El lujoso ático del Paseo del General Martínez Campos de Madrid que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso compró en abril por 6,3 millones de euros a través de la empresa pública Planifica Madrid seguirá en manos del Ejecutivo regional tras fracasar la operación puesta en marcha para venderlo en julio, justo un día después de que se conociera la adquisición a través de la prensa. La decisión se conocía solo unos minutos antes de la esperada comparecencia del consejero de Presidencia y máximo responsable de Planifica Madrid, Miguel Ángel García, en la Asamblea regional, que finalmente solo sirvió para añadir una nueva versión sobre la polémica compra: por primera vez, el Gobierno de Ayuso reconocía que el uso real que pretendía dar la administración a la vivienda era de “alojamiento”, después de haber dicho en los últimos dos meses que el inmueble se iba a utilizar para alojar oficinas de la Comunidad.

En la memoria esgrimida por el consejero durante su comparecencia y que habla de los fines que el Gobierno de Ayuso quería dar al ático, se recoge expresamente el uso “institucional de carácter residencial” del inmueble, lo que contradice todas las versiones dadas por la presidenta madrileña y su equipo desde que estalló la polémica. “En el contexto actual es una práctica habitual a nivel estatal, autonómico o incluso local disponer de un inmueble institucional de carácter residencial o dependencias específicas para su uso de manera permanente u ocasional por distintas autoridades como apoyo a las sedes oficiales”, decía la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia a principios de julio en ese documento consultado por elDiario.es.

Hay “razones operativas, de seguridad y de representación institucional” que justifican la pertinencia de contar con un “inmueble institucional de carácter residencial”, insistía el Gobierno de Ayuso, con una zona destinada a lugar de trabajo y un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades “en visita oficial a la Comunidad de Madrid o las propias autoridades de la Administración regional”.

Lo que pretendía la Comunidad de Madrid era alquilar a partir del 1 de agosto el piso que previamente había comprado Planifica Madrid por más de seis millones en un contrato formalizado en abril. Ese arrendamiento, que iba a ascender a 3.000 euros al mes, llegó a firmarse el día 28, pero dos días después, el 30, la Comunidad de Madrid dijo que ya no le hacía falta. Solo 24 horas después de que estallase el escándalo con la publicación de la operación en El País.

La vivienda, con 486 metros cuadrados, está situada justo enfrente del piso que la presidenta madrileña recibió como donación en vida de su padre y en la que ahora vive su madre. Ese mismo día 29 de julio en que se conoció por la prensa la compra del ático, el Gobierno regional aseguró que el uso del inmueble iba a ser de oficinas y la presidenta justificó esa adquisición asegurando que iba a ser para celebrar “reuniones” mientras se realizaban unas obras hasta entonces desconocidas en el edificio donde tiene su despacho: la sede de la Presidencia del edificio de Correos situado en la Puerta del Sol de Madrid.

“No es mi casa, no es para mí, yo no me he comprado nada”, dijo Ayuso en una comparecencia ante la prensa. Desde entonces, el ático se ha convertido en un dolor de cabeza para la presidenta madrileña, que ha pasado dos meses sin explicar por qué su Ejecutivo adquirió una vivienda de lujo, justo enfrente de la casa donde vive su madre, a través de una inmobiliaria de lujo y teniendo en cuenta que la normativa no permite que se utilice para albergar oficinas, como sostuvo al inicio su propio Ejecutivo. “Se compran y se venden inmuebles, se alquilan y se dejan de alquilar (...) en estos mismos meses me consta que está habiendo muchas ventas de otros inmuebles y otras oficinas”, añadió en esa misma comparecencia del 29 de julio, justificando la adquisición.

Los virajes del equipo de la presidenta

Solo un día después su gobierno dio un giro de 180 grados y pasó de reivindicar la compra a poner el ático en venta. Fue el consejero de Presidencia quien en declaraciones a la prensa desde el puesto de mando del gravísimo incendio que asoló al oeste de la Comunidad dijo que se había decidido poner en venta el piso de lujo, y que el dinero que obtendría la administración de esa operación iba a utilizarse para las labores de reconstrucción de las zonas afectadas por los fuegos. El expediente revelado este jueves permite comprobar que la Consejería de Presidencia transmitió el 30 de julio “la desaparición de la necesidad que motivó la solicitud de arrendamiento formulada” pese a que acababa de firmar el contrato de alquiler solo dos días antes.

El viraje de la Comunidad no convenció a la oposición y tampoco a los medios de comunicación que a lo largo de las siguientes semanas preguntaron sin éxito a la propia a Ayuso y a sus consejeros sobre la confusa operación. Abrumada por la polémica que llevó incluso al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, a pedirle explicaciones, la presidenta madrileña descargó todas las responsabilidades en Miguel Ángel García Martín y su equipo anunció su comparecencia en la Asamblea para este jueves.

García utilizó la comparecencia para lanzar todo tipo de descalificaciones contra la izquierda, que le pedía explicaciones y aportó documentos posteriores a la decisión de la compra para justificar la adquisición. Desde el atril, el consejero de Presidencia aseguró que la operación de compra respondió a una serie de necesidades de su departamento entre los que mencionaba, por primera vez, la de “contar con un inmueble institucional de carácter residencial con una zona destinada a lugar de trabajo, un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la región o a las propias autoridades de la Comunidad de Madrid”. A diferencia de lo sostenido en los últimos dos meses –que en ningún caso la vivienda iba a tener uso residencial–, García reconocía que sí, que el ático tiene como objetivo alojar a cargos del propio Gobierno madrileño.

Para ello mostró una memoria de necesidades de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local “para el arrendamiento del inmueble” fechada el 2 de julio de 2026, tres meses después de que se acordara la compra del ático en una de las mejores zonas de Chamberí. En esa memoria también se contemplaba “disponer de espacios accesorios o complementarios a las sedes institucionales en contextos de gestión de crisis que pueden prolongarse en el tiempo y que pueden requerir de un inmueble de estas características”. También contó que la operación cuenta con informes favorables de la Abogacía General, que reconocen un “uso distinto al de vivienda” y elaborados también después de la compra.

Y mencionó otro informe de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía, así como el contrato suscrito entre Planifica Madrid y la Comunidad “que recoge expresamente la necesidad de alquilar este inmueble institucional como apoyo a las sedes oficiales”. El informe de la Dirección General de Patrimonio existe, pero en él se hace una valoración de las características del inmueble y dice explícitamente que es Presidencia quien se dirige a ellos para solicitar el arrendamiento del inmueble institucional de carácter “residencial”.

“Este inmueble nunca se adquiere para que sea una residencia oficial para la presidenta, como sí tienen, por cierto, la mitad de los ministros y muchos presidentes autonómicos”, apuntó García en la Asamblea. Una de las obsesiones del Gobierno de Ayuso desde el 29 de julio ha sido decir que el ático no era para la presidenta y, a la vez, destacar una y otra vez que hay miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez viven en viviendas oficiales, al igual que hicieron en el pasado ministros cuando gobernaba el PP.

El también portavoz de la Comunidad de Madrid aseguró que la izquierda ha tratado en las últimas semanas de utilizar la compra del ático creando “una gran mentira” -la de que se trataba de una casa para Ayuso- para “tapar la desastrosa gestión que el Gobierno de Sánchez ha hecho de la invasión de Ceuta”. Y al final de su intervención, García anunciaba que el ático seguirá a la venta a través de un procedimiento público, y que la Comunidad de Madrid se querellará contra las portavoces de los dos principales grupos de la oposición, Manuela Bergerot (Más Madrid) y Mar Espinar (PSOE), al considerarlas autoras de un delito de “injurias” contra la presidenta madrileña por haber asegurado que, en realidad, el ático era para ella.

La interventora reprochó su insuficiente justificación para hacerse con el ático

A última hora de la tarde se conoció el expediente en el que la Comunidad de Madrid incluyó los documentos antes citados además de otros hasta entonces mantenidos en secreto, como el acuerdo de confidencialidad que Planifica Madrid obligó a firmar al vendedor del inmueble antes de comprarlo, la tasación del inmueble, el contrato de arras, la escritura pública, los gastos notariales o los que prueban la titularidad del ático, una vez comprado por la citada empresa pública.

Entre ellos figura un informe de la Comunidad de Madrid con una observación de la Intervención Delegada de Economía y Hacienda sobre algunas deficiencias que aprecia en el proceso de arrendamiento. Entre ellas, dice que la Dirección General de Patrimonio y Contratación cita un informe que no le aporta y lamenta que no profundice en aspectos como “el estudio de la necesidad, idoneidad, aspectos económicos o la comparativa de edificaciones similares”. “Estos aspectos deberían haberse desarrollado suficientemente en el Informe Técnico a elaborar por la Dirección de Patrimonio y Contratación, que parece haberse limitado a una descripción del inmueble y régimen urbanístico del mismo”. Pese a ello, la Interventora aprueba la fiscalización del expediente de gasto y permite continuar con la tramitación administrativa del alquiler del inmueble en el Paseo del General Martínez Campos 35.

Las explicaciones y los documentos siguen sin convencer, en cambio, a todos los partidos del arco parlamentario madrileño excepto el PP, el partido del Gobierno de Ayuso que tiene mayoría absoluta en la Asamblea. En su intervención en el Pleno, el portavoz de Más Madrid en este asunto Hugo Martínez Abarca aseguró no creer “las trolas” de García en su comparecencia. “Usted no pinta nada, es el pelele que ha sacado para que se lleve los golpes que le corresponden a ella. A usted no se le ocurrió comprar un ático con terraza enfrente en el barrio donde se ha criado Ayuso, obviamente”, le dijo al consejero de Presidencia. Y añadió: “Ayuso lo que quiere ser es una aristócrata, una emperatriz y tener un tren de vida que le paguemos los madrileños”.

Desde el PSOE, la portavoz autonómica, Mar Espinar, lamentó que a García le hubieran “obligado a cometer una ilegalidad” durante su comparecencia al presentar “informes de consejerías” elaborados “a posteriori” de la compra del ático en abril por el “capricho” de Ayuso. E incluso Vox tildaba de “poco precisas y confusas” las explicaciones del máximo responsable de Planifica Madrid.

Una de las incógnitas que sigue sin desvelar el equipo de Ayuso es quién decidió comenzar la búsqueda del ático de lujo y qué cargo político tomó la decisión final de adquirirlo. Si fue la propia presidenta, García o cualquier otro miembro del Gobierno autonómico. Desde la oposición no piensan dejar de utilizar el caso del ático en lo que queda de legislatura y están convencidos de que el escándalo hará caer a Ayuso, que se someterá a las urnas en la próxima primavera y que, según casi todas las encuestas publicadas en las últimas semanas, seguiría contando con el apoyo de la mayoría absoluta de los madrileños para mantenerse en el cargo.

Miguel Ángel García, consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, ha reconocido este jueves que la compra del ático de lujo de 6,3 millones de euros el pasado abril respondió a una serie de necesidades de su departamento entre los que ha mencionado la de “contar con un inmueble institucional con una zona destinada a lugar de trabajo, un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la región o a las propias autoridades de la Comunidad de Madrid”.

Para argumentar ese uso García ha mostrado, sin embargo, una memoria de necesidades de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local “para el arrendamiento del inmueble” fechada el 2 de julio de 2026, tres meses después de la compra del ático en una de las mejores zonas de Chamberí. En esa memoria también se contemplaba “disponer de espacios accesorios o complementarios a las sedes institucionales en contextos de gestión de crisis que pueden prolongarse en el tiempo y que pueden requerir de un inmueble de estas características”.

“Este uso es plenamente compatible con la normativa urbanística, pues el carácter residencial del inmueble no impide el destino de parte del inmueble a despacho”, ha detallado, además de contar que la operación cuenta con informes favorables de la Abogacía General, que reconocen un “uso distinto al de vivienda”. También ha mencionado otro informe de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía, así como el contrato suscrito entre Planifica Madrid y la Comunidad “que recoge expresamente la necesidad de alquilar este inmueble institucional como apoyo a las sedes oficiales”.

Durante su comparecencia en la Asamblea regional, García, que es el máximo responsable de Planifica Madrid, la empresa pública que compró el polémico ático, ha remarcado, pese a ello, que el Gobierno autonómico “nunca compró un inmueble para ser la residencia de la presidenta que vive, como siempre, en su propia casa”. Ayuso ha escuchado la intervención de su consejero sentada en su escaño de la Cámara autonómica, pero en cuanto ha terminado García se ha marchado, sin escuchar a los portavoces de la oposición, muy duros exigiendo explicaciones a la presidenta madrileña.

“Planifica Madrid adquirió un inmueble tras un proceso de búsqueda con el objetivo de ponerlo a disposición de la Comunidad de Madrid”, ha dicho, “como complemento de la actividad institucional y como apoyo a las dependencias institucionales por las obras” en el edificio de Presidencia de la Puerta del Sol. “Esta compra de inmuebles son habituales en todas las administraciones públicas”, ha señalado. Lo que sí ha destacado García es que el inmueble costó 6,3 millones, pero no se pagó “ningún tipo de sobrecoste por comisiones como se ha dicho”.

Con todo, García ha considerado que la idea de que el ático era para Ayuso es “una gran mentira” de la izquierda para “tapar la desastrosa gestión que el Gobierno de Sánchez ha hecho de la invasión de Ceuta”. “Solo querían fabricar un caso y ha quedado totalmente acreditado que era falso”, ha añadido, en su turno de réplica, trufado de descalificaciones contra la oposición y, especialmente, contra PSOE y Más Madrid, los grupos de la izquierda representados en la Asamblea. De hecho, ha enumerado las viviendas en las que viven o han vivido miembros de esos dos partidos para contrarrestar las peticiones de explicaciones de la oposición.

La oferta de venta, desierta

“Este inmueble nunca adquiere para que sea una residencia oficial para la presidenta, como sí tienen, por cierto, la mitad de los ministros y muchos presidentes autonómicos”, ha añadido. “¿Dónde está su fantasma? ¿Dónde está la residencia que se le iba a poner a la presidenta?”, ha preguntado a la oposición.

Mientras García Martín desarrollaba sus argumentos, los diputados de la oposición han realizado comentarios desde sus escaños y han mostrado su desacuerdo con las palabras del consejero. Ante las continuas interrupciones, el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha intervenido para pedir silencio: “No paran de comentar. Vamos a esperar un poco. Tranquilícense, no puede estar hablando con sus comentarios continuos. ¿No les interesaba tanto esta comparecencia? Pues cállense, cállense. ¡Cállense!”. A continuación, Ossorio ha dado de nuevo la palabra a García Martín y le ha indicado que disponía de más tiempo para continuar con su intervención.

Martínez Abarca ha pedido al portavoz del ejecutivo autonómico encargado de explicar la compra del ático que deje “de arrastrar su dignidad” y le ha llamado “pelele”. “Usted no pinta nada, es el pelele que ha sacado para que se lleve los golpes que le corresponden a ella. A usted no se le ocurrió comprar un ático con terraza enfrente en el barrio donde se ha criado Ayuso, obviamente”, ha dicho Abarca. El diputado de Más Madrid ha insistido a García Martín en que se le recordará por haber intentado “limpiar” lo que hizo su presidenta. Y ha añadido: “Ayuso quiere ser es una aristócrata, una emperatriz y tener un tren de vida que le paguemos los madrileños”.

