¿Qué podría unir al influencer que sube un vídeo a la plataforma TikTok sobre la última novedad de chocolate de Dubai con la lucha de los vecinos y vecinas de la localidad madrileña de Valdetorres de Jarama? La fiebre del pistacho hace años que llegó para quedarse y las empresas lo aprovecharon. Pero esa moda de utilizar este fruto seco tiene consecuencias, no solo por la enorme cantidad de agua que se necesita para su cultivo, sino que también puede suponer un auténtico “atropello” medioambiental, según denuncian desde hace años ecologistas y personas que conviven con un macroproyecto del pistacho: vallado de caminos públicos, tala de árboles centenarios, animales salvajes afectados... Y, de fondo, críticas a la “connivencia” de las administraciones.

Los vecinos del municipio madrileño llevan denunciando la situación desde 2022, después de que la empresa Sancorganic S.L.U., del grupo SANCOR CAPITAL, aterrizase en la zona. Según la empresa, tienen 500 hectáreas compradas con miles de árboles, pero planean expandirse hasta los 200.000 ejemplares. La Asociación Vecinal Somos Silillos, una de las principales afectadas, critican que ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid toman medidas efectivas que pongan coto a la compañía: “La empresa ocupa y cierra lo que interesa”, lamenta un integrante de la asociación, que resume la situación: “Pistachos de sangre y alambre”.

El problema es que la finca comprada está al lado del río Jarama y mucho de ese terreno se encuentra junto a zonas protegidas por la Red Natura 2000. Según la propia web de la Comunidad de Madrid, el término municipal de Valdetorres de Jarama se incluye en dos listados: el de zona de especial conservación y el de zona de especial protección para las aves. “En el 90% de la superficie de este espacio protegido predomina el uso agrícola de cereal, que ha conformado una estepa cerealista”, incluyen en la página institucional.

Sin embargo, el cultivo de pistacho es muy diferente del de cereal: necesita mucha más agua y una orografía concreta, lo que, según denuncian los vecinos y asociaciones ecologistas, ha llevado a arrancar varios fresnos centenarios “con el pretexto de aprovechamiento forestal”. Uno de estos ejemplares era el conocido como Viejo Fresno de Silillos, un “majestuoso” árbol centenario que se taló hace dos años pese a las protestas, aunque hay más casos de encinas y olivos también arrancados.

La empresa asegura que las fincas compradas “estaban sin usar” y defienden el vallado para proteger los árboles. En declaraciones a elDiario.es, explican que los caminos afectados no son públicos “como tal” y sobre las talas de árboles argumentan que se han pedido los permisos necesarios a la Comunidad de Madrid. “Somos conscientes de que los terrenos que conforman la finca estuvieron abandonados” y que “algunos vecinos los utilizaban para dar paseos”, dicen.

“Hemos definido un plan de negocio con el que esperamos generar un retorno positivo en sentido amplio. Y no hablamos solo del aspecto económico, nosotros estamos convencidos de que la plantación de los árboles de pistachos va a generar un impacto positivo en toda el área y, además, será sostenible en el tiempo”, aseguran por correo electrónico.

Petición a la Comunidad para deforestar 56 hectáreas

Una de las últimas peticiones que ha hecho la empresa este mismo año a la Comunidad de Madrid tiene como objetivo cambiar a cultivo de pistacho una extensión de 56 hectáreas. Los afectados denuncian que se trata de bosque y sotobosque ubicado en la ribera del Jarama, un espacio de “máxima protección medioambiental”. En caso de aprobarse, lamentan los vecinos, se hará “sin reparar en la ya torturada biodiversidad” del ecosistema. La empresa ha hecho la petición al gobierno autonómico, que ya ha emitido un informe favorable este año con algunas restricciones.

Una de las medidas compensatorias exigidas es la reforestación de 124 hectáreas, pero en otro municipio, en Fuentidueña del Tajo, una solución que vecinos y asociaciones ecologistas no consideran como tal alegando que carece de sentido al tratarse de un terreno a kilómetros de distancia. Prevén cómo terminará la petición: “La Comunidad autorizará esta barbaridad contra el medio ambiente, que arrasará más de medio millón de metros cuadrados de pura naturaleza y biodiversidad”, aseguran. Y apuntan también al Ayuntamiento: “No ha hecho ningún tipo de objeción”. “Una vez más el pueblo de Valdetorres de Jarama está siendo humillado por la empresa”, afirman.

Además, en las épocas de lluvias, se crean lagunas naturales y humedales que son parte del ecosistema de la zona. Si se plantan pistachos, previsiblemente este humedal podría desaparecer al cambiar la orografía. “Recientemente, hemos recibido autorización de la Comunidad de Madrid para el cambio de uso de forestal a agrícola de unos terrenos que forman parte de la finca de Silillos. Cabe señalar que los terrenos calificados como forestales apenas suponen un 10% de la finca, el resto está calificado como agrícola. Sancorganic no ha plantado ningún árbol de pistacho en estos terrenos que estaban pendientes del cambio de uso”, argumentan desde la compañía.

Caminos rurales tradicionales cortados y animales atrapados

Una de las primeras actuaciones de la empresa por la que comenzaron los choques fue cuando vallaron el terreno, cerrando varios caminos rurales tradicionales “utilizados durante generaciones” para acceder al río Jarama. Ahora, según critican los vecinos, hay ya un total de cinco caminos cortados, lo que dificulta el paso sobre todo a personas con movilidad reducida, que tienen que dar un rodeo. Pero es que además, los residentes indican que los cerramientos se han extendido incluso a zonas verdes públicas del término municipal: “El Ayuntamiento permite su ocupación privada”, lamentan. elDiario.es ha intentado ponerse en contacto con el Ayuntamiento, pero no ha obtenido respuesta.

El problema no se limita solo a la zona cortada. También tiene que ver con qué se hacen esos cerramientos, unos cercos que los vecinos han apodado como la “valla de la muerte”. Remiten unas imágenes de 2022 y 2023 que permiten saber el porqué de ese nombre.

Según denuncia la asociación vecinal y las plataformas ecologistas, los animales mueren en muchas ocasiones al no poder salir del vallado para llegar al río Jarama y beber. Después de la polémica cuando salieron las primeras fotografías, la empresa asegura haber tomado algunas medidas, como la apertura de puertas en el vallado, la instalación de puntos de agua dentro del terreno o de rampas. Desde la compañía aseguran que los vídeos e imágenes se remontan al año 2022 y que desde entonces no han “vuelto a observar ningún problema”.

Aun así las declaraciones de Sancorganic no terminan de convencer a los vecinos: “Dicen y dicen, pero a día de hoy, algo parecido a dos rampas están inutilizadas por la vegetación y dentro de la finca dicen que ponen agua, pero es para un rebaño de ovejas que tienen en un rincón. No hay pasos de fauna, a través de los alambrados solo pueden pasar conejos y animales de similar tamaño. Los grandes imposibles”. Además, indican a este diario que siguen viendo animales atrapados dentro del terreno vallado.

Denuncias contra la empresa y sanciones “insuficientes”

La empresa acumula ya varias denuncias por parte de agentes forestales, SEPRONA e incluso el Ministerio de Transición Ecológica por las muertes de los corzos o la afectación de la vegetación. La mayor multa hasta la fecha por la actividad de la empresa vino por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo, con hasta 212.149 euros al Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama. También la Comunidad de Madrid ha llegado a abrir ocho expedientes a la empresa, de los cuales uno de ellos acabó en sanción. Multas que los vecinos consideran “insuficientes” y que no solucionan las críticas que llevan años repitiendo.

Por ahora, una parte de los vecinos, especialmente los más próximos a la finca, continúa su batalla que viene desde hace años y se siguen sumando las críticas, mientras la empresa asegura que existe una interlocución con los afectados y que intentan tomar medidas para solucionar la situación, ya que “la intención es tener una buena relación”, aseguran. Mientras, los vecinos de Los Silillos miran con escepticismo las palabras de la compañía y esperan que, de alguna manera, la situación pueda mejorar.

Hace unos meses, en abril de este año, Isabel Díaz Ayuso utilizó a un cargo público de Presidencia para buscar piso en Chamberí, tal y como contó elDiario.es en exclusiva. La presidenta se valió de la ayuda del jefe de despacho de la Secretaría de Presidencia para concertar visitas a un inmueble e incluso negociar el precio de compra. Pero no es el único caso en el que la líder madrileña ha tirado de figuras públicas para cuestiones privadas. Otras polémicas como el chalé con piscina comprado por su gobierno del que puede disfrutar o la defensa a ultranza de su jefe de gabinete a su pareja, Alberto González Amador, después de que este defraudara a Hacienda, han llevado a Ayuso a tener que responder a preguntas incómodas sobre su relación con las instituciones.

No son pocas las veces en las que la líder madrileña se ha quejado de tener que dar explicaciones sobre aspectos de su vida privada, como aquellos relacionados con su novio, a quien tanto ella como su equipo se refieren como un “ciudadano particular”, que defraudó a Hacienda mediante una trama de facturas falsas y empresas pantalla. El escándalo que rodeó al fraude fiscal por el que acabó condenado el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se amplificó por otra información, también publicada en 2024 por elDiario.es: Ayuso y su pareja vivían en un piso de un millón de euros que él compró después de defraudar al erario público. El inmueble estaba ubicado en la zona de Chamberí y González Amador dio entonces de entrada 350.000 euros. Después se conoció que en realidad no era un piso, sino dos, uno encima del otro. El segundo se trataba de un ático por el que su fiscalista pagó 950.000 euros, por el que González Amador desembolsaba 5.000 euros de alquiler y que luego compró. En total, los dos inmuebles, que ahora el empresario ha decidido poner en venta, costaron 1,8 millones de euros.

Solo un día después de la publicación del fraude al fisco de González Amador, la líder madrileña salió en defensa de su pareja. Desde el atril oficial, en la rueda de prensa que se da posterior al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, negó los hechos y se presentó como víctima de una “persecución política escandalosa”: “Mi pareja no está en ninguna trama, está sufriendo una investigación salvaje de Hacienda sacada de quicio que se ha orquestado para dañarme a mí”.

Un jefe de gabinete para defender a la presidenta

Pero Ayuso no solo se ha servido de los medios de la Comunidad de Madrid para defenderse de las acusaciones en torno a González Amador. También lleva tiempo utilizando a uno de los pesos pesados de su gobierno: su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.

Después de que elDiario.es publicase la exclusiva sobre González Amador, fue el jefe de gabinete de la presidenta quien difundió una supuesta propuesta de negociación de la Fiscalía a la pareja de Ayuso que nunca se había producido y dijo que había “órdenes de arriba” para frenar dicho pacto, que tampoco se habían dado. “No es información, pero tengo el pelo blanco”, dijo durante su declaración en el Tribunal Supremo, donde reconoció cómo difundió un correo del fiscal que investigó a González Amador e intentó quitar importancia a sus amenazas a este periódico.

No es el único ejemplo de Rodríguez defendiendo a González Amador. En mayo tuvo que declarar en el juzgado en un caso en el que se investigaban delitos de revelación de secretos por difundir la identidad de dos periodistas que habían acudido a las inmediaciones de su domicilio para investigar su caso de fraude fiscal y la compra del piso que compartía con la presidenta madrileña. La jueza, finalmente, archivó la causa.

El uso de un cargo público para negociar la compra de un piso

Hace unos meses, en abril de este año, elDiario.es publicó en exclusiva que Ayuso había estado buscando un piso para comprar en Chamberí, el mismo barrio en el que residía con su pareja hasta ahora y donde también vive su madre en una casa familiar, muy cerca de donde la Comunidad de Madrid adquirió el polémico ático de lujo de 6,3 millones de euros que iba a utilizarse para “reuniones” y que finalmente será puesto en venta por 6,69 millones. Para ello utilizó a un cargo público de Presidencia, el jefe de despacho de la Secretaría de Presidencia, Álvaro Sanz. Él fue el encargado de hacer los contactos y concertar las visitas, además de participar en la negociación del precio de compra.

Según confirmó este periódico, fue Sanz quien contactó con la propiedad de un piso de unos 100 metros cuadrados que se anunciaba en Idealista y concertó dos citas para visitarlo. La presidenta acudió el 1 de diciembre de 2025 con sus escoltas a verlo en persona y hubo una segunda visita a la que la presidenta acudió con su pareja. El piso estaba para reformar y tenía un precio de 850.000 euros en la plataforma.

Sanz es secretario de Ayuso desde 2019 y está contratado como personal eventual. Es un cargo de confianza de la presidenta, pero no es funcionario. Entre sus funciones están el “control y coordinación de la agenda de la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Coordinación y organización de viajes. Recepción de visitas y atención al público, tanto telefónica como presencial. Despacho y gestión de correspondencia y correos electrónicos. Y en general, labores propias de jefatura de secretaría de presidencia”.

El chalé con piscina comprado por la Comunidad de Madrid

Otro episodio que despertó dudas salió a la luz el pasado verano. Se conoció entonces que Ayuso disfruta de un chalé con piscina en Rascafría, un pueblo en la sierra de Madrid, propiedad de la Comunidad con suite, dos plantas y piscina, comprado por el Ejecutivo regional en 2023, según adelantó El País.

La baronesa del PP pasó allí un fin de semana con su familia. Cuando la polémica estalló, decidió atacar al Gobierno de Pedro Sánchez para justificar el uso del chalé y asegurar que había pasado “dos días con el tupper de casa”. “He estado dos días en una casa de la que ahora vamos a dar explicaciones del consejero y yo. Me llevé mi comida de casa, cené en un restaurante del pueblo y compré en el Covirán, con mis medios”, dijo entonces para defenderse de las críticas.

