculan a Vox con la corrupción, un porcentaje que se amplía al 9,5% en el caso de los votantes de Sumar.

La encuesta se realizó en la semana en la que se conocieron novedades en el caso de Zapatero, como la tasación judicial de las joyas incautadas en su despacho que las valoró en 1,3 millones de euros y la apertura de una pieza separada para investigar si se cometieron delitos contra el fisco y contrabando. Ateneo del Dato es un proyecto integrado por analistas de datos e investigadores sociales que tratan de analizar y explicar, desde una perspectiva empírica, las problemáticas, actitudes y tendencias que configuran la sociedad española y su entorno. El proyecto está dirigido por Víctor Pérez-Guzmán, analista con formación en Economía, Derecho y Ciencias Políticas, especializado en análisis de datos sociales y electorales.

Moncloa ha afirmado este sábado que la decisión del juez Juan Carlos Peinado de sentar en el banquillo a Begoña Gómez “constata la persecución, la obsesión y la desproporción” de un magistrado que ha llevado a cabo una instrucción “que carece de todo sentido jurídico y que sólo atiende a motivos políticos”. Además de mandarla a juicio con un tribunal del jurado, Peinado ha ordenado que se le retire el pasaporte y la obligará a ir periódicamente a firmar a Plaza de Castilla.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado el auto de “ignominia”. “Un auto en el que se llega a afirmar que ¡puede ser la propia Policía que custodia a Begoña Gómez la que le ayude a fugarse! Esto lo está consintiendo la Audiencia Provincial de Madrid y el CGPJ”, ha criticado. Se refiere a un fragmento del auto en el que Peinado asegura que los escoltas de Begoña Gómez podrían “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores” colaborar en “facilitar la fuga” que haga imposible “que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”.

Fuentes del Gobierno apuntan a la existencia de “vínculos” del juez y su familia con Ayuso: “Es todo lo mismo. Casado, el fiscal general... todo para tapar la corrupción de Ayuso”, aseguran. Desde el PSOE, además, remarcan que “Begoña Gómez es inocente” y critican que “algunos han intentado construir una condena pública sin existir pruebas que la sostuvieran y han jugado con la reputación y la vida de una persona por el simple hecho de ser la mujer del presidente del Gobierno”.

Para los socialistas la decisión conocida este sábado “es un paso más en esa estrategia”. “Las medidas cautelares adoptadas son desmedidas, desproporcionadas e imposibles de justificar después de dos años de investigación en los que no ha aparecido prueba que acredite delito alguno”, sentencian. Fuentes de Ferraz consideran, de hecho, que las medidas “llegan dos años después de una persecución injusta contra una persona inocente. Dos años en los que se ha intentado destruir su reputación y utilizar su nombre como arma política contra el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE”. Se trata, añaden esas fuentes de “una persecución que ya ha causado un daño irreparable a Begoña, pero que también ha socavado la imagen de la Justicia y la democracia”.

El juez ha mantenido la tensión durante toda la semana. La vista para decidir sobre las cautelares tuvo lugar este lunes y este viernes Peinado abrió una segunda pieza separada contra el empresario Juan Carlos Barrabés, sembrando la confusión durante unas horas al emitir una providencia en la que salían los participantes de la investigación principal, sin aclarar a quién achacaba concretamente los nuevos delitos. Luego tuvo que aclararse a sí mismo para explicar que afectaba únicamente a Barrabés. El auto de apertura de juicio oral, de más de 80 páginas, ha llegado finalmente este sábado.

La decisión contrasta con la adoptada por el juez José Luis Calama sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que decidió no poner ninguna medida cautelar por su condición pública, similar a la de Gómez. En su auto, Calama aseguró que “el investigado es una persona de pública notoriedad, circunstancia que dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de ilocalización o sustraerse discretamente al procedimiento”.

La causa llegará a juicio dos años y medio después de que Peinado arrancase las pesquisas. En este camino, la Audiencia Provincial de Madrid ha avalado parte de la investigación, pero también ha corregido algunos de sus excesos, como cuando le ordenó cerrar varias líneas de investigación abiertas, levantar la imputación de tres investigados o anular el registro que ordenó en el domicilio y las empresas de Barrabés cuando estaba ingresado en el hospital aquejado de una grave enfermedad. 

El juez Juan Carlos Peinado ha decidido enviar a juicio a Begoña Gómez, retirarle el pasaporte y obligarle a comparecer quincenalmente ante el juzgado cinco días después de su comparecencia el lunes en los juzgados de la Plaza de Castilla. El magistrado ha tomado la decisión después de que durante esa vista una de las acusaciones populares del caso, el grupo ultracatólico HazteOir, solicitara precisamente que le fuera retirado el pasaporte y que fuera obligada a comparecer cada 15 días en el juzgado. También impone idénticas medidas a la exasesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, pero no al empresario Juan Carlos Barrabés. La comparecencia quincenal no podrá ser en cualquier juzgado, sino que tendrá que ser en el de Peinado, situado en la Plaza de Castilla de Madrid.

La petición de HazteOir, que dirige la acción popular, se produjo al término de la audiencia preliminar. Fue el último acto previo al juicio al que se dirigen la mujer del presidente del Gobierno y los otros dos procesados si no lo impide la Audiencia Provincial de Madrid, la instancia que revisa las decisiones de los jueces de instrucción, como Peinado. En una vistilla celebrada a continuación se abordó la cuestión de las medidas cautelares.

La decisión de Peinado contrasta con la adoptada por el juez José Luis Calama sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que decidió no poner ninguna medida cautelar por su condición pública, similar a la de Gómez. En su auto, Calama aseguró que “el investigado es una persona de pública notoriedad, circunstancia que dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de localización o sustraerse discretamente al procedimiento”.

“Su visibilidad pública y manifiesto arraigo en el territorio, unidos a la ausencia de cualquier indicio de intención evasiva, excluyen razonablemente la existencia de un riesgo de fuga real y actual. Tampoco se aprecia riesgo de ocultación o destrucción de fuentes de prueba, pues los elementos relevantes ya han sido intervenidos y la investigación no depende de actuaciones que el investigado pudiera obstaculizar. En este contexto, la imposición de comparecencias apud acta o la retención del pasaporte con prohibición de salida del territorio nacional no resulta necesaria, al no existir un riesgo procesal que requiera ser conjurado mediante tales medidas. Su adopción supondría una restricción injustificada del derecho a la libertad personal y a la libre circulación, incompatible con el principio de proporcionalidad”, consideró Calama.

Peinado, en cambio, considera que “el criterio de ponderación lógico es presumir que a mayor gravedad de la pena, más intensa puede ser la tentación de la huida y mayor el perjuicio que, en caso de materializarse la fuga, sufriría la finalidad de preservar la acción de la justicia”, en el caso de Begoña Gómez como en el de su exasesora. Así, Peinado considera que “las graves responsabilidades penales, todavía en sede indiciaria, así como los posibles contactos con otros posibles miembros de la organización aún no conocidos, pero que pudieran facilitar su sustracción, acrecientan el riesgo de fuga, que en ningún caso queda enervado por el hipotético arraigo alegado por todos ellos, no constando en muchos de ellos, como decimos, otros medios lícitos de vida más allá de su vinculación criminal”.

Los escoltas podrían “facilitar” la fuga, según Peinado

Es más, para el juez el hecho de que Gómez tenga escolta policial y, por tanto, esté siempre acompañada por autoridades no impide el riesgo de que la esposa del presidente huya de España. Cree, incluso, que los policías podrían ayudarle a fugarse. “Lo que no cabe duda es que, esos agentes en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”.

En su auto, Peinado ordena mandar a juicio a Begoña Gómez, a la que atribuye los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Son los mismos delitos que le atribuye a Álvarez. A Barrabés, en cambio, le atribuye tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.

Respecto a la esposa del presidente del Gobierno, Peinado considera que “habría venido aprovechando su proximidad al Presidente del Gobierno para impulsar su proyección profesional en el entorno de la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo para ello una interlocución singular con responsables de una universidad pública, con empresas patrocinadoras y con entidades del sector tecnológico, al tiempo que recababa apoyo, financiación, colaboración y respaldo institucional y empresarial para la creación, desarrollo y expansión de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva y de los proyectos surgidos en su seno”.

En ese mismo marco, añade el auto, “la investigación ha permitido constatar la integración funcional de Juan Carlos Barrabés en el proyecto académico de la Cátedra al mismo tiempo que sociedades de su grupo resultaban beneficiadas por adjudicaciones públicas avaladas o apoyadas por Begoña Gómez, así como la captación de financiación y ventajas de empresas con intereses o vínculos con el sector público, extremo que, en su conjunto, presenta rasgos susceptibles de integración en los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios”.

Sobre Álvarez, el juez Peinado asegura que “no actuaba como mera acompañante ocasional” sino como “asistente y apoyo logístico permanente de la actividad profesional y académica” de Begoña Gómez pese a tratarse de “actuaciones completamente ajenas a las funciones institucionales de la Presidencia del Gobierno, que era quien abonaba su sueldo”. Un puesto en el que Jaime de los Santos, hoy alto cargo del PP de Alberto Núñez Feijóo, llegó a ser denominado por la prensa como “chico para todo” de la esposa de Mariano Rajoy, Elvira Rodríguez, por llevar sus bolsas durante jornadas de compras de ropa.

El magistrado citó personalmente este lunes a la mujer del presidente y el resto de acusados bajo la amenaza de que, en caso de no presentarse, podrían ser “conducidos por la fuerza pública”. Su argumento era que, ante las altas penas a las que se exponen, “se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo” de que se fuguen. Junto a Gómez está imputada su asistente, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, aquejado de una grave enfermedad y al que se ha podido ver acceder con dificultad a los juzgados de Plaza Castilla, ayudado por un bastón.

La defensa de Begoña Gómez daba por hecho que en esta ocasión se abordaría la posibilidad de que se tomara algún tipo de medida cautelar contra ella, como la retirada del pasaporte, por lo que sí ha asistido, a diferencia de lo que hizo en anteriores ocasiones. En estas citaciones estuvo representada por su abogado, posibilidad que incluye la Ley del Jurado y que aclara una circular de la Fiscalía General del Estado de 1995.

El escrito en el que las acusaciones ultras pedían 24 años de cárcel para Begoña Gómez por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida ya daba pistas al respecto al solicitar al juez que tomara medidas como la retirada del pasaporte o las comparecencias quincenales en el juzgado. Formulaban esta petición ante el “evidente y fundado riesgo de fuga” derivado de “la gravedad de las penas solicitadas”. 

El juez Peinado rechazó prácticamente todas las diligencias que las partes habían pedido que se celebraran en la audiencia preliminar de este lunes. Por ejemplo, la defensa de Barrabés solicitó la declaración de más de una veintena de testigos, pero el juez determinó que escucharles no era “imprescindible” para decidir sobre la procedencia de abrir juicio. También rechazó que se abordaran los últimos informes periciales que ha presentado la defensa de Begoña Gómez, que sí están incorporados al procedimiento. 

Begoña Gómez y la Complutense

Parte de la investigación impulsada por el juez Juan Carlos Peinado gira en torno a la actividad profesional de Begoña Gómez en la Complutense. Según el juez, desde la llegada de Pedro Sánchez, primero a la Secretaría General del PSOE y, sobre todo, al Gobierno, “se tomaron determinadas decisiones públicas favorables” a la cátedra que Begoña Gómez codirigió en esa Universidad gracias a su “posición relacional”.

En esta línea, las acusaciones populares lideradas por HazteOir defienden que Begoña Gómez se valió de la influencia derivada de ser la esposa del presidente para favorecer a empresas de Barrabés en adjudicaciones públicas e impulsar de forma irregular la creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid. 

Durante la vista de este lunes, Camacho ha defendido que la vinculación de Gómez con ese campus comenzó en 2012, cuando Pedro Sánchez “no ostentaba responsabilidad pública alguna”, que fue ella quien “inventó” el término “Transformación Social Competitiva” que dio nombre a la dirección de la cátedra extraordinaria que asumió en 2020 o que ese cargo no conllevaba “retribución económica alguna”. 

La Fiscalía se ha expresado en términos similares. En sus escritos, el fiscal José Manuel San Baldomero ha criticado que el juez Peinado haya tachado de “irregular, corrupta y delictiva” cualquier actividad realizada por la esposa de Pedro Sánchez “forzando la conexión de actividades profesionales o cotidianas e institucionales como si de una trama u organización criminal se tratara”. Y también ha atacado el mantra de los negocios privados de Begoña Gómez, que cobró 34.314 euros en una década de colaboración con la Complutense. “No parece que el lucro sea sospechoso ni disparatado”, dejó por escrito el fiscal.

Sobre la supuesta apropiación indebida del software vinculado a la cátedra, las acusaciones ultras defienden que “se apropió y puso bajo su poder de control y disposición” el programa en perjuicio de la Complutense porque no lo entregó a pesar de que estaba obligada a ello.

La defensa de Begoña Gómez viene subrayando, sin embargo, que el convenio de la cátedra preveía crear una plataforma tecnológica gratuita propiedad de la Complutense. Y que las empresas colaboradoras ingresaron directamente las aportaciones económicas en el patrimonio de la universidad, así como que fue la propia Complutense quien licitó los contratos necesarios. Además, la defensa ha insistido en que el software nunca llegó a finalizarse ni a usarse debido a que la Complutense canceló la cátedra, por lo que ni Begoña Gómez se lucró ni la Universidad sufrió ningún perjuicio patrimonial.

El aval de los jueces de la Sección 23

La Sección 23 de la Audiencia Provincial ha corregido algunos aspectos de la instrucción de Peinado, como su insistencia en investigar la supuesta participación de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa, pese a los informes de la UCO que descartaban tal posibilidad. Sin embargo, los magistrados de la instancia superior han avalado los indicios de delito de malversación presentados por Peinado. Ese delito arrastra a los demás para que todos sean juzgados por un tribunal popular.

En diciembre pasado, los jueces de la Sección 23 llegaron a argumentar que el puesto de la asistente Cristina Álvarez siempre había sido ocupado por un experto en protocolo, una afirmación que contrasta con la realidad de los perfiles de los asistentes de otras esposas de presidentes del Gobierno.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero fue tajante ante el juez instructor de la Audiencia Nacional al referirse a la supuesta sociedad off shore que la presunta trama habría planeado crear en Dubai para cobrar la comisión del 1% que habría pactado con Plus Ultra a cambio de lograr que prosperara el rescate público de la aerolínea: “Jamás en mi vida he oído hablar de una sociedad off shore”.

En el audio de la declaración de Zapatero ante el juez José Luis Calama, al que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado se muestra muy interesado por concretar qué personas asistieron a finales de enero de 2021 a una comida en la marisquería Portonovo. Esa comida fue reservada de manera presencial por un escolta del expresidente ante la imposibilidad de que la secretaria, Gertrudis Alcazar, lograra mesa por teléfono. El juez, que alabó la relación calidad precio del sitio, haciendo ver que ha sido cliente, le preguntó al expresidente si recordaba haber asistido.

Zapatero, que en un inicio respondió que “puede ser” que esa cita tuviese lugar, luego dijo que no recordaba quién asistió a la misma, pero cuando el juez le preguntó por quién sería el segundo comensal, indicó que pudo ser Tomás Guerrero, persona de la órbita del PSOE que conoció al hilo de su interés por la comida halal y que era experto en finanzas.

