Isabel Díaz Ayuso ha dado este jueves su primera entrevista después de que Hacienda revelase en un informe que su pareja, Alberto González Amador, facturó 4,4 millones de euros a Quirón Prevención entre 2021 y 2023, cuando comenzaron su relación. Durante la misma, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha estallado contra Pedro Sánchez por mencionar el caso de su pareja en el Congreso y ha vuelto a asegurar que todo se trata de una “operación de Estado” cuyo fin último es ella misma. 

Sin embargo, algunas de las afirmaciones que ha lanzado la presidenta en Telecinco en su defensa a Alberto González Amador son falsedades. Otras no son correctas o, al menos, no del todo. 

“Lo que han hecho es coger a un señor para intentar hacerme daño a mí”

Es una de las teorías que Ayuso difunde desde hace más de dos años: que toda la causa contra su pareja es una operación de Estado. Durante el juicio contra el fiscal general del Estado, el fiscal Julián Salto, encargado de la causa por fraude fiscal, ya explicó que no tuvo conocimiento sobre que era pareja de Ayuso hasta el ocho de marzo de 2024, tres días después de presentar la denuncia.

Alberto González Amador defraudó a Hacienda 350.951 euros entre 2020 y 2021 valiéndose de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla. Hacienda detectó desgravaciones de gastos sospechosos en la declaración del impuesto de sociedades presentadas en 2021 y de 2022 de la empresa propiedad de la pareja de Ayuso. Fue su abogado quien propuso llegar a un acuerdo con la Fiscalía, admitiendo la comisión de dos delitos, antes incluso de que esta presentase la denuncia para intentar evitar el juicio.

“No tenemos nada a medias”

elDiario.es publicó el 12 de marzo de 2024 que Ayuso y su pareja vivían en un piso de un millón de euros y 208 metros que González Amador compró después del fraude fiscal. La vivienda está ubicada en el distrito de Chamberí de Madrid y fue adquirida en julio de 2022. Sin embargo, Ayuso y su novio no viven en un solo piso, sino en dos: el domicilio ocupa dos plantas, con 387 metros cuadrados entre ambos. Se trata del sexto y el séptimo piso, uno está encima del otro. En noviembre de 2025, González Amador compró el ático de lujo por el que pagaba 5.000 euros de alquiler. Los pisos han sido adquiridos por él, pero ambos viven allí.

“Cuando él tiene como todos los empresarios de este país en un momento una disputa con Hacienda, decide que, sin estar de acuerdo, con tal de no perjudicarme a mí, quiere pagar. Cuando Hacienda se entera de que es quien es, algo con lo que atacar a Ayuso, decide que este señor ya no puede pactar con Hacienda, deciden filtrarlo ilegalmente”

Hay varias falsedades en esta argumentación de la presidenta madrileña. El caso de González Amador no le ocurre a “todos los empresarios”, sino que es poco frecuente. Menos del 1% de contribuyentes investigados acaban denunciados como él.

El comienzo de la inspección de la Agencia Tributaria se dio porque detectó que una empresa había disparado sus ingresos sin aumentar los beneficios por los que tributa. Maxwell Cremona, una de las empresas de la pareja de Ayuso, multiplicó sus ingresos por seis aunque había reducido sus beneficios declarados a menos de un tercio. Ahí saltaron las alarmas.

Hacienda no podía llegar a un acuerdo con él porque la pareja de Ayuso superó en dos ejercicios el límite del delito fiscal, más de 120.000 euros anuales. Cuando se supera ese límite, la Agencia Tributaria tiene que denunciar y el caso ya pasa de Hacienda a la Justicia. Es decir, la “disputa con Hacienda” de Alberto González Amador, como reconoció su abogado, es en realidad un fraude a Hacienda.

Antes de que se condenara al ex fiscal general, Álvaro García Ortiz, por la filtración de la confesión de la pareja de Ayuso, cuatro periodistas llegaron a ratificar ante notario que conocieron dicha confesión 31 horas antes que el fiscal.

“Desde Hacienda se ha ido troceando el expediente, se han ido troceando sus cuentas”

Ayuso no aclara a qué se refiere, pero es frecuente que a lo largo de los procedimientos judiciales el magistrado solicite diferentes informes sobre los hechos investigados. En este caso, además, hay dos causas penales distintas en torno a González Amador. Por un lado, se le ha procesado y está pendiente de juicio por dos delitos contra la Hacienda Pública, es decir, fraude fiscal y un delito de falsedad en Documento Mercantil. Y hay una segunda causa, todavía en fase de instrucción, que tiene que ver con su relación con Quirón Prevención y con uno de sus directivos: Fernando Camino. El juez acaba de encargar a la UCO, después de varios meses con la causa paralizada, un informe sobre las cuentas bancarias del empresario. Esta segunda ramificación del caso investiga la compra por parte del empresario por medio millón de euros de una sociedad sin apenas valor propiedad de la mujer de Camino. Y si aquella operación no fue, en realidad una compra, sino el pago encubierto de una comisión.

En diversos escritos e informes presentados en los últimos días, la Agencia Tributaria ha pedido autorización al juez para suspender sus inspecciones mientras siga la investigación penal. Es algo frecuente para evitar duplicidades y descoordinación. En uno de esos informes, la Agencia Tributaria revela que González Amador facturó un total de 4,4 millones de euros a través de sus dos empresas a Quirón Prevención entre 2021 y 2023.

“Ahora le abren de 2014”

Según Ayuso, ahora a su pareja le están buscando informaciones “de 2014”, cuando todavía quedaban años para que se conocieran. No es que rebusquen en fechas atrás sin motivo, sino que la “relación comercial” entre la pareja de Ayuso y la mujer de Fernando Camino “se remonta al menos al año 2014”.

Según otro informe de Hacienda de 2024, Amador pagó medio millón por una empresa de un alto cargo de Quirón, Fernando Camino, constituida junto a su esposa y su cuñado, Antonio Carrasco. El informe policial indica que la empresa de la pareja de Camino facturaba menos de 30.000 euros, no tenía empleados ni apenas actividad. Precisamente esta compra es la que está siendo investigada ahora por la Guardia Civil en la pieza separada. 

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha salido en defensa de la pareja de la presidenta, Alberto González Amador, después de que un informe de Hacienda revelara que facturó 4,4 millones a Quirón Prevención entre 2021 y 2023. El portavoz del Ejecutivo autonómico ha asegurado que la oposición acusa “de algo a una presidenta que ha ganado por mayoría absoluta” no está “ni condenada ni investigada, ni hay nada al respecto”. Miguel Ángel García Martín ha asegurado que la pareja de Isabel Díaz Ayuso “nunca jamás ha contratado con la administración regional” y que se trata de “una relación entre proveedores que además es muy antigua”.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Gobierno de Ayuso ha asegurado que “el Gobierno necesita una cortina de humo para tratar de tapar los escándalos de corrupción” como el caso del exministro José Luis Ábalos, condenado a 24 años de prisión. Este mismo miércoles Pedro Sánchez ha reprochado a Alberto Núñez Feijóo su apoyo a Alberto González Amador tras la publicación de las informaciones sobre su enriquecimiento: “Ustedes hostigan a mi mujer y protegen a un tipo que se está haciendo millonario con la privatización de la salud”.

Miguel Ángel García Martín ha asegurado que “a diferencia de Begoña”, en referencia a la mujer del presidente, citada por el juez Peinado para retirarle el pasaporte, la pareja de Ayuso “se está defendiendo con sus propios medios”. Además, siguiendo los argumentos del Gobierno autonómico, el portavoz ha asegurado que se trata de una “operación de Estado desde Moncloa” y que “No hay novedad, nada afecta a la Comunidad de Madrid ni a Ayuso”, así como que “se utilizaron medios públicos para atacar a un particular”.

A la pregunta de si puede afectar a la imagen de la presidenta, García Martín ha insistido en que tanto el PSOE como sus socios “necesitan cortinas de humo para tapar tanta corrupción” y que “tratan de equiparar cualquier tipo de cuestión para que no se hable de la trama de la corrupción del sanchismo”. “No hay mayor novedad por mucho que Óscar López o Pedro Sánchez traten de buscar el empate”.

Durante la rueda de prensa, el consejero de Cultura y Deporte, Mariano de Paco, ha presentado el proyecto para ampliar el estadio del Rayo en Vallecas, que contará con más aforo y zonas VIP.

“Siempre hemos defendido esa relación correcta entre la Agencia Tributaria y todos los contribuyentes”

Sobre las palabras del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que dijo en declaraciones a El País que la Agencia Tributaria “debería ser dinamitada”, el portavoz del Gobierno autonómico ha asegurado que ellos siempre han “defendido esa relación correcta entre la Agencia Tributaria y todos los contribuyentes” y ha puesto como ejemplo un “proyecto de ley de defensa de los contribuyentes” que presentaron hace unas semanas.

A preguntas de elDiario.es, el consejero portavoz ha respondido que puede “entender que algunos medios” o polítocos “quieran tratar de echar tinta de calamar de lo que está ocurriendo en nuestro país”. “Hacemos mal en taparlo, tenemos a un exministro condenado a 24 años de cárcel”, ha añadido sobre la condena a José Luis Ábalos.

El Gobierno de Ayuso ya tiene una propuesta en firme para remodelar el estadio del Rayo Vallecano y que el equipo no tenga que trasladarse desde su actual ubicación en Portazgo a otro entorno, como reclamaba su presidente. Se trata de una reforma integral de las instalaciones, a las que se añadiría un nuevo graderío en uno de los fondos para aumentar el aforo hasta los 18.500 espectadores, además de añadir nuevas instalaciones en una parcela propiedad de la Comunidad de Madrid.

Los detalles del proyecto, que el Gobierno regional ha explicado este miércoles después de que lo adelantara El Mundo, pasan por un nuevo diseño de las gradas en el que las líneas curvas toman protagonismo, con estructuras voladizas que obligarían a un pequeño desplazamiento del actual césped de juego. De este modo, ambos fondos dispondrían de graderíos simétricos volados, lo que permitiría reordenar la disposición del recinto mediante una ampliación aérea hacia la calle Payaso Fofó, sin alterar la huella actual del inmueble

En total se ganarían unos 4.000 asientos, respetando a la vez la fachada histórica del Estadio de Vallecas, con protección parcial urbanística. El proyecto recupera como referencia la configuración que tuvo el estadio entre 1955 y 1970, cuando contaba con gradas en sus cuatro lados.

La fachada se presenta como una doble piel ligera, translúcida y permeable que permitirá mostrar parte de la estructura original del edificio. Se plantea también una reforma integral del interior que incluya el cambio de asientos y la actualización de pasillos y escaleras, junto a la mejora del resto de infraestructuras y servicios del campo. También plantea la instalación de pantallas LED.

El otro elemento destacado de la propuesta, que ya se ha formulado al Rayo Vallecano, es el de la torre anexa que se levantaría sobre una parcela propiedad de la Consejería de Cultura, Deporte y Turismo. En ella podrían estar los palcos vip que pedía Martín Presa para poder generar más ingresos económicos al club, así como otras actividades como presencia de federaciones deportivas madrileñas. Habrá “nuevos usos deportivos y sociales compatibles con la actividad del equipo franjirrojo”, ha indicado la Comunidad en nota de prensa posterior a su presentación.

Además de la renovación de las instalaciones, se optimizaría su uso mediante una redistribución de los espacios para albergar las diferentes áreas del recinto, entre ellas, los vestuarios del primer equipo y del conjunto visitante, la sala de prensa y de trofeos, la zona mixta y el palco de honor. La propuesta también recoge la adaptación de dependencias para las distintas federaciones deportivas que desarrollan o puedan desarrollar su actividad en el estadio, así como la ampliación de los servicios disponibles para usuarios y espectadores.

El coste total del proyecto, diseñado por los arquitectos Julián Zapata y Pablo Moreno, ascendería a 60 millones de euros, la cifra que la presidenta regional aireó en su reciente viaje a Estados Unidos, donde ofreció a empresarios americanos privatizar la construcción y gestión del estadio. En ese sentido, Mariano de Paco no ha adelantado todavía el tipo de concesión que se otorgaría con estas obras, aunque sí que ha adelantado que habría “un cambio”. “El control va a ser total por todas las partes, lo que queremos todos es que ese nuevo estadio se mantenga en el tiempo”, ha explicado en respuesta a las preguntas en rueda de prensa este miércoles.

En cuanto a los inversores necesarios para poner en marcha este proyecto, el consejero ha asegurado estar “convencido” de que “vamos a tener financiación”. Y luego ha sentenciado: “Lo que puedo asegurar es que Vallecas tendrá un nuevo estadio”. El objetivo es llegar al año 2029 con el nuevo estadio, para lo que no sería necesario el traslado de los partidos del club, ya que los 24 meses de obras necesarios convivirían con la actividad deportiva.

Uno de los cambios más reclamados por la afición es la modernización en el sistema de venta de entradas. De Paco ha asegurado que “se incrementará toda la infraestructura” para mejorarlo. “La propuesta va más allá de una mera reforma del campo, tiene que ver con un proyecto deportivo amplio, social, cultural, un proyecto de dinamización del barrio y del distrito”, añadía el consejero.

La parcela donde se construiría la torre y un edificio anexo cuenta actualmente con una construcción dedicada a las sedes de diferentes federaciones regionales de deportes como patinaje o gimnasia, además de campos deportivos. “La idea es ampliar a muchas federaciones deportivas”, ha aclarado De Paco sobre el nuevo edificio, que contaría además con parking subterráneo. Al lado de esta parcela se encuentra situado el centro deportivo municipal Ángel Nieto, que se mantendría fuera del proyecto por pertenecer al Ayuntamiento.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha abierto expediente sancionador a varios pequeños comercios gallegos por supuestos incumplimientos de la normativa de protección a los consumidores con multas que van desde los 11.000 a los 13.000 euros. La Comunidad de Madrid argumenta que los comercios tienen páginas webs que pueden vender en todo el territorio, con lo que “cualquier comunidad autónoma puede actuar”, mientras la Federación Galega de Comercio critica como “injustificada” la medida: “Son comercios familiares, esta sanción les va a llevar al cierre pero seguro”.

