La unidad que tanto el Gobierno como los Ejecutivos autonómicos afectados por el fuego intentaron trasladar el fin de semana pasado, coincidiendo con los momentos más graves del macroincendio de la Comunidad de Madrid, no se ha transformado en una unidad de acción futura respecto a cómo abordar los fuegos, cada vez más virulentos y duraderos.

Desde el Gobierno, tanto el presidente, Pedro Sánchez, como sus ministros piden a la oposición que suscriba un pacto de Estado contra la emergencia climática que ya propuso el Ejecutivo el año pasado. Y el PP, que coquetea en los últimos días con el negacionismo climático de la extrema derecha, rechaza ese acuerdo que tildan “de brocha gorda” y exige, por su parte, que se adopte el plan de 50 medidas planteadas por Alberto Núñez Feijóo también en 2025.

Ambos proyectos, tanto el del Gobierno como el del PP, tienen muchos puntos en común y plantean propuestas muy similares, en algunos casos casi idénticas, a pesar de que desde el Ejecutivo se enmarcan en la lucha contra los efectos del cambio climático y, desde las filas populares, únicamente en la lucha contra los incendios, sin tener en cuenta el contexto climático.

Ayudas psicosociales

Las dos partes piden, por ejemplo, más ayudas para los afectados por los fuegos. En el texto del Ejecutivo, que Sánchez presentó tras los graves incendios que asolaron Castilla y León en 2025, se recoge el “refuerzo, por parte de las administraciones territoriales, de la atención médica y el apoyo psicosocial tras desastres, incorporando protocolos de atención en emergencias climáticas, incluyendo salud mental, colectivos vulnerables y mujeres víctimas de violencia, e integrando la enfermería y los mediadores sociales en la respuesta”. Además, se compromete a “impulsar estrategias públicas de corresponsabilidad en situaciones de emergencia para el cuidado de menores y personas dependientes”.

El PP, en el documento de 50 medidas que Feijóo planteó también el año pasado, se recoge la “creación de oficinas móviles de atención a los perjudicados, que presten asistencia psicosocial, administrativa y jurídica, y teléfonos para consulta y tramitación de ayudas para particulares y empresas”.

Una mayor coordinación entre instituciones

Gobierno y PP también coinciden en pedir un refuerzo de la coordinación entre administraciones. Los populares plantean la “aprobación del Mecanismo Nacional de Respuesta de Protección Civil”. Además, “para garantizar rapidez, coordinación entre administraciones y seguridad para los ciudadanos”, el PP considera “imprescindible establecer criterios objetivos y transparentes para la movilización de todos los recursos de las administraciones públicas, bajo el liderazgo de profesionales con acreditada experiencia”.

“Ante la emergencia climática se requiere una interconexión efectiva”, señala la propuesta del Gobierno que, en línea de la del PP, plantea la “creación de una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias para mejorar la coordinación y la toma de decisiones por las administraciones públicas”. El plan de Sánchez habla también de “un Plan Nacional de Interconexión e interoperabilidad de información de emergencias que permita la comunicación ágil entre administraciones y la eficacia en la gestión, coordinación y el seguimiento de emergencias”.

Cuidado de los montes

El propio PP que ahora rechaza hablar de cambio climático sí lo incluye entre sus 50 propuestas, de una manera similar a la que propone el Ejecutivo, también en la misma línea de la prevención en la que coinciden ambas partes. El documento de los populares habla de “incentivar las prácticas agrícolas y ganaderas que contribuyan al mantenimiento de los montes y la prevención de incendios”.

También mencionan el impulso a “la agricultura del carbono, promoviendo prácticas culturales de bajo impacto y el secuestro de carbono en las explotaciones agrarias, de forma que se potencie el papel de la actividad agraria en la descarbonización de la economía y que los agricultores puedan obtener ingresos por su contribución a la lucha contra el cambio climático”.

El Gobierno, por su parte, concreta este aspecto en la “gestión activa y anticipatoria de los montes frente al riesgo de incendios forestales, por ejemplo, mediante tratamientos silvícolas preventivos como quemas prescritas y el uso planificado del fuego de baja intensidad, mejora de la prevención, a través de la ganadería extensiva y el pastoreo, y la innovación en tecnologías y maquinaria para trabajos forestales”.

Ayudas fiscales

En materia de fiscalidad, el Ejecutivo plantea “incentivos por servicios ecosistémicos para el sector e incorporación en mayor medida de la gestión forestal sostenible en las ayudas agrarias europeas”.

Y el PP, que concreta algo más este aspecto, señala la necesidad de “facilitar fiscalmente el apoyo directo de empresas y particulares a proyectos de recuperación, ganando agilidad en la decisión y garantizando una deducción o rebaja en el impuesto correspondiente”.

Medidas en los domicilios

La prevención también se recoge en ambos documentos. Los populares proponen “apoyar la cooperación ciudadana en la prevención, y detección de incendios y localización y detención de responsables y concienciar del riesgo de incendios mediante la información a los ciudadanos de medidas a adoptar e implementar en sus domicilios”.

El Gobierno formula una tesis similar, planteando “procesos comunitarios participativos para reducir la vulnerabilidad” y apoyando “incorporar el conocimiento local y mejorar la resiliencia”. En su plan, Moncloa señaló también el “fomento de la autoprotección en hogares y entornos rurales, incluyendo planes vecinales y señalización de evacuación”.

Estas coincidencias no han evitado, sin embargo, que el PP descalifique la propuesta del Gobierno y que, a su vez, desde el Ejecutivo se tilde una y otra vez de insuficiente la que plantean los populares.

El Gobierno decidió en la noche del jueves cerrar la frontera de Beni Enzar, la única operativa entre Melilla y Marruecos, según informó la delegación del Gobierno en la ciudad autónoma, que pidió a la ciudadanía que no se desplazara al perímetro fronterizo para no dificultar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La medida se sumó al despliegue de unidades del Ejército en Ceuta para apoyar a la Guardia Civil en la gestión de la crisis por la que en las últimas horas miles de personas han entrado desde Marruecos a la ciudad autónoma.

El flujo de ciudadanos que han entrado en Ceuta no ha cesado durante la noche, según informa Europa Press, y las llegadas han continuado a primera hora del viernes, con continuas carreras en la zona fronteriza. Lo hacen a nado y también a pie bordeando el espigón que separa de Marruecos la ciudad autónoma.

Fuentes policiales citadas por la mencionada agencia precisan que son más de 50.000 las personas que habrían entrado a España en los últimos días. A primera hora de este viernes los esfuerzos de las fuerzas desplegadas allí quieren evitar que los inmigrantes se dirijan al centro de la ciudad y a las barriadas, donde desde ayer se encuentran durmiendo o deambulando. En las horas siguientes, se ha gestionado el regreso de más de 48.300 personas a Marruecos.

Siempre según Europa Press, los inmigrantes, marroquíes en su inmensa mayoría, han caminado durante la madrugada de este viernes desorientados por las calles de toda la ciudad, sin saber adónde ir dado que en los centros de acogida no admiten nuevos ingresos. El de adultos, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) se encuentra saturado con más de mil residentes pese a tener 512 plazas. Además, en sus inmediaciones continúan llegando nuevas personas, ya hay más de un millar a la espera de ingresar.

Las Fuerzas Armadas han reforzado a la Guardia Civil “en el ejercicio de sus competencias y aquellas que puedan resultar necesarias para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta”, según anunció este jueves el Gobierno, ante la entrada de miles de personas desde Marruecos a la ciudad autónoma. Según explicó desde el Ejecutivo, “los efectivos movilizados estarán coordinados por el mando de operaciones y darán apoyo a la Guardia Civil”. Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha viajado este mismo viernes a la zona.

Respecto a la Guardia Civil, a los 60 efectivos de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) destinados permanentemente en vigilancia fronteriza, se ha sumado ya un pelotón adicional (20 efectivos) y en las próximas horas se incorporarán dos pelotones más, con 40 efectivos. Además, la unidad de Seguridad Ciudadana de Ceuta se refuerza con 30 guardias civiles procedentes de diferentes unidades de Andalucía. Asimismo, el Gobierno ha informado del envío de dos grupos de buceadores (ocho efectivos) del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de Andalucía.

A las embarcaciones del Servicio Marítimo destinadas en Ceuta (dos embarcaciones medias y cuatro embarcaciones tipo zodiac), se unirán el buque Duque de Ahumada, que llegará a Ceuta en la madrugada del 31 de julio. Además, en los próximos días se incorporarán al Servicio Marítimo cinco patrones de embarcación, tres mecánicos-marineros y pilotos de drones y el servicio aéreo se reforzará con un helicóptero.

Respecto a los efectivos de la Policía Nacional, Moncloa ha informado de que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha enviado un equipo de extranjería, compuesto por seis personas, “para apoyar las labores de reseña y documentación”. En Seguridad Ciudadana, el grupo de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y los efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Ceuta doblarán turnos, mediante la dotación de jornadas extraordinarias.

Asimismo, este jueves se han incorporado tres equipos de UIP desde Sevilla, a los que se añaden en los próximos días los equipos de la UIP Central y de la UIP de Málaga, hasta completar una dotación de 200 efectivos de UIP y UPR, que estarán desplegados específicamente en tareas de seguridad ciudadana en Ceuta.

“Ejemplar colaboración”, según Interior

Los agentes de antidisturbios de la Policía Nacional se han desplegado en la frontera del Tarajal para contener la entrada, que se produce después de la llegada de entre 1.500 y 2.000 personas en los últimos diez días.

Ante lo ocurrido, el Ministerio del Interior ha destacado este jueves “la ejemplar colaboración de España con Marruecos en todos los ámbitos, incluido en materia migratoria”. El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska ha agradecido además a las autoridades marroquíes “los esfuerzos realizados” en los últimos días por sus fuerzas de seguridad, “que han impedido miles de intentos de migración irregular”.

“Ambos países han acordado reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a estos flujos y se han comprometido a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente en Ceuta”, han añadido desde Interior.

“Restablecer cuanto antes” la normalidad

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha hablado con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, por segunda vez en la tarde de este jueves y le ha informado de los refuerzos de Policía Nacional y Guardia Civil desplegados en la ciudad autónoma.

De igual manera, Marlaska también le ha trasladado el despliegue de efectivos del Ministerio de Defensa para apoyar a la Guardia Civil en la zona. Le ha reiterado “su apoyo y compromiso” para “mantener la seguridad en Ceuta y restablecer cuanto antes” la normalidad.

La Comunidad de Madrid ha comprado un ático de 485 metros cuadrados con 200 metros de terraza en Chamberí. La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, dijo el miércoles que el piso, situado en una de las zonas más caras de Madrid, era para celebrar “reuniones” cuando empiecen las obras en la sede de la Presidencia de la Puerta del Sol. Pero no aclaró cuál será su uso concreto, ni si inicialmente el Gobierno regional, que este jueves anunció que lo venderá tras el revuelo generado, lo compró para ser una suerte de residencia oficial para los cargos de la Comunidad.

En este momento, siete presidentes autonómicos tienen a su disposición residencias oficiales acondicionadas para vivir durante sus años de mandato. Catalunya, Euskadi, Galicia, Illes Balears, Extremadura, Asturias y Canarias cuentan con pisos, chalets o palecetes destinados a ese fin. Sin embargo, ninguno de esos mandatarios ha decidido trasladarse a esas casas que sufragan sus propios ejecutivos y prefieren residir en sus respectivos domicilios privados.

La Casa dels Canonges es la residencia oficial de los presidentes de la Generalitat de Catalunya. Se trata de una vivienda cercana al propio Palau de la administración catalana, en el centro histórico de Barcelona. Hoy en día se celebran allí reuniones, almuerzos y recepciones, pero el actual president de la Generalitat, Salvador Illa, no lo ha utilizado como su vivienda habitual. En su día sí vivió allí Josep Tarradellas cuando regresó del exilio franquista. Y también residieron en Canonges Francesc Macià y Lluís Companys durante la II República.

La situación es similar en Euskadi, donde los lehendakaris tienen como residencia oficial el Palacio de Ajuria Enea. Este edificio centenario situado en una de las mejores zonas de Vitoria no fue utilizado por Iñigo Urkullu durante su mandato, que optó por residir en su propio domicilio, en Durango, dada la incomodidad de un espacio que se considera anticuado. El exlehendakari sí acometió unas obras en el complejo para dotarlo de un nuevo salón de recepciones y que Ajuria Enea tuviera más uso aunque su sucesor, Imanol Pradales, también ha optado por vivir en su propio domicilio de Portugalete (Bizkaia). Antes de ellos sí que vivieron en el palacio vitoriano sus predecesores Carlos Garaikoetxea, José Antonio Ardanza y Patxi López.

