Isabel Pardo de Vera (Lugo, 1975) llega a la redacción de elDiario.es cargada con un portafolios en el que guarda un ordenador donde repasa toda la documentación con la que pretende defenderse de las acusaciones que la señalan como una de las facilitadoras de los desmanes producidos en el ministerio de Transportes en la época en la que lo gobernaban José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García, ambos en prisión preventiva.

El contrato a dedo de Jésica Rodríguez, entonces pareja del ministro, para un puesto en Ineco es una de las pruebas de cargo contra esta profesional gallega que sonó para todos los cargos y que ahora ha tenido que cambiar su vida de manera radical. Pardo de Vera asegura que no medió en la llegada de Jésica a la Administración, pero que sí lo hizo en su salida cuando tuvo que llamar al ministro, José Luis Ábalos, para comunicarle que no se la iba a renovar debido al conflicto de intereses existente. Así lo declaró la semana pasada ante los siete jueces del Supremo en el caso mascarillas. Otra causa que se investiga en la Audiencia Nacional mantiene imputada a Pardo de Vera por el supuesto amaño de contratos durante su etapa como presidenta de Adif.

El caso Ábalos la ha expulsado de la Administración, pero también del sector. Tras ser contratada por Florentino Pérez para ACS tuvo que abandonar su puesto para evitar un daño reputacional a la empresa que la acogió tras su salida del Ministerio. Ahora reside en Santiago, donde se emplea como profesora en prácticas de matemáticas en un pequeño colegio concertado del centro de la capital gallega. A su 'vía crucis' se suma el cáncer que le detectaron hace unos años y del que todavía se está recuperando.

¿Ábalos y Koldo le han arruinado la vida?

No creo que mi vida esté arruinada. Este periodo me ha causado un daño enorme, pero espero superarlo. Creo que lo merezco.

Se está usted reinventando como profesora de matemáticas...

Estoy de baja médica por prescripción de mi oncóloga. Durante la baja me he apartado del sector para hacer un máster universitario y ser profesora, ahora estoy haciendo las prácticas. Todo el mundo sabe cuándo empieza una imputación y nunca cuándo acaba un proceso judicial. Y yo necesito trabajar.

Tras su salida de la Administración pública, pasó un tiempo por ACS. ¿Perdió ese trabajo por el proceso judicial en el que está imputada?

Sí, claro. La salida tiene que ver, efectivamente, con la imputación. Primero, con Jésica y, luego, con la imputación en el caso del presunto amaño de obras. Que yo trabajase en el sector implicaría también un daño reputacional a cualquier empresa. Simplemente, es un pacto de no implicar a ninguna empresa en una pérdida reputacional. Es una cuestión de respeto al sector.

¿Nunca fue capaz de intuir que con Koldo y Ábalos algo estaba mal en el funcionamiento del Ministerio?

Lo único que pude intuir es que había una serie de faltas de respeto institucionales que a mí me provocaban muchas incomodidades y situaciones violentas que nada tenían que ver con irregularidades ni ilegalidades. Por supuesto que no. Si no, lo hubiese denunciado.

¿Vio personajes similares a Koldo García cuando trabajó en Adif durante el mandato del Partido Popular?

No, no había. Nunca me había relacionado con un personaje tan singular como Koldo. Yo estuve a cargo de cinco ministros diferentes y no tengo que opinar ni debatir sobre la personalidad o las personas de las que un ministro decide rodearse. Yo iba allí a hacer mi trabajo y a cumplir los objetivos como presidenta de Adif.

¿Soportó comentarios machistas y faltas de respeto por parte de Koldo García?

Tenga usted en cuenta que es un sector absolutamente machista y masculinizado. Yo soy profundamente feminista, llevo trabajando en este sector desde 2001 y, quiera o no, estos sesgos permanecen, han permanecido desde el principio en mi vida, manifestándose de una u otra forma. Yo podría escribir un libro sobre un montón de personajes menos burdos que don Koldo García y muchísimo más refinados a la vista de la sociedad, que son igual de machistas que él.

¿No tiene constancia de que haya facilitado la contratación de Jésica?

En absoluto. No es que no tenga constancia, es que no puedo porque no está en mis competencias favorecer la contratación en una empresa en la que no tengo ningún poder de contratación.

¿Se arrepiente de haber dado traslado de esa petición que le hacían desde el Ministerio a la directora general de Ineco?

A mí me han llegado cientos de currículums y lo único que he hecho siempre es dar traslado a quien tenía la competencia. No en el afán de ejercer una influencia, sino de un modo natural, por si tienen encaje, por si los pueden necesitar, etcétera. Yo no creo que eso sea un tráfico de influencias y menos en este caso donde yo ni siquiera tengo una competencia. Le di traslado a una empresa que nada tiene que ver conmigo.

¿Cuando usted se entera de que Jésica tiene una relación con el ministro le entró preocupación por haber circulado su currículum?

Creo que por mi condición de mujer fui la última en enterarme de que había habido una relación sentimental de esa señora con el ministro. Y eso coincide además con la época final, cuando iba a finalizar el contrato de esa señora en Ineco y actué en consecuencia. Creo que fui la única persona que actuó en consecuencia y me resultó muy violento teniendo que llamar al ministro.

¿Cómo fue esa llamada?

Tres meses antes de que finalizara el contrato, como con cualquier persona de Ineco, avisan. Había posibilidad de renovar o no. Entonces yo, ya sin intermediarios, decido hacer una llamada al ministro y abordar una situación bastante violenta para mí, también como mujer, y porque era el ministro. Le digo que dado que existía esa relación había un conflicto de interés. Le indico que no es posible darle continuidad y que no se va a renovar a alguien que ha mantenido una relación con él.

¿Y él lo asume?

Me dice: “Por supuesto, haz lo que consideres. Lo que tú creas estará bien”.

¿La causa de no renovar el contrato de Jésica era su relación sentimental con Ábalos?

Por supuesto, porque no había ninguna queja.

No iba a trabajar...

Eso nosotros no lo sabíamos. Nadie sabía eso, ni siquiera a efectos de Ineco.

¿Cuando usted conoce la relación sentimental entre el ministro y Jessica es cuando decide no renovar el contrato porque hay un conflicto de intereses?

Cuando yo me entero de eso es cuando yo llamo al ministro y se decide que no se renueva. Evidentemente la ética no permite esa conducta.

Usted dice que no influyó en la contratación de Jessica y, sin embargo, sí que influyó en la no renovación de Jésica...

Efectivamente.

¿Y eso no es una contradicción que el tribunal a lo mejor no acaba de entender muy bien?

Bueno, yo creo que para eso se celebran los juicios y para eso existe el Estado de Derecho, para que todos tengamos la oportunidad de explicarnos.

¿A quién era más difícil decirle que 'no', a Ábalos o a Koldo?

Es que Ábalos nunca me pidió nada, jamás.

¿Y Koldo?

Pues sí, me pidió que estudiase las reclamaciones de unas empresas.

¿Y usted entendía que se lo pedía en nombre del ministro o no?

Siempre lo entendí así. Con Koldo siempre tuve una buena relación, quizás fui excesivamente afable, pero también porque yo tenía que tener acceso al ministro, conseguir llegar a él para cumplir con el plan estratégico de Adif, que era lo que a mí más me importaba.

Dice que en aquel momento usted entendía que Koldo le pedía las cosas que le pedía en nombre del ministro. ¿A día de hoy, con lo que ha aflorado en el juicio, con la nueva información que tiene y lo que usted sabe, sigue pensando lo mismo?

No lo tengo tan claro.

¿Sospechó en algún momento que detrás de ese interés por algunas empresas podía estar el cobro de comisiones ilegales?

Jamás. Nunca. Sobre todo por el tamaño de las empresas. Eran empresas muy pequeñas, normalmente ligadas a la Comunidad Valenciana, que yo no conocía prácticamente porque eran de poca entidad. Claro, a mí me hubiese llamado mucho la atención que me hubiesen pedido por una empresa como Acciona, que ahora está saliendo. Yo diría, pero ¿de qué va una empresa cotizada en el Ibex a ir a hablar con Koldo para pedir algo a Adif?

Tampoco Acciona era la principal adjudicataria de Adif...

No, no, eso se puede comprobar en las curvas de adjudicaciones. Creo en el equilibrio y creo que los procedimientos de Adif son ejemplares. Aquellas eran empresas pequeñas que yo entendía que iban a pedir, que tampoco se sabían mover muy bien o no se sabían muy bien los procedimientos y, a lo mejor, iban a Koldo, que se prestaba mucho a recibir, a actuar...

¿Y pincharon en hueso?

En Adif, pincharon en hueso.

Ha declarado que se encontró unas diez veces con el dueño de Levantina en la sede del Ministerio. ¿Eso no le hizo sospechar de nuevo?

Una vez el ministro me dijo que [ese empresario] era una persona que lo conocía de Valencia y que estaba atravesando un mal momento y era una persona que siempre iba como alma en pena por el Ministerio. Luego decía presentaba un prototipo para afinar el carril. Se quejaba de que le estaba tratando mal Adif y, bueno, pues lo único que hice fue mirar si estaba tratándole mal Adif. Pedí al equipo que lo mirase.

¿Ni siquiera sospechó con Víctor Aldama, que también se encontraba muchas veces en el Ministerio?

Yo le pregunté varias veces al ministro que quién era. Yo no sabía que se llamaba Aldama. A mí me lo presentaron como Gonzalo, Víctor y supe que había celebrado el 60 cumpleaños del ministro en un restaurante que se llamaba Cuatro Torres, que estaba en Castellana. Pensé que era una persona de confianza o bien del partido. Yo siempre pensé que sería amigo, pero siempre le dije al ministro que aunque fuesen amigos, que los amigos no pueden estar en un área privada, en un área noble del Ministerio, porque eso nunca se dio.

¿Cuál fue la respuesta del ministro cuando le dijo eso?

Que “por supuesto”, que este Koldo “hacía unas cosas” y que ya hablaría con él. Fue la última vez que volví a ver Aldama. En el último año, Aldama deja de aparecer, al menos cuando yo estoy. A mí me ha dicho gente que él seguía apareciendo por allí. Puedo comprender que al señor Aldama eso no le haya sentado bien, que le hayan dicho que no apareciese cuando yo estaba por allí. No lo sé.

Ha declarado que solo lo han intentado corromper una vez durante estos tres años con Ábalos y con Koldo...

Sí, pero no en esta etapa. El primer año que entré en Ineco, me llamaron para hacer la dirección de obra de unos tramos. Las obras estaban paradas y había unos problemas serios en las obras. Vinieron los contratistas de esas obras. Yo era bastante joven. Era el año 2007. Se presentó el dueño de esa empresa. Me preguntó si me iba a ir de vacaciones. Me dijo “bueno, pues ya busco yo el mejor hotel, ya busco yo los viajes. ¿Dime dónde te quieres alojar?”. Le eché del despacho y le dije que no volviese, que buscase otro interlocutor para tratar los temas de la obra.

El respeto institucional es una máxima de la Administración pública. La corrupción en el sistema público implica el deterioro total de las instituciones. ¿Cómo una persona que admite dádivas de cualquier tipo de un proveedor puede después exigirle al proveedor, mirándole a la cara, que haga bien una obra o imponerle penalizaciones, etcétera?

¿Es posible que una constructora haya pagado a alguna persona porque se le ha adjudicado una obra sin que haya sido por la influencia de quien cobra la comisión?

Eso puede haber ocurrido. Lo que tengo claro es que, si se demuestra que se han cobrado comisiones por encima de Adif, es porque alguien ha verificado que ha ejercido un tráfico de influencias que es mentira.

¿Sin influir?

Sin influir absolutamente nada, porque los procesos están blindados, por lo menos en Adif.

Cuando a usted la nombran secretaria de Estado en el Ministerio, destituye al director general de Carreteras, que también está imputado por el supuesto amaño de obras. ¿Por qué lo hizo?

Primero porque no tiene nada que ver con mi estilo de gobernanza. Mi estilo es una gobernanza abierta de puertas abiertas, de oxigenación, de toma de decisiones en conjunto, de debate constante, de crítica constante al liderazgo.

¿Cuando llegó a la Secretaría de Estado cambió el modelo de hacer las cosas en esa dirección general?

Sí, en lo que me dio tiempo. Hay que tener en cuenta que a mí, nada más llegar, se me detecta un cáncer y me tengo que someter a una quimioterapia muy fuerte después de la operación, con lo cual tengo el reproche y el sentido de la responsabilidad de que debería haber hecho las cosas mucho más rápido, pero lo hice en la medida que fue posible.

Nos ha contado que era muy complicado amañar una obra por todos los controles que había en Adif, pero en la Dirección General de Carreteras del Ministerio, ¿era más sencillo, había menos controles y barreras?

La Dirección General de Carreteras digamos que todavía no había sufrido una transformación tan grande de la que llevábamos haciendo desde el año 2016 en Adif.

¿Cuando usted cesa a ese director general se encuentra con el reproche de dirigentes socialistas que la llaman para pedirle explicaciones?

Yo lo que le encargo al nuevo director general es que siga con la misión que le he encomendado, que es renovar absolutamente todas las direcciones territoriales.

¿Santos Cerdán le reprochó directamente esos cambios?

Creo que consta en el expediente que me dice: “Habéis cesado al director general de Carreteras” y creo que mi contestación, y consta en el WhatsApp, es: “Sí, consensuado con Moncloa”.

¿Qué encerraba la pregunta de Santos Cerdán?

No lo sé. Yo sé que, efectivamente, el director general de Carreteras hablaba constantemente de su gran amistad con Santos.

Además de los responsables de las empresas que visitaban su Ministerio, ¿aparecían cargos o excargos políticos que se interesaban o hacían parecer que mediaban en algún tipo de trato?

Sí, ha habido excargos políticos ya de tiempo atrás que a veces acompañaban a empresarios en reuniones. Fue una cosa que yo nunca entendí. A lo mejor vendían que esa visita había sido conseguida por ese excargo y realmente conmigo nunca ha pasado eso, porque todas las visitas han sido conseguidas porque había un problema.

¿Nos diría nombres de algunas de estas personas que han aparecido acompañando a empresarios? Y cuando eso sucedía, ¿usted cómo se dirigía a los políticos que se sentaban al lado de los empresarios con los que tenía que tratar cuestiones técnicas?

Preferiría no decir nombres porque seguro que si digo uno se me olvida otro que sería exactamente igual. No son personas con las que me lleve mal y tampoco sé ni cuánto han cobrado ni si uno ha cobrado más o menos, o a lo mejor lo hacían porque eran amigos. Yo no lo sé. Y segundo, yo lo que hacía es hablar con la empresa o hacer un aparte y siempre decirle “sinceramente, conociendo cómo me conocéis, por favor, la próxima vez venid con las personas de vuestra empresa que conozcan el tema, porque vamos a avanzar mucho más y no hacer aquí una relación de cafetillo corto que no vale para nada”.

