La necesidad de reformar la Constitución, una futura elección entre monarquía y república, la politización de la justicia, el auge de la ultraderecha y hasta un poco de fútbol. La mesa de Opinión del Festival de elDiario.es, moderada por Gumersindo Lafuente, ha reunido a cuatro de los columnistas de más éxito de la sección. Rosa María Artal, Javier Pérez Royo, Antón Losada y Lucía Taboada abordaron varios de los temas más candentes que protagonizan el debate político y que, a juzgar por la reacción del numeroso público asistente, preocupa a la sociedad.

Pérez Royo, catedrático de Constitucional, arrancó con la contundencia que le caracteriza aunque fue pesimista sobre la reforma de la Carta Magna: “No vamos a hacer nada con ella, España no es capaz de reformarla y una Constitución que no se reforma, se muere”. El nacimiento del texto está viciado de origen porque, en palabras de Artal, “se hizo bajo las botas de los vencedores”. Taboada tampoco es optimista sobre su puesta al día, en especial en lo que afecta a la inviolabilidad del rey: “Es como un jugador del Barça para Luis Enrique: intocable”. Losada optó por darle un barniz optimista a la conversación y augurar que sí, que “un día nos levantaremos y se darán las condiciones para hacerlo”.

El diálogo se centró también en la politización de la justicia y, como máximo ejemplo de ello, en la falta de renovación del Consejo del Poder Judicial. Para el catedrático de Derecho, es la forma en la que el PP retiene el poder que perdió en las elecciones y exigió que se regule el órgano judicial de forma que sus miembros “cesen el mismo día en que caduca su mandato”. La reacción de los conservadores está siendo, en opinión de Losada, una forma de retener el poder, ya que “nunca aceptaron la derrota y quieren mantener la mayoría del Parlamento anterior”, algo que ya se dio en 2004, como apuntó Pérez Royo.

La ultraderecha, o “el fascismo a secas” como prefiere decir Artal, ha sido otro de los asuntos sobre los que se ha debatido. ¿Ignorarla? ¿Rebatirla? La receta para luchar contra ella no es fácil y los métodos divergen. Taboada expresó sus dudas sobre si rebatir el discurso ultra no ofrece también un escaparate en los medios a discursos de odio y sustentados en bulos. Como ejemplo, estaba escandalizada de haber escuchado en TVE palabras de dirigentes de Vox que relacionaban a Irene Montero con la pederastia.

La extensión de la ultraderecha por Europa y otros países, además de EEUU, es la prueba de que “hay que aprender a combatirla porque ya no se le puede hacer un cordón sanitario”. No vale con llamarles “fachas”, avisó Losada, que señaló la necesidad de “armar un discurso que sea capaz de neutralizar el atractivo de un discurso que da respuestas sencillas a problemas complejos”. Y regaló un consejo a los asistentes a la charla para actuar cuando alguien les diga “yo no soy de ultraderecha, pero....”. Ante ellos, recomendó Losada, “cuerpo a tierra”.

Cómo combatir la desafección hacia la política fue otro de los asuntos que salieron a colación en la mesa de Opinión. “El discurso del 'todos son iguales' no está exento de ideología”, recordó Taboada. Aunque, sin duda, el momento en que más aplausos se produjeron, fue cuando salió a relucir la figura del rey emérito y la necesidad de juzgar “lo que nunca ha sido juzgado”. Para Artal, “se tiene que hacer ya un referéndum sobre si queremos monarquía o república”, mientras que Pérez Royo ha visto en los funerales de Isabel II “el punto álgido del fin”. El remate que arrancó más risas fue el del columnista galllego. “¿A qué esperan los servicios sociales para intervenir en esa familia tan desestructurada”.

No pido a José Luis Martínez Almeida que se eleve para enzarzarse a golpe de pancarta con Javier Ortega Smith en pleno acto del Ayuntamiento destinado a demostrar el dolor por la muerte de una mujer delante de sus hijos. Resultaría desagradable, perdería y además acostumbro a deplorar la violencia como método de negociación. Pero sí que el alcalde de Madrid plante cara de verdad al que llega de matón para afirmar una vez más que la ideología de género es parte de una conspiración femenina azuzada por la “campaña publicitaria de la izquierda” y que allí se recuerda la violencia intrafamiliar o si no, se revienta el acto.

“A mí me gustaría que me hubierais comunicado que veníais con otra pancarta”, dijo el alcalde al de Vox. Como el que recrimina a su socio que se presente en bermudas en un consejo de administración o hable con la boca llena en una comida de negocios. Una mera cuestión de protocolo. Porque son socios. Y les une lo fundamental, el fondo.

“Sabes que no comparto la ideología de género ni el feminismo del 8 de marzo”, intentaba conciliar Almeida después de repetir muchas veces 'Javier, Javier' para intentar cortar la verborrea del de Vox a base de intercalar que claro, que la violencia intrafamiliar es el problema, pero que un 20% de las muertes violentas son de mujeres y que no era el día para olvidarlo.

Si hubiera seguido hablando, Almeida hubiera podido meter la pata todavía más. A Ortega, que es rápido como se le presupone a un ex boina verde, le faltó tiempo para recordar a los periodistas presentes que el alcalde había reconocido estar de acuerdo con él en lo importante. Y es cierto, todos lo hemos podido oír. Pero ya vimos cómo en las juntas del distrito y otros edificios de la ciudad habían desaparecido las leyendas 'Ni una menos ' o 'Nos queremos vivas'. Se ve que no cumplían la normativa en materia de letreros en edificios municipales.

Da igual que en el pacto suscrito entre PP y Ciudadanos se hablara de erradicar “la violencia machista” y que en la versión más vergonzante, la que se firmó con Vox, se hablara de “violencia intrafamiliar”. Así que es lo mismo que tengan un momento Pimpinela porque luego van juntos, como hermanos que son en realidad. Así que el acto presuntamente heroico del señor alcalde ante Ortega se ha quedado en una charla de amigotes, unidos en lo fundamental. Y lo realmente fundamental es que a las mujeres las matan y que dos niños de 10 y 8 años han visto cómo dos dirigentes políticos robaban el protagonismo a su madre en el minuto que le dedicaba el Ayuntamiento de Madrid.

Albert Rivera ha protagonizado este domingo un mitin en Rentería rodeado de lazos amarillos. El símbolo que reclama la libertad para los políticos catalanes presos presidía varias de las fachadas de la plaza de los Fueros y hasta adornaba el techo de la marquesina que ha cobijado a los representantes de Ciudadanos durante sus discursos.

Ante unas 200 personas de auditorio y bastantes más contenidos por la Ertzaintza para que no pudieran entrar en la plaza para boicotear el mitin, el líder de Ciudadanos ha intentado hacer oír su voz entre las caceroladas que intentaban ahogarla. El acto ha dado lugar a escenas curiosas como que los intervinientes se dirigieran tanto a las personas que veían el mitin desde los balcones adornados con lazos y esteladas como a los asistentes sentados en el centro. 