Los comercios afectados se encuentran en las regiones de Vilanova de Arousa, Viveiro, Cambados y Foz y se trata de empresas pequeñas que, según José María Seijas, presidente de la Federación Galega de Comercio, solventaron las faltas en sus páginas web en cuanto recibieron las sanciones y que ni siquiera habían llegado a vender ningún producto online.

La consejería de Economía argumenta que la Comunidad de Madrid está dentro del Plan Sectorial de Control de Productos Textiles del Ministerio de Consumo y que debe “llevar a cabo actuaciones de inspección y vigilancia” y, si con estas funciones se detectan infracciones, “está obligada a actuar”.

En este caso, el Gobierno de Ayuso asegura que los supuestos incumplimientos vendrían por “no aplicar correctamente el derecho de desistimiento (14 días en los que el consumidor puede desistir de su compra sin dar más explicaciones), defectos de etiquetado en los productos a la venta, limitaciones a la hora de reclamar contra la empresa vendedora o en relación a la garantía de los productos”.

José María Seijas, en declaraciones a elDiario.es, asegura que “no hay ninguna denuncia por parte de ningún consumidor” en estas webs y lamenta que antes de la sanción no se haya remitido ningún aviso, como sí suele hacer la Xunta de Galicia. “Me parece incongruente que se vaya a buscar así” estos casos, critica Seijas, que reconoce que si algún aspecto perjudica al consumidor se debe interponer una multa pero no “de esta forma”. Una de las tres comerciantes ha decidido cerrar la página web porque “no le compensa”, un extremo que el presidente de la Federación lamenta: “Llevamos trabajando mucho tiempo para que el pequeño comercio se informatice”, explica, y ahora se encuentran con esta situación en lugar de recibir “un apoyo”.

Fuentes del Ministerio de Consumo indican que las autoridades autonómicas sí pueden actuar para sancionar si la empresa está radicada en su territorio o si “se manifiesta la lesión o riesgo para los intereses de los consumidores y usuarios radicados en dicha región, aunque la empresa no sea originaria de allí”. Es decir, la Comunidad de Madrid sí puede actuar siempre y cuando considere que “los productos se están poniendo a disposición de los consumidores de su territorio y estos pueden resultar potencialmente afectados”.

Otro de los puntos que pide Seijas es que si “las comunidades pueden sanciar unas los comercios de las otras”, que sean los directores de consumo autonómicos los que se pongan de acuerdo para establecer una normativa única. elDiario.es se ha puesto en contacto con la Xunta de Galicia, pero por el momento no ha recibido respuesta.

Estos expedientes se encuentran en “fase inicial”, por lo que caben todavía alegaciones y no se habrían hecho efectivas las sanciones, que, aseguran desde la Comunidad de Madrid, son las que “establece la normativa básica estatal”. La Federación ya ha adelantado que alegará y aseguran que cuentan con el respaldo de la Dirección General de Consumo gallega para intentar impedir que las multas lleguen al bolsillo de las comerciantes gallegas.

Manuel Bautista, alcalde de la localidad madrileña de Móstoles, ha recurrido la apertura de una investigación contra él por acoso sexual y laboral tras la denuncia de una exconcejala del PP en el municipio. Tal y como ha adelantado El País y ha podido comprobar elDiario.es, la defensa de Bautista reduce todas las acusaciones a “discrepancias personales” y conflictos “en el ámbito de las relaciones políticas” y solicita que, al menos, se suspenda la citación de la querellante del próximo 29 de junio hasta que exista una decisión firme sobre tu petición de archivo. Pide, además, que el PP no pueda ser considerado responsable de los hechos en el procedimiento tal y como pide la exconcejala.

La exconcejala de Móstoles denunció a Bautista de forma interna por un presunto caso de acoso sexual en 2024. Según el relato de la denunciante, este supuesto caso de acoso sexual derivó en otro presunto caso de acoso laboral por la negativa de acceder a las peticiones del alcalde. La exedil se reunió entonces con diferentes dirigentes del PP de Madrid como Alfonso Serrano o Ana Millán, aunque Isabel Díaz Ayuso no acudió a ninguna de estas reuniones y no recibió a la exconcejala. A quien sí recibió la presidenta de la Comunidad de Madrid fue al alcalde solo cinco días después de recibir por escrito la denuncia interna de la exedil. Ni el PP de Madrid ni su Comité de Derechos y Garantías activaron protocolos ni abrieron expediente. De hecho, desde que comenzó la polémica, la posición oficial del partido y de la presidenta ha sido la de respaldar a Bautista.

Finalmente, la exconcejala decidió presentar una querella el pasado 16 de febrero. El 9 de marzo reclamó “un impulso procesal” porque casi un mes después no se había avanzado en la denuncia. La Fiscalía pidió entonces abrir una investigación, como finalmente ha ocurrido y ella ha sido citada el próximo 29 de junio para ratificar sus acusaciones y ser examinada por un forense.

En un escrito de casi 80 páginas, la defensa del alcalde de Móstoles cuestiona que el relato de la exconcejala, incluso siendo asumido de forma literal, pueda implicar la apertura de un proceso penal como ha hecho el juzgado de violencia sobre la mujer de la localidad. Todo son, según su versión, “discrepancias personales, conflictos de funcionamiento interno, decisiones organizativas, percepciones subjetivas, valoraciones personales y actuaciones desarrolladas en el ámbito de las relaciones políticas y partidarias”.

La exedil describió en su querella cómo rechazó las propuestas sexuales de Manuel Bautista y cómo, a partir de entonces, fue sometida al ostracismo hasta su salida de la política y dimisión como concejala. El recurso presentado ahora por el regidor empieza por negar la existencia de acoso sexual ante, dice, “una ausencia absoluta de solicitud de favores de naturaleza sexual”, achacando la querella a “interpretaciones posteriores” de lo que no pasam de ser, según su criterio, “malentendidos relacionales”.

La defensa del alcalde entiende también que “no cualquier conflicto interpersonal en el ámbito laboral resulta penalmente relevante” que en este caso, además, el PP no debería ser responsabilizado. Tampoco encuentra pruebas de las secuelas psicológicas que denuncia su antigua colaboradora: “El relato se apoya exclusivamente en expresiones genéricas de malestar emocional como ”incomodidad“, ”miedo“, ”vergüenza“ o ”sobresalto“. Tampoco hubo, alega, coacciones ni revelación de secretos por la difusión de unos correos electrónicos.

La exconcejala del PP está llamada a declarar en los juzgados de Móstoles el próximo día 29 de junio, momento en que también será evaluada por un forense como es habitual en estos casos. La defensa del alcalde pide suspender esta comparecencia hasta que exista una decisión firme sobre su recurso. Y alerta de los “efectos difícilmente reversibles” que tendría para él seguir adelante con una causa que, añade, “ha adquirido una notable repercusión pública y mediática”. “La continuación de la instrucción en estas circunstancias podría ocasionar perjuicios reputacionales y personales de imposible reparación ulterior en caso de prosperar las pretensiones de esta parte”.

Es una de las urbanizaciones más grandes de la Comunidad de Madrid y ahora los vecinos se encuentran en medio de una guerra por la gestión de un recurso básico: el agua. Desde 1995 la entidad urbanística El Bosque, en el municipio de Villaviciosa de Odón, se encargaba de su administración, pero ahora la situación ha cambiado: los nuevos miembros denunciaron la explotación irregular de pozos de agua, la ocultación de sanciones y el posterior “secuestro” del agua por parte del Ayuntamiento. Desde entonces, no han dejado de protestar contra lo que consideran un “hostigamiento” del Consistorio, del PP, que es quien debe tutelar las acciones de la entidad. Ahora un juzgado ha admitido a trámite la querella por tres delitos.

Sonia Guijarro salió elegida como presidenta de la entidad en 2022, cuando se renovó la junta y denuncia, en conversación con elDiario.es, lo que han vivido desde entonces. Según su relato, las anteriores juntas informaban “de lo que querían”. Por eso cuando entraron se sorprendieron con lo que encontraron: “Los ordenadores eran del anterior administrador, que estuvo en el cargo durante casi 30 años. No podíamos tocar nada porque todo era de su propiedad”, indica.

Hicieron entonces una auditoría forense para saber cómo se estaba gestionando todo y contrataron a un despacho de abogados especializado en agua. “Aquí es donde empieza el juego, empiezan a pedir documentación y el Ayuntamiento no nos facilitaba nada, tuvimos que reconstruir todo”, asegura. Y en este punto, a través de un informe de los abogados, se encuentran unas facturas de órdenes de pozos: “De repente aparecían tres pozos sin regularizar”.

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) preguntó si querían regularizar algún pozo más aparte de los cinco que ya tenían, pero no lo hicieron, a pesar de mantener otros tres pozos abiertos, relata Guijarro: “Da rabia. Nadie nos informó de ello”. Y eso hizo que los vecinos de la urbanización estuvieran usando sin saberlo durante décadas el agua de esos tres pozos denunciados como ilegales. “Cuando llegó el Seprona habíamos desmontado los pozos, por eso fue una sanción leve”, explica Guijarro. “Estamos hablando de una sanción de millones de euros que habría caído en la entidad urbanística”.

Una vez la nueva junta detectó el problema, según el relato descrito, se comunicó tanto a los vecinos como al Ayuntamiento. Y ahí es, explica Guijarro, cuando entra un nuevo problema: el Consistorio —aseguran— comenzó con “presiones y persecuciones”. Una situación que acabó en 2024 con la anulación de las elecciones por las que se revalidaba la junta después de que uno de los candidatos recurriera el proceso en el Ayuntamiento y este lo tramitara.

La nueva junta recurrió esa anulación y, según se recoge en la querella, miembros del Ayuntamiento condicionaron el resultado de ese recurso “frente a la anulación de unas elecciones legítimas” en la entidad a que esta “se comprometa a firmar un convenio relativo al uso del agua y el mantenimiento y conservación de la entidad, cediendo todas las competencias al Ayuntamiento”.

Según recogen en el escrito, la entidad no acepta y entonces, según su versión, “se le indica que no se estimará el recurso de alzada”. Sin embargo, el Consistorio argumenta que estaban obligados “a tramitar y resolver dicho recurso. Tras el análisis del expediente por parte de los servicios jurídicos municipales, se dictó una resolución estimando el recurso planteado por la candidatura recurrente y declarando la invalidez del proceso electoral”, indican.

“La reacción del Ayuntamiento fue toda la contraria a la que esperábamos”, critica la vecina de la localidad, que lamenta que no hayan querido “colaborar” con ellos, a pesar de que los pozos están en término municipal y zonas protegidas del Guadarrama. “¿Por qué tenemos que pagarlo los vecinos? Existieron problemas de gestión del agua y ahora nos señalan a nosotros”.

El “secuestro” del agua y la querella

En 2025, el Ayuntamiento aprobó el “secuestro temporal” del servicio, es decir, la gestión del agua —junto a otros servicios como la red de alumbrado— dejó de corresponder a la junta de la entidad y pasó al Consistorio. Según el escrito de la querella que presentó la entidad ese mismo año, esto fue utilizado como “instrumento para tapar las graves irregularidades históricas en materia de captación y gestión del agua”, aunque desde el Ayuntamiento lo achacan a “irregularidades en la gestión” y “en el servicio de abastecimiento de agua potable a domicilio”. Unas irregularidades que “nunca llegaron a concretarse ni a acreditarse”, asegura Guijarro.

La querella ha sido recientemente admitida a trámite —y recurrida por el Ayuntamiento— y ahora se investigan presuntos delitos de prevaricación administrativa, defraudación de fluido eléctrico o análogas y contra la ordenación del territorio y medio ambiente. En el texto se recogen los expedientes sancionadores por parte de la CHT por la explotación de los pozos no autorizados, y además se denuncia que ese procedimiento “se mantuvo oculto a los vecinos” así como a la nueva junta.

“Se consintió la continuidad de un sistema apoyado en pozos carentes de la necesaria cobertura concesional y de control sanitario adecuado”, indican en el documento, por el que denuncian por estos presuntos delitos a Juan Pedro Izquierdo, actual alcalde del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón y anteriormente concejal de urbanismo en el consistorio, además de a otros miembros de la alcaldía y de la anterior junta de la entidad El Bosque.

Pero no solo está esta querella: Guijarro, que ya ha sido citada para ir a testificar en la fase de instrucción en el mes de septiembre, recuerda que se han admitido otros cuatro contencioso-administrativos contra el Ayuntamiento. “El Ayuntamiento siempre ha tenido la obligación de tutelar a la entidad y nunca la tuteló”, critica. “No nos queda otra que acabar en los tribunales”.

El Ayuntamiento niega las acusaciones

El Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón rechaza lo presentado en la querella: “Carece manifiestamente de fundamento y responde a una huida hacia adelante”, dicen, en declaraciones remitidas por correo electrónico a elDiario.es. El equipo argumenta que antes de la presentación de la querella se habían comunicado las mismas a la Fiscalía y a la Confederación Hidrográfica del Tajo.

El Consistorio insiste en que “todas las medidas cautelares y cautelarísimas han sido desestimadas” y añaden que desde el Ayuntamiento se ofrece la posibilidad “de consultar todos los expedientes que están a su disposición de forma que puedan comprobar la adecuación de las actuaciones municipales al ordenamiento jurídico”.