¿Entendió usted que en algún momento Santos Cerdán pudiera tener intereses económicos, no políticos, sobre esas obras sobre las que preguntaba?

En absoluto. Nunca jamás. No, no, no, no.

¿Qué pensó cuando Pedro Sánchez destituyó a Ábalos como ministro de Transportes?

Pensé que en los últimos meses estaba un poco ausente, digamos. Era muy difícil despachar con él. Y no sé si a lo mejor estaba también ausente en Ferraz, con lo cual yo interpreté que a lo mejor hacía un poco de dejación de funciones. Yo viajaba bastante con él cuando teníamos que hacer presencia territorial. Lo notaba muy cansado, nada más. Yo tenía muy buena relación con el ministro y le tenía un enorme respeto.

Su nombre sonaba con alta proyección, que si una cartera ministerial, que si candidata en las elecciones gallegas. ¿Le pudo a usted la ambición para no ver las cosas que estaban pasando, los empresarios por los pasillos del Ministerio...?

Yo no concibo la ambición. Es decir, no concibo el poder si no sirve para transformar algo. Estar en lo público no es para enriquecerse, eso lo sabemos todos. En ningún momento creo que me haya superado la ambición, todo lo contrario. Creo que nos hemos aguantado muchas veces para sacar adelante un proyecto, a pesar de que bastantes veces nos han vapuleado y nos han dado muchas veces incluso en nuestro honor. Creo que el proyecto merecía la pena.

Ángel Víctor Torres atiende a elDiario.es telefónicamente mientras espera un avión para volver a Madrid. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática se muestra satisfecho con la sentencia del Supremo que confirma la devolución del Pazo de Meirás a la ciudadanía, tras décadas de expolio franquista. Por delante, queda la guerra para evitar que la familia del dictador pueda obtener una compensación económica como contraprestación a los años en los que mantuvieron la propiedad en sus manos.

Ángel Víctor Torres está dispuesto a dar la batalla y a plantear ante los tribunales que a los herederos del dictador habrá que descontarles todos los años de alquileres impagados por el uso de un palacio que nunca fue de su propiedad.

El Supremo ha confirmado la devolución de Meirás para los ciudadanos pero esa sentencia incluye dos cuestiones polémicas: que la familia Franco ocupó el pazo de buena fe y que tienen derecho a ser indemnizados ¿Es una victoria a medias?

No compartimos la obligación de la indemnización a los Franco por abandonar el Pazo de Meirás y no compartimos esa afirmación de que se ocupó de esa manera. El pazo se ocupó durante una dictadura y quienes hicieron uso y disfrute de esa propiedad lo hicieron cuando tenía que ser una propiedad pública.

Estos días se está diciendo que hay posibilidades de impedir esa indemnización a los Franco, pero jurídicamente ese derecho está consolidado. ¿Cómo va a ser el proceso a partir de ahora?

Lo primero que se establece es una tesis de cantidad, se habló de una cifra de 800.000 euros que ellos tampoco aceptan y con la que nosotros no estamos de acuerdo. Ante posible indemnización de mejora del espacio y realización de obras habrá que acreditar si eso fue así. Tendrán que presentar facturas, trabajos realizados. Nosotros vamos a defender que no hay derecho a la indemnización porque también ha habido un uso y un disfrute no abonado durante décadas. El Supremo no cuantifica el derecho a la indemnización, por lo tanto vamos a pleitear para que sea la menor cantidad posible.

¿Pedirá el Gobierno que de esa cantidad se calcule los posibles alquileres impagados por todos los años en los que la propiedad fue ocupada sin contraprestación económica?

Por supuesto. Pondremos en conocimiento todos los años que se ha utilizado ese inmueble sin una contraprestación ante un bien público. El fallo del Supremo nos alegra porque la base fundamental es que esto pasa a ser un bien público y ahora estamos ante un coletazo de esa cuestión, que no compartimos pero que podemos pelear todavía en los órganos judiciales.

La Xunta ya les está pidiendo la transferencia del Pazo para asumir su gestión, pero en el informe elaborado por el Gobierno gallego para refrendar esa petición se han olvidado de mencionar que Meirás está declarado como lugar de memoria y el PP siempre ha insistido en que pretenden recordar el paso de los Franco pero también centrar el lugar en el recuerdo de la escritora Emilia Pardo Bazán. ¿Con planteamientos ambiguos tiene el Gobierno gallego alguna posibilidad de convencerles para impulsar esa transferencia?

En este momento ese inmueble está en manos de Patrimonio Nacional. La voluntad que nosotros tenemos para ese inmueble es que sea un lugar que recuerde todo lo que ocurrió durante todos los años de la dictadura. Por tanto, lugar de memoria, museo, apertura a la sociedad gallega, pero tenemos que hablar con el resto de instituciones y espero que esto no sea un motivo de polémica.

¿Usted comprende a la gente que al conocer esta sentencia piensa en las familias desahuciadas a las que nadie les paga nada cuando les echan de una propiedad, a aquellos que creen que los Franco son unos ocupas, pero con privilegios?

Lo entiendo absolutamente porque además estamos hablando de los herederos de un general militar que se enriqueció y enriqueció a su familia a través de un golpe militar, en un proceso y en un periodo de una absoluta corrupción, tanto del caudillo como de su entorno.

Sería bueno que se compartiera la necesidad de defender la democracia e ir contra la dictadura y contra cualquier atisbo de la misma.

¿Cuál es su plan para el Pazo?

Queremos que sea un inmueble público, abierto y que muestre la historia, en la que lógicamente también cabe la referencia a las letras y la literatura, pero sin ninguna duda de que sea un símbolo de lo que nunca se debe repetir.

El pasado noviembre se presentó el proyecto ganador para resignificar Cuelgamuros. Teniendo en cuenta que el PP y Vox se oponen, ¿cómo pretenden garantizar la viabilidad de ese proyecto?

Nosotros aspiramos a empezar las obras en la presente legislatura. Asombra pensar que teniendo en cuenta lo que eso es hoy, no sea resignificado como un lugar de memoria. Si es por Vox y por un PP influenciado por Vox dejarían el valle de Cuelgamuros en su actual estado y seguiría siendo un lugar de encuentro de los nostálgicos de la dictadura.

Conseguir sacar de ahí los restos de Primo de Rivera primero y de Franco después fue una victoria de la democracia y de la justicia. No cabe que ningún dictador esté ocupando un espacio público levantado con manos inocentes de muchos republicanos que perdieron la vida construyendo un mausoleo de una persona que no quería pasar a la eternidad sola. Eso debe conocerlo la gente, visitarlo y debe ser como se ha hecho con los memoriales de Buenos Aires, Santiago de Chile o los campos de concentración alemanes. Debe ser un lugar para aprender y que nunca más vuelva a pasar.

Estamos cumpliendo cincuenta años del golpe militar en Argentina. ¿Lo han hecho mejor los argentinos que nosotros a la hora de juzgar su propia historia?

Cierto que es una dictadura más fresca, en el sentido de que está más cerca. Los que la sufrieron y la sobrevivieron te la pueden contar.

Nosotros hicimos un proceso de transición democrática con un miedo, que era regresar a lo tenebroso de la dictadura, y tuvimos un golpe de Estado, que se frustró por suerte. Hubo sacrificios que tuvieron que hacerse por todos los lados, especialmente más por la parte que sufrió la represión y creo que el gran éxito de España fue que después de la muerte de Franco no hemos tenido más contiendas, ni guerras. Y espero poder decir lo siguiente durante mucho tiempo: aquí nunca ha gobernado la extrema derecha después de aquello. En Argentina es lamentable que el actual presidente diga que lo que ocurrió en 1976 fue un conflicto entre la guerrilla y el Ejército. No, fue un alzamiento militar de la Junta contra la República Argentina.

A usted le encargan un ministerio con las atribuciones de Memoria Histórica y mientras desarrolla su labor ve que una formación como Vox no para de crecer. ¿Eso cómo se vive desde su piel?

Diciéndole que estamos haciendo el máximo de los esfuerzos. Creo que nunca como ahora hemos tenido tantas muestras didácticas, entradas en los centros educativos, más exhumaciones que nunca, reuniones con las comunidades autónomas... La ultraderecha no es un fenómeno exclusivo de nuestro país. Hay una ola reaccionaria, pero también tengo que decir que ante eso tenemos un gobierno progresista que resiste, que se enfrenta, que da la cara y no se achica.

Esta misma semana hemos aprobado un Real Decreto por solo dos votos que lo que hace no es más que corregir un error histórico para que más personas que defendieron la democracia, como García Caparrós y otros, tengan derechos a las indemnizaciones que no pudieron obtener hasta ahora. Y han votado en contra, el PP, que gobierna la comunidad andaluza, ha votado en contra y yo no lo entiendo. Me parece una paradoja y una insensatez; que representantes elegidos por la democracia y con sufragio universal no honren a las personas que dieron su vida para que ellos estén en los parlamentos.

¿Qué le diría usted a Feijóo sobre sus tentaciones de bailar con la extrema derecha?

Se equivoca y la sociedad española se lo hará ver por abrazar tesis cercanas al fascismo por un rédito electoral. Él sabrá.

El Gobierno prometió expulsar a los monjes benedictinos de Cuelgamuros, pero finalmente parece que se van a quedar a pesar de la resignificación del valle. ¿Qué papel tendrán estos religiosos en el nuevo espacio memorial?

La voluntad del Gobierno es que no debían estar ahí, llegamos a un acuerdo con el Vaticano y el prior dejó de estar, que era el que se oponía a las exhumaciones de Franco y Primo de Rivera. Hemos llegado a un acuerdo con la Santa Sede para poder caminar y tener esa resignificación.

Su ministerio está inmerso en una auditoria de bienes expoliados por el franquismo. ¿En qué punto está esa auditoría?

Estamos avanzando bastante. No es un trabajo fácil porque hay peticiones importantes de partidos políticos, particulares, organizaciones sindicales y es un corpus muy elevado que exige comprobaciones históricas y seguridad jurídica.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado noviembre un decreto para regular la creación del catálogo de símbolos franquistas que deberían ser retirados. ¿Se ha avanzado en ese catálogo?

Se ha avanzado, hemos aprobado nuevas inclusiones muy recientemente dentro de ese catálogo y espero poder presentar muy pronto un primer avance de ese listado.

El pasado viernes el Gobierno pidió perdón y reconoció a medio centenar de mujeres que pasaron por el Patronato de Protección de la Mujer, ¿se contemplan vías de reparación económica para estas víctimas también?

Hablaremos de todas las vías de reparación posibles y de hecho uno de los compromisos que adquirí con ellas es la creación de una subcomisión que aborde lo que sucedió en ese patronato.

El Constitucional está estudiando el recurso contra la negativa de Isabel Díaz Ayuso para colocar una placa en la sede de la Dirección General de Seguridad franquista, en la puerta del Sol. Mi pregunta es, ¿la intención del Gobierno es colocar esa placa aunque Ayuso se niegue?

De facto eso ya está conseguido, el expediente está terminado. Esto no está al albur de lo que diga un presidente, esto es historia y esto lleva rigor técnico y jurídico. Estamos convencidos de que ganaremos en la justicia y estoy convencido de que esa placa será instalada.

Manuel Gavira, portavoz parlamentario de Vox en Andalucía durante esta legislatura, será el candidato de la formación ultraderechista en las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo. El Comité Ejecutivo Nacional del partido lo nombrará, previsiblemente después de Semana Santa, según han confirmado a este periódico fuentes de la formación de Santiago Abascal.

[Actualización: Abascal elige a su portavoz en Andalucía, Manuel Gavira, candidato de Vox para romper la mayoría absoluta de Moreno]

Las mismas fuentes señalan que “no habrá sorpresas” y que Vox apostará por la continuidad, eligiendo esta vez al candidato más previsible, más conocido en el territorio, en lugar de apostar por un rostro mediático, como hicieron en las andaluzas de 2022 cuando designaron a la portavoz nacional en el Congreso, Macarena Olona.

La designación de Olona no cumplió las expectativas en aquellos comicios, en los que el presidente y candidato del PP, Juan Manuel Moreno, logró una rotunda mayoría absoluta de 58 diputados, precisamente jugando la baza del miedo a que Vox entrase en su Gobierno, lo que le permitió tomar mucho voto prestado del centro izquierda. El nombre de Gavira es un respaldo al trabajo que ha venido haciendo los últimos cinco años en el Parlamento andaluz, que concuerda con el perfil de candidato “institucional” por el que optó Abascal en las recientes elecciones de Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Manuel Gavira (Cádiz, 1966), abogado de profesión, mediador civil y mercantil, diputado por su provincia en el Parlamento andaluz desde la pasada legislatura, cuando Vox irrumpe en la Cámara con 12 diputados, asumió la portavocía de su grupo en 2021, cuando la dirección nacional decidió sustituir a su portavoz en ese momento, el cordobés Alejandro Hernández, que había negociado con el primer Gobierno de Moreno tres Presupuestos Autonómicos consecutivos.

La designación de Gavira se entendió entonces como una orden de Abascal para endurecer el tono y la relación con el presidente de la Junta en el tramo final de una legislatura con un Gobierno en minoría (de PP y Ciudadanos) que se mantuvo estable hasta que sus socios de ultraderecha le retiraron el apoyo presupuestario.

Gavira repitió como portavoz con la nueva legislatura y los últimos cuatro años ha sido el azote de Moreno en las sesiones de control al Gobierno, donde ha desplegado todas las guerras culturales de su partido (contra la inmigración, negación de la violencia de género, etc) pero también ha consolidado su principal estrategia para desgastar al líder del PP: asimilar su forma de gobernar al PSOE andaluz. “Son ustedes lo mismo, no me sorprendería que acabase usted votando a los socialistas, que tanto le gustan”, le ha repetido insistentemente en cada sesión.

“He hablado con Abascal”

El portavoz de Vox compareció el martes en los pasillos del Parlamento andaluz, después de que Moreno anunciase la disolución de la Cámara y la convocatoria de elecciones el 17 de mayo. Gavira, un soldado de partido, no quiso confirmar su nombramiento por mucho que le insistieron los periodistas con sus preguntas. Vox es, de hecho, la única formación a la que el adelanto electoral le ha pillado sin candidato oficial.

Gavira sí reconoció que ese día había hablado con Abascal, pero se remitió a la próxima reunión del Comité Nacional del partido, que decidirá su designación. Lo previsible, dado que el próximo lunes santo es fiesta, es que ésta no se produzca hasta después de Semana Santa. Consultado por este periódico, el diputado gaditano ha reiterado que desconoce aún la decisión que adoptará su partido.

Gavira fue de el primer cargo institucional de Vox en España. Tras las elecciones andaluzas de 2018, que suponen el fin de los gobiernos del PSOE tras 37 años en el poder, fue designado secretario tercero de la Mesa del Parlamento andaluz, órgano rector de la Cámara. Durante los últimos siete años, ha insistido muchas veces en que no se considera un “político ultra”, y cuando le han preguntado por las consignas antiinmigrantes que defiende él y su partido en el Parlamento, también ha negado tajantemente ser xenófobo. “Defender la Constitución española y las fronteras de España no es ser xenófobo”, ha asegurado alguna vez.