Las imágenes publicadas por la agencia inmobiliaria que puso en venta la finca permitió entonces hacerse a la idea de cómo era el chalé, descrito por algunas personas que lo vieron por dentro como un “casoplón” pero que el Partido Popular aseguró que era “muy austero”.

La luz verde para la operación de compra del terreno y de la vivienda se dio porque la Consejería de Medio Ambiente consideró que “dadas las características de los terrenos (...)” resultaba “conveniente proceder al ejercicio del derecho de adquisición preferente para su incorporación al patrimonio” de la región. El Gobierno de Ayuso pudo paralizar el acuerdo de compraventa que ya existía entre particulares al aplicar una ley de preservación ambiental, por la cual dejaron por escrito que las construcciones e infraestructuras del terreno serían “destinadas al servicio del monte en el que se ubican”.

¿La reacción de su gobierno? Desde Presidencia defendieron que la vivienda “se puede usar”, que era la primera vez que se disfrutaba de ella y lanzaron críticas contra Pedro Sánchez: “Es un uso permitido, muy austero, no digamos nada con La Mareta (en Lanzarote) o Quintos de Mora (en Toledo)”.

Meses más tarde, el cariz de privacidad del chalet pareció cambiar. Fuentes de la Comunidad de Madrid confirmaron que la casa podía volver a ser usada tanto por la presidenta como por sus consejeros aunque esta vez no de forma personal, sino cuando estuviesen “de guardia” en el trabajo, aunque los altos cargos como el de Ayuso y su equipo de gobierno no están vinculados a horarios y no tienen guardias como tal.

La polémica por los viajes de la presidenta

La oposición lleva tiempo cuestionando la necesidad de los viajes, especialmente los internacionales, de la presidenta regional. Si se echa la vista atrás se puede observar cómo no es raro que el cumpleaños de Ayuso coincida con algún viaje oficial al extranjero, como fue el caso del viaje a Texas de 2025, que incluyó la asistencia al Gran Premio de las Américas de F1 y la firma de contratos menores. En una tecnológica a la que visitó incluso le cantaron el “cumpleaños feliz”, con tarta incluida.

Pero las escapadas también coinciden a veces con situaciones complicadas para la baronesa del PP. Un ejemplo es su viaje a Ecuador de 2025, que se solapó con la fecha en la que su pareja estaba citada como investigada por corrupción de negocios. Ese día, la presidenta no pudo estar en la Asamblea de Madrid porque fue a Quito para “estrechar lazos con Hispanoamérica”.

Desde el comienzo de su mandato, Ayuso ha visitado un total de 14 países en viajes institucionales. Sin embargo, fuera de lo que se podría considerar como un viaje de trabajo, los destinos son más. Algunos de ellos están también en el portal de Transparencia, a pesar de no ser oficiales y a través de la reserva de la sala de autoridades, tal y como adelantó la Cadena Ser, cuando Alberto González Amador intentó desgravarse los gastos de las vacaciones que disfrutaron juntos en 2021.

Estas semanas, al escándalo del ático se han sumado las críticas por otro de sus viajes, el de México del pasado mes de mayo, que terminó de forma abrupta entre acusaciones al gobierno de Claudia Sheinbaum. El motivo es que, después de meses sin conocer exactamente cuánto había costado al erario público, finalmente el Gobierno de Ayuso ha declarado que la presidenta gastó unos 600 euros en los días de su visita, que corresponden a la reserva de la sala de autoridades del aeropuerto. 600 euros frente a los casi 15.000 que suman otros tres cargos públicos que también fueron al país americano esos días y que recientemente han actualizado sus hojas de gasto en el portal de Transparencia.

Una visita que contó con el apoyo de la presidenta al musical del empresario y compositor Nacho Cano, 'Malinche', que también representa en Madrid desde 2022.

Ha pasado ya más de una semana desde que saltase el último escándalo en Sol y ya empieza a pesar dentro del equipo de la líder madrileña, que lleva días sin agenda oficial, a pesar de haber aparecido en actos relacionados con la reconstrucción de la Sierra Oeste tras los incendios. La compra de un ático de lujo por parte de la Comunidad de Madrid en abril por 6,3 millones de euros en el distrito de Chamberí, muy cerca de la casa familiar de la presidenta, que iba a ser utilizado para “reuniones” oficiales mientras durasen unas obras en la Real Casa de Correos, ha llevado a la oposición no solo a pedir explicaciones públicamente, sino también a tomar acciones legales ante lo que consideran que puede ser un caso de “prevaricación y malversación”.

Este jueves, el portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, trataba de pasar página apuntando hacia la “izquierda y la ultraizquierda” por buscar “fantasmas”. Por su parte, Ayuso ha negado en repetidas ocasiones que el ático fuese para uso personal. Este mismo viernes, ante preguntas de la prensa en uno de esos pueblos, se preguntaba por qué estos “no preguntan por la gente afectada” por los fuegos o por las medidas que está tomando su Ejecutivo.

En sus explicaciones, el consejero al que Ayuso señaló alegando que era Presidencia quien podría dar todos los detalles de la operación, añadió que “lo que no se dice es que Madrid no tiene residencia oficial para la presidenta, que sí la tienen muchos presidentes autonómicos, que la tienen la mitad de los ministros”. La intención es vender esa propiedad, que no puede utilizarse como oficinas ni tampoco como residencia oficial, por 6,69 millones de euros junto a otro inmueble de la empresa pública Planifica Madrid, que se encargó de la operación, situado en Gran Vía. El anuncio se ha publicado en el portal de contrataciones este mismo viernes por la tarde.

En medio del torbellino de informaciones que se han ido sucediendo en los últimos días, un juzgado ha decidido situar al borde del banquillo a otro cargo público del PP, la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, por la presunta filtración de informes policiales para vincular a personas migrantes con delincuencia después de unas polémicas declaraciones que hizo Ayuso en 2024. Según el auto, la alcaldesa del PP aseguró que había que “salvar a la jefa”.

Si tienes información sobre este u otro caso puedes hacernos llegar cualquier información de manera segura al correo pistas@eldiario.es

La Comunidad de Madrid ha publicado este viernes el contrato para el diseño de las futuras obras de su sede en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol. Concretamente, el expediente recoge un contrato adjudicado y negociado sin publicidad a la empresa Pombo Estudio S.L. por 59.000 euros para el “diseño, redacción de proyecto y dirección facultativa, obras de adecuación de espacios en Real Casa de Correos”.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aseguró que compró el ático de 6,3 millones de euros en Chamberí que ha desatado la polémica estos días por unas obras en Sol de las cuales no existía rastro en el portal de contratación de la Comunidad de Madrid. Ahora, más de una semana después del escándalo, en la web han aparecido los datos del contrato adjudicado a una empresa propiedad de Alejandra Pombo, prima de la influencer y empresaria María Pombo. Este viernes también se ha conocido la puesta en venta del ático por 6,7 millones.

En cuanto a los plazos previstos, la presidenta de la Comunidad aseguró durante una rueda de prensa el pasado miércoles que las obras comenzarían “en otoño”. Según el contrato colgado en la web, a partir de la fecha de la firma se cuenta con un plazo de tres meses para tener listo el proyecto, el paso previo a la licitación de las obras. Luego habrá cuatro meses para la tramitación de la licitación y adjudicación del contrato de obras, así como la obtención de licencias, y otros doce para la ejecución de las obras. En total, 19 meses.

En la memoria de justificación del proyecto, que es el paso previo para las obras, aparece la firma con fecha del 2 de junio de este año y se establece como objetivo “modernizar y adecuar a la arquitectura singular del edificio la imagen institucional”, para lo que “se requiere una adaptación y rehabilitación de las diferentes estancias dentro del edificio, debiendo encontrarse a la altura de la estética exigida por la Consejería de Presidencia”. En total, el presupuesto base de la licitación es de 59.377,73 euros.

El jueves de la semana pasada, un día después de que saliese a la luz la compra del lujoso ático, desde el área de Presidencia de la Comunidad aseguraban que la Real Casa de Correos seguiría “este verano con las obras planificadas, que comenzaron en 2025, y que en este periodo iban a afectar a los patios y segunda planta, para mantener en las mejores condiciones un edificio de más de 250 años declarado BIC”.

Las zonas a intervenir, según detallan en el portal de contratación, son “los patios interiores de la planta baja, la escalera principal de acceso a la segunda planta y el ala norte de esta planta donde se encuentran la zona Presidencial, el Salón Institucional, el Salón Canalejas y la Sala de Consejo de Gobierno”.

El contrato que se ha adjudicado por el momento incluye el desarrollo del proyecto de decoración interior, la asistencia técnica durante la tramitación de licencias, autorizaciones y permisos y la dirección facultativa del proceso.

La Comunidad de Madrid acaba de publicar este viernes por la tarde el anuncio de venta del ático de lujo de 485 metros cuadrados de Chamberí por 6,69 millones de euros a través de la empresa pública Planifica Madrid. El documento ha sido subido a la página web de contratación pública y cuenta con dos lotes: uno con el ático de la calle General Martínez Campos y otro con el otro inmueble de Gran Vía 6, que pone a la venta por 11,8 millones de euros. Aquí se pueden consultar imágenes y planos de ambos inmuebles.

El documento está firmado por Pedro Corbalán Ruiz, el actual consejero delegado de Planifica Madrid, la empresa pública dependiente de la Consejería de Presidencia que adquirió el ático, a fecha de este mismo viernes a las 17:27 horas.

La compra se produjo el pasado mes de abril por 6,3 millones de euros, aunque ha sido esta pasada semana cuando ha salido a la luz tras la publicación de El País de la operación. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso justificó la necesidad de la operación para realizar “reuniones” oficiales debido a unas obras de la Puerta del Sol, sede de la presidencia del gobierno autonómico.

Posteriormente, la Comunidad de Madrid rectificó y aseguró que iba a poner en venta tanto este ático como otros inmuebles de Planifica Madrid y que destinaría el total a la recuperación tras los incendios de la Sierra Oeste. El consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, estimó en unos 20 millones el dinero total que obtendrían de estas operaciones.

Planifica Madrid es una sociedad mercantil de carácter público, por lo que no puede transferir fondos de forma directa a la Comunidad de Madrid —propietaria de la entidad— después de una maniobra de venta como la que se ha anunciado. Para que llegue el dinero, el Gobierno de Ayuso debe esperar al cierre de las cuentas del año y comprobar que el resultado y la cuenta de pérdidas y ganancias arroja beneficios. Solo entonces, siempre que no haya ninguna deuda subordinada ni preferente, se puede aprobar un reparto del dividendo.

Hasta la fecha no se conocía por cuánto dinero se pondría a la venta el inmueble, así como tampoco, por el momento, se puede acceder a través de Transparencia al expediente de compra del mismo, por el que se pagó 6,3 millones de euros, según confirman desde la Consejería de Presidencia. La empresa pública exigió confidencialidad al vendedor antes incluso de la visita, según explicaron fuentes conocedoras del proceso a elDiario.es.

Planifica Madrid también pone a la venta por 11.823.604 euros otro lote, como había anunciado, compuesto por los “cuatro inmuebles” de Gran Vía que están unidos en una única referencia catastral. Esta empresa pública lleva meses intentando enajenar este otro inmueble situado a diez minutos a pie de la Puerta del Sol, tal y como contó elDiario.es. Según el documento, el inmueble está en una tercera planta que consta de 1.132 metros cuadrados destinados a oficinas y 100 metros cuadrados de elementos comunes.

La ficha del organismo lo describe como un “edificio de planta trapezoidal sobre un extenso solar con fachada a tres calles, distribuido en torno a dos patios irregulares” construido por los arquitectos José María Mendoza Ussía y José de Aragón Pradera para la familia Urquijo, que lo destinaron a viviendas. “Las fachadas muestran gran plasticidad y una sobriedad mayor que en otros edificios de este primer tramo de la Gran Vía”, dicen.

Según especifican en el documento, “los requisitos de solvencia económica y financiera se acreditarán por los licitadores” a través de la presentación de un informe o certificado de Instituciones Financieras.

Precisamente hace solo unas horas, el portal de contratación de la Comunidad de Madrid también publicaba el contrato para el diseño de las futuras obras de su sede en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol. El expediente recoge un contrato adjudicado y negociado sin publicidad a la empresa Pombo Estudio S.L. por 59.000 euros para el “diseño, redacción de proyecto y dirección facultativa, obras de adecuación de espacios en Real Casa de Correos”.

Mientras que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso solo publica unos 600 euros de gasto de la presidenta autonómica en su polémico viaje a México del pasado mes de mayo, otros tres cargos públicos que también viajaron al país americano declaran casi 15.000 euros entre los tres entre gastos de alojamiento o transporte durante esos días.

Se trata del consejero de Cultura, Mariano de Paco, y otros dos cargos públicos: Laura Martínez Cerro, directora general de Turismo y Hostelería de la Comunidad de Madrid, y Ruperto Merino Solís, director de gestión de los Teatros del Canal. Según adelanta este viernes El Salto y ha podido comprobar elDiario.es, Mariano de Paco declara 6.609,45 euros en total por su estancia en México para asistir a los Premios Platino de cine, a los que finalmente no fue Ayuso debido a que canceló su gira antes entre acusaciones al gobierno de Claudia Sheinbaum.

El total corresponde a gastos de alojamiento y de locomoción, aunque no especifica los gastos de manutención durante los días de la visita.