La comparecencia de García se ha producido apenas unos minutos después de que se conociera que el proceso de venta del ático de lujo comprado por la Comunidad de Madrid ha quedado desierto. El consejero ha añadido que el inmueble “se mantendrá a la venta a través de un procedimiento abierto de adjudicación”.

“Habemus apertura de sobres. Tanto lío y al final nadie está dispuesto a pagar lo que pagó Ayuso por sus caprichos”. ironizaba la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar. Durante el Pleno de la Asamblea, Espinar ha acusado al Gobierno de Ayuso de “jugar con los tiempos”. “¿O es la jugada perfecta y la señora Ayuso se queda con el ático de sus sueños?”, se ha preguntado.

Las explicaciones de García Martín no han convencido a ninguno de los grupos de la oposición. Ni siquiera a Vox, que ha tachado de “poco precisas y confusas” las explicaciones que ha dado la Comunidad de Madrid por la compra del ático y ha advertido de que “el 'y tú más' no cubre sus obligaciones de transparencia”.

“Lo que usted merece es un juicio por corrupta, porque vender el presupuesto de una comunidad autónoma a Quirón es corrupción y comprarse un aticazo enfrente de su madre también”. Con estas palabras se ha expresado este jueves la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, dirigiéndose a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, durante la sesión de control a su Ejecutivo.

La oposición ha utilizado precisamente dos de los asuntos más peliagudos de las últimas semanas para Ayuso y su equipo, el ático de lujo y la situación de la sanidad, al inicio de un largo Pleno que culminará, precisamente, con la comparecencia del consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, para dar explicaciones sobre el polémico ático de lujo adquirido por la empresa pública Planifica Madrid y que la Comunidad puso a la venta en cuanto la prensa reveló esa adquisición. 

Para Bergerot, “lo del ático va a ser un chicle” que a Ayuso “se le va a pegar hasta el final de su carrera política”. “Da igual que ponga la cabeza de su consejero encima de una bandeja y usted lo sabe”, ha añadido, en alusión a la comparecencia de esta tarde. La portavoz de Más Madrid le ha espetado a la presidenta autonómica que “ni siquiera sus votantes” han “creído” sus explicaciones “porque son todo mentiras”.

Respecto a la sanidad, dos días después de conocer que en uno de los hospitales más importantes de la región, el Ramón y Cajal, había alterado la gravedad de sus pacientes para mejorar las listas de espera, la portavoz de Más Madrid ha acusado a Ayuso de “hacer ingeniería contable” para modificar las listas de espera. “Lo más inquietante del Ramón y Cajal es que no es un caso aislado. Tienen un plan perfectamente diseñado para que cada vez haya que esperar más en la pública para ir a la privada”, ha zanjado Bergerot.

“El bulo del culo” del Ramón y Cajal

Para Ayuso, todo lo relacionado con el Ramón y Cajal es “el bulo del culo” y ha cargado contra el cirujano sobre el que su gobierno ya centró las acusaciones el miércoles. “Resulta que es un señor que está manipulando las listas”, ha añadido, sin aportar pruebas.

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, había exigido previamente a Ayuso que presentara su dimisión por el escándalo del ático. “No hay veto que tape el escándalo en el que está metida”, ha afirmado Espinar, que además ha acusado al Gobierno madrileño de “censura y opacidad”. “Prometió dimitir si había mentido con la cuestión del ático. ¿Dónde está su carta de dimisión?”, se ha preguntado.

Espinar también ha criticado la alteración de las listas de espera sanitarias y los recortes en la universidad. “Se le acabó la impunidad, váyase para dejar de hacerse daño a sí misma”, ha concluido la portavoz socialista.

Ayuso ha respondido acusando a la izquierda de actuar desde la “desesperación” y ha defendido su gestión asegurando que las denuncias sobre las residencias y el caso de Torrejón fueron archivadas. También ha dicho que la oposición basa todas sus acusaciones contra su Gobierno en “mentiras”.

Ayuso ha afirmado que Más Madrid “no ha hecho nunca una propuesta” en la Cámara autonómica y que se dedican a “las mismas mentiras” y “las mismas monsergas”. Ha señalado que en cuanto se empieza a ver “propiedades y riqueza” se “duplica a la clase media que representa en la mayoría el centro derecha” en la Comunidad. “Por eso nosotros que gobernamos para todo el mundo tenemos esas victorias electorales y ustedes la derrota”, ha lanzado la mandataria autonómica, quien ha afirmado que el espectro político de Más Madrid “allí donde gobierna” siempre “propone y trae la miseria”, “da igual que sea en España” o “en el otro lado del Atlántico”.

“Game over, lo siento”, ha sentenciado la presidenta madrileña, en alusión al futuro de la izquierda.

El PSOE de Pedro Sánchez vuelve a ser el partido con más respaldo entre los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), y apenas sufre desgaste respecto a julio, cuando se publicó el último estudio con estimación de voto del instituto demoscópico. Los socialistas se mantienen en primera posición y solo pierden dos puntos, y eso que entre medias se produjo la entrada masiva en Ceuta del pasado 30 de julio y la crisis humanitaria sin precedentes que sigue asolando a la ciudad autónoma.

El instituto que dirige José Félix Tezanos mantiene la ventaja del PSOE sobre el PP, que no conseguiría capitalizar el desgaste del Ejecutivo por Ceuta. Ahora los socialistas se situarían 5,5 puntos por encima del PP, frente a los 7,9 que sacaban a los populares en julio. En mayo, no obstante, la ventaja del PSOE era de más de 11 puntos.

El Barómetro de septiembre, hecho público este lunes, da el 31% de los votos a los socialistas, dos puntos menos que en julio. El PP pasa del 25,1% de julio al 25,5%, así que solo crece cuatro décimas. Vox crece, pero no logra hacerse con todo lo que pierde el PP. Pasa del 15,3% de julio a un 16,6%. Sumar sigue cayendo y del 6,1% se queda ahora con un 5,7%, y Podemos crece del 2,5% de julio al 3,7%. La encuesta se realizó a través de 4.042 encuestas entre el 1 y el 4 de septiembre.

Pedro Sánchez es el líder político mejor valorado, con una puntuación media de 4,18 puntos sobre 10; le sigue Yolanda Díaz, con un 3,99; Alberto Núñez Feijóo obtiene 3,65, y Santiago Abascal, 3,01. El actual jefe del Ejecutivo sigue siendo el favorito como presidente del Gobierno para el 39,8% de los encuestados que expresan su opinión, lo que supone una ventaja de 18,8 puntos sobre Alberto Núñez Feijóo, que es el preferido por el 21%. Santiago Abascal es la opción preferida para el 15,6% y Gabriel Rufián, para el 7,2%.

Respecto a la confianza que inspira el presidente del Gobierno, el 31,5% de los españoles asegura que le inspira “mucha o bastante”, mientras que un 67,2% dice que “poca o ninguna”. Al preguntar por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, el 19% de los encuestados afirma que le inspira “mucha o bastante confianza”, mientras que el 79,2% asegura que “poca o ninguna”.

El principal problema de España, según los encuestados, es la vivienda (37,5%). Obtiene 5,5 puntos menos que el mes anterior, aunque no pierde el primer puesto, seguida de la crisis económica (21,6%) y de la inmigración (19,7%). Los problemas que los españoles consideran que más les afectan de manera personal son la crisis económica, en primer lugar, con el 30,1%; la vivienda, en segundo lugar, con el 27,9%; y la sanidad, con el 20,1%.

La crisis en Ceuta

En este estudio, el CIS pregunta, en concreto, por lo sucedido en Ceuta. El 82,2% de los encuestados afirma que España debería reforzar sus fronteras para evitar entradas masivas de personas procedentes de otros países en ciudades como Ceuta y Melilla, frente a un 13,3% que opina que no es necesario y un 2,7% dice no tener información suficiente para opinar al respecto. Un 83,6% cree que tiene “mucha o bastante” importancia el entendimiento entre España y Marruecos para garantizar la seguridad de las fronteras, mientras que un 10,1% dice que el entendimiento no es importante.

Además, un 89,4% afirma que la Unión Europea debería colaborar más con España en la situación de Ceuta y un 77,1% asegura que Ceuta y Melilla son “territorios tan españoles como cualquier otro territorio de la península”. Por otro lado, el 14,2% asegura que “tienen una situación ambigua y especial que debe ser objeto de acuerdos y entendimiento con Marruecos”. Un 73,6% piensa que en estos momentos es importante “mantener una política de amistad y buena vecindad entre España y Marruecos”.

Y, un 67,7% cree que “hay países, líderes y/o actores mundiales, que están intentando crear problemas o malentendidos que puedan afectar a las relaciones entre España y Marruecos”. Entre estas personas, el 49,1% asegura que es Estados Unidos, o algunos sectores de Estados Unidos.

Isabel Díaz Ayuso se ha visto obligada a hablar sobre el escándalo del ático en la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea de Madrid. Aunque en su intervención del jueves, la presidenta de la Comunidad intentó eludir la polémica, tras las acusaciones de la oposición no ha tenido otra que responder.

Ante las preguntas que todavía rodean la operación, la líder madrileña ha optado por repasar los inmuebles del Gobierno y los ministros así como de la oposición, ha asegurado que se siente “perseguida” y ha atacado, de nuevo, a Pedro Sánchez después de que este dijera que Madrid le había comprado “un aticazo”: “Es usted un falso, un farsante y un mentiroso”. Sánchez “ha mentido en sede parlamentaria y en todas las entrevistas que le hacen. Esa vivienda no es un aticazo para mí”, ha dicho la baronesa del PP.

La presidenta madrileña, ante las críticas de PSOE y Más Madrid, ha asegurado que es de los “pocos políticos” que “se paga sus vacaciones, todas sus vacaciones, nadie me paga un euro de mis vacaciones”, ha asegurado. La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, durante su turno este viernes había tildado a Ayuso de “corrupta”, mientras que la socialista Mar Espinar había lanzado una retahíla de preguntas en torno a la operación por la que la Comunidad de Madrid compró el ático de lujo por 6,3 millones de euros y que, según aseguraron entonces, iba a ser destinado para “reuniones” oficiales.

“Si el presidente de Madrid quisiera tener una residencia me parecería muy bien”

Sin embargo, Ayuso no ha respondido a las preguntas que todavía quedan pendientes haciendo alusión a la comparecencia del consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, que hablará la semana que viene en la Asamblea de Vallecas sobre la compra. “Que lo cuente”, ha dicho Ayuso. “Tienen una semana para decir qué administración no tiene residencias con usos residenciales y el consejero tiene una semana para traer las que ustedes están utilizando con dinero público. Ustedes sí, yo no”.

“Desde luego que defiendo que la Comunidad de Madrid tenga su patrimonio, pero también defiendo que se reorienten las propiedades llegado el caso”, ha añadido en referencia a que, una vez que saltó la polémica de la operación en prensa, el Gobierno de Ayuso anunció que se vendería el ático para la reconstrucción tras los incendios. “Lo que tenemos que entender es que reconoce que el ático era para usted”, le ha lanzado después Manuela Bergerot en su turno de réplica.

Durante una de las ruedas de prensa de este verano, Miguel Ángel García Martín aseguró que el ático de Chamberí no era para uso de la presidenta de la Comunidad y añadió: “Lo que no se dice es que Madrid no tiene una residencia oficial para la presidenta, que sí la tienen muchos presidentes autonómicos y sí la tienen muchos ministros”. Ahora, Ayuso ha indicado durante su discurso que “si el presidente” de la región “quisiera tener una residencia”, le “parecería muy bien”.

Tras las réplicas, Ayuso ha reivindicado todas las respuestas dadas por su equipo al asegurar que el ático no era para ella y ha añadido: “Si yo he mentido, dimito”.

La presidenta autonómica dice sentirse “perseguida”

Después de que la oposición de izquierdas le afeara otras polémicas como su viaje a México o los negocios de su pareja, Alberto González Amador, con Quirón, la presidenta ha dicho sentirse “perseguida”. “Ustedes lo único que han hecho es una cronología de un acoso personal, han intentado desde que yo me senté por primera vez en este escaño hundir a mi familia y hundirme a mí en lo personal y no se han dedicado a otra cosa”, ha asegurado para también añadir que nunca ha “querido vivir de lo público”, a pesar de que los únicos sueldos que se le conocen a la presidenta están relacionados con lo público.

Ante las críticas de los partidos de izquierdas por otros aspectos como el piso donde vivía con su pareja y comprado por este después de que este defraudara a Hacienda, Ayuso ha preguntado “cómo viven sus jefes” y las parejas de estos: “Si el novio importa, el marido importará más. Si el novio importa, importará con quienes tienen ustedes cuentas bancarias y patrimonios compartidos”. “He vuelto, como siempre, a vivir una vez más de alquiler y como lo he hecho durante 22 años, por mis propios medios”, ha añadido, en alusión a su mudanza a una de las zonas más exclusivas de la capital.

Acusaciones de inflar los censos y ataques a la oposición

Durante la sesión de este viernes, la líder madrileña ha hecho diferentes guiños a Vox, con quien suele marcar una mayor diferencia durante los plenos de la Asamblea, sobre todo en materia de educación. La presidenta ha hecho una diferenciación entre migrantes por su origen, asegurando que le parecen mejor los sudamericanos que los que lleguen de otros lugares. Durante el Debate del Estado de la Región, Ayuso ha acusado a la oposición de mezclar “la inmigración irregular que está llegando a las costas con los hispanos”.

“Los hispanos no vienen en patera. Aquí caben. Aquí los que no caben son los delincuentes, los que quieren desguazar la economía de Madrid, aquellos que asaltan fronteras y aquellos que infunden inseguridad”, ha espetado la presidenta madrileña ante las declaraciones del partido de extrema derecha, que ha vuelto a centrar el debate en vincular inmigración y delincuencia.

El trato hacia la oposición de izquierdas, sin embargo, ha dido diferente. “Se van a ir por la puerta de atrás en las próximas elecciones y por eso inflan los censos”, ha dicho, lanzando de nuevo el bulo sobre un supuesto interés electoral de la 'ley de nietos' que dio la nacionalización a familiares de exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura. Ayuso ha adelantado que la Comunidad presentará alegaciones ante la Junta Electoral tras la decisión del Tribunal Supremo.

No solo eso, sino que además Ayuso ha sacado el Movimiento 15M para atacar a la izquierda. “Dicen el Madrid del 15M que es el de la Puerta del Sol ocupada con esos campamentos como los de Ceuta”, ha asegurado la presidenta autonómica, que también ha dicho que en esos momentos “violaban a chicas y los agredían compañeros de su propio partido”. Y que todo acabó “como las casas okupas en las que les gusta vivir a sus votantes”, les ha dicho a PSOE y Más Madrid, “y las organizaciones que están ahí para cobrar”.

