“Cuando caí en la discapacidad, a mí nadie me explicó que la vida sigue. El Estado te dice: 'Bienvenido al mundo de los averiados y jubilados'. Pero más allá hay una vida activa y autónoma, deportes adaptados, gente estupenda. Lo que queremos es que se sepa. Esto no sale en ningún sitio”.

Son palabras de José Morralla, miembro de la plataforma Castelló Vida Independiente. Con esta descripción, se refiere a uno de los objetivos del colectivo: la visibilización. Acabar con el desamparo que experimentan las personas que por enfermedad, condición genética o accidente se encuentran con una diversidad funcional “y no saben que existe todo un movimiento”. 

La Plataforma Castelló Vida Independiente nació en 2017. La forman doce personas con movilidad reducida. La mayoría usa muletas o silla de ruedas para desplazarse. Pero sus reivindicaciones también se amplían a las necesidades que generan otras discapacidades, tanto físicas como intelectuales y mentales, y tienen contacto habitual con personas ciegas y sordas.

No son ayudas, son derechos

Sienten frustración porque hay muchas leyes que garantizan la accesibilidad universal, pero no se cumplen. Ahora quieren convertir el enfado en reivindicaciones. Que la sociedad sepa que ellos existen y tienen el mismo derecho a ser educados, ir al médico, desplazarse y disfrutar del ocio que el resto de ciudadanos.“Nosotros no necesitamos ayuda. No somos discapacitados, la sociedad nos discapacita cuando no se cumple la ley”, explica otro de los miembros, Benito Pérez.  

Difunden sus reivindicaciones a través de Facebook, notas de prensa y charlas en institutos. Recientemente ocuparon titulares en varios medios por la denuncia del caso de Lidón López, miembro de la plataforma que no pudo viajar a Vinaròs porque no funcionaba la rampa de un autobús de la compañía concesionaria, Autos Mediterráneo.

La repercusión de la denuncia consiguió que la empresa pagara los gastos que ocasionó a la afectada -más de 80 euros en un taxi- y que la Generalitat se haya comprometido, explican desde la Plataforma, a revisar el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad en el transporte público. 

Las “trampas” de la calle

Ese, el de las dificultades de movilidad, es uno de los temas estrella. Para denunciarlas, han acuñado el término de “trampas”. Si la calle fuera como la ley indica y el resto de la gente cumpliera las normas, ellos podrían avanzar por las aceras. Pero la realidad es bien diferente. 

Las “trampas” más obvias son las que generan los conductores cuando aparcan en las plazas para discapacitados o utilizan los rebajes para carga y descarga. “Te dicen: 'Es un minuto'. Y no piensan que en mi día a día me pasa 25 veces, y eso quiere decir que yo pierdo muchos minutos de mi vida en esperar a que ellos quiten el coche”, explica Benito. Denuncian que la falta de civismo de muchos ciudadanos se une con la falta de presencia de agentes de movilidad en las calles.

Esos obstáculos temporales se unen a los permanentes, que se producen por falta de cumplimiento de la ley en la construcción del espacio público, o por falta de diligencia en la reparación de los desperfectos. La conversación con eldiario.es se produce en la terraza de una cafetería. En un radio de diez metros, hay oportunidad de ver varias de estas trampas. 

Rebajes mal construidos en Castelló 

Una de ellas es una acera, en la calle Cerdán de Tallada, tan estrecha e invadida por los coches que no puede ser recorrida por una silla de ruedas. Hay también un rebaje que acaba en un bache en el que pueden tropezar las ruedas de la silla, puede atascarse una muleta o puede tropezar una persona ciega. 

Esta rampa tiene, además, demasiada inclinación. Por ello, mientras dura la entrevista, una anciana con andador está a punto de caer. La persona que la acompaña tiene que correr para conseguir equilibrarla. 

La escena causa una cascada de comentarios en los miembros de la Plataforma: “Este es solo un ejemplo. El 80 % de los rebajes de Castelló no cumplen las exigencias legales”, explica Marysa Gómez. A veces tienen un pequeño escalón, o carecen de la inclinación adecuada, o no están bien señalizados para personas ciegas, entre otras carencias.

Las consecuencias son el riesgo de caídas, la imposibilidad de usarlos o la incomodidad de que se llenen de agua cuando llueve. “Hacer las cosas bien nos beneficiaría a quienes vamos en sillas de ruedas, pero también prevendría accidentes. Al final, la sociedad ahorraría dinero”, explica José. 

“Para nosotros, ir del punto A al punto B en la ciudad se convierte en un zig zag”, se lamenta. “En una yincana”, añade Benito. Y el caso es que “yo también soy un peatón con los mismos derechos que el resto”, zanja José. 

De Vietnam a Castelló

La actitud de la Plataforma se aleja de la petición de ayuda o de la consideración de la discapacidad como enfermedad. Al contrario, busca la máxima autonomía para las personas con diversidad “y que ellas sean las dueñas de su vida”, afirman. Es la filosofía de “Vida Independiente”, extendida por todo el mundo.

Surgió, explica Benito, gracias a los veteranos de la Guerra de Vietnam, que de vuelta a EEUU se encontraron recluidos en residencias. Su lucha fue la de conseguir que los recursos económicos que el Estado destinaba a su cuidado pasaran del sistema asistencial a sus manos para conseguir una vida autónoma y compartida con el resto de la sociedad. 

El reto es conseguir que las personas con diversidad funcional (“que somos el 8%”, recuerdan) formen parte de la normalidad de la sociedad. Esto “sería más fácil si la escuela fuera inclusiva, si los niños con diversidad estuvieran en las mismas clases que el resto. Pero desde el principio se les aparta. Por ejemplo, a los niños con autismo se les deriva a otros centros. Esto ayuda a que se les vea como los 'raros'”, explica José. 

À Punt, recién estrenada pero no accesible 

La lista de reivindicaciones es larga. En el campo del ocio, la plataforma denuncia que apenas hay cines adaptados, ni películas subtituladas. Que À Punt “no cumple la ley en vigor que la obliga a la accesibilidad universal”. Que estamos fuera del plazo legal para que todos los bares tengan una entrada y baño accesibles “pero nadie les obliga a hacer las obras”.

Que la Administración no atiende a las normas que pueden marcar la diferencia entre disfrutar de la cultura o no. Por ejemplo, aceptan que el recién inaugurado refugio antifranquista en Castelló no puede tener un ascensor para personas en sillas de ruedas, pero señalan que tampoco se han cumplido otras reglas por las que podría ser disfrutado por personas sordas o ciegas. 

El mensaje en los institutos 

Más allá de la indignación, en el estado de ánimo de la Plataforma también abunda el optimismo. A ello contribuye la experiencia de las charlas en institutos. José cuenta que, en contra de lo que esperan los profesores, los adolescentes de 13 a 15 años le escuchan con atención. 

También hacen muchas preguntas, de forma que los encuentros han llegado a durar una hora y media. “Tienen interés por las cosas más cotidianas. Y por el mensaje último de que la vida es corta y que hay que aprovecharla porque nunca sabes si podrás hacer todo lo que planeas”. 

Además de optimismo, los miembros de la Plataforma transmiten orgullo por “nuestra independencia”. No son una asociación porque “no queremos subvenciones”. El objetivo es poder denunciar cualquier cosa en cualquier momento, sin “complicidades ni cortapisas”, afirman. 

Durante la conversación, se repiten palabras como “visibilización” y “empoderamiento”. Y, sobre todo, pretenden conseguir “apoyo mutuo”. Cada semana se reúnen en la Morada, la sede de Podemos en Castelló, “porque nos la prestan y es accesible, no porque seamos de ese partido”, aclaran. En esas reuniones comparten experiencias. Y si hay que denunciar algo, “el protagonismo es para el afectado y todos estamos detrás”. 

El mensaje final es que si la sociedad deja de boicotearles, las personas con diversidad funcional tienen una vida plena. “A mi familia y a mí nos gustaba el turismo rural, y seguimos haciéndolo. Me gustaba la montaña, y sigo yendo. Practicaba espeleología, y una vez al año voy con mi grupo a una cueva, aunque no pueda entrar. Tu vida no es igual, pero tu vida se parece”, concluye José. 

“Quan vaig caure en la discapacitat, a mi ningú no em va explicar que la vida continua. L’Estat et diu: ‘Benvingut al món dels avariats i jubilats’. Però més enllà hi ha una vida activa i autònoma, esports adaptats, gent fantàstica. El que volem és que se sàpia. Això no ix en cap lloc”.

Són paraules de José Morralla, membre de la plataforma Castelló Vida Independent. Amb aquesta descripció, es refereix a un dels objectius del col·lectiu: la visibilització. Acabar amb el desemparament que experimenten les persones que per malaltia, condició genètica o accident es troben amb una diversitat funcional “i no saben que hi ha tot un moviment”.

La Plataforma Castelló Vida Independent va nàixer el 2017. La formen dotze persones amb mobilitat reduïda. La majoria fan servir crosses o cadira de rodes per a desplaçar-se. Però les seues reivindicacions també s’amplien a les necessitats que generen altres discapacitats, tant físiques com intel·lectuals i mentals, i tenen contacte habitual amb persones cegues i sordes.

No són ajudes, són drets

Senten frustració, perquè hi ha moltes lleis que garanteixen l’accessibilitat universal, però no es compleixen. Ara volen convertir l’enuig en reivindicacions. Que la societat sàpia que ells existeixen i tenen el mateix dret a ser educats, anar al metge, desplaçar-se i gaudir de l’oci que la resta dels ciutadans. “Nosaltres no necessitem ajuda. No som discapacitats, la societat ens discapacita quan no es compleix la llei”, explica un altre dels membres, Benito Pérez.

Difonen les seues reivindicacions a través de Facebook, notes de premsa i xarrades en instituts. Fa poc van ocupar titulars en uns quants mitjans per la denúncia del cas de Lidón López, membre de la plataforma que no va poder viatjar a Vinaròs perquè no funcionava la rampa d’un autobús de la companyia concessionària, Actuaciones Mediterráneo.

La repercussió de la denúncia va aconseguir que l’empresa pagara les despeses que va ocasionar a l’afectada –més de 80 euros en un taxi– i que la Generalitat s’haja compromés, expliquen des de la Plataforma, a revisar el compliment de les condicions d’accessibilitat en el transport públic.

Els “paranys” del carrer

Aquest, el de les dificultats de mobilitat, és un dels temes estrela. Per a denunciar-les, han encunyat el terme de “paranys”. Si el carrer fora com la llei indica i la resta de la gent complira les normes, ells podrien avançar per les voreres. Però la realitat és ben diferent.

Els “paranys” més obvis són les que generen els conductors quan aparquen en les places per a discapacitats o utilitzen els rebaixos per a càrrega i descàrrega. “Et diuen: ‘És un minut’. I no pensen que en el meu dia a dia em passa 25 vegades, i això vol dir que jo perd molts minuts de la meua vida esperant que ells lleven el cotxe”, explica Benito. Denuncien que la falta de civisme de molts ciutadans s’uneix amb la falta de presència d’agents de mobilitat als carrers.

Aqueixos obstacles temporals s’uneixen als permanents, que es produeixen per falta de compliment de la llei en la construcció de l’espai públic, o per falta de diligència en la reparació dels desperfectes. La conversa amb eldiario.es es produeix a la terrassa d’una cafeteria. En un radi de deu metres, hi ha oportunitat de veure uns quants d’aquests paranys.

Rebaixos mal construïts a Castelló

Un n’és una vorera, al carrer Cerdà de Tallada, tan estreta i envaïda pels cotxes que no pot ser recorreguda per una cadira de rodes. Hi ha també un rebaix que acaba en un clot en què poden entropessar les rodes de la cadira, pot estacar-se una crossa o pot entropessar una persona cega.

Aquesta rampa té, a més, massa inclinació. Per això, mentre dura l’entrevista, una anciana amb caminador està a punt de caure. La persona que l’acompanya ha de córrer per poder equilibrar-la.

L’escena causa una cascada de comentaris en els membres de la Plataforma: “Aquest és només un exemple. El 80% dels rebaixos de Castelló no compleixen les exigències legals”, explica Marysa Gómez. A vegades tenen un escaló menut, o manquen de la inclinació adequada, o no estan ben senyalitzats per a persones cegues, entre altres faltes.

Les conseqüències són el risc de caigudes, la impossibilitat d’usar-los o la incomoditat que s’òmpliguen d’aigua quan plou. “Fer les coses bé ens beneficiaria als qui anem en cadires de rodes, però també previndria accidents. Al final, la societat estalviaria diners”, explica José.

“Per a nosaltres, anar del punt A al punt B a la ciutat es converteix en un zig-zag”, es lamenta. “En una gimcana”, afig Benito. I el cas és que “jo també sóc un vianant amb els mateixos drets que la resta”, conclou José.

Del Vietnam a Castelló

L’actitud de la Plataforma s’allunya de la petició d’ajuda o de la consideració de la discapacitat com a malaltia. Al contrari, busca la màxima autonomia per a les persones amb diversitat “i que elles siguen les propietàries de la seua vida”, afirmen. És la filosofia de “Vida Independent”, estesa per tot el món.

Va sorgir, explica Benito, gràcies als veterans de la guerra del Vietnam, que, de tornada als EUA, es van trobar reclosos en residències. La seua lluita va ser la d’aconseguir que els recursos econòmics que l’Estat destinava a la seua cura passaren del sistema assistencial a les seues mans per aconseguir una vida autònoma i compartida amb la resta de la societat.

El repte és aconseguir que les persones amb diversitat funcional (“que som el 8%”, recorden) formen part de la normalitat de la societat. Això “seria més fàcil si l’escola fora inclusiva, si els xiquets amb diversitat estigueren en les mateixes classes que la resta. Però des del principi se’ls aparta. Per exemple, als xiquets amb autisme se’ls deriva a altres centres. Això ajuda al fet que se’ls veja com els ‘estranys’”, explica José.

À Punt, acabada d’estrenar, però no accessible

La llista de reivindicacions és llarga. En el camp de l’oci, la plataforma denuncia que a penes hi ha cinemes adaptats, ni pel·lícules subtitulades. Que À Punt “no compleix la llei en vigor que l’obliga a l’accessibilitat universal”. Que estem fora del termini legal perquè tots els bars tinguen una entrada i bany accessibles “però ningú els obliga a fer les obres”.

Que l’Administració no atén les normes que poden marcar la diferència entre gaudir de la cultura o no. Per exemple, accepten que el refugi antifranquista a Castelló, inaugurat fa poc, no pot tindre un ascensor per a persones en cadires de rodes, però assenyalen que tampoc s’han complit altres regles per les quals podria ser gaudit per persones sordes o cegues.