Además del líder de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundúa, Joan Mesquida y Fernando Savater han sido los oradores. “Vergüenza os debería dar, recibir a los asesinos con aurreskus y no dejarnos decir lo que nos da la gana”, les ha increpado la hermana del exjefe de la policía local de Andoain, asesinado por ETA. Tanto en castellano como en euskera, Pagaza ha negado que puedan considerarse “antifascistas” sino “matones” y ha quitado hierro al ambiente tras compararlo con el de la Universitat Autónoma de Bellaterra durante el acto de Cayetana Álvarez de Toledo la semana pasada. “Lo de la UAB fue peor, esto está siendo un paseo”, ha dicho.

“Podéis seguir con las cacerolas, que vengo de Catalunya y estoy acostumbrado, dan ambiente, un poquito más fuerte, que no se oye”, ha retado Rivera a los que protestaban. El candidato a la presidencia del Gobierno ha llamado “cobardes” a los que trataban de ahogar su voz y ha insistido en que el nacionalismo es “el cáncer de Europa y de España”. 

Rivera ha recordado que entró en política para luchar contra el nacionalismo en Catalunya y “para defender la libertad”. Así, ha prometido que si llega al poder modificará la ley de víctimas del terrorismo para sancionar a los ayuntamientos y a las personas que homenajeen a terroristas y se ha comprometido a “llegar hasta el final” en los numerosos atentados que quedan por resolver. Además, ha insistido en la necesidad de que se modifique el sistema electoral para que puedan votar “los vascos en la diáspora”, que ha cifrado en 200.000. 

En su afán de que la concentración que hará este domingo en la madrileña plaza de Colón sea multitudinaria, el PP está dispuesto a contar incluso con las personas que no asistan. Los conservadores llaman a acudir “de forma virtual” a quienes no puedan desplazarse o prefieran quedarse en sus casas.

La idea es recabar firmas en su web para poder añadirlas después a quienes acudan físicamente a protestar junto a los conservadores, Ciudadanos y la ultraderecha de Vox. “¿Quieres venir a la concentración de Colón y no puedes? No te quedes con las ganas de sumarte a un día histórico!!!!” es el llamamiento difundido a través de su canal de Telegram.

Los conservadores han anunciado que facilitarán el desplazamiento a todo aquel que quiera ir a la concentración de protesta contra Pedro Sánchez sin necesidad de ser militante de su partido. La excepción, por cuestiones obvias, afecta a los que residan en Canarias. El presidente del PP canario sí asistirá, lo que ha provocado malestar entre algunos simpatizantes ya que el anuncio del partido era que se pagaría el viaje “a todo el mundo”.

La extrema derecha sin caretas ya está en el Parlamento de Andalucía. Vox ha sido el partido menos votado de los que han logrado representación en las elecciones de este 2 de diciembre, pero ha logrado doce escaños. Su irrupción puede marcar un antes y un después a nivel estatal si logra consolidar su presencia política hasta la próxima cita confirmada con las urnas: las municipales, autonómicas y europeas de mayo de 2019. 

Francisco Serrano y María José Piñero en Sevilla; Eugenio Moltó y Ana Gil en Málaga; Rodrigo Alonso y Luz Belinda Rodríguez por Almería; Manuel Gavira y Ángela María Mulas en Cádiz; Rafael Segovia en Huelva; Benito Morillo en Jaén; Alejandro Hernández en Córdoba y Francisco José Ocaña en Granada. La mayoría son unos desconocidos para la mayoría de los españoles. Esto es lo que sabemos de los ocho cabezas de lista. 

Francisco Serrano (Sevilla)

El cabeza de lista por Sevilla y candidato a presidir la Junta fue inhabilitado como juez de familia en 2011 por el Tribunal Supremo. La causa, su condena por prevaricación dolosa tras haber modificado el régimen de visitas para que un niño pudiera salir vestido de nazareno junto a su padre en Semana Santa. Lo hizo en contra del criterio de la madre y sin ni siquiera escuchar sus argumentos. Ahora, readmitido en la carrera aunque en excedencia, se dedica a la abogacía además de a la política y espera que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo decida sobre el recurso. “También condenaron a Cristo y a mí me han crucificado” fue su queja.

Serrano carga siempre que puede contra lo que él llama “hembrismo, feminismo radical” o incluso “yihadismo de género”. Considera que el efecto de la ley de violencia de género no respeta la presunción de inocencia de los hombres y defiende con vehemencia que el Síndrome de Alienación Parental (SAP) existe a pesar de que la OMS y los psicólogos lo niegan. Para él, su partido representa a “la España de la decencia” y uno de los problemas del país es la memoria “histérica”. Niega que lo suyo sea “extrema derecha”, él prefiere hablar de “extrema necesidad”, pero su ideario quedó resumido en dos de sus tuits durante esta campaña.

Luz Belinda (Almería)

La inminente diputada por Almería ahora es ama de casa y estudiante de Derecho, pero antes fue militar del Ejército del Aire, estilista, vigilante y escolta. Vive en Roquetas de Mar, pero argumenta que el haber vivido antes en Melilla y Algeciras le proporciona un conocimiento de la situación que usa para azuzar el discurso contra la inmigración. No ha concedido entrevistas durante la campaña “por falta de tiempo” según los responsables de su partido. Poco conocida fuera de su circunscripción, esa circunstancia es lo que permite a su partido presumir de que ha optado por “gente de la calle”.

Eugenio Moltó (Málaga)

Que el franquismo fue un régimen dictatorial es una conclusión apresurada en opinión del cabeza de lista por Málaga. Para él, los 40 años de Franco no fueron una dictadura. Antes de militar en Vox, lo hizo en el PP durante diez años, pero reprochó a Rajoy que “de tanto centrarse, echara redes a la izquierda”: “No reconozco en el actual PP al partido que me afilié en el 2004”. La verdadera defensa de la unidad de España, de la familia y de la vida en general reside en Vox, no en su antiguo partido.

Su definición del feminismo es que una “actitud agresiva de un grupo de señoras muy organizadas y muy subvencionadas”.

Benito Morillo (Jaén)

Exguardia civil, pretende llevar “la voz de Jaén” al Parlamento andaluz porque no considera que su tierra esté bien representada. Como el resto de sus compañeros de siglas, ve la unidad de España amenazada por los nacionalismos y la izquierda, así que apela a los españoles “que desean una España unida a la altura de su envergadura histórica”.

Manuel Gavira (Cádiz) 

El candidato de Vox por Cádiz no teme las etiquetas. Le es indiferente que le llamen “ultra”, “facha” o “machista”. “Aquí se criminaliza al hombre sólo por ser hombre”, aseguró en una entrevista en El Diario de Cádiz en plena campaña. Tampoco teme que le llamen racista y hace de la metáfora hogareña su forma de explicarlo: “Mi país es mi casa, y en mi casa entra quien yo quiera. Y cuando me voy de mi casa, cierro las puertas, no las dejo abierta”.

Abogado de profesión, las opciones de Gavira antes de las elecciones eran mínimas. O lo parecía.

Alejandro Hernández (Córdoba)

El número 1 de la lista de Vox por Córdoba tiene poco rastro personal en internet. Crítico, como su partido, con el Estado de las Autonomías (“no son necesarios los Parlamentos autonómicos”) encabezaba la candidatura en una de las provincias más complicadas a priori.