El juez le recordó que para la investigación es “muy importante” concretar quién asistió a esa comida porque en un mensaje del día siguiente a ese ágape, Guerrero y Julio Martínez Martínez —su amigo y persona clave en la trama por ser el administrador de la empresa Análisis Relevante— ya hablaban de la creación de esa sociedad off-shore en Dubai.

Zapatero respondió al juez que repasaría su agenda de esos días porque su secretaria Gertrudis es muy minuciosa con sus citas. Pero indicó al respecto que ese asunto de la conexión de la comida con la creación de una sociedad fue de lo que más le sorprendió al leer el auto de imputación. “Una de las cosas que cuando leí el auto de imputación más me sorprendió. Se dice que yo di directrices para la creación de sociedades offshore, yo no he hablado nunca en vida con nadie de una sociedad offshore y ni sé lo que es”, indicó. Después de su declaración, la defensa del exdirigente presentó un escrito con una “autorización universal voluntaria” para que el juez Calama pueda comprobar que no tiene ningún tipo de dinero o activo en el extranjero a su nombre.

Calama le insistió en que comprobara en las agendas el dato porque la hipótesis es que se creó esa sociedad en Emiratos Árabes Unidos (“que no son precisamente muy colaboradores con la justicia española”) para que otra sociedad de Julio Martínez, Idella Consulenza, cobrara “la mordida” por el rescate público.

“Eso es muy pertinente que lo compruebe y sea exhaustivo. Es uno de los temas importantes”, le dijo. El juez le explicó en hasta dos ocasiones que le resultaba llamativo que su oficina cerrara la comida y que luego él no fuera y dejó caer que otra opción podría ser la de que, aunque no asistiera, sí supiera de lo que se iba a tratar en la misma.

Cabe recordar que la UDEF considera que fue idea del expresidente la creación de esa offshore. La Policía lo deduce de un correo incautado y fechado un día después de esa comida en el que Guerrero hace referencia a una conversación mantenida “ayer” y le traslada a Julio Martínez Martínez la documentación necesaria para constituir la sociedad. Para la UDEF, lo que comentaron Guerrero y Martínez el día anterior tuvo que producirse necesariamente en esa comida con Zapatero.

“No tuve ninguna intervención. No hablé con nadie, absolutamente con nadie, del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable”. Así respondió el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero al juez José Luis Calama en su interrogatorio de este miércoles en la Audiencia Nacional, según el audio de esa declaración, al que ha tenido acceso elDiario.es.

El rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra en la pandemia está en el origen de las pesquisas y fue uno de los asuntos en los que se centró el interrogatorio del magistrado. Mensajes intervenidos a otros investigados incluyen “referencias constantes” de directivos de Plus Ultra a recurrir a lo que llamaban la “vía Zapatero” para sortear las dificultades en la tramitación de la ayuda. Les exponen mostrándose confiados en que el expresidente diera un “toque técnico desde arriba”, alardeando de tener al “pana Zapatero detrás” y admitiendo su disposición a pagar mordidas.

Ante el juez, Zapatero defendió que él no había ejercido “absolutamente ninguna influencia” en el citado rescate y mantuvo que “toda” su “actividad profesional” se ha desarrollado “conforme a la legalidad”. Admitió únicamente haber hablado en una ocasión con el directivo de Banco Santander Juan Manuel Cendoya para que recibiera a ejecutivos de la aerolínea en una “gestión parecida” a la que ha hecho por “muchísima gente”.

No firmó un contrato con Análisis Relevante

En el centro de las pesquisas están los supuestos trabajos de consultoría que realizó para Análisis Relevante, la consultora de su amigo Julio Martínez Martínez, y por los que cobró medio millón de euros. La tesis de los investigadores es que, en realidad, cobró a cambio de mediar en el rescate de Plus Ultra y otras prácticas de tráfico de influencias, un extremo que Zapatero negó tajantemente. “Es un lenguaje que rechazo radicalmente”, respondió cuando el magistrado le preguntó por las alusiones de otros imputados al supuesto cobro de una “mordida”. 

El juez se interesó en varias ocasiones por el “rastro formal” de esos trabajos. Ahí, Zapatero admitió que nunca firmó un contrato con Análisis Relevante —dijo que operaban bajo “un acuerdo” dada la “confianza” que tenían—, que recibía “verbalmente” los encargos de informes de consultoría y que no sabía lo que iba a cobrar cuando recibía los encargos porque el “acuerdo” era que cobraría una “cantidad global” de en torno a 90.000 euros al año.

Plus Ultra, que opera la línea Madrid-Caracas, tenía contratado a su amigo Julio Martínez Martínez como una especie de conseguidor para resolver sus problemas en Venezuela. La aerolínea le pagó de forma directa o indirecta más de 900.000 euros entre 2020 y 2024. En ese mismo período de tiempo, la consultora de este empresario abonó más de 700.000 euros a la familia del expresidente: 490.780 a Zapatero y 239.755 a Whathefav, la agencia de marketing de sus hijas. 

Zapatero defendió que esos cobros eran “en proporción al trabajo” realizado: “Yo he dedicado muchísimo tiempo y trabajo a las tareas de Análisis Relevante en apoyo de sus clientes, en reuniones, viajes, asesoramiento, etcétera”.

Sobre la empresa de sus hijas: “Sí, he apoyado a mis hijas y trabajan bien”

El expresidente explicó ante el juez que propuso a Julio Martínez Martínez que sus hijas “prestaran una colaboración formal con Análisis Relevante”. “Sí, he apoyado a mis hijas”, dijo. “En mi opinión trabajan bien, tienen trabajadores y precisamente por ser quienes son nunca han concursado a una administración pública”, añadió. Y explicó que su función era dar apoyo en marketing, comunicación digital y encargarse de la maquetación e infografía de los informes estratégicos elaborados para los clientes.

El juez también se interesó por el más de medio millón de euros que la agencia de Laura y Alba Rodríguez Espinosa recibió de otra sociedad, Inteligencia Prospectiva, propiedad de dos hermanos venezolanos y que también hizo pagos a Análisis Relevante. Aseguró que no intervino “absolutamente para nada” en la relación comercial que forjaron sus hijas con dicha sociedad ni revisó las condiciones de esos acuerdos.

Los audios de la declaración del expresidente ante el juez también evidencian cómo este último intentó preguntar al exdirigente socialista por las joyas halladas en su despacho, que le han llevado a abrir una pieza separada del caso Plus Ultra y a acusar a Zapatero de contrabando y delito fiscal.

“Vale, y ahora vamos a las dichosas joyas. Que ya sé que creo que se ha recurrido. Sí, bueno, como sabe, el recurso no es suspensivo. Sobre esto. ¿Quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?”, le preguntó Calama a Zapatero. Este le contestó: “No, No deseo prestar declaración por el recurso que se ha presentado”. Su defensa había pedido que en la declaración del miércoles no se abordara el asunto de las joyas para lograr más tiempo para explicar su procedencia. De hecho, Zapatero pretende explicarse ante el juez al respecto cuando recopile todos los datos.

Se desvincula de los chats que le consideran el “pana” de Plus Ultra

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, negó varias veces en su declaración como imputado que interviniera de alguna manera para que el ejecutivo rescatara con más de 50 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. A lo largo del interrogatorio, el juez Calama expuso los chats intervenidos a otros investigados que se referían a él como “nuestro pana Zapatero”. “Tenemos chats donde de manera clara están diciendo que usted ha intervenido, o podría haber intervenido, llegan a decir ”nuestro pana Zapatero está detrás“, afirmó el juez.

La respuesta de Zapatero fue desvincularse de esos chats, una de las pruebas polémicas del caso al proceder de Estados Unidos. “Yo no puedo hacerme responsable de lo que digan terceros, algunos son personas a las que no conozco”.

Más del 60% de los votantes del Partido Popular considera que Alberto Núñez Feijóo debería al menos intentar presentar una moción de censura para echar a Pedro Sánchez de la Moncloa ante la reciente imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Pero los acompañantes para sacar adelante esa iniciativa parlamentaria para expulsar a la izquierda del poder siguen provocando divisiones entre quienes en las últimas elecciones generales votaron al PP.

La encuesta de Ateneo del Dato para elDiario.es refleja que el 31,1% de los votantes populares creen que Feijóo debería poner en marcha la iniciativa para relevar al actual presidente del Gobierno “aunque no tenga los apoyos necesarios para ganarla”. Otro 29,6%, en cambio, considera que el líder de los populares tendría que “negociar el apoyo de la moción de censura con Vox, Junts o PNV”. El sondeo refleja además que otro tercio de los votantes del PP (el 32%) considera que Feijóo debería “seguir haciendo oposición al Gobierno, pero sin presentar una moción de censura”.

El sondeo, realizado entre el 9 y el 12 de junio a través de 1.500 entrevistas, evidencia además las distintas visiones ante la imputación de Zapatero entre los electorados de PP y Vox, formaciones enfrentadas por los votantes de derechas aunque condenadas a entenderse en comunidades autónomas y ayuntamientos para poder gobernar.

Un 39,7% de los votantes de la extrema derecha cree que Vox debería “presentar su propia moción de censura aunque el PP no lo haga” y otro 31% considera que el partido de Santiago Abascal tendría que “ofrecer su apoyo al PP de Feijóo” para que presente la iniciativa para relevar a Sánchez de la Moncloa. Solo un 20,2% de los que en las generales apostó por Vox cree que el partido debería mantenerse en la oposición sin presentar ni impulsar la moción de censura, diez puntos menos que en el caso de los votantes del PP.

El resultado del sondeo elaborado por Ateneo del Dato se conoce apenas dos semanas después de que Feijóo animara por última vez a PNV y Junts a apoyarle en el caso de presentar una moción de censura. El 1 de junio, el líder del PP prometía a ambas fuerzas un adelanto electoral “inmediato” si le apoyaban en el Congreso para echar a Sánchez. Los nacionalistas vascos evitaron contestar al líder del PP y se remitieron a la negativa que ya han expresado en los últimos meses.

Los independentistas catalanes, por su parte, pusieron a Feijóo una condición muy compleja para estudiar su moción, que pasaba por que el líder del PP se reuniera con Carles Puigdemont en Bélgica. Feijóo descartó al día siguiente viajar a Waterloo, donde tiene fijada su residencia el expresident catalán. “Venga, oye, vamos a hablar de cosas serias”, dijo, ante las preguntas de la prensa sobre esa opción de reunirse con Puigdemont. En el PP tienen claro que Feijóo no dará un solo paso que piense que puede reforzar a un Pedro Sánchez que atraviesa su peor momento. Y el líder de la oposición cree firmemente que una moción fallida sería un balón de oxígeno para el jefe del Gobierno.

Apoyo de la izquierda y los socios

Sánchez cuenta, en principio, con el respaldo de la mayor parte de su electorado. Tal y como publicó elDiario.es en la primera entrega de la encuesta de Ateneo del Dato, un 64% de los votantes del PSOE cree que Sánchez debería mantenerse en el Gobierno y agotar la legislatura a pesar de la causa abierta contra Zapatero. Solo el 22,8% de los votantes del PSOE cree que Sánchez debería adelantar las elecciones frente al 35,4% que pide que permanezca en Moncloa cuestionando a Zapatero y el 29,2% que quiere que siga en su puesto defendiendo al expresidente.

Además, casi la mitad de los votantes de Sumar, el 46,4%, opina que el espacio político encabezado por Yolanda Díaz debería “permanecer en el Gobierno, pero denunciando públicamente la corrupción del PSOE” y un 23,6% considera que los ministros del espacio deberían continuar “defendiendo la inocencia del expresidente Zapatero”. Un 16%, sin embargo, cree que Sumar tendría que “salir del Gobierno de forma inmediata”.

Respecto a los votantes de los socios parlamentarios que sostienen al Gobierno, un 32,9% de quienes en las últimas generales votaron a ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y CC creen que estos partidos tendrían que “mantener su apoyo al Gobierno, pero denunciando públicamente la corrupción del PSOE”. Un 26% cree de estos últimos que se debería seguir sosteniendo a Sánchez “defendiendo la inocencia del expresidente Zapatero” y un 23,7% aboga por “retirar de forma definitiva su apoyo al Gobierno, aunque eso pueda facilitar la llegada del PP y Vox”.

La encuesta se realizó en la semana en la que se conocieron novedades en el caso de Zapatero como la tasación judicial de las joyas incautadas en el despacho del expresidente que las valoró en 1,3 millones de euros y la apertura de una pieza separada precisamente sobre esas joyas. Ateneo del Dato es un proyecto integrado por analistas de datos e investigadores sociales que tratan de analizar y explicar, desde una perspectiva empírica, las problemáticas, actitudes y tendencias que configuran la sociedad española y su entorno. El proyecto está dirigido por Víctor Pérez-Guzmán, analista con formación en Economía, Derecho y Ciencias Políticas, especializado en análisis de datos sociales y electorales.

Con distintas visiones sobre el papel que debe adoptar en los próximos meses, un 64% de los votantes del PSOE cree que Pedro Sánchez debería mantenerse en el Gobierno y agotar la legislatura a pesar de la causa abierta contra el expresidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero. Solo el 22,8% de los votantes del PSOE cree que Sánchez debería adelantar las elecciones frente al 35,4% que pide que permanezca en Moncloa cuestionando a Zapatero y el 29,2% que quiere que siga en su puesto defendiendo al expresidente.

No obstante, la amplia mayoría de los españoles ve indicios de corrupción en el caso del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El 60% de los ciudadanos considera que la investigación judicial abierta por el juez José Luis Calama que ha provocado la imputación del exdirigente socialista por presunto tráfico de influencias en el marco del conocido como caso Plus Ultra ha evidenciado al menos indicios de prácticas corruptas.

Una encuesta de Ateneo del Dato para elDiario.es refleja que el 35,7% de la ciudadanía considera que el de Zapatero “es un claro caso de tráfico de influencias y corrupción” y otro 24,8% ve “indicios reales de corrupción mezclados con un uso político del caso”. Frente a ellos, un 16,8% de los encuestados cree que la investigación de Calama es “una operación política para hacer caer al Gobierno” y un 11,9% opina que la causa evidencia que Zapatero “ha actuado de forma poco ética” aunque duda de que se trate de un caso de corrupción.

La percepción de los ciudadanos varía notablemente en función del partido al que votan. Los de la derecha abogan más por tildar de corrupción todo lo que se ha conocido hasta ahora en el sumario de Calama, mientras la izquierda es más partidaria de vincularlo con un ataque contra el Gobierno de Pedro Sánchez. El 57,9% de quienes en las últimas generales votaron al PP ven “un claro caso” de corrupción y otro 26,1% ve “indicios reales de corrupción”. Menos del 4% de los votantes populares creen que se trata de una “operación política” contra La Moncloa y apenas un 7,8% se limita a cuestionar la ética de Zapatero aunque duda de que sea corrupción.

Entre los votantes de Vox se reflejan cifras similares. Un 55,4% se aventura a considerar la causa como “un claro caso de tráfico de influencias y corrupción” y un 29,6% considera que “hay indicios reales de corrupción mezclados con un uso político del caso”. Solo un 5,3% de quienes apoyan a la extrema derecha ve un ataque al Ejecutivo y un 6,8% cree que Zapatero “ha actuado de forma poco ética”, pero no sabe si es corrupción.