El missatge en els instituts

Més enllà de la indignació, en l’estat d’ànim de la Plataforma també abunda l’optimisme. Hi contribueix l’experiència de les xarrades en instituts. José conta que, en contra del que esperen els professors, els adolescents de 13 a 15 anys l’escolten amb atenció.

També fan moltes preguntes, de manera que les trobades han arribat a durar una hora i mitja. “Tenen interés per les coses més quotidianes. I pel missatge últim que la vida és curta i que cal aprofitar-la, perquè mai saps si podràs fer tot el que planeges”.

A més d’optimisme, els membres de la Plataforma transmeten orgull per “la nostra independència”. No són una associació, perquè “no volem subvencions”. L’objectiu és poder denunciar qualsevol cosa en qualsevol moment, sense “complicitats ni traves”, afirmen.

Durant la conversa, es repeteixen paraules com “visibilització” i “apoderament”. I, sobretot, pretenen aconseguir “suport mutu”. Cada setmana es reuneixen en La Morada, la seu de Podem a Castelló, “perquè ens la presten i és accessible, no perquè som d’aquest partit”, aclareixen. En aquestes reunions comparteixen experiències. I si cal denunciar alguna cosa, “el protagonisme és per a l’afectat i tots estem darrere”.

El missatge final és que, si la societat deixa de boicotejar-los, les persones amb diversitat funcional tenen una vida plena. “A la meua família i a mi ens agradava el turisme rural, i continuem fent-ne. M’agradava la muntanya, i continue anant-hi. Practicava espeleologia, i una vegada l’any vaig amb el meu grup a una cova, encara que no puga entrar-hi. La teua vida no és igual, però la teua vida s’assembla”, conclou José.

“Aparcament debades! Facturació i embarcament ràpid i senzill!”. Són alguns dels punts que recull l’apartat “avantatges” de la web de l’aeroport de Castelló. A aquests qualificatius es podria afegir els que el 2015 li va dedicar el llavors president i director general de la infraestructura, Alain Russel. Va dir que era un aeròdrom “sense estrés” perquè era “còmode” i sense “molta gent”.

Aquestes alegries per al viatger són la conseqüència amable d’una realitat bastant més negativa per a l’aeroport: la infrautilització. A pesar que al final de l’any passat els passatgers que passen anualment per la terminal s’havien multiplicat per sis –dels 23.201 del 2015 als 144.221 del 2017–, els números queden molt lluny dels dos milions que l’aeroport pot rebre, segons la seua web.

I, el que és més important, les xifres estan també allunyades dels 1,2 milions de persones que han d’aterrar o envolar-se des de la infraestructura perquè comence a considerar-se rendible, segons l’acord que van signar la Generalitat Valenciana –propietària del 99,9% de la societat Aerocas, propietària de l’aeroport– i Edeis Management, abans Lavalin, l’empresa privada que gestiona el funcionament de la instal·lació.

Esforços per remuntar el vol

Aquests són els resultats que un dels aeroports més famosos del país, per ser considerat durant anys el símbol del balafiament i la corrupció polítics, pot exhibir hui, set anys després de la inauguració i tres més tard de la posada en marxa. La infraestructura ha tornat a adquirir protagonisme aquests dies, arran que l’avió oficial de Pedro Sánchez, president del Govern, utilitzara les seues pistes per a acudir a una fugaç reunió amb el president de la Generalitat, Ximo Puig.

Després d’aquesta trobada, Sánchez i la seua dona van acudir al Festival Internacional de Benicàssim. El periple va atraure les crítiques d’altres partits, inclosa la del popular Javier Moliner, president de la Diputació provincial, que va qualificar Puig de “teloner” del grup que tocava aqueixa nit, The Killers .

Més enllà de la polèmica que ha suscitat l’ús de l’avió oficial per a un viatge amb tan poca política i tant d’oci, la visita ha servit per a tornar a atraure l’atenció sobre la infraestructura aèria. A què es dedica ara la instal·lació que Carlos Fabra, el després empresonat líder provincial del PP, va descriure com l’“aeroport sense avions” el dia de la inauguració?

Quatre anys en desús

Durant els primers anys des que es va construir, la resposta va ser senzilla: a no res. La infraestructura es va inaugurar el 2011, a dos mesos de les eleccions municipals i autonòmiques d’aqueix any. Va ser un capritx personal de Fabra, llavors president de la Diputació provincial. El dia de l’acte va compartir protagonisme i escenari amb un sacerdot, que beneïa la terminal, i amb Francisco Camps, president de la Generalitat del moment.

Com que no tenien els permisos necessaris per a operar, ni acord amb cap aerolínia, ni la cobertura d’AENA per a ocupar-se de la gestió, l’aeròdrom no va poder posar-se en marxa fins al 2015. Va ser gràcies a un acord entre la Generalitat i un operador privat, Lavalin –hui Edeis–, pel qual l’Administració abonarà a l’empresa 24,5 milions d’euros en els deu primers anys. Edeis només començarà a pagar quan s’arribe a 1,2 milions de passatgers anuals.

Aquest escenari està encara molt lluny. Els 144.221 passatgers de l’any 2017 van ser inferiors als 175.000 que preveia Edeis. La xifra sí que va servir perquè l’aeròdrom poguera presumir que havia superat a quinze aeroports de la xarxa d’AENA, entre els quals hi havia el de Còrdova o el de Vitòria. Però aqueixa posició en el rànquing no ha convertit la instal·lació en rendible econòmicament i tampoc, de moment, en termes turístics.

L’aixeta oberta de la Generalitat

En l’aspecte purament econòmic, els números mostren que la Generalitat està gastant molts diners a mantindre la instal·lació a flotació. Des d’Aerocas, destaquen que la Generalitat ha fet un gran esforç de sanejament per a traure la societat de la situació financera “complicada” que hi havia el 2015.

Hi havia 220 milions de deute i impagaments a Hisenda i als proveïdors. Aquests problemes s’han solucionat i “enguany hem eixit de la llista de morosos” de l’Agència Tributària, expliquen.

Aquest suport institucional es tradueix en un desemborsament de diners públics. Els comptes anuals d’Aerocas  de l’exercici 2017 assenyalen que l’Administració autonòmica havia assumit 151 milions d’euros de deute des del 2012. També mostren que la societat va perdre aqueix any 8,1 milions d’euros, una quantitat considerable encara que inferior que la de l’any anterior, de 13,5.

L’operador privat demana més diners

Un altre signe desfavorable és la petició d’Edeis  d’un milió d’euros més a la Generalitat a canvi de mantindre la seua gestió. L’empresa argumenta que les aerolínies necessiten un horari d’obertura de l’aeroport més ampli de l’establit. L’Administració està estudiant aquesta petició.

Quant al vessant de rendibilitat turística –l’objectiu per al qual va ser concebut–, l’aeroport no acaba d’arrancar com a punt d’atracció. En l’actualitat, rep i envia passatgers a Londres, Sofia, Poznan (Polònia) i Bucarest.

Des d’Aerocas  reconeixen que el vol des de Romania transporta fonamentalment residents de la província originaris d’aquell país, a causa de l’abundant nombre de persones d’aquesta nacionalitat que viuen a la província. Però expliquen que la resta dels vols, sobretot el de Londres, tenen “un caire més turístic”.

Detallen que en una enquesta a passatgers duta a terme entre agost i desembre del 2017, el 55% va respondre que el motiu del seu viatge era d’“oci o vacances”. Altres dades del mateix sondeig són que el 50,3% dels usuaris eren espanyols, el 31,4% del Regne Unit, el 6,6% de Romania, el 6,5% de Bulgària i el 3, 8% de Polònia.

Des d’Aerocas  es refereixen també a l’operativa de vols xàrter que va atraure 4.200 jubilats austríacs la primavera del 2017 i que va contribuir a l’anhelat objectiu de la desestacionalització del turisme a la província.

La dificultat d’atraure turistes

No obstant això, l’esforç no està sent prou, segons les últimes crítiques. Dilluns passat, el lobby hoteler “Castelló Club de Producto Turístico” es va queixar que l’aeròdrom “no té les característiques d’un trànsit turístic” i va demanar subvencions per a les línies aèries que s’interessen per l’aeròdrom, segons va recollir el diari Levante.

Totes aquestes dades no desanimen la Generalitat, que continua apostant pel futur de l’aeroport. A més d’assumir els deutes, l’Administració autonòmica ha pres decisions com ara diversificar l’activitat de la infraestructura.

Diversificar per a ingressar diners

Les instal·lacions serveixen ara de seu de mitjans d’extinció d’incendis, d’hangar per a la base de manteniment d’una escola de pilots i de lloc per a tasques de desmuntatge. A més, les pistes de Castelló acullen també vols xàrter. En el que va del 2018, hi ha hagut 56 moviments d’aeronaus i 1.865 passatgers, entre els quals s’inclou Sánchez en el seu camí cap al FIB. També hi ha avions noliejats per clubs de futbol o per empreses i fins i tot excursions religioses.

Amb totes aquestes mesures, els responsables autonòmics –amb Francesc Colomer, president de l’Agència Valenciana de Turisme, al capdavant– de moment han salvat l’aeroport de Castelló de la destinació d’abandó que han patit altres construccions megalòmanes del PP de Camps i Fabra. La sort que van córrer, per exemple, les properes plantes de purins de preu milionari i resultat quasi nul.

La falta de planificació amb què es va construir semblaven abocar l’aeròdrom al desús i la ruïna. O a la reproducció salvatge de conills, com va passar en l’època en què va estar tancat. Aquest fantasma s’ha conjurat i de l’aeroport entren i ixen avions. El futur dirà si arriba a ser una infraestructura social, turística i econòmicament rendible o si la Generalitat es veu obligada a tancar l’aixeta.

“¡Aparcamiento gratis! ¡Facturación y embarque rápido y sencillo!”. Son algunos de los puntos que recoge el apartado “ventajas” de la web del aeropuerto de Castelló. A estos calificativos se podría añadir los que en 2015 le dedicó el entonces presidente y director general de la infraestructura, Alain Russel. Dijo que era un aeródromo “sin estrés” porque era “cómodo” y sin “mucha gente”.  

Estas alegrías para el viajero son la consecuencia amable de una realidad bastante más negativa para el aeropuerto: su infrautilización. A pesar de que a finales del año pasado los pasajeros que anualmente pasan por la terminal se habían multiplicado por seis -de los 23.201 de 2015 a los 144.221 de 2017-, los números quedan muy lejos de los dos millones que el aeropuerto puede recibir, según su web.

Y, lo que es más importante, las cifras están también alejadas de los 1,2 millones de personas que tienen que aterrizar o despegar desde la infraestructura para que comience a considerarse rentable, según el acuerdo que firmaron la Generalitat Valenciana -dueña del 99,9 % de la sociedad Aerocas, propietaria del aeropuerto- y Edeis Management, antes Lavalin, la empresa privada que gestiona el funcionamiento de la instalación. 

Esfuerzos por remontar el vuelo  

  Estos son los resultados que uno de los aeropuertos más famosos del país, por ser considerado durante años el símbolo del despilfarro y la corrupción políticas, puede exhibir hoy, siete años después de su inauguración y tres más tarde de su puesta en marcha. La infraestructura ha vuelto a adquirir protagonismo estos días, después de que el avión oficial de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, utilizara sus pistas para acudir a una fugaz reunión con el president de la Generalitat, Ximo Puig.

Después de este encuentro, Sánchez y su esposa acudieron al Festival Internacional de Benicàssim. El periplo atrajo las críticas de otros partidos, incluida la del popular Javier Moliner, presidente de la Diputación provincial, que calificó a Puig de “telonero” del grupo que tocaba esa noche, The Killers. 

Más allá de la polémica que ha suscitado el uso del avión oficial para un viaje con tan poca política y tanto ocio, la visita ha servido para volver a atraer la atención sobre la infraestructura aérea. ¿A qué se dedica ahora la instalación que Carlos Fabra, el después encarcelado líder provincial del PP, describió como el  “aeropuerto sin aviones” el día de la inauguración?  

Cuatro años en desuso 

Durante los primeros años desde su construcción, la respuesta fue sencilla: a nada. La infraestructura se inauguró en 2011, a dos meses de las elecciones municipales y autonómicas de ese año. Fue un capricho personal de Fabra, entonces presidente de la Diputación provincial. El día del acto compartió protagonismo y escenario con un sacerdote, que bendecía la terminal, y con Francisco Camps, presidente de la Generalitat del momento. 

Como no tenían los permisos necesarios para operar, ni acuerdo con aerolínea alguna, ni la cobertura de AENA para ocuparse de la gestión, el aeródromo no pudo ponerse en marcha hasta 2015. Fue gracias a un acuerdo entre la Generalitat y un operador privado, Lavalin -hoy Edeis-, por el que la administración abonará a la empresa 24'5 millones de euros en los diez primeros años. Edeis sólo empezará a pagar cuando se alcancen los 1,2 millones de pasajeros anuales.

Este escenario está todavía muy lejos. Los 144.221 pasajeros del año 2017 fueron inferiores a los 175.000 que preveía Edeis. La cifra sí sirvió para que el aeródromo pudiera presumir de que había superado a quince aeropuertos de la red de AENA, entre los que estaba el de Córdoba o el de Vitoria. Pero esa posición en el ránking no ha convertido la instalación en rentable económicamente y tampoco, de momento, en términos turísticos.

El grifo abierto de la Generalitat

En el aspecto puramente económico, los números muestran que la Generalitat está gastando mucho dinero en mantener la instalación a flote. Desde Aerocas, destacan que la Generalitat ha hecho un gran esfuerzo de saneamiento para sacar a la sociedad de la “complicada” situación financiera que había en 2015.

Había 220 millones de deuda e impagos a Hacienda y a los proveedores. Estos problemas se han solventado y “este año hemos salido de la lista de morosos” de la Agencia Tributaria, explican. 

Este apoyo institucional se traduce en un desembolso de dinero público. Las cuentas anuales de Aerocas del ejercicio 2017 señalan que la Administración autonómica había asumido 151 millones de euros de deuda desde el 2012. También muestran que la sociedad perdió ese año 8,1 millones de euros, una cantidad considerable aunque inferior que la del año anterior, de 13,5. 

El operador privado pide más dinero 

Otro signo desfavorable es la petición de Edeis de un millón de euros más a la Generalitat a cambio de mantener su gestión. La empresa argumenta que las aerolíneas necesitan un horario de apertura del aeropuerto más amplio del establecido. La Administración está estudiando esta petición. 

En cuanto a su vertiente de rentabilidad turística -el objetivo para el que fue concebido-, el aeropuerto no termina de arrancar como punto de atracción. En la actualidad, recibe y envía pasajeros a Londres, Sofía, Poznan (Polonia) y Bucarest.