Hernández ha defendido el “voto en conciencia”. “Queremos cerrar las mezquitas fundamentalistas....Y combatiremos a aquellos que quieren convertir en una mezquita a la Catedral de Córdoba”, aseguró en su presentación como candidato.

Francisco José Ocaña (Granada)

Es piloto de aviación comercial como profesión. Poca información más hay del candidato de Vox por Granada. Ni siquiera en su cuenta de Twitter, que abunda en retuiteos y eslóganes de campaña. Además de candidato, ha ejercido de apoderado de su propio partido durante este 2 de diciembre.

Rafael Segovia (Huelva)

El presidente provincial de Vox en Huelva y número 1 en la lista de este domingo es médico. Poca información más hay sobre Segovia, que tiene su último tuit publicado el pasado mes de octubre.

La situación política en Murcia por la imputación de su presidente autonómico y el posible contagio al pacto entre el PP y Ciudadanos en Madrid tienen intranquilo al Gobierno de Mariano Rajoy. La posibilidad de que la ruptura afecte a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado ha llevado al portavoz del Gobierno a lanzar la advertencia de que no es motivo suficientemente importante para poner en riesgo su viabilidad: “Las situaciones puntuales en un determinado sitio no deben afectar a algo tan importante como los Presupuestos Generales”.

El ministro Íñigo Méndez de Vigo, como hace la dirección de su partido, pidió este viernes paciencia a Ciudadanos durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Además de tirar de argumentario y abonar la teoría de que Sánchez no se ha enriquecido con dinero público en el caso Auditorio, aseguró que no está inmerso “en un caso de corrupción, sino administrativo”.

“Nos encontramos ante una citación judicial del presidente, que dice que estará encantado de aclarar las cosas ante el juez el día 6 de marzo”, dijo. Así, recordaba que el día 6 “es dentro de tres días” para pedir paciencia a los socios de investidura de Rajoy y de Sánchez e insistía en que las numerosas querellas y demandas contra el presidente de Murcia no han prosperado. “Hay un antecedente de archivo de no sé cuantas causas que vienen de un mismo lado contra él, de un partido político”, afirmaba en referencia a los socialistas de Puerto Lumbreras.

La amenaza de una moción de censura que desaloje a Sánchez del poder mediante una alianza de toda la oposición es vista con mucho escepticismo en el Gobierno: “Yo no veo un acuerdo entre el PSOE, Ciudadanos y Podemos para arrebatar el Gobierno de Murcia al PP en un momento en que a éste le falta un escaño para la mayoría absoluta. Tendrían que ponerse todos de acuerdo”. Del mismo modo, en Génova siguen convencidos de que la ruptura no se producirá “y no llegará la sangre al río” en palabras de Fernando Martínez-Maillo.

Por el momento, en Ciudadanos desligan la negociación de los Presupuestos de la situación en Murcia o de cualquier otra autonomía en donde han firmado pactos con el PP.

Pero el malestar de Albert Rivera con Rajoy ha quedado patente estos días por su cerrada defensa a Sánchez. Además, el enrocamiento del presidente regional ha incrementado la tensión que lleva larvándose desde hace tiempo entre ambos partidos ante los incumplimientos de los conservadores de algunas de las medidas anticorrupción del pacto, como la limitación de mandatos y la eliminación de los aforamientos.

A ello se suma la resistencia de los populares a poner en marcha la comisión de investigación sobre la financiación irregular de su partido. Una iniciativa que el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, le entregó la semana pasada, ya redactada, a su homólogo del PP, Rafael Hernando, emplazándole a que la presenten juntos este mismo lunes en el registro del Congreso. Pero en el PP , que acaba de ver con desagrado que la Audiencia Nacional ha reabierto el caso de la 'caja B', tampoco parecen dispuestos a dar ese paso.

Por ello, los de Rivera van a empezar a buscar apoyos alternativos en el PSOE y en Podemos para sacar adelante las propuestas que rechaza Rajoy.

Ciudadanos asegura que continuará hablando con el PP de las cuentas del Estado. Aunque sigue condicionando su apoyo a los Presupuestos a que el Gobierno dé luz verde a la inversión de más de 3.800 millones de euros para las partidas sociales que prometió el presidente a Rivera.

Fuentes de la formación naranja reconocen que la situación no ha variado mucho en estas últimas semanas y no hay demasiados avances. La reunión que anunció Martínez-Maillo el pasado lunes para esa misma tarde no se llegó a celebrar. “Nunca se concretó”, afirman en C's, que saben que el Ejecutivo está trabajando el terreno con el PNV y busca a toda costa el diálogo con los socialistas.

La dirección del PP está convencida de que Ciudadanos no llegará hasta el extremo de apoyar una moción de censura en el Parlamento de Murcia para desalojar del poder a Pedro Antonio Sánchez. Aunque el PSOE murciano ha emplazado a Ciudadanos a una reunión para explorar un acuerdo de gobernabilidad, los conservadores ven muy complicado que el partido de Albert Rivera llegue tan lejos como para apoyar una moción de censura iniciada por los socialistas.

Al menos, hasta el próximo lunes. En Génova siempre han pedido “esperar hasta la declaración y ver”, en referencia a la próxima semana, cuando Sánchez tendrá que dar explicaciones sobre el caso Auditorio ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia Julián Pérez Templado. Aun así, es poco probable que la situación procesal del presidente autonómico varíe tras su declaración y haya que esperar. 

Durante las últimas semanas, los socios que permitieron la investidura de Pedro Antonio Sánchez han jugado con las palabras y medido sus reacciones. De hecho, aunque han dado por roto el acuerdo con el pacto, en Ciudadanos se han cuidado de adelantar su siguiente movimiento ya que no les entusiasma la salida de forzar la moción de censura.

Ese paso lo tendría que dar el PSOE, dado que es el único grupo de la oposición que cuenta con más de 7 diputados -tiene 13-, los mínimos requeridos para registrar la iniciativa. El secretario general de la formación, José Manuel Villegas, ha pedido “calma” y “no precipitarse”.

Los socialistas tampoco parecen tener prisa y han emplazado a Ciudadanos a una reunión este viernes pese a que habían dado a entender que se iba a reunir este mismo jueves. Finalmente, fuentes socialistas han informado a eldiario.es de que la reunión se retrasará hasta la semana que viene a instancias del partido de Rivera.

El secretario general, Rafael González Tovar, manifestó, tras confirmarse que el presidente murciano no dimitía, que aceptaba “la invitación” de Ciudadanos para llegar a “un acuerdo de mínimos” y explorar la posibilidad de la moción “porque es el momento de hacer efectivo el cambio”.

Pero ahora también piden esperar, lo que lleva a Podemos a pensar que la decisión se dilatará a la espera de que el presidente regional declare el lunes a las 10 de la mañana ante el TSJ.

Desde Podemos afirman que a ellos no les han “invitado” ninguno de los dos grupos a entablar negociaciones para ver qué pasos da la oposición. El portavoz del grupo, Óscar Urralburu, afirma que él sí se ha puesto en contacto tanto con González Tovar como con Miguel Sánchez para emplazarles a tomar ya una determinación. Desde Podemos aseguran que los socialistas y Ciudadanos “echan balones fuera, no concretan y van con el freno echado”. “Sabían que Pedro Antonio Sánchez se iba a negar a dimitir ¿a qué esperan?”, se preguntan.