Vox tiene 14 diputados en el Parlamento andaluz, pero esta legislatura su influencia en la Cámara ha sido residual, dada la robusta mayoría absoluta de Moreno. Todos los sondeos publicados vaticinan un crecimiento moderado del partido ultraderechista que, en algunos casos, podría adelantar al PSOE en provincias donde están más fuertes, como Almería. Los resultados electorales de Extremadura, Aragón y Castilla y León han relativizado mucho el auge de Vox de cara a los comicios en Andalucía.

Moreno se ve capaz de revalidar su mayoría absoluta y esta precampaña electoral la ha empezado atizando a su rival por la derecha, que aparentemente le preocupa mucho más que el PSOE de María Jesús Montero. “O estabilidad o lío”, es el lema acuñado por el presidente y candidato del PP a la reelección, que señala la situación de bloqueo a la que Vox está sometiendo a sus compañeros en Extremadura, Aragón y Castilla y León para apelar al voto útil, y frenar el ascenso de los de Abascal.

La sentencia que el Supremo ha dictado este jueves sobre el Pazo de Meirás y los Franco confirma algo que hasta los herederos del dictador habían asumido ya: la propiedad, usurpada en 1938, es pública y, por tanto, de los ciudadanos. En diciembre de 2021 la familia Franco asumió ya su derrota en la batalla judicial para mantener el edificio y entregaron las llaves de ese palacio que se ubica en Sada (A Coruña). Hasta ahí, lo previsible. La sentencia que ahora ha dictado el Supremo dirime otra cuestión lateral que supone, de facto, una pequeña victoria para la prole del dictador: el Estado tendrá que indemnizarles por haber ocupado la propiedad. Según relata la resolución adoptada por el alto tribunal, un informe encargado por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, cuando presidía la Xunta de Galicia, ha sido clave para fallar en este punto a favor de la familia del dictador.

El informe en cuestión fue encargado por la Xunta de Feijóo a una comisión de expertos en la que había representación de diferentes ámbitos, incluyendo al Ayuntamiento de Sada -donde se encuentra el inmueble-, uno de los principales impulsores de la batalla que pretendía recuperar Meirás para lo público. El debate fue enconado y la parte cercana al ejecutivo de Feijóo apostó por esa medianía: si se quería recuperar Meirás había que pasar por caja y pagarle a los Franco. Era la conclusión cuarta de aquel informe y en ella se argumentaba que para recuperar el pazo habría que pagar a sus ilegítimos propietarios por los gastos que les había generado durante el tiempo en el que lo ocuparon tras la muerte del dictador el 20 de noviembre de 1975. Antes, así lo ha asumido el Supremo, había formado parte del servicio público a la Jefatura del Estado. El Ayuntamiento de Sada se opuso y planteó un voto particular, pero de nada sirvió, tal y como ahora recoge la sentencia del Supremo. Aquel informe también decía que los herederos del dictador había ocupado Meirás “de buena fe”, ajenos a las condiciones en las que se había usurpado la propiedad que les había llegado como herencia.

Esa tesis de pagar por desalojar acabó siendo aceptada por los tribunales durante el periplo judicial que ha protagonizado el Caso Meirás y acaba de ser confirmada por el Supremo. En su sentencia, el Supremo dice que aquel informe encargado por la Xunta de Feijóo fue crucial para aquilatar el premio de consolación para la familia del dictador. Antes, en segunda instancia, otro tribunal ya había dicho lo mismo sin que el Gobierno central se opusiera en aquel momento concreto. Miguel Torres es el abogado que defendió para el Ayuntamiento de Sada la postura más valiente para recuperar Meirás. Pidió el pazo para los ciudadanos y nada de pagar a los Franco. En conversación con elDiario.es resume así su opinión sobre el papel desempeñado por los expertos de la Xunta en aquel debate que supuso la ruptura en la unidad de acción de las instituciones en su reclamación contra la familia del dictador: “Yo creo que no querían abrir una batalla frontal con los Franco durante el proceso de recuperación del pazo y se prefirió concederles el derecho a cobrar esos gastos para evitar problemas”.

Aquel informe añadía al pago monetario, otro de más peso para la familia Franco: se decía que la ocupación de la propiedad fue “de buena fe”. Dicho en otras palabras, los herederos del dictador no sabían nada de la usurpación y daban por bueno un título de propiedad elaborado en 1941 y que los vecinos de Sada siempre consideraron fraudulento.

Un millón de euros

La cifra exacta de lo que la familia del dictador podría embolsarse ahora por abandonar Meirás es una incógnita, pero varias fuentes implicadas en el proceso repiten la cifra de un millón de euros. El cálculo procede de la propia estimación de gastos que la familia Franco elaboró sobre las facturas, reparaciones y otras derramas por mantenimiento entre noviembre del 75 y julio de 2019 -cuando el Estado presentó la denuncia- que ahora deberá sufragar el Estado para compensar los años en los que Meirás era un territorio inexpugnable para los ciudadanos. La última palabra sobre este punto deberá abordarla el juzgado número 1 de primera instancia de A Coruña, a quien corresponde dirimir este punto en lo que en términos jurídicos se denomina “ejecución de sentencia”.

El informe que los expertos enviaron al Parlamento de Galicia el 26 de junio de 2018 se ha convertido en la piedra filosofal sobre la que los herederos del dictador podrán ahora hacer caja tras décadas de expolio heredado. Un mes después de que ese informe llegara a la Cámara gallega se produjo una votación en la que de manera unánime todos los grupos decidieron pedir expulsar de Meirás a los Franco. En aquel debate la líder del BNG, Ana Pontón celebró el cambio de actitud del PP, que siempre optó por perfilarse con cualquier cuestión relativa a la dictadura, dijo de la familia Franco que era “una familia ocupa” y concluyó con unas palabras que el tiempo ha demostrado que han caído en saco roto: “Sería una aberración cualquier tipo de compensación a los herederos del franquismo”.

Frente a Pontón, Feijóo, que nunca se significó por censurar el expolio y que siempre pretendió resignificar el Pazo con la única mirada sobre los años que su legítima propietaria era la escritora Emilia Pardo Bazán. El ahora líder del PP llegó a reducir los 82 años de ocupación sobre el inmueble con uno de los mayores eufemismos pronunciados por un dirigente político. Su frase exacta fue la siguiente: “Que la cuestión de Emilia Pardo Bazán quede relegada por la cuestión del veraneo del general no nos parece razonable”. “El veraneo del general”.

Ana Pontón recibe a elDiario.es en su despacho del Parlamento de Galicia. Acaba de llegar de un acto público en Ourense y la conversación previa al encendido de la grabadora circula en torno a los rumores de que el PP quiere colocar a la polemista Ana de Bande como cabeza de cartel para las próximas elecciones en esa ciudad. “No me sorprende”, dice Pontón, para quien el PP ha buscado un perfil tan histriónico como el del actual alcalde Gonzalo Pérez Jácome.

La Portavoz Nacional del Bloque Nacionalista Galego cumple estos días diez años al frente de la formación. Lejos de aparentar hastío, Pontón se muestra más convencida que nunca de que el cambio está a la vista. En su opinión, el fracaso del plan de la Xunta para instalar una macrocelulosa de Altri en la comunidad ha demostrado que la sociedad ha decidido enmendar la idea que lanzó Alberto Núñez Feijóo y que Alfonso Rueda ha seguido defendiendo con tanta vehemencia como si se le hubiera ocurrido a él mismo.

Cumple usted diez años al frente del Bloque Nacionalista Galego. ¿Qué diría que ha cambiado en este tiempo?

En 2016 fue un momento muy difícil, la situación más crítica de la historia del BNG. Había mucha gente fuera y también alguna dentro que creían que el proyecto que representábamos estaba agotado. Sin embargo, siempre pensé que el BNG tiene mucho futuro y que este país necesita una fuerza como la nuestra y que lo que teníamos que hacer era analizar en qué estábamos fallando para sectores que nos venían apoyando y habían dejado de hacerlo.

Yo estaba convencida de que teníamos mucho futuro y en estos diez años, la década prodigiosa del BNG, fuimos capaces de demostrarlo y esto es el resultado de un trabajo colectivo.

Habla usted de década prodigiosa y eso suena a éxito, pero lo cierto es que el Partido Popular sigue dominando de manera absoluta y con un relevo que parece que no les pasó factura...

Yo hago otra lectura de lo que está pasando. Hay que entender que los cambios a veces tardan más en producirse de lo que nos gustaría, pero si analizamos el contexto hay muchas cosas que se le están torciendo al Partido Popular. En las últimas elecciones el BNG le gana al Partido Popular en la principal ciudad de Galicia. Y sabemos que las tendencias que se dan en las ciudades se acaban imponiendo en el resto del país.

¿Cree que ese resultado en Vigo es una advertencia para el PP?

Es una advertencia de lo que está pasando en el país. Hay un agotamiento con el Partido Popular y en esta legislatura también lo estamos viendo. Hay muchos sectores y muy diversos que se están rebelando contra las políticas del PP de Galicia, desde el ámbito sanitario hasta el debate de Altri. Y es que el debate de Altri no es un debate sobre un proyecto concreto, es un debate de modelo. Que haya una sociedad que sea capaz de frenar el proyecto estrella del Partido Popular y su modelo creo que demuestra hasta qué punto hay un cambio que está en marcha y que es imparable.

Su aniversario al frente del BNG coincide con la celebración del ecuador de esta legislatura con Alfonso Rueda como presidente. ¿Le ve usted consolidado?

Creo que se están viendo las costuras de un Gobierno que no es capaz de ofrecerle ninguna alternativa a la ciudadanía. Lo que vemos es como las condiciones de vida de los gallegos y gallegas están empeorando. Tenemos una peor situación de la sanidad pública, el acceso a la vivienda es más complicado. Vemos también como hay un malestar evidente en la situación de nuestro sistema educativo. Y yo creo que esto que estamos viendo demuestra que el Gobierno no tiene ningún proyecto de futuro. Al contrario, es un Gobierno agotado sin alternativas que ilusionen. Nuestro reto está en ser capaces de demostrar que hay una alternativa sólida que les puede dar un futuro mejor a los gallegos y gallegas.

¿Entre Alfonso Rueda y Alberto Núñez Feijóo usted con cuál se queda?

Yo no me quedaría con ninguno de ellos. Son dos caras de un proyecto fracasado. Lo que vemos es que la falta de impulso político es evidente. Feijóo quiso labrarse una imagen de señor moderado y gran gestor y lo que estamos viendo es que ni moderado ni gran gestor. Rueda tampoco está ofreciendo nada mejor sino todo lo contrario.

¿Comprende la frustración que puede sentir la izquierda en Galicia cuando echa cuentas y ve que el bipartito es algo que sucedió hace ya veinte años y pudiera parecer que el PP va a seguir gobernando Galicia hasta el fin de los tiempos?

Pues yo opino todo lo contrario. Creo que estamos cada vez más cerca de la derrota del Partido Popular y que tenemos que seguir empujando en esta dirección que nos está permitiendo llegar a sectores muy diferentes. Piensa que uno de cada tres gallegos en las últimas elecciones votaron al BNG. Yo veo al Partido Popular preocupado con el bloque porque estamos llegando a sectores muy amplios de la sociedad que quieren una alternativa hecha desde Galicia, que confíe en este país y represente un horizonte de esperanza.

Este Gobierno no genera mucho entusiasmo. Las encuestas dicen que es la primera vez en estos últimos veinte años que el presidente de la Xunta no es el líder más valorado. Llama la atención. Creo que es un dato que pone sobre la mesa el deterioro y desgaste de una formación que lleva casi 40 años gobernando este país y que no es capaz ni de ofrecer un horizonte y lo único que nos ofrece son celulosas del franquismo o el expolio eólico y de nuestra riqueza.

Galicia necesita situarse en el siglo XXI con un proyecto que realmente confíe en el país y que transforme la economía apostando por la ciencia, la innovación y los servicios públicos de calidad.

¿Cuántas oportunidades más se da usted para intentar llegar a la presidencia de la Xunta?

Eso es una decisión que habrá que tomar en su momento. Pero yo lo que te puedo decir es que tengo más ganas que nunca.

¿Pero hay alguna posibilidad de que usted no sea la candidata dentro de dos años?

Lo que quiero decir es que esa es una decisión que habrá que tomar en su momento y que además primero la tengo que tomar yo personalmente y después la tiene que tomar la organización en la que milito. Es la militancia quien decide.

¿El presidente Alfonso Rueda siempre le dice a usted en las sesiones de control que quien decide todo en su formación política es la UPG, que prácticamente le escriben la agenda?

Yo creo que el señor Rueda como no tiene argumentos lo único que hace es intentar traernos aquí la crispación madrileña, embarrar el debate y soltar mantras que llevamos escuchando durante 40 años. Lo que no entiende el PP es que en esta organización lo que funciona es la democracia interna. Ellos funcionan a base de dedazos, a él lo designó el anterior líder que se tuvo que marchar por culpa de la corrupción en el Partido Popular.

Durante las sesiones de control en el Parlamento se observa un tono de Rueda hacia usted que bordea las mínimas compostura y cortesía políticas...

Lo que me gustaría es que esas sesiones de control al presidente de la Xunta fueran retransmitidas por la televisión pública para que los gallegos y gallegas vieran como actúa el presidente de la Xunta, esa especie de superioridad...

¿Cuáles son los momentos más desagradables que recuerda de esos enfrentamientos dialécticos?

A mí me dolió que me dijera que estaba muy necesitada, no porque a mí me afecte personalmente sino porque creo que las mujeres en política no tenemos que soportar este tipo de machistadas y desde luego demuestran cuanto de necesario son más mujeres en política y más feminismo.

¿Cómo observa ahora desde aquí lo que le está pasando a Feijóo en Madrid?

No me sorprende. Sobre Feijóo se construyó una entelequia que lo presentaba como un gran gestor y un moderado. Yo siempre dije que era un nefasto gestor, un presidente que triplica la deuda recortando los servicios públicos. Además demostró que no hizo nada por Galicia. Si uno analiza cuál es el legado que nos dejó el Partido Popular en Galicia y nadie es capaz de significar nada. Es una hoja en blanco. Feijóo llegó al poder cabalgando en contra de la lengua propia de este país con los sectores más ultras de la derecha. Hizo cosas como las que está haciendo ahora Vox y que escandalizan tanto. De las primeras medidas que tomó Feijóo en Galicia una fue apoyar y financiar una red antiabortista, reducir las ayudas a las mujeres víctimas de violencia de género o ir en contra del gallego. Fue un precursor de muchas de las políticas de la extrema derecha.

¿Qué futuro le ve a Feijóo, cree que llegará a La Moncloa?