Desde Aerocas reconocen que el vuelo desde Rumanía transporta fundamentalmente a residentes de la provincia originarios de aquel país, debido al abundante número de personas de esta nacionalidad que viven en la provincia. Pero explican que el resto de vuelos, sobre todo el de Londres, tienen “un cariz más turístico”.

Detallan que en una encuesta a pasajeros realizada entre agosto y diciembre de 2017, el 55 % respondió que el motivo de su viaje era de “ocio o vacacional”. Otros datos del mismo sondeo son que el 50,3 % de los usuarios eran españoles, el 31,4 % de Reino Unido, el 6,6 % de Rumanía, el 6,5 % de Bulgaria y el 3, 8 % de Polonia. 

Desde Aerocas se refieren también a la operativa de vuelos chárter que atrajo a 4.200 jubilados austriacos en la primavera de 2017 y que contribuyó al ansiado objetivo de la desestacionalización del turismo en la provincia.

La dificultad de atraer turistas 

 Sin embargo, el esfuerzo no está siendo suficiente, a tenor de las últimas críticas. El pasado lunes, el lobby hotelero “Castelló Club de Producto Turístico” se quejó de que el aeródromo “no tiene las características de un tráfico turístico” y pidió subvenciones para las líneas aéreas que se interesen por el aeródromo, según recogió el diario Levante. 

Todos estos datos no desalientan a la Generalitat, que sigue apostando por el futuro del aeropuerto. Además de asumir las deudas, la Administración autonómica ha tomado decisiones como diversificar la actividad de la infraestructura.

Diversificar para ingresar dinero

Las instalaciones sirven ahora de sede de medios de extinción de incendios, de hangar para la base de mantenimiento de una escuela de pilotos y de lugar para tareas de desmontaje. Además, las pistas de Castelló acogen también vuelos chárter. En lo que va de 2018, ha habido 56 movimiento de aeronaves y 1.865 pasajeros, entre los que se incluye a Sánchez en su camino hacia el FIB. También hay aviones fletados por clubes de fútbol o por empresas e incluso excursiones religiosas. 

Con todas estas medidas, los responsables autonómicos - con Francesc Colomer, presidente de la Agencia Valenciana de Turisme, a la cabeza- de momento han salvado al Aeropuerto de Castellón del destino de abandono que han sufrido otras megalómanas construcciones del PP de Camps y Fabra. La suerte que corrieron, por ejemplo, las cercanas plantas de purines de precio millonario y resultado casi nulo.

La falta de planificación con la que se construyó parecían abocar al aeródromo al desuso y la ruina. O a la reproducción salvaje de conejos, como sucedió en la época en la que estuvo cerrado. Este fantasma se ha conjurado y del aeropuerto entran y salen aviones. El futuro dirá si llega a ser una infraestructura social, turística y económicamente rentable o si la Generalitat se ve obligada a cerrar el grifo. 

El pleno del Ayuntamiento de Castelló dio el jueves un nuevo paso en la larga tramitación del nuevo Plan General urbanístico de la ciudad. En concreto, se aprobó la versión inicial del Plan de Ordenación Pormenorizada (POP) con los votos del Gobierno, formado por PSOE y Compromís, y de Castelló en Moviment, el partido que posibilita la gobernabilidad desde la oposición.

El POP contempla las directrices urbanísticas del Plan General a escala de barrio. Los ciudadanos podrán consultar en él la edificación, la actividad concreta para la que se destinará cada área, el número de plantas que se podrán levantar en cada calle, etc. Lo que se aprobó el jueves es la primera versión del plan y su exposición pública, que se producirá a partir del 3 de septiembre.

A partir de esa fecha, recibirá alegaciones de la ciudadanía y será aprobado definitivamente una vez acabado ese proceso. Después, el Ayuntamiento deberá esperar a recibir el visto bueno de la Generalitat para el Plan General en su conjunto, entre otros trámites. El objetivo del Gobierno local es que quede aprobado antes del fin de la legislatura, aunque puede retrasarse.

La oposición reprocha las prisas

PP y Ciudadanos votaron en contra del POP. Sus portavoces reprocharon al Ejecutivo local que esté poniendo en marcha este plan pormenorizado sin haber resuelto todas las alegaciones del trámite anterior, el Plan Estructural. El concejal de Urbanismo, Rafael Simó, respondió que los documentos actúan a diferente escala y aseguró que los técnicos municipales habían considerado que se podían tramitar en paralelo.

Por su parte, Ignasi Garcia, de Compromís, elogió el Plan General en su conjunto porque “acaba con el urbanismo a la carta, que tanto daño ha hecho, y apuesta por la sostenibilidad ambiental. (...) Es una apuesta realista que evita el urbanismo depredador que ha padecido la costa de Castelló”. También destacó la apuesta por el urbanismo de género del documento.

Una semana con dudas sobre la aprobación

La aprobación del POP estuvo en el aire durante unos días debido a las dudas de Castelló en Moviment. La agrupación criticó que el Ejecutivo local sólo les había dado una semana para revisar la documentación. También se mostraron en contra de que la exposición pública ocupara parte del mes de agosto, en el que numerosos vecinos están fuera de la ciudad.

La situación se resolvió en una reunión entre los tres partidos que tuvo lugar el miércoles y en la que se aprobaron modificaciones para lograr el consenso, según una nota de prensa emitida por Compromís. Esa tarde, la asamblea de Castelló en Moviment aprobó el voto a favor de sus cuatro concejales, que finalmente han respaldado el trámite en el pleno del jueves.

La exposición pública, a septiembre

Según explicó el portavoz de la agrupación, Xavier del Señor, en esta decisión pesaron los cambios incorporados por el Ejecutivo municipal, como son el retraso del inicio de la exposición pública al 3 de septiembre y la promesa de que el documento final incorporará propuestas de Castelló en Moviment como las superislas, el anillo verde y la peatonalización de una parte del casco histórico.

Del Señor afirmó durante el pleno que, aunque el proyecto urbanístico que se está tramitando es “manifiestamente mejor que lo que había anteriormente”, su partido no dejará de estar “vigilante” para que todos los acuerdos entre los tres partidos acaben incorporados al texto final. Entre ellos, las medidas de cuidado y protección medioambiental y la movilidad sostenible.

Una de las concejales de la formación, Anna Peñalver, se abstuvo en la votación. Este gesto no obstaculizó la aprobación del POP pero sirvió para mostrar el desacuerdo del partido con la velocidad con la que se está llevando adelante el proceso.

Abraçades efusives amb Ximo Puig, el president autonòmic valencià. Somriures per a l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco. Algun que altre selfie amb els espontanis als quals els seus guardaespatles deixaven acostar-se. Mirades còmplices i divertides cap als que li cridaven “Pedrooo!” des de les voreres. Tot durant un lent passeig pel centre de la ciutat acompanyat de Puig que ha acabat en la seu de la Delegació de la Generalitat, on tots dos han tingut una reunió de 45 minuts.

Això és tot el que la premsa i els ciutadans que divendres han seguit la visita a Castelló de Pedro Sánchez, president del Govern, han pogut percebre. A pesar que aquesta trobada s'havia anunciat en l'agenda oficial i de l'intent dels periodistes de preguntar-li des de l'altre costat del seu personal de seguretat, el cap de l'Executiu no ha contestat preguntes ni ha fet cap comentari davant els micròfons.

Només Puig ha fet declaracions després de la marxa de Sánchez. Ha afirmat que la reunió havia sigut “positiva” i que el president havia demostrat “empatia” cap als valencians. També ha destacat que “té una idea clara del que ha de ser l'Espanya plural”.

Amb empatia, però sense compromisos concrets

Així les coses, l'únic resultat de la reunió és estètic: el de la complicitat que tots dos mandataris volien transmetre a través de les imatges d'un passeig estival entre bromes i comentaris amables pels carrers de Castelló i d'una trobada, programada hores abans de l'habitual presència del president en el Festival Internacional de Benicàssim, que ofereix la seua actuació estrella amb The Killers.

La falta de conclusions polítiques després de tota aquesta posada en escena és la confirmació que, de moment, la “empatia” que destaca Puig és l'única cosa que Sánchez pot oferir-li després d'un començament de mandat amb poques manyagues cap a la Comunitat Valenciana.

Dies abans, el mateix Puig havia qualificat la trobada com un “gest” del president cap a la Comunitat. La definició va ser exacta, perquè en això ha quedat tot. No hi ha hagut cap declaració per a la premsa que poguera fer pensar en qualsevol acord o concessió política que supose una novetat sobre la ferida oberta a la Comunitat Valenciana, l'infrafinançament, que Sánchez ja va dir fa algunes setmanes que intentarà embenar, però que no guarirà.

Queixes a la Comunitat Valenciana

Precisament, el president espanyol va anunciar aquesta trobada “informal” en el Congrés dimarts passat, enmig dels retrets de Joan Baldoví, el diputat de Compromís -el partit soci de Govern del PSOE a la Comunitat Valenciana-, que va enlletgir a Sánchez la seua negativa a reformar el sistema de finançament autonòmic.

No va ser l'única queixa: des que el recentment estrenat govern socialista va anunciar al juny que no es veu amb suports ni temps suficient per a obrir aquest meló, també Podem -l'altre soci d'investidura de Puig-, Ciutadans i PP han criticat que Sánchez haja desistit de reformar el sistema en un moment tan primerenc del seu mandat.

L'Executiu sí que ha anunciat mesures pal·liatives per a la falta de finançament. El dijous, es va aprovar en el Consell de Política Fiscal i Financera una ampliació del dèficit que donarà més oxigen als governs regionals. En concret, suposarà un increment dels recursos autonòmics de prop de 2.400 milions d'euros. El conseller d'Hisenda valencià, Vicent Soler, es va abstenir perquè, encara que la mesura beneficia aquest territori, els avanços són insuficients.

Tot això ho hauran de consultar els castellonencs en les notícies dels últims dies. No ho han sentit de llavis del seu president, que a l'eixida de la reunió ha caminat alguns metres pel cèntric carrer Major de Castelló acompanyat de Puig enmig d'una gran expectació. Amb no poc treball, ha aconseguit pujar al cotxe oficial. Eren dos quarts de set i la calor del migdia havia deixat pas a una brisa agradable. L'hora ideal per a prendre el camí del FIB.

Abrazos efusivos con Ximo Puig, el presidente autonómico valenciano. Sonrisas para la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco. Algún que otro selfie con los espontáneos a los que sus guardaespaldas dejaban acercarse. Miradas cómplices y divertidas hacia quienes le gritaban “¡Pedrooo!” desde las aceras. Todo durante un lento paseo por el centro de la ciudad acompañado de Puig que acabó en la sede de la Delegación de la Generalitat, donde ambos tuvieron una reunión de 45 minutos.

Eso es todo lo que la prensa y los ciudadanos que el viernes siguieron la visita a Castelló de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, pudieron percibir. A pesar de que este encuentro se había anunciado en la agenda oficial y del intento de los periodistas de preguntarle desde el otro lado de su personal de seguridad, el jefe del Ejecutivo no contestó preguntas ni hizo comentario alguno ante los micrófonos.

Sólo Puig hizo declaraciones tras la marcha de Sánchez. Afirmó que la reunión había sido “positiva” y que el presidente había demostrado “empatía” hacia los valencianos. También destacó que “tiene una idea clara de lo que tiene que ser la España plural”.

Con empatía, pero sin compromisos concretos

Así las cosas, el único resultado de la reunión fue estético: el de la complicidad que ambos mandatarios quisieron transmitir a través de las imágenes de un paseo estival entre bromas y comentarios amables por las calles de Castelló y de un encuentro, programado horas antes de la habitual presencia del presidente en el Festival Internacional de Benicàssim, que esta noche ofrece su actuación estrella con The Killers.

La falta de conclusiones políticas después de toda esta puesta en escena es la confirmación de que, de momento, la “empatía” que destacó Puig es lo único que Sánchez puede ofrecerle después de un comienzo de mandato con pocos mimos hacia la Comunitat Valenciana.

Días antes, el propio Puig había calificado el encuentro como un “gesto” del presidente hacia la Comunitat. La definición fue exacta, porque en eso quedó todo. No hubo ninguna declaración para la prensa que pudiera hacer pensar en cualquier acuerdo o concesión política que suponga una novedad acerca de la herida abierta en la Comunidad Valenciana, la infrafinanciación, que Sánchez ya dijo hace varias semanas que intentará parchear, pero que no curará.

Quejas en la Comunitat Valenciana 

Precisamente, el presidente español anunció este encuentro “informal” en el Congreso el pasado martes, en medio de los reproches de Joan Baldoví, el diputado de Compromís -el partido socio de Gobierno del PSOE en la Comunidad Valenciana-, que afeó a Sánchez su negativa a reformar el sistema de financiación autonómica.

No fue la única queja: desde que el recién estrenado gobierno socialista anunció en junio que no se ve con apoyos ni tiempo suficientes para abrir este melón, también Podem -el otro socio de investidura de Puig-, Ciudadanos y PP han criticado que Sánchez haya desistido de reformar el sistema en un momento tan temprano de su mandato.

El Ejecutivo sí ha anunciado medidas paliativas para la falta de financiación. El jueves, se aprobó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera una ampliación del déficit que dará más oxígeno a los gobiernos regionales. En concreto, supondrá un incremento de los recursos autonómicos de alrededor de 2.400 millones de euros. El conseller de Hacienda valenciano, Vicent Soler, se abstuvo porque, aunque la medida beneficia a este territorio, los avances son insuficientes.

Todo eso lo tendrán que consultar los castellonenses en las noticias de los últimos días. No lo oyeron de labios de su presidente, que a la salida de la reunión caminó algunos metros por la céntrica calle Mayor de Castelló acompañado de Puig en medio de una gran expectación. Con no poco trabajo, consiguió subir al coche oficial. Eran las seis y media y el calor del mediodía había dejado paso a una brisa agradable. La hora ideal para tomar el camino del FIB.

La doctora Núria Tornador es especialista en medicina interna y ejerce en el Hospital General de Castelló. Fue la coordinadora del proceso de confección del protocolo con el que el Departamento de Salud de esta provincia ha puesto de acuerdo a todas las instituciones implicadas en el abordaje de una agresión sexual. Se trata de coordinar el momento más crítico: el de la llegada a urgencias hospitalarias de la mujer que ha sufrido una violación.

En el documento han intervenido diferentes servicios del hospital, además de la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Fiscalía, los juzgados y los servicios sociales. Desde el pasado mes de mayo, la recién creada Comisión de Violencia de Género y Agresiones Sexuales liderada por la Gerencia del departamento de salud de Castelló se encarga de la supervisión de su cumplimiento. La doctora Amparo Lozano es ginecóloga del mismo hospital y fue miembro del grupo que participó en la creación del protocolo. 