Guijarro insiste: “Juan Pedro Izquierdo ya en 1997 y 1995, cuando se hace uno de los pozos irregulares, acudía a las asambleas de la entidad. Un presidente se le ocurrió decir que iban a hacer entonces un nuevo pozo y este señor no hizo nada como concejal de urbanismo”. Sin embargo, el equipo de Izquierdo asegura que los concejales de la Corporación “no tenían conocimiento de la situación del servicio”, sino que ha sido “con posterioridad” cuando se ha “tenido conocimiento de la posible situación irregular de las concesiones administrativas, que no de los pozos”. Es decir, argumentan que los pozos en sí mismos no son irregulares, sino que, en todo caso, lo que serían irregulares serían las concesiones.

El Ayuntamiento también asegura que “desde la constitución de la Junta Gestora municipal se ha informado a los vecinos de todos los expedientes sancionadores recibidos por la Entidad Urbanística” de la CHT.

Ahora, de cara al verano la batalla judicial continúa y la situación se vuelve todavía más complicada por las altas temperaturas y el riesgo de incendio. Precisamente este lunes por la tarde se ha logrado estabilizar un fuego de vegetación en el municipio que ha obligado a confinar a algunos vecinos en el camino de la Zarzuela, que también funciona como una entidad urbanística. “Tenemos pánico a que falte el agua. Nuestro estudio dice que somos una urbanización que no puede ser desalojada en caso de incendio porque el bosque entra en las viviendas”, dice Sonia Guijarro.

Este viernes, los niños salían de los colegios con una mezcla entre felicidad por el inicio de las vacaciones y tristeza por el fin de curso, que para algunos también significaba el fin de una etapa. Algunos lloraban, otros celebraban, pero una cosa que tenían en común es que casi todos salían sudando, algunos con la cara roja y otros mojados por el agua que sus monitores les echan para refrescarlos. Es el último día de clase oficial y en un colegio del distrito madrileño de Carabanchel el termómetro marca 38 grados en el recreo a mediodía. Después de semanas de lucha, las familias despiden el año escolar con una asignatura pendiente: la del calor en las aulas y la falta de climatización agravada por los cada vez más frecuentes episodios de altas temperaturas. “Han normalizado lo que en absoluto es normal”.

Una de las críticas que se repiten entre las asociaciones de familias (AFAS) de los colegios de la capital es que parece que ahora ya llega el fin de las clases y ya se puede olvidar el problema, pero que realmente ese problema sigue ahí y no solo para septiembre. En muchos casos, los colegios se convierten en campamentos de verano, muchos de ellos para niños además en situación de vulnerabilidad. Además, las escuelas infantiles extienden su actividad hasta finales de julio, por lo que los más pequeños siguen sufriendo las consecuencias de no tener aulas preparadas para el calor. “Guantánamo está a la par que las escuelas infantiles”, dice Lola, miembro de una de las AFAS.

Después de semanas de movilización en las que las familias han acudido a la Asamblea de Madrid para exponer la problemática, ahora hacen una valoración “agridulce” de lo sucedido este último mes. Javier Zamora, de la Plataforma Aprender Sin Calor, posiblemente la que más se ha movido en la Comunidad, asegura que las “administraciones siguen sin dar una solución”, aunque algunas juntas de distrito sí han intentado remar a favor: “Cualquier cuestión que pueda bajar un grado en un aula ya es un motivo de celebración”, asegura Javier en declaraciones a elDiario.es.

A la hora a la que los niños salen de clase, a las 13.00, el termómetro en el recreo de un colegio de la capital no para de subir y bastan solo diez minutos bajo el sol para empezar a sudar. Los niños salen de clase y se puede escuchar cómo sus profesoras les advierten para no quedarse mucho rato bajo el sol. “Es un entorno muy hostil”, admite Lola. La niña el otro día volvió a casa con una redacción: “Decía 'me lo he pasado muy bien en el cole y he vuelto a pasar mucho calor'. Han normalizado una situación que en absoluto es normal”, lamenta. Tanto ella como otras familias relatan las consecuencias de que los niños pasen tantas horas con temperaturas excesivas: mareos, falta de concentración y en ocasiones sangrados nasales.

Tanto en su colegio como en otros de la capital, los profesores han decidido medir las temperaturas de las aulas de manera “furtiva” y en muchos casos registran unos 29 o 30 grados ya a primera hora de la mañana, antes de que entren los niños. A lo largo de la mañana y según la ubicación del edificio, el centro se va calentando, lo que hace que incluso actuaciones como toldos se queden cortas. Ante la negativa o el silencio administrativo en las solicitudes de aparatos de aire acondicionado o similares, las familias también han intentado en ocasiones poner dinero de su bolsillo o del propio colegio para intentar buscar parches que mejoren un poco las condiciones, pero esto también es complicado porque a veces cuentan con el rechazo de las instituciones. Esto lleva a otra imagen: la de los niños con ventiladores portátiles en bolsas y sprays con agua para soportar el calor.

En otro colegio público de Usera, Sonsoles, miembro de la asociación de familias de su centro, explica que los niños regresan a sus casas con los ventiladores porque ya se acaba el curso. Mientras los niños corretean a la salida, ella explica que este es un “problema estructural”: “Las administraciones se están resistiendo por una lógica de no invertir en educación pública y llegará un momento en que los datos y la realidad se pongan por encima de cuestiones ideológicas”. Sonsoles enseña las aulas, que registran más de 30 grados a esa hora de la tarde. Durante la entrevista, en una de las preguntas se cuela su hija: “¿El calor inspira?”, la niña responde antes que su madre moviendo el dedo diciendo que no. “Los niños no tendrían por qué inspirarse en una situación que va en contra de su salud. Es un razonamiento para salir del paso, bastante poco convincente y un poco bochornoso”, zanja.

“Si quieres que tus hijos no se cuezan de calor, llévalos a la privada”

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la Consejería de Educación, liderada por Mercedes Zarzalejo, cierran el debate asegurando que han llevado a cabo “1.500 actuaciones para mejorar la climatización y el confort térmico” por un “importe de casi 60 millones de euros”. Sin embargo, para las madres y padres de los más pequeños que siguen soportando altas temperaturas en clase, esto no es suficiente: “El problema sigue ahí, no es una cuestión puntual”, argumenta Javier Zamora. “La Consejería muestra pasividad y algunos representantes, una actitud que no está a la altura de las circunstancias”, asegura. Para Lola, la reacción política se resume en una “tomadura de pelo, excusas y pasarse la pelota”. Lo que ahora piden las familias es que el verano sirva a los representantes políticos para que “reflexionen” y “vuelvan con un plan” que incluya un calendario de actuaciones y un presupuesto para el curso que viene.

En el colegio de los hijos de Pablo y Marina, en Arganzuela, las familias también han llevado ventiladores, especialmente para las plantas superiores, que son las que más temperatura alcanzan. En su caso, el edificio es muy antiguo y en el recreo apenas cuentan con zonas de sombra, un añadido al problema. Han calculado el espacio como el equivalente a tres o cuatro sombrillas de bar, lo que hace que los niños de infantil no puedan directamente salir fuera en las peores horas. Las monitoras de comedor piden al resto que se queden en la sombra, pero el espacio es muy pequeño. Próximamente, este colegio también será un campamento de verano y, con la próxima ola de calor, las familias temen que no se pueda “ni entrar”. “Los coles son espacios que podrían ser refugios climáticos, podrían estar abiertos durante el verano para poder hacer todo tipo de actividades... pero está resultando al revés”, lamentan Pablo y Marina.

Ambos enseñan las instalaciones y, de nuevo, el termómetro comienza a subir. Dos profesores, que prefieren no indicar su nombre, expresan su frustración. En su caso, los compañeros que tienen que dar clase en las plantas superiores son los que se llevan la peor parte: “Están muy agobiados”, reconocen. Además de por la temperatura, por la reacción de los niños: “Están más distraídos, cuesta conseguir la atención, empiezan bien por la mañana, pero van estando peor, están más inquietos, más enfadados”, especialmente los más pequeños, que están más irritables pero, además, no saben por qué. “También paramos las clases para que beban agua con más frecuencia o para refrescarles”, explican.

Una situación que afecta principalmente a los niños, pero que también dificulta que los trabajadores puedan ejercer su profesión con normalidad. “Lo que veo es que hay compañeras embarazadas que se han cogido la baja antes”, ejemplifican. En conversación con los profesores, Pablo y Marina se preguntan si hay que llegar hasta el límite de organizar huelgas y que los profesores se vayan antes a casa, dejando a los niños en el colegio. “¿De verdad cuesta tanto entender que hay personas que necesitan una temperatura normal para llevar a cabo su actividad diaria?”. Pablo resume la sensación generalizada tras todos estos días de lucha: “Si quieres que tus hijos no se cuezan de calor, llévalos a la privada”“.

Las críticas de la oposición a Isabel Díaz Ayuso tras las investigaciones de los últimos años que rodean a su pareja, Alberto González Amador, y el grupo sanitario Quirón, que ingresa mil millones al año de la Comunidad de Madrid, se repiten pleno tras pleno en la Asamblea. Ahora, tras un escrito de la Agencia Tributaria, se ha conocido que González Amador —a quien Ayuso se refiere como un “ciudadano particular”— llegó a multiplicar por siete sus ingresos de la empresa después de iniciar su relación con presidenta autonómica, en 2021. A lo largo de estos años, tanto la propia Ayuso como su equipo han salido a defender no solo a González Amador, también al grupo empresarial.

Hacienda ha cifrado en 4,43 millones de euros las cantidades cobradas por González Amador del grupo sanitario entre 2021 y 2023. De 2020 hasta 2023, la cifra asciende a 4.711.768,83 euros. Un dinero facturado a través de sus dos empresas, Maxwell Cremona y Masterman & Whitaker por unos servicios de consultoría en los que la Agencia Tributaria ha hallado “indicios de simulación”, tal y como publicó elDiario.es. Este jueves, el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, intentó desacreditar estas informaciones con ataques a la Agencia Tributaria, de quien dijo en declaraciones a El País que “debería ser dinamitada”.

Desde 2024, la presidenta del Gobierno madrileño ha salido en defensa de Quirón en múltiples ocasiones sin explicar por qué la compañía disparó sus ingresos tras empezar su relación y utilizando diferentes argumentos, como que es “el mejor grupo sanitario de España”.

Mayo de 2024: “¿Van a desguazar la colaboración público privada que funciona?”

En mayo de 2024, la presidenta de la Comunidad se enzarzaba con la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, por el grupo Quirón. Bergerot acusó a Ayuso de que “lo suyo es abrir oportunidades de negocio para sus favoritos y sus familiares a costa de los pacientes” y aseguró que a Quirón se le iba a “acabar el chollo” tras la ley para frenar la privatización en los hospitales impulsada por Mónica García.

Durante el pleno de la Asamblea de Madrid, Ayuso respondía: “La Fundación Jiménez Díaz es la mejor valorada por sus pacientes. ¿La van a desguazar? ¿Van a desguazar toda la colaboración público privada que está funcionando?”. La presidenta autonómica acusaba a Bergerot de querer “reventar las listas de espera en Madrid. Quieren reventar el sistema sanitario, cuando es el mismo en Asturias o en Catalunya, que es mucho más privatizado. El 70% de los hospitales en Catalunya son privados y también opera Quirón, ¿los va a cerrar?”, preguntaba.

Durante su intervención, Ayuso apuntaba hacia la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid: “Quieren reventar toda la Comunidad de Madrid por envidia, sectarismo y política. Reconózcanlo”.

Marzo de 2025: “Es uno de los mejores grupos sanitarios en Madrid”

Ya en 2025, después de que la jueza recibiera luz verde de la Audiencia de Madrid para investigar si la pareja de Ayuso sobornó a un directivo de Quirón en una pieza separada, el grupo empresarial volvió a salpicar el pleno de la Asamblea de Vallecas. En esta ocasión, también la diputada Bergerot criticó los “chanchullos” del novio de Ayuso.

Ante las acusaciones, la líder del PP madrileño defendió a Quirón, evitando hablar de Alberto González Amador: “El grupo Quirón es el principal grupo sanitario de Europa, con algunos de los mejores hospitales públicos de España, también en Catalunya”. “Es uno de los mejores grupos sanitarios en Madrid, lleva la Fundación Jiménez Díaz, que es uno de los hospitales más reconocidos por todos sus pacientes y que además contrata decenas de miles de médicos” y de otros sanitarios.

La presidenta de la Comunidad también aprovechó su intervención para afear a la oposición que “siempre” se “atreven” a “desprestigiar a la gente e intentar de manera prospectiva hablar de negocios privados que nada tienen que ver con el dinero público ni la gestión de la Comunidad de Madrid”.

La diputada de Más Madrid respondió a sus declaraciones: “Se emociona hablando de Quirón, no me extraña, porque bueno, son de la familia. Y a una siempre le conmueven esas cosas”.

Septiembre de 2025: “Le voy a pedir permiso a la oposición para que me digan con quién salir”

Unos meses más tarde, en septiembre de 2025 y en el debate sobre el estado de la región en la Asamblea, volvió a salir el mismo tema, a la luz de las últimas informaciones relacionadas con el juicio al ex fiscal general, Álvaro García Ortiz.

En este caso, la presidenta estalló contra la oposición. “Le voy a pedir permiso a la oposición para que me digan con quién tengo que salir”, dijo, teniendo en cuenta que la Comunidad de Madrid “se relaciona cada año con 13.000 empresas. Muchas de ellas a su vez tienen ayudas, subvenciones de la Administración”. “Yo no puedo salir con nadie que se relacione con la empresa en la Comunidad de Madrid. Entonces, ¿con quién puedo salir? ¿Con el hermano de Pedro Sánchez?”, se preguntó irónicamente Ayuso.

