El PSOE ha elegido ya al encargado de pacificar la organización en Arona, municipio tinerfeño motor del turismo y la actividad económica en Canarias. Los órganos dirigentes socialistas a nivel insular, regional y federal han compartido la designación de David Pérez como presidente de la comisión gestora del PSOE tinerfeño, según ha confirmado este digital de fuentes cercanas a la toma de decisiones. Pérez, hombre de confianza de Pedro Martín -presidente del Cabildo de Tenerife y secretario general del PSOE tinerfeño-, es consejero delegado de la empresa pública insular Turismo de Tenerife y secretario de Turismo de la Comisión Ejecutiva insular socialista.

Como se recordará, el partido acordó el 1 de agosto (en un comunicado conjunto de las tres direcciones) la apertura de expediente para la constitución de una gestora en la localidad sureña, una vez comprobado el enquistado enfrentamiento interno y la literal fractura en dos mitades de una hasta hace poco solvente mayoría absoluta del PSOE en la alcaldía. En la conflictiva situación se combinan divergencias políticas y conflictos empresariales relacionados con intereses urbanísticos, que ha deparado en un cisma con un relevante protagonismo del alcalde José Julián Mena y del que fuera concejal de Urbanismo, Luis García, según el bando.

Casi dos semanas han transcurrido desde el anuncio de constitución de la gestora, y a la espera de su creación formal –con la disolución de la estructura orgánica previa, ejecutiva local incluida-, el PSOE ha estudiado nombres y fórmulas que propicien la estabilidad y el consenso para encabezar la gestora, en una designación coparticipadas por sus instancias insular, regional y federal, aunque la iniciativa de proponer corresponde a la organización en Tenerife. Pérez no ha sido el único en liza para un puesto para el que igualmente se barajó a la también aronera Yolanda Mendoza Reyes, diputada en el Parlamento autonómico.

David Pérez resultó elegido concejal de Arona en las elecciones locales de mayo de 2019, en el undécimo lugar de una lista del PSOE encabezada por el alcalde José Julián Mena. Repitió así como responsable de las áreas municipales de Turismo y Comunicación, además de Relaciones Institucionales -que ya ejerció en 2015 también con Mena-, pero a los pocos meses, en septiembre, renunció al acta de concejal al ser reclamado para la política insular por Pedro Martín, presidente del Cabildo, como consejero delegado de Turismo.

Este cambio de papel y destino permitió a Pérez esquivar el epicentro de la batalla del PSOE aronero y el cruce de acusaciones intestinas desatado en el grupo municipal a partir del último trimestre del pasado año. Distanciarse de los acontecimientos y evitar posicionamientos claros se han convertido en un valor con el que cuenta Pérez ante su nueva y complicada tarea de recomponer el partido que recogió casi la mitad de los votos de los aroneros en las últimas elecciones.

A David Pérez se le reconoce un perfil conciliador, conocedor de los entresijos de la organización, buenas relaciones con Mena –quien le abrió el Ayuntamiento- y muy cercano a Pedro Martín también secretario general del PSOE tinerfeño. Martín entiende prioritario garantizar la paz y el control sobre el futuro inmediato de una plaza clave en términos de poder municipal, y en Pérez tiene puesta su confianza.

El 11 de julio fue cuando las direcciones del PSOE en Tenerife, Canarias y Madrid (la Federal) lanzó un ultimátum para la resolución del contencioso que pasaba por la renuncia a sus actas de concejales del alcalde José Julián Mena y del concejal Luis García. El comunicado del partido ese día adoptaba esta tajante medida “tras numerosas conversaciones e infructuosos intentos por reconducir el problema”, y con el fin de conformar un nuevo equipo de gobierno “que permita desarrollar el proyecto socialista para el municipio de Arona”.

Los resultados no fueron los esperados:

Mena había cesado a García como responsable de Urbanismo el 22 de junio tras detectar, así expresó, irregularidades en la gestión de diversos expedientes urbanísticos, destacando el de la construcción de un centro comercial en la punta de El Camisón que incumple el planeamiento municipal y la Ley de Costas.  La guerra se desencadenó a continuación con Luis García conformando un bloque con siete de los 14 concejales y compareciendo ante la Fiscalía en calidad de testigo y denunciante en un expediente abierto sobre otra denuncia anterior, en donde García entregó documentación que supuestamente avalaría la denuncia de actuaciones indebidas por parte del alcalde y su entorno, incluyendo grabaciones.

Mena reaccionó revocando y rescatando para sí la delegación de diez competencias que había cedido en favor de la Junta de Gobierno Local relativas a materias económicas, urbanísticas, de contratación y de personal.

En los hechos, el alcalde rechazó renunciar a la Alcaldía, mientras García anunció que acataba dejar el acta de concejal en manos del partido, pero en la práctica continúa ejerciendo como tal.

“Nos estamos tomando en serio mejorar la organización y gestión del personal” del Cabildo de Tenerife, recalca Lidia Pereira, directora insular de Recursos Humanos, al referirse a las expectativas laborales de más de dos mil empleados entre funcionarios, fijos, interinos, administrativos o técnicos, según la diferente categorización, garantizando al tiempo el mejor funcionamiento posible de la mayor plantilla de las islas. En este contexto, aborda los episodios de acoso laboral –de los que se ha hecho eco este digital- como “conflictos laborales”, aislados e identificados y que hay que resolver, reflejos también de fallas más amplias en la organización, sostiene, con necesidades diagnosticadas en cuanto a la dirección, coordinación y sistematización de los procesos y los recursos. “El talento humano está desaprovechado”, subraya.

Un año al frente después de 32 años de gobierno de Coalición Canaria, y en la Consejería de Presidencia, Hacienda y Modernización del Cabildo, con la también vicepresidenta Berta Pérez, al frente, constatan la tarea por hacer, en concreto en el apartado de organización de Personal, área de Lidia Pereira.

La gestión de los Recursos Humanos es uno de los aspectos transversales detallados en el Plan de Modernización del Cabildo (2020-2023), con más de 17 millones de euros aplicables al funcionamiento interno de la Corporación en programas organizativos, tecnológicos, de procedimiento, normativos y personales. De modo general se trata de conflictos o deficiencias que se han enquistado y prolongado en el tiempo, es por ello que “la adecuada gestión los recursos humanos es una prioridad para el equipo de gobierno, hasta el punto de que se establece el diseño de una planificación estratégica en el contexto de ese Plan de Modernización.

Los casos de ‘mobbing’ o acoso laboral coinciden con esa característica de alargarse en ocasiones por años, enmascarados con frecuencia ante el secretismo y la confidencialidad que rodea estos episodios. Desde Recursos Humanos se refieren a estos “conflictos laborales” como situaciones laborales aisladas e identificadas, y sobre los que existe el compromiso de tratarlos y resolverlos “de manera satisfactoria”.

En ese sentido se quiere hacer más. Uno de los pasos inmediatos es la revisión del protocolo de prevención de riesgos vigente en la actualidad, el PO-38, cuya efectividad ante escenarios de persecución en el trabajo es puesto en solfa por diferentes afectados y representantes sindicales. “Está prevista una revisión y actualización del documento para incorporar las mejoras que se estimen oportunas en todos los ámbitos”, afirma Pereira.

Otra prioridad es reforzar el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, punto clave en estos procedimientos y cuyo funcionamiento también se cuestiona en los testimonios de los trabajadores acosados. La previsión de Recursos Humanos es contar a principios de 2021 con tres técnicos más, así como un médico de empresa suplementario. “El objetivo es mejorar las condiciones en las que se presta el servicio y desde la perspectiva de un abordaje integral de la salud y la seguridad laboral”.

Para ello hay una batería de acciones que se cruzan, recogidas en el propósito de estos cambios: realizar modificaciones organizativas directamente en áreas o unidades con episodios de conflictividad, que permitan soluciones laborales más allá de un diálogo imposible o una mediación improbable; potenciar la actividad preventiva para identificar potenciales conflictos; jornadas de intercambio y socialización del ‘mobbing’; capacitación demostrada para la gestión de personal en las jefaturas, o el reciente proceso para reducir la temporalidad en la plantilla de la Corporación, haciendo fijos 243 puestos entre personal funcionario y laboral.   

“Creemos firmemente que es necesario atender y mejorar la gestión interna de la institución para poder mejorar el servicio público”, insiste la directora insular, “lo que implica valorar y aprovechar el conocimiento y la experiencia de los empleados públicos e impulsar su participación en los procesos” en marcha. En este sentido la gestión interna tiene asignadas líneas de actuación específicas, como la dirección por objetivos, la innovación organizativa y la gestión del talento dentro de la Corporación.

Hay trabajadores del Cabildo de Tenerife con distintas categorías, ocupaciones y puestos, pero con el mismo sufrimiento de padecer situaciones de acoso laboral prolongadas en el tiempo y sin respuesta desde la administración, tal y como ha informado este digital en los últimos días. Son funcionarios la mayoría que rompen el silencio para dar testimonio de sus experiencias, bajo la condición de ocultar las identidades: temen que hablar agrave sus casos, pero dicen no aguantar más. Son un botón de muestra de más afectados que callan y de otros que, por el momento, acumulan el valor y las pruebas necesarias.  

“Llevo alrededor de 20 años trabajando en el Cabildo de Tenerife”, afirma uno de los perjudicados de lo que califica como campaña de hostigamiento, destinado a “una labor y en un puesto que me gustan, pero que desde hace algún tiempo se ha convertido en una tarea insufrible por culpa de mi superior, que cuenta con la complicidad de una parte de los compañeros que ven lo que ocurre y les parece hasta gracioso, mientras otros miran para otro lado”. Asegura que “en el Cabildo de Tenerife se ha preferido desde hace tiempo tapar antes que resolver el acoso laboral”.

 Este empleado relata que sufrir “humillaciones y críticas” por parte de su jefe “se ha hecho habitual” por cualquier tarea que realiza, “a solas o delante de otros compañeros”, o “me manda cumplir desempeños inferiores a los propios de mi categoría” y con una “sobreexplotación” horaria y de trabajo. “Las labores más engorrosas o mecánicas y de menor nivel con frecuencia me las encarga a mí, mientras que tareas de mi categoría se asignan a compañeros con menor cualificación”.

El “ninguneo y el abuso de poder” han sido una constante que “he sufrido y sigo sufriendo”, destaca, “hasta sentirme machacado y necesitar somníferos para dormir”. Admite que hubo un momento en el que pensó que estaba loco, porque “así me trataban cuando alguna vez me quejaba” llegando a pensar que “alguna culpa debía tener para que me pasara todo esto”.

Reacción de estrés agudo, con una sintomatología que refuerza la conflictividad y el estrés laboral. Ese fue el diagnóstico médico de la enfermedad de otro de los empleados del Cabildo, dolencia que derivó en una baja laboral durante casi medio año y “tomar medicación para la hipertensión de por vida, entre otros fármacos necesarios desde entonces para poder acudir al trabajo”.

En el relato de los hechos, el trabajador señala la situación de “acoso continuado” durante años por parte de su superior y de un compañero de inferior categoría “que han actuado y continúan haciéndolo en complicidad”, y que por ello acudió al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para denunciar la situación, “como dice el procedimiento”. No hubo resultados, al contrario: poco después de su reincorporación, “constaté que se aprobaba una subida de sueldo al trabajador que me acosaba, a propuesta del jefe que también me acosaba, y que a mí se me excluía”, en línea con la tesis de estas dos personas, sostiene, de que “yo lo hago todo mal”. Y la situación no ha cambiado.

Una de las características de la “persecución que sufro”, continúa este trabajador, es el “menosprecio a mis capacidades”, de tal manera que “los proyectos en mi servicio no salen bien y se han de repetir una y otra vez, pero da igual: no hay otro técnico con experiencia en mi especialidad, pero no me permiten participar en ninguno de esos procesos y, por lo tanto, no puedo aportar mis conocimientos”. Tal así que “gran parte de mi tiempo laboral me tienen realizando trabajos mecánicos y arreglando errores que no existen”, recalca, “y dejándome al margen de los cursos o programas de formación que sí reciben” los acosadores.  

Años después, un nuevo periodo de baja laboral con el mismo diagnóstico marca los últimos episodios hasta ahora del ‘mobbing’ sobre este empleado, quien se pregunta “¿Qué necesitan que suceda para arreglar esto? Porque ya ha habido varios casos de ictus entre compañeros y compañeras de la Corporación”.

Denominadores comunes

Otras experiencias de acoso laboral a trabajadores del Cabildo han sido recogidas por este diario a través de familiares, personas allegadas o abogados conocedores de primera mano de varios de estos casos, que han dado voz a empleados que o no se atreven a hablar, a los que recordar algunos hechos les reaviva la angustia o, incluso, su tratamiento médico se lo impide. El anonimato vuelve a ser la regla para estos portavoces; relaciones profesionales o parentescos pueden destapar al afectado y generarle más problemas.

En cuanto a los escenarios de persecución o acoso laboral detectados en el Cabildo de Tenerife, los trabajadores y abogados entrevistados coinciden en una serie de denominadores comunes que permiten acercarse mejor a las causas de un fenómeno prolongado durante décadas y que tienen que ver con la “mala gestión de los recursos humanos”. En el detalle de ese ineficaz proceder, con efecto en los casos de ‘mobbing’, estaría la desidia de algunos cargos políticos, fallos en el protocolo vigente, el papel de ciertos jefes de Servicio, el abandono del área de Formación y la dejadez del Servicio de Prevención de Riesgos, por apuntar las más señaladas.