Este protocolo de coordinación es pionero en la Comunidad Valenciana. ¿Por qué se decidieron a llevarlo a cabo? ¿Cuáles son las carencias en la atención a las agredidas que les llevaron a promover este documento de coordinación?

NÚRIA TORNADOR. Las agresiones sexuales implican a las fuerzas de seguridad, al estamento judicial y al sanitario, entre otros. Se requiere una coordinación interinstitucional para investigar el caso y conseguir atrapar a los culpables, pero también para humanizar el acto de la atención en sí. Hay que requerir la presencia de profesionales que no están físicamente en el hospital: el forense, las fuerzas de seguridad. Hay que regular los tiempos muertos: dónde espera la mujer y con quién.

Si todos estamos coordinados, la atención se humaniza porque todo el mundo entiende lo que le está pasando y sabe con quién tiene que contar. Conseguir eso es muy difícil porque cada institución tiene su dinámica. Y porque las agresiones suelen suceder en horarios intempestivos, en vacaciones, en madrugadas, en fines de semana donde hay personal de guardia en todos los estamentos y a veces eventual, porque es verano.

Ahora mismo hay una voluntad y un trabajo desde Conselleria [de Sanitat] de establecer un protocolo a nivel de toda la Comunidad. Y cada hospital, por su parte, ha intentado organizarse. En Castelló tenemos ya un protocolo a nivel interinstitucional donde todas las partes implicadas están en contacto, y es fruto de un trabajo de años.

¿En qué se va a notar esta humanización del trato a la mujer agredida?

AMPARO LOZANO. Hay cosas que pueden parecer irrelevantes pero no lo son cuando eres una persona a la que acaban de agredir, que es lo que fundamentalmente vemos en Urgencias. La coordinación es muy importante para que la paciente no se sienta sola y para que no se sienta, además, humillada. Que no tenga la sensación de que ha hecho algo malo, cuando en realidad es a ella a la que han agredido.

Hay veces que se sienten sucias, como si fueran basura. Para evitarlo y arroparlas hay que evitar, por ejemplo, que ginecólogos y forenses dupliquen exploraciones. Cuidar detalles como el de la ropa. Ahora tenemos ropa desechable que pueden llevarse a casa. También hay que evitar hablar delante de ellas del procedimiento a seguir como si no estuvieran. Todo eso tiene que estar regulado.

N.T. Además, está el hecho de que estas pacientes requieren un seguimiento sobre posibles infecciones, por ejemplo, y lo ideal es que quien las atienda sea otra mujer y siempre la misma. Conseguir eso también es difícil.

¿Cuál es el seguimiento que se hace de la víctima en los meses posteriores?

N. T. A nivel sanitario hay que hacer un seguimiento del riesgo infeccioso. Una agresión sexual es un riesgo de adquirir infecciones para la mujer. El VIH, la sífilis, las hepatitis, la gonorrea. Además de un embarazo. En el momento agudo se le administran unos fármacos preventivos pero luego hay que hacer un seguimiento a nivel médico, para vigilar si aparecen nuevos datos y si aparecen, tratarlos.

A la vez haces un acompañamiento humano, psicológico. Actualmente, lo realiza el Centro Mujer 24 horas y tenemos un acuerdo para que puedan trasladarse al hospital en un momento agudo. Sus psicólogas también hacen un seguimiento crónico. La Conselleria [de Sanitat] está trabajando ahora un protocolo en el que también está la idea de ampliar los recursos a nivel de salud mental. Pero eso es un trabajo a futuro. En la actualidad, el seguimiento lo hacemos durante un mínimo de seis meses en cuanto al riesgo infeccioso. Si queda algún detalle, es flexible.

A. L. Si se acompaña de alguna lesión física (por ejemplo ha habido veces en que se han tenido que hacer suturas vaginales) también se sigue un control por Ginecología. Pero sobre todo, la monitorización se hace desde Medicina Interna y desde Psicología.

¿Todos los profesionales de los servicios afectados tienen acceso al protocolo?

N. T. El protocolo es conocido y está al alcance de los profesionales de todos los servicios del hospital implicados. Además, ahora en cada departamento de salud de la comunidad autónoma se ha constituido una comisión de violencia de género y agresiones sexuales, siguiendo instrucciones de Conselleria. En el departamento de Castelló, se constituyó a finales de mayo. Esa comisión es la garante de velar por la actualización y difusión del protocolo.

¿Qué respuesta habéis tenido de otros cuerpos, como la Guardia Civil o la judicatura? ¿Habéis encontrado personas sensibilizadas con el tratamiento de la violencia contra las mujeres desde el punto de vista de la igualdad de derechos?

N. T. En nuestro grupo sí. Tanto el personal de la Policía Nacional como de la Guardia Civil son personas muy implicadas. Trascienden su obligación profesional y están disponibles siempre, en algunos casos incluso facilitando teléfonos personales. Lo mismo ha sucedido en el Centro Mujer 24 Horas y en la Oficina de Atención a Víctimas del Delito, un departamento del juzgado.

¿Qué importancia tiene este protocolo para la persecución judicial de los delitos?

N. T. Es muy importante que en Urgencias y en la investigación policial se tomen las muestras adecuadamente para la investigación posterior. Porque hay casos en los que ha habido una agresión, pero es especialmente complicado demostrarlo, como es el de la sumisión química. Como no hay consciencia, no hay resistencia física y por lo tanto no hay daños. Puede que ni siquiera haya restos de semen porque no ha habido penetración o porque ésta se haya realizado con un objeto. Pero sigue habiendo una agresión.

El protocolo está preparado para detectar esto. El forense toma muestras de sangre y de orina. Se pueden tomar hasta 96 horas después del episodio. Pero es fundamental una buena atención urgente coordinada entre todos. Cualquier muestra biológica -un trozo de piel bajo una uña, un vello púbico, un signo de violencia- debe registrarse adecuadamente.

¿Tienen las víctimas una adecuada atención psicológica?

N. T. Este es un momento en que es más necesario que nunca dar un mensaje positivo porque el impacto mediático que ha tenido el caso de la Manada de Pamplona ha sido muy negativo para las víctimas. Las mujeres deben saber que el sistema se está preparando y sensibilizando para atenderlas. Pero, al mismo tiempo, hay que seguir pidiendo más recursos.

Unos días de espera para una cita en el caso de una mujer agredida puede ser demasiado tiempo. Necesita un apoyo psicológico inmediato. Y se necesitan recursos. Los protocolos sirven de mucho pero debe haber también un compromiso político de dedicar a personas específicas para esto.

El caso de la Manada de Pamplona evidenció que hay una parte de la sociedad que cree que si la mujer no se defiende hasta la muerte contra el agresor, no está siendo realmente agredida. En vuestra experiencia con mujeres víctimas de la violencia sexual, ¿cuántos tipos de reacción puede haber? ¿Cuántos tipos de comportamiento pueden presentarse en los meses después a este trauma?

A. L. Reacciones habrá tantas como mujeres haya. Pero lo que yo he visto es que normalmente la mujer viene en shock. No he visto lesiones físicas de defensa, sino al revés. Puede que haya lesiones como de que ha sido sujetadas. Pero ellas encima tienen una sensación de suciedad y humillación, como si hubieran hecho algo malo.

N. T. El caso de la Manada ha influido muy negativamente. Recientemente, una víctima me preguntó: “¿Pero lo mío ha sido abuso o violación?”. Es una pregunta que está fuera de lugar. Demuestra que se ha creado una cultura confusa, sin fundamento. Una violación es cuando atentan contra tu libertad sexual con fuerza o intimidación. El miedo es una forma de intimidar.

En Pamplona, con todos los respetos a la sentencia, lo que ha pasado no tiene ningún sentido y ha hecho un franco daño a las víctimas. Las revictimiza y las tortura. Para ellas puede perder el sentido el hecho de pasar por el proceso de denunciar la agresión, que es muy duro para la mujer. Tiene entrevistas con las fuerzas de seguridad, tiene que ir al lugar de los hechos, recordarlo, responder a un montón de preguntas detalladas... Está también el miedo a las represalias por parte del agresor, tanto si es conocido como si no. Y luego, el miedo a que no te crean.

También perjudica mucho el ánimo de las víctimas el tratamiento mediático que se hace de los casos que llegan a los medios de comunicación. Por ejemplo, todos los titulares de una reciente agresión en Benicàssim destacaban que la víctima no denunció. La prensa ha actuado de forma muy negativa porque con esos titulares están dando a entender que si no hay denuncia es que no hubo violación .

¿Qué os parece el tratamiento mediático que se hace de las agresiones sexuales?

N. T. En general, mejorable. No hay a veces conciencia del daño que puede hacer un titular. La prensa tiene la obligación de evitar enfoques amarillistas. Sobre todo, no se puede trasladar el mensaje de que no hay violación si no hay denuncia. Porque hay que tener en cuenta que las mujeres agredidas pueden tener sus propias motivaciones para no denunciar, mucho más después de ver el calvario que está pasando la víctima de la Manada.

Los medios de comunicación también deberían enfocar estos temas más allá de su vertiente judicial. Porque si existe la duda razonable, si una persona siente que han violado su libertad sexual, lo más importante es preguntarse si los que han realizado ese acto son conscientes de ello. ¿Qué papel tienen la prensa y la sociedad en hacer ver a esas personas que ese es un comportamiento que podrá ser o no constitutivo de delito, pero que atenta contra la libertad sexual de las personas?

Penetrar a una persona sin que ella participe activamente de eso o practicar sexo con alguien que tiene mermadas sus capacidades por las drogas o el alcohol, ¿es adecuado? Independientemente de la consecuencia judicial, lo importante es si a nivel social, ¿esa es la sexualidad que queremos? ¿Nos gustaría vivirla de esta manera a cada uno de nosotros? Frente a eso, que se denuncie o no es lo de menos.

Todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Castelló votaron a favor de una declaración institucional que pide al Ministerio de Fomento que los billetes de Cercanías sean gratuitos mientras duren las actuales obras en las vías. La propuesta había sido presentada por el PP y fue aprobada en el Pleno del jueves, correspondiente al mes de julio. 

El tramo ferroviario entre València y Castelló sufre desde hace dos semanas las molestias de las obras de construcción del tercer carril, con el que el Gobierno central pretende hacer llegar el AVE a la capital de la Plana sin construir para este tren una plataforma exclusiva. Esta es solo una fase más de las obras, que comenzaron en el año 2015. 

Las molestias para los viajeros consisten en que la mitad de los trayectos necesitan un transbordo en autobús. Además, los trayectos en Cercanías entre València y Castelló, que distan entre sí 72 kilómetros, llegan a durar una hora y 40 minutos. En ocasiones se producen retrasos que sólo son compensados si superan la media hora.

Un AVE en autobús 

También los viajeros del AVE tienen que hacer transbordo en autobús desde València sin que el precio del billete sea menor. Se da también la circunstancia de que desde el año 2015, fecha de comienzo de la primera fase de las obras, los trayectos en Cercanías duran más tiempo. Ni Renfe ni Adif garantizan que cuando el tercer carril esté construido se recuperen los tiempos de viaje anteriores.

La declaración institucional aprobada el jueves por el Pleno del Consistorio de Castelló recuerda que el Gobierno central ha optado por la gratuidad del billete en otras obras similares realizadas “en otras comunidades autónomas, caso de Cataluña”. 

Aquesta és la història de quasi quaranta persones que es van empadronar i van votar en un poble de menys de 2.000 electors en què mai van viure. Va passar en unes eleccions, les de 2007, en què una gran empresa necessitava que el PP aconseguira una victòria folgada amb què aprovar els tràmits d’un megaprojecte turístic. Ve al cas explicar-ho, perquè aquest dimecres, onze anys després, era el dia fixat per al judici, que finalment s’ha endarrerit.

No obstant això, que ningú espere veure al banc dels acusats a qui llavors era alcalde d’aqueix poble –Cabanes–, ni els amos d’aquella gran empresa –Marina d’Or–. Ni tan sols cap funcionari del padró municipal. L’únic acusat és un home humil, que en aquell temps es dedicava a llogar hamaques a la platja als voltants del gran complex turístic d’Orpesa i era amic del gendre de Jesús Ger, el seu amo.

Aquest home, P. A., està acusat de gestionar un fals empadronament a l’Ajuntament de Cabanes, amb una pretesa signatura la propietària de la qual no va reconéixer després com a autèntica. P. A. és un home de recursos econòmics limitats. En la seua declaració davant el jutge del 2010, va explicar que vivia a la casa de la seua núvia i que el seu únic ingrés era el subsidi de 420 euros. Va afegir que tenia problemes amb alguns “vicis”. Hui s’enfronta a una possible pena de presó de tres anys per falsificació de document públic.

Ell és l’únic bri a què l’acusació popular, exercida pel partit Iniciativa del Poble Valencià i capitanejada pel hui senador de Compromís Carles Mulet, ha pogut agafar-se. En aquests onze anys, els jutjats han arxivat la causa tres vegades i el hui senador ha presentat recurs en totes aqueixes ocasions fins a aconseguir arribar a judici. En el camí, unes quantes sentències han eximit de culpa tots els altres imputats i han sobresegut els delictes electorals. 

Les últimes cuades de la bambolla

Per a entendre aquest cas, cal fer un esforç per a tornar mentalment a la realitat de Cabanes el 2007. Segons explica Mulet, regidor de la localitat en aqueix moment, en el seu terme municipal estava previst construir la continuació de Marina d’Or, el gegant turístic capitanejat per Jesús Ger situat a la veïna Orpesa. Havien de ser dos grans projectes: Mundo Ilusión i Torre la Sal.

Que es feren depenia, entre altres factors, del fet que l’Ajuntament donara els permisos necessaris. Això podia complicar-se si el PP perdia les eleccions municipals d’aqueix any. La raó és que EU s’havia declarat nombroses vagades en contra que es dugueren a terme. L’amenaça que poguera arribar a impedir-ho era real, perquè en els comicis del 2003 aquesta formació política havia quedat només a un regidor de poder formar govern amb el PSPV. 

És en aquest context que Carles Mulet, llavors edil d’EU, denúncia un possible frau electoral per alteració del cens. Sospita que prop de 40 persones s’han empadronat irregularment en els mesos previs als comicis. Molts d’ells són de la Vall d’Uixó, la localitat d’origen de Joaquín Talamantes, en aquell temps gendre de Jesús Ger.

Gran revolada, però poques conseqüències

El cas va causar una gran revolada en aqueix moment. Segons va recollir El País, l’INE (Institut Nacional d’Estadística) va anunciar que investigaria altres pobles per evitar successos semblants. Segons l’acusació particular que encapçala Mulet, els nous empadronats van votar a Cabanes, encara que tots van reconéixer després que mai van arribar a viure a les cases en què s’havien empadronat.