En el caso de la directora general de Turismo, el total es de 4.286,13, sin montante de gastos de manutención. En el motivo de su viaje a México durante las mismas fechas que la líder regional, Laura Martínez especifica que acudió para realizar una “promoción turística de la Comunidad” en México, “uno de sus principales mercados internacionales”. En el polémico viaje de la presidenta, según la información publicada por la Cadena Ser, la Comunidad de Madrid firmó dos convenios para asistir a la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes. Esos dos convenios habían sido rubricados por la empresa pública 'Madrid, Cultura y Turismo' con el Patronato de la Feria Nacional de San Marcos y el Instituto de Cultura de Aguascalientes, una asistencia que costó más de 300.000 euros.

Por su parte, el director de Teatros del Canal, Ruberto Merino Solís, añade en su hoja del Portal de Transparencia 3.952,2, euros que corresponden a locomoción y manutención, aunque se desconoce el montante correspondiente al alojamiento. Merino acudió a México, según su declaración, para “hacer seguimiento en Aguascalientes de las actividades culturales programadas en la Feria Nacional de San Marcos por ser la Comunidad de Madrid invitada, y asistir en Xcaret a la XIII Gala de los Premios Platino que contó con la participación del Ballet Español de la Comunidad de Madrid”.

El gasto del viaje a México

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso publicó recientemente, después de meses sin actualizar las hojas de gastos, el montante total de la visita de la presidenta. En su caso, 402 euros y 220 de reserva de la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas, sin especificar otros como la manutención, la locomoción o el alojamiento, que están en blanco. Después de la vuelta de la presidenta y hasta hace poco, el último gasto de viaje que figuraba en la hoja pública era de octubre de 2025, con su viaje a Austin (Texas). Ahora, la fecha de última actualización corresponde al 30 de junio de este año.

Este miércoles, la presidenta no aclaró cómo se sufragó el viaje. “Uno solo puede publicar los gastos que son imputables a la Administración, a sus instituciones o a sus organismos. Todo aquello que no ha sido gasto de la Comunidad de Madrid, en este caso, no se puede publicar porque no es nuestro”, respondió a preguntas de los periodistas.

El Ejecutivo de la Comunidad tuvo que dar entonces explicaciones también por la agenda de la presidenta, ya que estuvo tres días sin actos oficiales en México después de acusar tanto al Gobierno de Pedro Sánchez como al de Sheinbaum de ponerla en riesgo en “un país violento”. El consejero portavoz, Miguel Ángel García Martín aseguró entonces que lo que hizo la presidenta durante esos tres días fue “tratar de volver” a Madrid.

El Gobierno de Sheinbaum aseguró en un comunicado que el recorrido de la presidenta madrileña por México se ha desarrollado “en un ambiente de total libertad”, y añadieron: “En ningún momento se intentó evitar alguna de sus presentaciones públicas o privadas”. Por su parte, Ayuso acusó a Sheinbaum de haber “amenazado a los organizadores” del evento con “cerrar el complejo donde se celebran” si acudía la presidenta autonómica “tanto al evento como al recinto”, un extremo que negó el Ejecutivo mexicano.

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El PSOE llevará ante la Fiscalía al consejo de administración de la empresa pública Planifica Madrid tras el escándalo del ático por posibles delitos de prevaricación y malversación. Así lo ha anunciado este viernes por la mañana en la sede de Ferraz el ministro y líder de los socialistas madrileños, Óscar López, que ha adelantado las acciones legales después de la polémica de estos días tras la compra de un inmueble de lujo de 485 metros cuadrados en el distrito de Chamberí el pasado mes de abril por parte de la comunidad autónoma. “Sigo sin comprender cómo desde una administración pública se puede armar un expediente para justificar” la compra, ha criticado, calificándolo de “chapuza colosal”.

El candidato por el PSOE a disputarle la presidencia a Isabel Díaz Ayuso ha comenzado la rueda de prensa criticando que en la Comunidad “miles y miles de familias y jóvenes no pueden comprar ni tampoco alquilar”, en una región en la que además la presidenta se “niega a aplicar la ley de vivienda y a topar los precios del alquiler”. “Ayuso ha decidido que todos los madrileños tienen que pagarle a ella un superático de lujo a su gusto en el barrio de Chamberí. Y no lo vamos a consentir”, ha asegurado.

López también ha criticado el cambio en las explicaciones tanto de la baronesa del PP como de su equipo de gobierno, que una vez estalló la polémica al conocerse que habían comprado por 6,3 millones un ático de lujo para “reuniones”, anunciaron que pondrían en venta el inmueble para destinar el dinero a la recuperación tras los incendios de la Sierra Oeste, un extremo que para el socialista se trata de “populismo barato”. Un “hecho tan lamentable, como vergonzoso, como inexplicable”, ha zanjado.

Además, los socialistas pedirán el contrato de arras, así como otros documentos que por el momento se encuentran inaccesibles en Transparencia, a pesar de que Planifica Madrid, la empresa que gestionó la compra, es pública y depende de la Consejería de Presidencia. “Ayuso ha decidido que está por encima del bien y del mal y que los madrileños tienen la obligación de pagarle a ella su vida padre”, ha criticado López para pedir también la dimisión de Ayuso y que se “diluyan todas las responsabilidades penales”. “Lo siento por las personas que han” ayudado a que se produzca la operación, “porque se van a arrepentir”, ha añadido.

Las declaraciones del consejero de Presidencia

Este jueves, el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, ofreció una rueda de prensa un día después de que la líder regional le señalara para dar explicaciones por la adquisición del inmueble. Durante su intervención, García Martín acusó a la “izquierda y la ultraizquierda” de “buscar fantasmas” y, durante las preguntas de los periodistas, añadió que “lo que no se dice es que Madrid no tiene residencia oficial para la presidenta”, como sí la tienen otros presidentes autonómicos.

Unas declaraciones que el líder socialista resume: “Excusatio non petita, acusatio manifesta”, dice. “El consejero sabe que le estaba comprando un piso a la presidenta de la Comunidad de Madrid”, ha asegurado. “Si la presidenta quiere tener una residencia oficial, que lo haga por los cauces oportunos”.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso trata de pasar página tras el escándalo por la compra de un ático de lujo con el fin de que la presidenta lo usara para “reuniones” como oficina mientras se llevaban a cabo obras en la Real Casa de Correos de Sol. Este miércoles, Ayuso volvió a defender que el inmueble comprado no era para uso personal y apuntó a la consejería de Presidencia, de quien depende Planifica Madrid, para dar explicaciones: “Es quien tiene la información detallada”.

Desde la consejería de Presidencia, una portavoz ha confirmado a este diario que el inmueble fue adquirido por 6,3 millones, pero todavía quedan detalles por conocer. El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, sin embargo, considera que ya se han dado esos detalles y evita responder a preguntas de la prensa como por cuánto se pretende ahora vender el inmueble. “Lo que no se dice es que Madrid no tiene una residencia oficial para la presidenta, que sí la tienen muchos presidentes autonómicos, que la tienen la mitad de los ministros”, ha asegurado.

En rueda de prensa, García Martín ha asegurado este jueves que “la prioridad es la reconstrucción de la Sierra Oeste” y ha insistido en la idea que ya adelantó la semana pasada, cuando la polémica estalló: que el Gobierno de la Comunidad de Madrid pretendía ahora vender el ático de lujo, así como otros cuatro inmuebles de Gran Vía, todos propiedad de Planifica Madrid, con el fin de invertir el dinero en la reconstrucción tras los incendios. Según sus estimaciones, unos 20 millones de euros que, sin embargo, no se podrían destinar directamente a las ayudas ya que se habría que esperar al reparto de dividendos de la empresa al final del ejercicio.

El consejero portavoz ha indicado que Planifica Madrid, empresa pública de la que él mismo es presidente, se dedica a la “gestión de los inmuebles”: “Hemos vendido en Santa Catalina un inmueble”, ha ejemplificado, para explicar que en ese momento “se vio la posibilidad” de adquirir el ático para destinarlo a las “necesidades” que pudiera tener el Gobierno autonómico.

Ante las preguntas de la prensa, García Martín ha negado que el Gobierno ahora tenga “ninguna incomodidad”, y ha señalado a la “izquierda y la ultraizquierda” que, según ha criticado, “necesita buscar fantasmas donde no los hay”. Acto seguido, el consejero portavoz ha atacado al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.

“En los próximos días se pondrá a la venta, tal y como había indicado”, ha continuado, aunque sin responder a la pregunta de por cuánto pretenden vender el inmueble. “Lo que no se dice es que Madrid no tiene una residencia oficial para la presidenta, que sí la tienen muchos presidentes autonómicos y sí la tienen muchos ministros”, ha asegurado. Para el consejero, se ha sacado “de contexto esta situación”, con la oposición tratando de “estirar el chicle”.

Sin embargo, todavía hay incógnitas por conocer, como el expediente de compra del ático, que no está accesible en la web de la empresa pública, por qué se exigió confidencialidad al vendedor antes incluso de la visita al mismo, por cuánto se pretende poner a la venta el inmueble, o dónde están las licitaciones para las obras de la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid, cuya fecha exacta de inicio se desconoce.

El juzgado que investiga a la alcaldesa de Alcalá de Henares del Partido Popular, Judith Piquet, por filtrar una nota policial para criminalizar a personas inmigrantes, ha decidido colocar a la edil al borde de sentarse en el banquillo. En el auto se recoge que, presuntamente, Piquet quiso dar a conocer el documento para “salvar” a Isabel Díaz Ayuso después de unas declaraciones xenófobas: “Hay que salvar a la Presidenta. Hay que salvar a la Jefa”.

Los hechos se produjeron en enero de 2024, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid acudió al municipio para celebrar un Consejo Extraordinario de Gobierno con el fin de visibilizar los problemas que, según su versión, habían ocasionado un grupo de migrantes que el Gobierno central había destinado a un centro de acogida de la zona. En la rueda de prensa de ese Consejo, Ayuso acusó sin pruebas a las personas inmigrantes de haber cometido agresiones sexuales e incluso haber sido los causantes de producir un brote de sarna.

Después de estas acusaciones, el delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín, aseguró que en ese momento no había abierta “ninguna investigación por agresión sexual vinculada a un posible origen en los migrantes” del centro. Al día siguiente fue el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, quien publicó un tuit en el que acusaba al delegado del Gobierno de mentir adjuntando una fotografía de la nota policial en la que se ve la denuncia de una mujer sobre una “agresión” sufrida en la localidad en diciembre de 2023.

Y ese mismo día, Judith Piquet asegura que lo que había dicho la presidenta regional era “una verdad irrefutable”. Ante esto, el PSOE decide acudir a la Fiscalía en febrero de 2024 y denuncia la presunta comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos por autoridad o funcionario público. La Fiscalía abrió diligencias de investigación y, posteriormente, se querella contra la alcaldesa y su director de comunicación, Raúl Castillo.

El Ministerio Público concluyó que las órdenes de difusión venían de la alcaldesa, que habría remitido “la fotografía tomada del informe policial a D. Alfonso Serrano Sánchez-Capuchino, secretario general del PP de Madrid, el cual, con la finalidad de justificar o dar cobertura documental a las afirmaciones que la presidenta de la Comunidad de Madrid había efectuado el día anterior en relación a los migrantes acogidos en el CAED de Alcalá de Henares y la comisión de dos agresiones sexuales por varones de raza negra publicó en su cuenta de la red social X la fotografía del informe de incidencia”.

Finalmente, en agosto de 2024 un juzgado decide imputar a la alcaldesa y solicita a la Policía local que remita los wasaps que aportó a la Fiscalía. Este pasado mes de abril, la jueza ratificó la prórroga de la investigación defendiendo que existen “indicios criminales”. Ahora, un tribunal de instancia de Alcalá de Henares, ha propuesto juzgar a la alcaldesa por filtrar ese informe. Según el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, Judith Piquet tomó con su teléfono una fotografía del documento y, presuntamente, le dijo entonces a Raúl Castillo: “¿Ves? hay que salvar a la Presidenta, hay que salvar a la Jefa y hay que trasladar esto a Madrid”.

Los alcaldes del PSOE piden la dimisión de Piquet

Los alcaldes y alcaldesas socialistas de la Comunidad han pedido la dimisión de Judith Piquet como presidenta de la Federación de Municipios de Madrid tras el auto judicial. Ramón Jurado, vicepresidente de la Federación y alcalde de Parla, ha exigido la doble dimisión de Piquet, como presidenta de la Federación y como alcaldesa de Alcalá.

Tienen que dar explicaciones, porque no todo vale para ‘salvar a la jefa’“ ha señalado Jurado.

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Todavía son muchas las incógnitas que rodean la polémica compra del ático de lujo situado en el distrito de Chamberí por la Comunidad de Madrid con el fin de que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, según justificaron, utilizara el inmueble como oficina en el tiempo en el que se llevaban a cabo unas supuestas obras en la Real Casa de Correos de Sol, de las que se desconocen detalles como el mes de inicio o de duración total. Pero con el paso de los días y tras las nuevas informaciones publicadas, algunas cifras que rodean la operación van cayendo en gotero, a pesar de la opacidad.

Tras la primera noticia publicada por El País, se conoció que se trataba de un ático de 485 metros con cinco habitaciones y 200 metros de terraza, situado muy cerca de la vivienda familiar de Ayuso, que recibió como donación en vida de su padre y en el que ahora vive su madre. Primero defendió su pertinencia, pero un día después el gobierno autonómico reculó y aseguró que pondrían en venta el inmueble para financiar la recuperación de los incendios que se han producido este verano. elDiario.es publicó de forma posterior que la empresa pública que compró el ático lleva un año tratando de vender un inmueble mayor en Gran Vía, a diez minutos a pie de la Puerta del Sol, sede de la Presidencia.