Más adelante, volvió a su defensa del grupo Quirón tras los reproches de Más Madrid y PSOE, “un grupo sanitario que lleva décadas trabajando en la Comunidad, yo hace décadas no salía con nadie”, apuntó la presidenta autonómica.

De nuevo, hizo uso de sus argumentos sobre los sanitarios que trabajan en los hospitales privados de la empresa, así como a los pacientes que acuden a ellos: “Es uno de los grupos sanitarios por no decir el grupo sanitario más importante de Europa”. Y volvió a hablar de los profesionales y los pacientes relacionados con los hospitales privados: “Están faltando el respeto a miles de profesionales sanitarios, enfermeras, médicos, pacientes. ¿Por qué no se meten con los hospitales de Quirón en otras zonas de España?”.

“Vaya a la puerta de la Fundación y pregúntele a los pacientes cómo les han tratado... el índice de satisfacción es altísimo”, añadió.

Noviembre de 2025: “Voy a tener que hablar del mejor grupo sanitario de España”

Un mes antes de la condena al ex fiscal general del Estado en la que los jueces le atribuyeron —a él o alguien de su “entorno”— la filtración del correo del abogado de la pareja de Ayuso, la presidenta autonómica volvió a protagonizar un tenso rifirrafe por la empresa sanitaria.

En esta ocasión fue Mar Espinar, portavoz del PSOE en la Asamblea, quien lanzó a Ayuso que “Quirón se lleva su parte”: “No están derivando pacientes, derivan clientes”, le dijo durante su turno de palabra a la presidenta madrileña. Ante las acusaciones, Ayuso consideró que tenía que defender a Quirón de nuevo. “Le voy a tener que hablar del mejor grupo sanitario de España que tiene que soportar las iras de este gobierno y de todos los caniches que tiene por debajo”, comenzó.

Ayuso acusó a la oposición de “insultar, como en las dictaduras, a las empresas”, y de nuevo esbozó su argumento de que faltan el respeto tanto a pacientes como a sanitarios, argumentando una vez más que la Fundación Jiménez Díaz es “uno de los hospitales más valorados del mundo” o que Quirón está en otras comunidades e instituciones. “Tienen ustedes tanta caradura que lo único que hacen es insultar”, concluyó.

Diciembre de 2025: “Como dice la canción, se llama obsesión”

Una de sus últimas defensas viene de hace unos meses, en diciembre de 2025, de nuevo en otro pleno bronco frente a Mar Espinar. “Las listas de espera matan, pero a usted eso le importa una higa, porque usted no está aquí para hacer política, sino para hacer negocio, ¿verdad? Como hicieron su hermano y su pareja durante la pandemia”, le lanzó la socialista.

Frente a las palabras de Espinar, Ayuso respondió con la huelga de médicos y volvió a sacar el argumento de que otras administraciones también contratan con Quirón. “Doce hospitales de Quirón son los mejores del mundo, son de los mejores. ¿Dónde están cinco de ellos? ¡En Catalunya! ¿Y qué dice a su presidente, Salvador Illa? Nada, porque es su compañero. El 58% de los hospitales de Catalunya dependen de la sanidad privada y ustedes fueron los primeros que lo defendían. Por ejemplo, en el mismo Gobierno de Andalucía, el señor Griñán, el 47% de los centros hospitalarios funcionaban así. Y, si no, ¿dónde va a ir el señor Puente, ¡por favor!, a ser atendido? No empiecen entre ustedes”.

Pero la presidenta autonómica también añadió que lo que le sucedía a la oposición para lanzar esas críticas responde a otra motivación: “Como dice la canción, se llama obsesión, obsesión con Ayuso y corrupción con Sánchez”.

El que iba a ser el último pleno de la Asamblea de Madrid hasta la vuelta de vacaciones se ha centrado en el tema principal de estos días: la polémica por el abono de transportes. La decisión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de exigir el empadronamiento para poder acceder a las bonificaciones ha levantado ampollas por parte de la oposición, que ha acusado al Ejecutivo regional de excluir a las personas migrantes de las ayudas: “Les mueve la xenofobia y la inquina”.

Ante las críticas, Ayuso ha justificado la medida, que afectará principalmente a los estudiantes y a las personas migrantes, con que se tienen que pagar las nóminas del personal del sistema metropolitano de transportes. “Ustedes se vanaglorian de ir a muchos conciertos”, le ha dicho la presidenta a Más Madrid, “¿Por qué se puede ir un concierto de Bad Bunny y pagar entre 73 a 540 euros por ir a un concierto y no se pagan las nóminas de los empleados de metro de Madrid, de los ingenieros y de los obreros que están todos los días partiéndose la espalda para hacer ampliaciones del mejor suburbano del mundo?”, ha preguntado a la oposición.

Posteriormente, la portavoz del partido de Mónica García, Manuela Bergerot, ha retado al Gobierno autonómico a responder a quién quieren quitar el abono de transportes. “Esa es la pregunta que se está haciendo muchísima gente y es una pregunta que no se responde diciendo tonterías sobre los conciertos a los que va la gente de Madrid”, ha añadido en declaraciones posteriores.

La mayor parte del arranque del pleno se ha centrado en la polémica. La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, ha comenzado su intervención asegurando que la presidenta es “más de Vox que los de Vox”. Para los socialistas, este requisito del abono de transportes supone negárselo a “los que más lo necesitan”. Por su parte, Ayuso ha sido escueta en su respuesta y le ha lanzado a Espinar un dardo sobre la investigación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero: “Mal día en la joyería, ¿eh?”. Una frase que ha llevado a la socialista a recordarle a Ayuso las investigaciones en torno a su pareja, Alberto González Amador: “El símbolo de la corrupción de su Gobierno es el ático en el que vive”. “No vivo en un ático, pero me encantaría”, le ha respondido la presidenta para añadir que “ojalá” el grupo Quirón “le ponga una querella criminal por las barbaridades que dice. Siempre difamando a las empresas”.

También Más Madrid ha aprovechado su intervención para hablar del abono de transporte. Bergerot ha asegurado que lo que pretendía el Ejecutivo era “dejar sin abono a los migrantes” y que “en el camino” han “excluido a miles de trabajadores y estudiantes”. Tras la polémica, el Gobierno regional ha anunciado que se establecerán convenios con otras comunidades autónomas para poder recibir las bonificaciones aunque no se esté empadronado, aunque todavía se queda en el aire qué pasará con las personas migrantes, que tienen más complicado acceder al padrón: “Lo único que les mueve es la xenofobia y la inquina”, ha criticado Bergerot, que ha lamentado que esta norma afecte a “los más precarios” después de que Ayuso intentara paralizar la regularización de migrantes.

La ley del concebido no nacido se aprobará el 2 de julio en un pleno extraordinario

Este no será el último pleno del periodo de sesiones. La ley del concebido no nacido, que pretende reconocer al embrión como miembro de la unidad familiar desde el momento de su concepción, se aprobará previsiblemente el próximo 2 de julio en un pleno extraordinario en la Asamblea de Madrid después de que fuese suspendida por defecto de norma.

Ahora, fuentes del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso han indicado que, previsiblemente, se mantendrá un pleno extraordinario en el que se espera que el PP aplique su mayoría absoluta para sacar adelante la ley, una de las más importantes para el Gobierno regional.

En el pleno de este jueves, previsiblemente se aprobará la nueva ley de caza y pesca de la Comunidad de Madrid, que recoge cambios como la ampliación de las especies que se podrán cazar o la autorización de prácticas como la caza de paloma o cimbel y la perdiz con reclamo, modalidades criticadas por las asociaciones ecologistas. La mayoría absoluta del PP en la Asamblea aprobará también la nueva ley de empresa familiar.

También se debatirá la toma en consideración de la Proposición de Ley de Más Madrid de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación de la Comunidad de Madrid, así como la oposición del PP a la propuesta de creación de la Comisión de Investigación sobre la gestión del Canal de Isabel II en su expansión internacional.

La Mesa de la Asamblea de Madrid ha suspendido temporalmente ley del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por la que se reconoce al embrión como miembro de la unidad familiar. Según fuentes parlamentarias, esta norma, que se iba a aprobar en el pleno este jueves por la mayoría absoluta del PP y que es una de las grandes apuestas del Ejecutivo, ha sido suspendida por problemas de forma que se intentarán resolver en los próximos días.

La suspensión viene por la petición del PSOE de la Comunidad de Madrid, que pidió la nulidad del procedimiento y que se devolviese el texto al Consejo de Gobierno. En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, la portavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario Socialista, Lorena Morales, ha criticado que Ayuso “siete años después de que anunciara esa ley”, es “incapaz de traer un texto medianamente en condiciones”. “Esta ley no puede seguir adelante, la prioridad tienen que ser las mujeres y su bienestar”, ha indicado.

Según explican fuentes parlamentarias a elDiario.es, el Gobierno de Ayuso no envió tres informes: uno de Gestión de tributos, Dirección general de atención al ciudadano y otro del Consejo de la Infancia, de la Agobacía General de la Comunidad de Madrid. Este último es el que indicaba defectos en la forma de la ley y es por el que el PSOE ha solicitado la nulidad de la tramitación: “Sin la subsanación de las deficiencias de carácter esencial, el proyecto no estaría en condiciones de continuar su tramitación”, indican en el escrito remitido a la Mesa de la Asamblea. Este martes fue cuando entraron los informes a la Asamblea, pero el PSOE denunciaba que el anteproyecto de ley llegara al Consejo de Gobierno sin esos escritos.

Según el texto, la Abogacía de la Comunidad había solicitado la definición clara del alcande de la ley, la unificación del requisito de las semanas de gestación —para solicitar ayudas, el embrión cuenta desde el momento de su concepción, aunque para solicitar el carné de familia numerosa, tiene que tener más de 14 semanas— y la eliminación de la obligación de que se presente exclusivamente de forma online, entre otras cuestiones.

Además, el Grupo Socialista también critica que el procedimiento de aprobación por el que se iba a llevar a cabo la ley fuese el de “lectura única”: “Al faltar estos tres informes en el expediente original, los grupos parlamentarios no han podido evaluar el impacto real de la norma”.

Ahora, tras la decisión de la Mesa, se pretende resolver “en los próximos días” el error, aunque la actividad parlamentaria se paraliza este jueves hasta el mes de septiembre, cuando se vuelven a retomar los plenos en la Asamblea de Vallecas.

Una de las apuestas del Gobierno de Ayuso

La ley del 'concebido no nacido' es una de las grandes apuestas del Gobierno de Ayuso. Aunque la presentó hace años, ha sido hace solo unas semanas cuando el Ejecutivo regional aprobó el Proyecto de Ley para que el embrión fuese considerado “un miembro más de la unidad familiar” y así que pudiese contar para acceder a beneficios y ayudas en la Comunidad.

El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García Martín, explicó que la norma que buscaba “proteger la vida y ayudar a las familias que decidan tener un hijo” a través del reconocimiento del “concebido no nacido”.

Ya desde su presentación contó con las críticas de la oposición, tanto del PSOE de Madrid como de Más Madrid, que tras la noticia de este miércoles han asegurado que Ayuso “está más pendiente de montar un show mediático para los negacionistas del derecho al aborto que de legislar con sentido común y favor de los derechos de la infancia”.

Más Madrid confirma que no habrá alianza con Izquierda Unida y Movimiento Sumar para las próximas elecciones autonómicas de 2027. El partido de Mónica García ha asegurado que continúan trabajando “con el resto de formaciones políticas” para una hipotética coalición que dispute el poder a Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

Según fuentes del partido, “no hay nada sobre la mesa” en cuanto a posibles pactos futuros y argumentan que siempre han ido sin Izquierda Unida en la Comunidad, aunque no descartan alianzas puntuales en municipios como Rivas Vaciamadrid.

La decisión viene después de que tanto IU como Movimiento Sumar, Comuns y Más Madrid mostrasen su sintonía a través de la celebración de diferentes actos en el marco de la coalición para las generales, 'Un paso al frente', que presentaron el pasado 21 de febrero.

Desde Izquierda Unida muestran este miércoles su sorpresa ante la decisión de Más Madrid y aseguran que seguirán intentando conseguir esa alianza teniendo en cuenta la “buena” relación que han mantenido y mantienen los dos partidos en la Comunidad y también a nivel nacional. En cualquier caso, IU Madrid insiste en que se presentarán sí o sí a las próximas elecciones autonómicas, ya sea con otras fuerzas políticas o en solitario. “Queremos ir lo más acompañados posible, pero si los demás no tienen altura de miras iremos en solitario y con nuestras siglas por delante”, espetan fuentes de la federación madrileña de IU.

Carolina Cordero, líder de Izquierda Unida en Madrid, ha hablado también de esta sorpresa y ha dicho que no reconoce la información publicada como “declaraciones oficiales” con el fin de “no generar ruido”. “Todavía hay tiempo para ir avanzando”, ha asegurado. “Creemos que las alianzas deben versar sobre la propuesta política concreta, reconociendo que somos fuerzas distintas pero que tenemos mucha política en común. En el caso de Madrid es clarísimo”. “La gente nos está pidiendo una cierta estabilidad en torno a los acuerdos electorales”, ha añadido en declaraciones remitidas a los medios, por las que ha pedido “hacer un esfuerzo” para favorecer a esas posibles alianzas.

“Francamente, no entendemos que una decisión de este calado se traslade a través de fuentes o comunicados. Si alguien quiere hablar del futuro de la izquierda madrileña lo razonable es hacerlo en las mesas correspondientes, con respeto entre organizaciones y con altura de miras”, critican por su parte fuentes de IU federal, que califican de “irresponsabilidad” la decisión de Más Madrid. “Resulta difícil de entender que se hable de construir un frente amplio en el ámbito estatal mientras se descartan alianzas en uno de los territorios donde más falta hace una alternativa sólida a la derecha”, argumentan igualmente esas fuentes, que avisan de que está en juego “mucho más que una fórmula electoral de cara a unos comicios autonómicos”.