70.000 metros cuadrados en Santiago de Compostela

La residencia oficial destinada en Galicia al presidente de la Xunta ocupa una superficie de unos 70.000 metros cuadrados –25.000 de edificación y otros 45.000 de zona ajardinada– en Monte Pío, una de las subidas al emblemático monte Pedroso de Santiago. El inmueble lo encargó Manuel Fraga Iribarne, que se mudó a vivir allí en 2002. Costó una cantidad de fondos públicos nunca aclarada entre los siete y los 10 millones de euros y del diseño se ocupó el arquitecto Manuel Gallego Jorreto.

El espacio fue utilizado tanto por Fraga como por el socialista Emilio Pérez Touriño, que estuvo al frente de la Xunta entre 2005 y 2009 y que después recordaría que le impresionaron las instalaciones por el tamaño y recursos, como la piscina climatizada o la sauna. También se instaló en este edificio, que tiene una parte de vivienda y despachos que han recibido un uso institucional, el actual líder del PP estatal, Alberto Núñez Feijóo en sus primeros años como presidente del Gobierno gallego.

Más adelante sus teóricos habitantes dejaron de frecuentarla: Feijóo se trasladó a A Coruña a raíz de su relación con Eva Cárdenas y el nacimiento del hijo de ambos. Y el actual presidente, Alfonso Rueda, nunca llegó a mudarse. Sigue residiendo en la vivienda que tiene en la ciudad de Pontevedra. En Monte Pío se queda algunas noches, cuando la agenda hace que sea más práctico dormir en Santiago.

En el caso de Balears, el Consolat de Mar es la residencia institucional y oficial de la presidencia autonómica, pero los distintos líderes del Govern no han dispuesto nunca de ella para residir. De hecho, la actual presidenta balear, la popular Marga Prohens, vive en su vivienda particular de Palma. Ya el primer presidente balear, Gabriel Cañellas (AP/PP), rehusó utilizar el Consolat con fines privados. Y el resto de dirigentes autonómicos –Cristòfol Soler (PP), Francesc Antich (PSOE), Jaume Matas (PP), José Ramón Bauzá (PP), Francina Armengol (PSOE) y Prohens– han seguido en la misma línea: mientras ejercieron el cargo, siempre vivieron en sus pisos particulares.

El caso más paradigmático fue el de Matas, que residía en un palacete ubicado en la exclusiva calle Sant Feliú y que estuvo en el punto de mira de los tribunales a tenor de un supuesto enriquecimiento ilícito del exdirigente popular que nunca llegó a ser demostrado. 

Los presidentes del PP evitan vivir en la capital extremeña

En Extremadura también existe una residencia oficial, pero hasta ahora tan solo ha sido usada por los dos presidentes del PSOE, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara, que residieron en esta vivienda, situada en la avenida José Fernández López de la capital extremeña, Mérida, con sus respectivas familias.

El expresidente José Antonio Monago y la actual jefa del Ejecutivo extremeño, María Guardiola, ambos del PP, optaron seguir residiendo en Badajoz y Cáceres, respectivamente. Monago, en plena polémica entonces por la treintena de viajes a Canarias pagados con cargo al presupuesto del Senado entre 2009 y 2010, decidió cerrar la residencia de la capital extremeña e incluso ponerla a la venta en un portal de internet. Por su parte, María Guardiola informó al principio de la pasada legislatura que utilizaría la vivienda de forma muy puntual, igual que hace ahora, tras refrendarse en el cargo gracias a Vox.

No obstante, según consta en el portal de Transparencia, entre 2023 y 2024 se gastaron al menos 25.000 euros en la limpieza del inmueble, la pintura interior, mobiliario para el jardín y un robot de limpieza para la piscina. El chalé tiene una superficie útil de 600 metros cuadrados, 1.500 metros cuadrados de jardín, tres dormitorios, dos baños, un aseo, zona de servicio, dos salones y cocina con office en la segunda planta. La tercera es un apartamento independiente con dos dormitorios, baño, salón, despacho y cocina, y en la primera planta hay una sala de espera y seis despachos.

En Asturias también existe una residencia para la Presidencia del Principado, si bien el actual mandatario, Adrián Barbón, no la utiliza porque reside en su vivienda habitual, en Pola de Laviana, capital del concejo minero de Laviana. Barbón únicamente hizo uso de esta residencia durante la pandemia, instalándose en este apartamento de manera continuada los meses del confinamiento. En algunas ocasiones, también se queda allí algún fin de semana por motivos de agenda.

El apartamento fue habilitado en la tercera planta del Palacio de la Presidencia, ubicado en la calle Suárez de la Riva de Oviedo, frente a la Junta General del Principado, en tiempos de la presidencia del socialista Juan Luis Rodríguez Vigil, entre 1991 y 1993. Fue remodelado en la etapa de Francisco Álvarez-Cascos, en 2011. Cascos y Antonio Trevín (1993-1995) fueron los dos únicos presidentes asturianos que ocuparon de continuo la vivienda, el primero porque residía en Madrid y el segundo porque tenía su vivienda habitual en Llanes. En la actualidad consta de una habitación grande y tres más pequeñas, una cocina, un salón de estar-comedor, una salita habilitada como despacho y dos baños.

En Canarias la residencia oficial del presidente se encuentra en Las Palmas de Gran Canaria aunque en Tenerife, en el mismo edificio de la Presidencia, hay un “apartamento” en la parte alta que se puede utilizar también como vivienda y que también es propiedad de la administración autonómica. Pero el uso que se da a las dos viviendas ahora mismo no es residencial y solo se utilizan para actos y reuniones oficiales.  

Chaves vivió en la Casa Sundheim

En Andalucía no existe residencia oficial del presidente de la Junta. El actual titular del cargo, Juan Manuel Moreno, reside en su casa particular. Cuando se remodeló el Palacio de San Telmo, en Sevilla, como sede permanente del Gobierno andaluz se reservó un espacio para albergar una futura residencia presidencial, pero nunca se hizo. Actualmente esas dependencias las ocupan despachos y funcionarios. Manuel Chaves, presidente de la Junta entre 1990 y 2009, fue el único que tuvo residencia oficial en Andalucía. En 1992 se mudó con su familia a la Casa Sundheim, un palacete sevillano que había sido la primera sede de la oficina de Manuel Olivencia como comisario de la Expo’92.

En la Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana, Navarra, Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja, la Región de Murcia y Cantabria nunca se ha establecido una residencia oficial para sus respectivos presidentes.

Castilla y León es un caso peculiar. Aunque el presidente autonómico tampoco dispone allí de una residencia oficial, sí paga un piso a su actual mandatario, Alfonso Fernández Mañueco, al igual que hizo con su antecesor, Juan Vicente Herrera, a lo largo de 16 años en los que de las arcas públicas salieron 705.039,68 euros para sufragar el alquiler de la vivienda presidencial.

La inédita costumbre de pagar el piso al presidente no la impuso Herrera. Según Transparencia, un piso ubicado en la Acera de Recoletos, en plena 'milla de oro' de Valladolid, y de 199 metros cuadrados, se alquiló desde el 1 de agosto de 1985, cuando la Junta estaba en manos del PSOE y no había una sede autonómica. Uno de los ocupantes del piso de Recoletos fue José María Aznar, presidente de la Junta de Castilla y León entre 1987 y 1989: las crónicas de esa época hablaban del piso de la pareja Aznar-Botella en pleno centro de Valladolid y de su intensa vida social.

El particular caso de Castilla y León

En realidad, cuando Aznar llegó al gobierno autonómico ya estaba habilitada una vivienda para el presidente en la sede de Presidencia en el Colegio de la Asunción, en el barrio de Covaresa, pero en esa época era una zona poco habitada que no agradó al responsable de la Junta. Posteriormente fue Herrera el que se aposentó en el piso de la Acera de Recoletos, propiedad de la empresa Conre SL, durante más de tres lustros.

Mañueco nunca llegó a ocupar esa casa y el alquiler se rescindió en 2019, pero no porque rechace un alquiler pagado por las arcas públicas sino porque prefirió otro piso cuya ubicación Presidencia se niega a desvelar “por razones de seguridad”. No sale barato, pero sí algo más económico que el de Recoletos. La renta ascendía, en 2019, a 1.460 euros al mes. El caso de Castilla y León es único. Ninguna otra comunidad paga el alquiler a su presidente.

*Con información de Arturo Puente, Iker Rioja, Beatriz Muñoz, Esther Ballesteros, Santiago Manchado, Leticia Quintanal, Jennifer Jiménez, Daniel Cela, Adolf Beltrán, Olivia García, Laro García, Rodrigo Sáiz, Laura Cornejo, Carmen Bachiller, Candela Canales y Elisa Almagro.

El PSOE ha presentado este miércoles un escrito solicitando la reapertura de la causa por la lona que la organización ultra HazteOir desplegó en una fachada frente al Congreso de los Diputados en la que se podía ver la imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado de un texto que le llamaba “corrupto”. La Audiencia Provincial de Madrid decidió el pasado 29 de junio confirmar el archivo de la causa al considerar que la lona no tenía la “finalidad de insultar” sino la de “expresar una crítica política amparada por la libertad de expresión”. Ahora la representación del PSOE y del propio Sánchez pide la nulidad de ese archivo por “vulneración de derechos fundamentales de los reconocidos en el artículo 53.2 de la Constitución Española”.

En el texto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la procuradora de los socialistas que denunciaron a HazteOir por injurias, insiste en que “la instalación de la lona, la continuidad de la campaña mediante actos como la colocación de pancartas en varios puentes y pasarelas de Madrid, la proyección de un haz de luz sobre la fachada del Congreso con la expresión 'Sánchez Corrupto', la difusión reiterada en redes sociales y la comercialización de objetos con la misma imagen serían constitutivos de un delito contra la integridad moral del artículo 173.1 del CP y/o un delito de coacciones o acoso, puesto que con los mismos se ha pretendido humillar y deshonrar a la víctima, mostrando su más absoluto desprecio, lesionándose de esta forma su dignidad humana y en consecuencia su integridad”, tal y como defendió también la Fiscalía.

El PSOE considera que “frente a esta alegación, concreta, motivada y sustentada en hechos detallados y fechados”, en su auto de archivo la Audiencia Provincial se limitó a afirmar que desconocía a qué hechos se referían tanto la Fiscalía como la representación socialista. “Al declarar el propio órgano juzgador que 'desconoce a qué hechos se refiere' el motivo de recurso relativo a estos concretos tipos penales, se evidencia que la Sala no ha examinado ni resuelto sobre una pretensión sustancial, autónoma y expresamente planteada, incurriendo en incongruencia omisiva”, apunta la procuradora del partido.

También recuerda la representación del PSOE que “conforme a reiterada doctrina constitucional, la incongruencia omisiva vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva cuando el órgano judicial deja sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que se trate de pretensiones sustantivas y no de meros argumentos instrumentales, como es el caso”.

La Audiencia no apreció “la finalidad de insultar”

Los socialistas también alegan “la vulneración del derecho a la tutela judicial recogida en el artículo 24.1 de la Constitución” porque a pesar de que la Fiscalía había pedido actuaciones concretas, esa solicitud “no se llegó a resolver antes de acordarse el archivo definitivo de las actuaciones”. El PSOE considera que “era imprescindible practicar dichas diligencias” como la recogida de muestras fotográficas “para determinar si los hechos denunciados podían ser constitutivos de delito”.

Cuando se decidió el archivo, el juez argumentó que la acción de HazteOir era una “crítica de contenido político” que “no promueve la violencia ni incita un discurso de odio”. En la misma línea, la Audiencia Provincial consideró que en la lona “no se aprecia la finalidad de insultar” sino la de “expresar una crítica política amparada por la libertad de expresión”. También destacó que, en su opinión, no existía “incitación a la violencia ni discurso de odio”.

La lona que colgó el 19 de mayo de 2025 la asociación ultracatólica, que ejerce la acusación popular en casos relacionados con el Gobierno y la familia del presidente, hacía referencia a las causas judiciales como la de Koldo García o las que afectan a la esposa y el hermano de Sánchez. Los bomberos retiraron la lona de madrugada por orden de un juez tras la petición de medidas urgentes del PSOE.

El Partido Popular ha dado un paso más en su pugna con la extrema derecha por el mismo electorado. Presidentes autonómicos de peso y dirigentes estatales están acercando sus posturas a las del negacionismo climático de Vox justo cuando España sufre sus peores incendios, con los fuegos de Ávila, Madrid, Toledo y Castellón extendiéndose aún sin control y con más de 100.000 personas desplazadas de sus hogares. Los populares optan ahora por poner en cuestión las explicaciones científicas de los expertos que alertan de cómo la intensidad de los fuegos no ha parado de crecer en las últimas décadas y apuntan al calentamiento global provocado por el cambio climático causado por la actividad humana.