Durante toda la semana pasada y esta, el Gobierno de la presidenta ha respondido cargando contra los medios de comunicación y sin ofrecer detalles importantes de la compra, como el expediente de la misma o las licitaciones de las obras en la sede del Ejecutivo regional.

Las cifras del ático: ¿por cuánto se ha comprado?

La Comunidad de Madrid compró el ático situado en el paseo del General Martínez Campos el pasado 14 de abril por 6,3 millones de euros, según adelantó laSexta y ha confirmado este martes El País de fuentes próximas a la operación. Promora, la inmobiliaria de lujo de La Moraleja que lo vendió, obtuvo de la compra unos honorarios del 3%, unos 189.000 euros dentro de esos 6,3 millones. Sin embargo, esta información no está disponible públicamente, en parte por la propia naturaleza de Planifica Madrid, una sociedad mercantil de la Administración madrileña con menos controles y transparencia que otros organismos.

elDiario.es ha preguntado a un portavoz de la presidenta de la Comunidad de Madrid para confirmar estos números, pero no ha obtenido respuesta. Precisamente este miércoles Ayuso ha remitido a la consejería de Presidencia para que den explicaciones sobre los detalles de la operación: “Es quien tiene no solo la información detallada, sino los canales de información a tal efecto”, ha indicado. Fuentes de Presidencia descartan referirse como “comisión” al porcentaje del 3% de honorarios que se lleva la inmobiliaria. Este periódico ha preguntado por las cifras tanto de la compra como de los honorarios, así como por las fechas concretas de las obras en Sol, y dichas fuentes confirman esos 6,3 millones por la adquisición del inmueble.

Las cifras estimadas de las ventas

Cuando estalló la polémica, la Comunidad de Madrid decidió rectificar y el consejero portavoz, Miguel Ángel García Martín, adelantó que se iba a poner en venta el inmueble y que el dinero se destinaría a la reconstrucción tras los incendios de este verano, que afectaron especialmente a la Sierra Oeste de la región. Pero, según explicó, no solo pretenden vender este inmueble, sino también el situado en la Gran Vía de Madrid —que lleva casi un año intentando vender—, con el objetivo de obtener entre 20 y 22 millones de euros.

“Planifica Madrid tiene todo tipo de inmuebles de distintos usos”, indicó el consejero. “Ese patrimonio que tiene Planifica Madrid se va a poder poner a la venta”, dijo. Sin embargo, no es tan sencillo como parece y el Gobierno de Ayuso no podrá destinar de forma directa el dinero de la venta al pago de las ayudas a los afectados por los fuegos. Tendrán que esperar al cierre de ejercicio de Planifica Madrid y aprobar el reparto de dividendos.

Las cifras de Planifica Madrid

La empresa pública Planifica Madrid, que se encargó de la compra del ático y que exigió confidencialidad para la operación, no respondió a la petición de información de elDiario.es sobre el precio de la compra. “Planifica Madrid compra y vende inmuebles en numerosas ocasiones”, ha dicho Ayuso este miércoles en rueda de prensa, en la que ha asegurado que ella no tiene “la menor idea” de esas actividades porque no es su “competencia saberlo”.

Según un informe de la Cámara de Cuentas de 2024, Planifica Madrid estuvo entre las entidades que enviaron sus cuentas “fuera de plazo”. En 2025, las cifras de la empresa reflejan unos 81 empleados, activos de 427 millones de euros a cierre de ejercicio y una cifra de negocios de 26,4 millones de euros: 16,1 millones de la venta de una parcela en Meco y 9,7 millones, del arrendamiento de inmuebles.

En julio de 2023, la empresa fue adscrita a la Consejería de Presidencia y García Martín pasó a ser el presidente de la entidad. En los últimos años, se ha dedicado a la compra puntual de algunos inmuebles, como la antigua casa del poeta Vicente Aleixandre, por la que el Gobierno autonómico pagó 3,2 millones de euros. En 2025, Planifica Madrid presentó la justificación de la “necesidad de incremento” de su presupuesto en unos 9 millones de euros, un incremento que justifican en cuestiones como la adquisición de la casa del poeta o la compra de la finca de El Garzo.

Las cifras de los áticos del novio de Ayuso

Durante la comparecencia de la baronesa del PP de este miércoles, Ayuso criticó que se intentara vincular la polémica de la compra del ático con otra operación: la semana pasada su pareja, Alberto González Amador, puso a la venta el piso en el que vive con la presidenta, el ático que compró en 2022 después de cobrar una comisión millonaria. También puso en venta el ático situado en la planta inmediatamente superior, anuncios que este mismo martes decidió retirar.

El novio de Ayuso pedía por la casa en la que vivía con la presidenta 1.790.000 euros, una cantidad superior al doble de la que abonó en 2022. Mientras, por el otro ático de 206 metros cuadrados, pedía 1.630.000 euros. Se desconoce por el momento si volverá a publicar los anuncios de los inmuebles. La presidenta regional aseguró que entiende que “se hilen puntos porque se han dado dos circunstancias a la vez”: la compra de un ático de lujo por parte de la Comunidad de Madrid para “reuniones” y la venta de la casa en la que vivía la líder madrileña.

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Isabel Díaz Ayuso insiste en que el polémico ático de lujo comprado por la Comunidad de Madrid a través de Planifica Madrid no era para uso personal. “Sería muy poco inteligente”, ha asegurado la presidenta autonómica este miércoles en una rueda de prensa ante las preguntas de los periodistas. “Si hubiera querido tener una vivienda para mí he tardado un poquito, siete años, como tantos ministros que de los que no sabemos nada”, ha asegurado irónicamente.

Ante el intento de la prensa de confirmar si, tal y como adelantaba laSexta y confirmaba el martes El País de fuentes cercanas a la operación, finalmente el inmueble se compró por 6,3 millones, de los cuales un 3% se los habría llevado la inmobiliaria como comisión por la venta, la presidenta ha remitido en varias ocasiones a la consejería de Presidencia, de la que depende Planifica Madrid: “Es quien tiene la información detallada”, ha asegurado, a pesar de que desde este organismo no ofrecen el expediente de la compra.

Una vez saltó la polémica la semana pasada después de la adquisición del inmueble el pasado mes de abril, el Gobierno de Ayuso rectificó y anunció que finalmente venderían el ático, situado muy próximo a la vivienda familiar de la presidenta autonómica, y que destinarían el montante a la reconstrucción por los incendios. La polémica compra no aparece reflejado en Transparencia y la presidenta ha evitado responder a la pregunta de la prensa de si hay más inmuebles en la misma situación: “Planifica Madrid compra y vende inmuebles en numerosas ocasiones”, se ha limitado a responder.

Planifica Madrid es una sociedad mercantil de la Administración madrileña que se ha encargado de la operación y que exigió confidencialidad al vendedor antes incluso de visitar el ático, que, según alegó el Gobierno autonómico, iba a ser utilizado para “reuniones” debido a unas obras que se iban a realizar en la Real Casa de Correos, la sede de la presidencia regional. Unas obras que, según las primeras informaciones, iban a comenzar este mismo verano y de las que no se disponen detalles como las licitaciones.

“He visto ahí la intención de mezclar dónde vivo con dónde vamos a trabajar estos meses porque las obras empezarán en otoño”, ha asegurado la presidenta autonómica durante la rueda de prensa, que no estaba registrada en la agenda oficial.

“Se han dado dos circunstancias a la vez”

La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha referido veladamente a que en medio de la polémica, su pareja, Alberto González Amador, puso a la venta el piso en el que vive con la presidenta, el ático que compró en 2022 cuando ya mantenía una relación con la baronesa del PP y cuya compra realizó después de cobrar una comisión de dos millones de euros por la intermediación en la compraventa de mascarillas en la pandemia del coronavirus. No solo ese piso, también el ático ubicado en la planta inmediatamente superior.

“Yo entiendo que se hilen puntos porque se han dado dos circunstancias a la vez”, ha continuado Ayuso en su comparecencia, que ha deslizado que esto se produce porque intentan “hacer daño”. “Teniendo en cuenta que sufrago mis gastos, mis vacaciones, mi sueldo congelado”, ha seguido, “sería poco inteligente”, ha asegurado, alegando que los vecinos la verían al entrar y salir de esa casa. “Entiendo que casen los relatos porque queda muy bien”.

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Después de una semana de polémica y en medio del escándalo por la compra de un ático de lujo por parte de la Comunidad de Madrid y su posterior rectificación, Isabel Díaz Ayuso ha reaparecido para responder a la petición de un pleno extraordinario para dar explicaciones. La presidenta autonómica ha decidido tirar de ironía asegurando que es “raro” que la izquierda no pida esa sesión en la Asamblea de Vallecas “para saber cuántos inmigrantes en situación ilegal nos va a mandar Sánchez sin consultarnos”.

Ayuso ha replicado con críticas a Pedro Sánchez y su gestión de la crisis humanitaria en Ceuta con la entrada de miles de personas, una tragedia que deja ya cerca de 100 personas muertas después de que 72.000 personas ingresaran en el país ilegalmente desde Marruecos, de las cuales 70.000 ya habrían regresado, según cifras de el Gobierno. “Eso sí es preocupante. Eso sí retrae dinero, servicios públicos, convivencia y seguridad”, ha dicho la baronesa en X este martes después de días de silencio sobre este tema y de no ofrecer más detalles.

Precisamente unas horas antes, el secretario general del PP, Miguel Tellado, había anticipado el rechazo del partido a acoger a menores de Ceuta en las comunidades en las que gobiernan escudándose en que la situación en la ciudad autónoma es “una crisis de seguridad nacional”, a pesar de la obligación de cumplir la ley para atender a los menores no acompañados.

Para el Partido Popular, sin embargo, Ayuso ya ha dado las “explicaciones oportunas”. “Si alguien considera que tienen que dar más explicaciones, pues que las pidan y estoy segura de que lo harán”, ha dicho este mismo martes la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, en declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press.

Después de que el miércoles 29 de julio se publicase que la Comunidad de Madrid había comprado un ático de lujo para que Ayuso lo utilizara como oficina temporal por unas supuestas obras en la Real Casa de Correos, la polémica hizo recular al Ejecutivo regional, que decidió ponerlo en venta. Ese mismo miércoles, la presidenta, que dio una rueda de prensa para explicar las medidas de reconstrucción tras los incendios, respondió a preguntas de la prensa sobre el tema. “Yo lo que lamento es tener que estar gestionando una emergencia así y tener que estar defendiéndome de pretendidas campañas de desprestigio, que es lo que se ha buscado por el día y por la forma en la que se cuenta”. “No es mi casa, no es para mí, yo no he comprado nada”, aseguró, aunque sin dar más detalles sobre la adiquisición o explicar si se haría público el expediente de compra del inmueble.

Desde entonces, tanto Ayuso como su equipo se han escudado en la recuperación tras los fuegos para no dar más información, a pesar de que todavía continúan incógnitas como las que rodean esas supuestas obras en Sol o por qué se eligió ese ático, situado muy cerca del domicilio de la familia de la presidenta de Madrid. El domingo, de nuevo, Ayuso fue preguntada por el tema, aunque aludió a las palabras del consejero portavoz, Miguel Ángel García Martín, quien intentó zanjar la polémica asegurando que pretenden destinar el dinero que obtengan a la “reconstrucción en la Sierra Oeste”, además de hacer referencia a “otros cuatro” inmuebles que también estarían en venta, según el gobierno regional.

Ya en esa rueda de prensa volvió a atacar al presidente Pedro Sánchez y a su Gobierno por la gestión de la crisis de Ceuta, llegando a acusar a Marruecos de tratar de “quitar” las dos ciudades autónomas a España, aunque sin responder a la pregunta de si se conocerá el polémico expediente.

Desde el domingo no se había vuelto a pronunciar sobre el tema y centraba sus escasas intervenciones en redes sociales en la reconstrucción tras los fuegos del mes pasado.

El pasado mes de mayo Isabel Díaz Ayuso tuvo que finalizar antes de tiempo su polémico viaje a México. Lo hizo entre críticas a Claudia Sheinbaum por “boicotear” su visita, que estuvo cargada de incendiarias declaraciones sobre el país. A su vuelta, la presidenta de la Comunidad de Madrid no solo tuvo que dar explicaciones por el motivo de esa visita y su contenido, sino que también una pregunta se repetía una y otra vez: ¿Cuánto costaron los días en los que estuvo en el país americano?

El Gobierno autonómico aseguró entonces que esos gastos se publicarían en el portal de Transparencia de la Comunidad. Ahora, meses después, ya se conoce el montante total: 600 euros por la reserva de la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas, 402 euros y 220. Ni hoteles. Ni vuelos. Después de la vuelta de la presidenta y hasta hace poco, el último gasto de viaje que figuraba en la hoja pública era de octubre de 2025, con su viaje a Austin (Texas). Ahora, la fecha de última actualización corresponde al 30 de junio de este año.

El Ejecutivo de la Comunidad tuvo que dar explicaciones también por la agenda de la presidenta, ya que estuvo tres días sin actos oficiales en México después de acusar tanto al Gobierno de Pedro Sánchez como al de Sheinbaum de ponerla en riesgo en “un país violento”. El consejero portavoz, Miguel Ángel García Martín aseguró entonces que lo que hizo la presidenta durante esos tres días fue “tratar de volver” a Madrid.