Isabel Díaz Ayuso no iba a poder esquivar el tema. Ya en la primera intervención de Más Madrid, el grupo que arrancaba este viernes la segunda jornada en el Debate sobre el Estado de la Región, la portavoz Manuela Bergerot hablaba al principio de su discurso del asunto más polémico de este verano que la presidenta y su equipo intentan zanjar, la operación por la que la Comunidad de Madrid compró un ático de lujo: “Diga dónde están los papeles de Planifica Madrid o vamos a pensar que lo están fabricando mientras hablamos”, le ha retado Bergerot. En la misma línea, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha comenzado su intervención tirando de ironía: “Cuando está a punto de poner la guinda al pastel con el aticazo de sus sueños, van y le pillan. No hay derecho”.

En un encendido discurso, Bergerot ha acusado a Ayuso de ser una “corrupta”: “Sí, se lo digo a la cara lo que está deseando decirle toda España. Usted es una corrupta”, le ha espetado a la presidenta regional, a quien ha pedido que enseñe el expediente de compra del ático que su gobierno compró por 6,3 millones de euros a través de la empresa pública Planifica Madrid. “Ayer presumió de rendición de cuentas y en dos horas y media de discurso ni siquiera se atrevió a mencionar el escándalo. Publique los papeles, que si no hay nada que ocultar seguro que le dan la razón. Sea valiente, desclasifique los papeles del ático”, le ha dicho la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Vallecas.

Incluso Vox ha hecho alusión a la polémica operación, a pesar de que rechazó convertir el debate sobre Madrid en un “debate sobre el ático”. Isabel Pérez Moñino, portavoz del partido de extrema derecha en la Asamblea ha hecho una mínima mención al tema: “¿Cómo está la vivienda en Madrid, lo sabe usted? ¿sabe cuánto ha subido el precio? ¿Sabe lo que cuesta alquilar un piso en Madrid? Yo, por lo que sea, este verano me he enterado de lo que vale un ático de lujo”, ha ironizado Pérez Moñino durante su intervención.

El encargado durante esta jornada de hablar por el PP de Madrid ha sido Alfonso Serrano, secretario general del partido en la Comunidad. Serrano ha defendido la operación por parte del Ejecutivo de Ayuso. Para ello, ha cargado contra la “comprensión lectora” de la oposición, que justo antes había cargado contra la presidenta por esa polémica adquisición. “Si no entienden que es absurdo que se le busque un piso a alguien cuando se les ha enseñado un contrato...”, se ha limitado a señalar.

Los dos partidos de la oposición de izquierdas no solo han reprochado a Ayuso el escándalo del inmueble. Los socialistas han criticado la gestión de la educación o sanidad madrileñas. Espinar ha recordado la reacción del Ejecutivo regional ante las peticiones de climatización de las aulas: “Es una conseguidora y está despedazando la sanidad y educación pública”, le ha dicho a la presidenta de Madrid.

También han recordado los incendios de la Sierra Oeste y la situación de los bomberos, un tema en el que Ayuso centró gran parte de su discurso del domingo: “Se juegan la vida a cambio de un salario mínimo para que usted los despida al final de cada verano”, le ha afeado Bergerot. “Tuvo que venir el Gobierno de España a hacerse cargo, activar a la UME, asumir la emergencia y trasladar al Ministerio del Interior el control del mando operativo. ¿Y sabe por qué? Porque sus decisiones políticas, su presupuesto, su desprecio al cuidado forestal, a los bomberos”... “le hicieron incapaz de afrontar sus propias competencias”, ha dicho Espinar.

Bergerot, al consejero: “Tire de la manta”

Bergerot ha hecho un repaso a las polémicas de Ayuso en los últimos años: los negocios con Quirón de su pareja, Alberto González Amador, sus viajes internacionales como el de México o, ahora, el ático. Y sobre este último también se ha dirigido al consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno autonómico, señalado por la propia Ayuso durante este verano después de que saltara la polémica: “Señora Ayuso, no se esconda detrás de Planifica Madrid, no se esconda detrás del consejero de Presidencia. Dé la cara. Señor consejero, no se sacrifique por su jefa. No se lo va a agradecer. Tire de la manta”, le ha dicho a Miguel Ángel García Martín.

La sombra de una posible traición por parte del equipo de la líder madrileña ha planeado sobre la Asamblea de Vallecas este viernes, con los dos partidos de la oposición de izquierdas deslizando que el caso ático saltó a la prensa desde las propias filas del PP de la capital. “Señora Ayuso, mire bien a sus diputados: los que más le aplauden son los que más hablan con la prensa”, le ha lanzado Bergerot.

Otro de los temas que ha decidido sacar tanto Espinar como Bergerot a lo largo de su intervención es el del novio de la presidenta. “Desde que usted es presidenta le hemos pagado a Quiron 3.299 millones por encima de lo presupuestado mientras su pareja hacía negocios con ellos, posiblemente cometía delitos con ellos y de paso pagaba los dos pisazos de los que disfrutaba usted hasta hace unas semanas”, ha dicho, en referencia a que González Amador puso en venta el piso en el que vivía con la presidenta justo cuando se desató la polémica del ático.

Mientras, la socialista ha realizado su particular radiografía del estado de la sanidad madrileña: “Y mientras todo esto pasa en la sanidad de todos, Alberto González Amador, el ciudadano particular, solo en los tres primeros años de su noviazgo, se embolsó 4,4 millones de euros en comisiones procedentes de los 7.000 que su gobierno lleva pagados a Quirón”, ha recordado. “En resumen”, ha dicho Espinar, “7.000 millones de euros para Quirón, 4,4 millones a los bolsillos de su novio, y más de un millón de madrileños en la lista de espera.

Las preguntas sin responder lanzadas por Espinar

La socialista ha lanzado una retahíla de preguntas sobre la polémica del inmueble: “¿Quién dio la orden de comprar el aticazo? ¿Nadie en Planifica Madrid se dio cuenta de que no se podían poner oficinas en el aticazo?”, ha preguntado. “¿Dónde está el expediente? ¿Dónde está el acta de la reunión? ¿Y el informe económico-financiero o el análisis de viabilidad? ¿Y la tasación? ¿Piensa cesar por esta incompetencia a la cúpula de Planifica Madrid? ¿Y a su consejero?”, ha continuado Espinar en la Asamblea de Vallecas, que le ha preguntado a Ayuso si ahora piensa responder a alguna de esas preguntas.

Espinar ha criticado este viernes la “constante falta de rendición de cuentas” por parte de la baronesa del PP y su Gobierno. “Ordena bloquear todas las comisiones de investigación que tienen que ver directamente con su gestión. Las de Madrid Network, Canal de Isabel II o la del caso FP son tres ejemplos claros Bloquean la fiscalización de los contratos de ese hangar que usted llama Hospital Isabel Zendal”, ha añadido.

La dirigente socialista ha acusado además a Ayuso de bloquear “las preguntas sobre su jefe de gabinete, el que le susurra al pinganillo, difunde bulos y amenaza a periodistas”, ha dicho, en alusión a Miguel Ángel Rodríguez. “No sé si lo que les pasa es que temen ir p’alante por sus fechorías, pero esque el Tribunal Constitucional ya les ha dicho que tienen que ir p’atrás en su oscurantismo, miren a ver si tienen a bien hacer un poquito de caso”, ha concluido, mencionando algunas de las últimas decisiones del Constitucional contra iniciativas del PP en la Asamblea.

“Crisis del Estado”. “Descomposición del Gobierno central”. “Abandono deliberado a Ceuta”. “No pueden ser más traidores”. Así ha comenzado Isabel Díaz Ayuso su primera intervención en el Debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea de Madrid en la que se ha erigido una vez más como adalid de la libertad y la buena gestión frente al Gobierno de Pedro Sánchez. La presidenta autonómica no ha hecho alusión al elefante en la habitación: ni una palabra sobre la crisis del ático comprado por 6,3 millones por su gobierno. Durante su discurso, primero ha hecho un repaso a las polémicas que rodean al Ejecutivo de Sánchez—con ataques incluidos— y luego ha lanzado una ristra de 100 medidas que tomará su Gobierno, como la ampliación del metro o los proyectos para la reconstrucción de la Sierra Oeste.

La presidenta de la Comunidad de Madrid llegaba al debate con críticas por parte de la oposición ante lo que consideran una falta de transparencia en el caso del ático que desde su equipo dan ya por zanjado con la próxima comparecencia del consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín.

Al inicio de su intervención en la Asamblea de Vallecas, Ayuso ha cargado contra lo que ha considerado como una “invasión” a Ceuta y ha denunciado la “pasividad cómplice” del Gobierno de Sánchez “ante Marruecos” mientras el presidente, ha dicho, estaba de “vacaciones ignorando lo sucedido para pasar a atacar a todo lo que ha podido”. La líder madrileña ha hecho su propio resumen de lo sucedido en Ceuta tras la entrada de miles de personas desde Marruecos: caos y falta de gestión por parte de los ministerios que, según ha indicado, puede afectar a Madrid y a otras comunidades. “Somos una nación invadida, degradada, más pobre”, ha enumerado la presidenta, que ha asegurado que Sánchez ha “pisoteado la imagen del rey” con Ceuta: “No pueden ser más traidores”, ha añadido.

Ayuso ha continuado con sus críticas al Gobierno, contra quien también ha cargado por haber elaborado en 2024 un listado con perfiles de tertulianos. “Nosotros sí nos sometemos a la fiscalización”, ha contrastado, ante las protestas de la oposición desde la bancada de Más Madrid y PSOE. “Nos sometemos a ruedas de prensa con preguntas, no hacemos dossieres contra periodistas”, ha asegurado. Eso sí, obviando los ataques a la prensa de su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.

Las críticas a Pedro Sánchez y su Ejecutivo han continuado hasta casi la mitad de su intervención, con respuesta incluida al presidente: “Sí que tiene dueño, como todos los perros que duermen en un palacio”, ha dicho en referencia a lo que Sánchez espetó a Santiago Abascal durante su intervención este miércoles en el Congreso de los Diputados. Ya a la mitad de su discurso, Ayuso ha avanzado el número de medidas que pretende presentar durante esta primera parte del Debate de Estado de la Región del jueves. 100 propuestas de todo tipo, algunas de ellas ya anunciadas en los meses previos: reconstrucción tras los incendios, el metro de madrid, ayudas para la maternidad o construcción de viviendas “asequibles”.

El caso ático asoma en el discurso

Pero incluso durante el avance de estas ayudas y planes del Gobierno autonómico ha mandado recados al Gobierno central: “Nosotros cancelamos vacaciones”, ha dicho sobre los fuegos que arrasaron la Sierra Oeste de Madrid durante las vacaciones. Y ha sido justo en este momento cuando ese elefante en la habitación del que su gobierno ya no quiere hablar ha irrumpido sutilmente: “... Y hemos puesto a la venta varios inmuebles públicos”, ha continuado, ante los murmullos de la oposición. Según ha asegurado, la compra y venta de inmuebles por parte de la Comunidad ha “ahorrado” siete millones de euros en los últimos años.

Precisamente cuando la prensa publicó a finales de julio que el Gobierno de la Comunidad de Madrid había adquirido un ático de lujo por 6,3 millones y el escándalo saltó por los aires, el Ejecutivo regional anunció que se iba a vender y que pretendían dedicar el dinero obtenido a la reconstrucción tras los fuegos, a pesar de que para que eso sea así se debe esperar al cierre del ejercicio de Planifica Madrid, la empresa pública que se encargó de la operación. Esa, sin embargo, ha sido la única alusión —aunque de soslayo— que ha hecho la presidenta a lo largo de toda su intervención sobre una crisis que todavía le pesa.

Las medidas

Ayuso ha resumido el desglose de sus 100 medidas en la “prolongación del transporte”, los hospitales y centros de salud, los colegios, la gestión del agua o nuevas carreteras, pero también el “respaldo a la tauromaquia como patrimonio cultural”. Además de la prolongación de la Línea 11 de Metro y la automatización d de la línea 6, Ayuso ha anunciado que se simplificarán las tarifas con un precio único de 1,50 euros para el billete sencillo en la Zona A y también ha hablado de la construcción de nuevas carreteras. Tras presumir de haber bajado 35 impuestos durante su mandato, la presidenta madrileña ha anunciado nuevas rebajas fiscales, después de quejarse de no tener fondos suficientes por culpa del Gobierno.

Madrid aplicará, por ejemplo, la financiación del 100% de la cuota los primeros 60 días por enfermedad, aportará 1.250 euros al mes para sustituciones por conciliación, y extenderá la Tarifa Cero un año a los jubilados activos. Además, Ayuso ha asegurado que ampliará la ayuda de hasta 14.500 euros por nacimiento a las madres de hasta 35 años “inclusive cuando tengan su tercer hijo y pasen a formar una familia numerosa”.

“Somos una región molesta”

“Somos una región molesta porque junto a otras instituciones vitales damos sentido a la nación y recordamos los efectos de las políticas ultras: fracaso, accidentes, más agresiones, abandono de nuestra soberanía y fronteras, más violencia contra las mujeres, inmigración empobrecida, pérdida de patrimonio cultural, listas de espera colapsadas...” Con estas palabras y, tal y como empezó, ataques al Gobierno, ha concluido Ayuso la sesión de este jueves la presidenta autonómica.

Este viernes será el turno de la oposición y ahí tendrá que escuchar las críticas sobre la polémica del ático que lleva marcando la política madrileña los últimos meses. “Mañana, la oposición saldrá a insultar y a no proponer nada”, ha asegurado la presidenta hacia el final de su discurso. Tendrá que responder a los comentarios que hagan PSOE y Más Madrid, aunque todavía se desconoce si la réplica la dará en bloque o uno a uno.

Los informes y notas previas a la crisis migratoria que se produjo en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio revelan que varios cuerpos dependientes de los Ministerios de Interior y Defensa advirtieron del aumento progresivo de las llegadas a la ciudad autónoma, según se desprende de la desclasificación de documentos realizada por el Gobierno. El CNI alertó justo el día antes, el 29 de julio, sobre una convocatoria en redes sociales que hacía un “llamamiento” para un “asalto” a la frontera. Pero ninguno de estos documentos apuntaba a que fuera de la magnitud que tuvo finalmente, con más de 70.000 personas cruzando a Ceuta desde Marruecos.

En concreto, miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) desplegados en Ceuta comunicaron a través de un mensaje de WhatsApp tanto a la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma como a la Guardia Civil que en redes sociales se estaba promoviendo una convocatoria para entrar a la localidad española coincidiendo con la Fiesta del Trono.

En esa comunicación se hacía referencia al número de seguidores que tenían los grupos que estaban difundiendo dicha convocatoria, y que estaban alojados en Facebook. “En RRSS hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana las 20h”, se lee en esos mensajes. “Tenemos información de un intento de entradas a nado y salto a la valla para mañana, día de la Fiesta del trono”, se añade. “Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores. Para q te hagas a la idea del alcance de la difusión”, le dijo el CNI a sus interlocutores. También se recoge una llamada de once minutos de la que el delegado del Gobierno, que descarta dimitir, dice desconocer su contenido.

El CNI ha reconocido que no “anticipó la magnitud y naturaleza de lo que terminó ocurriendo el día 30” porque es un fenómeno “inusual” que “no se corresponde con las crisis migratorias conocidas hasta la fecha”, según señalan fuentes del organismo en un comunicado difundido por Moncloa después de la desclasificación.