Ni tan sols recordaven com eren. Alguns treballaven en Marina d’Or. A més, els amos de les cases en què es van fer aquests empadronaments eren dirigents del PP o familiars, segons Mulet.

Tots aquests indicis no van ser prou perquè la justícia veiera un delicte relacionat amb el sistema electoral. Ja el 2011, l’Audiència Provincial va exonerar l’Ajuntament i Joaquín Talamantes. Sobre aquest últim, van considerar que no havia exercit “violència ni intimidació” sobre la resta de les persones implicades.

De la seua banda, la Fiscalia de Castelló va arxivar el cas des del principi. Segons Mulet, la causa era la proximitat del seu responsable llavors amb el PP. “Les primeres actuacions es van fer amb un fiscal, Javier Arias, que era la mà dreta de Carlos Fabra”, explica. Per això, assegura, es va abandonar el cas, malgrat que “algunes declaracions dels empadronats eren escandaloses i incongruents”.

El judici, ajornat

Mulet lamenta que “els vertaders responsables d’aquest cas, que són el PP i Jesús Ger, no siguen jutjats” i que l’únic acusat siga “una última baula”. No obstant això, espera que hi haja una condemna perquè hi haja “alguna conseqüència” de tot el que va passar.

Al cap d’onze anys d’espera, el judici no es va celebrar aquest dimecres perquè la justícia no va poder trobar un dels testimonis per a notificar-li la citació. Es tracta, precisament, de Joaquín Talamantes, segons va informar Compromís en una nota de premsa.

Més enllà de les tortuositats judicials, la realitat va seguir el seu curs. El PP va guanyar folgadament aquelles eleccions del 2007. No obstant això, la crisi es va encarregar d’esborrar les il·lusions expansionistes de Marina d’Or. Mundo Ilusión no va arribar a alçar ni una sola rajola i Torre la Sal es va quedar en la segona fase de les sis previstes.

Esta es la historia de casi cuarenta personas que se empadronaron y votaron en un pueblo de menos de 2.000 electores en el que nunca vivieron. Sucedió en unas elecciones, las de 2007, en las que una gran empresa necesitaba que el PP alcanzara una victoria holgada, con la que aprobar los trámites de un megaproyecto turístico. Viene al caso contarlo porque este miércoles, once años después, era el día fijado para el juicio, que finalmente se ha retrasado. 

No obstante, que nadie espere ver en el banquillo al entonces alcalde de Cabanes, ni a los dueños de aquella gran empresa, Marina D'Or. Ni siquiera a algún funcionario del Padrón municipal. El único acusado es un hombre humilde, que en aquel tiempo se dedicaba a alquilar hamacas en la playa en los alrededores del gran complejo turístico de Oropesa y era amigo del yerno de Jesús Ger, su dueño.

Este hombre, P. A., está acusado de gestionar un falso empadronamiento en el Ayuntamiento de Cabanes, con una supuesta firma cuya dueña no reconoció después como auténtica. P. A. es un hombre de limitados recursos económicos. En su declaración ante el juez de 2010, explicó que vivía en la casa de su novia y que su único ingreso era el subsidio de 420 euros. Añadió que tenía problemas con algunos “vicios”. Hoy se enfrenta a una posible pena de cárcel de tres años por falsificación de documento público.

Él es el único fleco al que la acusación popular, ejercida por el partido Iniciativa del Poble Valencià y capitaneada por el hoy senador de Compromís Carles Mulet, ha podido agarrarse. En estos once años, los juzgados han archivado la causa tres veces y Mulet ha recurrido en todas esas ocasiones hasta conseguir llegar a juicio. En el camino, varias sentencias han eximido de culpa a todos los demás imputados y han sobreseído los delitos electorales. 

Los últimos coletazos de la burbuja 

Para entender este caso, hay que hacer un esfuerzo para volver mentalmente a la realidad de Cabanes en 2007. Según explica Mulet, concejal de la localidad en ese momento, en su término municipal estaba previsto construir la continuación de Marina d'Or, el gigante turístico capitaneado por Jesús Ger situado en la vecina Oropesa. Iban a ser dos grandes proyectos: Mundo Ilusión y Torre la Sal.

Su realización dependía, entre otros factores, de que el Ayuntamiento diera los permisos necesarios. Esto podía complicarse si el PP perdía las elecciones municipales de ese año. La razón es que IU se había declarado en numerosas ocasiones en contra de que se llevaran a cabo. La amenaza de que pudiera llegar a impedirlo era real, porque en los comicios de 2003 esta formación política había quedado a solo un concejal de poder formar gobierno junto al PSPV. 

Es en este contexto en el que Carles Mulet, entonces edil de IU, denuncia un posible fraude electoral por alteración del censo. Sospecha que cerca de 40 personas se han empadronado irregularmente en los meses previos a los comicios. Muchos de ellos son de Vall d'Uixó, la localidad de origen de Joaquín Talamantes, a la sazón yerno de Jesús Ger. 

Gran revuelo pero pocas consecuencias 

El caso provocó un gran revuelo en ese momento. Según recogió El País, el INE anunció que investigaría otros pueblos para evitar sucesos semejantes. Según la acusación particular que encabeza Mulet, los nuevos empadronados votaron en Cabanes. Aunque todos reconocieron después que nunca llegaron a vivir en las casas en las que se empadronaron.

Ni siquiera recordaban cómo eran. Algunos de ellos trabajaban en Marina d'Or. Además, los dueños de las viviendas en las que se realizaron estos empadronamientos eran dirigentes del PP o familiares, según Mulet.

Todos estos indicios no fueron suficientes para que la Justicia viera un delito relacionado con el sistema electoral. Ya en 2011, la Audiencia Provincial exoneró al Ayuntamiento y a Joaquín Talamantes. Sobre este último, consideraron que no había ejercido “violencia ni intimidación” sobre el resto de personas implicadas.

Por su parte, la Fiscalía de Castelló archivó el caso desde el principio. Según Mulet, la causa era la cercanía de su entonces responsable con el PP. “Las primeras actuaciones se hicieron con un fiscal, Javier Arias, que era la mano derecha de Carlos Fabra”, explica. Por eso, asegura, se abandonó el caso pese a que “algunas declaraciones de los empadronados eran escandalosas e incongruentes”. 

El juicio, aplazado 

Mulet lamenta que “los verdaderos responsables de este caso, que son el PP y Jesús Ger, no vayan a ser juzgados” y que el único acusado sea “un último eslabón”. Pero espera una condena para que haya “alguna consecuencia” de todo lo que pasó.

Después de once años de espera, el juicio no se celebró este miércoles porque la Justicia no pudo encontrar a uno de los testigos para notificarle la cita. Se trata, precisamente, de Joaquín Talamantes, según informó Compromís en una nota de prensa. 

Más allá de los vericuetos judiciales, la realidad siguió su curso. El PP ganó holgadamente aquellas elecciones de 2007. Las expectativas se las llevó la crisis, que barrió las ilusiones expansionistas de Marina d'Or. Mundo Ilusión no llegó a levantar ni un solo ladrillo y Torre la Sal se quedó en la segunda fase de las seis previstas.

Entrar al refugio antiaéreo de la plaza Tetuán de Castelló es pasar de una superficie bulliciosa, llena de terrazas, árboles y personas que toman el aperitivo, a unas escaleras empinadas que llevan a un pasadizo estrecho, oscuro y de atmósfera húmeda y difícil de respirar. La sensación de agobio se acentúa debido a la grabación de explosiones que acompaña al visitante mientras desciende los peldaños.

Así, la ciudadanía que visita el refugio puede hacerse una idea de la angustia de los cientos de personas que acudían a él atropelladamente hace ochenta años, cuando la sirena del Fadrí anunciaba un bombardeo. Allí permanecían durante horas, haciendo gala de un comportamiento solidario y cooperativo, pero también sufriendo momentos de pánico que llegaron a producir muertes debido a las prisas y las aglomeraciones.

Este es el primer objetivo de la recuperación del refugio: que el ciudadano actual pueda recrear las vivencias de sus antepasados. Así lo explicó durante la inauguración la concejala de Cultura de Castelló, Verònica Ruiz, que narró que la labor del Consistorio ha sido adecentar este espacio y convertirlo en un museo para recuperar la memoria democrática de la ciudad.

Ruiz se emocionó hasta casi las lágrimas al recordar a las personas que “habiendo conocido y sufrido la guerra, o habiendo nacido en la posguerra o la dictadura, nunca dejaron de soñar, de creer y de luchar en los valores de la democracia”. El objetivo de la recuperación y apertura al público de este espacio, que ha costado al Ayuntamiento 99.256 euros, es luchar contra la “amnesia” que condena al pueblo que la padece al “fracaso”, explicó la concejala.

El subterráneo alberga paneles explicativos, un audiovisual y figuras a tamaño natural que ayudan al visitante a entender por qué se construyeron los refugios antiaéreos de Castelló y cómo se vivía en ellos. Se explica, por ejemplo, que había 43 refugios públicos y 237 privados en toda la ciudad a los que la población acudió en los 44 bombardeos que tuvieron lugar en los tres años de guerra, la gran mayoría de ellos llevados a cabo por el bando franquista.

Los carteles narran que la construcción fue una orden del Gobierno central republicano y que para cumplirla hubo donaciones de organizaciones vecinales y sindicales, entre otras, e incluso se organizaron sesiones teatrales para lograr fondos. En las obras participaron voluntarios, incluidos mujeres y niños que picaban la tierra y la sacaban mediante en capazos al exterior mediante cadenas humanas. La arena se depositaba en grandes montones que quedaban en la calle.

Dentro del refugio también se pueden leer bandos de la época para regular el uso de la instalación. Las “Instrucciones a seguir por la población civil para casos de alarma”, redactadas en 1937, incluían, por ejemplo, la obligación de que los subterráneos estuvieran abiertos al público mientras durara el bombardeo “siendo responsables directos en caso contrario las porterías o dueños de las fincas en que se encuentren estos refugios”.

Un documento similar publicado en enero del año siguiente pedía a los vecinos la entrada ordenada y que se evitara la “perniciosa costumbre de permanecer en las calles y querer refugiarse aceleradamente al escuchar las explosiones, cosa que ha ocasionado, en el aturdimiento, muertos y heridos”. El bando también explicaba que los hombres debían esperar en la superficie a que entraran las mujeres, los heridos, los niños y los ancianos.

El visitante puede sentarse junto a las figuras de hombres, mujeres y niños que recrean cómo se pasaban las largas horas dentro de este angosto espacio. Es llamativa la representación de un niño que muerde un palo de madera. El objetivo, según explicó Ruiz, es que los infantes no se quedaran sordos debido al estruendo de las bombas.

Hace 81 años que se construyeron los refugios y durante todo este tiempo su memoria ha estado “silenciada por las instituciones”, explicó el conseller de Educació, Vicent Marzà, también presente en la inauguración. Él, oriundo de la ciudad, sabía de su existencia como otras muchas personas porque era una media verdad, un recuerdo borroso y susurrado. Ahora, el aire volverá a correr por sus pasadizos para “que no se pierda nada de la historia pasada”, en palabras de la alcaldesa, Amparo Marco, que cerró el acto de apertura.

11.24 hores. L’AVE Madrid-Castelló inaugurat el 23 de gener passat, amb parada de 20 minuts inclosa en el primer viatge oficial amb el llavors president Mariano Rajoy a bord, arriba a l’estació Joaquim Sorolla de València.

Immediatament es posa en marxa el dispositiu. Una hostessa ix a l’andana a rebre els viatgers amb un cartell amb la llegenda “transbordament bus Castelló”.

En l’exterior, davant de l’accés principal, espera un autobús per portar els viatgers amb destinació a Castelló, atés que les obres d’instal·lació del tercer carril entre València i la capital de la Plana afecten la meitat dels serveis AVE i de Rodalies.

Juanjo Ruiz, un dels viatgers que fa transbordament del tren al bus, es mostra sorprés i contrariat: “la veritat és que no tenia idea que havia d’agafar un autobús, ni tampoc sé quins en són motius. El que sí que sé és que el bitllet val el mateix i que, per exemple, l’autobús no té excusats, i hi ha molta gent gran”.

En termes similars s’expressa Jorge Broscata, un altre usuari que lamentava que no sabia “si s’arribarà a la mateixa hora, ja que han dit que el recorregut amb autobús és d’una hora”.

Com en el cas de Juanjo Ruiz, Jorge tampoc sabia que havia de fer transbordament en el moment de comprar el bitllet: “Me n’he adonat quan l’he comprat i l’he imprés, però en el moment de fer la compra per la web no he vist cap avís”.

I és que, segons ha comprovat eldiario.es, el preu dels bitllets que inclou el transbordament amb autobús és semblant a la resta (fins i tot una mica més car) i només es percep l’existència d’aqueix transbordament posant el cursor damunt d’una icona menuda amb una exclamació.

Demanen la gratuïtat en Rodalies

La situació dels Rodalies entre València i Castelló no és molt més bona. Les obres obliguen els viatgers a desplaçar-se en bus entre Puçol i València en la meitat dels trajectes.

La queixa principal dels usuaris és l’augment del temps de viatge entre València i Castelló, ja des del juliol del 2015, el moment previ al començament de la primera fase de les obres.

Des de llavors, hi ha hagut temporades de faenes en la via –com l’actual– i etapes sense obres, però en cap moment s’ha recuperat la durada del trajecte que actualment oscil·la entre una hora i deu minuts i una hora i 40 minuts.

Sobre aquest tema, fonts de Renfe afirmen que “possiblement” el temps de viatge tornarà als valors de fa tres anys quan acaben definitivament les obres, però no ho garanteix.

La durada temporal més elevada del recorregut concentra un “al·luvió de queixes”, segons explica Juan Carlos Insa, secretari general d’UCE (Unió de Consumidors d’Espanya) a Castelló.

Sobre aquest tema, Insa explica que “en tenim una visió molt pessimista, creiem que aquesta situació només porta a una deterioració permanent (no puntual) del servei de Rodalies”. El servei no es recuperarà, conclou, “sense que hi haja una voluntat política clara a favor de Rodalies”.

Afig que “la idea del tercer fil ha sigut un experiment en què la Comunitat Valenciana ha servit de conillet d’Índies per a abaratir costos, i s’ha demostrat així el pes escàs que té la nostra comunitat en els òrgans que prenen aquesta mena de decisions” i que “moltes persones se’n passen al vehicle privat”.

Aquestes mateixes queixes es comparteixen des de la plataforma Afectats Rodalies per Obres AVE Corredor Mediterrani present en Facebook. El seu portaveu afirma que “un Civis [el viatge més ràpid de tots els Rodalies] des del Cabanyal durava 45 minuts i ara [en referència a divendres passat, abans que es reprengueren les obres] pràcticament una hora”.