La formación de la ministra de Sanidad ya había descartado previamente una posible alianza con Podemos, ahora que Ione Belarra ha anunciado que será la candidata del partido para los comicios autonómicos de 2027. La líder de la formación morada encabezará una lista para intentar recuperar la representación que perdió el partido en 2023. Cuando anunció su candidatura, Belarra lamentó que “todo el mundo” se hubiese “rendido”. “El PSOE no presenta” en la región “más que candidatos de cuarta” y Más Madrid, a su juicio, se siente muy cómodo liderando la oposición. Ahora, fuentes del partido de Mónica García piden a Podemos que centre sus críticas en Isabel Díaz Ayuso.

Este lunes las colas eran similares a las de todos los días en las oficinas de Metro de Madrid en Sol. El personal que atiende a los usuarios trabaja como de costumbre, aunque salen a recordar la novedad que ya ha entrado en vigor: solo podrán solicitar la Tarjeta de Transporte Público Personal, el abono de transportes, aquellas personas que estén empadronadas en Madrid. Asociaciones y usuarios critican la medida del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que principalmente afecta a estudiantes, trabajadores en la capital que viven en otras comunidades y personas migrantes: “Perjudica a muchos inmigrantes. Hay mucha gente que alquila pisos y quienes se los alquilan no los quieren empadronar. Imagínate esa cantidad de gente cómo va a estar”.

Habla Cecilia, una de las usuarias de Metro de Madrid que hacen cola en la céntrica estación. En su caso, ella sí está empadronada y disfruta del abono, pero asegura que tiene “muchas amistades” que no lo están. “Incluso para regularizarse están haciendo un padrón policial. Imagínate tanta gente sin poder trabajar. Imagínate cuánto se gastan a diario en los pasajes sin tener el bono”, dice, en declaraciones a elDiario.es.

No es complicado encontrar a personas que, como Cecilia, aunque llevan ya un tiempo viviendo en España y, concretamente, en la capital, sí tienen conocidos a los que esta medida les afectará. Es el caso de Camila, que lleva ya cuatro años en el país y que es de Perú. A ella no le afectará porque está empadronada, pero a un familiar suyo, que acaba de venir para estudiar, sí. Entre el bullicio del resto de usuarios con prisas para subirse al metro, la joven relata las dificultades a las que se enfrentan las personas migrantes en la capital para solicitar el empadronamiento. “Tú vas a alquilar una habitación y un piso y muchas veces, aparte de las mensualidades y todo eso, te piden 400 euros o así” para poder empadronarse. “Mi prima alquiló una habitación, pero tenía que pagar 700 euros más” para poder solicitarlo.

Camila asegura que incluso ha llegado a ver grupos en redes sociales que cobran cientos de euros para que las personas migrantes se empadronen. “Están haciendo con todo esto un negocio”. Como en el caso de otros usuarios, la joven también entiende que se pida un empadronamiento, aunque reconoce que “perjudica a muchas personas”. “Es una pena, se sobreentiende pero es que también hay que ponerse...” [en la piel de esas personas].

Los trabajadores de la oficina siguen con normalidad su turno. Uno de ellos explica a elDiario.es que se esperaban una situación más caótica, pero dicen que en general la gente sí conoce la nueva medida, a excepción de unos pocos. Eso sí, asegura que quedan semanas todavía para recordar el cambio.

Las asociaciones tachan la medida como un “instrumento de exclusión social”

Uno de los argumentos que este lunes se han escuchado por parte del PP de Madrid es que esta medida no va contra los migrantes ni contra “ningún colectivo” en concreto. Unas declaraciones que desde Red Acoge critican por ser “muy engañosas”. “La Comunidad de Madrid no desconoce quiénes son las personas que tienen dificultades para el empadronamiento”, asegura Natalia Slepoy, responsable de área de incidencia de la asociación. “No se quiere personas con derechos, sino esclavos sin ningún tipo de reconocimiento”, asegura.

¿Y quiénes son esas personas? Aquellas que están en “situación de mayor vulnerabilidad”, que tienen más dificultad para acceder a una vivienda o que incluso están en situación de calle, y también personas como las trabajadoras internas. “Los ayuntamientos están poniendo obstáculos y están incumpliendo la legislación vigente que dice que toda persona tiene el derecho de empadronarse y el ayuntamiento la obligación de que esa persona esté empadronada sin importar la situación administrativa”, advierten.

Justo las personas no empadronadas son las que más complicado tienen para salir de esa situación de exclusión: “Quien no está registrado, no existe”. Pero es que además también afecta al conjunto de la población: “Si no están censadas todas las personas, las políticas públicas no serán acordes al conjunto de la población”. “Cuando se adoptan medidas como estas, el padrón se convierte en un instrumento de exclusión social”. Slepoy también pone de ejemplo el aumento a diez años de empadronamiento para acceder a una vivienda pública o “cuando se dificulta el acceso a la atención sanitaria, que en Madrid se incumple la ley reiteradamente”. “Medidas como estas son una política de prioridad nacional encubierta”.

Este mismo lunes, la presidenta de la Comunidad aseguraba que la medida se decidió porque el “contribuyente madrileño sufraga con sus impuestos el 90% del transporte público” y que este requisito se establece porque “hay que pagar” gastos como nóminas o modernizaciones de los vehículos. Sin embargo, para Red Acoge esto tampoco es del todo así: “Las personas, aun en situación irregular, contribuyen con sus impuestos indirectos a las arcas públicas y, por tanto, a pagar las nóminas de trabajadores que sí están regularizados”.

Hablan sobre esta cuestión Rocío y Elizabeth, dos mujeres que descansan bajo los toldos en las primeras horas de la tarde en la Plaza del Sol. “Si tú trabajas y pagas tu cotización, se supone que sale de ahí” el dinero para servicios públicos como el transporte, argumentan, independientemente de si están empadronadas o no. “Nosotros también pagamos”. Ambas tienen el padrón y los papeles en regla, pero el hijo de una de ellas vendrá a Madrid en julio y se encontrará con la nueva norma. “Va a ir a estudiar, al colegio y no se va a poder movilizar”, lamenta. O sí se va a poder movilizar, pero pagando lo que cuesta la tarjeta de diez viajes, un dinero que puede suponer un buen monto mensual si se utiliza mucho el transporte público. Ellas también relatan las dificultades a las que se enfrentan para conseguir el empadronamiento. “Es injusta”, dicen, sobre la medida.

Pero en las colas del metro también hay diversidad de opiniones: algunas personas procedentes de otros países, pero ya empadronadas y regularizadas aquí, consideran razonable la medida. Otras dos mujeres que aguardaban su turno, en este caso españolas, aseguran que está “muy bien hecho”. “Que se empadronen en un sitio, como nos tenemos que empadronar todos”, dicen en declaraciones a elDiario.es.

Fuera de la estación, Juan, de Perú, aguarda apoyado en un muro. El hombre asegura que “lo han complicado un poquito más”, pero que “tendrán sus razones”, aunque reconoce que es complicado para las personas que vienen de otros países poder conseguir darse de alta en el censo. Ahora Juan está empadronado y a punto de conseguir los papeles pero recuerda cómo fue para él cuando llegó a la capital. “Así como yo alguna vez estuve en esa situación, espero que haya alguna solución, alguna salida favorable para aquellas personas que también tienen derecho a estar, a disfrutar libremente de aquí, de España, que es un país hermoso”, dice a elDiario.es.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha referido este lunes al polémico anuncio del Consorcio Regional de Transportes (CRTM), que ha decidido excluir a los no empadronados de la Tarjeta de Transporte Público Personal, un abono que sirve para obtener bonificaciones en la red de Metro, bus o Cercanías. La decisión perjudicará sobre todo a estudiantes y personas migrantes que vivan en la región. Según ha asegurado Ayuso, su Ejecutivo pretende “promover acuerdos con más regiones” para los jóvenes universitarios.

Durante un desayuno informativo, la líder del PP de Madrid ha indicado que los nuevos requisitos, aplicables desde este mismo lunes, no afectarán a “los usuarios de provincias limítrofes” con las que la Comunidad tiene “convenio” y ha asegurado que esta decisión responde a “otra realidad”: “El contribuyente madrileño sufraga con sus impuestos el 90% del transporte público, lo use o no lo use”. Según ha continuado la presidenta regional, “hay que seguir” modernizando este transporte y adaptándolo, una situación que “hay que pagar”.

Ayuso ha indicado que ya hay convenio con algunas poblaciones de Castilla-La Mancha y Castilla y León y ha dicho que se seguirán impulsando otros acuerdos regionales para que los estudiantes puedan acogerse a las bonificaciones, aunque no se ha referido a las personas migrantes que se quedarán fuera por no estar empadronadas en la Comunidad de Madrid.

Críticas de Más Madrid

Más Madrid ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en la Asamblea de Vallecas para la “retirada inmediata” de la disposición. La portavoz del partido, Manuela Bergerot, ha asegurado que la medida “va a hacer la vida más difícil” tanto a estudiantes como a trabajadores que mantienen el padrón en sus provincias de origen y a “miles de personas migrantes que, en distintas situaciones administrativas, encuentras trabas para empadronarse en la Comunidad de Madrid”.

“Ayuso no necesita a Vox para hacer la vida más difícil a las personas migrantes”, ha asegurado. El partido también preguntará sobre el tema en el próximo pleno de la Asamblea de Vallecas.

Mientras continúa la polémica por las declaraciones de los últimos días del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sobre el calor que sufren las niñas y niños de la región en las aulas de los colegios, un grupo de ayuntamientos ha tomado nota de lo que las asociaciones llevan años reclamando y actúan para llegar donde la Comunidad de Madrid no lo hace. Independientemente de su signo político, consistorios como el de Rivas-Vaciamadrid, con una coalición de izquierdas, o el de Torrejón de Ardoz, del PP, han puesto dinero de las arcas municipales para tratar de paliar una situación que afecta directamente a la salud de los más pequeños, a pesar de que las competencias son autonómicas.

La polémica comenzó hace ya una semana cuando la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, explicaba las actuaciones del Ejecutivo madrileño ante las críticas por la falta de climatización en las aulas de cara a los últimos meses antes de verano. Aseguró que en este curso se había hecho una “inversión de casi 18 millones de euros solo en climatización”, como la instalación de toldos y zonas de sombra. “Pero, lógicamente, cuando hace calor, hace calor”, añadía, una frase que intentó ser defendida por su compañero, el consejero de Cultura, Mariano de Paco, durante el pleno en la Asamblea de Madrid, donde dijo que las altas temperaturas también podían ser “fuente de inspiración”. Pero parece que cada año más ayuntamientos se suman a tomar medidas en las escuelas. 

Torrejón de Ardoz (PP) instala aparatos de aire acondicionado en todos sus colegios

El municipio de Torrejón de Ardoz es uno de los más completos en cuanto a climatización de los colegios públicos. En los 21 centros de la localidad han instalado 1.669 aparatos de aire acondicionado de bajo consumo, tanto para el calor como para el frío. En total, 899 aulas que están climatizadas desde que comenzó el ambicioso proyecto en 2025.

Su alcalde, Alejandro Navarro Prieto, del PP, aseguró que se trataba de una “apuesta histórica por la educación pública”, una climatización que comenzó en 2025 y ha terminado este año con un total de siete millones de euros de inversión, que se engloba dentro del plan 'El Ayuntamiento Mejora los Colegios Públicos' que ha impulsado el consistorio durante los últimos años. 

Rivas (IU, Más Madrid-Verdes Quo y PSOE) aprueba un plan para climatizar las aulas con fondos municipales

Otro de los municipios que se han lanzado a climatizar sus colegios públicos ante la falta de actuaciones por parte de la Comunidad de Madrid ha sido Rivas Vaciamadrid. El Ayuntamiento ha impulsado este año un ambicioso plan para dotar de sistemas de climatización a los centros educativos del municipio, una iniciativa que contará con una inversión de 14,2 millones de euros financiada íntegramente con fondos municipales y que se ha convertido en una de las principales apuestas del Gobierno local para 2026.

El proyecto comenzó a dar sus primeros pasos a finales de 2025 con una primera fase que incluye tanto sus cinco escuelas infantiles de titularidad municipal como cuatro colegios públicos de la localidad. A diferencia de Torrejón, el Ayuntamiento de Rivas ha elegido la aerotermia para climatizar los centros, un sistema más eficiente y sostenible, que gasta menos electricidad y sirve para renovar el aire cada 14 minutos, lo que espera que redunde en una mayor salud entre los alumnos. El contrato incluye mantenimiento de todo el sistema, que sustituye además viejas calderas, durante los próximos 15 años. Empezará a funcionar el 1 de septiembre después de un intenso verano de obras, ya en marcha.

La actuación alcanzará en la primera fase a cinco escuelas infantiles municipales (El Dragón, Luna Lunera, Platero, Rayuela y Pipi Langstrum) y cuatro colegios públicos (Mario Benedetti, El Olivar, Jarama y Las Cigüeñas), con el objetivo de extender en 2027 la climatización al resto de centros educativos públicos de la ciudad, con los mismos plazos mes a mes pero en 2027 y siempre que obtengan el beneplácito de sus respectivos consejos escolares, siguiendo el fuerte arraigo de la dinámica participativa de la ciudad.