Para que la moción de censura prospere es necesario mayoría absoluta por lo que los socialistas necesitarían el apoyo de los 6 diputados de Podemos y los 4 de Ciudadanos. El PP tiene 22, pero la suma de los tres partidos de la oposición alcanza 23.

El respaldo abrumador que Mariano Rajoy recibió como candidato sin rival en el congreso nacional del PP no se prevé que vuelva a repetirse en los congresos regionales que empiezan a celebrarse en las próximas semanas. Ante la posibilidad de que algunos de los cónclaves cuenten con más de una candidatura, la orden de la dirección nacional es evitar fracturas o denuncias de purgas. 

La directriz de Fernando Martínez-Maillo, el coordinador general del PP, es clara: “Si la integración no se produce al principio, tendrá que producirse al final”. De esta forma, el número tres dejaba bien claro que los aspirantes están obligados a incluir a algunos de los rivales cuando llegue el momento de configurar cada comité ejecutivo.

Dado que la competencia interna en el PP y la votación de los afiliados no tiene tradición, sus dirigentes intentan quitar hierro a que no todas las organizaciones se hayan unido en torno a un único candidato. “Hay un gran porcentaje de renovación y otro de continuidad. No hay que someter a un dramatismo exagerado el hecho de que haya más de una candidatura”.

El sistema de elección que se estrenará en estos cónclaves es el de doble vuelta, ya que votarán primero los afiliados y después, los compromisarios. Maillo aprovechaba el inminente estreno de estas pseudoprimarias para presumir de su éxito y aseguraba que el sistema del PP “ya está siendo mirado por otros partidos a la vista de sus propios resultados”.

Por el momento, las autonomías en las que se cuenta que haya más de un aspirante son Madrid, Cantabria, Baleares, Asturias y Canarias. En Cantabria, tienen previsto enfrentarse Ignacio de Diego, actual presidente de la formación, y Maria José Sáenz de Buruaga, secretaria general. El ambiente previo es muy tenso entre los continuistas y los que pretenden renovar el partido para llegar a gobernar Cantabria. 

A Cristina Cifuentes intentará plantarle cara Luis Asúa, con muy pocas posibilidades. El exconcejal, considerado aguirrista, ya ha advertido de que se retirará si la actual presidenta de la Comunidad de Madrid obtiene más votos que él, lo cual es prácticamente seguro, ya que le ha costado conseguir los 90 avales para ser precandidato. La norma en los nuevos estatutos del PP indica que si uno logra más de un 50% de los apoyos y entre ambos hay 15 puntos de diferencia, la segunda vuelta ya no tiene lugar.

En Baleares es donde parece más complicada la situación ya que contra José Manuel Bauzá es posible que se presenten varios contrincantes. El favorito es el diputado Biel Company, que aspira a renovar el partido en las islas. Además, un exalcalde y una exparlamentaria también quieren entrar en la competición. 

Aunque lo tradicional en el PP es que no se produzca bicefalia, Martínez-Maillo ha recordado que el principal objetivo del partido es gobernar. Así, llamaba a poner los ojos en las próximas elecciones municipales y autonómicas: “No pensemos en 2017 sino en 2019, la fortaleza del partido hay que mirarla de cara a esa fecha”.

No es obligatorio que el presidente del partido en la región tenga que ser también el candidato en las elecciones, aunque en la dirección nacional del partido es la fórmula que prefieren. De ahí que la situación en Castilla y León sea especial, ya que Juan Vicente Herrera aún no ha dejado claro si será o no candidato a revalidar su presidencia del PP. Lo que sí se sabe es que no volverá a presentarse a la Junta en 2019 porque así lo decidió él mismo.

Con este panorama, la dirección nacional confía en que Herrera dé un paso atrás y renuncie. En ese caso, el favorito de Génova es Alfonso Fernández Mañueco, secretario autonómico y actual responsable de la comisión de derechos y garantías del PP nacional. “En el PP hay mucho banquillo y sea cual sea la decisión de Herrera la vamos a respetar”, señalaba Maillo.

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha recordado este lunes a Ciudadanos que cuestiones como la reducción de aforamientos o la limitación de los mandatos necesitan de una reforma de la Constitución o de otras leyes y que así se lo hicieron ver a los de Albert Rivera durante la negociación del pacto de investidura de Mariano Rajoy.

En su rueda de prensa tras el comité de dirección del PP, Maíllo se ha referido a la próxima reunión que los dirigentes de ambos partidos celebrarán el martes en el Congreso y se ha remitido al portavoz parlamentario, Rafael Hernando. perilla tónica general ha sido la de recordar que las dudas sobre la constitucionalidad de esas decisiones se ha mantenido hasta hoy.

“Las condiciones previas para firmarlo eran lentejas. Había que asumirlas. Nuestra intención siempre es cumplir los compromisos”, ha asegurado el coordinador. Ante la reunión del martes, el PP pretende que el tiempo empiece a contar desde que Rajoy fue investido y se descuente así el largo periodo en funciones, lo que le permitiría presentarse una tercera vez.

“Pulsamos en duda la limitación porque eso está en los regímenes presidencislistass. Dicho esto, no tenemos una posición definida”, ha tratado de ganar tiempo.

La dirección de los conservadores sigue apoyando a Pedro Antonio Sánchez como víctima de una “campaña de persecución política por parte del PSOE” y respalda que pueda presidir el partido en esa autonomía, como publicó el diario.es.

“Es el PP de Murcia quien decide. Pedro Antonio Sánchez no tiene ninguna imposibilidad. Si encima tiene los avales de los afiliados”, ha zanjado Maíllo.

Con el aviso de que “si en este país no se cumplen las normas, vamos a tener un problema” y su consabido “respeto a la justicia”, Mariano Rajoy ha vuelto a hacerse el ignorante tanto de la corrupción probada entre sus filas, como de la presunta que enjuician los tribunales. Sea José Manuel Soria, Pedro Antonio Sánchez, Rafael Catalá o los movimientos en la fiscalía del Estado, la respuesta del presidente del Gobierno ha vuelto a ser la misma: apelar a que el sistema judicial funciona y despacharlo como si nada fuera con él.

El plan del PP era vender su puesta a punto en cuanto a mandos y a proyecto político en su congreso nacional. Y seguir enmarcando sus casos de corrupción en el pasado con promesas de regeneración política y democracia interna. La polémica por la situación judicial de un presidente autonómico como el de Murcia no tardó en ser protagonista. Más, cuando unas cámaras de televisión captaban al ministro de Justicia ansioso por aprovechar la ocasión para intentar contactar con Pedro Antonio Sánchez y él esgrimía después información privilegiada.

Todo lo que el presidente del Gobierno ha dicho sobre su caso es que “ya se le han archivado 16 denuncias” y “hay que respetar la presunción de inocencia”. Ante la presión de Ciudadanos, sostén del Ejecutivo murciano y socio de investidura del Gobierno central, el PP pide tiempo y asegura que no se trata de un caso de corrupción sino de una posible “metedura de pata” en el caso Auditorio que lo llevará a declarar como investigado el próximo 6 de marzo.