En todo lo que dependa del BNG no llegará. El escenario de las generales está abierto y hay que recordar que ya hemos tenido escenarios en los que las encuestas daban mayorías muy amplias para la derecha con la extrema derecha y luego no se verificaron. Yo espero que Feijóo nunca sea presidente, entre otras cosas por lo que representa y porque sería nefasto para Galicia.

Estuvo usted estos días en Madrid ¿Quedó para tomar un café con Gabriel Rufián?

Pues no. Hace tiempo que no hablo con él, pero es una persona con la que tengo una excelente relación. Es alguien a quien hay que escuchar.

¿Está llamando a la puerta del BNG en ese intento suyo de unir a las izquierdas?

A mí no me llamó, ni le he llamado yo a él. Yo tengo muy claro que la situación que hay en Galicia es muy diferente de la del estado español. Compartimos la preocupación por la extrema derecha, pero también es cierto que nuestra realidad es muy diferente. Aquí la extrema derecha es irrelevante.

¿Cómo lo explica?

Creo que por varias razones, pero la primera es que una fuerza política que quiere suprimir nuestra lengua y nuestra autonomía con Galicia no casa bien de inicio. Aquí hay un sentimiento de identidad muy fuerte.

En ocasiones el Partido Popular se atribuye el mérito de frenar a Vox en Galicia...

Decían que era Feijóo quien frenaba a la extrema derecha y estamos viendo en el resto de España que para nada es capaz de frenar a la extrema derecha. Yo creo que hay que hacer un análisis más profundo. En muchas partes en donde crece la extrema derecha lo está haciendo apoyada en cierta decepción con lo que se llama izquierda o socialdemocracia. Personas que antes tenían opciones más de tipo progresista ven que sus vidas no mejoran con políticas que apoya la socialdemocracia como el acuerdo con Mercosur, que deja atrás a nuestros ganaderos. O porque ven que trabajan duro, pero sus vidas no mejoran y en esas circunstancias se agarran a un clavo ardiendo.

Mientras en otros lugares la gente joven es la que aúpa a la extrema derecha, aquí en Galicia el BNG es la primera fuerza entre la juventud. No hay que echarle la culpa a la gente sino ofrecerles alternativas para que la extrema derecha no sea capaz de penetrar con sus mentiras y con sus soluciones falsas.

Déjeme volver sobre el debate en la izquierda que han abierto entre otros Gabriel Rufián...

Eso es una incógnita que las fuerzas de ámbito estatal tendrán que responder. Nosotros en Galicia tenemos un panorama político muy distinto. El BNG es una fuerza gallega y que tiene la razón de ser en este país. No nos vamos a diluir en plataformas estatales. Creo que además aquí ya hay una experiencia con sectores que formularon esa posibilidad y la llevaron a la práctica y el resultado es bien conocido.

Ustedes ya han concurrido conjuntamente con Esquerra Republicana de Catalunya en unas elecciones...

Eso lo hacemos en unas elecciones europeas en las que hay una circunscripción de ámbito estatal que hace que quien compite desde un solo territorio lo hace en desigualdad de condiciones. Sin embargo en unas elecciones en las que la circunscripción es la provincia eso no tiene ningún sentido, ninguna virtualidad, ni va a mejorar el resultado. Al contrario, yo creo que si en política damos el debate de qué fórmula electoral utilizamos la gente lo que piensa es que nos estamos repartiendo los cargos.

Sería mucho más interesante que ese espacio político con el que tenemos puntos de conexión pensara en cuál es la alternativa política que le están ofreciendo a los ciudadanos. La unión tiene que estar hecha sobre bases sólidas porque eso es lo que va a premiar la ciudadanía. Cuando la unión es real la ciudadanía también lo premia. Yo les deseo lo mejor y que sean capaces de enfrentar esta situación, pero una tiene la sensación de un cierto deja vu cada vez que hay unas elecciones generales.

¿Qué opina del paso a un lado que ha anunciado Yolanda Díaz?

Yolanda es una persona con una trayectoria muy dilatada, es una mujer con inteligencia y creo que está dando un paso que podía ser previsible. Desde la distancia hay que respetar las decisiones que toma cada uno en su carrera política.

El otro día en la sesión de control Alfonso Rueda vino a decir que el fracaso del proyecto de Altri era culpa de la oposición y vino a dar la idea de que él no tenía ningún proyecto alternativo...

Rueda es un presidente que no quiere asumir sus fracasos políticos. Cuando uno como presidente toma la decisión de apostarlo todo a la carta de Altri tendrá que asumir alguna responsabilidad. En torno a esto hay cosas muy graves: estamos conociendo que hay una serie de chanchullos que hizo el Partido Popular para beneficiar a Altri. Esta semana hemos conocido una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que dice que se modificó de manera ilegal la protección ambiental de unos terrenos para beneficiar a la empresa. Pero es que tenemos además un pacto secreto con esa compañía cuyo contenido se nos está ocultando.

Un acuerdo que tiene una cláusula de confidencialidad que no ha impedido que el presidente de la Xunta diga que él sí ha leído esos papeles que firmaron para fijar ese protocolo de intenciones...

Sí, dijo que la conoce después de que su Gobierno hubiera dicho lo contrario. Todo esto demuestra que de cada tres palabras que Rueda dice sobre Altri dos son mentira. Y los ciudadanos tienen derecho a conocer la verdad sobre un proyecto de esta envergadura. Nosotros vamos a impulsar la creación de una comisión de investigación y creo que Rueda tiene que ir al Parlamento a dar explicaciones. Primero, sobre su fracaso de Altri; segundo, sobre todas las mentiras e irregularidades que puede haber en la tramitación y tercero: ¿cómo puede ser que un presidente tenga como única propuesta en materia de política industrial las macrocelulosas del franquismo? Eso es un fracaso rotundo y demuestra que con el Gobierno del Partido Popular lo único que estamos haciendo es que este país esté perdiendo un tiempo precioso.

¿Por qué cree que el PP se la ha envainado con Altri?

Porque sabe que tiene un coste y que la mayoría de la sociedad gallega está en contra de este proyecto. Evidentemente.

En medio de la celebración de sus dos primeros años como presidente electo en las urnas, Alfonso Rueda acaba de sacarse de encima la última hipoteca heredada de Feijóo: la Xunta anunciaba el pasado viernes que incia el proceso de archivo para el proyecto que la papelera Altri pretendía instalar en el corazón de Galicia. El proyecto para esa nueva macrocelulosa había germinado en medio de una unánime contestación social que abarcaba malestares desde el centro de Lugo hasta las Rías Baixas y que se había convertido en clamor bajo el lema “Altri Non”. El germen de ese problema lo recibió Rueda como herencia directa de Feijóo. Y es que la de Altri es la idea que el actual líder del PP quiso convertir en su principal política de estado como reacción a las incertidumbres económicas derivadas de la pandemia del coronavirus.

Alfonso Rueda tomó las riendas del Gobierno gallego en 2022 para cubrir el agujero de un Feijóo deslumbrado por las mieles de la política madrileña y el deseo de acabar beneficiado por el turnismo político y acabar convertido en presidente del Gobierno. En su primer y único intento hasta la fecha, Feijóo se quedó a las puertas mientras Rueda ocupaba su sillón en Galicia con el lastre de no haber pasado por las urnas y no tener el refrendo electoral. Esa ocasión llegó para él hace justo ahora dos años. Obtuvo la mayoría absoluta que le permitió deshacerse de todas las ataduras y Feijóo comenzó a desdibujarse como el gestor indiscutible que todos muchos veían en él, tanto en Galicia como en Madrid. Una especie de amnesia colectiva empezó a extenderse en Galicia. Primero lo olvidó la Televisión de Galicia, después desapareció de los debates políticos locales. Todos los espacios donde antes estaba Feijóo empezaron a ser ocupados por un Rueda entregado a la estrategia política del que se comporta como si hubiera ostentado el poder desde siempre.

El primer indicio del camino que Rueda pretendía liderar se manifestó en el nombramiento de su primer Gobierno tras las elecciones de febrero de 2024. En aquel momento decidió prescindir de las vicepresidencias y aglutinar en torno a sí todo el poder, sin dar señales de la existencia de delfines o relevos. Rueda construyó una imagen de presidente a largo plazo e hizo suya la frase que le deslizó por aquellos días un periodista madrileño durante una comida: “Alfonso, tu vicepresidente es tu mayoría absoluta”.

Pronto empezaron a asomar los primeros deslices de Feijóo en la pelea dialéctica que acompañaba a su nuevo cargo y Rueda miró hacia otro lado, sin salir en defensas exageradas del líder, buscando medianías y palabras amables, pero no encendidas, ante cualquier polémica con su predecesor como protagonista y, muchas veces, con Isabel Díaz Ayuso haciendo de contraparte. En ese tiempo el presidente de la Xunta repitió hasta la extenuación la palabra “sentidiño”, una suerte de remedo intangible con el que el político de Pontevedra parecía querer gobernar cualquier cuestión que se encontrase sobre la mesa. El “sentidiño” le valió a Rueda para marcar línea política ante proyectos industriales, debates enconados o los escasos malos momentos que la oposición le ha hecho pasar en estos años. El término se convirtió en una especie de lema coloquial, una palabra propia, una marca que no recordaba a Feijóo. Así que se encomendó a la tarea de repetirla todas las veces que veía un micrófono delante.

Competencias

En su afán por contornearse un perfil Rueda hizo algo que Feijóo nunca había hecho: inició una carrera de disputa competencial con el Gobierno de Pedro Sánchez y empezó a reclamar transferencias que su formación política nunca había pedido en los años en los que Feijóo gobernaba sin esfuerzos. Pidió las competencias para la gestión del litoral y las ganó en el Tribunal Constitucional. Ahí se apuntó su primer éxito político. Luego anunció otras batallas, como la gestión de la agencia de metereología o la gestión de los permisos de trabajo para extranjeros. Incluso creó una Oficina de Asuntos Constitucionales, una especie de gabinete para redactar quejas gallegas y llevarlas al tribunal de garantías que preside Cándido Conde Pumpido.

Pellets

A las elecciones de 2024 Rueda había llegado presionado por la polémica generada tras la llegada a la costa gallega de una marea de pellets de plástico, procedentes de una creba en el carguero libanés Toconao, mientras navegaba frente a las costas de Portugal. Xunta y Gobierno central se enzarzaron entonces en una pelea de concepto sobre la gestión de la alerta medioambiental. En Madrid decían que había que limpiar los residuos en las playas, mientras que la Xunta defendía que lo mejor era observar el vertido desde el aire y, ya de paso, evitarse en los informativos las imágenes de voluntarios limpiando los arenales. Nada que recuerde al Prestige le gusta al PP gallego. Hasta la vicepresidenta Yolanda Díaz se dejó fotografiar en la orilla filtrando arena con un cedazo para buscar los pequeños elementos de plástico transparente. Pero un día los pellets dejaron de llegar a las playas y lo que llegó fueron unas elecciones que Rueda ganó con una rotunda mayoría absoluta con 40 diputados para un parlamento de 75.

Denuncia por violación

En junio de 2025 tembló el suelo bajo las alfombras de San Caetano, sede de la Xunta. En ese momento trascendió la existencia de una denuncia por presunta violación, contra el entonces conselleiro de Pesca, Alfonso Villares. Rueda decidió cesar a su colaborador, pero lo hizo entre aplausos, abrazos y buenas palabras, en un acto en el que no dudó en prometerle al cesado que su cargo seguiría esperándole para cuando consiguiese aclarar su inocencia ante los juzgados. Con el cese de Villares y, en parte, gracias al desequilibrado panorama mediático de Galicia aquella polémica pronto dejó de preocupar en la Xunta. Finalmente la denuncia fue archivada y la Xunta espera a que esa decisión sea definitiva para actuar sobre el reingreso del exconselleiro.

Baltar y las familias

La tranquilidad con la que Alfonso Rueda ha ido gestionando los retos que el cargo le ha ido poniendo delante tiene relación con la calma que consiguió establecer en la vida orgánica del Partido Popular de Galicia. He aquí otra de las diferencias con la gestión de Feijóo en Galicia. Antes incluso de la victoria electoral que le refrendó como presidente de pleno derecho, Rueda había conseguido liberarse del yugo que la provincia de Ourense en general y el Clan Baltar en particular suelen suponer a cualquier dirigente del PP en Galicia, desde Manuel Fraga hasta el propio Alberto Núñez Feijóo. También en esto mostró mayor capacidad de trabajo y de ver las oportunidades políticas que su predecesor. Bastó una denuncia por conducir a 215 kilómetros por hora al volante para acabar con una saga contra la que Feijóo había perdido antes cada una de las tímidas batallas que osó emprender. El acuerdo con el político orensano era sencillo: sillón de oro en el Senado si soltaba las riendas del PP en su provincia. El 26 de octubre de 2023, Baltar anunció que dejaba el bastón orgánico en Ourense. Tres décadas de dominación se acabaron de un plumazo.

La oposición

La oposición parlamentaria no ha conseguido en estos años tensionar la agenda del presidente de la Xunta. Con un Partido Socialista en mínimos históricos tras las elecciones del 24 y los nacionalistas en máimos -25 escaños-, Rueda centró sus esfuerzos en confrontar con el BNG y acusar a Ana Pontón y a los suyos de radicales cada vez que abrían la boca para tomar aire.

Cada una de las protestas sociales que han devenido en manifestaciones en las calles, Rueda las combatió acusando al Bloque Nacionalista Galego de estar detrás de cada convocatoria. La temática de las protestas (sanidad, educación, servicios sociales...) era lo de menos: el BNG siempre era el culpable de llevar a la gente a las calles y usar a algunos ciudadanos “de buena fé) para perseguir un objetivo político. Tras el mantra de recetar ”sentidiño“ para todo este ha sido el segundo hit en el ideario político de Alfonso Rueda.

De todas esas protestas hubo para la que ese argumento se le quedó pequeño a Rueda: la unánime contestación ciudadana que generó el proyecto de Altri para construir una segunda macrocelulosa en Galicia.

Altri

La de Altri era la última hipoteca que Alfonso Rueda conservaba de la época de Feijóo. La idea y su puesta en marcha fue un empeño del actual líder del PP. Rueda se limitó a darle curso y apoyo institucional. Pero las protestas no cesaron, las ayudas públicas no se concedieron y en los despachos de la Xunta ya no sabían como descolgarse del proyecto sin que pareciera que se estaban descolgando del proyecto. La fórmula mágica para hacerlo ha sido la sorpresa con la que Alfonso Rueda ha querido corolar su segundo aniversario al frente del Gobierno como presidente electo en las urnas.

La Xunta ha anunciado que archiva el proyecto de Altri y lo justifica responsabilizando al Gobierno de Pedro Sánchez por no concecerle a la compañía enganche a la red eléctrica. El equipo de Rueda argumenta que no se puede instalar una empresa sin enganche a la red, mientras que el Gobierno central dice que no se construyen infraestructutas eléctricas para fábricas que todavía no existen.