Por lo que se refiere a ese supuesto desentendimiento por parte de algún alto cargo (consejero o director insular), que “descuida” –en palabras de uno de los abogados entrevistados- la supervisión o el seguimiento del clima y las condiciones laborales de sus áreas de responsabilidad, tiene que ver que actúan “como aves de paso en sus cargos y apuestan habitualmente por dejar hacer, no complicarse la vida, ni tocar el automatismo del trabajo cotidiano”, con sus jerarquías y categorías, que corresponde de manera directa a las distintas jefaturas –de Unidad, Sección o Servicio. Apuntar, no obstante, que corresponde al Consejo de Gobierno Insular la aprobación y actualización de la Declaración de Principios del protocolo de prevención PO-38 (“Actuación frente a la Violencia de Origen Interno en el Trabajo”) contra el acoso laboral, y que como pieza superior de la jerarquía de mando en cada Consejería, tienen potestad para actuar.

En lo tocante al protocolo vigente, tiene fallos. Lo dicen desde el ámbito sindical en el comité de empresa del Cabildo, lo reiteran trabajadores afectados y también abogados laboralistas conocedores del mismo y de su aplicación. El protocolo de la Corporación asume un “firme compromiso con la prevención de la violencia en el ámbito laboral” y califica la misma de “atentado contra el derecho fundamental de las personas” que considera “absolutamente inadmisible y no será permitida ni tolerada”. Por ello establece que el Cabildo “adoptará las medidas necesarias para erradicar y prevenir cualquier conducta agresiva o degradante hacia el personal”, así como para “dar la cobertura y el apoyo necesario a aquellos/as empleados/as que puedan sufrir cualquiera de dichas formas de agresión”.  

Ese mismo protocolo determina la realización de “actuaciones preventivas” que eviten potenciales situaciones de acoso laboral, con “periódicas” evaluaciones de riesgos psicosociales y diagnósticos de satisfacción laboral para “detectar y corregir” las condiciones que pudieran favorecer los casos de violencia en el ámbito laboral. Añade además que todo el personal será informado sobre el contenido del protocolo y que se promoverá la formación y capacitación de los mandos en la gestión de este tipo de conflictos. Estas instrucciones, en puridad, no se están cumpliendo.  

Por contra, el protocolo “no contempla mecanismos de conciliación bien definidos o de revisión de conductas”, señala uno de los abogados que ha podido examinar situaciones de acoso en la mayor administración de las islas, y sí propicia, a cambio, que los jefes de Servicio tengan presencia directa en prácticamente todos los trámites previos de conciliación y mediación de los empleados bajo su responsabilidad, siendo con mucha frecuencia el mismo sujeto sobre el que se dirige la denuncia. “La totalidad de los empleados y empleadas de la Corporación Insular es responsable de mantener un clima laboral adecuado y de denunciar las situaciones de agresión o violencia en el trabajo, tanto si son víctimas como testigos de la misma, en este último caso recabando el consentimiento de la víctima”, remarca el protocolo, con un procedimiento que, por lo general, no se cumple, y cuando sí deriva muchas veces en la indefensión de la víctima, que queda ‘marcada’.

El papel de los jefes de Servicio es otro aspecto motivo de controversia. Estos mandos intermedios, de libre designación, son básicos en el organigrama del Cabildo tinerfeño para garantizar el funcionamiento de la maquinaria administrativa, con un peso específico muy superior al que representa su número (en la actualidad son 59 de los 2.020 miembros de la plantilla). Su número se duplicó prácticamente a finales de los años 90 –al igual que creció el resto del personal- con la transferencia de competencias a los cabildos desde la administración autonómica; eran los tiempos de Víctor Pérez Borrego como consejero responsable de Personal y Hacienda con Ricardo Melchior, ahora en su puesto de Jefe de Servicio Técnico de Planificación y Proyectos Forestales de la misma Corporación.

Hay sintonía en las fuentes consultadas a la hora de señalar la falta de formación de los jefes de Servicio en lo tocante a la dirección y gestión de equipos de trabajo, un apartado clave que el Cabildo tradicionalmente ha desatendido. Incidir, además, que entre el personal público –también en el Consistorio insular- la movilidad o el cambio en el puesto de trabajo es escasa lo que propicia que conflictos laborales se enconen y desemboquen con el tiempo en casos de ‘mobbing’.  “Jefes con un sentido de la autoridad centrado tan solo en la jerarquía, limitados en el momento de explicar o razonar con sus subordinados, dan lugar a situaciones de desconfianza con alguno de ellos que propicia, muchas veces, mecanismos autoritarios y la angustia del trabajador al que le tocó ser la diana”, sintetiza un conocedor de los entresijos del Cabildo lo que sería ‘grosso modo’ el origen de no pocos casos de persecución laboral.  

Estas deficiencias en la gestión de los recursos humanos se relacionan, como antes se citaba, con el escaso músculo administrativo del capítulo de Formación en el Cabildo, uno de los aspectos en los que hay mayor coincidencia y en donde supuestamente debería apuntar con celo el Plan de Modernización plurianual (2020-2023) esbozado recientemente por el nuevo equipo de la Corporación al cumplir el primer año de mandato. La Formación no alcanza en la actualidad la talla de Jefatura de Servicio, quedando solo como como Jefatura de Unidad. La discrecionalidad y falta de control o un criterio medible sobre la asignación de los cursos y designación de los formadores es, igualmente, motivo de controversia.

A estas alturas de la película en el seno del Cabildo es ‘vox populi’ que hay áreas, servicios o jefaturas, claramente detectadas, que resultan más conflictivas que otras en términos de ‘fuga’ de trabajadores (sustituciones, cambio de puesto o renuncias de empleados), un indicador que arroja bastante luz sobre la mayor o menor incidencia de un negativo clima laboral y de la presencia de casos de persecución. Todo esto, y así consta en el mismo protocolo de actuación, está en manos del Servicio Técnico de Prevención de Riesgos Laborales, una de las áreas que más quejas provoca entre las diversas fuentes entrevistadas para este reportaje.

Las críticas menos afiladas hablan de un Servicio en el que “hay muy poco interés real en intervenir ante las situaciones de supuesto acoso laboral, más allá de que supuestamente cumpla el procedimiento establecido”, señala uno de los abogados que comparte información sobre varios casos de trabajadores afectados por ‘mobbing’. “Los órganos de prevención del Cabildo saben de la situación, incluso se dan como los primeros pasos para formalizar la mediación (responsabilidad a partes iguales del Servicio de Prevención y de la Jefatura de Servicio implicada) pero después no es real porque no hacen nada por resolver los casos de acoso”, subraya más tajante uno de los trabajadores entrevistados.

Incluso hay quien señala “complicidad y amiguismo entre jefes de Servicio y técnicos de Prevención”. “Lo habitual es que Prevención le quite importancia a las quejas y denuncias sobre ‘mobbing’ y emita informes en los que parece que no ha ocurrido nada”, comentan otras dos fuentes.  

De hecho, este medio tiene constancia de procedimientos de denuncia iniciados, que no llegan a la fase de mediación –menos a la Comisión Arbitral-, que son archivados sin conocimiento del afectado por parte del Servicio de Prevención, y considerados incluso como resueltos satisfactoriamente a efectos estadísticos, realidad apuntada hace unos días por el mismo presidente del comité de empresa del Cabildo, Alberto Negrín.  

Un trabajador comentaba, con cierta sorna, que “el teletrabajo puede hacer más para reducir las situaciones de acoso laboral que el Servicio de Prevención o el protocolo. Un desastre”.  

Acudir a la vía penal o al contencioso-administrativo, asumiendo los costes y la dificultad probatoria que ello conlleva, está en la mente, y así lo expresa, alguno de los entrevistados. 

Este diario intentó recabar algún comentario o valoración sobre el contenido de la información por parte del equipo de gobierno del Cabildo, sin éxito. 

El Cabildo de Tenerife, la mayor administración local del archipiélago con una plantilla que supera las 2.000 personas, funcionarios la mayoría, hace aguas en sus relaciones de trabajo, un problema de fondo conocido y más o menos contenido hasta ahora puertas adentro. El mal clima laboral va más allá de la desmotivación o el estar quemado -‘burn out’-, común en otros empleos. Casos de persecución o acoso laboral son compartidos sotto voce en pasillos y oficinas de la Corporación insular, conocidos sus daños y secuelas físicas, mentales y sociales; bajas y medicaciones. Son hechos que se saben, en ocasiones se denuncian y difícilmente se resuelven desde hace varios lustros.

Documentos sobre supuestos casos de ‘mobbing’ que se han ocultado o extraviado, quejas o demandas por escrito que son archivadas sin solucionar -anotadas como resueltas-, o procedimientos iniciados y terminados sin mediación, actas ni comunicación a los afectados. Estas irregularidades son confirmadas por la Sección Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.) en el Cabildo, quien desde hace un tiempo recopila datos sobre un problema el de ‘mobbing’, dificultoso de transparentar aun cuando son gestados durante años y donde el afectado que denuncia siempre teme llevar las de perder. Hay expedientes tanto de servicios con sede en la Plaza de España y como en algunas de sus dependencias descentralizadas. 

El secretismo, el carácter reservado de la información, el temor a represalias, la vergüenza del afectado, el evitar enfermarse o una baja (con su merma en el sueldo), son aspectos que explican el manto de silencio, admite con cierta impotencia Alberto Negrín, presidente del comité de empresa de la Corporación. Otros factores son eventuales complicidades y la baza de la información reservada, para que llegue a producirse hasta la desaparición de documentos.  

Negrín ha podido conocer de, al menos, cinco casos de supuesto ‘mobbing’ –aunque sospecha que haya unos cuantos más- denunciados en los últimos años y, en teoría, abordados por los órganos competentes del Cabildo según las reglas y pautas marcadas en el protocolo. El archivo de los expedientes ha sido lo común, interpretado muchas veces como una resolución positiva del mismo, apunta el dirigente sindical. Incluso en alguna ocasión se ha llegado a postular la intervención del supuesto acosador –suele ser el superior en el escalafón- como mediador del proceso.

Es frecuente que a los afectados en estos casos se les ofrezca a modo de última solución, en principio transitoria, el traslado del puesto de trabajo, lo que en muchas ocasiones crea una desazón añadida. Abandonar un desempeño muchas veces conseguido después de sacrificios y aceptar que se pierde el litigio a cambio de la supuesta paz laboral.   

Un caso desvelado en este tiempo puede servir como ejemplo, sin detalles de nombres y área de trabajo por esa reserva, de la dificultad actual para afrontar situaciones de esta naturaleza en el Cabildo, y del coraje y tenacidad de algunos trabajadores en la defensa de sus derechos. Afrontar un procedimiento de presunto acoso laboral que se dilata por años, denunciado una primera vez y archivado antes siquiera de la necesaria mediación o comisión arbitral, y tiempo después, prolongando el vía crucis de acoso, estrés, medicación y bajas, retoma el afectado como nuevo procedimiento de denuncia por ‘mobbing’, con entrada por Registro y entonces traspapelado.

“Hay irregularidades sostenidas durante demasiado tiempo y hay que cambiarlas de una vez”, subraya el delegado sindical, quien espera un posicionamiento decidido ante estos casos por parte del nuevo equipo de gobierno competente del área de personal -un año en el cargo-esto es, la Dirección Insular de Recursos Humanos y Servicios Jurídicos y la Consejería insular de Presidencia, Hacienda y Modernización.

El protocolo y su aplicación

El protocolo de prevención del Cabildo tinerfeño debería resolver todo esto. El procedimiento operativo “Actuación frente a la Violencia de Origen Interno en el Trabajo”, el PO-38, actualiza en 2018 el documento original de 2011, con un mayor énfasis en la gravedad de los fenómenos de acoso y la importancia de suprimir esas prácticas. Habla de “erradicar y prevenir cualquier conducta agresiva o degradante”, así como “dar cobertura y apoyo a los empleados” que estuvieran “sujetos a dichas formas de agresión”. Estos fenómenos “menoscaban la salud de las víctimas, reducen la productividad y la satisfacción de los empleados, impidiendo objetivos y dañando la imagen interna y externa del Cabildo”.

El PO-38 determina como violencia en el trabajo, las agresiones físicas y “conductas verbales o físicas amenazantes, intimidatorias, abusivas, acosantes o denigrantes”. Acoso laboral es la “agresión habitual, reiterada y sistemática con el fin de intimidar o degradar a una persona en el ámbito laboral”, que puede “provocar daños a la salud de la víctima, así como daños morales, a consecuencia del ambiente hostil, degradante, humillante u ofensivo creado por el acosador”.

¿Las formas de acoso habituales? Las dirigidas contra la reputación o dignidad del afectado (difusión de rumores, ridiculización pública), y las acciones contra el ejercicio del trabajo, la comunicación y la inequidad, las más repetidas en los casos conocidos. Aquí entra encomendar excesivo trabajo, innecesario, repetitivo, no acordes con la cualificación, negarle u ocultarle medios para su trabajo, ocultar información necesaria, de forma selectiva, falseamiento de datos, retirar la palabra o desigualdad de tareas o diferencias de tratos con otros.

Es corriente en el acoso que al afectado se le excluya de cursos y programas de formación y actualización, lo que se convierte en una nueva presión de cara a procesos de consolidación interna en los que está el puesto de trabajo en juego.

Ante un caso concreto encuadrado como de 'mobbing', y si no surte efecto el diálogo previo, se pasa a un proceso de mediación en el que toman el mando del proceso de la conciliación el superior jerárquico del afectado y el Servicio Técnico de Prevención de Riesgos Laborales; si el primero está afectado por la denuncia es el Servicio de Prevención quien se encarga. Todas las partes deben aceptar el proceso de mediación, si alguna lo rechaza no hay mediación. Queda entonces la Comisión Arbitral, convocable por el equipo de Recursos Humanos y que se dispone a modo de juicio un tribunal con miembros de distintas áreas, toma de declaraciones y nuevas pruebas, entre otras acciones.