En cambio, el 30,4% de los votantes del PSOE y el 37% de quienes apoyan a Sumar consideran que “se trata de una operación política para hacer caer al Gobierno”. Entre los socialistas, el 15,1% censura éticamente las prácticas de Zapatero recogidas en el sumario del juez Calama, pero no se atreve a hablar de corrupción, un porcentaje que se reduce al 13,3% entre los votantes de Sumar. Pero el porcentaje de quienes ven un claro caso de corrupción es mayor entre los votantes del PSOE (un 20,4%) que entre los del partido de Yolanda Díaz (13,7%), mientras que el 21,5% de los electores socialistas ve “indicios reales” de corruptelas mezclados con un “uso político” de la causa, algo que en el caso de los votantes de Sumar alcanza el 24,5% de los encuestados.

Sobre lo que debería hacer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la causa contra Zapatero, una amplia mayoría de los votantes del PSOE creen que este tendría que mantenerse al frente del Ejecutivo. El 35,4% de los que en las últimas elecciones votaron al PSOE consideran que Sánchez debería “seguir al frente del Gobierno, condenando públicamente el comportamiento del expresidente Zapatero” y otro 29,2% cree que tendría que continuar en La Moncloa “defendiendo la inocencia” del exmandatario socialista. Pero dos de cada diez votantes del PSOE (un 22,8%) son partidarios de que se convoquen unas elecciones generales anticipadas.

En cuanto a los votantes de Sumar, casi la mitad, el 46,4%, opina que el partido al que apoyan debería “permanecer en el Gobierno, pero denunciando públicamente la corrupción del PSOE” y un 23,6% cree que los ministros del espacio deberían continuar “defendiendo la inocencia del expresidente Zapatero”. Un 16%, en cambio, cree que Sumar tendría que “salir del Gobierno de forma inmediata”.

Ateneo del Dato también trata de calibrar el apoyo de los votantes de los partidos que ejercen de socios parlamentarios del Gobierno a que este continúe tras conocer la investigación contra Zapatero.

Así, un 32,9% de quienes en las últimas generales votaron a ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y CC consideran que estas fuerzas políticas tendrían que “mantener su apoyo al Gobierno, pero denunciando públicamente la corrupción del PSOE”, un 26% cree que se debería seguir sosteniendo a Sánchez “defendiendo la inocencia del expresidente Zapatero” y un 23,7% aboga por “retirar de forma definitiva su apoyo al Gobierno, aunque eso pueda facilitar la llegada del PP y Vox”.

Sobre la encuesta y su autoría

La encuesta se realizó la semana pasada, entre el lunes y el viernes, a través de 1.500 entrevistas. El trabajo coincidió con la publicación de novedades en el caso de Zapatero como la tasación judicial de las joyas incautadas en el despacho del expresidente que las valoró en 1,3 millones de euros y la apertura de una pieza separada precisamente sobre esas joyas.

El proveedor del panel cumple con la norma ISO 20252, estándar internacional de calidad para la investigación de mercados, social y de opinión pública, que establece requisitos de control metodológico, trazabilidad y garantía de calidad en los procesos de recogida y tratamiento de datos.

Ateneo del Dato es un proyecto integrado por analistas de datos e investigadores sociales especializados en metodologías cuantitativas y cualitativas. Su finalidad es analizar y explicar, desde una perspectiva empírica, las problemáticas, actitudes y tendencias que configuran la sociedad española y su entorno.

El proyecto está dirigido por Víctor Pérez-Guzmán, analista con formación en Economía, Derecho y Ciencias Políticas, especializado en análisis de datos sociales y electorales. Su trayectoria comenzó en la investigación aplicada y el estudio del comportamiento social, y ha evolucionado hacia el diseño de arquitecturas de datos en entornos cloud y el desarrollo de modelos predictivos basados en patrones de comportamiento. Actualmente compagina la dirección de Ateneo del Dato con la construcción de sistemas analíticos avanzados, incluyendo enfoques de aprendizaje federado orientados a la predicción y al análisis descentralizado de datos.

La investigación de la Audiencia Nacional en torno a José Luis Rodríguez Zapatero, su patrimonio y su supuesta relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra en la pandemia se ha encontrado con un esqueje salido de los primeros registros: las joyas encontradas en el interior de una caja fuerte en un despacho del equipo del expresidente del Gobierno en la calle Ferraz. Ahora el juez Calama quiere saber de dónde salieron esas joyas, cuánto valen y si su posesión abre la puerta a nuevas acusaciones contra Zapatero. 

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Guardia Civil entró en la oficina del expresidente el pasado 19 de mayo, a las 8.17 de la mañana. Durante ese registro abrieron una caja fuerte donde Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero, explicó lo que iban a encontrar: joyas, “algunas” procedentes de la herencia de Sonsoles Espinosa, esposa del expresidente, y “regalos de viajes”, según quedó recogido en el acta de los agentes.

La ramificación central del caso gira en torno a si José Luis Rodríguez Zapatero cobró a cambio de impulsar el rescate de más de 50 millones de euros de dinero público por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a la aerolínea Plus Ultra. Entre otros métodos, el juez José Luis Calama analiza si parte de los pagos se canalizaron a través de la consultora de sus hijas o si la trama planeaba abrir una sociedad en Dubái. 

Las joyas encontradas en la caja fuerte han abierto un nuevo frente y el primer paso del instructor fue pedir un peritaje para calcular su valor. La respuesta de los joyeros ha sido que el ajuar encontrado vale, potencialmente, más de 1,3 millones de euros. Y ese dato se ha convertido en una nueva imputación para José Luis Rodríguez Zapatero. El próximo 17 de junio el expresidente del Gobierno no solo tendrá que explicar su relación con Plus Ultra y Julio Martínez, sino también responder por delitos de fraude fiscal y contrabando. 

Para el magistrado de la Audiencia Nacional es necesario saber si Zapatero pagó los impuestos relacionados con esas joyas y descubrir de dónde las sacó. Solo por el IRPF, dice el juez, el tipo aplicable es del 46% aproximadamente. Si no se pagaron los aranceles necesarios, añade, podría estar ante un caso de contrabando. “La introducción, tenencia o circulación en territorio nacional de joyas cuyo valor global asciende a aproximadamente 1.323.915 euros, sin acreditación del pago de los derechos arancelarios, impuestos especiales o tributos asociados a su importación, constituye un indicio objetivo de que tales bienes pudieron haber accedido al territorio aduanero de la Unión Europea eludiendo los controles y obligaciones fiscales exigibles”, dice el juez.

Herencia familiar y regalos “de viajes”

El exdirigente socialista tendrá que concretar ante el juez la procedencia de los relojes, collares y otros efectos que su entorno ha atribuido en parte a una herencia familiar de Sonsoles Espinosa y en parte a regalos procedentes de “viajes”, así como aclarar si fueron durante su etapa como presidente.

Zapatero mantuvo a lo largo de sus dos legislaturas una amplia agenda internacional con más de 200 viajes, según reveló una petición a Transparencia realizada por Maldita.es en 2020 sobre el uso del avión presidencial. Según esos datos, el expresidente socialista realizó 134 vuelos a países extranjeros entre 2004 y 2011 sin contar cumbres ni consejos europeos. Por ejemplo, viajó en una veintena de ocasiones a países de África (Marruecos, Argelia, Senegal, Egipto...) e hizo 16 visitas a países situados en el continente asiático (China, Kazajistán, Siria, Arabia Saudí...).

En esos viajes se vio con multitud de primeros ministros, presidentes o reyes como Mohamed VI de Marruecos. A este país viajó en cuatro ocasiones: la primera vez fue en 2004 a Casablanca, la siguiente en 2005 a Rabat, mismo destino que en 2007 (para una reunión de alto nivel hispano-marroquí), y la última vez a Uxda y Rabat en 2008.

Zapatero también se reunió durante su etapa como presidente con el Rey Abdulá bin Abdelaziz de Arabia Saudí en la ciudad de Yeda en 2009 o con el entonces líder interino de Túnez Fuad Mebaza en el Palacio presidencial de Cartago en 2011, su último año como presidente. Este último encuentro fue, en realidad, parte de un viaje más amplio que también le llevó a Catar —donde negoció acuerdos bilaterales con el emir y el primer ministro— y a Abu Dhabi y Dubai, en Emiratos Árabes Unidos.

Cuando Zapatero llegó al Gobierno, en 2004, no existía una normativa específica que regulara o limitara los regalos de los servidores públicos, incluido el jefe del Ejecutivo. Pero precisamente su Gobierno aprobó en marzo de 2005 en Consejo de Ministros el llamado “Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado” que, por primera vez, sí recogía una referencia explícita a los obsequios. 

En su artículo tercero, referido a los “principios de conducta”, el Gobierno de Zapatero incluyó el siguiente párrafo: “Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía o préstamos u otras prestaciones económicas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal. En el caso de obsequios de mayor significación de carácter institucional se incorporarán al patrimonio del Estado, en los términos previstos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente”.

La orden ministerial se aprobó cuando Zapatero apenas llevaba un año en la Moncloa y estuvo vigente hasta su salida, en 2011, por lo que la limitación estuvo en vigor la mayor parte de su mandato.

El origen y el momento en que las recibió, claves

El origen y el momento temporal en el que el expresidente Zapatero heredó o recibió las joyas como regalo será clave de cara a su posible responsabilidad con la Hacienda pública, si la hubiera. Deberían haberse tributado a través del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, un tributo progresivo que oscila entre el 8% y el 40%, en función del grado de parentesco entre el que da y el que recibe, y el importe de lo recibido. “La deuda tributaria prescribe a los cuatro años y el delito a los cinco, diez en el caso de que sea agravado, pero quien alega prescripción debe acreditar la fecha del regalo, algo muy difícil en joyas entregadas en mano sin rastro documental”, señala Xavier Rubert, socio del bufete Lullius Partners, especializado en derecho tributario.

En el caso de que no existan pruebas documentales que demuestren la prescripción de estas deudas, Hacienda podría incorporar como ganancias no justificadas el valor de las joyas a la declaración del IRPF del expresidente, que sería al tipo máximo en la escala de la renta: el 46%.

A mayores, el valor de las joyas, superior al millón de euros, colocaría a Zapatero en el ámbito del Impuesto sobre el Patrimonio, que cobran las comunidades autónomas, o del temporal para las grandes fortunas, que recauda el Estado central. En el caso de Patrimonio, y siendo residente en Madrid, al menos debería haberlo incorporado en las declaraciones de 2024, 2025 y 2026. No haber declarado las joyas supondría pagar la cuota tributaria con intereses y una sanción de entre el 50% y el 150% de dicha cuota. “Si la cuota defraudada supera los 120.000 euros por impuesto y año, hay delito fiscal: prisión de uno a cinco años y multa de hasta seis veces lo defraudado, que sube de dos a seis años por encima de 600.000 euros o si median testaferros o paraísos fiscales”, asegura el director de Estudios del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas, Rubén Gimeno.

La apertura de esta nueva línea de investigación podría, según los expertos consultados, bloquear una potencial regularización voluntaria del expresidente, en el caso de que estas joyas no se hubiesen declarado con anterioridad. “Mientras no reciba una citación judicial para la investigación de los posibles delitos fiscales, o una citación de la administración tributaria para comprobar su situación, tendría la posibilidad de presentar liquidaciones tributarias, sin ningún tipo de sanción o repercusión penal”, apunta el portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, José María Peláez, a preguntas de este periódico.

El PSOE de Pedro Sánchez vuelve a ser el partido con más respaldo entre los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), pero se hunde respecto al mes pasado después de que salieran a la luz las investigaciones judiciales al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y la exmilitante socialista Leire Díaz. El Barómetro de junio hecho público este jueves mantiene a los socialistas por encima del PP, pero lejos de los más de 11 puntos de ventaja del mes pasado. Ahora ese predominio es de 4,2 puntos. La encuesta se realizó a través de 4.024 encuestas entre el 1 y el 4 de junio.

En el caso de que se celebraran ahora las elecciones generales, los socialistas lograrían el 31,3% de los votos, casi cinco puntos por debajo del mes pasado cuando obtuvieron el 36,2% de los apoyos. El PP crece, por su parte, en dos puntos y dos décimas y pasa del 24,9% de mayo al 27,1% actual. Vox cae aunque solo cuatro décimas y pasa del 16,2% de mayo, al 15,8% de junio, con lo que el PP le saca una ventaja de más de 11 puntos. Sumar crece apenas siete décimas, hasta el 6,4% y Podemos crece tres, hasta el 2,8%.

Otro mes más y pese al hundimiento de sus expectativas electorales Pedro Sánchez es el líder político mejor valorado con una puntuación media de 4,21 puntos sobre 5. Le siguen la vicepresidenta Yolanda Díaz (4,05), el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (3,79) y el de Vox, Santiago Abascal, que con un 2,99 de puntuación vuelve a ser el que encaja una peor nota.

Además, Sánchez es el favorito como presidente del Gobierno para el 39,2% de los encuestados que dan su opinión, lo que supone una ventaja de 18,3 puntos sobre Alberto Núñez Feijóo, que es el preferido por el 20,9%. Santiago Abascal es la opción preferida para el 14,9% y Gabriel Rufián, para el 7,9%.

En cuanto a la confianza que inspira el presidente del Gobierno, el 31,1% de los españoles asegura que le inspira “mucha o bastante”, mientras que un 68% dice que “poca o ninguna”. Al preguntar por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, el 20,3% afirma que le inspira “mucha o bastante confianza”, mientras que el 78,4% asegura que “poca o ninguna”.

Vivienda y economía, entre las preocupaciones

También igual que el mes pasado, el principal problema de España, según los encuestados, es la vivienda (41,5%), seguida de la crisis económica y los problemas de índole económica (19,2%), y la inmigración (18,9%). Los problemas que los españoles consideran que más les afectan de manera personal son la crisis económica y los problemas de índole económica, en primer lugar, con el 28,4%; en segundo lugar, la vivienda con el 27,4%, y la sanidad, con el 21,7%.

Vox cimienta gran parte de su programa y, sobre todo, sus planteamientos más xenófobos, en apelar a la “herencia cristiana” de España y de la Unión Europea. Es su forma de criminalizar a otras religiones, especialmente la musulmana, y de cargar contra lo que llama “estercoleros multiculturales”, los barrios de todo el país en los que conviven personas de distintos orígenes, razas y creencias. Pero la principal fuerza de la extrema derecha española se sitúa al margen de la cúpula de la Iglesia católica, a la que no duda en criticar si, por ejemplo, defiende la paz o denuncia el genocidio en Gaza. También si habla de la dignidad de los migrantes, el grupo que Vox sitúa en la diana tratando de que la ciudadanía lo responsabilice de todos los males que afectan a su día a día.

Esos encontronazos están marcando desde este sábado los actos oficiales a los que acudirán Santiago Abascal y los suyos con motivo de la visita del Papa a España. Este mismo domingo, ante más de 1,2 millones de fieles, León XIV aprovechaba su misa del Corpus en Madrid para la lanzar un claro mensaje contra las políticas de los ultras. En el acto, el Papa criticó abiertamente a aquellos que van a misa pero olvidan a los pobres, una clara referencia a la política antinmigratoria de Vox. “Os pido arrodillarnos ante Dios y ante el prójimo, porque nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano”, dijo.