“Se utiliza como mantra el cambio climático para que no hablemos de la mala gestión del Gobierno y de lo que no hacen ni de lo que dejan de hacer”, aseguraba a primera hora del lunes la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, en una entrevista en esRadio. “Durante toda la historia de nuestro planeta el clima ha cambiado, eso es de perogrullo. Yo creo que esto de que el cambio climático mata, de que el cambio climático es el responsable de todo es un mantra que repite la izquierda para evitar responder por las responsabilidades que tiene”, llegó a asegurar.

Desde que se conocen los incendios más graves de este verano, los populares no se habían mostrado tan abiertamente cercanos al discurso de Santiago Abascal. El líder de Vox habla una y otra vez de “fanatismo climático” para desvincular los incendios del calentamiento global. También ha lanzado bulos como el que sostiene que la legislación actual, a la que vincula con esa lucha contra el cambio climático, no permite limpiar los montes.

Es una premisa falsa. La normativa vigente es la ley de Montes de 2003 que precisamente aprobó un Gobierno del PP y exige a las comunidades autónomas la aprobación de planes de prevención de incendios que, en la práctica, incluyen la gestión sostenible de los montes mediante retirada de restos, desbroces, podas y otras medidas.

Es más, las normativas autonómicas suelen obligar a propietarios de parcelas cercanas a núcleos urbanos a mantenerlas limpias y, en general, permiten hacerlo sin licencia salvo que estén en espacios protegidos. Lo que sí ocurre es que en épocas puntuales con alto riesgo de incendio o durante las olas de calor se dictan limitaciones a actividades que, precisamente, pueden provocar fuegos. Por ejemplo, la quema de rastrojos o el uso de maquinaria que genere chispas. Greenpeace recuerda que los propietarios forestales deben mantener sus fincas limpias y en buen estado y, si no lo hacen, los ayuntamientos deben exigírselo o incluso encargarse de ello.

Ayuso y la limpieza de los montes

Con todo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se sumó este lunes a ese mismo bulo de Vox sobre la limpieza en los montes. “Atendamos a las gentes del campo, que son las que de verdad conocen lo que pasa en los montes”, decía la presidenta desde el puesto de mando de Navalcarnero, antes de asegurar que sus problemas pasan por las “dificultades para limpiar los montes, para trabajar en sus propios terrenos”, algo que en ningún caso recoge la normativa vigente.

Ayuso y otros dirigentes del PP tratan además de restar ahora importancia a la influencia del cambio climático en la virulencia de los fuegos. Como Vox, los populares contradicen así la evidencia científica que ha constatado que por culpa del calentamiento global cada vez se producen más incendios forestales y que estos son más intensos y destructivos. Con esta tesis, el PP trata de rechazar la propuesta del Gobierno de un pacto de Estado contra la emergencia climática que lleva planteando Pedro Sánchez desde el verano pasado. “No es momento de dar soluciones de brocha gorda para eximirnos de cualquier responsabilidad”, apuntó Ayuso este lunes.

“Sobre la propuesta de emergencia climática: he estado mirando en las hemerotecas y veo que casi desde el 2014 el Gobierno viene hablando de ello. Pues 12 años más tarde, si es tan emergente...” ironizaba. “Yo lo que tengo claro es que tenemos que ver qué incendios han sido causados por la acción del hombre, que estamos viendo que en toda España están siendo la inmensa mayoría”, añadía, dejando de lado el papel desempeñado por el cambio climático en el escenario que vive ahora no solo la península ibérica sino el conjunto de Europa.

En la misma línea, se manifestó el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y también para rechazar el pacto de Estado planteado por Sánchez. A su juicio, las causas de los incendios y su virulencia “múltiples”, si bien luego él sí ha reconocido que la incidencia climática y de las altas temperaturas “durante varios días seguidos” provocan los llamados incendios “de quinta generación”, que se asemejan a “auténticas explosiones” y se hacen “incontrolables”. “Las causas climáticas influyen e influyen otros condicionantes, como la necesidad de limpieza”, añadía, tratando de restar importancia al calentamiento global.

Además de las evidencias científicas de las últimas décadas, Greenpeace recogió datos del año pasado y concluyó en un informe que “el cambio climático agrava los incendios y estos a su vez contribuyen a la emisión de CO₂, agravando el cambio climático”. Se trata, por tanto, de un círculo vicioso. Por ejemplo, según el Servicio de Monitoreo Atmosférico de Copernicus (CAMS), los grandes incendios registrados en 2025 en comunidades como Castilla y León y Galicia dispararon las emisiones de carbono en España hasta cerca de 19 millones de toneladas de CO₂, convirtiendo 2025 en el año con mayores emisiones por incendios forestales desde que comenzaron los registros hace 23 años.

El año pasado hubo 33 días de olas de calor, uno de cada tres días de verano, recuerda el informe de Greenpeace. La del 18 de junio al 4 de julio duró 17 días y fue la tercera más larga y extensa de la serie histórica. En ese periodo se produjeron tres grandes incendios forestales. Pero la ola de calor del 3 al 18 de agosto duró 16 días. Fue la segunda más intensa de la historia (con una anomalía de 4,2 grados centígrados) y extensa que afectó a 42 provincias. En este periodo se produjeron 42 grandes incendios forestales. Además, el 71,4% de los grandes incendios de 2025 ocurrieron durante episodios de ola de calor.

El informe de la organización ecologista también añade que “el agravamiento de los grandes incendios forestales no puede ni debe atribuirse exclusivamente a la crisis climática. Existen factores estructurales profundos, como el abandono del medio rural, que resultan determinantes (...) El cese de actividades tradicionales como pastoreo, cultivos tradicionales, etc, ha favorecido la transformación del mosaico propio del sistema agrario tradicional en masas forestales continuas, ya sea de forma natural o por medio de plantaciones monoespecíficas, aumentando de forma alarmante la inflamabilidad del paisaje y facilitando incendios cada vez más intensos, rápidos y difíciles de controlar”.

Pérez-Llorca y los “atentados medioambientales”

Otro dirigente del PP, el presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, alentaba otro de los bulos habituales de la extrema derecha. Desde la Vall d'Uixó, que vive uno de los grandes incendios de la semana, el mandatario aseguró que lo que hay que hacer para evitar los fuegos es imponer penas “mucho más duras” contra los autores de los que llamó “atentados medioambientales”, como si tratara de una actividad organizada. Como en su día hizo Feijóo en Galicia, es habitual que desde la derecha y la extrema derecha se mencionen supuestas mafias, tramas organizadas o un supuesto “terrorismo incendiario” que provocaría los incendios de forma sistemática y coordinada, para evitar hablar del cambio climático.

La Fiscalía ha descartado en varias ocasiones la existencia de este tipo de organizaciones criminales complejas. Detrás de los incendios suele estar el factor humano, desde accidentes a negligencias o fuegos intencionales, pero solo una mínima proporción de los incendios se atribuye a personas que sufren piromanía.

Por parte de Génova 13, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, considera que al hablar de la lucha de la emergencia climática el Gobierno “lo que plantea es todo ideológico”. “El problema es que la izquierda confunde conservación con inacción”, añadía ella. El plan de los populares pasa por retomar el que propuso Feijóo hace un año y que recoge 50 medidas casi idénticas al pacto de Estado que plantea el Gobierno.

La bronca política ha elevado decibelios este viernes, a costa de la gestión de los graves incendios declarados en España y, especialmente, el que aún asola la Comunidad de Madrid. El Partido Popular ha cargado este viernes con dureza contra la actuación del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y la del ministro de Transportes, Óscar Puente, por sus críticas a la Comunidad de Madrid por sus recortes en los dispositivos antiincendios coincidiendo con los fuegos que asolan la región. Puente, por su parte, ha publicado una serie de tuits con palabras gruesas contra los populares y, en especial, contra Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña.

“Yo creo que mientras todo el país observa con preocupación y con interés cómo las administraciones tienen que trabajar en contra del fuego, no se entiende que todas las fuerzas políticas no colaboren en el mismo objetivo”, ha dicho en declaraciones a la prensa la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra.

“Ya sabemos lo que hace este gobierno, ya sabemos lo que hace el el delegado del Gobierno y hemos visto lo que ha dicho Óscar Puente esta mañana criticando a los gobiernos del Partido Popular. Ellos ven bandos y ven muros donde nosotros solo vemos fuego, un fuego al que combatir porque hay gente que lo está pasando mal”, ha añadido. Se refería a las críticas que desde el Ejecutivo han realizado al hecho de que el Gobierno de Ayuso haya tenido que reclamar la declaración de emergencia nacional por los fuegos en Madrid tras recortar los fondos dedicados a la lucha contra los incendios y las bajadas de impuestos.

Para Ezcurra, “tanto la actuación del delegado del Gobierno como, por supuesto, y, sobre todo, la actuación del ministro Puente”, son “miserables”.

La dirigente del PP también ha rechazado hablar de un posible pacto de Estado contra los incendios. “El PP presentó un plan contra contra las emergencias naturales en septiembre del año pasado, que gustará más o menos, pero es un plan detallado que se tradujo además en algunas iniciativas parlamentarias, y, en cambio, el Gobierno se desmarcó con una propuesta de pacto de Estado que no cabía”, ha concluido.

El Gobierno central declaró anoche la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León) como consecuencia de la evolución de los incendios forestales de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Burgohondo. El avance las llamas ha llevado al desalojo de 11.500 personas.

Ayuso contra Puente

Ante la gravedad de tres fuegos simultáneos que afectan a Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a través de una escueta carta de su consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, había pedido este jueves al Estado la activación de la llamada “Situación Operativa 3”, el nivel más alto de la escala y que deja en manos del Gobierno central declarar la emergencia nacional.

Desde el mando central instalado en Cenicientos, Ayuso ha caldeado este viernes el ambiente a pesar de destacar la “coordinación” entre su Ejecutivo y el Gobierno central. Preguntada por la prensa por las críticas realizadas desde la izquierda a los recortes de la Comunidad de Madrid en servicios sociales y, en especial, en la lucha antiincendios, la presidenta madrileña respondía con las siguientes palabras: “El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, ahí su conciencia”. A media tarde, su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, publicaba un tuit asegurando que “la palabra del día es mamarracho”.

El ministro Puente se sintió entonces aludido y publicó un tuit dirigiéndose directamente a Ayuso: “De calentar el ambiente sabes mucho. Es de lo que vives. Ahora pides ayuda a ese gobierno al que te pasas la vida insultando y descalificando. Si hay una mamarracha en España, esa eres tú”.

En apenas tres párrafos, la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso solicitó anoche al Gobierno central la declaración de emergencia nacional ante la gravedad de los fuegos que asolan la región. Fue a través de una carta que envió el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

“Como sabrás, nos encontramos en una grave situación en estos momentos en la Comunidad de Madrid. A los diversos incendios forestales simultáneos que se están produciendo, se acaba de sumar la muy probable entrada del incendio forestal procedente de Burgohondo (Ávila) en la Comunidad de Madrid con el consiguiente riesgo de que se conecte con el incendio forestal activo en el municipio de San Martín de Valdeiglesias”, comenzó Novillo su misiva al ministro.

El Gobierno de Ayuso asegura que se enfrenta “a una importante amenaza” para su medioambiente, “para la seguridad y la vida de numerosos ciudadanos de localidades con una elevada densidad poblacional en el Suroeste” de la región. “Por todo ello, solicitamos formalmente que se declare la emergencia de interés nacional conforme a lo establecido en los artículos 28, 29 y 30 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, requiriendo el empleo de los medios y recursos nacionales o europeos que sean necesarios”, zanjó.

Tras recibir esta carta, Marlaska declarabala emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León) como consecuencia de la evolución de los incendios forestales de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Burgohondo. El avance las llamas ha llevado al desalojo de 11.500 personas.

Ante la gravedad de tres fuegos simultáneos que afectan a Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, había pedido este jueves al Estado la activación de la llamada “Situación Operativa 3”, el nivel más alto de la escala y que deja en manos del Gobierno central declarar la emergencia nacional.

“Mañana se esperan condiciones meteorológicas muy adversas y es necesario reforzar el apoyo nacional e incluso internacional de estos incendios”, dijo anoche Ayuso en sus redes sociales. La Comunidad de Madrid estima en 10.000 el número de personas evacuadas.

Pedro Sánchez ha ironizado este jueves con la idea asumida por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que va a ser el próximo presidente del Gobierno: “Hombre, se le ha olvidado una cosa, es que hay unas elecciones de por medio, y ya veremos”. El jefe del Ejecutivo ha realizado estas declaraciones durante un homenaje al exdirigente socialista recientemente fallecido Manu Escudero.

Tras recordar que este jueves se cumplen tres años desde las elecciones del 23J que le permitieron mantenerse en el Gobierno, Sánchez ha realizado la siguiente reflexión: “Hubo alguno, que bueno, se llevó un disgusto y no se le ha quitado de la cabeza ni del cuerpo ese disgusto. ¿Qué le vamos a hacer?”, ha añadido, con sorna, refiriéndose a Feijóo.