Este recorrido y forma de aplicarlo no convence a Alberto Negrín, quien subraya la “ineficacia” del protocolo para situaciones de acoso. Su puesta en marcha e interpretación ha causado más de una vez “irregularidades” que han propiciado el “atropello” en los derechos de trabajadores denunciantes sin atender muchas veces sus reclamos. Es por ello que abandera una revisión o actualización de ese documento “cuanto antes”, apostilla.

Una oportunidad de abordar de manera integral estas situaciones se presenta con el Plan de Modernización del Cabildo, aprobado hace pocos días en Consejo de Gobierno, y con horizonte al 2023. Un prometedor proyecto con decenas de propuestas de acción aplicables al funcionamiento interno de la Corporación, tras un proceso de consulta entre los empleados y la asignación de más de 17 millones de euros para su aplicación. La vicepresidenta segunda y consejera insular de Presidencia, Hacienda y Modernización, Berta Pérez, detallaba en su presentación que el diagnóstico de situación del Cabildo de, detectó muchas carencias y la necesidad de cambios prioritarios en cinco renglones: organizativos, de procedimiento, tecnológicos, normativos y personales.

Decenas de funcionarios públicos han abandonado el Cabildo en los últimos diez años, con frecuencia ‘quemados’ y menospreciados, nutriendo ahora muchas administraciones, como el Ayuntamiento capitalino o la Comunidad Autónoma.   

Las donaciones de sangre en Canarias se han recuperado en los últimos días después del descenso anotado en las extracciones durante la pasada semana, circunstancia que provocó incluso la cancelación de operaciones no urgentes programadas en los quirófanos de las islas al carecer los hospitales de los recursos indispensables de concentrado de hematíes, plasma y plaquetas. Si entonces la cifra de donantes de sangre se situó en torno a los 220 diarios en esta semana que cierra julio se han alcanzado los 350 según las cifras facilitadas por el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) de la Consejería de Sanidad del Gobierno regional. El promedio diario de referencia para garantizar el sistema sanitario del archipiélago está en las 300 donaciones por día.

Justo después del llamado urgente a la sociedad por parte de la Red Transfusional Canaria para aumentar las extracciones, ante la escasez de existencias en todos los grupos sanguíneos -fenómeno que se intensifica por lo común en los meses de verano- se ha producido una recuperación de las donaciones en los diferentes puntos de colecta. Tal así que el pasado viernes se registraron 356 donaciones en Canarias (204 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 152 en la de Las Palmas), tendencia que se ha mantenido en los días siguientes.

Desde el ICHH se insiste en la necesidad de gestionar las donaciones mediante el sistema de cita previa, procedimiento que en ocasiones causa una demora de varios días a la hora de coordinar los horarios de extracción entre los puntos de colecta solicitados y la disponibilidad de los mismos. En cualquier caso, se congratula ante la comprensión de los donantes por unas circunstancias derivadas de los protocolos para evitar la transmisión del coronavirus.

Con todo, la institución sanitaria recuerda la necesidad de regularizar el proceso de donaciones de manera constante en el tiempo y que los donantes varones pueden acudir a los puntos de extracción cuatro veces al año (con carácter trimestral) y tres veces al año las mujeres (cada cuatro meses). La sangre caduca, con una vigencia que oscila entre los 5-6 días de las plaquetas hasta los 42 días de los hematíes.

El coronavirus ha causado este domingo los dos primeros muertos en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, al suroeste de Argelia, una información facilitada por el Comité Técnico Nacional de Prevención de la COVID-19 de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y recogida por la agencia de prensa oficial Sahara Press Service (SPS). Los fallecidos eran dos de los cuatro positivos confirmados desde el pasado jueves (tres varones y una mujer) que se encontraban aislados y bajo tratamiento en el centro sanitario de Rabuni, sede administrativa de la RASD en los asentamientos del exilio; otras 19 personas se encuentran confinados en cuarentena al presentar síntomas compatibles con el virus.

El temor al contagio es ya una realidad en los campamentos una vez constatado que la pandemia ha logrado superar las rígidas medidas de contención establecidas por las autoridades del Ministerio de Salud Pública saharaui desde el pasado 18 de marzo. La amenaza cierta de propagación masiva podría desembocar en una catástrofe sanitaria: una población de algo más de 170.000 personas desterradas en situación de riesgo, carentes de los recursos alimentarios y médicos necesarios, en un limbo político y jurídico desde que España, antigua metrópolis colonial en el Sahara Occidental, los abandonara a su suerte hace 44 años.

El Comité Nacional de Prevención, encabezado por el primer ministro del Gobierno de la RASD, Hamudi Busharaya Beyun, había informado el pasado día 23 cuatro afectados por COVID-19, tres pacientes varones y una mujer (registrados dos de ellos como asintomáticos, uno con síntomas leves y otro en estado crítico). Mientras, la ministra de Salud Pública, Jira Bulahi Bad, lamentaba en su cuenta de Twitter unos contagios surgidos “tras mucho esfuerzo y medidas preventivas para proteger a nuestro pueblo” e insistía en que “nuestra situación de vulnerabilidad nos obliga a redoblar esfuerzos para seguir caminando”.

Las autoridades sanitarias intentaron en un primer momento tranquilizar a los refugiados, por su bajo riesgo de contagio y sin propagación generalizada, pero la dispersión de los contagios en distintos sectores de los campamentos y la aparición de nuevos casos no invitan al optimismo. Una vez rota la barrera profiláctica dispuesta desde el 18 de marzo -la única posible dadas las circunstancias con los medios disponibles-, las autoridades saharauis no tienen otra fórmula que reforzar aún más los controles y confiar en el nivel de resistencia y sacrificio del pueblo saharaui para sobrellevar situaciones límite como ésta, después de casi medio siglo en Tinduf.

En las últimas horas, el Comité de Prevención de la Covid-19 ha subrayado que a la luz de la propagación de la epidemia de la COVID-19 “exigimos cumplir estrictamente con las medidas de contención limitando el movimiento de personas para evitar posibles contagios y la posterior propagación del virus” entre la población de los campamentos.

Estrictos controles

Desde mediados de marzo, las autoridades saharauis centraron su combate contra el coronavirus en la prevención de su llegada, centrando los esfuerzos de contención a las afueras de los asentamientos, combinando estrictos controles fronterizos con habitáculos y tiendas de campaña para la prevención y aislamientos en cuarentena. El régimen de alerta máxima temprana contemplado en el programa nacional de prevención contra la COVID-19 se centraba en el confinamiento domiciliario y la restricción de movimientos (similar al de otros países), con la suspensión de eventos sociales, culturales y deportivos y la clausura de espacios públicos y escuelas. Entre las medidas excepcionales añadidas se dispuso el blindaje de todo el perímetro de los campamentos, interrupción de comunicaciones terrestres y aéreas y el cierre de fronteras con Mauritania, el resto de Argelia y los territorios liberados en el Sáhara Occidental, junto a la limitación de traslados entre campamentos, el refuerzo de los controles de vigilancia y la entrada en vigor del toque de queda.

La población saharaui asentada en Tinduf se concentra en cinco campos de refugiados (wilayas), esto es, El Aaiún, Auserd, Smara, Bojador y Dajla -nombres similares a algunos enclaves principales del Sáhara ocupado por Marruecos; además está la sede administrativa de Rabuni. En cualquier parte de los asentamientos las condiciones de vida son extremas, en la Hamada argelina, una de las áreas más inhóspitas, pedregosas y áridas del mayor desierto del mundo, con temperaturas que rondan los 50 grados en verano, como hace apenas dos semanas.

La supervivencia de la población pende del hilo de una menguante ayuda internacional, en un escenario de carencias alimentarias, desabastecimiento de medicamentos y falta de personal e infraestructuras sanitarias que agudizan la situación de vulnerabilidad de sus habitantes.

Los campamentos de refugiados saharauis disponen de cuatro hospitales, dos de los cuales tienen quirófanos, con capacidad para unos 250 pacientes. En primera línea de atención primaria hay cinco consultorios y una veintena de dispensarios, según datos recogidos por el medio Ecsaharaui. La Unión Africana y la Agencia de Cooperación argelina han sido fundamentales para garantizar el suministro de alimentos, agua y medicinas, con un envío de 154 toneladas de ayuda a principios de mayo, en el que se incluía material de prevención y pruebas de PCR para el coronavirus; desde entonces el Ministerio de Salud Pública ha estado realizando un promedio de 200-250 análisis de detección, cuyos análisis se remiten a Argel. Los suministros y fármacos son servidos en su mayor parte por Médicos del Mundo con fondos aportados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Además, los responsables sanitarios crearon grupos de tareas para visitar cada casa y cada jaima –hogares a modo de tiendas de lona- revisando el cumplimiento de las medidas preventivas y supervisar las necesidades más urgentes. Los grupos están compuestos por personal sanitario y profesionales capacitados para la detección de casos, con el apoyo de una brigada de médicos cubanos.

En cualquier caso, la falta de comida y agua es general en las cinco wilayas y en Rabuni, donde las ayudas resulta insuficiente. Smara es el campamento más poblado y con mayor escasez de alimentos, mientras que El Aaiún no dispone siquiera de agua ni electricidad. La Delegación Saharaui para España señala que la tasa de anemia entre mujeres embarazadas y lactantes en los campamentos de Tinduf supera el 73% y la malnutrición en niños menores de 5 años es del 25%“, además de una alta incidencia de población con diabetes y problemas arteriales”.

En las últimas semanas se ha disparado la propagación del COVID-19 en África, con un ritmo de crecimiento en los positivos confirmados a la cabeza del planeta junto al de América del Sur. Suráfrica, con más de 422.000 casos; Egipto, por encima de los 91.500; Argelia, más de 26.000, y Marruecos, sobre los 19.600, encabezan ese triste ránking. No se han detectado por ahora positivos entre los alrededor de 30.000 saharauis -un número no muy preciso- de los llamados territorios liberados (al este del muro de 2.200 kilómetros repleto de minas que separa la zona bajo control marroquí). Otra cosa es la zona ocupada, donde se estima que habitan unos 100.000 saharauis, y en el que son numerosas las referencias sobre casos positivos entre su población, en especial en su capital El Aaiún, y las denuncias sobre detención de saharauis por causas políticas y su traslado a la conocida como la 'cárcel negra', hacinados con otros internos confirmados o sospechosos de contagio.

La segunda teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Promoción Económica y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Evelyn Alonso, desmintió este viernes una vez más que cuente con un servicio de escoltas para su protección, aunque llegó a definir ese operativo a su disposición como “un estudio de seguridad compuesto por una serie de voluntarios [policías locales de paisano] que se apuntaron en una lista” para cumplir esos cometidos.

Alonso, que tiene bajo su responsabilidad a la Policía Local, hizo hincapié en que ella no participó en la creación de ese 'estudio de seguridad' sino que fue una decisión adoptada por los mandos del Cuerpo de seguridad local, esto es, la comisaria Carmen Delia González, y el subcomisario Blas Hernández.

La creación de ese servicio de escoltas para garantizar la seguridad de Alonso capitalizó las intervenciones más broncas y los momentos de mayor tensión y confusión del pleno del Consistorio santacrucero, el primero del nuevo gobierno surgido tras la moción de censura del 13 de julio, que devolvió a José Manuel Bermúdez al puesto de alcalde que ya ejerció entre 2011 y junio de 2019.

Gran parte de las cuestiones formuladas en el turno de preguntas de la sesión plenaria tenían que ver con la existencia de ese servicio de escoltas -negado por Alonso por activa y pasiva-, los motivos para su creación o de quien partió la iniciativa de su constitución. José Ángel Martín y Florentino Guzmán, exprimer teniente de alcalde y exconcejal de Seguridad, respectivamente, hasta hace once días, intentaron sin éxito obtener aclaraciones por parte Evelyn Alonso sobre el particular, y los turnos de palabra se convirtieron en un cruce de reproches -en especial con Guzmán- que se caldeó por momentos, mientras el alcalde -quizá falto de práctica- no lograba sostener el orden, las continuas interrupciones ni la crudeza de algunas expresiones.

Guzmán se refirió al “culebrón y el esperpento” que representa Alonso, “que ha llegado [al equipo de gobierno] mintiendo y no ha parado de mentir”, le pidió que explicara alguna de las “250.000 razones que tuvo para hacer esto” -en referencia a su firma de la moción de censura de la que fue pieza imprescindible- y tildó su comportamiento de “complejo de nueva rica” mientras agitaba en el aire un fajo de billetes de monopoly. Alonso acusó a Guzmán de no haber trabajado nada en su tiempo al frente de la Concejalía de Seguridad y de “pasar el tiempo en el gimnasio de la Policía Local”. “Supérelo y no sea niño chico”, fueron otras críticas escuchadas en el salón de plenos.

El origen de la polémica y su traslado a la opinión pública está en una información adelantada en exclusiva por este medio el pasado sábado, según la cual la comisaria González y el subcomisario Hernández organizaron un servicio de escoltas para Alonso desde el mismo momento en que tomó posesión como concejala, el 26 de junio, antes de la moción de censura y a espaldas del concejal entonces competente, Florentino Guzmán, del director de Seguridad, Francisco Javier Rodríguez del Castillo -cesado con el cambio de gobierno- ni de la todavía alcaldesa, Patricia Hernández.

La posición de Alonso ha sido siempre la de negar que haya escoltas y así, a través de un comunicado oficial del Consistorio, desmintió ese hecho, recalcando que en la Policía Local capitalina “no se ha creado servicio de escolta alguno, lo único que se ha hecho es una nota informativa, de carácter interno, para saber si entre la plantilla policial hay personal voluntario que quiera desempeñar esas funciones de manera provisional”.