La plataforma critica la Generalitat Valenciana perquè ha caigut en “el conformisme” des que el Govern central ha passat a ser socialista. “La Generalitat abans demanava la gratuïtat del servei mentre duraren les obres i ara no”, afigen.

Es queixen que, a vegades, “hi ha retards. No són enormes, però si a això afegim que els trajectes duren més, et trobes que per a fer un trajecte de 70 km pots tardar dues hores”.

En el web de Renfe es pot comprovar que a la molèstia de fer el transbordament amb autobús se suma el fet que el trajecte entre València i Castelló ha augmentat considerablement la durada respecte del divendres passat.

Ara dura entre una hora i 23 minuts i una hora i 40 minuts, amb l’excepció d’un dels trens que rebaixa el temps fins una hora i 18 minuts. L’UCE demana la gratuïtat del bitllet mentre duren les obres.

Per la seua banda, fonts de Renfe expliquen que les freqüències de viatge han augmentat des que van començar les faenes dilluns passat: de 79 trajectes divendres passat s’ha passat als 88 actuals, la meitat dels quals amb transbordament amb autobús des de Puçol fins a València. Tret de dimecres passat, “no hi ha hagut retards”.

Afirmen que s’han reforçat els serveis d’atenció al client amb dos números de telèfon, una aplicació per a mòbils i el reforç del “personal d’intervenció” a peu d’andana per a orientar als viatgers“.

Els portaveus de la companyia no han aportat el nombre de telefonades i queixes que han rebut els seus telèfons d’atenció al client des que van començar les obres amb l’argument que només disposaran d’aquestes dades “quan passe un temps”.

Afigen que el 31 d’agost, data fixada per a la fi d’aquesta fase de les obres, es recuperaran les freqüències i la durada dels viatges que hi havia el mes de juny passat.

11.24 horas. El AVE Madrid-Castellón inaugurado el pasado 23 de enero, con parón de 20 minutos incluido en su primer viaje oficial con el entonces presidente Mariano Rajoy a bordo, llega a la estación Joaquín Sorolla de València.

Inmediatamente se pone en marcha el dispositivo. Una azafata sale al andén a recibir a los viajeros con un cartel con la leyenda “transbordo bus Castellón”.

En el exterior, frente al acceso principal, espera un autobús para llevar a los viajeros con destino a Castellón, debido a que las obras de instalación del tercer carril entre València y la capital de la Plana afectan a la mitad de los servicios AVE y de Cercanías.

Juanjo Ruiz, uno de los viajeros que hace transbordo del tren al bus, se muestra sorprendido y contrariado: “la verdad que no tenía idea de que tenía que coger un autobús, ni tampoco sé cuáles son motivos. Lo que sí que sé es que el billete vale lo mismo y que por ejemplo, el autobús no tiene retretes, cuando hay mucha gente mayor”.

En términos similares se expresa, Jorge Broscata, otro usuario que lamentaba el no saber “si se llegará a la misma hora, ya que han dicho que el recorrido en autobús es de una hora”.

Como en el caso de Juanjo Ruiz, Jorge tampoco sabía que tenía que hacer transbordo en el momento de la compra del billete: “me he dado cuenta cuando lo he comprado y lo he imprimido, pero en el momento de hacer hacer la compra por la web no he visto ningún aviso”.

Y es que, según ha comprobado eldiario.es, el precio de los billetes que incluye el transbordo en autobús es similar al resto (incluso algo más caro) y solo se aprecia la existencia de ese transbordo poniendo el cursor sobre un pequeño icono con una exclamación.

Piden la gratuidad en Cercanías

La situación de los Cercanías entre València y Castellon no es mucho mejor. Las obras obligan a los viajeros a desplazarse en bus entre Puçol y València en la mitad de los trayectos.

La queja principal de los usuarios es el aumento del tiempo de viaje entre València y Castelló, ya desde julio de 2015, el momento previo al comienzo de la primera fase de las obras.

Desde entonces, ha habido temporadas de trabajos en la vía -como la actual- y etapas sin ellos, pero en ningún momento se ha recuperado la duración del trayecto que actualmente oscila entre una hora y diez minutos y una hora y 40 minutos.

Al respecto, fuentes de Renfe afirman que “posiblemente” el tiempo de viaje volverá a los valores de hace tres años cuando finalicen definitivamente las obras, pero no lo garantiza.

La mayor duración temporal del recorrido concentra un “aluvión de quejas”, según explica Juan Carlos Insa, secretario general de UCE (Unión de Consumidores de España) en Castelló.

Al respecto, Insa explica que “tenemos una visión muy pesimista, creemos que está situación sólo lleva a un deterioro permanente (no puntual) del servicio de cercanías”. El servicio no se recuperará, concluye, “sin que haya una clara voluntad política a favor de Cercanías”.

Añade que “la idea del tercer hilo ha sido un experimento en el que la Comunitat Valenciana ha servido de conejillo de indias para abaratar costes, demostrándose así el escaso peso que tiene nuestra comunitat en los órganos que toman este tipo de decisiones” y que “muchas personas se están pasando al vehículo privado”.

Estas mismas quejas se comparten desde la plataforma 'Afectados cercanías por obras AVE corredor mediterraneo' presente en Facebook. Su portavoz afirma que “un civis [el viaje más rápido de todos los Cercanías] desde el Cabanyal duraba 45 minutos y ahora [en referencia al viernes pasado, antes de que se reanudaran las obras] prácticamente una hora”.

La plataforma critica a la Generalitat Valenciana porque ha caído en el “conformismo” desde que el Gobierno central ha pasado a ser socialista. “La Generalitat antes pedía la gratuidad del servicio mientras duraran las obras y ahora no”, añaden.

Se quejan de que a veces “hay retrasos. No son enormes, pero si a eso le añadimos que los trayectos duran más, te encuentras con que para hacer un trayecto de 70km puedes tardar dos horas”.

En la web de Renfe se puede comprobar que a la molestia de hacer el transbordo en autobús se suma el hecho de que el trayecto entre València y Castelló ha aumentado considerablemente su duración respecto al viernes pasado.

Ahora dura entre una hora y 23 minutos y una hora y 40 minutos, con la excepción de uno de los trenes que rebaja el tiempo hasta una hora y 18 minutos. La UCE pide la gratuidad del billete mientras duren las obras.

Por su parte, fuentes de Renfe explican que las frecuencias de viaje han aumentado desde que empezaron los trabajos el pasado lunes: de 79 trayectos el pasado viernes se ha pasado a los 88 actuales, la mitad de ellos con transbordo en autobús desde Puçol hasta València. Salvo el pasado miércoles, “no ha habido retrasos”.

Afirman que se han reforzado los servicios de atención al cliente con dos números de teléfono, una aplicación para móviles y el refuerzo del “personal de intervención” a pie de andén para orientar a los viajeros“.

Los portavoces de la compañía no han aportado el número de llamadas y quejas que han recibido sus teléfonos de atención al cliente desde que empezaron las obras con el argumento de que sólo dispondrán de estos datos “cuando pase un tiempo”.

Añaden que el 31 de agosto, fecha fijada para el fin de esta fase de las obras, se recuperarán las frecuencias y duración de los viajes que había el pasado mes de junio.

La Generalitat asegura que avisó de los problemas

Desde la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio han reivindicado, desde incluso antes del inicio de las obras, las mismas medidas preventivas que se exigieron durante las obras de la primera fase para evitar una situación como la actual. Y sin importar el color político, apuntan, porque “estas mismas reivindicaciones fueron trasladadas directamente por parte del president de la Generalitat al ministro de Fomento, José Luis Ábalos”.

“Una de las principales quejas de esta conselleria durante la implantación del tercer hilo en el primer carril del corredor mediterráneo fue la falta de información de los usuarios así como la falta de coordinación”, recuerdan. Por ello, apuntan, “ya entonces solicitamos que se convocasen reuniones técnicas de seguimiento para tener conocimiento de la evolución de las obras y de las incidencias, así como plantear soluciones. En aquel entonces ADIF no asistió a ninguno de los encuentros”.

En cambio, en este momento, y tras reivindicar por parte de la conselleria la convocatoria de nuevo de estas reuniones, ya se han celebrado dos encuentros y hay planificados hasta el final de las obras tres más (la próxima el 19 de julio) en las que los técnicos y representantes de la conselleria exigirán y han exigido conocer los tiempos de retrasos, las quejas que se han producido, las alternativas propuestas o las frecuencias de paso y donde se han traslado quejas sobre la escasa visibilidad de los paneles informativos o se ha exigido que la información esté en castellano, inglés y valenciano.

La conselleria, aseguran, ha exigido un plan de choque con hasta cinco medidas con las que paliar en cierta medida las molestias y garantizar un servicio de cercanías de calidad.

Un penetrante olor a gas se dejó sentir el jueves y el viernes en varias zonas de Castelló. El jueves hubo varias llamadas a la Policía Local, según confirmó el Ayuntamiento. La Plataforma Frenem la Contaminació del Grau relata que “se activó nuestro sistema de alertas” después del aviso de varios vecinos, según Eva Forés, una de sus portavoces. “El olor era insoportable”, añadió.

El viernes, el olor se sintió al menos en zonas del norte y el sur de la ciudad y en el Grau. En la centralita de la Policía Local afirmaron haber recogido numerosas llamadas en este sentido durante la mañana y añadieron que estaban investigando el asunto. Por su parte, el Ayuntamiento confirmaron la existencia de estas llamadas e informaron de que los bomberos estaban haciendo comprobaciones.

La repetición de estos episodios está causando una gran alerta entre la ciudadanía que los percibe. Ante las reiteradas quejas, las adminstraciones anunciaron durante el mes de mayo varias medidas. El Ayuntamiento de Castelló anunció una Mesa de la Calidad del Aire a la que se sumará INDES, la asociación que engloba a las empresas del polígono industrial.

La Generalitat anunció que sería “implacable”

Por su parte, la Generalitat Valenciana -competente en materia de contaminación-anunció nuevos medidores y un estudio de la calidad del aire. Fue durante la comparecencia de Joan piquer, director general de Calidad del Aire y Cambio Climático, el pasado 28 de mayo.

Piquer añadió un mensaje de tranquilidad al explicar que la respuesta de la industria a los requerimientos de la administración está siendo “positiva”y que la Generalitat será “implacable” con los infractores. También recordó que los niveles de contaminantes en el aire “susceptibles de más recepción olorosa” no han pasado de los niveles legales, según los registros existentes.

Por su parte, la Plataforma vecinal duda de la efectividad del estudio anunciado por Piquer. En concreto, se queja de que los dispositivos encargados de recoger muestras han estado colocados en la ciudad sólo una semana. Los aparatos se retiraron el jueves, “horas antes de que vecinos y vecinas dieran la voz de alarma por el olor que invadió el Grau”, explicaron en un comunicado enviado a mediodía del viernes.

La retirada de los dispositivos se puede comprobar en la cuenta de Twitter de CEAM, la fundación encargada de llevar a cabo el estudio.

La Plataforma añadió que estos episodios “no son casos aislados” porque “los olores son habituales, con mayor o menor intensidad”. “Nos preocupa seriamente no saber qué estamos respirando”, explicaron.

“No hay nada descartado”

Por su parte, la Conselleria de Medio Ambiente informó de que este estudio es sólo una parte de la investigación que están llevando a cabo. Además, se han colocado “equipos de medición en continuo” de los derivados de hidrocarburos susceptibles de causar olores, como el benceno, xileno y tolueno “junto a la ermita de Sant Jaume y en el Grau de Castelló”.

Añaden que en cada uno de estos episodios se recaba información de varios organismos: el servicio 112 para saber el número de las llamadas y ubicación de quienes las hicieron; el Puerto de Castelló “para identificar posibles operativas que potencialmente pudieran ser causantes de episodios de olores”, así como con “todas las empresas del Serrallo, la depuradora y alguna empresa de productos químicos”.

Los resultados de todas estas pesquisas determinarán si el estudio del CEAM es suficiente o si “es necesario realizar esas u otras pruebas experimentales”. “De momento no hay nada descartado”, explican desde la Conselleria. La Dirección General de Calidad del aire, concluyen, “no va a parar hasta poder identificar la fuente causante de los episodios de olores. Sigue trabajando en ello a la espera de obtener resultados”.

Un tribunal de justicia fue el escenario del tormentoso final de la relación entre el Ayuntamiento de Castelló y Juan Ángel Lafuente. Este profesor de Finanzas de la UJI fue a principios de 2017 el centro del mayor conflicto que ha sacudido el Gobierno local, formado por PSOE y Compromís. Después de varios meses de polémica y otros tantos en los que parecía que el tema se había olvidado, Lafuente reapareció este jueves ante un juzgado para escribir el último capítulo.

Este experto en Economía fue despedido en mayo de su puesto de alto cargo municipal después de la polémica política que suscitó su nombramiento. Ahora, según detalló su letrado a eldiario.es, no ha pedido una indemnización, pero sí “que se declare la nulidad o improcedencia de la revocación de la comisión de servicios”. Eso sí, si gana este juicio, “podría plantearse la reclamación de la retribución que hubiese dejado de percibir como consecuencia de su cese”.

Según fuentes jurídicas conocedoras del caso, la indemnización máxima que podría fijar la justicia sería de un mes de sueldo. Es decir, unos 5.000 euros. Ese podría ser el final del inesperado final del viaje político de un hombre que hace tres años aspiró a ser concejal socialista y hace uno y medio fue nombrado para un flamante alto cargo. Todo para acabar en el centro de un agrio enfrentamiento que puso en jaque la estabilidad del Gobierno de la ciudad.

Bajo el estigma del amiguismo

Para entender esta historia, hay que remontarse a febrero del pasado año, cuando Lafuente fue nombrado alto cargo del Consistorio por la alcaldesa socialista, Amparo Marco. En concreto, se convirtió en el director de la Oficina municipal de Planificación y Proyección Económica, órgano destinado a captar fondos europeos. Pero el resto de grupos políticos -incluido Compromís- sospecharon que detrás de esta elección había un caso de amiguismo.

Argumentaban que no hubo proceso de selección. También destacaron que Lafuente era un hombre muy cercano a la alcaldesa: compañero en el Departamento de Finanzas de la UJI (Universidad Jaume I) y miembro de la lista electoral que ella lideró en las elecciones municipales de 2015.

Había, además, otro elemento que levantó las iras de todos los partidos. Sucedió que el ya alto cargo municipal había tenido un año antes la oportunidad de incorporarse al Gobierno municipal como edil porque una de las concejales dimitió. Por su puesto en la lista del PSOE, a él le tocaba sustituirla. Pero renunció.

A todos los partidos les pareció llamativo que solo unos meses después sí estuviera dispuesto a incorporarse a la vida municipal. La diferencia es que como regidor habría cobrado unos 30.000 euros menos de lo que cobraba como director de la citada oficina, donde alcanzaba los 69.000 euros netos anuales, un salario superior al de la propia alcaldesa.