El sábado, en el Palacio Real, el Papa ya había hecho un discurso llamando a “huir de esos enfoques identitarios que parecen aclararlo todo, pero que pueblan el mundo de fantasmas y enemigos”, en otra referencia a los mensajes ultranacionalistas de Vox y otras fuerzas políticas de extrema derecha en Europa. Además, agradeció a España “su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos”, justo cuando Vox se ha posicionado contra ese derecho internacional respaldando a Donald Trump en sus actuaciones en Gaza o Irán.

En ese contexto, este lunes Vox acudirá a escuchar el discurso del Papa en el Congreso. “Celebramos que el Papa venga a España, a una tierra tan importante que ha hecho tantísimo por la cristiandad en todo el mundo”, aseguraba recientemente la portavoz del partido en el Congreso, Pepa Millán, que acudió con la cabeza cubierta a su recibimiento en el Palacio Real.

Abascal ha asegurado que acudirá al Congreso a “escuchar al Papa, un líder espiritual que reza por la paz en el mundo” aunque en una reciente entrevista en El Debate, lanzó una advertencia: “Ahora bien, si un líder religioso, sea el Dalai Lama, el Papa, un rabino, un obispo, un cardenal, nos da igual, nos dice que tenemos que aceptar un proceso de inmigración masiva y un avance del islamismo en la sociedad, nosotros vamos a decir 'no”.

Es precisamente en el asunto de la inmigración y la defensa de los derechos humanos de todos los habitantes del planeta en el que más chocan la extrema derecha española y la Iglesia que dirige León XIV. Uno de los enfrentamientos más sonados tuvo que ver con la postura de ambas partes respecto al proceso de regularización masiva aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

La iniciativa llegaba respaldada por 84 instituciones vinculadas a la Iglesia católica, entre ellas la propia Conferencia Episcopal, Cáritas o Redes. Y nada más conocerse la decisión del Ejecutivo, la Conferencia Episcopal española la consideró como “una gran noticia”. “Es un reconocimiento de la dignidad humana, una oportunidad para colaborar en el bien común”, señaló su presidente, Luis Argüello.

La invitación a que vayan a Molenbeek

En cambio, Abascal se mostró fervientemente en contra de esta postura de la Iglesia. “Algunos (obispos) que hacen negocio con la inmigración ilegal deberían salir del palacio y bajar a ver las consecuencias que tiene para los españoles. Para la sanidad, la seguridad, los salarios y los impuestos”, dijo, después de que el obispo de Canarias cargara contra la idea de “prioridad nacional” que Vox trata de imponer en todas aquellas instituciones en las que es determinante y que precisamente busca despojar de los derechos más básicos y del acceso a los servicios públicos a las personas migrantes.

En pleno debate sobre esa “prioridad nacional” el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, llegó a abroncar a los sectores de la Iglesia contrarios a ese principio xenófobo. A finales de abril, este dirigente de la extrema derecha emplazó a los obispos “a ponerse una sotana y meterse en Molenbeek”, uno de los barrios de Bruselas con mayor presencia de la religión islámica. “No estamos contra la Iglesia ni los católicos, Vox no es un partido confesional, pero muchos de los que estamos con Vox nos identificamos como católicos”, dijo en ese momento, tratando de marcar distancias con la cúpula eclesial.

En febrero, el propio Abascal se mostraba sorprendido de la “deriva de algunos pastores” de la Iglesia por criticar los postulados xenófobos y excluyentes de Vox. Y les dijo: “Que digan misa”. Coincidiendo con un mitin de la campaña en Castilla y León, el líder de Vox invitó a esos obispos a preguntar a los españoles si están de acuerdo con la “invasión migratoria” que, según él, algunos prelados defienden. O si también están de acuerdo con la supuesta “islamización” del país del que alerta una y otra vez la extrema derecha.

Pese a los choques, en las últimas declaraciones públicas los dirigentes de Vox han tratado de calmar las aguas en su relación con la Iglesia, precisamente para allanar las relaciones con el Papa durante su visita a España. No obstante, hace tan solo un mes el propio Abascal se mostraba “encantado” de hablar con la Conferencia Episcopal “para explicar que la regularización masiva es una invasión encubierta” o para decirle “que todas las instituciones que la avalen son responsables del daño directo que se causa a los españoles”.

La pasada semana, en cambio, nada más conocerse que el Papa realizaría su bendición de la nueva Torre de Jesús de la Sagrada Familia de Barcelona íntegramente en castellano, Vox salió en defensa de León XIV. “No tendría que ser noticia que el Santo Padre utilice la lengua mayoritaria de los catalanes en Catalunya, es decir, el español, y también si quiere el catalán”, afirmó Ignacio Garriga, portavoz de la extrema derecha en Catalunya. También tildó de “absolutamente inaceptables” las “injerencias” del independentismo en los actos de León XIV. “Para controlar qué lengua se utilizó en las mezquitas, equipamientos públicos y plazas donde se celebró recientemente la Fiesta del Cordero no les vimos tan preocupados”, zanjó.

Negaba con la cabeza cada vez que miraba el móvil. Según explicó, alguien le estaba enviando noticias continuamente justo el día en el que se conocía el sumario del llamado caso Leire y se mostraba indignado con lo que veía. Baltasar Garzón (Jaén, 1955) recibió el miércoles a elDiario.es en un céntrico hotel madrileño en el que realizó un carrusel de entrevistas por la publicación de su nuevo libro, La democracia amenazada (Planeta, 2026). Durante la conversación, el exmagistrado mencionó una y otra vez el juicio al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como punto de inflexión de la degradación del poder judicial. Precisamente de eso trata su nuevo trabajo.

En el libro repasa las actuaciones judiciales para acabar con García Ortiz, pero también de su predecesora en el cargo Dolores Delgado, que es además pareja sentimental de Garzón. También analiza las consecuencias de la irrupción de Donald Trump en la política internacional, las investigaciones de crímenes del franquismo, los casos de lawfare, la corrupción, el racismo o los bulos.

El mes pasado el Tribunal Supremo ratificaba la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que confirmó la inhabilitación de Garzón como juez en 2012 por ordenar la intervención de los teléfonos de los abogados de los principales acusados en el 'caso Gürtel'. Todo sucedió después de que el entonces juez iniciara una investigación del franquismo y tras años de polémicas por sus actuaciones contra el terrorismo de ETA.

Presenta La democracia amenazada. Cuando el fascismo ataca la convivencia. ¿Es una respuesta a La justicia amenazada (Espasa, 2025), el libro escrito por el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena hace un año?

No es una respuesta. Objetivamente la justicia no está amenazada ni lo ha estado en España. Por mucho que determinadas personas puedan llegar a inducir o induzcan a que hay un acoso a la justicia, honestamente, no lo veo. Se dice que existe. Hay medios de comunicación que hacen gala de esa supuesta amenaza o presión. Estos días estamos viendo cómo se dice que determinadas personas han podido estar actuando, conspirando para llevar a cabo alguna presión sobre casos que se investigan en la Audiencia Nacional. Siempre ha habido amenazas de este tipo. Siempre ha habido campañas. Yo recuerdo haber sufrido algunas en carne propia cuando investigaba a los GAL, incluso entrando en mi casa a sustraer causas judiciales o a dejarme señales de que mi seguridad estaba comprometida.

También cuando intentó investigar al franquismo.

Y quemaron el vehículo de una de mis hijas y colocaron cruces gamadas en la casa y en los propios vehículos de la familia. La justicia no puede aceptar ser amenazada porque si es amenazada tiene que denunciar esa amenaza. En cambio, el título La democracia amenazada plantea una serie de riesgos reales y objetivos como son las agresiones internacionales al sistema internacional de derechos, cuestionando la arquitectura de derechos creada desde la Segunda Guerra Mundial hasta el punto de intentar aniquilarla.

En nuestro sistema judicial hay mecanismos que no están bien diseñados

Habla de Donald Trump y de las políticas que está poniendo en marcha.

Efectivamente, hablo de la deriva que hay de la extrema derecha y de políticas absolutamente reaccionarias. También de la incidencia de la corrupción y de la negación y restricción de derechos fundamentales, como por ejemplo en el caso de la inmigración y esas políticas xenófobas que hemos visto en Estados Unidos.

También hablo de la posverdad, de la manipulación informativa, de la influencia de redes sociales, de una mecánica de actuación en contra de la memoria democrática como uno de los baluartes necesarios para consolidar una democracia y de acciones claramente instrumentales del Derecho en procesos judiciales que afectan, por ejemplo, al fiscal general del Estado o a la anterior fiscal, Dolores Delgado. Es decir, trato de hacer una interpretación en conjunto de esos distintos escenarios que desde mi punto de vista provocan riesgos efectivos para la democracia.

Habla de que el poder punitivo se ha convertido en un fenómeno político. ¿Cómo es posible?

Porque hay un ejercicio de la soberbia del poder y en la consideración de que tener ese poder, en vez de ser una proyección del servicio público, se ha convertido en controlador de los ciudadanos y en imposición, donde una supuesta seguridad se antepone a cualquier derecho ciudadano. El poder de la voluntad de quien lo ejerce lo impone. La Sala Segunda del Tribunal Supremo es el órgano institucional que mayor poder político ejerce. ¿Con esto quiero decir que es un órgano político o que se guía por finalidades políticas? No. El desarrollo de la administración de justicia no tiene nada que ver o no debería de tener nada que ver con la política. Lo que ocurre es que en nuestro sistema hay mecanismos que no están bien diseñados. Por ejemplo, ¿quién controla el Tribunal Supremo cuando actúa en única instancia?

¿Por qué considera que la frase de Aznar de que “el que pueda hacer que haga” es posfascismo?

Porque avasalla contra todas las normas y principios básicos de la democracia desde una posición indudablemente de poder y autoridad. Él lo dice porque además hay ejemplos previos. Este señor nos metió en una guerra de Irak y dijo que los atentados del 11 de marzo de 2004 eran de ETA. Generó una dinámica y tiene una influencia en la posición de autoridad en su partido. Porque la pregunta debería de ser qué quiere decir con eso. Es decir, las palabras no son casuales. Soy una persona obsesionada con el lenguaje y coloco las palabras que quiero colocar en cada lugar. Determinados sujetos que se manifiestan en la opinión pública y política dicen lo que quieren decir. Entonces, si José María Aznar dice “el que puede hacer que haga” y lo dice en un contexto determinado no se puede decir que se esté refiriendo a que los niños vienen de París.

¿Se refiere a actuaciones judiciales, por ejemplo, contra fuerzas progresistas o el Gobierno?

Por ejemplo, que el Senado, con mayoría absoluta del Partido Popular, a dos días de unas actuaciones judiciales diga que va a llamar a Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Catalunya, porque parece ser que aparece mencionado. ¿A eso cómo se le llama, en una comisión de investigación que es un instrumento del Legislativo?

Esa comisión se ha convertido en una especie de cajón de sastre...

Eso es lawfare. El lawfare se hace desde muchos ámbitos, no solamente como algunos creen desde el Poder Judicial o por parte de determinados jueces o fiscales. El lawfare es mucho más complejo y unas veces viene por la vía mediática, otras veces por la económica, financiera, corporativa, política y a veces también judicial. El único elemento común que tiene es que es la instrumentalización del Derecho con unos fines espurios. Por tanto, desde mi punto de vista, lo que ha ocurrido la mañana del día 3 de junio de 2026 por parte del Senado de España y en la voz de su portavoz es puro lawfare.

¿Son también lawfare las investigaciones a Zapatero o el caso de Leire Díez?

Tengo que ser respetuoso con los procesos judiciales, lo mismo que reclamaría para mí porque he sido juez instructor durante muchos años. Además, en la Audiencia Nacional tengo que dar por hecho que mis colegas hacen lo propio. Lo único que nos tiene que centrar es que las acciones y las actuaciones judiciales en un proceso penal, cuando están en instrucción, son acciones provisionales, se basan en indicios. El lenguaje es muy importante. En estos casos hay que tener la prudencia necesaria a la hora del análisis de esas actuaciones judiciales.

Yo entiendo que los medios de comunicación tienen que cumplir con su obligación y dar información al respecto, pero no es lo mismo dar una información con las limitaciones y con las precauciones correspondientes que utilizar como un dardo envenenado ya una plataforma de comunicación en contra de determinadas personas. En el caso que usted me planteaba de José Luis Rodríguez Zapatero todavía no hemos oído siquiera a la persona afectada. Vamos a esperar.

Se lo voy a preguntar desde otro ángulo. ¿Cree que el lawfare puede terminar con el Gobierno progresista?

El uso del lawfare lo primero que puede producir es una desestabilización del Estado de Derecho democrático. Por eso hay que ser vigilantes, hay que denunciar cuando hay ese tipo de conductas. Hay que defender, por supuesto a las instituciones, cuando hay un acoso contra las instituciones. Yo no digo que no se le defienda. Yo soy el primero que las defiende. Lo que indico es que también hace daño cuando asociaciones judiciales conservadoras, como se ha conocido hoy mismo [en referencia al miércoles], critican al Poder Judicial porque no ha sido suficientemente beligerante para defender corporativamente a los jueces.

Pero es que, oiga, cuando algunos éramos objeto de ataques sistemáticos y no nos protegía el Consejo General del Poder Judicial, ¿quiere decir que no teníamos que cumplir con nuestra obligación? La justicia siempre va a estar en el ojo del huracán y cuando se hacen investigaciones concretas y difíciles siempre va a haber críticas, pero hay que hacerlo. El sistema español establece los mecanismos de protección para no tener que estar implorando que se respete la independencia judicial.

En el libro dice que no solo en España, también en diferentes países del mundo las élites del Poder Judicial o de los tribunales supremos se están apoderando de espacios que no les corresponden. ¿A qué se refiere?

No hay contrapesos de poder ante el ejercicio de esa función constitucional de administrar justicia. Por ejemplo, cuando el Tribunal Supremo es el último eslabón de la cúspide judicial con un recurso de casación, como he dicho, ya viene un camino recorrido. En cambio, cuando es en única instancia respecto de aforados quizás habría que diseñar como mínimo una segunda instancia.

¿Esa es la revolución pendiente de la justicia de la que habla también en el libro?

Sí, uno de los aspectos.

¿Cómo se podrían construir esos contrapesos?

Por ejemplo, atendiendo a los requerimientos del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que reiteradamente nos ha dicho que se instaure la segunda instancia en el Tribunal Supremo. Lo que era una protección para aforados se ha convertido en un instrumento más que cuestionable. Lo que quiero es que haya lo mismo que en todas las demás instancias. La diferencia, por ejemplo, con la Audiencia Provincial de Badajoz es que luego va a haber un Tribunal Superior de Justicia que puede ver la apelación y se puede llevar en casación ante magistrados del Tribunal Supremo, que yo cuestiono que estén en los más idóneos y que ahí se esté por méritos. Por ejemplo, en otros países hay lo que se llama el juicio político o contrapesos en la investigación de delitos de prevaricación, que a lo mejor se tienen que juzgar por un jurado popular. ¿Por qué nos tenemos que lavar los “trapos sucios” los mismos jueces, como una especie de contubernio extraño, y que no nos toquen los demás porque los demás no saben tanto como nosotros?