El Gobierno rebaja su importancia

Desde el Gobierno han respondido que esos avisos “no anunciaban una llegada masiva” sino que se limitaban a informar de que estaba circulando una convocatoria en dos grupos de Facebook. “Ya era conocido por otras instituciones y dista mucho de ser un indicador de escala o probabilidad sólido”, añaden estas mismas fuentes.

El Gobierno dice que “prueba de ello” es que el propio CNI “decidió trasladar esa información por un mero WhatsApp y una llamada telefónica a la Delegación del Gobierno de Ceuta y a la UCE-3 de la Guardia Civil”, en lugar de enviar una “comunicación formal a su cadena de mando ni miembro alguno del Ejecutivo”. “Un organismo que cree que al día siguiente va a producirse una entrada masiva no lo comunica por mensajería instantánea: lo eleva. Esa es su responsabilidad y su competencia”.

En días previos no se apreciaban indicios de una entrada “masiva”

Solo un día antes, el 28 de julio, se puede comprobar que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, una unidad de la Policía Nacional, emitió un informe en el que sin embargo no apreció signos que pudieran aventurar lo que ocurrió el día 30. En el caso de la vía marítima, explican que se detectan “señales tempranas” en redes sociales (venta de trajes de neopreno/aletas y relatos de experiencias) sumadas a convocatorias aisladas en grupos de mensajería que aluden a la permisividad del Día del Trono y a la presencia de niebla.

En el caso de la frontera terrestre, “no se aprecian indicadores de inteligencia ni un aumento significativo de interacciones que apunten a la organización articulada de un salto masivo o asalto violento a los elementos físicos de contención en torno al día 30 de julio/ no obstante, se mantendrá la monitorización activa de los grupos de WhatsApp y canales de mensajería detectados, al objeto de identificar de forma temprana una eventual expansión o intensificación de la movilización”, se explicó en el informe, uno de los documentos desclasificados por el Gobierno este miércoles.

Los textos desclasificados proceden de diferentes organismos dependientes de los Ministerios de Interior y Defensa, entre ellos la Policía, a través del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF); la Guardia Civil, a través del Centro de Coordinación del Estrecho (CCOE); el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS). Los documentos publicados han sido revisados y, cuando ha sido necesario, anonimizados para proteger datos personales e información sensible.

La Policía sostiene que los migrantes que entraron a Ceuta se “autoorganizaron”

El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) sostenía en una nota del 31 de julio dirigida a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla que, según habían podido inferir por las interacciones analizadas, las decenas de miles de personas que entraron a la ciudad autónoma se habrían articulado “mediante un proceso de auto-organización horizontal”.

“Supone un criterio aun mayor de incertidumbre en cuanto a la dificultad de previsión de la magnitud del fenómeno por la imposibilidad de abarcar todas estas comunicaciones. Durante los días 29 y 30 de julio por parte de esta Unidad se han enviado alertas a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla informando sobre el desarrollo, escenarios y gravedad de este fenómeno”, añaden.

“Por supuesto, yo voy a contar con José Luis [Rodríguez Zapatero], como he contado siempre en las campañas electorales”. Con esas palabras ha contestado este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ser preguntado en TVE por Esther Palomera sobre si invitará al expresidente Zapatero a la campaña electoral de las generales de 2027 pese a estar imputado por su presunta mediación en el rescate de Plus Ultra.

Tras recalcar que “la campaña electoral será en 2027”, Sánchez ha querido dejar claro que “tanto la trayectoria como el legado de Zapatero” son “muy importantes para el PSOE y para España”. “Defendemos su presunción de inocencia. Yo creo en José Luis Rodríguez Zapatero”, ha insistido, ante las preguntas tanto de Palomera como de Jesús Cintora. El presidente del Gobierno ha recordado que “hay partidos y medios que creen a personajes” como el empresario Víctor de Aldama, “que llegó a decir que había hecho de chófer” del propio Sánchez. “¿Se le da credibilidad a un delincuente y no a un representante público que tiene todo el derecho a defenderse?”, se ha preguntado.

Sánchez ha asegurado, además, no temer una imputación del PSOE en esa misma causa de Plus Ultra que se investiga en la Audiencia Nacional. “No sé si nos imputarán o no, pero le puedo asegurar que no hay financiación ilegal del PSOE”, ha añadido.

Gran parte de la entrevista en el programa Mañaneros 360 de TVE se ha centrado en dos temas candentes de la actualidad como la decisión del Tribunal Supremo del martes de anular cautelarmente el derecho al voto de los españoles nacionalizados a través de la conocida como 'ley de nietos' y la crisis por la entrada masiva de migrantes en Ceuta, el pasado 30 de julio.

“No estamos a favor ni compartimos la resolución del Supremo”, ha remarcado Sánchez, que ha recordado que la decisión cautelar trastoca la ley de memoria democrática que dio la ciudadanía a los familiares de los exiliados por la Guerra Civil y la dictadura. El presidente del Gobierno ha acusado a las partes que solicitaron esa suspensión del derecho a voto (Vox y Iustitia Europea), pero también al PP de querer “cercenar los derechos de ciudadanía” de españoles, “como hicieron obligándoles a exiliarse”.

El “cuestionamiento de los regímenes democráticos” por parte del PP

A continuación, Sánchez ha recordado que la ley que ahora ha cuestionado el Supremo “lleva en vigor desde 2022” y que “en 2023 hubo unas elecciones generales en las que el PP ganó en el voto exterior”. Así, se ha preguntado “por qué el PP hoy cambia de posición” sobre una ley que lleva años en vigor. “El denominador común es el cuestionamiento de los regímenes democráticos”, ha concluido. El jefe del Ejecutivo ha acusado a las derechas de lanzar por ellos “bulos” sobre supuestos “pucherazos” en esa estrategia de la ultraderecha mundial. Sánchez, en todo caso, ha negado que haya un “choque” institucional entre poderes del Estado y se ha limitado a señalar que lo que existe es una “discrepancia en la lectura de determinadas leyes que se están aprobando en las Cortes”.

Ante lo sucedido en Ceuta, la única autocrítica que ha verbalizado ha consistido en pedir unos servicios de inteligencia más “sofisticados” para poder prever movimientos en redes sociales como los que considera el origen de la crisis alentando la entrada masiva el 30 de julio. “Tenemos que invertir mucho más en el control y el perímetro de la frontera”, ha añadido, antes de reclamar también “infraestructuras de acogida de mayor envergadura”. Se ha presentado, además, como el “presidente que más ha ido a Ceuta” en democracia. “He estado al pie del cañón, hemos estado desde el principio en la crisis de Ceuta”, ha dicho frente a las críticas por su estancia en Lanzarote en agosto, cuando la crisis se prorrogó.

También ha negado cualquier intento de complacer a Marruecos por no responsabilizarle directamente de lo sucedido en la frontera. “Se me podrán criticar muchas cosas, pero he puesto en marcha una política exterior coherente y respetuosa con el derecho internacional”, ha añadido, en alusión a su postura frente a Donald Trump o a la hora de denunciar el “genocidio” de Gaza. “Este Gobierno nunca acepta ningún chantaje porque no tenemos nada que ocultar”, ha dicho, además de recordar que este mismo miércoles “se conocerán todos los papeles y documentos” que el CNI y las Fuerzas Armadas publicaron en agosto sobre Ceuta tras su desclasificación aprobada en el Consejo de Ministros.

Sánchez sí ha adelantado que se trata de “informes de situación” y ha asegurado que, en base a esos documentos, su conclusión es que “los días previos al 30 y 31 de julio se registró un ligero pico en el número de llegadas a nado”. “Pero hablamos de cientos, no de 70.000”, ha señalado. “No se previó en absoluto la llegada masiva de tantos migrantes”, ha zanjado. Y preguntado por una posible visita del rey, Sánchez ha afirmado que “hoy Ceuta necesita del arrope y del cariño de todas las instituciones”, por lo que es “más necesario que nunca que el jefe del Estado visite Ceuta y Melilla”. “Estamos trabajando en fechas próximas”, se ha limitado a señalar, sin concretar más.

“Máxima confianza” en la investigación judicial sobre Ceuta

Sí ha recalcado que tiene la “máxima confianza” en la justicia al ser preguntado por la investigación abierta por la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ante la crisis en Ceuta. Sí ha recordado que es “un hecho objetivo” que Tardón fue concejala dentro de la candidatura del PP en el Ayuntamiento de Madrid. “Ese es un hecho objetivo, pero evidentemente no está reñido el compromiso político coyuntural de una persona con las labores de jueza”, ha respondido. Después ha afirmado que por parte del Gobierno “no hay nada que ocultar” y, por tanto, tienen “máxima confianza” en el proceso.

También ha pedido Sánchez “solidaridad por parte de las comunidades autónomas” a la hora de acoger a menores migrantes, aunque hasta ahora el Gobierno había descartado desplazarlos de Ceuta a la Península. “No descartamos ninguna opción, estamos priorizando la reubicación en Ceuta. El PP si realmente está interesado en resolver y contribuir a la solución de Ceuta le pido más solidaridad y responsabilidad. En este tipo de crisis se necesita altura de Estado. Les pido que arrimen el hombro, que critiquen lo que quieran pero arrimen el hombro”, ha señalado.

En defensa de la gestión del Gobierno, Sánchez ha insistido en que la alternativa a dejar pasar a los más de 70.000 migrantes que se avalanzaron en la frontera hubiera sido “liarse a tiros”. “¿En qué situación estaríamos hoy si la respuesta no hubiera sido la que se dio?”, se ha preguntado. También ha considerado “normal y cotidiano” que la ministra de Defensa, Margarita Robles, se reuniera con el rey y otros mandos militares para hablar de Ceuta, tal y como desveló el martes la Casa Real.

El “aticazo” de Ayuso

Sánchez, además, ha pedido al líder del PP que exija “responsabilidades” a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la polémica compra del ático de Chamberí. “Entiendo que el señor Feijóo tenga dificultades en hacer lo que hizo el señor Casado, porque vio cuál fue la consecuencia. El señor Feijóo tiene que exigirle a la señora Ayuso responsabilidades”, ha dicho. El presidente ha repasado cronológicamente los hechos y ha dicho que, aunque él no es “detective”, los “indicios” apuntan a que el inmueble era para uso personal de Ayuso. Entre ellos, ha mencionado la puesta en venta en Idealista de su vivienda con González Amador, la entrevista en la que Feijóo contó que ya conocía desde hace meses la intención de hacer un traslado a una oficina por las obras en Sol y la visita al ático de la propia Ayuso.

“Yo creo que son demasiadas huellas que claramente nos indican que a la señora Ayuso se le ha pillado con el carrito de los helados. Quería vivir en Chamberí, no en un ático, en un aticazo, porque son 400 metros, porque además otro de los indicios, que yo creo que es una huella bastante incontestable, es el hecho de que esa vivienda no tenía licencia para oficina, sino para un uso residencial”, ha añadido.

“Quiero dar las gracias a los ceutíes por lo que han soportado, por la serenidad con la que han respondido y por haber demostrado, una vez más, que Ceuta puede ser un ejemplo de convivencia incluso en los momentos tan complejos como los que estamos viviendo”. Así cerró el jueves el presidente Pedro Sánchez una de las comparecencias parlamentarias más delicadas en uno de los momentos más difíciles de sus ocho años de Gobierno. Fueron más de seis horas en el Congreso para responder a un mes de vértigo, con Ceuta golpeada por una entrada masiva de inmigrantes que dejó al Ejecutivo sin respuesta en pleno inicio de vacaciones. Seis horas de debate parlamentario que evidenciaron la soledad del capitán del barco ante la tormenta perfecta.

Solo 36 horas antes de esa cita clave en el Congreso, una información adelantada por El Español sobresaltó al presidente y a medio gobierno. Un informe policial enviado a la jueza que investigaba lo ocurrido el 30 de julio en Ceuta apuntaba supuestamente a Marruecos como promotor de la entrada masiva de inmigrantes con la perversa intención de colapsar la frontera y los servicios sociales de la ciudad autónoma.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no sabía nada del informe y se movilizó ante un hecho que dejaba en ridículo al Ejecutivo español. Fue la madrugada más tensa tras un mes de sobresaltos casi diarios. “Estaban indignados y preocupados”, cuenta a elDiario.es una fuente próxima al Ejecutivo y conocedora de aquella situación. “Les estaban haciendo dudar y su preocupación no era tanto que aquella información policial complicara las relaciones con Marruecos, sino que habría que declarar poco menos que una guerra. Si hay un informe que tiene una prueba sólida, un mensaje, una llamada telefónica, algo que implique a un ministro del Gobierno marroquí en la organización o planificación de la entrada masiva de inmigrantes, te cambia la política exterior de este país para los próximos diez años”.

Entre la inquietud y la ignorancia, Sánchez, Marlaska y el resto de dirigentes del Ejecutivo que vivieron ese momento intentaron buscar una interpretación tranquilizadora. Alguien comentó que la información de El Español era incompleta. Que todo podía quedar, como al final ocurrió, en un informe policial sin pruebas definitivas y sin conclusiones claras. El documento, que conocieron horas después, no incluía ninguna afirmación sobre la participación directa del Gobierno de Marruecos en los hechos, pero hablaba de la posible connivencia de gendarmes marroquíes.

“Pero que diez agentes estuvieran en ello, como señalaba el informe, incluso demostrándose con pruebas de fuentes abiertas, no evidencia que el Gobierno de Marruecos ordenase, planificase o indujese la entrada masiva”, insisten fuentes del Ejecutivo. “El problema es de una complejidad extraordinaria pese a lo que cuenten supuestos expertos, porque cuando se producen los hechos el rey Mohamed VI está celebrando el Día del Trono a solo unos kilómetros de la frontera mientras decenas de miles de marroquíes cruzan la frontera gritando 'viva España' y repudiando al régimen marroquí. Vaya una manera de celebrar el Día del Trono promoviendo esta huida de sus compatriotas a suelo español”, ironiza un miembro del Ejecutivo de Sánchez.

El ministro del Interior intentó en aquella madrugada tensa del 2 de septiembre conocer todos los detalles del documento policial que podía dejar en papel mojado la intervención que el presidente Sánchez preparaba para su comparecencia en el Congreso. Fernando Grande-Marlaska difundió una carta que había enviado a su director general de la Policía pidiéndole explicaciones. “Pero fue imposible saber nada a esas horas porque ni siquiera el DAO [Director Adjunto Operativo] de la Policía había visto el papel”, explican fuentes próximas al Ministerio del Interior. “No hay providencia o al menos no la hemos visto. Nos dijeron que la jueza había dado una orden verbal por teléfono para prohibir informar a los superiores sobre el informe que había pedido”.

Sánchez acudió más tranquilo al Parlamento. Defendió la gestión de su Gobierno e hizo equilibrios para no responsabilizar a Marruecos de lo que él mismo denominó como una “violación a la integridad territorial de España”. Sus explicaciones no convencieron a nadie. Recibió insultos y descalificaciones desde la derecha y la ultraderecha, críticas sin matices de sus socios parlamentarios y duros reproches desde los partidos a la izquierda del PSOE. Todos le acusaron de “pusilánime” por evitar un mínimo reproche al país de Mohamed VI. “Por responsabilidad”, explican dirigentes próximos a Sánchez consultados por elDiario.es, “un presidente del Gobierno no pueda traspasar ciertas líneas ni lanzar según qué acusaciones contra otro país aunque ello implique quedarse solo frente a todo el arco parlamentario”. Y Sánchez no traspasó esas líneas. “El Gobierno de España no se puede permitir especular y acusar a un Gobierno extranjero sin pruebas”, insisten.