Luego ha recordado: “Escuché ayer al señor Feijóo decir que va a ser presidente del Gobierno. Hombre, se le ha olvidado una cosa y es que hay unas elecciones de por medio, y ya veremos. Desde luego, nosotros salimos con el mejor de los ánimos, ¿no?”, preguntaba al auditorio, formado por dirigentes y militantes del PSOE.

“Una cosa sí que es cierta, leía en un periódico que ya asume que van a ser en 2027”, ha añadido Sánchez, en alusión a que Feijóo, que pide una y otra vez un adelanto electoral, ha expresado públicamente que finalmente los comicios serán ese año. “Bueno, por algo se empieza”, ha remachado.

Todo tiene que ver con las declaraciones que realizó Feijóo el martes, durante su comparecencia estival en la que hizo balance del curso político. El hasta ahora jefe de la oposición da por hecho que él será el próximo presidente del Gobierno sin esperar a las elecciones generales de 2027.

“Una limpieza a fondo”

Pero el presidente de los populares no tiene previsto hacer uso de su única prerrogativa para echar ya a Pedro Sánchez del poder y, en su comparecencia, Feijóo volvió a evitar el anuncio de una moción de censura.

“Para que la decencia vuelva a la Moncloa, primero Sánchez tiene que salir de allí y después empezará la reconstrucción institucional de nuestro país. Por eso no será un relevo, será una limpieza a fondo”, anunció el líder del PP, que insistió en pedir ese adelanto electoral como la única “salida razonable y democrática” del Gobierno progresista.

Sin esperar a las urnas, Feijóo ya tiene una conclusión: “En las urnas y en las Cortes, España ha decidido que quiere una nueva etapa, que quiere comenzar su reconstrucción nacional. El cambio ya no es solamente una aspiración política, es un clamor social”.

El PSOE y su líder, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han presentado este jueves un escrito ante el juzgado que investiga los disturbios de la Nochevieja de 2023 frente a la sede socialista de la calle Ferraz, pidiéndole nuevas diligencias para esclarecer lo ocurrido. Entre otras medidas, la procuradora que ejerce la representación del partido pide al juez que exija a la Policía información sobre “la existencia de vinculaciones de los investigados” por los disturbios “con el colectivo autodenominado Noviembre Nacional, la formación política Vox y la organización conocida como Revuelta”.

También quieren los socialistas que la Policía informe al juez sobre “la repercusión, seguimiento e impacto en las redes y a través de plataformas de streaming, y sitios de internet de la retransmisión de estos hechos, informando sobre su impacto, naturaleza y vinculaciones de las plataformas y perfiles que difundieron los hechos, especialmente, en relación, a organizaciones de extrema derecha, y los autodenominados miembros de Noviembre Nacional, Vox y Revuelta”.

En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, también pide al juzgado que exija a Vox información “sobre su vinculación, formal, orgánica, u económica en el momento de los hechos con la organización Revuelta”, sobre “la afiliación en el momento de los hechos o posterior de los investigados, y en su caso, cargo o papel dentro de la organización” o sobre “si en el momento de los hechos o posteriormente ha mantenido alguna relación laboral, profesional o de otra naturaleza con los investigados”.

Además, el PSOE pide “la busca, detención y puesta a disposición judicial del investigado Ding Jinxin” al entenderla como una “diligencia indispensable” después de que esta persona de origen chino fuera “identificada por la policía” y “tiene la calidad de investigado” en la causa. Igualmente, insta al juzgado a que oficie al Ayuntamiento de Madrid y a la Delegación del Gobierno en Madrid “para que remitan los expedientes completos sobre las autorizaciones que fueran tramitadas para la manifestación, concentración u evento ante la sede del PSOE en la calle Ferraz el 31 de diciembre de 2023 que se solicitaron”.

Sobre ambas administraciones, los socialistas solicitan, asimismo, que el juez les requiera que “remitan todas las actas de infracción, identificación o notas de servicio que se elaboraran la noche del 31 de diciembre de 2023 al 1 de enero de 2024” para “conocer la totalidad de los hechos relacionados con los investigados”, así como que “se elabore informe por la Brigada Provincial de Información que determine quienes fueron los organizadores formales y los responsables materiales del evento en el que se produjeron los hechos denunciados, como se financió el evento, cómo se publicitó el mismo y cuál era el objeto de tal evento, todo ello con investigación de la vinculación de los organizadores con organizaciones políticas o de extrema derecha”.

En el texto, el PSOE considera “necesario” todo ello “para acreditar que la concentración contaba con una organización, promoción e infraestructura económica y mediática por grupos de extrema derecha, por partidos políticos como Vox y por grupos violentos”. Como argumento, los socialistas señalan que “precisamente una de las consignas violentas y amenazantes que se gritaban por la masa de gente que allí se encontraba era 'colgadlo de los pies', en alusión a las palabras pronunciadas por el líder de Vox, Santiago Abascal, al Diario Clarín en Argentina”, refiriéndose al líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Otro de los requerimientos que recoge el escrito es que “se informe por la Policía Nacional, a través de la Delegación del Gobierno,si los investigados habían sido detenidos o identificados por su participación en algunos de los disturbios violentos que se produjeron casi a diario desde el 3 de noviembre de 2023 en las inmediaciones de la sede del PSOE, indicando los motivos de la identificación o detención, así como su posible vinculación con los organizadores de aquellas, especialmente los autodenominados Noviembre Nacional, por parte de las Brigadas de Información, Antidisturbios (UIP), o cualesquiera otras que intervinieran en aquellas actuaciones”

El PSOE considera necesaria esta medida “dado que la participación habitual en las concentraciones o actos violentos que se sucedieron desde el 3 de noviembre de 2023 suponen un indicio más, de que los investigados estaban implicados en actos violentos en relación con el PSOE” y Pedro Sánchez, “de forma habitual, y avalan la evidencia de que la convocatoria de esa nochevieja en Ferraz no era pacífica ni tenía una intención lúdica, sino que buscaba la intimidación y la coacción mediante la representación del violento linchamiento de un muñeco como si se tratara de Sánchez”.

“La nochevieja en Ferraz se produce como una continuación de los graves disturbios sucedidos durante días en las inmediaciones de la sede del PSOE, en las que se tenían que desplazar una cantidad importantísima de antidisturbios de la policía, helicópteros que sobrevolaban desde por la tarde hasta altas horas de la madrugada, drones, que dio lugar a que se tuvieron que colocar vallas de seguridad en su perímetro para proteger la sede del PSOE, la cuales fueron lanzadas con violencia a los agentes, que se vieron obligados a hacer cargas policiales dada la situación. Igualmente, se quemaron contenedores, se dañaron vehículos, etc., teniendo que ser retirados contenedores de obra, contenedores de basura y papeleras (los vecinos no pudieron sacar la basura durante días) para que no se lanzaran objetos a los agentes de policía y para que no se quemaran los mismos”, añade el PSOE.

El escrito señala que “con ello se quiere dejar en evidencia que previo a los hechos de la nochevieja en Ferraz donde se suceden los hechos que se denuncian, existieron graves y violentos altercados, en los que los investigados pudieron participar y que estarían vinculados a la convocatoria”.

“España ya ha cambiado de opinión y solo falta que Sánchez cambie de domicilio”. Esa es la principal conclusión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que este miércoles ha protagonizado su habitual rueda de prensa de balance de curso político. En línea con algunas encuestas, el hasta ahora jefe de la oposición da por hecho que él será el próximo presidente del Gobierno sin esperar a las elecciones generales de 2027. Pero el presidente de los populares no tiene previsto hacer uso de su única prerrogativa para echar ya a Pedro Sánchez del poder. En su comparecencia, Feijóo ha vuelto a evitar el anuncio de una moción de censura.

“Para que la decencia vuelva a la Moncloa, primero Sánchez tiene que salir de allí y después empezará la reconstrucción institucional de nuestro país. Por eso no será un relevo, será una limpieza a fondo”, ha anunciado el líder del PP, que ha insistido en pedir ese adelanto electoral como la única “salida razonable y democrática” del Gobierno progresista. Sin esperar a las urnas, Feijóo ya tiene una conclusión: “En las urnas y en las Cortes, España ha decidido que quiere una nueva etapa, que quiere comenzar su reconstrucción nacional. El cambio ya no es solamente una aspiración política, es un clamor social”.

Con su comparecencia de este miércoles, apenas unas horas antes del tercer aniversario de las elecciones del 23J que volvieron a situarle en la oposición, Feijóo ha dado por activada “la cuenta atrás para el cambio”. A continuación, ha lanzado un matiz: “Yo no quiero heredar el Gobierno de España, sino engrandecer este país. Me presentaré a las elecciones para reconstruir el Gobierno de España y para reconstruir la Nación, no para administrar sus escombros”. Para él, es imprescindible que “la decencia vuelva a las instituciones” porque “el poder no puede nacer de una mentira, como fue la ley de amnistía” y “no puede desarrollarse mediante privilegios de unos españoles sobre otros”. Sánchez, para él, “no merece otra cosa que el mayor castigo electoral porque ha sido una desgracia para este país”.

Feijóo ha aprovechado entonces para mencionar los casos de corrupción que se vinculan con el Gobierno. Ha mencionado “16 procesos judiciales, 123 imputados, 21 tipos de delitos, 2.362 años de prisión en juego y cientos de millones de euros sustraídos del interés general”. También ha dicho que “todo es cloaca”. “La Fiscalía General del Estado, la Dirección General de la Guardia Civil, la SEPI, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Interior, Correos, el CIS, los medios públicos, lo han manchado todo. La corrupción ha llegado a todas partes para hacer negocios, para adjudicar contratos, para favorecer a las personas más afines, para intervenir empresas, para la financiación del PSOE, para proteger a los propios, para atacar o neutralizar a quienes investigan o les cuestionaban”, ha zanjado.

“Zapatero está en todos los ajos”

Para el líder del PP, la corrupción “ha llegado al mismísimo corazón del Estado y se ha convertido en sistémica”, recordando en ese punto la condena al fiscal general del Estado, la del exministro José Luis Ábalos y la del hermano del presidente del Gobierno. “Ni siquiera se libra el que durante años nos presentaron como faro moral, Zapatero. Por lo que ha trascendido en las últimas horas, está en el ajo de todos los demás”, ha ironizado, aludiendo así a las delaciones de los empresarios de Plus Ultra contra el expresidente del Gobierno. Feijóo ha criticado, en ese punto, que Zapatero no haya dado las explicaciones prometidas.

“Se pasó años dando lecciones de altruismo y de paz y resulta que todo era una cuestión de negocios, negocios hasta con dictaduras. Y la realidad es que juró no haber influido en el rescate de Plus Ultra y su colaborador necesario lo ha descubierto. Y lo más lamentable no es todo lo que acabo de decir. Lo más lamentable es que sin el Gobierno de Sánchez, Zapatero no habría podido delinquir. La afirmación 'Zapatero tiene todo mi apoyo', que aún siguen sosteniendo en el día de hoy, adquiere ahora una dimensión superior. Zapatero nunca habría podido influir sin un Gobierno capaz de convertir sus gestiones en decisiones. Efectivamente, le dieron todo su apoyo. Y esto lo explica casi todo. Hay una relación de causa-efecto entre la llegada de Sánchez al gobierno y que la corrupción lo invadiese todo a su alrededor”, ha zanjado.

Feijóo considera que “la zona cero” de la corrupción “está en la Moncloa” y “el señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales”. “Sánchez es el nexo político corruptor. Y el tiempo no jugará a su favor. El tiempo jugará a favor de España, que merece y tendrá la verdad”, ha concluido.

La sospecha sobre una “financiación ilegal” del PSOE

Lo que espera Génova 13 es incluso un procesamiento del PSOE y de Sánchez en los próximos meses. “Veremos si hay financiación ilegal del PSOE y si cantan uno, dos o tres todo lo que saben. Y, sobre todo, veremos que la cuarta economía del euro no puede vivir así”, ha dicho. Sin esperar a la acción de los tribunales Feijóo ha asegurado tener ya su “propia opinión” sobre Sánchez y su papel en los casos de corrupción.

“En realidad da igual si ocurrió con su ignorancia o con su participación activa o pasiva. Y da igual lo que sobre él determine la justicia. La responsabilidad política de la mayor corrupción de nuestra democracia es suya”, ha dicho. También ha afirmado que “lo peor aún está por llegar” y que para España lo mejor será “el cambio que pondrá fin a una legislatura que nunca debió empezar”: “Si Sánchez afronta su último verano en La Mareta es porque no merece otra cosa”.