Al menos en este caso, Rajoy parece estar al tanto. La sentencia que demuestra que José Manuel Soria mintió al decir que se había pagado de su bolsillo unas vacaciones de lujo en la República Dominicana le pilló desprevenido. Todas las explicaciones sobre la estancia de lujo en un hotel por parte de su entonces ministro de Turismo consistieron en decir “no me he enterado” y en preguntar “¿cuándo ha salido eso?”.

Sea en una entrevista en televisión o en una sesión de control en el Parlamento, la respuesta habitual de Rajoy consiste en no responder. O simplemente en atacar a quien le pide explicaciones. “Menos mal que no es usted Robespierre” fue la frase de efecto escogida para contestar a Pablo Iglesias en el pleno del Congreso. El portavoz de Unidos Podemos le había reprochado en dos minutos una lista en la que cabían una quincena de casos. “¿Quién es el delincuente hoy?”, inquirió el diputado ante una condena a pagar las costas al que había acusado de delincuentes a los periodistas que le investigaron.

El hashtag #YoconPedroAntonio se le ha dado la vuelta al PP y ya acumula más burlas que muestras de apoyo. Aun así, el afectado mantiene el visto bueno de Génova para ser candidato a presidir la formación regional, además de seguir en el Gobierno. Tras los relevos en la Fiscalía Anticorrupción, las denuncias de presiones al responsable de investigarlo en la comunidad han sido desviadas por Catalá como si fueran recientes.

El fiscal general, José Manuel Maza, comparece el miércoles en el Congreso y se enfrenta a las preguntas de la oposición sobre los cambios ordenados en la fiscalía y la desprotección e intimidaciones denunciadas por López Bernal en Murcia, además de pedir también la del ministro de Justicia e Interior para que expliquen la situación.

Tanto el Gobierno como la dirección del PP mantiene una férrea defensa que se basa en que a Pedro Antonio Sánchez, presidente de Murcia, no se le llegará a abrir juicio oral y que su imputación por el caso Auditorio quedará en nada una vez declare el próximo 6 de marzo. Igual hicieron la semana anterior, cuando la Fiscalía General ordenó no seguir adelante con la investigación contra él por el caso Púnica y la polémica apuntó directamente al ministro de Justicia  por transmitirle información privilegiada.

La promesa que hizo el propio Sánchez de dimitir en caso de resultar imputado por el caso Auditorio no parece que vaya a cumplirse. Aunque según explicó después la portavoz de su Gobierno, Noelia Arroyo, ella no considera que los indicios de delitos que se le atribuyen supongan corrupción.

El argumentario al que los conservadores se aferran tanto en Murcia como en la calle Génova o en La Moncloa es que, en todo caso, se trataría de una imputación “administrativa”. Lo que en otras palabras el PP define como “haber metido la pata, pero no la mano”, como defendió Fernando Martínez-Maillo.

La ofensiva contra el presidente autonómico ha sorprendido a un PP recién salido de un congreso nacional que sirvió para reforzar el liderazgo de Rajoy y para poner al día el proyecto político de su partido. Sólo dos días después, la imagen del cónclave más repetida en los medios de comunicación era la de Rafael Catalá pidiendo a sus colaboradores “a ver si me encontráis a Pedro Antonio” y cruzando el recinto una vez lo localizó por teléfono.

El PP, de escándalo en escándalo

Ese encuentro, buscado por el titular de Justicia, se convirtió en la explicación más plausible para que Sánchez pudiera desvelar información privilegiada en una entrevista posterior, en la que contó cuántos fiscales eran partidarios de no seguir actuaciones contra él. A ello se ha sumado el relevo de fiscales ordenado por el nuevo fiscal general, José Manuel Maza y la denuncia del exfiscal superior de Murcia de las presiones recibidas en su trabajo.

En su respuesta a esta confesión, el ministro se ha limitado a señalar que Manuel López Bernal “debería haberla puesto en conocimiento de la Fiscalía para ser tutelado en sus derechos”, algo que el exfiscal asegura haber hecho ya, además de haber presentado denuncias en comisaría y comunicado a la Delegación del Gobierno.

La sospecha de falta de independencia y presiones sobre la Fiscalía acorrala al PP en el Congreso. La oposición en bloque reclama explicaciones al Gobierno y también lo hará con el fiscal general del Estado, que acudirá al Parlamento el próximo miércoles para rendir cuentas por la actuación del Ministerio Público en el caso que afecta al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.

Los grupos parlamentarios reprocharán a José Manuel Maza los relevos en fiscalías clave –entre ellos la del jefe de la murciana, encargada de esa investigación– y también reclaman que los ministros de Justicia e Interior comparezcan para dar explicaciones sobre las supuestas coacciones ejercidas sobre el apartado Manuel López Bernal.

El PSOE ha solicitado la comparecencia urgente tanto de Catalá como de Zoido para que rindan cuentas de las “actuaciones” que han llevado a cabo sus departamentos a raíz de las denuncias de intimidaciones del fiscal jefe de Murcia relevado de su puesto este miércoles. Los socialistas quieren, además, escuchar los argumentos del fiscal general, José Manuel Maza, sobre lo que consideran a priori “una purga” en fiscalías clave. 

El miércoles comparece el fiscal general

Los cambios afectan a la Fiscalía en Murcia, pero también a Anticorrupción, donde Maza ha colocado al frente a Manuel Moix, cómodo para el PP. Esas explicaciones se las pedirán el miércoles en el Congreso, donde Maza está citado por las presiones para no imputar al presidente murciano en la Púnica. Si las justificaciones no les parecen convincentes, el PSOE pedirá su dimisión. Los socialistas quieren que también acuda al Congreso el fiscal destituido, López Bernal, para que hable de las intimidaciones que ha sufrido y que ha enunciado en la SER. 

Lo mismo han solicitado Unidos Podemos y Compromís. Quieren que Maza y Catalá expliquen si ha habido “injerencias” en la labor de los fiscales y que Zoido detalle si se tomó alguna medida cuando el fiscal de Murcia y sus compañeros denunciaron asaltos a sus domicilios. Además, reclaman que la comparecencia del ministro de Justicia se eleve al Pleno del Congreso. 

Ciudadanos también pide que Catalá y Maza acudan al Parlamento e investigar “qué está pasando en la Fiscalía”. Los de Albert Rivera acordaron con el PP en su pacto de investidura una regulación para que el fiscal general del Estado pueda ser reprobado por el Congreso, pero la medida no ha avanzado. 

El partido de Rivera, que permitió a Pedro Antonio Sánchez mantener el poder en Murcia tras las elecciones de 2015, espera que el PP proponga un nuevo nombre para el acuerdo en una reunión que mantendrán la semana que viene. A partir de ahí, decidirán si toman nuevas decisiones. La posibilidad de presentar una moción de censura en Murcia está sobre la mesa. 

Mariano Rajoy ha negado cualquier significado político a la renovación de fiscales que está teniendo lugar ni relación con la corrupción que acecha al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.