En el Palacio de La Moncloa son conscientes de que manejan una posición perdedora, porque la mayoría ve la mano de Marruecos tras los graves sucesos del pasado 30 de julio cuando más de 70.000 personas cruzaron la frontera de Ceuta con el beneplácito de la gendarmería marroquí.

“No se trata de taparlo. El Gobierno nunca ha dicho tajantemente que Marruecos sea inocente por lo ocurrido”, explica otro alto cargo del Ejecutivo. “No hay pruebas sólidas y los hechos constatados son de cooperación. El retorno del 90% de los que entraron el 30 de julio y regresaron un día después fue posible gracias a la cooperación de Marruecos tras una llamada del Gobierno”, explica.

Sánchez bajó del atril cabizbajo mientras la bancada del PSOE le aplaudía puesta en pie. Cuando segundos después la presidenta del Congreso dio por concluida la sesión, el presidente se fue directo hacia Ángel Víctor Torres, el ministro elegido para ejercer el mando único encargado de lidiar con la crisis en Ceuta. Abandonaron el hemiciclo juntos, conscientes del amargo trago parlamentario pero decididos a mantener que, sin pruebas, un Gobierno no puede acusar a otro de hechos tan graves como los que propiciaron la entrada de más de 70.000 personas en un solo día a una ciudad de unos 80.000 habitantes.

La “permisividad” que se atribuye a las fuerzas marroquíes y que acreditan las imágenes de la entrada masiva que se pudo ver en las televisiones de todo el mundo no es suficiente para responsabilizar a Marruecos. “Si tuviera pruebas de esa conducta”, explica otro dirigente socialista, “el Gobierno habría tenido que llamar directamente a la OTAN ante el riesgo prácticamente inevitable de un conflicto armado”.

Sin avisos previos, pero “Robles defiende a su gente”

“Lo sabía y lo tapó. Es un traidor”. La cantinela con la que PP y Vox zarandean a Sánchez desde hace semanas resonó en el Congreso. La entrada de decenas de miles de personas en la ciudad autónoma pilló por sorpresa al Gobierno. Los servicios de inteligencia no alertaron de esa posibilidad. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas (PP), se puso en contacto en los días previos a la crisis con Diego Rubio, jefe de Gabinete de Sánchez, para alertarle de una creciente presencia de menores extranjeros en la localidad, consciente de que la ley no permite su expulsión, como en el caso de los mayores, y sus servicios estaban colapsados.

“Rubio se lo comunicó a Marlaska, que adoptó las decisiones policiales pertinentes. Pero en ningún caso Vivas, por mucho que cuenten, alertó sobre lo que venía. Ni mucho menos. Su gran preocupación eran los menores, de su falta de capacidad para atenderlos”, señala otra fuente del Ejecutivo.

Para apuntalar la idea de que no existían avisos previos de lo que venía, Sánchez anunció en el Congreso que desclasificará y facilitará todos los informes de esos días. Margarita Robles, ministra de Defensa, no aplaudió el anuncio del presidente. Alguien quiere ver los síntomas de un desencuentro irremediable. “El CNI”, cuentan desde el Ejecutivo, “no alertó sobre esa entrada masiva. Y el presidente es comprensivo con esa situación porque tampoco lo hicieron los servicios de inteligencia europea. Si un servicio extranjero conoce que ese ataque se va a producir, está obligado a informar a España. Nadie nos informó”.

Sánchez siempre apoyó la versión de su ministro del Interior frente al relato de la ministra de Defensa. “Margarita Robles estuvo en todo momento difundiendo una media verdad porque eso le permitía defender a su CNI. Siempre cierra filas con su gente. Pero Sánchez le adelantó que iba a hacer en el Congreso el anuncio de los dosieres para demostrar que nadie les avisó de la entrada masiva de inmigrantes y ella estuvo de acuerdo. Su actitud de no aplaudir cuando se produjo el anuncio no es muy distinta a la que mantiene en otras ocasiones. No le gusta ir al Congreso”, señalan fuentes parlamentarias. De hecho, Robles se ha borrado la próxima semana de las sesiones de control del Congreso y del Senado con dos decenas de preguntas de la oposición sobre la crisis de Ceuta. Algunas debía responderlas la ministra de Defensa y le tocarán a sus compañeros.

El 30 de julio era jueves y Sánchez tenía una cita el viernes en la sede del ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico desde la que se coordinan los trabajos para la extinción de incendios. El fuego en Madrid estaba casi controlado y se había retirado el nivel 3. Pero esa tarde del 30 de julio se desencadena en Ceuta una crisis de seguridad nacional porque han entrado decenas de miles de personas y Sánchez habla por teléfono con los ministros de Interior y de Defensa. Podría haber convocado un Consejo de Seguridad Nacional, pero en su lugar decide visitar Ceuta a la mañana siguiente.

“Se va a un territorio invadido, según los términos utilizados por Vox, donde no sabíamos exactamente qué pasaba. Algunos le dijeron que tuviera prudencia porque en Ceuta había decenas de miles de inmigrantes que habían cruzado la frontera. Pero el presidente habló el día anterior con Vivas, y el jefe del Ejecutivo ceutí le transmite la gravedad de la situación”.

Pese a la entrada de decenas de miles de inmigrantes, Interior informó al presidente que durante la noche no se produjeron incidentes graves en las calles de la ciudad autónoma. Y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, llamó a su homólogo marroquí para pedirle que abriera la frontera y facilitara el regreso de decenas de miles de personas. “Marruecos se asustó como nosotros y aceptó”, señala una fuente del Ejecutivo. “Ese es el gran éxito y por eso no podemos culpar a Marruecos. ¿Nos pudo engañar? Sí, pero lo que nos transmitieron es que vino una riada de gente y no la pudieron parar, al igual que no la podíamos parar nosotros”.

“No fuimos conscientes de cuánta gente se quedaba”

La decisión de Sánchez de viajar el sábado al mediodía a Lanzarote para pasar las vacaciones en La Mareta —un gesto polémico y cuestionado a derecha a izquierda— fue un error de cálculo, cuentan fuentes del Gobierno. “No fuimos conscientes, porque no se veían, de cuánta gente se quedaba”, explican. Al constatar que había salido la mayor parte de los migrantes, el Gobierno consideró que se enfrentaba a “una crisis migratoria” como las de otras ocasiones, con unas 1.500 personas en la ciudad autónoma. “La sensación es que iban a salir todos. De ahí el comentario que escribe Óscar Puente en X. Pero había mucha gente escondida en el bosque y durante esa noche entre 1.000 y 1.500 niños fueron recogidos en casas de ceutíes. Al día siguiente solo se veía gente en la playa del Trampolín”.

Ese error de cálculo cogió a Sánchez de vacaciones. Su equipo remarca que La Mareta es una residencia oficial que cuenta con todas las medidas de seguridad y tecnológicas necesarias para estar presente en las conferencias telemáticas que hagan falta. Sánchez se mantuvo en contacto estrecho en todo momento con su equipo y tuvo decenas de llamadas diarias con Marlaska, Robles, la ministra de Migraciones, Elma Saiz o el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cuentan desde el entorno del presidente.

Los alojamientos agrietan la relación con Vivas

La comunicación fue fluida con Vivas, aunque los roces con el presidente ceutí se agudizaron cuando el Gobierno, muy tarde, comenzó a buscar alojamientos provisionales ante los miles de migrantes que se habían quedado en Ceuta. Fue un tira y afloja constante que produjo encuentros muy tensos con el Ejecutivo ceutí, que bloqueaba la ubicación de los migrantes en los lugares que le proponía el Gobierno.

Sánchez convocó el 25 de agosto el Consejo de Seguridad Nacional e invitó, algo inaudito hasta esa fecha, al presidente de Ceuta. Vivas se plantó en esa reunión y reprochó a los presentes que en el listado aprobado por el Gobierno sobre los futuros espacios para alojar a los migrantes estaban diversos polideportivos de Ceuta. Sánchez respondió: “No te preocupes. No se habilitará ninguna ubicación sin el acuerdo de la ciudad autónoma”.

El rechazo de Vivas es aceptado por todos. “Pero y si mañana graniza o diluvia en Ceuta, ¿dónde metemos a esas personas?”, se pregunta un alto cargo ministerial. “Habrá que buscar un sitio con techo”.

Ese mismo día, el presidente de Ceuta proclamó poco menos que se encadenaría a un polideportivo —“a mí y a los que vengan conmigo nos tendrán que sacar de los polideportivos”, declaró— antes que dejar que se utilicen para acoger a inmigrantes. “Y eso”, opina un dirigente del Gobierno que conoció aquellos hechos, “es la cerilla en el bidón de gasolina que provoca los altercados más serios que hemos vivido, que provoca que un grupo de vecinos impida que la Cruz Roja, en el reparto de alimentos de las siete de la tarde, entregue comida a los migrantes en uno de los tres puntos habilitados”.

Sánchez, explica, ya se había comprometido en persona con Vivas para que todos los nuevos alojamientos serían acordados previamente con el Ejecutivo autónomo, como finalmente ocurre aunque con nuevos contratiempos.

El Consejo de Administración del Puerto de Ceuta se reunió el viernes para tratar la cesión de terrenos en el muelle de Poniente donde instalar los campamentos de acogida de inmigrantes. Solo votaron a favor los cuatro representantes del Gobierno central en ese organismo. Los 11 vocales elegidos por la ciudad autónoma, entre ellos el presidente del Puerto, los sindicatos, la cámara de comercio y los empresarios, rechazaron ceder esos espacios. Un nuevo obstáculo que complicaba la gestión de la crisis. Finalmente el sábado el Gobierno decidió tomar el control del muelle de forma unilateral, pese al rechazo de Vivas, para poder levantar allí los alojamientos para los migrantes.

“La derecha, y es muy lamentable, no quiere que se normalice la situación en Ceuta y va a poner todo tipo de obstáculos para que podamos solucionar los problemas generados en esta crisis”, vaticina un miembro del Gobierno.

El rey Felipe y la inoportunidad de una visita a Ceuta

La misma tarde del 30 de julio que Sánchez decidió visitar la ciudad autónoma tras hablar con Vivas y con sus ministros sobre la entrada masiva de inmigrantes, su gabinete informó a Casa Real sobre las intenciones del presidente. Fuentes del Ejecutivo sostienen que en esa conversación y tras conocer que Sánchez se iba a desplazar a Ceuta al día siguiente Casa Real sugirió que “cuando sea oportuno” el monarca podría visitar Ceuta. “Ni anuncian que van a visitarla ni piden ir a visitarla. Pero, ¿era oportuno? Obviamente no. Ellos saben que la última vez que ocurrió, en 2007, hubo una crisis diplomática. ¿Es el momento de añadir otra crisis diplomática? La Casa Real sabía que no podían ir”, explican a elDiario.es fuentes del Ejecutivo.

El choque soterrado entre instituciones se agrava con la reunión que el rey mantiene en el Palacio de Marivent (en Palma) con el presidente Vivas. No tanto por la visita sino por la información que trasladaron algunos medios en aquel momento. Fuentes socialistas sospechan que la Casa Real comentó a algunos periodistas que si el rey iba a recibir a Vivas en Marivent y no había acudido a Ceuta pese a las dificultades que atravesaba la ciudad autónoma era porque Sánchez se lo había prohibido. OKDiario tituló así: “El Rey Felipe quiso ir a Ceuta en plena invasión pero Sánchez se lo prohibió”, atribuyendo la información a fuentes de toda solvencia. “Esa información era mentira”, señala un alto cargo de Moncloa.

A la búsqueda de autor

A la espera de que la investigación policial y judicial avance, el Gobierno enmarca lo ocurrido en la influencia de las nuevas tecnologías y los mensajes difundidos a través de las mismas. Moncloa sí cree que hay un responsable, pero aún no sabe quién es y tratará de que los servicios secretos españoles se formen más en el análisis de esas redes sociales.

Sánchez y su equipo confían en que pronto se consiga un alojamiento digno para las personas que aún deambulan por Ceuta, se aceleren las repatriaciones y la crisis amaine.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha enviado una carta al director general de la Policía, Francisco Pardo, exigiéndole que le verifique “a la mayor brevedad” el informe en el que se atribuiría a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes la entrada masiva de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

Marlaska ha remitido la misiva a Pardo, adelantada por la Cadena Ser y a la que ha tenido acceso elDiario.es, en la que le “reclama ser informado sobre la veracidad” del informe que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) habría remitido a la Audiencia Nacional en ese sentido, adelantado por El Español.

“De ser cierto lo que publica este digital, necesito saber desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa información, absolutamente esencial para que, con independencia de las diligencias judiciales que puedan practicarse, yo, como Ministro del Interior, pueda ejercer mi responsabilidad y, en definitiva, el Gobierno pueda adoptar las decisiones oportunas en relación con la crisis migratoria de Ceuta, en ejercicio de sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado”, señala Marlaska en la misiva.

A su juicio, “se trataría de una información que, habiéndose declarado la situación de interés para la seguridad nacional prevista en la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, debe ponerse inmediatamente a disposición de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional, de la autoridad funcional designada por real decreto del Presidente del Gobierno y de los demás órganos con competencias en este ámbito”.

“Ello al margen”, añade la carta, “de las actuaciones judiciales que puedan realizarse, que, de momento, se encuentran en un estadio incipiente y no pueden ser óbice para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado informen inmediatamente al Ministro del Interior, a quien corresponde ejercer el mando superior en materia de seguridad interior”.

“Por ello, te agradeceré que me informes a la mayor brevedad sobre la veracidad de lo publicado y, en su caso, me hagas llegar la información de la que disponga sobre el particular la Policía Nacional, así como la que pueda conocer en lo sucesivo”, concluye.

El Gobierno pide no hacer “conjeturas” antes de conocer los detalles del informe

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha apostado por no hacer “conjeturas” sobre el informe policial que apuntaría a una responsabilidad de Marruecos en la entrada masiva de migrantes de finales de julio en Ceuta a la espera de conocer todos los detalles del mismo.

En una entrevista en 'RNE', Torres ha subrayado que por ahora no se sabe “si es un informe particular de un agente, si ese informe fue requerido por quién, y por tanto en estos momentos estamos en que se aclare todo, porque es lo que merece también la ciudadanía”. Así pues, ha incidido, “si queremos hablar con rigor, indudablemente tenemos que tener ese informe sobre la mesa”.

Preguntado sobre si de confirmarse que agentes marroquíes orquestaron la entrada de más de 70.000 migrantes a Ceuta el Gobierno actuaría, el ministro ha defendido que “hablar ahora de ello es hacer conjeturas”. “Vamos a esperar que ese informe se tenga y entonces con absoluta transparencia todos sabremos qué es lo que dice ese informe”, ha añadido.

En cuanto a si se pedirían explicaciones a Marruecos, Torres ha afirmado que si el informe confirma lo que se ha publicado “lógicamente habría una responsabilidad, y el Gobierno español nunca la ha desdeñado, al contrario, ha sido absolutamente claro”, apuntando a que se ha defendido la españolidad de Ceuta y Melilla ante las reivindicaciones de ministros marroquíes.