“Del mismo modo, sé que la responsabilidad de garantizar que España no vuelva a pasar por esto nos corresponde a nosotros, al Partido Popular, y no vamos a fallar. Se conocerá la verdad, se exigirán todas las responsabilidades, se reparará todo lo que se pueda y, sobre todo, se levantarán todas las garantías para que España no vuelva a sufrir nunca un Gobierno como este, que usa las instituciones para proteger a los suyos, perseguir a quien investiga y degradar nuestro Estado de Derecho”, ha añadido, sin aportar pruebas concretas de sus acusaciones.

En opinión de Feijóo, que ha vuelto a anunciar que si llega a la Moncloa enmendará todas las políticas del actual Ejecutivo, “la reconstrucción institucional no consiste solo en echar a quien ha corrompido las instituciones”, sino también “en impedir que nadie pueda volver a corromperlas”.

Antonio del Moral, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, ha acordado este martes cursar suplicatorio al Parlamento Europeo para que suspenda la inmunidad del eurodiputado de Se Acabó la Fiesta (SALF) Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, en relación a la causa abierta contra él tras una querella del alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, por presuntos delitos de coacciones o amenazas condicionales.

Según recoge el auto del instructor, los hechos objeto de querella vienen conformados por diversas declaraciones y manifestaciones del ultraderechista en el canal público de la plataforma de mensajería Telegram identificado como “@Alviseperez”, canal que aparece públicamente asociado a su nombre desde, al menos, el mes de octubre de 2024 y hasta el mes de diciembre de 2025. En esos mensajes, comentarios y enlaces a contenidos de terceros, referidos directa y nominalmente al querellante, José Ignacio Landaluce Calleja, instaba para que dimitiera de su cargo de alcalde de Algeciras, con la advertencia de que, de no hacerlo, haría públicos contenidos relativos a comportamientos presuntamente delictivos.

Tras destacar en el auto varios de los mensajes señalados, el instructor indica que los hechos, en principio, podrían ser constitutivos de delitos de coacciones del artículo 172.1 del Código Penal, o, alternativamente, de amenazas condicionales del artículo 169.1.

Se trata del cuarto suplicatorio elevado desde el Supremo en causas abiertas al ultra Alvise Pérez. De los otros tres suplicatorios ya cursados, dos ya han sido concedidos: el que le investiga por delitos de financiación ilegal de partido y por delito electoral por la recepción de 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas, y el que tiene abierto por mensajes relativos a la fiscal delegada para delitos de odio y discriminación de Valencia. El tercero es el referido a presuntos delitos de acoso y revelación de secretos contra los dos eurodiputados elegidos junto a él en las listas de SALF.

Aparte de esas cuatro causas, Alvise Pérez tiene actualmente abiertas en el Supremo otras dos: una por la presunta difusión de una prueba falsa de COVID del exministro de Sanidad y hoy presidente de la Generalitat catalana Salvador Illa, y otra por presunta instigación de desórdenes públicos en relación a protestas agrícolas de febrero de 2024 en Madrid.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se encuentra dividido sobre si debe archivar o no las quejas presentadas contra el juez Juan Carlos Peinado por sus polémicas insinuaciones sobre la Policía cuando decidió retirarle el pasaporte a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la que investiga por presunto tráfico de influencias. La Comisión Permanente del máximo órgano de gobierno de los jueces se ha reunido este martes para estudiar la propuesta del Promotor de la Acción Disciplinaria que pide archivar cinco diligencias informativas incoadas a raíz de quejas recibidas contra el titular de la plaza número 41 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid.

Además de la referida a la posible connivencia de los escoltas de la mujer de Sánchez en una hipotética huida de España, insinuada por Peinado en uno de sus autos, también están encima de la mesa del CGPJ otras quejas como la del ministro de Justicia y de la Presidencia, Félix Bolaños, a quien Peinado quiso imputar en la causa, por el trato que le dio durante el interrogatorio que le realizó en el Palacio de la Moncloa.

Pero según han comunicado desde el CGPJ, las “deliberaciones continuarán en los próximos días” porque la reunión ha concluido “sin alcanzar ningún acuerdo”. Los vocales conservadores apoyan la tesis del promotor de archivar las quejas, mientras los progresistas abogan porque se continúe investigando para promulgar alguna sanción. Por tanto, la última palabra podría estar en la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló.

Cuando Peinado envió a juicio a Begoña Gómez por cuatro delitos, fijó como medidas cautelares la retirada de su pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y una comparecencia quincenal en el juzgado. El magistrado puso por escrito en su auto que los agentes que se ocupan de las tareas de escolta de la pareja del presidente del Gobierno podrían “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos” colaborar “en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga”. Lo hizo en medio de su argumentación para imponer la retirada del pasaporte a la esposa del presidente como una medida cautelar para evitar que intente eludir la actuación de la Justicia en el mismo auto en el que propone la apertura de juicio oral contra ella.

Las quejas de los policías

A raíz de este auto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, elevó una queja ante la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, por el “grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” por parte del juez Peinado con estas palabras, algo que el titular de Interior considera “un hecho de máxima gravedad”. Para el Ministerio del Interior, las “sospechas injustificadas” de Peinado alcanzan no solo a los agentes concretos que tienen asignado el servicio de acompañamiento de la esposa del presidente del Gobierno, “sino también a sus superiores jerárquicos, afirmando la posibilidad de que pudieran dictar órdenes ilegales”.

A esta queja de Interior se sumó otra del Sindicato Unificado de Policía (SUP). Otros sindicatos policiales, como Jupol o la Confederación Española de Policía (CEP), también criticaron a través de redes sociales las afirmaciones de Peinado calificándolas de “auténtica barbaridad”, “especialmente preocupante” o “una ofensa intolerable, escandalosa y miserable”.

A raíz de estas quejas, Perelló decidió incoar expediente disciplinario al magistrado por una posible infracción tipificada en el artículo 418.5 de la LOPJ, es decir, por un “exceso o abuso de autoridad o falta grave de consideración” respecto de, entre otros, instituciones, el resto del personal al servicio de la Administración de Justicia o funcionarios de la Policía Judicial.

“Hace falta un cambio de gobierno en España (...) y hay que derogar el sanchismo en su totalidad. Eso supone tocar cerca de 100 leyes”, advirtió a principios de semana el secretario general del PP, Miguel Tellado, durante una entrevista que le hizo la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en The Objective. Alentado por algunas encuestas, el principal partido de la oposición está convencido de que en cuanto Pedro Sánchez convoque las elecciones generales, el PP volverá a la Moncloa. Y la derecha ya trabaja en una contrarreforma legal que tiene previsto poner en marcha en cuanto recupere el poder. El plan pasa por derogar algunas de las principales leyes aprobadas en los últimos ocho años de gobiernos progresistas, incluso las que incorporaron derechos sociales de la ciudadanía.

La estrategia es idéntica a la que materializó Mariano Rajoy nada más llegar al poder, en 2011. En solo un mes, ese Ejecutivo del PP trató de acabar con leyes que habían establecido nuevos derechos para poner fin a lo que en ese momento se llamó el 'zapaterismo', haciendo así alusión a que eran normas aprobadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Además de mantener su recurso contra el matrimonio igualitario en el Tribunal Constitucional –que, no obstante, acabó avalando la norma– en esas primeras semanas los ministros de Rajoy plantearon recortes a la ley del aborto –que, sin embargo, terminó forzando la salida de Alberto Ruiz Gallardón del Ejecutivo sin la reforma prometida–, la sustitución de Educación para la Ciudadanía o el replanteamiento de la píldora del día después. Son solo tres ejemplos.

Ahora en el punto de mira de Feijóo están también leyes que han ampliado derechos o han provocado avances sociales, como la ley trans, las políticas de igualdad, la ley de Memoria Democrática, la de amnistía –avalada esta misma semana por la justicia europea–, y se plantea además recortes en prestaciones por desempleo, en materia de derechos de los trabajadores e incluso limitando el acceso a ayudas como el ingreso mínimo vital.

Justo el primer sábado de julio, coincidiendo con la manifestación estatal del Orgullo LGTBIQ+ en Madrid, precisamente el vicesecretario de Igualdad del PP, Jaime de los Santos, que solo unos días antes se había declarado “orgulloso” de ser “maricón y del PP” durante una intervención en el Congreso, anunció que si Feijóo gobierna recortará por Ley los derechos ahora reconocidos a las personas trans. Tras décadas de lucha, el colectivo logró que en la legislatura pasada se aprobara una ley que dejaba de considerar enfermos a los ciudadanos transexuales para poder así ver reconocida su identidad real a nivel oficial a través de la autodeterminación de género.

En una entrevista en El País, De los Santos aseguró que nada más llegar al Gobierno el PP volverá a considerar enfermas a las personas trans. “La autodeterminación en sí misma es una ficción. Si usted quiere pasar por un registro civil a inscribir cualquier otra cuestión, tiene que llevarla documentada”, dijo. Se refería a que con un Gobierno de los populares las personas trans deberán volver a demostrar que padecen “una disforia de género” e hizo afirmaciones sosteniendo que “las mujeres que transicionan a hombres” se hacen “una mastectomía doble” o hablando de la “castración” de “los hombres que transicionan a mujeres”, vinculando siempre la identidad de género a esas operaciones o a “tratamientos hormonales”.

El PP pretende así regresar a 2007 (con la normativa que estaba vigente hace 19 años) para volver a exigir a las personas trans “una documentación sobre si hay o no disforia de género, un informe, efectivamente, psicosocial” como condición para ser reconocida su identidad. Este retroceso en el colectivo LGTBIQ+ no tendría efectos retroactivos, pero sí supondría un duro golpe para las personas que siguen luchando para que sea reconocido su género.

La ley del feto y el derecho al aborto

Días después de que De los Santos hiciera esas declaraciones, Feijóo anunció otro golpe para los derechos reproductivos de las mujeres. “Si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando”, anunció. Se trata de una propuesta que ya se ha transformado en ley en la Comunidad de Madrid y también en Galicia, pero que, según algunos juristas, puede afectar al derecho al aborto de las mujeres, ya que si el feto es considerado un ser humano desde su concepción –el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, llegó a decir que incluso antes de que la mujer se duchara después del coito– una interrupción voluntaria del embarazo implicaría, por tanto, acabar con un ser humano. Esta teoría choca con todo tipo de normas internacionales y científicas. El PP ha anunciado que no tiene intención de reformar la Ley del Aborto vigente.

También en cuanto a derechos sociales, Feijóo ha desvelado en los últimos días cuál será su contrarreforma si llega a la Moncloa. A principios de mes y ante el Círculo de Empresarios Vascos, el líder del PP llamó “cáncer” a las bajas médicas y aseguró que hay un fraude masivo, aunque no aportó ni un dato que lo sostenga. Habló de un porcentaje de fraude por encima del 4% o el 5% sin ningún sustento y comparó las bajas de 2018 con las de 2026 en términos brutos (de 450.000 a 1,1 millones) ignorando que España ha pasado de 19 a casi 22,5 millones de ocupados.

En cualquier caso, Feijóo anunció que una de las principales iniciativas que adoptará si llega al poder será reducir sueldos y “prestaciones” a los trabajadores que no acudan a trabajar, bien sea por una baja, un permiso o una ausencia de cualquier otro tipo. De hecho, el PP se enredó a hablar de “absentismo” obviando que las bajas médicas o las ausencias por enfermedad no tienen nada que ver con ese término que se refiere a prolongadas y sistemáticas ausencias del puesto de trabajo sin justificación. El líder del PP trataba de atender así a una histórica reivindicación empresarial que ya existió con Rajoy en 2012 y que recortaba las prestaciones de los trabajadores.

También habrá recortes en derechos sindicales si el PP vuelve a la Moncloa. En su último Congreso, el PP defendió elevar a 250 trabajadores el umbral a partir del cual una empresa está obligada a tener comité de empresa, lo que en la práctica vaciaría de representación sindical a la inmensa mayoría del tejido empresarial español, hecho de pymes. Y, en pensiones, el partido dice defender el sistema público mientras vota sistemáticamente en contra de su revalorización con el IPC.

En cuanto al ingreso mínimo vital, “se tiene que ayudar al que trabaja, no al que no quiere trabajar”, en palabras del vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo. Aunque no ha dicho expresamente que vaya a recortarlo, Feijóo sí ha lanzado el bulo de que lo cobran incluso inmigrantes en situación irregular. A todo esto, se suma la “prioridad nacional” pactada con Vox en cuatro comunidades, que condiciona el acceso a ayudas públicas a un “arraigo” con el territorio, aventurando así que muchas personas que ahora pueden recibir ayudas sociales y que llevan poco tiempo en España, con la derecha en el poder no podrán seguir percibiéndolas.

El recorte en derechos también afectará a las víctimas del franquismo. La semana pasada, en un acto en homenaje a Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA en 1997, Tellado trató de vincular las leyes de memoria con EH Bildu y vaticinó: “La ley de memoria democrática será derogada en el primer Consejo de Ministros que presida Alberto Núñez Feijóo”. Esta supresión afectaría de lleno a los españoles represaliados por la dictadura, ya que la norma, en vigor desde 2022, creó un censo de víctimas y estableció el derecho a su reparación moral y económica. Sin la ley, el PP dejaría a esas víctimas sin ayudas.