Posteriormente fue el concejal de Fiestas santacrucero, el nacionalista Alfonso Cabello -compañero de equipo de gobierno- el que puso en entredicho la versión de Alonso al indicar en una entrevista radiofónica la existencia de ese servicio en lo tocante a la concejala no adscrita. “Creo que Evelyn Alonso lleva escolta, pero tendría que preguntarlo”, apuntó Cabello, declaraciones que nunca fueron refutadas.

El último capítulo previo al pleno de hoy fue la confirmación el pasado miércoles de la utilización de coche oficial y escolta por parte de Alonso, en un encuentro fortuito con el inevitable Guzmán a las puertas del Ayuntamiento.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha rechazado este viernes dos propuestas para mejorar la transparencia en la gestión de los fondos públicos del municipio, formuladas desde la oposición. Los 14 votos de la nueva mayoría conformada por Coalición Canaria, Partido Popular y la concejal no adscrita Evelyn Alonso han rechazado en el pleno tanto la creación de una comisión de investigación que analice la gestión pública del agua en la capital, servicio en manos de la empresa Sacyr-Emmasa, como la constitución de una oficina de control en la Sociedad de Desarrollo para velar por el cumplimiento de la normativa vigente en las contrataciones que realice esa empresa municipal.

Estas dos iniciativas han centrado la primera sesión plenaria tras la moción de censura que desalojó a la socialista Patricia Hernández de la alcaldía santacrucera después de apenas trece meses con el bastón de mando -desde el 15 de junio de 2019 hasta el pasado 13 de julio. Ambas propuestas apuntaban a la existencia de posibles irregularidades en la administración de recursos municipales durante los mandatos de Coalición Canaria en el Ayuntamiento, a partir del conocimiento en las últimas semanas del contenido de acuerdos, auditorías e informes en ese sentido.

La moción sobre la situación de Sacyr-Emmasa fue presentada por Ramón Trujillo, portavoz municipal de Unidas Podemos (Izquierda Unida-Podemos-Equo), quien había argumentado la oportunidad de la misma en “una nueva irregularidad a las ya consabidas” en el contexto de las condiciones en que se produjo en 2005 -con Miguel Zerolo como alcalde de Santa Cruz y ahora en prisión por el caso Las Teresitas- la venta de la empresa municipal de aguas a la multinacional Sacyr. “Desde 2007, sintetizó Trujillo, cada año se devuelven 2,3 millones de euros euros a Sacyr, la empresa adjudicataria del agua, con el propósito de reintegrarle en 25 años los 59 millones de euros abonados como canon adelantado y como precio de la concesión de la gestión de este servicio esencial”.

A Trujillo le resulta “realmente llamativo y preocupante que una empresa que ha sido intervenida por el Ayuntamiento y objeto de varias auditorías obtuviera unos ingresos tan cuantiosos sin justificación legal” pues “ hasta 2018 parece que nadie detectó que un pago de tal cuantía era injustificado, y, por tanto, alteraba la validez de las cuentas de Emmasa”.

Patricia Hernández llegó a calificar lo ocurrido con Sacyr como un “escándalo” y el alcalde anterior -y regidor de nuevo ahora-, José Manuel Bermúdez, dijo desconocer esa devolución del canon.

Durante su defensa de la moción en pleno, Trujillo insistió en las numerosas interrogantes que quedan por despejar y que sustentarían la oportunidad de crear la comisión de investigación demandada, y se refirió a la credibilidad de las cuentas de resultados de Sacyr en estos últimos años, las razones que explicarían el acuerdo de 27 de junio de 2017 del Consejo de Administración de Sacyr-Emmasa, “enormemente perjudicial para Santa Cruz”, dijo, y en especial, el hecho de encargar a un particular un informe (elaborado por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna Francisco Villar) y no acudir a los servicios del secretario, de intervención, ni del equipo jurídico del propio Ayuntamiento.

De igual forma se pronunciaron el portavoz socialista, José Ángel Martín, y la concejala de Ciudadanos, Matilde Zambudio, y respaldaron la creación de una comisión “ante la profunda herida sufrida por el interés público”, dijo Martín, ante una decisión “que convirtió en un canon lo que era precio de licitación”, sin que ello estuviera contemplado en el contrato, pliego de condiciones o título habilitante. En sus respectivas intervenciones ambos recordaron los recientes informes de los servicios jurídicos, secretario e interventor municipal sobre la irregularidad de la devolución de un canon que no tiene base legal y el acuerdo de la Junta de Gobierno de Santa Cruz por el que decidió impugnar el acuerdo de 2007 ante el juzgado de lo Mercantil, plantear un procedimiento contradictorio del contrato para su impugnación, la suspensión del pago de la cuota anual de 2,3 millones y la exigencia a Sacyr del reintegro de los 28 millones ya recibidos por ese concepto. 

Guillermo Díaz Guerra, primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, fue la única voz que habló en nombre del equipo de gobierno y de los grupos que lo sostienen, y señaló que hablar de una comisión de investigación sobre este asunto “suena muy grave”. Se refirió como a la “transparencia” de la que “siempre hará gala”, dijo, en su gestión para subrayar que ese tema “ya se está investigando y se podrá seguir haciendo en todas las comisiones de control que hagan falta”.

No obstante, el dirigente popular aseguró que acepta y respeta los últimos acuerdos de la Junta de Gobierno del mandato anterior para reclamar la recuperación de los fondos abonados a Sacyr.

Díaz Guerra planteó a Trujillo, “y para no darle el gusto de que los titulares digan que rechazamos la investigación” convertir esa comisión en “un pleno informativo, extraordinario y monográfico” donde se abordara “a fondo” la situación de la gestión del agua en Santa Cruz. Ese cambio fue rechazado por el portavoz de UP al entender que “una comisión de investigación es mucho más”.

Una vez rechazada la constitución de esa comisión por 14 votos a 13, tomó la palabra el alcalde Bermúdez, quien aseguró que una vez que se termine la tramitación del expediente administrativo abierto sobre la interpretación del contrato con Sacyr y si del mismo se desprende que hay supuestos ilícitos, y a su vez esa posibilidad es ratificada por el Consejo Consultivo, “iremos a los tribunales contra Sacyr; que nadie dude de ello”.

Contratos de la Sociedad de Desarrollo

La otra moción destacada fue la presentada por la concejala de Ciudadanos, Matilde Zambudio, para pedir “la creación de una oficina de control en la Sociedad de Desarrollo”, cuyo objetivo sea “vigilar que los procedimientos administrativos cumplan con la Ley de Contratos del Sector Público”, así como “desarrollar un Plan de Acción incluyendo una planificación sobre todas aquellas acciones a realizar en el futuro”, primando “licitaciones, convenios marcos y homologación de precios”.

La iniciativa de Zambudio a favor de crear un órgano que fiscalice los procesos de contratación en la Sociedad se producía a rebufo de la difusión de una auditoría externa encargada por ella cuando ejercía como responsable del área de Promoción Económica -a cargo de la Sociedad de Desarrollo- y de la cual se desprendía que el 95% de los gastos suscritos por este organismo en 2017 y 2018 vulneraban la ley de contratación pública, según los resultados extrapolados de la muestra de contratos analizados. Zambudio precisó que los trabajadores de la Sociedad de Desarrollo “siempre han realizado un gran trabajo”, y que la auditoría, lo que viene a constatar, “es un problema de gestión y de directrices políticas”.

Con posterioridad se supo que Alfonso Cabello, concejal responsable de la Sociedad de Desarrollo en el periodo auditado, adjudicó durante los últimos 30 meses de su mandato contratos por valor de más de 141.000 euros a favor del grupo empresarial JFT, del que pasó a ser adjunto en el otoño de 2019. Sobre este hecho, Cabello ha preferido guardar silencio.

Ya en el curso de la defensa de su moción en el pleno, la exprimera teniente de alcaldesa señaló que la creación de ese órgano sería altamente provechoso para dotar de mayor transparencia y seguridad las contrataciones de la empresa pública, “algo que me hubiera gustado hacer si hubiera tenido tiempo”. La moción decayó por cuanto el apoyo del PSOE y Unidas Podemos fue insuficiente ante la negativa de los 14 concejales del grupo de gobierno.

En respuesta a Zambudio intervinieron Evelyn Alonso, actual titular del área; Alfredo Cabello, de CC, y Carlos Tarife, portavoz del Partido Popular, quienes coincidieron en los argumentos de desacreditación de la auditoría (tanto en la validez de los resultados como en la credibilidad del autor) e insistieron en la validez de los procesos de contratación seguidos en la empresa municipal. “Ya se hacen auditorías” en la Sociedad de Desarrollo, dijo Alonso, “y se harán más sobre el 100% de los contratos”. “No hace falta crear una oficina, porque ya hay suficientes órganos de control”, apostilló.

Los hospitales canarios están a punto de suspender operaciones ante el descenso registrado en las provisiones de sangre durante las últimas semanas, según advierten desde el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ante la perspectiva de que esa caída se recrudezca durante el mes de agosto, en el apogeo de las vacaciones estivales. Las prioridades para el suministro de sangre en los centros hospitalarios están centradas en los servicios de urgencia y los derivados del tratamiento a pacientes oncológicos; el resto de operaciones podrían ser reprogramadas si se no se incrementan en los próximos días las actuales existencias.

Ahora mismo, las necesidades de donación de sangre en Canarias se sitúa en torno a las 300 bolsas diarias, mientras que la Red Transfusional Canaria está registrando un aprovisionamiento que ronda las 220 bolsas. Lo habitual es que las cirugías generales absorban entre dos y cinco bolsas, según los casos, cifra que se llega a doblar en operaciones sujetas a mayores complicaciones.

El nivel de las reservas en virtud de este ritmo de donaciones es similar al que manejaba la Red Transfusional Canaria a finales de marzo, en la primera etapa del estado de alarma por la crisis de la COVID-19, pero significa un volumen muy bajo en las actuales circunstancias, confirma Elsa Brito, responsable de Comunicación y Márketing del ICHH.

“Estamos en un período complicado y los hospitales han estado programando todas aquellas operaciones que no se hicieron durante el confinamiento”, apunta Brito, pero ese aumento en el número de operaciones y la consiguiente demanda de concentrado de hematíes, plasma y plaquetas no se ha visto correspondido con un aumento de la oferta, bien al contrario. La tendencia y el temor es que el aprovisionamiento disminuya aún más en las próximas semanas, como suele ser habitual en estas fechas. La incidencia del calor (que incide en la tensión arterial de los potenciales donantes) y las actividades vacacionales en verano (cambios de rutina, descenso de las extracciones colectivas en centros de trabajo o educativos, y mayor movilidad de los donantes habituales, con viajes y ausencia de lugares de residencia) resulta determinante en este descenso, ya anotado en el presente julio.

Además, y con el protocolo vigente preventivo para donar sangre en estos tiempos de coronavirus, no se puede donar sangre si se ha viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días.

Tal es así que la conclusión desde la ICHH es clara: las reservas están bajas y es perentorio que aumenten los niveles de un recurso fundamental para mantener la maquinaria del sistema sanitario canario. La sangre caduca, con una vigencia que oscila entre los 5-6 días de las plaquetas hasta los 42 días de los hematíes, motivo por el que resulta fundamental que las extracciones sean constantes. Y si las necesidades de sangre en Canarias se centraban en los últimos días en los grupos sanguíneos O- y A+, este jueves el ICHH advertía que urge sangre de todos los grupos.

Sobre esta misma cuestión indicar que desde el miércoles 22 de julio se ha puesto en marcha también el servicio de gestión de citas para donantes de sangre a través del 012, Servicio de Información y Atención Telefónica del Gobierno de Canarias. En una primera fase este número está operativo para solicitar cita en los puntos de extracción fijos e itinerantes de Tenerife y Gran Canaria, que se extenderá paulatinamente a las islas restantes (que continuarán mientras tanto con el formulario de cita previa publicado en la web efectodonacion.com).

Los cálculos realizados por la Federación Española de Donantes de Sangre señalan que el 34% de la sangre extraída se emplea para casos de oncología, el 25% para intervenciones quirúrgicas, un poco más del 20% para crónicos y transplantes, el 15% para atender casos de anemia y otro 5% en obstetricia y paritorios.

Coalición Canaria (CC) ha retomado este lunes el control de la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, cocapital de la comunidad autónoma, a través de una moción de censura que no por más cantada no deja de ser un triunfo para esta formación política; primera alegría tras unas elecciones el pasado año que desembocaron en el desalojo de CC de las principales instituciones del archipiélago -en especial de la isla de Tenerife-, acostumbradas en algún caso durante décadas a una forma de gestionar en la que se han mimetizado aspiraciones partidistas y necesidades institucionales.

El rescate del principal Ayuntamiento tinerfeño a la causa nacionalista, gracias al respaldo obtenido por José Manuel Bermúdez para redirigir la Casa de los Dragos -ya fue alcalde entre 2011 y 2019- se presentaba como una obligación para recuperar el crédito y el poder político perdido. Recurrir al voto de una concejala no adscrita o tránsfuga, que sumar a los diez ediles propios y los tres del PP (14 de los 27 del plenario), no suponía en este caso mayor inconveniente. Por una parte daban los números, más allá de la oportunidad de la misma (una iniciativa gestada en plena pandemia) o la dependencia de una política expulsada de Ciudadanos y los requerimientos del pacto antitransfuguismo. Por otro lado, el éxito de la experiencia corrobora la estrategia seguida por CC para reconquistar su poder político en las islas: cada vez son más los que abiertamente especulan con esa posibilidad, el último el propio Bermúdez exultante tras vencer en la moción de este lunes.