En esa misma rueda de prensa, García Martín aseguró que “todos los gastos públicos” se “conocen y se van a publicar” en el portal, aunque sí deslizó que no todos esos gastos eran públicos: “Hay una serie de gastos abonados por parte de la administración” y otros que son “abonados por parte del promotor”. Algo que englobó “dentro de la normalidad”. Eso sí, sin explicar quién pagó el resto de gastos ni dar más detalles al respecto.

Tampoco su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, que se incorporó al viaje después de declarar en los juzgados, incorpora en su declaración oficial de gastos el montante correspondiente a la estancia en México.

La cancelación del viaje

Ayuso volvió a España antes de lo previsto después de acusar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de “boicotear” la gala de los premios Platino, a los que estaba previsto que fuese la líder autonómica durante el fin de semana en la Riviera Maya.

El Gobierno de Sheinbaum aseguró en un comunicado que el recorrido de la presidenta madrileña por México se ha desarrollado “en un ambiente de total libertad”, y añadieron: “En ningún momento se intentó evitar alguna de sus presentaciones públicas o privadas”. Por su parte, Ayuso acusó a Sheinbaum de haber “amenazado a los organizadores” del evento con “cerrar el complejo donde se celebran” si acudía la presidenta autonómica “tanto al evento como al recinto”, un extremo que negó el Ejecutivo mexicano.

Críticas de la oposición: “¿Quién lo pagó y a cambio de qué?”

La oposición ha cargado contra la publicación de los gastos por parte de la Comunidad. Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, ha recordado que la presidenta estuvo diez días. “¿Quién lo pagó y a cambio de qué?”, se ha preguntado Bergerot en un mensaje publicado en X.

La diputada del mismo partido Marta Carmona ha preguntado también “quién y a cambio de qué” pagó la “gira frustrada” de Ayuso y carga contra la visita por ser unas “vacaciones disfrazadas de viaje institucional”.

La portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha criticado que la Comunidad de Madrid “olvide” los otros gastos del viaje. “Todas las demás casillas se le ha olvidado. Insisto, hay que hacer un trabajo serio, los socialistas estamos a eso. La presidenta está a pegarse la vida padre”, ha afeado, en declaraciones recogidas por Europa Press.

“Y estoy por fin en la cima. Solo unos pájaros llegamos a ser libres como esos pájaros que vuelan tan alto. El cielo es inmenso y te veo pequeño desde arriba”. Con esta lírica se promocionaba en redes el ático adquirido por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que la Comunidad de Madrid compró a través de la empresa pública Planifica Madrid para que “la presidenta y su equipo lo usaran durante las obras de la sede en Sol”, según fuentes autonómicas.

La frase citada pertenece a un vídeo publicitario publicado en TikTok por la inmobiliaria de lujo Promora, que administra propiedades de lujo en la capital y en entornos tan cotizados como la urbanización de La Moraleja. El clip muestra el interior del polémico inmueble, con 485 metros cuadrados de los cuales casi 200 se corresponden con una impresionante terraza.

El anuncio, publicado el 31 de enero y con un uso evidente de inteligencia artificial, se adentra en las distintas estancias del alojamiento mientras suena el tema Baby I'm Back, del rapero australiano The Kid Laroi. El piso en el número 35 de la calle General Martínez Campos, pleno corazón de Chamberí, se ofertaba a 6.600.000 euros.

A través de frenéticos movimientos de cámara y cambios de plano, el anuncio muestra las distintas zonas de la lujosa propiedad que el equipo de Ayuso adquirió como “oficina” mientras se desarrollan unos trabajos en la Real Casa de Correos que todavía no se han licitado. Amplias zonas comunes con y sin amueblar, un muy completo baño, un despacho equipado y la joya de la corona: una gran terraza con imponentes vistas de la ciudad.

Desde Promora no atienden las preguntas trasladadas desde Somos Madrid, ya que alegan que los detalles de la operación deben preservarse “por protección de datos”. Fuentes de la compañía sí han comunicado que la venta comenzó “como cualquier otra” y fue “totalmente normal”, según avanza El País. La empresaria Astrid Gil-Casares, anterior propietaria, es clienta habitual de la inmobiliaria y les contactó para gestionar la venta de lo que la oposición ha calificado de “aticazo”. La principal anomalía fue que tuvieron que firmar, a petición del comprador (la Comunidad de Madrid), un acuerdo de confidencialidad: “Nos pidieron privacidad. Todo de una manera muy razonable: análisis de los papeles, algunas dificultades técnicas habituales en este tipo de operaciones…”. Así lo confirmaron fuente conocedoras del proceso a elDiario.es la pasada semana.

La polémica del ático ha envalentonado a la oposición y preocupado en el seno del PP. Las explicaciones con las que respondió el Ejecutivo autonómico resultaron primero confusas y equívocas: sus responsables aseguraron que el lugar iba a ser utilizado como oficina en un lugar donde la normativa municipal impide estos usos y que el traslado se haría durante unas obras en la Puerta del Sol, a pesar de que no están planificadas en ningún contrato del Gobierno regional. Luego se supo que la casa en la que actualmente vive fue puesta a la venta por su pareja en un portal online, justo después de la compra del ático chamberilero.

Ayuso rebatió la información presentándose como la víctima de una supuesta “campaña de desprestigio”, algo que no calmó los ánimos, como tampoco lo hizo el intento de zanjar el tema el pasado jueves con el anuncio de la venta del ático para destinar su importe a la reconstrucción de los incendios en la Sierra Oeste.

Primero comenzó con ataques a los medios de comunicación y críticas a una supuesta “campaña de desprestigio”. Ahora, Isabel Díaz Ayuso y su equipo se escudan en la reconstrucción tras los incendios en la Comunidad de Madrid para evitar hablar del elefante en la habitación: los nuevos escándalos que rodean a la presidenta después de que su gobierno comprase un ático de lujo para que la baronesa del PP lo utilizara como oficina temporal por unas supuestas obras en la Real Casa de Correos de Sol. Una compra posteriormente rectificada.

Ayuso tenía todo preparado el pasado miércoles 29 de julio en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno para explicar las medidas que está tomando su equipo después de uno de los peores fuegos que ha vivido la región en su historia. Sin embargo, la información publicada por El País sobre que la compra de una vivienda de 485 metros cuadrados en el distrito de Chamberí por parte del Ejecutivo autonómico salpicó su intervención.

La presidenta de la Comunidad de Madrid respondía así a las preguntas sobre la información publicada en prensa: “Yo lo que lamento es tener que estar gestionando una emergencia así y tener que estar defendiéndome de pretendidas campañas de desprestigio, que es lo que se ha buscado por el día y por la forma en la que se cuenta”. Ayuso, que no aclaró ni el coste de la operación ni por qué se escogió ese inmueble en concreto, muy próximo a la casa de su familia, aseguró que existe una “agencia que se dedica a estas cosas”, en alusión a Planifica Madrid. “No es mi casa, no es para mí, yo no he comprado nada”, aseguró ante la prensa.

Tras la polémica, un día más tarde, el gobierno regional decidió rectificar y aseguró que venderá el ático de lujo y que el dinero que se obtenga irá destinado a financiar la recuperación por los incendios, aunque sin especificar cómo se pretende hacer esa operación. Ese mismo día, el jueves, se conoció que la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, había puesto a la venta el piso en el que vive con la presidenta y que el comisionista compró tras defraudar más de 350.000 euros a Hacienda en los ejercicios de 2020 y 2021 mediante una trama de facturas falsas y empresas pantalla sobre la que informó en exclusiva elDiario.es. La presidenta regional permaneció unos días sin hacer declaraciones públicas y no volvió a hablar hasta el domingo.

El Gobierno autonómico mantiene el silencio

El Gobierno autonómico se mantiene escudado en la recuperación y evita dar explicaciones públicas pese a que las nuevas informaciones de los últimos días suman más leña a la polémica. Este lunes, que además coincide con el primer día laborable de agosto —un mes en el que se paraliza la actividad institucional—, lo único que la Comunidad de Madrid tenía en agenda era la visita del portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, al servicio de orientación jurídica gratuita para los afectados por los fuegos en San Lorenzo de El Escorial, en el que ha preguntado “qué sabe el Gobierno de Marruecos” para tener “maniatado” a Pedro Sánchez.

Este martes, según las previsiones del Ejecutivo autonómico, Ayuso no tiene ningún acto en agenda y el portavoz de nuevo visitará un centro de servicio de asesoramiento laboral para personas afectadas por los incendios.

Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la baronesa madrileña, también se ha referido a los incendios para desdeñar las críticas sobre la operación inmobiliaria de la Comunidad de Madrid. Rodríguez ha cargado contra “todos esos que gritan por un ático”, de quienes ha asegurado que “están de vacaciones”: “No les veo recorrer como Díaz Ayuso los pueblos devastados”, escribía en X este domingo por la tarde, sin ofrecer explicaciones desde que saltó la polémica.

La última vez que Ayuso habló públicamente sobre el tema fue este domingo, después de haber desaparecido desde la rueda de prensa del miércoles. Y, de nuevo, para hablar sobre la gestión tras los incendios desde la localidad de Pelayos de la Presa, además de la trágica situación vivida en Ceuta y Melilla con la entrada de miles de personas desde Marruecos, que deja ya al menos 72 personas muertas.

En esta intervención, preguntada por si tenía previsto comparecer próximamente para dar más información sobre la polémica o enseñar el expediente de compra, Ayuso se limitó a repetir las palabras de García Martín: que han puesto en venta el ático y que pretenden destinar el dinero que obtengan a la “reconstrucción en la Sierra Oeste”, además de hacer referencia a “otros cuatro” inmuebles que también estarían en venta, según el gobierno regional. Sin respuesta a la pregunta de si pretende enseñar en algún momento el expediente. Dedicó más tiempo a hablar sobre Ceuta y llegó a acusar a Marruecos de tratar de “quitar” las dos ciudades autónomas a España.

Por ahora no está previsto que en un futuro próximo la líder del PP de Madrid intervenga públicamente o vaya a ofrecer entrevistas para dar más detalles tras la polémica compra y posterior rectificación de su gobierno. Tampoco el resto de consejeros del equipo de la presidenta dan declaraciones sobre el tema públicamente, más allá de las palabras del consejero portavoz. La oposición de PSOE y Más Madrid ha pedido reunir de urgencia la Asamblea para que la Comunidad explique por qué compró el polémico ático.

Mientras, las críticas se suman dentro de su propio partido y hay quien incluso ya habla de una posible “caída” como la de Cristina Cifuentes.

Para José Vicente de los Mozos, presidente de Ifema, quedan apenas dos meses para alcanzar un “sueño”: traer la Fórmula 1 a Madrid. Es la gran apuesta de la institución público-privada, pero también de los gobiernos de José Luis Martínez-Almeida y de Isabel Díaz Ayuso. Un “sueño” que cada vez más se convierte en una pesadilla para algunos vecinos y cuyos pasos recuerdan a otros macroeventos. Los beneficios que según De los Mozos y la presidenta autonómica traerá el Gran Premio no terminan de convencer a falta de los últimos preparativos de cara a septiembre. “No va a haber una revalorización de las casas. Pompeya también es más conocido después del volcán, pero fíjate cómo está”, dice con su habitual lenguaje metafórico Constantino, portavoz de la Plataforma Stop F1 Madrid.

Vecino del barrio de Las Cárcavas, donde los distritos de Hortaleza y Barajas colindan, Constantino es una de las figuras más activas contra el Gran Premio de España, que se desarrollará en los alrededores de Ifema entre el 11 y el 13 de septiembre. Resume así su postura: “La rentabilidad social es muy negativa. ¿Qué precio tiene un barrio?”. Desde su punto de vista, los promotores públicos y empresariales del proyecto “organizan Madrid en contra de los ciudadanos”.

El escenario a su espalda parece respaldarle: una enorme grúa de 40 metros ocupa la acera y la mitad de un carril. Sorprende, nada más llegar a Madring, la cantidad de personas que trabajan todavía construyendo las gradas o los pabellones. Para septiembre el circuito tiene que estar totalmente listo, pero hay muchas cuentas pendientes. Lo primero que se aprecia es una gran polvareda fruto de las obras, una “tormenta de arena”, como dicen algunos residentes. Inmaculada explica que el polvo llega fácilmente a las casas bajas más próximas al circuito, incluido su propio patio. Lidian con él desde hace meses. Constantino apostilla que las placas solares que hay instaladas en las casas de uno de sus vecinos están continuamente llenas de ese polvo. Es lo que tiene estar “en primera línea de playa”, añade irónicamente.

“Una vecina tenía una pancarta en la puerta de casa y algunos la interpelan”, asegura Constantino. El motivo es que declararse a favor o en contra se lee en algunos espacios como un posicionamiento político, en apoyo o detrimento del PP de Madrid. Pero a medida que las obras avanzan y las noticias sobre las posibles consecuencias son cada vez más frecuentes, parece que la acogida también es diferente. “Hay más personas que se están posicionando, ya no tengo que buscar a esos vecinos, ahora ellos me buscan a mí. También hay gente que no se pronuncia, pero que están en contra”, explica. “Al final a la gente le molestan cosas como no poder circular con su coche sin etiqueta y que a la vez vayan a pasar por aquí 20 monoplazas ultracontaminantes”, apunta Jesús, otro residente de los alrededores.

El ruido y las dudas

Cuando De los Mozos presentó el proyecto el pasado lunes 13 de julio durante un desayuno informativo en la capital junto a Ayuso, el directivo de Ifema aseguró que había ya un “sold out técnico” de las entradas y, como hacen también el alcalde y la presidenta regional, volvió a asegurar que el Gran Premio iba a traer mucho más beneficio que gasto: “Solo en sponsors vamos a pagar toda la infraestructura para el circuito”.