Las víctimas del franquismo y la 'ley de nietos'

Pero uno de los focos en los que más ha centrado el PP su justificación para suprimir esa norma es lo que se ha denominado 'ley de nietos'. Aunque esta lleva en vigor desde hace cuatro años y cuando se aprobó en el Congreso y en el Senado las distintas direcciones de los populares no mostraron un ápice de crítica a este aspecto, ahora Génova 13 quiere cercenar otro derecho: el que recoge la ley para dar la nacionalidad a los descendientes de los represaliados por el franquismo que tuvieron que marcharse al exilio. Sin ninguna prueba, a principios de este mes el PP empezó a hablar de un complot organizado por el Gobierno para amañar las próximas elecciones generales a través de esta 'ley de nietos' y Feijóo llegó a acusar al Ejecutivo de “fabricar votantes”.

En su disposición adicional octava la ley de memoria permitió que, entre octubre de 2022 y octubre de 2025, se pueda solicitar la nacionalidad española a “los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado” al pasaporte español. A fecha de 30 de abril de 2026, las solicitudes de nacionalización ascendían a 2.622.450, según una respuesta parlamentaria del Ministerio de la Presidencia y Justicia al PP. En esa misma fecha, el número de peticiones aprobadas ascendía a 557.709, según el mismo documento.

Una vez aprobada la Ley de Memoria Democrática, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública aprobó una instrucción en octubre de 2022 para desarrollar la disposición adicional octava y detallar la fórmula para que los descendientes de exiliados por el franquismo solicitaran la nacionalidad y los criterios para su concesión. Y precisamente ha sido esta instrucción en la que el PP ha centrado sus críticas, ya que los populares aseguran que ha servido para ampliar el derecho a solicitar la nacionalidad a todos los descendientes de españoles, se exiliaran sus antepasados por la represión franquista o no.

La realidad es que la instrucción que critican los populares sí hace una interpretación extensiva de la posibilidad de optar a la nacionalidad española, pero la sustenta con una explicación jurídica y no de carácter político. Según recoge ese texto, la Ley de Memoria Democrática de 2022 profundiza expresamente en el camino abierto en la primera Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Dicha norma ya permitía optar a la nacionalidad a “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español” —sin mencionar el exilio— y “a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La instrucción considera que, si se entiende que la ley de 2022 tiene “por objeto ampliar los supuestos de opción” a optar a la nacionalidad española, “parece lógico entender que el legislador no ha querido excluir del ámbito de aplicación de esta ley” a quienes ya se les reconocía ese derecho en 2007, es decir, a todos los hijos de padre o madre español, y no solo a aquellos cuyo antepasado se hubiera exiliado. “De modo que, tanto los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles” no exiliados “como los nacidos fuera de España de padres o abuelos que por el exilio perdieron la nacionalidad española o renunciaron a ella” podrán optar a la nacionalidad, estableció el texto.

Esa es la interpretación que no comparte el PP, que no ha sido consciente de la profundidad de la llamada 'ley de nietos' hasta este mismo 2026, más de tres años después de su aprobación y cuando el plazo para pedir la nacionalización expiró hace meses.

La amnistía, una derogación “simbólica”

Otra de las leyes con la que pretende terminar Feijóo si alguna vez llega a la Moncloa es la de amnistía, que precisamente ha sido avalada este jueves por el Tribunal de Justicia de la UE, algo que el líder del PP –partido que llevó la norma a Bruselas– dijo que no ocurriría. En este caso los populares reconocen que esa derogación “no tendría efectos” prácticos, tal y como explicó Tellado en su conversación con Esperanza Aguirre. Sería algo “simbólico”, según dijo.

Nada que ver, por tanto, con los recortes de derechos que sí implicarían los puntos de la contrarreforma antes mencionados y que Génova 13 está segura de poder llevar a cabo para “acabar con el sanchismo” al dar por hecho que el líder socialista no repetirá mandato y que los españoles situarán a Feijóo en la Moncloa en 2027.

España vive bajo un “poder autocrático” y Pedro Sánchez es “un presidente autoritario” que “blanqueó e hizo negocios con dictaduras”. La reflexión la verbalizó este miércoles el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, delante de los representantes de 60 partidos conservadores de 42 países de Europa y América Latina. El líder de los populares aprovechó el altavoz que le brindó una cumbre internacional para tratar de ensuciar la imagen de España y utilizó como argumento la labor de un Gobierno, el de PSOE y Sumar, que sufre para poder legislar en el Parlamento por no contar con una mayoría clara y que un día antes había perdido una de las votaciones más importantes del año, la del techo de gasto y la senda de déficit.

Aunque su propio partido contribuyó a tumbar ese primer paso para la tramitación de los Presupuestos, lo que intenta trasladar Feijóo a sus colegas de todo el mundo es que España es una suerte de dictadura que debería censurarse a nivel internacional.

Prácticamente al mismo tiempo que Feijóo lanzaba esas proclamas en el foro Libertas, Sánchez presidía este miércoles un acto de indudable valor histórico como es la demolición de la verja de Gibraltar y hacía gala de sus buenas relaciones con el ministro principal del Peñón, las autoridades europeas y el Reino Unido. Todo ello un día después de ser uno de los principales invitados del presidente francés, Emmanuel Macron, al desfile del 14 de julio y de encabezar la delegación española en la reunión de los países que ejercen de aliados de Ucrania para ayudarle a hacer frente a la invasión lanzada por Rusia.

Feijóo, en cambio, utilizó estas palabras para referirse a Sánchez, aunque inicialmente no dijo que se refería a él: “Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen, si sustituye el mérito y el esfuerzo por la dependencia estatal, si cuestiona la independencia de las instituciones y si teme a las urnas. Si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario. Lo bueno de todo esto es que ya los conocemos y nuestro compromiso, nuestro deber, es quitarles las caretas. Y por eso estamos aquí. Y para transmitirle a la gente que la democracia nunca puede estar subordinada al proyecto personal de nadie”.

España, “agredida desde las más altas instancias”

Fue a renglón seguido cuando ya dejó claro sobre quién hablaba: “Quiero aclararles que no les hablo desde la tranquilidad de quien ya no sufre estos males. Al revés, lo recibo en una España que también sufre la amenaza de una democracia debilitada, agredida desde las más altas instancias que deberían defenderla por encima de todo. Pero tampoco aquí estamos paralizados porque no estamos dispuestos a hacer nuestro un modelo que trae pobreza y frustración, por más que algunos se empeñen”.

Sin anunciar ninguna medida concreta para hacer frente a esa suerte de dictadura que Feijóo cree que es España, el líder del partido más votado en las últimas elecciones añadió: “Al populismo le venceremos. Tengan por seguro que España, más pronto que tarde, dejará atrás los tiempos en los que un gobierno elegido democráticamente en este país blanqueó e hizo negocios con dictaduras”. “España, más pronto que tarde, se incorporará al despertar democrático que permita reconstruir nuestras instituciones, nuestras libertades individuales y nuestras alianzas históricas. El cambio en España está más cerca”, concluyó. Tampoco anunció esta vez la única prerrogativa con la que cuenta para poner fin a ese Ejecutivo del que habló: la presentación de una moción de censura contra Sánchez para expulsarle de la Moncloa.

En ese mismo foro, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, advertía sobre lo que “está pasando en un país miembro de la Unión Europea”, en España, donde a su juicio “gobierna un movimiento de destrucción del Estado de derecho”. Ella compara la situación con la de Venezuela o Cuba: “Tampoco se lo querían creer en su día venezolanos o cubanos”. “Solo hace falta que un autócrata sin escrúpulos se cuele en una democracia, que se suelen plantear desde la buena fe y la confianza en el otro. Una vez que ya ha entrado, adiós”, añadía, poniendo en duda la legitimidad de futuros procesos electorales, informa África Gelardo.

Los discursos de Feijóo y Ayuso se suman a los intentos del PP de los últimos días por minar las relaciones internacionales de España, especialmente con Francia. La semana pasada, el PP utilizó su mayoría absoluta en el Senado para paralizar la ratificación definitiva del Tratado de Amistad con Francia suscrito por ambos gobiernos en enero de 2023. Los populares aprobaron un requerimiento para pedir al Tribunal Constitucional que certifique si el apartado que prevé que un ministro francés pueda participar en el Consejo de Ministros es conforme con la Carta Magna. En concreto, el artículo 2.4 del Tratado prevé que un ministro pueda participar en el Consejo de Ministros del otro, al menos una vez cada tres meses y por rotación, algo que en el PP consideran que es contrario a la Constitución y por ello ya promovieron hace un año otro recurso ante el Constitucional en este sentido.

Los ministros de Exteriores de los dos países llegaron en abril a un acuerdo sobre cómo interpretar dicho artículo, acordando que la invitación será “para participar en los márgenes de dicho Consejo de Ministros en una reunión por separado” y no propiamente en el mismo. Pero esta fórmula no le valió al PP, que ahora sostiene que la “cláusula interpretativa” que se ha añadido “ni modifica la redacción del artículo 2.4, ni forma parte 'stricto sensu' del texto del Tratado”, por lo que, una vez aprobado, los dos gobiernos podrían adoptar una cláusula interpretativa en “distintos términos”. La decisión del PP causó perplejidad en las autoridades francesas.

El viernes irrumpió en la polémica el expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy, que introdujo una reflexión racista en su habitual columna en El Debate sobre el partido del Mundial en el que España ganó a Bélgica. El exmandatario afirmó que la selección francesa de fútbol tiene “una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses”. Se refería al hecho de que la mayoría de la plantilla del equipo francés no es blanco. En realidad, apenas tres futbolistas de la plantilla de 26 jugadores de Francia no nacieron en el país europeo. El resto nacieron en Francia y son todos franceses. Gran parte de los ministros del gobierno francés salieron entonces a hacer frente a las palabras de Rajoy.

Rajoy y las distracciones

Sánchez tuvo que pedir disculpas al primer ministro galo durante su asistencia al desfile del 14 de julio. “Estoy muy avergonzado por las palabras de nuestro expresidente” le dijo a Sébastien Lecornu delante de Brigitte Macron, esposa del presidente francés. El acto tuvo lugar apenas unas horas antes de la semifinal del Mundial de fútbol que enfrentó precisamente a España y a Francia y que los españoles ganaron con holgura. En su columna tras el encuentro Rajoy no solo no pidió perdón, sino que defendió su comentario racista explicando que él es así.

“Ellos no piden perdón por nada. Eso, por lo visto, siempre les toca a otros. Ustedes ya saben cómo soy y lo que pienso”, escribió en el medio de la Asociación Católica de Propagandistas, El Debate. “De manera especial, gracias a las autoridades por la atención que me han prestado en este Mundial. La pena es que tantos esfuerzos dedicados a glosar mis virtudes les hayan distraído de otras cuestiones. Son estas las que importan a los españoles, las que están en la mente de todos, las que preocupan a la gente y debían ocupar a esas autoridades. Nada de esto son minucias. Sin embargo, les interesa más chivarse a un ministro extranjero o hacer una reverencia a un primer ministro para provocar ruido, distraer la atención, alborotar y todo para que no se hable de lo que estamos viviendo”, añadió.

Mientras desde el PP tratan de enfangar las relaciones entre España y la comunidad internacional, desde el Gobierno hacen esfuerzos diplomáticos para que esa postura no afecte a la visión que del país se tiene en el extranjero. Además del gesto de Sánchez durante el desfile militar en París, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tuvo que ponerse en contacto con su homólogo francés para dejarle claro que la de Rajoy no es la posición de la mayoría de los españoles. La dirección del PP justificó al que fue su máximo líder y atribuyó su comentario racista al “sarcasmo” del expresidente.

Desde el Gobierno tratan de poner en valor el papel internacional de Sánchez y todo su Gabinete. Como ejemplo, citan el protagonismo de España en alcanzar el acuerdo entre la UE y Reino Unido que permitió este mismo miércoles la demolición de la verja de Gibraltar, donde el presidente español sentenció: “Hoy cae el último muro de Europa continental”.

El PSOE volvería a ser la fuerza más votada en el caso de celebrarse elecciones generales, y además gana ventaja sobre el PP, siempre según el Barómetro de julio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Si en junio, nada más estallar los casos de Leire Díez y José Luis Rodríguez Zapatero, esa diferencia se redujo a cuatro puntos ahora vuelve a rozar los ocho, y se sitúa en 7,9.

El barómetro se elaboró entre los días 1 y 6 de este mes a través de 4.020 entrevistas. Fue, por tanto, apenas una semana después de que el Tribunal Supremo condenara al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a más de 24 años de cárcel por el caso Mascarillas.