Habla de que la condena al fiscal general es un punto de inflexión para llegar a la conclusión de su libro, La democracia amenazada. ¿Qué antecedentes o síntomas percibió antes?

Cito algunos casos personales que me afectan y otros como el de Vicky Rosell, el diputado de Podemos también de Canarias [Alberto Rodríguez] y en otros en ámbitos diferentes que afectaban a Podemos. Y utilizo palabras del propio voto particular [de la sentencia de Álvaro García Ortiz]. ¿Cómo puede haber esas dos realidades tan diametralmente opuestas? Los hechos probados son los que dan base a una sentencia absolutoria o condenatoria. Pero cuando en la sentencia se reconoce, por ejemplo, el valor y la veracidad de las propias declaraciones de los periodistas y luego no se explica por qué no se les da razón y justificación o cuando se dice que la autoría es del condenado o de otras personas alrededor quiere decir que puede no haber sido él. Y si no ha sido él, la sentencia tendría que ser absolutoria.

¿Por qué el tribunal no creyó a los periodistas de elDiario.es que sabemos quién filtró ese documento [de la confesión de la pareja de Ayuso]?

A lo mejor tendría que contestar usted. Porque yo no lo sé. Si no los crees tienes que deducir por falso testimonio. Lo que no puedes hacer es, como dicen en mi tierra, ni chicha ni limoná. Es decir, si un testigo dice 'blanco' y el tribunal dice está bien, pero luego no lo valora, entonces es que no sé lo que quieren decir.

En un juicio oral no se puede permitir a testigos interrogar o increpar al acusado como en el caso del fiscal general

Señala al presidente de ese tribunal, al señor Andrés Martínez Arrieta, por la “desprotección” del tribunal hacia el acusado. En el juicio al fiscal general, ¿no se cumplieron las garantías debidas?

En un juicio oral no se puede permitir a testigos interrogar o increpar al acusado y que se les deje hacerlo sin cuestionarles.

¿Se refiere, por ejemplo, a las intervenciones en el juicio de Miguel Ángel Rodríguez o de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso?

Al titular responsable de la UCO, cuando dice: “Dígame usted dónde está eso”. Mire, usted no viene a interrogar. Esa función ya se hizo, se llevó a cabo en instrucción. Yo creo que hubo mucha permisividad que no fue equilibrada.

¿Cree que hubo una suerte de vendetta contra Álvaro García Ortiz por parte de sus compañeros?

En algún punto de todos estos acontecimientos, sí. De hecho, hubo una asociación fiscal profesional que ejerció la acusación popular y que incluso pidió casi la máxima pena para él. ¿Qué hace una asociación profesional ejerciendo la acusación popular, defendiendo los intereses corporativos en una estructura que es piramidal?

¿Qué cree que no se le ha perdonado al ex fiscal general?

Probablemente, su posición perfectamente admisible, defendible y sujeta a la legalidad en el caso de la ley de amnistía y en otros casos de nombramientos en planteamientos que eran totalmente indeseados por un sector conservador que cuestionaba los avances que se produjeron en los últimos dos mandatos del Ministerio Público. En algún momento a Cándido [Conde-Pumpido] se le permitió porque era magistrado del Tribunal Supremo, pero a quienes son fiscales a lo mejor no se les consiente tanto que horaden esa especie de aura tan protectora de una justicia muy conservadora.

La transición en la justicia fue inexistente

Consideraba antes que en esa sala quizás no estaban los más adecuados. ¿Parte de la revolución de la justicia debería ser también modificar las formas de acceso al Supremo?

La forma de acceso y de mantenimiento. No entiendo que se pueda llegar al Tribunal Supremo tan joven y el cargo sea vitalicio. El propio Tribunal Constitucional o la Corte Penal Internacional tienen un límite de tiempo. Es muy peligroso hacer esa estructura que viene del franquismo y que no tiene contrapesos. Y el sistema de nombramientos no es precisamente el más idóneo.

¿Ha faltado una transición en el Poder Judicial? Usted mismo ha dicho que hay reminiscencias del franquismo.

No hubo una transición en el Poder Judicial. Una Transición con la que no estoy de acuerdo en muchos puntos. La transición en la Justicia fue inexistente. No nos levantamos. Yo todavía no formaba parte porque mi promoción fue la primera de la Constitución, pero nos acostamos con la dictadura y nos levantamos demócratas.

Se acostaron con el Tribunal de Orden Público y se levantaron con la Audiencia Nacional.

Se aceptó que el Poder Judicial era puro, inmaculado y que no había ningún tipo de contaminación y probablemente en algunos casos fuera así, pero en otros no tanto. Por no haber, no hubo ni un acto de acatamiento de la Constitución. Se daba por hecho.

En el libro menciona también el caso de [la actual fiscal de Memoria Histórica y exfiscal general] Dolores Delgado. ¿Cree que no se le ha perdonado, por ejemplo, que permitiera investigaciones al rey emérito o que avalase la salida del cuerpo de Franco del Valle de los Caídos?

Eso seguro. Objetivamente, el avance progresista durante el mandato de Dolores Delgado en la Fiscalía General del Estado fue muy notorio. Y no se le perdonó que hiciera nombramientos como el de Eduardo Esteban y, luego, que se le nombrara fiscal de Sala de la Memoria Democrática. Se acabó con su integridad corporal, porque al final ella tuvo que dimitir o renunciar, mejor dicho, porque se rompió. Y en el caso de Álvaro [García Ortiz], pues terminó traumáticamente, como todos conocemos.

¿Cree que un cambio de gobierno podría poner en amenaza una Fiscalía como la de Memoria democrática?

Sí. Bueno, no es que lo crea, es que lo han dicho. Y eso, entre otras cosas, desvela la falta de consideración a las víctimas del franquismo de su categoría de víctimas, que desgraciadamente siempre ha ocurrido. Ha habido categorización de víctimas y las del franquismo están en el último grado del escalafón, cuando sin dudarlo también han sufrido persecución durante años y décadas.

Comenzábamos la entrevista hablando del libro de Marchena. Usted lo menciona como uno de esos miembros del Supremo que quizás esté poniendo la democracia en amenaza.

Eso lo dejo al juicio del lector. No es rehuir porque el que lea el libro claramente sabe.

A mí me lo ha parecido.

Lo dejo a la decisión y el juicio del lector. Yo establezco una serie de criterios, de parámetros en los que trato de expresar lo que ha sucedido y a partir de ahí. Y utilizo un término que es el de urdidor de voluntades que cada uno puede interpretar como considere.

Está de moda hablar de las cloacas del Estado. No sé si a lo largo de su trayectoria usted ha tenido contacto con esas cloacas y si se arrepiente de alguno de esos contactos.

He tenido contacto con policías que han investigado delitos de terrorismo y que en algún caso han resultado afectados por hechos que tuvieron lugar en tiempos en los que yo ya no tenía ninguna responsabilidad. Desde luego, en lo que de mí depende y bajo mi mando jamás hubiese ocurrido lo que aconteció. Dicho esto, también por respeto profesional y demás, me quedo ahí, pero para mí son inaceptables. Lo que sí quiero decir es que el despacho defendió a una de las personas que ha sido cuestionada y que no ha podido ser juzgado porque...

¿Se refiere a Eugenio Pino?

No. Me refiero a Enrique García Castaño, que por su incapacidad física después del ictus que le dio no ha podido decir nada aunque todo el mundo se refiere a él. Lo único que ocurre es que, sin quebrantar el secreto profesional, aunque él tenía sus abogados, el despacho optó por su defensa porque colaboró con la justicia. A partir de ahí no quiero tampoco incidir en este tema porque han sido muchas las falsedades y las manipulaciones que se han hecho.

En todo caso, el Estado de Derecho no se defiende como se decía desde las cloacas, se defiende con mecanismos y con la legalidad. Cuando en España hubo un ataque durísimo del Estado de Derecho con los GAL, la única respuesta que solventó la situación fue la investigación judicial. Cuando los fondos reservados se utilizaron ilegalmente, hubo respuesta judicial. Cuando después se han utilizado espero que haya respuesta judicial. Esos son los mecanismos que tenemos. No son otros.

Vídeo y fotos: Lourdes Jiménez

El PSOE de Pedro Sánchez vuelve a ser el partido con más respaldo entre los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Además, el Barómetro de mayo, hecho público este viernes, mantiene a los socialistas con una amplia ventaja sobre el PP de más de 11 puntos, aunque son dos menos de los que le daba hace un mes, en el estudio de abril.

Así, en el caso de que se celebraran ahora las elecciones generales, los socialistas lograrían el 36,2% de los votos, solo dos décimas menos que el mes pasado cuando lograron un 36,4%. La ventaja respecto a los populares es ahora, por tanto de 11,3 puntos.

El PP crece un punto y tres décimas y pasa del 23,6% de abril al 24,9% actual y Vox es el partido que más crece, en casi dos puntos, y pasa del 14,7% de abril al 16,2% de mayo, con lo que se queda a casi ocho puntos de los populares. Sumar baja una décima, hasta el 5,7% y Podemos crece tres, hasta el 2,5%.

El estudio se elaboró entre los días 4 y 18 de mayo y, por tanto, antes de que estallaran los escándalos vinculados al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero (cuya imputación se conoció el día 19) y a la exmilitante socialista Leire Díez, conocido esta semana. Además se realizó durante la campaña andaluza que culminó el día 17 con la victoria de Juan Manuel Moreno que, no obstante, perdió la mayoría absoluta y tendrá que pactar con la extrema derecha para mantenerse en la Junta.

De nuevo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el líder político mejor valorado con una puntuación media de 4,59 puntos sobre 5. Le siguen Yolanda Díaz, con un 4,25; Alberto Núñez Feijóo, con un 3,74, y Santiago Abascal, con un 2,93.

Sánchez es, además, el favorito como presidente del Gobierno para el 42,8% de los encuestados que dan su opinión, lo que supone una ventaja de 22,7 puntos de ventaja sobre Alberto Núñez Feijóo, que es el preferido por el 20,1%. Santiago Abascal lo es para el 13,5% y Gabriel Rufián, para el 6,4%.

En cuanto a la confianza que inspira el presidente del Gobierno, el 35,8% de los españoles asegura que le inspira “mucha o bastante”, mientras que un 63% dice que “poca o ninguna”. Al preguntar por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, el 18,7% afirma que le inspira “mucha o bastante confianza”, mientras que el 80,3% asegura que “poca o ninguna”.

La “prioridad nacional” de PP y Vox

En el barómetro de mayo, el instituto que dirige José Félix Tezanos pregunta por la “prioridad nacional” que pretenden imponer PP y Vox en sus respectivos gobiernos para discriminar el acceso a los servicios públicos a los ciudadanos de origen extranjero. El 35,5% de los españoles dice estar “muy o bastante de acuerdo” con ese concepto xenófobo, mientras que un 41,5% se muestra “poco o nada de acuerdo”.

El 35% cree que el principio de ‘prioridad nacional’ es compatible con la Constitución Española, un 31,7% considera que no lo es, y un 20,4% no ha oído hablar de los pactos de gobierno en Extremadura y Aragón en los que se acuerda el acceso a las ayudas y servicios públicos conforme a dicho principio.

El auto del juez José Luis Calama del pasado 18 de mayo en el que imputó al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, falsedad y tráfico de influencias, está centrado en situar al exdirigente socialista como líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”. La grave acusación la basa en indicios y en conversaciones de terceros, sin que de momento aporte ninguna prueba directa, mensajes o llamadas del expresidente.

Para sostener la imputación, Calama se basó en al menos dos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que con criterios similares también sitúan a Zapatero en la “cúspide” de la trama. En su auto, el juez copió y pegó directamente al menos dos de los argumentos policiales en los que se basa la acusación y utilizó unas expresiones muy similares en al menos otras dos ocasiones. Esta costumbre es habitual en los jueces de la Audiencia Nacional:

El control de la trama

En el auto, el juez habla de ese supuesto control de la trama por parte de Zapatero “a través de la dirección de los clientes de Análisis Relevante, las instrucciones dictadas para la constitución de sociedades en el extranjero para presuntamente recibir pagos o las diferentes estrategias seguidas para tratar de desvincularse a de las actividades de la trama”.

En el informe de la UDEF, la Policía considera que el supuesto liderazgo de Zapatero se acredita “a través de la dirección ejercida en relación a los clientes de Análisis Relevante, las instrucciones dictadas para la constitución de sociedades en el extranjero para presuntamente recibir pagos o las diferentes estrategias seguidas para tratar de desvincular a Zapatero de las actividades de la red”.

Los presuntos testaferros

En su auto, el juez plasma que Zapatero dirige la trama “situándose Julio Martínez Martínez como titular de las sociedades que se constituyen a efectos de encubrir los mecanismos reales de toma de decisiones”.

La UDEF, por su parte, había descrito en su informe el papel de Julio Martínez Martínez como titular de sociedades destinadas a “encubrir los mecanismos reales de toma de decisiones, esto es, la verdadera dirección ejercida por Zapatero”.

El supuesto liderazgo

“Su liderazgo no se manifiesta de forma formal o pública, sino a través de su capacidad de dirección, coordinación y supervisión”, dice el juez en su auto.

Los policías concluyen en sus informes en varias ocasiones que Zapatero ejerce “un liderazgo no visible en la estructura formal, realizando una supervisión estratégica.

En el “vértice” o la “cúspide”

En su auto, el juez Calama sostiene que “en el vértice de la estructura se sitúa José Luis Rodríguez Zapatero”.

La UDEF lo menciona así: “En la cúspide de la red de influencia se ubicaría José Luis Rodríguez Zapatero”.

La empresa de Dubái

El juez transcribe de forma literal el hallazgo policial sobre la reunión del 26 de enero de 2021 en la que supuestamente se fraguó la creación de una empresa en Dubái de la que responsabiliza a Zapatero. El magistrado habla en su auto de la celebración el “día 26.01.2021 de una reunión organizada por José Luis Rodríguez Zapatero, a la que acudieron Julio Martínez Martínez y Tomás Guerrero Blanco, al objeto de constituir una sociedad filial al 100% de en Dubai, Landside Dubai Fzco”.

El informe de la UDEF había señalado, igualmente, “La reunión de fecha 26/01/2021 organizada por José Luis Rodríguez Zapatero a la que acudieron Julio Martínez Martínez y Tomás Guerrero Blanco, al objeto de constituir una sociedad filial al 100% de IDELLA en Dubai, Landside Dubai Fzco”.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha considerado este jueves “un elemento importantísimo” que de cara a las próximas elecciones generales haya “una colaboración inteligente de los demócratas y de la izquierda” para ganar la batalla a la derecha y la extrema derecha que, según todas las encuestas, podría conformar un gobierno de coalición.

“Tenemos una cosa en común frente a los que están enfrente. Todos queremos un mundo mejor y un mundo más justo. Y enfrente tenemos a gente que solo quiere que su mundo sea mejor, aunque sea a costa de joder el mundo de todos. Eso es suficientemente importante como para que colaboremos de manera inteligente”, ha zanjado en un acto en el Ateneo de Madrid junto al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, la periodista Sarah Santaolalla y el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez.