La unidad que tanto el Gobierno como los Ejecutivos autonómicos afectados por el fuego intentaron trasladar el fin de semana pasado, coincidiendo con los momentos más graves del macroincendio de la Comunidad de Madrid, no se ha transformado en una unidad de acción futura respecto a cómo abordar los fuegos, cada vez más virulentos y duraderos.

Desde el Gobierno, tanto el presidente, Pedro Sánchez, como sus ministros piden a la oposición que suscriba un pacto de Estado contra la emergencia climática que ya propuso el Ejecutivo el año pasado. Y el PP, que coquetea en los últimos días con el negacionismo climático de la extrema derecha, rechaza ese acuerdo que tildan “de brocha gorda” y exige, por su parte, que se adopte el plan de 50 medidas planteadas por Alberto Núñez Feijóo también en 2025.

Ambos proyectos, tanto el del Gobierno como el del PP, tienen muchos puntos en común y plantean propuestas muy similares, en algunos casos casi idénticas, a pesar de que desde el Ejecutivo se enmarcan en la lucha contra los efectos del cambio climático y, desde las filas populares, únicamente en la lucha contra los incendios, sin tener en cuenta el contexto climático.

Ayudas psicosociales

Las dos partes piden, por ejemplo, más ayudas para los afectados por los fuegos. En el texto del Ejecutivo, que Sánchez presentó tras los graves incendios que asolaron Castilla y León en 2025, se recoge el “refuerzo, por parte de las administraciones territoriales, de la atención médica y el apoyo psicosocial tras desastres, incorporando protocolos de atención en emergencias climáticas, incluyendo salud mental, colectivos vulnerables y mujeres víctimas de violencia, e integrando la enfermería y los mediadores sociales en la respuesta”. Además, se compromete a “impulsar estrategias públicas de corresponsabilidad en situaciones de emergencia para el cuidado de menores y personas dependientes”.

El PP, en el documento de 50 medidas que Feijóo planteó también el año pasado, se recoge la “creación de oficinas móviles de atención a los perjudicados, que presten asistencia psicosocial, administrativa y jurídica, y teléfonos para consulta y tramitación de ayudas para particulares y empresas”.

Una mayor coordinación entre instituciones

Gobierno y PP también coinciden en pedir un refuerzo de la coordinación entre administraciones. Los populares plantean la “aprobación del Mecanismo Nacional de Respuesta de Protección Civil”. Además, “para garantizar rapidez, coordinación entre administraciones y seguridad para los ciudadanos”, el PP considera “imprescindible establecer criterios objetivos y transparentes para la movilización de todos los recursos de las administraciones públicas, bajo el liderazgo de profesionales con acreditada experiencia”.

“Ante la emergencia climática se requiere una interconexión efectiva”, señala la propuesta del Gobierno que, en línea de la del PP, plantea la “creación de una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias para mejorar la coordinación y la toma de decisiones por las administraciones públicas”. El plan de Sánchez habla también de “un Plan Nacional de Interconexión e interoperabilidad de información de emergencias que permita la comunicación ágil entre administraciones y la eficacia en la gestión, coordinación y el seguimiento de emergencias”.

Cuidado de los montes

El propio PP que ahora rechaza hablar de cambio climático sí lo incluye entre sus 50 propuestas, de una manera similar a la que propone el Ejecutivo, también en la misma línea de la prevención en la que coinciden ambas partes. El documento de los populares habla de “incentivar las prácticas agrícolas y ganaderas que contribuyan al mantenimiento de los montes y la prevención de incendios”.

También mencionan el impulso a “la agricultura del carbono, promoviendo prácticas culturales de bajo impacto y el secuestro de carbono en las explotaciones agrarias, de forma que se potencie el papel de la actividad agraria en la descarbonización de la economía y que los agricultores puedan obtener ingresos por su contribución a la lucha contra el cambio climático”.

El Gobierno, por su parte, concreta este aspecto en la “gestión activa y anticipatoria de los montes frente al riesgo de incendios forestales, por ejemplo, mediante tratamientos silvícolas preventivos como quemas prescritas y el uso planificado del fuego de baja intensidad, mejora de la prevención, a través de la ganadería extensiva y el pastoreo, y la innovación en tecnologías y maquinaria para trabajos forestales”.

Ayudas fiscales

En materia de fiscalidad, el Ejecutivo plantea “incentivos por servicios ecosistémicos para el sector e incorporación en mayor medida de la gestión forestal sostenible en las ayudas agrarias europeas”.

Y el PP, que concreta algo más este aspecto, señala la necesidad de “facilitar fiscalmente el apoyo directo de empresas y particulares a proyectos de recuperación, ganando agilidad en la decisión y garantizando una deducción o rebaja en el impuesto correspondiente”.

Medidas en los domicilios

La prevención también se recoge en ambos documentos. Los populares proponen “apoyar la cooperación ciudadana en la prevención, y detección de incendios y localización y detención de responsables y concienciar del riesgo de incendios mediante la información a los ciudadanos de medidas a adoptar e implementar en sus domicilios”.

El Gobierno formula una tesis similar, planteando “procesos comunitarios participativos para reducir la vulnerabilidad” y apoyando “incorporar el conocimiento local y mejorar la resiliencia”. En su plan, Moncloa señaló también el “fomento de la autoprotección en hogares y entornos rurales, incluyendo planes vecinales y señalización de evacuación”.

Estas coincidencias no han evitado, sin embargo, que el PP descalifique la propuesta del Gobierno y que, a su vez, desde el Ejecutivo se tilde una y otra vez de insuficiente la que plantean los populares.

El Gobierno decidió en la noche del jueves cerrar la frontera de Beni Enzar, la única operativa entre Melilla y Marruecos, según informó la delegación del Gobierno en la ciudad autónoma, que pidió a la ciudadanía que no se desplazara al perímetro fronterizo para no dificultar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La medida se sumó al despliegue de unidades del Ejército en Ceuta para apoyar a la Guardia Civil en la gestión de la crisis por la que en las últimas horas miles de personas han entrado desde Marruecos a la ciudad autónoma.

El flujo de ciudadanos que han entrado en Ceuta no ha cesado durante la noche, según informa Europa Press, y las llegadas han continuado a primera hora del viernes, con continuas carreras en la zona fronteriza. Lo hacen a nado y también a pie bordeando el espigón que separa de Marruecos la ciudad autónoma.

Fuentes policiales citadas por la mencionada agencia precisan que son más de 50.000 las personas que habrían entrado a España en los últimos días. A primera hora de este viernes los esfuerzos de las fuerzas desplegadas allí quieren evitar que los inmigrantes se dirijan al centro de la ciudad y a las barriadas, donde desde ayer se encuentran durmiendo o deambulando. En las horas siguientes, se ha gestionado el regreso de más de 48.300 personas a Marruecos.

Siempre según Europa Press, los inmigrantes, marroquíes en su inmensa mayoría, han caminado durante la madrugada de este viernes desorientados por las calles de toda la ciudad, sin saber adónde ir dado que en los centros de acogida no admiten nuevos ingresos. El de adultos, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) se encuentra saturado con más de mil residentes pese a tener 512 plazas. Además, en sus inmediaciones continúan llegando nuevas personas, ya hay más de un millar a la espera de ingresar.

Las Fuerzas Armadas han reforzado a la Guardia Civil “en el ejercicio de sus competencias y aquellas que puedan resultar necesarias para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta”, según anunció este jueves el Gobierno, ante la entrada de miles de personas desde Marruecos a la ciudad autónoma. Según explicó desde el Ejecutivo, “los efectivos movilizados estarán coordinados por el mando de operaciones y darán apoyo a la Guardia Civil”. Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha viajado este mismo viernes a la zona.

Respecto a la Guardia Civil, a los 60 efectivos de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) destinados permanentemente en vigilancia fronteriza, se ha sumado ya un pelotón adicional (20 efectivos) y en las próximas horas se incorporarán dos pelotones más, con 40 efectivos. Además, la unidad de Seguridad Ciudadana de Ceuta se refuerza con 30 guardias civiles procedentes de diferentes unidades de Andalucía. Asimismo, el Gobierno ha informado del envío de dos grupos de buceadores (ocho efectivos) del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de Andalucía.

A las embarcaciones del Servicio Marítimo destinadas en Ceuta (dos embarcaciones medias y cuatro embarcaciones tipo zodiac), se unirán el buque Duque de Ahumada, que llegará a Ceuta en la madrugada del 31 de julio. Además, en los próximos días se incorporarán al Servicio Marítimo cinco patrones de embarcación, tres mecánicos-marineros y pilotos de drones y el servicio aéreo se reforzará con un helicóptero.

Respecto a los efectivos de la Policía Nacional, Moncloa ha informado de que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha enviado un equipo de extranjería, compuesto por seis personas, “para apoyar las labores de reseña y documentación”. En Seguridad Ciudadana, el grupo de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y los efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Ceuta doblarán turnos, mediante la dotación de jornadas extraordinarias.

Asimismo, este jueves se han incorporado tres equipos de UIP desde Sevilla, a los que se añaden en los próximos días los equipos de la UIP Central y de la UIP de Málaga, hasta completar una dotación de 200 efectivos de UIP y UPR, que estarán desplegados específicamente en tareas de seguridad ciudadana en Ceuta.

“Ejemplar colaboración”, según Interior

Los agentes de antidisturbios de la Policía Nacional se han desplegado en la frontera del Tarajal para contener la entrada, que se produce después de la llegada de entre 1.500 y 2.000 personas en los últimos diez días.

Ante lo ocurrido, el Ministerio del Interior ha destacado este jueves “la ejemplar colaboración de España con Marruecos en todos los ámbitos, incluido en materia migratoria”. El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska ha agradecido además a las autoridades marroquíes “los esfuerzos realizados” en los últimos días por sus fuerzas de seguridad, “que han impedido miles de intentos de migración irregular”.

“Ambos países han acordado reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a estos flujos y se han comprometido a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente en Ceuta”, han añadido desde Interior.

“Restablecer cuanto antes” la normalidad

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha hablado con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, por segunda vez en la tarde de este jueves y le ha informado de los refuerzos de Policía Nacional y Guardia Civil desplegados en la ciudad autónoma.

De igual manera, Marlaska también le ha trasladado el despliegue de efectivos del Ministerio de Defensa para apoyar a la Guardia Civil en la zona. Le ha reiterado “su apoyo y compromiso” para “mantener la seguridad en Ceuta y restablecer cuanto antes” la normalidad.

La Comunidad de Madrid ha comprado un ático de 485 metros cuadrados con 200 metros de terraza en Chamberí. La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, dijo el miércoles que el piso, situado en una de las zonas más caras de Madrid, era para celebrar “reuniones” cuando empiecen las obras en la sede de la Presidencia de la Puerta del Sol. Pero no aclaró cuál será su uso concreto, ni si inicialmente el Gobierno regional, que este jueves anunció que lo venderá tras el revuelo generado, lo compró para ser una suerte de residencia oficial para los cargos de la Comunidad.

En este momento, siete presidentes autonómicos tienen a su disposición residencias oficiales acondicionadas para vivir durante sus años de mandato. Catalunya, Euskadi, Galicia, Illes Balears, Extremadura, Asturias y Canarias cuentan con pisos, chalets o palecetes destinados a ese fin. Sin embargo, ninguno de esos mandatarios ha decidido trasladarse a esas casas que sufragan sus propios ejecutivos y prefieren residir en sus respectivos domicilios privados.

La Casa dels Canonges es la residencia oficial de los presidentes de la Generalitat de Catalunya. Se trata de una vivienda cercana al propio Palau de la administración catalana, en el centro histórico de Barcelona. Hoy en día se celebran allí reuniones, almuerzos y recepciones, pero el actual president de la Generalitat, Salvador Illa, no lo ha utilizado como su vivienda habitual. En su día sí vivió allí Josep Tarradellas cuando regresó del exilio franquista. Y también residieron en Canonges Francesc Macià y Lluís Companys durante la II República.

La situación es similar en Euskadi, donde los lehendakaris tienen como residencia oficial el Palacio de Ajuria Enea. Este edificio centenario situado en una de las mejores zonas de Vitoria no fue utilizado por Iñigo Urkullu durante su mandato, que optó por residir en su propio domicilio, en Durango, dada la incomodidad de un espacio que se considera anticuado. El exlehendakari sí acometió unas obras en el complejo para dotarlo de un nuevo salón de recepciones y que Ajuria Enea tuviera más uso aunque su sucesor, Imanol Pradales, también ha optado por vivir en su propio domicilio de Portugalete (Bizkaia). Antes de ellos sí que vivieron en el palacio vitoriano sus predecesores Carlos Garaikoetxea, José Antonio Ardanza y Patxi López.

70.000 metros cuadrados en Santiago de Compostela

La residencia oficial destinada en Galicia al presidente de la Xunta ocupa una superficie de unos 70.000 metros cuadrados –25.000 de edificación y otros 45.000 de zona ajardinada– en Monte Pío, una de las subidas al emblemático monte Pedroso de Santiago. El inmueble lo encargó Manuel Fraga Iribarne, que se mudó a vivir allí en 2002. Costó una cantidad de fondos públicos nunca aclarada entre los siete y los 10 millones de euros y del diseño se ocupó el arquitecto Manuel Gallego Jorreto.

El espacio fue utilizado tanto por Fraga como por el socialista Emilio Pérez Touriño, que estuvo al frente de la Xunta entre 2005 y 2009 y que después recordaría que le impresionaron las instalaciones por el tamaño y recursos, como la piscina climatizada o la sauna. También se instaló en este edificio, que tiene una parte de vivienda y despachos que han recibido un uso institucional, el actual líder del PP estatal, Alberto Núñez Feijóo en sus primeros años como presidente del Gobierno gallego.

Más adelante sus teóricos habitantes dejaron de frecuentarla: Feijóo se trasladó a A Coruña a raíz de su relación con Eva Cárdenas y el nacimiento del hijo de ambos. Y el actual presidente, Alfonso Rueda, nunca llegó a mudarse. Sigue residiendo en la vivienda que tiene en la ciudad de Pontevedra. En Monte Pío se queda algunas noches, cuando la agenda hace que sea más práctico dormir en Santiago.

En el caso de Balears, el Consolat de Mar es la residencia institucional y oficial de la presidencia autonómica, pero los distintos líderes del Govern no han dispuesto nunca de ella para residir. De hecho, la actual presidenta balear, la popular Marga Prohens, vive en su vivienda particular de Palma. Ya el primer presidente balear, Gabriel Cañellas (AP/PP), rehusó utilizar el Consolat con fines privados. Y el resto de dirigentes autonómicos –Cristòfol Soler (PP), Francesc Antich (PSOE), Jaume Matas (PP), José Ramón Bauzá (PP), Francina Armengol (PSOE) y Prohens– han seguido en la misma línea: mientras ejercieron el cargo, siempre vivieron en sus pisos particulares.

El caso más paradigmático fue el de Matas, que residía en un palacete ubicado en la exclusiva calle Sant Feliú y que estuvo en el punto de mira de los tribunales a tenor de un supuesto enriquecimiento ilícito del exdirigente popular que nunca llegó a ser demostrado. 