Espiral de tensión

La situación se volvió insostenible para el PSOE. PP y Ciudadanos atacaron una y otra vez al Gobierno local, acusándolo de enchufismo. Más peligrosas todavía eran las críticas de Castelló en Moviment, partido que está en la oposición pero cuyos votos sostienen el Ejecutivo local en virtud del Pacte del Grau, y que llegó a calificar el nombramiento de “dedazo”.

Lo más determinante, sin embargo, fue la presión de Compromís, el partido que gobierna la ciudad junto al PSPV. Fueron semanas de mucha tensión en el seno del Ejecutivo. El momento más delicado llegó el 23 de febrero, cuando la coalición valencianista se unió al resto de grupos políticos para pedir el cese de Lafuente.

Sólo el PSOE votó en contra. Fue un Pleno tenso en el que llovieron las críticas sobre Amparo Marco. Ella, en contra de su costumbre -suele hacer uso de su potestad como presidenta de las sesiones para responder a las acusaciones del resto de portavoces-, reaccionó con un testarudo silencio, tanto ante las peticiones de responsabilidad de los partidos como ante las preguntas de la prensa.

Finalmente, despedido

Pero la presión hizo mella en la primera edil, y al día siguiente PSOE y Compromís anunciaron que Lafuente abandonaría su puesto. El cese no se produjo hasta mayo. Ese mes, la alcaldesa tomó la palabra en un Pleno para explicar las razones del retraso. Primero, que al tratarse de una comisión de servicios no sería legal despedirlo. La segunda es que había que esperar a que -esta vez sí- un proceso de selección diera como resultado un nuevo director o directora de la Oficina.

Dos semanas después, los acontecimientos se precipitaron. El Gobierno local cesó a Lafuente de forma fulminante, sin esperar a que hubiera sustituto. La razón: el profesor de Finanzas había decidido presentarse al proceso de selección.

Última parada, el juzgado

El despido trajo el olvido del asunto y la vuelta a la calma relativa en las relaciones entre Compromís y PSPV, y de ambos con Castelló en Moviment. El nombre de Lafuente quedó sólo como un recurso retórico del PP, que lo usa eventualmente para ilustrar el supuesto amiguismo del que acusa a los socialistas.

Así fue hasta este jueves, cuando Lafuente dobló la esquina del edificio de la Ciudad de la Justicia de Castelló, camino del juzgado número 1 de lo Contencioso Administrativo. Allí, le esperaban su abogado y un miembro de los servicios jurídicos del Ayuntamiento. El juicio duró menos de ocho minutos, los suficientes para que cada una de las partes expusiera sus argumentos.

Por su parte, la defensa del exalto cargo municipal afirmó que revocar una comisión de servicios de manera “discrecional” es ilegal. Cuando llegó el turno del representante del Ayuntamiento, éste argumentó que el cese estaba legitimado por la decisión del Pleno, votada por mayoría, de que abandonara su cargo. La jueza declaró el caso visto para sentencia.

El veredicto será el epílogo de la relación contractual de Lafuente con el Consistorio, pero no de su vinculación con la institución. Todo este conflicto judicial se ha desarrollado mientras el profesor universitario ejerce la dirección de la cátedra “Ciutat de Castelló”, creada en diciembre por un convenio entre la UJI y el Ayuntamiento, que aporta al proyecto 75.000 euros anuales.

Diumenge del començament de juny, 16.00 hores. Un passeig al costat del parc del Pinar de Castelló mostra un espai de gom a gom de gent. Taules de pícnic a vessar, tendals plens de globus que indiquen la celebració d’un aniversari, agrunsadores ocupades per xiquets de totes les edats, camins entre els arbres esguitats de persones que transporten cadires plegables i pares que intenten controlar les bicicletes amb rodetes dels seus fills menuts.

Al començament del parc, destaquen els paellers, encara fumejants amb els últims torns de famílies que usen aquesta instal·lació tant sol·licitada. Si es recorre la vorera que va paral·lela a aquest petit bosc urbà, el caminant es troba amb un canvi de paisatge. Continua havent-hi pins, però estan envoltats d’una catifa verda i acompanyats d’alguna que altra palmera. És un camp de golf.

Els dos espais estan separats per una tanca. La part d’accés lliure –la dels paellers i les famílies de pícnic– ocupa 13,5 hectàrees i acull aqueixa vesprada de diumenge un nombre incomptable de persones. L’espai del camp de golf mesura 21,5 hectàrees i està sent usada en aqueix mateix moment per menys de 20 esportistes.

“Excés de visitants” en la part pública

El contrast entre les dues parts del parc és encara més cridaner si es tenen en compte les dades del mateix Ajuntament. El 8 de maig, el Butlletí Oficial de la Província va publicar el pla d’usos d’aquest espai. En aquest document, el consistori deixa palés l’“excés de visitants en caps de setmana durant quasi tot l’any” en la parcel·la d’accés lliure.

Això provoca conflictes entre usuaris (“l’ús dels paellers és sovint causa de problemes, perquè hi ha pocs llocs per a una demanda tan gran”, explica). I també un minvament dels valors ecològics perquè “la pressió humana es transmet cap a la flora i la fauna”, de manera que “es troben sovint arbres i arbustos als quals han arrancat branques per a cremar-les als paellers, esquirols morts, etc.”.

Del senyor feudal a Sorolla

El problema és que hi ha molts visitants i poc espai. Pel que fa al primer factor, no és una cosa nova. El Pinar del Grau és un lloc d’accés públic i ús comunitari des de l’edat mitjana. El 1365, el senyor feudal de Castelló, Enric de Trastàmara, va vendre aquest espai a l’Ajuntament perquè necessitava diners per a enfrontar-se al seu germà, Pere I el Cruel, en la lluita pel tron de Castella.

Des de llavors, la pineda ha sobreviscut com a espai d’accés lliure. Fins i tot es va salvar de les desamortitzacions del segle XIX, que van convertir tants boscos comunals en propietats privades. Des del 1365, els castellonencs han usat aquest espai per a obtenir llenya i altres recursos i, sobretot, per a divertir-se.

L’“estiueig dels pobres”

Per a entendre-ho, n’hi ha prou d’acostar-se al llibre Crónica de Castellón, del cronista oficial de la ciutat Antonio José Gascó Sidro. L’autor descriu com “el Pinar del Grau en la societat local agrària dels segles XVIII i XIX va ser àmbit de les excursions de platja els diumenges, al llom de l’animal o en el carro en temps de Pasqua o a l’estiu, i constituïa l’anomenat ‘estiueig dels pobres’”.

Igual que ara, aquest bosc va ser usat per les classes populars. I també pels intel·lectuals. Gascó descriu que va ser l’escenari escollit per pintors famosos, inclòs Joaquim Sorolla, al qual se li va organitzar un àpat homenatge a la pineda.

En definitiva, la saturació d’aquest espai no és exclusiva dels nostres dies. El que sí que és una novetat històrica és que El PInar d’ús públic haja experimentat una restricció d’espai. És a dir, que més de la meitat del parc estiga hui dia privatitzat i ocupat per un club de golf.

L’explicació rau en el franquisme. Segons podem llegir en la Crónica de Castellón, l’ús comunitari d’aquest bosc, que va sobreviure als avatars del final de l’edat mitjana, l’edat moderna i l’edat contemporània, va tenir un final brusc en la dècada dels 50 del segle XX.

Un home ben relacionat

Va ser llavors que va aparéixer en escena l’empresari Ángel Pérez de Leza. Era un home “molt vinculat a les grans institucions del poder i en concret al Ministeri d’Informació i Turisme”, explica Gascó. Va impulsar la creació de la marca “Costa de Azahar”, amb la qual Castelló havia d’entrar en el desenvolupisme turístic de l’època.

L’alcalde del moment, José Ferrer, va consentir en la “cessió del Pinar del Grau a empreses particulars, per a ser convertida en un camp de golf”, explica la Crónica de Castellón. Una altra part del, fins llavors, bosc va acabar convertit en vil·les unifamiliars de luxe gràcies a l’expropiació de terrenys, una part dels quals van ser adjudicats en subhasta a Pérez de Leza.

Una conseqüència d’aquesta operació és que “es veuen els primers biquinis a la platja de Castelló”, conta la Crónica. A canvi, les classes populars perden l’accés al Pinar després de quasi sis segles d’ús comunitari. “Estava tot tancat i privatitzat. Reservat a gent molt rica, que era la que llavors jugava al golf”, recorda Toni Porcar, regidor del Bloc en l’Ajuntament entre el final dels 70 i el començament dels 80.

Sense Pinar i amb contaminació

El tall en sec al PInar va causar gran malestar popular, potenciat per la implantació d’una fàbrica d’adobs de la companyia Fertiberia al barri durant la dècada dels 60. Era tan contaminant que el mateix alcalde de l’època s’hi va oposar, però va haver de claudicar davant el ministre franquista del ram (que després es convertiria en president d’aqueixa mateixa empresa de fertilitzants, segons relata Gascó).

D’aquest caldo de cultiu van sorgir les protestes ciutadanes amb el lema “La Pineda per al poble”. “Hi havia manifestacions, adhesius, eslògans, cartells i moltes pintades. Encara deu quedar alguna pintada de les nostres”, recorda Vicent Pitarch, edil d’Esquerra Independent de Castelló al començament dels 80. 

La pressió popular va portar l’alcalde socialista, Antonio Tirado, a plantejar un pleit pel qual va aconseguir recuperar una part del Pinar per a l’accés lliure. El parc encara va viure una última mossegada el 2001 quan l’alcalde del PP José Luis Gimeno va autoritzar la construcció de sis vil·les de luxe en el terreny ocupat pel camp de golf.

Sense canvis en l’horitzó

Hui dia, segueix en peu la tanca que separa el camp de golf de la part pública. Segons l’Ajuntament, “està vigent un contracte de col·laboració entre l’Ajuntament i el Club de Golf Costa de Azahar, que data del 1982” i que permet a l’entitat privada mantenir l’ús dels terrenys. Aqueix acord no va establir cap cànon, així que el club ocupa el terreny sense pagar res, més enllà de “mantenir a la seua costa les instal·lacions esportives del camp de golf en perfectes condicions”.

El consistori no contesta a la pregunta de si aquest acord té data de caducitat a partir de la qual es puga plantejar la reversió d’aquest espai a l’ús públic. Sí que afigen que la seua prioritat ara és millorar la parcel·la de la pineda amb accés lliure, una demanda recollida en el Pacte del Grau, el document que estableix les prioritats de la legislatura i que va ser pactat pel Govern local (format per PSPV i Compromís) i el seu soci des de l’oposició (Castelló en Moviment) el 2015.

Per part seua, el Club de Golf Costa Azahar –que reconeix la tasca de “dissenyador” d’Ángel Pérez de Leza en la seua pàgina web– ha contestat a la sol·licitud d’informació d’eldiario.es per correu electrònic. El club defensa que les seues instal·lacions són capdavanteres en “innombrables tornejos nacionals i internacionals” i suposen una oportunitat perquè els castellonencs practiquen aquest esport.

Una decisió “encertada”

L’entitat assegura que l’afluència al club és molt alta. Detallen que tenen 736 socis, 97 dels quals xiquets i adolescents. I “48.000 persones” utilitzen anualment les seues instal·lacions de golf, pàdel i tenis.

No obstant això, el Club de Golf no aclareix els detalls del contracte públic que li permet ocupar els terrenys del Pinar en l’actualitat. A la pregunta de quina és la fórmula jurídica concreta, la resposta va ser que “des de fa 60 anys l’Ajuntament encertadament va apostar per aquest esport a Castelló”.

“Gràcies a això des de tan sols 58 euros per mes qualsevol castellonenc pot gaudir de l’esport i l’entorn de la ciutat. Al seu torn els xiquets, per només 15 euros per mes, gaudeixen en família de l’esport fomentant així la pràctica d’aquest en família i en un entorn saludable”.

Entre els paellers i el golf

Hui, El Pinar transita el seté segle de vida com a espai comunitari amb unes mesures bastant minvades. De les 200 hectàrees que va arribar a ocupar (arribava fins a la restinga litoral), hui els arbres en poblen només 35. I d’aqueixes, menys del 40% són d’ús públic. 

De moment, només Castelló en Moviment ha demanat que s’intente la recuperació del 60% privatitzat. La resta és un mantell d’oblit que ha caigut sobre aquest assumpte en els 40 anys que han passat des d’aquelles mobilitzacions de “La Pineda per al poble”.

La lluita veïnal en el record

Teresa Ruiz Soler, històrica activista veïnal del Grau i primera presidenta de la coneguda associació El Faro en els anys 70, recorda aquelles protestes de la Transició “pel Pinar i contra Fertiberia”. “En el Grau sempre ixen plataformes de protesta, com ara la de Frenem la Contaminació, perquè no ens sentim defensats per l’Ajuntament i les autoritats”, es lamenta. 

Ruiz Soler és escriptora. Buscant en el seu arxiu, troba l’al·legat que va llegir en una festa multitudinària en defensa del parc l’any 2000. L’acte formava part d’una protesta ciutadana contra la requalificació d’una part de la Pineda per a construir-hi habitatges per part del Govern local del PP.

El text conta la “història d’amor” d’“aquest poble” amb El Pinar. I acaba amb un lament i una arenga: “Ens han furtat moltes coses en el transcurs d’aquests anys. Ja ha arribat el moment en què la teua i jo, pineda, ens diguem prou”.

Domingo de principios de junio, 16:00 horas. Un paseo junto al parque del Pinar de Castelló muestra un espacio abarrotado de gente. Mesas de picnic a rebosar, toldos repletos de globos que indican la celebración de un cumpleaños, columpios ocupados por niños de todas las edades, caminos entre los árboles salpicados de personas que transportan sillas plegables y padres que intentan controlar las bicicletas con ruedines de sus hijos pequeños.

Al principio del parque, destacan los paelleros, todavía humeantes con los últimos turnos de familias que usan esta solicitada instalación. Si se recorre la acera que discurre paralela a este pequeño bosque urbano, el caminante se encuentra con un cambio de paisaje. Sigue habiendo pinos, pero están rodeados de una alfombra verde y acompañados de alguna que otra palmera. Es un campo de golf.

Los dos espacios están separados por una valla. La parte de acceso libre -la de los paelleros y las familias de picnic- ocupa 13,5 hectáreas y alberga en esa tarde de domingo un número incontable de personas. El espacio del campo de golf mide 21,5 hectáreas y está siendo usada en ese mismo momento por menos de 20 deportistas.