En el plano burocrático, mientras que en las escuelas infantiles no existe conflicto competencial, al depender directamente del Ayuntamiento, la situación es distinta en los colegios públicos, cuya adecuación y reforma corresponde legalmente a la Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Educación. Precisamente esta cuestión ha generado tensiones entre ambas administraciones. Desde el Consistorio defienden que han decidido asumir una competencia que no les corresponde ante la ausencia de medidas por parte del Ejecutivo autonómico y debido a las elevadas temperaturas que se registran en las aulas durante buena parte del curso. 

Según denuncian, numerosos centros han superado los 30 grados en los meses de mayo, junio, septiembre y octubre, unas condiciones que afectan al bienestar, la salud y la capacidad de aprendizaje del alumnado. La iniciativa municipal cuenta con el respaldo de familias, consejos escolares y sindicatos, que consideran insuficientes las medidas paliativas aplicadas hasta ahora, como ventiladores o ventilación cruzada. 

Alcorcón (coalición de PSOE, Ganar Alarcón y Más Madrid) climatiza escuelas infantiles

En 2025, el municipio comenzó a climatizar las escuelas infantiles, cuyas sus clases se alargan hasta julio, a través de la instalación de sistemas de aerotermia y aire acondicionado. El Ayuntamiento, gobernado por la socialista Candelaria Testa, reclama a la Comunidad de Madrid que siga su camino y ponga también recursos para climatizar las aulas.

El Plan de Climatización se desarrolló en cuatro centros: Escuela Infantil Campanilla, Escuela Infantil Las Flores, Escuela Infantil Gloria Fuertes y la Escuela Municipal de Música, con una inversión total de 205.137,78 euros.

“En Alcorcón hemos actuado con responsabilidad y previsión, ejecutando ya más de 200.000 euros para adecuar nuestras aulas a una realidad climática cada vez más extrema, pero no podemos actuar donde no tenemos competencias. Por eso pedimos a la Consejería de Educación que actúe ya con medidas urgentes en los colegios públicos. No podemos permitir que el alumnado, profesorado y trabajadores pasen horas en espacios que superan los 30 grados”, dijo entonces Trinidad Castillo, concejala de Educación en la ciudad.

Arganda del Rey (PP y Vox) anuncia inversiones para climatizar varios colegios

Este pasado mes de mayo Arganda del Rey, cuyo ayuntamiento está gobernado por PP y Vox, anunció la climatización de todas las aulas del colegio público Antonio Machado de la Poveda. “Esto es solo el principio”, comunicaron entonces, para anunciar en la presentación de sus presupuestos municipales la climatización de dos nuevos centros de enseñanza públicos para este 2026, con una inversión de 100.000 euros. El alcalde, Alberto Escribano, aseguró que no había “dinero mejor invertido que en la educación pública” de la ciudad.

Leganés (PP y Unión por Leganés) aprueba 5,3 millones de euros para climatizar escuelas infantiles

El pasado mes de abril el equipo de gobierno de Leganés aprobó 5,3 millones de euros de su partida de presupuestos para climatizar escuelas infantiles y centros municipales. El objetivo, según publicaron en una nota de prensa, era actuar en las Casas de Niños Aventuras, Burbujas y Los Pinos; y en las Escuelas Infantiles Dulcinea, Jeromín, Valle Inclán, El Faro, Las Flores, Koala, Primeros Pasos, Rosa Caramelo y El Romancero, además de climatizar otros centros de la localidad.

Carlos Delgado, primer teniente de alcalde y concejal de Obras, aseguró que se trataba de un “proyecto ambicioso y necesario” para “mejorar la calidad de vida de toda la comunidad educativa”.

Críticas de la oposición a Ayuso, “una negacionista que no entiende el cambio climático”

Mientras, las familias de colegios públicos de la Comunidad continúan en lucha para que se atiendan sus peticiones. Algunas de ellas, de un colegio de la capital, enviaron un escrito al Gobierno de Ayuso, quien contestó que era cuestión del centro resolver los problemas de climatización. “Los centros han de adaptar el plan general de actuación frente a olas de calor a las necesidades propias del centro”, decía la carta de respuesta. 

Este mismo jueves, tras semanas de tensión y malestar, han decidido acudir al pleno de la Asamblea de Madrid después de ver cómo sus hijos continúan acudiendo a clase pese a las altas temperaturas. Finalmente, han sido expulsadas del edificio por gritar “vergüenza, vergüenza” durante el debate por la climatización de las aulas.

Otro ejemplo reciente de la presión que se ejerce desde los colegios es la que se ha producido en el CEIP Ignacio Zuloaga, en el distrito madrileño de Tetuán, donde las familias lograron que el pleno de la junta municipal aprobara por unanimidad una proposición para impulsar actuaciones de climatización y renaturalización del centro. La iniciativa forma parte de un movimiento cada vez más extendido en distintos barrios de la capital, donde asociaciones de familias y plataformas como Aprender Sin Calor se están organizando para reclamar soluciones estructurales frente a las altas temperaturas en las aulas.

En el caso del Zuloaga, las familias denuncian que el edificio, construido hace más de medio siglo y ubicado en un entorno densamente urbanizado, no está preparado para afrontar los episodios de calor cada vez más frecuentes. Entre las medidas planteadas figuran sistemas de climatización y ventilación, mejoras en el aislamiento térmico, la creación de zonas verdes y sombras en los patios y el refuerzo de la infraestructura hídrica con fuentes y espacios de riego. Aunque la propuesta recibió el respaldo de todos los grupos políticos, las familias recuerdan que iniciativas similares aprobadas en el pasado no llegaron a ejecutarse y advierten de que seguirán presionando para que las actuaciones se traduzcan en mejoras reales en el centro.

En el plano político, el calor en las aulas centra desde hace semanas la discusión. Más Madrid ya ha presentado varias propuestas en este sentido, como apagar el aire acondicionado en el pleno de la Asamblea de Vallecas como protesta “hasta que las escuelas infantiles tengan el mismo confort térmico que el despacho de la consejera” de Educación. El partido ha anunciado una Proposición No de Ley (PNL) para que la Comunidad “haga lo que ha hecho Torrejón de Ardoz”. “El alcalde de Torrejón entiende que los niños y niñas necesitan ser protegidos y necesita ser protegida su salud”. “Lo que tenemos en Madrid con Ayuso es a una negacionista que no entiende ni los derechos de la infancia ni el cambio climático”, criticaban los de Mónica García en la última junta de portavoces.

También el PSOE de Madrid denunció que la climatización de la Comunidad “no llega ni al 5% de los centros públicos” y criticaron las declaraciones del consejero de Cultura. El portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, respondió con el argumentario del Gobierno de Ayuso en su rueda de prensa y recordó que el Ejecutivo autonómico había destinado 18 millones de euros para mejorar la climatización “y paliar los efectos de las altas temperaturas”.

“Los ayuntamientos pueden hacer actuaciones, pero también los centros escolares pueden hacer actuaciones para evitar estos picos de temperatura. Son unas pocas semanas al año y ellos pueden adaptar el horario o las condiciones en las que se dan las clases para paliar estos efectos”, añadió.

Este mismo miércoles, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz Miguel Ángel García Martín aseguraba que se han llevado a cabo “1.500 actuaciones para mejorar la climatización y el confort térmico” por un “importe de casi 60 millones de euros”, así como que el Gobierno de Ayuso estaba “colaborando con los ayuntamientos en el marco de financiación regional”, pero que la oposición “no reconoce el trabajo” que realizan. Mientras, las familias continúan organizándose.

Continúa la polémica por el calor en las aulas en los centros de la Comunidad de Madrid con las palabras del Papa sobre la polarización política resonando de fondo tras su visita a la capital. La oposición ha reprochado a Isabel Díaz Ayuso la falta de climatización en colegios públicos de la capital. “¿Se imaginan que Quirón vendiera aires acondicionados?”, ha preguntado la portavoz del PSOE, Mar Espinar, durante el pleno de la Asamblea de Vallecas. “Como no ve la forma de ahcer negocio no hace nada”.

Por parte de Más Madrid, Manuela Bergerot ha afeado a Ayuso el “milagro” tras la visita de León XIV: “Ha hecho falta que viniera el Papa para que refuercen el transporte público” o para que “pongan médicos” en las urgencias extrahospitalarias. “Lo que sería un milagro es que se pusieran a trabajar por los madrileños”, le ha espetado Bergerot a la presidenta autonómica.

“Ha pasado cuatro días pegada al Papa como una lapa. Mientras usted se hace fotos, nuestros hijos van con un ventilador portátil a clase para no desmayarse con 35 grados. A ellos no hay milagros que los salve”, ha añadido la portavoz del partido de Mónica García, que ha elevado su tono: “Han pasado de 'la letra, con sangre entra', a 'el calor inspira'. Están a esto de proponer que se vuelva a pegar a los niños en las aulas”.

Este jueves la plataforma Aprendiendo sin Calor, que reúne a 150 asociaciones de familias, ha acudido al edificio para concentrarse y reivindicar que se lleven a cabo actuaciones en los centros públicos educativos. Más Madrid ha acudido al pleno con un termómetro para saber a qué temperatura se encuentran los diputados: 23 grados, ha asegurado María Pastor, portavoz adjunta del partido y responsable de Educación. “No hay nada que pueda justificar lo que está haciendo el Partido Popular y el Gobierno de la señora Ayuso, no hay nada que explique por qué los niños están a temperaturas con desmayos y golpes de calor”, ha asegurado, a las puertas de la Asamblea. Bergerot ha retado a la presidenta de la Comunidad de Madrid a salir y hablar con las familias concentradas.

Por su parte, Mar Espinar ha recordado que durante las olas de calor las urgencias pediátricas aumentan y ha asegurado que el “cuando hace calor, hace calor” de la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, es el “nuevo 'que se jodan'” de Andrea Fabra. “¿Que los madrileños no pueden acceder a una vivienda? Que se aguanten. ¿Que tienen que esperar una media de un año para hacerse una prueba diagnóstica? Que esperen. ¿Que los profesores y alumnos se asfixian en las aulas? Que se asen. ¿Que estás en una residencia, te pilla una pandemia y no tienes un seguro privado? Que se mueran”, ha lanzado Espinar a Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que continúan con su plan de climatización y ha mencionado algunas de las actuaciones que han llevado a cabo sobre “fachadas, cubiertas, toldos” o “marquesinas”. “Desde el 2019 hemos actuado en el 72% de los centros públicos que dependen de nosotros. Nos quedan por hacerlo en 111 en un plan que tenemos en 2026-2027, pero intentamos que se puedan climatizar hospitales, transporte, instalaciones culturales y colegios”, ha dicho.

Este jueves el pleno de la Asamblea debatirá una propuesta de modificación de ley de Más Madrid para que la climatización en centros educativos se convierta en un derecho.

Las familias estallan por el calor en las aulas y son expulsadas del pleno de la Asamblea de Madrid: “Vergüenza, vergüenza”

Un grupo de familias de niños y niñas que sufren el calor en las aulas de la Comunidad de Madrid han estallado con gritos de “vergüenza, vergüenza” durante el debate.

La oposición ha aplaudido sus proclamas y finalmente han procedido a expulsar a los grupos del edificio de Vallecas. A su salida, una portavoz y presidenta del AMPA del Instituto Menéndez Pelayo de Getafe ha asegurado que con estas temperaturas los niños “no se inspiran, se les deshace el cerebro”. “Lo que queremos como familia es que se pongan los medios y que se empatice con la gente”.

Además, la portavoz ha criticado que aunque el PP ha asegurado que sí se han llevado a cabo medidas, las familias no tienen “esa sensación”. “No se ha hecho nada y no autorizan hacer nada porque hay familias que estamos dispuestas a poner de nuestro bolsillo para que pongan toldos o ventiladores, y la Comunidad no autoriza nada”, ha asegurado.

“Empezó con la cañita, luego con la libertad y ahora está en el cristianismo”

Otro de los temas que ha centrado la discusión de la oposición con Isabel Díaz Ayuso es la visita del Pontífice a la capital. Mar Espinar ha criticado que “no se puede sorber y soplar al mismo tiempo”, alegando que aplaudía al Papa pero que ha apoyado a Donald Trump: “Facilite que tengan derecho los migrantes”, ha añadido. “Empezó con la cañita, luego con la libertad y ahora está en el cristianismo. ¿Qué más piensa profanar? Cójase un retiro espiritual. Ahí no hay áticos, pero hay confesionarios”, ha añadido.

La juventud católica del Papa lo tiene claro: es el 'influencer' del catolicismo. Así lo han demostrado los miles de jóvenes que se han congregado este sábado por la tarde en las cercanías —y no tan cercanías— de la plaza de Lima de Madrid, en la que el pontífice ha dado una vigilia acompañado de chavales de diferentes grupos religiosos. El ambiente era relajado, pero los nervios estaban a flor de piel porque las colas interminables bajo el sol no parecían asegurar un sitio para todos. “Parece que muchas veces somos unos pocos, pero me parece increíble que el Papa sea el mayor influencer en la sociedad actual”, dice uno de estos grupos de jóvenes creyentes.

Estos días hay una pequeña contraprogramación, por decirlo de alguna manera, a la visita de León XIV en la capital: los macroconciertos de Bad Bunny continúan, haciendo que dos mundos aparentemente lejanos se toquen de alguna manera. En los alrededores de la Castellana se podía apreciar esta mezcla. Un grupo de chavales que habían decidido salirse de la cola explicaban: “Hubo gente que también se salió del concierto de Bad Bunny”. Ya hacia las 17:00 de la tarde las colas eran interminables.

Algunas de las proclamas que se podían escuchar de grupos muy variados eran “Papa, León, queremos tu bendición” o “Esta es la juventud del Papa”. Un clásico también eran las canciones de misa y alguna otra del grupo Taburete. Mientras, familias con niños, personas mayores, adolescentes y gente de todas las edades avanzaba lentamente guiados por la policía y los voluntarios. En un vistazo general de estas aglomeraciones se podía apreciar, además de camisetas y pañuelos de colores relacionados con la visita, banderas de España de todos los tipos y formas: relacionadas o no con el catolicismo, como capa, atadas a un palo o incluso como una especie de pareo.