Los presidentes del PP evitan vivir en la capital extremeña

En Extremadura también existe una residencia oficial, pero hasta ahora tan solo ha sido usada por los dos presidentes del PSOE, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara, que residieron en esta vivienda, situada en la avenida José Fernández López de la capital extremeña, Mérida, con sus respectivas familias.

El expresidente José Antonio Monago y la actual jefa del Ejecutivo extremeño, María Guardiola, ambos del PP, optaron seguir residiendo en Badajoz y Cáceres, respectivamente. Monago, en plena polémica entonces por la treintena de viajes a Canarias pagados con cargo al presupuesto del Senado entre 2009 y 2010, decidió cerrar la residencia de la capital extremeña e incluso ponerla a la venta en un portal de internet. Por su parte, María Guardiola informó al principio de la pasada legislatura que utilizaría la vivienda de forma muy puntual, igual que hace ahora, tras refrendarse en el cargo gracias a Vox.

No obstante, según consta en el portal de Transparencia, entre 2023 y 2024 se gastaron al menos 25.000 euros en la limpieza del inmueble, la pintura interior, mobiliario para el jardín y un robot de limpieza para la piscina. El chalé tiene una superficie útil de 600 metros cuadrados, 1.500 metros cuadrados de jardín, tres dormitorios, dos baños, un aseo, zona de servicio, dos salones y cocina con office en la segunda planta. La tercera es un apartamento independiente con dos dormitorios, baño, salón, despacho y cocina, y en la primera planta hay una sala de espera y seis despachos.

En Asturias también existe una residencia para la Presidencia del Principado, si bien el actual mandatario, Adrián Barbón, no la utiliza porque reside en su vivienda habitual, en Pola de Laviana, capital del concejo minero de Laviana. Barbón únicamente hizo uso de esta residencia durante la pandemia, instalándose en este apartamento de manera continuada los meses del confinamiento. En algunas ocasiones, también se queda allí algún fin de semana por motivos de agenda.

El apartamento fue habilitado en la tercera planta del Palacio de la Presidencia, ubicado en la calle Suárez de la Riva de Oviedo, frente a la Junta General del Principado, en tiempos de la presidencia del socialista Juan Luis Rodríguez Vigil, entre 1991 y 1993. Fue remodelado en la etapa de Francisco Álvarez-Cascos, en 2011. Cascos y Antonio Trevín (1993-1995) fueron los dos únicos presidentes asturianos que ocuparon de continuo la vivienda, el primero porque residía en Madrid y el segundo porque tenía su vivienda habitual en Llanes. En la actualidad consta de una habitación grande y tres más pequeñas, una cocina, un salón de estar-comedor, una salita habilitada como despacho y dos baños.

En Canarias la residencia oficial del presidente se encuentra en Las Palmas de Gran Canaria aunque en Tenerife, en el mismo edificio de la Presidencia, hay un “apartamento” en la parte alta que se puede utilizar también como vivienda y que también es propiedad de la administración autonómica. Pero el uso que se da a las dos viviendas ahora mismo no es residencial y solo se utilizan para actos y reuniones oficiales.  

Chaves vivió en la Casa Sundheim

En Andalucía no existe residencia oficial del presidente de la Junta. El actual titular del cargo, Juan Manuel Moreno, reside en su casa particular. Cuando se remodeló el Palacio de San Telmo, en Sevilla, como sede permanente del Gobierno andaluz se reservó un espacio para albergar una futura residencia presidencial, pero nunca se hizo. Actualmente esas dependencias las ocupan despachos y funcionarios. Manuel Chaves, presidente de la Junta entre 1990 y 2009, fue el único que tuvo residencia oficial en Andalucía. En 1992 se mudó con su familia a la Casa Sundheim, un palacete sevillano que había sido la primera sede de la oficina de Manuel Olivencia como comisario de la Expo’92.

En la Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana, Navarra, Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja, la Región de Murcia y Cantabria nunca se ha establecido una residencia oficial para sus respectivos presidentes.

Castilla y León es un caso peculiar. Aunque el presidente autonómico tampoco dispone allí de una residencia oficial, sí paga un piso a su actual mandatario, Alfonso Fernández Mañueco, al igual que hizo con su antecesor, Juan Vicente Herrera, a lo largo de 16 años en los que de las arcas públicas salieron 705.039,68 euros para sufragar el alquiler de la vivienda presidencial.

La inédita costumbre de pagar el piso al presidente no la impuso Herrera. Según Transparencia, un piso ubicado en la Acera de Recoletos, en plena 'milla de oro' de Valladolid, y de 199 metros cuadrados, se alquiló desde el 1 de agosto de 1985, cuando la Junta estaba en manos del PSOE y no había una sede autonómica. Uno de los ocupantes del piso de Recoletos fue José María Aznar, presidente de la Junta de Castilla y León entre 1987 y 1989: las crónicas de esa época hablaban del piso de la pareja Aznar-Botella en pleno centro de Valladolid y de su intensa vida social.

El particular caso de Castilla y León

En realidad, cuando Aznar llegó al gobierno autonómico ya estaba habilitada una vivienda para el presidente en la sede de Presidencia en el Colegio de la Asunción, en el barrio de Covaresa, pero en esa época era una zona poco habitada que no agradó al responsable de la Junta. Posteriormente fue Herrera el que se aposentó en el piso de la Acera de Recoletos, propiedad de la empresa Conre SL, durante más de tres lustros.

Mañueco nunca llegó a ocupar esa casa y el alquiler se rescindió en 2019, pero no porque rechace un alquiler pagado por las arcas públicas sino porque prefirió otro piso cuya ubicación Presidencia se niega a desvelar “por razones de seguridad”. No sale barato, pero sí algo más económico que el de Recoletos. La renta ascendía, en 2019, a 1.460 euros al mes. El caso de Castilla y León es único. Ninguna otra comunidad paga el alquiler a su presidente.

*Con información de Arturo Puente, Iker Rioja, Beatriz Muñoz, Esther Ballesteros, Santiago Manchado, Leticia Quintanal, Jennifer Jiménez, Daniel Cela, Adolf Beltrán, Olivia García, Laro García, Rodrigo Sáiz, Laura Cornejo, Carmen Bachiller, Candela Canales y Elisa Almagro.

El PSOE ha presentado este miércoles un escrito solicitando la reapertura de la causa por la lona que la organización ultra HazteOir desplegó en una fachada frente al Congreso de los Diputados en la que se podía ver la imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado de un texto que le llamaba “corrupto”. La Audiencia Provincial de Madrid decidió el pasado 29 de junio confirmar el archivo de la causa al considerar que la lona no tenía la “finalidad de insultar” sino la de “expresar una crítica política amparada por la libertad de expresión”. Ahora la representación del PSOE y del propio Sánchez pide la nulidad de ese archivo por “vulneración de derechos fundamentales de los reconocidos en el artículo 53.2 de la Constitución Española”.

En el texto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la procuradora de los socialistas que denunciaron a HazteOir por injurias, insiste en que “la instalación de la lona, la continuidad de la campaña mediante actos como la colocación de pancartas en varios puentes y pasarelas de Madrid, la proyección de un haz de luz sobre la fachada del Congreso con la expresión 'Sánchez Corrupto', la difusión reiterada en redes sociales y la comercialización de objetos con la misma imagen serían constitutivos de un delito contra la integridad moral del artículo 173.1 del CP y/o un delito de coacciones o acoso, puesto que con los mismos se ha pretendido humillar y deshonrar a la víctima, mostrando su más absoluto desprecio, lesionándose de esta forma su dignidad humana y en consecuencia su integridad”, tal y como defendió también la Fiscalía.

El PSOE considera que “frente a esta alegación, concreta, motivada y sustentada en hechos detallados y fechados”, en su auto de archivo la Audiencia Provincial se limitó a afirmar que desconocía a qué hechos se referían tanto la Fiscalía como la representación socialista. “Al declarar el propio órgano juzgador que 'desconoce a qué hechos se refiere' el motivo de recurso relativo a estos concretos tipos penales, se evidencia que la Sala no ha examinado ni resuelto sobre una pretensión sustancial, autónoma y expresamente planteada, incurriendo en incongruencia omisiva”, apunta la procuradora del partido.

También recuerda la representación del PSOE que “conforme a reiterada doctrina constitucional, la incongruencia omisiva vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva cuando el órgano judicial deja sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que se trate de pretensiones sustantivas y no de meros argumentos instrumentales, como es el caso”.

La Audiencia no apreció “la finalidad de insultar”

Los socialistas también alegan “la vulneración del derecho a la tutela judicial recogida en el artículo 24.1 de la Constitución” porque a pesar de que la Fiscalía había pedido actuaciones concretas, esa solicitud “no se llegó a resolver antes de acordarse el archivo definitivo de las actuaciones”. El PSOE considera que “era imprescindible practicar dichas diligencias” como la recogida de muestras fotográficas “para determinar si los hechos denunciados podían ser constitutivos de delito”.

Cuando se decidió el archivo, el juez argumentó que la acción de HazteOir era una “crítica de contenido político” que “no promueve la violencia ni incita un discurso de odio”. En la misma línea, la Audiencia Provincial consideró que en la lona “no se aprecia la finalidad de insultar” sino la de “expresar una crítica política amparada por la libertad de expresión”. También destacó que, en su opinión, no existía “incitación a la violencia ni discurso de odio”.

La lona que colgó el 19 de mayo de 2025 la asociación ultracatólica, que ejerce la acusación popular en casos relacionados con el Gobierno y la familia del presidente, hacía referencia a las causas judiciales como la de Koldo García o las que afectan a la esposa y el hermano de Sánchez. Los bomberos retiraron la lona de madrugada por orden de un juez tras la petición de medidas urgentes del PSOE.

El Partido Popular ha dado un paso más en su pugna con la extrema derecha por el mismo electorado. Presidentes autonómicos de peso y dirigentes estatales están acercando sus posturas a las del negacionismo climático de Vox justo cuando España sufre sus peores incendios, con los fuegos de Ávila, Madrid, Toledo y Castellón extendiéndose aún sin control y con más de 100.000 personas desplazadas de sus hogares. Los populares optan ahora por poner en cuestión las explicaciones científicas de los expertos que alertan de cómo la intensidad de los fuegos no ha parado de crecer en las últimas décadas y apuntan al calentamiento global provocado por el cambio climático causado por la actividad humana.

“Se utiliza como mantra el cambio climático para que no hablemos de la mala gestión del Gobierno y de lo que no hacen ni de lo que dejan de hacer”, aseguraba a primera hora del lunes la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, en una entrevista en esRadio. “Durante toda la historia de nuestro planeta el clima ha cambiado, eso es de perogrullo. Yo creo que esto de que el cambio climático mata, de que el cambio climático es el responsable de todo es un mantra que repite la izquierda para evitar responder por las responsabilidades que tiene”, llegó a asegurar.

Desde que se conocen los incendios más graves de este verano, los populares no se habían mostrado tan abiertamente cercanos al discurso de Santiago Abascal. El líder de Vox habla una y otra vez de “fanatismo climático” para desvincular los incendios del calentamiento global. También ha lanzado bulos como el que sostiene que la legislación actual, a la que vincula con esa lucha contra el cambio climático, no permite limpiar los montes.

Es una premisa falsa. La normativa vigente es la ley de Montes de 2003 que precisamente aprobó un Gobierno del PP y exige a las comunidades autónomas la aprobación de planes de prevención de incendios que, en la práctica, incluyen la gestión sostenible de los montes mediante retirada de restos, desbroces, podas y otras medidas.

Es más, las normativas autonómicas suelen obligar a propietarios de parcelas cercanas a núcleos urbanos a mantenerlas limpias y, en general, permiten hacerlo sin licencia salvo que estén en espacios protegidos. Lo que sí ocurre es que en épocas puntuales con alto riesgo de incendio o durante las olas de calor se dictan limitaciones a actividades que, precisamente, pueden provocar fuegos. Por ejemplo, la quema de rastrojos o el uso de maquinaria que genere chispas. Greenpeace recuerda que los propietarios forestales deben mantener sus fincas limpias y en buen estado y, si no lo hacen, los ayuntamientos deben exigírselo o incluso encargarse de ello.

Ayuso y la limpieza de los montes

Con todo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se sumó este lunes a ese mismo bulo de Vox sobre la limpieza en los montes. “Atendamos a las gentes del campo, que son las que de verdad conocen lo que pasa en los montes”, decía la presidenta desde el puesto de mando de Navalcarnero, antes de asegurar que sus problemas pasan por las “dificultades para limpiar los montes, para trabajar en sus propios terrenos”, algo que en ningún caso recoge la normativa vigente.

Ayuso y otros dirigentes del PP tratan además de restar ahora importancia a la influencia del cambio climático en la virulencia de los fuegos. Como Vox, los populares contradicen así la evidencia científica que ha constatado que por culpa del calentamiento global cada vez se producen más incendios forestales y que estos son más intensos y destructivos. Con esta tesis, el PP trata de rechazar la propuesta del Gobierno de un pacto de Estado contra la emergencia climática que lleva planteando Pedro Sánchez desde el verano pasado. “No es momento de dar soluciones de brocha gorda para eximirnos de cualquier responsabilidad”, apuntó Ayuso este lunes.

“Sobre la propuesta de emergencia climática: he estado mirando en las hemerotecas y veo que casi desde el 2014 el Gobierno viene hablando de ello. Pues 12 años más tarde, si es tan emergente...” ironizaba. “Yo lo que tengo claro es que tenemos que ver qué incendios han sido causados por la acción del hombre, que estamos viendo que en toda España están siendo la inmensa mayoría”, añadía, dejando de lado el papel desempeñado por el cambio climático en el escenario que vive ahora no solo la península ibérica sino el conjunto de Europa.

En la misma línea, se manifestó el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y también para rechazar el pacto de Estado planteado por Sánchez. A su juicio, las causas de los incendios y su virulencia “múltiples”, si bien luego él sí ha reconocido que la incidencia climática y de las altas temperaturas “durante varios días seguidos” provocan los llamados incendios “de quinta generación”, que se asemejan a “auténticas explosiones” y se hacen “incontrolables”. “Las causas climáticas influyen e influyen otros condicionantes, como la necesidad de limpieza”, añadía, tratando de restar importancia al calentamiento global.

Además de las evidencias científicas de las últimas décadas, Greenpeace recogió datos del año pasado y concluyó en un informe que “el cambio climático agrava los incendios y estos a su vez contribuyen a la emisión de CO₂, agravando el cambio climático”. Se trata, por tanto, de un círculo vicioso. Por ejemplo, según el Servicio de Monitoreo Atmosférico de Copernicus (CAMS), los grandes incendios registrados en 2025 en comunidades como Castilla y León y Galicia dispararon las emisiones de carbono en España hasta cerca de 19 millones de toneladas de CO₂, convirtiendo 2025 en el año con mayores emisiones por incendios forestales desde que comenzaron los registros hace 23 años.