“Yo, de verdad creo que tengo esperanza”, ha añadido. “Para mí de aquí a las elecciones lo fundamental es que no se desperdicie ni un voto, ni un voto de la gente que sea progresista”, ha añadido, aunque ha reconocido no tener para ello “una fórmula clara”. “Si la tuviera, probablemente sería un genio”, ha dicho. “No nos engañemos, no hay posibilidad de frenar a la derecha y a la ultraderecha si no es con un planteamiento inteligente de aquí a las próximas elecciones”, ha insistido.

“Nosotros tenemos que hacer nuestra parte”, ha dicho sobre el PSOE. “Pero yo creo que a nuestra izquierda tiene que haber, no digo unas siglas, no estoy diciendo cómo, pero tiene que haber un entendimiento que facilite el que no se desperdicien los votos. Creo que la inteligencia electoral va a ser clave para impedir la llegada de la derecha y la ultraderecha al poder”, ha remachado.

Previamente, Iglesias ha asegurado que “el antifascismo tiene que estar organizado en todas partes, tiene que estar organizado en los parlamentos, tiene que estar organizado en la calle y en la movilización social, pero también tiene que estar organizado en el periodismo”. “Tiene que estar organizado en los parlamentos y en la calle y en la movilización social”, ha añadido.

Contra los “bulos”

Asimismo, la periodista Sarah Santaolalla ha alertado este jueves ante quienes están diciendo “a la gente de izquierdas” que “está todo perdido” por el auge de la extrema derecha. En el acto que se ha celebrado en el Ateneo de Madrid, la comunicadora ha alertado de que a la izquierda se le está “intentando domesticar”. “Creo que nos están intentando señalar el camino o acabas en el trullo. Creo que a la gente de izquierdas nos están diciendo que no podemos ser antifascistas en un país que debería ser antifascista.

A su juicio, “los tres poderes principales están controlados y están sometidos al poder de la derecha”, Con todo, ha asegurado no querer “poner la otra mejilla”. “Yo no quiero pasar a la historia mediática porque resistió, aguantó hasta que cayó en una depresión. Yo quiero vivir como viven estos fascistas, desde la poltrona, desde la comodidad y desde no tener miedo. Y creo que la gente de izquierdas en este país debe no tener miedo”, ha zanjado.

Rubén Sánchez, portavoz de FACUA, ha defendido, por su parte, su acción ante “los tribunales” desmontando “bulos” de la extrema derecha. “Nosotros respondemos en los tribunales, que es donde creemos que tenemos que contestar las izquierdas a quienes nos están haciendo auténticas salvajadas. Contestamos en los tribunales, algunos llevamos ya un tiempo, yo llevo desde el año 2013 aproximadamente contestando en los tribunales, de momento solo les he ganado 30 sentencias, pero bueno, hay camino por delante”, ha concluido.

La izquierda perdería ocho escaños en el Congreso de los Diputados si se realiza una simulación de los resultados de las elecciones andaluzas de este domingo al reparto que lograrían los diputados andaluces en la Cámara Baja en unos comicios generales. La suma de PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía obtendría así 19 representantes en el Congreso frente a los 27 que obtuvo en 2023.

La fuerza política que más escaños perdería sería el PSOE que obtendría seis escaños menos que los 21 que logró en las últimas generales y se quedaría con tan solo 15. Por Andalucía (alianza de IU, Podemos y Sumar), perdería cinco representantes de los seis que consiguió en 2023, con lo que únicamente tendría uno, pero Adelante Andalucía, que dio la sorpresa de la noche, irrumpiría por primera vez en el Congreso con tres diputados.

El principal beneficiado en el caso de que en las generales se repitiera un resultado idéntico al de las andaluzas sería el PP de Juan Manuel Moreno, claro ganador del 17M. Los populares alcanzarían los 33 diputados andaluces en Madrid frente a los 25 que obtuvieron en 2023, ocho más. En cambio, Vox se mantendría igual, con los nueve escaños por Andalucía que logró en las últimas generales.

Por provincias, el mayor golpe para el PSOE se produciría en Sevilla, donde los de María Jesús Montero perderían dos escaños en el Parlamento estatal siempre realizando la simulación entre los resultados de este domingo y unas hipotéticas generales. Los socialistas, además, perderían un escaño por Almería, Cádiz, Huelva y Málaga, respectivamente. Por Andalucía se quedaría sin representación estatal por Cádiz, Córdoba, Granada y Málaga. Solo obtendría un diputado por Sevilla, por donde en 2023 obtuvo dos escaños. En cambio, Adelante Andalucía (que en las generales solo se presentó por Cádiz) lograría su asiento por la provincia gaditana y, además, sumaría un escaño por Málaga y otro por Sevilla.

Donde más crece el PP es en Sevilla. Si los andaluces votaran igual que este domingo en unas generales los populares pasarían de cuatro a seis escaños por la provincia sevillana. También lograría seis por Málaga, uno más que en 2023. Por Cádiz conseguiría un escaño más, pasando de los 4 de los últimos comicios generales a 5 diputados, de los tres que obtuvo por Granada ahora sumaría uno más y también añadiendo un representante en cada una de las circunscripciones ahora alcanzaría los tres por Córdoba, Huelva y Jaén. Mantendría, además, los tres diputados por Almería.

En Vox los cambios se darían en Almería, donde pasaría de uno a dos escaños. Y la extrema derecha se quedaría sin representación por Cádiz, donde en 2023 sí logró un diputado. Los otros seis escaños para la formación de Abascal serían uno por provincia en Córdoba, Granada, Huelva y Sevilla, además de los dos por Málaga.

Analizando los porcentajes de voto de los distintos partidos en las elecciones andaluzas y las últimas generales queda clara la tendencia por la que en las últimas citas con las urnas el PSOE suele obtener mejores resultados en unas generales que en las autonómicas. En las estatales de 2023 los socialistas alcanzaron el 34% de los votos, pero en las autonómicas de 2022 obtuvieron un 24% (diez puntos menos) y en las de este domingo, un 23%, once puntos menos que en las generales. La situación se da a la inversa en el PP. Así, mientras en las generales los populares lograron el 37% de los sufragios, en las autonómicas de 2022 obtuvieron el 42% –cinco puntos más– y en las de esta semana, un 42%, cuatro puntos más que en 2023.

Observando la evolución en las distintas provincias llaman la atención las más pobladas, que es donde más se nota la subida de escaños de la derecha en unas generales, frente a las menos pobladas, donde se reparten menos escaños, que es donde bailan menos los datos comparando ambas citas con las urnas.

La Puerta del Sol de Madrid, epicentro de la capital, se convirtió hace hoy 15 años en el núcleo de una creciente indignación mundial con la clase política y, en general, con los fallos de los sistemas democráticos que despojaron al pueblo de soberanía en favor de los grandes poderes fácticos del ámbito económico. Tras una masiva manifestación, un grupo de jóvenes decidió acampar allí y durante varias semanas Sol se llenó de esperanza y de lemas contra la corrupción, la precariedad y el bipartidismo que perduran en el tiempo. “Democracia real ya”, “no nos representan”, “no hay pan pa' tanto chorizo” o “que no, que no, que no tenemos casa” fueron solo algunos de los gritos que se escucharon por parte del que se consolidó como el “movimiento de los indignados”, que también llenó plazas de otras ciudades españolas y europeas.

En 2011 en el país vivían 46 millones de personas. Ahora, más de 49, siempre según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE). Entonces, la tasa de paro era del 21,52%, mientras las últimas cifras de la Encuesta de Población Activa lo sitúan en el 10,83%, menos de la mitad. Aquel año, el alquiler medio se situaba en 7,57 euros por metro cuadrado (757 euros por una vivienda de 100 metros cuadrados) y ahora alcanza los 14,64 (1.464 euros por una casa de 100 metros). El PIB per cápita se situaba el año del 15M en 23.271 euros y en 2025, último año con el cálculo completo, fue de 34.210 euros.

El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) hecho público el 3 de mayo de 2011, menos de dos semanas antes del 15M, situaba el paro como principal preocupación de los españoles, seguido de los problemas de índole económica y la clase política. En el último estudio, el del pasado abril, sitúa en cambio a la vivienda al frente de un ránking en el que le siguen de nuevo la economía y, en tercer lugar, los políticos. El 15M estaba en la Moncloa el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que sufría un profundo desgaste por los recortes puestos en marcha ante la crisis financiera. Solo seis meses después de la movilización, el PP de Mariano Rajoy arrasó y logró mayoría absoluta. En 2018, en cambio, Rajoy fue expulsado del Gobierno gracias a la moción de censura encabezada por Pedro Sánchez tras la condena al PP por Gürtel a título lucrativo.

Inspirados por la indignación del momento surgieron partidos como Podemos, que llegó a tener un 20% de los votos en 2015. También aseguraron ser herederos del 15M otras formaciones como Ciudadanos, que alcanzaron su mejor cifra en 2019 con cerca del 16% de los votos. Esta última ya no tiene representación parlamentaria y la formación ahora liderada por Ione Belarra cuenta con tan solo cuatro diputados, aunque llegó a tener más de sesenta en alianza con En Marea y los comuns y luego con IU y otras fuerzas.

En este escenario, ¿siguen vigentes los principales lemas del 15M quince años después de que los indignados tomaran las plazas? “No hay pan pa' tanto chorizo” fue la gran proclama contra la corrupción, que no solo iba dirigida al ámbito político sino también a las élites económicas. Tres lustros más tarde, se encuentran en los tribunales dos graves casos de corrupción cometidos después de 2011. En la Audiencia Nacional sigue el juicio por la Operación Kitchen, la presunta trama orquestada desde el Ministerio del Interior de la etapa de Rajoy para ocultar otra causa, la Gürtel, que afecta directamente a la financiación irregular del PP. En el Tribunal Supremo, en cambio, acaba de quedar visto para sentencia otro juicio que, en este caso, investiga las presuntas corruptelas vinculadas al Ministerio de Transportes del primer Gobierno de Sánchez.

“Un primer impacto” con la moción de censura de 2018

Cristina Monge, socióloga, politóloga y miembro del consejo asesor de la organización anticorrupción Transparencia Internacional España, asegura que el lema “sigue vigente”, aunque reconoce que ha habido un “cambio profundo” en la sociedad. En conversación con elDiario.es considera que la concienciación contra la corrupción que irrumpió en las plazas el 15M tuvo “un primer impacto clarísimo” con la moción de censura de Sánchez de 2018. “Sin el 15M hubiera sido imposible que tantos partidos, de izquierdas y de derechas, unieran sus fuerzas para echar al PP por un caso de corrupción”. También destaca la “importante producción de leyes” en materia de transparencia que se ha producido desde 2011.

“Que no, que no, que no nos representan” fue otro de los lemas que se escuchó el 15M. Con él, los indignados trataban de denunciar el alejamiento de la clase política de sus principales preocupaciones. Monge explica que esa crisis de representación se perpetúa. Según los barómetros europeos con los que ella trabaja, la confianza en los políticos sí “se disparó” en julio de 2018, justo un mes después de la moción de censura de Sánchez, pero ahora vuelve a estar “en mínimos históricos”. “Permanece una desconfianza en las instituciones y los órganos de representación porque la gente no confía en que vayan a poder gestionar los nuevos retos que les afectan directamente”, añade.

“Si miramos hacia atrás, encontraremos en este 15M, en la Nuit debout francesa, en las acampadas de los indignados en Chile o en las movilizaciones de los miembros de Occupy Wall Street en Nueva York algunas de las primeras manifestaciones del cuestionamiento de todas las entidades de mediación. Partidos políticos, sindicatos, medios...: todos esos actores encargados de intermediar, función clave en las democracias representativas, eran acusados de no hacer su trabajo y de parapetarse detrás de sus privilegios. Hoy la lista de sospechosos se ha extendido notablemente y llega incluso a eso que se llama 'los expertos', a las universidades y a la propia ciencia. La V República en Francia e, incluso, la Transición en España quedaron desde ese momento cuestionadas. La desconfianza ha penetrado hasta el corazón del sistema, llegando en ocasiones al agotamiento de algunos de los conceptos e instrumentos políticos básicos de cada Estado”, apunta Monge en su último libro Contra el descontento (Paidós, 2026).

Los problemas en el acceso a la vivienda también centraron las protestas del 15M. “No tenemos casa” fue otra de las principales consignas que se escucharon en las movilizaciones y que se pudieron leer en las plazas. “En 2011 aún nos situábamos en el después de la burbuja inmobiliaria”, explica Carme Arcarazo, portavoz del Sindicat de Llogaters. En conversación con este diario, ella recuerda que la de entonces era una “crisis hipotecaria” en un país en el que “hubo centenares de miles de desahucios”. “Nos encontramos después en un momento en el que los bancos acapararon muchísima vivienda de gente desahuciada o de constructoras y era vivienda que se estaba devaluando”, añade.

De la crisis hipotecaria a la del alquiler

“Esto en España se traduce en que en 2013 Rajoy decidió convencer a los fondos de inversión de que compraran grandes carpetas de vivienda enteras para que se revalorizaran. Y la forma que encontraron fue crear una burbuja en el alquiler. Primero se les dio beneficios fiscales, también se bajó la duración de los contratos de alquiler de cinco a tres años para dentro del propio contrato se pudiera seguir subiendo el alquiler y, aparte, se destruyeron muchísimas protecciones al inquilinato, como, por ejemplo, el derecho a compra preferente”, señala. Con todo, su conclusión es que desde el 15M “se reconfigura la crisis de vivienda desde una crisis hipotecaria a una crisis del alquiler”, que es la que sigue vigente ahora y que mantiene a la orden del día las reclamaciones de los indignados en materia de vivienda.

“El 15M fue fundamental a la hora de marcar la agenda en términos de vivienda. Es decir, creo que desde el 15M con menor o mayor intensidad ha sido de los temas que han estado más sobre la mesa”, reconoce.

La petición de “democracia real ya”, una constante del movimiento del 15M, también sigue vigente según los analistas consultados, que reconocen la crisis de representación de la que hablaba Cristina Monge. En cambio, a nivel sociológico la politóloga Carmen Lumbierres es más pesimista. “Yo creo que estamos en el contralegado del 15M. Estamos justo en la otra cara de la moneda de lo que fue la movilización. O sea, seguimos en la indignación como sociedad, pero es una indignación más nihilista, se ha perdido incluso la capacidad de pensar que colectivamente podemos tener otro mundo, que era lo que representaba el movimiento del 15M”, apunta.

A su juicio, “esos valores colectivos han desaparecido” con la instauración de un “mundo hiperindividualista que lleva creciendo desde ese momento, no solo aquí, sino en toda Europa”. Así, aunque reconoce que las consignas siguen vivas, “la búsqueda de las soluciones a los mismos problemas no se está haciendo de manera colectiva, sino individual y, por lo tanto, no se está haciendo nada. Un claro ejemplo es el de la vivienda. A mí me sigue pareciendo incomprensible cómo no hay un movimiento de calle, sobre todo de las personas jóvenes, ante una situación que es de urgencia extrema. Esto sí hubiera sido impensable en España en los 80, en los 90, hasta finales de los 70, que ante un problemón así no hubiera ningún tipo de organización”.

“Había dos maneras de salir de la crisis del 2008 que motivó el 15M: con más democracia, que era el intento del movimiento y todo lo que vino asociado a eso –mayor transparencia, participación ciudadana y reivindicación de lo público–, o desde la reducción del estado de bienestar, el neoautoritarismo y el entender lo público como una carga, que es lo que ha terminado ocurriendo. O sea, hemos dado completamente la vuelta a una sociedad muchísimo más individualista”, concluye.