Sin el ancla de Altri frenándole el paso, Rueda asoma la segunda parte de su mandato sin asomo de sombra que recuerde a Feijóo. Apenas queda nada de aquel vicepresidente gris y discreto y las revistas del corazón ya no le confunden con un escolta cuando aparece en un acto junto a los reyes de España.

En estos dos años de gobierno ha contado con la gran ventaja de no tener que lidiar con Vox en sus equilibrios parlamentarios. Así se ha desempeñado, ajeno a la vorágine que Feijóo si se ha desayunado cada día: disputarse el apoyo popular con los de Santiago Abascal a cuenta de ver quién dice la cosa más estrafalaria.

Su próximo reto es la reconquista de algunas de las principales ciudades que todavía gobierna la izquierda en Galicia. La demoscopia pronostica a su favor. Está por ver si Vox le permite disfrutar también de esa fiesta.

La polémica macrocelulosa que Altri proyectaba en Palas de Rei (Lugo) acaba de recibir la negativa de la Xunta para seguir adelante. El ejecutivo de Alfonso Rueda ha decidido denegar la Autorización Ambiental Integrada, indispensable para que el plan siguiese adelante. La Xunta toma su decisión tras meses de protestas en torno a un proyecto que concitó una crítica unánime en ámbitos políticos, sociales y ecologistas. El Gobierno gallego explica su decisión apuntando al ejecutivo de Pedro Sánchez como responsable y argumenta que no se puede autorizar una industria para la que no hay prevista una conexión eléctrica que sería indispensable para su puesta en funcionamiento.

La Conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, ha sido la encargada de confirmar la decisión política que arrastra al cajón el principal proyecto industrial de la era Alfonso Rueda al frente de la Xunta: “Se procederá al archivo formal del expediente de Altri”, ha señalado en declaraciones a los medios. La decisión pone fin al mayor embrollo social y político en el que se ha involucrado Rueda desde su llegada al cargo. La contestación social al proyecto se convirtió desde hace más de un año en el único asomo de oposición que ensombrecía la mayoría absoluta obtenida por el PP en las elecciones de hace ahora dos años.

El Gobierno gallego ha comunicado su decisión a pocos días de la comparecencia que Rueda tiene agendada en el Parlamento de Galicia y en la que la oposición le quiere preguntar otra vez por los acuerdos secretos que la administración gallega alcanzó con Greenfiber, empresa que impulsaba el proyecto, en un protocolo de intenciones cuyo contenido el equipo de Rueda oculta con la excusa de que fue firmado por la administración, pero a través de una empresa público-privada que se denominó “Impulsa” y que fue liquidada hace meses. La gran incógnita que se abre a partir de ahora conecta directamente con ese acuerdo secreto y la posibilidad de que la empresa exija algún tipo de compensación económica por las inversiones realizadas para la puesta en marcha del proyecto.

Se despeja por tanto la posibilidad de que la comunidad gallega asuma a corto plazo una segunda pastera, además de la que Ence tiene en la Ría de Pontevedra. Con su decisión el Gobierno gallego devuelve el proyecto a la casilla de salida, pero sin descartar que en un futuro pueda volver a reactivarse si un Gobierno de otro color político decide en un futuro autorizar las conexiones eléctricas que el ejecutivo de Pedro Sánchez le ha denegado a la empresa.

Greenfiber estudia recurrir

Greenfiber, la empresa que impulsa el proyecto de Altri en la comarca de A Ulloa, ha avanzado que analiza “diferentes opciones técnicas” para la conexión a la red eléctrica, “independientemente de la planificación futura de Red Eléctrica Española”, y ha trasladado que estudia presentar alegaciones al archivo de la iniciativa anunciado este viernes por la Xunta. En un comunicado, la entidad ha insistido en que la decisión del Gobierno central de excluir la factoría de la planificación eléctrica tiene “un carácter político y no técnico”, ya que “no se ha aportado ninguna explicación técnica que justificase esa exclusión”.

Respecto a la comunicación de la Xunta sobre el inicio del procedimiento de archivo del expediente, Greenfiber ha explicado que “se reserva el derecho de presentar las alegaciones que considere oportunas”.

El monstruo en cifras

Altri se proyectó sobre una parcela de 366 hectáreas, diez veces más que los terrenos de la planta de ENCE en Pontevedra. La tercera parte —112 hectáreas— estaba prevista para la planta. Allí ya no irá la chimenea de 75 metros de altura de una celulosa que pretendía consumir cada año 1,2 millones de toneladas de eucalipto y 46.000 metros cúbicos de agua, el equivalente a todo el consumo de la provincia de Lugo. La empresa se esforzó durante todo el proceso que ahora termina en utilizar ese verbo, “usar”, asegurando que devolvería al río Ulla 30.000 metros cúbicos, dos terceras partes, convenientemente tratados y a una temperatura que no alterará la del cauce “en más de tres grados”, que es lo que marca la ley. Nada de eso sucederá ya y Alfonso Rueda despeja la protesta social sin la cual podrá encarar la segunda parte de su mandato que ahora comienza.

Los percebeiros interpretan el tempo de las olas para calcular el margen del que disponen al arrimarse a las fendas [grietas] más profundas en los pocos segundos en los que el mar se retira para volver a golpear con fuerza. El baile con la marea es una disciplina reservada para los expertos. El objetivo: llenar la cesta con el cupo asignado (apenas cinco kilos por persona) y volver a casa de una pieza. Las rocas de la aldea de O Roncudo (el nombre resume el ruido que el mar hace al golpearlas) es la capital de esta danza. Mientras en los mercados los precios se disparan estos días, muchos olvidan el riesgo que supone la extracción de ese crustáceo para quienes bajan a por él cuando el temporal da una oportunidad. El fotógrafo Brais Lorenzo llevó su cámara a este lugar de A Costa da Morte el pasado 27 de diciembre. Es el retrato de una odisea cotidiana para estos trabajadores del mar. Aparentemente, era un día tranquilo para la faena.

Ataviado con su traje de neopreno, una pequeña bolsa de red anudada a la cintura y un gancho metálico con empuñadura de madera, Pachi apura el último cigarro antes de echarse al agua mientras camina por el pequeño sendero que conduce a la rompiente. Es uno de los más veteranos del grupo y eso en este oficio se considera un valor, sobre todo cuando el grupo actúa como un equipo en donde a voces se van avisando los unos a los otros de los peligros que traen las olas que llegan antes de lo esperado. La mecánica es pura repetición: esperar la ola, flexionar las piernas y lanzarse sobre los huecos en el breve espacio de tiempo que gasta el mar en su retirada.

El trabajo es intenso y se resuelve en unas pocas horas. En esta ocasión la cita es a las 13:00 horas. La marea es quien marca los horarios. Cuanto antes se obtenga el cupo, el riesgo se minimiza. Menos tiempo en el agua aleja la posibilidad de tragedia.

El consumo de percebes como producto de lujo es algo relativamente reciente, de principios de la década de los 60. Sin embargo, su uso como alimento es una tradición secular para la gente del mar que lo extraía para completar su dieta. Considerado como “alimento de pobres” antes de conquistar las cocinas más exclusivas también fue usado, como otros mariscos ahora muy apreciados, para abonar las tierras que los marineros cultivaban para llenar la despensa en las semanas en las que el mar muestra su agresividad invernal.

Los de O Roncudo tienen la fama de ser los más apreciados de la costa gallega, sin desmerecer a los que llegan de otras zonas como Aguiño, Lira o Cedeira. El percebe se nutre agarrado a las rocas y filtrando el agua de las zonas más batidas por el mar. Sus zonas de extracción son siempre parajes inhóspitos y de extraordinaria belleza.

Tras la faena y a pocos metros del agua se produce el primer triaje. Uno a uno y a mano se van seleccionando ejemplares por tamaños para evaluar el posible precio en las lonjas o en los restaurantes que compran directamente a los marineros: estos, para A Coruña; estos otros, para Santiago...

A las puertas de Nochevieja los precios superan los 100 euros por kilo para los de calibres medianos y mucho más si el tamaño y grosor es de categoría especial. Un manjar, sin duda, de precio elevado pero en cuya obtención los marineros bailan con las olas y ponen su vida en riesgo persiguiendo cada puñado.

El secretario general del PSdeG-PSOE, Xosé Ramón Gómez Besteiro, enseña la puerta de salida para el alcalde de Barbadás (Ourense) tras una denuncia, presentada en las últimas horas en el canal interno de la formación, que le responsabiliza de acosar laboralmente a una concejala que denunció previamente el acoso sexual del que había sido víctima a manos de otro edil, que dimitió por ello en verano de 2024. Según el relato de la denuncia interna, a cuyo contenido ha tenido acceso La Voz de Galicia, tras esa primera denuncia llegó el segundo de los acosos, el laboral, del que responsabiliza directamente al alcalde. El regidor de este pequeño municipio de apenas 12.000 habitantes, Xosé Carlos Valcárcel, fue uno de los firmantes de uno de los manifiestos que denunciaban la mala gestión de los escándalos de acoso sexual por parte de la dirección que encabeza Besteiro. Ahora insinúa que la denuncia contra él se produce como venganza por aquello.

Besteiro ha comparecido este martes en una rueda de prensa convocada de urgencia para informar de este nuevo caso y anunciar que el PSOE pedirá que el regidor de la pequeña localidad ourensana, que también es diputado provincial, se aparte de sus cargos. Anunció que, en cualquier caso, será suspendido de militancia. La decisión de dejar las actas, tanto la que le ha dado acceso a la Alcaldía como la de diputado provincial, le corresponde al propio Valcárcel, admitió el secretario general del PSdeG, que manifestó que presionarán para que las entregue. Valcárcel ha dicho esta tarde que no dimitirá de sus cargos, pero que sí abandona la disciplina del partido. Asegura que la denuncia contra es falsa y se produce como reacción a sus críticas por la gestión que Besteiro ha hecho en torno a las denuncias de acoso sexual que tumbaron a José Tomé de la presidencia de la Deputación de Lugo.

El líder de los socialistas gallegos indicó que los responsables provinciales del PSOE en Ourense se van a reunir este mismo martes, tras tener constancia de la denuncia de Barbadás, para recabar los testimonios de los implicados y “depurar responsabilidades hasta llegar al final”. El partido a nivel provincial atendió, dijo, a la víctima, que luego presentó el escrito de denuncia. En su comparecencia, Besteiro se ha defendido de las críticas internas por su gestión de los casos de acoso asegurando que no se siente desautorizado por los manifiestos que critican su manera de actuar. Ante la pregunta directa de si valora la posibilidad de presentar su dimisión la respuesta del líder socialista gallego ha sido contundente: “En absoluto”.

La comparecencia del líder del PSOE gallego se produce a pocas horas de una nueva emisión del programa Código 10, de Cuatro Televisión, que aireó la denuncia de acoso sexual que acabó con la carrera de José Tomé como presidente de la Deputación de Lugo. Los encargados del formato televisivo insinúan que esta noche ofrecerán pruebas de que el entorno más próximo al secretario general del PSdeG-PSOE desoyó a las víctimas e intentó tapar el escándalo. Mientras tanto, desde Madrid Besteiro está recibiendo el apoyo de la dirección de su partido, que ha nombrado de manera exprés a la dirección de la gestora que tomará las riendas del socialismo en Lugo. Al frente de ese gabinete se sitúa a Luis Ángel Lago Lage, persona su de máxima confianza.

Sobre el caso de Tomé, Besteiro insistió en que en ningún momento él tuvo contacto con ninguna víctima, sino con una tercera persona que hablaba en su nombre. Repitió que él le insistió en la importancia de que hubiese una denuncia.

La crisis desatada en el PSOE por las denuncias internas que señalan comportamientos de acoso sexual de cargos varones hacia sus compañeras o empleadas están a punto de hacer saltar por los aires al PSOE gallego y arrastrar en esa implosión a su líder, José Ramón Gómez Besteiro. La denuncia presentada contra uno de sus hombres de confianza, José Tomé, y aireada en el programa “Código 10” de Cuatro Televisión ha sido gestionada de manera insatisfactoria para la amplia mayoría de las socialistas gallegas que piden ya sin reparo la caída del líder por su silencio durante meses y su actitud esquiva durante lo principal de la crisis en la esfera pública. Besteiro dijo el pasado miércoles que no sabía nada del asunto. Solo dos días después, el viernes, varió su discurso para reconocer que supo en octubre lo que sucedía, por el relato de una tercera persona que acudió a la formación a pedir amparo y apoyo para una de las víctimas.

La situación actual es casi insostenible para el líder de una formación en caída libre en Galicia, ubicada en la tercera posición de un Parlamento que gobierna sin sobresaltos el Partido Popular de Alfonso Rueda. Las mujeres del PSOE gallego dicen no entender cómo es posible que la dirección quiera solventar la crisis dejando caer al expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, y seguir hacia delante como si no hubiera pasado nada. Este viernes dimitió la secretaria de Igualdad, Silvia Fraga, descontenta con la gestión del escándalo. Los chats de la formación empezaron a hervir con la consigna de “ellos nos acosan, nosotras dimitimos”.

Entre el miércoles y el viernes Besteiro decidió esconderse y evitar cámaras y micrófonos. Para cuando dio la cara su partido estaba en llamas, más aún cuando reconoció que sí sabía de las denuncias y que dio la callada por respuesta. Este domingo el malestar ha tomado forma en un manifiesto que firman alcaldesas, altos cargos y militantes en el que se afirma que “denunciar estas conductas es un acto de valentía que debe contar siempre con el respaldo colectivo e institucional”. El líder del PSOE gallego quiere ahora hacer suya esa afirmación, pero llega tarde.

Según ha podido saber elDiario.es de fuentes socialistas, las denuncias contra José Tomé “eran un clamor” en la organización desde hace meses. El presunto acoso denunciado en el canal interno era conocido por las conversaciones en los grupos de WhatsApp de militantes desde hace semanas y se teme además que el programa televisivo que destapó el caso ofrezca pruebas en los próximos días de que el PSOE intentó esconder el conflicto y desanimar las denuncias, en vez de apoyarlas como dice ahora su líder.

Sumado a lo anterior, se extiende la creencia en el socialismo gallego de que Besteiro intentó proteger a Tomé hasta que el caso le estalló entre las manos. “Hay desconfianza”, asegura una dirigente del PSOE gallego en conversación con esta redacción. Y esa desconfianza es la que persigue ahora a un líder que no ha tenido tiempo para asentarse en el cargo ni impulsar una supuesta remontada que nadie vislumbra por el momento.

Como fondo de toda esta crisis aflora en el socialismo gallego la tradicional batalla entre el sector coruñés, liderado por la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey (y su segundo, José Manuel Lage), y el de Vigo, que orbita en torno a Abel Caballero. En este último foro se ha convocado una reunión para este lunes en la que fijar postura y decidir si se opta por ir a la ruptura y forzar la salida de Besteiro. Caballero tiene en su núcleo de máxima confianza a Carmela Silva, presidenta del partido en Galicia y voz reconocida en el feminismo gallego. Si ambos deciden porfiar en una crítica a la dirección, Besteiro tendrá los días contados. Hacerlo supondría darle el poder de la formación a la provincia atlántica del norte, frente al fortín que defiende desde Vigo el alcalde más mediático del socialismo. El gran problema del PSdeG es que su delgadez es tan extrema que cuesta imaginar candidatos para tomar las riendas si los que ahora mandan sorprenden y se echan a un lado.