Desde 1979, primero con Unión de Centro Democrático -siendo Manuel Hermoso, dirigente histórico y alcalde durante doce años-, transmutada después en partido insularista de centroderecha como Agrupación Tinerfeña de Independientes y, ya en 1995, con el empaque regional de Coalición Canaria, siempre han sido partido de gobierno en Santa Cruz. La salvedad han sido los casi trece meses concluidos hoy -desde el 15 de junio de 2019-, cuando el PSOE dejó de ser muleta de los nacionalistas y se permitió agitar el bastón de mando en las manos de la ya exalcaldesa Patricia Hernández (sostenida por los tres ediles de Unidas Podemos y los dos de Ciudadanos).

Y como hasta el rabo todo es toro, hubo que esperar hasta el final para que los censurantes respiraran aliviados por el resultado, en una votación en la que algunos ellos -como el popular Tarife y el nacionalista Arteaga, que no los únicos- exhibieron a los presentes el sentido de su papeleta para impedir equívocos en una cuestión como la de la moción que ha sido foco de tensión política en las islas desde hace semanas.

En este sentido, la posibilidad de repescar la joya de la corona por parte de Coalición Canaria estuvo presente en los mentideros santacruceros desde el momento mismo de su pérdida, tanto por su valor político como por las eventuales consecuencias de un examen al detalle por parte del PSOE de multitud de expedientes, contratos y acuerdos suscritos durante tantos años de continuado gobierno; una inopinada o no sacudida de alfombras podía resultar fatal. Así las cosas, la dimisión a mediados de abril de uno de los dos concejales de Ciudadanos y su reemplazo por alguien más cercano a sus posiciones -Evelyn Alonso, nacida en Venezuela y en la antípoda ideológica de Podemos- fue el detonante, marcó el inicio de las negociaciones de censura y la firma de la misma a las pocas horas de la toma de posesión de Alonso como concejala.

En línea con lo anterior, el equipo de gobierno de Hernández ha puesto hasta hoy las luces sobre diferentes contrataciones y acuerdos alcanzados por gobiernos anteriores de Coalición Canaria, desde los tiempos del alcalde Zerolo -quien también fuera senador y en la actualidad cumple pena de cárcel por el caso Las Teresitas- hasta los del regidor Bermúdez. “Quieren que apartemos los ojos de los expedientes turbios” del Ayuntamiento, subrayó la propia alcaldesa durante el debate de la moción de censura.

Una de las actuaciones más destacadas ha sido el acuerdo para la recuperación de 97 millones de euros referidos a la fraudulenta operación de compraventa del frente de Playa de Las Teresitas; pero también está la parálisis de la devolución de 59 millones de euros a la empresa Sacyr -sociedad adquiriente de la Empresa Municipal de Aguas de Santa Cruz-, a razón de 2,3 millones anuales, por un canon objeto de controversia y cuyo importe total coincide con la cuantía de la operación de compra. Una auditoría que advierte de irregularidades en la mayoría de las contrataciones realizadas por la Sociedad de Desarrollo de la capital (empresa pública para la promoción económica) y el traslado a la Fiscalía Anticorrupción de la contratación de actuaciones para conciertos en los carnavales de los dos últimos años, son otros de los expedientes sumidos en la polémica.

Para Coalición Canaria toca ahora mirar hacia adelante y a la vista están el Cabildo de Tenerife (gobierno insular) y el Gobierno regional, como siguientes piezas.

En el primer caso han sido 32 años de gestión nacionalista los interrumpidos por una moción de censura -el 24 de julio de 2019- que llevó al socialista Pedro Martín a la presidencia, con el apoyo de tres consejeros de Podemos y los dos de Ciudadanos, superando la alianza entre CC y PP (siendo los primeros la lista más votada). La fórmula nacionalista pasaría al menos por lograr la ruptura del actual acuerdo de gobierno, que bloqueara el funcionamiento de la Corporación.

En cuanto al Ejecutivo autónomo, comandado en la actualidad por el socialista Ángel Víctor Torres gracias a un acuerdo a cuatro bandas (Podemos, Nueva Canarias, Agrupación Socialista Gomera y PSOE), las elecciones de 2019 dieron al traste con 26 años de presidentes nacionalistas, con 37 escaños de 70 para el llamado 'pacto de las flores'. Las posibilidades de ruptura del mismo por parte de CC, con 20 diputados, además de 11 del PP y dos de Cs, plantea captar a los representantes de la Agrupación Socialista Gomera -dirigida por el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, quien abandonó el PSOE en 2015- o sumar a Nueva Canarias a un nuevo proyecto nacionalista. En cualquiera de los supuestos toca esperar y la paciencia es un valor en política.

Patricia Hernández, desde hoy exalcaldesa de la capital de la isla una vez aprobada la moción de censura, continuará “peleando” por los vecinos de Santa Cruz de Tenerife desde la oposición, de manera que “quede claro”, subraya, que “la auténtica parálisis es el proyecto agotado de Coalición Canaria, que son quienes generan inestabilidad” política. Hernández rechazó así el principal argumento sustentado por los censurantes (CC, PP y Evelyn Alonso, concejal tránsfuga de Ciudadanos), tanto en el documento suscrito para la misma como en la defensa realizada durante el debate de la moción.

En el curso de su intervención en el pleno, la portavoz socialista, quien ha estado al frente de la Alcaldía santacrucera apenas trece meses, retó a José Manuel Bermúdez, encabezante de la censura -y finalmente alcalde tras la votación- para “que elija cualquiera de los ocho años en los que ya fue alcalde [de 2011 a 2019] y lo compare con el año de trabajo de este equipo de gobierno” a la hora de hablar de parálisis. A juicio de Hernández, “quieren que apartemos los ojos de los expedientes turbios” de anteriores mandatos de Coalición Canaria en el Ayuntamiento, “repletos de tropelías e irregularidades”. Entiende que “ese es el cemento que une y la energía que mueve” a los presentadores de la moción.

En el tono directo que caracteriza sus intervenciones políticas, Patricia Hernández señaló que tras casi cuatro décadas de gobierno municipal con el mismo color político “se sintieron desalojados de un Ayuntamiento que creían de su propiedad” tras su toma de posesión el 15 de junio de 2019, “y que acabaron confundiendo” la sede del Consistorio “con la sede de su partido”. Esta “necesidad de poder” explicaría, según la dirigente socialista, que hayan estado preparando una moción “en el tiempo que nosotros nos ocupábamos de resolver los problemas de la gente, inmersa en una pandemia”. “Hoy el Ayuntamiento se paraliza por unos irresponsables que ansían volver a sus poltronas”, recalcó.

Fue en este aspecto de las críticas a su gestión por una supuesta parálisis de la gestión y la inestabilidad de sus apoyos al que Hernández dedicó más tiempo en la defensa de su labor al frente del Ayuntamiento, que tildó de “fundadas”, a la vez que acusó a CC y PP de “no tener relato, ni argumentos, ni respaldo entre sus votantes” para esta moción.

Realizó un recorrido por algunas de las actuaciones realizadas durante su mandato, en relación a comedores escolares, escuelas infantiles, viviendas municipales, instalación de ascensores en barrios, reformas del Pabellón Ana Bautista, propuesta de obra en el Parque Viera y Clavijo, convenio de Valleseco, alumbrado en el Suculum, entre otras acciones citadas, además de las gestiones realizadas para denunciar irregularidades en algunos contratos y convenios firmados durante los gobiernos de CC “y que significan recuperar un dinero que corresponde a todos los vecinos”, como los 97 millones de Las Teresitas, la paralización de la devolución del canon a Sacyr, el rescate del aparcamiento de la Tres de Mayo, la gestión de la Sociedad de Desarrollo o los contratos del Carnaval, algunos de ellos en instancia judicial.

Al hilo de lo anterior, Patricia Hernández reprochó a José Manuel Bermúdez el hecho de que “usted no se ha enfrentado a nadie poderoso en la vida y cree que se puede dar dinero público a una radio a cuenta de unos contratos con cantantes, que después no se producen, para luego salir muy guapo en esa radio”. Con esta mención, la portavoz hacía referencia a los contratos del Ayuntamiento con Radio Club Tenerife para actuaciones musicales en los carnavales de 2018 y 2019, cuyas supuestas irregularidades -incluyendo el pago a artistas por conciertos no celebrados- han sido llevados a la Fiscalía Anticorrupción.

Negó la mayor la exalcaldesa cuando se le acusó de vender como propios proyectos impulsados por el anterior gobierno. “Es difícil hacer algo en esta ciudad que usted no haya prometido antes, pero sin iniciar ningún trámite o sin que exista un solo papel”, dijo al respecto, bautizando los dos mandatos anteriores de Bermúdez de alcalde como “dos legislaturas de infografías, sin proyectos ni ideas, solo con el recurso fácil de decir que lo hago si me eligen de nuevo, su frase favorita”.

El flamante alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista José Manuel Bermúdez, pocos minutos después de que prosperara la moción de censura para desbancar a la socialista Patricia Hernández, asegura que le “encantaría” que igualmente se materializara una iniciativa de similares características en el Gobierno regional, que permitiera a su formación volver a las tareas ejecutivas en una administración que Coalición Canaria (CC) ha presidido desde 1993 hasta el pasado año.

El líder de CC en la capital tinerfeña señala que la posibilidad de recuperar la Alcaldía -que perdió después de ocho años en las elecciones locales de 2019 a pesar de ser la lista más votada- no era contemplada hasta hace pocos meses y que su intención era continuar en la oposición hasta acabar la legislatura, pero una vez que dieron los números y ante la “evidente paralización del equipo de gobierno en el último año”, según el argumentario que justificó la presentación de la moción de censura, “no podíamos quedarnos con los brazos cruzados”. En este sentido, no descartó la posibilidad de que este cambio en la segunda ciudad del archipiélago genere otras alianzas y reemplazos en otras instituciones. “Puede ser que haya otras mociones”, apuntó, antes de recalcar su aprobación a una iniciativa similar en el Gobierno autónomo.

Bermúdez califica de “acto de normalidad democrática” el desarrollo de la moción de censura celebrada hoy, de cuyo éxito estaba convencido antes de su toma en consideración “ a la vista del convencimiento y la honestidad de la gente de honor que la rubricó”. Con respecto a las palabras de la entonces alcaldesa durante el debate de la iniciativa, muy crítica con los argumentos y razones expuestas por los censurantes, el dirigente nacionalista considera que “la anterior alcaldesa ha dicho lo que ella cree; no estoy de acuerdo con lo dicho y, en muchas ocasiones, tampoco cómo lo ha dicho”, pero prefirió no entrar en más polémica subrayando que “ahora toca trabajar y en eso estaremos, dejando a un lado la bronca política”.

Recalca, eso sí, que “siempre he intentado tender la mano con el PSOE, pero la alcaldesa nunca me la pidió, ni me llamó” en los trece meses de gestión socialista en la capital tinerfeña.

A partir de ahora, precisa Bermúdez, “lo primero que haré será convocar a los agentes económicos, empresariales y sociales de la ciudad para conocer más al detalle su análisis sobre la situación y abordar los nuevos retos con sus prioridades”.

El nuevo alcalde tiene también como tarea pendiente para las próximas horas cerrar la asignación de responsabilidades a los concejales de su grupo en virtud de la asignación de áreas acordada en el pacto para la moción. Así, y a la espera de conocer los encargados de las nuevas competencias municipales por parte de CC, por lo que respecta al Partido Popular, Guillermo Díaz Guerra será primer teniente de alcalde y concejal de Bienestar Social, Servicios Públicos y Sanidad, mientras que Carlos Tarife llevará Urbanismo, y Alicia Cebrián, Deportes. Además, Evelyn Alonso, concejala tránsfuga expulsada de Ciudadanos, asumirá la segunda tenencia de Alcaldía y las áreas de Medioambiente, Movilidad y Promoción Económica, con la Sociedad de Desarrollo incluida.

Bermúdez entiende que Alonso podrá ejercer sin problemas esas competencias asignadas a pesar de su condición de tránsfuga, aunque no tenga dedicación exclusiva y no pueda recibir emolumentos por ello, según el acuerdo del Ayuntamiento, “de momento”, precisó el alcalde, “a la espera de que se resuelvan los recursos que tiene en marcha” con el que considera todavía su partido.

El colectivo ambientalista Stop Hotel La Tejita, dos de cuyos activistas han cumplido once días encaramados a sendas grúas dispuestas para las obras de construcción, consideran que las obras han sido paralizadas y comunican que esta tarde las activistas descenderán de las grúas, en lo que califican “un éxito” del movimiento ecologista en defensa de uno de los últimos parajes casi vírgenes de las islas, colindante con un paraje protegido como Montaña Roja.

La asociación informa que las activistas de las grúas han recibido hoy “una notificación del juez en el que les informaban de la paralización de la obra”, que se suma a la constancia de la resolución ministerial y “la orden que Costas estatal envía junto a planos ordenando a paralizar para su revisión”.

Entiende el colectivo “que tanto la publicación de la empresa Viqueira [promotora responsable de la obra], como la orden judicial y la resolución de Costas con los planos en los que ordenan a revisar los 100 metros de la obra, son argumentos suficientes para dar por concluida esta acción y por lo tanto la victoria del pueblo y las activistas”.

Con todo, añaden en un comunicado, “queremos dejar claro que no bajamos la guardia y estaremos atentas a la ejecución de la paralización y llevaremos a cabo las acciones pertinentes para garantizar no sólo la paralización, sino la demolición de esta obra ilegal de La Tejita”.

Concluye el comunicado subrayando que “esta victoria demuestra que la ilegalidad estaba en la obra del hotel y no en la acción de nuestras compañeras. Exigimos que no hayan consecuencias legales por hacer cumplir la ley”.

En este misma línea se manifiesta Daniel Duque, portavoz de la asociación Salvar La Tejita, quien califica de “éxito” la intervención realizada por las activistas y la movilización de apoyo en favor de esta causa, pero recalca que se mantienen “alertas, porque la forma de actuar hasta hora de las administraciones y la empresa en el caso de La Tejita nos obligan a desconfiar”. 

