Máxima alerta en los campos de refugiados saharauis con el coronavirus a solo ocho kilómetros de distancia

El coronavirus está a las puertas de los campos de refugiados saharauis en Tinduf. Apenas ocho kilómetros de desierto es la distancia que hay ahora mismo entre el foco más cercano con casos positivos confirmados de COVID-19, en el suroccidente de Argelia, y los asentamientos donde se concentra una población de 170.000 personas, en un limbo político y jurídico desde hace 44 años cuando España, antigua metrópolis colonial en el Sahara Occidental, los abandonó a su suerte.

La propagación del virus por los asentamientos es el peor escenario posible para una comunidad que vive en condiciones extremas (más de 50 grados de temperatura en verano), dependiente completamente de la ayuda exterior y escasos recursos sanitarios, tanto de infraestructuras como de personal. Es por ello que el Ministerio de Salud Pública de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) centra los esfuerzos de contención a las afueras de los asentamientos, combinando estrictos controles fronterizos con habitáculos y tiendas de campaña para la prevención y aislamientos en cuarentena.

Handi Mansur, delegado del Frente Polisario en Canarias, recuerda que las autoridades de la RASD aplican desde hace semanas un programa nacional de prevención referido a la COVID-19. La expansión de la pandemia determinó desde el 19 de marzo el confinamiento domiciliario y la restricción de movimientos –al igual que otros países, con la suspensión de eventos sociales, culturales y deportivos y la clausura de espacios públicos y escuelas. Además, se contemplaron “otras medidas excepcionales” con el blindaje de todo el perímetro de los campamentos, interrupción de comunicaciones terrestres y aéreas y el cierre de fronteras con Mauritania, el resto de Argelia y los territorios liberados en el Sáhara Occidental, junto a la limitación de traslados entre campamentos y el refuerzo de los controles de vigilancia. La entrada en vigor del toque de queda ha sido el último paso en el objetivo de resguardar a la población.

En los últimos días se han reducido las colas de vehículos y caravanas de beduinos en sus camellos que esperan turno en los puestos de control para guardar la cuarentena.

Los desplazamientos se limitan a lo estrictamente indispensable en el interior de los cinco campos (wilayas) saharauis ubicados en el sur de Argelia: El Aaiún, Auserd, Smara, Bojador y Dajla. “Está permitido abastecerse con lo básico en las pequeñas tiendas de alimentación y poco más”, subraya Alberto Negrín, presidente de la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui (ACAPS). Negrín participa desde hace décadas en distintos proyectos de cooperación con los refugiados, en especial en las campañas de Vacaciones en Paz, por la que niños saharauis (5.000 el pasado año) son acogidos temporalmente por familias españolas para sortear los tórridos meses de verano en el desierto. La COVID-19 ha provocado la suspensión de esta iniciativa por lo que se planifican actividades alternativas para desarrollar una vez se supere la pandemia. “Lo fundamental ahora es que nuestros hermanos superen esta nueva prueba de supervivencia”, recalca, para lo cual demanda “la ayuda de las instituciones”.

Mansur confía en el nivel de capacitación del pueblo saharaui para sobrellevar esta situación, “con una conciencia muy elevada sobre las consecuencias que tendría la transmisión de la infección” en la población de los campos, entrenada por otra parte durante décadas a sobrevivir en aislamiento. Destaca en este punto la creación de grupos de tareas que visitan cada casa y cada jaima –hogares a modo de tiendas de lona) para revisar el cumplimiento de las medidas preventivas y supervisar las necesidades más urgentes. Están compuestos estos grupos por personal sanitario y profesionales capacitados para la detección de casos, con el apoyo de una brigada de médicos cubanos como parte de un programa de cooperación que cumple ya 43 años.

Sin embargo, la cosa no pinta bien. La población cuenta con el hospital en Rabuni, capital administrativa de los campos de refugiados y algunos dispensarios distribuidos en las diferentes wilayas, pero están infradotados, sin UCI, y con una reducida disponibilidad de suministros y fármacos, servidos en su mayor parte por Médicos del Mundo con fondos aportados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). La cooperación argelina continúa siendo fundamental para garantizar el suministro de alimentos, agua y medicinas, con un envío de 154 toneladas de ayuda, en la que se incluía material de prevención y pruebas de PCR para la detección del coronavirus. La ministra saharaui de Salud Pública, Jira Bulahi, informó la pasada semana a la agencia Efe que cada día se realizan un promedio de 40-50 análisis en cada campamento, sin que se hubieran detectado positivos.

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También Naciones Unidas, a través de sus agencias de atención a los refugiados (UNHCR), la infancia (UNICEF) y el Programa Mundial de Alimentos (WFP), y el respaldo de cinco ONGs presentes en el área (incluyendo Médicos del Mundo), realizó el pasado 23 de abril un llamado urgente para atender las necesidades sanitarias más perentorias consecuencias del peligro de extensión de la pandemia de la COVID-19 en los campos de refugiados en Tinduf, cuantificado en unos 15 millones de dólares.

Estos recursos se distribuirían en tres actuaciones: prevenir la transmisión del virus entre la población saharaui de los campamentos; adoptar las medidas necesarias para atender a los potenciales afectados y aislar el contacto con sus familiares y allegados, y adaptar a las nuevas necesidades los programas en materia de salud, educación, seguridad alimentaria, protección, abastecimiento de agua y medios sanitarios y de higiene. Agostino Mulas, representante de UNHCR en Argelia, instaba a gobiernos y organismos internacionales “no olvidar la situación de vulnerabilidad de los refugiados saharauis” y reclamaba la puesta en marcha de acciones concretas en esta materia.

La propia Delegación Saharaui para España reclama por la situación humanitaria de los refugiados en Tinduf, agravada por el impacto del cierre de comunicaciones por la COVID-19. “la tasa de anemia entre mujeres embarazadas y lactantes supera el 73% y la malnutrición en niños menores de 5 años es del 25%, existiendo además un alto porcentaje de población con diabetes y problemas de presión arterial”, apuntan.