Según el estudio, los socialistas se mantienen con el 33% de los votos, seguidos del PP, que se queda con el 25,1%, dos puntos menos que hace un mes. A los populares les sigue Vox, con el 15,3% de los votos, Sumar se quedaría con un 6,1% y Podemos, con el 2,5%.

Un mes más, Pedro Sánchez es el líder político mejor valorado, con una puntuación media de 4,25 puntos sobre diez. Le sigue Yolanda Díaz, con un 4. Alberto Núñez Feijóo obtiene 3,64, y Santiago Abascal, 2,96. En este sentido, Sánchez es el favorito como presidente del Gobierno para el 40% de los encuestados que expresan su opinión, lo que supone una ventaja de 19,2 puntos sobre Alberto Núñez Feijóo, que es el preferido por el 20,8%. Santiago Abascal es la opción preferida para el 13,8% y Gabriel Rufián, para el 6,9%.

Respecto a la confianza que inspira el presidente del Gobierno, el 29,6% de los españoles asegura que le inspira “mucha o bastante”, mientras que un 69,1% dice que “poca o ninguna”. Al preguntar por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, el 18,4% de los encuestados afirma que le inspira “mucha o bastante confianza”, mientras que el 79,8% asegura que “poca o ninguna”.

La inmigración, segundo principal problema

Preguntados por el principal problema de España, para los encuestados vuelve a ser la vivienda. La mencionan un 43%, de los ciudadanos, tres puntos más que el mes anterior. El dato más llamativo es, no obstante, que el segundo problema que citan los españoles es la inmigración. La cita el 23,4% de los encuestados, coincidiendo con la publicación de los datos de las personas que se acogieron al proceso de regularización promovido por el Gobierno. En tercer lugar se sitúan los problemas políticos en general, mencionados por el 18,7% de los ciudadanos.

Los problemas que los españoles consideran que más les afectan de manera personal son la vivienda, en primer lugar, con el 26,9%; la crisis económica, en segundo lugar, con el 26,1%; y la sanidad, con el 20%. El 68,4% de los españoles considera que su situación económica personal es actualmente “muy buena o buena”, frente al 22,8% que afirma que es “mala o muy mala”. Un 7,8% opina que es “regular”. En cuanto a la situación económica general de España, cambia la percepción: el 38,3% la considera “buena o muy buena”, mientras que el 55% la percibe como “mala o muy mala”. El 5,4% dice que es “regular”.

“Hoy estamos haciendo historia, historia de la buena”, ha asegurado este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto de demolición de la Verja de Gibraltar. “Hoy cae el último muro de Europa continental”, ha añadido, ante las distintas autoridades presentes en la frontera entre España y el peñón. Sánchez ha hablado de “una nueva era para el campo de Gibraltar” y ha destacado que a partir de ahora se facilitará la “prosperidad compartida” y se iniciará “una etapa de convivencia, de futuro compartido entre poblaciones que jamás vivieron de espaldas”.

Sánchez ha recordado que más de 15.000 trabajadores “cruzan a diario” esa frontera y que el 70% son de nacionalidad española, representando “la mitad de la fuerza laboral gibraltareña”. Por eso ha señalado que “durante décadas la verja ha sido una herida abierta para los miles de trabajadores que cruzaban cada día sin saber cuánto tardarían en llegar a su puesto de trabajo”, también “para las familias separadas por unos metros de metal y para generaciones que crecieron pensando que no había una solución posible”.

El jefe del Ejecutivo ha dicho que la posición de España “siempre” ha estado “alineada con el interés nacional y, por supuesto, con el pleno respeto al derecho internacional”. Y ha considerado que que el acuerdo entre la Comisión Europea y el Reino Unido, firmado ayer en Bruselas que hoy entra en vigor y que ha permitido la demolición de la verja “es un acuerdo justo” que protege los intereses españoles “y cumple además con creces los objetivos” marcados en la negociación.

En lo relativo a la libre circulación de personas, España ejercerá las competencias Schengen en el puerto y en el aeropuerto Gibraltar, “garantizando la seguridad de la frontera exterior europea y el pleno control de visados”, ha dicho Sánchez. Asimismo, en materia de libre circulación de mercancías, se establece una unión aduanera entre la Unión Europea y Gibraltar y se alcanza una convergencia fiscal de manera indirecta “que pondrá fin a los desequilibrios históricos”. Y en el ámbito de transporte, “se abre el aeropuerto de Gibraltar al tráfico civil con un modelo de gestión compartida, precisamente para ofrecer nuevas oportunidades a la conectividad, al turismo, a la inversión y al desarrollo de todo el campo de Gibraltar”.

Las prestaciones por desempleo

Respecto a los trabajadores transfronterizos, Sánchez ha asegurado que “sus prestaciones por desempleo quedan garantizadas, sus pensiones estarán protegidas y podrán complementarse hasta los mínimos españoles. Y ya, por tanto, no habrá tampoco unos retrasos en los cobros de prestaciones a causa de la descoordinación administrativa. Y, además, cualquier ciudadano o ciudadana de la Unión Europea con residencia legal en España podrá ejercer una actividad por cuenta ajena en Gibraltar, sin discriminación y en igualdad de condiciones”, ha concluido.

El acuerdo suscrito que ha permitido la demolición de la verja crea además un fondo social para promover la cohesión y la solidaridad entre Gibraltar y el campo ante Gibraltar. Va a estar financiado por la Unión Europea, el Reino Unido, “y también va a contribuir decisivamente a paliar las desigualdades a uno y otro lado de este lugar, con acciones concretas en formación, en empleo, para ofrecer oportunidades a los jóvenes de esta tierra”, ha remachado.

La condena a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por un delito de cooperación en prevaricación administrativa no moverá un ápice el apoyo de los socios que le quedan al Gobierno progresista. Es más, tras conocer el fallo de la Audiencia Provincial de Badajoz que ha descartado el tráfico de influencias y ha rechazado una pena de cárcel para el hermano de Pedro Sánchez, todos esos aliados salieron a mostrar su perplejidad por una condena que no consideran justificada. Desde el propio Gobierno apostaron por remarcar la “inocencia” del condenado y consideraron que el único objetivo del tribunal es “dañar al presidente del Gobierno y a su entorno familiar”.

Uno de los dirigentes públicos más contundentes fue el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. En el pasillo del hemiciclo, minutos después de conocerse la sentencia, el dirigente republicano la tildaba como “una sobrada” y afirmaba que Sánchez había sido condenado “por la cara”. “Lo único bueno de lo de David Sánchez y Begoña Gómez es que ahora el PSOE (y por extensión mucha gente) ya sabe el pan que se da cuando un juez te persigue por tus ideas, por ser quien eres o simplemente por la cara. Adecentar al poder judicial debería ser prioritario”, apuntaba después el dirigente republicano en la red social X.

“Es un momento en el que cuesta mucho discernir la verdad de la mentira”, había asegurado Rufián antes incluso de conocer el fallo. “Los casos del hermano de Sánchez y de la mujer de Sánchez son de primero de lawfare, pero irán pa'lante, como diría según quién en redes sociales”, agregó.

Desde los Comuns, la diputada Aina Vidal consideraba abiertamente “desproporcionada” la pena impuesta por la Audiencia Provincial de Badajoz. A su juicio, “el estado de opinión sobre la Justicia es nefasto por sentencias como esta”. Se pronunció en la misma línea Alberto Ibáñez, diputado de Compromís. Él también habló de “desproporción” y añadió, dirigiéndose a los jueces: “Tienen que tener cuidado de no pasarse de frenada porque están poniendo muy difícil creer en el Estado de Derecho de este país”.

El PNV se limitó a considerar “fuerte” la condena a David Sánchez y no hubo dirigentes de EH Bildu que se pronunciaran al respecto aunque desde las dos formaciones no ven razones para dejar caer al Ejecutivo. La sentencia no traspasa algunas de las líneas rojas impuestas por los socios como condición para retirar su apoyo a Pedro Sánchez. Desde el inicio de la legislatura los socios siempre han considerado que no serían capaz de sostener al Gobierno en el caso de que se probara una financiación ilegal del PSOE o de que hubiese una imputación dentro del Consejo de Ministros, algo que hasta el momento no ha sucedido.

Moncloa cree que “se perseguía un apellido”

Desde la Moncloa la idea también es continuar con la legislatura al considerar que las actuaciones de los tribunales contra Sánchez y sus familiares solo tienen como objetivo hacer descabalgar al Gobierno. Tras conocer la condena al hermano del presidente, fuentes de la Presidencia recalcaron que “la sentencia no es firme” y se recurrirá por parte de la defensa de David Sánchez. Solo unos minutos de que se conociera el fallo, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, sí quiso mostrar su confianza en “la justicia”, pero también apuntó que cree “que en instancias superiores se constate la inocencia de David Sánchez”. “Respetamos la sentencia, pero, obviamente, no la compartimos”, añadió, además de insistir en que todo tiene como objetivo “dañar al presidente del Gobierno y a su entorno familiar”.

“La sentencia no borra la realidad”, insisten desde Moncloa. “Pedro Sánchez no era ni diputado cuando se convocó la plaza y, además, el responsable del proceso de selección, el señor Gallardo [expresidente de la Diputación de Badajoz también condenado por prevaricación] apoyaba a su rival en las primarias del año 2017”. “También es importante recordar el origen de la causa”, añaden fuentes del Gobierno. “Inicialmente, las organizaciones ultraderechistas acusaron al señor Sánchez principalmente de obtener injustificadamente unos millones de euros y de fraude fiscal y todas esas acusaciones fueron cayendo y siendo sustituidas por otras”, señalan.

Para el Gobierno todo ello “puede hacer pensar que no se perseguía el delito, sino que se perseguía una persona y, en concreto, se perseguía un apellido”. “Por lo tanto, podríamos decir que estamos ante el primer caso donde ha tenido éxito la estrategia de las organizaciones de la derecha y la ultraderecha basada en el acoso judicial a políticos progresistas y sus familiares con fines intimidatorios, porque, efectivamente, estamos ante una causa impulsada en exclusiva por partidos y organizaciones de derecha y ultraderecha”, insisten fuentes de Moncloa.

Otro de los aspectos que destacan en Presidencia es que “la sentencia no tiene efectos prácticos” sobre el hermano de Sánchez porque “él ya no ocupa ese cargo y, por tanto, una inhabilitación para trabajar en empleos públicos no tiene ninguna consecuencia para él”. “Esta dinámica de condena mínima con lógica corporativa recuerda mucho a la condena del antiguo fiscal general del Estado”, añaden, con que se preguntan si “a pesar de la precaución de los jueces para imponer la condena mínima, este tipo de resoluciones pueden erosionar todavía más la confianza de parte de la sociedad en la Justicia y en la imparcialidad de los jueces cuando afrontan causas políticas”.

El Gobierno expresado este martes su confianza en “la justicia”, pero también “que en instancias superiores se constate la inocencia de David Sánchez”. “Es en lo que creemos”, ha señalado en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, apenas unos minutos después de conocer la sentencia que ha condenado al hermano de Pedro Sánchez a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa por su contratación en la Diputación de Badajoz como coordinador de los conservatorios pacenses.

“Acabamos de conocer la sentencia sobre David Sánchez, y lo que les puedo trasladar es el origen de esta causa, que es una denuncia de una organización ultraderechista en la que nunca ha habido acusación particular, y que, lo largo, además, del juicio oral, la Fiscalía ha ido desmontando todas y cada una de las acusaciones, la Fiscalía pedía la absolución”, ha recordado Saiz. En un segundo turno de preguntas de la prensa, la portavoz ha añadido: “Respetamos la sentencia, pero, obviamente, no la compartimos”. Asimismo, Saiz ha dicho que la sentencia tiene como objetivo “dañar al presidente del Gobierno y a su entorno familiar”.

Fuentes del Ejecutivo han insistido después en que “la sentencia no es firme, cabe recurso”, de forma que “los hechos aún podrían ser valorados de forma diferente por otra instancia judicial”. “En todo caso”, añaden en Moncloa, “la sentencia no borra la realidad: Pedro Sánchez no era ni diputado cuando se convocó la plaza”. “Y además el responsable del proceso de selección, el Sr. Gallardo, apoyaba a su rival en las primarias del año 2017”, ha remarcado.

Desde el Gobierno insisten también en “ el origen de la causa”. “Inicialmente, las organizaciones ultraderechistas acusaron a Sánchez principalmente de obtener injustificadamente un millón de euros y de fraude fiscal. Todas esas acusaciones fueron cayendo y siendo sustituidas por otras. Y esto puede hacer pensar que no se perseguía el delito. Sino que se perseguía una persona y, en concreto, se perseguía un apellido”, apuntan.