La tensión se centra ahora en dos nombres de mujeres: Lara Méndez, portavoz de la formación, y Pilar García Porto, alcaldesa de Antas de Ulla (Lugo) y lugarteniente de Tomé hasta hace nada. La conversación que incendia los grupos de mensajería de la militancia señala a ambas como responsables de haber escuchado el relato de las víctimas y hacer mutis por el foro ante el problema. El diario ABC apostó el viernes por esa teoría y Méndez salió al paso ofreciendo querellas. La parroquia socialista asegura convencida que en cuestión de días saldrán a la luz audios en donde se compruebe cómo estas dos dirigentes intentaron tapar las denuncias contra el barón socialista en Lugo. Todo está ahora en revisión y la cabeza de Besteiro, en el aire.

José Tomé (Guitiriz, Lugo, 1958) ha decidido presentar su dimisión como presidente de la Deputación de Lugo y líder orgánico del PSOE provincial, tras las denuncias de acoso sexual conocidas en las últimas horas a través de el programa Código 10 de Cuatro Televisión. Seguirá, sin embargo, al frente del Concello de Monforte de Lemos, donde es alcalde con mayoría absoluta, pero tanto él como los otros nueve concejales socialistas solicitarán la suspensión cautelar de militancia y serán grupo no adscrito. El barón provincial gallego cambia así la posición que intentó mantener en las primeras horas del escándalo, pese a la presión ejercida por la dirección de su formación política. A las cinco de esta tarde y desde la sede del PSdeG en Monforte de Lemos, Tomé comunicó su decisión, poco después de que el Bloque Nacionalista Galego (BNG) amenazase con romper la coalición que mantiene el poder provincial en manos de la izquierda desde 2007 -con apenas un breve interregno del PP-, en caso de que esa dimisión no se produjese de manera inminente.

“Después de las denuncias falsas publicadas, y después de hablar con los compañeros del partido tomé la decisión voluntaria de solicitar suspensión cautelar de militancia para defenderme con más libertad”, aseguró Tomé en la comparecencia de prensa de su dimisión, acompañado por los ediles de su gabinete, “y presentaré mi dimisión voluntaria como presidente de la Deputación”. Aseguró además que pudo haber enviado alguna broma o chiste por whatsapp, pero que “jamás” acosó a nadie. “Esto no me coge por sorpresa porque este tipo de bulos ya los he vivido”, dijo.

El programa de televisión que destapó las acusaciones reprodujo pantallazos del canal interno del partido en el cual se recogió la denuncia. “[José Tomé] lleva tiempo acosando a muchas de las mujeres del partido en toda la provincia”. En otra de las capturas se recogía: “Me informa de que va a quitar unas plazas de interinidad. Me dice que si quiero tener alguna posibilidad para acceder a ellas debería de darle una recompensa. Yo no lo entendía hasta que textualmente me dijo que si quería algo debía acostarme con él”. “Le da igual que seas militante, simpatizante, concejala, trabajadora, alcaldesa, periodista o diputada. No se salva nadie”, añadía

El caso que afecta a Tomé, uno de los socialistas gallegos que acumula mayor poder institucional -además de presidente del ente provincial, es alcalde de Monforte de Lemos, en este caso con mayoría absoluta y sin depender de pactos-, saltó a la luz en plena convulsión por los casos de acoso denunciados ante Ferraz contra Francisco Salazar.

El secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro -que también presidió la Deputación lucense-, suspendió esta mañana su agenda pública y todavía no ha hablado sobre lo sucedido. Su número dos, Lara Méndez, que sí compareció tras la Xunta de Portavoces del Parlamento gallego, aseguró que le producía repugnancia y anunció un “pronunciamiento contundente” del partido.

El PSOE le pide que deje sus actas

Terminada la comparecencia vespertina de Tomé, el PSdeG difundió un comunicado coordinado con la dirección federal del PSOE en el que señala que pedir la suspensión de militancia, dimitir como presidente de la Deputación y abandonar los grupos socialistas “es lo que tenía que hacer” y lo que le había reclamado el partido que hiciese. El Partido Socialista, tanto en el nivel autonómico como en el estatal, le exige también que entregue sus actas, algo a lo que el aún presidente de la Deputación se ha negado: en su comparecencia dijo que mantendrá tanto la de diputado provincial como la de concejal en Monforte, en donde va a seguir siendo alcalde.

La Secretaría de Organización del PSOE adelanta que va a admitir la petición hecha por el PSdeG de nombrar de forma inmediata una Comisión Gestora en la provincia de Lugo y aclara que el Órgano contra el Acoso recibió el lunes por la tarde la denuncia y diversos testimonios de este caso. Inició ese mismo día el análisis y el expediente seguirá su curso hasta llegar al informe de conclusiones, un proceso que no se detiene por la suspensión de militancia.

Por su parte, el PSdeG insiste en que no tiene conocimiento de ninguna denuncia en el canal interno porque el protocolo que activa el partido garantiza el anonimato. “La dirección del Partido Socialista en Galicia ante cualquier conducta machista y en cualquier contexto siempre ha tenido y tendrá la misma respuesta: apoyar a las víctimas y animarlas a denunciar”, sostiene.

Galicia está ensayando un método para borrar de un plumazo lo fundamental de sus listas de espera en pruebas diagnósticas ecográficas solicitadas por los médicos de Atención Primaria. El pasado 13 de noviembre la dirección del área sanitaria de Santiago de Compostela comunicó el inicio de su plan por medio de un correo electrónico que ha revolucionado las consultas de los médicos que defienden la primera línea de batalla en el cuidado de la salud de los ciudadanos que tienen asignados. El mensaje, a cuyo contenido ha tenido acceso elDiario.es y que se puede leer en su integridad al final de estas líneas, incide en un dato que preocupa a los gestores sanitarios: solo en el área de atención que afecta a la capital gallega y su comarca hay 12.000 ecografías solicitadas, pero aún pendientes, algunas con retrasos cercanos a un año. Muchas de esas pruebas se derivan a la sanidad privada, a través de los centros concertados con los que trabaja el sistema público.

La comunicación remitida por las autoridades sanitarias gallegas a sus facultativos anunciando revisiones del trabajo pendiente es clara a la hora de explicar el propósito de su plan: “El objetivo es reducir la lista de espera, eliminar peticiones innecesarias y priorizar las de mayor valor clínico”.

Con esa finalidad el Servizo Galego de Saúde (Sergas) se dispone a recalificar las pruebas que los doctores de Atención Primaria habían pedido para sus pacientes. Se pretende eliminar duplicidades, revalorar la prioridad de cada prueba y, sobre todo, enfrentar la lista de espera no con un aumento de personal para sacar adelante el trabajo, sino con la creación de un grupo de trabajo que se está encargando ya de anular pruebas, reevaluar otras y priorizar las menos. El equipo que el Gobierno de Galicia ha elegido para la tarea responde al nombre de “Unidad de Valoración Ecográfica de Atención Primaria”.

Aquellos a quienes se les están cancelando o reevaluando pruebas, previamente autorizadas por su médico, solo podrán hacerse sus ecografías de manera inmediata si acuden a un centro privado, previo paso por caja. Muchos de ellos llevan casi un año esperando por un diagnóstico y ahora vuelven a la casilla de salida de la sanidad pública por las decisiones de esa nueva unidad evaluativa cuya composición la Xunta no aclara, amparándose en los derechos de protección de datos.

Los 18 del 'comando ecografía'

Nadie conoce sus indentidades, solo que son 18 médicos a los que el Sergas ha encargado la tarea de adelgazar la desproporcionada lista de espera conformada por miles de ecografías que estaban esperando multitud de pacientes del área de Santiago. El equipo lleva trabajando apenas tres semanas. En ese tiempo han revisado 800 pruebas solicitadas por los médicos de cabecera. La conclusión de este trabajo, según los datos ofrecidos por la Xunta a esta redacción, es demoledora: el 95% de las pruebas se quedarán en un limbo y solo 40 de esos pacientes tendrán, a lo largo de los próximos días, la cita con los ecógrafos que sus médicos han recomendado para evaluar sus dolencias.

Cuando este equipo niega la luz verde a la prueba solicitada pueden pasar dos cosas: la primera es que ese examen quede anulado, la segunda es que el proceso vuelva de nuevo al médico de cabecera que solicitó la ecografía para que, durante una nueva cita con el paciente, decida si se reafirma en su primera decisión.

Conscientes de que su plan puede suponer de facto una desautorización del trabajo de los médicos de Atención Primaria, la administración se justifica en el correo electrónico enviado a mediados de noviembre: “No se pretende cuestionar ninguna indicación, sino facilitar la realización de las ecografías realmente necesarias y optimizar los recursos”.

Otra barrera para la atención hospitalaria

Desde una de esas consultas una doctora con décadas de experiencia explica a esta redacción cómo es el momento en el que le tiene que decir a los usuarios que la prueba de la que estaban pendientes no se va a realizar: “Es frustrante cuando tengo que explicar que contra mi criterio otra persona ha decidido que no se va a hacer una prueba o que un especialista ha decidido no verlo. Si el paciente confía en ti sabe que no eres el responsable de esa negativa”. La medida, asegura esta doctora, tiene el riego de convertirse en “otra barrera de acceso desde la Atención Primaria a la atención hospitalaria”.

Sobre todo lo anterior sobrevuela la intención de la Xunta de hacer que sean los médicos de familia quienes se encarguen de realizar ellos mismos las pruebas ecográficas que consideren oportunas. Desde las consultas confirman a esta redacción que en algunos centro de salud han empezado a llegar pequeños aparatos portátiles de exploración ecográfica para que los médicos de cabecera asuman esa nueva tarea. En comunicación con esta redacción, un portavoz de la Consellería de Sanidade lo rubricaba en los siguientes términos: “La Xerencia de Santiago trabaja para darle mayor autonomía a la primaria, ampliando la cartera de servicios en muchos centros: además de la ecografía clínica, se realizan cirugía menor o infiltraciones”.

Mientras tanto el equipo de 18 doctores creado por la sanidad gallega para purgar las listas de espera sigue con su trabajo. En sus primeras tres semanas solo ha priorizado el 5% de las pruebas que estaban pedidas. Además, altos cargos de las gerencias de cuatro áreas sanitarias gallegas han asegurado a fuentes consultadas por esta redacción haber recibido la orden informal de dejar de derivar este tipo de pruebas a clínicas concertadas. En la consellería de Sanidade niegan que tal afirmación se corresponda con la realidad.

“Volem sentir-li-ho. Ha de dir i desenvolupar cada punt”. Algunes fonts pròximes a Vox consultades per elDiario.es es pronuncien en aquests termes en referència al discurs d’investidura de Juan Francisco Pérez Llorca, fins ara síndic del PP, que s’esdevindrà aquest dijous a partir de les 11.00 en les Corts Valencianes.

Les espases estan alçades. Malgrat els missatges de sintonia i optimisme que han traslladat sobretot des de les files del PP, des de les files de Santiago Abascal arriben al ple sense una decisió presa sobre el seu suport al candidat dels populars i mà dreta de l’encara cap del Consell en funcions, Carlos Mazón. Més encara, no descarten anar a una segona volta que tindria lloc 48 hores després, és a dir, dissabte, tret que la Mesa de les Corts acordara portar-la al dilluns 1 de desembre.

De fet, les mateixes fonts han assegurat que durant tot aquest temps des que el 3 de novembre passat Mazón va anunciar la dimissió, no hi ha hagut una negociació com a tal per a tancar un programa. Més encara, des de Vox han dictat al PP una sèrie de punts que Pérez Llorca ha d’incloure i desenvolupar de manera irrenunciable en la seua intervenció.

I quins són aquests punts? Principalment cinc. En primer lloc, una reducció dràstica de la pressió fiscal fins al punt de convertir la Comunitat Valenciana en l’autonomia amb menys càrrega d’Espanya. El que no està clar és com es finançarien els serveis públics sense aplicar retallades, tenint en compte que, a més, la valenciana és la comunitat més infrafinançada d’Espanya, cosa que l’ha duta a disparar el seu deute.

Un altre dels punts clau serà el relatiu a la negativa a assumir menors migrants. En aquest sentit, Vox planteja que s’establisquen relacions amb els països d’origen per a tornar-los amb les seues famílies. Els pressupostos autonòmics acordats amb Mazón per a aquest exercici ja van incloure destinar 100.000 euros a la realització de proves d’edat als menors que arribaren a la Comunitat Valenciana i dos milions d’euros més per a fomentar “acords de col·laboració amb països d’origen de menors no acompanyats per a reagrupacions familiars”.

En aquesta línia, Pérez Llorca també haurà d’incloure en el seu discurs un compromís per a tallar qualsevol mena d’ajuda econòmica a les organitzacions no governamentals que, segons els ultres, promouen la immigració.

La censura del Pacte Verd Europeu és un altre dels punts claus en què des de les files de Vox han demanat al PP màxima contundència, un exercici complicat per als populars, que a Brussel·les l’han secundat sense fissures amb el suport dels socialistes.

I finalment, l’extrema dreta exigeix també mesures concretes encaminades a fomentar el que denominen la llibertat lingüística, en altres paraules, que en compte de fomentar l’ús del valencià, es relegue sota el paraigua de la voluntarietat i la llibertat en l’àmbit de l’educació, i que al mateix temps s’elimine com a requisit en determinats àmbits de l’ocupació pública.

Les fonts de Vox consultades per aquesta redacció són escèptiques sobre el contingut global del discurs de Pérez Llorca, ja que la realitat és que no tenen clar que les converses mantingudes en els últims dies amb els populars valencians, de la corda de Mazón, tinguen l’aval de Génova. Per aquest motiu decidiran el sentit del seu vot pràcticament en temps real i, per descomptat, la decisió serà de la direcció nacional del partit de Santiago Abascal, que seguirà l’evolució del ple.

Amb un total de 99 diputats en l’hemicicle, el PP amb 40 escons necessita el suport de Vox, amb 13, en qualsevol escenari. Encara que en una hipotètica segona volta Pérez Llorca podria resultar elegit per majoria simple, els números no li eixirien, ja que el PSPV té 31 diputats i Compromís, 15.

“Queremos escuchárselo. Tiene que decir y desarrollar cada punto”. Diversas fuentes cercanas a Vox consultadas por elDiario.es se pronuncian en estos términos en referencia al discurso de investidura de Juan Francisco Pérez Llorca, hasta ahora síndic del PP, que tendrá lugar este jueves a partir de las 11.00 horas en las Corts Valencianes.