Insisten en que no habrá gasto público, cuando Ifema ha aportado al menos 137 millones de euros y el 62% del presupuesto del consorcio lo aportan Ayuntamiento y Comunidad. A ello hay que sumar gastos directos en patrocinios, eventos y actuaciones urbanas ligadas al circuito. Por ejemplo, el desvío de la vía pecuaria Vereda de los Leñeros (con un futuro puente incluido) para permitir que el trazado desvíe su recorrido actual sin que desaparezca un entorno que la ley protege por su valor ecológico e histórico.

“Ayuso y Almeida dicen que no van a gastar un euro de dinero público, pero Ifema la financian mayoritariamente ellos mismos. Y luego lo de la Vereda no lo consideran como una actuación por la Fórmula 1, se hace únicamente por eso. Los circuitos a coste cero no existen”, expone Jesús.

Al ser preguntado por las relaciones con los vecinos de la zona, De los Mozos aseguró que todavía se están haciendo test para el ruido. Pero, tal y como publicó elDiario.es el año pasado, Almeida planea suspender los niveles decibelios máximos previstos por la Ley del Ruido. Ahora, Ifema ha contratado a una empresa para auditar las vibraciones, el ruido o la contaminación del Gran Premio, según publica El País.

El ruido es, además, un vestigio de una lucha vecinal previa en el barrio. Una trabajadora de uno de los escasos negocios en Las Cárcarvas, área mayormente residencial donde también vive, comienza mostrándose aséptica con la Fórmula 1. Ni a favor ni en contra, como otro de los compañeros. Sin embargo, las discrepancias afloran cuando recuerda los incovenientes generados por el Mad Cool. El festival de música se celebraba en el entorno de Ifema hasta su traslado al recinto Iberdrola Music, entre Villaverde y Getafe, y dejó su huella en el vecindario. “Era atronador, no te dejaba dormir. Ahora veremos qué pasa, pero desde luego estos años hemos estado mucho más tranquilos”.

Carmen Morcillo, vecina del barrio de Villa-Rosa en el distrito de Hortaleza, va un paso más allá y apunta directamente a Ifema: “Llevamos años sufriendo sus ruidos, concretamente desde la llegada de la actual directiva de Ifema, que ha sido muy desconsiderada. Insisten en que son tres días de Fórmula 1, pero arrastramos ya los macrofestivales que hemos tenido durante años en el parking de Ifema, juntando a 35.000 personas. Ahí se han dado hasta 90 decibelios, las paredes de nuestras casas vibraban. Ahora no hay macrofestivales por las obras del Match Hospitality, pero siguen los conciertos en pabellones que no están insonorizados”. El pasado 10 y 11 julio, el recinto ferial acogió el festival techno Urban Wave Fest: “Las sesiones arrancaron a las 17.00 y terminaron las 6.00 de la madrugada”.

Cuenta que las calles más cercanas, como el final de Silvano, se sitúan a apenas unos 350 metros. Otra “primera línea de playa”, de las que hablaba Constantino. A esa distancia hay además una guardería, así como “otras cuatro en las proximidades, un colegio que trabaja con niños autistas a 600 metros y dos coles públicos”. Recuerda también la residencia de mayores en el número 38 de la calle Pedroñeras, también a menos de 400 metros.

En este contexto donde los festivales no han cesado y ahora se añade la incertidumbre de la Fórmula 1, Carmen ha emprendido una batalla personal ante las autoridades: “Me he puesto en contacto con Ifema, el Ayuntamiento y el Defensor del Pueblo. Presentamos una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente. Saben que tienen un problema. Hemos llegado a contabilizar 420 horas de ruido durante un año. Por aquí han pasado tres circos en pocas semanas. Es todo un carrusel de contaminación lumínica y acústica”.

Aunque Madring ha cercenado la celebración de los temidos macrofestivales, teme que el remedio sea peor que la enfermedad: “En la salida y la recta pueden alcanzar los 120 decibelios, pero eso cada coche, y son 20. Eso es más del doble del límite legal y roza el umbral del dolor. Y hay que sumarle el ruido de los helicópteros de la televisión o la policía. Carmen Morcillo recuerda el documento de la Comunidad de Madrid que llegaba a recomendar el desalojo de los vecinos de Silvano y Pedroñeras. ”Saben que serán decibelios estruendosos por encima del umbral del dolor. Consienten un problema grave de salud para los que allí viven. Les da igual nuestra salud“, critica. Avanza que ya ha contactado con allegados para irse de su casa durante el Gran Premio si la situación se vuelve insostenible, aunque de entrada pretende quedarse ”para comprobar de primera mano cómo afecta el ruido y poder registrarlo por si hay que denunciar“.

Ifema y los vecinos: de las invitaciones a la falta de comunicación

“Tenemos reuniones habituales con los vecinos de la zona para explicarles todo lo que hemos hecho”, aseguró el presidente de Ifema. Unas declaraciones que no casan con las de los afectados, que critican la falta de información y de cooperación, aunque sí se produjo una primera reunión: “Con la plataforma se reunieron una vez. Nos contaban que era la mejor idea de la historia contemporánea de este país, pero luego no han tenido en cuenta nuestra opinión ni nos han ofrecido una interlocución constante”. Según adelantó De los Mozos, sí que hubo una oferta: regalarles entradas para ver el Gran Premio. “Solo les han llegado a las asociaciones que les son amables”, asegura Constantino.

Otra propuesta fue que los residentes se vayan cuando se celebren las carreras, como planteó la Consejería de Medio Ambiente. Ideas que los residentes rechazan porque no defienden su casa “individualmente, sino el barrio en su conjunto”. “La idea es muy sencilla, les estorbamos, somos un problema para ellos”, lamenta Toni, vecino de Alameda de Osuna que se opone a Madring también por sus firmes convicciones ecologistas.

Otra forma de intentar que los vecinos se posicionen a favor ha sido asegurar que las casas se van a revalorizar, un extremo que tampoco termina de convencer. No solo por el ruido cuando se produzcan las competiciones, también porque en Valdebebas, el otro barrio próximo al circuito, se da una falta de servicios públicos obvia: no hay polideportivo, instituto o biblioteca públicos.

“Tiene tres cosas inútiles, un hospital que no lo es [el Hospital Zendal], la Ciudad de la Justicia que tampoco es lo que dice su nombre, un intercambiador que no intercambia y un cartel de construcción de un centro de salud que cambia cada cuatro años”, critica Constantino. Además, existe un miedo extra de que la Fórmula 1 no solo no ayudaría a esa supuesta revalorización, sino que también puede afectar a la convivencia de los que ya habitan en el barrio: el temor a que se celebren carreras ilegales, como ya ocurre en el circuito urbano de València.

Claro que no todo el mundo lo ve de la misma forma. Laureano, presidente de la asociación vecinal Las Cárcavas, sostiene que desde Ifema sí se han reunido con ellos “cinco o seis veces”. Desde su entidad abogan por una postura “apolítica”: “No nos metemos en ningún terreno político”. Con ello, paradójicamente, ejemplifican el carácter político de la llegada a Madrid de la Fórmula 1. Explica que su interés son “las mejoras para el barrio”, motivo de esos encuentros con Ifema, que resultan en “informes y datos que compartimos a través de nuestros canales de comunicación”.

Laureano considera que la cita automovilística “puede beneficiar a Madrid y a Valdebebas, donde hay muchos negocios en auge”. Ahora bien, coincide con la Plataforma Stop F1 en que Las Cárcavas es “el barrio más perjudicado” ya que, dada su infraestructura, “no se puede beneficiar a ningún comercio porque no se pueden poner más de los que hay”. Estos, a su vez, no están diseñados para atraer turistas ni apenas nuevos clientes: “Aquí lo que tenemos es un bar que no mete más de 30 personas, una peluquería, una barbería, una farmacia y una frutería”. Sostiene que “es una zona residencial donde a nivel económico esto ni nos va ni nos viene”. Rechaza asimismo cualquier tipo de favor ofrecido por Ifema. Ahí coincide de nuevo con la plataforma, para negar que desde la institución les hayan ofrecido entradas para acudir a la carrera: “No nos paga nadie ni nos han ofrecido nada”.

Entre esos negocios lo cierto es que hay todo tipo de perspectivas. La frutería es ahora un pequeño supermercado donde su plantilla acaba de incorporarse y desconocía, incluso, que la Fórmula 1 va a desarrollarse a pocos cientos de metros. En la peluquería, una empleada opina que “traerá cosas buenas y mala, como todo”. Mientras se tiñe, su clienta atiende con amabilidad las preguntas de este diario y defiende que “va a traer prosperidad a la ciudad”. Ambas minimizan las afecciones con uno de los argumentos que más se escuchan entre quienes ven el proyecto con buenos ojos: “Solo van a ser tres días”. Ya se han producido cortes de tráfico y carrera este mes, también se repetirán en agosto, pero ambas les restan importancia: “Para venir al trabajo tomo una ruta alternativa y ya”, dice la peluquera.

Una “gran Disneylandia” con el castillo situado en Valdebebas

“No estamos en contra de la Fórmula 1, sino de que se monte un circuito en medio de un barrio”, resume Constantino, mientras su compañero Jesús alerta de la “eventificación” de la ciudad. Un interés por parte de las administraciones en convertir Madrid en una especie de “gran Disneylandia”.

Esta vertiente comienza a verse ya en la zona de Valdebebas, donde los nuevos negocios hacen mella al alejarse del carácter casi exclusivamente residencial de Las Cárcavas. En los bloques de la calle Francisco Umbral, la “primera línea de playa” frente a Madring ofrece una doble estampa de obras. A las del graderío del trazado se unen las de varios edificios de colivings o flex livings.

Cuenta Constantino que el Bext Valdebebas, uno de los que ya están operativos, despertó una enorme oposición entre vecinos de la zona que no querían perder sus vistas. No en vano, los promotores aprovecharon el carácter de uso terciario de este tipo de negocios para construir con más plantas que los bloques de viviendas. “No consiguieron tumbarlo y eso desanimó a muchos que ahora no se ven con fuerza para unirse a pelear contra la Fórmula 1. Por lo menos abiertamente”.

Los cambios en el modelo habitacional y turístico de la zona se ejemplifican en el Hotel 101, perteneciente a una cadena cuya empresa tiene su sede en Singapur. La construcción sobresale en el entorno por sus grandes dimensiones, su color negro y el desierto a su alrededor.

De hecho, la edificación puede contemplarse desde el propio asfalto, como este medio pudo comprobar al recorrerlo en un bus de EMT. “Justo estaba viendo cómo se ve el hotel desde el Ferrari que vino el otro día”, comenta un trabajador cuando atiende a este periódico, mientras muestra un vídeo de la red social X.

Es el único gesto de emoción o humanidad en un lugar aséptico e impersonal, donde la recepción habitual de estos establecimientos se combina con otros puestos donde se ofrecen operaciones inmobiliarias. Desde el hotel no aclaran si nacen o pretenden crecer al calor de la una Fórmula 1 que, a pocos metros, ha abierto un socavón en la tierra. Con él, según los ecologistas que Toni representa en esta excursión, “destruyen humedales con gran valor ambiental”. Un agujero que parte el suelo en dos, como el propio evento ha hecho con el barrio dividiéndolo entre quienes lo defienden y quienes lo cuestionan. Aunque lo que reina, en realidad, es una amplia mayoría silenciosa y expectante.

Los choques entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el Ejecutivo central son más que frecuentes y vienen de lejos. No es de extrañar que las relaciones entre el representante del Gobierno de Pedro Sánchez en la capital, el delegado Francisco Martín, y la presidenta de la Comunidad de Madrid tampoco sean buenas, pero estas han ido empeorando a lo largo de estos últimos años. La última de estas discrepancias se ha producido hace solo unas semanas, después de que Martín presentara un plan de acción contra la violencia sexual ante el aumento de las denuncias en la región.

Delegación de Gobierno presentó este mes un documento con 20 medidas entre las que se incluyen la formación de profesionales del entorno escolar, un mapa territorial de riesgos o un informe anual de violencia sexual en la comunidad, entre otras. Para poder desarrollarlo plenamente, pretendían coordinarse con otras instituciones como la Federación de Municipios de Madrid, la Fiscalía –a quien entregarán el plan el próximo martes– o la propia Comunidad, de quien lamentan que no han obtenido respuesta: “No se le presentó inicialmente un documento cerrado. Durante la fase de elaboración se invitó al Gobierno autonómico y al PP de la Comunidad a participar en los trabajos preparatorios”.

Según explica el propio delegado a elDiario.es, rechazaron participar, ya sea negándose o directamente evitando responder. “Durante 2024 y 2025 se mantuvieron 53 reuniones” con diferentes cuerpos, como organizaciones sociales, empresas o sindicatos. “Tras la presentación he vuelto a dirigirme formalmente a la presidenta”, añade. “Mantengo la mano tendida para que se incorporen ahora al desarrollo y la ejecución”. Por ahora no hay todavía una partida presupuestaria única y cerrada, sino que se trata de una “hoja de ruta transversal” y será cuando se constituya la mesa técnica cuando se verá el calendario, las administraciones responsables o los recursos disponibles.

Durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Comunidad, el portavoz, Miguel Ángel García Martín, argumentaba que ya se estaban desarrollando planes contra la violencia sexual en la región, aunque no entraba a responder directamente sobre si rechazaban directamente cualquier participación. Fuentes cercanas a la presidenta consultadas por este diario remiten a las palabras de García Martín, mientras que el delegado habla directamente de boicot. “No encuentro ninguna razón técnica ni institucional que justifique su negativa”, argumenta. “Me preocupa que estén anteponiendo la confrontación política a una cuestión que debería quedar fuera de cualquier estrategia partidista. Estamos hablando de violaciones y de víctimas, muchas de ellas menores. Lamentables, Ayuso nos tiene acostumbrado a esto”, añade.

En caso de no producirse esta coordinación entre instituciones, el delegado asegura que se “limita su alcance”, ya que aunque sí cuenten con el visto bueno de algunos ayuntamientos —aseguran que algunos incluso del PP— y puedan desarrollarse actuaciones dentro de las competencias de la propia Delegación y de la Administración General del Estado, Madrid sigue teniendo las competencias esenciales en materia de sanidad, educación, servicios sociales o atención especializada a las víctimas. “Su falta de participación no paraliza el plan, pero sí dificulta que la respuesta sea plenamente integral, que es lo que busco”, asegura Francisco Martín.

Sobre esos planes existentes que argumenta la Comunidad de Madrid, el delegado asegura que valora “positivamente todos los recursos existentes”, pero que “tener protocolos sectoriales no equivale a disponer de una estrategia madrileña integral” y que el plan se trata de una adaptación del I Plan Estratégico para la Prevención de las Violencias Sexuales 2023-2027 del Ministerio del Interior.

La querella del alcalde de Móstoles contra el delegado

Uno de los choques públicos entre los de Ayuso y el delegado del Gobierno se produjo el pasado mes de abril con la polémica en torno al caso del alcalde de Móstoles, ahora imputado tras las denuncias por acoso sexual y laboral a una exconcejala de su propio partido. Francisco Martín acudió a la Junta de Seguridad Local en la ciudad madrileña y cargó al inicio de la reunión contra Manuel Bautista por copresidir la junta a pesar de la causa.

“Este señor tras lo que ha hecho no debe presidir una comisión como la que hemos celebrado en la que se habla de seguridad”, dijo entonces Martín. Ante las críticas del delegado durante la reunión, Bautista anunció una querella contra él por supuesta vulneración del honor.

Ahora, el delegado del Gobierno ve un “grave paralelismo” entre la falta de coordinación con la Comunidad de Madrid para llevar a cabo el plan contra la violencia sexual y el apoyo al alcalde del PP: “El negacionismo de las violencias machistas no solo se expresa con palabras”, critica Martín. “Hasta que no demuestre lo contrario, el Partido Popular de la Comunidad de Madrid es negacionista de la violencia machista”, añade.

“No se puede reclamar a las mujeres que confíen en las instituciones para ponerse a salvo y que, cuando una de ellas denuncia a una persona poderosa, se le abandone, cuestione o se le convierta en el problema”, dice el delegado del Gobierno sobre este apoyo al regidor.

Ayuso y su equipo en diferentes ocasiones han salido en defensa de Manuel Bautista. Tras conocer que se mantenía la investigación, la presidenta de la Comunidad decidió mantener este apoyo cerrado. “Sí. Está siendo ahora mismo acusado por algo que nadie ha demostrado diferente. Nadie ha demostrado nada que no sea una disputa laboral, que es lo que siempre fue. Por tanto, ¿cómo no voy a defender su trabajo y compromiso por Móstoles?”, dijo, ese mismo 1 de julio.

“¿Cómo puede ser tan dócil ante los episodios de acoso sexual en la Moncloa?”. Esa fue la pregunta que Isabel Díaz Ayuso lanzó al PSOE cuando, tras la investigación de elDiario.es, se destapó que varias mujeres habían acusado a Francisco Salazar, exasesor de Pedro Sánchez, de “comportamientos inadecuados” cuando era su jefe. Esas duras críticas contrastan ahora con el silencio tras la imputación del alcalde de Móstoles por acoso sexual y laboral. A pesar del caso y de la reacción en otras situaciones que afectan a los partidos de la oposición, el PP de Madrid continúa con su apoyo cerrado a Manuel Bautista.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, al ser preguntada por si seguía manteniendo su apoyo a Bautista después que la jueza rechazara su intento de cerrar la investigación, respondía así este mismo mes: “Sí. Está siendo ahora mismo acusado por algo que nadie ha demostrado diferente. Nadie ha demostrado nada que no sea una disputa laboral, que es lo que siempre fue. Por tanto, ¿cómo no voy a defender su trabajo y compromiso por Móstoles?”. Faltaban solo unos días para que la jueza decidiera imputar al regidor dos años después de la denuncia de la que fue su compañera.

En febrero de 2024, la entonces concejala en el Ayuntamiento que sigue dirigiendo Manuel Bautista denunció de forma interna al alcalde, según destapó El País. La exedil se dirigió en una carta al gabinete de la presidenta regional para pedirle que la recibiera: “Desde mayo de 2023 llevo sufriendo una discriminación muy grave que no ha cesado y se está incrementando. Me gustaría poder mantener una reunión contigo para que conozcas la situación y puedas mediar para que no tengan que intervenir otros organismos”. Ayuso decidió mantener una reunión, pero no aceptó recibir a la denunciante, sino al alcalde de Móstoles, con quien se vio cinco días después.

Desde entonces, Ayuso no se ha reunido con la denunciante, aunque una semana después de esa primera denuncia interna dos personas de la dirección del partido y del círculo más cercano a la presidenta se vieron con ella: Alfonso Serrano —el secretario general del partido en Madrid que pronunció la polémica frase de “¿y tú cómo ligas?”, dirigiéndose a un periodista que le preguntó por Bautista— y Ana Millán, quienes la presionaron para que no denunciara. “Protegerte es no hacer nada”, le llegó a decir Ana Millán. “Es un caso fabricado contra el Partido Popular”, llegó a decir Ayuso en la Asamblea de Vallecas cuando saltó el caso.

El apoyo público y privado a Manuel Bautista ha sido constante a pesar de que, paso a paso, la causa ha ido avanzando en el juzgado hasta llegar a la imputación del primer edil a principios de esta semana. ¿La respuesta del PP de Ayuso? De nuevo, respaldo total. Preguntado por si Bautista debía dimitir, Alfonso Serrano respondía el lunes con otra pregunta, sobre si debía dimitir el presidente Pedro Sánchez. La baronesa por ahora no se ha vuelto a pronunciar en público sobre el tema.

“¿Qué se puede esperar del trato que le han dado a las mujeres?”

“Viendo los gustos de los socialistas que están yendo a prisión, ¿a quién van a poner al frente del PSOE, a Rocco Siffredi? ¿Cuál es el siguiente? ¿Qué se puede esperar del trato que le han dado a las mujeres, si lo hacen así con sus compañeras, cómo no lo van a hacer con mi vida personal?”. Esas fueron las declaraciones de Ayuso durante un pleno en la Asamblea en diciembre de 2025 cuando saltó el caso contra Salazar, quien fue apartado después de que salieran a la luz las acusaciones de varias mujeres, que denunciaron a través de los cauces internos del partido.

Desde el PSOE critican ese doble rasero. “Cargan las tintas cuando son casos del PSOE” pero ahora “siguen defendiéndole a capa y espada, no ha habido ningún reproche”, aseguran fuentes socialistas de Madrid, que recuerda que el PP dio por cerrado el expediente que abrieron contra Bautista, aunque el portavoz del partido a nivel nacional, Borja Sémper, esta semana se escudaba en que el expediente seguía abierto: “Ha resurgido mágicamente”, critican dichas fuentes, que se preguntan desde “qué protocolo” se actúa, ya que el PP no tiene un protocolo contra el acoso sexual.

“Qué pena haber luchado para que las mujeres lleguen a puestos de poder para que una machista haya llegado ahí”, señalan los socialistas en conversación telefónica.

Pero las críticas por casos de acoso no solo se han producido con la investigación contra Francisco Salazar. Anteriormente ocurrió algo similar con el caso Íñigo Errejón, tras las acusaciones contra el portavoz de Sumar. “Nos enfrentan a hombres y mujeres, se practican las persecuciones sin garantías legales y mientras se han callado tantos casos de acoso. Se practica una doble moral dependiendo de quién es el agresor”, dijo la líder autonómica en octubre de 2024. En ese año también criticó que las acusaciones contra Errejón se hayan “estado ocultando” pese a venir de “mucho tiempo atrás”.

En un acto junto al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, lamentó que tanto Errejón como “muchos dirigentes de su formación y socios” han estado haciendo “bandera de feminismo” pero “están involucrados con todo tipo de causas, que tienen que ver siempre con violencias contra la mujer”.

Durante las declaraciones de Ayuso a principios de este mes, la presidenta adelantó que no iba a apartar a Bautista: “No voy a aplicarle la justicia de autor a una persona que he puesto ahí para que gobierno como lo está haciendo”. Las fuentes del PSOE apuntan a que el motivo por el que Ayuso no prescinde de él es que es su apuesta personal: “Por encima de las mujeres están ella y sus amigos”, aseguran. “Le va a defender hasta el final”, añaden.

El sistema de reubicación de menores migrantes que Isabel Díaz Ayuso ha llevado a los tribunales no ha provocado la saturación de la que tanto alertó la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lejos de generar el colapso de plazas argumentado por el Gobierno autonómico para justificar su rechazo al mecanismo de reparto, el número de adolescentes extranjeros albergados en la región se ha reducido en más de 670 menores desde el inicio de los traslados, lo que supone una caída de un 30%, según el registro oficial al que ha tenido acceso elDiario.es.

A inicios de 2025, antes de la aprobación del plan de reubicación de menores migrantes, el sistema de acogida de Madrid contaba con 2.184 menores extranjeros no acompañados. A 30 de junio de 2026, la Comunidad acoge a 1.514 niños, niñas y adolescentes, según los datos oficiales.

La ocupación del sistema de acogida madrileño, además, está lejos de colapsar la capacidad mínima que debería tener según la normativa vigente. Actualmente, el número de menores migrantes atendidos supone el 60% de las plazas ordinarias, según los datos oficiales. La Consejería de Asuntos Sociales no ha respondido a las preguntas de elDiario.es sobre las cifras.

Hace solo dos semanas, el Gobierno autonómico advirtió de que ya estaban estudiando acudir a los tribunales para intentar frenar lo que ellos consideran un “atropello”: la actualización de la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de estos menores en las comunidades y ciudades autónomas, que eleva en 204 plazas las de la Comunidad de Madrid hasta los 2.471 menores que, según cálculos del Ejecutivo central, podría acoger.

El Gobierno de Ayuso se opone a ese decreto. “El cupo relacionado con los menores no acompañados es un asunto que no ha pasado por la conferencia sectorial y, por tanto, es manifiestamente ilegal”, criticó este miércoles el portavoz autonómico, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa.

Pero las declaraciones de García Martín son solo un ejemplo del choque de Ayuso con el Gobierno de Pedro Sánchez, en este caso en materia de migración y derechos de la infancia migrante. En abril de este mismo año, la Consejería de Asuntos Sociales lanzó un aviso al Ministerio de Política Territorial: no aceptará nuevos traslados de menores migrantes no acompañados. Lo hizo a través de una carta de la consejera madrileña, Ana Dávila, en la que de nuevo amenazó con acciones legales en caso de mantener el sistema de reparto.

En su misiva, la consejera hablaba de un supuesto “efecto llamada” a pesar de que las cifras oficiales desmienten esas acusaciones. Dávila acusaba al Gobierno de tomar “decisiones unilaterales” y de “separar a grupos de hermanos y trasladar a Madrid a menores que manifestaban tener familiares en otras comunidades”.

El centro de menores de La Cantueña, la última causa de disputa por los menores migrantes

Uno de los choques más recientes en cuanto a acogida de menores migrantes se ha producido esta misma semana, después de que la Justicia haya dado la razón a la Comunidad de Madrid sobre el centro de menores de La Cantueña, en Fuenlabrada. El fallo ha concedido al Gobierno autonómico la “única y exclusiva” titularidad de la finca después de meses de disputa, una resolución que todavía puede ser recurrida y que el alcalde socialista de la localidad, Javier Ayala, critica.

Para Ayala, la Comunidad “intentó castigar” a la ciudad con la ubicación del centro, “a más de tres kilómetros de cualquier síntoma de civilización” y con un centenar de menores concentrados en espacios donde, según criticaba, debían tener zonas más “personalizadas”. Este mismo miércoles el portavoz del gobierno regional le recomendó al alcalde socialista Javier Ayala que fuese a la “ventanilla” del Gobierno central al considerar que genera un “caos migratorio” con los menores migrantes que, según sus propias palabras, no han llegado al país “por generación espontánea”, sino que “los ha traído el Gobierno”.

Pero el rechazo de Ayuso por el reparto de menores migrantes viene de lejos y recopila durante meses diferentes choques, desde el protagonizado con Delegación de Gobierno al intentar que retornaran a 110 menores no acompañados, hasta las acusaciones de la Consejería de Dávila y Sol, que hablan de una supuesta estafa por casos de “falsos menores” y advierten que denunciarán a los inmigrantes adultos que se hayan hecho pasar por menores no acompañados. “Nos han colapsado y haremos responsable al Gobierno de España de lo que pueda ocurrir”, dijo Dávila a finales de 2025, además de afirmar que la región “no puede aceptar ni un menor más”.

Descenso generalizado en España

A nivel estatal, los datos del registro oficial de menores, publicados por elDiario.es, confirmaron un descenso continuado en las llegadas de estos chavales tras la aprobación de la medida y la tramitación de la reubicación de alrededor de 2.000 adolescentes.