En general, el ambiente era tranquilo a pesar de la cantidad de personas, muchas de ellas sin tener muy claro a dónde ir. “Creo que es impresionante todo lo que puede llegar a mover esto”. Hablan Pilar y Pedro, una joven pareja de 23 y 25 años, a unas pocas horas de la llegada del pontífice. “Es un momento muy emocionante que puede llegar a tocar muchos corazones”. “Yo creo que a la gente se le está yendo el miedo de decir que es cristiano y quiere salir a la calle y reivindicar sus valores y tradiciones”, dice el joven.

“La gente joven está un poco harta”

Pero los asistentes no son solo de Madrid, también muchos vienen de otras partes de España. Es el caso de Javier, de 20 años, que hacía solo unas horas que había llegado a la capital desde Granada. Ha ido a la vigilia para “tener una relación más personal con Dios y crecer un poco más espiritualmente”, además de “disfrutar” de sus amigos y de la gente. ¿Pero tendrá tiempo para ir a ver a Bad Bunny? Parece que no: “Yo me mantengo fiel a esto”, dice entre risas.

Preguntado por su opinión sobre este Papa actual y el papa Francisco, el granaino lo tiene claro: “Francisco también era muy buen Papa, pero es verdad que todas estas cosas le venían un poco más grandes, creo que León las afronta muy bien. Yo creo que ahora está habiendo un 'boom' —de la religión— porque la gente joven está un poco harta, un poco cansada de lo de siempre, y si te llega alguien normal que se lo pasa bien, va a misa y vive tranquilamente la vida ordinaria, eso a la gente le gusta”, asegura antes de irse para buscar a sus amigos.

A su lado, un grupo de voluntarios informan a la gente de por dónde tiene que buscar su acceso a las gradas mientras se nota una cierta inquietud ante la inminente llegada del pontífice, un nerviosismo que también se aprecia en las fuerzas y cuerpos de seguridad. Antes de llegar a uno de los accesos, dos chicas cercanas a la treintena responden a elDiario.es. Se han acercado para “escuchar el mensaje” que quiera decir a la gente que acude hoy al encuentro: “Da mucha paz poder escuchar qué tiene que decir y cómo quiere que vivamos”, aseguran.

Una de las cosas que ha dicho, de hecho, el Papa es que a los migrantes “hay que tratarlos como seres humanos, no como animales”. ¿Qué opinan los asistentes de este tema? “Yo pienso que todos tenemos los mismos derechos pero que la libertad de uno empieza donde acaba la del otro. Hay que tener siempre en cuenta el bienestar común y mantener un orden siempre y cuando no esté afectando a las propias personas del país”, dice una de las jóvenes antes de entrar al recinto. “Es complicado, siempre y cuando se respete a las personas”, dice otra, de un grupo diferente.

“Me parece increíble que el Papa sea el mayor influencer”

“Da gusto ver la calle llena por la razón que es. Parece que muchas veces somos unos pocos en la sociedad, pero decir, me parece increíble que el Papa sea el mayor influencer en la sociedad actual”. Hablan entre risas Álvaro, Javi y Carlos, los tres en la veintena de edad. Hacen cola bajo el sol y aplauden que estos días la capital esté llena de gente católica. Los tres achacan esto a que existe un “vacío existencial en la sociedad que hace que mucha gente” busque algo que dé “sentido a su vida”, en este caso, el cristianismo. “Hemos dejado un libertinaje durante mucho tiempo y al final el actuar sin sentido te lleva a que entres en una crisis profunda y de repente no encuentres sentido a lo que haces”, dice uno de ellos.

Coinciden en una “crisis de valores”, como por ejemplo, el “valor de la familia”, que a juicio de uno de ellos, “está totalmente perdido”. Aunque aseguran que prefieren no mezclar política y religión, a la pregunta de si creen que ahora mismo desde las instituciones se respalda el catolicismo, aseguran que hay un “acoso a lo que representa” la institución, así como a la “familia tradicional” o a “elegir la educación que quieras para tus hijos”.

Aunque la mayoría de asistentes han preferido no mojarse en cuanto a qué papa prefieren y apuntan a que es un “representante de Dios en la Tierra” y que, por tanto, cualquiera está bien, en este caso uno de ellos sí ha querido mojarse: “Prefiero a este Papa. Me parece que es mucho más carismático y encaja bastante más”, asegura. Pero parece que su decisión ha estado motivada también por un vídeo que ha circulado este sábado en redes en el que Prevost decía que era del Real Madrid... y del Atlético de Madrid. “Hoy ha hecho declaraciones de que es del Real Madrid, así que me ha ganado”, decía el joven.

“Venir aquí no te hace ni mejor ni peor persona”

Ya sobre las 19:30 la expectación era máxima. La gente se agolpaba dentro pero también fuera del recinto, muchos rezagados sin entrada que intentaban cruzar al otro lado. “Sin el QR no se puede”, repetían los voluntarios una y otra vez. Era complicado tener una visión general pero fue muy obvio cuando Prevost cruzó por la calle central con el papamóvil entre los fieles. Hubo aplausos, gritos y gente llorando que grababa con sus móviles desde la distancia entre gritos de “viva el Papa”.

A medida que avanzaba la vigilia y después de diferentes actuaciones, entre ellas la de los actores del musical Godspell, producido por Antonio Banderas, algunos de los asistentes abandonaban el lugar. Otros preferían, a pesar de tener entrada, quedarse fuera de las vallas policiales. Era el caso de Joaquín, Cristina y Jesús, que, al contrario de lo que se veía en otros grupos de jóvenes, bebían cerveza y tinto de verano sentados en la calle. “Hay ciertos tipos de mirada que juzgan un poco a pesar de que justo lo que el Papa dice es que cada uno sea real, un ser humano de carne y hueso”, reconocían a elDiario.es.

Los tres chavales decían que habían acudido a la cita para vivir “un momento histórico” y porque querían estar acompañados “de la fe”. “No tienes por qué ser un prototipo de persona para creer en Dios, para poder creer en la Iglesia”. “Venir aquí no te hace ni mejor ni peor persona”, aseguraban.

“Yo podría estar en el concierto de Bad Bunny igual que estoy aquí, sería igual de buena o mala persona. Bad Bunny tiene muy presente a Dios en su vida y lo menciona en su concierto. El discurso es el mismo porque habla de amor y de que mientras uno esté vivo debe amar lo más que pueda. Es al final el mensaje de Jesucristo también, amar todo lo que puedas”, decía uno de ellos.

El grupo de tres planteaba algo diferente. “Creo que Francisco ayudaba mucho más. Abrió un camino con la homosexualidad, abrió la puerta”, lo que pudo favorecer a que ahora ya exista esa conversación dentro de la Iglesia católica, un punto que consideran positivo.

Mientras, el pontífice cerraba desde el escenario su discurso unos minutos antes del rezo colectivo: “Vosotros podéis cambiar la historia, hacedlo con amor”. Acto seguido los fieles callaban, algunos de ellos se ponían de rodillas y oraban acompañando a Prevost. Otros, perdidos por haber salido a los baños portátiles de los alrededores, intentaban pasar entre la multitud para volver a encontrar a su grupo de amigos sin molestar demasiado al resto. Una imagen que, de nuevo, bien podría darse en un concierto de Bad Bunny.

Isabel Díaz Ayuso fue contundente después de que el polémico concepto de “prioridad nacional” salpicase los pactos entre PP y Vox en territorios como Extremadura o Aragón. Dijo que “esos requisitos no son legales”. Pero el nuevo reglamento de vivienda aprobado por su propio Gobierno de la Comunidad de Madrid exige un empadronamiento mínimo de diez años para la compra de casas protegidas, un requisito que según distintas organizaciones, ya implica una “discriminación indirecta” a las personas migrantes y, por tanto, podría suponer en la práctica una suerte de “prioridad nacional”.

El aumento de las exigencias mínimas para acceder a ayudas de este tipo no solo se da en la Comunidad de Madrid, aunque con las medidas más recientes, es una de las autonomías más duras en cuanto al mínimo de años de empadronamiento. También ocurre en Canarias, que recientemente ha pasado de siete años a doce. Ahora, diferentes organizaciones sociales han acudido a los tribunales a denunciar lo que consideran una “discriminación indirecta” especialmente a las personas migrantes. El Observatorio DESCA es una de estas asociaciones que ahora apunta a Madrid. “Esta demanda es un aviso a navegantes” para quien vaya por el mismo camino. “Esta propaganda barata y ultra no puede salir gratis al gobierno”, apuntan en declaraciones a elDiario.es.

La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Vivienda, no ha respondido a las preguntas de elDiario.es sobre este tema.

Desde el Observatorio DESCA trabajan junto a diferentes entidades para evitar lo que consideran una “discriminación indirecta”, especialmente en la Comunidad de Madrid y en la Comunitat Valenciana. “Creemos que en cualquier sitio que se apruebe una medida parecida se tiene que impugnar”, dicen a elDiario.es.

“Es un tipo de medida que parece neutra en apariencia” pero que “discrimina más a las personas migrantes” en realidad. Las personas migrantes tienen más dificultades para empadronarse en una comunidad. “La propia trayectoria de la persona migrante impide tener un recorrido en el mismo municipio”, pero es que además “muchas de estas personas tienen una trayectoria discriminada debido al racismo inmobiliario”. “Las mismas comunidades que no actúan contra este racismo son las que además las excluyen del único mecanismo por el que pueden acceder a una vivienda estable”, indican desde la asociación en referencia a las dificultades que experimentan muchas personas migrantes para acceder al mercado de la vivienda, especialmente a un alquiler.

Una de las organizaciones que trabaja con el Observatorio DESCA es el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES). El abogado Javier Rubio explica en declaraciones a elDiario.es que se prevé que el nuevo reglamento general de VPO que el Gobierno de Ayuso está elaborando también incluya estos requisitos: “Junto con otras organizaciones sociales venimos haciendo seguimiento a los sistemas de acceso a la vivienda, cada vez más inaccesibles, y en su momento habrá que valorar una posible impugnación de estas medidas en varios frentes”, precisa.

“Esto ya es la prioridad nacional, que viene de otros países como Francia o Italia”, donde ya se han encontrado con problemas en los tribunales. Sin ir más lejos, este pasado mes de mayo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró que exigir diez años de arraigo para acceder a ayudas sociales es una “discriminación indirecta” que afecta “principalmente a los no nacionales” y que, por tanto, estaría “prohibida, en principio” por el “Derecho de la Unión”.

¿Eso significa que es discriminatorio aplicar cualquier requisito de residencia mínimo? En principio, no tiene por qué. “En Catalunya, la ley establece que los municipios pueden decidir no imponer mínimo, pero como máximo pueden ser tres años. Tiene sentido porque para acceder al arraigo son tres años, eso ya muestra una voluntad. Uno puede establecer límites razonables, pero no excluyentes. La vivienda pública sirve para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad”, concluyen desde la organización. A nivel nacional, explica el abogado Javier Rubio, la regulación de la Ley de Vivienda o el Plan Estatal cuentan con “requisitos económicos o sociales pero no establecen ningún requisito de antigüedad”.

Una propuesta inspirada en los pactos autonómicos

Aunque el nuevo Reglamento de Vivienda Protegida en trámite ya contemplaba este requisito de pedir un empadronamiento en la Comunidad durante al menos diez años tanto en la vivienda protegida pública como en la privada, en mayo se aprobó una proposición no de ley presentada por Vox en la Asamblea de Vallecas inspirada directamente en el concepto de “prioridad nacional”. A través del texto, se exige a la Comunidad de Madrid que reclame al Gobierno central que promueva el acceso a estas ayudas bajo este término, no solo en materia de vivienda, sino también con otros subsidios sociales. Una PNL presentada por el partido de extrema derecha y que finalmente el PP modificó y aprobó, a pesar de haber rechazado durante meses la “prioridad nacional”.

El documento contempla como fin “promover el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas inspirándose en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”. También plantea la “exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital”.

En concreto, mencionan el sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social, que también buscan que esté “inspirado en el principio de prioridad nacional” pero “adecuado a la legalidad vigente”. Además del mínimo de años, se recoge asimismo el “refuerzo de los criterios de vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa como elementos que evidencian la relación efectiva y afectiva del solicitante con el territorio”. Y consideran que “se debe excluir a aquellos” condenados por okupar viviendas “en los últimos cinco años” además de instar al Gobierno a poner fin al proceso de regularización de migrantes.

Por su parte, Vox celebró lo que consideran como un “giro” del PP: “La Asamblea de Madrid ha aprobado, gracias a Vox, una iniciativa para avanzar en la aplicación del principio de prioridad nacional”, comunicaron. Incluso a nivel nacional celebran aplicar esta medida a toda España: “Exigir diez años de padrón como arraigo prioriza al nacional sobre el inmigrante, es legal y moral”, dijo el diputado Carlos H. Quero.

Este mismo jueves, la Asamblea de Vallecas ha aprobado la nueva ley de medidas urgentes para la vivienda por la que pretenden ampliar la oferta de vivienda asequible y “acelerar los plazos de construcción”. Según datos de la Comunidad de Madrid, en la actualidad la región cuenta con 14.000 viviendas protegidas, en total 4.875 se han entregado ya en nueve municipios, y hay otras 3.495 en construcción. Uno de los puntos que la oposición lleva tiempo pidiendo en este sentido es que estas viviendas no pierdan su calificación de protegidas: desde 2019, 9.871 viviendas han pasado al mercado libre, según publicaba Cadena Ser tras una petición en Transparencia.