Durante una rueda de prensa con Mauricio Macri, que está tres días en Madrid de visita oficial, el jefe del Ejecutivo ha insistido en que él no va a entrar a juzgar las decisiones del fiscal general. “Siempre me parecerán muy bien”, ha dicho, antes de afirmar que en este país “o se acatan las reglas o acabaremos teniendo un problema”.

Obligado a opinar sobre la sentencia dictada contra Iñaki Urdangarin, Rajoy se ha acogido a la respuesta de manual de que siempre respeta las decisiones de los tribunales. “Otros no lo hacen, pero yo no voy a discutir si me gusta o no una decisión. Mi posición la he reiterado hasta la saciedad y es pleno respeto a la decisión de los jueces”, ha añadido.

La necesidad de ver aprobados los Presupuestos Generales del Estado para este año está llevando al Gobierno a utilizarlos como arma de chantaje contra la oposición. La sesión de control y el Pleno de este miércoles han puesto de manifiesto los intentos de los ministros para exigir apoyo a las cuentas del Ejecutivo cuando se les pide aumentar la dotación en un capítulo concreto. 

La respuesta fue similar tanto en el caso de Íñigo Méndez de Vigo a propósito del retraso en el pago de las becas a los estudiantes como cuando llegó el turno de que Dolors Montserrat se pronunciara sobre el dinero disponible para luchar contra la violencia machista.

A esto se suma la congelación del empleo público, de forma que ninguna Administración puede convocar oposiciones para cubrir las vacantes. Sea estatal, autonómica o local, la ley lo impide mientras estén prorrogadas las cuentas del Estado correspondientes a 2016.

Si el aumento presupuestario ha sido motivo para que el Gobierno vetara la tramitación de las iniciativas parlamentarias de la oposición, ahora se usa para convencer de que sin Presupuestos Generales no hay más dinero.

El ministro de Educación utilizaba la ocasión durante una respuesta parlamentaria al diputado socialista Ignacio Urquizu, que reclamaba que no se haga esperar tanto tiempo a los estudiantes becados para cobrar la segunda parte de la ayuda. Méndez de Vigo aprovechó para anunciar que el último cobro lo van a recibir “inmediatamente”.  

Pero no se quedó ahí. El responsable de Educación no dejó pasar la oportunidad para pedir a los socialistas que se apeen de su negativa a las próximas cuentas: “El PSOE tiene la posibilidad de favorecer a los estudiantes apoyando los Presupuestos, en los que habrá un incremento para estas partidas”. 

Lo mismo hizo la ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad cuando Irene Montero pidió más dinero para luchar de forma más eficaz contra la violencia de género. La nueva portavoz de Unidos Podemos interpelaba a Montserrat sobre cómo ha repercutido en las mujeres la reducción presupuestaria y las políticas de austeridad.

“El machismo no se acaba exclusivamente con dinero”

“El machismo no sólo se acaba exclusivamente con dinero sino con unidad, coordinación, educación y sensibilidad social. Usted me habla de cifras y yo le hablo de personas”, se despachó la titular de Igualdad. “Acabar con la violencia de género es responsabilidad de todos y, por tanto, aprobar los Presupuestos de 2017 sería también una responsabilidad de todos. Ahí le espero”, concluyó.

El plan de Rajoy es llevar al Parlamento el proyecto en la primera semana de abril ya que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobarlos en la última semana de marzo. Según su calendario, se votarían por primera vez el 26 de abril. En ese momento es cuando se celebrará el debate de totalidad, por lo que el Gobierno necesita sumar los votos del PNV para que no sean rechazados.

“¿Con cuántos casos aislados la corrupción deja de ser aislada?”. La pregunta de Pablo Iglesias a Mariano Rajoy en la sesión de control de este miércoles en el Congreso ha empezado de forma abierta. El presidente del Gobierno le ha pedido que haga “una justa apreciación” del problema y ha asegurado que él no lo minimiza sino que lucha contra ella. Acto seguido, ha calificado el problema de “anécdota” con el argumento de que “miles de personas desarrollan su trabajo muy bien”.

A toda velocidad, el líder de Unidos Podemos ha enumerado una buena parte de los casos de corrupción más graves que tienen o han tenido al PP o al Gobierno como protagonista. La larga retahíla ha incluido “Bárcenas, Gürtel, Acuamed, Imelsa, Cooperación, Fabra, Brugal, Palma Arena, Emarsa, Taula” y no ha seguido porque el diputado temía agotar sus dos minutos en la tarea. Iglesias se ha centrado, de entre los episodios de la última semana, en las vacaciones de lujo que José Manuel Soria disfrutó en Punta Cana.

“¿Quién es el delincuente hoy?”, ha espetado Iglesias ya que Soria ha sido condenado a pagar las costas por mentir. “Su amigo, el de las cuentas en paraísos fiscales, el mismo que usó a un juez corrupto para atacar a la diputada Victoria Rosell. Hoy sabemos que mintió en esta Cámara y a los españoles. Y que el hotelito en Punta Cana no se lo pagó, sólo se pagó los masajes y llamó delincuentes a los periodistas que lo investigaron. Como sugerencia, Iglesias le ha pedido que Rafael Catalá ordene a la fiscalía investigar las estancias en hoteles de lujo.

Rajoy ha evitado decir nada sobre el episodio, como hizo el pasado lunes durante una entrevista en televisión en la que negó saber nada. “¿Eso cuándo ha salido?”, preguntó al periodista. Este miércoles, su respuesta se ha centrado en atacar a Iglesias “por no aportar ni una sola idea para que el problema deje de serlo” y lo ha acusado de ser “parte, juez y fiscal y viene con la sentencia dictada”. “¡Menos mal que no es usted Robespierre!”

Sin contestar nada sobre su exministro de Industria y Turismo, Rajoy se ha centrado en el ataque. “Soy persona de natural optimista pero creo que me he pasado porque pretender hablar con usted de medidas para adoptar es complicado”. Además, ha vuelto a repetir uno de sus mantras preferidos, el de acusar de pesimismo y de centrarse sólo en los problemas: “Yo veo a españa de manera diferente a usted, España es una gran nación y muchas cosas van bien”.

El jefe del Ejecutivo se ha limitado a poner cara de circunstancias cada vez que Iglesias atacaba con una nueva tanda de casos de corrupción. Además de los citados, en sus dos minutos de tiempo el líder de Unidos Podemos ha sacado a relucir la reciente imputación de Pedro Antonio Sánchez en el caso Auditorio, la imputación de la exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, el ingreso en prisión por el caso Fitur, “el chalecito” del expresidente de La Rioja, Pedro Sanz. En total, junto al de Soria, una quincena de casos. 

Mariano Rajoy se ha enfrentado este martes en la sesión de control en el Senado a la siguiente pregunta de ERC: “¿Es usted el señor X que dirige la Operación Cataluña?”. Se la ha formulado la senadora Mirella Cortés, sustituta en la portavocía del senador Santiago Vidal. 

Ante el escándalo de la bancada conservadora, Cortés ha recordado la “conspiración” de Jorge Fernández Díaz con Daniel de Alfonso, las grabaciones de la conversación en las que se hablaba del presidente como “la discreción personificada” y el envío de mensajes comprometedores por parte de Jorge Moragas a Victoria Álvarez, amiga de Jordi Pujol hijo y grabada con Alicia Sánchez Camacho en otra conversación.