Duque insiste en que la paralización de la obra debe formalizarse debidamente, con los precintos y sellos correspondientes que validen la acción administrativa de suspensión de la obra, “porque como el lunes intenten continuar con los trabajos en la zona estarían dando argumentos para que el pueblo adopte otras medidas” de mayor calado.

El descenso de los activistas (una mujer y un hombre) de las grúas tendrá lugar en las próximas horas, coincidiendo con un festival musical organizado por los ambientalistas en las inmediaciones de la obra, y que se convertirá en una celebración por la acción, que ha propiciado la paralización, por ahora cautelar, del proyecto turístico hotelero.

Como se recordará, el martes día 16, a primera hora de la mañana, dos activistas treparon y se subieron a las dos grúas que el grupo empresarial gallego Viqueira había dispuesto para la construcción de su proyecto de hotel de cinco estrellas prácticamente a pie de playa en La Tejita, en el municipio de Granadilla, al sur de Tenerife, uno de los pocos tramos de litoral sin urbanizar en la isla. 

El objetivo de la intervención de los ambientalistas era lograr la paralización de las obras en el hotel -iniciadas en mayo de 2019-, y que han sido motivo de protestas ecologistas en los últimos años y cuya tramitación ha estado sujeta a polémica. 

En este sentido, una resolución de la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, firmada el pasado lunes, ordenó la paralización cautelar de las obras, al sostener que los terrenos donde se está ejecutando la construcción -ya erguido su esqueleto a tres alturas- no forman parte del dominio público marítimo-terrestre, pero sí podrían resultar afectados por la servidumbre de protección del litoral, algo que repetidamente han sostenido los contrarios a la construcción.

De acuerdo con la propuesta de revisión del deslinde vigente en ese tramo de costa, que alteraría de 20 a 100 metros el ancho protegido, el hotel en proyecto podría resultar inviable.

Los datos sobre hectáreas en cultivo, producción, cifras de negocio y empleo evidencian el prolongado declive en el sector hortofrutícola canario, sombra de lo que durante años fue el principal y ejemplar renglón exportador. El tomate –el otro gran producto de referencia exportadora después del plátano- arrastra una decadencia socioeconómica y estadística, sin que Ejecutivo regional y operadores, atribulados, encuentren soluciones para nadar a contracorriente de costes y competencias.

Y si por un lado el Gobierno reafirma su apoyo al sector y la garantía de las administraciones central y canaria con las ayudas al transporte y la zafra, por otro se buscan alternativas para un actividad todavía destacada en municipios como La Aldea de San Nicolás, San Bartolomé de Tirajana, Agüímes en Gran Canaria, o Granadilla de Abona, en Tenerife.

Las estimaciones para esta campaña en marcha hablan de unas 43.000 toneladas transportadas a Europa, efecto Brexit por medio, que significan seis veces menos que las 305.000 toneladas de hace 20 años. En ese mismo lapso el valor de las exportaciones ha caído de 283 a 35 millones de euros, mientras los empleos directos se han reducido a la cuarta parte, de 6.000 a 1.500, en la última década, según anota la actualización de un estudio presentado por un equipo de economistas de la Universidad de La Laguna (ULL) sobre costes de producción e impacto socioeconómico, y compartido por el Gobierno con el sector tomatero.

El estudio dibuja un panorama reciente del grado de devastación del sector y de lo enconada de la tendencia, pero en el momento de las consideraciones finales tampoco alcanza a dar respuestas, más bien nuevas preguntas muchas de ellas. “Si todos estos factores se mantienen, las perspectivas a medio plazo resultan bastante evidentes. Siendo conscientes de lo que el cultivo del tomate de exportación ha significado en fecha reciente, cabe preguntarse: ¿podrá la población no cualificada que eventualmente resulte desplazada encontrar un empleo alternativo? ¿Cuánto empleo indirecto en otras actividades se destruirá si la actividad exportadora de tomate llega a su fin? ¿Se vislumbra entonces alguna actividad que compense la pérdida de renta en los municipios con mayor dependencia del cultivo? ¿Puede la reorientación hacia el mercado local compensar la pérdida de mercados exteriores? Si no existen alternativas deseables, ¿qué se puede hacer para evitar su desaparición definitiva? Ese es el escenario”.

En cualquier caso, la Consejería de Agricultura del Gobierno regional, con su titular Alicia Vanoostende al frente, y las organizaciones sectoriales de las dos provincias (Federación Provincial de Asociaciones de Exportadores de Productos Hortofrutícolas de Las Palmas, Fedex y la Asociación de Cosecheros y Exportadores de Tomate de Tenerife, Aceto) han encargado la elaboración de otro documento, a cargo en esta ocasión del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), que fije el foco en el futuro del tomate canario y las perspectivas para su mejora.  Dar respuestas a esas preguntas planteadas.

El estudio, elaborado en mayo por el llamado Grupo de Investigación Economía Agroalimentaria en Canarias, conformado por los especialistas José Juan Cáceres Hernández, Gloria Martín Rodríguez, Dirk Godenau y José Ignacio González Gómez, señala que “la evolución reciente de la superficie de cultivo es un indicador inequívoco de esta tendencia recesiva”. Vincula cómo el descenso desde las 4.500 hectáreas (ha) cultivadas de mediados de la década de 1990 hasta menos de 400 en la última campaña, “se ha dejado sentir en las cifras de empleo agrario”. Con todo, recuerda que el tomate es un cultivo intensivo en factor trabajo y sigue siendo de gran importancia social en algunos municipios.

En los últimos 25 años la superficie de cultivo para tomate de exportación en Canarias se ha derrumbado.  En ese tiempo, Gran Canaria pasó de 2.920 a 318 hectáreas; Tenerife disminuyó de 1.233 a 34, y en Fuerteventura, de 280 hectáreas hasta desaparecer el pasado año.

La disminución de las exportaciones no se debe a una reducción en la demanda, que sigue pujante. El problema se da a la sustitución de la oferta canaria por la de otras procedencias. El estudio echa mano de la base de datos Datacomex, de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Gobierno de España, para reseñar que en 1995 Canarias tenía un peso algo inferior al de la Península y muy superior al de Marruecos, mientras que, en términos de valor, la participación canaria era mayor que en volumen, lo que sugiere que las cotizaciones eran más altas para el fruto canario. Y sin embargo, “en 2018 la exportación canaria representa apenas el 7% de la exportación peninsular y algo más del 10% de la marroquí”.

Gran Canaria monopoliza el cultivo de tomate, con alrededor del 90% de la superficie de invernaderos. El resto es la aportación casi testimonial de Granadilla en Tenerife en esa relación, de la que se cayó Fuerteventura al desaparecer las últimas hectáreas en explotación en Tuineje. La mayor parte de la superficie cultivada se da en el suroeste de Gran Canaria, en los municipios de La Aldea de San Nicolás y San Bartolomé de Tirajana, además de los cultivos que se mantienen en Gáldar, y los de Santa Lucía de Tirajana, Agüímes y Telde en el sureste. “La Aldea de San Nicolás mantiene una presencia destacada puesto que sigue suponiendo más del 20% del total de superficie cultivada en el municipio, aunque este porcentaje llegó a superar el 40% hace menos de una década”, subraya el estudio. En Agüímes o Ingenio, en los que la participación relativa llegó también a superar el 40% en la campaña 2008-2009, este peso relativo está actualmente entre el 5% y el 10%.

Otro dato. En la localidad con mayor dependencia de la actividad tomatera –La Aldea de San Nicolás- esta representa algo más del 10% del Valor Añadido Bruto (VAB) y casi duplica los ingresos municipales. En Granadilla, la relación es del 1% del VAB estimado y el 10% de los ingresos municipales. En otros ayuntamientos como Arico, Buenavista, Guía de Isora, Agüímes o Ingenio la renta tomatera significaba más del 40% de sus ingresos municipales hace diez años; en la actualidad, apenas llegan al 5% o se ha desvanecido.    

La reducción de la superficie cultivada de tomate de exportación ha traído consigo una disminución del empleo directo, incluyendo el trabajo por cuenta propia del agricultor, desde los casi 18.000 empleos de mediados de los noventa a menos de 2.000 en la actualidad.

En cuanto a los costes de producción, el estudio aporta información sobre la estructura de gastos del tomate de ensalada y de especialidades como el tomate cherry, pero subraya que la mayoría de la exportación corresponde a tomate redondo. El resultado final es que, una vez contemplados los costes financieros, situar un kilogramo de tomate canario en el punto de venta en destino europeo costaría entre 1,10 y 1,12 euros en las campañas agrícolas 2008/2009 a 2017/18, mientras que el incremento de costes laborales en las dos últimas campañas analizadas elevaría dichos costes a casi 1,20 y más de 1,21 euros en 2018/2019 y 2019/2020, respectivamente. Un alza de entre el 7 y el 10%.

Sector inviable

Gustavo Rodríguez, portavoz de Fedex, habla con franqueza: el sector tomatero “es inviable” y necesita una “reconversión”. Explica que la supervivencia de la actividad a corto plazo depende de la llegada de las ayudas prometidas para el transporte y la comercialización, como escudo ante el impacto del Brexit y la aplicación de la anunciada subida de aranceles por la consideración de país tercero desde 2021. Más allá de la próxima zafra aparece el acuerdo preferencial recién suscrito entre Marruecos y Reino Unido como siguiente amenaza sobre el último mercado canario; después no hay soluciones a la vista.

Se reconocen “tocados o semihundidos” en el sector y con escaso margen de maniobra dada la pérdida creciente de competitividad en términos de costes laborales durante los últimos años, representando casi dos terceras partes del total de costes de producción. La demanda de mano de obra del tomate es de cinco empleados por hectárea, muy por encima de otros cultivos, y es otro factor que dificulta aún más la búsqueda de alternativas económicas y laborales capaces de absorber esa población, en especial en municipios concretos de Gran Canaria.

A pesar de todo, el representante de Fedex comparte la esperanza, “junto con los pocos que quedan” del sector, de encontrar otra línea de actividad económica y laboral que permita aprovechar el conocimiento, la logística, los contactos y la inversión realizada incluso en los últimos años. “Con los contactos de distribución y los canales intactos, y unos invernaderos con los últimos avances, lo ideal sería consolidar una plataforma con un cultivo alternativo exportable”, sugiere Rodríguez.

El sector observa esta campaña, tal vez, como la última. Quedan media docena de operadores en Gran Canaria. En Tenerife, la sectorial Aceto se ha difuminado; solo están Bonnysa, en Granadilla –centrada en el mercado peninsular- y la SAT Raymi, en Arico. Nada más.

Un nuevo estudio en marcha es la última oportunidad para profundizar en la búsqueda de respuestas. La previsión es contar con su diagnóstico para el mes de julio. “Sería bueno disponer de alguna pista de cara al futuro antes del comienzo de los envíos en octubre, porque no tenemos mucho tiempo”. Para ello el Gobierno, a través de la Consejería de Agricultura, coordina la elaboración de un equipo redactor con la presencia del Instituto Tecnológico de Canarias, del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) –a la hora de plantear nuevas propuestas de exportación-, del Servicio Canario de Empleo –impacto y alternativas laborales- y de las dos universidades canarias.

El Grupo Viqueira continúa con los trabajos de construcción del hotel, a pesar de haber comunicado este viernes su intención de parar las obras y cumplir con la paralización cautelar decretada el lunes a la tarde por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la cual le fue notificada también el viernes por el Servicio Provincial de Costas. El único paso dado es la retirada de algunas de las vallas más próximas al litoral que bloqueaban el natural movimiento de las dunas del lugar.

Este anuncio después incumplido no tomó de sorpresa a los colectivos sociales, ambientalistas y grupos de apoyo de los activistas encaramados por once días en las grúas de la obra. Sospechaban que el mismo fuera parte de la campaña de presión y hostigamiento que, según ellos, han emprendido los responsables del grupo empresarial desde el pasado día 16 para rendir la voluntad de los movilizados. 

El cerramiento de las bases de las grúas -que ha dificultado el acceso de los bomberos con suministros para los activistas- y la ejecución de trabajos en sus cercanías, aumentando la inestabilidad de las estructuras aéreas ya azotadas por el viento, son algunos de los hechos denunciados por las organizaciones ecologistas.

En el otro lado, los ambientalistas se hacen fuertes a partir del creciente respaldo ciudadano concienciado con la salvaguarda de los espacios naturales, como sería el caso de La Tejita, colindante con el paraje protegido de la Montaña Roja.

De cara a este fin de semana, los colectivos contrarios a la construcción del hotel han preparado un programa de actuaciones para mantener alta la moral de los movilizados. Para este sábado tarde se preparan a pie de obra actuaciones de grupos y artistas como Abubukaka, Rogelio Botanz o Arístides Moreno, que será acompañado de una vigilia con lectura de versos en la noche del domingo.

La suspensión cautelar de las obras contemplada en la decisión ministerial derivará la paralización de los trabajos por parte de la constructora en la zona de servidumbre, que en la actualidad, y para ese tramo de costa, comprende 20 metros de ancho a medir tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar, aunque ese deslinde está en proceso de revisión y susceptible de ampliarse hasta los cien metros.  

La empresa maniobra para lograr la retirada de los activistas antes de parar las obras; los activistas se reafirman en no descender de las grúas hasta que no se suspendan los trabajos y precinten el lugar, o un compromiso por parte de la Delegación del Gobierno de que así se hará. Mientras tanto, y una vez notificada la suspensión ministerial, se apuran los plazos fijados para una ejecución que no debería demorarse más allá del lunes que viene. De lo contrario, la Administración -Delegación del Gobierno- tendrá que actuar de oficio y paralizar la obra, algo que demandan ya muchos de los concentrados en La Tejita.

