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La 'fórmula Oltra' para desatascar las ayudas a la dependencia: más evaluadores y más cerca de la gente

La apuesta de la vicepresidenta por un sistema basado en los servicios sociales municipales eleva, con el Gobierno del Botánico, a 66.731 los beneficiarios y reduce a 21.436 la lista de espera, lo que supone un aumento de 46.076 personas con ayudas y una reducción de 23.250 solicitudes en lista de espera

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Mónica Oltra durante una visita al centro ocupacional La Valldigna para personas con diversidad funcional.

Mónica Oltra durante una visita a un centro ocupacional para personas con diversidad funcional.

La evolución del sistema de ayudas a la dependencia es notable desde que el Gobierno del Pacto del Botánico gestiona la Generalitat Valenciana. La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha destacado que la apuesta por aumentar el número de evaluadores, que ha pasado de 17 a 537, y por tramitar los expedientes desde los servicios sociales municipales, ha permitido desatascar una situación heredada del PP en la que la lista de espera, con 44.686 solicitudes por resolver, superaba en julio de 2015 a la de beneficiarios, con 41.955.

A fecha de hoy, los beneficiarios de ayudas a la dependencia son 66.731, mientras que la lista de espera se ha reducido a 21.436 expedientes y quedan 4.039 pendientes de subsanaciones, según los datos que ha ofrecido este jueves en un encuentro con periodistas la propia Oltra, que ha aventurado que a finales de año puede cumplirse su objetivo de acabar con la espera, dado que se están tramitando las solicitudes a un ritmo de 2.500 al mes, superior al de 1.250 mensuales que se había marcado su equipo inicialmente.

El efecto ha sido especialmente significativo en Alicante porque, ha señalado con sorna la vicepresidenta, "el sistema era una catástrofe total, pero en Alicante, además, era una calamidad".

Si el número de beneficiarios se ha triplicado, la inversión en el sistema de ayudas ha pasado de 541,2 millones de euros en 2015 a 650 millones estimados en 2018. Una aportación de la Generalitat que contrasta con la del Gobierno central, que apenas asciende a 70 millones de euros. Esa cifra sitúa en un 12% la inversión del Gobierno en la dependencia en la Comunidad Valenciana, mientras la media de las comunidades está en el 18% de lo que tendría la obligación de financiar.

Aumentar el número de evaluadores; convertir los servicios sociales municipales en terminales operativas del sistema, ya que ahora tienen capacidad de introducir directamente el expediente en el sistema informático para su baremación, lo que agiliza mucho el procedimiento; simplificar los grados de dependencia (de cero, que implica la desestimación, a tres, que es el de dependencia severa); apostar por la compatibilidad de servicios y prestaciones (combinando por ejemplo las viviendas tuteladas con la atención diurna, o las ayudas a domicilio con la teleasistencia), y aumentar las cuantías de las ayudas al máximo previsto por la ley son las medidas adoptadas por la conselleria.

"Apostamos más por un modelo de autonomía que de dependencia", ha destacado Oltra, que también ha señalado que su departamento está pagando las ayudas "entre los días 1 y 5 a mes vencido". La vicepresidenta ha apuntado la paradoja que ahora se produce de que solicitudes presentadas más recientemente están siendo evaluadas y concedidas con mayor rapidez, dentro de los seis primeros meses, mientras otras anteriores, que están en lista de espera por haber superado ese plazo son rescatadas por los servicios municipales para tramitarlas con mayor rapidez. "Cuando entran en el sistema cobran toda la retroactividad de golpe; antes se la partían en cuatro pagos", ha enfatizado.

El nuevo modelo de atención a la dependencia, recogido en un decreto de mayo de 2017, resulta totalmente compatible con el diseño que se articula en la futura Ley de Servicios Sociales Inclusivos, que convierte el de servicios sociales en un sistema público de estructura similar al sanitario. La ley, que se tramita en las Corts Valencianes, prevé unidades mínimas de servicios sociales compuestas por un trabajador o trabajadora social, un educador, un psicólogo, una persona de administración y un abogado. Se trata de las unidades que la conselleria está potenciando en los municipios para la dependencia en un proceso que, según Oltra, ha permitido "multiplicar por cuatro las plantillas".

Las ayudas a la dependencia son independientes de los niveles de renta de los solicitantes, excepto en el copago de las residencias, donde se han incrementado las cuantías de libre disposición (345 euros al mes para personas con diversidad funcional y 219 para personas mayores) y se han excluido del cómputo las pagas extraordinarias. La ayuda al "cuidador de familia" es la que más se pide. En cambio, el "asistente personal" se pide muy poco, entre otros problemas por las complicaciones que implica para las familias la contratación de una persona. Oltra ha indicado que están estudiando con el Servef cómo favorecer esa posibilidad.

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