La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), que ejerce como una de las acusaciones en el caso Mascarillas que se está juzgando en el Tribunal Supremo, ha solicitado a los magistrados que rechacen la modificación del escrito de acusaciones realizada por otra de las partes, la que representa al PP, que ayer pidió rebajar la condena al empresario Víctor de Aldama de siete a cinco años y dos meses por su “colaboración” con la Justicia. Lo hizo, además, sin que se pidiera por ninguno de los delitos por los que se le juzga más de dos años de cárcel, lo que podría evitar que Aldama entrara en prisión.

En un escrito de no conformidad con las conclusiones formuladas por la Acusación Popular Unificada, ejercida por el representante del PP, ADADE considera que se rebajan las penas solicitadas para Aldama “de forma muy notable respecto de las solicitadas en el escrito de acusación provisional, de forma que ninguna de las penas solicitadas se aproxima a los dos años de prisión”.

“Esta acusación quiere hacer constar que el citado escrito no puede ser admitido por la Sala a la que tenemos el honor de dirigirnos como si recogiera las conclusiones de todas y cada una de las acusaciones populares. Desde luego no son las de esta parte las presentadas por la acusación del Partido Popular”, remarcan desde la citada asociación.

En el texto también consideran que “la unificación de todas las acusaciones populares impuestas por la Sala no puede llegar al punto, sin violar nuestro concreto derecho a la tutela judicial efectiva, de que la acusación a quien se ha encargado que unifique todas las acusaciones populares –que en este caso se da la circunstancia de que es la del Partido Popular– presente como conclusiones definitivas de todas las acusaciones populares las que solo corresponden a las del Partido Popular (o, si acaso, a las de aquellas otras con las que haya consultado y recibido conformidad)”.

Para ADADE, “es inadmisible que, en trance de presentar el escrito de conclusiones una parte a la que se la ha encomendado por la Sala centralizar o unificar la actuación de todas ellas, lo haya hecho ignorando las opiniones de las demás, así como presentar el escrito de conclusiones como si fuera el de todas las acusaciones populares”. Por eso señala que “al margen de que la Sala advierta a la acusación popular del Partido Popular de lo impropio de ese comportamiento, debe rechazar ese escrito y proveer una solución a aquellas acusaciones populares para que no vean violado su derecho a la tutela judicial efectiva” recogida en la Constitución “antes de continuar en el juicio oral con los alegatos de acusaciones y defensas”.

“Procede, por tanto, que se tenga por no presentado el citado escrito de conclusiones definitivas en la forma como lo ha sido y se nos dé término para formular nuestro propio escrito de conclusiones definitivas. Subsidiariamente, si no lo admitiera la Sala, deberá obligar a la representación de la acusación del Partido Popular a trasladar a la Sala el escrito de conclusiones definitivas de nuestra acusación popular en nombre de ADADE”, concluye.

“En todo caso”, agrega, “deberá advertirse al abogado de la acusación popular del Partido Popular que deje en todo momento clara y reiterada constancia en su intervención oral de que no actúa en modo alguno en nombre de las acusaciones que no hayan dado su conformidad al escrito de conclusiones y desde luego nunca en nombre de la acusación popular de ADADE”.

Para el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, RTVE es “Tele Pedro”. El ente público que desde hace meses registra las mejores audiencias de los últimos lustros es, a juicio de los populares, “propaganda 'sanchista' pagada por todos los españoles”, hasta el punto de que el partido ha utilizado su mayoría absoluta en el Senado para crear una comisión de investigación en el Senado sobre RTVE, la séptima comisión de este tipo creada en lo que va de legislatura en la Cámara Alta. Pero mientras el equipo de Feijóo pone el grito en el cielo por los programas y contenidos de la televisión estatal, el PP controla con mano de hierro las televisiones autonómicas de las comunidades en las que gobierna, donde acumula quejas y denuncias, no solo por el trato a sus respectivos trabajadores, sino también por la politización y la manipulación de sus contenidos, siempre para favorecer los intereses de la derecha.

Uno de los ejemplos más paradigmáticos es el de Telemadrid, la televisión pública madrileña que ha llegado a difundir noticias falsas de pseudomedios contra el Gobierno y minimiza los escándalos de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. A todo ello se suman las recientes purgas de periodistas que se resisten a repetir las consignas de la Puerta del Sol, mientras Telemadrid se encuentra hundida en audiencias, especialmente desde que la controla el Ejecutivo autonómico.

El asalto de Ayuso a Telemadrid culminó hace unos años, en 2022, cuando el PP impulsó una segunda reforma de la ley de Radio Televisión Pública solo nueve meses después de la anterior gracias al apoyo de Vox. De esta forma, sorteaba el último escollo que le quedaba para nombrar a un director general definitivo en Telemadrid sin la necesidad de consensuarlo con el resto de partidos, como ocurría hasta entonces.

El elegido fue José Antonio Sánchez, un reconocido militante del PP —así lo admitió en el Congreso cuando con el Gobierno de Rajoy presidió RTVE— que en su mandato acumula varios titulares. Entre sus hazañas están el corte de la programación para retransmitir en directo la boda del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, el envío de un reportero para hacer preguntas a Ayuso en el desfile del pasado 12 de octubre orientadas a atacar a Pedro Sánchez o la cobertura mediática de los viajes de la presidenta a ciudades como Nueva York.

El Tribunal Constitucional estimó hace un mes el recurso de amparo que presentó el PSOE contra la reforma de 2022 que permitió al PP controlar Telemadrid sin el resto de las fuerzas políticas de la comunidad. La sentencia anuló los acuerdos de la Mesa y el Pleno de la Asamblea de Madrid y reconoció que se vulneró el derecho fundamental de los diputados recurrentes, aunque no entró a valorar el contenido de la reforma, solo su procedimiento. Pero este no es el único toque de atención de los tribunales al control de Ayuso de la televisión pública. En 2023, el Supremo declaró ilegal la purga de la presidenta autonómica y obligó a indemnizar al exdirector de informativos, Jon Ariztimuño, por un despido que la Justicia ahora considera improcedente.

Otras salidas forzosas de distintos cargos también fueron ejecutadas de forma regular. José Antonio Sánchez fue el responsable de un ERE por el que despidió al 74% de la plantilla, 860 trabajadores, todo ello con el fin de sacar de los despachos a la dirección y cargos intermedios que habían llegado en 2015 tras el acuerdo del PP de Cristina Cifuentes con Ciudadanos.

Audiencias hundidas en la TVG

Como con Telemadrid, en el caso de la Televisión de Galicia (TVG) la audiencia se ha convertido en la peor pesadilla de sus responsables y del gobierno de la Xunta de Alfonso Rueda. 2024 (8,6% de share) y 2025 (8,4%) fueron los dos años con menos espectadores en sus cuatro décadas de vida, pero la caída no se frena: en marzo se quedó en el 7,5% —segundo mes más bajo de toda su historia— y en abril aún más bajo, el 7,4%. Acostumbrada a ser segunda en la FORTA (la organización que agrupa a todas las televisiones autonómicas), solo por detrás de la todopoderosa TV3 de Catalunya, es a día de hoy sexta entre las autonómicas y la cuarta opción para los espectadores gallegos.

La dirección de la CSAG —antigua CRTVG— ha declarado una guerra abierta a los audímetros. En un comportamiento inédito en las televisiones, ha decidido abrazarse a un EGM que sí la coloca de primera mientras rechaza las mediciones de Fifty5Blue, a quien acusan de “desviaciones” que han sancionado. Los cambios constantes en la programación —el último previsto, la sustitución del vespertino Quen anda aí? por una versión galaica de La tarde de Juan Y Medio en Canal Sur—, de momento, no han conseguido invertir una tendencia que provocó incluso un toque de atención público del presidente de la Xunta. La única excepción a esa tendencia parece ser el paso del late night Land Rober a un formato diario, de lunes a jueves, en competencia con La Revuelta y El Hormiguero.

Mientras, la línea informativa marcada por las acusaciones de manipulación —los venres negros de Defende a Galega superan ya los 400— arrastra en esa caída a los telexornais. La última polémica ha sido el tratamiento de la moción de censura de Lugo. Presentadores y periodistas tiran una y otra vez de eufemismos para evitar llamar tránsfuga a la exconcejala socialista que entregará la alcaldía al PP, evitan ofrecer cualquier contexto de las circunstancias del Ayuntamiento —donde han muerto tres concejales socialistas, incluida la alcaldesa, en poco más de un año— y dan voz a plataformas vecinales próximas a los populares creadas de forma exprés para respaldar una iniciativa que ha provocado un enorme rechazo ciudadano.

La consagración de este modelo —con el nombramiento como directora xeral de la que ha sido responsable de las noticias durante los últimos ocho años, Concepción Pombo— viene acompañada de reveses judiciales, como la condena en el TSXG a la corporación por represaliar con un traslado forzoso a una periodista crítica. Una situación que vivieron varias compañeras, por lo que el fallo podría no ser el último.

Todo esto sucede cuando la ley que impulsó el PP para efectuar en solitario el relevo en la dirección xeral —sin necesitar una mayoría cualificada en el Parlamento— aún no ha cumplido su primer año de vida. El texto borraba de un plumazo órganos de control previstos en la anterior norma —como el consejo de informativos o el comité de redacción— y que nunca habían llegado a funcionar. El Consello de Administración, por su parte, que debe renovarse en julio, lleva siete meses “bloqueando” la cobertura de la vacante en representación del PSdeG.

“Dictado de noticias” en À Punt

En la Comunitat Valenciana, el 25 de abril de 2018, apenas cuatro años y medio después de que la señal de Canal 9 se fuera a negro por orden del Gobierno del popular Alberto Fabra, el Consell del Botànic (formado por PSPV y Compromís, con el apoyo parlamentario de Podemos) echaba a andar de nuevo la nueva radiotelevisión valenciana: À Punt. Pero con la llegada de nuevo a la Generalitat del PP, con Vox como compañero de viaje, la derecha y la extrema derecha maniobraron para hacerse con el control del ente público autonómico.

Una de las primeras medidas adoptadas por el nuevo Gobierno del PP y Vox fue la aprobación de la nueva ley de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, lo que fue criticado tanto por la oposición como por la Unió de Periodistes, que lo considera “una vuelta al modelo de televisión partidista, sin control independiente de su contenido”.

Además, los periodistas de la cadena han denunciado reiteradamente la manipulación, las presiones y el “dictado de noticias” por parte de la dirección de informativos, cuya gestión han llegado a reprobar. La toma de decisiones controvertidas, como entregar un programa en horario de máxima audiencia al actor y expolítico Toni Cantó —espacio que fue cancelado por sus audiencias irrelevantes— o programar una corrida de toros histórica coincidiendo con la masiva manifestación que pedía la dimisión del expresident Carlos Mazón con motivo del primer aniversario de la dana del 29 de octubre de 2024, han provocado una pérdida del prestigio y las audiencias de À Punt (a excepción de momentos puntuales, como las Fallas), cuyos informativos han perdido el pulso frente a la programación territorial de RTVE.

Protestas y dimisiones en Canal Sur

La contratación de cinco redactores para Canal Sur al margen de las bolsas de trabajo o de otros mecanismos reglados de selección fue en febrero el penúltimo polvorín en la Radio Televisión Andaluza. El Comité Intercentros (órgano sindical que representa colectivamente a toda la plantilla) denunció la contratación “a dedo” y acusó a la dirección de atentar contra las expectativas de estabilidad de los trabajadores de Canal Sur. Pero la denuncia de los sindicatos fue más allá del ámbito laboral, ya que vienen acusando a la dirección de crear una “redacción paralela para imponer su sesgo informativo”.

Los sindicatos amagaron con una huelga en Canal Sur hace poco más de un año para reivindicar mejores condiciones laborales de los cámaras y que se cubran las bajas de personal, pero la desconvocaron a pocas horas del 28 de febrero, cuando estaba prevista.

El Consejo Profesional de Canal Sur ha denunciado en los últimos años la línea informativa adoptada por la dirección del ente público, a la que ha acusado de relegar temas relevantes para Andalucía pero espinosos para el Gobierno de Juan Manuel Moreno, como la gestión de los incendios, las listas de espera sanitaria o los errores en la aplicación del programa de cribado de cáncer de mama, dando prioridad a asuntos de menor relevancia u otros de alcance nacional que encajan mejor en los intereses del PP. El Consejo Profesional dimitió en bloque el pasado octubre denunciando una “estrategia” para devaluar sus funciones.

De cara a la cobertura de las elecciones, RTVA ha propuesto celebrar un debate 'a cinco' con los candidatos de los cinco partidos que cuentan actualmente con representación parlamentaria el lunes 11 de mayo, y ocho debates de ámbito provincial cuatro días antes, el jueves 7. El pasado miércoles ha trascendido que se han convocado paros parciales los días 11, 12 y 14 de mayo, posponiendo el inicio de nuevas protestas para favorecer la negociación previa. Han sido más de dos meses de protestas diarias, cuyo mayor exponente han sido las concentraciones de los #MartesNegros.

Un exdiputado del PP como presentador en Aragón

En Aragón, las denuncias por la politización en la cadena autonómica han sido numerosas desde la llegada del PP al poder en 2023. Bajo el mando de los populares, la nueva dirección eligió para conducir uno de los programas de mayor contenido político, el Buenos Días Aragón, a un exdiputado valenciano del PP durante tras legislaturas, Manuel Gómez. Además, en septiembre de 2024 fue elegida como directora de informativos la periodista Elena García, de sesgo conservador y sin vínculos previos con la comunidad autónoma. García dimitió el pasado mes de diciembre por desavenencias con su equipo. Ha sido sustituida por el periodista aragonés Javier de Sola.

Tampoco el diseño de contenidos se ha librado de controversias. Hace tres meses, por ejemplo, se supo que Aragón TV premiaba con un programa a un veterano humorista habitual presentador de actos del PP y que en uno de ellos desveló una anécdota personal que vivió con Pilar Alegría, que le confundió con el futbolista Nayim. Además, la cadena se gastó más de 200.000 euros en retransmitir los toros de la Feria de San Isidro de Madrid del año pasado, algo criticado por IU al ser “ajeno a la cultura y territorio aragonés”. La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) volvió recientemente a adjudicar al grupo Henneo —el grupo empresarial que aúna al Heraldo de Aragón y otros medios como 20 minutos— la gran mayoría de los contenidos de la cadena.

Un exmilitante 'popular' dirige la televisión balear

También en Illes Balears, la radiotelevisión pública, IB3, atraviesa una etapa marcada por acusaciones de control político: el nombramiento de Josep Codony (exmilitante del PP) como director general del ente en 2025 vino acompañado de críticas de la oposición por falta de consenso. En los últimos meses, la oposición ha denunciado un deterioro del clima laboral y el bloqueo del proceso de integración del personal de informativos, acusando al Govern de Marga Prohens —que cuenta con el apoyo externo de Vox— de querer convertir la televisión en un medio alineado con su agenda política.

