Concejales opacos

PP y Vox se resisten a la transparencia de la Administración local

¿Qué cobran y hacen fuera del Ayuntamiento los ediles con dedicación exclusiva del equipo de Catalá?

Gracias a la Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA) publicada por el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública a finales de 2025 con datos relativos a 2024, sabemos que la alcaldesa de València, María José Català, del PP, con poco más de 94.000 euros brutos anuales, es la décima mejor pagada entre los alcaldes de ciudades en España, en una clasificación que encabezan los primeros ediles de Madrid, Barcelona y Bilbao, cuyas remuneraciones superan los 100.000 euros. El mapa interactivo publicado por este diario permite saber cuánto cobra el alcalde de cada municipio en base a esos datos. El sueldo de la alcaldesa de València, en todo caso, es mayor que el del presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca (91.398 euros, producto de la suma de los 80.173 de sueldo propiamente dicho más 11.224 por compensación de residencia).

Sabemos, gracias a esa misma fuente de información del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, que dirige Óscar López, que hay alcaldes que no solo cobran todavía más, sino que superan el sueldo del mismísimo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuya remuneración es de 107.000 euros anuales. Así, el chollazo de los alcaldes que además son diputados provinciales sitúa por encima de esa nómina presidencial a Bernabé Cano (La Nucia), del PP, con 134.617 euros brutos; Carlos Fernández Bielsa (Mislata), del PSPV-PSOE, con 114.797 euros; Toni Pérez, alcalde de Benidorm y presidente de la Diputación de Alicante, del PP, con 110.466 euros, o Luis Rodríguez (Benijófar), también del PP, con 109.411 euros. El presidente de la Diputación de València y alcalde de Gavarda, Vicente Mompó, suma 87.033 euros y la presidenta de la Diputación de Castellón y alcaldesa de Vall d'Alba, Marta Barrachina, un total de 106.366 euros.

No hay nada como la transparencia para hacer una radiografía del rendimiento económico de ciertos cargos públicos. Una transparencia a la que se resisten muchos de sus beneficiarios. Por ejemplo, Toni Pérez, primer edil de Benidorm y presidente de la Diputación de Alicante, que decía hace unos meses, en un acto público: “Llevo 30 años en el ejercicio de la política, 10 años como alcalde. Todavía no sé qué relevancia tiene para la lucha contra la corrupción conocer el sueldo del alcalde”. Daría risa, si no fuera tan penosa, la franqueza de Pérez al exponer sus reticencias.

Sin embargo, hay otros que no ponen en duda la transparencia. Simplemente se niegan a practicarla. El equipo de gobierno del PP y Vox en el Ayuntamiento de València congrega algunos casos. El portavoz de Vox, José Gosálbez, trabaja para el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales a pesar de tener dedicación exclusiva como concejal, pero esgrime un supuesto “secreto profesional” para ocultar lo que cobra a través de su despacho de abogado. La compatibilidad con la dedicación exclusiva es legal siempre que se trate de una actividad privada “marginal”, por razones obvias de dedicación al cargo público y con limitación de ingresos a un 30% de la retribución básica.

Hay varios concejales que han pedido la compatibilidad. Algunos, como el portavoz socialista, Borja Sanjuán, para dar unas clases en la Universitat de València que le reportan 450 euros al mes. Otros, como los también regidores de Vox Juan Manuel Badenas y Cecilia Herrero, para ejercer como abogados, sin que tenga constancia el Ayuntamiento de las horas que dedican ni los ingresos que esa actividad les reporta. Con ello, tres de los cuatro concejales de la formación de extrema derecha en València suman a su dedicación exclusiva ingresos extra.

Muy llamativa es la situación del concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, del PP, que trabajó para una potente consultora con una amplia cartera de clientes, una cartera que ha ocultado a la oposición mientras presidía el órgano que adjudica contratos municipales. En respuesta a una denuncia del PSPV, el Síndic de Greuges resolvió que el Ayuntamiento tenía que hacer público con qué empresas trabajaba. Al final, la alcaldesa ha acabado por apartarlo de la Mesa de Contratación sin llegar a romper la opacidad defendida celosamente durante meses. Alguno pensará que la resistencia de los integrantes de su equipo de gobierno a ejercer cierta mínima transparencia es coherente con la actitud de la propia María José Catalá, que se ha negado con uñas y dientes a revelar lo que cobraba por dar clases en la VIU (Universidad Internacional de Valencia), una institución pública de docencia on-line que ella misma vendió en 2013 al Grupo Planeta cuando era consellera de Educación. 

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