El año pasado hubo 33 días de olas de calor, uno de cada tres días de verano, recuerda el informe de Greenpeace. La del 18 de junio al 4 de julio duró 17 días y fue la tercera más larga y extensa de la serie histórica. En ese periodo se produjeron tres grandes incendios forestales. Pero la ola de calor del 3 al 18 de agosto duró 16 días. Fue la segunda más intensa de la historia (con una anomalía de 4,2 grados centígrados) y extensa que afectó a 42 provincias. En este periodo se produjeron 42 grandes incendios forestales. Además, el 71,4% de los grandes incendios de 2025 ocurrieron durante episodios de ola de calor.

El informe de la organización ecologista también añade que “el agravamiento de los grandes incendios forestales no puede ni debe atribuirse exclusivamente a la crisis climática. Existen factores estructurales profundos, como el abandono del medio rural, que resultan determinantes (...) El cese de actividades tradicionales como pastoreo, cultivos tradicionales, etc, ha favorecido la transformación del mosaico propio del sistema agrario tradicional en masas forestales continuas, ya sea de forma natural o por medio de plantaciones monoespecíficas, aumentando de forma alarmante la inflamabilidad del paisaje y facilitando incendios cada vez más intensos, rápidos y difíciles de controlar”.

Pérez-Llorca y los “atentados medioambientales”

Otro dirigente del PP, el presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, alentaba otro de los bulos habituales de la extrema derecha. Desde la Vall d'Uixó, que vive uno de los grandes incendios de la semana, el mandatario aseguró que lo que hay que hacer para evitar los fuegos es imponer penas “mucho más duras” contra los autores de los que llamó “atentados medioambientales”, como si tratara de una actividad organizada. Como en su día hizo Feijóo en Galicia, es habitual que desde la derecha y la extrema derecha se mencionen supuestas mafias, tramas organizadas o un supuesto “terrorismo incendiario” que provocaría los incendios de forma sistemática y coordinada, para evitar hablar del cambio climático.

La Fiscalía ha descartado en varias ocasiones la existencia de este tipo de organizaciones criminales complejas. Detrás de los incendios suele estar el factor humano, desde accidentes a negligencias o fuegos intencionales, pero solo una mínima proporción de los incendios se atribuye a personas que sufren piromanía.

Por parte de Génova 13, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, considera que al hablar de la lucha de la emergencia climática el Gobierno “lo que plantea es todo ideológico”. “El problema es que la izquierda confunde conservación con inacción”, añadía ella. El plan de los populares pasa por retomar el que propuso Feijóo hace un año y que recoge 50 medidas casi idénticas al pacto de Estado que plantea el Gobierno.

La bronca política ha elevado decibelios este viernes, a costa de la gestión de los graves incendios declarados en España y, especialmente, el que aún asola la Comunidad de Madrid. El Partido Popular ha cargado este viernes con dureza contra la actuación del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y la del ministro de Transportes, Óscar Puente, por sus críticas a la Comunidad de Madrid por sus recortes en los dispositivos antiincendios coincidiendo con los fuegos que asolan la región. Puente, por su parte, ha publicado una serie de tuits con palabras gruesas contra los populares y, en especial, contra Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña.

“Yo creo que mientras todo el país observa con preocupación y con interés cómo las administraciones tienen que trabajar en contra del fuego, no se entiende que todas las fuerzas políticas no colaboren en el mismo objetivo”, ha dicho en declaraciones a la prensa la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra.

“Ya sabemos lo que hace este gobierno, ya sabemos lo que hace el el delegado del Gobierno y hemos visto lo que ha dicho Óscar Puente esta mañana criticando a los gobiernos del Partido Popular. Ellos ven bandos y ven muros donde nosotros solo vemos fuego, un fuego al que combatir porque hay gente que lo está pasando mal”, ha añadido. Se refería a las críticas que desde el Ejecutivo han realizado al hecho de que el Gobierno de Ayuso haya tenido que reclamar la declaración de emergencia nacional por los fuegos en Madrid tras recortar los fondos dedicados a la lucha contra los incendios y las bajadas de impuestos.

Para Ezcurra, “tanto la actuación del delegado del Gobierno como, por supuesto, y, sobre todo, la actuación del ministro Puente”, son “miserables”.

La dirigente del PP también ha rechazado hablar de un posible pacto de Estado contra los incendios. “El PP presentó un plan contra contra las emergencias naturales en septiembre del año pasado, que gustará más o menos, pero es un plan detallado que se tradujo además en algunas iniciativas parlamentarias, y, en cambio, el Gobierno se desmarcó con una propuesta de pacto de Estado que no cabía”, ha concluido.

El Gobierno central declaró anoche la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León) como consecuencia de la evolución de los incendios forestales de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Burgohondo. El avance las llamas ha llevado al desalojo de 11.500 personas.

Ayuso contra Puente

Ante la gravedad de tres fuegos simultáneos que afectan a Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a través de una escueta carta de su consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, había pedido este jueves al Estado la activación de la llamada “Situación Operativa 3”, el nivel más alto de la escala y que deja en manos del Gobierno central declarar la emergencia nacional.

Desde el mando central instalado en Cenicientos, Ayuso ha caldeado este viernes el ambiente a pesar de destacar la “coordinación” entre su Ejecutivo y el Gobierno central. Preguntada por la prensa por las críticas realizadas desde la izquierda a los recortes de la Comunidad de Madrid en servicios sociales y, en especial, en la lucha antiincendios, la presidenta madrileña respondía con las siguientes palabras: “El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, ahí su conciencia”. A media tarde, su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, publicaba un tuit asegurando que “la palabra del día es mamarracho”.

El ministro Puente se sintió entonces aludido y publicó un tuit dirigiéndose directamente a Ayuso: “De calentar el ambiente sabes mucho. Es de lo que vives. Ahora pides ayuda a ese gobierno al que te pasas la vida insultando y descalificando. Si hay una mamarracha en España, esa eres tú”.

En apenas tres párrafos, la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso solicitó anoche al Gobierno central la declaración de emergencia nacional ante la gravedad de los fuegos que asolan la región. Fue a través de una carta que envió el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

“Como sabrás, nos encontramos en una grave situación en estos momentos en la Comunidad de Madrid. A los diversos incendios forestales simultáneos que se están produciendo, se acaba de sumar la muy probable entrada del incendio forestal procedente de Burgohondo (Ávila) en la Comunidad de Madrid con el consiguiente riesgo de que se conecte con el incendio forestal activo en el municipio de San Martín de Valdeiglesias”, comenzó Novillo su misiva al ministro.

El Gobierno de Ayuso asegura que se enfrenta “a una importante amenaza” para su medioambiente, “para la seguridad y la vida de numerosos ciudadanos de localidades con una elevada densidad poblacional en el Suroeste” de la región. “Por todo ello, solicitamos formalmente que se declare la emergencia de interés nacional conforme a lo establecido en los artículos 28, 29 y 30 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, requiriendo el empleo de los medios y recursos nacionales o europeos que sean necesarios”, zanjó.

Tras recibir esta carta, Marlaska declarabala emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León) como consecuencia de la evolución de los incendios forestales de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Burgohondo. El avance las llamas ha llevado al desalojo de 11.500 personas.

Ante la gravedad de tres fuegos simultáneos que afectan a Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, había pedido este jueves al Estado la activación de la llamada “Situación Operativa 3”, el nivel más alto de la escala y que deja en manos del Gobierno central declarar la emergencia nacional.

“Mañana se esperan condiciones meteorológicas muy adversas y es necesario reforzar el apoyo nacional e incluso internacional de estos incendios”, dijo anoche Ayuso en sus redes sociales. La Comunidad de Madrid estima en 10.000 el número de personas evacuadas.

Pedro Sánchez ha ironizado este jueves con la idea asumida por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que va a ser el próximo presidente del Gobierno: “Hombre, se le ha olvidado una cosa, es que hay unas elecciones de por medio, y ya veremos”. El jefe del Ejecutivo ha realizado estas declaraciones durante un homenaje al exdirigente socialista recientemente fallecido Manu Escudero.

Tras recordar que este jueves se cumplen tres años desde las elecciones del 23J que le permitieron mantenerse en el Gobierno, Sánchez ha realizado la siguiente reflexión: “Hubo alguno, que bueno, se llevó un disgusto y no se le ha quitado de la cabeza ni del cuerpo ese disgusto. ¿Qué le vamos a hacer?”, ha añadido, con sorna, refiriéndose a Feijóo.

Luego ha recordado: “Escuché ayer al señor Feijóo decir que va a ser presidente del Gobierno. Hombre, se le ha olvidado una cosa y es que hay unas elecciones de por medio, y ya veremos. Desde luego, nosotros salimos con el mejor de los ánimos, ¿no?”, preguntaba al auditorio, formado por dirigentes y militantes del PSOE.

“Una cosa sí que es cierta, leía en un periódico que ya asume que van a ser en 2027”, ha añadido Sánchez, en alusión a que Feijóo, que pide una y otra vez un adelanto electoral, ha expresado públicamente que finalmente los comicios serán ese año. “Bueno, por algo se empieza”, ha remachado.

Todo tiene que ver con las declaraciones que realizó Feijóo el martes, durante su comparecencia estival en la que hizo balance del curso político. El hasta ahora jefe de la oposición da por hecho que él será el próximo presidente del Gobierno sin esperar a las elecciones generales de 2027.

“Una limpieza a fondo”

Pero el presidente de los populares no tiene previsto hacer uso de su única prerrogativa para echar ya a Pedro Sánchez del poder y, en su comparecencia, Feijóo volvió a evitar el anuncio de una moción de censura.

“Para que la decencia vuelva a la Moncloa, primero Sánchez tiene que salir de allí y después empezará la reconstrucción institucional de nuestro país. Por eso no será un relevo, será una limpieza a fondo”, anunció el líder del PP, que insistió en pedir ese adelanto electoral como la única “salida razonable y democrática” del Gobierno progresista.

Sin esperar a las urnas, Feijóo ya tiene una conclusión: “En las urnas y en las Cortes, España ha decidido que quiere una nueva etapa, que quiere comenzar su reconstrucción nacional. El cambio ya no es solamente una aspiración política, es un clamor social”.

El PSOE y su líder, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han presentado este jueves un escrito ante el juzgado que investiga los disturbios de la Nochevieja de 2023 frente a la sede socialista de la calle Ferraz, pidiéndole nuevas diligencias para esclarecer lo ocurrido. Entre otras medidas, la procuradora que ejerce la representación del partido pide al juez que exija a la Policía información sobre “la existencia de vinculaciones de los investigados” por los disturbios “con el colectivo autodenominado Noviembre Nacional, la formación política Vox y la organización conocida como Revuelta”.

También quieren los socialistas que la Policía informe al juez sobre “la repercusión, seguimiento e impacto en las redes y a través de plataformas de streaming, y sitios de internet de la retransmisión de estos hechos, informando sobre su impacto, naturaleza y vinculaciones de las plataformas y perfiles que difundieron los hechos, especialmente, en relación, a organizaciones de extrema derecha, y los autodenominados miembros de Noviembre Nacional, Vox y Revuelta”.

En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, también pide al juzgado que exija a Vox información “sobre su vinculación, formal, orgánica, u económica en el momento de los hechos con la organización Revuelta”, sobre “la afiliación en el momento de los hechos o posterior de los investigados, y en su caso, cargo o papel dentro de la organización” o sobre “si en el momento de los hechos o posteriormente ha mantenido alguna relación laboral, profesional o de otra naturaleza con los investigados”.

Además, el PSOE pide “la busca, detención y puesta a disposición judicial del investigado Ding Jinxin” al entenderla como una “diligencia indispensable” después de que esta persona de origen chino fuera “identificada por la policía” y “tiene la calidad de investigado” en la causa. Igualmente, insta al juzgado a que oficie al Ayuntamiento de Madrid y a la Delegación del Gobierno en Madrid “para que remitan los expedientes completos sobre las autorizaciones que fueran tramitadas para la manifestación, concentración u evento ante la sede del PSOE en la calle Ferraz el 31 de diciembre de 2023 que se solicitaron”.

Sobre ambas administraciones, los socialistas solicitan, asimismo, que el juez les requiera que “remitan todas las actas de infracción, identificación o notas de servicio que se elaboraran la noche del 31 de diciembre de 2023 al 1 de enero de 2024” para “conocer la totalidad de los hechos relacionados con los investigados”, así como que “se elabore informe por la Brigada Provincial de Información que determine quienes fueron los organizadores formales y los responsables materiales del evento en el que se produjeron los hechos denunciados, como se financió el evento, cómo se publicitó el mismo y cuál era el objeto de tal evento, todo ello con investigación de la vinculación de los organizadores con organizaciones políticas o de extrema derecha”.

En el texto, el PSOE considera “necesario” todo ello “para acreditar que la concentración contaba con una organización, promoción e infraestructura económica y mediática por grupos de extrema derecha, por partidos políticos como Vox y por grupos violentos”. Como argumento, los socialistas señalan que “precisamente una de las consignas violentas y amenazantes que se gritaban por la masa de gente que allí se encontraba era 'colgadlo de los pies', en alusión a las palabras pronunciadas por el líder de Vox, Santiago Abascal, al Diario Clarín en Argentina”, refiriéndose al líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Otro de los requerimientos que recoge el escrito es que “se informe por la Policía Nacional, a través de la Delegación del Gobierno,si los investigados habían sido detenidos o identificados por su participación en algunos de los disturbios violentos que se produjeron casi a diario desde el 3 de noviembre de 2023 en las inmediaciones de la sede del PSOE, indicando los motivos de la identificación o detención, así como su posible vinculación con los organizadores de aquellas, especialmente los autodenominados Noviembre Nacional, por parte de las Brigadas de Información, Antidisturbios (UIP), o cualesquiera otras que intervinieran en aquellas actuaciones”

El PSOE considera necesaria esta medida “dado que la participación habitual en las concentraciones o actos violentos que se sucedieron desde el 3 de noviembre de 2023 suponen un indicio más, de que los investigados estaban implicados en actos violentos en relación con el PSOE” y Pedro Sánchez, “de forma habitual, y avalan la evidencia de que la convocatoria de esa nochevieja en Ferraz no era pacífica ni tenía una intención lúdica, sino que buscaba la intimidación y la coacción mediante la representación del violento linchamiento de un muñeco como si se tratara de Sánchez”.

“La nochevieja en Ferraz se produce como una continuación de los graves disturbios sucedidos durante días en las inmediaciones de la sede del PSOE, en las que se tenían que desplazar una cantidad importantísima de antidisturbios de la policía, helicópteros que sobrevolaban desde por la tarde hasta altas horas de la madrugada, drones, que dio lugar a que se tuvieron que colocar vallas de seguridad en su perímetro para proteger la sede del PSOE, la cuales fueron lanzadas con violencia a los agentes, que se vieron obligados a hacer cargas policiales dada la situación. Igualmente, se quemaron contenedores, se dañaron vehículos, etc., teniendo que ser retirados contenedores de obra, contenedores de basura y papeleras (los vecinos no pudieron sacar la basura durante días) para que no se lanzaran objetos a los agentes de policía y para que no se quemaran los mismos”, añade el PSOE.

El escrito señala que “con ello se quiere dejar en evidencia que previo a los hechos de la nochevieja en Ferraz donde se suceden los hechos que se denuncian, existieron graves y violentos altercados, en los que los investigados pudieron participar y que estarían vinculados a la convocatoria”.