La construcción del hotel en la playa de La Tejita, en el sur de Tenerife, no solo no se ralentiza sino que se ha agilizado a lo largo del miércoles, a la espera de que se haga oficial la orden de suspensión cautelar de las obras comunicada en la tarde del pasado lunes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Entre tanto no llega esa comunicación oficial de la suspensión al Ayuntamiento de Granadilla, municipio en el que se ubica La Tejita, y que tampoco parece estar por la labor de paralizar un proyecto que cuenta con todos los permisos, según reitera la propia Alcaldía, el grupo Viqueira -responsable del proyecto turístico hotelero- ha acelerado los trabajos.

Los mismos han incluido el cerramiento de las bases de las dos grúas donde están trepados sendos activistas desde la mañana del martes 16, a la vez que se ha producido algún conflicto con los ambientalistas concentrados en el lugar por los carteles reivindicativos colgados por fuera de la obra.

Mientras constructora y Ayuntamiento apuran los plazos de manera que avance el proyecto lo máximo posible y obstaculizan en lo posible las demandas ambientalistas --la Corporación ha cerrado el paso al aparcamiento de La Tejita próximo a la obra para disuadir la afluencia de manifestantes--, los colectivos ecologistas y plataformas contrarias a la construcción hotelera aceleran sus medidas de presión para que la suspensión se concrete cuanto antes.

En este sentido, a lo largo del día de hoy se sucedieron las iniciativas por parte de los grupos de apoyo a las activistas.

En primer lugar, y dado que el Ayuntamiento de Granadilla no se había dado todavía por informado de manera oficial de la suspensión, la plataforma Salvar La Tejita hizo llegar a la Alcaldía por vía telemática la comunicación de la orden de paralización cautelar.

No obstante, la Corporación solo atenderá la notificación remitida por la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio.

Además, este colectivo también presentó este miércoles un escrito ante la Consejería de Planificación Territorial del Gobierno de Canarias para instar al Ejecutivo regional para promover la aplicación de la orden de suspensión ministerial.

Los ambientalistas sospechan de esta demora por parte del Ministerio en hacer oficial la orden de suspensión cautelar y no van a ceder en la presión generada a partir de la intervención de los activistas en las grúas. Para el jueves por la mañana está prevista una concentración de partidarios de la paralización del proyecto hotelero en la plaza del Ayuntamiento de Granadilla.

El proyecto de construcción de un hotel de cinco estrellas junto al espacio natural protegido de Playa de La Tejita, en el sur de Tenerife, ejemplifica la incapacidad de las administraciones públicas para enfrentarse a un posible escenario de indemnizaciones si se suspendieran las obras, tal y como reclama un sector de la población, asociaciones, formaciones políticas y hasta el propio Ejecutivo regional. 

La eventual paralización de la operación turístico hotelera en una de las últimas playas desurbanizadas en Tenerife, y que además afronta una serie de denuncias y polémicas en su tramitación, tendría costosas consecuencias al existir licencias y permisos de construcción validados.

En el caso del hotel La Tejita Beach Club Resort, proyecto para uso turístico hotelero de la empresa Construcción, Promoción y Derivados (Grupo Viqueira), la tramitación ha pasado entre otros por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea del Gobierno del Estado en cuanto a las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto Tenerife Sur; de la Consejería de Turismo del Cabildo insular sobre condiciones de capacidad alojativa, y también de Política Territorial del Gobierno regional, en relación a la ejecución del proyecto y la servidumbre de tránsito y protección del dominio público marítimo terrestre. 

Precisamente, el área de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, con el consejero José Antonio Valbuena, se ha significado en las últimas horas recordando que hasta en tres ocasiones ha instado al Servicio Provincial de Costas para suspender las obras en lo que se resuelve la revisión del deslinde público marítimo terrestre -en proceso- y que podría ampliar la zona de protección del litoral desde los veinte actuales hasta los cien metros y hacer inviable el hotel, cuyo esqueleto ya marca el horizonte. 

Mientras Valbuena insiste que no tiene competencias para paralizar las obras, igual que ocurre con otras instituciones públicas, las que sí resultarían competentes hacen mutis por el foro, también con la sombra de tener que abonar compensaciones a los promotores de la obra.

El Ayuntamiento de Granadilla, con el alcalde nacionalista José Domingo Regalado en coalición con el PP, guarda silencio sobre el proyecto para uso turístico hotelero de la empresa Construcción, Promoción y Derivados, del Grupo Viqueira,  que recibió la licencia municipal el 21 de diciembre de 2018, y por el que recibió algo más de 18,5 millones de euros por el impuesto fijado en la ordenanza de construcciones, instalaciones y obras. Las pocas manifestaciones públicas que ha hecho Regalado sobre este proyecto desde el inicio aluden al cumplimiento de la legalidad y la posible deriva en indemnizaciones si se bloqueara su ejecución. 

Lo cierto es que esa aprobación por parte del grupo de gobierno municipal de CC y PP se hizo vencido el plazo de dos años máximo contemplado en la resolución de la Viceconsejería de Política Territorial del 3 de junio de 2016 para comienzo de las obras. De hecho las obras de La Tejita Beach Club Resort no arrancaron hasta el pasado verano. 

Dispone el proyecto previsto en suelo urbano consolidado de la Avenida de Los Abrigos, sector Costabella, en La Tejita, unos 80.275 metros cúbicos de volumen edificable según los parámetros urbanísticos del hotel, con algo más de 38 mil metros cuadrados en superficie construida, 26.700 de edificable, en dos parcelas, con 10,4 metros de altura máxima edificable, 342 habitaciones para 883 plazas y con tres alturas escalonadas.  

Por lo que respecta a la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar -lo que siempre fue Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, también el silencio es su consigna, para desesperanza de los contrarios al proyecto del hotel y del propio Valbuena. 

A la falta de respuesta ante los requerimientos realizados por otras instancias sobre la autorización de la obra y los efectos sobre la zona de dominio público, se suman unas actuaciones en el proceso de tramitación del expediente que ha levantado suspicacias entre organizaciones como Salvar La Tejita y la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), quienes encabezan los recursos penal y contencioso hasta ahora presentados. 

Así, la incoación de la revisión del deslinde en esta zona del litoral -y que afectarían a la viabilidad del hotel- fue autorizada por la Dirección General ministerial el 12 de noviembre de 2018 y notificada al Servicio Periférico de Costas en Tenerife al día siguiente. Pero tuvieron que pasar tres meses hasta que en las dependencias de Costas en la isla se inicia el procedimiento de revisión del deslinde, el 11 de febrero de 2019, lo que dio tiempo a que el Ayuntamiento de Granadilla de Abona aprobara la concesión de la licencia de obra. 

El colectivo Salvar La Tejita y organizaciones como Sí se puede han puesto en tela de juicio en diferentes ocasiones la actuación en este asunto de la subdelegada del Servicio Provincial de Costas, María Teresa Sánchez Clavero quien, como es costumbre en ese departamento, no suelta palabra.

El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife y presidente del grupo municipal de CC-PNC, José Manuel Bermúdez Esparza, ha manifestado su “gran alegría” por el acuerdo alcanzado por el actual grupo de gobierno con la familia del empresario Antonio Plasencia para la recuperación por las arcas locales de la mayor parte de los 97 millones de euros malversados en la compra del frente de playa de Las Teresitas. Por esta operación está precisamente cumpliendo pena de cárcel Plasencia, y en ella también resultó condenado su socio, Ignacio González, fallecido en prisión, y el entonces alcalde, Miguel Zerolo, de Coalición Canaria, igualmente preso.

Bermúdez sostiene que ha sido un proceso muy largo el seguido hasta conseguir la devolución de ese dinero, y destaca la labor realizada por la alcaldesa Patricia Hernández en este asunto en el año que lleva de mandato, pero pone en valor igualmente los trámites iniciados en este mismo sentido –reclamar a los empresarios la devolución de los fondos malversados- durante su gestión al frente de la Alcaldía (2011-2019). Rechazó, por ello, las declaraciones de Hernández al anunciar el jueves el acuerdo y en las que restaba todo mérito del éxito al equipo de gobierno de Bermúdez “y ahora se cuelga ella todas las medallas, algo que no se ajusta a los hechos”, precisó.

“Yo no me puedo arrogar lo conseguido y tampoco sé si a partir de las acciones tomadas durante mi gestión en la Alcaldía hubiéramos llegado al mismo acuerdo, pero no es cierto lo que dice la alcaldesa de que durante mi mandato no hiciéramos nada por recuperar lo malversado a las arcas municipales. No todo vale para tratar de obtener rédito político”.

Con todo, José Manuel Bermúdez no quiso entrar en más detalles a la hora de valorar el acuerdo para la devolución del dinero de Las Teresitas “porque no sabemos nada de su contenido, solo lo que comentó la alcaldesa”. El portavoz nacionalista señaló que “ayer jueves pedimos formalmente el contenido del acuerdo para comprobar que efectivamente responde al interés público” y añadió que todos los concejales “debemos estar bien informados y contar con el expediente correspondiente”.

Actuaciones bajo su mandato

El representante de Coalición Canaria hizo recordatorio de las iniciativas adoptadas relacionadas con el coste económico de la operación de Las Teresitas durante su tiempo como alcalde, a partir de las elecciones locales del 22 de mayo de 2011.

Señaló que en noviembre de ese año el Ayuntamiento, bajo gobierno en coalición de CC y PSOE, respondió a la demanda civil presentada por los propietarios de Inversiones Las Teresitas (ILT) para que el municipio abonara compensaciones correspondientes tras la decisión del Tribunal Supremo de 2007 que anuló el acuerdo de compraventa. “Nuestra respuesta”, apuntó, “fue presentar una demanda de reconvención con respecto a la de ILT, en la que se reclamaba a los empresarios el pago de unos 74 millones de euros (53 millones del coste de la operación y 21 millones por intereses e indemnizaciones por daños y perjuicios).

La demanda civil quedó en espera –por decisión judicial- hasta conocer primero el alcance de la denuncia presentada por lo penal también por el caso Las Teresitas.

Una vez conocida la primera sentencia penal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en abril de 2017, la Corporación, afirma Bermúdez, dio instrucciones a sus Servicios Jurídicos para que continuara en el ejercicio de las actuaciones procesales necesarias encaminadas a hacer efectivas las indemnizaciones que a favor de la Corporación municipal se recogían en la resolución judicial. La Junta de Gobierno, además, acordó en mayo autorizar la adhesión de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento a la solicitud de medidas cautelares de carácter real que planteaba el Ministerio Fiscal. “Ocurrió entonces que la Fiscalía no pidió la ejecución de la sentencia, porque no era firme todavía, y de eso no nos pueden culpar a los que gobernábamos el Ayuntamiento entonces”, sostiene.

El exalcalde concluye que, conocida en marzo de 2019 la decisión del Supremo que mantenía en firme lo fundamental de las condenas establecidas por la Audiencia Provincial, “dicté instrucción a los Servicios Jurídicos para continuar con las actuaciones para la recuperación del dinero público invertido y hacer efectivas las indemnizaciones”. Asegura Bermúdez que después “ya no dio tiempo para hacer mucho más”, toda vez que a los dos meses se celebraron nuevas elecciones locales y el cambio en el gobierno del Ayuntamiento de la capital tinerfeña.

Empezó en el confinamiento pero ahora se ha desatado, a las puertas del verano. Si el papel higiénico fue el referente del consumismo compulsivo en los inicios de la pandemia, las piscinas de plástico son el nuevo trendy ahora que se le ve el final. Durante los meses de crisis sus ventas han crecido entre un 50% en el peor de los casos y un 350%, pero también el gasto del agua, que puede llegar al derroche, con riesgo de restricciones y cortes en el suministro de agua de algunas comarcas

Grandes superficies, comercios y tiendas especializadas, de bricolaje, ferreterías y jugueterías, mediante venta telefónica y también en plataformas on line, como Amazon, capitalizan esta demanda mientras dure, que se ha extendido en un aluvión de consultas y compras por encargo, listas de reserva de semanas y colas para la recogida de pedidos.

En Canarias, empresas como Hiperdino anotan crecimientos del 324% en la venta de piscinas desmontables entre marzo y mayo, que llegan al 350% en el caso de Leroy Merlin y una cifra relativa de aumento también de tres cifras para Carrefour, entre otros centros de distribución de similares características. Respaldan los datos las aglomeraciones alrededor de estos centros desde que se abrió la desescalada por fases, donde los modelos hinchables y tubulares triunfan como los más deseados, muchos agotados en fábrica. 

Esta demanda extraordinaria de agua genera, por contra, problemas de suministro y restricciones en el consumo que adelanta un escenario de próximos cortes en territorios especialmente afectados.

La Isla Baja y el valle de Icod, en el noroeste tinerfeño, son ejemplo de esta tesitura. Unos 50.000 vecinos suman sus siete municipios, esto es, San Juan de la Rambla, Icod de los Vinos, La Guancha, Garachico, El Tanque, Los Silos y Buenavista. Apenas el 5% de la población insular, con los indicadores más altos de desempleo, envejecimiento y despoblación de Tenerife. Un entorno hermoso para visitar y relajarse, pero también difícil, mal comunicado y con carencias para los que lo viven, como tradicionalmente ha pasado con el agua, uno de los problemas más importantes de este territorio, junto con el de la conectividad.

No son de ahora las limitaciones en el acopio y suministro para consumo humano y riego en el norte tinerfeño, en especial en la Isla Baja. El trazado de depósitos y conducciones encadena el suministro de los diferentes municipios de la comarca, y también sus destinos. “Los problemas de uno son problemas de todos”, destaca Antonio González Fortes, alcalde de Buenavista, de Sí se puede, al referirse a las habituales carencias con el agua en estas latitudes y cómo se extienden por los municipios vecinos.