Con todo, Moncloa considera que el de David Sánchez es “el primer caso donde ha tenido éxito la estrategia de las organizaciones de la derecha y la ultraderecha basada en el acoso judicial a políticos progresistas y sus familiares con fines intimidatorios”. “Porque, efectivamente, estamos ante una causa impulsada en exclusiva por partidos y organizaciones de derecha y ultraderecha”.

También destacan las fuentes consultadas que “después de todas las diligencias practicadas, la Fiscalía no ha visto ningún indicio de delito y pidió la absolución” del hermano del presidente. “Y nunca se personó un solo perjudicado. Porque nadie recurrió en su día que David Sánchez obtuviese su plaza.

“Y en cuanto a la condena”, añade Moncloa, “parece que el tribunal ha seguido una lógica corporativa: no ha querido deslegitimar las actuaciones judiciales anteriores. Y, a la vez era consciente de que la causa era endeble, por lo que no ha condenado a prisión. La sentencia, por tanto, no tiene efectos prácticos sobre el Sr. David Sánchez, él ya no ocupa ese cargo y, por tanto, una inhabilitación para trabajar en empleos públicos no tiene ninguna consecuencia para él”.

“A pesar de la precaución de los jueces para imponer la condena mínima, nos preguntamos si este tipo de resoluciones pueden erosionar todavía más la confianza de parte de la sociedad en la Justicia y en la imparcialidad de los jueces cuando afrontan causas políticas”, concluyen desde la Presidencia del Gobierno.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado al hermano de Pedro Sánchez a nueve años de inhabilitación al considerarlo autor de un delito de prevaricación por cooperación necesaria por su contratación en la Diputación en 2017 como coordinador de los conservatorios pacenses. El tribunal rechaza el tráfico de influencias, por lo que evita la pena de prisión que reclamaban las acusaciones populares.

El tribunal ha descartado la petición de cárcel de hasta seis años que pedían Manos Limpias, Abogados Cristianos, Hazte Oír, PP, Vox, Iustitia Europa y Liberum. La Fiscalía pedía la absolución de David Sánchez y del resto de encausados, entre ellos, el presidente de la Diputación y ex secretario regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, que también ha sido condenado a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. La Audiencia ha impuesto la misma pena al resto de acusados.

La sentencia, de 377 páginas, confirma de manera unánime la prevaricación en la creación de la plaza que ocupó David Sánchez, pero descarta por completo el delito de tráfico de influencias. Los magistrados consideran que no ha quedado probado “que persona o personas determinadas ejercieran presión o influencia sobre los acusados primeramente filiados, prevaliéndose del ejercicio de las facultades de un cargo o de cualquier otra situación derivada de una relación personal o jerárquica con aquellos”.

Previamente a las declaraciones de la portavoz del Gobierno, El ministro de Transportes, Óscar Puente, vinculaba la sentencia contra David Sánchez con un intento de la Justicia de “derribar a un gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas”. “Esta época se estudiará en los libros de historia como aquella en la que se tensaron las costuras de nuestras instituciones más esenciales con la única finalidad de derribar a un gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas”, ha escrito Puente en su perfil de X.

Asimismo, Sumar ha considerado “desproporcionada” la pena impuesta. “Tienen que tener cuidado de no pasarse de frenada; están poniendo muy difícil creer en el Estado de Derecho de este país”, ha avisado el diputado de Compromís, adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez. También la portavoz adjunta de Sumar y diputada de los Comunes, Aína Vidal, ha tachado de desproporcionada la pena y ha coincidido con Ibáñez en que “el estado de opinión sobre la Justicia es nefasto” precisamente por “sentencias como esta” y por el trato que da el juez Juan Carlos Peinado a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha incidido en una idea similar. “Lo único bueno es que ahora el PSOE (y por extensión mucha gente) ya sabe el pan que se da cuando un juez te persigue por tus ideas, por ser quien eres o simplemente por la cara”, ha señalado a través de X. “Adecentar el poder judicial debería de ser prioritario”, ha enfatizado. “Es una sobrada importante”, ha dicho después, en los pasillos del Congreso.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado que la dictada contra David Sánchez es “la tercera condena en su entorno, tras la del exfiscal y la de Ábalos, y por unanimidad de la sala de la Audiencia Nacional de Badajoz”. “Que nadie esté por encima de la ley, sea familia de quien sea, habla bien de nuestro Estado de Derecho y debería reconfortar a todos los españoles”, ha considerado en X. “Es verdad que la sentencia no da por acreditado el tráfico de influencias”, ha señalado, por su parte, Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, que ha añadido que cree que “el Gobierno está asediado por corrupción”. “Hay muchos casos, como todos ustedes saben, que están siendo investigados, que están siendo investigados por jueces, y que vamos a ver cómo acaban”, ha expresado la portavoz.

Este martes, las selecciones de fútbol masculino de España y Francia pelearán en semifinales por intentar llegar a la final del Mundial que está teniendo lugar en EEUU, México y Canadá. Pero en vísperas del encuentro el Partido Popular está enfangando las relaciones con el país vecino tanto por una de sus últimas decisiones parlamentarias como a través de uno de sus referentes, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

El jueves, el PP utilizó su mayoría absoluta en el Senado para paralizar por el momento la ratificación definitiva del Tratado de Amistad con Francia suscrito por ambos gobiernos en enero de 2023. Los populares aprobaron un requerimiento para pedir al Tribunal Constitucional que certifique si el apartado que prevé que un ministro francés pueda participar en el Consejo de Ministros es conforme con la Carta Magna. En concreto, el artículo 2.4 del Tratado, prevé que un ministro pueda participar en el Consejo de Ministros del otro, al menos una vez cada tres meses y por rotación, algo que en el PP consideran que es contrario a la Constitución y por ello ya promovieron hace un año otro recurso ante el Constitucional en este sentido.

Para solventar esta cuestión, que en última instancia motivó que fracasara la ratificación en 2025, los ministros de Exteriores de los dos países llegaron en abril a un acuerdo sobre cómo interpretar dicho artículo, acordando que la invitación será “para participar en los márgenes de dicho Consejo de Ministros en una reunión por separado” y no propiamente en el mismo. Pero esta fórmula no le valió al PP, que ahora sostiene que la “cláusula interpretativa” que se ha añadido “ni modifica la redacción del artículo 2.4, ni forma parte 'stricto sensu' del texto del Tratado” por lo que, una vez aprobado, los dos gobiernos podrían adoptar una cláusula interpretativa en “distintos términos”.

La decisión del PP causa perplejidad en las autoridades francesas, pero también en el Gobierno español que considera que el tratado de amistad es “bueno” para España y en particular para los 300.000 españoles que viven en el país vecino y el millón que lo hace en municipios fronterizos, tanto en Catalunya como Euskadi, Aragón o Navarra. “Desde luego el Partido Popular con esta medida ataca a España. Yo espero que lo paguen caro en las urnas”, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, la semana pasada.

A todo ello se sumó por sorpresa el expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy, que introdujo una reflexión racista en su habitual columna en El Debate sobre el último partido del Mundial en el que España ganó a Bélgica, lo que le aboca a enfrentarse en semifinales a Francia, este martes. El exmandatario afirmó que la selección francesa de fútbol tiene “una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses”. En realidad, apenas tres futbolistas de la plantilla de 26 jugadores de Francia no nacieron en el país europeo: Michael Olise, Marcus Thuram y Brice Samba. El resto nacieron en Francia y son todos franceses.

Declaraciones “absolutamente inaceptables”

Al menos tres ministros del gobierno francés han salido en las últimas horas a hacer frente a las palabras de Rajoy. Para el titular de Interior, Lauren Núñez —descendiente de almerienses que antes de llegar a Francia pasaron por Argelia—, las declaraciones del expresidente del Gobierno son “absolutamente inaceptables”. “Si esa declaración es exacta, es absolutamente inaceptable. No refleja en absoluto lo que es Francia”, afirmó, en la televisión BMF TV. El ministro añadió que “Francia es un país diverso donde todo el mundo puede desarrollarse” y que considera que “hay una Francia, simplemente, que es una República en la que todo el mundo debe poder encontrar su lugar”.

La Embajada de Francia en España también ha publicado un breve mensaje en su cuenta oficial en la red social X en el que recuerda que “de los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia. Y otros miembros del gobierno francés, como la ministra delegada para la Igualdad de Género y la Lucha Contra la Discriminación de Francia, Aurore Bergé, también han salido al paso de las palabras de Rajoy. En su caso ha afirmado que ”los resbalones racistas repetidos son insoportables“ y ha mostrado su orgullo por la selección francesa.

Sémper: “Es sin mala intención”

La ministra para los territorios de Ultramar, Naïma Moutchou, ha pedido a la Federación Francesa de Fútbol que inicie “todas las acciones legales posibles” contra el expresidente Rajoy, algo sobre lo que por el momento no se ha pronunciado la Federación de Francia. “A cada victoria de los Bleus, resurgen las mismas obsesiones e insultos racistas. No son 'deslizamientos'. Es un odio metódico y banalizado de Francia y de lo que representa”, apuntó, en un mensaje publicado en X.

Pese a que las principales críticas llegaban desde Francia, Rajoy respondía este lunes como si quienes hablaran de su racismo fueran solo españoles. “No me voy a poner al nivel de ciertos miembros del Gobierno español”, ha asegurado en El Mundo. Su entorno también ha tratado de restar importancia en ese mismo medio ante esta polémica al asegurar que “no había mala intención” en el expresidente y que es “un tema menor”.

“No puedes jugar en ninguna selección nacional si no eres nacional de ese país”, afirmó este lunes el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, al ser preguntado por la polémica reflexión que hizo Rajoy en su artículo en El Debate. A continuación, Sémper ha justificado la expresión racista del expresidente: “Una columna de estas que escribe el presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España. Y esto yo lo circunscribiría a este perímetro. No le daría otra interpretación”, ha añadido, para concluir: “Sánchez dice que quiere que gane el mejor. Nosotros queremos que gane España aunque juegue peor”.

El futuro presidente de las juventudes del PP, el ayusista Ignacio Dancausa, ha proclamado este viernes que “Fachadolid será testigo del inicio de la edad dorada de las Nuevas Generaciones”. “Este finde nos jugamos el futuro de nuestra generación. Los jóvenes sabemos que hay un Gobierno que hace de la corrupción una forma de resistencia en el poder. Sabemos que hay una izquierda que lleva demasiado tiempo empobreciéndonos. Y a esa izquierda hoy le decimos que su tiempo se ha acabado”, ha asegurado el único candidato en el primer día de congreso, que se celebra en Valladolid.

Sus claves para aupar a Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del Gobierno, según su discurso: las redes sociales —ha pedido a los cargos y afiliados que sean “influencers de las ideas de la libertad”—, la “captación” de talento y la universidad. “Vamos a estar presentes en todos los campus de España. Hay una generación de jóvenes que no estamos dispuestos a dejar que otros hablen en nuestro nombre. No podemos aceptar que solo una parte del pensamiento tenga voz”, ha argumentado.

El futuro líder de las juventudes del PP ha asegurado que España se va a ganar “en la calle, en los campus y en las redes”. “Dentro de unos años miraremos atrás y diremos que fuimos la generación que no se conformó, la generación que dimos un paso al frente y la generación que hizo que España volviera a creer. Así que vamos a hacerlo por nuevas generaciones, vamos a hacerlo por el Partido Popular y sobre todo y por encima de todo vamos a hacerlo por España. Así que a ganar y muchísimas gracias a todos. ¡Viva España!”, ha finalizado.

El Congreso de Nuevas Generaciones del PP que se celebra entre este viernes y este sábado tendrá pocas sorpresas. El sucesor de Beatriz Fanjul lleva claro desde hace un mes, cuando todos los aspirantes llegaron a acuerdo para llegar al congreso con una única candidatura encabezada por Dancausa, hasta ahora presidente de NNGG en Madrid y afín a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El discurso previo de Miguel Tellado no se ha salido del carril: una oferta a Fanjul para continuar en su equipo en la secretaría general del partido, alabanzas al nuevo líder de las juventudes conservadoras y ataques a Pedro Sánchez. “El PSOE está a dos autos judiciales de sustituir su logo y poner en su sede 'compro oro'”.

“A Leire Díez, Santos Cerdán y Vicente Martínez se ha unido ahora Juanma Serrano, un nuevo protagonista. Otro íntimo de Sánchez, su primer jefe de gabinete, su amigo, su colaborador”, ha enfatizado. “También está implicado y hasta el cuello en todo este escándalo. Y desde hoy ya está imputado, uno más. Es el imputado número 127”, ha añadido, en alusión en la imputación del que fue el jefe de Gabinete de Sánchez en su primera etapa como líder del PSOE. “Hablamos del hombre que estuvo al lado de Sánchez desde el primer momento, desde el primer día, con el que se lanzó a conquistar la dirección del Partido Socialista. No queda nadie limpio cerca de Sánchez, porque el que lo mancha todo es el propio Sánchez”, ha zanjado.