“Le pregunto por nabos y me contesta coles”, se ha quejado la senadora ante la respuesta del presidente de que su prioridad es gobernar para superar la crisis también en Cataluña.

Cortés ha sumado a esos escándalos la actuación de Eugenio Pino, responsable del mando operativo, y la publicación de informaciones falsas sobre una cuenta en Suiza del exalcalde de Barcelona.

“¿Niega usted que exista una operación encabezada por dirigentes del PP catalán, su director de gabinete y diferentes cargos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para destruir a un movimiento político y el pluralismo. Niega usted que lo que se ha organizado es un nuevo GAL sin violencia física pero mantenida con malas artes, dossieres falsos y periodistas comprados con recompensas a cargo de fondos reservados?”.

Rajoy ha felicitado a la senadora por el “tono constructivo empleado” y la ha acusado de acogerse al argumento de la conspiración “ porque ahorra la molestia de pensar, exculpa de responsabilidad y la endosa al mejor amigo del hombre, el chivo expiatorio”.

Con esta salida, el jefe del Ejecutivo se ha ahorrado toda respuesta y ha brindado con la recientemente acuñada como “operación zanahoria” en referencia al hasta ahora poco fructífero diálogo entre Generalitat y Gobierno.

Las vacaciones pagadas en Punta Cana al exministro José Manuel Soria y la desestimación de su demanda contra eldiario.es y el director de Canarias Ahora han sorprendido a Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno, que ha sido entrevistado este lunes en Tele 5, ha asegurado no saber nada. 

“No me he enterado. ¿Eso cuándo ha salido?”, ha contestado al periodista. Informado de que la decisión del juez se ha conocido este lunes y de que ha quedado acreditado que mintió, Rajoy se ha encogido de hombros: “No puedo opinar. Desconozco la información”. Acto seguido, ha añadido que Soria “ya no está en el Gobierno”.

A quien ha vuelto a defender es a Pedro Antonio Sánchez, el presidente de Murcia, imputado en el caso Auditorio y cercado por la investigación del caso Púnica. Como ha hecho por la tarde, durante una rueda de prensa junto a François Hollande, Rajoy ha negado que se plantee pedirle dejar el cargo y no se ha inmutado por la petición de dimisión de Ciudadanos.

“Le han archivado 16 denuncias, esta es la 17. Y todas las ha puesto el PSOE de donde era alcalde, Puerto Lumbreras”, ha recordado Rajoy. “No voy a entrar en discusiones con nadie, pero si 16 denuncias se archivan es bueno que reflexionemos todos”.

A Mariano Rajoy se le ha preguntado este lunes si mantiene su respaldo a Pedro Antonio Sánchez y ha dado a entender que sí. A pesar de que el presidente autonómico declarará como investigado el próximo 6 de marzo por el caso Auditorio y ha esquivado hasta ahora el caso Púnica, el jefe del Ejecutivo ha pedido para él “respeto porque la presunción de inocencia es uno de los derechos más importantes”. 

“Recordar que ha tenido 16 archivos en los últimos años”, ha añadido Rajoy junto a Francois Hollande, con el que ha mantenido una cumbre bilateral en Francia. Ese argumento, el de las numerosas causas a las que ha tenido que hacer frente durante los últimos años, es el que esgrime Rajoy continuamente para defenderlo.

La polémica sobre la situación de Sánchez ha aumentado a raíz de las imágenes que prueban cómo el ministro de Justicia lo buscó para encontrarse con él durante el congreso del PP. El afectado reveló después información privilegiada durante una entrevista, en la que demostró que sabía cuántos de los fiscales eran contrarios a su imputación en el caso relacionado con empresas de la trama Púnica. 

Ni Hollande ni Rajoy se han atrevido a contestar otra pregunta sobre Donald Trump a raíz del episodio sobre Suecia. “¿Qué piensan de un presidente que sólo se informa por televisión y no por sus cuerpos diplomáticos?”, se ha interesado un periodista de AFP.

Hollande ha cedido el turno, con lo que Rajoy se ha encogido de hombros y ha bromeado. “Pues qué quiere que le diga”, ha contestado sin añadir más. Tampoco ha querido pronunciarse sobre la sentencia del caso Nóos, si daña a la Corona o si la infanta Cristina debería ceder sus derechos dinásticos. 

“De eso tampoco se ha hablado aquí. Salvo que el presidente Hollande me corrija, en cuyo caso íbamos a tener un problema”, se ha escapado.

María Dolores de Cospedal ha pasado en dos semanas de ser la protagonista de la enmienda más polémica del congreso nacional del PP a recibir las súplicas de sus fieles para que siga presidiendo el partido en Castilla-La Mancha. Mientras, medita si encabeza la candidatura o la deja en mano de uno de sus colaboradores.

En su triple condición de ministra, secretaria general y presidenta del PP regional, sigue sin confirmar si está dispuesta a dejar el tercero de sus cargos. Sus partidarios tratan de convencerla para que sea candidata a volver a presidir el partido en su tierra como primer paso para recuperar la Junta en las próximas elecciones autonómicas.

La imagen de la contrariedad

Poco amiga de disimulos, en el reciente congreso del PP se la vio contrariada ante el escándalo que supuso que una enmienda contra ella fuera derrotada por 25 votos de diferencia. En un partido con poco margen para la disidencia y donde su líder fue escogido por más del 95% de los votos, que llegara a discutirse su pluriempleo y se zanjara con gritos de “tongo” y “pucherazo” no era para menos.

Por el momento, las consecuencias han sido dos dimisiones de cargos locales y un burofax pidiendo los vídeos del recuento para demostrar que el aparato contó a ojo los votos en 30 segundos. Francisco Risueño defiende que había más carteles apoyando su enmienda. Génova ha contestado que esos vídeos no existen y que las cámaras del recinto sólo grababan los discursos públicos, no las discusiones de enmiendas y las votaciones. 

La discusión se centró primero en si podía estar al mando de Defensa y de Génova a la vez. Mariano Rajoy lo zanjó a su estilo: ascendió a Fernando Martínez-Maillo en el organigrama del PP y lo nombró coordinador general. Solo hizo oficial la realidad de que el vicesecretario se ocupa del día a día del partido, mientras que él mismo y Cospedal están para supervisar y decidir las grandes cuestiones.

Las mañanas de los lunes son para el partido

“Un poco los fines de semana y los lunes”. Ese es el tiempo que el presidente del Gobierno confiesa que dedica a la formación porque su prioridad es La Moncloa: las visitas por España en sábado o domingo y los comités de dirección en la mañana del lunes. “María Dolores pierde las mismas atribuciones que pierdo yo. Lo ha hecho muy bien, pero ninguno de los dos vamos a estar allí al frente”, explicó. 

Celebrado el congreso nacional, la orden de Rajoy fue renovar las estructuras regionales y provinciales antes del verano. Al PP de Castilla-La Mancha le toca en marzo y el plazo de las candidaturas se abre el próximo martes y se cierra el día 1. Ante la inminencia del congreso, el coordinador regional habla de “clamor existente entre los militantes y simpatizantes en todos y cada uno de los municipios” que visita para que siga Cospedal al frente del partido.