En mayo de este año, la cifra de niños y adolescentes ha bajado a 13.964, recuperando los niveles de julio de 2024. La cifra marca un punto de inflexión respecto al pico registrado entre finales de 2024 y principios de 2025, cuando el sistema de acogida llegó a albergar a más de 16.000 menores extranjeros en pleno debate político por la reforma de la Ley de Extranjería, cuando Canarias y Ceuta acogían a más del triple de su capacidad.

En marzo de 2025, el Consejo de Ministros aprobó la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que permitía la creación del sistema obligatorio de reparto de menores migrantes de aquellos territorios declarados en “contingencia migratoria”, tras el acuerdo alcanzado con Junts que garantizó su tramitación parlamentaria. La medida pretendía reducir la presión de los sistemas de acogida cuya ocupación triplicase la capacidad ordinaria de acogida, a través de un mecanismo de reparto por comunidades autónomas basado en criterios como la población, la renta o el número de chavales extranjeros tutelados previamente. Canarias, Ceuta y Melilla cumplieron poco después los requisitos para solicitar los traslados de chavales a otros puntos del país, siempre que se cumpliesen una serie de garantías.

Tras su aprobación, los primeros traslados se llevaron a cabo en septiembre de 2025. Casi un año después, el Gobierno ha tramitado 2.000 expedientes de niños y niñas desde Canarias, Ceuta y Melilla, según los datos proporcionados el mes pasado por el Ministerio de Infancia.

Alberto Núñez Feijóo advierte sobre los riesgos del autoritarismo frente a líderes de la derecha internacional, como el presidente del PP europeo, Manfred Weber, o la recién elegida presidenta de Perú, Keiko Fujimori, hija del ya fallecido dictador. Sin embargo, el líder del Partido Popular español no habla desde “la tranquilidad de quien ya no sufre estos males”, sino desde “una España amenazada” con una “democracia debilitada, agredida desde las más altas instancias”. Aunque ha evitado hacer referencia directa al Gobierno o a Pedro Sánchez, ha asegurado que si un líder “recela de los jueces”, entonces es un “presidente autoritario”.

Para Feijóo es sencillo reconocer a un líder que no respeta la democracia. “Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen”, “si cuestiona la independencia de las instituciones” o “si teme a las urnas si no le aseguran el poder” no hay que buscar más, para el líder de la derecha española. “Eso es un presidente autoritario”, ha apostillado durante la inaguración del Foro Libertas que arranca este miércoles en la capital española. Una crítica velada tras la sentencia al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, inhabilitado por prevaricación.

El encuentro ha contado con la asistencia del presidente del PP europeo, Manfred Weber, el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, el viceprimer ministro de Italia, Antonio Tajani, y la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, entre otros líderes.

Feijóo ha comenzado su intervención alertando de un “orden internacional en profunda transformación” y sobre los “populismos”, especialmente en Europa y Latinoamérica. Precisamente ha querido centrar su discurso en los lanzos y alianzas entre ambos territorios, poniendo como ejemplo a aquellos países de la región que ahora cuentan con gobiernos de derechas, como Argentina, Ecuador o Perú. Para el líder del PP español, “más pronto que tarde” se dejará “atrás los tiempos en los que un Gobierno elegido democráticamente blanqueó e hizo negocios con dictaduras” ya que España, a su juicio, “se incorporará al despertar democrático”.

Sobre esta unión entre Europa y Latinoamérica, Feijóo se ha dirigido a Weber para pedirle que tiene que ser “el primer presidente” del partido europeo que “tenga claro que la prioridad ha de ser” esa región, a quien espera que se mire “de una forma especial como durante décadas” ha ocurrido con Estados Unidos, “con quienes no romperemos nuestra amistad”, ha añadido.

Ayuso dice que España es gobernada por “un movimiento de destrucción del Estado de derecho”

Por la tarde era el turno de Isabel Díaz Ayuso, que ha seguido la línea del líder de su partido nacional pero, como es costumbre, aumentando el tono y apelando directamente al presidente y al Gobierno. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que “hoy nos gobierna un movimiento de destrucción del Estado de derecho”. Una situación que compara con la de Venezuela o Cuba: “Tampoco se lo querían creer en su día venezolanos o cubanos”.

Una vez más, Ayuso ha alimentado la idea de una llegada “sin control” y de manera “irregular y masiva” de migrantes. “Hoy también en Gibraltar”, ha dicho la líder madrileña durante su intervención, haciendo alusión a la histórica demolición de la verja. “Solo hace falta que un autócrata sin escrúpulos se cuele en una democracia, que se suelen plantear desde la buena fe y la confianza en el otro. Una vez que ya ha entrado, adiós”, ha añadido.

La ley estrella del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que reconoce al embrión como “miembro de la unidad familiar” ha sumado días y días de polémica tras su aprobación por la mayoría absoluta del PP en la Asamblea de Madrid. La norma del “concebido no nacido”, como la llama el propio gobierno autonómico, ha recibido críticas por parte de la oposición, pero también de expertas que consideran que se trata de una “batalla cultural” que asume posiciones antiabortistas más que suponer una ayuda real para las mujeres. Tras la bronca subyace una pregunta: qué pasa con los que sí han nacido y viven ya en la región. Es decir, cuál es la situación de los niños que, desde el momento en que nacieron, adquirieron la plena capacidad jurídica y tienen reconocidos sus derechos como seres humanos.

La Comunidad de Madrid argumenta que esta ley no va “en contra de nadie ni de nada” y que “no colisiona con ningún otro texto legal, solo con los prejuicios de algunos miembros de la izquierda”. La norma se centra en aspectos administrativos: “Tiene por objeto habilitar la asimilación del concebido no nacido al hijo ya nacido, a efectos del reconocimiento de aquellos beneficios y derechos que, en el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid, se deriven de la existencia de hijos ya nacidos”, según se recoge en el anteproyecto de ley.

Durante el debate en el último pleno extraordinario del parlamento regional, el grupo Más Madrid presentó 14 enmiendas que fueron rechazadas por la absoluta del Partido Popular. Algunas de ellas planteaban, en tono irónico, incluir garantías para una “correcta climatización de las aulas” o “reforzar plantillas” para “garantizar el acceso” de los pequeños al “área de pediatría en atención primaria en todos los centros de salud de la Comunidad de Madrid”. Más allá de la bronca política, la comunidad suma tareas pendientes en cuanto a aspectos como la sanidad infantil o la educación de los más pequeños.

La “situación crítica” de la atención pediátrica

En febrero de 2025, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) publicó datos sobre la situación de la atención a los niños en medicina. Entonces, casi dos millones de niños en España no tenían pediatra asignado. En Madrid, un 32% de las plazas de pediatría estaban sin cubrir atendiendo a datos de entre 2018 y 2024, los más actualizados según el análisis que hacen desde la AEPap. Durante la presentación del informe, el presidente de la asociación, Pedro Gorrotxategi, explicaba que en algunos gobiernos regionales, como el de la Comunidad de Madrid, intentaban paliar el problema creando puestos para pediatras en hospitales, pero dejando estancados los centros de salud.

A su vez, esta situación supone que los pediatras tengan asignados a cada vez más niños. Según la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), en 2025 la atención primaria en la Comunidad seguía dependiendo de las horas extraordinarias para poder sostener la actividad. Un comunicado publicado el pasado mes de junio en la web del sindicato alertaba de que una de las más afectadas era, precisamente, la pediatría, que consideran que está en una “situación crítica”.

Denuncian que, según Transparencia, el año pasado se realizaron “37.192 horas de módulos, lo que supone atender a 233.156 niños”. Teniendo en cuenta que los pediatras no pueden atender a más de 24 pacientes, Amyts calcula que se necesitarían al menos 44 pediatras más. Según los cálculos del sindicato mayoritario, en la Comunidad de Madrid 764.000 pacientes en 2025 no contaban con un médico de familia o pediatra asignado, 139.000 pacientes estaban sin pediatra sobre cupos medios de 1.000 pacientes.

Las listas de espera de la atención temprana

Otro de los puntos clave es la atención temprana, un servicio destinado a niños y niñas en las primeras etapas de su vida, de los 0 a los 6 años y que tiene como fin detectar “algún tipo de trastorno en su desarrollo, discapacidad o riesgo de padecerla y/o dependencia”, según la web de la Comunidad de Madrid. Según las cifras de la propia página oficial a fecha de 30 de junio de 2026, el número de demandantes en lista de espera para atención temprana actualmente es de 908 personas, una cifra que varía mes a mes pero que suele rondar los mil pacientes.

Esta espera ha hecho que asociaciones como la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid haya ofrecido costear los tratamientos para menores con discapacidad o riesgo de padecerla que se encuentren en estas listas de espera para evitar que la espera les suponga un perjuicio para su salud.

Falta de plazas en las escuelas infantiles

Mientras la huelga indefinida de las educadoras de infantil de 0 a 3 años continúa, cada año miles de niños y niñas se han quedado sin plaza de nuevo en las escuelas públicas infantiles de la capital. Para el curso 2024-2025, la cifra ascendía hasta las 11.400 familias sin plaza en Madrid ciudad, lo que obliga a muchas de ellas a dejar a los más pequeños en centros privados con el coste extra que eso supone.

Además, la polémica por las altas temperaturas en las aulas saltó de nuevo este año al calor de las movilizaciones de las educadoras infantiles. Una problemática que afecta a colegios públicos de primaria, pero también a las aulas de infantil y que, según explican desde las asociaciones de familias, a los más pequeños les afecta especialmente debido a que pierden la concentración y están más irritables pero no consiguen entender por qué. “Guantánamo está a la par de las escuelas infantiles”, criticaban desde una de las asociaciones de familias, en declaraciones a elDiario.es el pasado mes de junio.

Una polémica que subió el tono todavía más y causó la indignación de las familias ante las declaraciones del consejero de Cultura de Ayuso, Mariano de Paco, que aseguró que el calor insoportable con el que muchos niños tenían que ir a clase también les podía servir de “fuente de inspiración”.

Solo cuatro de cada diez menores en situación de pobreza tienen beca comedor

Las tareas pendientes en materia de educación también afectan a los más pequeños. Se repiten las críticas contra lo conocido como 'cheques-guardería', ayudas para centros de Educación Infantil privados que las familias critican por suponer subvenciones que van a parar a manos privadas en lugar de aumentar las plazas en los centros públicos. Este sistema viene de la Comunidad de Madrid, aunque el Ayuntamiento también tiene una medida similar que funciona a través de una beca infantil. Estos “cheques” funcionan para las niñas y niños de 0 a 3 años pero también para Formación Profesional (FP) y bachillerato.

Pero los puntos débiles de la educación pública en la región no solo están en el acceso a la misma. La brecha de la desigualdad también puede verse fuera de las aulas, concretamente, en el comedor escolar. En mayo de este año, la plataforma Comedor Universal por Derecho publicaba un informe en el que subrayaban que solo cuatro de cada diez menores en situación de pobreza en la comunidad tenían reconocida esta ayuda, una situación que no solo hace que los pequeños no puedan alimentarse como el resto, sino que además, “compromete tanto su derecho a la educación como su derecho a socializar en igualdad con el resto de sus compañeros”.

Casi 150.000 niños y niñas en situación de pobreza severa

El acceso igualitario al comedor escolar afecta especialmente a los menores de familias con rentas más bajas, sobre todo a las personas migrantes en situación irregular en la capital. Pero es que, además, la situación es más preocupante si miramos las cifras de la pobreza infantil en la región, que es la cuarta economía más grande de la Unión Europea.

Según el análisis de la Plataforma de la Infancia con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE), casi 150.000 niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de pobreza severa en la comunidad.

En 2024 se alcanzó la cifra más alta registrada hasta el momento en Madrid y ahora la tasa AROPE, con la que se mide la pobreza, disminuye más de cinco puntos y posiciona a la comunidad por debajo de la media nacional, aunque la tasa para la población infantil sigue superando en más de seis puntos a la de la población adulta. En total, casi 280.000 niños y niñas están en riesgo de exclusión social en la región. Una situación que se ve agravada especialmente en los hogares encabezados por mujeres.

En cuanto a desigualdad territorial en general (no solo en población infantil), la región es la que peor dato tiene. “La Comunidad de Madrid tiene la tasa de desigualdad más alta de España, con un coeficiente Gini de 31,8”, indican en otro informe de 2025. Además, los análisis de las asociaciones e instituciones sobre la situación de la pobreza infantil indican que la vivienda juega un papel crucial para el aumento de la desigualdad.

En el siguiente gráfico se puede ver la evolución de la pobreza infantil severa en Madrid y en España hasta el año 2024, con el incremento que experimentó ese año:

Hasta que el Gobierno aprobó el Ingreso Mínimo Vital (IMV) eran los programas autonómicos de rentas mínimas de inserción (RMI) los que promorcionaban una prestación para hogares en situación de pobreza. Según indica el European Anti Poverty Network (EAPN) en su informe de este año, aunque el IMV fue concebido para que funcionase como un suelo base para las RMI, algunas comunidades suspendieron las nuevas solicitudes de RMI. En Madrid, el número de beneficiarios de RMI ha caído en un 95,9% de 2019 a 2024, la comunidad con un mayor descenso de estas ayudas.

Desde Más Madrid lamentan que se hayan rechazado las enmiendas a la “ley del concebido no nacido”, especialmente una que sí tenía que ver con el propio contenido del texto y que Marta Carmona, diputada del partido, considera una “oportunidad perdida”: la posibilidad de equiparar las familias monomarentales con las numerosas. Según el análisis de Plataforma de la Infancia, el 55% de los hogares monomarentales están en situación de pobreza y/o exclusión social.