“Exceso de visitantes” en la parte pública

El contraste entre las dos partes del parque es todavía más llamativo si se tienen en cuenta los datos del propio Ayuntamiento. El 8 de mayo, el Boletín Oficial de la Provincia publicó el plan de usos de este espacio. En este documento, el consistorio deja patente el “exceso de visitantes en fines de semana durante casi todo el año” en la parcela de acceso libre.

Esto provoca conflictos entre usuarios (“el uso de los paelleros es a menudo causa de problemas porque hay pocos lugares para la gran demanda”, explica). Y también una merma de los valores ecológicos porque “la presión humana se transmite hacia la flora y fauna”, de manera que “se encuentran a menudo árboles y arbustos a los que han arrancado ramas para quemarlas a los paelleros, ardillas muertas, etc.”.

Del señor feudal a Sorolla

El problema es que hay muchos visitantes y poco espacio. En cuanto al primer factor, no es algo nuevo. El Pinar del Grau es un lugar de acceso público y uso comunitario desde la Edad Media. En 1365, el señor feudal de Castelló, Enrique de Trastámara, vendió este espacio al Ayuntamiento porque necesitaba dinero para enfrentarse a su hermano, Pedro I el Cruel, en la lucha por el trono de Castilla.

Desde entonces, El Pinar ha sobrevivido como espacio de acceso libre. Incluso se salvó de las desamortizaciones del siglo XIX, que convirtieron tantos bosques comunales en propiedades privadas. Desde 1365, los castellonenses han usado este espacio para obtener leña y otros recursos y, sobre todo, para divertirse.

El “veraneo de los pobres”

Para entenderlo, basta con acercarse al libro Crónica de Castellón, del cronista oficial de la ciudad Antonio José Gascó Sidro. El autor describe cómo “el Pinar del Grau en la sociedad local agraria de los siglos XVIII y XIX fue ámbito de las las excursiones playeras los domingos, al lomo del animal o en el soto del carro en tiempo de Pascua o en el estío, constituyendo el llamado ‘veraneo de los pobres’”.

Igual que ahora, este bosque fue usado por las clases populares. Y también por los intelectuales. Gascó describe cómo fue el escenario elegido por famosos pintores, incluido Joaquín Sorolla, al que se le organizó una comida homenaje en el Pinar.

En definitiva, la saturación de este espacio no es exclusiva de nuestros días. Lo que sí es una novedad histórica es que el Pinar de uso público haya sufrido una restricción de espacio. Es decir, que más de la mitad del parque esté hoy en día privatizado y ocupado por un Club de Golf.

La explicación está en el franquismo. Según podemos leer en la Crónica de Castellón, el uso comunitario de este bosque, que sobrevivió a los avatares del final de la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, tuvo un brusco final en la década de los 50 del siglo XX.

Un hombre bien relacionado

Fue entonces cuando apareció en escena el empresario Ángel Pérez de Leza. Era un hombre “muy vinculado a las grandes instituciones del poder y en concreto al ministerio de Información y Turismo”, explica Gascó. Impulsó la creación de la marca “Costa de Azahar”, con la que Castelló debía entrar en el desarrollismo turístico de la época.

El alcalde del momento, José Ferrer, consintió en la “cesión del pinar del Grau a empresas particulares, para ser convertido en un campo de golf”, explica la Crónica de Castellón. Otra parte del hasta entonces bosque acabó convertido en villas unifamiliares de lujo gracias a la expropiación de terrenos, una parte de los cuales fueron adjudicados en subasta a Pérez de Leza.

Una consecuencia de esta operación es que “se ven los primeros bikinis en la playa de Castellón”, cuenta la Crónica. A cambio, las clases populares pierden el acceso al Pinar después de casi seis siglos de uso comunitario. “Estaba todo cerrado y privatizado. Reservado a gente muy rica, que era la que entonces jugaba al golf”, recuerda Toni Porcar, concejal del Bloc en el Ayuntamiento entre finales de los 70 y principios de los 80.

Sin Pinar y con contaminación

El cerrojazo al Pinar causó gran malestar popular, potenciado por la implantación de una fábrica de abono de la compañía Fertiberia en el barrio durante la década de los 60. Era tan contaminante que el propio alcalde de la época se opuso, pero tuvo que claudicar ante el ministro franquista del ramo (que después se convertiría en presidente de esa misma empresa de fertilizantes, según relata Gascó).

De este caldo de cultivo surgieron las protestas ciudadanas con el lema “El Pinar per al poble”. “Había manifestaciones, pegatinas, eslóganes, carteles y muchas pintadas. Todavía debe quedar alguna pintada de las nuestras”, recuerda Vicent Pitarch, edil de Esquerra Independent de Castelló a principios de los 80.

La presión popular llevó al alcalde socialista, Antonio Tirado, a plantear un pleito por el que consiguió recuperar una parte del Pinar para el acceso libre. El parque todavía vivió un último mordisco en 2001 cuando el alcalde del PP José Luis Gimeno autorizó la construcción de seis villas de lujo en el terreno ocupado por el campo de golf.

Sin cambios en el horizonte

Hoy en día, sigue en pie la valla que separa el campo de golf de la parte pública. Según el Ayuntamiento, “está vigente un contrato de colaboración entre el Ayuntamiento y el Club de Golf Costa de Azahar, que data de 1982” y que permite a la entidad privada mantener el uso de los terrenos. Ese acuerdo no estableció canon alguno, así que el Club ocupa el terreno sin pagar nada, más allá de “mantener a su costa las instalaciones deportivas del campo de golf en perfectas condiciones”.

El Consistorio no contesta a la pregunta de si este acuerdo tiene fecha de caducidad a partir de la cual se pueda plantear la reversión de este espacio al uso público. Sí añaden que su prioridad ahora es mejorar la parcela del Pinar con acceso libre, una demanda recogida en el Pacto del Grau, el documento que establece las prioridades de la legislatura y que fue pactado por el Gobierno local (formado por PSPV y Compromís) y su socio desde la oposición (Castelló en Moviment) en 2015.

Por su parte, el Club de Golf Costa Azahar -que reconoce la labor de “diseñador” de Ángel Pérez de Leza en su página web- ha contestado a la solicitud de información de eldiario.es por correo electrónico. El Club defiende que sus instalaciones son punteras en “innumerables torneos nacionales e internacionales” y suponen una oportunidad para que los castellonenses practiquen este deporte.

Una decisión “acertada”

La entidad asegura que la afluencia al club es muy alta. Detallan que tienen 736 socios, 97 de ellos niños y adolescentes. Y “48.000 personas” utilizan anualmente sus instalaciones de golf, padel y tenis.

Sin embargo, el Club de Golf no aclara los detalles del contrato público que le permite ocupar los terrenos del Pinar en la actualidad. A la pregunta de cuál es la fórmula jurídica concreta, la respuesta fue que “desde hace 60 años el Ayuntamiento acertadamente apostó por este deporte en Castellón”.

“Gracias a ello desde tan solo 58 euros al mes cualquier castellonense puede disfrutar del deporte y el entorno de la ciudad. A su vez los niños por solo 15 euros al mes disfrutan en familia del deporte fomentando así la práctica de éste en familia y en un entorno saludable”.

Entre los paelleros y el golf

Hoy, el Pinar transita su séptimo siglo de vida como espacio comunitario con unas medidas bastante mermadas. De las 200 hectáreas que llegó a ocupar (llegaba hasta la restinga litoral), hoy los árboles pueblan sólo 35. Y de esas, menos del 40 % son de uso público.

De momento, sólo Castelló en Moviment ha pedido que se intente la recuperación del 60 % privatizado. Lo demás es un manto de olvido que ha caído sobre este asunto en los 40 años que han pasado desde aquellas movilizaciones de “El Pinar per al poble”.

La lucha vecinal en el recuerdo

Teresa Ruiz Soler, histórica activista vecinal del Grau y primera presidenta de la conocida asociación El Faro en los años 70, recuerda aquellas protestas de la Transición “por el Pinar y contra Fertiberia”. “En el Grau siempre salen plataformas de protesta como ahora la de Frenem la Contaminació porque no nos sentimos defendidos por el Ayuntamiento y las autoridades”, se lamenta.

Ruiz Soler es escritora. Buscando en su archivo, encuentra el alegato que leyó en una fiesta multitudinaria en defensa del parque en el año 2000. El acto formaba parte de una protesta ciudadana contra la recalificación de una parte del Pinar para construir viviendas por parte del Gobierno local del PP.

El texto cuenta la “historia de amor” de “este pueblo” con el Pinar. Y acaba con un lamento y una arenga: “Ens han furtat moltes coses en el transcurs d´aquests anys. Ja ha arrivat el moment en que tu i jo, pinar, ens diguem prou”.

“Castelló está mejor que en el año 2015”. Esta fue una de las frases con las que Amparo Marco, alcaldesa de Castelló, resumió sus tres años al frente del Ayuntamiento en el debate sobre el estado de la ciudad que se celebró el viernes. Marco presumió del incremento de inversión en empleo, la máxima preocupación de la ciudadanía según las encuestas.

La alcaldesa atribuyó a su gestión la “bajada del 20 % del paro” en la ciudad. “Hemos destinado más recursos que nunca: 4,2 millones de euros frente al millón de euros que destinaban antes”, explicó. Junto a aportaciones de otras administraciones, la cifra gastada en ocupación se eleva a los ocho millones.

Marco, cuyo Ejecutivo está compuesto por PSPV y Compromís, también destacó el esfuerzo en “lavar la imagen manchada por años y años de corrupción”. “Antes se conocía a Castellón por el aeropuerto sin aviones y ahora se la conoce porque vienen barcos [en referencia al reciente evento ”Escala a Castelló“], vienen turistas y gestionamos bien fondos europeos”, afirmó. “Hemos desmostrado que sí se puede”, concluyó.

Referencia al Plan General

La alcaldesa destacó, además, los avances en políticas sociales (con una duplicación en el gasto por persona), cultura, transporte público, bicicleta de alquiler, perspectiva de género y en la elaboración del Plan General de Urbanismo. Este último documento llega con varios años de retraso debido a que el redactado por los anteriores ejecutivos locales, del PP, fue anulado por los tribunales.

Marco reconoció también que “falta mucho por hacer”. Entre los incumplimientos de su Ejecutivo, destaca el fracaso de las políticas de vivienda. “El problema sigue latente”, afirmó.

Castelló en Moviment, partido que desde la oposición apoya con sus votos al gobierno local, exigió a socialistas y Compromís un “mayor esfuerzo y valentía”, en palabras del concejal Xavier del Señor. El edil insistió en la necesidad de remunicipalizar servicios privatizados y prevenir la corrupción, así como buscar mecanismos para dejar de “contratar mayoritariamente con las empresas de la Gürtel sin la fiscalización debida”

“Propaganda”, según el PP

Por su parte, el PP acusó al Gobierno de centrarse en la “propaganda”, con un gasto de 1,2 millones de euros y de abusar del uso de los contratos menores -que no requieren de un proceso de adjudicación con libre concurrencia y publicidad- para beneficiar a “empresas amigas de los socialistas y los nacionalistas”, afirmó Begoña Carrasco, portavoz.

Cristina Gabarda, de Ciudadanos, comenzó su discurso refiriéndose a la cuestión identitaria. Se refirió al cambio de nombre de la ciudad y de algunas calles, así como a la carta que se envía a las familias de recién nacidos para estimular el uso del valenciano -aunque la misiva se envía desde hace años y también en municipios dirigidos por el PP-. Acusó al Gobierno local de “dividir a las personas según el idioma que hablan”.

Pensando en las elecciones

La sesión, celebrada a menos de un año de los comicios municipales de 2019, estuvo salpicada de guiños preelectorales entre las formaciones. Compromís animó a Castelló en Moviment a que se integre en el gobierno en la próxima legislatura si se reedita el equilibrio de fuerzas. La respuesta de Del Señor fue una sugerencia velada a descabalgar al PSOE de la alcaldía: “¿Qué tal si de cara a 2019 nos ponemos a trabajar para que realmente gobierne la ciudad una fuerza del cambio?”.

Durante esta legislatura, la lista de espera en dependencia de la provincia de Castelló ha pasado de 5.178 personas en septiembre de 2015 a las 2.443 que se contabilizaban el pasado 1 de junio. En la provincia, “los datos son buenos”, según explicó Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, durante un encuentro con periodistas que se celebró el martes en Castelló.

Por ello, Oltra espera que la provincia sea uno de los primeros territorios en el que se elimine la lista de espera. Esto sucederá cuando las personas que soliciten entrar en el sistema de dependencia tengan una resolución de la administración sobre el servicio o prestación que le corresponde antes de seis meses, el plazo máximo que marca la ley. La vicepresidenta espera que esto se produzca a finales de año.

La agilización en la tramitación también se ha producido a nivel autonómico. En julio de 2015 había 46.000 personas esperando y ahora hay en torno a 19.000. También ha bajado el tiempo medio que los solicitantes tienen que aguardar: de cuatro años y medio a un año y tres meses.

Las solicitudes, triplicadas

Esto a pesar de que el número de solicitantes sigue creciendo. De hecho, el ritmo de peticiones se ha multiplicado por tres. La razón es que hasta 2015 la tardanza conseguía desanimar a las personas necesitadas de entrar en el sistema. La situación ha cambiado “porque ahora la gente ve que el ritmo es más rápido” y esto ha actuado como incentivo, explicó la vicepresidenta.

La clave de esta mejora está en la decisión de la Generalitat Valenciana de municipalizar uno de los pasos clave del proceso por el que se acepta o no a una persona dentro del sistema. Se trata de la valoración de su estado y de la decisión de otorgarle o no la prestación o servicio que pide.

Antes, un mismo expediente tenía que pasar varias veces por los servicios centrales de la consellería, que actuaba como una suerte de cuello de botella. Ahora, son los servicios sociales ubicados en los Ayuntamientos y financiados por la administración autonómica los que se encargan de casi todo el proceso. Así se agiliza el funcionamiento y también se da más importancia al seguimiento cercano de cada caso por parte de los servicios sociales más próximos.

Más profesionales

Además del cambio en la organización, el otro factor para reducir la lista de espera ha sido la contratación de más personal para los servicios sociales de los Ayuntamientos. En la provincia de Castelló, “en este momento tenemos 77 personas valorando cuando en julio de 2015 había dos para toda la provincia”, explicó Oltra.

Los datos muestran un reforzamiento general en la plantilla. Según los datos aportados por la vicepresidenta, en 2015 había 51 profesionales de servicios sociales en los ayuntamientos. La aportación de la Generalitat era de 12.000 euros anuales por cada uno de ellos.

En 2018, el número ha aumentado hasta los 230 trabajadores y la financiación de la administración autonómica ha subido hasta 27.000 euros para los perfiles técnicos y 21.000 para los administrativos. En consecuencia, el gasto autonómico en este apartado en la provincia ha pasado de 1,3 millones hace tres años a seis millones en la actualidad.