Las espadas están en todo lo alto. A pesar de los mensajes de sintonía y optimismo que han trasladado sobre todo desde las filas del PP, desde las filas de Santiago Abascal llegan al pleno sin una decisión tomada sobre su apoyo al candidato de los populares y mano derecha del aún jefe del Consell en funciones, Carlos Mazón. Es más, no descartan ir a una segunda vuelta que tendría lugar 48 horas después, es decir, este sábado, salvo que la mesa de las Corts acordara llevarla a la semana que viene.

De hecho, las mismas fuentes han asegurado que durante todo este tiempo desde que el pasado 3 de noviembre Mazón anunció su dimisión no ha habido una negociación como tal para cerrar un programa. Más bien, desde Vox han dictado al PP una serie de puntos que Pérez Llorca debe incluir y desarrollar de forma irrenunciable en su intervención.

¿Y cuáles son esos puntos? Principalmente cinco. En primer lugar, una drástica reducción de la presión fiscal hasta el punto de convertir a la Comunitat Valenciana en la autonomía con menor carga de España. Lo que no está claro es cómo se financiarán los servicios públicos sin aplicar recortes, teniendo en cuenta que además la valenciana es la comunidad más infrafinanciada de España, lo que le ha llevado a disparar su deuda.

Otro de los puntos clave será el relativo a la negativa de asumir menores migrantes. En este sentido, Vox plantea que La Generalitat Valenciana establezca relaciones con los países de origen a fin de poder localizar a los padres o familiares más cercanos para devolverlos con ellos. Los presupuestos autonómicos acordados con Mazón para el presente ejercicio ya incluyeron destinar 100.000 euros a la realización de pruebas de edad a los menores que llegaran a la Comunitat Valenciana y otros 2 millones de euros para fomentar “acuerdos de colaboración con países de origen de menores no acompañados para reagrupaciones familiares”.

En esta línea, Pérez Llorca también deberá incluir en su discurso un compromiso para cortar cualquier tipo de ayuda económica a las organizaciones no gubernamentales que según los ultras promueven la inmigración.

La censura del Pacto Verde Europeo es otro de los puntos claves en los que desde las filas Vox han pedido al PP máxima contundencia, un ejercicio complicado para los populares, puesto que en Bruselas lo han apoyado sin fisuras con el apoyo de los socialistas.

Y por último, la extrema derecha exige también medidas concretas encaminadas a fomentar lo que denominan la libertad lingüística, en otras palabras, que en lugar de fomentar el uso del valenciano, se relegue bajo el paraguas de la voluntariedad y la libertad en el ámbito de la educación, y que al mismo tiempo se elimine como requisito en determinados ámbitos del empleo público. También se pide un paso más para asfixiar y desacreditar a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), que ya ha sufrido un duro recorte del 50% en sus cuentas del presente año.

Las fuentes de Vox consultadas por esta redacción son escépticas sobre el contenido global del discurso de Pérez Llorca puesto que la realidad es que no tienen claro que las conversaciones mantenidas en los últimos días con los populares valencianos, de la cuerda de Mazón, tengan el aval de Génova. Por este motivo decidirán el sentido de su voto prácticamente en tiempo real y por supuesto la decisión será de la dirección nacional del partido de Santiago Abascal, que seguirá la evolución del pleno.

Con un total de 99 diputados en el hemiciclo, el PP con 40 escaños necesita el apoyo de Vox, con 13, en cualquier escenario. Aunque en una hipotética segunda vuelta Pérez Llorca podría resultar elegido por mayoría simple, los números no le darían ya que el PSPV cuenta con 31 diputados y Compromís con 15.

Norberto Uzal, ex alto cargo en el Gobierno de Feijóo, acaba de ser condenado por la Audiencia Nacional a 19 años y medio de prisión por sus manejos en una trama empresarial que operaba en el sector de los hidrocarburos al margen de las ordenanzas fiscales. El tribunal condena a Uzal por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, en relación a sus actividades privadas tras abandonar la Xunta.

Uzal fue director general de la compañía Hafesa Energía y, antes de su paso al sector privado, tuvo responsabilidades en la Xunta. En concreto, cuando el ahora líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dirigía el Gobierno gallego, y el actual presidente autonómico, Alfonso Rueda, era conselleiro de Presidencia, Uzal fue director xeral de Administración local entre 2009 y 2013.

La Audiencia Nacional (AN) ha condenado a multa a la compañía en la que ostentaba puestos de dirección y a penas de cárcel a un total de 14 personas por un fraude fiscal en concepto de IVA de hidrocarburos de 154 millones de euros entre 2016 y 2019. Además de las penas de prisión, que traen causa de varios delitos fiscales, de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, se le impone (de forma conjunta con otros implicados en la trama) el pago de multas que suman más de cien millones de euros.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal impone a Hafesa Energía multas por alrededor de la cantidad defraudada, como cooperadora necesaria de los delitos contra la Hacienda Pública. Para los condenados sentencia a penas que van desde los seis meses de prisión a varios años de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales o pertenencia a organización criminal.

IVA impagado

El tribunal da por probado que Hafesa Energía es la mercantil del Grupo Hafesa que actuó como proveedor del producto “a todas las operadoras creadas o instrumentalizadas por la organización comercial y empresarial a efectos de consumar el fraude (que abarca tanto los aspectos de defraudación fiscal como los relativos al blanqueo de cantidades dinerarias ilícitamente obtenidas)”. “Habiendo quedado acreditado que desde dicha entidad se ideó el plan, la organización y la estructura con la finalidad de operar el sector de compra, distribución y venta de productos petrolíferos en beneficio propio y con el fin de la obtención de mayores beneficios comerciales”, añade.

Los magistrados señalan que la venta de productos a dichas sociedades permitió a Hafesa colocar grandes cantidades de hidrocarburo, ya que “las entidades de la organización ofrecían precios más ventajosos que los de su competencia, a costa del IVA que no abonaron”. Al respecto, exponen que “ha quedado acreditado que el fraude fiscal verificado por Hafesa y el resto de los encausados, utilizando las referidas mercantiles instrumentales, ha ascendido a un total de 154.729.899,59 euros”.

Hafesa anuncia recurso

Hafesa Energía ha emitido un comunicado en el que muestra su respeto hacia la sentencia, pero avanza que la recurrirá ante la Sala de Apelación de la AN al entender que el resultado de la prueba practicada en el juicio “es contradictorio con las conclusiones del tribunal” y defender “la corrección de sus actuaciones”.

La compañía solicitará que se revoque la sentencia y ser absuelta, ya que sostiene que su relación con el resto de las operadoras “se limitó a una colaboración comercial, sin la existencia de colusión alguna para alterar los precios del mercado de hidrocarburos, ni la injerencia ni dirección por parte de Hafesa para defraudar el IVA por parte de las operadoras objeto de enjuiciamiento”.

Asimismo, ha indicado que esta decisión judicial “no afecta en modo alguno a la continuidad de sus operaciones, que se mantienen con total normalidad”, por lo que “continúa prestando sus servicios y cumpliendo con sus compromisos con clientes, proveedores y colaboradores, manteniendo su compromiso con la transparencia y el cumplimiento normativo”.

Conectado con Feijóo y Rueda

El currículum de Norberto Uzal tiene un punto destacado en su paso por la Xunta, a la que llegó en 2009 de la mano de Alfonso Rueda, entonces número dos de Alberto Núñez Feijóo y hoy su sucesor en el Gobierno autonómico. El cargo que se le encomendó fue el de director xeral de Administración Local. Sobre las funciones de ese cargo, la web de la administración gallega aclara que son las siguientes: La Dirección Xeral de Administración Local se dedica a colaborar con los ayuntamientos para convocar y ejecutar subvenciones y para gestionar programas financiados por la Unión Europea. El nombramiento de Uzal para el primer gobierno de Feijóo ya estuvo marcado por la polémica en su momento, al proceder este del ámbito de la ultraderecha. En 1994 fue candidato de Falange a las elecciones europeas.

El relleu del president de la Generalitat en funcions, Carlos Mazón, va lent i al ritme que marca Vox. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, es va afanyar a telefonar –amb l’anunci corresponent– a Santiago Abascal el 4 de novembre passat, 24 hores després que dimitira Mazón, per a encetar les converses. Però no serà fins divendres 7 de novembre, tres dies després, que els dos partits s’asseuran per primera vegada a negociar el candidat a la successió i el seu programa electoral. Segons ha pogut saber elDiario.es, la primera reunió s’esdevindrà en secret i a València i hi acudiran representants de la direcció nacional de Vox i del PP de la Comunitat Valenciana.

Fins divendres, i segons confirmen fonts de tota solvència, entre l’anunci de contactes d’Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal totes les telefonades que s’han produït entre els equips negociadors han sigut per a tancar el lloc i la data de la primera reunió. Hui dia, no s’ha aconseguit res més. Ni el possible candidat o candidata, ni les exigències de Vox per a investir un candidat. El PP té fins al dia 19 de novembre per a presentar en les Corts un nom, però això no es produirà fins a tindre’l tancat amb el partit d’Abascal. Bàsicament, fins que Vox li done l’aprovació, si és que li la dona.

A la reunió secreta de divendres, de la qual no hi ha previst informar fins al moment, acudiran persones de la màxima confiança d’Abascal. Entre elles, Ignacio Garriga, secretari general de Vox i designat per Abascal per a aquesta negociació, i la seua mà dreta Montserrat Lluís, secretària general adjunta i vicesecretària nacional d’Acció de Govern, que ja va negociar els pressupostos del 2025 amb el PP valencià. Tots dos són els lloctinents del dirigent ultra en les negociacions autonòmiques i ja han capitanejat processos complexos. En aquesta ocasió amb bon final per a Carlos Mazón, ja que va aconseguir amb el pacte pressupostari oxigen polític uns mesos i li va permetre tindre uns comptes per a la reconstrucció. Per part del PP valencià, hi haurà representants de la direcció autonòmica i una de les exigències és informar en tot moment la direcció nacional d’Alberto Núñez Feijóo.

En Vox, que ja ha traslladat que farà “suar sang” al PP, tenen moltes reticències en aquesta negociació. Segons han explicat a elDiario.es fonts coneixedores de la negociació que arranca, no s’acaben de fiar de les paraules dels de Mazón, perquè les direccions valenciana i nacional estan enfrontades. Aquesta font recorda l’enfrontament amb cara de pomes agres el cap de setmana passat entre el PP valencià i l’equip de Feijóo, que va acabar amb l’abrupta dimissió de Carlos Mazón un dilluns sense haver designat clarament un candidat. En la formació ultra no saben si els compromisos que adquirisquen les persones del PP que s’asseguen a negociar després les compliran o si podria posteriorment desautoritzar-los. I recorden constantment que l’eixida de Mazón va enfosquir el judici al Fiscal General de l’Estat, on els ultres tenien tota l’artilleria preparada.

La veritat és que, de moment, Vox té pocs incentius per a donar una solució ràpida a un problema que s’ha generat en el PP. I, com ja han dit, la seua intenció és que el partit de l’Alberto Núñez Feijóo assumisca la seua agenda per a les seues polítiques a la Comunitat Valenciana. “No parlem de persones, parlem d’idees”, traslladen els dirigents ultres a l’uníson. Com van fer amb anterioritat, els de l’extrema dreta buscaran que se subscriguen uns compromisos que simbolitzen la seua força en l’autonomia: atacs a la immigració, al valencià i a les polítiques contra el canvi climàtic, entre altres. Fa poc van pressionar amb canvis en prestacions socials com la renda valenciana d’inclusió o reformes de la llei de senyals d’identitat, en la seua línia ja marcada. Els ultres ja han forçat eleccions a Extremadura i Castella i Lleó, així que, per què no fer-ho a la Comunitat Valenciana, si a més, pugen en les enquestes com l’espuma.

Vox confirma que ja hi ha hagut contactes amb el PP per a abordar aquesta qüestió, com va traslladar Abascal, però la branca valenciana desconeix si es donarà una trobada cara a cara. L’equip del PP que encara pilota Carlos Mazón no ha respost a les preguntes d’eDiario.es. La direcció dels ultres ha renovat aquesta setmana el Comité Executiu Provincial, l’òrgan encarregat d’elaborar les llistes electorals, entre altres qüestions, amb Vicente Barrera –expresident amb Mazón– al capdavant. En l’entorn negociador també orbita el cap de gabinet de Llanos Massó, Emilio Villarreal, que té contacte amb Juanfran Pérez Llorca, el candidat que els mazonistes volen imposar a la direcció nacional de Gènova.

“En cap cas” es pilotarà des de Madrid

Després de dies d’ambigüitat en el partit i silenci en l’entorn del president, en el PP valencià han volgut llançar dijous el missatge que no hi ha tuteles del procés des de Madrid. La portaveu adjunta en les Corts Valencianes, Laura Chuliá –que exerceix el paper de Pérez Llorca en la cambra– ha afirmat dijous que “en cap cas” el procés de negociació per al relleu de Carlos Mazón al capdavant de la Generalitat es pilotarà només des de Madrid, sinó que “sempre es farà de connivència amb els desitjos de tots els valencians”. Chuliá ha emmarcat els contactes per a la negociació “sota la responsabilitat de la discreció, la tranquil·litat i, sobretot, la credibilitat que ha de tindre tot aquest procés”. I sobre Pérez Llorca, ha recalcat: “No forma part ara mateix del poder executiu ni de la gestió de l’emergència”, un matís interessant a l’hora de bregar per aquest nom.

El número dos de Mazón està desaparegut públicament des de la maniobra de divendres passat, on van cremar el president de la Diputació de València, Vicente Mompó, en difondre’s que els presidents provincials el secundaven com a successor. El PPCV tampoc ha respost a les preguntes d’aquest diari sobre on es troba el portaveu i secretari general.

El relevo del presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, va lento y al ritmo que marca Vox. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se apresuró a llamar –con su correspondiente anuncio– a Santiago Abascal el pasado día 4 de noviembre, 24 horas después de que dimitiera Mazón, para iniciar las conversaciones. Pero no será hasta este viernes 7 de noviembre, tres días después, que los dos partidos se sentarán por primera vez a negociar el candidato a la sucesión y su programa electoral. Según ha podido saber elDiario.es, la primera reunión se celebrará en secreto y en València y a ella acudirán representantes de la dirección nacional de Vox y del PP de la Comunitat Valenciana.

Hasta este viernes y según confirman fuentes de toda solvencia, entre el anuncio de contactos de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal todas las llamadas que se han producido entre los equipos negociadores han sido para cerrar el lugar y la fecha de la primera reunión. A día de hoy, no se ha alcanzado nada más. Ni el posible candidato o candidata, ni las exigencias de Vox para investir a un candidato. El PP tiene hasta el día 19 de noviembre para presentar en las Corts un nombre, pero esto no se producirá hasta tenerlo cerrado con el partido de Abascal. Básicamente hasta que Vox le dé la aprobación, si es que se la da.