Ayudas a la natalidad

Este mismo miércoles, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Comunidad, Miguel Ángel García Martín, explicó la relación de la región con el polémico concepto. Lo hizo después de que PP y Vox cerrasen en Castilla y León un pacto que incluía la “prioridad nacional”. Preguntado por si le gustaba el término, García Martín habló precisamente del requisito del arraigo y puso como ejemplo las ayudas a la natalidad.

Cuando Ayuso anunció estas ayudas a la natalidad en 2021, la polémica estalló porque en un principio se exigió que llevaran diez años empadronadas en Madrid. Un requisito que tuvieron que rebajar hasta los cinco años que se piden actualmente. “Esto no es un concepto nuevo”, dijo el portavoz este miércoles, que enmarcó el requisito en la “normalidad”.

La visita del León XIV está organizada al detalle, sin lugar para la improvisación. Lo que no parece estar medido al milímetro, sin embargo, es el coste real que tendrá para los ciudadanos el viaje del líder de la iglesia católica: una parte relevante del dispendio quedará oculta en deducciones fiscales y gastos de la administración que pagarán todos los ciudadanos.

Tanto la Conferencia Episcopal como las distintas administraciones que participan en la visita del pontífice han cifrado el coste del viaje en 25 millones de euros, de los cuales cinco provienen de subvenciones directas del Govern catalán y de los distintos cabildos de las Islas Canarias.

El gasto total para la ciudadanía, sin embargo, será mucho mayor del anunciado: más allá de las mencionadas deducciones, el viaje implicará la cesión gratuita de diversos espacios públicos por los que normalmente se cobra dinero y cuyo uso supone un desembolso. Se destinarán, a su vez, miles de funcionarios para labores de seguridad, mantenimiento y limpieza. Algunas administraciones también cederán o directamente sufragarán el material necesario para los eventos. 

A pesar de esta ristra de gastos de dinero público, ninguna de las instituciones públicas implicadas ha querido aportar a elDiario.es un solo dato —ni siquiera aproximado— del dispendio total que supondrán estos servicios que se ofrecerán de manera gratuita. 

Fuentes del Govern catalán aseguran que la subvención directa a la visita del pontífice será de 1,6 millones. El dinero, sostiene, proviene de los ingresos obtenidos por la tasa turística. “No costará un solo euro a los contribuyentes”, apuntan desde el Ejecutivo catalán. 

En la Generalitat, no obstante, evitan precisar el coste de la campaña publicitaria que se ha desplegado y de su inserción en medios públicos en horarios de máxima audiencia.

En Canarias, el Gobierno regional aportará 2 millones de euros a las dos diócesis isleñas (Nivariense y de Canarias). Esta cantidad se suma a los 500.000 que pondrá cada cabildo insular, es decir, un millón más de los contribuyentes de Tenerife y Gran Canaria. 

Se calcula que en Catalunya se destinarán unos 7.000 agentes de policía entre Mossos, Guardia Urbana, Policía Nacional y Guardia Civil, mientras que en Madrid serán unos 14.000 entre todos los cuerpos. A eso hay que sumarle personal de limpieza y otros trabajadores públicos que llevan días dedicándose exclusivamente a la visita papal

Más allá de las subvenciones directas, el Ejecutivo canario y los municipios implicados también incurrirán en otros gastos que no se están cuantificando: guaguas gratis o a precio simbólico, refuerzo de otros servicios de transporte público y otros gastos que no se están precisando.

Tampoco se ha contabilizado el coste de suspender clases y actividades municipales, el cierre de las oficinas en varios Ayuntamientos, la limitación de aparcar así como los cortes de tráfico en autopistas de Tenerife y Gran Canaria. Además, desde el Gobierno regional se recomienda el teletrabajo para evitar desplazamientos. El coste económico de estas medidas no se ha calculado por parte del Ejecutivo. 

La Comunidad de Madrid (CAM) asegura que no destinará subvenciones directas a la visita, aunque ha cedido espacios como la Real Casa de Correos —convertida estos días en Centro Internacional de Prensa—, la plaza de Lima, cerrada al tráfico para la vigilia con los jóvenes, y la plaza de Cibeles, donde el domingo se celebrará una misa con un gran escenario.

Además, la CAM ha puesto a disposición de la visita 80 institutos para alojar a los fieles, aunque finalmente el Arzobispado solo utilizará 18 después de que varios centros se rebelaran y emitieran comunicados contra el proceso seguido para la cesión de estos recintos.

El Ejecutivo regional tampoco concreta el coste de estas actuaciones. “Cuando presentamos el proyecto de la visita del Papa intentamos hacer esa estimación, pero hasta que no concluya el evento es complicado hacer una valoración”, señalan fuentes de la Comunidad.

El coste para los Ayuntamientos implicados

Buena parte de estos gastos no desvelados correrá a cargo de los municipios en los que se celebren actos. El Ayuntamiento de Barcelona (PSC), por ejemplo, cederá gratuitamente el estadio de Montjuic, cuyo precio diario asciende hasta 78.000 euros. 

A ese importe hay que sumarle todos los gastos de gestión, seguridad y mantenimiento que normalmente se sufragan con el alquiler del recinto así como los altavoces, pantallas y equipos de sonido que se instalarán para poder seguir el acto. El grupo de los comuns registró una pregunta en el pleno requiriendo estos importes, pero no ha sido respondida todavía.

Desde el Consistorio barcelonés no han querido tampoco aportar ninguna cifra sobre todos estos gastos indirectos y aseguran que se harán públicos una vez haya pasado la visita de León XIV.

En las Islas Canarias, el Ayuntamiento de Granadilla (CC, PP y Vox), en el sur de Tenerife, anunció en abril que ofrecerá guaguas “gratis” para que los vecinos puedan trasladarse hacia la capital de la isla y acudir a los actos allí previstos el 12 de junio.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife repartirá 10.000 gorras, 10.000 pulseras y 10.000 abanicos conmemorativos, así como 50.000 botellas de agua. También instalará una pantalla gigante junto al recinto portuario donde tendrá lugar la misa para que puedan verla quienes no hayan conseguido inscribirse en el acto. Todo ello, sin especificar cuánto suponen estas acciones para las arcas públicas.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, vaticinó hace meses que la visita del pontífice supondrá un “enorme reto logístico” para la ciudad, con distintos actos abiertos al público o en grandes plazas al aire libre. Solo el dispositivo de seguridad ya supera al desplegado durante la cumbre de la OTAN, uno de los más ambiciosos que se recuerdan.

Se esperan 1.800.000 de asistentes a los dos eventos principales que se celebrarán en Madrid, pero el Consistorio ha preferido no hacer estimaciones sobre el dinero que costará la visita. “Eso no es lo más importante”, respondía el miércoles la vicealcaldesa Inmaculada Sanz a preguntas de este periódico. 

Las deducciones fiscales, otro gasto que no se contabiliza

Otro gasto que acabará corriendo a cargo de la ciudadanía y que ningún recuento menciona será el asociado a las deducciones fiscales de las donaciones particulares y de las grandes compañías que patrocinarán la visita.

Grandes empresas como Telefónica, ACS, Iberia, Iberdrola, Indra (participada en un 28% por el Estado), Mahou, El Corte Inglés o el Banc Sabadell han anunciado que harán donaciones, algunas de cientos de miles de euros, que contribuirán a sufragar el viaje del pontífice. 

El Ejecutivo declaró en un decreto ley que el viaje del Papa se considera un evento de “excepcional interés público”, de manera que tanto las grandes empresas como los particulares que hagan donaciones recuperarán una buena parte de lo que paguen, añadiendo una gasto notable para el erario.

La ley de mecenazgo establece que se podrán deducir el 15% de los gastos en propaganda y publicidad que lleven el sello de la visita papal, el 85% de las donaciones en caso de IRPF y el 45% respecto al impuesto de sociedades, además del 95% del impuesto de transmisiones y actos jurídicos, así como de las tasas e impuestos locales.

El consejero de Cultura del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Mariano de Paco, ha respondido a las críticas de estos días por el calor en las aulas en los colegios públicos de la Comunidad de Madrid. Durante el pleno en la Asamblea de Vallecas, de Paco ha asegurado que él cursó la EGB en un colegio de Murcia y que puede constatar que “cuando hace calor, hace calor”, en referencia a las polémicas declaraciones de la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo. “Y aquí estoy y aquí estamos todos y no pasa absolutamente nada”, ha añadido.

Además, durante su intervención, que ha contado con el reproche de la bancada de la izquierda, el consejero de Cultura ha asegurado que él “lo que ha hecho” para llevar al colegio a su hija este jueves es “ponerle un pantalón corto y una camiseta de manga corta”. “Como hemos hecho toda la vida”, ha añadido. “Lo que pasa es que ustedes se ponen del lado de países donde la libertad de vestimenta no existe y eso no se podría hace”, le ha espetado a Más Madrid, que precisamente este miércoles propusieron apagar el aire acondicionado en el edificio de Vallecas como señal de protesta.

De Paco también ha mencionado al poeta Vicente Medina que escribió 'La Cansera' en Murcia: “El calor a lo mejor es fuente también de inspiración”, ha dicho.

Esas palabras de “cuando hace calor, hace calor”, las lanzó Zarzalejo esta misma semana. Aseguró entonces que en este curso la Comunidad había hecho una “inversión de casi 18 millones de euros solo en climatización”, además de explicar algunas medidas tomadas como la instalación de toldos o de más zonas de sombra.

La Comunidad se desentiende de las protestas

Mientras las asociaciones de familias de colegios públicos de la Comunidad de Madrid continúan protestando estos días por la falta de climatización para hacer frente a las altas temperaturas, una carta de la Consejería de Educación afirmaba que “los centros han de adaptar el plan general de actuación frente a las olas de calor a las necesidades propias del centro”.

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha reprochado al Gobierno de la región esta situación durante el pleno de este jueves. “¿Cuando hace calor, hace calor? Eso no se atreve a decírselo a los padres y madres a la cara en la salida del colegio”, le ha lanzado a Ayuso.

“El Gobierno de Ayuso ha decidido reírse de la angustia de las familias y decir tontadas como que ”cuando hace calor hace calor“ y que ”el calor es fuente inspiración“. El calor en las aulas no es fuente de inspiración, es fuente de dolores de cabeza, de deshidratación y de desmayos”, ha añadido posteriormente Bergerot en declaraciones a los medios de comunicación.

La visita del Papa a España centra el pleno de la Asamblea de Madrid este jueves. La oposición ha recordado a Isabel Díaz Ayuso su posición respecto a la regularización extraordinaria de personas migrantes propuesta por el Gobierno. La presidenta intentó suspenderla y ahora la oposición le lanza su contradicción: “¿Le ha dicho al Papa que está intentando boicotear el proceso de regularización de migrantes?”. “¿Es cristiano impedir la regularización?”, le han preguntado a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El Papa León XIV, que visitará España entre el 6 y 12 de junio y pasará por la capital en su primera parte del viaje, ha hablado en diferentes ocasiones sobre las personas migrantes, pidiendo que “hay que tratarlos como seres humanos, no como animales”. Un planteamiento cristiano que choca con los días de enfrentamiento de la líder del PP de la capital con el Gobierno por la regularización extraordinaria.

Hace solo unos días Ayuso aplaudía en el Vaticano la próxima visita del Pontífice después de la reunión entre ambos. La presidenta autonómica trasladaba a los medios que León XIV había celebrado que “ciudadanos de tantos rincones” vengan a virir a la ciudad. Una “bendición”, decía que era. Eso sí, después de la intervención de la portavoz de Vox, Isabel Moñino, que afeaba a Ayuso la regularización, la presidenta regional cambiaba el tono: aunque sí veía los beneficios —“gracias a los inmigrantes” van a poder construir viviendas, según sus palabras—, también consideraba que el Gobierno central aplicaba una “estafa electoral” para modificar el censo e intentar “importar pobreza masiva”.

Tanto PSOE como Más Madrid han puesto sobre la mesa esta cuestióne ne l pleno. “Se han radicalizado tanto que hoy la Igleisa católica está mucho más cerca de la izquierda que de la derecha”, decía la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot. “¿Le ha contado al Papa que 7291 personas murieron a causa de sus protocolos? La única religión que conoce es la de la pasta”, le ha espetado la portavoz del PSOE, Mar Espinar.

El calor en las aulas salta al pleno de la Asamblea

El calor en las aulas salta al pleno de la Asamblea de Madrid. Más Madrid propuso este miércoles que se quitara el aire acondicionado en el edificio de Vallecas “hasta que las escuelas infantiles tengan el mismo confort térmico que el despacho de la consejera”. Una propuesta que vino después de la polémica por las palabras de la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, quien dijo que “cuando hace calor, hace calor” para concluir con las protestas sobre el calor en las aulas de la Comunidad.

“Explíqueme por qué las aulas de la Comunidad son las únicas que no tienen aire acondicionado”, le ha espetado la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, durante su intervención frente a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso. “¿Cuando hace calor, hace calor? Eso no se atreve a decírselo a los padres y madres a la cara en la salida del colegio”, le ha lanzado Bergerot, quien ha añadido que ellos sí que llevan a sus hijos a la “pública”, al contrario que la bancada del PP.

Frente a eso, Ayuso ha asegurado que sus consejeros también llevan a sus hijos a la escuela pública y que así es Madrid, “todos juntos”. “Vendrá el invierno y volverá con lo mismo”, ha seguido la presidenta, quien ha asegurado que siguen “Invirtiendo en infrestructura” y que van “poco a poco” climatizando las aulas. “Hay que tener valor para hablar de servicios públicos en mitad de una huelga provocada por su ministra”, ha añadido, en referencia a la ministra de Sanidad, Mónica García.