Los alcaldes y presidentes provinciales han entrado en una competición de elogios a Cospedal, a quien quieren al frente del PP regional y con quien sueñan recuperar el gobierno autonómico en las próximas elecciones. Ser la más votada no le sirvió ante lo que llaman el “pacto de perdedores” que llevó a Emiliano García Page al poder. 

Los presidentes del PP en Toledo, Guadalajara, Albacete, Cuenca y Ciudad Real se reunieron el sábado para convencerla. Los alcaldes, los diputados en el Congreso y los cargos locales se multiplicaban en declaraciones de apoyo o en tuitear con #CospedalPresidenta o #PresidentaCospedal como hashtag.

La dirección deja claro que si no se produce ninguna novedad judicial en cuanto a su imputación, Pedro Antonio Sánchez será el aspirante en el congreso del PP murciano

En caso de que sea investigado formalmente, el PP admite que buscará una alternativa

VÍDEO: Cuando Rajoy llamó a Sánchez "un señor de Murcia"

Las sospechas que cercan al presidente de la Comunidad de Murcia tanto en el caso Púnica como en Auditorio no son suficientes como para que Génova frene su candidatura a presidir el PP murciano en el próximo congreso. La dirección de Génova mantiene que sin una imputación formal, Pedro Antonio Sánchez tiene todo el derecho a presentar su candidatura. Sólo un nuevo movimiento judicial la pondría en peligro y precipitaría que el PP nacional buscara otro candidato con menos polémicas judiciales.

Una vez celebrado el congreso nacional que revalidó a Mariano Rajoy como líder indiscutible de los conservadores, ahora es el turno de los congresos regionales. El plazo para anunciar las candidaturas termina el 1 de marzo y la fecha escogida por Génova para que el PP murciano celebre su congreso es la misma que en el PP de Madrid: el fin de semana del 18 y 19 de marzo.

La seguridad de que no aparecerá ningún contrato firmado con la trama Púnica es la tesis que mantiene el PP. El afectado ha llegado a adelantar en medios de comunicación información reservada sobre su caso, ya que tuvo conocimiento del decreto de la Fiscalía General, cuyo titular es José Manuel Maza, en el que se opone a la imputación formal. En una entrevista, Sánchez llegó a explicar que cuatro fiscales del Supremo eran contrarios a que se le acusara.

El propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, prefirió cargar contra las fiscales que han hecho constar su desacuerdo por que no se le impute. “La Fiscalía debe funcionar con mayor discreción”, reconvenía el titular de Justicia, que reconocía en una entrevista en la SER su disgusto con la posición de las fiscales: “Yo no sé dónde hay que poner la verdad, si en las fiscales o en los jefes, yo me pongo más del lado de sus jefes, ¡qué quiere que diga!”.

El presidente autonómico insiste en que nunca llegó a firmar el contrato en cuestión aunque sí se hicieron todos los preparativos pertinentes. El plan inicial era mejorar su reputación en internet gracias a empresas como las de Alejandro de Pedro, uno de los conseguidores de la Púnica. Al no concretarse, se considera que no llegó a haber perjuicio para las arcas públicas.

El acuerdo para la investidura de Mariano Rajoy que firmaron PP y Ciudadanos afecta a los cargos nacionales, pero en la comunidad autónoma la exigencia fue la de la apertura del juicio oral. Aunque el partido de Albert Rivera insiste en que Sánchez tendrá que renunciar si es imputado formalmente, Ciudadanos se ha quedado por el momento en ese punto.

En la cúpula del PP, recientemente retocada con el ascenso de Fernando Martínez-Maillo a coordinador general, aseguran no estar preocupados aunque admiten estar preparados para reaccionar en caso de sorpresa.

En la sesión de control al Gobierno, los carteles y las fotos periodísticas se han convertido este miércoles en protagonistas. Tanto ERC como el PSOE han tirado de este recurso para avergonzar al Gobierno por su política en Cataluña, la colocación de Arsenio Fernández de Mesa en Red Eléctrica o el dinero presuntamente defraudado por Rodrigo Rato. 

El primero en abrir fuego ha sido Gabriel Rufián, a cuenta de la judicialización de la situación política en Cataluña. El diputado ha acusado a Mariano Rajoy en la sesión de control del Congreso de retorcer la ley para luchar contra los políticos independentistas: “Es el imperio de su ley, señor Rajoy”. Para apoyar sus argumentos, Rufián ha mostrado desde su escaño una doble página de La Razón sobre jueces soberanistas que acarreó una imputación a su director, Francisco Marhuenda.

Ante la respuesta de que todo el mundo está sometido a la ley, Rufián ha apuntado contra el jefe de gabinete de Rajoy, Jorge Moragas, al que ha comparado con el conde duque de Olivares por sus conspiraciones, ha preguntado “si todos pagamos ratos de relax a gente muy campechana” y se ha referido a “un ministro presunto neonazi”.

En el cóctel de asuntos que el diputado ha incluido en la misma pregunta, también se ha interesado por las trabas para que Cataluña pueda acoger refugiados: “45 municipios están dispuestos a acogerlos, pero ustedes no pueden por pura miseria moral”. “La democracia es imparable, nos vemos en las urnas”, se ha despedido.

El presidente del Gobierno se ha negado a entrar al trapo y ha acusado al diputado de querer “llamar la atención cuando no tiene razón”: “Con toda franqueza, escuchándole me vine a la memoria aquella frase de que en política no hay absurdo imposible”. 

La imagen de Rato entrando en el coche policial con un letrero de “Defraudador compulsivo” la ha mostrado el socialista Antonio Hurtado. Con el reproche de no haber controlado a Rato tras la amnistía fiscal de Montoro, el diputado ha preguntado al ministro “por qué no lo controlaron desde el año 2000 al 2015” en vez de “ir a por los inmigrantes retornados”.

La misma técnica se ha utilizado a propósito del reciente enchufe del exdirector de la Guardia Civil y amigo personal de Rajoy en Red Eléctrica. Su retrato oficial con uniforme de gala ha sido ridiculizado por el diputado de En Marea, Antonio Gómez-Reino, que ha preguntado a Montoro si la SEPI apoya su nombramiento como consejero independiente.

“La votación a la que se refiere corresponde a la SEPI, se realizará en su momento y será la misma que con todos los consejeros independientes propuestos por la compañía, que es la que determina el perfil profesional”. Así, Montoro ha negado el papel del Gobierno a la hora de enchufarlo. 

Gómez-Reino ha recordado su “coordinación difusa y confusa” en la gestión del Prestige. “Lo nombran porque es amigo del jefe. No tiene ningún conocimiento de la materia. Es un nuevo caso obsceno de puertas giratorias y corrupción legal. Apoyar a la 'famiglia', se llame Trillo, Rato, Bárcenas o Fernández de Mesa. Ley de 'omerta' del PP. Esta es la foto de la España que no queremos”, ha clamado el diputado con el retrato de estilo decimonónico de Fernández de Mesa.