Tal así, estos ayuntamientos lanzaron a principios de mes una advertencia conjunta para concienciar a la ciudadanía y limitar ciertas prácticas en favor de un consumo “responsable” del agua potable. En la mirilla actividades como el llenado de piscinas, riego de huertas, lavado de coches o embarcaciones, césped en jardines, entre otras. Apenas dos días después, el 5 de junio, La Guancha decretaba las primeras restricciones al consumo humano, y que aún se mantienen.

El agua es asunto recurrente en las conversaciones de las alcaldías desde mucho antes de la crisis sanitaria.  Los desvelos por el funcionamiento de los depósitos, el control de las fugas (otra debilidad endémica de la red comarcal) o los robos de agua (conexiones irregulares al suministro), se cruzan en los teléfonos y whatsapp. Incluso es frecuente que en ese círculo se presten e intercambien pipas de agua entre municipios según las necesidades; pero llegado el tiempo de restricciones, ningún ayuntamiento tiene margen para ayudar.  

Ahora, en La Guancha, ante la necesidad de garantizar el suministro por la demanda creciente se ha incorporado a la red de agua tratada una parte de agua bruta, sin tratar, procedente de la galería Vergara en los altos del municipio. Esto ha elevado los niveles de flúor en el agua por encima del permitido por salud pública para su consumo por aquellos de los cinco mil vecinos que sean menores de ocho años. El alcalde, Antonio Hernández, teme que la situación vaya a peor y haya que extremar las acciones. “Haremos lo posible para evitar cortes, pero en los próximos meses no parece que vaya a mejorar el panorama”, pronostica.

Por lo pronto, Icod de los Vinos y Buenavista del Norte han establecido controles en el uso de piscinas, aunque esperan que los vecinos y segundos residentes adquieran una creciente responsabilidad sobre la conservación de los recursos, que evite las inspecciones sobre su llenado y la eventual aplicación de sanciones. En cualquier caso, desde los ayuntamientos de la Isla Baja son partidarios de que las instancias superiores (administraciones insular y regional) apliquen medidas más expeditivas para controlar las ventas de estos desmontables para baños domésticos y comunales. Por lo pronto, hace pocos días una de las ferreterías de Buenavista todavía contaba con una lista de 120 piscinas hinchables encargadas por otros tantos clientes de la zona.  

Aerogeneradores para desalar

Uno de los proyectos ansiados desde hace años en la comarca es el proyecto aerogenerador para producir agua desalada en Buenavista y Los Silos, fuera de la red. Lo que era un anteproyecto en 2015 ofrecía hasta 6 millones de metros cúbicos de agua al año, con una inversión total de 37 millones de euros. Para ello se planteaba un parque eólico de cuatro aerogeneradores, para una potencia total de 8 MW asociado a una planta desaladora con una capacidad total de 35.000 metros cúbicos al día y dos embalses para almacenar 1,34 hectómetros cúbicos. El proyecto incluía un coste de producción de precio estable durante 30 años por debajo del coste medio de producción en Canarias.  

Los cálculos realizados hace cinco años estimaban una producción diez veces superior al consumo de agua de Buenavista. De hecho, las posibilidades de abastecimiento asociadas al proyecto generaba interesantes posibilidades de desarrollo, en un plano más sostenible con el ambiente, con proyección comarcal y de interés para el suministro del noroeste insular, tal y como defiende el regidor de Buenavista.

Central de Erjos

El otro gran proyecto para suministro de agua y sobre nuevas posibilidades energéticas para la comarca es la central hidroeléctrica de salto que proyectaría Red Eléctrica de España (REE) en la isla. Los primeros pasos sobre esta iniciativa incluían al proyecto de caída hidroeléctrica de Erjos-Sibora en la línea de salida, pero la idea parece ahora congelada y tampoco es segura siquiera la elección del noroeste para el emplazamiento, en una muestra más de expectativas que quedan en el aire y que tanto se repiten en la historia de la comarca.

Pendiente del plan definitivo que presente la empresa, esa primera propuesta fue la caída entre Erjos, en el municipio de El Tanque, y Sibora, en la costa de Los Silos. Se habló de una inversión estimada en unos 300 millones de euros para alcanzar una potencia de 207 megawatios y capacidad para cubrir el 40% de la demanda insular. Dos grandes balsas y siete kilómetros de tubería para salvar casi mil metros de altura, como fundamentos del proyecto, que en total permitiría generar treinta veces más potencia que la central Gorona del Viento, en El Hierro.

Javier Rodríguez Medina, consejero del área insular de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, se muestra muy cauto al opinar sobre el proyecto hidroeléctrico, el cual “compete a Red Eléctrica, en sintonía con el Cabildo y el Gobierno” y lo dispuesto en el Plan Hidrológico de Tenerife.

La propuesta de El Tanque-Los Silos presenta rendimientos energéticos superiores en función de su caída, pero se encuentra lejos de un corredor energético y requeriría acondicionar el espacio para las balsas, lo que supone un coste superior en la inversión por ese capítulo. La otra alternativa más viable entre las surgidas en los últimos meses es la del Valle de Güímar, cuyos puentes fuertes serían los contrarios: un corredor energético a mano –en paralelo a la TF-1- y el espacio necesario para los embalses a partir de los cráteres artificiales formados en los tiempos de la extracción ilegal de áridos en los alrededores –espacios sujetos a una resolución judicial sobre su uso y regeneración.

Los alcaldes de la comarca están a favor de este proyecto hidroeléctrico de Erjos-Sibora, con la salvedad de Buenavista, que no descarta todavía la reactualización de su proyecto de aerogeneradores. Desde la administración insular, sin embargo, no solo no toman partido sino que entienden que la decisión final de Red Eléctrica estará sujeta a criterios de rentabilidad económica, mientras que la posición del Cabildo “solo puede ser aquella que signifique robustecer mejor el sistema insular y evitar que se repitan ceros energéticos”, precisa Rodríguez.

En cualquier caso, comenta el consejero insular de Desarrollo Sostenible, el proyecto de REE no se puede analizar desde una visión comarcal sino insular. “Somos partidarios de desarrollos alternativos que permitan impulsar el crecimiento de los territorios en sintonía con sus peculiaridades, como ocurre con la Isla Baja y esa zona de Tenerife en general”, defiende Rodríguez. Para el noroeste de la isla, el titular del área sostiene la necesidad de reducir las pérdidas que se registran en su red de abastecimiento, tanto para riego como para consumo, “con un rendimiento que tenemos que mejorar”. La incidencia de las pérdidas ronda el 20%.

Con todo, las próximas actuaciones del Cabildo y del Consejo Insular de Aguas (CIATF), a la vista de los últimos anuncios, no van a tocar la comarca noroccidental. El presidente de la Corporación, Pedro Martín, daba cuenta en fecha reciente de la cofinanciación con el Estado de las obras para cinco grandes depuradoras en la isla, que se ubicarán en Granadilla, San Miguel, Arona, Valle de La Orotava y Acentejo.

Queda por tanto esperar, mientras se sobrelleva la fiebre por las piscinas. 

La población censada en el municipio de Adeje, al sur de Tenerife, creció de 14.007 a 47.869 personas entre los años 2000 y 2019, lo que significa un alza relativa del 241%, según los datos tabulados por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de los registros del Padrón Municipal de Habitantes. En ese mismo período el aumento regional fue del 25,4% -Canarias pasó de 1.716.276 a 2.153.389 residentes- y el 29,3% a nivel insular (de 709.365 a 917.841). El descomunal incremento de Adeje, por el cual ascendió del puesto 26 al 10 entre las localidades canarias más populosas,  evidencia el vínculo entre turismo y demografía, extensivo al conjunto del archipiélago.

Prácticamente el 75% de los ayuntamientos del archipiélago (65 de los 88) anotan aumentos en su padrón de habitantes desde el año 2000 hasta ahora.

En la relación de los diez municipios con mayor incremento poblacional en lo que va de siglo, además de Adeje, se incluyen otros cuatro tinerfeños, tres de Fuerteventura y dos en Lanzarote, todos ellos marcados por el protagonismo turístico de sol y playa y su impacto paralelo en la expansión de la demanda alojativa y residencial.

Así, San Miguel (con un 185% de crecimiento), Granadilla (147%), Arona (111) y Candelaria (110%) ocupan los puestos tres, seis, siete y ocho en el top ten de alzas relativas de población en Canarias; la expansión de los tres primeros ligada más a la demanda del turismo extranjero, mientras que en Candelaria se explica también como zona residencial del área metropolitana. Los municipios majoreros de Antigua, La Oliva y Puerto del Rosario se sitúan en el cuarto, quinto y noveno lugar de la lista, con crecimientos del 158, del 151 y del 92% respectivamente en los habitantes censados. Yaiza es la segunda localidad de un mayor incremento poblacional –el 220%- entre 2000 y 2019, y Teguise, también en Lanzarote, cierra el ránking con un 83% más.

En cifras absolutas, la población censada hasta el pasado año en estos diez municipios de mayor crecimiento era de 47.689 personas en Adeje, 16.571 en Yaiza, 20.886 personas en San Miguel, Antigua, 12.461; La Oliva, 26.580; Granadilla, 50.146 residentes; 81.216 personas censadas en Arona, 27.985 en Candelaria, 40.753 en Puerto del Rosario, y 22.342 en Teguise.

Cinco ayuntamientos de Tenerife, cuatro de Gran Canaria y uno de Lanzarote -su capital, Arrecife- integran la lista de los más populosos del archipiélago hasta el pasado año. La relación la encabeza Las Palmas de Gran Canaria (con 379.925 personas censadas) seguida por Santa Cruz de Tenerife (207.312), La Laguna (157.503), Telde (102.647), Arona (81.216), Santa Lucía de Tirajana (73.328 personas), Arrecife (62.988), San Bartolomé de Tirajana (53.443), Granadilla (50.146) y los 47.689 habitantes censados en Adeje. Todos estos municipios aumentaron su población en las últimas dos décadas salvo Santa Cruz de Tenerife, que perdió alrededor de 8.000 habitantes en ese intervalo.   

Por islas, las mayores alzas se dan en Fuerteventura y Lanzarote (94 y 58%) que en ambos casos significan unos 56.000 nuevos residentes; son también las únicas que registran crecimientos en todos sus padrones municipales.  Por detrás, Tenerife (29% más), El Hierro (28%), La Gomera (17,5%), Gran Canaria (14,8%) y La Palma, que se estanca en términos demográficos (un 0,2%) en los últimos veinte años.

Tenerife continúa siendo la isla más poblada, desde que en 2002 rebasó a Gran Canaria, para anotar en 2019 un total de 917.841 residentes, seguida de Gran Canaria (851.231), Lanzarote (152.289), Fuerteventura (116.886), La Palma (82.671), La Gomera (21.503) y El Hierro (10.968 personas). La Graciosa no figura en este listado por cuanto sus 737 habitantes se adscriben administrativamente a Lanzarote, como parte del municipio de Teguise.

Despoblación por comarcas

De igual manera, los descensos de población durante este periodo en los territorios insulares se explican en buena medida por problemas de comunicación y un menor apego al sector turístico en su amplio espectro (hostelería, comercio y construcción), motor económico y fundamental generador de empleo. La despoblación, de hecho, puede observarse en muchos casos desde una escala comarcal.

Entre 2000 y 2019, siete municipios de las cumbres y comarcas del norte y oeste de Gran Canaria contabilizaron descensos acumulados en sus respectivos censos de población. Artenara apuntó una caída relativa del 32%, la mayor de Canarias, seguido de cerca por Tejeda (-26%), Moya (-11%), Aldea de San Nicolás y Valleseco, con el 7 y el 6% de recorte, y Agaete y Santa María de Guía, con despoblamientos menos pronunciados, del 1,4 y 1,3%).

Otros siete municipios palmeros –la mitad de la isla- vieron también disminuir su  población, destacando por su caída Tazacorte, con un 25,6% menos, junto con Tijarafe (-5,2), asimismo en el oeste, Santa Cruz de La Palma (-13,7) al este y Fuencaliente (-4,3) en el sur. Llama la atención la depresión demográfica acumulada en los últimos veinte años por la comarca norte de La Palma: San Andrés y Sauces y Barlovento anotan mermas de casi el 22%, y en Garafía es del 17%; una quinta parte menos de población.

En Tenerife ocurre una circunstancia similar. Los cuatro municipios de la Isla Baja, en el noroeste, redujeron su población entre 2000 y 2019 en términos relativos que  alcanzaron descensos del 11,3% en Garachico, el 7,9% en El Tanque, 7,4% en Los Silos y del 7% Buenavista. La otra localidad que anota una disminución en la isla en ese tiempo es la capital, cuya merma se sitúa en el 3,6%. Hermigua y Agulo son los dos municipios gomeros que computan descensos, ambos en el norte, con una reducción de empadronados del 14% y el 4%.

Entre las 23 localidades que apuntan descensos en ese periodo está Frontera, en El Hierro, cuya caída del 16,3% es consecuencia de la desagregación de El Pinar en 2008 como nuevo ayuntamiento. El Pinar, entre tanto, cae apenas un 0,2% en los once años de experiencia municipal; de 1.874 a 1.870 habitantes.

Tres palmeros, dos gomeros, otros dos de Gran Canaria y uno de Tenerife, El Hierro y Fuerteventura componen el listado de los diez municipios con menos habitantes en el archipiélago, según los mismos datos de 2019. Betancuria es el menos poblado, con 758 personas censadas el pasado año, aunque anota un crecimiento relativo del 12% desde 2000. Por encima de la localidad majorera se sitúan Artenara (1.069 empadronados en 2019), Agulo (1.096), Garafía y Vilaflor (1.667 habitantes en los dos pueblos), Fuencaliente (1.722), Hermigua (1.832), El Pinar (1.870), Barlovento (1.876) y Tejeda (1.909).