Una de las últimas polémicas tuvo lugar el 23 de abril, cuando Codony fue cuestionado en el Parlament balear por el uso del término “ilegales” en los informativos de IB3 al hablar de materia migratoria. Frente a ello, el director general defendió el “criterio profesional” de la cadena. La tensión fue tal que la comisión tuvo que interrumpirse momentáneamente por las quejas de los diputados, que acusaron a IB3 de no mantener una perspectiva neutral y de amplificar el relato del Govern en materia migratoria. Codony insistió en negar un uso del lenguaje con intenciones ideológicas.

En el ámbito laboral, IB3 ha abierto un nuevo frente con la constitución en abril de 2026 de la mesa negociadora de su convenio colectivo, un proceso que afecta a más de 400 trabajadores. Los empleados, por su parte, continúan exigiendo unas mejoras que se reclaman desde hace más de veinte años, cuando IB3 comenzó sus emisiones. El pasado mes de septiembre, el PSOE de las islas denunció presuntas “amenazas y coacciones” de Codony a los trabajadores que se concentraron durante un acto para reclamar su integración. El director general negó que se dirigiera con tal actitud hacia ellos.

En términos de audiencia, IB3 mantiene una posición modesta pero estable en 2026, con cuotas mensuales en torno al 5%–5,3%, sin que ello haya supuesto cambios estructurales en su peso dentro del sistema audiovisual. Su relevancia como medio de proximidad contrasta con un creciente debate sobre su independencia editorial, en un escenario donde la estabilidad de audiencia convive con una elevada conflictividad política y laboral en el seno del ente.

Una 'tele Mañueco' sin audiencias

El de Castilla y León es un caso peculiar. La comunidad cuenta con una televisión autonómica privada, pero financiada con dinero público. Radio Televisión Castilla y León es una corporación formada por dos grupos mediáticos, Promecal, del empresario burgalés Antonio Miguel Méndez Pozo, y Edigrup, del leonés José Luis Ulibarri. La Junta de Castilla y León otorga cada año una subvención directa que oscila entre los 20 y los 25 millones de euros, no hay una cantidad fija. De esta manera, sin saber qué presupuesto tienen cada año o incluso si se va a tener, la televisión pende siempre de un hilo.

En cuanto a su manejo político, la televisión es conocida por la salida del director de informativos en 2021 por orden del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, o la ocultación de las condenas y juicios que arrastra uno de sus propietarios, José Luis Ulibarri, por el caso Gürtel. En los últimos años, un buen número de periodistas ha dejado la televisión al tiempo que los sindicatos denunciaban injerencias políticas en los informativos de la cadena.

La conocida como 'tele Mañueco' tiene una baja audiencia en una comunidad con 2,4 millones de habitantes. Con dos canales distintos, uno local (para cada una de las nueve provincias) y otro autonómico, la discreta audiencia podría dividirse si finalmente se adjudica una nueva licencia para otra televisión privada tras el concurso que convocó la Junta y que aún no se ha resuelto a pesar de que hay un solo licitador. El gobierno autonómico ha asegurado que subvencionaría a la nueva tele con la misma partida que a la actual si las condiciones son las mismas.

Control ininterrumpido del PP en Murcia

También en Murcia la gestión de La 7 está externalizada desde 2015, cuando el Gobierno regional del PP adjudicó el contrato al Grupo Secuoya en una licitación que desde el primer momento generó polémica: la empresa ganadora presentó la segunda oferta más cara y varias competidoras recurrieron el proceso judicialmente alegando “evidentes arbitrariedades e irregularidades” en la adjudicación, recursos que fueron desestimados por los tribunales. Desde entonces, el canal ha permanecido en manos de Secuoya: al vencer el primer contrato en 2020, la pandemia y los recursos judiciales de empresas competidoras obligaron a firmar acuerdos de emergencia antes de adjudicarle un segundo contrato en 2022. Ya está en tramitación un nuevo contrato para el periodo 2027-2032 que rondará los 100 millones de euros de dinero público.

En términos de audiencia, la cadena ha pasado de un 4,4% de cuota en 2022 a un 3,1% en 2024, situándose en la parte baja del ranking de televisiones autonómicas españolas. Las denuncias de injerencia política van más allá de la influencia informal sobre los contenidos. El director general de La 7, Antonio Peñarrubia, está casado con Mar Moreno, secretaria general de la Presidencia del Gobierno regional de Fernando López Miras con rango de consejera. A ello se añade que en marzo de 2024 fue elegido director del ente público Radiotelevisión de la Región de Murcia Juan Antonio de Heras, exconsejero del PP en Murcia.

El Partido Popular lleva en el poder en Murcia desde 1995, lo que convierte este caso en uno de los ejemplos más longevos de control político ininterrumpido sobre una televisión pública autonómica. La externalización del servicio, lejos de blindar a la redacción de presiones, las facilita: al no ser empleados públicos con estatuto propio, los periodistas de La 7 carecen del marco de protección que tienen sus homólogos en cadenas autonómicas con plantilla directa. La ley reguladora de los medios públicos en Murcia es, además, una de las que menos exige en términos de mayorías cualificadas para elegir a los responsables del ente, lo que permite al partido gobernante colocar a sus afines sin necesidad de consenso con la oposición.

Los problemas de externalización en la Televisión Canaria

Desde sus inicios, la Televisión Canaria —incluida en el ente público Radio Televisión Canaria y creada en 1998— ha estado rodeada de polémica por diferentes motivos y de distinta intensidad. La acusación más generalizada es que es utilizada por el Gobierno de turno para la propaganda política y el tapado de sus vergüenzas, y como ha sido Coalición Canaria la que ha ocupado el poder durante más tiempo (más de 30 años), es el partido que más ha cargado con esa crítica, aunque ahora el Ejecutivo autonómico lo comparte también con el PP.

La polémica actual está centrada en dos frentes. El primero, la campaña del comité intercentros de Televisión Canaria contra lo que llama externalización de los programas informativos a manos de productoras ajenas a la casa, generalmente grandes medios de comunicación locales. Se refieren a Editorial Prensa Ibérica (La Provincia y El Día), a través de su productora Videre, y de Inforcasa (Canarias7), a través de Videoreport Canarias. Ambas se llevan la mayor parte del presupuesto de producciones externas por las tiras diarias de magazines que hacen por la mañana y por la tarde. La plantilla sostiene que la actual ley audiovisual que se tramita en el Parlamento canario incide en esa tendencia a la externalización.

El otro frente que tiene abierto el Gobierno canario con la tele pública está en su dirección. Ya no existe la figura del director o directora general, que se sustituyó en el anterior mandato por la de administrador único y ahora ha pasado a administrador general con la llegada de César Toledo, que se presenta como periodista especializado en comunicación no verbal. Inicialmente el Gobierno de Clavijo se lo impuso a la anterior administradora única con la excusa de que necesitaba un director de Medios y Contenidos, lo que en realidad escondía a un comisario político que hizo que María Méndez, la administradora única, se marchara de inmediato. Ahora Toledo es el administrador general y está procediendo a una auténtica escabechina sobre cualquiera que él no considere que está a la altura de la nueva dirección.

Sin tertulias durante la negociación PP-Vox en Extremadura

El control de la televisión pública también ha formado parte de las negociaciones de gobierno en Extremadura entre PP y Vox. La extrema derecha exigía garantías para pilotar el canal regional y el PSOE ya advirtió del riesgo de que la televisión fuera “moneda de cambio” en las conversaciones de las derechas que fructificaron en la investidura de María Guardiola. Finalmente el canal público no formó parte del acuerdo así que está por ver cómo lo gestiona el equipo de Guardiola en esta nueva legislatura.

Recientemente, PSOE y Unidas por Extremadura denunciaron que Canal Extremadura eliminara las tertulias políticas en las que participan portavoces de todos los grupos parlamentarios durante los cuatro meses de negociación del PP y Vox. Además, la portavoz de Unidas, Irene de Miguel, ha criticado “la parrilla más rancia que se recuerda” en la región.

*Con información de África Gelardo, Luís Pardo, Miguel Giménez, Javier Ramajo, Luis Faci, Esther Ballesteros, Antonio Vega, Erena Calvo, Carlos Sosa y Santiago Manchado.

Álvaro García Ortiz salió del juicio que se celebró contra él en el Tribunal Supremo “convencido” de que iba a ser absuelto del delito de revelación de secretos por el caso de la filtración de la confesión de dos delitos fiscales de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Pero finalmente fue condenado a dos años de inhabilitación especial, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 para el novio de la dirigente madrileña. Casi medio año después de que se conociera la sentencia, García Ortiz sigue sorprendido por lo ocurrido y defiende su inocencia. Afirma que él no ha filtrado “nada” a ningún periodista, y que tampoco cree que lo haya hecho nadie de su equipo.

“Centrar el asunto en que fue la Fiscalía quien filtró el mail me irrita mucho. No lo puedo aceptar. Hay muchas otras personas que pudieron filtrar ese mail”, ha asegurado este domingo en Lo de Évole, de La Sexta, que ha conseguido la primera entrevista a García Ortiz tras su condena. Preguntado expresamente sobre por qué creía que iba a ser absuelto, él ha respondido con la siguiente reflexión: “Porque estaba convencido de que un fiscal general del Estado tiene derecho a conocer la verdad y porque yo en el juicio y en los hechos no veía ninguna conducta punible. No había ninguna carga probatoria contra mí, lo tenía clarísimo, y salí convencido del juicio que iba a ser así. La sentencia fue una sorpresa muy dura. El fallo fue muy duro. Fue una sorpresa dura”.

García Ortiz reconoce que ha experimentado cambios en su vida tras la condena. No lleva bien, por ejemplo, pasear por la calle. “A veces tengo algún encuentro desagradable con alguien que me dice algo que no es agradable oír”, ha afirmado. “Curiosamente, en lugar de tener la seguridad por lo que debería llevarla un fiscal, que sería por el terrorismo, la tengo porque desde ciertos sectores de la ultraderecha yo soy una persona a la que se le puede insultar y llamar cualquier cosa”, le ha señalado a Jordi Évole, a quien también le ha confesado que sus hijos no llevaron bien el proceso. No obstante, su intención es seguir mirando hacia adelante: “Afronto las consecuencias de la sentencia, pero hay que seguir viviendo”.

El ex fiscal general del Estado ya ha pagado tanto la multa como la indemnización que debía a González Amador aunque sigue dolido por todo lo ocurrido. “Es inimaginable para un fiscal estar sentado en el banquillo. Es una cuestión muy dura”, ha señalado. También ha dicho que ha recibido “muchas llamadas de apoyo” y que “alguna sorprendería”, aunque ha detallado que “las más sorprendentes son fiscales generales de otros países que no comprendían que un fiscal general del Estado fuera condenado por una nota de prensa”. “Es una paradoja que el que se dedica a perseguir delitos tenga que pagar al que está en un proceso en curso”, ha añadido, en alusión a la causa que llevará a juicio a González Amador por dos delitos fiscales. 

La “humillación” durante el juicio

Haciendo un repaso del juicio, García Ortiz asegura que vivió “como una humillación” que la pareja de Ayuso le señalara y se dirigiera sin respeto hacia él, al igual que el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Ambos declararon como testigos, pero hablaron de él como si ya estuviera condenado sin que el tribunal de la sala segunda del Supremo, presidida por Andrés Martínez Arrieta, les interrumpiera.

Durante el programa, García Ortiz también ha explicado cómo funciona la justicia en casos como el de González Amador que, según ha dicho, “no tenía ni idea de quién era” hasta que salieron a la luz las primeras informaciones de elDiario.es sobre su fraude fiscal y se mencionó que era la pareja de Ayuso. Así, ha recordado que, de forma automática, cuando “Hacienda detecta un fraude fiscal” de más de 120.000 euros “eleva esas actuaciones a la Fiscalía” que inicia el procedimiento en los tribunales. En el caso de González Amador, el fraude ascendió a más de 350.000 euros. Así, el ex fiscal general ha querido remarcar que “los delitos fiscales son delitos contra la solidaridad colectiva. Es una cuestión grave”. 

Delante de una pizarra con las fotos de muchos de los implicados en la causa, García Ortiz ha recordado cómo Miguel Ángel Rodríguez envió a varios periodistas el bulo de que había sido la Fiscalía la que había planteado un pacto a la pareja de Ayuso para evitar una condena de cárcel cuando en realidad fue al revés: fue el abogado de González Amador el que propuso ese acuerdo al Ministerio Público. “Ni la Fiscalía ha ofrecido un pacto, ni lo ha retirado ni lo ha hecho por órdenes de arriba”, ha explicado el ex fiscal general, desmintiendo así las tres premisas que trató de difundir Rodríguez y que llegaron a ser publicados por distintos periódicos. “Es una calumnia sobre la Fiscalía. Se estaba calumniando a la Fiscalía española”, ha afirmado, por lo que decidió enviar la nota de prensa desmintiendo el bulo y que luego fue utilizada por el Supremo para condenarle.

García Ortiz sí asume esa nota, pero en ningún caso haber enviado a nadie el correo del abogado de González Amador en el que se decía que “ciertamente se han cometido dos delitos”. “Si la Fiscalía iba a sacar una nota informativa, ¿qué necesidad tenía de filtrar?”, se ha preguntado. “La nota la redacto yo. Asumo la total redacción y contenido. Estaban calumniando a la Fiscalía española y queríamos dar respuesta a ese choque institucional. El ciudadano tenía derecho a que una institución pública le dijera la verdad. Merecía una respuesta”, se ha justificado.

“Ha acabado condenado según el criterio del Tribunal Supremo el perseguidor de los delitos”, ha lamentado García Ortiz, que ha defendido también que borrara el contenido de su teléfono, algo que también le reprochó el Supremo. “El borrado no está relacionado con nada que quiera ocultar a un posible investigador. Borro de manera sistemática”, ha dicho. “En el teléfono tengo información muy sensible y tengo todo el derecho del mundo a borrar lo que quiera”, ha añadido, antes de remarcar que “en el teléfono de un fiscal general del Estado hay mucha más información de la que uno se puede imaginar”. A renglón seguido, sí ha reconocido que “el peor momento” de la instrucción fue cuando el juez pidió a la compañía Meta que recuperara los mensajes borrados, algo que no ocurrió, porque temía que saltaran a la prensa conversaciones personales. Además, ha reconocido que para él fue un “shock” que registraran su despacho.

Respeto hacia los jueces

A lo largo de la conversación García Ortiz ha evitado en todo momento no solo descalificar, sino también valorar el trabajo tanto del juez Ángel Hurtado que fue el encargado de la instrucción como el de los siete magistrados del Supremo que le condenaron (con el voto particular de dos de ellas). “Yo no cuestiono la profesionalidad del juez”, ha dicho de Hurtado. “Yo no cuestiono a ninguno de los magistrados del Tribunal Supremo”, ha añadido. Sí ha dicho que si hubiera conocido que el magistrado Antonio del Moral codirigió la tesis doctoral del abogado de la acusación se podía haber llegado a plantear su recusación. También ha negado cualquier rencilla personal con otro de los magistrados, Manuel Marchena. “He tenido una cordial relación profesional con Marchena. Nunca he manifestado ninguna discrepancia pública con él”, se ha limitado a decir.

A García Ortiz también le produjo un “profundísimo dolor personal” que el presidente del tribunal que le juzgó, Martínez Arrieta, presumiera de que iba a redactar la sentencia en su contra durante un curso en el Colegio de Abogados de Madrid en el que participó durante la supuesta deliberación. En este caso, ha reconocido que nadie le ha pedido disculpas.