A la reunión secreta de este viernes, de la que no hay previsto informar hasta el momento, acudirán personas de la máxima confianza de Abascal. Entre ellas, Ignacio Garriga, secretario general de Vox y designado por Abascal para esta negociación, y su mano derecha Monserrat Lluís, Secretaria General Adjunta y Vicesecretaria Nacional de Acción de Gobierno, quien ya negoció los presupuestos de 2025 con el PP valenciano. Ambos son los lugartenientes del dirigente ultra en las negociaciones autonómicas y ya han capitaneado procesos complejos. En esa ocasión con buen final para Carlos Mazón, ya que consiguió con el pacto presupuestario oxígeno político unos meses y le permitió contar con unas cuentas para la reconstrucción. Por parte del PP valenciano, habrá representantes de la dirección autonómica y una de las exigencias es informar en todo momento a la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo.

En Vox, que ya ha trasladado que hará “sudar sangre” al PP, tienen muchas reticencias en esta negociación. Según han explicado a elDiario.es fuentes conocedoras de la negociación que arranca, no se acaban de fiar de las palabras de los de Mazón porque las direcciones valenciana y nacional están enfrentadas. Esta fuente recuerda el enfrentamiento a cara de perro el pasado fin de semana entre el PP valenciano y el equipo de Feijóo, que acabó con la abrupta dimisión de Carlos Mazón un lunes sin haber designado claramente a un candidato. En la formación ultra no saben si los compromisos que adquieran las personas del PP que se sienten a negociar después las cumplirán o si podría posteriormente desautorizarles. Y recuerdan constantemente que la salida de Mazón opacó el juicio al Fiscal General del Estado, donde los ultras tenían toda la artillería preparada.

La verdad es que, de momento, Vox tiene pocos incentivos para dar una solución rápida a un problema que se ha generado el PP. Y como ya han dicho, su intención es que el partido del Alberto Núñez Feijóo asuma su agenda para sus políticas en la Comunitat Valenciana. “No hablamos de personas, hablamos de ideas”, trasladan los dirigentes ultras al unísono. Como hicieron con anterioridad, los de la extrema derecha buscarán que se suscriban unos compromisos que simbolicen su fuerza en la autonomía: ataques a la inmigración, al valenciano y a las políticas contra el cambio climático, entre otros. Recientemente presionaron con cambios en prestaciones sociales como la renta valenciana de inclusión o reformas de la ley de señas de identidad, en su línea ya marcada. Los ultras ya han forzado elecciones en Extremadura y Castilla y León, así que por qué no hacerlo en la Comunitat Valenciana, cuando además, suben en las encuestas como la espuma.

Vox confirma que ya ha habido contactos con el PP para abordar esta cuestión, como trasladó Abascal, pero la rama valenciana desconoce si se dará un encuentro cara a cara. El equipo del PP que todavía pilota Carlos Mazón no ha respondido a las preguntas de elDiario.es. La dirección de los ultras ha renovado esta semana el Comité Ejecutivo Provincial, el órgano encargado de elaborar las listas electorales, entre otras cuestiones, con Vicente Barrera –expresidente con Mazón– a la cabeza. En el entorno negociador también orbita el jefe de gabinete de Llanos Massó, Emilio Villarreal, que tiene contacto con Juanfran Pérez Llorca, el candidato que los mazonistas quieren imponer a la dirección nacional de Génova.

“En ningún caso” se va a pilotar desde Madrid

Tras días de ambigüedad en el partido y silencio en el entorno del president, en el PP valenciano han querido lanzar este jueves el mensaje de que no hay tutelas del proceso desde Madrid. La portavoz adjunta en las Corts Valencianes, Laura Chuliá –que está ejerciendo el papel de Pérez Llorca en la Cámara– ha afirmado este jueves que “en ningún caso” el proceso de negociación para el relevo de Carlos Mazón al frente de la Generalitat se va a pilotar solo desde Madrid sino que “siempre se va a hacer en connivencia con los deseos de todos los valencianos”. Chuliá ha enmarcado los contactos para la negociación “bajo la responsabilidad de la discreción, la tranquilidad y, sobre todo, la credibilidad que tiene que tener todo este proceso”. Y sobre Pérez Llorca, ha recalcado: “No forma parte ahora mismo del poder ejecutivo ni de la gestión de la emergencia”, un matiz interesante a la hora de bregar por este nombre.

El número dos de Mazón lleva desaparecido públicamente desde la maniobra del pasado viernes, donde quemaron al presidente de la diputación de València, Vicente Mompó, al difundirse que los presidentes provinciales lo apoyaban como sucesor. El PPCV tampoco ha respondido a las preguntas de este diario sobre dónde se encuentra el portavoz y secretario general.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional acaba de entregar un informe al juzgado en el que intenta explicar cómo es posible que una nave de un polígono industrial de Santiago, propiedad de un empresario acuciado por embargos y deudas, haya terminado convertida en el escenario principal de Animal, la serie que triunfa en Netflix y que protagoniza el actor Luís Zahera.

La investigación policial no pone reparos a la intervención de la productora detrás de la exitosa ficción en el alquiler del inmueble que convirtió en Kawanda, una gran tienda de mascotas en donde desarrolla la trama que triunfa estos días en la plataforma de streaming. Lo que investigan los agentes es cómo el dinero generado por esos alquileres ha acabado en manos de José Manuel Rey Novoa, el empresario investigado tras quebrar el diario El Correo Gallego y perder su propiedad, y al que persiguen embargos y deudas, además de una extensa investigación del juzgado número 1 de Santiago por sus maniobras para manejar dinero sin atender a las obligaciones pendientes con empleados y acreedores.

La antigua sede del rotativo, antes de que el periódico pasase a manos de Prensa Ibérica durante el concurso de acreedores y se trasladase de edificio, estaba ubicada en una nave del polígono industrial Costa Vella, en Santiago de Compostela. Ese es el inmueble que los productores de Animal eligieron para construir los decorados donde se desarrolla la serie que esta semana ocupó el número uno de visualizaciones de Netflix en España. Los agentes han detectado una maniobra para realizar el alquiler, que consiste en la utilización de una empresa interpuesta.

Dicho en otras palabras, Rey Novoa habría provocado un subarriendo aparentemente sin contrato por medio de una empresa llamada Asemali Inversiones. Esta segunda empresa es quien acaba acordando con la productora de la serie, Alea Lágrimas, el alquiler del inmueble donde Luís Zahera atiende en la ficción a todo tipo de animales, siempre dentro del personaje que lo dibuja como un veterinario de carácter muy particular y con la vis cómica habitual en el intérprete compostelano. En una providencia dictada el pasado 15 de octubre, la magistrada cita a declarar a los responsables de Asemali Inversiones para que expliquen sus apaños en el alquiler de la antigua sede del rotativo compostelano.

En el informe que los investigadores enviaron a la jueza Ana López-Suevos el pasado 8 de octubre se concluye que los 27.189 euros que la productora pagó por alquilar la sede donde se rodó la serie acabarían en manos del polémico exdirector de El Correo Gallego. El informe de 26 páginas asegura: “El 85% de ese dinero fue a parar a la cuenta de Think First (empresa controlada por Rey Novoa) y de ese, más de 14.850 euros terminaron a disposición del investigado”. La operativa para hacerse con el dinero es conocida ya por los años de observancia que la UDEF lleva sobre Rey Novoa: en cuanto el dinero entraba en cuentas corrientes a las que él tenía acceso, se iniciaba un periplo de visitas a cajeros automáticos para retirar grandes cantidades de efectivo, así como una serie de transferencias para poner el dinero a buen recaudo y lejos del alcance de acreedores o de la propia justicia.

Operativa frenética, caos financiero y ético

Los manejos de este empresario que lo fue todo en el periódico de la capital de Galicia son de sobra conocidos para la jueza que lo investiga y los agentes que intentan perseguir su frenética operativa para conservar todo el dinero que pasa por sus manos sin entregárselo a aquellos con los que ha incurrido en deudas a lo largo de los años. Fue durante los mandatos de Alberto Núñez Feijóo cuando Rey Novoa se hizo con la propiedad de El Correo Gallego y arrastró a la empresa a un caos financiero y ético que ahora está en el punto de mira del juzgado de instrucción número 1 de Santiago. A Rey Novoa se le investiga por un presunto delito de administración desleal y otro de blanqueo de capitales.

En su barco de perseguidos por la justicia también viajan su mujer, Fátima Otero, y el exgerente del periódico, Ángel Remesar. Nadie de la Xunta ha sido imputado por el momento, aunque parte del grueso de la información que maneja la jueza pone en cuestión el papel de la Administración que presidía Feijóo y su empeño en seguir regando de dinero a un medio de comunicación afín al PP que tenía todas sus cuentas embargadas y convertido en un habitual de la lista de morosos de Hacienda. La Xunta llegó a prestarle al empresario 2,5 millones de dinero público para hacer frente a sus deudas con Hacienda y la Seguridad Social. El dinero nunca se recuperó.

Cuando este empresario decidió alquilar la nave desde donde su rotativo publicaba cada día noticias contra los gobiernos de las Mareas, que llegaron a los ayuntamientos en 2015, la UDEF llevaba ya más de un año investigándole y el juzgado le perseguía precisamente por esconder dinero ajeno y eludir las deudas propias. Al frente del rotativo llegó a acumular hasta 24 meses de impagos en las nóminas de su plantilla, pero eso no fue un obstáculo para que el propio Feijóo acudiese a la fiesta de “Gallegos del Año”, en la que tuvo la osada idea de premiar a sus trabajadores con un diploma para agradecerles el esfuerzo de seguir llevando al quiosco un periódico cada día, sin que sus salarios se abonasen con el vencimiento de los meses.

Capacidad para hacer dinero y esconderlo

Ahora, la visibilidad de la serie que triunfa en Netflix ha vuelto a poner el foco sobre este empresario compostelano y su eterna capacidad para hacer dinero y esconderlo. La ficción ha convertido en la tienda de mascotas Kawanda lo que antes era un periódico que (ahora en manos de otra propiedad) intentaba marcar el paso en la política local de la capital gallega. De aquellos ríos de tinta que gobernó en su día, para Rey Novoa solo quedan las publicaciones que regularmente firma la UDEF con él de protagonista. Y ahora también una serie: Animal.

La fiebre de mociones de censura que recorre la vida municipal gallega tiene nueva parada en Santiago de Compostela. En un giro inesperado de los acontecimientos que precipitaron la purga impulsada por el PSOE contra cuatro de sus concejales, el PP abre sus brazos ahora a convertir en alcaldesa a Mercedes Rosón, exlider socialista, al frente de un pequeño grupo de cuatro no adscritos que han quedado en tierra de nadie. Ante los rumores de moción, los exsocialistas manifestaron este martes que solo aceptarían un movimiento de esta índole con su líder en la alcaldía. El popular Borja Verea ha recogido el guante y acepta negociar un gobierno de coalición para echar a la nacionalista Goretti Sanmartín del sillón de mando y sustituirla por Rosón. El pacto que acepta el concejal del PP supondría dar el mando de la capital gallega a un pequeño grupo de cuatro concejales de izquierda, con el apoyo de otros 11 del Partido Popular.

“Para mí no hay líneas rojas, ni siquiera ese sillón”, ha asegurado Verea este miércoles en declaraciones a la cadena Radiovoz. El movimiento, de ser aceptado, supondría una completa revolución en el reparto de poder de la capital gallega y una de las primeras ocasiones en las que el Partido Popular está dispuesto a ceder el mando a un grupo mucho menos voluminoso y de ideología progresista.

Verea defiende su oferta como un gesto de “generosidad” y la condiciona a un acuerdo de 10 puntos “que no entienden de partidos, ni de ideología”. A solo dos años de las próximas elecciones municipales, el cambio en la capital gallega convertiría en efímero el paso del BNG por la alcaldía, de la mano de Compostela Aberta (CA), confirmaría el problema que el PSOE creó con la incomprendida expulsión de cuatro de sus concejales y reforzaría a un Verea, a quien en el PP empieza a discutir como candidato en la próxima cita, sondeando otros nombres como el de la secretaria general de la formación, Paula Prado.

Verea asegura que no ha mantenido ningún contacto para la puesta en marcha de lo que califica como “un Gobierno de emergencia” y se mantiene a la espera de que los cuatro concejales que el PSOE expulsó de sus filas mantengan su planteamiento de aceptar una moción de censura si el resultado es convertir a Rosón en alcaldesa.

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy ha alertado de los riesgos de planteamientos como lo que Vox ha introducido en el debate político y a cuya estela ha quedado atrapado Feijóo en multitud de ocasiones. El expresidente del Gobierno ha asegurado que “el populismo siempre pesca en río revuelto y ha pescado en el tema de la inmigración”. Sin citar a Vox directamente, Rajoy ha asegurado que este tipo de debates “le vienen bien a populistas de uno y otro signo para dividir”. Su solución se resume en controlar las fronteras y prestar ayuda en los países de origen de los flujos migratorios.

Es la séptima vez consecutiva que Rajoy visita a Illa de A Toxa para participar en un foro de debate conservador que cada octubre se celebra en las instalaciones del grupo hotelero que organiza el evento. Acompañado en su intervención por el expresidente mexicano Ernesto Zedillo y con el rey Felipe VI sentado en la primera fila, Rajoy se ha definido como “partidario del bipartidismo” y ha recetado como solución “gobernar mejor para quitarle armas a los populistas”. “Al extremismo no se le puede plantear una opción extremista, al demagogo no se le puede hacer frente con demagogia. No se puede debatir en el barro”, ha concluido.

El argumento del expresidente del Partido Popular concluye que cualquiera puede tomar el camino corto del populismo, algo contra lo que, en su opinión, las democracias liberales “deben dar la batalla”. Según Rajoy casi cualquiera puede ser populista: “Puede ser populista un millonario de Nueva York, un comunista español, alguien de extrema derecha, de extrema nada o de extrema estupidez”.

La única alternativa que el expresidente del Gobierno ve viable es el actual sistema de partidos políticos. Sin formaciones políticas, concluyó, solo existe la opción de la autocracia. Como ejemplo de su propia vivencia, Rajoy dio a entender que durante sus mandatos tuvo que dar muchas explicaciones, también dentro del PP: “Yo tenía que dar muchas explicaciones y créame que no era lo más divertido. La democracia supone estar sometido a controles, también al control de tu propio partido”.

Otra vez, el tapón y la botella

En su habitual tono jocoso, Rajoy arrancó su intervención bromeando sobre su propia importancia: “este foro está prestigiado y no precisamente por mi presencia”, espetó a las primeras de cambio. No hubo que esperar mucho para que al exdirigente del PP le entrase la sed y volviese a aludir a su crítica del año pasado por las botellas de plástico con tapones adheridos, como ejemplo de excesiva regulación. En esta edición, los recipientes eran de cristal y sellado con chapas de metal. Ante el cambio, y para risas de la concurrencia, Rajoy sentenció: “Yo hago un elogio de las chapas y de lo otro me olvido”.